analisis politico 45

ANÁLISIS POLÍTICO No. 45 Enero/Abril del 2002 INSTITUTO DE ESTUDIOS POLITICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES (IEPRI) UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Francisco Leal Buitrago FUNDADOR William Ramírez Tobón DIRECTOR Miguel García Sánchez EDITOR Gonzalo Sánchez Gómez ASESOR EDITORIAL Jimena Holguín Castillo ASISTENTE EDITORIAL

Diana Marcela Rojas EDITORA VERSIÓN ONLINE Carlos Germán Sandoval ASISTENTE EDITORIAL VERSION ONLINE ASESORES EDITORIALES INTERNACIONALES Klaus Meschkat ALEMANIA María Isaura Pereira de Queiroz BRASIL Daniel Pécaut FRANCIA Eric Hobsbawm INGLATERRA Norbert Lechner CHILE Thomas Fischer ALEMANIA Charles Bergquist ESTADOS UNIDOS Catherine LeGrand CANADA UNIBIBLOS Impresión La Silueta Armada y pre-prensa digital Siglo del Hombre Editores Distribución

CONTENIDO

ESTUDIOS LA REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA DE LA VIOLENCIA EN LAS CIENCIAS SOCIALES COLOMBIANAS Olivier Pissoat Vicent Gouëset FORMAS DE GUERRA Y CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES POLÍTICAS. LA GUERRA DE INDEPENDENCIA (VENEZUELA Y NUEVA GRANADA 1810-1825) Clément Thibaud DEMOCRACIA REFLEXIONES SOBRE LAS DECISIONES ELECTORALES DE LOS BOGOTANOS Lariza Pizano Rojas COYUNTURA LA POLÍTICA EN LA PAZ Y LA VIOLENCIA Mauricio Romero DEBATE POR QUÉ LUCHAMOS Carta de los intelectuales estadounidenses LA CUADRATURA DEL CÍRCULO Diana Marcela Rojas LA POLÍTICA UNIPOLAR William Ramírez Tobón UNA GLOSA A “POR QUÉ LUCHAMOS” Fernando Cubides RESEÑAS LA GALAXIA INTERNET, DE MANUEL CASTELLS Diana Marcela Rojas NEW & OLD WARS: ORGANIZED VIOLENCE IN A GLOBAL ERA, DE MARY KALDOR Eric Lair DERECHO A LA VIDA, DE ANGELO PAPACCHINI Martín J. Urquijo AL MARGEN NADAÍSMO Y POLICÍA: DOS COMANDANTES FRENTE A FRENTE Fabio A. Londoño

ESTUDIOS LA REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA DE LA VIOLENCIA

LA REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA DE LA VIOLENCIA EN LAS CIENCIAS SOCIALES COLOMBIANAS1 Olivier Pissoat Doctor en geografía, UMR REGARDS (CNRS-IRD), Bordeaux, Francia Vicent Gouëset Maestro de conferencias en geografía, UMR ESO (CNRS), Université de Rennes 2, Francia.

Después de cuatro décadas, Colombia aparece entre los primeros lugares en las estadísticas generales sobre la violencia en el mundo. Aun si las clasificaciones establecidas por los grandes organismos internacionales plantean los problemas de orden metodológico o ético (pertinencia de indicadores obtenidos, confiabilidad de los datos según los países, comparabilidad de las cifras nacionales en contextos sociales y culturales muy diferentes...) el elevado nivel de violencia que afecta a Colombia no se pone en duda. El análisis de este fenómeno está, por lo demás, solidamente arraigado en el campo de las ciencias sociales colombianas, tanto entre los intelectuales colombianos como entre los extranjeros 2. Así mismo, la violencia ha adquirido un estatuto singular llegando a constituir un campo de estudio específico, apresuradamente elevado al

1 Una primera versión de este texto fue publicada en francés en: Cahiers des Amérique Latine. No. 37, febrero de 2002. Traducción al español, M. Victoria Mejía D. 2 En su obra Los colombianistas, Peralta y La Rosa ponen en evidencia la importancia del tema de la violencia en el estudio de la realidad colombiana. Véase: Peralta, Victoria y La Rosa, Michael. Los colombianistas. Bogotá: Planeta, 1997. Algunos autores, provenientes en su mayoría de universidades anglosajonas, se encuentran igualmente trabajando el tema de la violencia y merecen ser citados aquí. Algunos de ellos son politólogos (P. Oquist: EU) o historiadores (M. Deas: Gran Bretaña; E. Hobsbawn, J. Henderson, C. Berquist: EU; C. Le Grand: Canadá). La investigación francesa está representada por P.Gilhodès (politólogo) y sobre todo por D. Pécaut (sociólogo), uno de los más grandes especialistas sobre el tema en el mundo.

rango de “violentología” en el discurso mediático3.

Entre los numerosos estudios sobre la violencia, las aproximaciones de tipo geográfico –en particular las representaciones cartográficas– fueron relativamente escasas hasta una fecha reciente, cuando, paradójicamente, la dinámica propiamente territorial de los hechos sociopolíticos y de los actores involucrados aparecía, de golpe, como una evidencia para todos los investigadores que han abordado el tema. Por otra parte, la diversidad y la riqueza de las fuentes de información disponibles hicieron posible, después de un largo tiempo, la realización de un trabajo estadístico y cartográfico sobre la violencia. La debilidad institucional de la geografía en el sistema universitario colombiano, así como el relativo distanciamiento de los geógrafos y las pocas instituciones y especialistas que trabajan el tema, no son ajenos a estos vacíos.

Las cosas han cambiado recientemente y, después de los años ochenta, han contribuido a una difusión del uso de mapas, de croquis y de otras representaciones gráficas en los estudios de la violencia. Tal trivialización, ligada especialmente a los avances de la informática y a las facilidades que ofrece la cartomática, se observa tanto en el campo de las ciencias sociales como en la gran prensa, o en los textos y documentos oficiales.

La proliferación de los mapas de la violencia permite plantear dos preguntas fundamentales: la primera tiene que ver con el “buen uso” de la cartografía: ¿Con qué objetivo y en qué contexto institucional se produce esta representación de la violencia? La segunda pone de manifiesto el problema más general de las implicaciones semánticas de la violencia como tal: ¿A qué se refiere?, ¿a qué hechos sociales, políticos o culturales se remite este vocablo impreciso? La realidad y la representación de la violencia están 3 Apelación simplificante, e incluso reduccionista, utilizada por la prensa a partir de 1987. Ésta se constituyó en el concepto más didáctico de “Polémologie” creado por G. Bouthoul en 1946, el cual se define como el estudio científico de la guerra como fenómeno social.


íntimamente ligadas, aun si resulta ilusorio pensar que la segunda puede ser una traducción “objetiva” de la primera. En realidad, ella no corresponde más que a una determinada imagen de la violencia, construida socialmente, cargada de significado e influida por el punto de vista de quienes la producen.

Es precisamente esta cuestión de las “imágenes” cartográficas de la violencia la que abordamos en el marco de este artículo, que se dedica, en primer lugar, a contextualizar la percepción de la violencia y el recurso a la herramienta cartográfica por parte de los investigadores colombianos; después se detiene en los diferentes métodos utilizados para expresar cartográficamente la violencia y sus actores en la producción científica colombiana. Los mapas que se retoman en este escrito son, en su mayor parte, mapas originales colombianos (algunas veces modificados para mejorar su legibilidad), o realizados a partir de fuentes o de autores colombianos.

LAS VIOLENCIAS A LA CARTA

Las representaciones “geográficas” de la violencia

Buscando afanosamente visualizar la ubicación espacial de los procesos en juego, los investigadores colombianos han propuesto de manera espontánea una “geografía” de la violencia. Allí se discute una constante que se vuelve a encontrar en las primeras representaciones cartográficas al comienzo de la década de los sesenta.

Lamina I. Unas “geografías” de la violencia (eliminar este texto aquí viene la lámina 1)

Los títulos de las figuras de la tabla 1 demuestran la intención de sus autores (principalmente de los sociólogos) de poner en evidencia la dimensión “geográfica” del fenómeno; una aproximación que se limita, de hecho, a una estricta localización de los hechos de violencia en el mapa, sin tratar verdaderamente de mostrar “en qué medio, con quién, en qué tejido de relaciones, de entornos y de determinaciones” se inscriben los actos

presentados4. Además, la selección de indicadores y el tipo de violencia allí contenido no es neutral. Así, cuando aparece el primer estudio sistemático de la violencia, con la publicación del libro dirigido por Monseñor Guzmán, La violencia en Colombia5, el fenómeno representado es la Violencia de los años cincuenta. La cartografía de la obra agrupa, entonces, bajo la misma denominación de “violencia” hechos diferentes (matanzas, torturas, contribuciones forzosas diversas...), mientras que el texto centra su análisis en la lucha entre las dos facciones, liberal y conservadora. La figura seleccionada en este artículo es un mapa “en manchas” que no establece una jerarquía entre los hechos registrados (figura I.1). La figura pone el énfasis en la extensión del conflicto y muestra su impresionante alcance, aunque da la sensación ambigua de un fenómeno único y homogéneo, cuando en los espacios afectados la situación es muy variable de un lugar a otro. Tal representación evoca la vaguedad semántica del nombre asignado a este periodo, que evita designar con exactitud las fuerzas presentes y, por el contrario, sugiere una responsabilidad difusa, compartida por todos los colombianos.

Cuarenta años más tarde, Alejandro Reyes publicó en un importante diario 6, un inventario cartográfico de la violencia política actual (figura I.2). Allí se registran, por ejemplo, las acciones bélicas de las guerrillas durante más de una década, sin distinguir si ellas corresponden a enfrentamientos mortales con las tropas gubernamentales o a golpes de fuerza que no provocan más que daños materiales; o bien si ellas se traducían en una presencia pasajera de grupos insurrectos o, por el contrario, en su control permanente de una región. Colombia, en su conjunto, parecía indistintamente involucrada

4 Brunet, Roger. Les Mots de la Géographie, Dictionnaire Critique. Montpellier-Paris: Reclus-La Documentation française, 1993, p. 306. 5 Guzmán, Germán; Fals, Orlando y Umaña, Eduardo . La violencia en Colombia. Estudio de un proceso social. Bogotá: Punta de Lanza - Universidad Nacional de Colombia, Vol. I, 1962. 6 Reyes, Alejandro. "Contra reforma agraria de los narcos". En: El Espectador, marzo 10, 1996.


y, en la introducción de su informe, el sociólogo pudo justificar su trabajo cartográfico como

punto de partida para (...) tomar conciencia de que aunque la guerra no ha llegado todavía a la cotidianidad de las grandes ciudades, ya ocasionó suficiente estrago en buena parte del país rural, como para merecer el interés de los habitantes urbanos, y ese interés obre como presión a favor de la negociación de la paz7.

La vaguedad aquí adoptada en materia de convenciones gráficas revela cómo el autor “dramatiza” el alcance del fenómeno: quizás en la preocupación de abogar por una solución política del conflicto.

En cuanto al trabajo de Camilo Echandía8, con el fin de caracterizar la evolución reciente del problema, compara la distribución del conflicto armado con la relación entre los homicidios reportados y el número de habitantes (figuras I.3 y I.4). En ambos casos, el modo de representación obedecía a las reglas de los mapas “en regiones”, y los señalamientos realizados permiten separar mucho mejor las zonas más afectadas. Sin embargo, el fondo del mapa municipal utilizado es engañoso, sobre el plano visual, debido a la enorme variedad del tamaño de los municipios; los más grandes –por consiguiente los más visibles– eran, a menudo, los menos poblados.

A modo de comparación, en el Atlas dirigido en 1999 por Evelyne Mesclier, los autores han hecho todavía un mayor esfuerzo para poner en evidencia el peso relativo y absoluto de la violencia homicida en Colombia.

Lámina II. Una representación de la violencia a través de los homicidios

7 Reyes. Ob.cit., pp. 2. 8 Echandía, Camilo. Geografía del conflicto armado y las manifestaciones de la violencia en Colombia. Bogotá: Paz Pública – CEDE, Documento de trabajo No. 18, 1999.

Sobre un mapa hasta entonces inédito, jerarquizado cla ramente por el juego de escalas diferenciadas, la mitad correspondiente a los Llanos Orientales (poco poblada) y el resto del país (donde se observa una mayor concentración de población y de actividades), los geógrafos han conservado un método de representación capaz de suministrar dos tipos de información: el número de asesinatos cometidos (por medio de círculos proporcionales colocados en el centro de los municipios registrados), y su porcentaje dentro del número total de fallecimientos (por la trama de grises). De esta manera, se demuestra claramente que los homicidios son menos frecuentes en los municipios de los Llanos Orientales, lo que no impide altas tasas en el piedemonte andino o en el departamento del Guaviare. En la mitad occidental, en cambio, si bien las principales ciudades son las más afectadas, según el número de hechos registrados, los porcentajes relativos pueden ser bastante débiles, como en Bogotá, por ejemplo (contrario a Medellín, que sufría en esta época el pleno azote de las acciones del narcotráfico). Se pueden, además, individualizar ciertos centros de violencia específicos, que no se resaltan con la misma claridad en los mapas de Echandía: Urabá, los enclaves auríferos de Antioquia, los de las esmeraldas en Boyacá, el Magdalena Medio, la región del Patía, etc.

Para Echandía, sin embargo, el hecho de recurrir a la cartografía responde a un acercamiento decididamente sintético, que pretende atribuir todo su peso a “los actores organizados” en la explicación de los elevados índices de homicidios que sufren ciertos sectores del país. El mapa está, por consiguiente, integrado al razonamiento, como herramienta de investigación, demostrando la “...muy significativa correspondencia en la geografía de estos fenómenos”9. La escogencia de las variables representadas, homicidios o hechos de armas, significa una cierta concepción de la violencia, mientras que los dos indicadores, algunas veces presentados sobre un mismo plano, no dan cuenta de los mismos procesos.

9 Ídem., s.p.


En otro registro, la noción de “violencia urbana”, que preocupa tanto el espíritu de los ciudadanos como el de los poderes públicos, se apoya frecuentemente en una amalgama entre gran bandolerismo, pequeña delincuencia, o simple falta de los usos elementales de la vida en sociedad, mientras que los crímenes y delitos contra las personas y los actos tales como el vandalismo no responden a las mismas lógicas. Las acciones “incivilizadas”10 remiten, sobre todo en Colombia como en otros lugares, al debate sobre la inseguridad de las ciudades, lo mismo que a la criminalidad.

Más allá de la pertinencia o de la dimensión implícita del indicador cartográfico, queda claro que se plantea la cuestión primordial de la definición misma de la violencia. El economista Fernando Gaitán11, señala cómo, en Colombia, las múltiples acepciones del término pueden inducir a los expertos a tener en cuenta los diversos eventos que describen realidades muy diferentes. El investigador enumera algunos parámetros que frecuentemente acompañan el concepto de violencia (ausencia de libertades, deficiencia de los servicios públicos, desempleo, promiscuidad...), para denunciar las aproximaciones que rodean a este concepto: “...es comprensible que considerar tantas condiciones de la vida social como actos de violencia hace que, en últimas, no contemos con ninguna definición y que, fácilmente, estemos simplemente divagando”.

Sin embargo, una cosa es segura: Colombia ha atravesado la segunda mitad del siglo XX en un

10 Este término es utilizado, sobre todo, en los países desarrollados (EU, Europa), donde la “violencia urbana” se ha convirtido en un tema electoral el cual, según Lo¿c Wacquant, oculta la progresiva puesta en escena del tratamiento de seguridad de los problemas sociales. De esta manera, se autoriza la difusión de la ideología de disminución del Estado social y del hundimiento del Estado penal. Véase: Wacquant, Loïc. Les Prisons de la Misère. París: Raisons d’agir, 1999. 11 Gaitán, Fernando. "El método dialéctico como alternativa para estudiar la violencia en Colombia". En: Camacho Álvaro et. al. Nuevas visiones sobre la violencia en Colombia. Bogotá: IEPRI-FESCOL. 1997, pp. 86-87.

clima de violencia generalizada, pues las múltiples manifestaciones del fenómeno han actuado en resonancia las unas con las otras12. Esta característica explica la dificultad de establecer una definición precisa para un tema que no lo es, y que, además, cambia con el tiempo. El problema de la definición de la violencia no puede, por consiguiente, ser tratado más que en una perspectiva histórica, donde las circunstancias, las interpretaciones y las representaciones de los procesos se superponen fuertemente entre sí.

Las representaciones, así como las interpretaciones, se modifican a medida que la violencia se desarrolla y cambia de naturaleza.

Escrito inmediatamente después de la Violencia, en el seno de la recién creada Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, de Bogotá, el libro de Germán Guzmán, Orlando Fals y Eduardo Umaña abordaba el problema a partir de la teoría del conflicto social. De acuerdo con esta lógica, la Violencia era un proceso revelador de la disfunción de “las instituciones fundamentales” de la nación, de la desintegración y de la reorganización de las estructuras mismas de la sociedad. El diagnóstico establecido era, por cierto, muy descriptivo, pero no se constituyó tampoco en la única referencia sobre la cual se basaron los estudios del fenómeno hasta mediados de los años setenta13. En la línea de trabajo de Guzmán, Fals y Umaña se inscribían las publicaciones de politólogos norteamericanos subrayando, desde entonces, un punto que pudo aislarse antes, colocando al Estado en el centro del análisis14. El ejemplo más marcado en este

12 Pécaut, Daniel. "Réflexions sur la Violence en Colombie". En: Françoise Héritier (Dir.). De la violence. Paris: Odile Jacob, 1996, p. 226. 13 Sánchez, Gonzalo. "Los estudios sobre la Violencia: balance y perspectivas". En: Sánchez, Gonzalo y Peñaranda, Ricardo (compiladores). Pasado y presente de la Violencia en Colombia. Bogotá: CEREC, 1986, p. 18. 14 Ortiz, Carlos Miguel. "Los estudios sobre la violencia en las tres ultímas décadas". En: Boletín socioeconómico, Nos. 24-25, agosto-diciembre, 1992, pp. 48-49.


campo es la obra de Paul Oquist15, de la cual la “teoría integral” sobre el derrumbe parcial del Estado como elemento explicativo de la Violencia ha suscitado controversia, aunque también ha contribuido a orientar los debates en este sentido.

Durante el transcurso de los años ochenta, Colombia sufrió una nueva fase de recrudecimiento de la violencia, que todavía continua hoy en día, y cuya intensidad solamente es comparable con la sufrida durante la época de la Violencia, como lo indicaba, desde 1988, la curva trazada por Losada y Vélez16.

Todos los observadores lo han señalado: este recrudecimiento está acompañado de una renovación relativa de los modelos que habían estructurado la violencia hasta entonces (enfrentamientos bipartidistas en los años cincuenta, surgimiento de las guerrillas en los años sesenta y setenta), con la aparición de nuevos protagonistas (narcotraficantes, grupos de autodefensa y escuadrones paramilitares, pandillas de delincuentes en las ciudades...). No obstante, esta “nueva violencia”, como se la denomina a veces, ha comenzado por un amplio restablecimiento de la lucha guerrillera. También, en el primer plano de los temas abordados por los investigadores a comienzos de los años ochenta, se vuelven a encontrar las preocupaciones que parecen resurgir del pasado, como los movimientos revolucionarios, o contrarrevolucionarios, la reforma agraria, la apertura democrática, la amnistía o la paz17. El estudio de la Violencia goza, por lo demás, durante este periodo, de un renovado interés por parte de una nueva generación de intelectuales colombianos, por medio de estudios regionales minuciosos, donde se vinculan la violencia con los conflictos agrarios o territoriales. En razón del arraigo disciplinario de estos análisis (sociología, ciencias políticas, historia...), pero igualmente por su orientación –se plantea un interrogante acerca de los fundamentos políticos 15 Oquist, Paul. Violencia, conflicto y política en Colombia. Bogotá: Banco Popular, 1978. 16 Lozada, Rodrigo y Vélez, Eduardo. Muertes violentas en Colombia entre 1976 y 1986. Bogotá: Instituto SER de Investigación, 1988, p. 37. 17 Sánchez. Ob.cit., p. 21.

o institucionales de los procesos–, la cartografía de la Violencia no se consideraba como un recurso necesario. A lo mejor, los autores tenían un campo de estudio bien delimitado en el espacio, matizando a veces sus textos con mapas de localización, que en general eran puramente ilustrativos.

Progresivamente, a medida que la violencia aumentaba, los investigadores colombianos se han reconciliado con la realidad más contemporánea de este fenómeno. El objeto de su cuestionamiento se ha visto modificado poco a poco, puesto que ha pasado de una situación de guerra civil no declarada, donde se enfrentaban esencialmente dos partidos políticos en un país predominantemente rural, a una lucha entre el Estado central y numerosos contrapoderes insurreccionales que se imponían localmente en un país en adelante urbano. El legado de las investigaciones llevadas a cabo sobre la Violencia examinaba, por tanto, la percepción de la “nueva violencia”, en la medida en que los numerosos estudios han continuado en su afán de aislar una serie de factores o de causalidades simples como desencadenantes o motores de los conflictos. La violencia y el cierre del sistema político, que estimula la adhesión a los movimientos rebeldes, la violencia y la pobreza, considerada como el “caldo de cultivo” de la criminalidad, eran las principales relaciones dialécticas tenidas en cuenta para identificar las hipotéticas “causas objetivas” de la violencia; en razón de estas carencias y de estas disfuncionalidades, con frecuencia el Estado era considerado el principal responsable, junto con las organizaciones armadas.

En cambio, el fin de los años ochenta se constituyó en un vuelco. Mientras que los enfrentamientos calificados de “políticos” entre el Estado, los diferentes grupos guerrilleros y las organizaciones de narcotraficantes proliferaban –así como las interferencias entre los actores del conflicto eran cada vez más flagrantes, y que la inseguridad de las grandes ciudades aparecía como un nuevo apoyo al despliegue de la violencia–, el estudio y la cartografía del tema se transformaron radicalmente. En 1987, a solicitud del gobierno, la Comisión de estudios sobre la violencia (compuesta principalmente por


miembros de la Universidad Nacional de Colombia y presidida por Gonzalo Sánchez), publicó un vasto estudio titulado “Colombia: violencia y democracia”. Este informe, objeto de amplia difusión en los medios, ha confirmado el carácter proteiforme de la violencia, elaborando una tipología detallada de sus múltiples manifestaciones. La investigación atravesó una etapa fundamental. La cuestión debía, en adelante, ser descifrada de acuerdo con una lectura plural, basada en la diferenciación de las violencias, en función de sus dinámicas, de sus responsables y de sus modalidades de expresión. Señalemos, de paso, que esta obra mayor respondía a una exigencia institucional, como la de Guzmán, Fals y Umaña, ya escrita en el marco de una comisión de investigación ordenada por el gobierno (la Comisión investigadora de las causas actuales de la Violencia), compuesta por dos sacerdotes, dos militares y dos representantes de los partidos políticos tradicionales; una composición que atestiguaba los cambios de contexto y de cultura políticos entre las dos fechas.

Lámina III. La fragmentación espacial de la violencia

Cuando se precisaba la comprensión del fenómeno, se publicaron numerosos mapas que demostraban la utilidad de reubicar las violencias en sus contextos locales para poder captar mejor su singularidad. La cartografía intervino, por primera vez, en aras de la demostración. En 1988, Rodrigo Losada y Eduardo Vélez se apoyaron en una representación regionalizada de la “nueva violencia” a escala nacional (figura III.1), antes de proponer su propia explicación de las elevadas tasas de homicidios en el país. Es sólo después de que los autores han identificado las zonas consideradas como “bastante” o “extremadamente” violentas, que éstos han enumerado los parámetros explicativos (de los cuales ninguno es nuevo en sí) que se conjugaban: presencia de guerrillas, de grupos de autodefensa, de organizaciones de narcotraficantes, de matones a sueldo, de cultivos ilícitos, de minas de esmeraldas, de frentes de colonización, de conflictos sindicales, de contrabando, etc.

Conscientes de que los fenómenos de violencia “...no están asociados a una identidad administrativamente definida”18, este acercamiento zonal ha sido retomado en la actualidad por los especialistas de Medicina Legal (figura III.2), quienes prefieren mantener este tipo de representación, a aquellas por departamento que publicaban antes. La comparación de los dos mapas demuestra, por lo demás, que los “focos” señalados en 1988 continuaban activos en el año 2000. Algunos de ellos se han extendido, otros han surgido después. Aun en 1988, en el marco de un programa denominado “Geografía de la violencia contemporánea en Colombia”, Alejandro Reyes igualmente utilizaba los mapas para cimentar su argumentación acerca de la implantación rural muy localizada de los frentes guerrilleros (figura III.3). El trabajo cartográfico desarrollado por el sociólogo era, por lo demás, muchísimo más cuidadoso que el de los organismos oficiales, cuyos mapas continuaron siendo muy esquemáticos y, a veces, incompletos (figura III.4).

La descripción sistemática de las áreas de guerrillas ha permitido al sociólogo retomar las tesis que asocian la distribución de los grupos insurrectos con las luchas sociales ligadas a los conflictos agrarios. En cuanto a Losada y Vélez, el trabajo similar que emprendieron les ha llevado a poner en duda la teoría que apuntaba a las carencias del Estado y a la pobreza como elementos que favorecían la perpetración del homicidio. Estos investigadores han evaluado principalmente, comuna por comuna, tanto en las ciudades como en las zonas rurales, la correlación existente entre el número de homicidios cometidos y los datos socioeconómicos que expresaban un encajonamiento de las poblaciones por parte del Estado. Una vez superada la dificultad de escogencia de las variables que se iban a comparar, el método permitió validar –o, por el contrario, anular–, las interpretaciones ya desarrolladas por otros investigadores. Losada y Vélez se interrogaban, por lo demás, sobre el

18 Institut o Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Forensis 1999: datos para la vida . Bogotá: Centro de Referencia Nacional sobre Violencia, 2000.


tema en la conclusión de su obra: tales verificaciones quedaban por hacer para la inmensa mayoría de factores explicativos fácilmente admitidos hasta entonces (en particular “la injusta distribución de la tierra” o el postulado que pone a la “democracia restringida” como causa principal de la violencia política).

Al comenzar a interesarse de manera detallada en las características de los espacios afectados por la violencia, un número de investigadores y de encargados del proceso de toma de decisiones19 continuaron aferrados a las hipótesis “macrosociales” formuladas durante los años anteriores. El desarrollo del “Plan Nacional de Rehabilitación”, puesto en marcha por el presidente Barco (1986-1990), explicaba esta continuidad, con la aplicación y la ampliación de las medidas previstas por el gobierno anterior en las zonas periféricas. De la misma manera que invertir en las regiones desfavorecidas apuntaba a establecer un diálogo directo con las comunidades azotadas por la miseria, y no solamente con las guerrillas20, el filósofo José Jairo González deploraba la ausencia de una “verdadera conciencia geográfica” de las respuestas que se podrían dar21.

La producción cartográfica de este periodo coyuntural permaneció marcada por la preocupación de identificar, dentro de una lógica cercana a las “causas objetivas” mencionadas antes, lo que, frente a desequilibrios inherentes a la organización del espacio colombiano permitía explicar el desigual desarrollo de la violencia. A partir del “mapa municipal de la pobreza”, establecido por el DANE en 1988, Fresneda y Sarmiento publicaron en 1991 una clasificación

19 Bajo la presidencia de Virgilio Barco (1986-1990), varios catedráticos, “a la cabeza en la gestión de los programas políticos más sensibles” integraron “un equipo reducido y discreto de consejeros (...) que no hacían parte del mundo de las redes políticas”. Véase Pécaut, Daniel. "La Colombie dans la Tempête". En: Problèmes d'Amérique Latine, No. 98, diciembre, 1990, pp. 5-6. 20 Pizarro, Eduardo. "Barco y las perspectivas de la paz". En: Revista Foro No. 7, octubre, 1988, p. 27. 21 González, José Jairo. "Geopolítica de la violencia". Análisis No. 2, mayo, 1989, p. 43.

de los municipios colombianos según sus “estructuras de producción” y su “grado de desarrollo” (de hecho, una tipología fundamentada esencialmente en las estructuras agrarias), tratando de establecer un vínculo entre las características espaciales de los municipios y la presencia de los actores armados. Esta tipología, cartografiada algunos años más tarde22, ha sido de inmediato considerada por los especialistas de la violencia como una herramienta de importancia capital y retomada en un gran número de estudios.

Después de Barco, el Presidente Gaviria (1990-1994), elaboró en 1991 una estrategia que, como lo señala José Jairo González, “considera[ba] que la erradicación de la violencia exige[ía] tener en cuenta las particularidades regionales”23. Al año siguiente, el gobierno creó otra comisión: la “Comisión de superación de la violencia” (presidida por un especialista de la Universidad Nacional, Alejandro Reyes, y compuesta, además de universitarios, por miembros de la Comisión Andina de Juristas y del CINEP). Esta comisión publicó un informe titulado “Pacificar la Paz” que puede ser considerado como la segunda versión de “Colombia: violencia y democracia”. Allí, la visión del problema evolucionó y el acento se puso en su dimensión espacial, trazando “una especie de Atlas de la violencia. (...) Se pasó así de una tipología de violencias, a una tipología de regiones”24. La obra concluía que existía la necesidad de reforzar la participación ciudadana, e insistía en el papel de las organizaciones populares, cívicas, religiosas, étnicas y económicas en la elaboración de un proyecto de paz. La época era, de hecho, propicia a esta confrontación de ideas, ya que globalmente se abría un amplio debate sobre las cuestiones de seguridad, al que toda la sociedad civil en su conjunto estaba invitada a participar. Por un lado, los políticos,

22 Sarmiento Libardo. "Categorías municipales en la historia de Colombia". En: Sarmiento Libardo (director). Municipios y regiones de Colombia. Bogotá: Fundación Social, 1998, p. 75. 23González, José Jairo. "Región y conflicto". Análisis, No. 6, febrero, 1992, p. 33. 24 Sánchez, Gonzalo. "Los intelectuales y la violencia". En: Análisis Político No. 19, mayo-agosto, 1993, p. 40.


especialmente aquellos que formaban parte de la Asamblea Constituyente recientemente elegida, que representaba un instrumento de diálogo con las poblaciones antes menos asociadas a los procesos democráticos y de pacificación, gracias a las negociaciones emprendidas con los narcotraficantes y la guerrilla 25. En segundo lugar, los medios, que más allá de su influencia sobre la percepción de los acontecimientos ligados a la violencia, estaban encargados, en nombre de la transparencia anunciada por el poder, de dar a conocer a la opinión los documentos que exponían las directrices de las decisiones estatales en este campo26. Por último, los investigadores, invitados por el gobierno central a proponer una mejor definición de los conceptos utilizados en estos nuevos espacios de discusión27.

Gracias a este estímulo institucional y a una demanda social creciente, los estudios se han multiplicado y las interpretaciones se han renovado. El análisis se ha visto enriquecido por la entrada en escena de investigadores provenientes de otras disciplinas, especialmente de economistas, hasta entonces los menos seducidos por el tema. Se comenzaron a utilizar más frecuentemente las estadísticas, cada vez más exactas, emanadas del Estado, de diferentes ONG (CINEP, Comisión Andina de Juristas, etc.), o de investigaciones llevadas a cabo por los universitarios. Gracias a estos avances, el estudio de las violencias busca, ahora, aproximarse a las especificidades regionales y locales con un mayor rigor en cuanto a la escogencia de criterios de información, y conforme a los ángulos metodológicos y disciplinarios cada vez

25 Blanquer, Jean-Michel. "La Colombie: la Nouvelle Constitution". En: Problèmes d'Amérique Latine, No. 7, diciembre, 1992, p.86. 26 Pizarro, Eduardo. "Les forces armées dans un contexte d’insurrection chronique ou le statut des forces armées dans la société colombienne". En: Blanquer, Jean-Michel y Gros, Christian (director). La Colombie à l’aube du troisième millénaire. Paris: Institut des Hautes Études de l’Amérique Latine, 1996, p. 79. 27 Montenegro, Armando. "Prólogo". En: Deas, Malcolm y Gaitán, Fernando. Dos ensayos especulativos sobre la violencia en Colombia. Bogotá: FONADE-DNP, 1995, pp. XI.

más variados, que permiten hoy en día a los investigadores revaluar metódicamente ciertas ideas propuestas por los “violentólogos” de la generación precedente. El trabajo de Fernando Gaitán es una demostración elocuente. El investigador demuestra, por ejemplo, partiendo de la observación atenta de la evolución diacrónica de la tasa de homicidios por habitante, que el país ha atravesado suficientes periodos de calma relativa después de su llegada a la independencia, para refutar la noción de “cultura de la violencia”, a veces evocada a propósito de la supuesta “continuidad histórica” de la violencia colombiana después del siglo XIX. Así mismo, Echandía, a partir de mapas continuamente mejorados, insiste en el débil valor explicativo de la pobreza en la intensidad de la violencia sufrida en ciertas partes del país28.

Sin embargo, si la hipótesis de las “causas objetivas” de la violencia se rechaza cada vez más, es también porque los autores han refinado el concepto de “pobreza”, el cual se sustituye por aquel más sutil “de inequidad” que hace referencia no solamente a las diferencias en ingresos entre los habitantes, sino también a la noción de desigualdad en la distribución de la riqueza. Un trabajo econométrico de Alfredo Sarmiento29, que merecía ser cartografiado en tanto que los datos utilizados son precisos, demuestra que la desigualdad es el principal factor que permite explicar el aumento de la tasa de homicidios durante los años noventa. Del mismo modo, el papel del Estado continúa siendo un punto discutido por los investigadores, que denuncian, no sólo globalmente estas debilidades, sino más precisamente los vacíos del sistema judicial. Más aún que Gaitán, el economista Mauricio Rubio, tanto en sus estudios nacionales como en los realizados sobre las ciudades más grandes, pone de presente las disfuncionalidades de la justicia colombiana, que condujeron a una “desinformación” de la opinión 28 Echandía, Camilo. El conflicto armado y las manifestaciones de la violencia en las regiones de Colombia. Bogotá: Presidencia de la República, 1999. 29 Sarmiento,Alfredo. “Violencia y equidad”. En: Camacho, Álvaro y Leal, Francisco. Armar la paz es desarmar la guerra. Bogotá: IEPRI-FESCOL-CEREC, 1999.


pública30, en las zonas de conflicto, donde las contribuciones forzosas han sido mal registradas, y cuya propensión a limitar sus investigaciones a las contribuciones forzosas menos graves31 refuerzan la violencia, tanto, que “el sistema penal de justicia puede no ser independiente de quienes debería combatir”32.

Durante la segunda mitad de los años noventa, bases de datos que incorporan el espacio y la cartomática, han prestado una contribución valiosa. Se han convertido en herramientas de análisis que aportan los resultados en los cuales se basan numerosas interpretaciones, o que son retomados por los expertos para afinar sus problemáticas. Hoy en día, por consiguiente, es muy común encontrar representaciones cartográficas en las publicaciones sobre la violencia en Colombia, cualquiera que sea el tipo de violencia estudiado. La utilidad de una cartografía detallada es, por lo demás, reconocida al más alto nivel, algunas veces con ingenuidad en cuanto a su eficacia, cuando por ejemplo el gobierno anunció en octubre de 2000 la puesta en servicio del Sistema de Información Geográfica (SIG) sobre las masacres, con el objetivo de intervenir más rápidamente, y aun de “prevenir” este flagelo 33.

LOS MAPAS DE VIOLENCIAS

Los mapas que se presentarán a continuación comprueban el abanico de aproximaciones a la violencia por parte de los investigadores 30 Rubio, Mauricio. Rebeldes y criminales: una crítica a la tradicional distinción entre el délito político y el délito común. Bogotá: CEDE, Universidad de los Andes, Documento CEDE No. 98-06, 1998, p.29. 31 Rubio, Mauricio, Homicidios, justicia, mafias y capital social. Otro ensayo sobre la violencia colombiana. Bogotá: CEDE, Universidad de los Andes, Documento CEDE No. 96-06, 1996; "La justicia en una sociedad violenta". En: Deas Malcolm y Llorente María Victoria (compiladores). Reconocer la guerra para construir la paz . Bogotá: CEREC - Universidad de los Andes - Norma, 1998. 32 Rubio, Mauricio. "Criminalidad urbana en Colombia". En: Deas, Malcolm y Llorente, María Victoria (compiladores). Reconocer la guerra para construir la paz. Bogotá: CEREC-Universidad de los Andes -Norma, 1998, p. 281. 33 El Tiempo, septiembre 6, 2000.

colombianos. Aunque muy diversificados, la mayor parte permanecen marcados por una lectura que privilegia las dimensiones “macro” y política de la cuestión, en detrimento de una visión más social, centrada en los individuos y en su recorrido personal. Conforme a esta lógica, las fuerzas insurrecciona les (guerrillas y paramilitares) han sido las primeras en ser objeto de un “seguimiento cartográfico”. Por falta de datos fiables, y sin duda también por razones de seguridad, los mapas concernientes a las mafias de la droga –un tema examinado más tarde por los investigadores– han sido menos frecuentes y menos detallados. Por el contrario, los análisis que tratan de la violencia a una escala regional más detallada han permitido desenmarañar la madeja particularmente compleja del fenómeno en un contexto territorial restringido, mostrando que las estrategias de los actores, fácilmente identificadas a escala nacional, llegaron a ser localmente menos legibles (los casos del Tolima, de Urabá, y del sur de Bolívar se han recogido aquí). Así mismo, a una escala todavía más precisa, la “violencia urbana” (un concepto que presenta las mismas ambigüedades que las de la “violencia política”), enreda un poco más la frontera entre una violencia sobre todo institucional, y otra violencia, todavía más hecha de acciones que riñen con el comportamiento cívico. Esta forma de violencia es hoy en día objeto de una producción cartográfica que contribuye a renovar en parte el estudio general de las violencias en el país. La violencia en las ciudades, por largo tiempo descuidada aunque más “cerca” de la sociedad colombiana contemporánea, nos recuerda que, al igual que el problema de los “refugiados”, la primera víctima de la violencia es la población civil en su conjunto.

Revolución, contrarrevolución: guerrillas vs. grupos paramilitares

Como se ha demostrado a lo largo de este escrito, la orientación asumida por los especialistas les ha llevado a privilegiar a los actores “políticos” de la violencia. Esta es la razón por la que las guerrillas, habida cuenta de su profunda y duradera injerencia en la historia del país, hayan sido objeto de muchos estudios.


Lámina IV. La presencia de los grupos armados

De todos los movimientos guerrilleros colombianos, las FARC constituyen el grupo más importante, por su antigüedad, el número de sus efectivos o la cantidad de comunidades que sufren su asedio. Aunque constituidas oficialmente en 1966, son los remanentes de los grupos de autodefensa campesina formados durante la Violencia, especialmente en el Tolima. Desde entonces no han cesado de crecer, tanto numérica como territorialmente, y así lo atestiguan los mapas “por áreas” de María Vélez (figuras IV.1 y IV.2), en los cuales la falta de información sobre el impacto real de esta presencia de la guerrilla se compensa con un comentario preciso.

Esta evolución fue, en primer lugar, analizada y cartografiada por Alejandro Reyes, quien fue el primero en diferenciar los espacios de presencia de la guerrilla: zonas de refugios, zonas de producción de recursos, zonas de enfrentamientos armados. Tal aporte hizo, por lo demás, decir a Carlos Miguel Ortiz34: “Qué interesante sería contar también con mapas que nos ilustren sobre la expansión de los grupos paramilitares y de autodefensa, y su relación o no, según regiones, con la expansión de la inversión en tierras por parte de los capitales del narcotráfico”.

Durante el transcurso de los años siguientes, Reyes –seguido por un buen número de investigadores–, se ha dedicado a esta tarea, y los paramilitares (que actúan abiertamente desde mediados de los años ochenta, pero cuyo origen legal se remonta a 1965), se convierten en otro objeto de estudio en su contexto de espacio geográfico por parte de los expertos. Allí es posible volver a encontrar tendencias análogas a aquellas observadas para las guerrillas. Mientras que la cartografía de Reyes ha señalado la envergadura nacional del problema (figura IV.3), la de Echandía se aplica más bien a analizar su intensidad, según el número de acciones perpetradas (figura IV.4). De esta manera, él ha podido sacar a la luz la estrategia propiamente

34 Ortiz. Ob.cit., p. 61.

territorial de los paramilitares, quienes se han arrogado la doble misión de contener la expansión de la guerrilla y de penetrar en las zonas donde aquélla detentaba sus fuentes de financiación más estables. Las similitudes en la distribución espacial de estas dos fuerzas armadas refuerzan el análisis actualmente avanzado, de una presencia paramilitar en reacción a la de las organizaciones guerrilleras. Según Echandía, sin embargo, en vez de terminar con la situación de terror impuesta por ellos mismos, la acción de los paramilitares contribuye, por el contrario, a alimentarla, ya que estos últimos parecían, con el tiempo, organizarse de manera autónoma, y ya no se plegaban a las directivas de sus primeros dirigentes o financiadores, en el primer rango de los cuales figuran los narcotraficantes.

La llegada del narcotráfico

El tráfico de estupefacientes se ha convertido, a su vez, en un factor de violencia, que no ha fracasado en su intento de alterar profundamente el funcionamiento de la sociedad colombiana, al provocar la aparición de nuevos grupos sociales heterogéneos pero influyentes –las mafias de la droga y sus nebulosas–, y al brindar una fuente providencial de financiación a los movimientos insurreccionales.

Lámina V. El narcotráfico agrava el contexto de violencia

Hasta entonces muy discretos y tolerados bajo la denominación de “clase emergente”35, los narcotraficantes irrumpieron implacablemente en la escena política a partir de 1983-1984, ejerciendo presiones particularmente brutales en contra del poder en general y de sus oponentes en particular. En 1989-1990, el denominado “cartel de Medellín” se lanzó a una “guerra total” contra el Estado, para obligar al gobierno a derogar un tratado de extradición firmado con Estados Unidos. El mapa propuesto por el atlas 35 Camacho, Álvaro. "Notas apresuradas para discutir algunas relaciones entre narcotráfico y cultura en Colombia". En: Jimeno, Myriam. Conflicto social y violencia. Notas para una discusión. Bogota, IFEA-Sociedad Antropológica de Colombia. 1993, p.49.


dirigido por Mesclier así lo demuestra (figura V.1): la violencia se concentró, entonces, en las grandes ciudades, principalmente Medellín (sede del cartel) y Bogotá (sede del poder central). Fomentada por Pablo Escobar, esta campaña de terror inédito para el país se enfocaba esta vez sin distinción en la población civil, con los atentados ciegos que provocaron centenares de víctimas. La figura V.5, cuyo tratamiento exhaustivo del tema hace más difícil la lectura, muestra con menor claridad (excepto por el valle del Magdalena Medio) cómo al mismo tiempo, los capos de la mafia, a la cabeza de las bandas paramilitares, prosiguieron su “guerra sucia” contra la guerrilla y contra todas las personas sospechosas de ser cercanas a ella, como los sindicalistas o los militantes de la Unión Patriótica.

