trabajo de narcotrafico y lavado de activos
TRANSCRIPT
EL NARCOTRÁFICO
1. DATOS GENERALES:
1.1.CONCEPTO:
El narcotráfico (la raíz "narco-" proviene del griego nárke, «torpor») es una industria ilegal
mundial que consiste en el cultivo, manufactura, distribución y venta de drogas ilegales.
Mientras que ciertas drogas son de venta y posesión legal, en la mayoría de las jurisdicciones la
ley prohíbe el intercambio de algunos tipos de drogas. El narcotráfico opera de manera similar
a otros mercados subterráneos. Varios carteles de drogas se especializan en procesos
separados a lo largo de la cadena de suministro, a menudo focalizados para maximizar su
eficiencia. Dependiendo de la rentabilidad de cada parte del proceso, los cárteles varían en
tamaño, consistencia y organización. La cadena va de los traficantes callejeros de poca monta,
quienes a veces son consumidores de drogas ellos mismos, las drogas se transportan por
intermediarios que puede asimilarse a contratistas, a los imperios multinacionales que
rivalizan en tamaño con los gobiernos nacionales.
El narcotráfico se produce a escala global. El producto final alcanza un gran valor en el
mercado negro. La drogadicción acarrea importantes consecuencias sociales: crimen, violencia,
corrupción, marginación. Por ello, la mayoría de los países del mundo prohíben la producción,
distribución y venta de esas sustancias. Como consecuencia, se ha formado un mercado ilegal
de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, que produce enormes beneficios económicos.
El narcotráfico es un problema cuyas dimensiones supranacionales se han expandido
notablemente en los últimos años Desde Juego es un negocio ilícito que se desarrolla a través
de diversos territorios nacionales, desde el cultivo, elaboración, distribución y comercialización
de la droga y, finalmente, el lavado de dinero y la inversión de las utilidades. Asimismo,
evoluciona y se acondiciona a los nuevos escenarios que se presentan, como lo evidencia la
proliferación de las drogas sintéticas que han adquirido mayor relevancia, lo que a su vez
plantea el desafío de combatir también la desviación de precursores químicos.
La mayor parte de las sustancias estupefacientes producidas en el mundo se cultiva en países
del tercer mundo (muchos países de Sudamérica, Sureste Asiático y Oriente Medio), y después
se introduce de contrabando en los países consumidores. Tradicionalmente, Estados Unidos y
Europa han tendido a imponer restrictivas políticas de "tolerancia cero" a los países
productores.
Los mayores países consumidores incluyen a los Estados Unidos y a las naciones europeas,
aunque el consumo es mundial. Los mayores países productores incluyen a India (el opio) y a
Colombia y a Perú (principalmente cocaína la cual disminuye en los últimos años; vea debajo
para los detalles extensos)
Se trata de un problema que afecta seriamente la gobernabilidad de los sistemas
democráticos, por las consecuencias sociales y políticas que es capaz de provocar. En efecto,
tiene un alto componente de violencia, la que utilizan las bandas, mafias y carteles tanto para
proteger sus intereses como para intimidar y atacar a agentes del Estado y particulares que
representan una amenaza para a negocio ilícito. Implica, además, un alto potencial de
corrupción, dado que pare favorecer sus actividades clandestinas buscan comprometer a los
integrantes de las fuerzas policiales, del Judiciales incluso " corno ha quedado en evidencia en
otros países- a autoridades legislativas y ejecutivas. Por último, su actividad económica, en
especial la relacionada con el lavado de activos contribuyen a generar una economía
subterránea que llega a condicionar la economía formal
1.2.DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
El narcotráfico se produce a escala global. El producto final alcanza un gran valor en el
mercado negro.
1.3.PRODUCCIÓN
La mayor parte de las sustancias estupefacientes producidas en el mundo se cultiva en países
del tercer mundo (muchos países de Sudamérica, Sureste Asiático y Oriente Medio), y después
se introduce de contrabando en los países consumidores.
Los mayores países consumidores incluyen a los Estados Unidos y a las naciones europeas,
aunque el consumo es mundial. Los mayores países productores incluyen a India (el opio) y a
Colombia y a Perú (principalmente cocaína la cual disminuye en los últimos años; vea debajo
para los detalles extensos).
1.4.RESEÑA HISTORICA:
Si bien es cierto, la hoja de coca tiene un uso tradicional en el Perú desde hace unos 2.000
años, durante el virreinato español hubo una posición ambigua al respecto: mientras se
intentaba erradicarla en el actual territorio de Ecuador, era usada en Perú y Bolivia, como
medio de pago a los trabajadores mineros y agrícolas, quienes la consumían para soportar el
riguroso clima, la accidentada geografía y las duras condiciones laborales que padecían.
Esta situación se prolongó durante la época republicana y en ciertas regiones, hasta hace unos
45 años, circunstancia que explica en parte, una actitud controversial de la población
tradicionalmente usuaria de la hoja de coca, frente al posterior empleo que se le dio a esa
planta, como insumo básico para la producción de cocaína, luego contrabandeada por las
mafias del narcotráfico.
En etapa más reciente, el escenario se complicó para el Perú, debido a la alianza con el
narcotráfico forjada en la década del noventa, por grupos terroristas como Sendero Luminoso
(SL) y el MRTA; que todavía mantiene SL brindando protección a los narcotraficantes, a cambio
de financiamiento y provisión de recursos logísticos, para los casi 500 efectivos que
conformarían su golpeada organización, según el informe “Estrategia nacional para el control
de drogas”, emitido en marzo del 2004, por el Gobierno de EE.UU.
El narcotráfico en la década del 70 al 90
A fines de la década del 70, cuando empezó el boom de la coca en el Perú, a nivel nacional se
cultivaban aproximadamente 33 mil hectáreas de hoja de coca, de las 300 mil productivas
disponibles. Para la década de los 80, los estimados sitúan las áreas cultivadas entre las 200 a
250 mil Has, lo que significa que las distintas políticas aplicadas para evitar el cultivo ilícito,
fuesen represivas o no, fracasaron, pues éste se había multiplicado seis veces.
La producción nacional de hoja de coca en los 80, alcanzaba las 130 mil Toneladas Métricas
(TM), de las que se obtenían 1,300 TM de Pasta Básica de Cocaína en Bruto (PBC-B) o 390 TM
de Pasta Básica de Cocaína Lavada (PBC-L). Esta última era la forma más utilizada para su
remisión al exterior, de cuyo total, aproximadamente 8 TM eran incautadas y 3 ó 4 quedaban
en el país, las 380 TM restantes salían al exterior.
Se calcula que a un precio promedio de 1,500 dólares el kilo de PBC-L, los narcotraficantes
obtenían un monto aproximado de 570 millones, sin embargo es preciso recalcar que en 1982,
cuando el kilo en su nivel más alto alcanza los 6,800 dólares; los narcotraficantes con una
remesa de 155 TM obtenían aproximadamente 1,050 millones de dólares.
El narcotráfico en la década del 90
Entre 1992 y 1994 los precios tanto de la hoja de coca, de la PBC y del clorhidrato de cocaína
cayeron a tal punto que el kilo de PBC, que alcanzaba los 1,500 dólares se desploma hasta
llegar a los 200 dólares. Sostienen algunos entendidos que el costo de producción por kilo es
de 250 dólares aproximadamente.
La dificultad e inclusive, la casi imposibilidad de los fabricantes de PBC de vender su producto,
debido al estricto control ejercido contra las avionetas que la transportaban, fue la causa
fundamental de la caída del precio.
1.5.ORGANIZACIÓN DEL NARCOTRÁFICO
En el tráfico de drogas participan diversos grupos. Cada uno de ellos cumple un rol específico,
desde la siembra de coca hasta la venta de drogas a los consumidores finales, en el país y en el
extranjero:
Los cárteles
Son organizaciones poderosas que efectúan dos actividades principales: convertir la pasta
básica en clorhidrato de cocaína y comercializarla a nivel nacional e internacional.
Las firmas
Son organizaciones dedicadas a la compra de pasta básica en bruto (PBC-B), para remitirla
directamente al cártel o, en algunos casos, quitándole impurezas, refinarla hasta convertirla en
PBC lavada. Se calcula que en la década de los 80 existían en el Perú aproximadamente 50
firmas, de las cuales 15 eran conformadas por narcotraficantes colombianos.
Los mayoristas
Son quienes compran y acumulan la droga para las firmas. En algunos casos lo hacen con el
dinero de las firmas, y en otros con sus propios recursos.
Los traqueteros
Son los que compran la pasta en bruto a los campesinos que la elaboran y a otros productores.
Los fabricantes de PBC-B o procesadores
Estos son de dos tipos: los campesinos sembradores de coca, los que por obtener mayores
ingresos, elaboran la PBC-B, convirtiéndose así en narcotraficantes, y los acopiadores de hoja
de coca, que son los que la compran a los campesinos para luego convertirla en PBC-B.
Los sicarios
Son los encargados de proteger al “patrón” de la firma, a los principales jefes y al negocio.
Otros elementos de la red del narcotráfico
Además de los anteriormente descritos, se ubican otros elementos especializados en
aspectos técnicos, logísticos y administrativos, como son: radioperadores, pilotos de
aeronaves, químicos, proveedores de insumos, contadores, patrones de embarcaciones, etc.
2. NARCOESTADO:
2.1.Definición:
El término narco-estado (de narco: droga y estado: conjunto de instituciones) es un
neologismo que se aplica a aquellos países cuyas instituciones políticas se encuentran
influenciadas de manera importante por el narcotráfico, y cuyos dirigentes desempeñan
simultáneamente cargos como funcionarios gubernamentales y miembros de las redes del
tráfico de drogas narcóticas ilegales, amparados por sus potestades legales.
El uso del término comenzó a implementarse en los años 1980 con la aparición de poderosas
organizaciones mafiosas en Colombia. En la actualidad, son habitualmente considerados dos
ejemplos de narco-estado:
Kosovo en Europa.
Guinea-Bissau en África.
Aunque diferentes instituciones han advertido del riesgo de otros países a caer bajo este tipo
de gobierno.
2.2.TÉRMINO:
El término fue acuñado como definición para aquel territorio donde "el narcotráfico es
un actor político que le disputa el poder al Estado". Su uso se generalizó en Colombia con el
auge de los carteles de la droga (Medellín, Cali y Norte del Valle), particularmente
personalizados en Pablo Escobar, quien había logrado convertirse en representante ante el
Congreso por Medellín en 1982 y al Cartel de Cali el cual logro influir en la campaña
presidencial de Ernesto Samper.
2.3.DESARROLLO:
El narco-estado se deriva del término «Estado Profundo» (en turco:derin devlet), como
las relaciones entre fuerzas de seguridad, mafia y grupos nacionalistas; y por Peter Dale Scott
como la «simbiosis entre los gobiernos (y en particular sus agencias de inteligencia) y las
asociaciones criminales».
A partir de ese acontecimiento, los carteles de la droga, mediante millonarios aportes
económicos, financian las candidaturas de políticos a cargos públicos electivos a cambio de
garantizarles impunidad, protección y amparo del poder estatal en sus operaciones. Asimismo,
dicho poder se ha extendido a los estamentos militares y policiales, aprovechando las bajas
condiciones de vida de sus componentes para infiltrarlos y corromperlos para que sirvan a sus
intereses.
Un país o territorio para alcanzar este estatus debe caracterizarse por:
Un escaso poder de las autoridades.
Graves deficiencias legales.
Un Estado demasiado débil.
Funcionarios permeables a la corrupción.
2.4.CASOS DE NARCO-ESTADO:
Guinea-Bissau
El primer caso considerado un narco-estado en el mundo fue Guinea-Bissau, un país
donde las redes de traficantes de drogas operan con total impunidad. A partir de 2005,
con el regreso al poder de João Bernardo Vieira se constató un aumento del narcotráfico y
de la implicación de poderes políticos en el mismo. En 2007, la Ministra de Justicia,
Carmelita Pires, presentó en una conferencia internacional una relación de políticos,
militares y policías del país involucrados en este tipo de actividades, lo que le costó serias
amenazas de muerte.
Kosovo
Otro caso considerado habitualmente por los medios un paradigma de
narcoestado es el de Kosovo. La provincia serbia de Kosovo y Metohija proclamó
unilateralmente su independencia en febrero de 2008, siendo reconocida por unos 70
países en 2010. Desde distintos medios se ha venido denunciando desde entonces la gran
influencia de las mafias del narcotráfico en las instituciones kosovares, algunos de cuyos
dirigentes vienen siendo habitualmente acusados de corrupción, incluido el Primer
Ministro Hashim Thaçi, quien fue considerado en un informe del Bundesnachrichtendienst
(servicio de inteligencia alemán) responsable de una de las principales redes delictivas del
país. Kosovo es considerado una plataforma para el narcotráfico, pero también del tráfico
de armas y personas en toda Europa.
Otros casos
En 2006, la revista de la ONU advertía del riesgo (sugerido por un informe de UNODC)
de que Afganistán llegara a convertirse, dada su delicada situación política, en un nuevo narco-
estado.
Dos de los países que más habitualmente han sido relacionados con el término, debido
al vasto poder conseguido por las mafias del narcotráfico en sus territorios, han sido Colombia
y México, lo que ha ejercido además una notable influencia sobre otros países de su entorno.
En este contexto, algunos medios se hicieron eco del riesgo de Guatemala a
convertirse en este tipo de estado como consecuencia de su invasión por parte de los cárteles
mexicanos de la droga. El embajador guatemalteco en este país admitió que su gobierno
necesitaría asistencia internacional para evitar esta situación.
En 2009, el Congreso de los Estados Unidos advirtió en un informe que la penetración
de las mafias colombianas de la droga en Venezuela hacía temer la conversión de este país en
un nuevo estado bajo el dominio del narcotráfico.
Otro de los países a los que se ha dado cabida bajo la definición, amparándose
también en su vulnerabilidad ante las organizaciones mafiosas extranjeras es Honduras, donde
se ha denunciado que el 80% de las denuncias no son investigadas.
2.5.“PERÚ JAMÁS SE CONVERTIRÁ EN NARCO ESTADO” SEGÚN EL JEFE DE LA
DIRANDRO
Para combatir las nuevas modalidades de producción de cocaína que utiliza el narcotráfico en
el VRAE, la mejor estrategia es evitar que los insumos químicos lleguen a las zonas de
elaboración de la droga, sostuvo el jefe de la Policía Antidrogas, DIRANDRO, general PNP Teddy
Bartra.
En ese sentido precisó que “todos los esfuerzos deben estar orientados a concluir la
implementación de las garitas de control y del Plan de Impacto Rápido, PIR, que gestiona
DEVIDA. También se debe hacer cumplir la restricción de la venta de kerosene en la zona, y a
eso se deben sumar las labores de inteligencia”, señaló en entrevista con INFOREGION.
En otro momento, el director de la DIRANDRO precisó que los narcotraficantes han acelerado
los trabajos que realizan en los laboratorios de elaboración de la droga y confirmó que éstos
han logrado reducir los procesos a ocho horas.
“Cuando hacemos las interdicciones, durante el día, lo que encontramos son mayores
cantidades de pozas de maceración vacías, que han sido ya utilizadas por la noche”, explicó.
El general Bartra reconoció que para los efectivos policiales es imposible operar por la noche
en la zona del VRAE y dijo que, por ello, sólo han realizado vuelos de reconocimiento para
tomar conocimiento de esta nueva modalidad empleada por los narcotraficantes.
“El Perú jamás se convertirá en un narco-estado”
De otro lado, el jefe de la DIRANDRO, aseguró que el Perú jamás se va a convertir en un ‘narco-
estado’ porque las políticas del gobierno están orientadas a combatir frontalmente al
narcotráfico, y desestimó con ello algunas estimaciones publicadas en algunos medios de
comunicación que señalaban que nuestro país podría convertirse en el primer productor de
cocaína a nivel mundial en un par de años.
Además, informó que hasta julio de 2009, la Policía Antidrogas destruyó aproximadamente
1,587 laboratorios de elaboración de pasta básica de cocaína, PBC y decomisó un total de 10
toneladas y media de clorhidrato de cocaína y PBC.
Indicó que sólo en el VRAE se ha logrado incautar más de tonelada y media de cocaína y 115
toneladas de insumos químicos. Detalló que en total son más de 300 toneladas de insumos
químicos las decomisadas.
La autoridad policial afirmó que la nueva Unidad de Buzos de la Dirección Antidrogas,
presentada hace unos días, cuenta con cuatro efectivos policiales que han sido rigurosamente
entrenados y cuentan con la certificación internacional para evitar la salida de cargamentos de
droga a través de embarcaciones que se desplazan por nuestro mar.
El general Bartra reveló que los narcotraficantes camuflan las drogas en placas planas de
acero y las sueldan al casco de la nave o utilizan imanes para lograr su adhesión.
Finalmente, dijo esperar que esta nueva unidad policial pueda incrementarse a 12 efectivos a
fin de realizar un trabajo más eficiente en el combate contra el narcotráfico.
3. EL PERU EN LAS LIGAS MAYORES DEL NARCOTRAFICO:
3.1.PERÚ: SEGUNDO PRODUCTOR DE COCAÍNA DEL MUNDO
Otra encuesta en octubre de 2004, del oficial “Instituto nacional de estadística e informática”
(Inei) y del privado “Instituto de estudios peruanos”, entre 8.000 familias del Perú, concluye
que 7.500 toneladas de hojas de coca al año, son para el consumo legal, frente al cálculo
anterior de 9.000 toneladas; además hay un serio problema en la comercialización de las hojas
de coca, por la “Empresa nacional de la coca” (Enaco), que sólo puede comprar 3.000
toneladas al año; ello implica, que casi 2/3 del consumo tradicional circule fuera del ámbito
legal de Enaco.
El sondeo del Inei, descubre que de los 27 millones de peruanos, cuatro consumen hoja de
coca en forma tradicional o eventual, masticándola como energizante al mezclarla con cal y
ceniza, una costumbre desde la época pre incaica (acto de chacchado, en quechua); de esa
cantidad, unos dos millones la usan en ritos ancestrales, festividades, velorios o curaciones y
casi un millón en mates e infusiones.
A su turno, Devida dice que hasta el 2003, en el Perú se cultivaron unas 42.250 hectáreas de
hoja de coca, que producen 52.700 toneladas de hoja de coca; de ese volumen, 43.700
toneladas van al narcotráfico. De todas maneras, estas cifras se mantienen bajas ante las de
1994, cuando el Perú encabezaba la lista negra de proveedores de cocaína del mundo, debido
a las 108.000 hectáreas de coca sembradas.
Pese a los grandes esfuerzos del Estado peruano para luchar contra el flagelo del narcotráfico,
en el Perú se producen todavía unas 140 toneladas de cocaína pura al año, que se traducen en
120 toneladas disponibles para la exportación ilegal, una vez que se restan el consumo interno
y 9 toneladas que en promedio decomisan las fuerzas del orden. Por lo tanto, el Perú continúa
siendo el segundo productor mundial de cocaína, después de Colombia con 440 toneladas y en
tercer lugar se ubica Bolivia, con 60 toneladas de cocaína anuales.
Varias investigaciones confirman que la cocaína de Perú, se “exporta” a través de tres vectores
casi equivalentes: por Bolivia hacia Brasil, Argentina y Chile; mientras por los puertos de la
costa peruana se envía droga hacia México, EE.UU. y Europa; asimismo, la vasta región
amazónica peruana, facilita el contrabando de droga por las fronteras con Colombia, Brasil y
Ecuador, cruzando para ello, los ríos selváticos y el amplio espacio aéreo.
3.2.PERÚ: EN LAS LIGAS MAYORES DEL NARCOTRÁFICO MUNDIAL
Junto a esta demanda sostenida de cocaína en el ámbito internacional, existen otros hechos
que generan mayor inquietud sobre el narcotráfico en el Perú: aunque según la Dirección
Antidrogas del Perú, ahora los cárteles mexicanos de Tijuana, Sinaloa, Juárez y del Golfo, son
los responsables del mayor tráfico de cocaína por los puertos peruanos hacia Centroamérica,
E.U, Europa, Asiay África; una investigación del Instituto de Estudios Internacionales de la
Universidad Católica del Perú en mayo del 2007, concluye que desde el 2006, las mafias del
narcotráfico en el Perú están en capacidad de "exportar" la cifra récord de 289 toneladas de
cocaína hacia Europa, Asia, E.U. y otros destinos.
Para ello, emplean 100.936 toneladas de hoja de coca, que transformadas en cocaína, están
valorizadas en unos 18.200 millones de dólares, de los cuales, se estima que 1.053 millones
quedan en el circuito económico nacional, mediante un persistente lavado de activos.
