encuesta satisfaccion colima bajacalidad

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encuesta_satisfaccion_colima_bajacalidadVIII. DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS 18
IX. METODOLOGÍA PARA LA CREACIÓN DE LAS ENCUESTAS 20
IX.1 Diseño de la Muestra 20
IX.2 Modelo de Evaluación del Programa Social 26
X. ÁRBOL DE OBJETIVOS 29
XI. DISEÑO DE LA EVALUACIÓN 30
XI.1 Escala de Medición 30
• Instrumento de medición: 31
• Escala de medición 31
XII ENCUESTA DEL PROGRAMA TU PENSIÓN, NUESTRO COMPROMISO 33
XIII. ENCUESTA DEL PROGRAMA UNIENDO ESFUERZOS 36
XIV. ENCUESTA DEL PROGRAMA BECAS RURALES 39
XV. ENCUESTA DEL PROGRAMA MEJORANDO TU HOGAR 42
XVI. ENCUESTA DEL PROGRAMA DOTACIONES ALIMENTARIAS 45
XVII. ENCUESTA DEL PROGRAMA TU EMPRESA FORMAL 48
XVIII. ENCUESTA DEL PROGRAMA ALIMENTANDO CAPACIDADES 51
XIX. ENCUESTA DEL PROGRAMA TRANSPORTE INCLUYENTE 54
XX. ENCUESTA DEL PROGRAMA DOTACIONES ALIMENTARIAS 57
XXI. ENCUESTA DEL PROGRAMA NUTRIÉNDOTE SANO 60
XXII. ENCUESTA DEL PROGRAMA DONACIÓN DE AUXILIARES ORTOPÉDICOS 63
XXIII. ANÁLISIS DE DATOS 67
Beneficios de la escala de medición. 67
XXIV. MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 68
XXV. CONCLUSIONES 73
XXVI. ANEXO 74
XXVII. REFERENCIAS 80
XXVIII. CRÉDITOS 81
VIII. DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS 18
IX. METODOLOGÍA PARA LA CREACIÓN DE LAS ENCUESTAS 20
IX.1 Diseño de la Muestra 20
IX.2 Modelo de Evaluación del Programa Social 26
X. ÁRBOL DE OBJETIVOS 29
XI. DISEÑO DE LA EVALUACIÓN 30
XI.1 Escala de Medición 30
• Instrumento de medición: 31
• Escala de medición 31
XII ENCUESTA DEL PROGRAMA TU PENSIÓN, NUESTRO COMPROMISO 33
XIII. ENCUESTA DEL PROGRAMA UNIENDO ESFUERZOS 36
XIV. ENCUESTA DEL PROGRAMA BECAS RURALES 39
XV. ENCUESTA DEL PROGRAMA MEJORANDO TU HOGAR 42
XVI. ENCUESTA DEL PROGRAMA DOTACIONES ALIMENTARIAS 45
XVII. ENCUESTA DEL PROGRAMA TU EMPRESA FORMAL 48
XVIII. ENCUESTA DEL PROGRAMA ALIMENTANDO CAPACIDADES 51
XIX. ENCUESTA DEL PROGRAMA TRANSPORTE INCLUYENTE 54
XX. ENCUESTA DEL PROGRAMA DOTACIONES ALIMENTARIAS 57
XXI. ENCUESTA DEL PROGRAMA NUTRIÉNDOTE SANO 60
XXII. ENCUESTA DEL PROGRAMA DONACIÓN DE AUXILIARES ORTOPÉDICOS 63
XXIII. ANÁLISIS DE DATOS 67
Beneficios de la escala de medición. 67
XXIV. MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 68
XXV. CONCLUSIONES 73
XXVI. ANEXO 74
XXVII. REFERENCIAS 80
XXVIII. CRÉDITOS 81
3
INTRODUCCIÓN
La relación de los gobiernos hacia los ciudadanos debe propiciar una
cooperación que permita alcanzar objetivos comunes en aras de un desarrollo
socioeconómico, por ello, la puesta en marcha de políticas públicas permite
ofrecer a la población en situación de vulnerabilidad una oportunidad de
crecimiento en aspectos como la educación, salud y seguridades sociales.
Por lo anterior, el Gobierno del Estado de Colima ha emprendido acciones
mediante once programas de desarrollo, los cuales tienen la finalidad de
aportar soluciones específicas en pro de la movilidad social, la calidad de vida
y cohesión social para grupos de su población ubicados en diferentes rangos
de edad o situación de vulnerabilidad socioeconómica.
Teniendo en cuenta la magnitud que implica lo mencionado anteriormente, se
ha hecho evidente la necesidad de contar con herramientas que, en primera
instancia, proporcionen información referente al nivel de satisfacción que
tiene el padrón de beneficiarios con el apoyo obtenido, lo que contribuirá a
calificar el grado de eficiencia con el cual se están desplegando los recursos,
así como del desempeño de las instancias gubernamentales y otros
involucrados en los programas; aspectos que, a su vez, aportan en la rendición
de cuentas y transparencia, características clave que todo gobierno debe
tener.
El presente trabajo se realizó para desarrollar una encuesta dirigida a cada uno
de los programas señalados con anterioridad, el cual se construyó a partir de
una metodología de escala de clasificación continua, lo que facilitó la
formulación de preguntas con base en rangos numéricos e hizo más práctica
la medición de satisfacción de los beneficiarios.
Los datos obtenidos no se limitan a un análisis de satisfacción de la población
muestra objetivo; mediante ellos se identifican los puntos a trabajar de cada
uno de los programas e incluso de las instancias gubernamentales que los
preceden.
4
PRESENTACIÓN
5
El presente trabajo se basó en la recolección de información cualitativa y
cuantitativa mediante la realización de una serie de encuestas, cuyo objetivo
conjunto fue conocer el grado de satisfacción que tienen los beneficiarios de
los distintos programas de desarrollo social que ha implementado el Gobierno
del Estado de Colima.
La necesidad de conocer esta información obedece a la importancia de las
políticas sociales dentro de la sociedad, las cuales son parte estructural de las
medidas implementadas a nivel internacional, nacional y estatal para
garantizar a la ciudadanía una serie de derechos que les permita combatir la
desigualdad, así como generar un desarrollo económico en aras de una
movilidad social.
Para la construcción de este instrumento de medición, se desarrollaron
preguntas cuyas respuestas fueron basadas en un sistema de clasificación
continua, sobre una escala numérica de satisfacción del 1 al 5; al mismo
tiempo, de manera complementaria, se desarrollaron preguntas abiertas,
cerradas y descriptivas para conocer información más objetiva de los
encuestados.
En cuanto a la metodología utilizada para evaluar la satisfacción de los
beneficiarios, se confió en una definición de calidad basada en la experiencia
de los usuarios con respecto a los apoyos, aspecto que permite evaluar su
satisfacción, pero también el uso que han hecho éstos con los recursos
otorgados, así como el impacto real de las estrategias emprendidas por el
Gobierno de Colima y los cambios generados por éstas en la calidad de vida de
los usuarios.
Se espera que dicho esfuerzo contribuya con las instituciones del Estado de
Colima para conocer el impacto real que han tenido sus políticas sociales
desde la perspectiva de los beneficiarios, para ayuda a una rendición de
cuentas que propicie la confianza en el gobierno, así como de la transparencia
que motive a próximas administraciones a continuar invirtiendo en este tipo
de iniciativas para el beneficio de la población de Colima.
II. PRESENTACIÓN
6
JUSTIFICACIÓN
7
Los programas sociales aplicados por la Secretaría de Desarrollo Social se
crean con la finalidad de garantizar el ejercicio pleno de los derechos sociales,
lo que implica que sean dirigidos a los sectores más vulnerables de la
población, como es el caso de mujeres jefas de familia, niños, niñas,
adolescentes, adultos mayores etcétera. Cada uno se implementa para
abordar una problemática específica.
En este caso, la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Colima
(SEDESCOL) precisa seis programas sociales estratégicos:
1. Tu Pensión, nuestro Compromiso
2. Mejorando tu Hogar
11. Donación de Auxiliares Ortopédicos
Por lo tanto, para alcanzar las metas propuestas con cada uno de los
programas mencionados es necesario cumplir con las reglas de operación que
rigen a cada uno, establecer filtros y lineamientos con el objetivo de
administrar los recursos económicos asignados y limitados, ya que no deben
utilizarse de manera arbitraria, lo que implica que se deberá llevar un
seguimiento estricto para evitar la malversación de recursos.
