a n á l ı s ı sp o l í t ı c oE N E R O / A B R I L 2 0 0 3 N º 4 8

U N I V E R S I D A DN A C I O N A LD E C O L O M B I A

I N S T I T U T O D E E S T U D I O SP O L Í T I C O S Y R E L A C I O N E SI N T E R N A C I O N A L E S

I E P R I

Francisco Leal BuitragoFUNDADOR

William Ramírez TobónD I R E C T O R

Miguel García SánchezEDITOR

Fernando Cubides CipagautaGonzalo Sánchez GómezASESORES ED ITORIALES

Jimena Holguín CastilloAS ISTENTE ED ITORIAL

ASESORES EDITORIALESINTERNACIONALES

Thomas Fischer Alemania

Klaus Meschkat Alemania

Maria Isaura Pereira de Queiroz Bra sil

Catherine LeGrand Canadá

Norbert Lechner Chile

Charles Bergquist Estados Unidos

Daniel Pécaut Francia

Eric Hobsbawm Inglaterra

Preparación editorial e impresiónUnibiblos / Universidad Nacional de Colombia

DistribuciónEL malpensante

Impresa en Colombia, 2003

EstudiosDos caras de la convivencia. Cumplir acuerdosy normas y no usar ni sufrir violenciaA N T A N A S M O C K U S Y J I M M Y C O R Z O 3

Cambio institucional y partidos étnicosen SuraméricaD O N N A L E E V A N C O T T 26

DemocraciaApuntes para una historia comparada de la justiciatransicional. El papel de las ONG de derechoshumanos en los procesos de justicia transicional:los casos del Cono Sur y El Salvador.I V Á N O R O Z C O A B A D 52

CoyunturaLa política étnica entre alteridad y estereotipo.Reflexiones sobre las elecciones de marzo de2002 en ColombiaE L I S A B E T H C U N I N 77

La otra miradaAre you Ready for Patchanka?Á N G E L A R I V A S G A M B O A 94

ReseñasTécnica y utopía: biografía intelectualy política de Alejandro López, 1876-1940,de Alberto Mayor MoraG O N Z A L O C A T A Ñ O 105

Entre el Estado y la guerrilla: identidad yciudadanía en el movimiento de los campesinoscocaleros del Putumayo, de María ClemenciaRamírezJ U A N G U I L L E R M O F E R R O M . 109

Resistiendo al olvido. Tendencias recientesdel movimiento social y de las organizacionescampesinas en Colombia, de Stephan SuhnerF E R N A N D O C U B I D E S C I P A G A U T A 111

Guerra y paz en Colombia (1998-2001),de Jaime Rafael Nieto y Luis Javier RobledoM I G U E L Á N G E L B E L T R Á N V I L L E G A S 114

Resúmenes 118

con

ten

ido

ISSN

012

1-47

05

[3]

I N T R O D U CC I Ó N

este artículo presenta algunos resultadosde la investigación Indicadores de convivenciaciudadana, iniciada en mayo de 1999 confinanciación conjunta de Colciencias y laUniversidad Nacional de Colombia, en la cual selogró desarrollar un instrumento para recoger in-formación sobre la convivencia, construirindicadores con los cuales se pudo afinar talconcepto, clasificar tentativamente la poblaciónde jóvenes escolarizados de Bogotá en tres grupos,y proponer siete guías para construir convivencia1.

Antanas Mockus y Jimmy Corzo*

Profesores del Departamento de Estadística

de la Universidad Nacional de Colombia,

sede Bogotá.

1 El proyecto ha dado lugar a otros trabajos y a algunasaplicaciones. Se desarrollaron dos investigacionescomplementarias (trabajos de grado de la carrera deEstadística de la Universidad Nacional de Colombia): unadirigida al estudio de la estabilidad de los indicadores(saber hasta dónde con otra muestra se obtendrían losmismos indicadores) elaborada por Elquin Huertas, y otrasobre la evolución de las respuestas al producirse unasegunda aplicación del instrumento después de talleresde mejoramiento de convivencia, comparando con dosgrupos testigo (sin tratamiento, con tratamiento avoluntad de los rectores) elaborada por Ángela Sánchez.Algunos resultados, y especialmente algunos ítemes delinstrumento Colcordia, han sido utilizados comocomplemento de la evaluación censal de competenciasbásicas en comprensión, sensibilidad y convivenciaciudadana desarrollada para la Secretaría de Educaciónde Bogotá, complemento que fue aplicado a una muestrade 16.541 estudiantes de séptimo y noveno grado, conrepresentatividad por localidad. También se incorporaronlos ítemes más relevantes para la conformación de loscinco factores en la encuesta practicada para establecer lalínea de base y las metas del objetivo de Cultura ciuda-dana del Plan de Desarrollo “Bogotá para vivir todos delmismo lado” (2001-2004). Con ello han empezado aaprovecharse los resultados parciales logrados para elseguimiento de los esfuerzos de educación ciudadana enjóvenes escolarizados y en adultos no escolarizados, y sedesarrolla así en buena parte lo previsto para la segundaetapa de la investigación.

* Agradecemos a los colegas del Instituto de Estudios Políticos yRelaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia yde Colciencias su apoyo y sus críticas. También, por sus aportes en laparte estadística, a Carlos Lanziano, Elquin Huertas, Ángela Sánchezy James González, y por sus contribuciones a la revisión del texto aTomás Martín, Francisco Ruiz, Pablo Kalmanovitz, Clara Carrillo yCarlos Augusto Hernández.

Dos caras de laconvivencia.Cumplir acuerdos ynormas y no usar nisufrir violencia

est

ud

ios

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8, B

ogot

á, e

nero

-abr

il 20

03: p

ágs.

3-2

6

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[4]

Para la economía y otras expresiones de la vidasocial son muy importantes las reglas formales ylas reglas informales. Douglass North ha mostradocómo las segundas complementan y determinanen alguna medida la aplicación de las primeras.Por esta razón, las mismas reglas formales aplica-das en sociedades distintas pueden dar resultadosmuy diversos2. Unas y otras reglas son decisivaspara facilitar la celebración y el cumplimiento deacuerdos. En general, en la historia de la humani-dad, progresan más rápido las sociedades cuyossistemas de reglas formales e informales, que evo-lucionan para facilitar y regular acuerdos cada vezmás complejos, permiten una mayor eficiencia enla celebración y el cumplimiento de éstos.

Simplificando un poco, llamaremos ley lo queDouglass North llama reglas formales, cultura aaquellas reglas informales compartidas por colec-tivos sociales, y moral a aquellas reglas informalespor las que se gobierna el individuo. El cumpli-miento de la norma legal puede ser facilitado porla satisfacción de comprenderla, de admirarla (ad-mirar sus objetivos, su gestación o su aplicación) yde obedecerla porque se comprende; el cumpli-miento de la norma moral personal puede ser fa-cilitado por un sentimiento de autogratificaciónpersonal (autoadmiración moral), y el cumpli-miento de la norma social (o de grupo) puede serfacilitado por el sentimiento de recibirmerecidamente la admiración de los demás (serobjeto de reconocimiento social, de gratitud, deconfianza). De otro lado, la culpa sería el castigomoral, y la censura o el rechazo social (y la ver-güenza que éstos producen) constituirían el pro-totipo del castigo cultural. Aunque el presenteestudio no es comparativo con otros países o conotras ciudades, sí muestra que en Colombia, en al-gunos medios sociales y para bastantes personas,no hay una, sino tres impunidades: al lado de la debi-lidad de las sanciones legales previstas por incum-

plir la ley, se muestra –al menos en los jóvenesescolarizados en Bogotá– que no siempre hay sen-timiento de culpa al no cumplir con los mandatosde la propia conciencia y cabe inferir (no se pre-guntó directamente) que no siempre hay senti-miento de vergüenza o temor al rechazo social alno cumplir normas sociales propias de los gruposa los que uno pertenece. Pero más grave que ladebilidad de los castigos puede ser la de las gratifi-caciones correspondientes: un complemento muyproblemático de la triple impunidad (afortunada-mente parcial)3 sería una suerte de triple ingratitud(también parcial)4. Como veremos, sirve a la convi-vencia que haya una desaprobación cultural o mo-ral de comportamientos ilegales pero también quehaya reconocimiento social hacia aquellos ciudada-nos que cumplen con las leyes cabalmente.

La armonía entre ley, moral y cultura puededefinirse con precisión como la conjunción en-tre (1) no aprobación moral ni cultural de com-portamientos ilegales, (2) aprobación moral ycultural de las obligaciones legales y (3) pluralis-mo cultural y moral. La armonía descrita en (1)y (2) no significa identificación de lo ordenadopor los tres sistemas reguladores (lo cual signifi-caría integrismo, fundamentalismo) y, por ello,es absolutamente compatible con los pluralismosmoral y cultural (3). De hecho, la sujeción gene-ralizada a la ley es precisamente la base de las ga-rantías pluralistas. Armonía y divorcio entre ley,moral y cultura pueden ilustrarse mediantediagramas de Venn:

2 North, Douglass C. Instituciones, cambio institucional y desempeño económico. México: FCE, 1993, pp. 54 y ss. Másadelante en el libro, el argumento se retoma mostrando cómo países que copian las mismas o aproxima-damente las mismas reglas formales obtienen resultados muy diversos por la variación en las reglas informales.North pone como ejemplo a muchos países suramericanos que han incorporado en sus constitucioneselementos de la Constitución norteamericana con resultados muy distintos. Otro ejemplo: no todos los paísescuyas leyes electorales han adoptado el mecanismo de cociente y residuo para proteger las minorías hangenerado la fragmentación de las “operaciones avispa”.

3 Por ejemplo, sólo un 45% de los jóvenes que transgreden la ley (41% de la muestra) sienten temor al castigolegal; pero si lo hacen por conciencia y costumbre (38% de la muestra), sólo un 28% siente temor al castigolegal. Sólo 61% de los que transgreden los mandatos de su propia conciencia (60% de la muestra) sienten culpao temor a la culpa. Sólo un 42% de los jóvenes sienten acuerdo con la ley cuando la obedecen.

4 Por ejemplo, un 42% de los jóvenes dice haber sido reconocido por los demás y un 23% dice haber sentidotemor a ser censurado al cumplir la ley.

Comportamientoslegalmente aceptables

Comportamientoslegalmente aceptables

Culturalmente

Moralmente

Moralmente

Culturalmente

A R M O N Í A D I V O R C I O

est

ud

ios

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[5]

De persona a persona y de grupo social a gruposocial, las definiciones de lo moral o culturalmenteaceptable pueden variar. Hay armonía entre ley,moral y cultura si al variar estas dos últimas (plura-lismo moral y cultural) no llegan a incluir comoaceptables comportamientos ilegales.

La delimitación informal (cultural y moral)de los comportamientos aceptables es tal vez porexcelencia el terreno de la corresponsabilidad. Lasinstituciones formales sólo aportan parte de laregulación y no es posible (ni eficiente, ni conve-niente) llevar al extremo la juridización de todaslas relaciones, de todas las interacciones. Otramanera de decir lo anterior es que el valor agre-gado asociado a una norma formal dependesustantivamente de la evolución de normas infor-males conexas. La identificación y el intento deacción sobre éstas son parte crucial de la puestaen operación de aquéllas.