También, se establece que anualmente se mueven unas 32 mil 174 toneladas de insumos
químicos para producir drogas, lográndose incautar en el año 2006, sólo 0.63 %.
Mientras tanto y como se temía, ya operan capos de la droga peruanos que manejan más de
cien millones de dólares sin depender de los cárteles mexicanos o colombianos, obteniendo
mayores ganancias ante la ausencia de intermediarios. Es el caso del peruano de origen
holandés, Ment Dijkhuizen Cáceres, un destacado exportador de espárragos, alcachofas y
páprika, capturado por la policía antinarcóticos de Holanda en noviembre del 2005, al
descubrirle en el puerto de Rótterdam, 1,6 toneladas de cocaína de alta pureza oculta en un
cargamento de espárragos enlatados enviados desde el Perú, por su empresa Corporación La
Casita, de Trujillo, una de las más prósperas en el emergente negocio agro-exportador.
A propósito, el Servicio Nacional de Investigación Criminal de Holanda y la Dirección Antidrogas
del Perú, estiman que la organización de Dijkhuizen -desmantelada luego de pasar
desapercibida por casi dos décadas-, al menos consiguió efectuar cinco envíos de cocaína a
Europa, de unas 3.6 toneladas valorizadas en 99.4 millones de dólares, y habría lavado activos
por unos 150 millones de dólares en el Perú, E.U., China, España, Holanda, Francia, Inglaterra,
Aruba, entre otros países.
Por supuesto, siempre hay profesionales inescrupulosos -banqueros, abogados y contadores-
que lavan estas fortunas del narcotráfico y reciben su tajada del dinero mal habido, junto a
ellos, existen malos funcionarios del Estado que en el momento preciso voltean la mirada y
reciben también su parte a cambio de facilitar el negocio de las mafias; y pese a que el lavado
de activos no representa aún el 1% del Producto Bruto Interno (PBI) del Perú, repercute
fuertemente en las economías regionales, como Huánuco, Ayacucho, Cusco, Pucallpa, Tingo
María y la provincia de Huanta, donde sus poblaciones, al igual que en las grandes capitales de
la costa peruana, están viviendo -en el marco de una bonanza económica nacional legal- a su
vez, una prosperidad económica artificial derivada del narcotráfico y los delitos conexos.
Lo que se refleja en una proliferación misteriosa de empresas-fachada: cadenas de farmacias,
centros de fabricación de baterías, comercios de abarrotes, casas de empeño y de cambio de
moneda, tiendas de electrodomésticos, joyerías, discotecas, hoteles, casinos, edificios de
departamentos, tiendas de compra y venta de autos, junto a viviendas y autos lujosos, entre
otros modus operandi, como adquirir empresas en quiebra para luego de unos meses de lavar
dinero proceder a liquidarlas.
Y también realizan operaciones bancarias por debajo del monto considerado transacción
sospechosa: menos de 10 mil dólares. Igualmente, usan compañías que fabrican, importan y/o
comercializan insumos químicos para proveerse de estos productos; junto a empresas de
transporte de pasajeros, de carga y de combustibles (ómnibus, camiones y cisternas), a fin de
trasladar en forma oculta, droga e insumos químicos para fabricarla.
Sobre este asunto, no olvidemos que la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, por primera
vez, ha determinado un movimiento turbio de 500 millones de dólares entre el 2003 y 2007, y
aunque a los involucrados ya se les inició procesos judiciales, ello no puede ocultar la
impunidad con la que actúan los barones de la droga en territorio peruano, para lavar activos
valiéndose de una red de testaferros y por medio de empresas, comercios, bancosy en general
en todo el circuito económico nacional.
Como se ha constatado a través de recientes grandes capturas, los narcotraficantes se valen de
empresas formales no sólo para lavar dinero, de igual forma las emplean para "exportar"
directamente la cocaína oculta, fundamentalmente en productos hidro-biológicos o agrícolas
procesados, aprovechando perversamente el gran dinamismo por el que atraviesan los
sectores exportadores y el deficiente control en los puertos del Perú. Tan es así, que Jorge
Valencia, Director de Control de Oferta de Devida, reconoció al diario El Comercio en junio del
2007, que en el Perú el lavado de activos vinculado al tráfico ilícito de drogas, oscila entre
1.500 y 2.000 millones de dólares anuales.
A. Concurrentemente, el sobresalto por la venta ilegal de drogas está presente en todos los
estratos sociales y realmente existe motivo para ello, ya que según Devida, el Instituto de
Estudios Internacionales de la Universidad Católica y organismos antinarcóticos
extranjeros, en el Perú quedan unas 16 toneladas del total de la droga que se produce
cada año. Sobre ese tema, el prestigioso Centro de información y educación para la
prevención del abuso de drogas (Cedro), indicó en julio del 2007, que sólo en Lima
Metropolitana, hay unos 1.035 puntos de micro-comercialización de drogas, habiéndose
duplicado estos antros en los últimos tres años. Manifestándose así, un cuadro
dramático donde el Perú no sólo ha venido produciendo más droga, sino que además,
padece un aumento sustancial en el consumo interno.
Dando más luces sobre esta problemática, el Director Ejecutivo de Cedro, Alejandro
Vassilaqui, asegura que un 60% de los delitos que se perpetran en el Perú, se realizan
bajo los efectos del alcohol o alguna droga, esencialmente marihuana, pasta básica de
cocaína o cocaína. En un marco donde el consumo de drogas en general, se ha
expandido constantemente, hasta existir 200.000 usuarios a nivel nacional, entre ellos,
unos 7.000 escolares, donde la edad de inicio para el consumo se ha reducido a los trece
años.
El alto índice del consumo de drogas ilícitas en la población peruana, está asociado a la
impune comercialización y redes de corrupción que socavan aún más la seguridad
ciudadana al comprender no sólo a Lima, sino también a ciudades cercanas a las zonas
de cultivo ilegal de hoja coca y a las más importantes ciudades del país, como Chiclayo,
Piura, Trujillo, Ica, Arequipa, Iquitos, Pucallpa, Tacna, y recientemente, con mayor
incidencia en Cusco, donde el boom del turismo ha venido de la mano con el aumento
del tráfico y consumo de drogas.
Paralelamente, aunque es muy conocido el impacto negativo del narcotráfico en la
juventud, es poco difundido el daño que ocasiona esta lacra en el medio ambiente: el
gerente de Conservación del Medio Ambiente de Devida, Lucio Batallanos, señaló en
junio del 2007, que de los siete millones de hectáreas de bosques amazónicos
deforestados, 2.5 millones son atribuibles al cultivo ilegal de la hoja de coca y al uso
indiscriminado de precursores químicos para producir droga, generando pérdidas de 4
mil 500 millones de dólares por destrucción de madera, leña, carne de monte, emisión
de oxígeno y captura de carbono; a la par, el sembrío indiscriminado de la hoja de coca
extrae aceleradamente los principales nutrientes del suelo, causando en el mediano y
largo plazo, la pérdida de la capacidad productiva hasta convertirlo en desierto tropical.
Frente a esta coyuntura compleja, el gobierno de Alan García en funciones desde julio
del 2006, dispuso que un contingente de 2.000 efectivos y 19 bases antiterroristas y
antinarcóticos, policiales y militares, sean potenciadas y pasen a operar bajo una jefatura
central, y como parte del plan de desarrollo socio-económico presentado por el Ejecutivo
para el Valle del Río Apurímac y Ene, se tiene previsto ejecutar el 2007, programas de
desarrollo social, por S/.45 millones de nuevos soles (unos 14 millones 285 mil dólares).
En infraestructura básica por S/.95 millones (unos 30 millones 158 mil dólares), y de
desarrollo productivo por S/.8 millones (unos 2 millones 539 mil dólares). Ciertamente,
junto con la electrificación, saneamiento, educación y salud, en esta región urge
consolidar ejes viales: por ejemplo, el eje Cusco-Quillabamba-San Francisco-Ayacucho,
donde hay 320 kilómetros sin asfaltar.
4. POSICIONES DE ENTIDADES INTERNACIONALES:
4.1. Posición del gobierno estadounidense
El gobierno federal estadounidense es un antagonista muy enérgico de la industria de droga, y
se rige de acuerdo a las normas internacionales con respecto a la legalidad e ilegalidad de las
drogas. Uno de los ejemplos más controvertidos es el Plan Colombia.
Las leyes particulares de los estados varían mucho entre sí, y en algunos casos contradicen las
leyes federales. A pesar de la posición oficial del gobierno estadounidense contra el comercio
de droga, agentes gubernamentales estadounidenses y sus diversos recursos se han visto
implicados en el comercio de droga.
Oliver North y Barry Seal fueron atrapados e investigados durante el escándalo de Irán-
Contras, implicados en el uso del comercio de droga como una fuente clandestina de EE.UU.
para beneficiar a los Contras. La página 41 del informe de Kerry al senado estadounidense en
diciembre de 1988 dice que "de hecho los mayores responsables de la política estadounidense
no eran ajenos a la idea de que el dinero de la droga era una solución perfecta a los problemas
financieros de los Contras."
El veterano de Fuerzas Especiales, el militar coronel Bo Gritz (jubilado), ha acusado a su país de
colaborar con Manuel Noriega en el narcotráfico. En su libro Called to Serve (Llamados para
servir, aún no publicado en español), Gritz detalla su papel como un importante empleado del
Gobierno estadounidense atareado con proteger la relación de EE.UU. con Noriega.
Contrariamente a sus metas oficiales, se sabe que el gobierno de los Estados Unidos ha
intentado suspender las investigaciones científicas acerca de las consecuencias del consumo
de sustancias adictivas. Por ejemplo, en 1995 la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el
United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (Instituto de las Naciones
Unidas de Investigaciones Interregionales sobre Crimen y Justicia) (UNICRI) anunciaron, en una
conferencia de prensa, la publicación de los resultados del estudio global más grande sobre el
consumo de sustancias adictivas. Sin embargo, una decisión de la Asamblea Mundial de la
Salud prohibió la publicación del estudio. En la sexta reunión del comité B, el representante
estadounidense amenazó que "Si las actividades de la OMS relacionadas con las drogas no
logran reforzar los métodos de control de droga probados, deberán retirarse los fondos para
los programas pertinentes". Esto llevó a la decisión de interrumpir la publicación. Hasta ahora
se ha logrado recuperar sólo una parte de ese estudio. Se encuentran disponibles los perfiles
de consumo de la cocaína en 20 países.
4.2.Posición de algunos intelectuales
Muchos son los escritores, académicos y artistas que se han manifestado en contra de las
medidas que se toman a nivel mundial en contra del tráfico ilícito de estupefacientes.
En Colombia Antonio Caballero ha denunciado por muchos años la presencia del narcotráfico
en la vida social, militar, política, artística y religiosa de los colombianos. [14] En su discurso
siempre sale a relucir lo ineficiente de la lucha en contra de las drogas, la doble moral de los
países consumidores frente a los productores, la conveniencia de los primeros en mantener
una guerra en contra de los narcotraficantes y la de la clase dirigente de los países productores
al escudarse en este conflicto para mantener las desigualdades.
Los autores Doug Stokes y Francisco Ramírez Cuellar han demostrado algunas de las
debilidades más notorias del Plan Colombia, especialmente como excusa para exterminar a las
guerrillas que aún militan en el país.
4.3. Posición de algunos políticos
La Senadora colombiana Alexandra Moreno Piraquive, está a favor de la legalización regulada
del cultivo, [15] procesamiento, comercialización y consumo de psicotrópicos (con limitaciones
tipo Ley Antitabaco), como solución de fondo a los altos e infructuosos costos humanos,
sociales, ambientales y financieros que implica la lucha antidrogas. La legalización acabaría con
el Mercado negro y el consecuente Dinero negro que genera el Narcotráfico, en el que
Colombia ha llevado la peor parte como lo son los numerosos muertos, la corrupción política y
social, así como el daño ambiental. [16] [17]
5. VARIABLES:
5.1.VARIABLES DEL FRENTE EXTERNO
América del Sur tiene una configuración política distinta a los 90's; sus principales rasgos se
reflejan en la crisis de la economía de Argentina, la estabilidad económica de Chile, la elección
de Lula Da Silva, un presidente de vocación socialista en el Brasil; la presencia de Hugo Chávez
en Venezuela y las ventajas económicas de la venta de crudo en tiempos de guerra con el
agravante de haberse apartado del dólar y cambiar la denominación monetaria de la venta a
euros; la temprana crisis de Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia y la fuerza emergente de
Evo Morales - un dirigente cocalero- hoy convertido en líder político muy interesado en la
proyección económica de su país y en temas nuevos como el gas boliviano; y finalmente, la
situación de Colombia, donde la correlación de fuerzas entre las FARC y el Gobierno de Alvaro
Uribe no favorece aún claramente a éste último pese a la radicalización del esfuerzo militar
para desbaratar a la guerrilla.
Para efectos de este ensayo, analizaremos dos factores o variables que en el frente externo
pueden ejercer influencia directa o indirecta sobre la dinámica del movimiento "cocalero" del
Perú, estas son: el movimiento cocalero de Bolivia y la guerra interna de Colombia o la
influencia ideológica de las FARC. La proyección política del gobierno de Hugo Chávez, en
Venezuela, es un factor que también debería ser examinado.
Perú y Bolivia, debido a que éste último formó parte del Perú originalmente, comparten rasgos
culturales comunes y múltiples afinidades de sus realidades campesinas, en especial en el
aspecto idiomático. El 13 de enero del 2003, poco después de tres meses de instalado el
Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia, se inició la protesta del movimiento
cocalero en ese país. La secuencia de las protestas se inició en el Chapare y los Yungas -que son
el eje de la producción de coca en Bolivia- y poco después, se plegaron a estas manifestaciones
otros sectores sociales que traían su propia agenda de reivindicaciones. A los cocaleros los
siguieron "los rentistas y jubilados, campesinos y colonizadores, maestros urbanos y rurales,
universitarios mineros y por último los policías”.
Con la dirigencia del MAS y de la Central Obrero Boliviana (COB) se organizó un "Estado Mayor
del Pueblo Boliviano" que agrupó además a las centrales obreras departamentales, las
confederaciones nacionales de maestros urbanos y rurales, Colonizadores, movimientos Sin
Tierra, prestatarios, federaciones departamentales, de cocaleros, regantes y universitarios. En
un acto deliberado de abierto desafío, el Estado Mayor le dio al Gobierno un plazo de 48 horas
para que responda a una agenda de proyección económica que incluía la oposición a la salida
del gas boliviano por Chile, la oposición al Acuerdo de Libre Comercio de la Américas (ALCA) y
el rechazo a la política fiscal del gobierno, en especial a la política tributaria y el conocido
"impuestazo" a los salarios de los policías.
Debilitado por la rebelión de la tropa policial del Regimiento 2 en las inmediaciones de la Plaza
Murillo y del Grupo Especial de Seguridad (GES) en rechazo al "impuestazo", al Presidente
Sánchez le quedaron pocas posibilidades de decretar el anunciado "estado de sitio" por el
riesgo que el "Estado Mayor" instruyera "desobediencia civil”.
Pero, qué factores han favorecido que la protesta de los cocaleros de Bolivia generase
adhesión de otras fuerzas políticas y de algunos sectores del propio Estado?. Existen tres
características de la jornada de protestas que conviene analizar:
· El liderazgo cocalero y su proyección hacia otros aspectos de la vida política y económica de
Bolivia. Sin lugar a dudas, Evo Morales Ayma líder del Movimiento al Socialismo (MAS) ha sido
durante este proceso el tenaz interlocutor del gobierno de Sánchez de Lozada. Pese a que el
trasfondo de la protesta fue la pausa de la erradicación de coca, la agenda de Evo Morales
también incluye la oposición a la salida del gas boliviano por Chile, la oposición al Acuerdo de
Libre Comercio de las Américas (ALCA) y la oposición a la política fiscal del gobierno, en
especial, la política recaudatoria de impuestos que también afectó a la policía.
En Bolivia, los cocaleros -en la persona de Evo Morales- tienen la dirigencia del principal
partido político de izquierda, el "Movimiento al Socialismo-MAS", que se ha constituido en la
segunda fuerza política de Bolivia y agrupa una amplia gama de sectores obreros y
campesinos. La postulación de Morales a la presidencia de Bolivia revela un aspecto que
diferencia a la experiencia boliviana de la peruana, en Bolivia los cocaleros desean dejar de ser
un grupo de presión y constituirse en el nuevo Gobierno.
Existen indicadores de que el MAS constituye un tema en la agenda de los intereses de
seguridad de los EEUU. También existen algunas razones para inferir que la dinámica del
liderazgo cocalero fue favorecida por las opiniones vertidas públicamente por el Embajador de
EEUU en Bolivia acerca de las consecuencias que traería una eventual victoria de Evo Morales y
la mención a éste último por parte del Departamento de Estado en su "Informe la Estrategia
Internacional de Control de Drogas”.
Finalmente, la búsqueda de afinidades entre las reivindicaciones que motivan actos de fuerza
en contra de un gobierno y los intereses particulares de los servicios de seguridad -en especial,
los servicios policiales- es una estrategia que antes se ensayó con cierto éxito en
Centroamérica. El movimiento Sandinista de Nicaragua, por citar un ejemplo, solía incluir
peticiones salariales a favor de los policías nicaragüenses, como ocurrió durante la famosa
operación de secuestro de la casa de José María "Chema" Castillo Quant, en Managua, en
diciembre de 1974.
Como puede influir esta característica del movimiento boliviano en los cocaleros del Perú? En
el bloqueo de carreteras de Aguaytía y las posteriores negociaciones con el Gobierno peruano,
desde febrero del 2003, el movimiento cocalero ha evidenciado mayor unicidad de su
liderazgo.
Luego de múltiples dirigencias y pugnas al interior entre la Asociación de Productores y
FEPAVRAE, ésta última asumió un rol predominante a través de su dirigente Nelson Palomino
La Serna. La detención de Palomino luego de ser denunciado por hacer "apología del
terrorismo" tendrá efectos en su futura trayectoria política que es necesario examinar. El
retorno de un líder arrestado -en especial, de no verificarse el delito imputado- hará pública la
percepción de Palomino como elemento "peligroso" para el "establishment", factor que
favorecería su perfil como el equivalente peruano a Evo (a ello debe sumarse un intenso
activismo pro-cocalero que evaluaremos en las variables del frente interno).
· La estrategia de bloqueo violento de las carreteras y vías de comunicación, con epicentro en
las zonas cocaleras -región del Chapare- donde los cocaleros se enfrentaron con las fuerzas
combinadas del Gobierno en reiterados incidentes. Definitivamente esta es la medida de
fuerza que más parece haber calado en los cocaleros peruanos.
Sin embargo, en el Perú no se ha registrado la corriente de adhesión al movimiento cocalero
que sí ocurrió en Bolivia. Los factores que han permitido que la crisis de cocaleros se mantenga
como un incidente aparte, aunque notorio, deben ser examinadas y también la forma en que
podrían cambiar a mediano plazo.
Una posible explicación para que la crisis de cocaleros no haya tenido todavía una fuerte
proyección hacia otros aspectos de la vida política y económica del Perú se relaciona con la
actual situación de la izquierda peruana. Mientras que en Bolivia, el MAS es la segunda fuerza
política, en el Perú la izquierda y las organizaciones de obreros, maestros y otros estamentos
se mantienen fragmentados y con agendas autónomas desde las elecciones de 1990.
Asimismo, se ha producido un debilitamiento progresivo de la dirigencia obrera desde la
administración de Alberto Fujimori.
El resurgimiento del APRA como la primera fuerza política organizada del Perú, su importante
mayoría en las comisiones del Congreso que tratan el problema de la coca y el agro, así como
su afianzamiento gracias a los resultados de las elecciones regionales en las que obtuvo
mayoría a nivel nacional, suman factores que podrían tener efecto sobre la cohesión del
movimiento cocalero y favorecer la comunicación de los cocaleros con otras fuerzas
organizadas del país.
· La creación de un "Estado Mayor del Pueblo Boliviano" (EMP). El Estado Mayor es un
concepto militar cuya aplicación a un frente único que agrupe a las diversas fuerzas de la
oposición boliviana revela un nivel de organización distinto al tradicional. Los sindicatos y las
centrales obreras que antes eran interlocutoras del gobierno quedaron subordinadas al EMP,
el cual articula funciones de comando y control de las acciones de protesta.