Contando igualmente con el apoyo de los grandes terratenientes y de ciertos sectores de la policía y del ejército, la eclosión y la multiplicación de las organizaciones paramilitares es, de hecho, indisociable del desarrollo de las mafias de la droga. El mapa elaborado por Camilo Echandía, a partir de los datos recolectados por Alejandro Reyes, se dirige por completo en este sentido (figura V.2). Este último, por lo demás, muchas veces ha afirmado: la correlación es manifiesta entre el aumento del número de grupos de extrema derecha y la extensión de los dominios adquiridos por los narcotraficantes, que orquestan a nivel nacional una “contrarreforma agraria”36, cuyas consecuencias negativas sobre el sector agrícola colombiano son, además, múltiples (concentración de la propiedad territorial, sobrevalorización de las tierras, refuerzo de la cría de ganado extensiva en las mejores tierras).

Los miembros del cartel de Medellín parecen haber desarrollado también el proyecto de abrir un corredor más o menos continuo de propiedades que van desde las zonas de producción de coca (Llanos Orientales, selva amazónica), hasta los sitios de exportación de la cocaína, localizados en la costa del Caribe (golfo

36 Reyes, Alejandro. "Contra reforma agraria de los narcos". En: El Espectador , marzo 10, 1996, p. 8 A.

de Urabá, sectores de Córdoba). Este proyecto, del que ya ciertos investigadores colombianos abrigaban fuertes sospechas desde comienzos de los años noventa, ha sido expresado cartográficamente, de manera aproximada, en una publicación francesa de 1996 (figura V.3).

Lámina VI. La droga, un fenómeno de difícil acercamiento

Si las tentativas de expresar en forma cartográfica las áreas de cultivos ilícitos son bastante numerosas, en las publicaciones, tanto colombianas como extranjeras (norteamericanas sobre todo), las variaciones notorias entre un mapa y otro confirman la dificultad de intentos semejantes. Las investigaciones coordinadas en 1994 bajo la responsabilidad de Ricardo Vargas (CINEP) proveen, no obstante, numerosas informaciones (figura IV.1), cuya credibilidad se basa en un largo y riguroso trabajo de campo, pero que debería hoy en día ser considerado con precaución, teniendo en cuenta los cambios ligados a la política de erradicación de cultivos, y la valorización de nuevas zonas.

De manera idéntica, las cifras sobre la producción de estupefacientes son, a veces, contradictorias según las fuentes porque, muy seguramente, el secreto del que se rodean las organizaciones mafiosas y guerrilleras no permite el conocimiento de sus modalidades de funcionamiento. Esto es evidente en vista de los documentos elaborados por las instancias gubernamentales encargadas de investigar dicho tipo de actividades, tales como la Dirección Nacional de Estupefacientes, (DNE). Destinadas generalmente a una difusión restringida –lo que no ha impedido al periodista Fabio Castillo reproducir una de ellas en sus libros best-sellers de 1996 (Fig.VI.2)–, las figuras esquemáticas propuestas por el CNE simplifican hasta el extremo, mediante el solo empleo de flechas, los temas representados (figura VI.3). A pesar de todo, se observa que estos mapas, aunque rudimentarios, aportan informaciones a menudo olvidadas por los autores. Así es el papel –a pesar de todo evidente– de centro jugado por Bogotá (exportación de droga, importación de insumos, blanqueamiento de dinero sucio), cuando la atención de los medios o de la


investigación se ha centrado durante largo tiempo en las dos ciudades famosas por sus “carteles”, Medellín y Cali, o sobre los Llanos Orientales, controlados por las guerrillas.

No obstante, es necesario insistir sobre la valiente obstinación mostrada por los investigadores colombianos, que han condenado sin tregua las acciones violentas de los narcotraficantes, a pesar del peligro que esto representaba: muchos de ellos han padecido el exilio o han pagado con sus vidas –como Darío Betancourt– la elección de este tema. Este historiador acumuló, en efecto, un acervo considerable de informaciones sobre el tema, que le permitió caracterizarlo con precisión, inscribiéndolo detalladamente en su contexto histórico regional. Este matiz no aparecía desgraciadamente en el mapa (figura VI.4), que peca por su simplismo, dando la impresión de que los diferentes carteles se habían repartido la totalidad del territorio nacional en esferas de control exclusivo, diseñadas evidentemente sobre el modelo de “áreas de influencia” de las principales ciudades del país.

De las lógicas regionales complejas o el interés de un enfoque territorial

Otra categoría de trabajo sobre la violencia bien representada en Colombia es la de las monografías regionales. Éstas ponen en evidencia cuestiones semejantes a aquellas planteadas en los estudios hechos a escala nacional, revelando que las formas de violencia son, ya, al nivel de una región, múltiples37. Cuando están bien ejecutados y cuando la sutileza de los conflictos locales se ha descifrado convenientemente, estos análisis son de gran riqueza, ya que se puede observar sobre el terreno cómo los factores y los actores “macrosociales”, mencionados antes, se entrelazan y entran en interacción.

Subrayaremos tres ejemplos que se han convertido en los clásicos de la geografía de la violencia en Colombia, y han sido objeto de una cartografía interesante: el Tolima, muy

37 Pécaut, Daniel. "El desgaste de los clichés". En: El Tiempo. Lecturas Dominicales , octubre 9, 1994, p.8.

frecuentemente estudiado por ser el teatro de los enfrentamientos más sangrientos y más prolongados de la Violencia; el Urabá, que constituye un verdadero caso de investigación sobre los enfrentamientos entre grupos armados, y el sur de Bolívar, una región que es hoy en día muy disputada entre el ELN (que quisiera convertirla en su “zona de despeje”, según el modelo de las FARC en el Caquetá) y los paramilitares (totalmente opuestos a esa eventualidad).

Lámina VII. El Tolima durante la Violencia

El examen muy completo llevado a cabo por Guzmán, Fals y Umaña sobre el Tolima durante los años cincuenta demuestra que a las diversas causas inmediatas del conflicto, válidas para el conjunto del país, se deben agregar las múltiples causas regionales, más profundas. Es en este contexto particularmente forzado que se forman las numerosas bandas armadas, comandadas por “caudillos de guerra” que reinaban en la época en ese departamento. Por la delimitación minuciosa de sus áreas de influencia, el mapa presentado por Monseñor Guzmán (figura VII.1) ilustra perfectamente la multiplicidad de estos grupos (de hecho registra 33), que ejercían su control sobre 40 de los 42 municipios del departamento.

En la presentación general de sus zonas de estudio, Sánchez y Meertens38 han llevado más lejos el esfuerzo descriptivo, cartografiando el número de homicidios cometidos (figura VII.2). Tal mapa legitima la elección de los sociólogos de profundizar su análisis del bandolerismo político y social en los lugares más fuertemente afectados. Mientras que la Violencia oficialmente llegó a su fin en 1958, los desórdenes han mostrado la tendencia a perdurar allí donde los combates han sido más fuertes, hasta mediados de los años sesenta, bajo el control de pequeños grupos de bandoleros que, si bien expresaban desde luego la resistencia de

38 Sánchez, Gonzalo y Meertens, Donny. Bandoleros, gamonales y campesinos. El caso de la violencia en Colombia. Bogotá: El Áncora, 1983.


“los de abajo” frente a las clases dominantes39, podían desempeñar, por igual, el papel de portavoces del descontento campesino y el de agentes de represión al servicio de la oligarquía local.

Las figuras aquí presentadas pueden dar la impresión de un cubr imiento completo del departamento; la autoridad de cada grupo armado termina donde comienza la de la otro. En realidad, el mapa elaborado por María Victoria Uribe demuestra, tomando como indicador la “masacre”, que los hechos de violencia estaban desigualmente repartidos en el espacio y se concentraban –aparte de los territorios indígenas– en las zonas productoras de café de la cordillera central (figura VII.3). Esta comprobación impulsa a la antropóloga a hacer relativo el peso de los procesos de afiliación partidista o de bandolerismo social, y a orientar su interpretación hacia las causas más prosaicas e individuales, insistiendo en los odios personales: “Los móviles aparentes de estos asesinatos colectivos eran políticos pero detrás de éstos se encontraba, casi siempre, la venganza de la sangre”40. En definitiva, la autora no sigue la huella sugerida por su mapa, de un vínculo entre violencia y propiedad cafetera, aun si el mapa subraya el deseo de usurpar los bienes ajenos (cosechas, ganados, tierras).

Lámina VIII. Los combates entre guerrillas, Estado y paramilitares en Urabá

En el trabajo realizado por la socióloga Clara Inés García41, especialista en Urabá y el bajo Cauca, los mapas hacen parte integral del estudio, y armonizan su análisis del desenvolvimiento histórico de los combates entre las guerrillas, el Estado y los paramilitares. La serie de mapas propuestos (figuras VIII.1, VIII.2, VIII.3, VIII.4, VIII.5) facilita

39 Pécaut, Daniel. "Réflexions sur la violence en Colombie". En: Françoise Héritier (Directora.), De la violence, Paris: Odile Jacob, 1996, p. 239. 40 Uribe, María Victoria. "Bipartismo y masacres en el Tolima durante la violencia". En: Análisis No. 4, junio, 1990, p. 23. 41 García, Clara Inés. "Antioquia en el marco de la guerra y la paz: transformaciones de la lógica de los actores armados". Controversia No. 172, julio, 1998.

enormemente la comprensión del aspecto dinámico de los enfrentamientos, al descomponer las etapas del conflicto y las tácticas sucesivas de los diferentes actores armados para tomar posición en esta región altamente estratégica y, por consiguiente, particularmente conflictiva.

El interés propiamente geopolítico del trabajo cartográfico de García no deja duda alguna. No obstante, la socióloga no menciona la llegada de los combatientes –revelada en estos mapas– al Chocó, provocado, de hecho, por el repliegue guerrillero frente al avance paramilitar. La autora omite sobre todo una dimensión esencial del conflicto: la lucha que libran los actores armados por el control de los recursos, que aquí como en la mayor parte de las zonas de violencia intensa, constituye un objetivo principal.

Lámina IX. Unos conflictos también por el control de las riquezas

Este vacío es, en parte, llenado por la obra dirigida por Jesús Antonio Bejarano42, en la cual el análisis se centra en el vínculo entre la violencia y la economía. El mapa elaborado para la parte noroccidental del país (figura IX.1), no da, por cierto, ninguna información sobre la distribución de los grupos armados que allí existen (objeto de otro capítulo del libro). Éste hace, en cambio, un inventario de las riquezas –producción bananera, ganadería o los cultivos ilícitos– como centro de toda la codicia.

Un último ejemplo regional, significativo de los avances de la cartografía de la violencia, concierne a la mitad sur del departamento de Bolívar, recientemente afectado por los asaltos repetidos de grupos paramilitares o de frentes guerrilleros (figura IX.2). Éste fue extraído de la prensa cotidiana, donde recientemente los mapas abundan, aunque están lejos de estar bien concebidos. A la pregunta planteada en los titulares por el periodista sobre las razones “ocultas” de la concentración de los enfrentamientos en esta zona, la respuesta se 42 Bejarano, Jesús Antonio y otros. Colombia: inseguridad, violencia y desempeño económico en las áreas rurales. Bogotá: Universidad Externado-FONADE, 1997.


inscribe en el mapa: esta región contiene terrenos auríferos en los cuales las minas suministran el 40% de la producción nacional de oro. El sur de Bolívar se localiza en el corredor estratégico conformado por el Magdalena –que constituye una vía de comunicación rápida y poco vigilada por el Estado– y se extiende a lo largo de la cadena montañosa de San Lucas, donde la selva resguarda las plantaciones de coca. Allí, como en el Tolima o en Urabá, la historia local, la posición geográfica y la presencia de riquezas se reúnen, para hacer que esta región y sus habitantes se encuentren aprisionados en el centro de terribles combates.

En verdad, el conflicto colombiano ha adquirido en el transcurso de los últimos años tales dimensiones, y el número de personas asesinadas o desplazadas es tal43, que los expertos hablan de una verdadera “guerra contra la sociedad”, que en su mayor parte no se identifica con ninguna de las fuerzas en conflicto, encontrándose “rehén” de facciones poderosas e incontrolables44. Este deterioro de la situación se siente hoy en día incluso en las ciudades, antiguamente ajenas al conflicto.

El caso de la violencia en las ciudades

Lugar de segregación social por excelencia, la ciudad es, quizá, el medio donde aparecía más netamente la heterogeneidad de las formas de violencia perpetradas en Colombia, así como la multiplicidad de los actores y de los intereses en juego. Álvaro Camacho y Álvaro Guzmán, miembros de la “Comisión de estudios sobre la violencia” de 1987, y especialistas en la dimensión urbana del problema son, por otra parte, después de Ortiz, los promotores de la tesis sobre la pluralidad de las violencias, que la comisión en forma unánime hizo suya 45. Transcurridos diez años, en un artículo titulado “La violencia urbana en Colombia: teorías,

43 Mientras que se maneja una cifra de 26.000 homicidios por año entre 1990 y 1999, la cifra de 1,5 millones de refugiados es comúnmente citada –no sin controversia– para referirse a los últimos diez años. 44 Pécaut, Daniel. "Colombie, violence sans fin". En: Le Monde des débats No. 17, septiembre, 2000, p. 7. 45 Camacho y Guzmán. Ob.cit., pp. 64.

modalidades, perspectivas”, los dos sociólogos constatan

... los mayores esfuerzos investigativos y estatales se han dedicado a escudriñar y actuar sobre aquellas variantes que tienen una incidencia directa en el orden público, es decir las violencias ligadas con las prácticas políticas46. Menos energía y tiempo se han dirigido a explorar aquella violencia diaria y difusa (...) Y menos esfuerzos aún se han dedicado a tratar de dilucidar las matrices de relaciones que permiten conectar ambas expresiones”47.

En el transcurso de los años noventa, sin embargo, como consecuencia del avance de la “criminalidad urbana” y, tal vez también, en razón de la exagerada publicidad mediática de la cual ella ha sido objeto, la seguridad ha llegado a ser un tema prioritario en la acción y el discurso de las autoridades municipales, en particular en las grandes ciudades. Una de las primeras dificultades que, entonces, se planteaban era la evaluación del alcance de este asunto. Rodrigo Guerrero, entonces alcalde de Cali, resumía así el problema de las grandes ciudades colombianas y se mostraba convencido de que la cuestión exigía, desde luego, una información “confiable” sobre “sus características, determinantes y

46 Contrariamente a esta corriente, heredada de las interpretaciones tradicionales sobre la Violencia, Daniel Pécaut ha defendido enfáticamente la idea de que en la compresión del conflicto de los años cincuenta se debe tener en cuenta la multiplicidad de esas causas. El sociólogo ha señalado igualmente que se llevaron a cabo luchas intensas en las ciudades entre 1944 y 1948, y que la extensión de los combates a las zonas rurales no se produjo por la represión de las organizaciones populares urbanas. Véase: Pécaut, Daniel. "Quelques réflexions sur le phénomène de "La Violence" dans les années 1945-1953". En: Caravelle No. 26. 1976, pp. 56-57, y Pécaut, Daniel. L'ordre et la violence: évolution socio-politique de la Colombie entre 1930 et 1953. Paris: École des Hautes Études en Sciences Sociales. 1987, pp.341-345. 47 Camacho y Guzmán. Ob.cit., pp. 13-15.


circunstancias”48. En este sentido se han puesto en funcionamiento, más o menos pronto, y más o menos vigorosamente, “observatorios”, “células”, o “comisiones” encargadas de reflexionar sobre la inseguridad y la violencia “urbana”, particularmente produciendo y difundiendo datos precisos y verificables.

Lámina X. La violencia homicida en Cali

Con este objetivo, la Alcaldía de Cali lanzó en 1992 el programa DESEPAZ (Desarrollo, Seguridad y Paz), que asociaba diversas administraciones locales (policía metropolitana, Medicina Legal, Concejo distrital...) en la elaboración de un diagnóstico detallado de la situación, cuyos resultados se han publicado cada año desde entonces, esencialmente en forma de mapas. (cf. Fig.X.1) .Observable por primera vez a esta escala, la distribución de los homicidios en el interior de la ciudad revela hasta qué punto el conjunto del espacio urbano es tocado. Así mismo, desde un punto de vista estrictamente gráfico, el documento pierde en legibilidad a causa de la excesiva precisión del método de representación.

Por el contrario, el trabajo de Álvaro Guzmán (figura X.2), que agrupa los datos por barrio y recurre a los círculos proporcionales, pone todavía más en evidencia una concentración en la distribución de los hechos registrados, y permite un mejor acercamiento a las causas del fenómeno, facilitando la identificación de las zonas más sensibles. Su trabajo evita, además, un “error ecológico” corriente en los estudios espaciales de la violencia: en la explotación de los datos oficiales, que no informan más que sobre los lugares donde se registran los hechos, las frecuencias del indicador (en general, el homicidio) son, a menudo, relacionadas, sin razón, con las variables relativas a los habitantes de estas zonas, ya que las víctimas no residen obligator iamente en el lugar de los crímenes y delitos. Por la utilización del número de homicidios –contabilizado de acuerdo con el 48 Guerrero, Rodrigo. "La violencia y la seguridad en Cali: un enfoque integral y preventivo". En: Eastman, Alberto et al. Ciudad y violencias en América latina. Quito: Programa de Gestión Urbana, Vol. 2, 1994, p.103.

lugar de residencia de la persona asesinada– Guzmán (figura X.3) pudo, al contrario, analizar con mejor conocimiento los factores de exposición al riesgo, e inferir, en vista de la concentración de víctimas en los barrios periféricos, una coincidencia de la violencia y de la pobreza, esta última concebida “más que como una causa, como el sector social más vulnerable de la población urbana49. Las conclusiones a las que llega el sociólogo no parecen haber movilizado a las autoridades, puesto que el proyecto social de erradicar la pobreza o de trabajar por la participación popular, prometido en un comienzo en el discurso de la municipalidad, se ha diluido rápidamente, para orientarse desde 1995 hacia una lectura de la violencia que privilegiaba la implantación en la ciudad de los grupos insurreccionales armados50.

Lámina XI. La violencia homicida en Bogotá

En el mismo espíritu, el trabajo muy reciente realizado por el grupo de Paz Pública51, dirigido por María Victoria Llorente (Universidad de los Andes), muestra que la concentración espacial de los homicidios señalada en Cali por Guzmán se vuelve a encontrar en la capital y, cómo en la cartografía difundida por DESEPAZ aparece estable en el tiempo.

Los resultados acumulados sobre Bogotá por este equipo multidisciplinario conducen a rechazar las interpretaciones que asignan demasiado peso a la violencia “política”, a aquella imputada a una improbable “cultura” de los citadinos colombianos, o a aquella centrada en las “causas objetivas” de la violencia. La relación aparente entre la distribución espacial de los homicidios –según el lugar de ocurrencia– y aquella de la pobreza medida según la

49 Guzmán, Álvaro. Violencia urbana y pobreza. En:

mimeo. Cali, 1999. 50 Guzmán, Álvaro. "Violencia urbana: teorías y políticas de seguridad ciudadana". En: Camacho Álvaro y Leal, Francisco. Armar la paz es desarmar la guerra. Bogotá: IEPRI-FESCOL-CEREC, 1999, p. 182. 51 Además de María Victoria Llorente, este grupo está compuesto por Camilo Echandía, Rodolfo Escobedo y Mauricio Rubio.


estratificación socioeconómica (figura XI.3), es en parte refutada por una evaluación econométrica llevada a cabo sobre las “necesidades básicas insatisfechas”. El debate continúa abierto, pero según los investigadores de Paz Pública, invita, más bien, a señalar como responsables a las estructuras criminales asociadas a las actividades económicas ilegales:

En efecto, cuando se comparan los sectores donde los homicidios son más elevados con los sectores con presencia de organizaciones delictivas, se descubre una alta correspondencia en la geografía de ambos fenómenos, lo que a su vez sugiere que la violencia tendría una muy estrecha relación con la presencia de dichas organizaciones y sus actividades al margen de la ley52.

En este sentido, la política de la Alcaldía, centrada sobre todo en la educación de los habitantes y en la represión al porte de armas o al consumo de alcohol, es claramente criticada. Los autores invitan a las autoridades de Bogotá a imponer medidas focalizadas en ciertas partes de la ciudad y grupos sociales particulares, en vez de trazar una política tendiente a modificar el comportamiento del conjunto de la población53.

Los estudios sobre la violencia en las ciudades se desarrollan a medida que el conflicto armado se vuelve cada vez más prosaico y que la delincuencia común es denunciada como un azote, que debe combatirse con mayor prontitud. Pero si la población urbana se siente todavía más preocupada por el fenómeno, es también porque ella ya no puede ocultar los enfrentamientos perpetrados en los campos, en vista del número creciente de personas que llegan a la ciudad para refugiarse.

52 Echandía, Camilo. Geografía de la violencia homicida en Bogota. Bogotá: Paz Pública - CEDE, Informe de avance, 2000. 53 Llorente, María et al. "Violencia homicida y estructuras criminales en Bogotá". En: Análisis Político No. 44, septiembre-diciembre, 2001.

De los campos bajo presión, de los campesinos desplazados

De hecho, en las zonas rurales sobre todo, la mayoría de las víctimas de los enfrentamientos entre los grupos armados organizados se cuentan entre la población civil y no en las filas de los beligerantes, que se combaten raramente de manera directa y buscan consolidar su influencia territorial imponiendo a los habitantes compromisos de fidelidad. La táctica de terror practicada más que todo por las bandas paramilitares, que busca estimular el abandono de los ocupantes de sus parcelas, responde, además, a una estrategia de control y de reapropiación del espacio. La expulsión de los campesinos y la emigración forzada hacia zonas menos violentas no son fenómenos nuevos en Colombia. Éstos adquieren, no obstante, hoy en día, un nivel “gigantesco”54, llevando a un número creciente de investigadores (del ámbito universitario o de ONG, a menudo religiosas), a interesarse en el tema, que atrae, por lo demás, una atención constante de los organismos internacionales que se ocupan con solicitud de los derechos humanos.

Lámina XII. El estudio de los desplazados se precisa

Los primeros inventarios estadísticos que enumeran los refugiados de la “nueva violencia” se han reunido a partir de una publicación de la Conferencia Episcopal de 199455 Antes, pocos trabajos se concentraron en el análisis del problema, entre ellos los del CINEP y de Flor Edilma Osorio 56. La representación cartográfica propuesta por esta última (figura XII.1) indicaba el carácter aproximativo, en términos cuantitativos, de la percepción de la cuestión al comienzo de los años noventa. La autora lo reconocía indicando que las cifras disponibles podían oscilar entre 30.000 y un millón de

54Cubides, Fernando y Domínguez, Camilo (editores). Desplazados, migraciones internas y reestructuraciones territoriales . Bogotá: CES - Ministerio del Interior, 1999, p. 17. 55 Ídem., p. 17. 56 Osorio, Flor Edilma. La violencia del silencio, desplazados del campo a la cuidad. Bogotá: CODHES, 1993.


personas desplazadas en el transcurso de los años ochenta57. Sin embargo, aunque resumido, el mapa demuestra que

las zonas de salida, aunque cubren la mayoría del territorio nacional, corresponden a los espacios en que se desarrollan combates y operativos militares contraguerrilla y contranarcotráfico, donde hay presencia activa de fuerzas guerrilleras y donde accionan grupos paramilitares. (...) Las zonas de llegada son básicamente centros urbanos en los cuales la densidad poblacional puede reportar cierto anonimato y seguridad física58.

Los desplazamientos de poblaciones pueden también ser promovidos por la lucha contra el tráfico de estupefacientes, aun si los métodos empleados son considerados como legítimos por el gobierno. Es el caso de las campañas de fumigación de los cultivos ilícitos, como busca probarlo, con un mapa como soporte, la socióloga Aura María Puyana (figura XII.2). Una política de erradicación análoga, estimulada por Estados Unidos, priva, de hecho, a los pequeños productores de una fuente de ingresos vitales para ellos –sin proponerles una alternativa inmediata rentable–, engendra graves daños ecológicos y arrastra a familias enteras a un nuevo tipo de éxodo rural.

Según Jorge Gracia 59, el departamento de Córdoba constituye un ejemplo muy representativo de estos nuevos flujos de poblaciones que él analiza, bastante raro para ser notado, utilizando numerosas figuras explicativas (esquemas, planos, mapas, a veces tridimensionales). La cartografía elaborada por el geógrafo demuestra que los desplazamientos forzados provienen sobre todo de las zonas

57 Ídem., p. 32. 58 Ídem., p. 33. 59 Gracia, Jorge. "Conflictos territoriales y desplazamiento en el litoral Caribe colombiano y el Sinú". En: Cubides Fernando y Domínguez Camilo (editores). Desplazados, migraciones internas y reestructuraciones territoriales . Bogotá: CES - Ministerio del Interior, 1999.

rurales para dirigirse hacia las cabeceras municipales y más todavía hacia la capital departamental, Montería (figuras XII.3 y XII.4). Según el autor, los actores armados ejercen un “control absoluto de la vida en los sectores rurales”. Esta dominación “totalitaria”, en la medida en que los habitantes no pueden sustraerse de ella, “penetra absolutamente todos los aspectos de la vida cotidiana”60, se encuentra en el origen de un cambio drástico de la distribución de la población, cuyas características, registradas por Gracia para el periodo reciente, son similares a las señaladas por Osorio para la década anterior (tipo de espacios involucrados, responsables identificados).

Los mapas reproducidos aquí confirman, pues, un conocimiento del fenómeno que se precisa con el tiempo. Estos dan, por otra parte, cuenta del estado de confusión y de desorganización que ha provocado en los campos lo que Clara Inés García no vacila en llamar la “guerra en Córdoba-Urabá”61; una situación que contribuye a concentrar cada vez más a la población en una región ya de por sí poco poblada. Montería, la capital departamental y el destino favorito de los refugiados, presentaba en 1994, 34 barrios de autoconstrucción reciente, en los cuales, el 30% de sus habitantes eran refugiados.

Tal evolución, provocada por el apremio y la violencia, no sólo es dramática para las poblaciones afectadas: es perjudicial para el desarrollo tanto de los campos como de las ciudades afectadas.

CONCLUSIÓN

La cartografía de la violencia en las ciencias sociales colombianas ha evolucionado con el tiempo. En primer lugar, simples ilustraciones de los propósitos de los investigadores, los escasos mapas publicados a todo lo largo de las décadas del sesenta y setenta se limitaban a suministrar un inventario regional de los hechos de violencia estudiados, sin profundizar verdaderamente en la reflexión acerca de los espacios afectados, a

60 Ídem., pp. 159-163. 61 García. Ob.cit., p. 85.


imagen de la obra pionera dirigida por Monseñor Guzmán, donde la inscripción espacial de los combates fue abordada de manera bastante superficial. Esta crítica puede por cierto estar matizada para 1962, pues en la época los datos disponibles a escala municipal eran fragmentarios, pero de todos modos es significativo que el sociólogo, con el fin de caracterizar las zonas que él ha examinado particularmente, se haya contentado simplemente con enumerar algunas indicaciones económicas heterogéneas y pintar a grandes trazos las cualidades generales (aun caricaturescas) de los habitantes62.

A partir del fin de los años ochenta, las representaciones cartográficas, cada vez más numerosas, han sido progresivamente apropiadas por los autores, y se han convertido para algunos en una parte integral de su razonamiento. Concebidas como herramientas de investigación, estas representaciones geográficas han participado en una mejor percepción del problema, particularmente permitiendo el rechazo o, por el contrario, apuntalando las interpretaciones propuestas (de manera a veces excesiva: la coincidencia espacial de dos fenómenos no prueba evidentemente la correlación efectiva). Acompañando los avances en el conocimiento del tema, la utilización creciente del mapa en el análisis de las violencias –cualquiera sea el tipo– muestra hasta qué punto los expertos colombianos (investigadores y encargados de la toma de decisiones) progresivamente han dirigido su atención sobre los territorios así identificados. Por otra parte, del mismo modo el papel del espacio en tanto tal ha sido finalmente cuestionado, ya que Fernando Gaitán concluye en 1997 su revisión de los factores de violencia, separando –sin duda muy rápidamente– toda implicación de las especificidades locales en la explicación de las tasas de homicidios observadas en el país.

Más allá del avance de la informática, la proliferación de mapas sobre las violencias en Colombia debe igualmente incluirse junto con la evolución de la coyuntura política, del entorno

62 Guzmán, Germán. Ob.cit., pp. 118-137.

científico y de la demanda social. El lugar reconocido a los unos y a los otros en el análisis del fenómeno está, en efecto, modificado por la duración, especialmente en el transcurso del periodo reciente. Gracias a un movimiento de democratización creciente, el poder de la palabra se ha visto facilitado, en particular a propósito de este dominio antes más bien reservado a los militares a cargo del manejo del orden público. En un contexto institucional favorable, las universidades (para las cuales la verificación de las hipótesis y la difusión de las interpretaciones son un objetivo en sí mismo) y las ONG (a menudo militantes) han podido adentrarse plenamente en el estudio de este tema y trabajar por una mejor información de la población, particularmente por las publicaciones hoy más frecuentes en la prensa. Los colombianos toman, además, conciencia de su necesaria implicación en los procesos de solución de los conflictos.

Hoy, pues, la cartografía, en adelante inflexible en tanto que apoyo gráfico –revolución obligada de la imagen– pero también pedagógica, se difunde en los trabajos destinados a una audiencia cada vez más sensible a las diversas formas de violencias. El peso de la opinión pública puede, por lo demás, desempeñar en cambio un papel importante. En Bogotá, por ejemplo, aunque todas las fuentes oficiales concuerdan en una baja importancia de la violencia durante el transcurso de los últimos años, la sensación de inseguridad aumenta. Esta representación popular influye en los análisis del fenómeno, pero no será sino en la medida en que las autoridades municipales (en una lógica que no está, sin duda, desprovista de intencionalidades electorales) dediquen todavía mayores fondos para financiar estudios, que podrían difundirse de inmediato al público, con el apoyo de los mapas, la mayoría de las veces exactos, pero en ocasiones alarmistas.

De hecho, el mapa no es más que una representación de lo real. El mapa no puede ser totalmente objetivo y sugiere, por el contrario, indicaciones sobre el punto de vista personal, reivindicado o no, de su autor. Hemos tratado de demostrarlo, el mapa puede ocultar informaciones, referencias exageradamente privilegiadas o, por el contrario, omitidas por el


investigador, y dar lugar a interpretaciones que varían según la óptica escogida por su autor (o su lector). La fórmula Rémi Caron, famosa entre los geógrafos franceses: “El mapa no es el mundo: no es más que la mirada que un hombre ha posado, un día, sobre él” 63, sobre todo para un tema como la violencia en Colombia, no puede ser desmentida.

63 Caron, Rémi. “Les choix du cartographe”. En: Cartes et figures de la terre. Paris: Centre George Pompidou, 1980.

ESTUDIOS FORMAS DE GUERRA Y CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES POLÍTICAS

FORMAS DE GUERRA Y CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES POLÍTICAS. LA GUERRA DE INDEPENDENCIA (VENEZUELA Y NUEVA GRANADA 1810-1825)

Clément Thibaud Doctor en Historia. Investigador del Instituto Francés de Estudios Andinos y del IEPRI La historia de la Guerra de Independencia conoció en los últimos diez años una profunda renovación64. No sólo se trata de poner en tela de juicio el relato tradicional de la historia patria por sus insuficiencias científicas, sino por su error inaugural: pensar el pasado de manera retrospectiva, imponiendo al proceso histórico categorías de lectura anacrónicas. ¿Qué cuenta este gran relato patriótico? Asume que desde el siglo XVII, la vida colonial habría sido el marco de una rivalidad creciente entre los criollos americanos y los españoles europeos, apodados chapetones. La identidad de los dos grupos era estable y estos enfrentamientos esperaban la chispa necesaria para transformarse en la secesión política, de una América colonizada, respecto a su metrópoli, España. La idea profunda que sostiene esta interpretación de la realidad es que poco a poco, identidades proto-nacionales se habían venido formando en las distintas partes de Hispanoamérica, identidades que esperaban la ocasión favorable para erigirse en Estados-naciones. Así, todas las tensiones que existían en la sociedad colonial fueron interpretadas como proto-combates anticoloniales que anunciaban el momento clave 64 Después de los trabajos de Vallenilla Lanz en Venezuela (Cesarismo democrático, estudio sobre las Bases Sociológicas de la Constitución efectiva de Venezuela. Caracas: Monte Ávila editores. [1914] 1990 o Disgregación e integración – Ensayo sobre la formación de la nacionalidad venezolana . Caracas: Tip. Universal, 1930.), al principio del siglo, y, más recientemente, de Javier Ocampo López en Colombia, véanse los trabajos de François -Xavier Guerra (Modernidad e independencias. Madrid: MAPFRE. 1992) y de Jaime E. Rodríguez (La independencia de la América española. México: Fondo de Cultura Económica, 1996), entre otros.

de la historia patria, donde el proceso de formación de la identidad nacional cobra madurez: la Independencia. Interpretar el pasado como si estuviera influido por el porvenir tiende a producir interpretaciones erróneas. Proporciona además una coherencia racional a una serie de fenómenos históricos, como si el flujo de la historia estuviera orientado hacia un evento particular. Así, el momento de la Independencia organiza la comprensión del pasado colonial, como si el Antiguo Régimen fuera la antesala de la revolución y sirviera de estribo a la República. Infortunadamente, la historia no es un proceso necesario a pesar de la habilidad de los historiadores para reducir el campo de lo posible en la descripción de acontecimientos cuyo desenlace ya es conocido. La tarea que se nos plantea hoy consiste, al contrario, en preservar el carácter innecesario de los acontecimientos para evitar lo que Nietzsche reprochaba a los historiadores, retomando la imagen del cangrejo que camina al revés: pensar el pasado de manera retrospectiva e inventar falsas series causales65. Que la Independencia fuera la coronación de un proceso de formación identitaria multisecular es una ilusión, un wishful thinking, que pudo servir en los dos últimos siglos para fomentar una conciencia nacional, pero que al igual que todos los mitos nacionales constituye una ficción. Habría que pensar la emancipación en términos dinámicos y no estructurales. Dicho de otra manera, las guerras de independencia fueron la piedra angular del proceso de construcción nacional para todos los países de la América hispánica. Obviamente, esta propuesta no tiene nada nuevo; incluso, muchos historiadores, tanto en Venezuela como en Colombia, ya la habían expresado hace algunas décadas66. Más novedosa sería en cambio la perspectiva que radicaliza la concepción del periodo emancipador entendido como un momento formativo de las identidades

65 Nietzsche, Friedrich. Consideraciones intempestivas II, segunda parte, “Utilidad e inconvenientes de la historia para la vida”. 66 Laureano Vallenilla Lanz en Venezuela en la primera mitad del siglo pasado, y Javier Ocampo López en Colombia, en los años setenta, ya citados.


nacionales, y que lo piensa como un acontecimiento, y no como la espuma de procesos más profundos o como la revelación de una estructura honda que esperaba ser desvelada a raíz de cualquier acontecimiento político de carácter innecesario. Si, como punto de partida, asumimos que las identidades nacionales no existen sui generis sino que son creaciones más o menos contingentes que reformulan un material cultural, político y social preexistente, debemos cambiar completamente nuestra interpretación general de la Independencia. Ya no es preciso formular un catálogo de las causas que la produjeron. Hace falta en cambio una película de los acontecimientos como si la Independencia no fuera una colección de viejas fotos sino una película de acción. Una guerra puede tener causas hasta ridículas y, sin embargo, en su desarrollo cambiar por completo la sociedad, la política y la cultura de una nación o de varios países: la Primera Guerra Mundial constituye un caso paradigmático. De esta manera, cabe tejer cuatro hilos conductores para el análisis de la Guerra de Independencia, sabiendo que una guerra empieza con cierto propósito y termina con otro, reformulando, a menudo de manera completamente nueva, las antiguas tensiones que conocían las sociedades antes de la declaración de guerra.

Primero, es imprescindible una reflexión sobre el marco político que da su forma a la guerra, particularmente durante la época de las revoluciones liberales. ¿Cómo pasamos de la guerra del Antiguo Régimen a la guerra moderna, sea popular, revolucionaria o nacional, o combinando las tres formas nacidas de la ruptura revolucionaria? Más aún, ¿cómo ocurrió esa mutación de la guerra del Antiguo Régimen a la guerra moderna, y qué consecuencias tuvo en el proceso de fabricación de las identidades? Se trata de pensar, pues, la forma de la guerra y sus consecuencias en los campos político y social. Segundo, es preciso aclarar cómo el proceso guerrero recupera y reformula las viejas tensiones sociales y políticas existentes en la sociedad. Se trata de analizar el papel

transformador de los procesos violentos. Tercero, sería preciso ver cómo la dinámica de la guerra produce nuevas líneas divisorias y lleva a la constitución de nuevas identidades, que a veces recortan de manera parcial las antiguas tensiones sociales. Esto significa abordar el rol disociador de la guerra. Por último, cabría analizar cómo la dinámica de la guerra da consistencia a las identidades construidas en el discurso (por ejemplo a través de la prensa revolucionaria o del pensamiento de los próceres) y cómo se combinan las creaciones discursivas de los revolucionarios y el proceso violento. En otros términos, ¿cómo el conflicto crea las condiciones de aceptación de una nueva identidad? La guerra divide pero reúne a la vez. En ese sentido, es necesario abordar lo que se podría llamar el papel coagulador de la guerra. A partir de este grupo de interrogantes, las propuestas que siguen intentan vincular la dinámica de la guerra a la creación de una identidad política colombiana.

PRIMERA PROPUESTA. LA GUERRA DE INDEPENDENCIA DEBE REPLANTEARSE DENTRO DEL MARCO DE LA RUPTURA REVOLUCIONARIA MILITAR OCCIDENTAL Afirmar que la Guerra de Independencia fue una guerra civil es cierto y escandaloso a la vez. Pero es una consecuencia lógica de la mera constatación de que la Nación colombiana no existía en 1810. Los combates que se observan a partir del año 1811, tanto en Colombia como en Venezuela, fueron conflictos civiles, a veces puramente locales. La paradoja de la Guerra de Independencia fue que la emancipación se consiguió, en parte, a través de un conflicto entre ejércitos conformados, armados y dirigidos por americanos. ¿Qué permite afirmar que, hasta 1815, por lo menos, la Guerra de Independencia fue una guerra civil? Es preciso replantear esta s guerras en el marco que es el suyo: el arte de la guerra occidental. En ese contexto, la hipótesis de partida es que la manera de combatir está ligada estrechamente a la forma política –Estado, gobierno, ciudad,


grupo insurgente antiguo o moderno– que hace uso de la fuerza. Dicho de otro modo, si lo formulamos con Clausewitz67, las metas de las guerras, fijadas por el poder político-civil, determinan las metas en la guerra, que a su vez determinan la estrategia, la táctica y la organización de las fuerzas armadas. Si esta tríada teórica es cierta, la observación de la táctica, de la estrategia y de la organización militar puede precisar el tipo de poder político vinculado a cada manifestación fenomenal de la guerra. El modelo es aún más operativo durante las revoluciones liberales, que no sólo transformaron la política sino que modificaron el arte militar. En efecto, las revoluciones tanto norteamericana como francesa o hispanoamericana se entienden como el paso de una soberanía de derecho subjetivo (la monarquía), a una soberanía delegada (la del pueblo a través del sufragio). La soberanía de derecho subjetivo engendra una forma de guerra muy peculiar68. Los monarcas del Antiguo Régimen tenían objetivos políticos que hoy parecen muy limitados: la política tradicional de la familia real, la captura de tal provincia, el incremento del prestigio y del poder simbólico, el equilibrio necesario entre las diferentes coronas, el pillaje para llenar las arcas del Estado. Así las cosas, la guerra no tenía nada que ver con construcciones ideológicas ni amenazaba la identidad de los beligerantes, con la excepción importante de las guerras de religión del siglo XVI, o la Guerra de

67 von Clausewitz, Carl. De la guerra. Madrid: Ministerio de Defensa, 1999. 68 La bibliografía sobre este tema es enorme. Es bueno releer los clásicos de este género, y sobre todo, Jacques de Guibert, el padre de esta conceptualización, particularmente su Ensayo general de táctica. París, 1772, que tenía Bolívar en su biblioteca. La historiografía inglesa es pionera en ese campo. Véanse Liddell Hart, Basil. The Ghost of Napoleon. New Haven: Yale University Press. s. f.; Keegan, John. The Face of Battle. Londres: Penguin Books. 1976.; Howard, Michael. War in European History. Oxford: Oxford University Press. (1976) 2001; Parker, Geoffrey. The Military Revolution: Military Innovation and the Rise of the West. 1500-1800. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

los Treinta años en Alemania. Como las metas de la guerra no tenían nada vital, entonces las metas en la guerra se limitaban a la toma de ciudades, a la destrucción lenta del ejército enemigo y a la ocupación más o menos violenta de provincias enemigas. Las batallas eran escasas al igual que las bajas. El mariscal inglés Marlborough libró durante toda su larga carrera militar cinco batallas. La estrategia era dilatoria y la táctica se resumía casi exclusivamente al arte de sitiar69. Los ejércitos eran conformados por mercenarios poco deseosos de morir y que desertaban fácilmente. En otras palabras, todo conspiraba para que el nivel de violencia fuera bajo y los conflictos interminables. La guerra se resumía en una especie de semiótica; no se buscaba aplastar al adversario sino convencerlo de que continuar la lucha era inútil. Era un preludio forzoso a las negociaciones diplomáticas que duraban tanbién años70. Con la Revolución Francesa, el arte militar cambia completamente. La soberanía pasa de derecho subjetivo a delegada. Así, la guerra ya no remite a los intereses de una persona o de una familia real, sino a los del pueblo soberano. Ella se vuelve un choque entre pueblos enfrentados, y el conflicto plantea por primera vez problemas de identidad colectiva. Como consecuencia de ello, las metas de la guerra cambian: se trata de convertir al enemigo en amigo o destruirlo. De ahí que las metas de la guerra también se transforman: se busca aniquilar por completo el ejército enemigo y tomar su capital lo más pronto posible para destruir al gobierno hostil. Con la revolución, nace lo que los estrategas alemanes del siglo XIX llamaron la Vernichtungskrieg, la guerra de aniquilamiento71. Igualmente, la estrategia y la táctica también se 69 Este arte de la guerra refinado y tradicional es compendiado con mucha delicadeza por el mariscal Mauricio de Sajonia, que servía la Corona francesa. Véase su maravilloso libro, Les Rêveries, ou Mémoires sur l'art de la Guerre. La Haya: P. Gosse Junior, 1756. 70 Así fue la Guerra de Sucesión de España, y la mayoría de las guerras del siglo XVIII. 71 El general alemán Erich Ludendorff (1865-1937) fue el profeta de la Vernichtungskrieg . Este marco intelectual fue dominante en los estados mayores hasta la Segunda Guerra Mundial.


revolucionan: ya no se trata de esperar que el enemigo se muera de hambre sino que se busca la batalla decisiva para acabar lo más rápidamente posible con él72. La táctica adopta el choque frontal con el adversario, contando con el pleno compromiso de un ejército que no solamente es patriota sino también ciudadano. Además, como el conflicto es un asunto de la nación entera, la población civil se transforma en blanco importante de las políticas guerreras73. La Revolución Francesa inventa la noción de un ejército que representa al pueblo en el campo de batalla. De cierta manera el verdadero pueblo, el pueblo legítimo, es el pueblo en armas. De ahí el epílogo imperial de la revolución. De esta manera, con la revolución, la guerra nacional de conscripción enfrenta a inmensas masas humanas que consienten, con menos temor, una muerte honrada. El sacrificio de los ciudadanos en armas se legitima por los valores de las nuevas religiones civiles que desarrollan los gobiernos revolucionarios al buscar una base emocional de lealtad tan sólida como la garantía religiosa de la que gozaban las monarquías antiguas. De ahí, la escalada rápida del nivel de violencia de estas contiendas, que Clausewitz admiraba, llamándolas guerras de gran estilo. Volviendo a las guerras de la independencia, cabe replantearlas en este marco, del paso del Antiguo Régimen a la revolución, vinculando sin temor el cambio en las formas de guerra, con el cambio político en la forma de la soberanía. ¿Será que la Revolución Francesa es la fuente de todo? 74 No se trata por supuesto de afirmar que ésta sería llanamente una herencia de la Revolución Francesa, sino del paso de la soberanía monárquica a la soberanía del pueblo. Esto es así porque el paso de la soberanía 72 de Jomini, Henri. Précis de l’art de la Guerre ou Nouveau Tableau Analytique des Principales Combinaisons de la Stratégie . París: Anselin, 1838. 73 Bertaud, Jean-Paul. La Révolution Armée. Les Soldats Citoyens de la Révolution Française. París: Robert Laffont, 1979. 74 Lempérière, Annick; Lomné, Georges ; Martinez, Frédéric y Roland, Denis (coordinadores). L’Amérique Latine et les Modèles Européens. París: L’Harmattan, Recherches Amériques Latines, Maison des Pays Ibériques, 1998.

monárquica a la soberanía del pueblo, que ocurrió en Colombia, como en casi todos los dominios españoles entre 1810 y 1825, conlleva de manera necesaria el paso de la guerra limitada de los mercenarios a la guerra moderna de los ciudadanos en armas.