De esta manera, además del problema (insos-layable en Colombia) de divorcio entre ley, mo-ral y cultura, está el de la adecuada o inadecuadacomplementación entre reglas formales e infor-males. Por ello, la modificación de la regulacióninformal, por sí misma o como complemento ex-plícito de la regulación formal, puede proponer-se como una finalidad práctica de enormeimportancia. A esta intención ha correspondidoprecisamente el programa de Cultura Ciudadanaen Bogotá (1995-1997 y 2001-2003), orientado aprocesos colectivos de modificación consciente,explícita y voluntaria de aspectos puntuales espe-cíficos de la regulación cultural (mutua regula-ción) y de la regulación moral(autorregulación).

Así, la conceptualización de la convivencia enesta investigación retomó la hipótesis de divorcioentre ley, moral y cultura que inspiró el primerprograma de Cultura Ciudadana e incorporócomo expresiones de la convivencia la capacidadde celebrar y cumplir acuerdos y la confianzainterpersonal. En el proceso surgieron tres ideasnuevas que a posteriori se resumirían así: la convi-vencia se facilita si las personas entienden más

por gratificaciones que por castigos, si recono-cen más autonomía moral en los demás y siaprenden a procesar democráticamente las ten-siones entre ley y moral, muy asociadas a la iden-tificación del pluralismo con el “todo vale”.

No se quiso partir de la idea de que la convi-vencia se definía por ausencia de violencia. Peropor supuesto hay mayor convivencia si se hacemenor uso de amenazas o de violencia física enla solución de conflictos y en la celebración deacuerdos. Se incluyeron preguntas sobre la au-sencia o presencia de violencia para poder rela-cionarla posteriormente con las dimensiones de laconvivencia caracterizada positivamente median-te los indicadores resultantes del análisis estadís-tico interno de las respuestas no referidas aviolencia.

El instrumento de observación denominadoColcordia (abreviatura de las palabras Colombiay concordia) se desarrolló con base en la concep-tualización inicial después de desagregarla enunas dimensiones (las más importantes son capa-cidad de celebrar y cumplir acuerdos, ley, moral,cultura, y pluralismo moral y cultural) que per-mitieran la utilización de variables observablesdirectamente a través de preguntas o de gruposde preguntas.

La encuesta se aplicó a 1.451 jóvenes de unamuestra probabilística de 38 grados novenos deinstituciones educativas de la ciudad de Bogotáen febrero de 20005. Con la información recolec-tada se construyeron cinco indicadores de convi-vencia: acuerdos, anomia, aversión a normas,pluralismo y descuido. También se hizo una clasifi-cación de los individuos en tres grupos denomi-nados cumplidos, cuasi–cumplidos y anómicos6. Anuestro juicio, la distinción entre los dos últimosgrupos facilita una reinterpretación interesantede la difícil relación de muchos jóvenes (y tal vezde muchos colombianos) con la legalidad. Paradecirlo crudamente, la ilegalidad esporádica leestaría abriendo un terreno muy amplio de “legi-timidad” a la ilegalidad permanente, y por elloresulta relevante proponer, aunque sea de mane-

5 La investigación fue realizada sobre jóvenes de noveno grado dado que, en un contexto ideal (por mandatoconstitucional), todo ciudadano colombiano debería tener como mínimo acceso a educación hasta el novenogrado de educación básica. Al no comparar con jóvenes no escolarizados, o al no haber contrastado losresultados de convivencia con los resultados académicos, no se pueden establecer relaciones entre la educaciónformal y la construcción de convivencia. Véase sobre este aspecto, el final de la tercera sección de este artículo.

6 Una descripción detallada del diseño muestral y de la metodología seguida para la construcción de losindicadores se puede consultar en Mockus, Antanas, Corzo, Jimmy. Indicadores de convivencia ciudadana. Informefinal. Bogotá: Colciencias, febrero 2002. Publicado tras reelaboración en forma de libro: Mockus, Antanas yCorzo, Jimmy. Cumplir para convivir. Factores de convivencia y tipos de jóvenes por su relación con normas y acuerdos.Bogotá: Unibiblos, 2003.

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[6]

ra especulativa, una “ecología” entre cumplidos,cuasi-cumplidos y anómicos.

A continuación se presentan los cincoindicadores de convivencia, resultantes del análi-sis de correspondencias múltiples, y el conceptode convivencia ajustado a la discusión de los re-sultados de ese análisis. Después se describen lostres grupos en los cuales, a partir de los cincoindicadores, se clasificaron los jóvenes y se pro-pone tentativamente una reflexión sobre laecología entre éstos. Al aplicar parte de la en-cuesta en talleres y al analizar los resultados bus-cando rasgos generalizados problemáticos,emergieron dos aspectos potencialmente impor-tantes: simetría (ver al otro como parecido auno) y cultura democrática (normas para cam-biar normas cuando hay tensión entre ley y mo-ral o entre ley y costumbre). En respuesta a loscinco indicadores reconocidos y a las dos carac-terísticas relativamente generalizadas se propo-nen siete guías para construir convivenciaciudadana ordenadas por su relación con la au-sencia o reducción de violencia.

C I N CO I N D I C A D O R E S D E CO N V I V E N C I A

Los cinco indicadores (o factores) identifica-dos en la investigación surgen de la aplicaciónde un método de análisis estadístico multiva-riado llamado Análisis de CorrespondenciasMúltiples (ACM), basado en la comparación delos porcentajes de mención simultánea de res-puestas, de tal manera que dos respuestas son cer-canas o “relacionadas” si han sido escogidasaproximadamente por los mismos individuos, ydos individuos son cercanos o “parecidos” si esco-gieron aproximadamente las mismas respuestas.Respuestas que no se relacionan (opiniones queno son compartidas por los mismos individuos)tienden a “repelerse” y, de la misma manera, in-dividuos que difieren mucho en sus respuestas(en sus opiniones con respecto al temapreguntado) tenderán también a alejarse o“repelerse”. De esta manera, cada indicador sepuede representar por una recta a lo largo de lacual se posicionan las respuestas de los

encuestados y los encuestados, quedando enpuntos cercanos sobre la recta aquellosencuestados que dieron respuestas similares y enpuntos tanto más lejanos cuanto más diferentesu opuestas sean sus respuestas.

Los indicadores cuantitativos así construidospermiten distinguir sobre todo en sus valores7 ex-tremos, positivos y negativos, polaridades entre “ti-pos” de individuos que, por las respuestas dadas alas preguntas del Colcordia, se salen de comporta-mientos promedio o de comportamientos comu-nes a la “mayoría”. En otras palabras, los valoresde cualquiera de los indicadores que se describenaquí oscilan alrededor de cero, y cuanto más leja-nos de cero estén, más raros (respecto a sus res-puestas) y más escasos en la muestra (en elsentido de que representan porcentajes bajos derespuesta8), serán los individuos que toman esosvalores. Adicionalmente, el método de ACM pro-duce los indicadores ordenados de acuerdo con laimportancia que tienen en la muestra desde elpunto de vista de la cantidad de información queacumulan acerca de la variabilidad de las pregun-tas formuladas. En efecto, al igual que otros méto-dos de análisis factorial, el ACM permiteidentificar dimensiones (factores) en las cuales lamuestra se diferencia más internamente, esto es,los aspectos en los cuales hay mayores diferenciasentre los encuestados. Para este estudio se toma-ron los cinco primeros indicadores. El nombre decada indicador busca describir en general la pola-ridad generada (aunque sea mencionando unosolo de los extremos) y su interpretación intentaresumir esa polaridad. Se dan casos en los que nohay polaridad, sólo un extremo queda claramentediferenciado de la nube de puntos correspondien-te al común de la gente. Por lo general, el nom-bre del factor corresponde a los valores positivosdel indicador9.

Por comodidad, a los valores extremos positi-vos o negativos de los indicadores asociaremos laconjunción de una serie de rasgos, conjunciónque no se da completa sino excepcionalmente.Así, para describir los indicadores, los grupos ysu relación con algunas variables demográficas,

7 Aquí, y en lo que sigue, “valor” se refiere a un valor numérico, la coordenada positiva o negativa sobre elrespecto eje, y no corresponde al uso corriente en filosofía moral y en ciencias sociales.

8 Todas las modalidades de respuesta fueron tratadas como categorías. Para que respuestas excepcionales nopesaran excesivamente sobre los extremos de cada indicador, las respuestas con porcentaje de mención inferioral 6% fueron eliminadas. Con esto se buscó también eliminar las modalidades de respuesta menos frecuentes apreguntas cuyas respuestas iban de 1 a 10.

9 El informe final de la investigación presenta en detalle los factores y los planos por ellos formados. VéanseMockus, Antanas y Corzo, Jimmy. Ob. cit., 2002; y Mockus, Antanas y Corzo, Jimmy. Ob. cit., 2003.

est

ud

ios

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[7]

utilizaremos por simplicidad la conjunción “y”cuando en realidad sería más exacto utilizar elpoco castizo “y/o”.

Indicador de acuerdos

En sus valores extremos positivos tipifica aquienes se muestran exigentes y responsables consigomismos ante el incumplimiento de acuerdos (reparan,sienten vergüenza y culpa cuando incumplen) yson condescendientes con los demás (nunca losculpabilizan ni avergüenzan cuando lesincumplen). Muestran auto-evaluación positiva desu capacidad de celebrar y cumplir acuerdos, manifies-tan firmeza en el cumplimiento de la ley (reglas for-males) y de reglas morales y culturales (reglasinformales), y tienen una percepción positiva de nor-mas y reglas (las asocian con gusto, voluntad yconvivencia). Son inflexibles en sus convicciones(ante argumentos claros nunca cambian de ideay nunca temen represalias por sus decisiones).

Con sus valores extremos negativos caracteri-za a quienes mostraron opiniones más o menosflexibles respecto al incumplimiento propio oajeno de un acuerdo, en el sentido de que anteel incumplimiento asumen actitudes de maneraeventual: casi siempre o casi nunca. Así, tales va-lores distinguen a quienes casi siempre cumplen losacuerdos, pero sin que haya la obligación general decumplirlos (casi siempre dan explicaciones, inten-tan examinar y asumir consecuencias, intentanllegar a un nuevo acuerdo) y casi siempre actúancomo reparadores ante el incumplimiento del otro (casisiempre piden explicaciones, compensan y tra-tan de rehacer el acuerdo) y utilizanesporádicamente el reproche (a veces intentan hacersentir culpa y vergüenza al incumplido).

Indicador de anomia

Valores positivos (mayores que cero) caracte-rizan a quienes justifican la desobediencia de la leypor razones culturales (los demás lo hacen, es loacostumbrado, alguien ejemplar lo ha hecho) ode utilidad inmediata (gran provecho económico,única manera de alcanzar el objetivo, alguien loha hecho con éxito), creen tener dificultades paraobedecerla, y si la obedecen dicen no sentir satisfacciónmoral al hacerlo. Manifiestan baja capacidad para ce-lebrar y cumplir acuerdos y para reconocer su incumpli-miento. Admiten también dificultad para construir ycumplir acuerdos y para reconocer obligaciones adquiri-das en acuerdos celebrados por otros. Dicen no querercomo vecinos a enfermos de SIDA e indígenas.

Valores negativos distinguen a aquellos quesiempre dan explicaciones al incumplir acuerdos y no

justifican la desobediencia de la ley cuando desobede-cerla es el único medio para alcanzar un objetivo.

Indicador de aversión a normas

Quienes presentan valores positivos del indi-cador de aversión a normas tienden a tener unconcepto negativo de reglas o normas (las asocian conlimitación, conflicto, imposición, fastidio y obli-gación), justifican la desobediencia de la ley pordesconfianza en la autoridad que la aplica, por con-ciencia o costumbres, y son pesimistas acerca de la leyen Colombia (creen que en nuestro país la ley noes garantía de derechos).