Para ello, es necesario fomentar la participación ciudadana, debido a que –al
ser la principal beneficiaria de los servicios brindados por la Secretaría del
Estado de Colima– se convierte en testimonio de su efectividad.
Por tal motivo, el presente documento se realiza con el propósito de evaluar la
efectividad de las políticas sociales implementadas por la Secretaría de
Desarrollo Social del Estado de Colima durante el ejercicio 2018.
III. JUSTIFICACIÓN
IV.1 Objetivo General
Diseñar una herramienta que permita conocer el grado de satisfacción de los
beneficiarios de los diferentes programas sociales (Tu Pensión, nuestro
Compromiso; Mejorando tu Hogar; Uniendo Esfuerzos; Dotación Alimentaria;
Becas Rurales; Tu Empresa Formal; Alimentando Capacidades; Uniforme
Escolar Único; Transporte Incluyente; Nutriéndote Sano, y Donación de
Auxiliares Ortopédicos) implementados por la SEDESCOL, y mejorar sus
servicios y beneficios.
IV.2 Objetivos Específicos
I) Conocer la percepción de los beneficiarios de los programas sociales con
respecto a su eficiencia.
II) Conocer el alcance real de los programas sociales implementados por la
SEDESCOL.
• Ley General de Desarrollo Social.
• Ley General de Salud.
• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
• Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
• Ley General de la Población.
• Ley General de Responsabilidades Administrativas.
• Ley General de Cultura y Derechos Culturales.
IV. OBJETIVOS
V. MARCO JURÍDICO
encuentra alineada tanto a los objetivos del Banco Mundial, el cual propone
acabar con la pobreza e impulsar el desarrollo económico, como a la Agenda
para el Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas, en la que se
establece que los países miembro deberán implementar sistemas y medidas
apropiadas para garantizar la protección social de la población. Dichas
acciones demuestran el compromiso internacional que ha dejado de lado el
paradigma que, durante años, rodeó la política social, al ser concebida como
un aspecto residual de la política gubernamental.
En lo que respecta al Estado mexicano, como miembro de la ONU, ha
mostrado grandes avances al tratar de cumplir con lo mencionado; resultado
de ello son los ejes estratégicos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo,
especialmente, en la meta nacional Gobierno Cercano y Moderno, que
establece la responsabilidad del gobierno para responder a las necesidades
sociales y garantizar un trato equitativo, digno y respetuoso.
También se encuentra la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), que
reconoce los derechos sociales estipulados en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
El mismo documento señala la necesidad de generar acciones afirmativas
dirigidas a los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad,
especialmente quienes viven en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) que,
de acuerdo con el Artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Social, son:
las áreas o regiones, sean de carácter predominantemente rural o urbano,
cuya población registra índices de pobreza, marginación indicativos de la
existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos
para el desarrollo social establecidos en esta Ley.” (Diario Oficial de la
Federación, 2004)
También es necesario que cada uno de los órdenes de gobierno, es decir, a
nivel nacional, estatal y municipal implementen acciones afirmativas para
superar las condiciones desfavorables de la población en apego a la Política
Nacional de Desarrollo Social.
Por lo tanto, es necesario considerar los objetivos de la Política Nacional de
Desarrollo Social, los cuales son:
I. Garantizar el acceso a una alimentación adecuada a las personas en
condición de pobreza.
II. Mejorar el acceso y permanencia en los servicios educativos, así como
impulsar la inclusión y equidad educativa.
III. Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal que
garantice la cobertura, el acceso efectivo y la calidad de los servicios de salud.
IV. Incrementar el acceso de la población a la seguridad social,
independientemente de la condición económica o social de las personas.
V. Mejorar la dotación de servicios básicos, la calidad y los espacios de la
vivienda de las personas en situación de pobreza.
VI. Mejorar los ingresos y fortalecer las aptitudes productivas de las personas
en situación de pobreza, vinculando oportunidades del mercado local,
nacional y global. (Diario Oficial de la Federación , 2014, págs. 69-83)
Lo anterior responde simultáneamente al enfoque integral de la misma política
que busca garantizar el respeto a los derechos humanos, al integrar la
perspectiva de género, la inclusión de las personas con discapacidad,
comunidades indígenas y mejorar las expectativas de oportunidad de los
jóvenes al incentivar la participación social.
En lo que respecta al ámbito estatal, en la Constitución se establece en el título
X Capítulo I, Artículo 107 que “los recursos económicos de que dispongan el
Estado, los Ayuntamientos y los organismos públicos estatales y municipales
(…), se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y
honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados”. (Gobierno
del Estado de Colima, 2015). Por lo tanto, es necesario diagnosticar las
carencias presentes entre la población, con la finalidad de brindar certeza y
objetividad a los programas a implementar.
Para ello es importante fomentar la cooperación entre gobierno y ciudadanos
tal y como lo indica la Ley General de Desarrollo Social ya que, integra un
sentido de gobernanza o cogobernanza que, de acuerdo con Félix Acosta, son
las “formas de interacción en la tarea de gobernar, en las que los actores
cooperan y se coordinan, se comunican sin un actor de gobierno central
dominante” (Acosta, 2010, pág. 162). Debido a que tanto sociedad civil como
gobierno deberán ayudarse para garantizar la efectividad de las acciones
derivadas de los programas sociales.
Dicha cooperación permitirá identificar las diferencias entre los grupos
sociales, para tener clara la población necesitada e intensidad de la
problemática, ya que la falta de información certera y oportuna termina por
dirigir de manera inadecuada la política social.
Con la finalidad de cumplir con lo establecido, tanto a nivel nacional como
internacional, el Gobierno del Estado de Colima –consciente del compromiso
adquirido con la ciudadanía para generar políticas públicas que atiendan las
carencias, rezago social, falta de oportunidades, así como el acceso a la
población beneficiada a una mejor calidad de vida– se ha decidido a evaluar
los programas implementados por la presente administración por medio de la
recolección de datos mediante el levantamiento de encuestas, lo que
permitirá identificar las áreas de oportunidad de cada uno de los programas
sociales y, a su vez, brindar transparencia al ejercicio del gasto público.
A continuación, se muestra la descripción básica de los programas
implementados a los que se aplicarán las encuestas de satisfacción, con el fin
de evaluar su desempeño y eficiencia.
9
• Ley General de Acceso de Las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
• Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
• Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
• Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
• Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
• Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
• Ley Federal del Trabajo.
• Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de La Federación.
• Ley de Vivienda.
• Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
• Presupuesto de Egresos de La Federación para el Ejercicio Fiscal 2018.
• Ley de Planeación.
V.2 Leyes Estatales
• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.
• Ley para la Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de Colima.
• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima.
• Ley de Desarrollo Social para el Estado de Colima.
• Ley de Salud del Estado de Colima.
• Ley de Educación del Estado de Colima.
• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.
• Ley que Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de
Colima.
• Ley para la Prevención y Atención a la Violencia familiar.
• Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Colima, para el ejercicio fiscal
2018.
encuentra alineada tanto a los objetivos del Banco Mundial, el cual propone
acabar con la pobreza e impulsar el desarrollo económico, como a la Agenda
para el Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas, en la que se
establece que los países miembro deberán implementar sistemas y medidas
apropiadas para garantizar la protección social de la población. Dichas
acciones demuestran el compromiso internacional que ha dejado de lado el
paradigma que, durante años, rodeó la política social, al ser concebida como
un aspecto residual de la política gubernamental.
En lo que respecta al Estado mexicano, como miembro de la ONU, ha
mostrado grandes avances al tratar de cumplir con lo mencionado; resultado
de ello son los ejes estratégicos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo,
especialmente, en la meta nacional Gobierno Cercano y Moderno, que
establece la responsabilidad del gobierno para responder a las necesidades
sociales y garantizar un trato equitativo, digno y respetuoso.