SEGUNDA PROPUESTA: LA GUERRA DE INDEPENDENCIA FUE, AL PRINCIPIO, UNA GUERRA CÍVICA En este marco de referencia, la Guerra de Independencia empezó como una guerra civil, que paulatinamente se transformó en una guerra patriótica. Este proceso contribuyó a la invención de una identidad colombiana (o gran colombiana) de naturaleza política. No se trata aquí de contar otra vez cómo arrancó la Guerra de Independencia. Lo que sí es cierto, como lo dicen tanto los testigos y actores de los acontecimientos, como la historiografía actual sobre el tema, es que desde 1808 hasta 1811 por lo menos, la inmensa mayoría del pueblo y de las elites no piensa en independizarse de España. Los americanos comparten en ese momento la concepción de los Austria en cuanto a la posición que ocupa América en el Imperio: América es uno de los reinos de las Españas, un reino igual a los otros, con sus diferencias por cierto pero, a diferencia de muchos otros imperios seculares, con una misma religión, un mismo idioma, muchas costumbres comunes y un imaginario político y cultural muy homogéneo, por lo menos en las ciudades75. La invasión napoleónica es un trauma enorme para ambos continentes que rechazan la dominación francesa. La resistencia lleva a la creación de una Junta Central en España y, luego, a la formación de las Cortes en Cádiz. Así, en España, se arma una revolución liberal, que impone, a nombre del rey preso en Francia, el régimen representativo liberal. En este contexto, sí aparece una diferencia entre

75 Demélas -Bohy, Marie-Danielle y Guerra, François-Xavier. “Un Processus Révolutionnaire Méconnu: l’adoption des Formes Représentatives Modernes en Espagne et en Amérique, 1808-1810”. En: Caravelle. No. 60. Toulouse, 1993, pp. 5-57.


americanos y peninsulares, que no gira en torno a la independencia de América, sino respecto a la representación que deben tener los americanos en las instituciones que gobiernan en lugar del monarca. Los europeos niegan a los indianos una representación igualitaria 76. De esta manera, el conflicto en torno a la representación, de mediano alcance, es el punto de partida de las discordias civiles en América entre quienes apoyan las instituciones de Regencia y quienes no aceptan las decisiones de la Junta Central y de las Cortes de Cádiz, y quieren formar sus propias juntas para gobernarse de manera autónoma, en el marco de la Corona española, mientras permanece incauto el monarca. El proceso de creación de las juntas americanas, que ocurre entre 1809 y 1810, lleva a una fragmentación territorial total. La desaparición de la regulación imperial produce así una disgregación territorial enorme. Desde abril hasta septiembre de 1810, cada ciudad, villa o pueblo quiere recuperar su soberanía, y formar un gobierno autónomo. Se desarrolla, a partir de este momento, un conflicto muy particular de tipo antiguo. Los pueblos rivalizan para lograr la preeminencia regional o para resistirse a la “tiranía” de la capital provincial y actúan en cuerpos, o sea según los patrones de la política del Antiguo Régimen. No estamos aún en el marco de la guerra revolucionaria: al contrario, si se analizan los combates que tienen lugar entre 1810 y 1813 en Venezuela, y entre 1810 y 1815 en Colombia, todos ellos pertenecen al mundo pre-revolucionario. Son rivalidades entre cuerpos antiguos, pueblos, familias más o menos prominentes, que se expresan con poca violencia, en interminables escaramuzas y sitios donde se intenta negociar frecuentemente. Más aún, son combates que se libran sobre un fondo de amistad y de la identidad común española 77. 76 Rieu-Millan, Marie-Laure. Los diputados americanos en las Cortes de Cádiz. Madrid: CSIC, 1990; Guerra, François-Xavier. Ob. cit. y Chust, Manuel. La cuestión nacional americana en las Cortes de Cádiz (1810-1814). Valencia: Fundación Instituto Historia Social, 1999. 77 Muchos de los textos de los años 1810 y 1811 desarrollan la metáfora fraternal entre Europa y

El 27 de abril de 1810, la Junta Central publica en Caracas una invitación “a formar una gran confederación americano-española” para defender a “su Soberano oprimido por el coloso de Europa78” mientras que Santafé prohíbe los pasquines anti-peninsulares que florecen sobre las paredes de la capital. En mayo, la Junta de Caracas proclama que prefiriere su total exterminio antes que renunciar al nombre de “españoles americanos”79. Así las cosas, las metas políticas quedaban limitadas: en el contexto del derrumbamiento del Imperio, se trataba de captar una soberanía local soñada durante siglos por todos los pueblos de las Españas de ambos mundos. Los ejércitos eran conformados por milicias de reclutas poco numerosas. Todo conspira para que la guerra se limite a un conflicto regulado, de baja intensidad que remite más a la stasis, como la definió América para fortalecer la unión hispánica en contra de los invasores franceses. El propio Bolívar, en Jamaica, se refiere al bando patriota como “españoles americanos” en una carta al gobernador de Jamaica, en 1815 (Bolívar, Simón. Cartas del Libertador. Caracas: Banco de Venezuela, Fundación Vicente Lecuna, 1964-1967. Tomo. 1, p. 240. Véase también, entre otros ejemplos, la Organización militar para la defensa y seguridad de la Provincia de Caracas propuesta por la junta de guerra, aprobada y mandada ejecutar por la Suprema Conservadora de los Derechos del Sr. D. Fernando VII en Venezuela. Caracas: Imprenta de Gallagher y Lame. 1810, p. 8: “…sus hermanos europeos defienden aún con desesperación una patria moribunda…”. El lealista José Francico Heredia piensa lo mismo en 1814: “Fueron discordias entre hermanos causadas por la ausencia del padre”. Memorias del regente Heredia. Caracas: Biblioteca de la Academia Nacional de Historia, Fuentes para la historia colonial de Venezuela, 1986, p. 203. Sobre este tema, me permito remitir a mi articulo: ”La Métaphore Familiale et la Construction de l’Ennemi dans la Révolution Bolivarienne”. En: Histoire et Sociétés de l’Amérique Latine. No. 8. Paris,. 1998, pp. 53-78. 78 Blanco, Félix y Azpurúa, Ramón (editores). Documentos para la historia de la vida pública del Libertador. Caracas. 1875-1877, p. 407. 79 La Junta Gubernativa de Caracas a las autoridades constituidas de todos los pueblos de Venezuela. 19 mayo de 1810, Las Fuerzas Armadas de Venezuela en el siglo XIX – textos para su estudio. Caracas. 1963-1969. Tomo 1, p. 15.


Platón en su Menéxeno, o sea la guerra entre griegos , que al polemos, la guerra a muerte contra los bárbaros80. Este conflicto podría definirse como una guerra cívica, una lucha antigua entre ciudades, una guerra propia del mundo del Antiguo Régimen completamente ajena al momento político de la ruptura revolucionaria. Así, la política del Antiguo Régimen tiene metas limitadas que engendran conflictos limitados en los cuales se organizan fuerzas armadas que no pueden ni quieren luchar con intensidad. La pulsión mortal de los soldados no se apoya en una concepción del enemigo como alteridad radical; más bien es considerado como un rival, un adversario que comparte una identidad común. La guerra cívica ni se origina en una concepción previa de una identidad nacional ni la puede generar.

TERCERA PROPOSICIÓN: SOLAMENTE DESPUÉS, SE TRANSFORMA EN UNA GUERRA CIVIL En este punto, se plantea una pregunta, tanto para las elites libertadoras, como para nosotros: ¿Cómo salir de un conflicto del Antiguo Régimen, que forma un círculo vicioso, para armar una guerra civil que pueda desembocar en la formación de una identidad que rebase el marco local, y sirva de apoyo a la guerra moderna y a la construcción de una identidad nacional? La guerra cívica es una contienda civil en la cual la violencia se agota en el duelo entre los dos ejércitos enfrentados. Pero, al menos en Venezuela a partir de 1812, este conflicto de baja intensidad se transforma en una lucha violenta, una lucha a muerte. Dos series de acontecimientos contribuyen a esta evolución que marca un progreso hacia una guerra popular que da campo a la definición de una propuesta identitaria nacional de tipo moderno.

80 Platón. Menéxeno. 242d. Los ejemplos proporcionados por Tucídides impugnan, por supuesto, la conceptualización platónica (Historia de la guerra del Peloponeso. Tomo II. Libro V. Capítulos. LXXXVI a CXVI, “la masacre de los habitantes de Melos por los ejércitos de Atenas”).

Por una parte, los alzamientos anti-federalistas en el este de Caracas a favor de los regentistas lealistas tienen un carácter popular (y pardo) que desvía la guerra cívica de su curso tranquilo. Violencias intensas se desarrollan alrededor de una doble fractura; la primera, antigua y socio-racial, remite a las tensiones entre pardos y blancos; la segunda, moderna y política, al conflicto entre federalistas y regentistas. El alzamiento de Boves en noviembre de 1813 fortaleció el proceso de un desbordamiento metapolítico de la guerra cívica. Las rebeliones negras, pardas y llaneras, lealistas, conservadoras y de tipo antiguo, generadas inicialmente por la Iglesia y el ejército lealista, marcan el primer paso de la ascensión a los extremos, que por acciones recíprocas insufla al conflicto una energía hasta entonces desconocida 81. Así, de

81 El caso venezolano es bastante diferente de lo que se da en la costa Caribe colombiana. Véanse Conde Calderón, Jorge. Espacio, sociedad y conflictos en la provincia de Cartagena, 1740-1815. Barranquilla: Universidad del Atlántico, 1999; Helg, Aline “Raíces de la invisibilidad del afrocaribe en la imagen de la Nación colombiana: independencia y sociedad, 1800-1821”. En: Sánchez Gómez, Gonzalo y Wills Obregón, María Emma. Museo, memoria y Nación. Bogotá: IEPRI, 1999, pp. 219-252; Múnera, Alfonso. El fracaso de la Nación. región, clase y raza en el Caribe colombiano (1717-1821). Bogotá: Banco de la República, 1998. Para entender el carácter tradicional y reformista de las sublevaciones pardas de Venezuela, tanto en 1812 como en 1813, véanse King, James F. “A Royalist View of the Colored Castes in the Venezuelan War of Independence”. En: Hispanic American Historical Review . No. 33, 1953, pp. 526-537; Coll y Prat, Narciso. Memoriales sobre la independencia de Venezuela. Madrid, 1960; Brito Figueroa, Federico. La emancipación nacional: Guerra social de clases y colores . Caracas: Centro de Investigaciones Históricas, USM, 1986; Carrera Damas, Germán. Boves. Aspectos socioeconómicos de la Guerra de Independencia. Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1972. Y Langue, Frédérique. “La Pardocratie ou l’Itinéraire d’une ‘Classe Dangereuse’ dans le Venezuela des Dix-huitième et Dix-neuvième Siècles: les Élites Latinoaméricaines”. En: Cahiers du Monde Hispanique et Luso-Brésilien, Caravelle. No. 67, 1996, pp. 57-72. Para una revisión reciente del tema, véase Thibaud, Clément. “‘Coupé Têtes, Brûlé Cazes’: Peurs et Désirs d’Haïti dans l’Amérique de Bolívar’”. En: Annales HSS, París. Por


manera paradójica, las sublevaciones de tipo antiguo generan una proliferación de violencias paroxísticas, que inician una dinámica guerrera que va fortaleciéndose con el correr del tiempo. Esta dinámica se nutre de las violencias que engendra el duelo de los ejércitos pero también de las múltiples guerras privadas que libran familias y clientelas. Esta proliferación provoca a la vez un olvido de lo político, una despolitización de la guerra: el conflicto se libera de la contienda inaugural entre regentistas y confederados para derramarse en la sociedad. A este nivel, dos comentarios se imponen. En primer lugar, fueron los americanos lealistas quienes alimentaron por primera vez la escalada de la violencia y alentaron a los confederados a reaccionar con energía. En segundo lugar, el desbordamiento metapolítico de la confrontación llevó a una guerra civil generalizada, cuyos propósitos eran difusos y en ningún caso reducibles a la diferencia entre independentistas, muy minoritarios, y lealistas. Pero las prácticas violentas hacen pasar, poco a poco, el conflicto, que reúne múltiples formas de violencia, de la stasis al polemos, de una rivalidad entre adversarios a una guerra entre enemigos. Por otra parte, a principios de 1813, varios problemas se plantean para la minoría independentista que lucha en los ejércitos de Simón Bolívar. Se necesita acabar con las guerras privadas, las revueltas serviles o conservadoras, las venganzas; es preciso conjurar el derramamiento metapolítico de la violencia fuera del duelo de los ejércitos y de una finalidad política clara. Pero además, es preciso canalizar el flujo violento para hacer del conflicto una guerra de opinión revolucionaria entre enemigos despiadados. Esto se podría conseguir mediante la ocultación de la verdadera guerra civil que sacude al país para transformarla, en el discurso, en una guerra entre dos bandos cuya identidad es absolutamente contrapuesta, como si fueran dos naciones diferentes. Se trata de plantear un discurso político y poner en marcha unas prácticas guerreras que expliquen y justifiquen la guerra.

publicar en el número especial “Antillas”, septiembre de 2002.

Estas inquietudes explican la proclama de guerra a muerte, expedida en Trujillo el 15 de junio de 1813. En ella, Bolívar proporciona a cada bando contendiente una identidad y un destino. De un lado, los americanos que vivirán; del otro lado, los españoles prometidos a la muerte. Mediante esta ficción82 que contradice el hecho de que los ejércitos españoles son en realidad ejércitos criollos, el Libertador afirma que el conflicto no se desarrolla entre dos lealtades políticas que comparten una misma identidad colectiva, sino entre dos identidades distintas y enemigas que no tienen otro destino que la confrontación. Así, al tratar de negar el carácter civil de la contienda, el Libertador le confiere un carácter nacional a la guerra que se está librando. Eso haría entrar la Guerra de Independencia en su fase moderna, revolucionaria y pondría fin tanto a la guerra cívica como a los alzamientos populares anti-republicanos. Cabe señalar que el discurso de la guerra a muerte está respaldado por prácticas violentas que dan consistencia a la diferenciación entre “americanos” y “españoles”. La evidencia de la matanza de los supuestos “españoles” oculta el carácter ficticio de la separación identitaria entre los dos bandos y da un carácter realizador a las palabras de Bolívar. El discurso y las prácticas de guerra a muerte llevan a la disociación política de la identidad hispánica. Por supuesto, la noción de “americanidad” es una forma muy imprecisa que tiene escaso contenido cultural, pero es el punto de partida de la construcción de una identidad política patriota, muy particular, ya que no está vinculada ni con una etnia particular, ni con una raza, ni con una clase de la

82 La ficción no es una ilusión. Una fictio es, como la caracterizó Dante al definir la poesía en De la elocuencia vulgar , al igual que la ficción jurídica, una realidad verdadera en sus efectos, pero no en el sentido literal de las palabras. Véase Ginzburg, Carlo. A Distance. Neuf Essais sur le Point de Vue en Histoire. París: Gallimard, 2001, p. 47. O sobre la ficción de los dos cuerpos del rey, la obra clásica epónima de Ernst Kantorowicz y su crítico Alain Boureau, Le Simple Corps du roi. L’impossible Sacralité des Souverains Français XVe-XVIIIe. París, 1988.


sociedad, y más extraño aún, ni con un territorio con fronteras claras.

CUARTA PROPOSICIÓN: AL FINAL FUE UNA GUERRA NACIONAL Como bien se sabe, el propósito de la guerra a muerte no dio resultados. La Confederación venezolana expira bajo los golpes de las tropas llaneras de Boves y Yáñez a finales de 1814, mientras que un verdadero ejército peninsular –las tropas expedicionarias de Pablo Morillo– acaban con la confederación de las Provincias Unidas de Nueva Granada entre 1815 y 1816. El colapso de las dos confederaciones se puede atribuir, en parte, a la resistencia de los pueblos frente a un gobierno central cuyas demandas juzgan exageradas. Tanto las provincias como los pueblos se negaron a entregar soldados, contribuciones en plata o víveres, y alojamiento a las tropas veteranas83. La desaparición del monarca y del imperio fue considerada por los pueblos americanos como un retroceso de la soberanía. De ahí que el gobierno confederado fuera considerado casi intruso y que la construcción de un ejército nacional fuera imposible ante la resistencia de los municipios a entregar reclutas. Frente a esta resistencia, las elites intentan construir una identidad colectiva abstracta que no sólo justifique las demandas del Estado sino que dé sentido a la guerra. Se trata por supuesto de una identidad moderna, totalmente política, fundamentada en la noción de república, como colectividad igualitaria de ciudadanos. Era el único camino posible para crear una “comunidad imaginada” viable, que no fuera amenazada por las tensiones entre castas, regiones y grupos sociales. Esta concepción puramente política y racional de la Nación chocaba por supuesto con el imaginario local y comunitario de los pueblos. La identidad americana, a partir de 1813-1815, debió volverse meramente política y

83 Véase el capítulo IV de mi tesis doctoral, Guerre et Révolution. Les Armées Bolivariennes dans la Guerre d’Indépendance. Colombie-Venezuela, 1810-1821. París: Universidad de París I – Sorbona, 2001.

escasamente cultural, porque la definición moderna y abstracta de la Nación como república tenía varios propósitos: debilitar el poder político de los pueblos que, de hecho, tenían ambiciones contrarias a las de las elites emancipadoras; legitimar una forma de guerra moderna, o sea nacional; crear una identidad americana haciendo tabula rasa del pasado, y vincular de manera clara independencia y revolución. Paradójicamente, fue la derrota patriota de 1814-1816 la que permitió alcanzar estos propósitos. La adopción de la guerra de guerrillas y la resistencia de escasas tropas en los llanos de Venezuela y del Casanare llevó a una desterritorialización de la causa patriota. En los desiertos, la República va a forjar sus valores más importantes. La desterritorialización de la República, reducida al “campo volante” del ejército según las propias palabras de Santander84, elimina las fricciones entre la identidad liberal y republicana de la causa independentista y su problemática identidad territorial. La Nación será el territorio conquistado por la espada del Pueblo, con P mayúscula, o sea el ejército libertador que desempeña el papel del pueblo liberal. Así el ejército se vuelve el cuerpo colectivo cuyo papel consistirá en “crear el cuerpo entero de la República”85, según la expresión de Bolívar, un

84 Hambleton, John H. Diario del viaje por el Orinoco hacia Angostura (julio 11-agosto 24, 1819). Caracas: Banco de la República, 1969, p. 55. ”Una larga conversación respecto de la revolución fue seguida, durante la cual el vicepresidente mencionó que la provincia de la Nueva Granada se hallaba en estado de rebelión y el pueblo ansioso de ser anexado al gobierno de Venezuela. Reconoció el miserable y exhausto estado del país, el cual, observó, era un campamento volante, y se excusó de no invitar al comodoro a su mesa en esta ocasión”. Hambleton era capellán de una pequeña expedición norte-americana encargada de entrevistar la cúpula militar patriota para un posible reconocimiento por parte de Estados Unidos. 85 Acta de instalación del Consejo de Estado en Angostura. Santo Tomás de Angostura, 10 de noviembre de 1817. Restrepo, José Manuel. Documentos importantes de Nueva Granada, Venezuela y Colombia. Bogotá: Universidad Nacional


cuerpo-nación que da un fundamento sociopolítico a la construcción de una nueva república moderna fuera de los marcos tradicionales que constituían los pueblos, las ciudades, las villas y las provincias. Así se explica también la facilidad con la cual se tomó la decisión de crear una Nación soñada, Colombia, nuevo Estado cuyos dos pilares fueron el imaginario republicano y el ejército libertador, desempeñando el papel del pueblo liberal. Después de la victoria de Boyacá que permite la construcción de un ejército de 30.000 hombres a partir de la población y de las fuentes de riqueza neogranadinas, y sobre todo, el reconocimiento formal de la República de Colombia tras el armisticio de 1820, la lucha de Independencia adopta la forma de una guerra nacional, en donde se enfrentaban dos ejércitos, representando identidades distintas en batallas campales.

CONCLUSIÓN Los próceres de la Independencia pensaron escasamente la identidad nacional como una identidad con contenido cultural. Para ellos, la noción de Nación seguía remitiendo al antiguo sentido que poseía en el siglo XVIII, el de Nación española. Vinculada a la noción de Imperio, la Nación se caracteriza por su majestad, un tamaño que la hacía temible por los enemigos, y su heterogeneidad humana. La República de (Gran) Colombia, de nueva creación, respondía a los atributos antiguos de la Nación86. Se fijaron de manera casi exclusiva en

de Colombia, apéndice de la Historia de Colombia. tomo I, p. 360. 86 Conciliar la libertad de los modernos y la majestad del gobierno es uno de los problemas de fondo de los patriotas. La antigua pertenencia al Imperio los persuadió de ser parte de una gran unidad política. La majestad del Estado paraliza a los adversarios y los suma en un reverente respeto, lo cual no sucede con las repúblicas pequeñas (lo que le sucedió bajo Napoleón, por ejemplo, a las únicas repúblicas europeas ha debido ser motivo de reflexión para los patriotas. Suiza fue invadida y puesta bajo un protectorado; las Provincias Unidas (o Países Bajos) también invadidas, fueron transformadas en monarquía; y Venecia vio disueltas sus instituciones

una definición política de la Nación, como república de ciudadanos iguales, por varias razones: la necesidad, primero, de desenraizar la patria soñada de la comunidad de los pueblos, que de hecho, representaban la persistencia del Antiguo Régimen dentro de la revolución; segundo, la percepción cierta o falsa de que no se podía construir una identidad fuerte ni a nivel americano, ni al nivel provincial. La construcción de esta identidad política se pudo generar de manera convincente a partir de la dinámica de la guerra. En efecto, la proliferación de las violencias debidas al alzamiento forzado o no de las castas llevó a la radicalización de ambas partes. Esta radicalización engendró la partición de la identidad hispánica y logró crear dos bandos enemigos y no simples adversarios. Aprovechando el efecto disociador de la guerra, Bolívar, al declarar la guerra a muerte, pudo iniciar el proceso de negación de la guerra civil que llevaría a la transformación de la Guerra de Independencia en una guerra nacional de emancipación. De cierta manera, el papel de la guerra fue el de socializar, de manera casi espontánea, las ideas modernas de la revolución liberal. Cada habitante tuvo que escoger uno de los dos bandos. La política moderna llegó de esta manera al pueblo, por la vía de la guerra antes que de la prensa o los discursos patrióticos. Pero cabe anotar por fin que el análisis del papel de la guerra en la formación de la identidad republicana no puede prescindir de una reflexión sobre la construcción cultural y social de la Nación, no como una construcción racional,

después de mil años de existencia). La creación de la Gran Colombia responde a esta actitud (sobre este tema véanse los tres considerandos de la Ley fundamental de la unión de los Pueblos de Colombia [12 de julio de 1821], sobre todo los puntos 1 y 2: “1. Que reunidas en una sola república las provincias de Venezuela y de la Nueva Granada tienen todas las proporciones y todos los medios de elevarse al más alto grado de poder y prosperidad. 2. Que constituidas en repúblicas separadas, por más estrechos que sean los lazos que las unan, lejos de aprovechar tantas ventajas llegarían difícilmente a consolidar y hacer respetar su soberanía”.


seguida y teleológica87, sino como una abstracción encarnada en prácticas sociales, políticas y culturales muy diversas en el tiempo y el espacio, cuyo proceso fue objeto de impredecibles vaivenes y de numerosos fracasos y éxitos parciales.

87 König, Hans-Joachim. En el camino hacia la Nación. Nacionalismo en el proceso de formación del Estado y de la Nación de la Nueva Granada, 1750-1856. Bogotá: Banco de la República, 1994.

DEMOCRACIA REFLEXIONES SOBRE LAS DECISIONES ELECTORALES DE LOS BOGOTANOS

REFLEXIONES SOBRE LAS DECISIONES ELECTORALES DE LOS BOGOTANOS Lariza Pizano Rojas Politóloga, magíster en Estudios Políticos IEPRI. Profesora e investigadora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Desde inicios de los años noventa, parece haber tomado fuerza en Bogotá un proceso que surge como consecuencia de una transformación institucional y del fortalecimiento de un discurso que –concentrado en la arena de la administración distrital–, se funda en la diferenciación encarnizada entre “política limpia” y “política sucia” o tradicional. Este proceso tiene que ver tanto con el modo en que las gestiones de Antanas Mockus y de Enrique Peñalosa en la Alcaldía de la ciudad han incidido en el cambió del discurso sobre la ciudad –pasando de la ciudad caótica, pesimista y sucia a la ciudad posible–, así como en la forma en que estas dos figuras políticas son percibidas por buena parte de los bogotanos88. Aunque las iniciativas y los desarrollos políticos, económicos, estéticos y de infraestructura de la ciudad promovidos por la primera gestión de Mockus y la administración Peñalosa fueron posibles gracias al saneamiento de las finanzas de la ciudad logrado entre 1993 y 1994 por el alcalde Jaime Castro, así como por el desarrollo de arreglos institucionales para la ciudad –materializados en el Estatuto Orgánico de Bogotá, también promovido por Castro–, las evaluaciones que un sector importante de los bogotanos hace de estos dos últimos alcaldes aparecen ligadas al reconocimiento de los esfuerzos adelantados por ellos para promover la planeación de la ciudad a más largo plazo, la visibilidad de los proyectos, la convocatoria a los

88Sobre todo, para las mujeres adultas y jóvenes de todas las edades y clases sociales, y para los hombres y jóvenes de las clases medias y altas, estos dos alcaldes tienen gran legitimidad y han sido los principales promotores del cambio de la ciudad. Véase Pizano, Lariza. Percepciones de los habitantes de Bogotá sobre el cambio de la ciudad, la gestión política y la ciudadanía. Tesis de Maestría en Estudios Políticos. Bogotá: IEPRI, Universidad Nacional de Colombia, 2002.

ciudadanos en la definición de algunas de las prioridades inscritas en los planes de desarrollo, así como al ejercicio de formas de practicar la política que se presentan como alternativas. Sin embargo, los frecuentes planteamientos acerca del aumento de la representación y de la eficiencia política logradas desde la Alcaldía de Bogotá –fundados en la idea de que las dos últimas elecciones “permiten pensar en la institucionalización de una nueva tendencia”89 –, no coinciden con los niveles de legitimidad del Concejo. Al tiempo que este último es percibido por la ciudadanía como un foro fragmentado en el que buena parte de sus actores perpetúan prácticas políticas “tradicionales”, es una institución cada vez menos conocida por los bogotanos. En contraste con las afirmaciones usuales para definir el funcionamiento de la Alcaldía, se generalizan las afirmaciones que califican a los miembros del cabildo distrital de “corruptos”, “politiqueros” y “poco independientes”. Así, se consolida una relación inversamente proporcional: mientras aumenta el entusiasmo alrededor de la administración distrital, el Concejo se aleja de la posibilidad de parecer públicamente como un espejo de los intereses de los representados. Las cifras así lo reflejan: ante la pregunta ¿quién representa más los intereses de los ciudadanos, el Concejo o el alcalde?, el 26,1% de 1633 habitantes de Bogotá respondió que el Concejo, mientras un 50,5% contestó que el alcalde90. 89 Dávila, Andrés y Corredor, Ana María. “Las elecciones del 26 de octubre: ¿Cómo se reprodujo el poder Local y regional?”. En: Dávila, Andrés y Bejarano, Ana María (Compiladores). Elecciones y democracia en Colombia (1997-1998). Bogotá: Fundación Social, Veeduría Ciudadana y Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, 1998, p. 92. 90 Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Opinión de los ciudadanos de Bogotá sobre la Administración del Alcalde Mayor. Bogotá: Alcaldía de Bogotá, septiembre de 2000, p. 15. Así mismo, y aunque ninguna de las calificaciones se puede considerar positiva, las diferencias en la manera como los bogotanos evalúan la gestión de la Alcaldía y del Concejo se evidencian nuevamente en un momento más cercano. Así, en diciembre de 2001, los bogotanos le otorgaron un nivel de favorabilidad a la Alcaldía del 41,8% y al Concejo del 22,4%.


Partiendo de lo anterior, en este trabajo se busca conectar el análisis de las lógicas que articulan la legitimidad del Concejo y de la Alcaldía de Bogotá, con las motivaciones que pueden tener los ciudadanos para apostarle a la escogencia simultánea de estilos y de modos de ejercicio de la representación política que son percibidos por ellos mismos como diferentes. En otros términos, sin profundizar en el modo de funcionamiento de las dos principales instituciones distritales –y en relación con las diferencias de legitimidad y de importancia que ante los ojos de los bogotanos tienen sus actores protagonistas–, en las páginas siguientes se exploran algunas variables de contexto que pueden resultar útiles para explicar por qué desde hace un tiempo los electores de la capital parecen tener preferencias políticas no consistentes en el momento de escoger alcalde y de elegir concejales91. Los planteamientos que aquí se presentan se sustentan en los resultados de una revisión de prensa de todo el mes de octubre de los años electorales 1994, 1997 y 200092, considerando que desde el primer triunfo de Antanas Mockus se dio inicio a esta tendencia –cuyo futuro

Igualmente, en una escala de 1 a 5 calificaron la gestión de la Alcaldía con una nota de 2,95 y la confianza que tienen en ella con otra de 2,76. Mientras tanto, consideraron que la gestión del Concejo merece una calificación de gestión de 2,27 y de confianza de 2,07 (las notas otorgadas al Concejo son las peores entre las dadas a 23 instituciones distritales). “Encuesta de percepción general sobre la Administración Pública”. En: Bogotá Cómo Vamos. boletines No. 6 y 7. Bogotá: Fundación Corona, Casa Editorial El Tiempo y Cámara de Comercio de Bogotá, diciembre de 2001, p. 7. 91 Se habla de una preferencia política consistente, cuanto el elector guía sus escogencias (en este caso votar para Concejo o Alcaldía), de acuerdo con criterios similares, bien sean éstos partidistas, programáticos o ideológicos. La inconsistencia en las preferencias electorales de los bogotanos se manifiesta en fenómenos como que mientras el alcalde Mockus fue elegido en 2000 con el 43,6% de la votación, la lista al Concejo avalada por el hoy alcalde, apenas obtuvo el 1,5% de los votos. 92 Se realizó una revisión sistemática de las secciones de Bogotá de los diarios El Tiempo y El Espectador.

definitivo no es del todo predecible–, pero que ha generalizado la idea de que, en términos de representación, Bogotá “manda una señal diferente desde hace años”93. Así, aunque a veces se superponen, las variables explicativas a considerar tienen que ver con: los problemas, tipo y acceso a la información disponible sobre la Alcaldía Mayor y el Concejo de Bogotá –el desconocimiento, el desinterés y la desinformación de los ciudadanos acerca de las funciones y el desempeño del Concejo de Bogotá en contraste con la Alcaldía–, las estrategias de los candidatos, los niveles de desarticulación de los partidos políticos y el discurso de la política “independiente”. Al tratar estos elementos, se partirá del supuesto de que con determinados niveles de información, los electores actúan de manera consecuente con un ordenamiento previo de sus intereses y de sus preferencias políticas, así como con una medición del cálculo de las posibilidades que tienen para que las instituciones políticas respondan a sus intereses a través del ejercicio de la representación política. LOS PROBLEMAS DE INFORMACIÓN: LA RELEVANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA PREVENCIÓN FRENTE AL CONCEJO

Aun cuando la simple percepción indica que el nivel de conocimiento de los ciudadanos acerca de qué es el Concejo Distrital es bastante bajo. Mientras que a los procesos de competencia por el cargo de alcalde se les da un peso casi exagerado, el cubrimiento que los medios hacen de las propuestas y del juego político de los posibles concejales es bastante deficiente. Además, no sólo hay diferencias en la cantidad de información que se hace pública sobre la Alcaldía y el Concejo, sino que –en términos de calidad–, los medios construyen juicios de valor (no siempre desligados de las condiciones objetivas) que moldean la opinión pública frente al desempeño de ambas instituciones, y la motivan más o menos a informarse sobre su composición y funcionamiento. Mientras que el

93 “Ganó una nueva cultura política”. En: Revista Cambio. 30 de octubre a 6 de noviembre de 2000. Consulta hecha en la página www.cambio.com, consulta realizada el 14 de junio de 2001.


60,4% de los bogotanos afirman conocer el Concejo de Bogotá 94, el 87,5% dice saber qué es la Alcaldía 95. Además de que la información sobre cada candidato al Concejo y las actividades que realiza esta institución es poquísima –por cada nueve artículos sobre la campaña por la Alcaldía hay uno sobre la competencia por las curules del Concejo–, el tipo de cubrimiento que se hace es diferente. En los reportajes sobre la Alcaldía se profundiza en la definición de los rasgos personales y en los enfrentamientos de tipo programático existentes entre los candidatos; por su parte, los enfoques sobre el Concejo tratan de resaltar los antecedentes penales o las equivocaciones públicas de los posibles concejales (mirada reactiva). Esto, que podría parecer un mecanismo dirigido a consolidar las preferencias de los votantes y a ayudarles a definir sus expectativas generales, en términos de lo que esperan para la ciudad y para su entorno inmediato, se convierte en un mar de alejamientos y de confusiones. Mar de alejamientos, porque el tipo de alusiones satanizantes que se hacen del Concejo no motivan a la ciudadanía a informarse, por cuanto niegan y prevén que los electores no obtendrán utilidad alguna de su elección, ni en términos de calidad de los elegidos, ni mucho menos en términos de la evaluación de la gestión de los posibles representantes respecto a la calidad de la representación en periodos anteriores. En contra de alguna incertidumbre que debe caracterizar a la democracia, los medios evocan cierta certidumbre y previsión acerca de que el Concejo funcionará “como siempre ha funcionado”. Así, en los principales periódicos se resaltan titulares como: “Candidatos sancionados” y “Los vicios del Concejo” 96,

94 Percepción de las instituciones políticas distritales. Encuesta contratada por el Magíster de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Bogotá, julio de 2000, p. 30. 95 Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Ob. cit., p. 7. 96 El Tiempo. 28 de octubre de 2000, pp.1-10.

“Mercaderes de votos”97 y “Subasta al mejor postor”98. Sin pretensiones de anular el enorme papel que pueden cumplir los medios de comunicación en la promoción de labores de veeduría y control ciudadano, vale la pena señalar que en algún momento éstos tienen que encontrar un justo punto medio entre sus pretensiones de objetividad y la conciencia suf iciente de que un asqueamiento empedernido sólo generará en el votante una situación de alejamiento, pesimismo y rechazo, más aún cuando se asume que los electores buscan la información que tenga el menor costo posible, dejando en juicios de terceros “conocedores” la evaluación sobre las diferentes opciones políticas y el modo como éstas cumplirán sus expectativas. En una situación de prevención, el elector dudaría si apostarle o no a la también mediatizada “renovación” del Concejo. Al fin y al cabo es importante recordar que a veces la abstención y el alejamiento de la política son acciones racionales cuando los individuos no esperan obtener utilidad alguna de su acto de votar. Si los medios profundizan demasiado en la crisis de legitimidad de los cuerpos colegiados, aumentará el desinterés por la política, dado que los individuos pueden considerar que esforzarse para realizar una elección “a conciencia” –y según criterios programáticos– de los miembros de determinada corporación, no les traerá ningún beneficio. Lo anterior se hace visible en los resultados de una encuesta realizada para el proyecto “Bogotá Cómo Vamos”, a partir de la cual se infería que el 29 de octubre de 2000 la mitad de los electores potenciales de Bogotá no votarían por el Concejo dada la incapacidad de esta instancia pública para producir beneficios colectivos. Los encuestados justificaron la abstención señalando que: a) hay desinterés y desconocimiento sobre el Concejo y sus funciones; b) el trabajo de los concejales no se considera importante; c) los concejales son polítiqueros e ineficientes; d) los concejales no defienden el interés general y e) los concejales

97 El Espectador. 22 de octubre de 2000, p. 5-A. 98 El Espectador. 23 de octubre de 2000, p. 7-A.


no tienen poder real (el alcalde es el que decide)99. Mar de confusiones, porque a la vez que señalan públicamente a los miembros del Concejo, los medios de comunicación destacan a las figuras que sobresalen por sus estrafalarias características personales afirmándolos, paradójicamente, como ciudadanos “comunes y corrientes”. Evidentemente, esto lo hacen en el marco de la ambigüedad y vaciedad con que se maneja el discurso de lo que significa ser “independiente”. Este elemento será considerado con profundidad más adelante, en el momento de aludir a las estrategias que utilizan los miembros de los partidos para utilizar el rótulo de “independencia” como un recurso privilegiado de salida en un contexto determinado por la vaguedad ideológica y por la asociación de lo partidario con lo indeseable. Volviendo al tema de las confusiones, hay que resaltar cómo efectivamente los medios dan más fuerza a aquellos personajes cuyas propias características afirman el carácter no igualitario de la elección, dado que cuentan con recursos que les permiten posicionarse fácilmente en las mentes de los votantes. No gratuitamente bajo la capa de la “independencia”, se reproducen los actores, los narradores deportivos y las figuras que buscan evocar a los personajes más queridos y reconocidos. Un ejemplo de esos personajes que presumen de dar un paso mágico hacia el entendimiento inmediato de la ciudad y sus procederes, lo constituyen el caso de Bruno Díaz (aspirante al Concejo por primera vez en 1997), la “Gorda” Fabiola y Luis Eduardo Díaz Chaparro o “el lustrabotas” (electos para el Concejo en el año 2000). Mientras una semana antes de las elecciones de 1997 El Tiempo dedicó media página de su sección Bogotá al recuerdo de los papeles televisivos de Díaz, tres años después el mismo diario dedicará media página a la “Gorda Fabiola” (elegida con 19.059 votos, obteniendo la séptima posición), aludiendo a su carácter de outsider, y de “peso pesado” que llegó al Concejo “de puro chiripazo”100. Junto a Fabiola Posada se resaltó la figura de Díaz como “el fenómeno electoral

99 El Tiempo. 22 de octubre de 2000, pp. 1-10 y 1-11. 100 El Tiempo. 31 de octubre de 2000, pp.1-13.

del domingo” 101, y el símbolo del “voto independiente que se viene institucionalizando en Bogotá como producto del cansancio de la política tradicional” 102, a pesar de que Hipólito Moreno (proveedor del aval) y Fabiola Posada, elegida por el mismo partido de Díaz, se hubieran conocido con el “embolador” sólo hasta la tarde del mismo día de las elecciones. Partiendo de que la “independencia” política es en sí misma un valor, al destacar las virtudes de Luis Eduardo Díaz y su triunfo electoral, en un artículo de El Espectador se afirmó que:

El humilde oficio que le permitió ganarse la vida frugal pero dignamente a Luis Eduardo Díaz, le abre hoy las puertas para llevarle su brillo al Concejo de la Bogotá....con una asombrosa votación cercana a los 18.000 sufragios, una campaña que él afirma haberle costado “80.000 pesos” y con un total distanciamiento de la maquinaria electoral, consiguió el escaño de concejal a nombre del Partido Popular Colombiano. Aunque aislada, es una muestra contundente de que la democracia local puede ser ejercida por un ciudadano del común que probablemente aventaja a muchos burócratas en el conocimiento de las prioridades de la ciudad...Ya anunció Luis Eduardo Díaz que trabajará por el bien de los lustrabotas bogotanos 103

En contraste con la presentación del Concejo, los medios de comunicación dan mucha más visibilidad al ejecutivo distrital en términos de la cantidad de noticias, reportajes y notas de opinión que publican acerca de los candidatos a la Alcaldía, así como sobre las actividades e iniciativas de los alcaldes electos. Obviamente, esto tiene que ver con la dificultad que supone cubrir un proceso de competencia que se desarrolla entre 260 listas, y lo fácil que resulta

101 Ídem. 102 Ídem. 103 “Brillo para el Concejo”. En: El Espectador. 31 de octubre de 2000, p. 6-A.


hacerle seguimiento a 12, 7 o 2 candidaturas. Sin embargo, las diferencias de cubrimiento de los aspectos relativos a ambas instituciones tiene que ver también con la calidad y el enfoque que se le da a las respectivas noticias. En el tema de la Alcaldía, los medios juegan un papel muy importante en la construcción de un electorado más optimista, informado hasta polarizarse (en el buen sentido de la palabra), interesado en los resultados electorales y un poco más formado en argumentos. Por lo menos esto parece haber sucedido en las competencias electorales entre Mockus y Peñalosa (1994), Peñalosa y Moreno de Caro (1997) y Mockus y Mejía (2000). Además del tema referido a la menor cantidad de candidaturas, el mayor cubrimiento de asuntos relacionados con el desempeño y los aspirantes a la Alcaldía se debe también a la importancia que ante los electores tiene el ejecutivo como un espacio central en el proceso político. Mientras tanto, las diferencias en la calidad de la información que se ofrece sobre ambas instituciones se basan más en los procesos y las tendencias políticas que parecen tomar fuerza tanto desde la Alcaldía, como desde el Concejo. No obstante, en el cubrimiento de los procesos electorales de ambas instancias (más en el caso de la Alcaldía que en el del Concejo), se manejan las retóricas relativas al carácter “independiente” o bipartidista de los candidatos. Estos elementos se hacen claros cuando se considera el carácter propositivo (y menos reactivo) en la forma de presentar la continuidad y los “balances positivos” de las alcaldías, así como la presentación casi mítica de Mockus y Peñalosa. Reconociendo su carácter deliberadamente mediático, en 1994 se presentó a Antanas Mockus como el redentor de la “independencia”, como “El hombre que cambiará las costumbres”104 y como el “candidato independiente a la Alcaldía de Bogotá que expone sus ideas como la mejor herramienta para ganar votos. La sede de la campaña es su propia casa. Su oficina es su biblioteca, inundada de libros de filosofía y de

104 Cambio16. No.72. Octubre de 1994, p. 54.

matemáticas”105. Dos años después, mientras algunos lo calificaban como payaso, otros lo señalaban como “el alcalde precursor del civismo contra el cinismo”106. Algo similar pasó con el cubrimiento de la candidatura de Enrique Peñalosa, quien, en oposición a Moreno de Caro, fue presentado por los medios como el candidato capaz de apostarle a “la planeación del despelote”107, y ya en su gestión, a pesar de las duras críticas por los bolardos, por el Plan de Ordenamiento Territorial o por la improvisación, fue presentado como el representante de “la izquierda del nuevo milenio”, “independiente ante todo”, persona que “sin pedirle permiso al partido político de su familia y bajo el convencimiento de que había mercado para personas independientes, inició campaña en la Colombia del año 89, tal como lo haría un loco: sin maquinaria, sin clientela propia, sin dinero. Solo, casa por casa”108. En el año 2000, se dio una campaña por la Alcaldía mucho más polarizada que las anteriores, dadas ciertas condiciones especiales que pesaban sobre los dos principales candidatos: mientras a Antanas Mockus no se le perdonaba tan fácilmente él haber “abandonado” la Alcaldía durante su primer gobierno, María Emma Mejía se batía entre las críticas por haber salido del Partido Liberal y por pretender presentarse como “independiente”. Por primera vez parecía ponerse sobre el tapete la ausencia de cualquier carácter sustantivo de este “don” discursivo. La polarización fue posible además, gracias al papel que jugaron los medios de comunicación en la realización de debates entre los candidatos. Al exagerar en la mediatización de las dos principales candidaturas109, también se hicieron menos visibles los procesos de elección de concejales y ediles. La reflexión

105 Ídem. 106 Cambio16. No. 176, octubre de 1996, p. 37. 107 Cambio. No.224, octubre de 1997, p. 34. 108 Revista Credencial. Edición 170. Bogotá: enero de 2001, p. 12. 109 Una protesta de William Vinasco y Claudia de Castellanos por no ser incluidos en los debates, llevó a CITY TV a invitar a estos dos candidatos a la Alcaldía a presentar sus propuestas públicamente en un debate con la misma metodología de los protagonizados por Mockus y Mejía.


sobre la necesidad de escoger el alcalde “más limpio”, contrastó notablemente con el pesimismo y el desinterés de los posibles electores en invertir los recursos que exige informarse y concentrarse para la elección de un concejal. Lo que se quiere resaltar es que, además de que los medios ofrecieron información más detallada sobre el debate electoral a la Alcaldía, de cierta manera partieron del supuesto de que mientras que vale la pena votar por alcalde, dado que hay ciertas expectativas de que esta figura haga algo por la ciudad, la salvación del Concejo es difícil. Así, aunque los elegidos el 29 de octubre tienen que asumir el reto de recuperar el Concejo” 110,

seguramente el Concejo tendrá una fuerte representación partidista, lo que obligará a un alcalde independiente [se da por hecho] a manejar con tino, pero con transparencia, la relación que debe tener con la Corporación para que ésta se vincule al desarrollo de la ciudad y no entorpezca los proyectos de la administración111.