Quienes presentan valores negativos tiendena obedecer la ley a cualquier precio, aun cuando ellopone en riesgo su vida, manifiestan gusto y seguri-dad por normas, y optimismo por la ley en Co-lombia (creen que en nuestro país la ley esgarantía de derechos).

Es interesante que la respuesta “la ley en Co-lombia es garantía de derechos” sea más fre-cuente en los colegios públicos, en los colegiosprivados de matrícula baja y en los estratos po-pulares. En los colegios privados de matrículamás costosa hay más claridad acerca de quédebe ser la ley, pero también mayor escepticis-mo sobre la ley en Colombia. También es posi-ble que los jóvenes de sectores populares hayandisfrutado de varios de los beneficios del EstadoSocial de Derecho.

Indicador de pluralismo

Valores positivos distinguen a los alumnosque dicen aceptar como vecinos a personas de condi-ción moral o cultural diferente (prostitutas, droga-dictos, homosexuales, enfermos de SIDA,indigentes, recicladores, desplazados, personasemocionalmente inestables) y a personas al mar-gen de la ley (guerrilleros, paramilitares,narcotraficantes, gente reconocida comocorrupta). Claramente, según las respuestas demuchos jóvenes, la tolerancia es entendida a ve-ces como “todo vale”.

Valores negativos distinguen a aquellos alum-nos que dicen no querer como vecinos a personas decondiciones morales o culturales diferentes (desplaza-dos, indígenas, enfermos de SIDA, recicladores,personas emocionalmente inestables, indigentes,gente de religión distinta, familias numerosas,religiosos, policías o militares, políticos).

Indicador de descuido

Valores positivos indican impasibilidad ante elincumplimiento propio o ajeno de acuerdos, intoleran-

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[8]

cia a policías o militares como vecinos, incapacidadpara reconocer si lo acordado queda claro para las par-tes cuando otros acuerdan, e incapacidad para recono-cer la confianza en el cumplimiento de las partescuando él mismo o cuando otros celebran acuerdos.

Valores negativos indican justificaciones cultu-rales a la desobediencia de la ley, temor a sanciones le-gales combinado con tendencia a desobediencia anteimpunidad, acompañada paradójicamente poruna valoración positiva de normas. Esta relación di-fícil con la ley, acompañada de gusto por las nor-mas, sugiere que algunos individuos aprecian yposiblemente viven en una condición que po-dríamos llamar cultura de la ilegalidad u “ordensin ley”.

CO N C E P TO D E CO N V I V E N C I A A J U S TA D O A

L A D I S C U S I Ó N D E LO S R E S U LTA D O S

El concepto revisado de convivencia que sederivaría de la construcción de los cinco seobserva en el cuadro [abajo].

Los factores 2, 3 y 5 detectan lo que hemosllamado divorcio entre ley, moral y cultura; elfactor 2 entre ley y cultura; el factor 3, entre ley ymoral, y el factor 5, entre ley, moral y cultura.Los factores 2 y 5 relacionan, pero de maneradistinta, acuerdos con ley. En el factor 2 se ex-presa la convergencia entre acuerdos y ley, seoponen los que no obedecen ni a la ley ni a losacuerdos con los que obedecen ambos. En el fac-tor 5, en cambio, se reconoce la posibilidad deque vayan juntas una actitud positiva hacia las re-glas con la disposición a incumplir la ley por ra-

zones culturales o morales (es decir, por fideli-dad a otras reglas), acompañadas ambas –actitudy disposición– de algo de capacidad de cumpliracuerdos y reconocer condiciones clave para sucelebración. En el factor dos capacidad de acor-dar y legalidad covarían, mientras que en el fac-tor 5 contravarían. El factor 5, describeposiblemente la larguísima tradición colombianade acuerdos contra la ley. Aunque el cuestiona-rio no preguntó expresamente sobre acuerdoslegales y acuerdos contra la ley, este factor mos-traría que empíricamente lo contrario a la cultu-ra de la ilegalidad es la incapacidad de acordar.

En el lado negativo del factor 2 prima la rela-ción con reglas (ley), y en el positivo acuerdos(cumplimiento o cuasi-cumplimiento); en ellado negativo del factor 5, acuerdos, y en el posi-tivo reglas (culturales). Esta dualidad entre nor-mas y acuerdos insinúa la posibilidad de adoptaren este campo la estrategia que descubrió Des-cartes al optar por traducir problemas de geome-tría en problemas de álgebra y problemas deálgebra en problemas de geometría. La reco-mendación es simple: si algo es insoluble en elterreno de las normas, buscar acuerdos; y si algoes insoluble en el terreno de los acuerdos, buscarnormas. Así, para personas que tienen proble-mas graves con las reglas, específicamente conlas legales, es muy importante fortalecer la capa-cidad de celebrar acuerdos (compatibles con laley) y lograr su cumplimiento, acudiendo sifuere necesario a su reparación. Esto sugiere ar-gumentos fuertes a favor de una estrategia de

IndicadorAporte a

convivenciaDescripción

Polaridad

1. Acuerdos +A cuasi-cumplimiento opone cumplimiento, principalmente en materia

de acuerdos.

Cuasi-cumplido /

cumplido

2. Anomia

(ni acuerdos, ni ley)–

Enfrenta a eunomia (no justifi car violar la ley, aun cuando es la única

manera de alcanzar objetivos) con anomia (ni obediencia a ley ni

facilidad para celebrar y cumplir acuerdos).

No anómico /

anómico

3. Aversión a normas –

Contrapone a quienes adhieren afectivamente a las normas, obedecen

a la ley aun cuando ello pone en riesgo su vida (u otras razones

“moralmente dignas”) y creen que la ley en Colombia es garantía de

derechos, con quienes rechazan las normas.

Cumplidor

incondicional de

la ley / contrario a

normas

4. Pluralismo +

Contrapone a quienes sentirían disgusto por tener como vecinos a

personas de condición moral o cultural distinta a la propia, con quienes

no sentirían ese disgusto (de éstos, muchos no sienten disgusto ante

vecinos al margen de la ley).

Intolerante /

tolerante

5. Descuido

(contra el orden sin

ley irresponsabilidad

con los acuerdos)

–

Contrapone a quienes valoran las normas pero son capaces de

desobedecer la ley por razones morales y culturales (cultura y moral

sin ley), con quienes se reconocen irresponsables ante incumplimiento

propio y ajeno de acuerdos, ciegos ante lo acordado por otros e

incapaces de reconocer confi anza al acordar.

Apegado a normas

salvo las legales /

descuidado ante

acuerdos

est

ud

ios

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[9]

construcción colectiva (por ejemplo, de regla-mentos disciplinarios, códigos o pactos de convi-vencia, etc.) y valida la filosofía que ha inspiradodiversas experiencias (por ejemplo, la construc-ción de manuales de convivencia, en colegios deBogotá que sobresalían por altos índices de vio-lencia, o la elaboración de pactos colectivos enlas cárceles). De otro lado, en personas extrema-damente descuidadas en materia de acuerdosconvendría fomentar el gusto por las normas,aunque éste esté inicialmente asociado a cumplirmás normas culturales que legales. Sin embargo,la regulación por puros acuerdos, combinadacon admiración y obediencia a reglas culturalescontrarias a la ley, constituye una cultura de lailegalidad que, a la luz de los datos, se asocia conmayor violencia10.

Los dos extremos del factor 5 son contrarios ala convivencia: ni se puede propender por lairresponsabilidad con los acuerdos, ni por el ape-go a normas contrarias a las legales. No obstante,en términos de relación con la violencia, es sensi-blemente más grave la cultura de la ilegalidadque la torpeza en acuerdos. En los valores negati-vos, las razones para desobedecer la ley son lasmismas que caracterizan la anomia y se añade lade la impunidad. La diferencia es que en estefactor la anomia se combina con una valoraciónpositiva de las normas o de las reglas (que sonasociadas con acuerdo, voluntad, convivencia).Se trata de personas pro-norma anti-ley. El eje ensu conjunto podría describir una situación en lacual un anticontractualismo (rechazo a los acuer-dos y a su cumplimiento) problemático aparececomo alternativa extrema a la cultura de la ilegali-dad. Cero compromisos –y sobre todo radical po-sibilidad de incumplir los pocos compromisoscelebrados– sería un antídoto “natural” a la cul-tura mafiosa: “Para no correr los riesgos de su-mirme en un orden sin ley, prefiero no aprendersiquiera a hacer acuerdos”. La irresponsabilidadcon los acuerdos aparecería como antídoto ex-tremo a la cultura de la ilegalidad. “Aislado, me-jor que mal integrado” sería una forma dedefensa ante ésta. En el sentido contrario, un in-tento demasiado radical por superar el descuidototal en acuerdos implicaría el riesgo de caer enuna cultura de la ilegalidad.

En resumen, la convivencia se caracterizaría porcapacidad para celebrar y, sobre todo, para cumpliry reparar acuerdos; por ausencia de anomia, es de-

cir, por respeto a la ley (especialmente en cuanto alas restricciones que ésta impone a los medios paraalcanzar objetivos y al seguimiento del ejemplo ode la costumbre); por obediencia incondicional ala ley, adhesión afectiva a las normas y optimismosobre la ley en Colombia, al percibirla como garan-tía de derechos; por la tolerancia a personas decondición moral o cultural distinta; y por un gustopor las normas que incluya las legales, acompaña-do de cuidado ante acuerdos.

Nótese que tres de los cinco factoresinvolucran acuerdos. Por ello, hoy por hoy, unapedagogía de la convivencia en Colombia debe-ría atender primordialmente a las competenciasnecesarias para celebrar y cumplir acuerdos. Sinembargo, no hay acuerdo posible sobre todo, nihay acuerdo que no requiera una base de nor-mas comunes compartidas. La lucha contra laanomia, contra el “todo vale” con tal de alcanzarel objetivo, también cuenta y sustantivamente (lavarianza explicada por el factor 2 es muy pareci-da a la explicada por el factor 1). También con-viene debilitar la cultura de la ilegalidad (actitudcasi autoritaria de adhesión a normas, acompa-ñada de justificaciones a la transgresión de la ley,justificaciones de tipo cultural), la cual se basaen un divorcio fuerte entre legalidad y cultura,divorcio presente en los factores 2 y 5.

A la luz de lo anterior, mediante la aplicacióndel instrumento (que podría mejorarse, disminu-yendo su extensión y verificando su validez) y si-guiendo un procedimiento construidorigurosamente para cada alumno o para cada cur-so de noveno grado o para cualquier otra pobla-ción, se puede asociar una quíntupla de valoresque caracterizaría al individuo o al grupo en unespacio de cinco dimensiones. La independenciade las cinco dimensiones muestra que es posibleencontrar individuos con todas las cinco coorde-nadas positivas, todas negativas o todas las combi-naciones posibles. Para simplificar aún más lainformación, se aplicó una metodología paraagrupar a la población buscando una caracteriza-ción de los grupos que maximice su homogenei-dad interna y la heterogeneidad entre ellos.

CLASIFICACIÓN DE LOS ENCUESTADOS EN TRES

GRUPOS A PARTIR DE LOS CINCO INDICADORES

A partir de los indicadores consideradoscomo características que combinadas podríangenerar cierta tipología de los individuos, se pro-

10 Véase “Relación de las variables de violencia con el indicador de descuido”, en el numeral 4.8 del libro Cumplirpara convivir.