También se encuentra la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), que
reconoce los derechos sociales estipulados en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
El mismo documento señala la necesidad de generar acciones afirmativas
dirigidas a los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad,
especialmente quienes viven en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) que,
de acuerdo con el Artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Social, son:
las áreas o regiones, sean de carácter predominantemente rural o urbano,
cuya población registra índices de pobreza, marginación indicativos de la
existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos
para el desarrollo social establecidos en esta Ley.” (Diario Oficial de la
Federación, 2004)
También es necesario que cada uno de los órdenes de gobierno, es decir, a
nivel nacional, estatal y municipal implementen acciones afirmativas para
superar las condiciones desfavorables de la población en apego a la Política
Nacional de Desarrollo Social.
Por lo tanto, es necesario considerar los objetivos de la Política Nacional de
Desarrollo Social, los cuales son:
I. Garantizar el acceso a una alimentación adecuada a las personas en
condición de pobreza.
II. Mejorar el acceso y permanencia en los servicios educativos, así como
impulsar la inclusión y equidad educativa.
III. Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal que
garantice la cobertura, el acceso efectivo y la calidad de los servicios de salud.
IV. Incrementar el acceso de la población a la seguridad social,
independientemente de la condición económica o social de las personas.
V. Mejorar la dotación de servicios básicos, la calidad y los espacios de la
vivienda de las personas en situación de pobreza.
VI. Mejorar los ingresos y fortalecer las aptitudes productivas de las personas
en situación de pobreza, vinculando oportunidades del mercado local,
nacional y global. (Diario Oficial de la Federación , 2014, págs. 69-83)
Lo anterior responde simultáneamente al enfoque integral de la misma política
que busca garantizar el respeto a los derechos humanos, al integrar la
perspectiva de género, la inclusión de las personas con discapacidad,
comunidades indígenas y mejorar las expectativas de oportunidad de los
jóvenes al incentivar la participación social.
En lo que respecta al ámbito estatal, en la Constitución se establece en el título
X Capítulo I, Artículo 107 que “los recursos económicos de que dispongan el
Estado, los Ayuntamientos y los organismos públicos estatales y municipales
(…), se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y
honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados”. (Gobierno
del Estado de Colima, 2015). Por lo tanto, es necesario diagnosticar las
carencias presentes entre la población, con la finalidad de brindar certeza y
objetividad a los programas a implementar.
Para ello es importante fomentar la cooperación entre gobierno y ciudadanos
tal y como lo indica la Ley General de Desarrollo Social ya que, integra un
sentido de gobernanza o cogobernanza que, de acuerdo con Félix Acosta, son
las “formas de interacción en la tarea de gobernar, en las que los actores
cooperan y se coordinan, se comunican sin un actor de gobierno central
dominante” (Acosta, 2010, pág. 162). Debido a que tanto sociedad civil como
gobierno deberán ayudarse para garantizar la efectividad de las acciones
derivadas de los programas sociales.
Dicha cooperación permitirá identificar las diferencias entre los grupos
sociales, para tener clara la población necesitada e intensidad de la
problemática, ya que la falta de información certera y oportuna termina por
dirigir de manera inadecuada la política social.
Con la finalidad de cumplir con lo establecido, tanto a nivel nacional como
internacional, el Gobierno del Estado de Colima –consciente del compromiso
adquirido con la ciudadanía para generar políticas públicas que atiendan las
carencias, rezago social, falta de oportunidades, así como el acceso a la
población beneficiada a una mejor calidad de vida– se ha decidido a evaluar
los programas implementados por la presente administración por medio de la
recolección de datos mediante el levantamiento de encuestas, lo que
permitirá identificar las áreas de oportunidad de cada uno de los programas
sociales y, a su vez, brindar transparencia al ejercicio del gasto público.
A continuación, se muestra la descripción básica de los programas
implementados a los que se aplicarán las encuestas de satisfacción, con el fin
de evaluar su desempeño y eficiencia.
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• Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima.
• Ley de Vivienda para el Estado de Colima.
• Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de
Colima.
• La Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables para el Estado de Colima.
• Ley que Regula los Derechos de las Jefas de Familia del Estado de Colima.
• Ley sobre los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado
de Colima.
• Ley de los Derechos y Deberes de las Niñas, de los Niños y los Adolescentes
del Estado de Colima.
• Ley para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad
del Estado de Colima.
V.3 Reglamentos
• Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental.
• Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social.
• Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de
Colima.
• Reglamento de la Ley para la Protección de los Adultos en Plenitud del Estado
de Colima.
• Reglamento de la Ley que Previene, Combate y Elimina la Discriminación
en el Estado de Colima.
• Reglamento de la Ley Para la Integración y Desarrollo Social de las
Personas con Discapacidad en el Estado de Colima.
• Reglamento de la Ley que Previene, Combate y Elimina la Discriminación en
el Estado de Colima.
• Reglamento de la Ley para la Integración y Desarrollo Social de las Personas
con Discapacidad en el Estado de Colima.
encuentra alineada tanto a los objetivos del Banco Mundial, el cual propone
acabar con la pobreza e impulsar el desarrollo económico, como a la Agenda
para el Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas, en la que se
establece que los países miembro deberán implementar sistemas y medidas
apropiadas para garantizar la protección social de la población. Dichas
acciones demuestran el compromiso internacional que ha dejado de lado el
paradigma que, durante años, rodeó la política social, al ser concebida como
un aspecto residual de la política gubernamental.
En lo que respecta al Estado mexicano, como miembro de la ONU, ha
mostrado grandes avances al tratar de cumplir con lo mencionado; resultado
de ello son los ejes estratégicos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo,
especialmente, en la meta nacional Gobierno Cercano y Moderno, que
establece la responsabilidad del gobierno para responder a las necesidades
sociales y garantizar un trato equitativo, digno y respetuoso.
También se encuentra la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), que
reconoce los derechos sociales estipulados en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
El mismo documento señala la necesidad de generar acciones afirmativas
dirigidas a los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad,
especialmente quienes viven en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) que,
de acuerdo con el Artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Social, son:
las áreas o regiones, sean de carácter predominantemente rural o urbano,
cuya población registra índices de pobreza, marginación indicativos de la
existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos
para el desarrollo social establecidos en esta Ley.” (Diario Oficial de la
Federación, 2004)
También es necesario que cada uno de los órdenes de gobierno, es decir, a
nivel nacional, estatal y municipal implementen acciones afirmativas para
superar las condiciones desfavorables de la población en apego a la Política
Nacional de Desarrollo Social.
Por lo tanto, es necesario considerar los objetivos de la Política Nacional de
Desarrollo Social, los cuales son:
I. Garantizar el acceso a una alimentación adecuada a las personas en
condición de pobreza.
II. Mejorar el acceso y permanencia en los servicios educativos, así como
impulsar la inclusión y equidad educativa.
III. Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal que
garantice la cobertura, el acceso efectivo y la calidad de los servicios de salud.
IV. Incrementar el acceso de la población a la seguridad social,
independientemente de la condición económica o social de las personas.
V. Mejorar la dotación de servicios básicos, la calidad y los espacios de la
vivienda de las personas en situación de pobreza.
VI. Mejorar los ingresos y fortalecer las aptitudes productivas de las personas
en situación de pobreza, vinculando oportunidades del mercado local,
nacional y global. (Diario Oficial de la Federación , 2014, págs. 69-83)
Lo anterior responde simultáneamente al enfoque integral de la misma política
que busca garantizar el respeto a los derechos humanos, al integrar la
perspectiva de género, la inclusión de las personas con discapacidad,
comunidades indígenas y mejorar las expectativas de oportunidad de los
jóvenes al incentivar la participación social.
En lo que respecta al ámbito estatal, en la Constitución se establece en el título
X Capítulo I, Artículo 107 que “los recursos económicos de que dispongan el
Estado, los Ayuntamientos y los organismos públicos estatales y municipales
(…), se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y
honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados”. (Gobierno
del Estado de Colima, 2015). Por lo tanto, es necesario diagnosticar las
carencias presentes entre la población, con la finalidad de brindar certeza y
objetividad a los programas a implementar.