Sin duda, presentaciones de este tipo acerca de lo esperado inciden en la decisión de los posibles votantes, quienes pueden preferir votar por la Alcaldía y no por el Concejo Distrital, o no invertir tantos recursos en la búsqueda, acceso y selección de la información necesaria sobre los candidatos y sobre su desempeño anterior, en la comparación entre lo que los candidatos proponen y sus preferencias, y en el cálculo de la utilidad que supondría para la ciudad determinada elección. Cuanto menor sea la concentración de los posibles votantes en los candidatos y en el proceso electoral, mayor será la posibilidad de reproducir electores apáticos o neutrales112, indiferentes ante la calidad de sus

110 Valencia, León. “Hay elecciones para Concejo en Bogotá”. En: El Tiempo. 16 de octubre de 2000, pp. 1-13. 111 “La Alcaldía de Bogotá”. El Espectador. Octubre 15 de 2000, p. 5-A. 112 Estas dos categorías de electores son incluidas por Anthony Downs en An Economic Theory of

elegidos. Esto puede ser una explicación de por qué la lejanía, el desinterés y la ausencia de esfuerzos de los ciudadanos por mejorar los niveles de representación del Concejo. Aun cuando estos cálculos individuales se convierten en elecciones colectivas que generan cierta ineficiencia social, están basados en una estrategia racional y defensiva de los posibles votantes (no pierden tiempo luchando por lo que no tiene arreglo). Siguiendo a Hirshmann, cuando una organización o sus productos parecen “insalvables” (un partido político y sus candidatos, por ejemplo), y la voz (protesta) parece no tener incidencia en la recuperación de la organización y sus productos, es mejor apostarle a la opción de la indiferencia o de la salida113. En el caso de Bogotá puede evidenciarse también la relación entre la poca inversión de recursos por parte de los electores en la determinación del mejor candidato al Concejo (o entre la abstención), y la percepción de que el invertir más recursos en la decisión electoral no tendrá beneficios inmediatos sobre su calidad de vida ni la de la ciudad. En 1994 la abstención por la Alcaldía fue de 68,8% y por el Concejo de 70,6%, en 1997 fue de 57,9% y de 59,3%, y en 2000 fue de 55,3% y 56%, respectivamente. Aunque los datos anteriores demuestran que la diferencia del total de votos que se han depositado durante los tres últimos periodos para la elección de alcalde y de concejales no es muy grande, si se hace el análisis desde la perspectiva del voto en blanco las diferencias son más notorias, particularmente para los años 1994 y 1997. Así, en 1994 el voto en blanco por Alcaldía fue de 2,7% y por Concejo de 9,2%, en 1997 fue de 4,2% y 12,3% y en el año 2000 fue de 2,3% y de 5,1%, respectivamente. Esto de alguna forma muestra cómo muchos bogotanos pueden estar optando por la opción de salida cuando se trata de votar por el Concejo 114. Democracy . Nueva York: Harper Collins Publishers, 1957. 113 Hirshmann, Albert. Salida, voz y lealtad. México: Fondo de Cultura Económica, 1970. 114 Los datos de abstención fueron extraídos de Dávila, Andrés y García Miguel. “Control político y control ciudadano en Bogotá”. En: Fainboim, Israel,


Desde una cara de la moneda, parecería más racional que un individuo informado se abstenga o vote en blanco cuando ninguno de dos, cuatro o incluso doce candidatos a la Alcaldía no lo convencen o no parecen reportarle beneficio alguno, a que deje de votar por alguna opción cuando hay 124 (en 1994), 260 (en 1997) o 227 (en 2000) listas (opciones) posibles. Además de que en múltiples contextos, usualmente los cuerpos colegiados obtienen menos votos debido a lo que Cotta denomina el “peso simbólico del ejecutivo”115, detrás de la leve mayor abstención por el Concejo y del mayor número de votos en blanco en las elecciones a esta institución, se esconden otros elementos que tienen que ver no sólo con la calidad de información, sino con el propio número de listas al Concejo que hace casi imposible que el individuo pueda realizar una elección coherente entre las mismas. Desde la otra cara de la moneda, entonces, el problema informacional hace más racional abstenerse de votar por el Concejo que por la Alcaldía, votar en blanco o simplemente votar al azar. Este problema informacional tiene que ver, además, con las lógicas con que actúan, las imágenes que proyectan y los discursos que promueven los candidatos y los representantes, en aras de ser elegidos o reelegidos, factores que son a la vez causa y consecuencia de la previsión que éstos hacen de un comportamiento electoral específico. Por esto, la multiplicación de listas al Concejo también ha de verse como producto de una estrategia de los candidatos que surge –en parte– como consecuencia del análisis que hacen

Gandour, Miguel y Uribe, María C. (editores). Misión de reforma institucional de Bogotá. Tomo 4. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2000. Los datos de voto en blanco fueron extraídos del Instituto para el desarrollo de la democracia Luis Carlos Galán. Comportamiento electoral de Bogotá 1982–1997. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, Instituto para el desarrollo de la democracia Luis Carlos Galán, 2001 Los resultados electorales del año 2000 fueron consultados en la página electrónica de la Registraduría: www.registraduría.gov.co visitada en junio 11 de 2001. 115 Citado por Gabriel Murillo en “Crisis de la representación política”. En: Elecciones y democracia en Colombia 1997-1998. Ob.cit ., p. 72.

los elegibles acerca de las expectativas políticas de los electores frente a lo que deben ser y deben hacer los dirigentes de la ciudad. El análisis de estos elementos y su relación con la dificultad de que los bogotanos expresen preferencias políticas consistentes, se desarrollará en el siguiente apartado. LAS ESTRATEGIAS DE LOS CANDIDATOS Y EL PESO DEL EJECUTIVO: EL HONOR DE SER “INDEPENDIENTE” La inclinación de la balanza de los medios hacia la presentación de información sobre la Alcaldía y sobre el proceso de competencia entre los aspirantes que buscan ejercer el poder desde ella, tiene que ver con razones objetivas. En primer lugar, con la generalización de un discurso político sobre la “independencia” o el alejamiento partidista y, en segundo término, con el afianzamiento de este discurso sobre el ejecutivo, como consecuencia de una coyuntura particular. El afianzamiento del discurso alrededor de la política “independiente” tuvo un primer momento a principios de la década de los noventa, cuando se vio la necesidad de modificar el contenido formal del pacto social que se encontraba materializado en la Constitución de 1886. La movilización política que puso como tarea a los gobiernos de Barco y de Gaviria buscar los mecanismos para lograr la reforma constitucional por la vía extraordinaria, estuvo fundada en la idea de “renovar” la política colombiana, abriendo espacios a la participación de sectores de la sociedad tradicionalmente excluidos del manejo del poder. La “crisis de legitimidad” de los dos partidos políticos tradicionales hacía entonces necesario probar si otros sectores organizados políticamente tendrían la capacidad de participar en la reconstrucción del escenario formal del país. Por esto la idea de renovación se asoció con la desvinculación bipartidista, lo cual supuso dos cosas. En primer lugar, la generalización de un discurso político en el cual lo “independiente” se


define de manera negativa. Es decir, “independiente” es todo aquello que no es liberal ni conservador. La Constituyente le abrió paso a la expresión de nuevas fuerzas y sectores políticos y sociales minoritarios, probablemente nunca antes oídos en los procesos de construcción de la formalidad estatal –lo que es válido y positivo–, a la vez que su discurso de inclusión se vendió de manera exitosa resaltando el alejamiento de “lo tradicional”. Sin embargo, desde este momento la “independencia” fue tomando fuerza como una arenga vacía pero no silenciosa que, al tiempo que carece de significado objetivo y no nos dice lo que el político es, se vitaliza cuando los políticos (partidistas o no, nacionales o locales), afirman no ser o no haber salido de la congregación liberal o de la conservadora. En segundo lugar, en desmedro de la eficiencia, y contrariamente a la consideración de elementos como los que propondría Przeworski para desarrollar un proceso exitoso de apertura del régimen político116, el discurso de la inclusión de lo anteriormente excluido terminó dejando por fuera a los actores que posteriormente habrían sido claves para lograr un proceso de institucionalización de las formalidades democráticas propuestas por la Carta Política del 91. Bien lo argumenta Ana María Bejarano cuando señala que

Inmersos en una especie de Zeitgeist latinoamericano y quizás universal, que denigra de la clase política y rechaza la política como actividad corrupta y desdeñable, los colombianos también quisimos conducir nuestra propia reforma del marco que regula el juego político sin los políticos. Aunque eso tenga su explicación en la conducta visiblemente corrupta, antirreformista y auto-referenciada que han mostrado los políticos

116 Incluir en las concertaciones, regateos y negociaciones, a los actores líderes en el momento anterior a la transición. Véase Przeworski, Adam. Democracy and the Market. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

colombianos durante las últimas décadas, los costos que hemos debido pagar por esta exclusión no son pocos117.

Para el caso de Bogotá, si bien la elección popular de alcaldes (EPA) institucionalizada en 1988, tuvo un impacto no inmediato, en el posterior lanzamiento de candidaturas a la Alcaldía no vinculadas a los partidos tradicionales, el discurso a favor de la “política independiente” y más precisamente de la antipolítica tuvo un alto impacto en la construcción –también mediática– de los candidatos a ocupar los cargos de elección popular, así como en la configuración de las preferencias políticas de más de la mitad de los bogotanos. En 1994 apareció Antanas Mockus ante los ojos de los bogotanos y ante las cámaras de televisión, como el mejor de los representantes de la antipolítica. Un académico apropiado de símbolos que superaban las aburridas retóricas politiqueras, un profesor de la Universidad Nacional que andaba en bicicleta como cualquier ciudadano, un experto conocedor de la imagen y estratega del posicionamiento visual y de la democracia de audiencia 118. Frente a Enrique Peñalosa, que en ese momento se debatía entre ser liberal o “independiente”, Mockus ganó la Alcaldía con 490.000 votos. La imagen del alcalde de Bogotá y el peso que adquiriría la administración distrital, opacando la visibilidad del Concejo, se consolidaba paralelamente a las alusiones que los medios hacían al interpretar las preferencias ciudadanas y también al construirlas. En la Revista Semana se señalaba que

los ciudadanos esperan que, a diferencia del político tradicional

117 Bejarano, Ana María. “La Constitución de 1991: Un proyecto de construcción institucional”. En: Gandour, Miguel y Mejía, Luis Bernardo. Hacia el rediseño del Estado. Bogotá: Tercer Mundo Editores y Departamento Nacional de Planeación. 1999, p. 202. 118 O “democracia mediática”. Manin, Bernard. Los principios del gobierno representativo. Madrid: Alianza Editorial, 1998.


(Mockus) no negocie con el Concejo para poder gobernar a su estilo, y que no se le ocurra pactar con los partidos las cuotas burocráticas de su gobierno. Que siga con su discurso pedagógico y simbólico –del que dio un buen ejemplo la noche de su triunfo– y que ante posibles intentonas del Concejo de Bogotá para ponerle talanqueras a su programa de gobierno, Mockus tenga las salidas ingeniosas y efectivas que han caracterizado su vida pública. A Mockus le toca ser consecuente, pues los bogotanos lo eligieron como antipolítico y no puede, de buenas a primeras, convertirse en un político tradicional119.

El triunfo de Antanas Mockus, así como su personalidad, tomaron más fuerza casi dos meses antes de las elecciones del 27 de octubre de 1994, como consecuencia del escándalo protagonizado por Ernesto Samper. Sin duda alguna, tal vergüenza política incidió en el fortalecimiento de las percepciones ciudadanas alrededor de la preponderancia que tienen las decisiones del poder ejecutivo, frente a las que se toman en otras ramas del poder público. Así mismo, el escándalo de Samper institucionalizó aún más el discurso político que ya giraba alrededor de lo “independiente”, desacreditando abiertamente a los partidos “tradicionales” y, particularmente al Liberal. La oportunidad de Enrique Peñalosa tuvo lugar tres años después, en 1997, cuando ganó la Alcaldía con 200.000 votos más de los que había obtenido Mockus en 1994120. Aun cuando muchos votantes no se mostraron inicialmente seguros frente a la posibilidad de votar por el candidato que para estas elecciones se presentaba como “independiente” y representante de “otros partidos”121, Peñalosa 119 “¿Y qué va a hacer?”. En: Semana. Noviembre 1 de 1994, pp. 34-35. 120 En las elecciones de 1997, Peñalosa obtuvo un total de 619.086 votos. 121 Peñalosa quedó formalmente inscrito en la Registraduría como representante de “otros partidos”.

obtuvo 221.329 votos sobre su rival Carlos Moreno de Caro. Pese a que Moreno afirmaba su “independencia” política y negaba rotundamente cualquier pasado partidista a pesar de haber sido un apoyo importante para Andrés Pastrana en su gestión como alcalde de Bogotá, los medios y un amplio sector de la opinión pública lo consideraron como populista y representante de la antipolítica122. En el año 2000 sería reelegido Mockus, perdonado por aquellos que lo juzgaban por haber abandonado la Alcaldía en 1997 y justificado por los que argumentaban que dejó su cargo encargado a un personaje igual de “independiente” a él123. La dinámica que siguió la competencia entre Mockus y Mejía fue similar a la que se desarrolló en 1994. Si bien cuatro semanas antes de las elecciones las encuestas y los estudios de opinión afirmaban prácticamente un empate entre los dos candidatos (con una leve tendencia favorable a Mejía124), diez horas antes de las elecciones una encuesta contratada por el noticiero N.T.C. señalaba un amplio margen de superioridad de Antanas Mockus (con el 44,7% de las preferencias electorales) sobre María Emma Mejía (con el 30,1%). Como inspirado en Hirshmann, un artículo de la revista Semana que indagaba sobre los motivos de la pérdida de María Emma, parecía sugerir que la salida del liberalismo habría sido leída como una traición:

María Emma empezó a perder el impacto de su preparación y su capacidad de hacer llegar el

122 Sin embargo, vale la pena anotar aquí que el ejemplo de Moreno de Caro ofrece elementos para resaltar las diferencias que supone una elección mayoritaria y otra que no lo es. El hecho de que Moreno fuera derrotado en la competencia por la Alcaldía, no impidió que éste se posicionara de manera fuerte entre los candidatos al Concejo. Así, en el año 2000, Moreno fue la única cabeza de lista que logró dos curules en dicha corporación. 123 Paul Bromberg. 124 El estudio de op inión de ANIF afirmaba el 30 de septiembre que las intenciones de voto privilegiaban a María Emma Mejía (36 puntos), sobre Mockus (35 puntos). http:// anif.org/imágenes/ anif-gallup/e-64.gif. Página consultada el 13 de junio de 2001.


mensaje, en medio de una situación de zozobra en la que cayó su imagen por cuenta de dos versiones que comenzaron a circular en la opinión: la de aquellos que no dejaban de ver “los bigotes” de Serpa detrás de la candidata, y la de aquellos que la acusaban de haberle dado la espalda a su partido, en un afán por negar su pasado... A todas estas, y con el liberalismo “sentido” con la candidata, María Emma se fue quedando sin maquinarias. Ella, involuntariamente, se quedó en el peor de los mundos. En ese que Serpa llamaría no ser “ni chicha ni limoná”. En ese en el que se pierden las elecciones porque sí y porque no125.

Nuevamente el peso del gobierno de Samper en la memoria de muchos bogotanos, y las consideraciones que éstos hicieron acerca de la relación de la candidata liberal con el ex presidente, contribuyeron al triunfo de Mockus ratificando la idea de que en Bogotá se institucionalizó una nueva manera de votar. Así lo señalaron los medios y varios analistas políticos una vez conocido el triunfo de Mockus: “La politóloga Ungar atribuye este fenómeno a que en Bogotá la gente vota distinto, más ‘independiente’ y esto, según ella, difícilmente se presenta en otras ciudades del país”126.

Sin embargo, una consideración sobre el voto no amarrado no debe fundamentarse en la comprensión de lo “independiente” como lo no partidista; al fin y al cabo ni los votos “independientes” (así entendidos), ni los candidatos que éstos eligen ejercen mejor la representación. Esto no niega la posibilidad de que en Bogotá se desarrolle un fenómeno en el que la gente vote distinto, ya que una mayoría numérica le ha apostado durante tres periodos consecutivos a la elección de un determinado 125 “Por qué perdió María Emma”. En: Semana. Noviembre 2 de 2000. Artículo leído en la página electrónica www.elecciones.org, consultada el 15 de mayo de 2001. 126 “Un caso único en el mundo”. En: El Espectador. 31 de octubre de 2000, p. 7-A.

perfil de alcalde y, con el criterio de la continuidad, ha respaldado un voto argumentado en buena medida a partir del éxito que tuvo Mockus en su primera gestión. Aunque si bien la tendencia hacia futuro es aún incierta127, si se considera que tanto Mockus como Peñalosa han dado batallas desde el ejecutivo distrital para desarrollar algunos de los principales lineamientos propuestos en su programa, y que ambos alcaldes han desarrollado políticas muy visibles ante los ojos de los ciudadanos, se podría señalar que desde 1997, y particularmente desde el año 2000, los bogotanos han elegido alcalde como consecuencia de un cálculo de las utilidades que les reportó el gobernante anterior. Al fin y al cabo, independientemente de cualquier defensa de su postura política, tanto Mockus como Peñalosa (y más el segundo que el primero) se han caracterizado por haber impuesto un estilo técnico de gestión, coincidente en muchos de sus objetivos, causante de que los ciudadanos –expertos y no expertos– vean ambas gestiones como parte de un continuo128. Adicionalmente, las evaluaciones más sistemáticas que se han hecho a las últimas administraciones de la ciudad, destacan que gracias a

las decisiones que adoptaron los alcaldes Jaime Castro, Antanas Mockus y Enrique Peñalosa en virtud de que iniciaron cambios en la gobernabilidad de la ciudad, en la calidad de vida de los bogotanos y en la competitividad de Bogotá... es en la década de los noventa cuando empiezan las transformaciones de Bogotá129.

Consideraciones como la anterior han derivado en invitaciones hechas desde los medios de comunicación a los bogotanos, para votar con un mayor cuidado por los candidatos a la Alcaldía. La siguiente, publicada en El Tiempo, resulta 127 Véanse los planteamientos de Andrés Dávila en “Un caso único en el mundo”. Ob. cit. 128 Así lo demuestran los grupos focales realizados para el trabajo. Pizano. Ob. cit. 129 Cámara de Comercio de Bogotá. Si yo fuera alcalde 2001-2003. Número 3. Bogotá, septiembre de 2000.


bastante clara y resalta los criterios que comúnmente se asocian con los actores y los gobernantes que se presentan con una imagen de “independencia política”:

Hoy, después de una Alcaldía que como la de Enrique Peñalosa, dejará imborrable su huella por su estilo y por sus realizaciones, muchas de ellas planteadas e iniciadas por Mockus, continuadas por Paul Bromberg y rematadas y ampliadas por Peñalosa ... es el momento de darle una segunda oportunidad para que redondee su labor iniciada, continúe la de Peñalosa y demuestre, esta vez por tres años completos su honestidad, experiencia y capacidad. Por el futuro de Bogotá apoyémoslo con nuestro voto130.

Pero si se parte de la existencia de una tendencia que afirma un voto consecuente con el reconocimiento racional de que el bienestar colectivo puede traer consigo el bienestar particular y que le apuesta a la escogencia estratégica de los mandatos y a la sanción de la no ejecución de los mismos, la pregunta que surge para el caso bogotano es por qué los bogotanos siguen eligiendo “representantes” al Concejo que –con excepciones– ponen más trabas que estímulos a la tan valorada gestión de los alcaldes. En otras palabras, ¿por qué los bogotanos siguen eligiendo concejos caracterizados por la presencia de políticos que –a pesar de presentarse como “independientes”– siguen contando con las características que definen lo que la propia ciudadanía concibe como tradicional? En el primer aparte ya se intentó una respuesta que también tiene que ver con la imagen pública del Concejo. Los medios presentan a esta corporación como “insalvable”, lo cual incide en que los potenciales electores se abstengan de votar, no se interesen por informarse, voten en

130 Correa, Fernando. “Ya perdonado, apoyemos a Mockus”. En: Revista Habitar. Octubre 14 de 2000, página editorial.

blanco, o por alguna especie de rebeldía y de idea de que “todo se recuperará una vez se toque fondo”, sufraguen cínicamente por el candidato que a su juicio encuentran como el más llamativo y patético131. De lo anterior surgen otras respuestas a la pregunta planteada. Una de ellas se basa en la idea de que las múltiples valoraciones positivas que se hacen los dos últimos alcaldes y a sus gestiones, ha generalizado la idea de que en el poder ejecutivo de la ciudad se encuentra el motor del proceso de toma de decisiones frente a las políticas públicas, desconociendo así la importante función que desempeña el Concejo como coadministrador de los asuntos públicos de la ciudad. Así, reflejo de la ya mencionada “evocación simbólica del ejecutivo”, es el hecho de que el 47% de los bogotanos132 consideran que la ciudad está mejorando gracias a la gestión de sus últimos alcaldes y, particularmente de Peñalosa, a quien 51 personas de cada 100 lo consideran el mejor mandatario de los últimos tiempos en la capital133. Lo paradójico es que mientras a Peñalosa lo despidieron con un 64% de credibilidad y a Mockus lo recibieron con un 67% de apoyo, el Concejo está entre las tres instituciones que tienen peor imagen ante los bogotanos (junto con Metrovivienda y la Secretaría de Salud)134. A diferencia del argumento señalado en la primera parte, lo que se propone aquí es que si la gente siente que la calidad de vida de la ciudad está mejorando, aun cuando el Concejo no haya aportado a esta mejoría, es porque muchos de los electores bogotanos perciben el trabajo de esta corporación no es fundamental en la definición del destino de Bogotá. En síntesis, no sólo por

131 Como lo señalan Elisabeth Ungar y Andrés Dávila al considerar el voto por Díaz Chaparro, en el año 2000, como un posible voto de protesta. En: “Un caso único en el mundo”. Ob.cit. 132 “La tendencia favorece a Mockus”. En: Semana, No. 964. Octubre 22 de 2000. p. 40. 133 Encuesta realizada por la firma Napoleón Franco para el proyecto “Bogotá Cómo Vamos” de la Casa Editorial El Tiempo y la Fundación Corona. El sondeo se llevó a cabo entre el 9 y el 11 de diciembre de 2000. 134 Ídem.


considerar al Concejo como una institución tan degradada que “no tiene salvación”, los bogotanos no son tan cuidadosos en el momento de votar por sus integrantes. Esto se debe además, a que es una institución cuyo trabajo no tiene tanta relevancia y –por tanto– es más importante depositar un voto por un candidato a alcalde que por uno a concejal. Obviamente, todo lo anterior va de la mano con los altos niveles de desconocimiento de las funciones de la administración distrital y con la desinformación y el desconcierto con que los electores se enfrentan al tener que escoger entre un número tan exagerado de listas a esta corporación. Aunque en el año 2000 se presentaron 33 listas menos que en 1997, 227 listas es un número que dificulta informarse lo suficiente como para poder comparar lo que las distintas candidaturas proponen. Sin embargo, la multiplicación de listas no es gratuita; es –por el contrario– un fenómeno político que es simultáneamente causa y consecuencia de la crisis de credibilidad de los partidos

tradicionales en Colombia, de su objetiva ineficacia para articular propuestas políticas y presentarlas con un rótulo mínimamente ideológico ante los ojos de los ciudadanos y de una serie de estrategias políticas adelantadas por los partidos después de promulgada la Constitución de 1991. Evidentemente este último aspecto tiene que ver con el fenómeno, ya tratado, que también se desarrolla frente al ejecutivo y que tiene que ver con la presentación pública que los candidatos hacen de sí mismos como “independientes”. En el caso del Concejo de Bogotá, la conexión entre el discurso de la “independencia” y la multiplicación de listas toma enorme fuerza en el año 1997. Mientras en 1994 se presentaron 124 listas a esta corporación, tres años después se candidatizaron 260. En el cuadro 1 se presenta la manera como evolucionó la composición del Concejo según las filiaciones políticas durante los últimos años

Cuadro 1 Composición del Concejo desde 1994, según filiación política. Filiación Año 1994 1997 2000 Independientes 38,2% 37,5% 50% Liberales 47% 47,5% 36% Conservadores 11,76% 13,15% 9% M. Salvación Nacional 2% 2% 5% Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. Este fortalecimiento –crecimiento numérico– de los representantes elegidos a nombre de partidos o movimientos diferentes al Partido Liberal o al Partido Conservador, es consecuente con el hecho de que para el año 2000 las filiaciones o identidades políticas de los bogotanos estén más cercanas de la etiqueta “independiente” (cuadro 2). Cuadro 2 Filiaciones políticas de los bogotanos, año 2000135. Filiación política % Independiente / sin partido 60 Liberal 30 Conservador 6 Otro partido 1 No responde 3

135 Datos obtenidos de la encuesta realizada por el noticiero NTC, ya citada, se encuentran en la página electrónica http://colombia.analitica.com/politica/5301938.asp?frameactive=0. Consulta realizada el 21 de julio de 2001.


Los porcentajes anteriores permiten explicar además la gran concentración de listas en “un punto medio” que, en la dimensión de las preferencias partidarias se superpone a la categoría “independiente”. Aunque –considerando, sobre todo, los datos del cuadro 1-–, para los candidatos al Concejo podría ser una estrategia racional entrar en la competencia publica representando al Partido Liberal para que los electores pudieran identificarlos con más facilidad frente a la multiplicidad de las “terceras fuerzas”, en el contexto descrito –y partiendo del supuesto según el cual las fuerzas políticas en competencia se ubican en el espectro electoral en donde se concentra un mayor número de votantes potenciales136–, resulta altamente estratégico para los candidatos presentarse como “independientes”. Mientras los candidatos al Concejo se presentan como “independientes”, actuando en consecuencia con una estrategia racional que busca acercarse al votante medio, la elección racional de los electores puede verse afectada por cuanto se hace más difícil que éstos distingan los diferentes discursos ideológicos y, eventualmente, las propuestas presentadas por los políticos. Éste, sin duda, se constituye en un tercer elemento explicativo de nuestra pregunta; los bogotanos votan de manera racional al elegir candidatos que en su rótulo afirman ser “independientes”, en consecuencia con las preferencias políticas que la mayoría dice tener (cuadro 2). Sin embargo, los ciudadanos no tienen los recursos suficientes para explorar entre tantas ofertas de “independencia”, algunas de las cuales incluyen propuestas individuales demasiado específicas, otras lo suficientemente generales y ambiguas como para no diferenciarlas de las demás. En buena medida, y por esta razón, son elegidos al Concejo personajes que actúan en contravía directa a los alcaldes, también elegidos como “independientes”, de acuerdo con las preferencias de los bogotanos y con mayores niveles de legitimidad en las encuestas de opinión.

136 Downs. Ob. cit.

Por el mismo motivo, y ante el desdibujamiento de lo programático, también se hace difícil que los ciudadanos ejerzan el voto como mecanismo de castigo a los concejales que no ejecutan su mandato o que no actúan en aras de lo que los mismos votantes pueden considerar bueno para la ciudad. Más aún, activar el voto como voz de protesta no tiene mucho sentido en un contexto político caracterizado por la débil aglutinación de las figuras políticas alrededor de propuestas e imágenes claramente identificables: dadas las condiciones de indiferenciación ideológica, para el elector no implica ningún trauma dejar de elegir a un concejal que se presenta como “independiente” y votar por otro que también así se rotula.

CONCLUSIONES La elección y la consecuente gestión de los dos últimos alcaldes, así como el perfil de los mismos, ha llevado a pensar en la institucionalización de una tendencia informal de los bogotanos a votar por este cargo de acuerdo con criterios de elección que privilegian las prácticas políticas propositivas, ejecutoras, y ante los ojos de los ciudadanos “renovadoras”. Esta tendencia a defender lo “independiente” y “antipartidista” se reflejó con especial claridad en el último debate a la Alcaldía, protagonizado por Antanas Mockus y María Emma Mejía. Sin embargo, los bogotanos siguen escogiendo algunos concejales que ante sus propios ojos gozan de poca legitimidad. Ante la pregunta que busca relacionar las diferencias con los niveles de legitimidad de la Alcaldía y del Concejo distrital, con el tipo de criterios que definen las elecciones que hacen los bogotanos de sus representantes en estas dos instituciones, este texto se concentró en la búsqueda de variables que, de una u otra forma, tienen que ver con el modo como se distribuye y utiliza entre los electores la información que tienen sobre sus posibles representantes. El primero de los argumentos esgrimidos para explicar lo que a primera vista parece ser la existencia de electores con preferencias políticas no consistentes, se relaciona con las diferencias


que en términos de calidad y cantidad de información sobre el funcionamiento político del Concejo y de la Alcaldía inciden en un mayor o menor interés por parte de los votantes en invertir más recursos para definir cuidadosamente su voto. Particularmente, se mostró cómo la actitud prevenida de los medios ante todo lo que tiene que ver con el Concejo, incide en que los votantes capitalinos sientan que, en la medida en que su voto difícilmente tendrá efecto en la salvación de una institución tan viciada, la mejor opción sea la de alejarse o descuidar la elección a esta corporación. El desinterés por quien es electo al Concejo está reforzado por el peso que el ejecutivo tiene como consecuencia de su fuerza simbólica y del hecho de que algunos de los proyectos iniciados durante la primera gestión Mockus y continuados en el gobierno de Enrique Peñalosa han tenido una gran visibilidad. La lejanía de las decisiones políticas que se toman en el Concejo, así como las diferencias de cantidad y calidad de información que los electores tienen acerca de los candidatos a esta institución y a la Alcaldía, se ven profundizadas por un factor que tiene que ver con la pérdida de control de los partidos políticos sobre sus miembros, que se traduce en: a) la multiplicación de listas y b) la proliferación de candidatos “independientes”. Ambas consecuencias generan problemas informacionales y de inversión de recursos por parte de los electores, en la medida en que es difícil discernir para un votante racional las propuestas de un número tan grande de candidatos y distinguir cuáles de éstas le convienen más a él y a la ciudad; además, bajo la capa de la “independencia” se oculta una gran ambigüedad ideológica que –aunque racional para los aspirantes a los cargos políticos–, resulta “irracional” para los votantes en el momento de tomar una decisión. Finalmente, y aunque no se incluyó como factor explicativo en el texto, vale la pena señalar que la permanencia de la practica del clientelismo por parte de muchos de los aspirantes al Concejo también afecta la legitimidad de esta institución, así como el modo en que se materializan las decisiones colectivas de los bogotanos bajo la forma de resultados electorales. Para algunos

bogotanos, el Concejo tan sólo supone costos de decisión y de funcionamiento político que no se reflejan en contribuciones claras del cuerpo colegiado al bienestar de la ciudad137. Acudir al elemento informacional resulta clave para construir una respuesta que pueda abrir paso a la formulación de elementos propositivos, dirigidos a mejorar la calidad de los concejales mediante la utilización ciudadana de las dos dimensiones del voto que rescata Manin: como mandato y como castigo138. Apostarle a estrategias más coherentes de formación de decisiones colectivas dependerá, en buena medida, de disminuir los problemas informacionales que inciden en las elecciones de los bogotanos. En el caso del tema tratado en este texto es importante pensar en mecanismos de acercamiento y de información sobre el Concejo que permitan a los sufragantes capitalinos escoger de manera más cuidadosa a sus representantes y sancionar con el voto a los que no tengan un buen desempeño ético y político. Si bien los medios han aprendido a desarrollar estrategias para promover la veeduría ciudadana a los concejales, deben también apostarle a la generación de un enfoque más positivo (y menos reactivo) acerca de la importancia y el sentido de mejorar el desempeño de esta institución distrital. Finalmente, hace un tiempo viene sonando la propuesta de disminuir el número de concejales de la ciudad o de que éstos representen diferentes circunscripciones electorales dentro del Distrito Capital139. Aunque la puesta en marcha de la segunda propuesta puede generar condiciones propicias para fortalecer las prácticas clientelistas, debe ser considerada en el momento de pensar en la reducción de los costos de decisión y los costos informacionales que esto supondría, viabilizando así la posibilidad de que los gobernados tengan más interés y control sobre los candidatos y sobre los elegidos.

137 Véase Pizano. Ob. cit., capítulo IV. 138 Ídem. 139 Algunos detalles sobre las propuestas de reforma política relacionadas con el Concejo de Bogotá están contenidos en: Dávila y García. Ob. cit.

COYUNTURA LA POLÍTICA EN LA PAZ Y LA VIOLENCIA

LA POLÍTICA EN LA PAZ Y LA VIOLENCIA Mauricio Romero Profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEPRI, Universidad Nacional de Colombia. Si bien es casi un lugar común decir hoy que la solución al conflicto armado colombiano debe ser política y no militar, los análisis que resaltan la dinámica política del enfrentamiento no son muchos, y en cambio, los razonamientos estructurales para explicar la confrontación tienden a prevalecer. Esa tendencia a lo estructural no es mala ni buena per se; más bien, hace referencia a las condiciones en las que el conflicto surgió. Sin embargo, ese acento tiende a mostrar una visión parcia l, si no está acompañado de un examen de los procesos y las interacciones de los actores que intervienen en las diferentes coyunturas, y de los cambios y realineamientos que usualmente les siguen. Además, ese énfasis en lo estructural, muy asociado con perspectivas materialistas o económicas, tiende precisamente a oscurecer las posibles salidas negociadas al conflicto, ya que sustentan demandas por transformaciones radicales que incluyen cambios drásticos en la distribución de la riqueza, en particular de activos representados en propiedad rural. Esas transformaciones han sido históricamente resultados de acontecimientos extraordinarios como revoluciones, guerras civiles, rebeliones triunfantes, golpes de Estado –hechos en su mayoría violentos- o de situaciones que incluyen “quiebres en la institucionalidad” o cambios súbitos de régimen, y no consecuencia de acuerdos en una mesa de negociación. Una “revolución por decreto”, como un ex presidente liberal caracterizó hace un tiempo a las negociaciones con las FARC, es muy poco probable que ocurra, entre otros factores, dado el hondo antagonismo entre el partido mayoritario en el Congreso, el liberal, y el más grande de los grupos subversivos, las FARC. Este texto intenta hacer un análisis del proceso político alrededor de las negociaciones de paz entre gobierno y guerrilla en los últimos años, introducir en el razonamiento a los paramilitares

y su papel en esos intentos de negociación, y examinar la dinámica política alrededor de esas tentativas. El trabajo no incluye un estudio del proceso interno de la negociación o “la creación de confianza” entre las partes, ni un análisis detallado de la guerra a la que está ligado. Sin embargo, la perspectiva planteada deja observar aspectos inéditos hasta el momento: las interacciones del campo político legal con el ilegal o con el propiamente subversivo; la competencia y disputa entre facciones del partido liberal y conservador por usufructuar políticamente el fracaso o el éxito de las negociaciones; o la fragmentación del Estado en diferentes agencias o niveles cuando de negociar la paz con la guerrilla se trata. Igualmente, el enfoque permite analizar la influencia de los diferentes actores internacionales en la dinámica doméstica, y la contraparte interna que se ve fortalecida con las distintas formas de intervención de esos agentes externos, sean gobiernos, organizaciones internacionales o multilaterales, ONG o agencias similares. En este trabajo se busca mostrar cómo alrededor de las negociaciones de paz y mientras la guerra se ha incrementado, el régimen político también se ha transformado. En ese forcejeo por darle un rumbo a las negociaciones, se han podido entrever posibles coaliciones entre los partidos y facciones que conforman el sistema político formal y los que no están incluidos en él, hechos que no hacían parte del repertorio político a nivel nacional hasta hace pocos años. En las elecciones presidenciales de 1998 se insinuaron algunas de esas posibles alianzas o al menos acercamientos: el candidato liberal con el ELN, y el candidato conservador con las FARC. Para las elecciones del primer semestre de 2002 no se perfilan asociaciones tan claras como las que se dieron en la campaña presidencial pasada. El enfoque del estudio utiliza dos herramientas analíticas principales: una que mira la relación entre la política legal y la ilegal140, y otra

140 McAdam, Doug; Sidney Tarrow y Charles Tilly. Dynamics of Contention. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.


llamada “coalicionista”141. La primera propone unir analíticamente la política electoral y la violencia política como parte de un mismo proceso de competencia y lucha por controlar el acceso al poder institucional. Así, el texto presenta una perspectiva que relaciona lo electoral, las negociaciones de paz y la violencia política, y trata de romper esa segmentación en el estudio del actual proceso político colombiano. La segunda considera que la formación de democracias duraderas depende de la rivalidad y competencia entre los diferentes sectores de las elites tradicionales, y de las oportunidades para crear alianzas multiclasistas en coyunturas definitorias de condiciones y coaliciones más estables. Es decir, cuando hay emulación dentro de las elites políticas, es más probable que haya incentivos para buscar el apoyo de otros sectores sociales por parte de esos competidores, y si además, esos sectores disponibles para alianzas están organizados y movilizados, hay posibilidades para crear coaliciones multiclasistas y al mismo tiempo democratizadoras.