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[10]

cedió a una clasificación automática11 de éstos. Enel primer plano factorial se observó que el pri-mer factor distingue individuos con valores posi-tivos y negativos, mientras que el segundodistingue a los individuos principalmente consus valores positivos, lo cual confirmó la “natura-lidad” de la clasificación en tres grupos sugeridapor el dendrograma a partir de los cinco facto-res.

La tipificación de los grupos se hace mediantela enumeración de los rasgos que por su frecuenciarelativa para los miembros del grupo lo caracteri-zan (se enumeran rasgos que son sensiblementemás frecuentes dentro del grupo que fuera de él).Es probable que cualquier miembro de un grupotenga muchos de los rasgos del grupo, pero espoco probable que los tenga todos. Hecha esta ad-vertencia, y para evitar también en este caso el “y/o”, que tampoco describiría el grado de conjun-ción de los rasgos, éstos se presentan como si se trata-ra de una conjunción. Lo importante es que lametodología estadística de agrupación utilizada lle-va a maximizar las dos probabilidades: la de perte-necer al grupo dada la posesión del rasgo, y la deposeer el rasgo dado que pertenece al grupo.

Grupo 1. Cumplidos (29%)

El cumplido se caracteriza principalmentepor la actitud ante el incumplimiento de acuer-dos propio y ajeno, y la capacidad de celebrar ycumplir acuerdos.

Cuando le incumplen siempre invita al incumpli-do a examinar y asumir las consecuencias, a dialo-gar; pide explicaciones y llega a un nuevo acuerdo,pero nunca busca avergonzar, eludir o hacer sentirculpable al incumplido. Cuando incumple, siemprellega a un nuevo acuerdo, intenta compensar losperjuicios causados por el incumplimiento, explicapor qué no cumplió, siente pena y culpa, y nuncada cualquier disculpa. Se siente capaz de construirbuenos acuerdos y logra cumplirlos con facilidad.Cuando busca celebrar un acuerdo, siempre lequeda fácil darse cuenta de que cada parte tieneclaras las obligaciones que adquirió, cada parteconfía en que la otra va a cumplir, lo acordado

quedó claro para las partes, el acuerdo fue libre yvoluntario; sabe reconocer cuando él mismo hacelebrado un acuerdo y siempre distinguefácilmente cuando alguien cumple un acuerdo.Cuando otros buscan celebrar un acuerdo, siemprele queda fácil darse cuenta de que el acuerdo fuelibre y voluntario. Considera que uno de susúltimos acuerdos celebrados fue sólido y acordótodos los temas importantes.

Nunca justifica copiar ni dejar copiar a uncompañero en un examen, responder a la violen-cia con violencia, hacer justicia por mano pro-pia, incumplir un acuerdo a un superior, a unfamiliar o a un colega o a un amigo, portar ar-mas con salvoconducto, evadir impuestos si sepresenta la ocasión, o conducir embriagado, ynunca justifica desobedecer la ley para alcanzarsus objetivos.

Acepta ser castigado cuando desobedece la leyy su conciencia le dice que actuó bien y nunca sedisgusta al ser castigado si desobedece la ley y suconciencia le dice que actuó mal, siempre recono-ce lo correcto de acuerdo con valores y derechosbásicos, respeta derechos y cumple obligacionesaunque sea contra lo acostumbrado.

Siempre actúa, y es fácil para él hacerlo, conformea la ley y a la conciencia, y también le queda fácil ac-tuar conforme a la costumbre; considera que seríabueno si hubiera mayor respeto por la autoridad, yque regla o norma es sinónimo de convivencia y seguridad.

Grupo 2. Cuasi-cumplidos (36%)

El cuasi-cumplido se caracteriza principal-mente por posiciones intermedias o flexiblesante el incumplimiento propio o ajeno de acuer-dos. Considera que casi siempre celebra acuerdoscon facilidad, es capaz de construir buenosacuerdos, logra cumplirlos y le queda fácil.Cuando le incumplen, casi siempre pide explica-ciones, invita al diálogo y a asumir consecuen-cias, pero casi nunca comprende sin hacer nada,acepta cualquier disculpa, recurre a la ley, hacesentir culpable o elude o busca avergonzar al in-cumplido. Cuando incumple, casi siempre explicapor qué no cumplió, llega a un nuevo acuerdo,

11 Método de clasificación basado en algoritmos matemáticos independientes de la intuición del analista, en loscuales éste sólo interviene para decidir el número de clases, la medida de distancia (o de disimilitud) queutilizará para comparar los individuos, y la estrategia metodológica para la agrupación de éstos. Para el ejerciciose hizo una clasificación mixta en la cual se construyen primero unas clases o particiones estables a partir deindividuos seleccionados al azar, que luego se van agregando por pares hasta que todas ellas conforman unasola clase. La representación de este algoritmo en un árbol invertido, llamado dendrograma, permite elegir elnúmero de clases que se utilizarán. Aunque esta clasificación permite generar una tipología, buena parte de lapoblación –la que se encuentra en las fronteras de las clases– puede tener características mixtas. Conviene quela asignación de un individuo a una clase no sea interpretada categóricamente.

est

ud

ios

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[11]

intenta remediar o compensar los perjuicios,siente pena o culpa y casi siempre se justifica antesí mismo, espera comprensión sin hacer nada,elude al otro o siente miedo por sanciones lega-les, y casi siempre da cualquier disculpa.

Cuando celebra acuerdos, a veces le queda fácildarse cuenta de que cada parte confía en que laotra va a cumplir, y cuando otros buscan celebrar unacuerdo, también a veces le queda fácil darse cuentade que ya llegaron al acuerdo, de que el acuerdofue libre y voluntario, y de que cada parte confía enque la otra va a cumplir. Casi nunca justifica incum-plir un acuerdo a un familiar. Manifiesta que enuno de los acuerdos celebrados últimamente se fi-jaron obligaciones para las partes.

Respecto a la moral, casi siempre actúa confor-me a su conciencia y le queda fácil. Acude parcial-mente a criterios de distintas etapas de desarrollomoral: algunas veces actúa por respeto o paraevitar el castigo, algunas veces porque su concien-cia lo obliga a cumplir obligaciones, para protegerel bienestar de todos, guiándose por la ley salvoen situaciones extremas, y algunas veces actúa deacuerdo con principios de justicia universal.Cuando actúa contra su conciencia, siente culpa.

Respecto a la ley, casi siempre actúa conforme aella, casi nunca se disgusta al ser castigado cuandola desobedece y su conciencia le dice que actuómal, y no justifica desobedecerla cuando alguienque considera ejemplo de comportamiento lo hahecho, ni cuando es provechoso económicamen-te, ni cuando los demás lo hacen, pero consideraque no es garantía de derechos en Colombia.

Finalmente, piensa que el cambio de las leyescasi siempre puede producir un futuro distintopara la sociedad, y que con cada decisión setoma un camino que conduce a un futuro distin-to, pero que casi nunca el futuro será el mismocualquiera sea la decisión.

Grupo 3. Anómicos (35%)

El anómico se caracteriza principalmente porla tendencia a justificar la desobediencia a la leycuando es muy provechoso económicamente,cuando alguien que considera ejemplo de com-portamiento lo ha hecho, cuando es la única al-ternativa para alcanzar los objetivos, cuandoalguien lo ha hecho y le ha ido bien, cuando es

lo acostumbrado, para responder a una ofensaen su honor, cuando los demás lo hacen, cuandoes bastante seguro no ser castigado, cuando nohacerlo implica el rechazo del grupo; en cambio,no justifica la desobediencia a la ley cuando sehace por luchar contra una ley injusta. Nunca ocasi nunca actúa conforme a la ley ni le queda fá-cil, no distingue con facilidad entre accionesconforme y en contra de ella, y no manifiestasentir satisfacción moral cuando la cumple.

Por otra parte, no ayudaría a impulsar la apro-bación o modificación de una ley, y no justificadesobedecerla cuando es sin violencia y por lu-char contra un régimen político injusto. Siemprejustifica copiar y dejar copiar a un compañero enun examen, quemar pólvora y responder con vio-lencia a la violencia de otra persona. Consideraque lo ordenado por la ley nunca coincide con lacostumbre, y no le importa qué ocurriría si hubie-ra mayor obediencia a la ley.

Respecto a reconocimiento y realización al cele-brar acuerdos, nunca le queda fácil darse cuenta deque lo acordado quedó claro para las partes, deque el acuerdo fue libre y voluntario y de que cadaparte confía en que la otra va a cumplir. Cuandootros buscan celebrar un acuerdo, nunca le quedafácil darse cuenta de que cada parte tiene claras lasobligaciones que adquirió y de que cada parte con-fía en que la otra va a cumplir. Nunca le queda fácildistinguir cuando alguien cumple un acuerdo nicelebra acuerdos con facilidad. Para resolver con-flictos prefiere competir–forzar–ganar. Cuandoincumple un acuerdo nunca explica por qué nocumplió, ni siente culpa, ni intenta remediar ocompensar los perjuicios causados. Cuando leincumplen, nunca comprende sin hacer nada, nipide explicaciones, ni invita al incumplido a exa-minar y asumir consecuencias. Manifiesta que enuno de los acuerdos celebrados últimamentehubo violencia física contra él y que en uno de losproblemas que tuvo últimamente hizo amenazascontra los bienes del otro (respuesta no utilizadaen la construcción del grupo).

La disposición de los grupos en el planofactorial (representación cartesiana tomando si-multáneamente dos indicadores) formado porlos dos primeros factores junto con las respuestasque más los distinguen es la siguiente12:

12 Las respuestas características se representan de acuerdo con la magnitud de la diferencia entre la frecuenciaobservada y la frecuencia esperada. Sobre el plano se colocaron las respuestas que dieron un mayor valor test(diferencia entre frecuencia observada y frecuencia esperada dividida por la desviación estándar). Éste noprivilegia ni la mayor probabilidad de pertenecer a un grupo dada una respuesta ni la mayor probabilidad deobtener una respuesta dada la pertenencia al grupo. Privilegia las respuestas para las cuales es mayor ladiferencia entre lo observado y lo esperado.

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[12]

Se observa en el plano que el primer factordistingue a los cumplidos de los cuasi-cumplidos(permite también diferenciar los anómicos quese parecen más a los cumplidos de los anómicosque se parecen más a los cuasi-cumplidos), mien-tras que en el segundo factor se distinguen bási-camente los anómicos del conjunto formado porcumplidos y cuasi-cumplidos.

Vale la pena examinar algunas relaciones delos grupos con variables demográficas. La propor-ción de cumplidos es bastante homogénea entodos los estratos socioeconómicos. La anomia esun poco mayor en estratos bajos: el 42,4% de losjóvenes de estratos bajos (1 y 2), el 28,4% de losde estratos medios (3 y 4) y el 22,9% de los de es-tratos altos (5 y 6) fueron clasificados comoanómicos. Además, está presente en todos los ti-pos de colegio (16% en los colegios privados dematrícula alta, 28,5% en los de matrículas medias,44% en los de menor matrícula, 45% en los noc-turnos y 48% en los oficiales) y en ambos géneros(26% en mujeres y 40% en hombres). La anomia

se reduce, más que por estrato socioeconómico,con el nivel educativo del jefe de hogar y el tipode colegio. El cuasi-cumplimiento aumenta con elestrato socioeconómico (25,2% en estratos bajos,41,9% en estratos medios y 49,7% en estratosaltos) y con el nivel educativo de los padres. El33% de los cuasi-cumplidos pertenece a colegiosprivados de matrícula alta, y representa un 57%de los alumnos de estos colegios. El cuasi-cumpli-miento se da por igual en ambos géneros. El 55%de los cumplidos son mujeres y más del 60% delos anómicos son hombres (hay que tener encuenta que en la muestra las mujeres sólo repre-sentan el 44,5%). En general, se puede concluirque las variables demográficas no alcanzan a explicarlas diferencias.