Ante la hipótesis que esto ocurra en el Perú, es necesario examinar si el movimiento cocalero
del Perú podría liderar en el futuro una corriente de la izquierda peruana que asuma un frente
único.
El potencial de la "Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas
Cocaleras del Perú" para articular funciones de un Estado Mayor en el futuro debe ser
examinado.
También es necesario examinar si existe un activismo cocalero que busque integrar las
agendas de las diversas fuerzas organizadas. Uno de los aspectos que debe orientar este
examen es verificar el uso de medios de prensa electrónica para unificar la agenda cocalera y
otras agendas.
La influencia de Colombia sobre la región es otro elemento del frente externo que conviene
analizar en la evolución de los cocaleros peruanos. En el 2002, el Gobierno peruano se
reafirmó en la tesis que el Plan Colombia produciría un desplazamiento masivo del cultivo de
coca al territorio peruano y que ello explicaría el incremento del precio de la hoja. En efecto, el
incremento del cultivo de coca en el Perú y la tendencia al alza de su precio en el 2002 han
sido documentados por el Departamento de Estado en su antes citado informe.
El Plan Colombia generó diversas expectativas en los países de la región, sin embargo, sus
efectos en el Perú durante la administración Pastrana y los de su fase crítica a raíz que el actual
Gobierno de Alvaro Uribe y las FARC asumieran posiciones irreductibles, han sido poco
estudiados.
Las especulaciones acerca de una posible infiltración de elementos de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) a través de la frontera con el Perú comenzaron el año
2000.
Sin embargo, el nivel de intensidad de las actividades de las FARC en el Perú, de existir alguna,
debe examinarse con involucramiento de la comunidad de inteligencia para determinar sus
espacios probables, sus manifestaciones y sus propósitos.
Tradicionalmente, los movimientos universitarios han sido un indicador interesante de la
dinámica de las fuerzas políticas en juego en la escena nacional. Debido a su permeabilidad
ideológica, falta de experiencia y temperamento voluble, los movimientos universitarios tienen
cierto atractivo para el activismo de diversas organizaciones, entre ellas algunas clandestinas,
que buscan establecer posibles bases de apoyo. Aquí no se trata de avalar alguna estrategia
específica de intervención en la universidad que haya sido ensayada en el pasado, sino de
validar objetivamente la utilidad de una variable de análisis para realizar una evaluación de
inteligencia.
El rol de la universidad peruana en la dinámica de los procesos sociales ha sido estudiado y
está históricamente documentado. Al realizar un examen de la penetración ideológica de las
FARC o evaluar el desarrollo doctrinario de un movimiento como el cocalero resulta útil
recolectar y evaluar objetivamente y sin apasionamientos que indicadores se encuentran en
los movimientos universitarios. El actual contexto del conflicto en Irak ha sido un factor
detonante del activismo estudiantil y es posible que a él se unan algunas otras facetas de la
dinámica social del Perú.
Verificar qué lugar ocupa el movimiento cocalero en esa agenda, es un indicador para medir la
importancia y potencial de este movimiento.
5.2.VARIABLES DEL FRENTE INTERNO
Cuando se analiza que oportunidades para un desarrollo doctrinario tienen los cocaleros en la
escena local, se puede recoger diversos indicadores. De una parte, las elecciones regionales y
municipales del 2002 cambiaron sustancialmente la configuración política del Perú. De las 25
regiones existentes en el país, el APRA ocupa 12 gobiernos regionales, incluyendo a San Martín
y Ayacucho mientras que en Huánuco ganó un movimiento independiente .
La agenda del APRA con relación al gobierno actual es un tema que amerita un cuidadoso
examen. Sin embargo, es un hecho mas o menos claro que el APRA, como primera fuerza
política organizada del Perú, tiene capacidad importante para dinamizar organizaciones y
movimientos obreros y campesinos. Esta capacidad ha sido desde siempre un factor que ha
inquietado a los gobiernos de turno, como ocurrió en el gobierno militar del Gral. Juan Velasco
y también durante la administración de Alberto Fujimori.
Con una mayoría de Gobiernos regionales ganados por el APRA, existe la percepción de que el
Gobierno ha intentado obtener un equilibrio acentuando la presencia de Perú Posible en los
mandos medios y altos del Ejecutivo. Existen además posiciones divididas dentro del Ejecutivo
sobre cuál debería ser la política de descentralización.
En este contexto, los cocaleros y sus protestas contra la erradicación de la coca, los jornales
impagos de los programas de auto erradicación y a favor de la liberación de su líder preso
pueden convertirse en un elemento instrumental en la agenda de una fuerza predominante -
como el APRA- y la dinámica que ésta quiera imprimir a la escena nacional.
Pero existen indicadores que los cocaleros empiezan a formar parte de una agenda mayor. La
FEPAVRAE, por ejemplo, anuncia periódicamente a favor del cultivo de coca bajo el lema
"Peruano: haz patria, siembra coca" en una publicación electrónica de orientación
contestataria y que integra diferentes temas de actualidad.
El posible vínculo entre movimiento cocalero y movimientos de nacionalismo castrense del
Perú es un tema que debe ser examinado. La caracterización del cocalero como un "patriota"
es un tema sensible, en especial, debido a que los cocaleros habitan zonas donde predomina la
población joven. Estas poblaciones, antes que engrosar las filas de los movimientos
subversivos, han engrosado durante mucho tiempo las filas de ronderos y de los reservistas de
las fuerzas armadas, por lo que pueden ser más sensibles al discurso nacionalista que al
discurso de orientación de "izquierda".
Mientras que la tendencia del Ministerio del Interior se concentra en descartar un posible
rebrote de Sendero Luminoso o del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru - MRTA, es
necesario que la comunidad de inteligencia explore la viabilidad subversiva de una alianza
entre cocaleros y movimientos de chauvinismo castrense.
El reciente primer encuentro andino-amazónico celebrado en Puno en febrero del 2003,
evidenció que en el escenario andino-amazónico, se viene formando una doctrina política que
se caracteriza por articular una "ideología nacionalista" con un liderazgo de origen castrense
orientado a captar la adhesión de los reservistas del Ejército.
En su discurso se proclama que "los reservistas -entiéndase especialmente los del ejército- son
la vanguardia política de la sociedad peruana" y se propone la vía de un "gobierno dictatorial y
Nacionalista”.
La agenda de esta corriente de pensamiento incluye al problema de los cocaleros. En una nota
editorial acerca de los "seis temas coyunturales que afronta nuestro país", el periódico
quincenal electrónico "Ollanta" señala a la "erradicación compulsiva y abusiva de las
plantaciones de coca" junto a otros temas de proyección política como; el conflicto en Irak, las
200 millas de mar territorial peruano, los resultados de las negociaciones entre el Gobierno
Peruano y la empresa "Telefónica del Perú" y finalmente, una nota orientada a exaltar la
"defensa" del ejercito peruano.
En su nota de fondo, el citado periódico quincenal da cuenta, no de solo uno -a saber, Nelson
Palomino- sino de veintiún dirigentes cocaleros encarcelados, a quienes se equipara con la
calidad de "presos políticos".
Los movimientos chauvinistas castrenses tienen un importante componente doctrinario que se
fundamenta en la exaltación de valores asociados al valor esencial "Patria". A diferencia de los
movimientos de izquierda que se fundamentan en una interpretación política de la realidad
social en función de la lucha de clases y otros conceptos más elaborados, los movimientos
chauvinistas apelan a un valor general de todo ciudadano; el nacionalismo. Desde esta óptica,
el conflicto es presentado de una forma más simple; se trata de ser "patriota" o ser "traidor".
Este razonamiento es más accesible para el poblador campesino de escasa educación y a la vez
resulta tan motivador como el discurso de la otrora izquierda política.
En la experiencia de otros países de la región, como por ejemplo, Chile, los movimientos
chauvinistas de vocación castrense han sido opuestos al pensamiento de izquierda política y se
podría decir, que ha reaccionado mutuamente uno frente al otro. Sin embargo, se observa que
en el Perú existen indicadores de una proximidad ideológica que por lo menos, se expresa en
la disposición a compartir espacios académicos y discutir sobre un "proyecto histórico”.
Estos movimientos pueden aportar a los "cocaleros" del Perú el trasfondo doctrinario que
necesitan para sustentar políticamente la necesidad de cultivar la coca, caracterizándola como
una práctica "nacionalista”. Estimulados por el modelo de los cocaleros de Bolivia, expuestos a
la influencia de la guerra en Colombia y no del todo ajenos al discurso de Hugo Chávez, gracias
a la influencia de movimientos de chauvinismo castrense, los cocaleros del Perú son una fuerza
política emergente de cerca de un millón de habitantes en tierras donde la violencia es
considerada "soportable".
6. COCALEROS Y CONSUMIDORES:
6.1.LA POBLACIÓN CAMPESINA INVOLUCRADA
Estadísticas del independiente “Centro de información y educación para la prevención del
abuso de drogas” (Cedro) y la estatal “Comisión nacional para el desarrollo y vida sin drogas”
(Devida), revelan que hasta el año 2003, existían unos 20.700 campesinos cocaleros,
pertenecientes a núcleos familiares de 5 a 6 personas en promedio.
Es decir, unos 124.200 peruanos dependen del cultivo de la hoja de coca para su sustento,
situados mayormente en los valles del Alto Huallaga, y el Valle del Río Apurímac-Ene (VRAE)
entre los departamentos de Ayacucho, Cusco y Apurímac, donde se aglutina la más fuerte
actividad de las once “cuencas cocaleras” del país: Marañón, Monzón, Apurímac, Putumayo,
Huallaga, Aguaytía, Pachitea, Ucayali, Urubamba, Tambopata y últimamente, San Gabán.
6.2.CONSUMIDORES DE DROGAS
En cuanto a la demanda de drogas, esta exhibe una tendencia creciente; el “Estudio
epidemiológico sobre uso de drogas en el Perú”, efectuado en el 2003 por Cedro, en 7
ciudades de las 3 regiones naturales del país, indica que uno de cada 10 pobladores ha
probado marihuana; el uso de pasta básica de cocaína alcanzó al 4.1% y los consumidores de
cocaína llegan al 3.9% de la población entre 12 y 64 años; habiéndose detectado por primera
vez, un reducido empleo de heroína.
Una pesquisa de Devida -en similar período- arroja datos más concretos: 213.608 peruanos
entre 12 y 64 años fumaron marihuana; frente a 81.782 entrevistados que aceptó haber
consumido cocaína y una cifra casi igual (81.743), pasta básica de cocaína; en relación a drogas
sintéticas como el éxtasis, se pudo registrar a 12.617 usuarios. Sobre el particular, un dato
adicional: en el Perú se vende la droga de peor calidad -que es la más dañina- pues la de alta
pureza es “exportada”.
7. LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO:
Si bien es cierto, la hoja de coca tiene un uso tradicional en el Perú desde hace unos 2.000
años, durante el virreynato español hubo una posición ambigua al respecto: mientras se
intentaba erradicarla en el actual territorio de Ecuador, era usada en Perú y Bolivia, como
medio de pago a los trabajadores mineros y agrícolas, quienes la consumían para soportar el
riguroso clima, la accidentada geografía y las duras condiciones laborales que padecían.
Esta situación se prolongó durante la época republicana y en ciertas regiones, hasta hace unos
45 años, circunstancia que explica en parte, una actitud controversial de la población
tradicionalmente usuaria de la hoja de coca, frente al posterior empleo que se le dio a esa
planta, como insumo básico para la producción de cocaína, luego contrabandeada por las
mafias del narcotráfico.
En etapa más reciente, el escenario se complicó para el Perú, debido a la alianza con el
narcotráfico forjada en la década del noventa, por grupos terroristas como Sendero Luminoso
(SL) y el MRTA; que todavía mantiene SL brindando protección a los narcotraficantes, a cambio
de financiamiento y provisión de recursos logísticos, para los casi 500 efectivos que
conformarían su golpeada organización, según el informe “Estrategia nacional para el control
de drogas”, emitido en marzo del 2004, por el Gobierno de EE.UU.
7.1.Cultivos alternativos a la coca: horizonte lejano
Con visión optimista, el gobierno peruano destaca que el “Programa nacional de desarrollo
alternativo”, ha beneficiado a 28.000 familias campesinas, con 110 aulas de escuela, 176
postas médicas, 131 locales comunales, 91 sistemas de agua potable, 17 proyectos de
electrificación, 37 puentes y 89 caminos construidos; simultáneamente, desde 1995 hasta el
2003, se habría acrecentado la producción y mercadeo de 32.000 hectáreas de cultivos lícitos:
café, cacao, piña, palmito, maíz, arroz, algodón, camu camu, barbasco, entre otros.
Toda vez que el narcotráfico -junto al terrorismo y la pobreza- es percibido como una amenaza
para la seguridad y estabilidad, concita la atención de la comunidad internacional; en ese
contexto, el Perú recibe apoyo para la lucha antinarcóticos y el desarrollo alternativo,
principalmente de EE.UU., que impulsa proyectos de inversión por 300 millones de dólares
hasta el 2006; pero también cooperan: España, Japón, Italia, Alemania; la ONU y OEA; la
Comunidad Andina, Unión Europea, Banco Mundial y el BID.
Empero, sería un error fatal del gobierno peruano y de la comunidad internacional, desconocer
que los recursos asignados desde el exterior y aun los que destina el Perú, son claramente
insuficientes para consolidar una economía legal sostenible, tendiente a desplazar de manera
eficaz a la narco-economía que impera en las regiones cocaleras, no sólo por la codicia frente
al dinero del narcotráfico, sino también por la aguda pobreza y marginalidad de amplios
sectores de la población, los cuales no encuentran otro medio de subsistencia, que sembrar
hoja de coca.
Por consiguiente, el desarrollo alternativo será viable, cuando exista una estrategia
multinacional y multilateral, que promueva de manera sistemática, suficientes mercados para
los diversos productos sustitutos de las plantaciones de coca; en cambio, una represión
generalizada contra los campesinos cocaleros, puede desembocar en una mayor convulsión
social y/o fortalecer opciones político-campesinas, capaces de derrocar a gobiernos
democráticos pero ineptos, como sucedió en Bolivia y Ecuador.
7.2.El desarrollo alternativo
La estrategia diseñada por el gobierno peruano en la lucha contra el narcotráfico, considera prioritariamente la ejecución de un programa sostenido de desarrollo alternativo, el cual está dado por el conjunto de acciones orientadas a sustituir el ingreso proveniente de los cultivos ilegales, por ingresos generados por una economía de mercado competitivo, ambientalmente sustentable y cuya dinámica sea capaz de incorporar a los pobres del medio rural para solucionar su situación de pobreza.
Esta posición fue mantenida durante la suscripción del Acuerdo de Cartagena de 1990 por los presidentes de Bolivia, Colombia, EEUU y Perú y ratificada en la Reunión Interamericana de expertos en 1993.
El desarrollo alternativo se propone:
- Eliminar progresivamente los cultivos ilícitos y sustituirlos por cultivos lícitos.
- Variar el origen de los ingresos, de ilícitos a lícitos, generados por una economía de mercado.
- La dinámica de la sustitución de cultivos y de ingresos debe incorporar a los sembradores a la economía de mercado resolviendo su situación de pobreza.
En 1990 el Presidente Fujimori precisó su posición señalando que la erradicación de la coca debe ir acompañada de la sustitución, pues la represión eficaz contra los campesinos, podría derivar fácilmente en una agudización de la pobreza crítica y tal vez en una guerra civil de insospechadas proporciones. El problema no es de eficacia, tampoco es solamente delincuencial sino social y político, pues de acuerdo con la realidad socioeconómica del Perú, una represión rápida y eficaz haría crecer la pobreza y consecuentemente potenciaría las luchas internas en todas sus formas.
7.3.Posición del Gobierno de los EEUU
Estrategia Andina
En 1989 el Presidente George Bush dio a conocer los lineamientos de su política antidrogas en
el ámbito latinoamericano, cuyo fundamento se basaba en el reconocimiento de que el
narcotráfico representaba una amenaza a la seguridad de los EEUU, por tanto era necesario
fortalecer los vínculos con los países andinos para lograr una mayor eficacia en la lucha contra
la producción, transporte y distribución de drogas. En este contexto, el Pentágono formula un
plan estableciendo su rol en la lucha contra el narcotráfico, el cual entre otros puntos,
consideraba la planificación estratégica de los programas de lucha y la provisión de recursos y
entrenamiento a las fuerzas policiales y militares de los países andinos.[2]
En este mismo período se lleva a cabo la suscripción del Acuerdo de Cartagena del 15 de
Febrero de 1990 y se firma el Convenio Antidrogas entre Perú y EEUU (14 May 1991), el cual
consideraba entre otros, los siguientes aspectos:
- Desarrollo alternativo, ajuste estructural, prevención del uso de drogas y de la
corrupción, mecanismos de apoyo internacional, seguridad e interdicción.
- Se reconoce que el narcotráfico actúa en contra de la soberanía de los países, que su
magnitud amenaza la estabilidad del Estado y excede la labor policial, por lo que se decidió
emplear el Poder Nacional para enfrentarlo.
Con el fin de iniciar una lucha frontal y eficaz contra el tráfico ilícito de drogas los Presidentes
acordaron avalar la participación de las Fuerzas Armadas (FFAA), teniendo en consideración
que “ la represión del tráfico de drogas ilícitas es una cuestión, en su esencia, de carácter
policial; sin embargo, ante su magnitud y las diferentes facetas que presenta, y con su propio
ordenamiento jurídico, las Fuerzas Armadas de cada uno de los países, dentro de su propio
territorio y jurisdicciones nacionales, también pueden tomar parte”.[3]
Sobre la base de este convenio, el Perú modifica la Ley del Sistema de Defensa Nacional,
otorgándole responsabilidad a las Fuerzas Armadas (FFAA) en la lucha contra el Tráfico Ilícito
de Drogas (TID). Asimismo declara en estado de emergencia todos los aeropuertos y
aeródromos existentes en las zonas cocaleras, encargándole a la Fuerza Aérea del Perú (FAP) el
control de los mismos. También la FAP se encargaría de la interceptación de las aeronaves
nacionales y extranjeras que sobrevolaran el espacio aéreo en esas zonas, siendo pasibles de
derribamiento si se negaran a proporcionar la información solicitada o desacataran las
disposiciones de la autoridad aérea.
Por su parte EEUU, organizó un sistema de comunicaciones empleando satélites artificiales y
radares en las zonas de Centro América, el Caribe y la región andina, proporcionándole al Perú
cobertura radárica mediante los aviones Awacs y Orion, además del apoyo de un radar en
tierra y de 10 helicópteros.
7.4. LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO 'A LA PERUANA'
El país andino potencia el cultivo de aceite de palma y de algodón para combatir a la coca, en
vez de arrasar las plantaciones
El año 2008 es la fecha límite establecida por las Naciones Unidas para eliminar todos los
cultivos de coca y opio del planeta, en lo que se ha dado en llamar la opción cero, basada en la
combinación de represión y desarrollo alternativo, también conocida como el palo y la
zanahoria.
Un ex productor de coca: 'Está cambiando la situación pero necesitamos ayuda'
Anteriores plazos fijados por la ONU fueron incumplidos, en una clara demostración de las
enormes dificultades para reducir la producción y tráfico de drogas. A seis años vista, el
objetivo es a todas luces inalcanzable. Los grandes productores de coca -Colombia, Bolivia y
Perú- y de opio -Birmania- siguen abasteciendo el mercado de drogas, al que puede
reincorporarse rápidamente, tras la caída del régimen talibán, un antiguo productor de opio
como Afganistán.
En su reciente visita a Perú, el presidente George W. Bush sorprendió al auditorio al señalar
que la lucha contra el narcotráfico requiere también frenar la demanda. No es habitual que un
presidente del país que es el mayor consumidor de cocaína del mundo reconozca esta
evidencia.
El aparente cambio de actitud de Washington ha sido la comidilla estos días en Perú, uno de
los principales productores de coca. 'Mientras haya demanda habrá oferta. El mundo habla
ahora de corresponsabilidad con más sinceridad que antes', estima el zar antidrogas peruano,
Ricardo Vega Llona.
En la batalla contra el narcotráfico el palo suele imponerse a la zanahoria, tal y como ha
sucedido en la región andina. En Bolivia, el ex presidente Hugo Bánzer anunció un ambicioso
plan bajo el lema '¡Con dignidad!', que pretende eliminar la coca y la cocaína en cinco años.