Por el contrario, cuando la mayoría de las elites políticas están unificadas y en un bloque mayoritario –como durante el Frente Nacional y los años posteriores–, la ausencia de competencia no facilita la supervisión política y ciudadana, hay mayor polarización, el rango de las posibles coaliciones se reduce, y la política tiende a convertirse en una relación de suma cero. Además, existe el riesgo de que esa unificación por arriba tienda a perpetuarse como una coalición ganadora estable, que le cierra espacios a las minorías radicales. Éstas, al no ver posibilidades de participar en dichas coaliciones en el régimen democrático, pueden acudir a la violencia como una forma de buscar participación en las alianzas ganadoras142. En la perspectiva coalicionista los sectores de elite, medios o populares por sí solos no pueden generar una democracia estable, ya que además de los acuerdos mínimos sobre acatamiento de

141 Yashar, Deborah. Demanding Democracy. Reform and Reaction in Costa Rica and Guatemala, 1870s-1950s. Stanford: Stanford University Press, 1997. 142 Collier, Paul. Economic Causes of Civil Conflict and their Implications for Policy. World Bank, 2000.

unos procedimientos de acceso al poder, aquélla es el resultado de alianzas duraderas que incluyan a los diversos sectores. Así mismo, esta perspectiva ofrece la posibilidad de ver los aspectos positivos de los “populismos democráticos”143 frente a la fragilidad institucional que con frecuencia inducen, y de analizar comparativamente las relaciones entre la pervivencia de la violencia política en Colombia y esa relativa estabilidad institucional observada en el país. La presencia de ese tipo de coaliciones democratizadoras en Colombia –división y competencia entre las elites políticas con presencia de sectores subalternos movilizados– ha sido muy ambigua durante los últimos 40 años. Se han presentado coyunturas que no han cristalizado en acuerdos duraderos, como la de la ANUC y el gobierno reformista liberal de Carlos Lleras (1966-1970), cuando se observó el poder democratizador de esas coincidencias, lo mismo que la dimensión de las reacciones en su contra. Otro momento pudo ser el inicio del gobierno del presidente conservador Belisario Betancur (1982-1986), con pocos resultados en el corto plazo, aunque durante su periodo se abrieron las negociaciones directas entre gobierno y guerrilla –negadas durante ocho años de gobiernos liberales y amplio uso de la coerción– que luego dieron paso a la Constitución de 1991 y sus garantías a los derechos ciudadanos frente al Estado. Otra coyuntura similar podría haber sido la elección presidencial de 1998 y la alianza tácita entre el candidato conservador y la guerrilla de las FARC.

En este artículo se discute la relación entre monopolio de la tierra y poder político, no para desconocerla, sino para llamar la atención sobre la dirección de la causalidad. El estructuralismo asociado con los análisis materialistas o económicos ha sido propicio para derivar causalidades directas de una variable a otra, como en el caso de la posesión de riqueza y su influencia en el poder político, oscureciendo la relación inversa, los efectos de la política en la

143 Palacios, Marco. De populistas, mandarines y violencias. Luchas por el poder en Colombia. Bogotá: Editorial Planeta, 2001.


concentración o redistribución de riqueza. Esto es relevante para el caso de una eventual reforma agraria asociada con el proceso de paz. Ésta sería una típica decisión del ámbito político que afectaría la distribución de la riqueza. Generalmente, la estructura de propiedad agraria se toma como un punto de partida, como un dato dado, sin tener presente que también es un resultado, una consecuencia de un proceso político. Así, al tomar esa estructura agraria como un dato, es fácil concluir que para que haya paz, primero hay que hacer una redistribución de la tierra, debido a sus efectos democratizadores en el ámbito de lo político. Sin embargo, si esa estructura se considera como un resultado, es clara la necesidad de construir las coaliciones para facilitar un resultado reformista. En esta forma de ver la causalidad no se atribuyen a los actores comportamientos derivados de la posición económica, naturalizando ciertas disposiciones, sino que sus comportamientos son resultado de los contextos relacionales en los que operan, dejando espacio a la capacidad estratégica de cada uno de ellos. Es decir, los propietarios rurales grandes o medianos no serían esencialmente reaccionarios y propensos al uso de la violencia, ni los campesinos y trabajadores rurales naturalmente progresistas y demócratas. La variedad de alianzas regionales en Colombia muestran un rango de asociaciones que desafían esa naturalización del comportamiento político derivado de la posición en la estructura económica. Finalmente, en esa perspectiva coalicionista el trabajo quiere resaltar una forma diferente de analizar el lugar de los paramilitares o la violencia reaccionaria en el proceso político colombiano, distinta a la interpretación derivada del enfoque materialista. En éste, esa violencia buscaría aumentar el latifundio ganadero y la concentración de la tierra, y por esta vía mantener el control político o aumentar su poder. Lo político queda reducido así a una relación entre propiedad y poder, quedando por fuera del análisis una multitud de fenómenos no contemplados por esa particular forma de interpretar la formación del interés económico. Lo étnico, lo regional, el centralismo, las polarizaciones de la guerra y la dinámica

territorial que genera, la competencia entre elites, entre otros aspectos, quedarían subordinados a esa ley de hierro que va desde la propiedad hacia la política. Por el contrario, en el análisis planteado el efecto de los paramilitares y autodefensas no se supone que sea únicamente el de mantener o fortalecer el latifundio –aunque esa haya sido una de sus consecuencias– sino el de frustrar la formación de dichas coaliciones reformistas en el nivel local, regional y nacional, e impedir el desarrollo de apoyo político que haga posible el reformismo. En ese sentido, estos grupos tienden a ser unos defensores extremistas del statu quo. Siguiendo este razonamiento, se puede afirmar que la agudización de la violencia política desde 1982 obedecería a las reacciones surgidas en contra de las posibilidades de redefinir los equilibrios políticos regionales, resultado de los nuevos competidores, las nuevas agendas públicas y un rango de posibles alianzas más amplio creado por los acuerdos de paz con la guerrilla, la apertura política y la descentralización144. Este es el argumento central del trabajo alrededor del cual se ha construido la narrativa. Además, la derivación de lo político desde lo económico no incluye en el razonamiento sobre la violencia los cambios en la estructura estatal resultado de la descentralización política iniciada en 1988. En efecto, esa devolución de poder al nivel subnacional creó un espacio de competencia que no existía antes. Como el conflicto armado continuó, esa reforma que fue pensada como un paso hacia una mayor democratización, y por tanto hacia una disminución de la violencia, lo que produjo fue un efecto contrario. Lo malo no fue la reforma descentralizadora, sino el fracaso de las negociaciones de paz con los dos grupos guerrilleros más numerosos y organizados –las FARC y el ELN– y la emergencia de un actor armado irregular –las AUC– opuesto a las guerrillas, además del Estado. Al aumentar la competencia política para el acceso institucional al nivel regional y local, en un contexto de

144 Romero, Mauricio. “Democratización política y contrarreforma paramilitar en Colombia”. En: Bulletin de l’Institut Français d’Études Andines. IFEA. Tomo 29, No. 3, 2000.


conflicto armado en diversas regiones del país, el resultado fue una intensificación de la violencia, hecho contrario a lo esperado. El texto está organizado de la siguiente forma: primero presenta el concepto de comunidad política y lo relaciona con el de reconocimiento. Luego discute el trabajo reciente del Banco Mundial sobre las causas económicas de los conflictos armados, y llama la atención sobre la reflexión que se hace allí acerca de la relación entre mayor diversidad y menores riesgos de conflicto violento en una sociedad. Posteriormente se analizan los cambios en las formas de coerción en Colombia y la pérdida, por parte del Estado, del control de esa coerción a favor de grupos contraestatales y paraestatales. El documento continúa con un análisis de las coaliciones tácitas entre actores legales e ilegales en las elecciones presidenciales de 1998, y de la competencia entre facciones de los partidos liberal y conservador para obtener resultados políticos a través de las negociaciones de paz o del enfrentamiento militar. Esa rivalidad y competencia ofrece oportunidades de incorporación para los actores ilegales o subversivos, las cuales disminuyen, de la misma forma, cuando hay una unificación de esas elites políticas. Finalmente, el texto hace un análisis preliminar de lo sucedido con la zona de convivencia para el ELN en el Magdalena medio. RECONOCIMIENTO, DIVERSIDAD Y PAZ El Estado colombiano está en un umbral en donde podría entrar en un proceso de consolidación o prolongar su decaimiento actual. Lo primero incluye la redefinición de las responsabilidades centrales frente a los entes territoriales subnacionales, lo mismo que la recomposición de la comunidad política145, base

145 La comunidad política se define como el conjunto reconocido de competidores por el poder, a los cuales se les acepta como legítima su aspiración de dirigir el aparato estatal. En nuestro país la composición de esa comunidad está todavía en disputa y tiende a estar limitada a los dos partidos históricos –el liberal y el conservador–, mientras que hay sectores o agrupaciones que por no pertenecer a esa comunidad son considerados como indeseables y ajenos a esa comunidad, y por tanto convertidos en sujetos o portadores de derecho dudosos. Esto expone a los

del sistema de intermediación de intereses y de representación electoral. De ahí la importancia de las negociaciones de paz. Éstas son un intento por incluir en la comunidad política a los grupos alzados en armas, y su fracaso profundizaría el conflicto armado y pondría en riesgo la viabilidad inmediata de Colombia como Estado nacional, comprometiendo su soberanía y sus posibilidades en el mundo competit ivo de la globalización actual. La finalización del conflicto armado sería la base para esa consolidación estatal. Ésta supone recuperar las normas básicas de convivencia social, una confianza mínima entre los ciudadanos, y entre éstos y las instituciones públicas, ya que no habría organizaciones desafiando la autoridad y soberanía estatal, ni tampoco promoviendo acciones depredadoras frente a los diferentes grupos de la sociedad. Sin embargo, como en Colombia todavía existe una disputa por la definición de la comunidad política, las diferentes intervenciones del Estado y la sociedad pueden quedar inmersas en ese conflicto armado o contribuir a su resolución. Las políticas de paz generalmente incluyen inversiones sociales o económicas, pero a veces tienden a olvidar el campo específicamente político y la disputa por redefinir ese conjunto de competidores por el poder, conflicto asociado con el reconocimiento. Éste no sólo se refiere a la distribución de incentivos materiales a través de proyectos de inversión en infraestructura o gasto social, sino a la redefinición de representaciones y prácticas de agencias estatales o grupos con poder que someten, devalúan o desconocen perspectivas de mundo de grupos regionales, políticos o sociales diferentes a los considerados oficiales o aceptados.

excluidos de esa comunidad al abuso de autoridades y sectores con recursos y poder, a la vez que propicia unas relaciones de antagonismo, arbitrariedad y venganza en la sociedad. Sobre el tema de la comunidad política y el tipo de conflictos que desencadena, véase Linz, Juan J. y Stepan, Alfred. Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996.


Esa ausencia de reconocimiento por parte de las autoridades centrales y elites regionales no sólo se limita a lo político-partidista, sino a otros campos como el étnico, el cultural, el social y el ambiental. Las visiones distorsionadas o peyorativas desde grupos de poder sobre diferentes sectores o procesos sociales locales han contribuido a crear patrones de interacción que oprimen, reducen o devalúan formas de ser, pensar o actuar, diferentes a las aceptadas como “normales” o “modernas”. Como el reconocimiento está íntimamente ligado a la identidad y al entendimiento individual y colectivo de “quiénes somos” y a la dignidad de seres humanos, esos otros desconocidos, negados o distorsionados por grupos con mayores recursos y poder, además de sentir daño y sufrimiento146, también pueden resistir y hasta rebelarse. A esta situación se refieren los análisis recientes sobre las “identidades de resistencia”147, para referirse a las reacciones locales frente a procesos macro que han tenido efectos devastadores en los sectores más pobres de la sociedad, como por ejemplo la globalización y las consecuencias de la liberalización comercial en el sector rural colombiano. Sobre el aspecto del reconocimiento es ilustrativo discutir el trabajo reciente del Banco Mundial sobre las causas económicas de las guerras civiles contemporáneas.148 El análisis de Collier indica que el conflicto se presenta en todas las sociedades, pero que la guerra civil es algo poco usual. Ésta ocurre cuando las organizaciones insurgentes son capaces de controlar fuentes de ingreso permanentes. Sin entrar a discutir el enfoque general del trabajo, es importante mencionar que éste aborda otros temas que son relevantes para entender el concepto de comunidad política y su pertinencia para analizar el conflicto armado en Colombia. En concreto, el de la diversidad en una sociedad y los riesgos de conflicto violento. Collier señala que hay una relación positiva entre diversidad y seguridad, o si se quiere, una relación negativa entre diversidad y riesgos de conflicto violento: a mayor diversidad, 146 Taylor, Charles. “The Politics of Recognition”. En: Multiculturalism . Princeton: Princeton University Press, 1994. 147 Castells, Manuel. The Power of Identity. Londres: Blackwell Publishers, 1997. 148 Collier, Paul, Ob. cit.

menor el riesgo. Esto es así, según Collier, porque en una sociedad diversa las posibilidades de que un grupo mayoritario imponga una dominación sobre minorías disminuye, y por eso los levantamientos contra esa dominación son menos probables en sociedades diversas. Si ampliamos el concepto limitado de diversidad que utiliza Collier y el cual se refiere básicamente a lo étnico, y en ocasiones a lo religioso, e introducimos otro tipo de identidad como la política, el análisis es mucho más iluminador para la situación colombiana. El trabajo indica que cuando en una sociedad un grupo representa establemente a más de la mitad de la población, este grupo tiene el poder o el interés para marginar, explotar o desconocer a una minoría, es decir, hay riesgos de que se conforme un predominio estable, y así, generar las condiciones para una rebelión. Este riesgo aumenta entre mayor el predominio. Esto corresponde a lo que en ciencia política se llama una coalición ganadora estable. La rebelión surge porque esa minoría, dada la estabilidad de la mayoría dominante, no ve que los grupos excluidos del poder puedan entrar en una coalición ganadora en el marco democrático; es decir, la democracia no ofrece perspectivas de reivindicación para esas minorías. La coalición ganadora estable descrita por Collier se parece mucho a la conformada por el Frente Nacional (1958-1974) y las coaliciones permanentes entre facciones de los partidos liberal y conservador que le siguieron, cuando grupos menores y de tendencia comunista, socialista o socialdemócrata radical no pudieron formar parte de esas coaliciones a nivel nacional, ni mucho menos en los niveles subnacionales dada la fuerte centralización política que existió hasta 1987. Si bien esa tendencia a conformar gobiernos de coalición entre esas dos agrupaciones mayoritarias es hoy menor, y cuando ocurre son inestables, las oportunidades a nivel regional y local sí se han ampliado, y las posibilidades para formar parte de coaliciones ganadoras es real. Sin embargo, la existencia de grupos insurgentes por fuera de la comunidad política y las reacciones armadas en su contra hacen muy difícil el funcionamiento de esos sistemas locales. Un proceso de paz con éxito, al menos en teoría, debería ofrecer esa posibilidad a


las minorías políticas aún en armas, por lo menos en algunas regiones, si no es posible a nivel nacional. A manera de ilustración del esquema planteado, la elección presidencial de 1998 se podría asemejar a una situación en la que minorías políticas representadas por las guerrillas intentaron entrar en coaliciones ganadoras, aprovechando la competencia entre las elites políticas mayoritarias. Por un lado, el partido conservador aceptó una alianza tácita con las FARC en las elecciones presidenciales de 1998, no sólo para dar una imagen de posibilidad real de paz, sino también para balancear la alianza manifiesta entre el candidato liberal y el ELN, y la propuesta de un eventual proceso de paz entre esta guerrilla y un partido liberal en la presidencia. Esto había quedado prácticamente acordado en la reunión de Mainz (Alemania) en julio de 1998149, hecho que confirmaba la percepción de que el candidato liberal Horacio Serpa tenía una propuesta de paz más madura que la del candidato conservador150. Sin embargo, no se puede descartar que algunos de los estrategas del conservatismo estuvieran pensando en sentar las bases para una nueva coalición ganadora que le disputara el poder a las mayorías liberales, utilizando para esto una negociación exitosa con la guerrilla de las FARC151. El director del partido liberal, senador Luis Guillermo Vélez, lo manifestó públicamente varias veces durante los últimos años, y con mayor beligerancia en el segundo semestre de 2001, cuando se rumoró la posibilidad de que el gobierno convocara a una asamblea constituyente con participación de las FARC, en remplazo de las elecciones parlamentarias de 2002. El rumor tomó cuerpo luego de la divulgación de las recomendaciones de la “Comisión de personalidades” a la mesa de negociación entre el gobierno y las FARC, nombrada de común acuerdo para agilizar el proceso de paz y sugerir un plan de acción en contra de los grupos 149 Umaña Luna, Eduardo. Carta abierta a los firmantes del acuerdo “La Puerta del Cielo”. Bogotá: Impresión Gráficas Punto y Trama, 1998. 150 Vargas, Mauricio Tristes tigres. Revelador perfil de tres mandatarios que no pudieron cambiar a Colombia. Bogotá: Editorial Planeta, 2001. 151 Ídem.

paramilitares y de autodefensa, en las que se planteaba la asamblea constituyente como una vía para el éxito de las negociaciones152. Aunque no se consolidó la continuidad de esos acuerdos coyunturales entre partidos tradicionales y grupos buscando inclusión en la comunidad política, si quedó expuesta esa competencia entre partidos legales en torno a la paz y la interacción con los grupos ilegales. Unos buscaban réditos electorales, otros participar en coaliciones ganadoras. Falta por hacer un análisis de los factores y procesos que llevaron a la redefinición de esos acuerdos preliminares una vez finalizado el proceso electoral. La oposición liberal, empresarial, del estamento militar, y de los grupos paramilitares y de autodefensa fue sin duda una razón de peso. Si bien la zona de despeje para las FARC fue un resultado de un acuerdo con el candidato ganador, la desconfianza de las FARC para entrar en el juego político planteado por el presidente Pastrana y la oposición que despertó ese tipo de relaciones, marcaron el fracaso de las negociaciones de paz. NEGOCIACIONES DE PAZ Y CAMBIO EN LAS FORMAS DE COERCIÓN La crisis de la deuda externa durante la década de los ochenta en Latinoamérica fue bautizada como "la década perdida" en términos de desarrollo económico. El impacto de ese fenómeno no demandó en Colombia los ajustes estructurales que sufrieron la mayoría de los países de la región. Sin embargo, en términos de desarrollo político y gobernabilidad democrática, a juzgar por la situación al final de los años ochenta, los resultados de casi una década de negociaciones de paz habían sido ambiguos, si no calamitosos. "Al filo del caos" fue el título de un libro publicado por prestigiosos académicos sobre la realidad del país al iniciar los años noventa153. Con excepción de la convocatoria a una asamblea constituyente para 1991, había 152 “Documento de la Comisión de Personalidades a la Mesa de Negociación”. En: La Revista de El Espectador. No. 62, septiembre 23 de 2001. 153 Leal, Francisco y Zamosc León (eds.). Al filo del caos. Crisis política en la Colombia de los años 80. Bogotá: Tercer Mundo Editores - IEPRI, 1990.


poco para sentirse optimistas. Como lo expresó un ensayista luego de la promulgación de la nueva constitución, a ésta le faltaba sujeto, una voluntad colectiva para ponerla en práctica154. En efecto, las garantías para la oposición política de izquierda surgida del proceso de paz habían sido borradas en la práctica por el aniquilamiento, si no silenciamiento, de varios de los grupos opositores más importantes, y con esto las posibilidades de consolidación de movimientos políticos más amplios y de mayor envergadura. El desacuerdo con las negociaciones de paz por parte del estamento militar, de buena parte de las elites empresariales, de los propietarios rurales, de la mayoría de la jerarquía de la Iglesia católica, la ambigüedad de los dos partidos tradicionales y un contexto internacional de guerra fría poco favorable, no permitieron un avance en la reconciliación, aunque sí crearon una mayor desconfianza y distancia entre los sectores enfrentados y polarizaron aún más las identidades. La consolidación del narcotráfico y la compra de tierras rurales y urbanas en las regiones afectadas por el conflicto armado fue factor decisivo para esa polarización. Las coincidencias entre “narcos” y sectores de la organización militar en la necesidad de una "limpieza política" con el fin de pacificar, en lugar de una política para reconciliar, fueron determinantes. Los informes del procurador Carlos Jiménez en 1983 y del director del DAS en 1989 mostraron la cabeza del "iceberg", aunque no el monstruo. Hay que recalcar que esa confluencia entre narcotraficantes y sectores radicalizados de las fuerzas de seguridad fue nefasta en términos del cambio en los repertorios de la coerción estatal, y luego en la descentralización de esa coerción hacia las autodefensas y paramilitares. A partir de los años setenta se puede constatar cómo evolucionaron las formas de coerción estatal. Las detenciones arbitrarias hechas por las autoridades militares, es decir, sin un proceso judicial que garantizara los derechos a la libertad

154 Castellanos, Camilo. “A la nueva república le falta sujeto”. En: Colombia: análisis al futuro. Bogotá: CINEP, 1992.

y a un debido proceso, fueron el mecanismo principal de esa coerción. Esta forma comenzó a decaer desde el inició de la década siguiente, mientras que los homicidios y ejecuciones extrajudiciales, y las desapariciones ganaron peso. Este periodo corresponde con una gran movilización campesina provocada por el desmonte de la reforma agraria iniciada a mediados de los años sesenta, lo mismo que con una persistente protesta estudiantil y de los sectores educativo y de salud por los recortes en la inversión estatal. Es significativo que entre 1970 y 1971 las retenciones arbitrarias se multiplicaron por más de seis veces, al pasar de 615 a casi 4.000, para luego mantenerse en alrededor de 7.000 detenciones arbitrarias por año durante el resto de la década, y empezar a disminuir significativamente desde 1981. Mientras que esa forma de negación de derechos disminuía como forma de ejercicio de la coerción estatal en los años ochenta, los homicidios políticos y las ejecuciones extrajudiciales comenzaron a ganar peso numérico, lo mismo que las desapariciones, luego del inicio de las conversaciones entre guerrilla y gobierno en 1982. De la misma forma, el surgimiento de los llamados “escuadrones de la muerte” o “grupos de justicia privada” fue otra de las características que acompañó ese cambio en las formas de coerción en los años ochenta155. El ejercicio de la coerción ya no era exclusivo de la organización estatal; empezó a ser ejercido con amplitud por diversas organizaciones paraestatales y contraestatales (cuadro 1). Los cambios en las formas de coerción se inician luego de la formalización de conversaciones de paz entre el gobierno y las guerrillas en 1982, se acentúan con la creación de la Unión Patriótica en 1985, y se consolidan con el inicio de la descentralización política en 1988. En el cuadro se observa que el periodo 1986-1995 ha sido el más violento en la historia reciente del país. Precisamente en este lapso se cometieron el mayor número de asesinatos políticos de los últimos 40 años, los cuales coincidieron con las

155 Comisión de Estudios sobre la Violencia. Colombia: violencia y democracia. Bogotá: IEPRI, 1987.


cuatro primeras elecciones de alcaldes, en las que formalmente un competidor político nuevo –la UP– entró a la arena pública como parte de los acuerdos de paz entre el gobierno del presidente Betancur y las FARC en 1985, aunque la dimensión de la movilización social y política, y las expectativas que despertó el proceso fueron mucho más amplias que las canalizadas por ese movimiento. En efecto, 19.457 homicidios políticos y ejecuciones extrajudiciales se realizaron en esos diez años, contra 3.088 perpetrados en la década inmediatamente

anterior. Sólo en 1988 se presentaron 2.738 de esos casos. En el mismo periodo ocurrieron 1.611 desapariciones forzadas, contra 592 en la década anterior. Igualmente, el secuestro empezó a ser registrado en estadísticas en 1987 con 227 casos, y se consolidó como práctica de financiación forzada o de presión política desde el año siguiente, aumentando su número regularmente hasta llegar a una cifra diez veces mayor una década después. (cuadro 1)

Cuadro 1. Principales formas de coerción estatal 1970-1998 Año Detenciones

arbitrarias Homicidios políticos y ejecuciones

DesaparicionesSecuestros

1970 615 49 n.d. 1971 3.968 45 n.d. 1972 4.297 37 1 n.d. 1973 4.271 101 1 n.d. 1974 7.846 92 1 n.d. 1975 6.217 71 3 n.d. 1976 6.940 98 3 n.d. 1977 7.914 139 9 n.d. 1978 4.914 96 6 n.d. 1979 4.098 105 23 n.d. 1980 6.819 92 4 n.d. 1981 2.322 269 101 n.d. 1982 2.400 525 130 n.d. 1983 1.325 594 109 n.d. 1984 1.783 542 122 n.d. 1985 3.409 630 82 n.d. 1986 1.106 1.387 191 n.d. 1987 1.912 1.651 109 227 1988 1.450 2.738 210 640 1989 732 1.978 137 716 1990 1.102 2.007 217 1.191 1991 1.392 1.829 180 1.407 1992 961 2.178 191 1.320 1993 n.d. 2.190 144 1.026 1994 n.d. 1.668 147 1.293 1995 153 1.831 85 1.158


1996 n.d. n.d. n.d. 1.608 1997 n.d. n.d. n.d. 1.984 1998 n.d. n.d. n.d. 2.366 Fuente: Comisión Colombiana de Juristas. Colombia derechos humanos y derecho humanitario: 1996. Bogotá: Comisión Colombiana de Juristas, 1997.

Paradójicamente, la reforma política y la descentralización, impulsadas para promover la democracia y autonomía local, tuvieron efectos contrarios en términos del enfrentamiento armado, polarizaron aún más el conflicto, y han expuesto desde entonces a los civiles activos en política local a las amenazas de los paramilitares, las guerrillas, o las fuerzas de seguridad. La información que se ha presentado hace referencia a un periodo de 25 años, en donde se aprecia cómo durante el comienzo de la década de los ochenta se inició ese cambio en las formas de coerción estatal, para dar paso a otras modalidades y a otros agentes. Esos cambios en la coerción llegaron acompañados de una pérdida del monopolio de las armas por parte del Estado. Esto se ve reflejado en las estadísticas sobre homicidios y ejecuciones con motivaciones políticas. En efecto, al comienzo de la década de los noventa, un poco más de la mitad de estos delitos eran cometidos por individuos con algún tipo de

vinculación con las fuerzas armadas, mientras que organizaciones irregulares eran responsable s de cerca del 45% restante: 27% la guerrilla y 18% los grupos paramilitares. Al finalizar la década esa distribución había tenido cambios significativos. La responsabilidad de las fuerzas armadas en esos delitos bajó a cerca del 10%, mientras que los grupos paramilitares y de autodefensa contabilizaron 63% y la guerrilla el 27% restante (figura 1). El tema de la colaboración entre las fuerzas armadas y los grupos paramilitares al compartir un enemigo común surgió entonces como uno de los puntos más álgidos de debate público, tanto al interior de los diferentes gobiernos, como dentro del sector judicial y de las fuerzas armadas, así como también dentro de las organizaciones internacionales de derechos humanos y los gobiernos interesados en influir en la resolución del conflicto colombiano. No en vano este punto fue uno de los que más enturbió, si no el que más, las fallidas conversaciones de paz.

Figura 1. Descentralización de la coerción, 1993-1996

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

1993 1994 1995 1996

Años

Hom

icid

ios

y E

jecu

cion

es

Grupos GuerrillerosParamilitaresAgentes del Estado

Fuente: Comisión Colombiana de Juristas. Colombia derechos humanos y derecho humanitario: 1996. Bogotá: Comisión Colombiana de Juristas, 1997.


Las FARC suspendieron las conversaciones con el gobierno a finales del año 2000, para demandar una actitud decidida del ejecutivo en contra de esos lazos entre grupos de la institución militar y los diferentes frentes de las AUC. En el caso del ELN, la llamada zona de convivencia en el Magdalena medio acordada entre esta guerrilla y el gobierno del presidente Pastrana fue saboteada por las AUC, en asocio con las administraciones municipales, ganaderos y negociantes de la región, y organizaciones del mismo Estado. La concreción de un proceso con el ELN hubiera podido abrir una dinámica favorable a los productores campesinos medios y pequeños –la población rural es la mayoría y la más pobre– y puso en el tapete procesos regionales de incorporación política con programas reformistas de inversión social y de infraestructura, apoyados por la comunidad internacional. Ésta hubiera sido una excelente oportunidad para apoyar una reforma agraria regional en sus diferentes componentes –titulación, redistribución, comercialización, financiación, encadenamientos, etc.–, y si bien no pudo realizarse, sí mostró la posibilidad de reformas redistributivas regionales, en oposición a los programas nacionales más complejos y que despiertan mayor oposición. LA ZONA DE ENCUENTRO PARA EL ELN, LAS AUC Y LAS ALIANZAS ELECTORALES NACIONALES La zona de convivencia para el ELN en el Magdalena medio tuvo diversos orígenes: el Consejo Nacional de Paz creado durante el gobierno liberal del presidente Samper Pizano (1994-1998); gestiones de la Iglesia católica colombiana y alemana con el ELN; y apoyo del candidato liberal Horacio Serpa en la campaña de 1998156. Una vez acordada, la convención entre representantes de la sociedad civil colombiana, el gobierno entrante y el ELN debió haberse organizado a más tardar el 12 de octubre de 1998 en algún lugar de esta región. La propuesta estuvo desde el inicio amarrada a la candidatura

156 Umaña Luna, Eduardo. Ob. Cit.

presidencial del partido liberal. Al ser derrotado el liberalismo en las elecciones presidenciales, el ELN y su propuesta de Convención Nacional también perdieron, hecho que se corroboró con el tratamiento indiferente de la administración conservadora hacia este grupo, en contraste con el trato de aliado político dado a las FARC –concesión de una zona desmilitarizada, visitas presidenciales a la zona y reunión con el jefe de esta guerrilla, gira diplomática de las FARC a lo largo del viejo continente junto con funcionarios del gobierno, audiencias públicas televisadas sobre temas de la agenda común, prolongación de la zona desmilitarizada, etc.–. Este trato diferencial llevó al ELN a una campaña de ataques en contra de la población civil desde 1999 –secuestro de feligreses de la iglesia La María en Cali, del avión de Avianca en Bucaramanga, de miembros de un club de pesca en Barranquilla, y otros–, para obligar al nuevo gobierno a negociar; sin embargo éste no cedió y siguió tratando al ELN como a un perdedor. El que la campaña presidencial de 1998 hubiera tenido como competidores, por un lado, a la alianza electoral entre el mayor de los grupos guerrilleros (FARC) y el menor de los partidos tradicionales (conservador), y por el otro, al mayor de los partidos tradicionales (liberal) con el menor de los grupos guerrilleros (ELN) es diciente de la importancia dada a la pacificación en los medios políticos. Aunque menos reconocido, quedó evidente que el tema es un factor estratégico en la competencia electoral de las diferentes facciones de los dos partidos tradicionales legales. Esa interacción entre partidos tradicionales y las guerrillas es bastante significativa desde la perspectiva de la transformación del régimen político colombiano y su apertura a coaliciones o acercamientos con actores político-militares ilegales. Éstas son muy diferentes a las acostumbradas alianzas electorales y de gobierno entre facciones liberales y conservadoras. Igualmente, esa interacción es reveladora de la rivalidad, crisis e intentos de renovación a través de la paz de los dos partidos que históricamente han tenido las riendas del manejo del Estado. Esto es cierto, en particular, para el partido conservador y los intentos por redefinir las mayorías electorales a su favor luego de un constante declive durante los últimos 50 años.


No en vano fue el partido conservador, con Belisario Betancur (1982-1986) como presidente, quien por primera vez estableció negociaciones de paz directas con las guerrillas izquierdistas, luego de ocho años de mandatos liberales en donde el uso de la represión fue un instrumento de gobierno utilizado ampliamente. De forma similar, fue otro gobierno conservador el que en 1998 reestableció las negociaciones de paz con las FARC, esta vez con el presidente Andrés Pastrana (1998-2002), luego de doce años de gobiernos liberales. En estos años se avanzó en la desmovilización de grupos guerrilleros minoritarios (M-19, EPL, Quintín Lame, Corriente de Renovación Socialista del ELN, Autodefensa Obrera), pero con el mayor de todos, las FARC, las negociaciones estuvieron interrumpidas. El fracaso de este proyecto de incorporación política del ELN a través de la zona de convivencia también frustró las posibilidades de poner en la agenda pública las demandas de sectores campesinos de la región, quienes requieren urgentemente políticas de titulación de tierras, encadenamiento con procesos agroindustriales, financiamiento, comercialización, etc., para superar la pobreza de una de las regiones más marginales del país. Estas posibilidades hubieran sido facilitadas por el trabajo de más de cinco años en la región del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, PDPMM (Premio Nacional de Paz 2001), y por las inversiones del componente social del Plan Colombia, del cual el Magdalena medio es una de las tres regiones de intervención. El fracaso de esa zona de convivencia pone de presente la necesidad de armonizar procesos de reconocimiento –como hubiera sido una negociación política con el ELN–, con programas de inversión pública y privada, punto que se discutirá más adelante. Ese reconocimiento no hubiera sido sólo para los nuevos competidores por el poder institucional, sino para las agendas sociales, culturales, campesinas, ambientales y étnicas apoyadas por los diversos grupos locales y regionales que hubieran podido hacer oír su voz en la nueva arena pública ampliada por las garantías y condiciones para ejercer la democracia local.

PARAMILITARES, AUTODEFENSAS Y NEGOCIACIONES DE PAZ: UN CÍRCULO PERVERSO Si consideramos que los grupos paramilitares y las autodefensas son parte de una reacción más amplia en contra de las eventuales reformas que podrían ser el resultado de un proceso de paz exitoso157, entonces se puede sostener que cuando se inician procesos de paz, debería observarse un crecimiento de este tipo de agrupaciones. En efecto, eso es lo que se observa al constatar las cifras sobre número de efectivos. En la década de los ochenta los paramilitares y las autodefensas iniciaron su crecimiento como reacción en contra de las políticas de paz, y luego para contrarrestar las oportunidades de la descentralización política o elección de alcaldes, las cuales ofrecieron posibilidades de acceso al poder local y regional a las alianzas o frentes electorales con alguna influencia de la guerrilla o de movimientos de izquierda radical. Ese incremento en el número de hombres armados ocurre hasta 1990, cuando la desmovilización de diferentes grupos guerrilleros y la expectativa de paz surgida con la asamblea constituyente de 1991 redujeron la intensidad del conflicto y llevaron al desarme de algunos grupos paramilitares, como el de Fidel Castaño en el sur del departamento de Córdoba. Esta correlación positiva entre paramilitarismo y reformismo político ayudaría a entender mejor el carácte r de esta reacción armada, la cual se ha asociado casi exclusivamente con motivaciones económicas como el acaparamiento de tierras para el latifundio ganadero o con el desalojo de poblaciones para aprovechar la valorización predial y los beneficios futuros de proyectos de inversión pública y privada. En 1993 y 1994 el aumento en el número de combatientes de los paramilitares se reanuda, como consecuencia de la intensificación del conflicto entre las FARC y el ELN, por un lado, y el gobierno liberal de Cesar Gaviria (1990-1994), por el otro. En el periodo del también liberal Ernesto Samper (1994-1998) la expansión en número de los paramilitares reduce su intensidad. Se podría decir que esta baja fue el resultado de la legalización por un par de años de las cooperativas

157 Véase Romero, Mauricio. Ob. cit.


de seguridad y vigilancia Convivir, encargadas de la seguridad en las zonas de conflicto, ya que las negociaciones de paz con los grupos alzados en armas no avanzaron durante este período, haciendo así innecesaria una ofensiva para neutralizar la posible incorporación de las guerrillas al sistema político legal. Aunque hay que recordar que fue en este periodo cuando se inició una centralización política y militar de los

diferentes grupos paramilitares y de autodefensas del país, a través de la creación oficial de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, en abril de 1997 (figura 2). Figura 2. Crecimiento en los hombres en armas de los grupos paramilitares, 1986-2000.

0100020003000400050006000700080009000

1986

87

88

89

90

91

92

93

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95

96

97

98

99

20

00

Años

Hombres en Armas

Fuente: Ministerio de Defensa. Los grupos ilegales de autodefensa. Bogotá: Mindefensa, 2000. Las Convivir, que fueron eliminadas al final del gobierno Samper por sus nexos con la delincuencia común y los grupos paramilitares, en poco tiempo habían sobrepasaron las 400 en todo el país158. Llama la atención el número de Convivir en el departamento de Santander (cuadro 2), hecho que podría ser un antecedente ilustrativo de la ofensiva paramilitar, iniciada en 1997 contra del ELN y la población civil en el Magdalena Medio.

158Según la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en las Convivir estaban empleados unos 2.000 oficiales retirados de las Fuerzas Armadas. Véase “Convivir, embuchado de largo alcance”. En: Revista Alternativa. No. 8, marzo-abril, 1997, Bogotá.

Cuadro 2 Número de Convivir por departamento, 1997.

Departamento No. de CONVIVIR

Santander 106 Cundinamarca 83 Antioquia 65 Boyacá 64 Córdoba 19 Caldas 12 Cesar 8 Meta 8 Otros departamentos 49 TOTAL 414 Fuente: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, 1997. A partir de 1998 tiene lugar un aceleramiento en el crecimiento de los grupos paramilitares, precisamente cuando se insinuaron en el nivel nacional las posibles alianzas entre liberales y el


ELN, y entre conservadores y las FARC, lo mismo que propuestas de paz con estos grupos insurrectos. En efecto, según el Ministerio de Defensa, los hombres en armas de los grupos paramilitares eran 3.800 en 1997, y ya sumaban 8.150 en el año 2000, es decir un crecimiento de más del 100% en sólo tres años159. Esto indica que en la actualidad los paramilitares están en una etapa de expansión de sus actividades, similar a la ocurrida en los años 1993 y 1994, cuando la reactivación también incluyó intentos de centralización y unificación de mando, los cuales tomaron forma en la organización de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Así, este aumento del pie de fuerza de los paramilitares no sólo se debe a la ofensiva de las guerrillas y al incremento de los secuestros, tal y como sostienen los que ven en los paramilitares sólo el resultado de una falta de seguridad para los hacendados, ganaderos y propietarios rurales. El crecimiento y mayor radio de acción paramilitar también formarían parte de los planes de quienes serían afectados por un proceso de paz exitoso. Estos sectores –elites ganaderas y rurales, políticos locales tradicionales, etc.– mediante una alianza estratégica con grupos de las Fuerzas Armadas y el narcotráfico, esperan neutralizar cualquier intento de paz con negociación, lo mismo que el reformismo que aparentemente le seguiría, especialmente el que supone una redistribución de activos rurales. Si se analizan los paramilitares por el número de masacres cometidas, también se observa una mayor actividad desde 1998, y un incremento en casi cuatro veces en los ataques en contra de la población civil entre 1998 y 1999, con un resultado en el número de víctimas escalofriante, que para el año 2000 seguían aumentando a un ritmo perturbador (cuadro 3).

159 El Ministerio de Defensa llama autodefensas ilegales a los grupos paramilitares.


Cuadro 3. Masacres cometidas por grupos paramilitares, 1997-2000 / oct. Año No. de masacres No. de víctimas

1997 6 30 1998 16 111 1999 61 408 2000/oct. 75 507 TOTAL 158 1056 Fuente: Ministerio de Defensa. Los grupos ilegales de autodefensa. Bogotá: Mindefensa, 2000. Las regiones geográficas en donde se ubica ese crecimiento en combatientes y en capacidad operativa son principalmente Norte de Santander, los Montes de María en el departamento de Sucre, el Urabá chocoano, Antioquia, el Magdalena medio, el Valle del Cauca, parte del pie de monte llanero y el suroccidente del país, incluyendo el Putumayo, zonas en donde precisamente han ocurrido los mayores desplazamientos de población desde 1998160. Una de las regiones de reciente ampliación del radio de acción de las AUC ha sido el Magdalena medio. EL MAGDALENA MEDIO, EL SUR DE BOLÍVAR Y LOS PARAMILITARES Desde 1995 las organizaciones de derechos humanos denunciaron la intención de los grupos paramilitares de “sitiar a Barrancabermeja”161. Al respecto CREDHOS decía en ese entonces que la presión sobre el puerto petrolero venía desde el norte por San Alberto, el occidente por Puerto Wilches y el oriente por Sabana de Torres, y que ya ocupaban sectores de los barrios nororientales. Esto se complementaba con la presión por el sur desde El Carmen, Cimitarra, Puerto Parra y San Vicente de Chucurí.162 En el informe del año siguiente se registraba la presencia de los grupos paramilitares en Yondó, en la ribera izquierda del río Magdalena, el sur de Bolívar, la zona rural de Barrancabermeja, “y propaganda alusiva a las autodefensas y los paramilitares en el

160 CODHES. Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento. Informe No. 35, abril 17 de 2001. 161 CREDHOS. Citando el informe sobre derechos humanos del año anterior. Barrancabermeja, junio de 1996, p. 19. 162 Ídem.

casco urbano de esta ciudad, a pesar de la militarización”163. Este último punto es importante porque una de las quejas recurrentes de las organizaciones de derechos humanos y de sectores de la población es que los paramilitares se afianzan precisamente en las zonas altamente militarizadas, como el Magdalena medio o Urabá, o concretamente, como está sucediendo en Barrancabermeja desde la desaparición masiva de más de 25 pobladores –que se cree fueron incinerados– y el asesinato de otros siete por las Autodefensas Unidas de Santander y Sur del Cesar, AUSAC, el 16 de mayo de 1998164. Hasta ahora la impunidad de este hecho ha sido absoluta, como con la mayoría de los asesinatos y desapariciones, a pesar el enorme aumento en el gasto público para el fortalecimiento del sistema judicial, incluida la policía, y del impresionante pie de fuerza presente en la región: Fuerzas Especiales designadas para Barrancabermeja y la Brigada Móvil número 2, asignada a la Quinta Brigada, con sede en Bucaramanga. Esta dinámica indica que la prioridad de las Fuerzas Armadas es lo que ellos llaman “la seguridad estatal”, antes que la de los ciudadanos. No de otra forma se explica que las Fuerzas Militares hayan condecorado a comienzos del año 2001 al general Martín Orlando Carreño, comandante de la Quinta Brigada –precisamente con jurisdicción en el Magdalena medio santandereano y el sur de Bolívar– con una medalla por Servicio Distinguido al Orden Público y el Valor, en medio de “la toma” paramilitar de Barrancabermeja. Los efectos de este avance

163 Ídem. 164 “Los guardianes de Barrancabermeja”. En: La Revista de El Espectador. No. 28, enero 28 de 2001.


territorial se reflejaron en un crecimiento sostenido desde 1998 del índice de homicidios por cien mil habitantes, que en 2000 llegó a 250 (figura 3). La condecoración al general Carreño fue un reconocimiento por haber desarticulado una columna móvil de las FARC en la llamada Operación Berlín165. La columna de las FARC estaba compuesta en su mayoría por menores de edad de ambos sexos166. Mientras tanto, el ataque de los paramilitares a los supuestos “auxiliadores de la guerrillas” ha sido implacable en Barrancabermeja, precisamente en la jurisdicción de la Quinta Brigada. Desde 1999 han sido asesinadas en ese puerto, presumiblemente por los paramilitares, cerca de 800 personas acusadas por estos grupos de pertenecer o auxiliar a la guerrilla; muchos de ellos eran líderes comunales, barriales, sindicales, campesinos o activistas sociales y de derechos humanos. Si la seguridad estatal y la ciudadana son contradictorias, y para preservar la primera hay que sacrificar la segunda, como parece que está implícito en la forma de operación tanto del ejército como de la policía en el Magdalena medio, debe existir un problema político de por medio que hay que resolver, y no precisamente por las armas. Sin embargo, en la concepción de seguridad de las Fuerzas Armadas pareciera que “los enemigos de mis enemigos son mis amigos”, así se pase por encima del llamado “Estado de derecho”, o del simple monopolio estatal de la justicia y la coerción, sin los cuales no puede existir la democracia. Esa inacción de las autoridades armadas frente a los paramilitares en el caso de Barrancabermeja sólo despierta perplejidad, por decir lo menos. El general Carreño es considerado como uno de los oficiales más respetados e íntegros del ejército, lo que confirma la apreciación de que el problema no es de individuos, sino de la concepción sobre cómo abordar la seguridad en una situación tan compleja

165 El Tiempo. 22 de enero de 2001, sección 1, p. 4. 166 El hecho de que niños y adolescentes sean reclutados, enfrentados al combate y a la muerte, debería haberse reportado como una tragedia del conflicto armado colombiano; sin embargo fue presentado como “un triunfo” de las Fuerzas Militares.

como la actual y en medio de una negociación de paz. Esa perplejidad ha quedado registrada en múltiples testimonios sobre la ocupación realizada por los paramilitares de barrios marginales en Barrancabermeja en diciembre del año 2000 y el asesinato de jóvenes y adultos que consideraron simpatizantes de la guerrilla :

La ocupación terminó a las 4:00 de la tarde cuando las tanquetas al mando del coronel de la Policía José Manuel Villar, encargado de manejar la fuerza pública en el puerto, ingresaron a la zona. Los agentes entraron a la casa tomada y conversaron con diez paramilitares que la controlaban, revisaron sus armas y les dieron cinco minutos para que se ‘perdieran’. Ese fue el final de la historia según una docena de organizaciones locales que trabajan en defensa de los derechos humanos167.