De otro lado, no parece haber una relación di-recta fuerte entre convivencia y calidad de la edu-cación formal medida por competencias enlenguaje, matemáticas y ciencias. En una investi-gación desarrollada en la Secretaría de EducaciónDistrital13, orientada hacia la comparación de los

Disposición de los tres grupos en el primer plano factorial

13 Lanziano, Carlos y Corzo, Jimmy. Estudio correlativo entre resultados obtenidos en las pruebas de competencias básicas y laprueba de sensibilidad comprensión y convivencia ciudadana. Informe final. Documento de trabajo entregado a laSecretaría de Educación Distrital. Bogotá: 2002.

est

ud

ios

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[13]

resultados de las pruebas de competencias básicascon los de la prueba de conocimiento, sensibili-dad y convivencia ciudadana, se constaron resulta-dos ligeramente mejores en las pruebas decompetencias básicas (lenguaje, matemáticas yciencias) en cumplidos (sobre todo en 7º grado) yen cuasi-cumplidos (sobre todo en 9º). Alta cali-dad educativa en lenguaje, matemáticas y cienciasno es garantía de no anomia14.

En síntesis, el estudio condujo a clasificar lamuestra en los siguientes tres grupos:

Cumplidos: este grupo ilustraría la coinciden-cia entre alta capacidad de acordar y respeto es-tricto a la regulación moral y legal, con armoníaentre las dos. Un alto conformismo ante la ley yuna exigente regulación moral acompañan unabuena capacidad para celebrar y cumplir acuer-dos, especialmente una disposición unilateralpara repararlos en caso de incumplimiento pro-pio o ajeno.

Cuasi-cumplidos: se caracteriza principalmentepor posiciones un poco más flexibles que loscumplidos ante el incumplimiento propio o aje-no de acuerdos.

Anómicos: se caracteriza por justificar desobe-diencia a la ley por utilidad o por razones cultu-rales como costumbre o ejemplo.

Desde un punto de vista práctico, pareceríadeseable que la población evolucionara haciamás cumplidos y sobre todo hacia menos

anómicos. Como se verá a continuación, si setrata de reducir violencia, ser cumplido o cuasi-cumplido no importa tanto; lo más importantees evitar la anomia. En efecto, un análisis de lasrespuestas sobre violencia o amenaza de violen-cia sufridas o infligidas permitió clasificar a losjóvenes que respondieron las respectivas pre-guntas, en noviolentos (64%), violentos en pro-blemas (24%) y violentos en acuerdos (12%), yestablecer una comparación con la tipologíaque acabamos de presentar. El cruce entre lasdos clasificaciones que exponemos en elsiguiente cuadro (abajo) excluye a los jóvenesque no mencionaron los dos acuerdos másimportantes celebrados o los dos problemasmás graves tenidos en los últimos meses, y portanto no respondieron sobre presencia o no deviolencia en ellos (esto reduce la muestra a999 jóvenes y reduce también la proporción deanómicos).

Por último, con respecto al cuasi-cumplimien-to, éste también es problemático para la convi-vencia definida positivamente; implica algo másde violencia que el cumplimiento, puede causargrandes dificultades a procesos de moderniza-ción (que dependen del cumplimiento estrictode acuerdos, normas y reglas) y, como se verá acontinuación, se combina con la anomia y elcumplimiento para generar una ecología favora-ble a la reproducción de la anomia.

Distribución de los jóvenes cruzando las clasificaciones por convivencia y por violencia

14 En noveno grado, en todos los casos el peor desempeño fue el de los anómicos y el mejor desempeño fue el delos cuasi-cumplidos: al pasar de los anómicos a los cuasi-cumplidos, el promedio en ciencias mejoró en 18puntos y el intervalo del 95% de confianza (promedio más o menos dos desviaciones estándar) pasó de 35-188 a49-210. Al pasar de los anómicos a los cuasi-cumplidos, el promedio en matemáticas mejoró en 11 puntos y elintervalo de confianza pasó de 15-172 a 20-190. Al pasar de los anómicos a los cuasi-cumplidos, el promedio enlenguaje mejoró en 25 puntos y el intervalo de confianza pasó de 82-250 a 107-275. En ciencias y lenguaje, loscumplidos se parecen más a los cuasi-cumplidos, y en matemáticas, se parecen más a los anómicos. (Cálculosrealizados a partir de Lanziano, Carlos y Corzo, Jimmy. Ob. cit.).

11% 12% 8%

30% 8% 3%

23% 4% 2%

Anómicos

Cuasi-cumplidos

Cumplidos

No violentos No violentos en problemas No violentos en acuerdos

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[14]

15 Francisco Leal y Andrés Dávila analizaron la enorme importancia que ha tenido en el desarrollo delclientelismo la creación de legislación y controles excesivos que estimulan el recurso de acudir a favores. LealBuitrago, Francisco y Dávila Ladrón de Guevara, Andrés. Clientelismo. El sistema político y su expresión regional.Bogotá: Tercer Mundo Editores, Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Estudios Políticos yRelaciones Internacionales, 1990.

R E F L E X I O N E S S O B R E L A E CO LO G Í A E N T R E

C U M P L I D O S , C UA S I - C U M P L I D O S Y

A N Ó M I CO S

Dados los rasgos característicos de los tresgrupos que conforman la población estudiada,cabe imaginar la ecología propia de lasinteracciones que surgen dentro de esa pobla-ción, dentro de cada grupo y por pares de gru-pos. Se puede examinar también cómo losmiembros de cada grupo tenderán a diferenciar-se de los demás y cómo aprovecharán la existen-cia de éstos para justificar así ante sí su propiocomportamiento.

Aspectos previsibles de la interacción

El cuadro (abajo) constituye una primeraaproximación a las interacciones dentro de cada gru-po y por pares de grupos.

Más allá de la alianza natural (contra la

anomia) entre cumplidos y cuasi-cumplidos, sepuede generar un modelo orwelliano dealianzas mutantes de dos grupos para atacar altercero. Un día, anómicos y cuasi-cumplidosatacan la rigidez de los cumplidos; otro día,cumplidos y anómicos se alían para atacar ladisposición de los cuasi-cumplidos a hacerexcepciones puntuales a la ley y a eludir lassanciones legales cuando creen tener algunajustificación moral para violar la ley. Y otro día,cumplidos y cuasi-cumplidos optan de nuevopor aliarse contra la anomia. En este contexto,la paradoja es que crear leyes supremamenteexigentes, leyes que sea casi imposible cumplir,se vuelve un mecanismo clave de defensa y ata-que de los anómicos para poner de su lado o so-meter a escarnio público o legal a loscuasi-cumplidos, y para forzar a los cumplidos aconvertirse en cuasi-cumplidos15.

Cuando interactúan

los...

con los...

Cumplidos Cuasi-cumplidos Anómicos

Cumplidos

Alto cumplimiento de acuerdos y ley. Se

reparan acuerdos con facilidad en las

pocas ocasiones en que ello se requiere.

No se hace justicia por mano propia.

Algo de rigidez: difícil cambiar de idea

aun ante argumentos claros.

Buen cumplimiento de acuerdos y ley.

Algo de inequidad generada por las

excepciones: a veces la ley sólo aplica

para los demás. Los (relativamente

pocos) incumplimientos de los cuasi–

cumplidos son reparados con mayor

frecuencia por los cumplidos.

Alta inequidad. Las leyes son

sistemáticamente cumplidas por unos

e incumplidas por otros. Los acuerdos

son cumplidos y reparados por unos, y

pueden ser incumplidos muchas veces

por otros. Aprovechamiento ventajista

de la autorregulación estricta de los

cumplidos.

Los anómicos pueden aportar mayor

disposición a la innovación, y los

cumplidos orientar esa innovación hacia

lo lícito. Sin esta orientación, la anomia

puede aumentar los riesgos de violencia.

Cuasi-cumplidos

Grado medio de inseguridad contractual

y jurídica. Confi anza basada en

autorregulación moral y algo de

regulación cultural explícita (culpabilizar

o avergonzar ante el incumplimiento de

acuerdos). Desplazamiento de la cultura

del “más o menos” por la del “casi

siempre”.

Mutuo refuerzo de las justifi caciones

al incumplimiento de la ley. Desprecio

elitista (pero frágil) de los cuasi-

cumplidos hacia los anómicos. Probable

explotación por parte de éstos de los

“rabos de paja” que aquéllos adquieren

al permitirse algunas excepciones.

Fragilidad de las barreras que deberían

contener la violencia.

Anómicos

Ley del más fuerte. Ley del talión.

Lo acostumbrado no logra frenar

la búsqueda de lo útil a toda costa.

Dinámica hacia la coincidencia, por

lo general entre lo acostumbrado y lo

inmediatamente útil. Aprendizaje de

límites con altísimos costos. Recurso

frecuente a la violencia.

est

ud

ios

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[15]

Cada grupo suele construir su identidad poroposición a las características de los demás. Portanto, es pertinente examinar cómo percibe cadauno de los tres grupos a los otros:

El cumplido percibe a los miembros de losotros dos grupos como heterónomos: ve alanómico como esclavo de la utilidad o de la cos-tumbre, y al cuasi-cumplido como incumplidorde acuerdos. Su disposición a buscar las razonesque el otro tiene para incumplir lo lleva a escu-char y a confiar en argumentos justificatoriosque probablemente no serán del tipo “mi con-ciencia me ordenó no cumplir”, sino más biendel tipo “mis circunstancias, o la costumbre, o lautilidad, me llevaron a incumplir”. De esta mane-ra, para reparar acuerdos asume que los demásactúan de una manera heterónoma.

A su vez, cuasi-cumplidos o anómicos puedenver de manera condescendiente a los cumplidoscomo presos de la cultura o de la ley. Por su parte,el cuasi-cumplido ve generalmente al anómicocomo preso de la cultura y al cumplido comopreso de la ley. Los anómicos se dan porautodeterminados frente a la ley, mientras queven a los demás como presos, comparativamente,de ésta. Para los tres grupos, lo que desde dentroes vivido como sujeción voluntaria, desde fuera esvisto como una sujeción impuesta externamente.

Por último, los anómicos en ocasiones seidentifican con los cuasi-cumplidos. En efecto,para los primeros es de gran importancia descu-brir las excepciones que se permiten los segun-dos para sentirse identificados con ellos a travésdel “tú también” (el uso del argumento del “tútambién” es analizado por Francisco Gutiérrezen La ciudad representada16).

La autojustificación de cada grupo

dentro de la ecología

La autojustificación en cada grupo se da, al me-nos en parte, de cara a la presencia de los demás. Elcumplido se diferencia del cuasi-cumplido y delanómico apoyándose en su conciencia, la cual sedistingue de las de los demás porque es armóni-ca con la ley y la cultura. El cuasi-cumplido sesiente moralmente superior frente al cumplido,porque es capaz de hacer excepciones en concien-

cia, y frente al anómico, porque respeta –por logeneral– la ley. Dada la dificultad que tiene paracumplir la ley, el anómico se respalda en el divor-cio entre ley y cultura17 al compararse y relacio-narse con los cumplidos y los cuasi-cumplidos, yopta moralmente por acogerse a la cultura o alas justificaciones morales más rudimentarias,asociables a lo que en Colombia se llama“pragmatismo” (que es un pragmatismo de cortovuelo, más bien una orientación a resultados decorto plazo). De acuerdo con todo lo anterior, sepodría afirmar que los miembros de cada uno delos tres grupos se sienten radicalmente goberna-dos por su conciencia.