Desde 1983, las autoridades bolivianas han invertido más de 180 millones de dólares en
distintos programas de sustitución de cultivos y de desarrollo alternativo en la región del
Chapare, que no han servido para reducir la producción de coca. El general y ex dictador, al
borde de la muerte, pasó a la acción en su mandato póstumo e inició una campaña de
erradicación a gran escala con el apoyo del Ejército, que ha reprimido a sangre y fuego las
revueltas de los agricultores cocaleros.
El otro plan de la región andina, el Plan Colombia, se propone reducir la producción de coca y
cocaína a la mitad en los próximos seis años, con el controvertido apoyo, por parte de Estados
Unidos, de 1.300 millones de dólares (cerca de 1.485 millones de euros y unos 247.000
millones de pesetas), dedicados esencialmente a la esfera militar.
Durante el año pasado se llevó a cabo una intensa campaña de fumigación con herbicidas en el
sur de Colombia, en la que se destruyeron diversos proyectos de desarrollo alternativo, lo que
provocó tensiones sociales con los agricultores de la región.
Frente a los fracasos en Bolivia y Colombia, Perú ha sido presentado durante cierto tiempo
como ejemplo del éxito de la lucha contra el tráfico de drogas en la región andina.
Aparentemente, las cifras acompañaban: de 130.000 hectáreas de hoja de coca en 1992 se
había pasado a 49.260 hectáreas en 2001.
Washington aplaudió al ex presidente Alberto Fujimori por su actuación contra el narcotráfico
y la CIA estaba orgullosa de tener entre sus agentes a Vladimiro Montesinos, ex jefe de la
inteligencia peruana, quien resultó ser el mayor corrupto de América Latina. Cuando aquel
supuesto éxito, pudo comprobarse que las cifras eran engañosas.
ERRADICAR NO ES LA SOLUCIÓN
'Ha disminuido el cultivo de coca, pero ha aumentado la producción de cocaína', explica
Patricio Vandenberghe, representante en Perú del Programa de las Naciones Unidas para el
Control del Tráfico de Drogas. 'Lo más preocupante es que ha aumentado el rendimiento por
hectárea, como en la zona de Apurímac, donde la producción llega hasta las dos toneladas por
hectárea, cuando en el cultivo tradicional de coca es de 400 a 800 kilos por hectárea', apunta.
'Erradicar no es una solución, porque deja a los campesinos sin medio de sustento y les obliga
a emigrar a la ciudad. No estamos construyendo nada. El objetivo del programa de Naciones
Unidas es construir algo que permita que no haya que recurrir a la coca', insiste
Vandenberghe.
Los actuales responsables de la lucha contra el narcotráfico en Perú rechazan la política de
coca cero que se ha impulsado en Bolivia y Colombia. Hugo Cabieses, asesor del zar antidrogas,
aporta los datos siguientes para ilustrar 'el fracaso' de dicha política: 'En los años 1991-1992
había en los tres países andinos 210.000 hectáreas de coca. Entre 1992 y 2001 se han
erradicado 300.000 hectáreas, de manera manual en Perú, forzosa en Bolivia y por fumigación
en Colombia. Y sin embargo, en el año 2001 hay 230.000 hectáreas'.
La nueva política propuesta desde Contradrogas, el ente que dirige el zar Vega Llona, trata de
explicar que el problema de la producción de coca no es agrícola, sino que es un problema de
una economía y cultura basada en la mono-producción de coca. No en vano da tres cosechas al
año y una rentabilidad como ningún otro cultivo. Por tanto, hay que sustituir esta economía y
cultura por otra economía basada en productos y actividades lícitos, respetando la coca para el
consumo tradicional y para posibles fines terapéuticos.
'No se trata de uno o dos cultivos, sino de una canasta de 14 o 15 cultivos y actividades
económicas que deben impulsarse en estas zonas', señala Cabieses, que pone como ejemplos
la posibilidad de producir palma aceitera en las zonas de selva alta -Perú es deficitario en
aceites y grasas- y de ampliar la producción de algodón. 'Perú no necesita donaciones para
impulsar el desarrollo alternativo, sino apertura de mercados para el comercio para la palma
aceitera, algodón, caña para producir etanol, arroz, maíz, papaya, piña, plátano...', enumera.
Para ello, Cabieses reclama que el Senado estadounidense dé luz verde a la Ley de Preferencias
Arancelarias Andinas (ATPA) y necesita, según cálculos del zar antidrogas, 1.125 millones de
dólares (1.237,5 millones de euros) para construir seis ejes de carreteras de la selva hacia la
costa para que los productos puedan acceder al mercado nacional e internacional.
Edwin Villanueva, antiguo productor de coca, preside una cooperativa de 500 agricultores que
han abandonado ese cultivo ilícito por el algodón. Desde el departamento de Ucayali ha
viajado a Lima para pedirle al zar antidrogas apoyo financiero para combatir las plagas y
enfermedades. Espera respuesta. 'Queremos demostrar al mundo que está cambiando la
situación en Perú, pero necesitamos ayuda'.
7.5.ANÁLISIS DE LA ERRADICACIÓN PROGRAMADA
Un primer análisis ampara la erradicación en la ley 22095 de 1978 y la Convención Unica de
Estupefacientes de 1961, suscrita por el Perú sin reservas de ningún tipo. La Convención de
Viena de 1988 también establece medidas para erradicar el cultivo ilícito de "plantas de las
que se extraen estupefacientes" y precisa que tales medidas deberán respetar los derechos
humanos fundamentales y tener en cuenta los usos tradicionales lícitos donde al respecto
exista evidencia histórica.
Sin embargo, es un hecho públicamente percibido que el elemento gravitante y que influye
decisivamente en el énfasis que el Gobierno Peruano coloca en la erradicación, se relaciona
con la necesidad de mantener una relación estable con los EEUU. En julio de 1992, el Perú y los
EEUU celebraron un convenio referente al "Proyecto sobre Control de Narcóticos".
El convenio establece como un objetivo, asegurar la erradicación de los cultivos existentes
(entiéndase para la producción ilícita de estupefacientes) y prevé como meta final la
erradicación de los cultivos que surten de materia prima a la producción de narcóticos.
El compromiso expreso que asumió el Perú al firmar el convenio se traduce en "destinar
personal, cuidadosamente seleccionado, para llevar a cabo las actividades que mas adelante se
describen" , entre ellas, "evaluación, control y erradicación de los cultivos de coca para fines
ilícitos" y apoyo a las actividades del CORAH. Este es el primer convenio que se refiere
específicamente al CORAH.
Aunque el proyecto ha sido revisado anualmente, el apoyo de los EEUU comprende la
financiación de los costos y gastos operacionales del CORAH (incluyendo los costos de su
planilla).
Cuando planifica la erradicación, el CORAH distingue tres estadios posibles de la coca que
configuran su teatro de operaciones; "coca conducida", es decir; en plena producción; la "coca
semi enmontada"; es decir, cultivos mezclados con otros productos agrícolas lícitos y la "coca
enmontada"; es decir cultivos de apariencia silvestre debido a que están cubiertos por el
bosque y otros productos agrícolas (usualmente arroz, plátano o yuca).
Cabe preguntarse, cuál es la orientación táctica de la erradicación programada? o al menos,
cuál debería ser la orientación a criterio de la presión internacional sobre el tema. El 2001, el
CORAH erradicó 3,911 hectáreas de coca conducida versus 660 hectáreas de coca semi
enmontada y 1,864 hectáreas de coca enmontada. El 2002, la composición varió a 2,741
hectáreas de coca conducida (una disminución de 30% respecto del año anterior) versus 2,585
has. De coca semi-enmontada y 1,806 has. de coca enmontada.
Sin embargo, para las estimaciones de CNC , pese a la erradicación, en el 2002 se registró un
primer incremento de 2,600 has. netas de cultivo de coca desde 1995. Según la agencia
norteamericana, "se observaron 4,100 hectáreas de nuevos cultivos de coca" adicionales a su
muestra, a la que habría que restar 1,500 has. de coca conducida erradicada.
Según estimaciones de CNC, el 70% del incremento neto se ubica en el eje Alto Huallaga-VRAE,
es decir, precisamente en las zonas a las cuales el CORAH no tiene acceso. El mensaje de CNC
para el gobierno peruano es claro; si bien, globalmente, la magnitud de la superficie erradicada
el 2002 fue mayor que el 2001, desde el punto de vista cualitativo, la cuota erradicada de coca
conducida fue menor el año 2002 y al mismo tiempo, los cultivos conducidos de coca
aumentaron en el Alto Huallaga, Aguaytía y Apurímac. En otras palabras, el Gobierno Peruano
"no erradicó donde debía".
El Departamento de Estado señala en el "Informe sobre la Estrategia Internacional para el
Control de Drogas-2002" que el Gobierno Peruano es "renuente a erradicar en áreas donde
puede ocurrir un enfrentamiento con cocaleros. Hasta la fecha, no se ha aprobado la
erradicación en el área de Apurímac y el Monzón, dos áreas clave de concentración de hoja de
coca" (texto original en inglés)
Pero, a la percepción del Departamento de Estado sobre una limitada actuación del Estado en
el frente de la erradicación programada es posible oponer algunos problemas que son mas
bien de orden táctico. El decreto supremo de abril último, por ejemplo, dispone que el CORAH
intervenga en la eliminación de las pozas de maceración (que son utilizadas para la producción
de pasta básica de cocaína), tarea que hasta entonces era de competencia de la Dirección
Antidrogas (DIRANDRO).
El CORAH es un organismo civil del Ministerio del Interior, carece de capacidades de resguardo
y tiene limitado acceso a las zonas donde se concentra el cultivo de coca en el eje Huallaga-
VRAE.
No existen indicadores que apunten a que el CORAH podrá enfrentar la resistencia de los
cocaleros con mayor éxito que la Policía Nacional . Desde la perspectiva de los cocaleros, el
repliegue y sustitución de DIRANDRO por el CORAH es un movimiento táctico que facilitará
oponerse a la acción del Estado en las zonas donde existen pozas .
La erradicación compensada (Auto erradicación)
La auto-erradicación, de otra parte, es una variante de la "erradicación compensada" que ya
ha sido antes aplicada en la región del Chapare, en Bolivia. Esta modalidad consiste en que el
Estado paga al cocalero un incentivo a cambio que el cocalero de manera voluntaria erradique
toda la coca en una cantidad de hectáreas que ofrece como "cuota" en su fundo o parcela. En
Bolivia y el Perú, la erradicación compensada es financiada con recursos del Departamento de
Estado del Gobierno de EEUU.
Según Naciones Unidas, en Bolivia, se erradicaron más de 9,000 hectáreas de arbusto de coca
en la zona del Chapare, durante el primer semestre del 2001, sin embargo, en general el ritmo
de la erradicación se ha vuelto más lento y la superficie de cultivo de coca ha aumentado
ligeramente en Bolivia; "por la oposición de los pequeños agricultores que cultivan arbusto de
coca".
En el Perú, la auto-erradicación fue introducida por el Gobierno en septiembre del 2002 y al 1°
de enero del 2003 se estimaba que había rendido unas 1,312 hectáreas. El Programa consiste
en la celebración de un acuerdo entre el gobierno y cada comunidad o caserío cuyas
prestaciones recíprocas son; de una aparte, la erradicación de una cuota de hectáreas de
superficie de cultivo de coca y de la otra parte, el pago cancelatorio de un jornal diario de
S/.55.00 por única vez y hasta que se complete la cuota. El pacto incluye la opción para que
una vez erradicada la cuota, los campesinos del caserío puedan ser eventualmente
contratados como obreros en proyectos de infraestructura local. El Gobierno Peruano informó
que oficialmente había celebrado 50 convenios de auto-erradicación solo en Aguaytía, de los
cuales se ejecutaron 20, quedando aún por erradicar 2,300 hectáreas, de la cuota total
pactada.
8. EL NARCOTRAFICO Y EL TERRORISMO
8.1.Monstruo de dos cabezas: narcotráfico y terrorismo
Luego de la derrota militar así como la captura de los principales cabecillas y cuadros del
grupo terrorista Sendero Luminoso (SL), sus remanentes se sostienen mediante facciones que
comparten la herencia de violencia dejada por su encarcelado jefe Abimael Guzmán. Desde el
Valle del Alto Huallaga, el "Camarada Artemio" (José Flores León, Gabriel Macario o Alberto
Cerrón Cardoso), tiene 25 años conduciendo el "Comité Regional del Huallaga" y ahora en
confabulación con otro mando: "Camarada JL" (José Ramírez Alania), defiende un mal llamado
"Acuerdo de paz", que pretende una impracticable solución política: la amnistía y liberación de
los terroristas presos.
"Artemio" disfraza a sus secuaces armados con uniformes militares y hace unos meses se
atrevió a difundir un ultimátum al gobierno de Alan García, a fin de que acepte sus demandas,
el cual cambió por una tregua, para finalmente internarse en zonas inaccesibles de la selva
ante el rechazo de sus exigencias. Por lo pronto, el "Camarada Artemio" ha mutado de las tesis
marxistas-leninistas-maoístas y los métodos genocidas de Pol Pot, a un fuerte involucramiento
con las mafias del narcotráfico, hecho que sólo le está dejando la posibilidad de replicar el
accionar delincuencial y terrorista de las FARC de Colombia.
La otra facción senderista autodenominada: "Comité Regional Centro Principal", está liderada
por el "Camarada Alipio" (Ronaldo Huamán Zúñiga) y por el "Camarada Raúl". Desde el Valle
de los ríos Apurímac y Ene, "Alipio" tiene base en la montaña ayacuchana de Vizcatán, a cargo
de un movimiento conocido como "Línea proseguir", que proclama la lucha armada y no
obstante calificar de traidores a los "acuerdistas" del "Camarada Artemio" y aparentar una
rivalidad con ellos, en la práctica, ambos operan como aliados estratégicos en zonas de
influencia predeterminadas.
En definitiva, los grupos narcoterroristas, el del "Camarada Artemio" y el del "Camarada
Alipio", han forjado nexos de complicidad con las mafias o "firmas" del narcotráfico peruanas y
buscan cada vez más, entrelazarse con traficantes de drogas mexicanos y colombianos,
quienes se movilizan exactamente en los mismos reductos de las dos facciones senderistas, las
cuales a cambio de dinero y armasde los narcotraficantes, proporcionan seguridad para los
cultivadores ilegales de hoja de coca y protección para los embarques o traslados de drogas e
insumos químicos.
Por lo demás, actúan como sicarios de los narcotraficantes para hostigar y atacar a las fuerzas
antinarcóticos y fuerzas armadas, generando zonas sin ley; donde los senderistas ya no
doblegan a la población rural mediante el terror y la violencia como en la década del ochenta y
principios del noventa, sino a través del adoctrinamiento ideológico y la corrupción con los
dólares del narcotráfico, aprovechando la situación de pobreza y abandono del Estado que
prevalece en esas regiones del Perú.
En ese panorama, diversos investigadores peruanos concuerdan que actualmente los
narcoterroristas de Sendero Luminoso (SL) se encuentran en una fase de "reconstitución
política", aunque sin posibilidad de desestabilizar al Estado peruano o tomar el poder por
medio de la violencia, sí buscan ganar espacios en diversas regiones del interior del país, así
como en Lima Metropolitana, por medio de organizaciones sociales populares, grupos
sindicales urbanos, universidades y hasta frentes de defensa regionales y gremios cocaleros
radicales.
A su turno, el Departamento de Estado de E.U. en su informe: "Patrones del terrorismo global
2006", indica que SL tiene ahora cada vez más vínculos con el narcotráfico, se ha fortalecido,
vuelve a ser una amenaza y trabaja por recuperar el apoyo del sistema universitario, con el que
contaba en la década de 1980. De la misma forma, sostiene que el narcotráfico le supone una
importante fuente de financiación a SL para llevar a cabo sus operaciones y mejorar sus
relaciones con las comunidades locales de áreas remotas del Perú, donde aprovechan para
reclutar adeptos. Alertando que la falta de presencia estatal en estas áreas rurales y el
deterioro de las capacidades de las fuerzas de seguridad peruanas, dificultan los esfuerzos para
acabar con los rezagos de esa organización subversiva.
8.2.REPTANDO UN MISMO POZO
Bajo ese esquema, los senderistas se han dedicado a hostilizar y asesinar mediante
emboscadas y francotiradores, a las fuerzas policiales y militares, que patrullan y brindan
seguridad a las tareas de erradicación de cultivos ilícitos de hoja de coca y a los operativos de
interdicción antidrogas; otras de sus víctimas, son los fiscales que supervisan los operativos
antinarcóticos, los obreros dedicados a la erradicación de sembríos ilegales y los pobladores
que informan a las fuerzas del orden.
Constituyéndose de este modo SL, en un brazo armado del narcotráfico dedicado a
obstaculizar la lucha antinarcótraficos en las principales zonas de cultivos de coca ilegal y
producción de cocaína: el Valle del Alto Huallaga y el Valle del Monzón, en las Regiones de
Huánuco y San Martin, además del Valle del río Apurímac y Ene, en las regiones de Junín y
Ayacucho.
Incluso, existen nuevas evidencias que los remanentes senderistas han pasado a tener sus
propios cultivos de coca, con pozas de maceración de pasta básica de cocaína, y juegan un
doble rol, transportando su producción de cocaína y la de otros acopiadores. Entonces, SL ya
no lucha por el poder, solamente utiliza la franquicia del Partido Comunista Peruano, pero en
realidad forma parte del fenómeno narcoterrorista, en un entorno que le proporciona mejor
armamento, recursos económicos para sus desplazamientos, alimentos o medicinas, y dinero
para ofrecer a los jóvenes desposeídos por incorporarse a sus filas.
8.3.EL BRAZO DEL NARCOTRÁFICO
En esa línea de violencia, los grupos terroristas aliados con el narcotráfico, perpetraron 84
atentados contra personal del Proyecto Especial de Control y Reducción de los Cultivos en el
Alto Huallaga (Corah), a través de ataques armados y la colocación de minas "cazabobos" entre
esos cultivos, según estadísticas de Devida que se registran desde el 2004 hasta el primer
semestre del 2007.
Cabe recordar, que entre los atentados más graves de SL en los últimos años, está la
detonación de un coche-bomba con el saldo de diez muertos, 30 heridos y cuantiosos daños
materiales, contra el centro comercial El Polo, en Lima, frente a la sede de la Embajada de E.U.,
el 20 de marzo del 2002, horas antes del arribo del presidente George Bush, en vista oficial al
Perú. En junio del 2003, SL secuestró a 71 trabajadores de la empresa argentina Techint,
constructora del gasoducto de Camisea, en Toccate, provincia La Mar (Ayacucho), por quienes
exigieron sin éxito, un millón de dólares y luego tuvieron que liberar tras sufrir una
persecución militar; después, SL cometió dos emboscadas en diciembre del 2005, en
Palmapampa (Ayacucho) y en Aucayacu (Huánuco), asesinando en total a 13 policías.
Y en julio del 2006, dos trabajadores erradicadores de cultivos ilícitos de coca en el Alto
Huallaga, fueron asesinados por SL; mientras otra emboscada perpetrada por este grupo en
diciembre 2006, costó la vida de ocho personas, entre ellos, cinco policías en Huancavelica. A
continuación, en enero del 2007, los sediciosos mataron a un policía en la sede policial de
Churcampa también en Huancavelica.
Sin embargo, allí no acaba el accionar homicida de SL: en abril del 2007, atacó a una patrulla
policial en la zona de Madre Mía, en San Martín, causando la muerte de un civil que
permanecía varado por el bloqueo de carreteras, y en junio del 2007, una nueva embestida de
SL, acabó con la vida de un fiscal y tres policías en medio de una operación antinarcóticos, en
el caserío de Shapaja, provincia de Tocache, en San Martín.
Como si esto no fuera suficiente, en agosto del 2007, una patrulla policial antinarcóticos de
unos 18 efectivos que se disponía a intervenir un laboratorio y cargamento de cocaína, en el
poblado de Yanchalá provincia de Ayabaca, Región Piura, cerca de la frontera con Ecuador; fue
atacada por sicarios del narcotráfico fuertemente armados, que no sólo impidieron el
operativo antinarcóticos, sino que igualmente, hirieron a dos policías y provocaron el repliegue
de la patrulla policial.
Este incidente constituye un precedente inédito, que demuestra la gran fuerza letal y operativa
alcanzada por los grupos armados vinculados al narcotráfico y su nueva disposición para
oponerse frontalmente a las fuerzas del orden. En el caso particular de las regiones Piura y
Cajamarca, donde prolifera el tráfico de drogas, insumos químicos y armas, junto al sembrío de
amapola y marihuana; incluso las mafias del narcotráfico podrían fomentar un
accionar violento de los movimientos artimineros, para crear zonas sin control que faciliten su
accionar.