Por el contrario, el coronel de la Policía tiene una versión distinta. “Gracias a las llamadas de la gente evitamos una tragedia grande, pues estaba anunciada la muerte de 20 personas. No tuve Navidad porque durante 24 horas hicimos operativos. Así es este trabajo”168. Esta divergencia entre las versiones de la autoridad armada y las de las organizaciones de derechos humanos en la apreciación de los hechos ha creado una gran desconfianza en los pobladores de los barrios acerca de la relación entre paramilitares y autoridades. Esto ha tenido un gran efecto a la hora de hacer denuncias y organizar las pruebas judiciales. El silencio de la población es aplastante por la falta de confianza hacia la autoridad. Uno de los oficiales del ejército encargado de la seguridad en el barrio La Paz en Barrancabermeja lo confirma: “Los habitantes del barrio han guardado silencio frente a la situación. El problema es que la ciudadanía no concreta las denuncias. Uno les pregunta en cuáles casas están [los paramilitares] o

167 “Los guardianes de Barrancabermeja”. Ob. cit. 168 Ìdem.


por dónde se fueron y no dan información”169. Según el oficial, la responsabilidad de la impunidad es de la ciudadanía, la cual no hace efectiva las denuncias. Pero, ¿quién se arriesga a denunciar si los representantes de la ley están bajo sospecha de parcialidad hacia los acusados? Además, no es la población la que tiene que hacer la labor de investigación e inteligencia para las autoridades. El coronel Villar, comandante de la Policía en el puerto, también da unas muestras de impotencia y pasividad que desdicen de la capacidad de la institución policial: “Nosotros verificamos los sitios, entramos y no encontramos gente armada”170. Sin embargo, en Barrancabermeja a finales del año 2000 era un secreto a voces el plan de las AUC para trasladar parte de sus efectivos del sur de Bolívar a esa ciudad. Así pasó, desde el 22 de diciembre “más de 100 combatientes llegaron por el río Magdalena a concretar una estrategia de guerra y muerte en la ciudad. Ellos piensan que desde el puerto petrolero pueden cerrarle los corredores de abastecimiento que el ELN tiene para sus militantes en el Magdalena medio”.171

Los efectos de esta ocupación se sintieron inmediatamente. Sólo en el primer mes del año 2001 las organizaciones de derechos humanos reportaron más de 40 muertos en el puerto, que se sumaron a los 567 del año anterior 172. Al observar la tasa de homicidios para la región, y en concreto para Barrancabermeja, se ven las consecuencias de la reacción paramilitar a los anuncios de la zona de convivencia para el ELN. El número de homicidios por 100.000 habitantes que venía fluctuando entre 10 y 14 durante toda la década de los noventa, pasó abruptamente a 133 en 1999, y según cálculos conservadores, a más de 250 en el año 2000173. Estos datos ilustran la libertad e impunidad con la que han actuado estas organizaciones irregulares.

169 “Barranca: guerra sin cuartel en vías”. En: El Espectador. 14 de enero de 2001. 170 Ìdem. 171 Ìdem. 172 Ídem. 173 Observatorio de Derechos Humanos, Vicepresidencia de la República.

La figura 3 muestra la evolución del promedio de la tasa de homicidios por cien mil habitantes para la región durante los años noventa. Ésta superó los 100 homicidios en 1999, con un leve descenso en el año siguiente. Resulta sorprendente el caso del municipio de Sabana de Torres en donde el promedio de homicidios, que durante la década de los noventa se mantuvo alrededor de 100, se duplicó en 1999. Este municipio supuestamente está “pacificado” y “sin guerrilla”, y está ubicado en una zona de amplia influencia paramilitar. Las ONG de derechos humanos en Barrancabermeja tienen información sobre campañas de “limpieza social” y persecución de jóvenes desempleados en Sabana de Torres. Aun así, ese indicador parece demasiado alto y valdría la pena investigar más a fondo. En Puerto Wilches también se aprecia el efecto en la tasa de homicidios de la campaña de las AUC por controlar las riberas del río.


Figura 3 Evolución de la tasa de homicidios por cien mil habitantes en algunos municipios del Magdalena medio santandereano 1990-2000.

0

50

100

150

200

250

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1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

BARRANCABERMEJAPTO WILCHESSABANA DE TORRESPromedio Región

Fuente: Policía Nacional. Procesado por el Observatorio de Derechos Humanos. Vicepresidencia de la República. Véase Panorama actual del Magdalena medio . Mayo, 2001. En el Sur de Bolívar los municipios más afectados por la campaña de expansión de las AUC han sido Simití y San Pablo. Los datos disponibles indican que en 1999 los índices de homicidios fueron 54 y 255, respectivamente174, y es factible que para el año 2000 se hayan mantenido en los mismos niveles. Esto contrasta con los índices entre 5 y 10 muertes violentas observados en esta región durante la década de los noventa. Sin embargo, uno de los hechos nuevos ocurridos en el forcejeo entre el gobierno, los paramilitares y el ELN por la zona de encuentro, fue el bloqueo de carreteras y la protesta en contra de esa decisión presidencial a favor de la zona. Esa movilización tuvo diferentes episodios a lo largo del año 2000. Aunque no se examinará en detalle esa movilización, se analizan algunos puntos sobre el tipo de convocatoria hecha por los paramilitares a la población. “¿A QUIÉN ESCUCHA EL PUEBLO?” La primera movilización social en contra de la zona para el ELN ocurrió en febrero de 2000, luego del anuncio presidencial referente a decretar

174 Ìdem.

la zona de convivencia en el Magdalena medio, para adelantar conversaciones con el ELN. Lo ocurrido en Morales, sur de Bolívar, es significativo de la dinámica que tuvo lugar en los cascos urbanos de esta región, días antes del bloqueo a la carretera que conecta el interior del país con la costa atlántica175. El 2 de febrero, apenas se conoció el sí del gobierno central al despeje del Sur de Bolívar, en Morales se expandió el rumor de que había que asistir a una asamblea en el parque de la Virgen del Carmen a las seis y treinta de la tarde. El objeto de la reunión era discutir una posible marcha en contra del despeje. La asistencia a la asamblea era “una orden” de los paramilitares, y sólo se podía quedar una persona en cada casa, y los demás tenían que desplazarse al parque. La asistenc ia fue de un poco más de mil personas, entre niños, mujeres y hombres. A la hora señalada un comandante paramilitar, uniformado y armado, se subió a una tarima improvisada, y con un megáfono se

175 El siguiente recuento está basado en un reporte escrito por dos asistentes a la asamblea, de los cuales uno fue asesinado por los paramilitares meses después, por razones de su oficio. Por este motivo se omite la identidad de sus autores.


presentó como integrante de las AUC diciendo: “No somos un grupo al margen de la ley, estamos aquí para apoyar y organizar a las comunidades”. Así mismo informó sobre una carta enviada desde San Pablo, Simití y Santa Rosa del Sur, en la que se “daban órdenes precisas sobre cómo proceder”. El jefe paramilitar continuó su discurso preguntando y pidiendo respuestas en coro a los pobladores reunidos. “¿Ustedes saben qué es el despeje?”, preguntó, pidiendo a la audiencia un sí o un no como respuesta. La asamblea en coro dijo “no”. Luego vino una explicación: “Es un nuevo gobierno donde se tendrá que hacer lo que ellos digan; quedaremos a la deriva”. En seguida habló de lo nefasto que era la zona de despeje de las FARC en San Vicente del Caguán, y preguntó:

¿Van a dejar que el ELN se vuelva a fortalecer cuando ya lo tenemos casi acabado? Nosotros no pedimos nada, sólo estamos aquí para pedir la colaboración moral y física para salir a la marcha. Estamos aquí porque el pueblo nos ha pedido su protección. Se necesita organizar un comité y contamos con el apoyo de la administración municipal, los gremios y los ganaderos.

También mencionó el apoyo del gobernador de Bolívar. Finalmente, el discurso también dejó campo para el humor. Al preguntar: “¿La subversión eligió al Presidente que tenemos, sí o no?”, la asamblea en coro respondió “no”; entonces el jefe paramilitar dijo: “No importa, cualquiera se equivoca”; los asistentes rieron. A continuación, el paramilitar aseguró: “El Presidente le entregó medio país a los guerrilleros”, y lanzó de nuevo otra pregunta: “¿Van a dejar que le entregue el sur de Bolívar, sí o no?” Y la asamblea dijo otra vez en coro “no”. El presidente de la junta de acción comunal del municipio también intervino apoyando la movilización en contra del despeje, y finalmente, el jefe paramilitar empezó a dar las orientaciones organizativas: “Necesitamos un comité que esté conformado por la administración municipal, los ganaderos y los gremios, además de un secretario. Vamos a salir a decirle al Presidente que no

queremos el despeje”. Es interesante la concepción de “pueblo” que tiene el jefe paramilitar, la cual no se diferencia en nada de lo que se conoce como “los poderes locales”. En este sentido, los paramilitares son una expresión de defensa del statu quo. Junto con el anuncio de la realización de un censo de los asistentes, también se amenazó con destierro a los que no colaboraran:

que nadie se mueva que vamos a censar. Todos deben apoyar la marcha, de cada casa debe salir por lo menos uno. Tenemos previsto el sitio y la ruta de salida, que les avisaremos después, porque no lo podemos decir ahora. El que no colabore no le pasa nada, pero debe salir de Morales, pues no es persona grata, ya que no defiende los intereses del pueblo.

En ese momento se confundió a un grupo de gente que entraba al pueblo con guerrilleros, y cundió el pánico. Los asistentes a la asamblea corrieron gritando que la guerrilla se había metido al pueblo, mientras sonaron dos disparos. El nerviosismo era evidente entre la población. Una vez recobrada la calma, se supo que el grupo de personas venía para registrar la cédula por orden de los paramilitares, y para un examen médico que realizaría a quienes decían estar impedidos por razonas de salud para ir a la marcha. El censo se organizó por sectores más avanzada la noche. Los promotores de la marcha pidieron llevar agua, panela, un plato y una cuchara, y una muda de ropa. Se anunció que todos los días iba a salir un carro con la comida que mandaran los familiares a los marchantes. En el casco urbano se quedó un grupo de los paramilitares. Los rumores iban y venían sobre la identidad de los miembros de este comando, y se aseguró que el segundo al mando era un antiguo zapatero del pueblo. Además corrió el rumor de que llegarían refuerzos ante el temor de una toma guerrillera. El sonido de helicópteros aterrizando cerca del pueblo y el sobrevuelo de aviones se volvió normal en los días siguientes. Lo insólito del caso es que en Morales existe una guarnición contraguerrillera de 50 hombres del ejército bien dotados, apertrechados en el parque


principal del pueblo en un bunker de cemento pintado con los colores de los trajes de camuflaje y rodeado de sacos de arena. Su actitud fue de total pasividad. La policía tuvo que abandonar el pueblo luego de una toma del ELN en 1995, en la que el comando y el cuartel de la policía quedaron destruidos. El municipio tiene 23.000 habitantes y aproximadamente unos 7.000 viven en el casco urbano, de los cuales se calcula que 1000 salieron a la marcha. En la homilía del domingo siguiente el párroco de Morales preguntaba: “¿Qué nos pasa a los predicadores? ¿Será que no hemos sido claros en el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que escucha el pueblo?”. El llamado del sacerdote se refería al apoyo que de algunos sectores obtuvieron los paramilitares en Morales, más allá de cierta obediencia resultado del miedo que pudieron inspirar. Como en otras regiones del país, ese apoyo no ha surgido únicamente entre sectores de elite, sino también entre grupos de trabajadores, empleados y simples ciudadanos, algo aparentemente inesperado, fenómeno que requiere un análisis específico para cada caso, y que no se va abordar en esta oportunidad. Conclusiones Este artículo ha propuesto un marco de análisis que relaciona las negociaciones de paz con la transformación del régimen político y el cambio en las formas de coerción en Colombia. El enfoque hace énfasis en algunas de las dimensiones políticas de esas negociaciones, y explora en concreto el de las coaliciones o acercamientos entre partidos políticos legales y las organizaciones ilegales, la descentralización de la coerción, el surgimiento de organizaciones armadas paraestatales y la consolidación de las contraestatales. Esa interacción política entre los actores políticos legales y los ilegales observada en 1998 a nivel nacional, por ejemplo, si bien indica un crecimiento de la influencia de esos grupos por fuera de la ley, es más reveladora de la rivalidad, crisis e intentos de renovación a través de la paz de los dos partidos tradicionales legales. Hasta hace pocos años las miradas sobre estas dos agrupaciones hacían énfasis en los acuerdos o repartijas burocráticas heredadas del Frente Nacional, sin observar la lenta pero persistente ampliación de esa competencia a nivel nacional.

Ésta quedó expuesta en 1994, cuando el candidato perdedor del partido conservador –el actual presidente Pastrana– denunció la financiación de la campaña del ganador con dinero del narcotráfico. Esa rivalidad también se ha observado en la forma de aproximarse a la paz por el partido conservador –específicamente por las facciones distintas a las de origen laureanista o alvarista–. No hay que desestimar los intentos de esas facciones conservadoras por redefinir las mayorías electorales a su favor, utilizando la bandera de la paz para ese propósito, luego de un constante declive durante los últimos 50 años. El hecho de que este partido minoritario haya sido el gestor de las procesos de paz con las FARC, explica en parte las enormes resistencias a los intentos de incorporación política de esta guerrilla hasta el momento. Éstas han sido principalmente lideradas por el partido liberal, o por sectores mayoritarios de este partido. De igual manera, ese apoyo de facciones del conservatismo a las negociaciones con las FARC permite reflexionar sobre la rivalidad y competencia política en la renovación o ampliación de los sistemas políticos, y sobre el papel de las alianzas entre sectores con diferentes orígenes socioeconómicos, pero con coincidencias estratégicas sobre el acceso al poder institucional. No obstante la paradoja, esa alianza tácita entre conservadores y guerrilleros comunistas en 1998, y en algunos momentos durante los últimos años, es un caso clásico de juego estratégico, el cual, parece que las FARC no supieron o pudieron aceptar, limitadas por su reducido análisis de clase. Pareciera que para esta guerrilla el presidente Pastrana no era más que un típico burgués defendiendo sus intereses, antes que un político en busca de votos y prestigio a través de una negociación de paz exitosa.

Una hipótesis sobre el estancamiento de las negociaciones con las FARC durante los gobiernos liberales es que en las regiones en donde esa guerrilla tiene –o tuvo– influencia política y militar, el partido liberal ha sido el mayoritario, y una legalización de este grupo, resultado de un proceso de paz, comprometería esas mayorías electorales regionales del liberalismo. De ser esto cierto, se podría sostener que el liberalismo hizo la paz con las guerrillas que no han significado


ningún riesgo para sus mayorías electorales en las regiones con conflicto armado y movilización social, aunque hay que profundizar en estudios regionales para conocer mejor esas dinámicas locales. En cierta forma a esto se refieren quienes hablan de una “paz barata” con los grupos guerrilleros que se han desmovilizado. Si esto es así, ¿de ganar uno de los candidatos liberales, estamos ad portas de mínimo otros ocho años de conflicto armado? ¿Se puede repetir el ciclo de otra coalición o gobierno conservador que abra de nuevo las conversaciones con las FARC luego de esos ocho años? ¿O va a ser el nuevo contexto internacional de lucha contra el terrorismo y el apoyo de Estados Unidos definitivo para una salida militar del conflicto a favor del próximo gobierno? Éstas son trayectorias que el enfrentamiento puede tomar. Este trabajo quiso hacer referencia explícita al papel de la violencia en las posibilidades de cambio del sistema político colombiano, porque en ocasiones se pone demasiado peso en los objetivos económicos de los sectores involucrados en la guerra, perdiéndose su significado más histórico y general. En este sentido no hay que desligar la agudización del conflicto armado desde 1982 de los intentos por incorporar a las diferentes guerrillas al sistema político, de la apertura democrática y de la descentralización. Estos tres factores conjugados amenazaron los equilibrios políticos regionales, al abrir oportunidades para la acción colectiva y el debate público de las agendas de sectores excluidos o marginados, y con esto despertaron los miedos y temores de las elites locales frente a una posible revolución social apoyada por el poder armado de la guerrilla, contribuyendo a crear un contexto propicio para la violencia. Un aspecto que también se quiso resaltar es el del cambio institucional del Estado colombiano y las posibilidades para impulsar reformas desde la Presidencia. Las actuales conversaciones de paz con las FARC asumieron que un acuerdo en la mesa de negociaciones y después un decreto presidencial son suficientes para transformar el país. Una redistribución de activos rurales en algunas regiones del país, por ejemplo, requiere un proceso político que posibilite las coaliciones, alianzas o asociaciones necesarias para impulsar

una reforma que históricamente ha enfrentado formidables opositores, ahora además apoyados por los grupos paramilitares y de autodefensa. Así, salta a la vista lo limitado del esquema de negociación de los diálogos de paz con las FARC, en los cuales se pretendió definir el curso del país en una mesa de discusión de no más de diez personas. Igualmente, la pérdida de importancia del nivel nacional, incluida la misma institución presidencial, incitan a pensar nuevos caminos. A la Presidencia se le demandan resultados casi mágicos, sin considerar su pérdida de peso relativo en el mapa institucional, un contexto doméstico en donde el ejecutivo enfrenta otros centros de poder, incluso dentro del mismo Estado –por ejemplo las fuerzas armadas– y por supuesto el complejo ámbito internacional, en el cual existen una variedad de actores que afectan las dinámicas de la guerra y la paz. Una posibilidad para abordar temas reformistas en el futuro podría ser el reconocimiento de las nuevas realidades políticas regionales en el país. Pensar hoy en llevar a cabo una reforma agraria en los departamentos del Caribe colombiano es enfrascarse desde el comienzo en una pelea inútil y desgastadora. Otra situación muy diferente se vive en el sur del país, en donde movimientos y partidos diferentes a las redes tradicionales de los partidos liberal y conservador, aunque con apoyo de facciones de estos partidos, han llegado al poder institucional regional, abriendo posibilidades para los sectores marginados, incluidos los productores rurales. Programas de intervención regional, como el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena medio, PDPMM, con una mayor participación de las administraciones locales, ahora en manos de movimientos renovadores, podrían ser un instrumento para seguir profundizando la democratización de la vida regional y local, y para redimir el campo y sus pobladores, al menos en el sur del país.

Otro aspecto sobre el cual también se quiere insistir es el de los riesgos de impulsar programas regionales de desarrollo y paz con énfasis exclusivo en inversiones sociales y de infraestructura. Éstos buscarían solucionar problemas de pobreza y justicia social, sin tener


en cuenta la dimensión del reconocimiento y la redefinición de la comunidad política, factores ligados con la paz. Si lo que se busca es crear las oportunidades para construir alianzas políticas que apoyen propuestas reformistas, es indispensable darle voz y representación a esos sectores que impulsan las nuevas agendas. Esto está ligado con el análisis presentado sobre la evolución de las formas de coerción, y en concreto con las concepciones sobre seguridad estatal y ciudadana prevalecientes en las fuerzas armadas. Si la seguridad estatal y la ciudadana son contradictorias, y para preservar la primera hay que sacrificar la segunda, como parece que está implícito en el análisis sobre los hechos ocurridos en el Magdalena medio, hay un problema político de por medio que hay que resolver, y no precisamente por las armas. Cómo armonizar una política de seguridad estatal y ciudadana con un proceso de paz, no es tarea fácil, pero sí necesaria si se busca consolidar la legitimidad estatal. Esto es ineludible en el caso del sector rural, el más afectado por la violencia paramilitar, y más si se espera hacer redistribuciones que afecten la riqueza rural. Finalmente, el enfoque coalicionista nos permitió ver la política, y no sólo la violencia, alrededor del proceso de paz. Se tiende a pensar que ésta depende de la buena voluntad, cuando también influyen, además de intereses económicos y políticos, el prestigio, el reconocimiento, la ideología, los celos institucionales -las fuerzas armadas, por ejemplo- y otras dimensiones. Lo interesante de la rápida evolución de la política alrededor de la paz en los últimos años es la aparente formación de dos amplias tendencias. En una quedarían ubicados sectores conservadores, comunistas y la Iglesia católica, si ésta decide en su próxima Conferencia Episcopal –a realizarse antes de las elecciones presidenciales de este año– apoyar una reforma agraria o algún tipo de propuesta limitada para rehabilitar el campo, incluidos los productores campesinos más pobres o afectados por la apertura comercial. Aquí también se ubicarían diferentes sectores políticos regionales surgidos de la izquierda legal y organizaciones de derechos humanos con importantes lazos internacionales. La Comunidad Europea y la ONU parecerían estar apostándole a esa solución, si las FARC deciden finalmente

moverse hacia el lado de la política, y abandonar la guerra. Mientras tanto, Estados Unidos, sectores mayoritarios del partido liberal y de las fuerzas armadas están enviando señales en la dirección opuesta. De tener éxito esta tendencia en la próxima elección presidencial, ya se sabe lo que se avecina, que infortunadamente para la población civil afectada por el conflicto no será una situación muy diferente a la guerra irregular actual.

DEBATE POR QUÉ LUCHAMOS

A mediados del mes de febrero, el Institute for American Values publicó una carta titulada “Por qué luchamos” (What We´re Fighting For), texto en el que un amplio grupo de intelectuales y personalidades estadounidenses, que incluye a figuras de las ciencias sociales como Amitai Etzioni, Robert Putnam o Theda Skocpol, exponen sus argumentos a favor de la guerra que como reacción a los atentados del 11 de septiembre libra Estados Unidos en Afganistán y que aparentemente podría extenderse a otros países. El contenido de la carta es particularmente polémico y ya ha desatado múltiples reacciones. Con el propósito de abrir el debate en Colombia, en torno a las justificaciones de la guerra que hoy compromete a Estados Unidos, Análisis Político presenta a sus lectores el texto completo de la carta de los intelectuales estadounidenses, así como tres comentarios a dicha misiva elaborados por investigadores del IEPRI. (N. del E.) POR QUÉ LUCHAMOS* PREÁMBULO A veces se hace necesario que una nación se defienda mediante la fuerza de las armas. Debido a que la guerra es un asunto grave, que implica el sacrificio de vidas humanas, la conciencia exige que aquellos que emprendan la guerra, declaren abiertamente el razonamiento ético que hay detrás de sus acciones, de modo que quede claro entre ellos, y ante la comunidad mundial, los principios que defienden. Afirmamos cinco verdades fundamentales inherentes a todos los pueblos sin distinción: 1. Todos los seres humanos nacen libres176 e iguales en dignidad y derechos. 2. El sujeto básico de la sociedad177 es el ser humano, y la función legítima del gobierno es

* La traducción y publicación de este texto cuentan con la autorización del Institute for American Values. Traducción de María Mercedes Uricoechea. 176 Tomado de Naciones Unidas. United Nations Universal Declaration of Human Rigts . Artículo 1.

ayudar a fomentar las condiciones para la prosperidad humana. 3. Por naturaleza, los seres humanos desean buscar la verdad178 sobre el propósito de la vida y los fines de ésta. 4. La libertad de conciencia y la libertad religiosa179 son derechos inviolables del ser humano. 5. Matar en nombre de Dios 180 es contrario a la fe en Dios y es la más alta traición a la universalidad de la fe religiosa. Luchamos para defendernos y para defender estos principios universales. ¿QUÉ SON LOS VALORES ESTADOUNIDENSES? Desde el 11 de septiembre, millones de estadounidenses se han preguntado a sí mismos y los unos a los otros, ¿por qué?, ¿por qué fuimos el blanco de esos ataques llenos de odio?, ¿por qué quienes nos matan, desean matarnos? Reconocemos que en ocasiones nuestra nación ha actuado con arrogancia e ignorancia hacia otras sociedades. En ocasiones, nuestra nación ha seguido políticas equivocadas e injustas. Con frecuencia, nosotros como nación, no hemos vivido de acuerdo con nuestros ideales. No podemos pedir a otras sociedades que se rijan por los principios morales sin admitir al mismo tiempo que en ocasiones nuestra sociedad no se ha regido por esos mismos principios. Estamos unidos en nuestra convicción –y confiamos en que todas las gentes de bien en mundo estén de acuerdo– de que ninguna apelación a los méritos o desmerecimientos de políticas extranjeras específicas pueden justificar, o aun pretender,

177 Institute for American Values. A Call to Civil Society. Nueva York: Institute for American Values, 1998, p. 16. Aristóteles. Politics. VII, 1-2. 178 Aristóteles. Metaphysics , 1-1. Juan Pablo II. Fides et Ratio. Ciudad del Vaticano, 1998. 179 Naciones Unidas. Ob. cit., artículos 18 y 19. 180 Bosphorus Declaration. Estambul, Turquía, 9 de febrero de 1994. Berne Declaration . Wolfsberg / Zurich, Suiza, 26 de noviembre de 1992, y Juan Pablo II. Papal Message for World Day of Peace. Ciudad del Vaticano, 1 de enero de 2002. Artículos 6 y 7.


que tengan sentido los asesinatos en masa de seres inocentes. Además, en una democracia como la nuestra, en la que el gobierno deriva su poder del consentimiento de los gobernados, la política surge al menos en parte de la cultura, de los valores y de las prioridades de la sociedad como un todo. Aunque no pretendemos poseer el conocimiento absoluto sobre los motivos de nuestros atacantes y de sus simpatizantes, lo que sabemos sugiere que sus agravios se extienden más allá de cualquier política o conjunto de políticas. Después de todo, los asesinos del 11 de septiembre no hicieron ninguna exigencia en particular; en este sentido, al menos, los asesinatos los hicieron a nombre propio. El líder de Al Qaeda describió los “golpes benditos” del 11 de septiembre como una bofetada contra Norteamérica, “la cabeza de la infidelidad mundial” 181. Claramente, entonces, nuestros atacantes desdeñan no sólo nuestro gobierno, sino toda nuestra sociedad, nuestra forma de vivir. Básicamente, sus agravios no sólo tienen que ver con lo que hacen nuestros dirigentes, sino también con lo que somos. ¿Y entonces, quiénes somos? ¿Qué valoramos? Para muchas personas, incluidos muchos estadounidenses y un grupo de firmantes de esta carta, algunos de los valores observados en Norteamérica no son atractivos y son nocivos: El consumismo como modo de vida. La noción de libertad como la inexistencia de reglas. La idea del individuo como autocreado y totalmente soberano, que le debe poco a otros y a la sociedad. La debilidad del matrimonio y de la vida familiar. Más un enorme aparato de entretenimiento y comunicaciones que glorifica inexorablemente dichas ideas y las respalda, sean o no acogidas, en casi todas las esquinas del globo terrestre. Una tarea primordial que enfrentamos como estadounidenses, importante desde antes del 11 de septiembre, es la de afrontar con honestidad estos aspectos poco atractivos de nuestra

181 “Excerpt: Bin Laden Tape". En: Washington Post. 27 de diciembre de 2001.

sociedad y hacer todo lo que podamos por cambiarlos para mejorar. Nos comprometemos a hacer ese esfuerzo. Al mismo tiempo, otros valores estadounidenses –los que consideramos nuestros ideales fundamentales y los que mejor definen nuestro modo de vida–, son algo diferentes de éstos, y mucho menos atractivos, no sólo para los estadounidenses, sino para todos los pueblos en el mundo. Mencionemos brevemente cuatro de ellos 182. El primero es la convicción de que todas las personas poseen una dignidad humana innata como derecho de nacimiento, y que por lo tanto toda persona debe ser tratada como un fin y no ser utilizada como un medio. Los fundadores de Estados Unidos, inspirados en la tradición de la ley natural, así como en la reivindicación religiosa básica de que todas las personas son creadas a imagen de Dios, afirmaron como “autoevidente” la idea de que todos los seres humanos poseen igual dignidad. La más clara expresión política de una creencia en la dignidad humana transcendente es la democracia. En las generaciones recientes en Estados Unidos, una de las más claras expresiones culturales de esa idea ha sido la afirmación de la igualdad en la dignidad del hombre y la mujer, y de todas las personas, independientemente de su raza o color. El segundo ideal, muy cercano al primero, es la convicción de que las verdades morales universales (lo que los fundadores de nuestra nación llamaron las “leyes de la naturaleza y de la naturaleza de Dios”) existen y son accesibles a todos los individuos. Algunas de las expresiones más elocuentes de nuestra confianza en estas verdades se encuentran en nuestra Declaración de Independencia , el Discurso de despedida de George Washington, el Discurso en Gettysburg y el Segundo discurso inaugural de Abraham Lincoln y la Carta desde la cárcel de Birmingham del Dr. Martin Luther King Jr. El tercero es la convicción de que, debido a que nuestro acceso individual y colectivo a la verdad es imperfecto, la mayoría de los desacuerdos

182 Véase Institute for American Values. Ob. cit.


acerca de los valores requieren educación, franqueza en nuestros conceptos y argumentos razonables en la búsqueda de la verdad. El cuarto es la libertad de conciencia y la libertad de religión. Estas libertades conectadas de manera intrínseca son ampliamente reconocidas en nuestra nación y en cualquier lugar, como una reflexión de la dignidad humana básica y como una precondición de otras libertades individuales183. Para nosotros, lo más notable de estos valores es que aplican a todas las personas sin distinción y no pueden ser utilizados para excluir a nadie del reconocimiento y del respeto basándose en particularidades de raza, idioma, memoria o religión. Es por ello que, en principio, cualquier individuo puede convertirse a nuestra nacionalidad. De hecho, cualquiera lo hace. Personas de todos los lugares del mundo vienen a nuestro país llamados por el anhelo de libertad que representa una estatua en el puerto de Nueva York, y muy pronto ellos son norteamericanos. Históricamente, ninguna otra nación ha forjado su propia identidad –su Constitución y otros documentos fundacionales, así como su autoentendimiento básico– tan directa y explícitamente sobre la base de los valores humanos. Para nosotros, ningún otro hecho acerca de este país es más importante. Algunos afirman que estos valores no son universales, sino que, por el contrario, derivan de una civilización occidental, principalmente cristiana. Argumentan que concebir estos valores como universales es negar lo distintivo de otras

183 Véanse Witte Jr., John y Green, M. Christian. “The American Constitutional Experiment in Religious Human Rights: The Perennial Search for Principles”. En: Van der Vyver Johan D. y Witte Jr., John (editores). Religious Human Rights in Global Perspective. Vol 2. La Haya: Martinus Nijhoff Publishers, 1996. Berman, Harold J. Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition. Cambridge MA: Harvard University Press, 1983 y Perry, Michael J. The Idea of Human Rights: Four Inquiries. Nueva York: Oxford University Press, 1998.

culturas184. Disentimos de ello. Reconocemos los logros de nuestra civilización, pero también creemos que todos los individuos fueron creados iguales. Creemos en la posibilidad y en el deseo universales de la libertad del ser humano. Creemos que ciertas verdades morales básicas son reconocibles en cualquier parte del mundo. Estamos de acuerdo con el grupo internacional de distinguidos filósofos quienes a finales de la década de los años cuarenta ayudaron a redactar la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y quienes concluyeron que unas pocas ideas morales fundamentales están tan difundidas que “pueden considerarse como implícitas en la naturaleza del hombre como miembro de la sociedad”185. Con esperanza y sobre la evidencia, estamos de acuerdo con el Dr. Martin Luther King, Jr. en que el arco del universo moral es largo, pero que se dobla hacia la justicia 186, no sólo para algunos pocos o para quienes tienen suerte, sino para todos los individuos. Mirando nuestra sociedad, reconocemos una vez más las brechas que existen entre nuestros ideales y nuestra conducta. Pero como estadounidenses en tiempos de guerra y de crisis global, sugerimos que lo mejor de lo que llamamos casualmente los “valores estadounidenses”, no sólo pertenecen a nuestra nación, sino que de hecho son la herencia compartida de la humanidad y, por tanto, una

184Algunas personas señalan este punto como una forma de condenar esas “otras” culturas que presumiblemente son demasiado inferiores, o están demasiado embelesadas por falsas creencias, para apreciar lo que en esta carta llamamos los valores humanos universales; otras personas señalan este punto como una forma de endosar (por lo general una) de esas culturas que presumiblemente son indiferentes a estos valores. Disentimos con ambas versiones. 185McKeon, Richard. "The Philosophic Bases and Material Circumstances of the Rights of Man". En: Human Rights: Comments and Interpretations. Londres: Wingate, 1949, p. 45. 186King, Jr., Martin Luther. “Where Do We Go From Here?". En: Washington, James M. (editor). The Essential Writings and Speeches of Martin Luther King, Jr. Nueva York: Harper Collins. 1986, p. 245.


posible base de esperanza para una comunidad mundial basada en la paz y la justicia. ¿Y QUÉ PASA CON DIOS? Desde el 11 de septiembre, millones de estadounidenses se han preguntado a sí mismos y los unos a los otros, ¿y qué pasa con Dios? Una crisis de esta magnitud nos hacen volver a pensar acerca de nuestros primeros principios. Cuando contemplamos el horror de lo que ocurrió, y el peligro de lo que puede venir, muchos de nosotros nos preguntamos: ¿Es la fe religiosa parte de la solución, o parte del problema? Los firmantes de esta carta provenimos de diversas tradiciones religiosas y morales, incluidas tradiciones laicas. Nos une la creencia de que invocar la autoridad de Dios para matar o mutilar a los seres humanos es inmoral y contrario a la fe en Dios. Muchos de nosotros creemos que nos encontramos bajo el juicio de Dios. Ninguno de nosotros cree que Dios ordena a algunos de nosotros matar o vencer a otros. De hecho, este tipo de actitud, llámese “guerra santa” o “cruzada”, no sólo viola los principios básicos de la justicia, sino que es una negación de la fe religiosa, ya que convierte a Dios en un ídolo utilizado para los propósitos del hombre187. Alguna vez nuestra nación se enfrascó en una guerra civil en la que cada lado presumió la ayuda de Dios en contra del otro. En su Segundo discurso inaugural en 1865, el décimo presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, dijo simplemente: “El Todopoderoso tiene sus propios propósitos”. Quienes nos atacaron el 11 de septiembre proclaman abiertamente estar comprometidos en una guerra santa. Muchos de quienes los respaldan o simpatizan con ellos también invocan el nombre de Dios y parecen abrazar el motivo de la guerra santa. Pero para aceptar lo desastroso de este modo de pensar, nosotros como estadounidenses sólo debemos recordar nuestra propia historia occidental. Las guerras religiosas y la violencia sectaria cristiana dividieron a Europa en la mayor parte de un

187 Juan Pablo II. Ob. cit. Artículo 6.

siglo. En Estados Unidos no somos extraños a aquellos que asesinarían, al menos en parte, en nombre de su fe religiosa. Cuando esta maldad se hace presente, ninguna civilización y ninguna tradición religiosa son inmaculadas188. El ser humano tiene el instinto básico de preguntar para saber. Evaluar, escoger y tener razones por lo que valoramos y amamos son actividades característicamente humanas189. Parte de este deseo intrínseco de conocer tiene que ver con la pregunta de por qué nacemos y qué sucederá cuando muramos, lo que nos lleva a buscar la verdad acerca de los fines esenciales, incluida, para muchos, la cuestión de Dios.

188 Ejemplos dentro del cristianismo de guerra santa o cruzada emergieron con particular fuerza en Europa durante el siglo XVII. Según algunos académicos, las características principales de la guerra santa son: que la causa por la que se libra la guerra tiene una conexión clara con la religión (es decir, que la causa es “santa”); que la guerra se libra bajo la misma bandera y con el supuesto de la asistencia y autoridad divinas (la expresión en latín utilizada por las cruzadas cristianas del siglo XI era "Deus Volt”, o "Dios así lo desea"); que los guerreros entienden que son dioses o “guerreros santos”; que la guerra se persigue pródigamente y con entusiasmo, ya que se presume que el enemigo no es un dios y por lo tanto, fundamentalmente “otro” que le falta la dignidad humana y los derechos del dios; y finalmente, que los guerreros que mueren en batalla son favorecidos por Dios como mártires. Eventualmente, en la Cristiandad, el desarrollo de la doctrina de la guerra justa, con su énfasis en el universalismo moral, motivó en gran parte la eliminación de la religión como una causa justa para la guerra. Desde el siglo XVI, algunos teóricos de la ley natural como Franciscus de Victoria y Francisco Suárez condenaron expresamente el uso de la guerra para difundir la religión. “La diferencia en religión”, escribió Victoria, “no es una causa de guerra justa”. Véanse Turner Johnson, James. Ideology, Reason, and the Limitation of War: Religious and Secular Concepts 1200-1740. Princeton: Princeton University Press. 1975, pp. 112-123, 154. Bainton, Roland H. Christian Attitudes Toward War and Peace: A Historical Survey and Critical Re-evaluation. Nashville: Abingdon, 1960, p. 148. 189 Institute for American Values. Ob. cit., p. 16. Este tema es desarrollado en: Aristóteles. Metaphysics. 1-1. Lonergan, Bernard J. Insight: A Study of Human Understanding. Nueva York: Longmans, 1958.


Algunos de los firmantes de esta carta creemos que los seres humanos son “religiosos” por naturaleza en el sentido de que todos, incluidos quienes no creen en Dios y no participan en una religión organizada, escogen lo que es importante y lo que refleja los valores últimos. Todos los firmantes de esta carta reconocemos que, alrededor del mundo, la fe religiosa y las instituciones religiosas son bases importantes de la sociedad civil, que frecuentemente producen resultados para la sociedad y que son benéficos y curativos, y en ocasiones producen resultados que son divis ivos y violentos. Así, ¿cómo pueden los gobiernos y los líderes de la sociedad responder mejor a estas realidades humanas y sociales fundamentales? Una respuesta es ilegalizar o reprimir la religión. Otra respuesta posible es abrazar un laicismo ideológico190: un fuerte escepticismo social u hostilidad contra la religión, basado en la premisa de que la religión en sí, y especialmente cualquier declaración pública de convicción religiosa, es inherentemente problemática. Una tercera respuesta posible es abrazar la teocracia: la creencia de que una religión, presumiblemente la única religión verdadera, debe ser obligatoria para todos los miembros de la sociedad, y por lo tanto, debe recibir un total o considerable respaldo y patrocinio estatal. No estamos de acuerdo con ninguna de estas respuestas. La represión legal viola radicalmente la libertad civil y religiosa, y es incompatible con una sociedad civil democrática. Aunque el laicismo ideológico puede haber aumentado en nuestra sociedad en las generaciones recientes, estamos en descuerdo con él ya que negaría la legitimidad pública de una parte importante de la sociedad civil, así como buscaría suprimir o negar la existencia de lo que al menos se arguye como una dimensión importante de la persona en

190 Aquí deseamos hacer una distinción entre “secular” y “laicismo”. Secular se deriva de la expresión latina “mundo” y sugiere “en el mundo”, se refiere sólo a funciones que son separadas de la Iglesia. El laicismo, por el contrario, es una filosofía, un “ismo”, una forma de ver el mundo basada en el rechazo de la religión u hostilidad a la religión.

sí191. Aunque la teocracia ha estado presente en la historia occidental (aunque no en la de Estados Unidos), disentimos de ella tanto por razones sociales como teológicas. Socialmente, el establecimiento gubernamental de una religión en particular puede entrar en conflicto con el principio de la libertad religiosa, un derecho humano fundamental. Además, el control que el gobierno ejerce sobre la religión puede causar o exacerbar conflictos religiosos y quizás, aún más importante, amenazar la vitalidad y la autenticidad de las instituciones religiosas. Teológicamente, incluso para quienes están firmemente convencidos de la verdad de su fe, la coerción de otros en asuntos de conciencia religiosa es finalmente una violación de la religión en sí, ya que ella roba a esas otras personas el derecho de responder libremente y en dignidad a la invitación del Creador. En el mejor de los casos, Estados Unidos busca ser una sociedad en la que la fe y la libertad puedan ir juntas, la una elevando a la otra. Tenemos un Estado secular, los funcionarios del gobierno no son simultáneamente funcionarios religiosos, pero de lejos somos la sociedad más religiosa del mundo occidental. Somos una nación que respeta profundamente la libertad y la diversidad, incluidos los derechos de los no creyentes, pero somos una nación cuyos ciudadanos proclaman fidelidad a “una nación bajo Dios” y una que declara en muchas de sus cortes e inscribe en cada una de sus monedas el lema "In God We Trust" [En Dios Confiamos]. 191 Por esta razón, los seguidores del laicismo pueden subestimar el grado al que la sociedad humana, aun en teoría, puede simplemente administrar la “religión”. Además, esas sociedades casi ciertamente calculan mal, aun al aceptar sus propias premisas, las consecuencias sociales de eliminar la religión tradicional. Porque si entendemos que la religión está compuesta por valores de interés último, el siglo XX fue testigo de dos ejemplos amenazantes –el nazismo en Alemania y el comunismo en la Unión Soviética– de la emergencia de religiones laicas o de lo que se puede llamar religiones de remplazo, cada una pretendiendo eliminar con violencia las creencias religiosas tradicionales de su respectiva sociedad (en efecto, las creencias de sus competidores) y cada una, cuando estuvo en el poder, siendo implacablemente indiferente hacia la dignidad humana y los derechos humanos básicos.