“La ley es para los demás y a mí me guía sobretodo mi conciencia” resulta ser un buen balancede la ecología de interacciones, alianzas y justifica-ciones esbozada18. Cumplidos, cuasi-cumplidos yanómicos comparten la característica de guiarsepor su conciencia. Sin embargo, tal vez quienesen realidad encarnan esa supremacía de la con-ciencia son los cuasi-cumplidos, pues no subordi-nan la conciencia a la costumbre (como lo hacecon frecuencia el anómico) pero, de otro lado, síponen a su conciencia por encima de la ley cuan-do hacen excepciones. Una manifestación especí-fica de esto es su rechazo a la sanción legalcuando han violado la ley por razones morales.

Esta primacía de la conciencia como resulta-do de la ecología entre cumplidos, cuasi-cumpli-dos y anómicos nos da una pista muy importantey una posible interpretación de un rasgo queexaminaremos más adelante: la asimetría. Deacuerdo con lo que hemos expuesto a título deconjetura, la ecología ayudaría a producir y re-producir tal rasgo.

Posible relación de la ecología con algunas

caracterizaciones de la problemática colombiana

La anterior ecología no es más que un esbo-zo. Su extrapolación a los adultos es cuestiona-ble y, por supuesto, requiere validaciónempírica. Sin embargo, permite complementarhipótesis más dualistas sobre la situación colom-biana que otorgan también un papel central adeficiencias en la relación con lo legal: la hipó-tesis del almendrón (Hernando Gómez

16 Gutiérrez, Francisco. La ciudad representada: política y conflicto en Bogotá. Bogotá: Tercer Mundo Editores,Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, 1998.

17 Para un tercio de los anómicos lo ordenado por la ley nunca coincide con la costumbre.18 La convicción de que nos regulamos sobre todo por nuestra conciencia ayuda a comprender la primacía de la

descalificación moral en la discusión política colombiana. Véase nota 24.

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[16]

Buendía19 y Francisco Gutiérrez20), o la delrentismo (Luis Jorge Garay21), o la de la persis-tencia del modelo católico español (SalomónKalmanovitz22). Además, puede ayudar a com-prender la coexistencia del legalismo con la fa-cilidad para adoptar el famoso principiocolonial de “la ley se acata pero no se cumple”,así como también el peso histórico de las eco-nomías ilegales23 y el recurso a la descalificaciónmoral en el debate político presente desde laIndependencia24.

¿Bajo qué condiciones podría la ecologíaplanteada conducir a la primacía de la ley y auna armonización democrática y pluralista entreley y moral? Por ahora no hay respuesta simple, ycabe, más bien, volver al mejoramiento de losindicadores de convivencia detectados.

G U Í A S PA R A CO N S T R U I R CO N V I V E N C I A

En esta sección se expondrán algunas de lasposibles consecuencias prácticas de la identifica-ción de los cinco primeros factores de convivenciaciudadana. La metodología seguida y los datosobtenidos sugieren fuertemente la posibilidadde que esos factores puedan modificarse indepen-dientemente.

A la luz de la evidencia recogida a lo largo dela investigación, una estrategia relativamentecompleta de construcción de convivencia debe-ría contener por lo menos los cinco componen-tes que se exponen a continuación. Lointeresante del análisis adelantado es que estasguías son empíricamente independientes. Dichode otro modo, la investigación permite ofrecerde manera relativamente fundada un menú de

cinco guías, con sus opciones de mecanismos yalianzas, para que distintos actores ayuden aconstruir convivencia.

Las cinco guías se enuncian en orden demayor a menor importancia relativa si se asu-me un concepto positivo de convivencia comoel propuesto en el marco teórico inicial delproyecto. Los factores 1 y 4, al ser positivospara la convivencia, requieren de estrategias oguías para aumentarlos. Los factores 2 y 3, alser negativos para la convivencia, requieren deguías para reducirlos. El factor 5, al tener am-bos extremos problemáticos, requiere ser lleva-do a un valor vecino a cero. Por tanto, lascaracterísticas de un joven completamenteapto para la convivencia serían alto cumpli-miento, baja anomia, baja aversión a normas,alta tolerancia y cero descuido.

De otro lado, si se asumiera una definición dela convivencia como ausencia de violencia, y setrabajara con una población similar a la de lamuestra, la reducción de anomia (que aquí lla-maremos “eunomia”) podría ser lo más impor-tante. En efecto, colocando sobre el plano deviolencia los quintiles correspondientes a cadauno de los indicadores de convivencia, se conclu-yó que el orden de importancia más plausiblepara reducir violencia es: reducir anomia, redu-cir aversión a normas, aumentar acuerdos, au-mentar tolerancia y llevar a cero (o a valorespositivos) el descuido.

G1. Primera guía: formar en la capacidad de construir

acuerdos y cumplirlos

Esta guía pretende promover las competen-cias y la disposición necesarias para celebrar

19 Gómez Buendía, Hernando. “La hipótesis del almendrón”. En: Gómez Buendía, H. (compilador). Ob. cit.20 Gutiérrez, Francisco. “Malestar macro, conformismo micro”. En: Gómez Buendía, H. (compilador). ¿Para dónde

va Colombia? Bogotá: Tercer Mundo Editores y Colciencias, 1999.21 Garay, Luis Jorge. “Crisis y construcción de sociedad: apuntes sobre el caso de Colombia”. En: Gómez Buendía,

H. (compilador). Ob. cit.22 Kalmanovitz, Salomón. Las instituciones y el desarrollo económico en Colombia. Bogotá: Editorial Norma, 2001.23 Múnera, Alfonso. El fracaso de la nación. Región, clase y raza en el Caribe colombiano (1717-1810). Bogotá:

Banco de la República y El Áncora Editores, 1998.24 “En Bogotá, los términos más corrientes son más bien los de ‘perverso’, ‘crimen’, ‘infamia’, ‘perversa conducta’,

‘perversas ideas y conducta’. De entrada, el registro bogotano parece más volcado hacia un juicio moral ocriminal, mientras que su homólogo quiteño tiene connotaciones que remiten más al registro meramentepolítico de la fidelidad”. Lomné, Georges. “Una ‘palestra de gladiadores’. Colombia de 1810 a 1828: ¿Guerra deemancipación o guerra civil?” En: Sánchez Gómez, Gonzalo y Wills Obregón, María Emma (compiladores).Museo, memoria y nación. Bogotá: Museo Nacional de Colombia, Ministerio de Cultura, 2000, pp. 285-312.

est

ud

ios

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[17]

acuerdos y para cumplirlos25. En particular,enfatiza la importancia de reparar los acuerdos,incluso cuando ello pueda necesitar de iniciativaunilateral.

Aunque se debe estimular la utilización deacuerdos para resolver problemas o conflictos, esespecialmente importante fomentar aquellosque surgen del reconocimiento de posibilidades decooperación y mutuo beneficio. No parece conve-niente promover los acuerdos basados en el po-der de hacer daño. Posiblemente por ello seríaconveniente independizar la pedagogía delcómo celebrar, cumplir o reparar acuerdos de lade solución de conflictos. Dicho de manera muyprosaica: para convivir debemos desarrollarnuestras competencias comunicativas y ser parti-cularmente sensibles a cómo los procesoscomunicativos son procesos de construcción gra-dual, siempre revisable, de consensos. Sin un su-ficiente dominio del lenguaje y sin una suficientecapacidad de reparar acuerdos no sería posiblesuperar de manera definitiva la solución violentade los conflictos.

G2. Segunda guía: eunomia (reducción de anomia)

Se deben promover dos mensajes: no es acepta-ble violar la ley por costumbre o por seguir ejem-plo, y no todo vale cuando se trata de conseguircierto fin (sea éste o no provecho económico). Eneste sentido, sería pertinente divulgar experien-cias ejemplares en las cuales alguien es capaz deno transgredir la ley aunque sea lo acostumbradou otros lo hayan hecho con éxito, o sacrifica susobjetivos con tal de no violarla. También sería útilconsiderar casos de innovación, de descubrimientode nuevos medios, que hayan sido simultánea-mente efectivos y lícitos. También se pueden ex-poner experiencias en las que un cambio jurídico,que inicialmente chocó con las costumbres de laépoca, ha logrado cambiar los comportamientos ytransformar la cultura adaptándola a la ley (gran-des logros, por ejemplo, en equidad de género o

en respeto a la libertad religiosa). La ley mismapuede ser así reconocida como un importantemecanismo de innovación. Por último, también sedebe cultivar la convicción de que siempre esposible usar mecanismos democráticos legítimospara transformar una ley injusta. [Sobre esto últi-mo, véase más adelante G7 (cultura democrática),la cual puede ser vista como ampliación yprofundización de G2]. Estas dos guías coincidenmuy de cerca con las consecuencias prácticasderivables del plano factorial conformado a partirdel conjunto de preguntas sobre la ley26.

G3. Tercera guía: adhesión a la ley y a las normas

Una tercera guía consiste en lograr una adhe-sión afectiva a la ley y las normas. Aquí se tratade celebrar las ventajas y beneficios asociados alcumplimiento de normas. Por ejemplo, se podríaseñalar que actividades tan placenteras como lavida familiar y escolar, el deporte y el trabajo, en-tre otras, son posibles gracias a que sus partici-pantes cumplen con ciertas normas.

Para algunos de los jóvenes entrevistados,“ley” o “cumplimiento de ley” puede tener con-notaciones peyorativas cuya superación plantearetos muy importantes para la pedagogía de laley. La noción de “derechos” parecería tener unaconnotación más positiva. Comunidades comolas indígenas han sabido valerse de la ley parahacer valer sus derechos, y las organizaciones dederechos humanos y las relacionadas con los de-rechos de la niñez son de las pocas que se haninteresado en los derechos de los demás. La co-ordinación entre los derechos propios y ajenos, yentre derechos y deberes es complemento nece-sario de cualquier pedagogía de la ley basada enderechos. Un paso clave podría ser interpretar“cumplimento de la ley” como el respeto efectivoa los derechos de los demás. Sin embargo, la novisibilidad de los afectados puede ser una limita-ción. Hay que aprender a pensar en los otrosaunque estén ausentes (y los afectados por nues-

25 A algunos no les parecerá tan claramente deseable la guía G1, que va de cuasi-cumplidos en acuerdos y ley acumplidos en acuerdos y ley. Por ejemplo, es posible que hayan sido clasificados como cuasi-cumplidosquienes, al adoptar modalidades propias de lo que Basil Bernstein llama códigos elaborados (véase Class, Codesand Control. Vol. I-IV. Londres: Routledge and Keagan Paul, 1971-1990), tienen una preocupación extrema porla precisión, el rigor y la toma de distancia crítica, cualidades altamente apreciadas en esos códigos ynecesarias para no dar información imprecisa. La capacidad de leer el “siempre” o el “nunca” comocuantificadores universales fácilmente falseables es posiblemente más propia de códigos elaborados. De lamisma manera, la capacidad de suscitar en el otro culpa o vergüenza podría ser considerada una competenciaútil, propia de formas de socialización arraigadas en sociedades como la inglesa o la francesa. Sin embargo,dejar de lado o invertir G1 sería promover el derecho a la excepción y permitir que la moral sea puesta porencima de la ley.