Para ello es importante fomentar la cooperación entre gobierno y ciudadanos
tal y como lo indica la Ley General de Desarrollo Social ya que, integra un
sentido de gobernanza o cogobernanza que, de acuerdo con Félix Acosta, son
las “formas de interacción en la tarea de gobernar, en las que los actores
cooperan y se coordinan, se comunican sin un actor de gobierno central
dominante” (Acosta, 2010, pág. 162). Debido a que tanto sociedad civil como
gobierno deberán ayudarse para garantizar la efectividad de las acciones
derivadas de los programas sociales.
Dicha cooperación permitirá identificar las diferencias entre los grupos
sociales, para tener clara la población necesitada e intensidad de la
problemática, ya que la falta de información certera y oportuna termina por
dirigir de manera inadecuada la política social.
Con la finalidad de cumplir con lo establecido, tanto a nivel nacional como
internacional, el Gobierno del Estado de Colima –consciente del compromiso
adquirido con la ciudadanía para generar políticas públicas que atiendan las
carencias, rezago social, falta de oportunidades, así como el acceso a la
población beneficiada a una mejor calidad de vida– se ha decidido a evaluar
los programas implementados por la presente administración por medio de la
recolección de datos mediante el levantamiento de encuestas, lo que
permitirá identificar las áreas de oportunidad de cada uno de los programas
sociales y, a su vez, brindar transparencia al ejercicio del gasto público.
A continuación, se muestra la descripción básica de los programas
implementados a los que se aplicarán las encuestas de satisfacción, con el fin
de evaluar su desempeño y eficiencia.
11
• Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
• Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.
• Programa Sectorial Desarrollo Social 2016-2021.
encuentra alineada tanto a los objetivos del Banco Mundial, el cual propone
acabar con la pobreza e impulsar el desarrollo económico, como a la Agenda
para el Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas, en la que se
establece que los países miembro deberán implementar sistemas y medidas
apropiadas para garantizar la protección social de la población. Dichas
acciones demuestran el compromiso internacional que ha dejado de lado el
paradigma que, durante años, rodeó la política social, al ser concebida como
un aspecto residual de la política gubernamental.
En lo que respecta al Estado mexicano, como miembro de la ONU, ha
mostrado grandes avances al tratar de cumplir con lo mencionado; resultado
de ello son los ejes estratégicos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo,
especialmente, en la meta nacional Gobierno Cercano y Moderno, que
establece la responsabilidad del gobierno para responder a las necesidades
sociales y garantizar un trato equitativo, digno y respetuoso.
También se encuentra la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), que
reconoce los derechos sociales estipulados en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
El mismo documento señala la necesidad de generar acciones afirmativas
dirigidas a los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad,
especialmente quienes viven en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) que,
de acuerdo con el Artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Social, son:
las áreas o regiones, sean de carácter predominantemente rural o urbano,
cuya población registra índices de pobreza, marginación indicativos de la
existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos
para el desarrollo social establecidos en esta Ley.” (Diario Oficial de la
Federación, 2004)
También es necesario que cada uno de los órdenes de gobierno, es decir, a
nivel nacional, estatal y municipal implementen acciones afirmativas para
superar las condiciones desfavorables de la población en apego a la Política
Nacional de Desarrollo Social.
Por lo tanto, es necesario considerar los objetivos de la Política Nacional de
Desarrollo Social, los cuales son:
I. Garantizar el acceso a una alimentación adecuada a las personas en
condición de pobreza.
II. Mejorar el acceso y permanencia en los servicios educativos, así como
impulsar la inclusión y equidad educativa.
III. Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal que
garantice la cobertura, el acceso efectivo y la calidad de los servicios de salud.
IV. Incrementar el acceso de la población a la seguridad social,
independientemente de la condición económica o social de las personas.
V. Mejorar la dotación de servicios básicos, la calidad y los espacios de la
vivienda de las personas en situación de pobreza.
VI. Mejorar los ingresos y fortalecer las aptitudes productivas de las personas
en situación de pobreza, vinculando oportunidades del mercado local,
nacional y global. (Diario Oficial de la Federación , 2014, págs. 69-83)
Lo anterior responde simultáneamente al enfoque integral de la misma política
que busca garantizar el respeto a los derechos humanos, al integrar la
perspectiva de género, la inclusión de las personas con discapacidad,
comunidades indígenas y mejorar las expectativas de oportunidad de los
jóvenes al incentivar la participación social.
En lo que respecta al ámbito estatal, en la Constitución se establece en el título
X Capítulo I, Artículo 107 que “los recursos económicos de que dispongan el
Estado, los Ayuntamientos y los organismos públicos estatales y municipales
(…), se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y
honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados”. (Gobierno
del Estado de Colima, 2015). Por lo tanto, es necesario diagnosticar las
carencias presentes entre la población, con la finalidad de brindar certeza y
objetividad a los programas a implementar.
Para ello es importante fomentar la cooperación entre gobierno y ciudadanos
tal y como lo indica la Ley General de Desarrollo Social ya que, integra un
sentido de gobernanza o cogobernanza que, de acuerdo con Félix Acosta, son
las “formas de interacción en la tarea de gobernar, en las que los actores
cooperan y se coordinan, se comunican sin un actor de gobierno central
dominante” (Acosta, 2010, pág. 162). Debido a que tanto sociedad civil como
gobierno deberán ayudarse para garantizar la efectividad de las acciones
derivadas de los programas sociales.
Dicha cooperación permitirá identificar las diferencias entre los grupos
sociales, para tener clara la población necesitada e intensidad de la
problemática, ya que la falta de información certera y oportuna termina por
dirigir de manera inadecuada la política social.
Con la finalidad de cumplir con lo establecido, tanto a nivel nacional como
internacional, el Gobierno del Estado de Colima –consciente del compromiso
adquirido con la ciudadanía para generar políticas públicas que atiendan las
carencias, rezago social, falta de oportunidades, así como el acceso a la
población beneficiada a una mejor calidad de vida– se ha decidido a evaluar
los programas implementados por la presente administración por medio de la
recolección de datos mediante el levantamiento de encuestas, lo que
permitirá identificar las áreas de oportunidad de cada uno de los programas
sociales y, a su vez, brindar transparencia al ejercicio del gasto público.
A continuación, se muestra la descripción básica de los programas
implementados a los que se aplicarán las encuestas de satisfacción, con el fin
de evaluar su desempeño y eficiencia.
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Ilustración 1. Árbol de problema
encuentra alineada tanto a los objetivos del Banco Mundial, el cual propone
acabar con la pobreza e impulsar el desarrollo económico, como a la Agenda
para el Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas, en la que se
establece que los países miembro deberán implementar sistemas y medidas
apropiadas para garantizar la protección social de la población. Dichas
acciones demuestran el compromiso internacional que ha dejado de lado el
paradigma que, durante años, rodeó la política social, al ser concebida como
un aspecto residual de la política gubernamental.
En lo que respecta al Estado mexicano, como miembro de la ONU, ha
mostrado grandes avances al tratar de cumplir con lo mencionado; resultado
de ello son los ejes estratégicos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo,
especialmente, en la meta nacional Gobierno Cercano y Moderno, que
establece la responsabilidad del gobierno para responder a las necesidades
sociales y garantizar un trato equitativo, digno y respetuoso.
También se encuentra la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), que
reconoce los derechos sociales estipulados en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
El mismo documento señala la necesidad de generar acciones afirmativas
dirigidas a los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad,
especialmente quienes viven en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) que,
de acuerdo con el Artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Social, son:
las áreas o regiones, sean de carácter predominantemente rural o urbano,
cuya población registra índices de pobreza, marginación indicativos de la
existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos
para el desarrollo social establecidos en esta Ley.” (Diario Oficial de la
Federación, 2004)
También es necesario que cada uno de los órdenes de gobierno, es decir, a
nivel nacional, estatal y municipal implementen acciones afirmativas para
superar las condiciones desfavorables de la población en apego a la Política
Nacional de Desarrollo Social.
Por lo tanto, es necesario considerar los objetivos de la Política Nacional de
Desarrollo Social, los cuales son:
I. Garantizar el acceso a una alimentación adecuada a las personas en
condición de pobreza.
II. Mejorar el acceso y permanencia en los servicios educativos, así como
impulsar la inclusión y equidad educativa.
III. Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal que
garantice la cobertura, el acceso efectivo y la calidad de los servicios de salud.