Políticamente, nuestra separación entre la Iglesia y el Estado busca mantener a la política dentro de su propia esfera, en parte limitando el poder del Estado para controlar la religión, y en parte haciendo que el gobierno obtenga su legitimidad y opere bajo un toldo moral más grande que no sea de su propia creación192. Espiritualmente, nuestra separación de la iglesia y del Estado permite que la religión sea religión, separándola del poder coercitivo del gobierno. En otras palabras, buscamos separar a la Iglesia y al Estado para la protección y adecuada vitalidad de ambos193. Para los estadounidenses de fe religiosa, frecuentemente, el desafío de abarcar la verdad religiosa y la libertad religiosa ha sido difícil. Además, el asunto nunca se ha solucionado. Lo nuestro es un convenio social y constitucional que casi por definición requiere constante deliberación, debate, ajuste y compromiso. Este convenio también es ayudado, y ayuda a producir, cierto carácter o temperamento, de modo que los creyentes religiosos que abrazan firmemente la verdad de su fe, también, y no como compromiso con esa verdad sino como un aspecto de ella, respeten a quienes toman una ruta diferente. ¿Qué ayudará a reducir la desconfianza, el odio y la violencia basados en la religión en el siglo XXI? Obviamente, existen muchas respuestas 192 Institute for American Values. Ob. cit., p. 13. 193 Según lo manifestaron los líderes y académicos que produjeron el Capítulo de Williamsburg en 1988, “el gobierno actúa como una salvaguarda, pero no como la fuente de la libert ad de credos, mientras las iglesias y las sinagogas actúan como fuente, mas no como salvaguarda de credos para la libertad. (...) El resultado no es ni un espacio público desnudo en el que se excluyen todas las religiones, ni un espacio público consagrado con alguna religión establecida o semiestablecida. Por el contrario, el resultado es un espacio público civil en el que los ciudadanos de todos los credos religiosos, o de ninguno, se comprometen entre sí en el continuo discurso democrático”. Véase Hunter, James Davison y Guiness, Os (editores). Articles of Faith, Articles of Peace: The Religious Liberty Clauses and the American Philosophy. Washington, D.C.: The Brookings Institution, 1990, p. 140.

importantes a esta pregunta, pero esperamos que aquí haya una: profundizar y renovar nuestra apreciación de la religión reconociendo la libertad religiosa como un derecho fundamental de todos los pueblos en todas las naciones. ¿UNA GUERRA JUSTA? Reconocemos que toda guerra es terrible, finalmente representativa del fracaso humano. Sabemos también que la línea que separa el bien del mal no corre entre una sociedad y otra, mucho menos entre una religión y otra; a la larga, esa línea corre en medio de los corazones de todos los seres humanos194. Finalmente, nosotros, judíos, cristianos, musulmanes u otros, quienes seamos personas de fe, reconocemos nuestra responsabilidad plasmada en las santas escrituras, de amar la misericordia y de hacer todo lo que esté a nuestro alcance por impedir la guerra y vivir en paz. Aun la razón y la cuidadosa reflexión moral también nos enseñan que hay ocasiones en las que la primera, y más importante, respuesta a la maldad es detenerla. Hay momentos en los que librar la guerra no sólo es moralmente permitido, sino moralmente necesario, como respuesta a los actos calamitosos de violencia, odio e injusticia. Éste es uno de esos momentos. La idea de una “guerra justa” está ampliamente fundamentada, con raíces en muchas de las diversas religiones y tradiciones morales laicas195. Las enseñanzas judías, cristianas y 194 Solzhenitzyn, Alexander. The Gulag Archipelago. Vol. 1. Nueva York: Harper and Row, 1974, p. 168. 195 Véanse Elshtain, Jean Bethke (editor). Just War Theory. Oxford: Blackwell, 1992. Elshtain, Stanley Hauerwas y Johnson, James Turner. “Pew Forum on Religion and Public Life Conference”. En: "Just War Tradition and the New War on Terrorism" (http://pewforum.org/events/1005/). Johnson, James Turner. “Ideology, Reason, and the Limitation of War: Religious and Secular Concepts”. Princeton: Princeton University Press, 1975, pp. 1200-1740. Johnson. Just War Tradition and the Restraint of War: A Moral and Historical Inquiry. Princeton: Princeton University Press, 1981. Johnson. The Quest for Peace: Three Moral Traditions in Western Cultural History. Princeton: Princeton University Press, 1987. Johnson. Morality and Contemporary


musulmanas por ejemplo, contienen serias reflexiones acerca de la definición de una guerra justa. Para estar seguros, algunas personas, frecuentemente en nombre del realismo, insisten en que la guerra es esencialmente la esfera del autointerés y la necesidad, haciendo irrelevantes la mayoría de los intentos de hacer un análisis moral196. No estamos de acuerdo197. La

Warfare. New Haven: Yale University Press. 1999. Johnson y Kelsay, John (editores). Cross, Crescent, and Sword: The Justification and Limitation of War in Western and Islamic Tradition. New York: Greenwood Press, 1990. Khadduri, Majid. War and Peace in the Law of Islam. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1955. Kelsay, John y Johnson, James Turner (editores). Just War and Jihad: Historical and Theoretical Perspectives on War and Peace in Western and Isalmic Tradition. New York: Greenwood Press, 1991. Nardin, Terry (editor). The Ethics of War and Peace: Religious and Secular Perspectives . Princeton: Princeton University Press, 1996. O'Brien, William V. The Conduct of War and Limited War. New York: Praeger, 1981. Peters, Rudolf. Jihad in Classical and Modern Islam. Princeton: Markus Wiener, 1996. Ramsey, Paul. Speak up for Just War or Pacifism. University Park, PA: Pennsylvania State University Press. 1988. Walzer, Michael. Just and Unjust Wars. New York: Basic Books, 1977. Wasserstrom, Richard (editor). War and Morality. Belmont, CA: Wadsworth, 1970. 196 El axioma latino es: “Inter arma silent leges” (En tiempos de guerra, la ley es silente). Ejemplos clásicos de esta perspectiva incluyen a Tucídides, Nicolás de Maquiavelo y Thomas Hobbes; para un tratamiento más reciente, véase obra de Waltz, Kenneth, Man, the State and War . Princeton: Princeton University Press, 1978. Para un estudio delicado pero crítico del aporte de esta escuela de pensamiento a la teoría internacional, véase obra de Donnelly, Jack, Realism and International Relations. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 197Generalmente, los enfoques morales e intelectuales hacia la guerra como un fenómeno humano se pueden dividir en cuatro escuelas de pensamiento. La primera se puede llamar realismo: la creencia de que la guerra es básicamente un asunto de poder, autointerés, necesidad y supervivencia, haciendo de este modo que el análisis moral sea primordialmente abstracto. La segunda se puede llamar guerra santa: la creencia de que Dios puede autorizar la coerción y el asesinato de los no creyentes, o que una ideología laica en particular de fin último puede autorizar la coerción y el asesinato de los no creyentes. La tercera se puede

incapacidad de expresión frente a la guerra es de por sí un caso moral, uno que rechaza la posibilidad de la razón, acepta la normalidad en asuntos internacionales y capitula al cinismo. Buscar aplicar un razonamiento moral objetivo a la guerra es defender la posibilidad de una sociedad civil y una comunidad mundial basadas en la justicia. Los principios de la guerra justa nos enseñan que las guerras de agresión y expansión nunca son aceptables. Legítimamente, las guerras no pueden ser para gloria nacional, para vengarse de las equivocaciones pasadas, para ganancia territorial, ni para ningún otro fin que no sea defensivo. La justificación moral primaria de la guerra es proteger a los inocentes de cierto daño. San Agustín, cuya obra de comienzos del siglo V, La Ciudad de Dios, se constituye en un aporte seminal al pensamiento de la guerra justa, argumenta (haciendo eco a Sócrates198), que es mejor para el cristiano ser un individuo que sufra daño en lugar de cometerlo. Pero, ¿se requiere, o aun se permite, a la persona responsable hacer para otras personas inocentes un compromiso que no sea de autodefensa? Para San Agustín, y

llamar pacifismo: la creencia de que toda guerra es intrínsecamente inmoral. Y la cuarta, denominada típicamente guerra justa: la creencia de que la razón moral universal, o lo que algunos llaman la ley moral natural, puede y debe ser aplicada a la actividad de la guerra. Los firmantes de esta carta disentimos en particular con la primera escuela de pensamiento. Inequívocamente rechazamos la segunda escuela, independientemente de la forma que tome, o si surge o pretende apoyar a nuestra sociedad (“nuestro lado”) o el lado de quienes nos desean el mal. Algunos de los firmantes tienen gran respeto por la tercera escuela de pensamiento (especialmente su insistencia en que la no violencia no significa retirarse, ni pasividad, ni negarse a defender la justicia; todo lo contrario), al igual que respetuosamente, y con algún grado de miedo y temblor, diferimos de ella. Como grupo, buscamos abrazar y cimentarnos en la cuarta escuela. 198 El concepto de Sócrates que es mejor sufrir la maldad en lugar de hacerla lo obtenemos de Platón en su Apología (32-c a 32-e) y constituye un momento clave en la filosofía ética.


para la más amplia tradición de guerra justa, la respuesta es no. Si alguien tiene alguna evidencia convincente de que gente inocente que no está en posición de protegerse sufrirá grave daño, salvo que se haga uso de la fuerza coercitiva para detener al agresor, entonces el principio moral de amor al vecino nos llama a hacer uso de la fuerza. Las guerras no pueden librarse legítimamente contra peligros que sean pequeños, cuestionables o de consecuencias inciertas, o contra peligros que de manera creíble puedan ser mitigados sólo mediante negociación, apelaciones a la razón, persuasión de terceros, y otros medios no violentos 199. Pero si el peligro para la vida inocente es real y cierto, y especialmente si el agresor es motivado por una hostilidad implacable, si el fin que éste busca no es que deseemos negociar u obedecer, sino, por el

199 Algunas personas sugieren que el requisito de “último recurso” de la teoría de la guerra justa –en esencia, el requisito de explorar todas las alternativas razonables y admisibles para el uso de la fuerza– no se satisface sino hasta cuando el recurso de las armas haya sido aprobado por un organismo internacional reconocido, como las Naciones Unidas. Esta propuesta es problemática. Primero, es novedosa; históricamente, la aprobación por parte de un organismo internacional no ha sido considerada sólo por los teóricos de la guerra como un requisito de causa justa. Segundo, es algo debatible si un organismo internacional como las Naciones Unidas está en posición de ser el mejor juez final de cuándo, y bajo qué condiciones se justifica el recurso particular de las armas; o si el intento de ese cuerpo de hacer y de hacer cumplir dichos conceptos comprometería inevitablemente su misión primaria de trabajo humanitario. Según un observador, antiguo Subsecretario de las Naciones Unidas, transformar a este organismo en “una pálida imitación de un Estado” con el fin de “manejar el uso de la fuerza” internacionalmente, “bien puede ser una acción suicida”. Véanse Picco, Giandomenico. “The U.N. and the Use of Force". En: Foreign Affairs, No. 73. 1994, p. 15. Weis, Thomas G; Forsythe, David P. y Coate, Roger A. United Nations and Changing World Politics. Boulder, CO: Westview Press, 2001, pp. 104-106. Ruggie, John Gerard. The United Nations and the Collective Use of Force: Whiter? Or Whether? Nueva York: United Nations Association of the USA, 1996.

contrario, nuestra propia destrucción, entonces el recurso de hacer uso proporcional de la fuerza está moralmente justificado. Una guerra justa sólo puede ser librada por una autoridad legítima con responsabilidad del orden público. La violencia que sea autónoma, oportunista o individualista nunca es moralmente aceptable 200. Una guerra justa sólo puede ser librada contra personas que sean combatientes. Las autoridades de la guerra justa en toda la historia y en todo el mundo, ya sean musulmanas, judías, cristianas, de otras tradiciones de credo o laicas, nos enseñan constantemente que quienes no sean combatientes son inmunes al ataque deliberado. Por ello, matar a la sociedad civil por venganza, o aun como medio de disuasión a quienes simpatizan con ellos, es moralmente incorrecto. Aunque en algunas circunstancias, y dentro de

200 En la teoría de la guerra justa, el principal objetivo del requisito de legítima autoridad es impedir la anarquía del bienestar privado y de los señores de la guerra –una anarquía que existe hoy en día en algunas partes del mundo, y de la que los atacantes del 11 de septiembre son ejemplos representativos–. De otra parte, el requisito de legítima autoridad por varias razones, no es aplicable clara o directamente a guerras de independencia nacional o sucesión. Primero, estos últimos tipos de conflicto ocurren dentro de un Estado, no a nivel internacional. Además, en muchos de estos conflictos, la cuestión de legitimidad pública es exactamente lo que se objeta. Por ejemplo, en la guerra de independencia que dio como resultado la fundación de Estados Unidos, los analistas de la guerra justa señalan con frecuencia que las colonias rebeldes en sí constituían una legítima autoridad pública, y además que las colonias habían concluido con razón, que el gobierno británico se había, en las palabras de nuestra Declaración de Independencia, vuelto “destructivo de estos fines” del gobierno legítimo, y que por lo tanto, había dejado de operar como una autoridad pública competente. De hecho, aun en los casos en los que quienes libran la guerra, en ningún sentido claro constituyen una autoridad pública que funcione –por ejemplo, la “sublevación del gueto de Varsovia” de los judíos polacos en 1943 contra la ocupación Nazi–, el requisito de legítima autoridad de la teoría de guerra justa no invalida moralmente el recurso a las armas por quienes se resisten a la opresión buscando derrocar la autoridad ilegítima.


límites estrictos, puede ser moralmente justificable emprender acciones militares que resulten en la muerte o lesión no intencional pero sí prevista de no combatientes, no es moralmente aceptable que la muerte de los no combatientes sea el objetivo operacional de una acción militar. Estos y otros principios de guerra justa 201 nos enseñan que siempre que los seres humanos contemplen o libren una guerra, se hace posible y necesario afirmar la santidad de la vida humana y abarcar el principio de la dignidad humana. Estos principios luchan por preservar y reflejar, aun en la trágica actividad de la guerra, la verdad moral fundamental de que “otros” –extraños para nosotros, diferentes de nosotros en raza o idioma, aquellos cuyas religiones podamos creer que no son verdaderas– tienen el mismo derecho a la vida, la misma dignidad humana y los mismos derechos humanos que nosotros.

201 Por ejemplo, los principios de guerra justa insisten frecuentemente en que el bienestar legítimo debe estar motivado por la intención de resaltar la posibilidad de paz y reducir la posibilidad de violencia y destrucción; que debe ser proporcional, de modo que los bienes sociales que resultarían de la victoria en la guerra claramente tendrían mayor peso sobre los males que acompañarían a la guerra; que debe contener la probabilidad de éxito, de forma que no se tomen y no se sacrifiquen vidas en causas fútiles; y que debe pasar la prueba de justicia comparativa, de manera que los bienes humanos que se defienden sean suficientemente importantes y que estén suficientemente en peligro como para que tengan más peso sobre lo que los teóricos de la guerra justa consideran como el supuesto moral permanente contra la guerra. Esta carta se centra principalmente en los principios de justicia al declarar la guerra (en la terminología empleada por muchos pensadores cristianos de la guerra justa, jus ad bellum) y al librar la guerra (jus in bello). Otros principios se centran en la justicia al transar la guerra y al establecer las condiciones para la paz (jus post bellum). Véanse Elshtain. Ob. Cit. U.S. Conference of Catholic Bishops. The Challenge of Peace: God's Promise and Our Response. Washington, D.C.: United States Catholic Conference, 1983, y otras fuentes arriba citadas.

El 11 de septiembre de 2001, un grupo de individuos atacaron deliberadamente a Estados Unidos utilizando aviones secuestrados como armas con los cuales mataron en menos de dos horas a más de 3.000 de nuestros ciudadanos202 en la ciudad de Nueva York, el suroeste de Pennsylvania y Washington D.C. De manera abrumadora quienes murieron el 11 de septiembre fueron civiles, no combatientes; no eran conocidos, salvo como norteamericanos, por quienes los mataron. Quienes murieron en la mañana del 11 de septiembre murieron ilícitamente, sin motivo alguno y con malicia premeditada –una clase de muerte que, en aras de la precisión sólo puede ser calificada como asesinato–. Quienes murieron eran personas de todas las razas, etnias y la mayoría de las religiones. Eran desde lavaplatos hasta ejecutivos de compañías. Las personas que cometieron estos actos de guerra no actuaron solas, o sin respaldo, o por motivos desconocidos. Eran miembros de una red islámica internacional, activa en 40 países, conocida en el mundo como Al Qaeda. A su vez, este grupo constituye sólo un brazo de un movimiento radical islámico más grande que ha crecido durante décadas, que en algunos casos ha sido tolerado y aun apoyado por gobiernos, y que profesa abiertamente su deseo y demuestra, cada vez más, su capacidad de hacer uso de asesinatos para avanzar en sus objetivos 203. 202Para el 4 de enero de 2002, los cálculos oficiales establecieron que 3.119 personas habían sido asesinadas por los ataques del 11 de septiembre, incluidas 2.895 en Nueva York, 184 en Washington y 40 en Pennsylvania. Aunque esta carta se refiere a “nuestros ciudadanos”, entre las personas que murieron ese 11 de septiembre se encontraban nacionales de muchos otros países residentes en Estados Unidos en el momento del ataque. "Dead and Missing". En: New York Times , 8 de enero de 2002. 203 Además de los asesinatos del 11 de septiembre, las organizaciones islámicas radicales son aparentemente responsables por los atentados a la Embajada de Estados Unidos en Beirut, el 18 de abril de 1983, donde murieron 63 personas y 120 resultaron heridas; a la Marina estadounidense y al cuartel de paracaidistas francés en Beirut, el 23 de octubre de 1983, donde murieron 300 personas; al vuelo 103 de Pan Am el 21 de diciembre de 1988, donde murieron


Utilizamos las expresiones “islam” e “islámico” para referirnos a una de las religiones más grandes del mundo, con cerca de 1,2 billones de adherentes, incluidos varios millones de estadounidenses, algunos de los cuales fueron asesinados el 11 de septiembre. No es necesario mencionar –aunque aquí lo decimos claramente– que la gran mayoría de los musulmanes en el mundo, orientados en gran medida por las enseñanzas del Corán, son personas decentes, leales y pacíficas. Utilizamos las expresiones “islamismo” e “islámico radical” para referirnos al movimiento extremista, violento y radicalmente intolerante que ahora amenaza al mundo, incluido el mundo musulmán. Este movimiento radical y violento se opone no sólo a ciertas políticas occidentales y estadounidenses –algunos firmantes de esta carta también se oponen a algunas de ellas–, sino también a un principio fundamental del mundo moderno, la tolerancia religiosa, así como a los derechos humanos fundamentales, en particular la libertad de conciencia y religión, que están encerrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y

259 personas; al World Trade Center en Nueva York, el 26 de febrero de 1993, que dejó un saldo de 6 personas muertas y de 1000 heridos; al cuartel militar estadounidense y a las Torres de Khobar en Dhahran, Arabia Saudita el 25 de junio de 1996, que mató a 19 soldados estadounidenses e hirió a 515; a las embajadas estadounideses en Nairobi, Kenya y Dar es Salaam en Tanzania, el 7 de agosto de 1998, que mató a 224 personas y dejó heridas a más de 5.000, y al USS Cole en Aden, Yemen del 12 de octubre de 2000, que mató a 17 marinos estadounidenses e hirió a 39. Esta lista no está completa. (Véase Department of State. Significant Terrorist Incidents: 1961-2001. Washington, D.C.: US Department of State, Bureau of Public Affairs, 31 de octubre de 2001). Además, miembros de organizaciones de este movimiento también son responsables por numerosos intentos fallidos de asesinatos masivos, tanto en Estados Unidos como en otros países, incluido el intento de atentado contra el edificio de las Naciones Unidas, los Túneles Lincoln y Holland en Nueva York en 1993 y el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles en el año nuevo de 2000.

que deben ser la base de cualquier civilización orientada al florecimiento humano, la justicia y la paz. Este movimiento extremista dice que habla por el islam, pero traiciona los principios islámicos fundamentales. El islam se opone a las atrocidades morales. Por ejemplo, reflejando las enseñanzas del Corán y el ejemplo del Profeta, durante siglos los eruditos musulmanes han enseñado que la confrontación en la ruta de Dios (esto es la yihad) prohíbe204 el asesinato deliberado de no combatientes y requiere que la 204 La relación entre la yihad y las tradiciones de la guerra justa es compleja. La yihad premoderna y las perspectivas de la guerra justa coincidieron de maneras importantes. Ambas pueden legitimar las guerras dirigidas a expandir la religión, y ambas buscaron disociar claramente esas guerras de las guerras que implicaban tácticas indiscriminadas o desproporcionadas. En la era moderna, la yihad ha conservado mayormente su componente de credo, es decir, su objetivo de proteger y propagar el islám como una religión. A su vez, la dimensión confesional del pensamiento yihad parece estar estrechamente vinculada al concepto de Estado que sostienen ampliamente las autoridades musulmanas –un concepto que prevé poca o ninguna separación de la religión y el Estado. Por el contrario, el pensamiento cristiano moderno acerca de la guerra justa ha tendido a minimizar la importancia de sus elementos confesionales (pocos teólogos cristianos enfatizan hoy en día el valor de la “cruzada”), remplazándolos por argumentos más religiosamente neutrales acerca de los derechos humanos y de las normas morales compartidas, o lo que algunos cristianos y otros pensadores denominan la “ley moral natural”. Hoy en día, algunos académicos musulmanes buscan, en el caso de la yihad, recuperar más completamente el sentido de la expresión como “esfuerzo” o “esforzarse por lo bueno” en el servicio de Dios, minimizando igualmente la importancia de sus elementos confesionales y enfatizando, para nuestro mundo cada vez más plural e interdependiente las dimensiones y aplicaciones más universales de esta expresión. Por ejemplo, véanse Hashmi, Sohail M. “Interpreting the Islamic Ethics of War and Peace". En: Nardin, Terry (ed.). The Ethics of War and Peace: Religious and Secular Perspectives . Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996, pp. 146-166. Zawati, Hilmi. Is Yihad a Just War? War, Peace, and Human Rights under Islamic and Public International Law. Lewiston, NY: Edwin Mellen, 2001.


acción militar se lleve a cabo únicamente por orden de las autoridades públicas legítimas. Ellos nos recuerdan forzosamente205 que el islam, no menos que el cristianismo, el judaísmo u otras religiones, es amenazado y potencialmente degradado por estos profanadores que invocan el nombre de Dios para matar en forma indiscriminada. Reconocemos que los movimientos que reivindican el manto de la religión tienen también complejas dimensiones políticas, sociales y demográficas a las que se debe poner atención. Al mismo tiempo, los asuntos filosóficos y la filosofía de este movimiento islámico radical, en su desprecio por la vida humana y al ver el mundo como una lucha de vida y muerte entre creyentes y no creyentes (bien sea musulmanes, judíos, cristianos, hindúes u otros no radicales), niega claramente la igualdad en la dignidad de todas las personas, y al hacerlo, traiciona la religión y rechaza los propios cimientos de la vida civilizada y la posibilidad de paz entre las naciones. Lo más grave de todo, y lo demostraron los asesinaros en masa del 11 de septiembre, es que este movimiento posee ahora no sólo el deseo declarado abiertamente, sino también la capacidad y la pericia –incluidos el posible acceso y el deseo de hacer uso de armas químicas, biológicas y nucleares– para causar una destrucción masiva y horrible sobre sus blancos 206.

205 Por ejemplo, los académicos musulmanes afiliados a la Liga Mundial Musulmana, que se reunieron en La Meca, reafirmaron recientemente que la yihad prohíbe estrictamente “el asesinato de no combatientes” y ataques contra “instalaciones, sitios y edificaciones que no estén relacionados con los combates”. Véase "Muslim scholars define 'terrorism' as opposed to legitimate jinad”, Middle East News Online [www.middleeastwire.com], del 14 de enero de 2002. Tibi, Bassam "War and Peace in Islam”, en Nardin. Ob. cit., pp. 128-145. 206 El historiador Eric Hobsbawm, en su estudio del siglo XX publicado en 1995, nos previene en particular, a medida que nos confrontamos con el nuevo milenio, acerca de la crisis emergente del

Quienes asesinaron a más de 3.000 personas el 11 de septiembre, y quienes ya lo admitieron, no desean nada más sino volverlo a hacer; constituyen un peligro claro y actual para todas las gentes de bien en todos los lugares del mundo, no sólo en Estados Unidos. Este tipo de actos es un mero ejemplo de la agresión desnuda contra las vidas humanas inocentes, un mal que amenaza al mundo entero y que requiere el uso de la fuerza para acabar con él. Los asesinos organizados con alcance global ahora nos amenazan a todos. En nombre de la moralidad humana universal, y plenamente conscientes de las limitaciones y requerimientos de una guerra justa, respaldamos la decisión de nuestro gobierno y de nuestra sociedad para usar la fuerza de las armas contra ellos. CONCLUSIÓN Nos comprometemos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para protegernos contra las tentaciones nocivas, especialmente aquellas arrogantes y con sentido de patriotería, –a las que tan frecuentemente las naciones en guerra parecen ceder. Al mismo tiempo, manifestamos solemnemente al unísono que es esencial que nuestra nación y sus aliados ganen esta guerra. Combatimos para defendernos, pero también creemos que peleamos para defender los principios universales de los derechos humanos y de la dignidad humana que son la mejor esperanza para la humanidad. Algún día esta guerra terminará. Cuando así sea –y en algunos aspectos aun antes de que termine–, nos espera la gran tarea de la conciliación. Esperamos que esta guerra, al detener un mal global sin mitigar, pueda

“terrorismo no estatal” que se hizo posible mediante el crecimiento de la “privatización de los medios de destrucción”, de manera que los grupos organizados, que operaban al menos en alguna medida independientemente de las autoridades públicas, desean y pueden cada vez más perpetrar la “violencia y la destrucción en cualquier parte del mundo”. Hobsbawm, Eric. Age of Extremes: The Short Twentieth Century: 1914-1991. London: Abacus, 1995, p. 560.


aumentar la posibilidad de una comunidad mundial basada en la justicia. Pero sabemos que sólo los hacedores de paz, que están entre nosotros en toda sociedad, pueden garantizar que esta guerra no haya sido en vano. Deseamos especialmente llegar a nuestros hermanos y hermanas en las sociedades musulmanas. Les decimos de frente: no somos enemigos, sino amigos 207. No debemos ser enemigos. Tenemos mucho en común. Hay mucho para hacer juntos. Su dignidad humana, no menos que la nuestra, sus derechos y oportunidades por una vida buena, no menos que los nuestros, son lo que creemos el objeto de nuestra lucha. Sabemos que para algunos de ustedes la desconfianza hacia nosotros es alta, y sabemos que nosotros los estadounidenses somos en parte responsables de esa desconfianza. Pero no debemos ser enemigos. Esperamos unirnos a ustedes y a todas las gentes de buena voluntad para construir una paz justa y duradera. FIRMANTES Enola Aird Director, The Motherhood Project; Council on Civil Society John Atlas Presidente, National Housing Institute ; Director ejecutivo, Passaic Country Legal Aid Society Jay Belsky Profesor y director, Institute for the Study of Children, families and Social Issues, Birkbeck University of London David Blankenhorn Presidente, Institute for American Values

David Bosworth University of Washington

207 Lincoln, Abraham. First Inaugural Address. Mazo de 1861.

R. Maurice Boyd Pastor, The City Church, New York Gerard V. Bradley Profesor de leyes, University of Notre Dame

Margaret F. Brinig Profesora con la distinción Edward A. Howry, University of Iowa College of Law Allan Carlson Presidente, The Howard Center for Family, Religion, and Society

Khalid Durán Editor, TransIslam Magazine

Paul Ekman Profesor de Sicología, University of California, San Francisco

Jean Bethke Elshtain Profesor Laura Spelman Rockefeller de Ética Social y Política, University of Chicago Divinity School Amitai Etzioni Profesora, The George Washington University

Hillel Fradkin Presidente, Ethics and Public Policy Center

Samuel G. Freedman Profesor, Columbia University Graduate School of Journalism Francis Fukuyama Profesor Bernard Schwartz de Economía Política Internacional, John Hopkins University


William A. Galston Profesor, School of Public Affairs, University of Maryland; Director, Institute for Philosophy and Public Policy

Claire Gaudiani Investigadora Senior, Yale Law School; Ex presidenta, Connecticut College

Robert P. George

Profesor McCormick de Jurisprudencia y profesor de Política, Princeton University

Neil Gilbert Profesor, School of Social Welfare, University of California, Berkeley Mary Ann Glendon Profesora erudita en leyes, Harvard University Law School

Norval D.Glenn Profesor Ashbel Smith de Sociología y profesor Stiles de Estudios Americanos, University of Texas at Austin

Os Guinness Miembro, Trinity Forum David Gutmann Profesor emérito de Siquiatría y Educación, Northwestern University

Kevin J. “Seamus” Hasson Presidente, Becket Fund for Religious Liberty

Sylvia Ann Hewlett Presidenta, Nation Parenting Association

James Davison Hunter Profesor William R. Kenan Jr., de Sociología y Estudios Religiosos y director, Center on Religion Democracy, University of Virginia Samuel Huntington Profesor Albert J. Weatherhead III, Harvard University

Byron Johnson Director y miembro distinguido, Center for Research on Religion and Urban Civil Society, University of Pennsylvania

James Turner Johnson Profesor, Departamento de Religión, Rutgers University

John Kelsay Profesor Richard L. Rubenstein de Religión, Florida State University

Diane Knippers Presidenta, Institute on Religion and Democracy

Thomas C. Kohler Profesor de Leyes, Boston College Law School

Glenn C. Loury Profesora de Economía y directora, Institute on Race and Social Division, Boston University

Harvey C. Mansfield Profesor William R. Kenan, Jr., de Gobierno, Harvard University

Will Marshall Presidente, Progressive Policy Institute


Richard J. Mouw Presidente, Fuller Theological Seminary

Daniel Patrick Moynihan Profesor, Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University John E. Murray, Jr. Rector y profesor de Leyes, Duquesne University

Michael Novak Profesor George Frederick Jewett en Religión y Política Pública, American Enterprise Institute

Rev. Val J. Peter Director Ejecutivo, Boys and Girls Town

David Popenoe Profesor de Sociología y codirector, National Marriage Project, Rutgers University

Robert D. Putnam Profesor Peter and Isabel Malkin Professor de Política Pública, Kennedy School of Government, Harvard University

Gloria G. Rodríguez Fundadora y presidente, Avance, Inc. Robert Royal Presidente, Faith & Reason Institute

Nina Shea Directora, Freedom’s House’s Center for Religious Freedom

Fred Siegel Profesor de Historia, The Cooper Union

Theda Skocpol Profesora Victor S. Thomas de Gobierno y Sociología, Harvard University

Katherine Shaw Spaht Profesora de Leyes Jules and Frances Landry, Louisiana State University Law Center

Max L. Stackhouse Profesor de Ética cristiana y director, Project on Public Theology, Princeton Theological Seminary William Tell Jr. The William and Karen Tell Foundation

Maris A. Vinovskis Profesor Bentley de Historia y profesor de Política Pública, University of Michigan

Paul C. Vitz Profesor de Sicología, New York University

Michael Walzer

Profesor, School of Social Science, Institute for Advanced Study

George Weigel Miembro, Ethics and Public Policy Center

Charles Wilson Director, Center for the Study of Southern Culture, University of Mississippi

James Q. Wilson Profesor Collins emérito en Gestión y Política Pública, UCLA John Witte, Jr.


Profesor Jonas Robitscher de Leyes y Ética, y director, Law and Religion Program, University Law School

Christopher Wolfe Profesor de Ciencia Política, Marquette University

Daniel Yankelovich Presidente, Public Agenda

DEBATE LA CUADRATURA DEL CÍRCULO

LA CUADRATURA DEL CÍRCULO Diana Marcela Rojas Profesora del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEPRI, Universidad Nacional de Colombia. En este manifiesto se pone de presente la paradoja que subyace a la concepción que sustenta toda la política exterior norteamericana. Esto es, la afirmación de la nación americana; pero una afirmación que se hace en términos de proyecto universalizador y, por tanto, con la aspiración de constituirse en el modelo social, político y económico de la humanidad entera. Varios apartes del texto nos revelan este fundamento de la identidad política estadounidense, la cual no hace más que afirmarse en la manera como los intelectuales justifican la actual guerra contra el terrorismo. Estados Unidos no ha hecho ni hará nunca la guerra argumentando únicamente la defensa de su interés nacional particular: "Peleamos para defendernos a nosotros mismos y para defender estos principios universales". Es aquí en donde su particularidad de aspiraciones universales nos sorprende. Los valores norteamericanos son valores universales, sostienen los intelectuales. En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos luchó no sólo, y no tanto por la defensa de sus fronteras, de sus ciudadanos o de su modelo económico y social, sino en contra del eje (del mal); en contra del fascismo, en tanto representaba la amenaza a los valores supremos, nuevamente, de la humanidad. En la Guerra Fría se volvió a repetir el esquema, así el escenario del conflicto variara de Corea a Vietnam o Centroamérica. Estados Unidos, al defenderse a sí mismo, está defendiendo a la humanidad en conjunto; a lo mejor que existe de ella y que Norteamérica representa. Más de dos siglos de historia no han modificado en un ápice el mito fundador de la nación norteamericana: la idea de crear el paraíso en la tierra que redima a la humanidad de sus pecados y vicios, el pueblo escogido por Dios para señalar el camino a los demás.

Sorprende, entonces, cómo de manera tan clara vuelve a aparecer en esta nueva guerra ese fundamento metafísico sobre el cual se asienta la nación de Washington y Lincoln. Para Estados Unidos es impensable, inimaginable, inaceptable, emprender una guerra que no sea en nombre del BIEN, de la VERDAD, que por serlo es universal. Su Estado, su historia, su identidad política, en pocas palabras, el american way of life, está sustentado en la convicción de actuar en aras de los valores supremos o, por lo menos, de aspirar a ello, así se haya errado el camino por momentos, como se reconoce en el manifiesto: una vida piadosa y entregada a la causa suprema de salvar a la humanidad. No extraña, por consiguiente, la perplejidad con la que se preguntan los firmantes del manifiesto, ¿por qué fuimos el blanco de los ataques el 11 de septiembre?, ¿por qué nos quieren destruir?, ¿por qué nos odian? Pero la respuesta nos deja igualmente perplejos por su simplicidad pero también por la absoluta coherencia que guarda con sus principios fundadores y sus creencias: "No nos atacan por lo que hacemos sino por lo que somos", y lo que somos es incuestionable por estar sustentado en las verdades morales universales; nos sorprende que nos odien porque nosotros sólo buscamos el bien de la humanidad, realizar el paraíso en la tierra e irradiarlo sobre todos los pueblos. Nos odian por ser buenos, y al odiarnos por esa razón (y no por las otras que aunque en el primer párrafo del manifiesto se reconozcan, no se aceptan), nuestros enemigos no pueden ser más que malos, inhumanos, inmorales, independientemente de las razones que invoquen, ya sean religiosas, morales o políticas. Todo enemigo de Estados Unidos está condenado por serlo y no en realidad por sus motivaciones. En este caso, el otro no puede tener ningún reconocimiento, ningún valor; el otro, el enemigo, es la negación; aquí no hay lugar a términos medios, ni a la tolerancia ni mucho menos al relativismo. Las guerras de Estados Unidos son guerras absolutas, guerras que sólo se pueden ganar porque no es posible transar con los valores verdaderos, porque el mal debe vencerse. Por ello no es necesario el aval de los otros, el consenso o el acuerdo con los países aliados en sus guerras, una guerra santa no requiere aliados sino seguidores, actitud que los

DEBATE LA CUADRATURA DEL CÍRCULO

norteamericanos ven como perfectamente natural y que los europeos resienten con amargura. Allí encontramos la paradoja fundamental que subyace a toda la política moderna: la pretensión de hacer compatible esta aspiración universalista con aquellos valores sustanciales a la democracia: el de la diversidad de creencias y de perspectivas de mundo, el del reconocimiento de la particularidad, de la individualidad, la libertad y la contingencia propios de la vida humana. Estados Unidos es tal vez quien mejor encarna la tragedia (en el sentido griego de ser consciente del destino y no poderlo evitar) que caracteriza la experiencia histórica en la vida social y política de la modernidad equivalente a la cuadratura del círculo: ¿Cómo hacer compatible la tolerancia a diversos credos y formas de pensamiento y de vida, con la aspiración a establecer una verdad, con la idea de lo universal? ¿Cómo lograr un mundo en el que la que particularidad y la universalidad, la diferencia y la identidad, sean finalmente compatibles? Una aspiración que los intelectuales norteamericanos declaran abiertamente: "Estados Unidos busca ser una sociedad en la cual fe y libertad puedan ir juntas"; afirmación que expresa, con inocente optimismo, lo que en realidad es un drama: el drama de una época, la moderna, que renunció a Dios pero que siguió viviendo y pensándose como si aún él existiera, el drama de una sociedad secularizada que no alcanza a aceptar las consecuencias radicales de su secularización. Estados Unidos no logra resolver esa contradicción, como de hecho nuestra época no ha podido y tal vez no podrá hacerlo. Algo que infortunadamente no hemos comprendido suficientemente es que la sociedad norteamericana no puede renunciar a estas pretensiones de universalidad sin dejar de ser lo que es, sin perder el fundamento de su identidad como nación y su lugar en la historia. Finalmente, una guerra que sigue invocando a Dios, ya sea bajo la forma de valores morales universales o de los profetas musulmanes o judíos, no puede ser más que una guerra santa, y por tanto, "justa". Allí se encuentra la

equivocación central de este manifiesto: la de suponer que pueden existir guerras seculares "justas". La guerra contra el terrorismo proclamada por Estados Unidos a raíz de los ataques del 11 de septiembre no puede ser otra cosa que una guerra santa, no muy distinta en sus fundamentos de la "yihad" islámica.

DEBATE LA POLÍTICA UNIPOLAR

LA POLÍTICA UNIPOLAR William Ramírez Tobón Director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEPRI, Universidad Nacional de Colombia. Ya sabemos que quienes logran situarse en la cima de una hegemonía particular tienden a hablar, al referirse a sus propios intereses, en nombre de razones universales. El caso de Estados Unidos no puede ser distinto a esta regla, y menos el de sus intelectuales, los cuales, aun en las más feroces críticas a su propia sociedad, no dejan de hacer saber que dichos atributos de autoanálisis son patrimonio de la excelsa dotación natural que les ha dado su tierra. La carta “Por qué luchamos” está concebida y hecha desde esas impresionantes alturas. En efecto, a partir de cinco verdades fundamentales comunes, según ellos, a todos los pueblos sin distinción alguna, los intelectuales norteamericanos establecen otros cuatro grandes valores, considerados ideales fundadores de su ser nacional, con fuerza de compromiso no sólo para la sociedad norteamericana, “sino también para los pueblos del mundo entero”. Y, sobre tal presupuesto, terminan por hacer de Estados Unidos la encarnación del ideal sociopolítico universal, tal como lo expresa la carta al enfatizar que ninguna otra nación en la historia ha podido forjar tan explícitamente su identidad sobre la base de los valores humanos. No es sorprendente que este tipo de conciencia colectiva haya terminado por propiciar, desde el pedestal de una supuesta autorealización histórica, imágenes distorsionadas sobre la realidad situada más allá de sus fronteras. Los firmantes de la carta no dejan de reconocerlo con una calculada modestia cuando aceptan haber dado pruebas, “a veces”, de arrogancia e ignorancia respecto de otras sociedades, y de haber conducido, hacia estas últimas, políticas mal orientadas e injustas. O cuando conceden, con un forzado tono de condescendencia, que detrás del radicalismo religioso islámico hay “una compleja dimensión política, social y demográfica para tener en cuenta”. Y cuando, al final de la epístola, extienden sus brazos

universales hacia los hermanos y hermanas de las sociedades musulmanas, con quienes dicen tener “muchos puntos en común”, para invitarlos a la “construcción de una paz justa y durable”. Pero, ¿cómo construir una paz justa y durable con una nación que se erige frente a las otras políticas nacionales como la representante sin par de los fines generales de la política en el concierto internacional? Entre las cuatro grandes y originarias fuentes de la excelencia gringa mencionadas por sus intelectuales, la dignidad humana aparece como un derecho según el cual toda persona debe ser tratada como un fin y no como un medio, principio que tiene en la democracia estadounidense su expresión política más concreta. Esta democracia es, pues, la materialización política de una serie de principios trascendentes encabezados por el de la dignidad humana, condición que parece conferirle a Estados Unidos el papel de personero excepcional de las políticas de la civilización deseables para todo el género humano. Así que, ¿es La Política, con todas las mayúsculas del caso, otro de los valores e ideales universales congénito, primero descubierto y mejor desarrollado por la sociedad norteamericana?

Eso se desprende de la dialéctica que opone, como se desprende de la lógica de sus intelectuales, el reino de la política, es decir Estados Unidos, con unos mortíferos invasores que llegan el 11 de septiembre a Nueva York con el solo designio de “matar por matar”. Y que por lo tanto luchan no contra el gobierno sino contra lo que son, en sí mismos, los norteamericanos.