26 Véase numeral 3.3 de Mockus, Antanas y Corzo, Jimmy. Ob. cit., 2003.

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[18]

tro incumplimiento de la ley generalmente lo es-tán).

Por último, también aporta mucho aumentarel optimismo sobre la ley en Colombia, e intere-sa destacar los beneficios de una disposición allegalismo incondicional. Más exactamente, setrata de discutir casos en los cuales la ley esté porencima (o en el mismo nivel) de la convicciónmoral. De nuevo, es fundamental saber que laley prevé mecanismos para tramitar la tensiónentre ella y las convicciones morales. Aquí juegaun papel crucial la participación en organizacio-nes y procesos que buscan modificar la ley cuan-do moral o culturalmente se esté en desacuerdocon ella27 (véase más adelante G7).

G4. Cuarta guía: promover el pluralismo

El objetivo de esta guía es aumentar la tole-rancia a la diversidad moral y cultural. Convieneen particular aprender a apreciar el tipo de con-senso que se produce cuando, desde distintastradiciones y con distintos argumentos, se apoyauna misma regla (“consenso por traslapes” en elsentido de Rawls28).

Más adelante se intentará tener en cuenta losinmensos inconvenientes que tendría un plura-lismo interpretado como “todo vale”, una tole-rancia que se extendiera a quienes se colocanpor fuera de la ley. Por eso, la formación para elpluralismo puede exigir de un modo u otro unareflexión sobre sus límites (véase más adelante laexposición sobre la “mayoría de edad a me-dias”). De nuevo, se debe reconocer que son losprocedimientos democráticos de representacióno de consulta directa los que pueden limitar elpluralismo o destacar los mecanismos de protec-ción a las minorías (véase más adelante G7).

G5. Quinta guía: orden pero con ley y superación del

descuido con los acuerdos29

Si no fuera por los resultados que arrojó lacomparación con violencia (según los cuales éstaera más frecuente para los valores numéricos ne-gativos del indicador descuido), hubiera cabidoproponer como vía para superar el total descuido

con los acuerdos la promoción del orden sin ley.Esto habría llevado a retomar con entusiasmo laidea –un poco anarquista– de que la regulacióncultural podría llegar a ser más pacifica, más acti-va, más eficiente y más amable que la regulaciónlegal. Lo anterior implica un gusto por las reglas(aprendidas en la práctica o acordadas porqueaportan a la calidad de vida) y una valoracióncrítica de las costumbres que se colocan potencial-mente (utópicamente) por encima de la ley y queson transformables pedagógicamente30.

Sin embargo, para que esa transformación víasuperioridad de la cultura resulte efectiva, es im-portante que se parta del reconocimiento de loya ganado por la ley en Colombia. La culturapuede llevarnos más lejos que la ley, pero éstaconstituye un cimiento que se debe valorar. Di-cho de otro modo, se invita a asumir la culturacomo un perfeccionamiento y no como una degradaciónde la ley (y viceversa). Así se puede observar en losprogramas de cultura ciudadana en Bogotá y decultura de la legalidad en Palermo, Sicilia, en elnorte de México y en el sur de California. Aun sise acepta que la ley no es el soporte central delcambio hacia la sociedad soñada, hay que reco-nocer que recoge objetivos admirables, estable-ce sanciones regladas, y su aplicación protege elderecho de defensa. Además, la misma ley prevémecanismos democráticos que permiten trans-formarla (de nuevo, véase G7). De esta manera,mediante la reelaboración de la tentación de co-locar sistemáticamente la cultura por encima dela ley y el reconocimiento de leyes como pasospositivos hacia un orden con ley, se realiza el idealde una humanidad que se configura a sí mismade manera deliberada.

En este punto también es esencial combatir lairresponsabilidad con respecto a los acuerdos. En efec-to, los potenciales positivos de la perspectiva“anarquista” antes mencionada (cambio culturalpor encima del cambio legal) se ven radicalmen-te destruidos si se acepta la indiferencia ante losacuerdos, si no se supera la dificultad para iden-tificarlos o para detectar y consolidar confianzaen su celebración.

27 Esto lleva a reconocer la relevancia del capital social y su relación con el Estado de Derecho.28 Rawls, John. Liberalismo político. México: Facultad de Derecho UNAM y FCE, 1995. Capítulos IV y V, y del mismo

autor, Una teoría de la justicia. México: FCE, 1995.29 Otra formulación de este camino sería: ni orden sin ley ni descuido total en acuerdos.30 Por ejemplo, la cultura de la no violencia impulsada por Gandhi buscaba recoger un ideario y unas prácticas

(en parte provenientes de varias tradiciones religiosas) de las cuales se esperaba que fueran capaces de crear unordenamiento social mejor que el que podría derivarse simplemente del cambio jurídico.

est

ud

ios

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[19]

L A “ M AYO R Í A D E E D A D A M E D I A S ” Y D O S

P O S I B L E S G U Í A S PA R A CO M P L E TA R L A

( G 6 Y G 7 )

Las anotaciones sobre la ecología entre cum-plidos, cuasi-cumplidos y anómicos son hipotéti-cas y, por lo general, no están basadasdirectamente en los datos. Sin embargo, permi-ten vincular a la interacción de los tres grupos loque hemos llamado la “mayoría de edad a me-dias”, la cual corresponde a dos característicastransversales a tales grupos:

1. Asimetría: “Obedezco a mi conciencia, losdemás a la ley o a la cultura”; “entiendo por lasbuenas, los demás entienden por las malas”. Encondiciones de divorcio entre ley, moral y cultu-ra, esto puede llegar a significar “soy autónomo,los demás son heterónomos”, “soy mayor deedad, los demás son menores de edad”. En con-diciones de armonía, la autonomía incluye la ad-hesión a la ley y a la tradición cultural propia, yla asimetría dejaría de ser problemática.

2. Pluralismo desbordado: tolerancia significa“todo vale”. Esta característica describe el com-portamiento de quienes aceptan como vecinos arecicladores, indigentes, prostitutas, homosexua-les y alcohólicos, pero también a guerrilleros,paramilitares, narcotraficantes y corruptos.

Atacar una característica común como la ma-yoría de edad parcial puede ser más fácil queatacar las características de un grupo específico.En efecto, si se toma como punto de partida talcondición, podemos reconocer que su transver-salidad nos une frente a la posibilidad de trans-formarla: adoptaríamos entonces una nociónmás compleja de autonomía, aceptaríamos debuena gana ser gobernados por la ley, y recono-ceríamos que los demás son también en algúngrado autónomos (o por lo menos lo son muchomás de lo que creemos), y que el pluralismo esmuy valioso pero que no debe incluir el “todovale” (específicamente, no debe dar cabida acomportamientos ilegales). Para que todos poda-mos ser sujetos morales debemos aceptar ser su-jetos legales tanto por obedecer la ley como porcontribuir a transformarla cuando nos parecemoralmente necesario hacerlo.

Tanto la asimetría, presente en los tres gru-pos, como el pluralismo entendido como “todo

vale” con devastadores efectos sobre la tensiónentre diversidad moral y ley, permiten proponerdos guías adicionales que apuntan a corregir es-tas dos características y a aprovechar sus poten-cialidades, su lado positivo.

Asimetría

Con respecto a la primera característica, laspreguntas que se referían a simetría no alcanza-ron a influir en ninguno de los cinco factores,pero sí muestran una tendencia general a laasimetría distribuida de manera uniforme conrespecto a los factores. Las preguntas más im-portantes para la discusión que sigue fueron la11 (¿Cuáles de las siguientes cosas influyen más so-bre su comportamiento?) y la 12 (¿Cuáles de las si-guientes cosas influyen más sobre el comportamientode los demás colombianos?). Estas preguntas dabana escoger entre seis opciones: paz con la propia con-ciencia; confianza, reconocimiento social; admiraciónpor la ley o sus aplicaciones; temor a la multa y a la cár-cel; temor a la censura y al rechazo; temor a la culpa.

Si con la expresión “conciencia” agrupamoslas respuestas paz con la propia conciencia y temor ala culpa, con “cultura” agrupamos las respuestasconfianza y reconocimiento social y temor a lacensura y al rechazo social, y con “ley” agrupamoslas respuestas admiración por la ley o susaplicaciones y temor a la multa y a la cárcel, losjóvenes encuestados tienden a contestar queellos se guían por la conciencia (71% de los querespondieron a la pregunta 11)31 y que las demáspersonas se guían por la ley (44%) y por lacultura (32%). Sólo 121 de los 1.451 jóvenesencuestados dijeron gobernarse principalmentepor la ley32. Claramente y sin importar el grupoal que pertenezcan, las personas dicen gobernar-se primero por su conciencia, luego por la regu-lación cultural y en tercer lugar por la ley.

Al responder a la pregunta de qué influyemás sobre el comportamiento de los demás, losjóvenes contestaron en orden contrario a lo querespondieron sobre sí mismos: los demás se go-biernan sobre todo por ley (44%), luego por cul-tura (32%) y luego por conciencia (24%). Enesto, los tres grupos tienen un patrón de respues-ta bastante uniforme, y solamente los anómicosse desvían un poco de éste pues reconocen que

31 Ese porcentaje aumenta en los cumplidos (77%) y en los cuasi–cumplidos (73%), y disminuye en los anómicos(61%).

32 Paradójicamente casi la mitad de ellos (53) pertenece al grupo de los anómicos que, sin embargo, siguenpensando que los demás obedecen más a la ley que ellos.

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[20]

la conciencia (35%) influye más que la cultura(25%) sobre el comportamiento de los demás.40% de los anómicos opina que la ley es lo quemás gobierna a los demás.

33 Por ello también cabe hablar de mayoría de edad a medias para describir, más que un defecto, una construcciónparcialmente alcanzada: de los demás sólo espero que cumplan la ley.

do las seis respuestas a las preguntas 11 y 12 en“entiendo por las buenas” y “los demás entien-den por las buenas”, se puede observar que lostres grupos presentan una fuerte asimetría, aun-que de nuevo ésta es menor entre los anómicos:

Si se piensa que los demás son heterónomos yentienden por las malas, la pedagogía del castigopuede primar sobre la pedagogía de la gratifica-ción, y se puede caer fácilmente en la tentaciónde asumir que el poder se basa en el poder dedestruir. Tal vez las personas que recurren a lanegociación a través de la amenaza y el uso de laviolencia caen en dicha tentación.

Se podría pensar que la asimetría es la expre-sión de una tendencia general a pensar mejor so-bre sí mismo que sobre los demás. Sin embargo,al hacer una comparación con la asimetría enmateria de razones para cumplir acuerdos, se en-contró que ésta era sensiblemente menor a laque tiene que ver con cumplir normas y que aca-bamos de examinar. Por tanto, consideramosque la asimetría encontrada amerita atención.