8.4.LOS RASTROS DE SANGRE Y MUERTE
En junio del 2007, el diario Perú 21 de Lima, confirmó que la Policía Nacional capturó en mayo
del 2006, a integrantes del "Comité Regional del Huallaga" de SL, cuyo cabecilla es "Artemio" y
el segundo al mando "Camarada Lee" o "Piero". Desde entonces y acogido a la colaboración
eficaz con la justicia, bajo la clave 1MMC0009, uno de los apresados admitió su filiación
subversiva y empezó a confesar las tropelías de SL con organizaciones de narcotraficantes del
Monzón y del Huallaga.
Los testimonios resultaron un tesoro para la policía antiterrorista: dan a conocer los negocios
entre "Artemio" y los principales narcotraficantes de la región, las ejecuciones ordenadas por
él, la protección a los cargamentos de cocaína, la ubicación de las empresas en Tingo María
que pagan cupos a SL, y la identidad de los narcoterroristas encargados de canalizar el dinero
para la supervivencia de la facción senderista que encabeza "Artemio".
En una parte de su manifestación, el informante de la justicia señala que "Artemio" se sirve de
la "Camarada Yudi" (Mónica Elisa Culantres Córdova), como enlace entre él y las
organizaciones del tráfico de drogas, en especial para enviar y recibir mensajes, cobrar el
dinero que le pagan por proteger los cargamentos ilegales y por matar a narcotraficantes
rivales o también a policías. Otro enlace denunciado, es "Camarada Shego" o "Julio" (Segundo
Saavedra Amasifuen) y como "contacto prioritario y encargado de cobrar cupos", sindicó a
"Camarada Gato de Cashapampa" (John Simón Cárdenas), quien ya fue capturado en Lima, a
fines de mayo del 2007.
Finalmente, el colaborador eficaz asegura que el pago recibido por el prófugo cabecilla
"Artemio", es de unos 10 mil dólares por cada trabajode protección de los "mochileros" que
transportan la droga entre un sector y otro del Monzón o del Huallaga; mientras, una cantidad
similar cobraría por ordenar a sus huestes recuperar droga, que a veces es robada y por actuar
como sicarios de los narcotraficantes. No obstante, los nexos de SL y el tráfico de droga no
acaban allí: un subversivo nombrado por "Artemio" para ser el mando político en Tingo María:
"Camarada Lucho" (Walter Rufino), fue detenido el 2006 en Argentina, transportando cocaína.
Precisamente, la valiosa información proporcionada por el ex-lugarteniente de "Artemio", ha
permitido que la Policía Nacional golpee a SL en los últimos meses, mediante operaciones que
concluyeron con la captura de casi todos sus mandos políticos y militares en el valle del
Monzón y la desarticulación de la llamada "Red Urbana del Comité Regional del Huallaga" que
la organización narcoterrorista montó en la ciudad de Tingo María; a la par, unidades
antiterroristas de elite, siguen de cerca los pasos de los otros cómplices senderistas hasta dar
con sus escondites.
8.5.CONFIRMAN NEXOS CON LA DROGA
Tras la conmoción que produjo el más intenso y cruento accionar de SL en el Perú, entre los
años 1980 y 1993, y luego de la derrota militar-estratégica propinada a esta organización
criminal a fines de los noventa por el Estado peruano, socavando toda posibilidad de que SL
acceda al poder por la vía violenta o genere amplias regiones sin ley en el país, la amenaza
subversiva no se extinguió: más bien, se concentró en los territorios de mayor incidencia de
cultivos ilegales de coca y producción de cocaína; metamorfoseándose hasta convertirse en un
movimiento narcoterrorista, entrelazado principalmente con mafias del narcotráfico peruanas
y con una fuerte disposición para estrechar nexos con los cárteles mexicanos y colombianos.
Por lo tanto, de persistir esta tendencia en los próximos años, sin que el Estado peruano logre
articular una estrategia eficaz para frenar la expansión del narcotráfico en el último quinquenio
y su simbiosis con los remanentes terroristas, es altamente probable que SL logre fortalecerse
lo suficiente para constituirse nuevamente en una organización capaz de amenazar la
estabilidad del Estado peruano, esta vez, mediante la barbarie narcoterrorista y hasta en
alianza con organizaciones criminales internacionales que acechan la región.
Por último agrego que no pude encontrar datos minuciosos por ser un tema bastante
conflictivo, ya que hay zonas y cifras de dinero que a mucha gente le dolería mucho publicar y
por tal motivo es información restringida; por tal yo considero un trabajo
9. NARCOTRAFICO EN EL PERU
El Presidente del Perú, Ing. Alberto Fujimori Fujimori dentro de su política de gobierno tiene
como uno de sus principales objetivos la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
Es bien sabido a nivel mundial el éxito obtenido al desarticular la lacra terrorista que tanto
daño ocasionó al país, logrando contrarrestar sus golpes y capturando a sus principales
cabecillas, dejando minimizada la capacidad de estas organizaciones.
Asimismo, la actual política del Presidente Fujimori en cuanto al narcotráfico es la total
erradicación de uno de los principales peligros que afectan a la salud humana, al medio
ambiente, la seguridad nacional y a la democracia, no solo en nuestro país, sino también a
todos los países del continente.
En el último reporte de Control de Estrategia Internacional de Narcóticos, elaborado por el
Departamento de Estado Norteamericano, el gobierno Peruano fue felicitado por haber
reducido los cultivos de coca.1[4]
A pesar que los avances realizados en cuanto al control del narcotráfico, se está observando la
reactivación de este flagelo en algunas zonas cocaleras, principalmente en el Huallaga, el
Aguaytía y el Apurímac, donde se observa, primero, el aumento más o menos estable de la
arroba de hoja de coca y el aumento, aunque pequeño, del precio de la pasta básica de coca;
segundo, se refiere a una relativa recomposición de las organizaciones de traficantes. Si
anteriormente estuvieron conectadas a los principales grupos y carteles colombianos, ahora se
observa una composición "más peruana" en la que clanes familiares con conexiones en los
valles, en los puertos e incluso en las zonas de llegada de la droga en el exterior establecen
1
vínculos de comercialización.
Por otro lado, observamos que el tráfico se moviliza principalmente por las vías marítima,
fluvial y en las zonas de frontera hacia Ecuador y Chile. El norte del país (departamento de
Piura) es un canal de tránsito hacia el exterior. Asimismo, se mantiene el problema de la
exportación hormiga vía personas dedicadas a esta ilícita acción.
9.1.EL DESARROLLO ALTERNATIVO Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Un objetivo principal del gobierno peruano está dirigido a la preparación, presentación y
convencimiento del proyecto de Desarrollo Alternativo en las seis cuencas cocaleras escogidas,
a ser presentado en noviembre ante la Mesa de Donantes en Bruselas, donde se espera que se
concrete un apoyo superior a los US$ 240 millones.
El Banco Interamericano de Desarrollo y la CICAD están avalando los seis Programas Integrales
de Desarrollo Alternativo que el país presentará a la Comunidad Internacional, cuya inversión
demandaría la cantidad de US$140 millones cuya finalidad sería, además de erradicar 37 mil
600 hectáreas de cultivos de coca, reducir en un 65 % las áreas de coca en producción. Para
alcanzar dichos objetivos, se deben implementar programas integrales de desarrollo rural en
las zonas cocaleras, que privilegien la demanda de los beneficiarios y la orientación hacia el
mercado.
Al Perú en los últimos años ingresaban alrededor de 800 millones de dólares provenientes del
narcotráfico, sin embargo de acuerdo a las declaraciones del presidente Alberto Fujimori,
dicha cifra bajó a menos del 50 % con la reducción de las áreas de cultivo de hoja de coca.
En el mes de agosto, ocho representantes de caseríos de Uchiza, denunciaron la reactivación
del programa de Control y Reducción del Alto Huallaga (CORAH), para la erradicación de la hoja
de coca. Frente a ello, CONTRADROGAS emitió un comunicado en donde descartaba el uso de
productos químicos en la destrucción de plantaciones de coca, "debido a que va en contra de
la protección de recursos naturales y del medio ambiente planteados en el Plan Nacional de
Lucha contra las Drogas 1998-2002".
El total de la ayuda norteamericana para 1998 ascendió a US$ 59 millones, puesto que se firmó
una enmienda al Convenio de Donación con EE.UU sobre Desarrollo Alternativo, según el cual,
ese país otorgará US$ 14 millones adicionales. El convenio bilateral tiene como objetivo
favorecer el mejoramiento de la infraestructura vial, incentivar el empleo en un mediano plazo
de la población de zonas que cultivan productos alternativos a la hoja de coca y el
fortalecimiento de los gobiernos locales.
Para lograr la sustitución de cultivos de coca en el Bajo Huallaga, CONTRADROGAS firmó un
convenio con el Programa de Naciones Unidas para la Fiscalización de Drogas (PNUFID),. Dicha
ayuda será de cuatro millones de soles, que serán destinados para reemplazar los cultivos de
coca por los de palma de aceite y café, principalmente. Asimismo, se firmó un convenio con
CONTRADROGAS para implementar diversos programas de lucha contra el narcotráfico
valorizados en US$ 7 millones, que comprende el monitoreo de cultivo de coca mediante fotos
satelitales, la prevención de cultivos, el apoyo a centros de lucha contra las drogas y la
capacitación técnica de CONTRADROGAS.
9.2. POLÍTICA DE INTERDICCIÓN
La Fuerza Aérea mantiene el puente aéreo en toda la zona de operaciones; así como la Marina
de Guerra el funcionamiento de las bases flotantes en los puertos fluviales. El reto es controlar
una cuenca de 10,000 kilómetros cuadrados en la que es muy difícil realizar tareas de
interdicción. Igualmente se mantienen los estados de excepción (estado de emergencia) en los
departamentos donde hay actividad cocalera y algunas actividades de grupos subversivos
pertenecientes a Sendero Luminoso.
El control y vigilancia de las actividades marítimas fluviales y lacustres en territorio peruano ,
esta establecido de acuerdo al marco legal, de la Ley 26620 de junio de 1996 , mientras que el
Decreto Legislativo N1 824 mantiene la responsabilidad de la Marina en el control de los ríos
amazónicos de los riesgos del narcotráfico. En base a estos dispositivos se dió inicio a un
Programa de US$ 60 millones para entrenamiento fluvial a cargo del Ministerio de Defensa con
el objeto de contribuir a las tareas de interdicción.
Asimismo, se tiene proyectado la construcción de una base antidrogas y la rehabilitación de
una pista de aterrizaje con apoyo del gobierno de los Estados Unidos, en la localidad de
Apurímac.
9.3.LA CORRUPCION GENERADA POR EL NARCOTRAFICO
La corrupción generada por el narcotráfico crece; según el diario "El Universal - de México" 2[6], el mismo Servicio de Aduanas de los Estados Unidos admitió en un informe al Congreso en
1996, que las grandes cantidades de drogas ilegales que pasan por las aduanas terrestres,
marítimas y aéreas y las inmensas cantidades de dinero que disponen los narcotraficantes para
corromper a funcionarios, sitúan al Servicio de Aduanas y a sus empleados en alto riesgo de
corrupción.
De acuerdo a la opinión de miembros de gobiernos y expertos en la lucha antidrogas de la
región americana, el narcotráfico viene aumentando entre otras razones por la creciente
demanda de drogas en los Estados Unidos. Aunque las organizaciones dedicadas al tráfico de
drogas reciben fuertes golpes, su poder de corrupción y penetración en la política y la
economía afecta la estabilidad de gobiernos y regímenes democráticos.
Un ejemplo de esto se registró en Colombia en donde la Fiscalía comprobó que dinero del
narcotráfico ingresó a la campaña política que en 1994 llevó al poder al presidente Ernesto
Samper. Las denuncias provocaron la peor crisis política en la historia reciente de ese país
sudamericano, considerado por las autoridades antidrogas de Estados Unidos, como el primer
productor mundial de cocaína.
El presidente Samper afrontó una investigación penal en el Congreso que lo absolvió de cargos
criminales y políticos.
Otro caso se registró en Panamá, en donde el presidente Ernesto Pérez reconoció que a su
campaña ingresaron fondos del narcotráfico. Panamá había tenido ya una experiencia
traumante al respecto, cuando el General Manuel Antonio Noriega, fue sometido a juicio y
condenado por narcotráfico en los Estados Unidos. Bolivia por su parte, vivió una narco
dictadura con el General García Meza quien pretendió en su momento legalizar esta lacra
social. Otros casos de corrupción se han detectado en países del área como Paraguay, Bolivia,
Colombia y México en donde existen funcionarios público y privados procesados por tráfico de
drogas.
Lo anteriormente comentado, nos permiten determinar los niveles a los que ha llegado el
2
poder de corrupción del narcotráfico, pero adicionalmente a ello, el flagelo del tráfico ilícito
de drogas se mantiene latente en los países americanos y no hay indicios que permitan
preveré su desaparición a corto plazo. Es verdad que cada día se captura más droga en la
frontera estadounidense y que las acciones de las fuerzas del orden son cada vez más certeras,
pero, ¿es eso acaso indicativo de éxito? lo más probable es que más drogas cruzan las
fronteras de los países productores y que las patrullas en dichos países capturan poco más o
menos el mismo porcentaje año tras año. La marihuana y el opio crecen en casi cualquier parte
y la coca ahora se cultiva en sitios que antes se consideraban inadecuados.
Algunos especialista en asuntos de drogas, dicen que por cada cargamento capturado, hay
que asumir que muchos otros logran pasar; señalando que la DEA, al igual que todas las demás
burocracias gubernamentales, tienden a ser ineficientes. Los agentes reciben su sueldo
dificulten o no el flujo de drogas. Es más agregan, que aumentan el presupuesto a medida que
el problema del narcotráfico crece. Los narcotraficantes, por su parte, son empresarios. Si
logran ser más efectivos que los policías, las ganancias son inmensas. Ese es el incentivo que
promueve la creatividad, la innovación y la eficiencia en los narcotraficantes.
Finalmente, debemos señalar que a pesar de los miles de millones de dólares y de las décadas
de experiencia, la guerra contra las drogas no ha tenido éxito sobre todo a la hora de reducir la
demanda de narcóticos en los Estados Unidos, a este flagelo se suma el fenómeno de la
corrupción que mella cualquier intento erradicado; por tanto es hora de reemplazar las
tácticas coactivas con tácticas que promuevan un verdadero cambio en la sociedad civil, así
como programas alternativos para la población campesina, principal afectada, haciendo que
sus productos agrícolas sean atractivos en el mercado mundial y paralelamente que se realice
la aplicación de serios y agresivos planes de reducción del consumo en Norteamérica.
10. EFECTOS DEL NARCOTRAFICO EN LA ECONOMIA Y SEGURIDAD CONTINENTAL
10.1. EL NARCOTRAFICO COMO FACTOR DE PERTURBACION DE LA
SEGURIDAD CONTINENTAL
El fantasma del narcotráfico, que comenzó a recorrer el mundo por lo menos hace dos siglos,
se ha venido manifestando cada vez más en las últimas décadas en el Continente y
especialmente en América Latina, a partir de la precursora y paradigmática experiencia de los
países andinos, ante todo Colombia, Perú y Bolivia, para extenderse luego hacia el Caribe,
centro y Sudamérica, México incluido. En el escenario más pesimista, el modelo configurado
por la experiencia de los países andinos parecería decir a los otros países americanos: De tal
fábula narratur (para ti se narra la fábula); podría estarles mostrando una imagen no sólo
posible sino probable de su futuro.3[7]
El Presidente Ronald Reagan en 1982, declaró la guerra contra las drogas como objetivo
urgente de Seguridad Nacional. Ningún Presidente norteamericano anterior, ni siquiera Nixon,
había demostrado tal nivel de intolerancia frente al problema. Sin embargo, en esta
oportunidad su objetivo central era la coca y los países productores de América Latina. La
administración Reagan logró que su percepción adquiriese niveles dramáticos en todo el
continente con la invención del término narcotráfico, considerándolo como un factor de
perturbación de la Seguridad Nacional, como un peligro económico y una amenaza a la
estabilidad política y a la cohesión social. Desde Reagan hasta Clinton, la política de considerar
al narcotráfico como tema principal de la agenda del gobierno ha sido la misma, pero este
flagelo pareciera ser más fuerte que las voluntades políticas de los mandatarios del país más
poderoso del mundo.
El narcotráfico, transformado en crimen organizado, transnacional de enormes dimensiones,
penetra y controla cada vez más las economías y sociedades, los sistemas políticos y los
gobiernos de muchos países de América, contribuye a descomponer y a desestabilizar a unas y
otras, al tiempo que, en paradoja sólo aparente, se va volviendo actor de creciente
protagonismo, coproductor y elemento integrante de los mismos. La conjunción de estas
características y tendencias convierte cada vez más al narcotráfico en una de las principales
limitaciones y amenazas a la estabilidad del Estado, y por ende a la Seguridad Nacional y
Continental.
El narcotráfico nace, ante la necesidad de satisfacer la demanda de narcóticos en los estratos
sociales altos en Asia, Europa y América, y en la actualidad se viene fortaleciendo, debido a la
participación de sectores de la población con bajo nivel económico, que ante la miseria y la
posibilidad de elevar su nivel social e ingresos participan en actividades relacionadas con la
producción de drogas, las cuales vienen debilitando física y moralmente las sociedades
americanas.
3
Las interrelaciones entre los niveles internacionales y domésticos han creado los contextos
propicios al ascenso y triunfo del narcotráfico, que a su vez coproducen y refuerzan las
condiciones generadoras del fenómeno. En las limitaciones impuestas y retos planteados a la
soberanía y a la seguridad de los Estados latinoamericanos convergen acciones e incidencias
del narcotráfico que son tanto directas como indirectas o mediatizadas.4[8]
De acuerdo al análisis realizado, se vuelve a encontrar las dimensiones internacionales del
narcotráfico, que han sido punto de partida y con ello la realimentación de fuerzas y procesos
que amenazan la soberanía estatal y la Seguridad Nacional de los países americanos. El tráfico
de drogas, con bases y proyecciones latinoamericanas nace transnacional y va participando
cada vez más en un proceso general de mundialización de este fenómeno y sus proyecciones.
El narcotráfico ignora las fronteras y amenaza la soberanía y la Seguridad Nacional de todo
Estado y de todo país de la Región.
El narcotráfico constituye una red en lo económico, social. político y militar, tanto en el ámbito
Nacional ,regional como Internacional. Dispone de ejércitos privados y de instrumentos y
mecanismos de propaganda, diplomacia, corrupción, terror, intimidación y destrucción. Se
reproduce, se amplifica y en general opera más allá de las fronteras económicas, sociales,
ideológicas, políticas, de regímenes y sistemas, es por esta razón que el narcotráfico constituye
un serio y pernicioso factor que amenaza la Democracia y la Seguridad Continental.
Por lo tanto es necesario hacer un enfoque totalizador y dinámico, que no deje de tener
siempre presente que el narcotráfico es al mismo tiempo nacional e internacional y que como
hemos visto, representa un serio riesgo para la estabilidad del Continente.
10.2. INJERENCIA EN EL CAMPO ECONOMICO
"Una droga más dañina que las actualmente conocidas, se ha introducido en la cultura
nacional; el dinero fácil. "
El surgimiento y avance del narcotráfico, es uno de los hechos más importantes de la reciente
historia del Continente, su desarrollo ha estado y está condicionado fundamentalmente por
factores políticos, sociales y económicos tanto internacionales como nacionales y por sus
entrelazamientos e interacciones. Estos actos y tráficos ilícitos se auto estructuran como
subsistemas y espacios propios, con sus envergaduras y trascendencias también propias, pero
4
tienden además, y crecientemente, a interrelacionarse para dar como resultado la aparición de
una "economía criminal”.
Algunos analistas afirman que en algunos países del continente la “Economía Criminal” ha
llegado convertirse en parte de la economía nacional. Lo demuestran, los indicadores
económicos existentes, referente a cantidades y valores de las exportaciones y a sus ingresos
en divisas, en este sentido, uno de los primeros obstáculos en el estudio sobre el narcotráfico
es estimar los montos que maneja. En 1995 un Sub-Comité del Senado Estadounidense afirmó
que el comercio mundial de drogas asciende a 500 mil millones de dólares anuales. En 1997, el
Grupo de Estudio de Acción Financiera de la Oficina de Control de Estupefacientes (OCDE) lo
estimó sobre la base de los gastos realizados en Europa y Estados Unidos en cocaína, heroína y
marihuana, en 100 mil millones de dólares al año.