No se trata aquí, por supuesto, de justificar bajo la razón de una supuesta “guerra justa” –sea ella cristiana, judía o musulmana–, las bestialidades ocurridas en muchas y nefastas fechas de la historia, incluida la de septiembre. Lo que se quiere poner de presente es que en la doctrina y en la sociedad musulmanas, la política, con todo el alcance que el término puede tener respecto de los objetivos de una civilización, una centralidad

DEBATE LA POLÍTICA UNIPOLAR

y una coherencia que cubren todas sus manifestaciones sean éstas pacíficas o violentas. De ahí que aun actos tan irracionales como el del 11 de septiembre sean más puntos de desviación perversa dentro de un campo de relaciones políticas, que negaciones del mismo. El terrorismo islamista es la obstrucción de la política pero no la pérdida de su naturaleza como tal. En el ordenamiento islámico el Corán, con sus profetas armados y desarmados, es la Carta Magna Constitucional que orienta al Estado y la sociedad y, como ocurre con todos estos principios generales, caben allí desde las mejores hasta las peores interpretaciones.

Para concluir basta subrayar que no es suficiente, como lo hacen los intelectuales estadounidenses, reconocer de pasada el trasfondo político y social del desespero radical de algunos y muy importantes movimientos musulmanes, sino de luchar para que su gobierno modifique el sentido de una política que bajo la retórica de la universalidad de ciertos principios, busca imponer tanto sus intereses particulares como el de sus más inmediatos aliados. Sólo así podremos sentir que Estados Unidos y su elite de intelectuales y moralistas no nos predican desde el vértice de una pirámide en cuyos escalones inferiores nos sentamos el resto de los mortales.

DEBATE UNA GLOSA A “POR QUÉ LUCHAMOS”

UNA GLOSA A “POR QUÉ LUCHAMOS” Fernando Cubides Profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEPRI, Universidad Nacional de Colombia. Para comenzar habría que ponerle un nombre a la tendencia que representa. ¿Qué tal neo-fundamentalismo? Se trata en todo caso de algo nuevo, de una genuina reacción frente a las amenazas que se evidenciaron el 11 de septiembre. Pero es tan sólo una de las muchas reacciones que podrían provenir de la intelectualidad y de la academia norteamericanas; y sin embargo, algo hay en la solemnidad y en el tono del documento que quiere convencernos de que es la única forma posible, un doctrinarismo y un complejo de destino manifiesto que creíamos superados. Estilísticamente por momentos uno cree oír los ecos del Monte Sinaí, la ley mosaica, el precepto en su versión original, el listado de mandamientos fundador de un sistema de creencias. Es de suponer que su composición como texto demandó muchas horas de trabajo, interminables mensajes vía internet, discusiones y transacciones, y un coordinador paciente, sutil en sus maneras y en su capacidad de concertación, de limar asperezas, de llegar a la fórmula ecuánime de lo “politically correct” para todos los posibles firmantes. En ese aspecto, a primera intención es un texto logrado en cuanto se asemeja a las declaraciones de principios, a las máximas de los “padres fundadores”, a aquellas fórmulas de gran teatralidad epigramática y gran capacidad movilizadora del periodo de las revoluciones burguesas: “Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos y en su dignidad”, nos reiteran los firmantes como la primera de las fórmulas axiomáticas a las que se acogen para justificar las guerras de hoy. Mirado más despacio sorprende en cambio lo ahistórico de muchas de sus afirmaciones, para provenir de un grupo en el que están presentes connotados autores y autoras de las ciencias sociales, al absolutizar valores que tienen un anclaje histórico, una relatividad de acuerdo con

el contexto, al universalizar los valores americanos (entendidos como los valores que priman en la sociedad estadounidense, pues es irrefrenable ya que se hubieran apropiado de ese apelativo pese a las ocasionales precisiones provenientes de este lado del Río Grande y a las ocasionales protestas de Gabo, invocando unos pocos ejemplos históricos y al omitir otros. Y dentro de las omisiones, como tal vez se ha señalado ya, la más significativa, la más sensible, se resume en dos palabras: Hiroshima y Nagasaki. ¿Cómo no aludir siquiera a esos dos ejemplos allí donde se está dilucidando el problema ético de la guerra y se está considerando “moralmente inaceptable tomar la muerte de no combatientes como objetivo operacional de una acción militar” y en tanto se han mencionado otros ejemplos provenientes de la Segunda Guerra Mundial para ilustrar otras afirmaciones? ¿Qué tipo de miopía hay tras esa omisión? ¿Acaso eran combatientes los 72.000 muertos y los 80.000 heridos de Hiroshima? ¿Lo eran los 23.657 muertos o los 120.820 heridos de Nagasaki? Al respecto vale recordar cómo vivieron ese dilema un Oppenheimer, un Einstein. Después del empleo de la bomba nuclear contra objetivos civiles, Einstein se hace adalid de una campaña contra el empleo de esa arma, se distancia de los valores americanos que había tomado al pie de la letra, y aborda el mismo problema, el de la guerra justa, en términos bien distintos y subrayando el ethos del hombre de ciencia que como tal mantiene una distancia crítica frente al poder. Vale la pena citarlo:

Hay una cuestión que se plantea por encima de cualquier otra: ¿Debemos elegir como fin supremo de nuestras aspiraciones el conocimiento de la verdad, es decir en términos más modestos, la comprensión lógica y constructiva del mundo accesible a la experiencia, o bien tal aspiración hacia el conocimiento racional debe ser subordinada a otros fines cualesquiera, por ejemplo el fin práctico? La reflexión por sí sola no puede proporcionar respuestas a ese dilema. Y, sin embargo, la decisión

DEBATE UNA GLOSA A “POR QUÉ LUCHAMOS”

tiene una influencia sobre nuestro pensamiento y sobre nuestro sentido de los valores por cuanto tiene ella de persuasión inconmovible. (...) Esa orientación por así decirlo religiosa del hombre de ciencia hacia la verdad, no deja de influir en el conjunto de su personalidad. Pues fuera de los datos experimentales y de las orientaciones del pensamiento, no existe para el investigador ninguna autoridad cuyas decisiones y opiniones puedan servir de pretexto para edificar una “verdad”. (...) ¿Qué lugar corresponde al hombre de ciencia en la sociedad actual? En una u otra forma se siente orgulloso de que �casi siempre indirectamente� el trabajo de sus colegas haya transformado la vida económica de los hombres, hasta el punto de haber hecho desaparecer para la gran mayoría el trabajo muscular. Pero se siente también oprimido por el hecho de que el resultado de sus obras haya terminado por constituir una obscura amenaza, desde el momento en que los frutos de sus investigaciones hayan caído en manos de quienes detentan el poder político. Se da cuenta del hecho de que la aplicación de sus investigaciones ha concentrado en la mano de una pequeña minoría el poder, primero económico y luego político del que depende estrechamente el porvenir de la masa de individuos, que cada vez parece más amorfa. Más aún, esa concentración de la fuerza económica y política en manos de unos cuantos no solamente ha llevado al hombre de ciencia a una sumisión material externa, sino que también lo ha conducido hacia una amenaza interna de su existencia, al impedir el desarrollo de personalidades independientes208.

208 Del “Mensaje a los sabios italianos sobre el peligro de las explosiones nucleares”, 1950.

Y en tanto de difunde el manifiesto de los intelectuales norteamericanos a favor de la guerra, salen a la luz nuevas transcripciones de las interminables cintas de Watergate, y por ellas nos enteramos de que Nixon estuvo tentado �y por razones de política electoral� a usar el poder nuclear en Vietnam y a duras penas logró Kissinger disuadirlo... 22.III.2002.

RESEÑAS LA GALAXIA INTERNET

LA GALAXIA INTERNET Manuel Castells. Barcelona: Editorial Areté, 2001, 316 páginas Por: Diana Marcela Rojas. Profesora IEPRI Así usted no quie ra, no pueda, no conozca o no tenga nada que ver con Internet, Internet sí tiene que ver con usted y de manera fundamental. Tal parece ser el mensaje que nos envía Castells desde “La Galaxia Internet”. Una galaxia que, pese a su juventud (1995), ha entrado a formar parte de las vidas de los ciudadanos del siglo XXI. En la línea de sus investigaciones realizadas durante los últimos años, Castells busca entender esta nueva forma de organización social surgida en el proceso de globalización, a la cual denomina “sociedad en red”. En esta sociedad, Internet no es sólo una de las formas en las que se plasman los impresionantes avances tecnológicos de que hemos sido testigos en las últimas décadas; ella es la base organizativa que caracteriza la era de la información: “LA RED”. De este modo, lo que a primera vista parece ser una metáfora de nuestro presente, adquiere una materialidad irrefutable, aunque tal concreción esté asentada sobre la paradoja de una “realidad virtual”. La ambiciosa denominación de “Galaxia Internet”, es propuesta por Castells para remplazar a la “Galaxia Gutemberg”, como la denominó MacLuhan, para caracterizar la importancia del libro en los últimos cinco siglos. Con ello, el autor quiere recalcar la amplitud y la profundidad del impacto que representa la World Web Wide en esta época de acelerado cambio histórico. Internet proporciona las facultades necesarias para desenvolverse en contextos que cambian a un ritmo sin precedentes; pero, además de caracterizarse por su flexibilidad y adaptabilidad, la red permite la coordinación de tareas y la gestión inmediata sobre la complejidad propia de las sociedades contemporáneas.

LA CULTURA DE LA RED Castells explora en su libro los distintos aspectos ligados a Internet. Desde sus orígenes en los afanes militares de la guerra fría, pasando por la

cultura específica que genera y su impacto en la economía globalizada, hasta sus implicaciones para la democracia, las cuestiones relacionadas con la libertad y la privacidad en la interacción entre individuos, empresas y gobiernos, así como el tema de la brecha entre los “conectados” y los “desconectados”, a la que denomina la “divisoria digital”. El autor parte de la premisa de que las tecnologías son transformadas en los usos sociales que se hagan de ellas, al producir consecuencias que la mayoría de las veces no pueden ser previstas, y de allí la necesidad de examinarlas en sus aplicaciones prácticas. Esto resulta ser particularmente cierto en el caso de Internet, en torno al cual han prevalecido más especulaciones y prejuicios que serios estudios empíricos. Para mostrar esta polivalencia de lo que representa Internet y sus diversas formas de apropiación social, Castells trae a colación un ejemplo sobre Colombia en el que, de acuerdo con un titular de El Tiempo, “los extorsionadores y secuestradores han recurrido a Internet para distribuir sus amenazas”. Pero, así mismo, coincide con otros líderes mundiales en la idea de que Internet es un instrumento fundamental para el desarrollo del Tercer Mundo. Aunque para los legos la parte dedicada a la historia de Internet puede resultar sobrecargada por el lenguaje técnico a través del cual se da cuenta del surgimiento y desarrollo de esta tecnología, lo interesante allí es que nos permite ver cómo este proceso ha sido autoevolutivo, ya que los propios usuarios se convirtieron en productores de tecnología y en configuradores de la red. Ello muestra de qué manera, hoy en día y cada vez más, la producción de conocimiento en todos los órdenes, así como la innovación tecnológica, son el resultado de un trabajo colectivo y flexible, basado en la comunicación abierta. Resulta además curioso que, si bien la iniciativa para el desarrollo de Internet provino del Departamento de Defensa de Estados Unidos, ante la necesidad de mantener un sistema abierto de comunicación en caso de un ataque nuclear, este sistema haya sido elaborado por investigadores universitarios que gozaron de una gran independencia. Es por ello que la cultura de Internet se basa en la cultura académica, compartida, crítica, abierta y meritocrática.


En lo concerniente a su impacto, Internet está logrando una creciente influencia en dimensiones fundamentales de la vida colectiva. Así, la red desempeña un papel central en la nueva economía al transformar la práctica empresarial en lo concerniente al proceso de producción, la gestión, la relación entre proveedores y clientes, las relaciones laborales, la financiación y los mercados financieros, todo lo cual es englobado por el concepto de E-Business. La red modifica también la experiencia del trabajo heredada de la era industrial; el trabajo se torna mucho más importante en una economía que depende de la capacidad para obtener, procesar y aplicar información, cada vez más en línea209. Estas exigencias requieren un tipo de educación diferente a la que ha prevalecido hasta ahora; una educación que prepare al individuo para el trabajo autoprogramable, una educación en la que la reserva de conocimientos e información pueda expandirse y modificarse a lo largo de toda la vida y que, además, lo capacite para transformar la información obtenida en formas de solución o de respuesta a tareas específicas. Esto es, una mano de obra altamente calificada, flexible e innovadora. Internet parece ejercer influencia, igualmente, sobre las formas de sociabilidad. Aunque Internet por sí mismo no nos hace ni más ni menos sociables, a diferencia de los que presagiaban un aislamiento individual y una ruptura de la comunicación social y de la vida familiar, o de aquellos que suponían sería una fuente de comunidad renovada, Internet contribuye de manera sustancial al nuevo modelo de sociabilidad basado en el individualismo. No es que cree un modelo de individualismo en red; más bien proporciona el soporte material apropiado para la difusión del individualismo en red como forma preponderante de sociabilidad. La red permite la disociación entre sociabilidad y localidad en la formación de comunidad, de modo que las personas se organizan cada vez más en redes

209 En la Web hay unos 550.000 millones de documentos, de los cuales el 95% está abierto al público.

sociales, y sobre todo en redes sociales conectadas en el ciberespacio. No resulta casual que más del 85% del uso de Internet sea el e-mail.

LA “CIBERPOLÍTICA” Dado que la organización social en línea juega un papel cada vez más importante en la organización social en su conjunto, Internet entra en interacción con los procesos de conflicto, representación y gestión política. De este modo la red se ha convertido en el instrumento indispensable de la clase de movimientos sociales que están surgiendo en la sociedad en red, como lo demuestran los movimientos antiglobalización. No obstante, las expectativas respecto de mayores posibilidades de democratización, gracias a la interactividad que permite Internet entre los ciudadanos y los gobiernos, no han sido de la amplitud que se esperaba. Tal decepción, a juicio del autor, no se debe tanto a las aplicaciones mismas de la tecnología, sino más bien a la profunda crisis de la democracia que se vive en casi todas partes. Sin embargo, Internet sí cumple una función fundamental en la nueva dinámica política caracterizada por lo que se ha denominado “política informacional” (noopolitik ). Castells presenta esta última como un nuevo acercamiento a la estrategia política basado en la manipulación de la información, en contraste con la antigua política de los equilibrios nacionales (realpolitik ). Desde esta perspectiva, la guerra informacional hace surgir una nueva doctrina de seguridad apropiada para la era de Internet: “En un mundo que se caracteriza por la interdependencia global, configurado por la información y la tecnología, la capacidad para responder a los flujos de información y a los mensajes transmitidos por los medios se convierten en herramientas esenciales para fomentar una determinada agenda política”210. La dimensión política de Internet se revela mucho más central en la medida en que, junto con los otros medios de comunicación, interviene en el proceso de representación mental subyacente a la opinión pública, al comportamiento público colectivo. De allí que el nuevo y más efectivo objetivo del ejercicio del

210 Castells. Ob. cit., p. 118.


poder en el escenario internacional se dé en torno al control de la producción y difusión de códigos culturales y contenidos de información. Pero no hay que llamarse a equívocos: Internet por sí mismo no es ni la garantía plena del ejercicio de la libertad, ni tampoco el instrumento del Gran Hermano para ejercer la dominación unilateral. Eso depende del uso que se haga de él, de la capacidad de los distintos actores sociales, incluidos los gobiernos, para apropiárselo en su intento tanto de manipular los símbolos como de ampliar las fuentes de información, de constituir mayores espacios de libertad y de defender la privacidad. En el ámbito político, Internet tiene otras implicaciones. El análisis de su geografía muestra que su uso sigue la distribución desigual de la infraestructura tecnológica, de la riqueza y la educación en el planeta. Allí también, como en el orden mundial de la posguerra fría, sigue existiendo una sola gran superpotencia, Estados Unidos, y otras potencias medianas, Europa y unos cuantos países asiáticos, con Japón a la cabeza. En este panorama, América Latina representa apenas el 4%211 de la red. Una difusión desigual de Internet por el planeta que, con sus graves consecuencias, es denominada por Castells como la “divisoria digital global”. La brecha no coincide exactamente con las divisiones territoriales nacionales. Ella revela que son los centros urbanos más importantes, las actividades globalizadas y los grupos sociales de mayor nivel educativo, los que están entrando en las redes globales basadas en Internet. De este modo, el nuevo sistema económico y tecnológico de la era de la información viene a reforzar las condiciones vigentes. Al contribuir al desarrollo desigual que genera cada vez más riqueza y más pobreza, más productividad y más exclusión social, ahonda las diferencias entre diversas regiones del mundo y grupos sociales. Internet agrega entonces otra forma de marginalidad: la 211 Castells señala que para finales de 2000, sobre un total de 378 millones de usuarios de Internet (que representaban el 6,2% de la población mundial), el 42,6% de los usuarios estaban en Norteamérica, el 23,8% en Europa, el 20,6% en Asia, el 4% en América Latina, el 4,7% en Europa del Este, el 1,6% en Oriente Medio, y el 0,6% en África. Véase www.nua.ie/surveys/how_many_online/index.html

de los desconectados, no sólo en sentido físico a la red, sino –y sobre todo– a la forma organizativa que distribuye el poder de la información y a la economía que se sustenta en ella. De allí que en los debates acerca del modelo de desarrollo para los países del Tercer Mundo deba plantearse, de manera urgente, la necesidad de superar la brecha digital planetaria.

UN VIAJE INTERGALÁCTICO Queda claro entonces que, para entender Internet, no basta familiarizarse con los rudimentos básicos y conectarse; no basta con una cierta experticia para orientarse en ese mar infinito de información, y ni siquiera con un dominio de los lenguajes informáticos altamente sofisticados, tal como el que poseen ingenieros, hackers y crackers. No, la comprensión del significado de la red para nuestra época pasa por el análisis de lo que Internet expresa del nuevo tipo de sociedad que se estaría conformando a escala global: no es casualidad referirse a Internet como LA RED por antonomasia. Infortunadamente, debido a la velocidad del cambio y, en parte, a la inercia, el mundo académico aún no ha logrado dar cuenta de los aspectos sustanciales de la sociedad y de la economía basados en Internet. El texto de Castells es uno de los que empieza a llenar ese vacío, un trabajo meritorio de quien, sin caer en la futurología, nos proporciona pistas para entender un futuro que es casi presente. No sin razón el libro está dedicado a sus nietos. En el presente número de Análisis Político decidimos aprovechar la referencia al reciente libro de Castells para presentar, a partir de los temas y reflexiones que nos propone, la versión electrónica de nuestra revista (www.analisispolitico.edu.co). Para no redundar en las ideas arriba expuestas, baste decir que nuestro ingreso a la Galaxia Internet tiene una doble motivación: por un lado, proviene del interés por hacernos actores conscientes de ese movimiento de transformación que implica la Web, especialmente en el campo de la educación, tanto para la docencia como para la investigación y la producción académica, sobre todo cuando la producción y la difusión del conocimiento hoy dependen cada vez más de la capacidad de insertarse y trabajar de manera


coordinada en redes que nos conectan con el mundo. De otro lado, Internet nos interpela de una manera fundamental: dados los profundos efectos políticos que tiene, una revista como la nuestra no podría dar cuenta de los cambios que trae consigo este nuevo entorno de comunicación para la interacción política, en el ámbito nacional y en el escenario internacional, sin entrar a asumir directamente las oportunidades y retos que el ciberespacio ofrece. Con la versión electrónica de la revista, se nos pone de presente la manera en que la política informacional transforma no sólo los medios a través de los cuales se expresa sino, ante todo, las categorías mismas del análisis; lo que en últimas pone en tela de juicio nuestra comprensión de lo que es la política hoy. Sea pues la ocasión para invitarlos a emprender con nosotros este viaje intergaláctico…

RESEÑAS NEW & OLD WARS

NEW & OLD WARS: ORGANIZED VIOLENCE IN A GLOBAL ERA Mary Kaldor. Sanford University Press, 1999, 192 páginas Por: Eric Lair. Profesor Universidad Externado de Colombia El libro de Mary Kaldor dedicado al tema de la guerra constituye una importante contribución al debate sobre la evolución de la violencia armada tras la desaparición del paradigma político militar Este-Oeste. La autora pertenece a los estudiosos de la guerra fría que durante años privilegiaron una interpretación del sistema internacional en términos macro, enfocándose, por ejemplo, en el análisis del complejo militar-industrial de los Estados y en la disuasión nuclear.

Hasta hace poco tiempo, gran parte de la literatura en relaciones internacionales había aprehendido los fenómenos de guerra a la luz de la rivalidad Este-Oeste asumiendo que dichos fenómenos eran simples productos derivados de este antagonismo. Se menospreció así la historicidad interna de numerosas guerras llamadas periféricas (Mozambique, Centroamérica, etc.) que tenían sus propias dinámicas locales212, y se prestó poca atención a otras guerras que no se enmarcaban exactamente dentro de dicha confrontación (Colombia, Sri Lanka, Sudán, entre otros). Hoy varios analistas (re)descubren la guerra en toda su complejidad. Más allá de los distintos enfoques propuestos (choque de civilizaciones, visión caótica del mundo, por citar sólo algunos), se expresa de manera más o menos explícita una idea recurrente: la guerra ha cambiado. Es precisamente la tesis planteada por Mary Kaldor, quien supone que la guerra ha venido

212 Existen, sin embargo, monografías sobre guerras asociadas a la confrontación “Este-Oeste” que tienen en cuenta la profusión de las lógicas conflictivas bien sean locales, regionales o internacionales. Véase: Geffray, Christian. La Cause des Armes au Mozambique. Paris: Karthala, 1990.

transformándose en las últ imas dos décadas con la intensificación de la globalización, principalmente al salir del antagonismo Este-Oeste. Después de un capítulo introductorio, la autora desarrolla su argumentación con una breve descripción de lo que denomina “las viejas guerras” antes de consagrarse casi exclusivamente a las “nuevas guerras”213. Para caracterizar estas “viejas guerras” recorre, a veces sin matices, un gran periodo histórico. Parte del modelo de guerra interestatal que se esbozó con la conformación del Estado moderno para llegar a los dos conflictos mundiales. Recuerda, con razón, que éstas encarnan una forma de guerra total, entre otras razones, por la multitud de fuerzas armadas y recursos movilizados y además por el envolvimiento de la población civil en el esfuerzo de guerra.

¿Qué nos enseña Mary Kaldor sobre las otras guerras (conflictos de descolonización, periféricos, etc.) con un carácter eminentemente interno, que se multiplicaron en la segunda mitad del siglo XX? Que éstas son las precursoras de los nuevos conflictos armados. Pero esto queda por demostrarse, pues Kaldor sólo se les dedica algunas líneas, mientras que su importancia en el panorama general de la guerra hubiese merecido mayor desarrollo. En otras palabras, el lector pasa sin transición de las “viejas guerras”, que se detienen prácticamente en la segunda guerra mundial, al análisis de las “nuevas guerras” (años 1980 y 1990) ilustradas con la desintegración de la ex Yugoslavia (Bosnia -Herzegovina). La autora realiza así un salto histórico y conceptual que le quita coherencia a su tesis de las “nuevas guerras”. No se ven cuáles son las interacciones (rupturas y continuidades) entre los conflictos internos que estallaron entre la década de 1950 y la aparición de éstas. Siguiendo con el tema de las “nuevas guerras”, ¿por qué Kaldor decide exponer en detalle el

213 Así se titula la versión española del libro (a diferencia del original en inglés): Kaldor, Mary. Las nuevas guerras: Violencia organizada en la era global. Barcelona: Editorial Tusquets, 2001.


caso yugoslavo (bien analizado en un largo capítulo), y en cambio se refiere apenas de manera sucinta a otros ejemplos para sustentar su tesis? Aunque reconoce las particularidades de la guerra yugoslava, la autora argumenta que ésta representa un “laboratorio” permitiendo comprender la configuración de los conflictos armados actuales. Pero, ¿cómo comprobarlo si no se confronta de manera más sistemática la guerra yugoslava con varias situaciones conflictivas en el mundo? Allí, la argumentación parece algo reduccionista en su presentación de la guerra. Concretamente, ¿cómo se articula la tesis de las “nuevas guerras”? En primer lugar, a partir del estudio de la guerra en la ex Yugoslavia, y luego complementado con un capítulo sobre la política de las “nuevas guerras”, Kaldor llega a concluir que las lógicas del conflicto responden más que todo a políticas “identitarias” por parte de Estados o de actores infraestatales, y no tanto a intereses geopolíticos ni a consideraciones ideológicas. Además, en dos desarrollos posteriores relacionados con la economía de guerra y con la intervención de actores externos al conflicto (ONU, ONG, medios de comunicación, entre otros), la autora insiste en las dimens iones a la vez locales, internacionales, e incluso transnacionales, de la guerra en una época de globalización. Por último, sin caer en la visión catastrófica del mundo posguerra fría avanzada por algunos analistas sensacionalistas214, Mary Kaldor advierte que los nuevos conflictos armados presentan una fuerte propensión a perturbar y amenazar la legitimidad de los Estados, la gobernabilidad y finalmente la seguridad del sistema internacional. Estas reflexiones acerca de la guerra llaman a distintos comentarios e interrogantes. A diferencia de otros autores que ven en los actores armados de hoy simples delincuentes comunes o grupos “terroristas” animados por el lucro, Mary Kaldor reconoce que sus motivaciones no están exentas de dimensiones políticas. Habla al respecto de política de identidad, que se define

214 Véase Kaplan, Robert D. La anarquía que viene. Barcelona: Ediciones B, 2000.

ante todo en términos étnicos o religiosos. Precisa que dichos actores se muestran incapaces de crear nuevos ideales colectivos con el propósito de provocar movilizaciones de masas, y además generan adhesiones fragmentadas y excluyentes. Si parece que se acabó por ahora la época de las grandes ideologías, ¿cómo estar seguro de que los nuevos conflictos se inscriben en esta política de identidad? ¿Qué tan cierto es afirmar que las guerras anteriores eran profundamente ideológicas y movilizadoras? Por otra parte, ¿qué decir de los conflictos como el colombiano, donde no prevalece una lectura identitaria de la confrontación? Una vez más, la argumentación falla por la falta de perspectiva comparativa ampliamente desarrollada. Ésta hubiese permitido ver que existen otros motivos de guerra (rivalidades entre regiones, ciclos de venganza, luchas por el poder local o nacional, etc.) susceptibles de explicar la trama de los conflictos. En cuanto a los medios de la violencia, si bien es cierto que se han desarrollado economías de guerra articuladas en redes que superan frecuentemente lo nacional, uno se pregunta qué es lo innovador en las estructuras de dichas economías, sabiendo que ciertos conflictos de larga duración (Myanmar, Sri Lanka, entre otros) presentan semejantes características. Además, el libro deja pensar que la relación mantenida por los actores en conflicto con su entorno económico sólo se define en términos de extorsión y depredación215. La realidad es más compleja: la guerra y su corolario, la explotación de recursos, son también momentos de redistribución de riquezas, de ascenso social para los grupos armados y la población, etc.216. Para concluir, es importante aclarar que todos los conflictos actuales no conocen un nivel de intervención externa tan alto como lo pretende la autora. Hay guerras olvidadas (sur de Sudán, Uganda, por ejemplo) que se prolongan en una 215 Visión aún más perceptible en los trabajos de Collier. Véase Collier, Paul. "Causas económicas de las guerras civiles y sus implicaciones para el diseño de políticas". En: El Malpensante, No. 30, 2001, pp. 29-53. 216 Véase el número 84 (diciembre de 2001) de la revista Politique Africaine.


gran indiferencia a pesar de la acción de algunas ONG a veces obstaculizada por los grupos en conflicto.

Heterogeneidad y dinamismo son dos de las principales características de la guerra. Lo que trata de demostrar este libro con el tema de las “nuevas y viejas guerras”. Aunque la demostración de Mary Kaldor sufre generalizaciones y no adopta un enfoque lo suficientemente comparativo, no sólo entre el pasado y hoy sino también entre las nuevas “guerras”, tiene el mérito de abrir una reflexión sobre un tema particularmente difícil que queda por “explorar”. Se necesitan voluntarios... .

RESEÑAS DERECHO A LA VIDA

DERECHO A LA VIDA Angelo Papacchini. Santiago de Cali: Universidad del Valle, 2001, 390 páginas Por: Martín J. Urquijo A. Miembro del grupo Praxis de Ética y Filosofía Política, Universidad del Valle El filósofo Isaiah Berlin en un trabajo ya clásico de la filosofía moral y política titulado Dos conceptos de libertad, expone que su generación de Oxford aprendió que la teoría política es una rama de la filosofía moral, que comienza con el descubrimiento de las ideas morales en el ámbito de las relaciones políticas y con la aplicación de aquéllas a éstas217. Con estas palabras podemos sintetizar la importancia y el sentido de la última obra del profesor Angelo Papacchini que lleva por título Derecho a la vida, pues su propuesta está anclada en el redescubrimiento de valores morales básicos que permiten justificar el derecho a la vida. Este derecho, que establece una serie de obligaciones y deberes en la relación política establecida por la persona, el Estado y la sociedad, en un contexto convulsionado por la violencia como el colombiano, donde la vida está diariamente expuesta a ser violentada, es un imperativo moral, si queremos salir de tal situación. Allí radica la importancia para nuestro contexto de la obra Derecho a la vida de Papacchini. En términos generales, se pueden identificar algunas ideas básicas que orientan la estructura de la obra de Papacchini. En primer término, el autor se ubica en el paradigma ético-político del discurso filosófico de la modernidad, pues hace suyo el legado de la ilustración, contenido hoy por hoy en el código moral por excelencia de las actuales sociedades democráticas, los derechos humanos. Asume, así mismo, un progreso moral a partir de la construcción de una serie de valores que llegan a ser ideales para la persona, la sociedad y sus instituciones en la cultura occidental. Estos ideales básicos o valores fundamentales le permiten construir una teoría

217 Berlin, Isaiah. Cuatro ensayos sobre la libertad. Madrid: Alianza. 2000, p. 218.

ética para afrontar problemas cruciales como el aborto, la eutanasia, la guerra y la pena de muerte, temas centrales de la obra.

La propuesta de Papacchini está fundamentada en una ética laica y pública que se inspira en valores como la dignidad humana, la autonomía y la solidaridad. La tesis que sustenta el trabajo sostiene que la vida es un derecho humano y es condición de posibilidad para el desarrollo de cualquier proyecto de felicidad y libertad, de ahí la importancia del derecho a la vida. De igual manera, este derecho se presenta como universal, imprescriptible, como un valor intrínseco e inviolable, aunque en algunos casos llega a ser alienable. El derecho a la vida es una deducción lógica del valor básico de la dignidad humana, porque el respeto por la vida se deriva de la obligación de reconocer en todo ser humano un valor intrínseco y no instrumental, independiente de los méritos, el rango social o la conducta individual. A partir de esta posición, el autor critica toda clase de eutanasia involuntaria y no-voluntaria, pero acepta algunas formas de eutanasia voluntaria según el interés del paciente. Frente al aborto hace compatible en algunos casos el derecho de elección de la madre con el derecho a la vida del feto, de esta manera realiza una concepción integral del derecho a la vida, asumiendo el derecho de la mujer a desarrollarse libremente como ser humano y a ejercer una autonomía responsable con respecto a sus asuntos reproductivos. En el caso de la guerra, justifica en condiciones excepcionales el recurso a las violencia, cuando han sido agotados otros medios disponibles para evitar la confrontación armada. Así, sólo se justifica el recurso a las armas para defender la dignidad, la autonomía y el derecho a la vida. Por último, condena la pena capital porque con esta acción el Estado no toma en serio el derecho a la vida y atenta contra su sacralidad y la dignidad humana. El derecho a la vida, según Papacchini, se constituye no por la pulsión de supervivencia del ser humano, sino gracias al orden social o civil que tiene presencia en un poder común que se concreta en el Estado, siendo éste el encargado de proteger la vida humana de todas aquellas


amenazas derivadas de la agresividad del ser humano. Es al Estado a quien se le exige el derecho a la vida porque tiene como tarea su protección. Ahora bien, la vida se convierte en un derecho en la medida que es una reivindicación y pretensión legítima como bien primario; y también, porque posee un valor prioritario que responde a inquietudes constantes, duraderas y a necesidades reales de los individuos. De tal manera, que

la fuerza con la que los individuos se apegan a la vida y el hecho de que ésta constituye la condición de posibilidad para el goce de los demás bienes y derechos, constituyen buenos argumentos para incluir a la vida en la tabla de los bienes prioritarios y en la lista de los derechos fundamentales218.

Las implicaciones morales que se derivan de asumir este derecho en un grupo social son: el compromiso por parte de cada uno de sus miembros del respeto a la vida humana –el deber de no matar–, y el del Estado a proteger la vida de todos los miembros del grupo social. El autor también concibe el derecho a la vida como un derecho social, donde el Estado, en un primer momento, está comprometido tanto a proteger la vida contra las amenazas externas, como a brindar una ayuda solidaria frente al hambre y a las necesidades, cuando los individuos lo necesiten. El Estado debe garantizar a todos los ciudadanos los recursos vitales para la subsistencia y para una existencia digna. Este papel de lucha del Estado contra la miseria, protege el derecho a la vida de posibles amenazas externas, al reducir una de las causas de la agresividad humana y de descomposición social. Insatisfecho con la justificación del derecho a la vida por parte del iusnaturalismo de corte religioso o del iusnaturalismo moderno, y mucho menos con la justificación utilitarista, el autor asume una nueva justificación desde la moral, en

218 Papacchini, Angelo. Derecho a la vida. Santiago de Cali: Universidad del Valle. 2001, p. 18.

la medida en que recurre a la dignidad humana como un valor básico para justificar el derecho a la vida. Dadas las obligaciones y deberes establecidos por el reconocimiento de la dignidad humana, ésta se transforma en un derecho moral básico que garantiza a todo ser humano un estado de inviolabilidad a su integridad. Esta valoración de la persona fundada en su humanidad empieza por el respeto a su vida y el reconocimiento de su derecho básico a la existencia 219. Así, el derecho a la vida se justifica, para Papacchini, desde una deducción de la dignidad humana. Finalmente, el autor destaca las características peculiares del derecho a la vida. Entre ellas están su universalidad, pues todos los hombres son portadores de dignidad y, por tal motivo, pueden reivindicar el derecho a la vida. En segundo término, es un derecho absoluto o incondicional porque todo ser humano puede gozar de éste sin ninguna condición externa, sin cálculos de utilidad general o de intereses colectivos. El derecho es también inviolable, porque ninguna persona puede, buscando algún principio utilitarista o bien común, quebrantar el derecho a la vida de otro. Sólo en caso de legítima defensa donde nuestra vida esté en peligro es lícito actuar contra el derecho de la vida del otro220. Es imprescriptible porque se conserva como un privilegio del individuo, incluso cuando éste ha cometido crímenes atroces; en este sentido el derecho a la vida cumple la finalidad de proteger al individuo de las intervenciones externas. Por último, señala que la vida es un derecho alienable, es decir, el individuo en determinados casos puede disponer de su derecho a la vida para evitar que su dignidad sea quebrantada. Esto lleva a sustentar que “la dignidad implica respetar y valorar la voluntad del sujeto, y asegurarle cierta autonomía para decidir acerca de la manera de hacer valer un determinado derecho, o acerca de la modalidad de su ejercicio”221. Éste es el argumento central para defender un tipo de eutanasia que, desde la óptica de la propuesta de Papacchini, es moralmente correcta.

219 Ídem., pp. 38-39 220 Ídem., p. 42. 221 Ídem., pp. 46.


De esta manera se sostiene una clara jerarquización de valores a partir de la autonomía que constituyen el eje fundamental de la dignidad humana y permiten sostener la disposición por parte del individuo de su derecho a la vida. En este orden de ideas, lo que está presente en la propuesta de Papacchini no es otra cosa que un principio del liberalismo clásico que sostiene que en aquello que no le atañe más que al individuo, la independencia de éste es absoluta referente a su cuerpo y a su espíritu, de tal manera que el individuo es soberano, y sólo es responsable de su conducta ante los demás, cuando ésta los afecta222. Frente a la propuesta contenida en el texto Derecho a la vida se podrían formular dos observaciones críticas. Primero, en el libro se sostiene que el derecho a la vida es sagrado porque posee un valor intrínseco frente a los demás y al Estado, y existe, así mismo, una sacralidad de la vida de todo ser humano. Esta tesis, que es reiterativa en el capítulo quinto, permite argumentar en contra de la pena capital manifestando un rechazo rotundo e incondicional de esta práctica, porque el Estado no está autorizado a violar el derecho a la vida y es un límite moral infranqueable a su poder coercitivo. Pero, sostener la sacralidad de la vida y el valor intrínseco de todo ser humano contradice la argumentación de una posible libertad de la persona para disponer de su vida, pues se puede pensar en una primacía de la sacralidad de la vida por encima de la dignidad y la autonomía de cada ser humano. Si pensamos que el Estado no puede disponer de ninguna de las vidas de sus ciudadanos, por la sacralidad de la vida misma, tampoco lo puede hacer el individuo. Esto lleva a una contradicción con una de las características del derecho a la vida propuestas por el autor, su carácter alienable, que permite a una persona disponer de su derecho a la vida. Sostener un concepto como la sacralidad de la vida no permite ningún tipo de vulneración. En este caso no es posible una argumentación a favor de alguna forma de eutanasia voluntaria según el interés del paciente, o legitimar un espacio de

222 Mill, John Stuart . Sobre la libertad. Madrid: Alianza. 2000, p. 68.

libertad para la mujer sin poner en entre dicho el carácter inviolable del derecho a la vida del nuevo ser que se ha concebido. Pero esta sacralidad sí permite argumentar a favor del recurso a las armas para defender de manera eficaz el derecho a la vida, pero no la disposición sobre ella. La segunda observación crítica está referida a un sentido de responsabilidad que se le atribuye al Estado. En la primera parte del texto se afirma que:

En la condición civil, el individuo delega en el Estado la defensa de su integridad física y de su vida, y confía en el poder de este ser común, más que en el suyo propio, para acabar con la inseguridad de la condición natural, dominada por el miedo constante y el dominio del más fuerte. Aun si los seres humanos fuesen por naturaleza pacíficos y amables, habría que conservar de todas formas esta instancia coactiva, como una garantía frente a la eventualidad de que la sociabilidad natural resultase amenazada por la aparición de uno o varios individuos violentos y agresivos223.

No comparto el supuesto de la teoría política moderna en la cual se le atribuye al Estado la totalidad de la responsabilidad en la protección del derecho a la vida, porque es una presunción que debe ser superada. En una sociedad como la colombiana, en la cual el Estado se queda corto para proteger la vida de los ciudadanos en todos los sentidos, podemos preguntarnos: ¿Si esto es así, luego, a quién se acude para que se proteja el derecho a la vida? Creo que es hora de educar un nuevo tipo de ciudadano para formar una ciudadanía que adquiera el respeto por su vida y la vida del otro. Es necesario educar ciudadanos con sentido de responsabilidad en el ejercicio de su libertad individual, que asuman las consecuencias de sus actos. Por otra parte, la sociedad no debe seguir generando sujetos

223 Ídem., pp. 23.


anónimos, sin sentido de pertenencia ni identidad sociocultural. No tener ciudadanos con estas características hace que la sociedad pierda vínculos fundamentales que generan cohesión y riqueza social propias para el ejercicio del derecho a la vida. El respeto por el derecho a la vida no es sólo responsabilidad del Estado, sino un compromiso que nos incluye a todos.

AL MARGEN NADAÍSMO Y POLICÍA

NADAÍSMO Y POLICÍA: DOS COMANDANTES FRENTE A FRENTE Brigadier general (r). Fabio A. Londoño Allá por los años de finales de la década del sesenta, nos encontrábamos en el comando de la policía del Norte de Santander, en Cúcuta, cuando el poeta y gran amigo Miguel Méndez C. invitó a su tierra a los distinguidos integrantes del muy conocido movimiento social-literario denominado “nadaísmo”, nombre dado debido a su posición un poco anárquica frente a la cultura, muy particularmente por la posición contraria a los “paradigmas” que regían la gramática y la literatura. Gonzalo Arango, epónimo de su época, habíase distinguido desde el bachillerato en el Liceo Antioqueño como un muchacho díscolo, distanciado de sus otros dos hermanos que también hacían su curso en el mismo instituto, porque él no quería seguir los patrones de conducta existentes y aparecía un tanto retraído, leyendo y escribiendo en la mayoría de su tiempo. Era, entonces, el prototipo del joven revolucionario, descuidado totalmente en su presentación personal, estudioso a su manera y con una visión opuesta por completo a la que observábamos los bachilleres de la época. Sin embargo al conversar con él (yo que también sentía la necesidad de “ciertas libertades”) encontrábamos a una persona sencilla, humilde en extremo, con una cultura acendrada y un concepto superlativo de la amistad, lo cual demostraba con la generosidad hacia los menesterosos o excluidos de nuestra sociedad. Qué gusto tuve, pues, cuando le conocí personalmente y luego al volverle a encontrar en la capital nortesantandereana, no ya como a ese “loco sucio” que conocí en Medellín, sino como al ideólogo de una “escuela” que había logrado entrar a escribir en las páginas de la “gran prensa” y cuyos artículos eran leídos por todo el mundo, a pesar de su actitud inquisidora con la producción histórica y literaria del mundo y del país. Tuvimos, pues, la gran satisfacción de invitarle al casino de los oficiales de la policía en la

ciudad de Cúcuta. Departimos todos en un ámbito de confraternidad y alegría, muy pocas veces vivido por nosotros. Hablamos de literatura, de poesía en particular, del “nadaísmo”, de sus líderes, sus atrevimientos, sus desafueros, sus ideas en contraste con nuestras viejas aptitudes en el Liceo, en la Universidad y ante los “desórdenes” que esta muchachada armaba a su paso por ciudades y poblaciones. Aquella corta noche la rememoramos con nostalgia; aparece imborrable en nuestras mentes, nos demostró cómo se puede confraternizar con “enemigos” creados por los prejuicios que, muchas veces, llega a imponer la sociedad al hacer posibles así actitudes de conducta contrarias a la realidad de los problemas. Además nos llevó a pensar siempre que debemos impedir, por todos los medios, juzgar con ligereza acerca del comportamiento ajeno y que seguramente en ese llamado “contrario”, si le tratamos directamente, podremos encontrar a un gran señor, a todo un caballero, a un hermano entrañable, como lo fue real y verdaderamente Gonzalo Arango y lo son su epígonos. Pero, ¡qué ingrato el recuerdo de aquellas botellas perdidas en las cuales se estamparon frases bellas y autógrafos de noctámbulos poetas y de abismados hombres policías! ¡Qué descuido con la memoria histórica de aquellos instantes y los instrumentos de aquella eufórica fecha! Empero quedan todavía algunos testigos, medio mudos ante el aciago destino de algunos visionarios y que rememoran los instantes nunca repetibles de amistad sincera, así como de una real y verdadera convivencia humana, plena de libertad y de nostalgias.

analisis politico 45

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