IV. Incrementar el acceso de la población a la seguridad social,
independientemente de la condición económica o social de las personas.
V. Mejorar la dotación de servicios básicos, la calidad y los espacios de la
vivienda de las personas en situación de pobreza.
VI. Mejorar los ingresos y fortalecer las aptitudes productivas de las personas
en situación de pobreza, vinculando oportunidades del mercado local,
nacional y global. (Diario Oficial de la Federación , 2014, págs. 69-83)
Lo anterior responde simultáneamente al enfoque integral de la misma política
que busca garantizar el respeto a los derechos humanos, al integrar la
perspectiva de género, la inclusión de las personas con discapacidad,
comunidades indígenas y mejorar las expectativas de oportunidad de los
jóvenes al incentivar la participación social.
En lo que respecta al ámbito estatal, en la Constitución se establece en el título
X Capítulo I, Artículo 107 que “los recursos económicos de que dispongan el
Estado, los Ayuntamientos y los organismos públicos estatales y municipales
(…), se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y
honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados”. (Gobierno
del Estado de Colima, 2015). Por lo tanto, es necesario diagnosticar las
carencias presentes entre la población, con la finalidad de brindar certeza y
objetividad a los programas a implementar.
Para ello es importante fomentar la cooperación entre gobierno y ciudadanos
tal y como lo indica la Ley General de Desarrollo Social ya que, integra un
sentido de gobernanza o cogobernanza que, de acuerdo con Félix Acosta, son
las “formas de interacción en la tarea de gobernar, en las que los actores
cooperan y se coordinan, se comunican sin un actor de gobierno central
dominante” (Acosta, 2010, pág. 162). Debido a que tanto sociedad civil como
gobierno deberán ayudarse para garantizar la efectividad de las acciones
derivadas de los programas sociales.
Dicha cooperación permitirá identificar las diferencias entre los grupos
sociales, para tener clara la población necesitada e intensidad de la
problemática, ya que la falta de información certera y oportuna termina por
dirigir de manera inadecuada la política social.
Con la finalidad de cumplir con lo establecido, tanto a nivel nacional como
internacional, el Gobierno del Estado de Colima –consciente del compromiso
adquirido con la ciudadanía para generar políticas públicas que atiendan las
carencias, rezago social, falta de oportunidades, así como el acceso a la
población beneficiada a una mejor calidad de vida– se ha decidido a evaluar
los programas implementados por la presente administración por medio de la
recolección de datos mediante el levantamiento de encuestas, lo que
permitirá identificar las áreas de oportunidad de cada uno de los programas
sociales y, a su vez, brindar transparencia al ejercicio del gasto público.
A continuación, se muestra la descripción básica de los programas
implementados a los que se aplicarán las encuestas de satisfacción, con el fin
de evaluar su desempeño y eficiencia.
13
La relevancia de la política social recae en el hecho de que al aumentar la
densidad poblacional y expandirse la mancha urbana, la concentración de los
recursos económicos es inminente, y con ello el aumento del rezago para las
zonas periféricas, lo que provoca un crecimiento desigual, como lo señala la
ONU al mencionar que:
La pobreza y la desigualdad limitan el crecimiento, reducen la demanda
interna e impiden el desarrollo económico nacional (el consumo queda
restringido a los grupos de ingreso alto); los países en desarrollo con grandes
desigualdades tienden a crecer de manera más lenta. (Otiz, 2007, pág. 8)
Por lo tanto, es normal que la población vulnerable permanezca en el rezago
debido a que el crecimiento económico no garantiza la igualdad de
oportunidades.
La situación anterior no es algo propio de los países latinoamericanos y en vías
de desarrollo; muestra de ello es el documento final de la Cumbre Mundial de
las Naciones Unidas, celebrada en 2005, en el cual solicitaba a los países
miembro de la ONU elaborar estrategias nacionales para el desarrollo,
contemplando los objetivos internacionales aprobados en las diversas
cumbres y conferencias (Otiz, 2007).
Asimismo, a nivel internacional existen diversas organizaciones, como el
Banco Mundial y la Organización Mundial del Trabajo, que consideran
necesario asociar esfuerzos para lograr la protección social universal
anunciada en la Asamblea Mundial de las Naciones Unidas.
Lo anterior obedece a que la cobertura de protección social universal se
VII. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA encuentra alineada tanto a los objetivos del Banco Mundial, el cual propone
acabar con la pobreza e impulsar el desarrollo económico, como a la Agenda
para el Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas, en la que se
establece que los países miembro deberán implementar sistemas y medidas
apropiadas para garantizar la protección social de la población. Dichas
acciones demuestran el compromiso internacional que ha dejado de lado el
paradigma que, durante años, rodeó la política social, al ser concebida como
un aspecto residual de la política gubernamental.
En lo que respecta al Estado mexicano, como miembro de la ONU, ha
mostrado grandes avances al tratar de cumplir con lo mencionado; resultado
de ello son los ejes estratégicos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo,
especialmente, en la meta nacional Gobierno Cercano y Moderno, que
establece la responsabilidad del gobierno para responder a las necesidades
sociales y garantizar un trato equitativo, digno y respetuoso.
También se encuentra la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), que
reconoce los derechos sociales estipulados en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
El mismo documento señala la necesidad de generar acciones afirmativas
dirigidas a los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad,
especialmente quienes viven en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) que,
de acuerdo con el Artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Social, son:
las áreas o regiones, sean de carácter predominantemente rural o urbano,
cuya población registra índices de pobreza, marginación indicativos de la
existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos
para el desarrollo social establecidos en esta Ley.” (Diario Oficial de la
Federación, 2004)
También es necesario que cada uno de los órdenes de gobierno, es decir, a
nivel nacional, estatal y municipal implementen acciones afirmativas para
superar las condiciones desfavorables de la población en apego a la Política
Nacional de Desarrollo Social.
Por lo tanto, es necesario considerar los objetivos de la Política Nacional de
Desarrollo Social, los cuales son:
I. Garantizar el acceso a una alimentación adecuada a las personas en
condición de pobreza.
II. Mejorar el acceso y permanencia en los servicios educativos, así como
impulsar la inclusión y equidad educativa.
III. Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal que
garantice la cobertura, el acceso efectivo y la calidad de los servicios de salud.
IV. Incrementar el acceso de la población a la seguridad social,
independientemente de la condición económica o social de las personas.
V. Mejorar la dotación de servicios básicos, la calidad y los espacios de la
vivienda de las personas en situación de pobreza.
VI. Mejorar los ingresos y fortalecer las aptitudes productivas de las personas
en situación de pobreza, vinculando oportunidades del mercado local,
nacional y global. (Diario Oficial de la Federación , 2014, págs. 69-83)
Lo anterior responde simultáneamente al enfoque integral de la misma política
que busca garantizar el respeto a los derechos humanos, al integrar la
perspectiva de género, la inclusión de las personas con discapacidad,
comunidades indígenas y mejorar las expectativas de oportunidad de los
jóvenes al incentivar la participación social.
En lo que respecta al ámbito estatal, en la Constitución se establece en el título
X Capítulo I, Artículo 107 que “los recursos económicos de que dispongan el
Estado, los Ayuntamientos y los organismos públicos estatales y municipales
(…), se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y
honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados”. (Gobierno
del Estado de Colima, 2015). Por lo tanto, es necesario diagnosticar las
carencias presentes entre la población, con la finalidad de brindar certeza y
objetividad a los programas a implementar.
Para ello es importante fomentar la cooperación entre gobierno y ciudadanos
tal y como lo indica la Ley General de Desarrollo Social ya que, integra un
sentido de gobernanza o cogobernanza que, de acuerdo con Félix Acosta, son
las “formas de interacción en la tarea de gobernar, en las que los actores
cooperan y se coordinan, se comunican sin un actor de gobierno central
dominante” (Acosta, 2010, pág. 162). Debido a que tanto sociedad civil como
gobierno deberán ayudarse para garantizar la efectividad de las acciones
derivadas de los programas sociales.
Dicha cooperación permitirá identificar las diferencias entre los grupos
sociales, para tener clara la población necesitada e intensidad de la
problemática, ya que la falta de información certera y oportuna termina por
dirigir de manera inadecuada la política social.