La primera suma convertiría al narcotráfico en el segundo mayor comercio del mundo, sólo
debajo del armamento; la segunda, si bien muy inferior, supera al PBI global de la mayoría de
los países latinoamericanos y hace del narcotráfico la empresa ilegal más exitosa a nivel
mundial. Un valor anual promedio de 300,000 millones de dólares equivale al valor de la
industria petrolera mundial. La revista inglesa "The Economist ", tomando como ejemplo a
Colombia, publicó en 1996 que por lo menos 7 mil millones de dólares ingresan a dicho
país anualmente por las ventas externas de drogas, esa cantidad se aceptó y difundió
ampliamente en los ulteriores estudios sobre el narcotráfico y sirve como base para el cálculo
global de los montos que ingresan a los diversos países americanos por dicho ilegal negocio.
El fenómeno del narcotráfico se inserta en una economía mundial cada vez más globalizada e
interdependiente. Aprovecha sus posibilidades y recursos, sus mecanismos e instrumento,
integrándose en ella hasta el punto de confundirse, como lo ejemplifica el lavado del dinero en
el mercado financiero mundial.
El avance del narcotráfico en un mundo en globalización refuerza los factores y procesos
generales de transnacionalización, contribuye así a la desvalorización y pérdida de realidad de
las fronteras y soberanías nacionales, y a las amenazas a la seguridad nacional. Este sentido
transnacional del narcotráfico se constituye y refuerza por su capacidad y versatilidad para
adaptarse a los cambios y peligros determinados por represión y la "guerra contra las drogas",
por la competencia entre las organizaciones criminales involucradas, y por las fluctuaciones del
mercado. Ello se manifiesta en la rápida modificación o sustitución de colaboradores,
cómplices, métodos, técnicas, rutas, patrones de distribución de papeles y funciones entre
países; la continua incorporación de nuevos espacios nacionales a la red mundial; el
establecimiento de alianzas y operaciones conjuntas entre organizaciones basadas en
diferentes regiones y países del planeta. 5[10]
La narco economía cuenta, sobre todo en Estados Unidos y otros países desarrollados, con un
consumo y demanda de drogas que generan y aseguran una enorme rentabilidad y una
altísima tasa de acumulación de capitales.
11. IMPACTO DE LA COCAÍNA EN EL CONTINENTE AMERICANO En América el impacto es en esencia estructural y con repercusiones en toda la región. En líneas generales, su acción se puede establecer en cuatro niveles: ecológico, económico, sociopolítico y sociocultural, separables para fines analíticos pero en la práctica estrechamente relacionados entre sí.
a. Impacto ecológico
- Pérdida de extensas áreas forestales con una mínima utilización efectiva para actividades agrícolas o industriales.
- La creciente deforestación por el incremento del cultivo de coca está
llevando a la extinción de especies y de la diversidad biológica, a la degradación de los suelos, crea problemas de sedimentación de los ríos y de su navegabilidad, y ocasiona cambios climáticos.
- El cultivo tradicional de la coca se realizaba en terrazas, hoy se lleva a
cabo en laderas y suelo abierto, lo cual causa problemas de erosión.
- El abuso de agroquímicos para la transformación de la hoja de coca está contaminando los ríos y muchos ya han muerto, como ocurrió en otro tiempo con la industria minera.
- La posibilidad de utlizar herbicidas como el Spike para erradicar los
cultivos ocasionaría trastornos ecológicos más graves dejando además tierras permanentemente estériles.
- El Amazonas, considerado el pulmón del continente, está en peligro.
b. Impacto económico
5
- Deforma la economía: dos economías. - Las economías locales de la región andina dependen cada vez más de
los cocadólares porque la coca está cumpliendo el rol del cultivo de rápida acumulación. Así se dolariza la economía.
- Los gobiernos sufren pérdidas fiscales por la imposibilidad de
recolectar impuestos de los trabajadores de la coca o por la venta de productos.
- Está generando un patrón de riqueza fácil. La agricultura cocalera se
presenta como el "desarrollo alternativo". Al permitir ganancias demasiado fáciles, dificulta el reclutamiento de mano de obra para actividades menos rentables. Al mismo tiempo, se está produciendo un éxodo masivo de la fuerza laboral hacia regiones productoras de coca.
- Eleva el costo de vida por la descontrolada inflación especialmente en
bienes consumo que afecta sobre todo a la población que está al margen del negocio. Se fomenta además el crecimiento de bienes de consumo superfluos.
- Compra de instituciones bancarias.
- Se está dando él fenómeno de la sustitución de cultivos: la coca
reemplaza los cultivos alimenticios y comerciales de tipo legal, con lo cual afecta la disponibilidad de alimentos y distorsiona la economía agraria de los países.
c. Impacto Sociopolítico
- El Estado está reduciendo el control de la economía y ve cuestionadas
su hegemonía, legitimidad y autoridad.
- Influencias en la estructura de poder, partidos políticos y gobernantes, lo que lleva al debilitamiento de la credibilidad en las instituciones estatales. Es decir, ineficiencia y deslegitimidad del Estado. Financia campañas electorales.
- Figuras políticas y militares claves conectadas con la industria de la
droga; sobornos y pagos para proteger la industria.
- Vinculaciones estratégicas entre cocaleros y grupos insurgentes.
- Desprestigio del orden jurídico. Medidas legales y policiales se materializan en capturas selectivas o en programas de erradicación de cosechas que afectan sólo al pequeño productor o al transportista (la mula), en cambio aumentan el precio y favorecen al gran productor. Es decir, conscientemente o no, se contribuye a la monopolización de la industria.
- Interferencia extranjera sistemática con la excusa de reprimir el tráfico
de drogas, lo cual debilita la soberanía nacional.
- Se crea una nueva burguesía ilegítima que fragmenta geográficamente los países productores creando enclaves políticos y militares -feudos- donde ni las leyes, ni la autoridad, ni la moneda nacional tiene validez.
d. Impacto sociocultural
- Genera nuevos comportamientos y valores contrarios a la solidaridad
y la moral social fomentando el individualismo.
- Deteriora y corroe las formas de respuesta social capaces de una resistencia organizada contra el sistema.
- En países con tradición de movimientos campesinos, los desarticula.
Cuando se organizan es para defender sus plantaciones de coca y no para buscar otras reivindicaciones o soluciones como, por ejemplo, el control de los precios de los productos de primera necesidad o la defensa de sus libertades. Hoy día, se observa una gran dependencia por parte de los campesinos con respecto a las fluctuaciones del precio de la coca y, por lo tanto, de los traficantes así como de sectores terratenientes que los utilizan en busca de la recuperación territorial para el latifundio. Se constata movilización espacial de la población campesina hacia regiones productoras de coca.
- Transformación del campesino productor de hoja de coca en
campesino productor de pasta con lo cual se convierte en trabajador dependiente a domicilio.
- Tendencia creciente de la población urbana a participar en las
diferentes fases de esta actividad, destruyendo todos los mecanismo de solidaridad social y de clase, y la posibilidad de mejoras económicas a través del trabajo honesto.
- Deterioro de la salud de los trabajadores de la cocaína que se
manifiesta en: a) incremento de la adicción a la pasta base (basuco/pitillos/kete) en varios sectores de la población; por ejemplo,
los pisacoca que primero eran pagados en dólares, luego en moneda local, hoy día son pagados con basuco para soportar la fatiga, con lo cual son inmovilizados a través de su dependencia (control social) incrementando su explotación, y b) lesiones en la piel (úlceras) de los pisadores de coca por los precursores químicos utilizados en el procesamiento.
- Incremento de muertes por pleitos.
- Participación cada vez mayor de mujeres en diferentes instancias, pero
sobre todo en las más riesgosas, por ser quienes más dificultades tienen para conseguir trabajo en épocas de crisis.
- Surgimiento de una clase con riqueza y violencia que está repatriando
los dólares para invertirlos en el país.
- Se presenta una degradación mental, ya no física, en poblaciones vulnerables por los efectos de un consumo indiscriminado de los derivados más tóxicos (basuco/pitillo/kete).
Podría señalarse toda una serie de aspectos, pero quizá la mejor
forma de ilustrar el impacto de esta industria son las palabras de Roger Rumrrill, investigador de la Amazonía peruana: "Un hombre pobre se mete a la droga y lo primero que hace cuando tiene plata es comprarse una moto potente que representa para él un nuevo status, poder económico y lucimiento personal ante sus vecinos... nuevos jinetes del éxito que circulan por los desmedrados barrios marginales de las ciudades amazónicas en relucientes potros de metal".
La enumeración que en forma tan esquemática acabamos de
presentar sobre los diferentes tipos de impacto que está produciendo la industria de la cocaína especialmente en la región latinoamericana es ciertamente "impactante". Sin embargo, exigiría nuevas reflexiones para responder interrogantes como los siguientes: Es acaso la primera vez que una industria atenta contra el sistema ecológico de América? Qué pasó por ejemplo cuando la explotación del caucho en la amazonía? Tenía el Estado anteriormente control real de la economía? Había credibilidad en las instituciones estatales? Es la primera vez que se ha fomentado un patrón de riqueza fácil? Qué pasó con la explotación del oro, la plata, las esmeraldas, el petróleo, etc? Ha desplazado realmente la hoja de coca otros cultivos alimentarios? Existían como para satisfacer las necesidades alimentarias de la población? Es acaso la primera vez que pagan sobornos para proteger una industria transnacional en nuestro continente? Han existido en realidad mecanismos de solidaridad social anteriormente? No surgieron clases emergentes "nuevas-ricas" con la explotación del café, el cacao, petróleo, etc.,
luego de largas historias de violencia? Cuando se respondan estos y muchos otros interrogantes se podrá
establecer el impacto real de esta industria en nuestro continente, impacto que evidentemente existe pero que amerita un replanteamiento, desde la perspectiva de los países productores y sus especificidades concretas de acuerdo con los aspectos en discusión.
12. FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE LOS PAISES AMERICANOS EN LA LUCHA CONTRA EL
NARCOTRAFICO
Constituyendo el narcotráfico una lucha dirigida esencialmente por el poder político de las
naciones americanas, es de imprescindible necesidad determinar el “Qué Hacer” y el “Cómo
Hacer” de la acción del Estado con respecto a este flagelo; lo cual es en síntesis, la decisión que
adoptan los más altos niveles de conducción del gobierno, sobre las normas y/o acciones
conducentes al logro de los objetivos para tal fin, así como la superación de los obstáculos
actuales y potenciales que impidan el éxito en la acción decidida contra este flagelo, para lo
cual se empleará al máximo, el poder y potencial de cada Estado-Nación.
La necesidad de estructurar un Plan de Lucha contra el Narcotráfico a nivel continental, es la
propuesta fundamental del contenido de este trabajo y obedece a que por las dimensiones de
carácter mundial que ha adquirido, se ha convertido en una amenaza que tiende a afectar la
estructura del Estado y a la sociedad en su conjunto, por cuanto el consumo por parte de
adultos, jóvenes y hasta niños, se extiende cada día de manera creciente, en consecuencia,
cuando una problemática de la envergadura del narcotráfico adquiere tal dimensión, no le
queda otra alternativa a la sociedad que organizarse de manera diferente para combatir esta
lacra social. Consideramos conforme a lo expresado en el presente trabajo, que en ciertos
países del continente, la situación generada por el narcotráfico se encuentra en una instancia
crítica de manera tal que de no adoptarse medidas de neutralización del fenómeno, esta lacra
puede extenderse a la totalidad de los países americanos; por ello resulta indispensable
establecer disposiciones y procedimientos de común aplicación por los países implicados en el
fenómeno del narcotráfico, para luchar de manera frontal y decidida,, en la erradicación de
esta lacra social en todos y cada una de sus modalidades.
Es por ello que resulta de necesidad primordial que los gobiernos establezcan una estrategia
global a corto y mediano plazo, para enfrentar decididamente el problema del narcotráfico con
la finalidad de dirigir los esfuerzos institucionales, orientándolos hacia el logro de los fines del
Estado en la lucha contra este flagelo. A este respecto, resulta conveniente determinar las
fortalezas y oportunidades de que disponen los países americanos para hacer frente al
fenómeno del narcotráfico frente a las posibilidades y vulnerabilidades que presentan estas
organizaciones delictivas; en base a ellos, se podrán delinear las mejores estrategias para el
combate a esta lacra social:
a. Países Americanos
1) Fortalezas
a) Mayoría de Gobiernos democráticos, debidamente organizados
mediante un sistema político de equilibrio de poderes.
b) Actitud política generalizada de rechazo al narcotráfico en todas sus
manifestaciones.
c) Disponibilidad de organismos nacionales especializados en el combate
al narcotráfico (Fuerzas Armadas, Policía, Aduanas, etc.).
d) Existencia de organizaciones internacionales que permiten promover la
suscripción de acuerdos sobre lucha contra el narcotráfico.
e) Respaldo de los Estados Unidos de América, sobre cualquier programa
antidroga.
f) Sistema legal estatuido que instituye la ilegalidad de los productos
narcóticos de uso no medicinal.
b. Oportunidades
a) Incrementar las acciones de represión, intervención, incautación y
control, mediante la optimización del accionar de las fuerzas del orden
y los sectores correspondientes.
b) Incrementar los programas de prevención en el uso de drogas a fin de
sustraer a la población en especial a la juventud, de este flagelo.
c) Optimizar las acciones de control de insumos, mediante un mejor
accionar de las fuerzas militares y policiales en coordinación con los
sectores correspondientes.
d) Coordinar con los diferentes países el intercambio de inteligencia
estratégica y en caso de los países limítrofes, realizar operaciones de
control sobre determinados puntos de la frontera.
e) Coordinar con los Estados Unidos y otros países desarrollados, la
ejecución de programas de desarrollo alternativo en las zonas
cocaleras, para un cambio de actitud de los campesinos.
f) Mejorar los instrumentos legales internos para el mejoramiento de la
lucha contra el narcotráfico.
g) Orientar sus esfuerzos de política exterior a obtener apoyo de los
organismos y países involucrados
h) Realizar esfuerzos para desarrollar una economía sostenible y
gradualmente menos dependiente de los dólares que provienen del
narcotráfico.
i) Reforzar las bases éticas y morales de la sociedad, para evitar o
disminuir la influencia nefasta de la corrupción derivada del
narcotráfico.
b. Organizaciones del Narcotráfico
1) Posibilidades
a) Incrementar la producción de drogas en los diferentes países,
aumentando la oferta en el mercado internacional.
b) Distorsionar la economía mediante la inyección de dólares
procedentes del narcotráfico.
c) Minar las bases éticas y morales de la sociedad.
d) Atentar contra diferentes instituciones mediante la corrupción de
funcionarios.
e) Dificultar la acción del gobierno y la cooperación internacional,
mediante presiones encubiertas.
f) Influir en las decisiones políticas de los gobiernos, mediante la acción
de representantes corruptos.
g) Estimular a un mayor número de campesinos a dedicarse a los cultivos
de la hoja de coca.
h) Continuar atentando contra la ecología mediante la depredación de
bosques y la dispersión de residuos químicos en la selva.
2) Vulnerabilidades
a) El narcotráfico es vulnerable a ser detectado durante la fase de
comercialización, debido a la cantidad de intermediarios por los que
pasa la droga.
b) La elaboración de la cocaína es vulnerable a ser reducida mediante el
control de insumos debido a que su transporte se realiza mayormente
por tierra.
c) Las plantaciones de coca son vulnerables a ser destruidas mediante la
aplicación de herbicidas como el "spike".
d) El cultivo de la hoja de coca es vulnerable a ser disminuido, mediante
la aplicación de políticas integrales de desarrollo alternativo.
d) Los Cárteles Internacionales de la droga son vulnerables a ser
detectados y capturados, debido a las rivalidades internas por el
control de mercado.
LAVADO DE ACTIVOS
CONCEPTO:
tratar de dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito.
el que adquiera, resguarde, invierta, transforme, transporte, custodie y
administre bienes ilícitos.
el dinero y los bienes de procedencia ilícita nunca serán legales, asi hagan
muchas transacciones con ellos.
los recursos de lavado de activos no solo vienen del narcotráfico.
también vienen de delitos como: trafico d emigrantes, trata de personas,
extorción, enriquecimiento ilícito, secuestro, rebelión, tráfico de armas, delitos
contra administración pública y delitos como el sistema financiero.
El lavado de dinero es un delito penal de acuerdo con las dos legislaciones vigentes para
lavado de dinero de Paraguay, la ley 1015 del año 1996 y el Artículo 196 del Código Penal
adoptado en el año 1997.
1. REFERENCIAS
El país ha tenido influencia con el narcotráfico así como las ganancias que provienen de él. Al
respecto, se han llevado a cabo una serie de estudios y análisis de diferente orden, que
señalan la grave distorsión que la economía nacional ha sufrido como consecuencia de éste
fenómeno.
Un régimen de libertad absoluta en materia de política cambiaria, es decir con tipo de cambio
libre, lo que incluye la libre convertibilidad de la moneda extranjera en moneda nacional y
viceversa, lo que genera muchas divisas y están integrando nuestro sistema financiero.
Dado a la comercialización de los dólares que aporta el narcotráfico a la vida nacional,
distorsionan la contabilidad del estado. Mientras más crezca la economía subterránea y en ella
más narco-economía mayor será el grado de estadísticas de los agregados falseando la
realidad económica del país.
El mercado cocalero se ha incrementado largamente en los últimos años, al igual que la
cantidad de hectáreas dedicadas a este cultivo; asimismo, el producto bruto interno registrado
por fuentes del mismo Banco Central de Reserva ha continuado bajando.
Puede decirse que el narcotráfico ha contribuido en incrementar el proceso inflacionario del
país. Por que la economía nacional ha crecido la base monetaria, es decir la masa de moneda.
Por la grandes actividades provenientes del narcotráfico, se ha producido en todos los bancos
mucha más liquidez de toda la prevista por la autoridades monetarias gubernamentales.
Ha sido la coyuntura y los acontecimientos suscitados en los medios internacionales ligados a
nuestro país, los que han influenciado para que se promulguen leyes sobre la fiscalización del
lavado de dinero a nivel nacional. Aunque hace pocos años, era un tema que despertaba pocas
expectativas, su importancia y reconocimiento en el país.
2. SISTEMA BANCARIO: CONCEPTO Y CONSECUENCIAS
El principal aliado de la criminalización, en lo que se refiere al lavado de dinero son los
sistemas bancarios. Ya que grandes sumas de dinero blanqueado pueden llegar a una
institución financiera y luego desaparecer inesperadamente, mediante traslados telegráficos
ocasionados por factores fuera del mercado, tales como operaciones de aplicación de la ley.
Ello puede provocar varios problemas de liquidez y pánico bancario. De hecho, varios bancos
han quebrado en todo el mundo a causa de este fenómeno, como el primer banco Internet, el
Banco de la Unión Europea.
Consecuencias
Pérdida de control político-económico: Esto se da sobre todo en países sub-
desarrollados, como el nuestro, donde estas ganancias ilícitas empequeñecen
los presupuestos gubernamentales, como también afecta la moneda y las tasas
de interés. Todo esto genera grandes cambios inexplicables en la demanda
monetaria y mayor inestabilidad de los flujos de capital internacional, las tasas
de interés y tipo de cambio.
Distorsión económica e inestabilidad: Los que blanquean dinero, no les
interesa invertir en algo que beneficie al país, sino lo que les importa es
proteger sus ganancias. Esto genera pérdidas en rentas públicas, ya que
disminuye los ingresos gubernamentales y perjudican aquellos contribuyentes
honrados.
Riesgo de reputación: La confianza en el mercado mundial de ser un país que
genere seguridad es importante y que al verse afectado por éste fenómeno,
nos perjudica en el mercado mundial.
Riesgos Sociales: Esta actividad permite a los narcotraficantes ampliar sus
operaciones, esto ocasiona que el gobierno descuide la necesidad de aplicar
una mayor actividad de aplicación de la ley y a los gastos de salud pública.
3. BIEN JURÍDICO TUTELADO
El bien jurídico tutelado por el precepto penal es la salud pública y el orden monetario y
financiero que protege el estado, para evitar trastornos y desequilibrios por el curso ilegal del
circulante o divisas extranjeras, que ingresan ocultamente al sistema bancario y financiero
procedente del tráfico de drogas o del narcoterrorismo por las bandas mafiosas que operan en
el extranjero o en el territorio nacional.