Con la finalidad de cumplir con lo establecido, tanto a nivel nacional como
internacional, el Gobierno del Estado de Colima –consciente del compromiso
adquirido con la ciudadanía para generar políticas públicas que atiendan las
carencias, rezago social, falta de oportunidades, así como el acceso a la
población beneficiada a una mejor calidad de vida– se ha decidido a evaluar
los programas implementados por la presente administración por medio de la
recolección de datos mediante el levantamiento de encuestas, lo que
permitirá identificar las áreas de oportunidad de cada uno de los programas
sociales y, a su vez, brindar transparencia al ejercicio del gasto público.
1 Es importante señalar que para las Naciones Unidas el crecimiento económico no es suficiente, ya que no garantiza la igualdad de oportunidades. 2 Este documento forma parte de las guías de orientación de políticas públicas elaboradas por la ONU con la finalidad de contribuir al desarrollo político-económico de los países miembro.
2
1
A continuación, se muestra la descripción básica de los programas
implementados a los que se aplicarán las encuestas de satisfacción, con el fin
de evaluar su desempeño y eficiencia.
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encuentra alineada tanto a los objetivos del Banco Mundial, el cual propone
acabar con la pobreza e impulsar el desarrollo económico, como a la Agenda
para el Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas, en la que se
establece que los países miembro deberán implementar sistemas y medidas
apropiadas para garantizar la protección social de la población. Dichas
acciones demuestran el compromiso internacional que ha dejado de lado el
paradigma que, durante años, rodeó la política social, al ser concebida como
un aspecto residual de la política gubernamental.
En lo que respecta al Estado mexicano, como miembro de la ONU, ha
mostrado grandes avances al tratar de cumplir con lo mencionado; resultado
de ello son los ejes estratégicos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo,
especialmente, en la meta nacional Gobierno Cercano y Moderno, que
establece la responsabilidad del gobierno para responder a las necesidades
sociales y garantizar un trato equitativo, digno y respetuoso.
También se encuentra la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), que
reconoce los derechos sociales estipulados en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
El mismo documento señala la necesidad de generar acciones afirmativas
dirigidas a los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad,
especialmente quienes viven en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) que,
de acuerdo con el Artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Social, son:
las áreas o regiones, sean de carácter predominantemente rural o urbano,
cuya población registra índices de pobreza, marginación indicativos de la
existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos
para el desarrollo social establecidos en esta Ley.” (Diario Oficial de la
Federación, 2004)
También es necesario que cada uno de los órdenes de gobierno, es decir, a
nivel nacional, estatal y municipal implementen acciones afirmativas para
superar las condiciones desfavorables de la población en apego a la Política
Nacional de Desarrollo Social.
Por lo tanto, es necesario considerar los objetivos de la Política Nacional de
Desarrollo Social, los cuales son:
I. Garantizar el acceso a una alimentación adecuada a las personas en
condición de pobreza.
II. Mejorar el acceso y permanencia en los servicios educativos, así como
impulsar la inclusión y equidad educativa.
III. Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal que
garantice la cobertura, el acceso efectivo y la calidad de los servicios de salud.
IV. Incrementar el acceso de la población a la seguridad social,
independientemente de la condición económica o social de las personas.
V. Mejorar la dotación de servicios básicos, la calidad y los espacios de la
vivienda de las personas en situación de pobreza.
VI. Mejorar los ingresos y fortalecer las aptitudes productivas de las personas
en situación de pobreza, vinculando oportunidades del mercado local,
nacional y global. (Diario Oficial de la Federación , 2014, págs. 69-83)
Lo anterior responde simultáneamente al enfoque integral de la misma política
que busca garantizar el respeto a los derechos humanos, al integrar la
perspectiva de género, la inclusión de las personas con discapacidad,
comunidades indígenas y mejorar las expectativas de oportunidad de los
jóvenes al incentivar la participación social.
En lo que respecta al ámbito estatal, en la Constitución se establece en el título
X Capítulo I, Artículo 107 que “los recursos económicos de que dispongan el
Estado, los Ayuntamientos y los organismos públicos estatales y municipales
(…), se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y
honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados”. (Gobierno
del Estado de Colima, 2015). Por lo tanto, es necesario diagnosticar las
carencias presentes entre la población, con la finalidad de brindar certeza y
objetividad a los programas a implementar.
Para ello es importante fomentar la cooperación entre gobierno y ciudadanos
tal y como lo indica la Ley General de Desarrollo Social ya que, integra un
sentido de gobernanza o cogobernanza que, de acuerdo con Félix Acosta, son
las “formas de interacción en la tarea de gobernar, en las que los actores
cooperan y se coordinan, se comunican sin un actor de gobierno central
dominante” (Acosta, 2010, pág. 162). Debido a que tanto sociedad civil como
gobierno deberán ayudarse para garantizar la efectividad de las acciones
derivadas de los programas sociales.
Dicha cooperación permitirá identificar las diferencias entre los grupos
sociales, para tener clara la población necesitada e intensidad de la
problemática, ya que la falta de información certera y oportuna termina por
dirigir de manera inadecuada la política social.
Con la finalidad de cumplir con lo establecido, tanto a nivel nacional como
internacional, el Gobierno del Estado de Colima –consciente del compromiso
adquirido con la ciudadanía para generar políticas públicas que atiendan las
carencias, rezago social, falta de oportunidades, así como el acceso a la
población beneficiada a una mejor calidad de vida– se ha decidido a evaluar
los programas implementados por la presente administración por medio de la
recolección de datos mediante el levantamiento de encuestas, lo que
permitirá identificar las áreas de oportunidad de cada uno de los programas
sociales y, a su vez, brindar transparencia al ejercicio del gasto público.
3 Dentro de sus objetivos, el Banco Mundial propone que los países desarrollados ayuden a los que están en vías de desarrollo a buscar soluciones más eficientes y rápidas para acabar con la pobreza y compartir la prosperidad mundial.
3
A continuación, se muestra la descripción básica de los programas
implementados a los que se aplicarán las encuestas de satisfacción, con el fin
de evaluar su desempeño y eficiencia.
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encuentra alineada tanto a los objetivos del Banco Mundial, el cual propone
acabar con la pobreza e impulsar el desarrollo económico, como a la Agenda
para el Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas, en la que se
establece que los países miembro deberán implementar sistemas y medidas
apropiadas para garantizar la protección social de la población. Dichas
acciones demuestran el compromiso internacional que ha dejado de lado el
paradigma que, durante años, rodeó la política social, al ser concebida como
un aspecto residual de la política gubernamental.
En lo que respecta al Estado mexicano, como miembro de la ONU, ha
mostrado grandes avances al tratar de cumplir con lo mencionado; resultado
de ello son los ejes estratégicos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo,
especialmente, en la meta nacional Gobierno Cercano y Moderno, que
establece la responsabilidad del gobierno para responder a las necesidades
sociales y garantizar un trato equitativo, digno y respetuoso.
También se encuentra la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), que
reconoce los derechos sociales estipulados en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
El mismo documento señala la necesidad de generar acciones afirmativas
dirigidas a los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad,
especialmente quienes viven en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) que,
de acuerdo con el Artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Social, son:
las áreas o regiones, sean de carácter predominantemente rural o urbano,
cuya población registra índices de pobreza, marginación indicativos de la
existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos
para el desarrollo social establecidos en esta Ley.” (Diario Oficial de la
Federación, 2004)
También es necesario que cada uno de los órdenes de gobierno, es decir, a
nivel nacional, estatal y municipal implementen acciones afirmativas para
superar las condiciones desfavorables de la población en apego a la Política
Nacional de Desarrollo Social.
Por lo tanto, es necesario considerar los objetivos de la Política Nacional de
Desarrollo Social, los cuales son:
I. Garantizar el acceso a una alimentación adecuada a las personas en
condición de pobreza.
II. Mejorar el acceso y permanencia en los servicios educativos, así como
impulsar la inclusión y equidad educativa.
III. Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal que
garantice la cobertura, el acceso efectivo y la calidad de los servicios de salud.
IV. Incrementar el acceso de la población a la seguridad social,
independientemente de la condición económica o social de las personas.