El flujo y encaje de divisas extranjeras, narco-dólares en el sistema financiero y monetario y en
el circuito económico del país, convirtiendo por ejemplo en moneda nacional, o repatriándolos
del exterior, o convirtiendo en otros bienes o transfiriendo a otros países, es una práctica y
actividad común.
En principio porque el acto del lavado es posterior a cualquier conducta de tráfico ilícito de
drogas; es más, como se admite unánimemente en la doctrina y legislación extranjeras, el
autor de un delito de lavado de dinero debe ser completamente ajeno a cualquier delito
precedente de tráfico ilícito de sustancias fiscalizadas.
4. SUJETOS DEL DELITO
4.1. Sujeto agente
Puede ser cualquier persona, hombre o mujer imputables, como el
receptador, socios, entidades de crédito, personas jurídicas empresariales,
los testaferros, hombres de confianza de los narco-capitalistas que se
dedican al lavado de dinero, proveniente del narcotráfico, del tráfico ilícito de
drogas o de otros negocios aparentes lícitos.
4.2. Sujeto Pasivo
En este caso es la sociedad y el Estado como titular de la salud pública y del
orden financiero y monetario, que dirige la actividad económica del país, así
como las actividades económicas.
5. ELEMENTOS DE LA FIGURA DELICTIVA
Los elementos de la figura delictiva y de su estructura lógica y normativa, son los siguientes:
5.1. Tipicidad Objetiva
Consiste en actos materiales ilícitos realizados por el narcotráfico o narcoterrorista, que
fundamenta la articulación normativa y lógica de la figura delictiva, como aquel que interviene
en el proceso de lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
También es cuando el sujeto agente realiza estas actividades siendo miembro, funcionario del
Sistema Bancario o Financiero y actúa en el proceso de lavado de divisas, a sabiendas de la
procedencia ilícita del dinero que se origina en el narcotráfico, si lo ignora no comete el ilícito
penal.
El elemento objetivo del tipo legal se diversifica en delitos de acciones múltiples, realizados o
consumados, cuya finalidad es beneficio personal del agente o de terceros, de carácter
económico o material.
5.2. Tipicidad Subjetiva
Los actos ilícitos descritos, son necesariamente dolosos, conscientes, voluntarios y finalistas,
con un propósito determinado, y como fin perseguido el animus lucrando, como elemento
subjetivo del tipo penal, que es el móvil que induce al agente. Tiene conciencia de lo injusto o
ilícito que es el acto que realiza el receptador cooperante del narcotraficante.
Es conciente que está vinculado con actividades de subversión armada o de acciones de
terroristas, que blanquea dinero para financiar actividades ilícitas.
5.3. Tipicidad Normativa
Aquí se precisa y se determina normativamente con el concepto valorativo, cuando el sujeto
agente, en sus actos múltiples de lavado de dinero, ocultare su origen, su propiedad y otros
factores potencialmente ilícitos, a sabiendas de la procedencia ilícita el dinero blanqueado.
5.4. Tipicidad Descriptiva
El delito de receptación de lavado de dinero de procedencia ilegal o del narcoterrorismo y
sus operaciones económicas y financieras, es ilícito penal de acciones múltiples. La comisión
delictiva tiene sus variables de la conducta prohibida, realizada en varios actos típicos.
6. FORMAS DE EJECUCIÓN
La conducta típicamente antijurídica y punible del receptador sustitutivo del narcotraficante,
sigue el determinado proceso psicosocial.
6.1. Tentativa
Cuando el sujeto agente comienza la ejecución del hecho punible, pero no concluye la
consumación directa del evento criminoso, porque intervienen circunstancias extrañas a la
voluntad del sujeto activo.
6.2. Acto frustrado
Es otra forma de delito del imperfecto de una modalidad del delito de lavado de dinero,
cuando e agente perpetra el hecho criminal, pero no produce el mal que se propuso el
culpable, por causas independientes, extrañas a su voluntad delictiva del autor, concluyendo
en consumación fallida, porque no logra sus propósitos y objetivos perseguidos.
6.3. Consumación
El sujeto realizó con éxito todas las operaciones de blanqueo de dinero, cooperando con los
narcotraficantes se realizan todos los presupuestos.
7. PARTICIPACIÓN DELICTIVA
En la figura delictiva de lavado de dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas, no solo es
factible, sino realizable en la práctica delictiva, cuando el narcotraficante por intermedio del
encubridor o receptador utiliza cualquier modalidad empleada por el sistema bancario o
financiero para transferir o repatriar sus narco-capitales para el ingresarlo en el circuito
económico de la país.
7.1. Coautoría intelectual o ejecutiva
De acuerdo al artículo 296° B concurren dos o más participantes como coautores, altos
funcionarios de entidades bancarias y financieras y de seguros que cooperan o intervienen
como receptadores sustituidos de los narcotraficantes, que utilizan modalidades empleadas
por estas empresas que manejan el sistema bancario.
7.2. Complicidad
Consiste en la participación intencional de asistencia, colaboración del cómplice con el o los
autores del delito de receptación para el éxito de la operación del lavado de dinero.
El artículo 25 del Código Penal está referido a la complicidad primaria, es decir, en la
prestación de auxilio y cooperación en la realización del hecho punible, sin la cual no se
hubiera logrado el objetivo.
7.3. Encubrimiento
El encubridor no es participante, pero es agente cuasi participante del evento delictivo con los
autores y cómplices en acciones concretas.
LA LEGISLACIÓN PERUANA
Es necesario aclarar que los artículos 296 °A y 296°B han sido derogados por la ley Nº 27765,
que se dio el 26 de Junio del 2002. Pero haré una breve reseña de cómo en que se llegó a lo
que hoy en día está vigente.
1. Evolución Legislativa
Al aprobarse en diciembre de 1988 la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, el Perú ingresaba a una etapa decisiva del
proceso de reforma y sustitución del Código Penal de 1924. Por aquel entonces, el delito de
tráfico ilícito de drogas estaba tipificado en una legislación especial.
Y al hecho político que la Convención de Viena se hallaba aún pendiente de aprobación en el
Parlamento, los proyectos del Código Penal de 1990 y de enero de 1991, así como el nuevo
Código Penal promulgado en abril de 1991 no incorporaron en su articulado disposiciones
referidas a la criminalización del lavado de dinero.
Por consiguiente, pues, las fuentes legales seguidas por el Código Penal eran anteriores a la
Convención de Viena, razón por la cual la omisión de la criminalización del lavado de dinero
era desde esa perspectiva explicable.
Sin embargo, hechos posteriores a la vigencia del nuevo Código Penal fueron creando las
condiciones adecuadas para la incorporación del delito de lavado de dinero al derecho
nacional.
Al respecto, cabe señalar como relevantes los compromisos de interdicción que asumió el
Estado Peruano con los Estados Unidos de Norteamérica, a través de un Convenio Bilateral de
las Políticas de Interdicción propuestas en dicho documento fijaba como acción prioritaria
contra el narcotráfico: "Lucha contra el enriquecimiento ilícito procedente de varias fuentes y
el ocultamiento o lavado de recursos ilegales, a través de medios tales como sistemas de
contabilidad adecuados de las instituciones financieras, intercambio internacional de
información que incluya los documentos de transacciones financieras, investigaciones a nivel
nacional e internacional, cooperación en materia de observancia de la ley e investigación de
injustificados signos exteriores de riqueza".
Es así que inmerso en un conglomerado de decretos legislativos que fueron promulgados por
el Ejecutivo durante el mes de noviembre de 1991, se incluyó al Decreto Legislativo 736
(Promulgado el 8 de noviembre de 1991), que adicionaba dos artículos a la Sección II del
Capítulo III, del Título XII del Código Penal, sobre tráfico ilícito de drogas.
Cabe señalar que para justificar esta decisión, el legislador recurrió a argumentos similares a
los tradicionalmente expuestos para explicar las frecuentes modificaciones ocurridas en
nuestra legislación penal antidroga. En tal sentido, se destacaba la ineficacia de las
disposiciones vigentes, la necesidad de cumplir con acuerdos estratégicos internacionales y la
voluntad política del Estado de reprimir severamente el tráfico ilícito de drogas.
Ahora bien, en cuanto a técnica legislativa el nuevo delito era incorporado a través de dos
modalidades de ejecución. La primera, prevista en el artículo 296ºB, se relacionada con los
actos de conversión, transferencia y ocultamiento de los bienes originados o derivados del
tráfico ilícito de drogas. Y la segunda, tipificada en el artículo 296ºB, estaba dedicada a los
actos de lavado de dinero a través del sistema financiero o mediante procedimientos de
repatriación de capitales. En realidad, la fuente legal de la criminalización del lavado de dinero
en nuestro país la ubicamos en un modelo sumamente cuestionado como la Ley Argentina
23.737 sancionada el 21 de setiembre de 1989.
Concretamente, el artículo 296ºB se limitaba a reproducir en lo esencial el contenido del
artículo 25º de dicha ley, el cual prescribía lo siguiente: "Será reprimido con prisión de dos a
diez años y multa de seis mil a quinientos mil australes, el que sin haber tomado parte ni
cooperado en la ejecución de los hechos previstos en esta ley, interviene en la inversión,
venta, pignoración, transferencia o cesión de las ganancias, cosas o bienes provenientes de
aquéllos, o del beneficio económico del delito siempre que hubiese conocido ese origen o lo
hubiera sospechado. Con la misma pena será reprimido el que comprare, ocultare o receptare
dichas ganancias, cosas, bienes o benéficos conociendo su origen o habiéndolo sospechado".
El artículo 296ºB también reflejaba la influencia argentina, particularmente en lo concerniente
a la suspensión de la reserva bancaria o tributaria, así como al uso restringido y específico de la
información obtenida con dicha medida. El artículo 26º de la citada ley argentina establecía:
"En la investigación de los delitos previstos en la ley no habrá reserva bancaria o tributaria
alguna.
El levantamiento de la reserva sólo podrá ser ordenado por el juez de la causa. La información
obtenida sólo podrá ser utilizada en relación a la investigación de los hechos previstos en esta
ley".
En la tipificación del delito de lavado de dinero en la legislación argentina, ZAFFARONI ha
criticado los alcances del artículo 25º de la Ley 23.737 señalando que su redacción "extiende el
encubrimiento en forma que altera gravemente las reglas del principio en forma que altera
gravemente las reglas del principio de culpabilidad".
Dicha observación era también aplicable al dispositivo 296ºB peruano, con el agravante de que
nuestro legislador no sólo estableció sanciones más severas que la de su homólogo argentino,
sino que, además, omitió incluir normas que, como el párrafo cuarto del artículo 25º de la Ley
23.737, servirían como paliativo legal a los potenciales riesgos de arbitrariedad que derivaran
de la amplitud de la fórmula típica.
En efecto, el 25 de febrero de 1992 fue promulgada la Ley 25404 que modificó el artículo 19º
del Código Penal, que precisaba las formas calificadas del delito de receptación tipificado en el
artículo 194º. Según el inciso segundo del nuevo numeral 195º la pena privativa de libertad
sería: "No menor de 6 ni mayor de 15 años y de 180 a 365 días-multa, e inhabilitación
conforme al Art. 36º inciso 1), 2) y 4) cuando se trate de bienes provenientes de delitos de
tráfico ilícito de drogas o terrorismo".
En primer lugar, era inadecuado pretender criminalizar al lavado de dinero como un supuesto
agravado, que quedaba enlazado con la realización de los actos previstos por un tipo básico de
receptación que no había sido elaborado para el tratamiento de aquella nueva forma de
criminalidad
En segundo lugar, el texto propuesto por la Ley 25404 dejaba de lado la consideración
particular del sistema financiero como parte relevante del modus operandi del lavado de
dinero, así como se excluían, también, las posibilidades de flexibilizar el secreto bancario para
la acción criminalística contra dicho delito. En conclusión, la Ley 25404 significó un retroceso
relevante en la criminalización nacional del lavado de dinero, que alejó considerablemente a
nuestro Sistema Penal de las tendencias internacionales, haciendo poco práctica la
persecución y represión de dicho delito.
2. La Tipicidad
Ya que existe una nueva ley, la 27765, me regiré de esta norma, sin tener en cuenta lo que fue
establecido en el código penal.
2.1. Conversión, transferencia y ocultamiento de bienes
En la ley 27765, en su estructura aparece como un tipo legal alternativo que
define varias opciones de conducta delictiva que pueden ser ejecutadas por el
sujeto activo. Sin embargo, ello no significa que para la tipicidad del delito sea
menester que el agente realice dos o más de los comportamientos tipificados,
bastando, solamente, que el autor practique cualquiera de las hipótesis
previstas por la ley, para que su conducta adquiera relevancia penal.
En los actos de encubrimiento en cualquiera de sus modalidades. Esto es, la
adquisición, custodia, posesión u ocultamiento de bienes cuyo origen conoce o
puede presumir. El sujeto activo puede, pues, comprar, recibir en donación,
actuar como depositario, o esconder efectos o ganancias provenientes de algo
ilícito, en este caso del lavado de dinero. Las penas aplicables a los delitos
previstos por esta ley, son la pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor
de quince años. Y con ciento veinte a trescientos cincuenta días de multa.
2.2. Formas agravadas
La pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de veinte y trescientos
sesenta y cinco a setecientos treinta días de multa, cuando:
El agente que utilice o se sirva de su condición de funcionario público o
de agente del sector inmobiliario, financiero, bancario o bursátil.
El agente que cometa el delito en calidad de integrante de una
organización criminal.
La pena privativa de libertad no menor de veinticinco años los actos de
conversión o transferencia se relacionen con dinero, bienes, efectos o
ganancias provenientes del tráfico ilícito de drogas, el terrorismo o
narcoterrorismo.
2.3. Omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas.
El que incumpliendo sus obligaciones funcionales o profesionales, omite
comunicar a la autoridad competente, las transacciones u operaciones
sospechosas que hubiera detectado, según las leyes y normas reglamentarias,
será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6
años, con ciento veinte a doscientos cincuenta días de multa, e inhabilitación
no menor de 6 años, de conformidad con los incisos 1, 2 y 4 del artículo 36° del
código penal.
Se establecen las reglas de investigación para la investigación de los delitos
previstos en esta ley. Se podrá levantar el secreto bancario, la reserva
tributaria y la reserva bursátil, por disposición de la autoridad jurídica o a
solicitad del Fiscal de la Nación. La información obtenida en estos casos sólo
será utilizada en relación con los hechos que la motivaron.
Los sentenciados por el delito previsto en el último párrafo del Artículo 3° de la
presente Ley no podrán acogerse a los beneficios penitenciarios de redención
de la pena por el trabajo y la educación, semi-libertad y liberación condicional.
PANORAMA GENERAL
Siendo la lucha contra el narcotráfico una política de Estado en el Perú, dicho flagelo aún
constituye una seria amenaza para su seguridad y estabilidad, al tener efectos devastadores en
lo social, económico, medioambiental y político; mientras tanto, el Estado peruano debe
esforzarse por consolidar una estrategia equilibrada, donde junto a la interdicción
antinarcóticos, se afiancen programas viables de sustitución de cocales por cultivos
alternativos; en tal sentido, es necesario un apoyo más integral de la comunidad internacional
hacia el Perú, de acuerdo al principio de responsabilidad compartida; a fin de enfrentar en
mejores condiciones, a las mafias de las drogas que disponen de ingentes recursos y
manifiestan una tendencia a estrechar lazos con el terrorismo.
PANORAMA NACIONAL
No es una novedad para nadie la presencia e influencia que en el país ha tenido y mantiene en
narcotráfico, así como las ganancias que provienen de él. Al respecto, se han llevado a cabo
una serie de estudios y análisis de diferente orden, que señalan la grave distorsión que la
economía nacional ha sufrido en los últimos años como consecuencia de este fenómeno. “Un
régimen de libertad absoluta en materia de política cambiaria, es decir con tipo de cambio
libre (lo que incluye la libre convertibilidad de la moneda extranjera en moneda nacional y
viceversa), absorbe casi íntegramente las divisas que provienen del narcotráfico, y las canaliza
a través del sistema financiero nacional. Claro está, eso no determina aún, cuál es el destino
final de dichas divisas. Pueden servir para la fuga de capitales, financiar el contrabando y el
consumo suntuario. O, también, por el contrario, pueden servir para pagar la deuda externa y
financiar todo tipo de importaciones de primera necesidad para el país”.
Se agrega que: “De allí, que sea el mismo gobierno el que no haya prohibido completamente la
captación de divisas que provienen del narcotráfico por parte del sistema financiero. Es más,
ha sido el mismo Banco Central de Reserva del Perú, el que ha seguido comprando dólares en
el llamado mercado paralelo, con la finalidad de poder apoyar a las reservas internacionales.
Lo mismo puede hacer, -y seguro que debe haber sucedido-, con toda la banca privada
nacional”.
Con referencia a lo expuesto, distintos debates suscitados entorno a la participación en esta
clase de operaciones por parte de las instituciones públicas, mencionan que no es una
novedad que abiertamente muchas instituciones adquieren dólares en el mercado negro y
sean introducidos en la economía nacional con sumas que sobrepasan todos los cálculos
establecidos.
Resulta prácticamente imposible llevar a cabo cualquier tipo de análisis macroeconómico en
materia de política monetaria, fiscal o de balanza de pagos, en las que no tenga importante
consideración la oferta que se deriva del narcotráfico a nivel nacional. Así, todo este complejo
y sucio negocio compromete e incumbe no sólo a los que intervienen directamente en él, sino
a toda la sociedad en su totalidad, dado que a comercialización de los dólares que aporta el
narcotráfico a la vida nacional a mediano o largo plazo, distorsionan la contabilidad del país
por la gran injerencia que los mismos tienen. “Mientras más crezca la denominada economía
subterránea, y en ella, la narcoeconomía, mayor será el grado en que las estadísticas oficiales
de los agregados macroeconómicos estarán falseando la realidad económica del país. La
narcoeconomía, sin duda, crea valores, bienes, prestaciones, dinero, mucho dinero, razón por
la que tiene que influir poderosamente en el producto bruto nacional.”
Sin embargo, una economía nacional influenciada por esta clase de componentes, que
poderosamente la distorsionan e influyen negativamente, a la larga los perjuicios que ocasiona
son mucho más negativos que los aparentes beneficios que puede suscitar. Veamos
someramente, sólo algunos de ellos: el mercado cocalero se ha incrementado largamente en
los últimos años, al igual que la cantidad de hectáreas dedicadas a este cultivo; asimismo, el
producto interno bruto registrado por fuentes del mismo Banco Central de Reserva ha
continuado bajando.
Desde una perspectiva meramente cuantitativa, puede decirse que el narcotráfico ha
contribuido decisivamente en acrecentar el proceso inflacionario en el país en los últimos
años. “Para los efectos estimulantes en la economía nacional ha crecido la base del dinero, es
decir, la masa de la moneda. Por las actividades amplias de la llamada narcoeconomía, se ha
producido en todos los bancos mucha más liquidez de toda la prevista y previsible por las
autoridades gubernamentales. La narcoeconomía – por su volumen y clandestinidad -, siempre
es inflacionaria, dado que tiende a generar o agravar las presiones inflacionarias.”
En cuanto a las vinculaciones e implicancias internacionales que tiene un panorama
económico nacional como el expuesto, sobre todo debido a la creciente importancia del dólar
en la economía nacional, un sistema económico con muchas deficiencias, indudablemente que
resulta atractivo para lavar dólares y limpiar dinero que proviene del extranjero.
1. Primeras iniciativas
Ha sido la coyuntura y los acontecimientos suscitados en los medios internacionales
ligados a nuestro país, sobre todo en el campo de la multilateralidad, lo que más han
influenciado para que se promulguen leyes sobre la fiscalización del lavado de dinero a
nivel nacional. Aunque hasta hace pocos años, era un tema que despertaba pocas
expectativas, su importancia y reconocimiento en el país es resultado de lo que ha
acontecido como en todos los casos en los foros y reuniones internacionales.
A NIVEL REGIONAL
Fue la llamada Reunión Cumbre de Cartagena sostenida el 15 de febrero de 1990 entre los
presidentes de Bolivia, Colombia, Estados Unidos y Perú, la que planteó una serie de iniciativas
en el tema de la fiscalización del lavado de dinero, así como en diferentes áreas del
narcotráfico.
En cuanto al tema que nos interesa, fue uno de los aspectos que mayor importancia tuvo en la
reunión. Dijeron los presidentes, que era esencial identificar, seguir la pista, congelar e
incautar los bienes que provenían del tráfico de drogas con la finalidad de confiscar estas
ilegales ganancias. Uno de los aspectos que aparecen en la Declaración de Cartagena, es el que
menciona <<la necesidad de reafirmar una lucha en forma integral, en la que se comprenda el
campo de decomiso, la incautación y el reparto de ganancias ilícitas, así como de los bienes
usados para la realización de los delitos relativos al tráfico de estupefacientes>>.