V. Mejorar la dotación de servicios básicos, la calidad y los espacios de la
vivienda de las personas en situación de pobreza.
VI. Mejorar los ingresos y fortalecer las aptitudes productivas de las personas
en situación de pobreza, vinculando oportunidades del mercado local,
nacional y global. (Diario Oficial de la Federación , 2014, págs. 69-83)
Lo anterior responde simultáneamente al enfoque integral de la misma política
que busca garantizar el respeto a los derechos humanos, al integrar la
perspectiva de género, la inclusión de las personas con discapacidad,
comunidades indígenas y mejorar las expectativas de oportunidad de los
jóvenes al incentivar la participación social.
En lo que respecta al ámbito estatal, en la Constitución se establece en el título
X Capítulo I, Artículo 107 que “los recursos económicos de que dispongan el
Estado, los Ayuntamientos y los organismos públicos estatales y municipales
(…), se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y
honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados”. (Gobierno
del Estado de Colima, 2015). Por lo tanto, es necesario diagnosticar las
carencias presentes entre la población, con la finalidad de brindar certeza y
objetividad a los programas a implementar.
Para ello es importante fomentar la cooperación entre gobierno y ciudadanos
tal y como lo indica la Ley General de Desarrollo Social ya que, integra un
sentido de gobernanza o cogobernanza que, de acuerdo con Félix Acosta, son
las “formas de interacción en la tarea de gobernar, en las que los actores
cooperan y se coordinan, se comunican sin un actor de gobierno central
dominante” (Acosta, 2010, pág. 162). Debido a que tanto sociedad civil como
gobierno deberán ayudarse para garantizar la efectividad de las acciones
derivadas de los programas sociales.
Dicha cooperación permitirá identificar las diferencias entre los grupos
sociales, para tener clara la población necesitada e intensidad de la
problemática, ya que la falta de información certera y oportuna termina por
dirigir de manera inadecuada la política social.
Con la finalidad de cumplir con lo establecido, tanto a nivel nacional como
internacional, el Gobierno del Estado de Colima –consciente del compromiso
adquirido con la ciudadanía para generar políticas públicas que atiendan las
carencias, rezago social, falta de oportunidades, así como el acceso a la
población beneficiada a una mejor calidad de vida– se ha decidido a evaluar
los programas implementados por la presente administración por medio de la
recolección de datos mediante el levantamiento de encuestas, lo que
permitirá identificar las áreas de oportunidad de cada uno de los programas
sociales y, a su vez, brindar transparencia al ejercicio del gasto público.
4 Para mayor información consulte http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343093&fecha=30/04/2014
4
A continuación, se muestra la descripción básica de los programas
implementados a los que se aplicarán las encuestas de satisfacción, con el fin
de evaluar su desempeño y eficiencia.
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encuentra alineada tanto a los objetivos del Banco Mundial, el cual propone
acabar con la pobreza e impulsar el desarrollo económico, como a la Agenda
para el Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas, en la que se
establece que los países miembro deberán implementar sistemas y medidas
apropiadas para garantizar la protección social de la población. Dichas
acciones demuestran el compromiso internacional que ha dejado de lado el
paradigma que, durante años, rodeó la política social, al ser concebida como
un aspecto residual de la política gubernamental.
En lo que respecta al Estado mexicano, como miembro de la ONU, ha
mostrado grandes avances al tratar de cumplir con lo mencionado; resultado
de ello son los ejes estratégicos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo,
especialmente, en la meta nacional Gobierno Cercano y Moderno, que
establece la responsabilidad del gobierno para responder a las necesidades
sociales y garantizar un trato equitativo, digno y respetuoso.
También se encuentra la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), que
reconoce los derechos sociales estipulados en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
El mismo documento señala la necesidad de generar acciones afirmativas
dirigidas a los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad,
especialmente quienes viven en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) que,
de acuerdo con el Artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Social, son:
las áreas o regiones, sean de carácter predominantemente rural o urbano,
cuya población registra índices de pobreza, marginación indicativos de la
existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos
para el desarrollo social establecidos en esta Ley.” (Diario Oficial de la
Federación, 2004)
También es necesario que cada uno de los órdenes de gobierno, es decir, a
nivel nacional, estatal y municipal implementen acciones afirmativas para
superar las condiciones desfavorables de la población en apego a la Política
Nacional de Desarrollo Social.
Por lo tanto, es necesario considerar los objetivos de la Política Nacional de
Desarrollo Social, los cuales son:
I. Garantizar el acceso a una alimentación adecuada a las personas en
condición de pobreza.
II. Mejorar el acceso y permanencia en los servicios educativos, así como
impulsar la inclusión y equidad educativa.
III. Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal que
garantice la cobertura, el acceso efectivo y la calidad de los servicios de salud.
IV. Incrementar el acceso de la población a la seguridad social,
independientemente de la condición económica o social de las personas.
V. Mejorar la dotación de servicios básicos, la calidad y los espacios de la
vivienda de las personas en situación de pobreza.
VI. Mejorar los ingresos y fortalecer las aptitudes productivas de las personas
en situación de pobreza, vinculando oportunidades del mercado local,
nacional y global. (Diario Oficial de la Federación , 2014, págs. 69-83)
Lo anterior responde simultáneamente al enfoque integral de la misma política
que busca garantizar el respeto a los derechos humanos, al integrar la
perspectiva de género, la inclusión de las personas con discapacidad,
comunidades indígenas y mejorar las expectativas de oportunidad de los
jóvenes al incentivar la participación social.
En lo que respecta al ámbito estatal, en la Constitución se establece en el título
X Capítulo I, Artículo 107 que “los recursos económicos de que dispongan el
Estado, los Ayuntamientos y los organismos públicos estatales y municipales
(…), se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y
honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados”. (Gobierno
del Estado de Colima, 2015). Por lo tanto, es necesario diagnosticar las
carencias presentes entre la población, con la finalidad de brindar certeza y
objetividad a los programas a implementar.
Para ello es importante fomentar la cooperación entre gobierno y ciudadanos
tal y como lo indica la Ley General de Desarrollo Social ya que, integra un
sentido de gobernanza o cogobernanza que, de acuerdo con Félix Acosta, son
las “formas de interacción en la tarea de gobernar, en las que los actores
cooperan y se coordinan, se comunican sin un actor de gobierno central
dominante” (Acosta, 2010, pág. 162). Debido a que tanto sociedad civil como
gobierno deberán ayudarse para garantizar la efectividad de las acciones
derivadas de los programas sociales.
Dicha cooperación permitirá identificar las diferencias entre los grupos
sociales, para tener clara la población necesitada e intensidad de la
problemática, ya que la falta de información certera y oportuna termina por
dirigir de manera inadecuada la política social.
Con la finalidad de cumplir con lo establecido, tanto a nivel nacional como
internacional, el Gobierno del Estado de Colima –consciente del compromiso
adquirido con la ciudadanía para generar políticas públicas que atiendan las
carencias, rezago social, falta de oportunidades, así como el acceso a la
población beneficiada a una mejor calidad de vida– se ha decidido a evaluar
los programas implementados por la presente administración por medio de la
recolección de datos mediante el levantamiento de encuestas, lo que
permitirá identificar las áreas de oportunidad de cada uno de los programas
sociales y, a su vez, brindar transparencia al ejercicio del gasto público.
5 La última reforma realizada el 12 de septiembre de 2015 en el decreto 559 Constitución publicada en el Periódico Oficial, El Estado de Colima, los días 20, 27 de octubre 3, 10, 17 y 24 de noviembre de 1917. 6 La cogobernanza a la que hace referencia Félix Acosta es la cooperación entre gobierno y gobernados que pretende reafirmar el contrato social y, por lo tanto, a las normas y reglas establecidas.
A continuación, se muestra la descripción básica de los programas
implementados a los que se aplicarán las encuestas de satisfacción, con el fin
de evaluar su desempeño y eficiencia.
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encuentra alineada tanto a los objetivos del Banco Mundial, el cual propone
acabar con la pobreza e impulsar el desarrollo económico, como a la Agenda
para el Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas, en la que se
establece que los países miembro deberán implementar sistemas y medidas
apropiadas para garantizar la protección social de la población. Dichas
acciones demuestran el compromiso internacional que ha dejado de lado el
paradigma que, durante años, rodeó la política social, al ser concebida como
un aspecto residual de la política gubernamental.