Sobre el particular aparece un rubro específico en el que se acordó establecer la conveniencia
de identificar, seguir, congelar decomisar y aplicar los procedimientos legales para la
disposición de los ingresos provenientes de los delitos de tráfico de narcóticos en sus
respectivos países, para lo cual es importante atacar al aspecto financiero del comercio ilegal
de drogas ilícitas. Así se menciona que <<de conformidad con sus respectivas leyes, cada uno
de los países buscará adoptar medidas tendientes a definir, tipificar y sancionar penalmente el
“lavado de dinero” y a excluir el “secreto bancario”.
Otras declaraciones han abordado aspectos específicos en relación con el tema. En el campo
propiamente normativo, la más importante iniciativa que se planteó es la que se conoce como
la llamada “Declaración y el Programa de Acción Ixtapa”, y en ella se enfatizó la importancia de
disponer de normas penales en los países en materia de fiscalización de las actividades de
lavado de dinero.
PANORAMA INTERNACIONAL
El fenómeno de lavado de dinero tiene un marcado carácter internacional. Este fenómeno
sobrepasa las fronteras nacionales de los Estados e implica su desarrollo en otros, con los
cambios de soberanía y jurisdicción que conlleva. Lo que se denomina "globalización de las
actividades de blanqueo de capitales"
El blanqueo de dinero tiene lugar a una escala enorme. La inversión de ganancias ilícitas en
empresas legales se estima en 500.000 millones de dólares al año, cantidad equivalente a la
suma de los productos nacionales brutos de dos terceras partes de los Estados Miembros de
las Naciones Unidas.
Es poco todo lo que se diga de los efectos corrosivos del blanqueo de dinero sobre las
instituciones democráticas y políticas, si bien es difícil estimar hasta qué punto socava las
economías con los datos de que se dispone actualmente. Lo cierto es que ninguna institución
financiera y ningún país están a salvo de este fenómeno.
Hasta la fecha, los esfuerzos para prevenir y combatir el blanqueo de dinero se han visto
obstaculizados por diferencias idiomáticas y culturales, y diferencias entre códigos penales y
prácticas en materia de justicia penal, así como por el deseo de proteger la soberanía nacional.
Y mientras no se controle este fenómeno, la solución del problema será cada vez más difícil y
las consecuencias más graves recaerán sobre las economías frágiles.
1. Organizaciones Internacionales
Existe una relación entre grandes organizaciones y el blanqueo de capitales. A continuación y a
fin de ejemplificar su accionar, se exponen las más habituales mediante las cuales
determinadas organizaciones criminales, respecto de las que existe un consenso sobre su
carácter transnacional, proceden al blanqueo de los beneficios obtenidos de sus actividades
delictivas. Es tradicionalmente admitido que las organizaciones criminales de carácter
internacional más significativo y de mayor conocimiento, como:
1.1 Las Triadas Chinas.
A pesar de su denominación, estas organizaciones no poseen su base de
operaciones en la misma República China, sino que se encuentran ubicadas
fundamentalmente en Hong Kong y Taiwán.
Las actividades ilegales que realizan fundamentalmente son la extorsión, juegos
ilícitos, prostitución y otras actividades complementarias, ramos tales como
negocios de videos chinos, libros, periódicos y servicios de entretenimiento.
Asimismo sus operaciones a nivel internacional se destacan las actividades del
tráfico de heroína hacia EEUU y Europa, el contrabando de armas, el robo y
contrabando de automóviles de lujo, intervienen además en mercados de yates de
lujo y bienes de consumo para la República Popular China y en el fraude
internacional de tarjetas de crédito.
Las técnicas que utilizan para el blanqueo de dinero consisten en el transporte del
efectivo desde el lugar de recolección de sus actividades delictivas hasta el lugar en
que finalmente serán invertidos esos fondos. Posteriormente se produce la
integración del dinero mediante la inversión de millones de dólares en negocios
situados en otras zonas económicas de su interés.
1.2 Cárteles colombianos
A diferencia de otras organizaciones criminales cuyas actividades
delictivas se encuentran diversificadas, las actividades ilegales a las que se dedican
los carteles colombianos están relacionadas casi con exclusividad al tráfico ilícito de
drogas.
En el proceso de blanqueo participan diversos intermediarios, algunos de ellos
denominados cambistas. El dinero obtenido del tráfico de drogas es entregado a un
cambista, para que este efectúe gran parte del proceso de blanqueo. El cambista a
su vez entrega el dinero a un segundo intermediario, siendo esta última una
organización dedicada al blanqueo de capitales. Una vez efectuada las operaciones
de reciclaje correspondiente, los fondos son finalmente devueltos al cambista
representante en Colombia.
Otra alternativa dentro del circuito en el que se desenvuelven los fondos, es que
dichos fondos reingresen a Colombia para su inversión o que dichas inversiones
sean realizadas directamente en el extranjero.
1.3 La mafia siciliana
La mafia siciliana es la organización criminal más antigua de Italia y dado su
marcado carácter internacional motivado por la emigración, es considerado el canal
más importante para el proceso de internacionalización de la mafia siciliana.
Entre los circuitos del blanqueo de capitales utilizados por la mafia siciliana se
destaca el sistema bancario y no bancario, las empresas comerciales y los negocios
relacionados con el juego como los casinos.
En la actividad de juegos se destacan su accionar sobre los casinos ubicados en la
Costa Azul, al sur de Francia. Estas organizaciones no empleaban formas de
blanqueo de capitales demasiado complejas.
No obstante se ha observado que en los últimos tiempos existe una delegación de
la tarea de blanqueo hacia aquellas organizaciones que han profesionalizado su
accionar, ofreciendo sus servicios con estrategias de inversión cada vez más
sofisticadas. En este contexto el empleo de una tercera organización encargada del
proceso de blanqueo trae ventajas para la organización que efectúa los actos
delictivos que dan origen al dinero ilícito.
4. La mafia Rusa
Las actividades más usuales a las que se dedican las mafias rusas son el robo de
antigüedades y su contrabando hacia el Oeste, la prostitución, el robo de coches, el
comercio de armas y el tráfico de drogas, material nuclear, obras de arte, etc. Sin
embargo, pueden añadirse otras muchas actividades puesto que las mafias rusas se
caracterizan por aprovechar las oportunidades que surgen en los mercados
nacionales e internacionales.
En los últimos tiempos y dada la necesidad de dinero de muchos países de Europa
del Este, se ofrecían amplias y atractivas posibilidades de inversión hacia esos
países, incluyendo Rusia con la caída del comunismo y sus planes de
privatizaciones.
LAVADO EN ESTADOS UNIDOS
1. Las Leyes Estadounidenses
Los organismos encargados de la ejecución de la ley conceden gran valor a la legislación sobre
lavado de dinero porque puede ser más eficaz que un ataque directo a la actividad delictiva.
Así como con medidas legislativas y coercitivas se pueden reducir sus beneficios, también se
puede reducir su atractivo.
La base de la legislación estadounidense sobre lavado de dinero es la Ley del Secreto Bancario
de 1970 (BSA), por la que no se declara delito el lavado, sino que se exige a las instituciones
financieras establecer y mantener un registro de diversos tipos de transacciones que permita
seguir su rastro. La ley ha sido impugnada en varias ocasiones.
Con el incremento del tráfico de drogas, la alarma por el lavado de dinero cundió en el
Congreso de Estados Unidos, que decidió proscribirlo en 1984 al declarar las infracciones de la
ley del secreto bancario, con arreglo a la Ley de Organizaciones Corruptas y Bajo la Influencia
del Crimen Organizado (RICO).
Finalmente, según la Ley de Lavado de Dinero de 1986, se tipificaba esta actividad como delito
federal. Se añadían tres nuevos delitos al código penal: ayudar a sabiendas a lavar dinero
procedente de actividades delictivas, participar a sabiendas en una transacción de más de
10.000 dólares que entrañe bienes procedentes de actividades delictivas y organizar
transacciones destinadas a eludir los requisitos de declaración previstos en la BSA. Este último
elemento iba dirigido a los llamados «pitufos», individuos contratados por los interesados en
lavar dinero para efectuar ingresos múltiples o compras de cheques de viajero en cantidades
inmediatamente inferiores al límite de los 10.000 dólares.
Esta legislación ha sufrido diversas modificaciones. Por la Ley contra la Adicción a Drogas de
1988, se endurecieron considerablemente las penas y se exigió la estricta identificación y el
registro de las compras en efectivo de determinados instrumentos monetarios, aunque,
posteriormente, se ha
Pero la Ley de Supresión del Lavado de Dinero de 1994, se ocupa de las disposiciones sobre
conspiración y organización contenidas en la ley, mientras que la Ley de Prevención del
Terrorismo de 1996, añadía los delitos de terrorismo como actividades que constituyen la
norma del crimen organizado a los delitos de lavado de dinero.
Las sanciones penales incluyen penas de prisión de hasta 20 años y multas por un máximo de
500.000 dólares o el doble del valor de los instrumentos monetarios en cuestión, si éste es
superior a los 500.000 dólares. Además de las sanciones penales, los infractores pueden ser
objeto de sanciones civiles por una cantidad equivalente al valor de los bienes, fondos o
intereses monetarios relacionados con una transacción.
El propósito del Congreso de Estados Unidos era imponer fuertes sanciones. Antes de la
aprobación de la Ley sobre Lavado de Dinero, a los acusados se les aplicaban otras leyes
relativas a las actividades ilícitas fundamentales que habían provocado el lavado de dinero,
como la evasión fiscal, la conspiración, la violación de la BSA, el soborno y el fraude.
En general, las penas contempladas en estas leyes eran mucho más leves. Pero desde la
perspectiva monetaria, la situación de los encausados se pone realmente seria cuando entran
en juego las leyes sobre decomiso.
Con el decomiso se pretende impedir a los delincuentes quedarse con el fruto de sus delitos o
los instrumentos utilizados en su comisión. Con arreglo a la Ley de Reforma del Decomiso Civil
de Bienes de 2000, el gobierno de Estados Unidos tiene ahora que salvar un obstáculo algo
mayor para incautar y decomisar bienes.
Jurídicamente, se define el lavado de dinero como todo intento de participar en una
transacción monetaria que entrañe bienes derivados de actividades delictivas.
Para obtener una sentencia condenatoria, el fiscal debe demostrar que el acusado ha
participado en transacciones financieras o de transporte internacional que entrañen fondos
derivados de una «actividad ilícita determinada».
Todos estos informes ayudan a los investigadores a seguir la pista del dinero. La Redde
Aplicación de las Leyes contra los Delitos Financieros (FinCEN), establecida por orden del
Departamento del Hacienda en 1990 para prestar apoyo analítico a los organismos de
ejecución de la ley, se encarga ahora también de mantener estos registros. En algunas
ocasiones, se han ajustado los requisitos de declaración para recoger información valiosa sin
generar un aluvión de informes innecesarios.
Con la presentación de estos informes, las instituciones financieras ayudan a las autoridades
encargadas de la ejecución de la ley en su lucha contra el lavado de dinero.
Por otra parte, estos formularios son onerosos para estas instituciones y sus clientes legítimos.
Preocupa también el hecho de que una parte desproporcionada de estos costos pueda recaer
sobre las instituciones más pequeñas. Además, también se ha cuestionado la eficacia de los
formularios.
2. El Papel De La Reserva Federal
Pese a que la Reserva Federal no es un organismo de ejecución de la ley, se ocupa activamente
de impedir el uso de las instituciones financieras con fines de lavado dinero.
Como parte de sus actividades realiza inspecciones de los bancos para verificar su observancia
de BSA, elabora directrices contra el lavado de dinero, y comparte su experiencia con
funcionarios de ejecución de la ley de Estados Unidos así como diversos bancos centrales y
organismos gubernamentales extranjeros.
Las organizaciones financieras y sus empleados están considerados como la mejor defensa
contra el lavado de dinero y la Reserva Federal pone de relieve la importancia de los bancos en
el establecimiento de controles para protegerse a sí mismos y a sus clientes de las actividades
ilícitas.
La Reserva Federal ha venido promoviendo el concepto de diligencia debida ampliada. Con
arreglo a esta norma, a los bancos que hayan tenido problemas se les exigirá firmar acuerdos
para asegurar el cumplimiento futuro. Estos acuerdos están diseñados para asegurar
razonablemente la identificación e información oportuna, precisa y completa a las autoridades
supervisoras y encargadas de la ejecución de la ley, de cualquier actividad sospechosa contra el
banco o que tenga que ver con él.
LAS INVESTIGACIONES POR LAVADO DE DINERO EN EL PERÚ
En nuestro país, el delito de lavado de activos es, por decirlo de alguna forma, nuevo. Desde
que en 2002 se promulgó la Ley 27765 –que pena los ingresos o bienes obtenidos de forma
ilícita por cualquier ciudadano– el Poder Judicial no ha dictado aún ninguna condena. Esta nula
estadística, empero, podría cambiar con el caso de la familia Pablo Santos, cuya investigación
por el presunto delito de lavado de activos proveniente del proxenetismo ya ha concluido.
De acuerdo con la normativa, en los casos referidos a este ilícito, las penas fluctúan entre 8 y
15 años de prisión. Sin embargo, existe el agravante de ser parte de una organización criminal
dedicada a esta ilícita actividad, lo que aumentaría el tiempo de prisión hasta un periodo no
mayor de veinte años.
En nuestro país, el delito es investigado por las Fiscalías Especializadas en Criminalidad
Organizada, que reciben la información sobre presunto lavado de la Unidad de Inteligencia
Financiera, entidad que realiza una investigación preliminar sobre todos los fondos que se
consideren sospechosos en las cuentas bancarias de cualquier ciudadano.
Si bien cerca del 80% de los casos está conectado al delito de tráfico ilícito de drogas, los casos
restantes se vinculan a los presuntos delitos de corrupción de funcionarios, proxenetismo,
delitos contra la administración pública, secuestro, tráfico de menores, defraudación
tributaria, delitos aduaneros u otros similares que generen cualquier tipo de ganancias
ilegales.
La defensa del Estado está a cargo de la Procuraduría Especializada en Lavado de Activos que
dirige la abogada Julia Príncipe Trujillo y las investigaciones pueden ser realizadas por la
Fiscalía, la Dirincri, la Dirandro o la Dircote, dependiendo del delito precedente
EJEMPLOS
EJEMPLO 1:
Aunque es muy difícil determinar la cantidad de dinero lavado por el narcotráfico, asumiendo
que el gramo de cocaína pura, puede llegar a costar 100 dólares en los países industrializados,
y que el Perú produce 140 toneladas de esa droga cada año, es posible vislumbrar la magnitud
del dinero movilizado por los mafiosos.
Bajo ese enfoque, se estima que en el Perú podrían lavarse unos 800 millones de dólares
anuales; cifra creíble, ya que la Sociedad nacional de industrias y el gobierno peruano,
consideran que únicamente el contrabando y la piratería, representan cada año, unos 600
millones de dólares, y estas son ramas del crimen organizado, empleadas para el lavado de
activos ilegales.
En definitiva, el poder corruptor del narcotráfico está presente en muchas esferas de la
sociedad peruana; por ejemplo, el gobierno de EE.UU. incorporó en junio del 2004, a la
compañía peruana Aero Continente, en su lista de entidades sujetas a sanciones -incluido el
bloqueo de sus bienes en EE.UU. y prohibición de negocios de estadounidenses con ella-;
afirmando que dicha empresa, es una “fachada financiera controlada por el cabecilla peruano
de la droga, durante más de dos décadas, Fernando Zevallos González”.
Esta grave imputación -por primera vez aplicada a un peruano- basada en una Ley de EE.UU. y
una decisión conjunta de los departamentos de Hacienda, Justicia, Estado, Defensa, Seguridad
Territorial, la CIA, el FBI y la DEA; fue ratificada en noviembre de 2004, aun después que la
línea aérea experimentara varios cambios de propiedad y de nombre, pasando a llamarse
Nuevo Continente; debido a que según EE.UU., no pudo demostrar haber cortado los vínculos
con sus ex propietarios.
Al respecto y en bien de la transparencia, EE.UU. debería hacer públicas las pruebas que
demuestren la responsabilidad de Zevallos y Aero Continente, en los hechos denunciados, ya
que la justicia peruana todavía no ha condenado al cuestionado empresario.
EJEMPLO 2:
EL LAVADO DE ACTIVOS EN EL PERÚ MUEVE US$ 3,250 MILLONES AL AÑO
El jefe de Devida, Rómulo Pizarro, aseveró que tal delito representa un problema para el Perú,
pues “mientras más desarrollado sea nuestro país, más difícil será detectar el ingreso de
activos ilícitos en la economía”.
El jefe de la Comisión Nacional de Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Rómulo Pizarro,
informó que el lavado de activos en el Perú mueve unos 3,250 millones de dólares al año.
Añadió que tal delito constituye un problema para el Perú, y alertó que “mientras más
desarrollado sea nuestro país, más difícil será detectar el ingreso de activos ilícitos en la
economía”.
Pizarro enfatizó que la fiscalización de tal actividad ilícita constituye una de las entradas válidas
para combatir el tráfico ilícito de drogas y estupefacientes.
El funcionario dio estas precisiones en la presentación del informe El lavado de activos en el
Perú: diagnóstico y propuestas elaborado por Macroconsult, a solicitud de Devida.
En el documento se recomienda una mayor coordinación multisectorial para enfrentar el
narcotráfico y el fortalecimiento de los sistemas de prevención para el lavado de activos.
El jefe de Devida precisó que el informe permitirá mejorar el trabajo que ya viene realizando
desde hace algunos años el Comité Interinstitucional de Lucha contra el Lavado de Activos.
“Vamos a llevar adelante estas recomendaciones y dentro de un año podremos evaluar y ver
cuánto hemos avanzado y cuánto nos falta, lo que queda claro es que no nos quedaremos con
los brazos cruzados”, manifestó.
Otro de los aspectos contemplados por el informe es una revisión del sistema operativo y
marco legal del delito de lavado de activos.
Además, recomienda que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Perú asuma el
completo liderazgo del sistema antilavado de activos en todos sus procesos y etapas.
Para Macroconsult, la gestión de la UIF debe ampliarse para supervisar sectores fuera del
ámbito financiero porque el lavado de activos también se realiza a través de otros
mecanismos.
Otra tarea que debe realizar este organismo es hacer seguimiento a los Informes de
Inteligencia Financiera (IIF) que envía al Ministerio Público para la investigación del delito,
porque su responsabilidad culmina actualmente con el envío del informe a la fiscalía.
Asimismo, el informe propone dar fuerza y obligatoriedad a los acuerdos del Comité
Interinstitucional de Lucha contra el Lavado de Activos, que preside Devida.
Según el documento, el Perú se ubica en el puesto 12 de los países de América Latina que más
dinero lava a través de canales bancarios y 14 en canales no bancarios.
El lavado de activos se realiza principalmente mediante la compra de bienes inmuebles,
automóviles, joyas, la exportación del dinero ilegal y su depósito en países denominados
paraísos financieros, la creación de empresas que requieren efectivo para funcionamiento y
operaciones en el sistema financiero.
En el Perú, la Policía Nacional identificó que las técnicas más utilizadas para el lavado de
activos son el trabajo de “pitufo” canalizando depósitos menores a 10 mil dólares, ya que
cantidad no está sujeta a supervisión financiera.
CONCLUSIONES
El lavado de dinero, es un fenómeno que afecta mundialmente, los cuales permite a
los delincuentes legitimar sus ganancias procedentes de actividades ilegales; además
dicho dinero sirve también para que sigan invirtiendo en sus actividades ilícitas.
Vemos que en nuestra legislación las penas no son muy severas y que a través de los
beneficios penitenciarios el reo puede salir muy pronto. Además, en la legislación
anterior la pena máxima era la cadena perpetua, pero dicha norma fue derogada.
Disminuyendo su fuerza penal.
Como apreciamos en casuística, un gran empresario se dejó llevar por la avaricia e
incursionó en este delito, así como el caso de Fernando Zevallos hay muchos, sobre
todo funcionarios públicos que obtienen su poder económico dedicándose al blanqueo
de dinero.
Las consecuencias del lavado de dinero son nefastas para nuestra economía porque
esto genera la inflación, por tanto, nos imposibilita de seguir progresando.