En lo que respecta al Estado mexicano, como miembro de la ONU, ha
mostrado grandes avances al tratar de cumplir con lo mencionado; resultado
de ello son los ejes estratégicos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo,
especialmente, en la meta nacional Gobierno Cercano y Moderno, que
establece la responsabilidad del gobierno para responder a las necesidades
sociales y garantizar un trato equitativo, digno y respetuoso.
También se encuentra la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), que
reconoce los derechos sociales estipulados en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
El mismo documento señala la necesidad de generar acciones afirmativas
dirigidas a los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad,
especialmente quienes viven en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) que,
de acuerdo con el Artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Social, son:
las áreas o regiones, sean de carácter predominantemente rural o urbano,
cuya población registra índices de pobreza, marginación indicativos de la
existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos
para el desarrollo social establecidos en esta Ley.” (Diario Oficial de la
Federación, 2004)
También es necesario que cada uno de los órdenes de gobierno, es decir, a
nivel nacional, estatal y municipal implementen acciones afirmativas para
superar las condiciones desfavorables de la población en apego a la Política
Nacional de Desarrollo Social.
Por lo tanto, es necesario considerar los objetivos de la Política Nacional de
Desarrollo Social, los cuales son:
I. Garantizar el acceso a una alimentación adecuada a las personas en
condición de pobreza.
II. Mejorar el acceso y permanencia en los servicios educativos, así como
impulsar la inclusión y equidad educativa.
III. Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal que
garantice la cobertura, el acceso efectivo y la calidad de los servicios de salud.
IV. Incrementar el acceso de la población a la seguridad social,
independientemente de la condición económica o social de las personas.
V. Mejorar la dotación de servicios básicos, la calidad y los espacios de la
vivienda de las personas en situación de pobreza.
VI. Mejorar los ingresos y fortalecer las aptitudes productivas de las personas
en situación de pobreza, vinculando oportunidades del mercado local,
nacional y global. (Diario Oficial de la Federación , 2014, págs. 69-83)
Lo anterior responde simultáneamente al enfoque integral de la misma política
que busca garantizar el respeto a los derechos humanos, al integrar la
perspectiva de género, la inclusión de las personas con discapacidad,
comunidades indígenas y mejorar las expectativas de oportunidad de los
jóvenes al incentivar la participación social.
En lo que respecta al ámbito estatal, en la Constitución se establece en el título
X Capítulo I, Artículo 107 que “los recursos económicos de que dispongan el
Estado, los Ayuntamientos y los organismos públicos estatales y municipales
(…), se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y
honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados”. (Gobierno
del Estado de Colima, 2015). Por lo tanto, es necesario diagnosticar las
carencias presentes entre la población, con la finalidad de brindar certeza y
objetividad a los programas a implementar.
Para ello es importante fomentar la cooperación entre gobierno y ciudadanos
tal y como lo indica la Ley General de Desarrollo Social ya que, integra un
sentido de gobernanza o cogobernanza que, de acuerdo con Félix Acosta, son
las “formas de interacción en la tarea de gobernar, en las que los actores
cooperan y se coordinan, se comunican sin un actor de gobierno central
dominante” (Acosta, 2010, pág. 162). Debido a que tanto sociedad civil como
gobierno deberán ayudarse para garantizar la efectividad de las acciones
derivadas de los programas sociales.
Dicha cooperación permitirá identificar las diferencias entre los grupos
sociales, para tener clara la población necesitada e intensidad de la
problemática, ya que la falta de información certera y oportuna termina por
dirigir de manera inadecuada la política social.
Con la finalidad de cumplir con lo establecido, tanto a nivel nacional como
internacional, el Gobierno del Estado de Colima –consciente del compromiso
adquirido con la ciudadanía para generar políticas públicas que atiendan las
carencias, rezago social, falta de oportunidades, así como el acceso a la
población beneficiada a una mejor calidad de vida– se ha decidido a evaluar
los programas implementados por la presente administración por medio de la
recolección de datos mediante el levantamiento de encuestas, lo que
permitirá identificar las áreas de oportunidad de cada uno de los programas
sociales y, a su vez, brindar transparencia al ejercicio del gasto público.
A continuación, se muestra la descripción básica de los programas
implementados a los que se aplicarán las encuestas de satisfacción, con el fin
de evaluar su desempeño y eficiencia.
VIII. DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS
Tabla 1. Programas Sociales de SEDESCOL
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encuentra alineada tanto a los objetivos del Banco Mundial, el cual propone
acabar con la pobreza e impulsar el desarrollo económico, como a la Agenda
para el Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas, en la que se
establece que los países miembro deberán implementar sistemas y medidas
apropiadas para garantizar la protección social de la población. Dichas
acciones demuestran el compromiso internacional que ha dejado de lado el
paradigma que, durante años, rodeó la política social, al ser concebida como
un aspecto residual de la política gubernamental.
En lo que respecta al Estado mexicano, como miembro de la ONU, ha
mostrado grandes avances al tratar de cumplir con lo mencionado; resultado
de ello son los ejes estratégicos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo,
especialmente, en la meta nacional Gobierno Cercano y Moderno, que
establece la responsabilidad del gobierno para responder a las necesidades
sociales y garantizar un trato equitativo, digno y respetuoso.
También se encuentra la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), que
reconoce los derechos sociales estipulados en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
El mismo documento señala la necesidad de generar acciones afirmativas
dirigidas a los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad,
especialmente quienes viven en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) que,
de acuerdo con el Artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Social, son:
las áreas o regiones, sean de carácter predominantemente rural o urbano,
cuya población registra índices de pobreza, marginación indicativos de la
existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos
para el desarrollo social establecidos en esta Ley.” (Diario Oficial de la
Federación, 2004)
También es necesario que cada uno de los órdenes de gobierno, es decir, a
nivel nacional, estatal y municipal implementen acciones afirmativas para
superar las condiciones desfavorables de la población en apego a la Política
Nacional de Desarrollo Social.
Por lo tanto, es necesario considerar los objetivos de la Política Nacional de
Desarrollo Social, los cuales son:
I. Garantizar el acceso a una alimentación adecuada a las personas en
condición de pobreza.
II. Mejorar el acceso y permanencia en los servicios educativos, así como
impulsar la inclusión y equidad educativa.
III. Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal que
garantice la cobertura, el acceso efectivo y la calidad de los servicios de salud.
IV. Incrementar el acceso de la población a la seguridad social,
independientemente de la condición económica o social de las personas.
V. Mejorar la dotación de servicios básicos, la calidad y los espacios de la
vivienda de las personas en situación de pobreza.
VI. Mejorar los ingresos y fortalecer las aptitudes productivas de las personas
en situación de pobreza, vinculando oportunidades del mercado local,
nacional y global. (Diario Oficial de la Federación , 2014, págs. 69-83)
Lo anterior responde simultáneamente al enfoque integral de la misma política
que busca garantizar el respeto a los derechos humanos, al integrar la
perspectiva de género, la inclusión de las personas con discapacidad,
comunidades indígenas y mejorar las expectativas de oportunidad de los
jóvenes al incentivar la participación social.
En lo que respecta al ámbito estatal, en la Constitución se establece en el título
X Capítulo I, Artículo 107 que “los recursos económicos de que dispongan el
Estado, los Ayuntamientos y los organismos públicos estatales y municipales
(…), se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y
honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados”. (Gobierno
del Estado de Colima, 2015). Por lo tanto, es necesario diagnosticar las
carencias presentes entre la población, con la finalidad de brindar certeza y
objetividad a los programas a implementar.
Para ello es importante fomentar la cooperación entre gobierno y ciudadanos
tal y como lo indica la Ley General de Desarrollo Social ya que, integra un
sentido de gobernanza o cogobernanza que, de acuerdo con Félix Acosta, son
las “formas de interacción en la tarea de gobernar, en las que los actores
cooperan y se coordinan, se comunican sin un actor de gobierno central
dominante” (Acosta, 2010, pág. 162). Debido a que tanto sociedad civil como
gobierno deberán ayudarse para garan