La asimetría tiene consecuencias poco graves sihay armonía de ley, moral y cultura. En efecto,creer que lo que más gobierna al otro es la ley mepermite confiar en que no tendrá un comporta-miento ilegal (independientemente de sus convic-ciones morales y su cultura). De hecho, si hayarmonía y si soy pluralista moral y cultural consecuen-te, únicamente puedo esperar del otro que actúe conformea la ley33. Me atengo a que el otro obedecerá a laley precisamente por respeto extremo a un plura-lismo moral y cultural compatible con el orden le-gal. Además, pensar que el otro obedece la leysólo (o predominantemente) por temor a las san-ciones significa reducir al mínimo las hipótesisoptimistas sobre su moral y su cultura, reducciónque podría limitar mucho nuestro pluralismo. Dealguna manera, exigirle al otro que entienda porlas buenas podría ser visto como inmiscuirse en sufuero interno. En el mayor respeto por la diversi-dad cada cual se fija máximos éticos y de los de-más sólo espera unos mínimos. Sin embargo,suponer que los demás admiran la ley –y recono-cer los casos en que efectivamente así ocurre– po-dría ser así una opción clave para corregir laasimetría en cuanto a “por las buenas” versus “por

Yo me gobierno por Cumplidos Cuasi-cumplidos Anómicos

Moral 77% 74% 60%

Cultura 14% 18% 23%

Ley 9% 9% 16%

Comparando las respuestas a las dos pregun-tas aparece la asimetría. Por ejemplo, 77% de loscumplidos dice guiarse por su conciencia y sólo20% dice que los demás se guían ante todo porla conciencia.

A pesar de estar presente en los tres grupos,la asimetría puede tener una lectura distintapara cada uno. Para los cumplidos, la moral pri-ma en la determinación de su comportamientoporque hay armonía entre ley, moral y cultura.Para los cuasi-cumplidos, sus convicciones mora-les justifican las excepciones que eventualmentehacen al cumplimiento de ley y acuerdos. Paralos anómicos, no hay conflicto moral al incum-plir leyes o acuerdos, porque el utilitarismo bur-do de corto plazo y la costumbre les parecensuficiente justificación. Aunque un poco menoslos anómicos, todos se sienten guiados por laconciencia. Para todos, el ciudadano promedioes percibido como un anómico cuyo comporta-miento tiene que ser regulado principalmentepor la ley, por la vía de la sanción legal.

Si con la expresión “entender por las buenas”agrupamos las respuestas paz con la propia concien-cia, confianza y reconocimiento social, y admiraciónpor la ley o sus aplicaciones y con la expresión “en-tender por las malas” agrupamos las respuestastemor a la multa y a la cárcel, temor a la censura y alrechazo social y temor a la culpa, se verifica que enlos tres grupos los jóvenes dicen entender más por lasbuenas (87%) que por las malas. Para los miem-bros de los tres grupos (64%) los demás entiendenmás por las malas que por las buenas. En efecto, sise hace un ejercicio similar al anterior agrupan-

Los demás se

gobiernan porCumplidos Cuasi-cumplidos Anómicos

Moral 20% 20% 35%

Cultura 36% 33% 25%

Ley 44% 48% 40%

Los porcentajes de estos cuadros no tienen en cuenta a los que no respondieron.

Cumplidos Cuasi-cumplidos Anómicos

“Entiendo por las buenas” 93% 87% 81%

“Los demás entienden por las buenas” 38% 29% 43%

Los porcentajes de este cuadro no tienen en cuenta a los que no respondieron.

est

ud

ios

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[21]

las malas”. De ahí que una autonomía universa-lizable, la cual podríamos llamar autonomía coor-dinada, tenga posiblemente su mayor expresiónen la admiración por la ley.

Por otra parte, en condiciones de divorcio en-tre ley, moral y cultura, ser pluralista lleva, en elextremo, a esperar cualquier cosa del otro, signi-fica atenerse al “todo vale” de parte del otro.Cuando hay divorcio entre los tres sistemas, de-pendo sustantivamente de la moral o la culturadel otro, y puedo llegar a depender radicalmen-te del respeto del otro hacia mí. El respetointerpersonal o los límites a lo culturalmenteaceptado por un grupo llegan a sustituir la leycomo bases de la propia seguridad. Cuando haydivorcio entre los tres sistemas de regulación,acertar en la calificación moral o cultural de laspersonas ayuda mucho a sobrevivir.

Mientras que en un caso la confianza se basaen la legalidad, en el otro caso la confianza nacede un “saber a qué atenerse” más sutil y poten-cialmente más arbitrario. Detectar la confianzamisma para poder contar con ella y sus efectosreguladores se puede volver clave34. Obviamente,si los sistemas reguladores se contradicen, elcomportamiento propio y ajeno se vuelve menospredecible.

G6. Sexta guía: hacia una mayoría de edad completa,

respeto igualitario

Una guía complementaria a las cinco ya seña-ladas (pero que, a diferencia de éstas, es reco-mendable para los tres grupos) consiste en lareelaboración de las dos asimetrías detectadas.Simplemente estamos postulando que reducir esaasimetría contribuiría a la convivencia35. Esta guíatiene como propósito aprender a percibir al otrocomo semejante a uno mismo, esto es, compren-der que así como uno considera que se guía máspor la propia conciencia así también sucede enlos demás, y que si bien uno a veces entiende porlas malas pero predominantemente lo hace por

las buenas, lo mismo puede suceder con el otro.Superar la asimetría podría entenderse como

una forma de aumentar sustantivamente nuestrorespeto hacia los demás. Respetar es, por etimo-logía, volver a mirar y considerar condetenimiento. Es como un primer momento delreconocimiento. Puede haber un alto respeto enmedio de una sociedad donde las jerarquías sonmuy marcadas. Igualmente, puede imaginarseuno la importancia del respeto igualitario, delrespeto entre semejantes, en sociedades en lasque, como en la colombiana, se ha avanzado enla secularización y la democratización, y se handado progresos notables en equidad de género yacceso a oportunidades de salud y de educación.La noción de ciudadanía es inseparable de esterespeto entre iguales. Donde hay ciudadanía,cualquier encuentro entre desconocidos es antetodo un encuentro entre ciudadanos. Ver al otrocomo similar a uno en su relación con las tres re-gulaciones y creer que los demás, al igual queuno, pueden entender predominantemente porlas buenas, podrían constituir las bases de un res-peto ciudadano. Respetar al desconocido, atribuir-le desde un comienzo cualidades análogas a laspropias, es un soporte crucial de la convivencia.Completar la transición (comparable a un cam-bio radical de paradigma) del respeto basado enjerarquías al respeto basado en la conciencia deigualdad es uno de los retos centrales de nuestrasociedad.

Respeto al otro cuando lo reconozco como su-jeto moral, legal y cultural similar a mí. Respeto alotro como sujeto pedagógico cuando asumo queambos aprendemos más por gratificaciones quepor castigos, y cuando reconocemos una eficaciasimilar de la canasta de gratificaciones o de senti-mientos de obligación. En la asimetría, elirrespeto no es a las diferencias –lo cual sería co-rregible por la vía de la tolerancia y del pluralis-mo cualificado–; es un irrespeto a rasgos de comúnhumanidad. No un irrespeto puntual, coyuntural,

34 De hecho, las respuestas de los jóvenes sobre confianza no estuvieron muy asociadas a otras respuestas, salvo enun caso: quien responde siempre a la pregunta: Cuando usted y otra persona buscan celebrar un acuerdo, ¿le queda fácila usted darse cuenta de que cada parte confía en que la otra va a cumplir?, tiende a ser cumplido; quien responde aveces, tiende a ser cuasi-cumplido y quien responde nunca, tiende a ser anómico (véase anexo 5 de Cumplir paraconvivir). Donde hay más armonía entre ley, moral y cultura (el caso de los cumplidos), hay mayor posibilidadde constatar la confianza y, por ende, de actuar sobre la base de esa confianza.

35 No poseemos evidencia empírica rigurosa para afirmar que esa asimetría es menor en sociedades que hanlogrado mayores niveles de convivencia. Tan sólo talleres aislados, realizados con públicos muy específicos enSantiago de Chile, Nueva York y Washington han mostrado la posibilidad de que exista una mayor simetría. Porejemplo, en una conferencia en Georgetown University, cerca del 30% de los participantes consideró que ellosmismos se guiaban primordialmente por la ley y cerca del 20%, que los demás obedecían sobre todo poradmiración por ella (por las buenas). Hay que ser muy prudentes con estos datos que son simplemente unainvitación a buscar elementos rigurosos de comparación internacional.

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[22]

36 Al discutir las respuestas a las preguntas 11 y 12 (preguntas muy directas) y cruzarlas con los grupos, obtuvimosun resultado ligeramente distinto: la conciencia primó sobre la cultura, y ésta primó sobre la ley para todos losgrupos.

sino un irrespeto a las condiciones de posibilidadde una relación respetuosa: si de antemano su-pongo autonomía en mí y heteronomía en ti, side antemano supongo que yo entiendo por lasbuenas y tú por las malas, hay una carencia de res-peto “de entrada”.

En el terreno de la comprensión, compren-der al otro también requiere suponer que en al-gunos aspectos básicos el otro es igual a uno. Amayor asimetría, más tiende uno a explicarse elcomportamiento del otro en vez de comprenderloponiéndose uno en su lugar.

Para llegar a respetar al otro fundamental-mente en su condición de sujeto legal que acatala ley libremente, no tanto por el temor a las san-ciones, sirve también reconocer la precariedadde la propia condición de sujeto legal y la pocoexplorada relación entre esa condición y la desujeto moral y cultural.

Pluralismo desbordado

En G4 reconocimos la importancia de promo-ver la tolerancia. Sin embargo, advertimos allícierta tendencia a que el pluralismo se salga decauce y dé lugar a un “todo vale”. Queremos reto-mar aquí esa discusión a la luz de una preguntamuy palmaria: ¿Está la ley por encima de la moraly la cultura? ¿Debe estarlo? Una respuesta afirma-tiva parece ser condición indispensable y suficien-te para que pluralismo moral y cultural nosignifiquen “todo vale”. La tensión entre la ley ylos juicios morales de cada persona y el dolor quepuede causarle a alguien actuar según la ley con-tra su convicción (así como el posible efecto depercepción de ilegitimidad de la norma que pue-de derivarse de esa contradicción) sólo se resuel-ven o se encauzan de manera fértil si se adhiere alos procedimientos legalmente estatuidos para in-tentar transformar la ley y para controvertir y revi-sar sus aplicaciones, esto es, si la ley prima sobre lamoral incluso cuando, por motivos morales, se es-tima que aquélla debe ser cambiada. Esta transfor-mación de las tensiones entre ley y moral enconfianza en los procedimientos democráticospara cambiar la ley es la guía que llamaremos cul-tura democrática. Se trata de transformar las in-quietudes morales y la admiración por elpluralismo moral y cultural en entusiasmo con elproceso de auto-corrección de la democracia.

G7. Séptima guía: hacia una mayoría de edad

completa, cultura democrática

Se debe entender que, dada la diversidad deopiniones morales, en algunos casos la ley nopuede satisfacer a todos y, por tanto, es indispen-sable un mecanismo democrático de representa-ción directa que permita dirimir esas cuestionesdifíciles de una manera que de ningún modoestá condenada a ser definitiva. En este mismosentido, también existe la posibilidad de que al-gún grado de insatisfacción prevalezca y perma-nezca entre algunos. Sin embargo, los beneficiosque se derivan de adherir a la ley son, en compa-ración con los posibles resultados que se obten-drían si se decide actuar por fuera de ella,suficientemente valiosos como para que sea pre-ferible vivir insatisfecho, pero dentro de un mar-co legal seguro, a vivir los peligros asociados conno tenerlo o con tenerlo pero sin legitimidad de-mocrática. En otras palabras, ya que la democra-cia no sólo otorga muchos beneficios sino queademás da la oportunidad de cambiar las leyescuando éstas no parecen satisfactorias, es apenasjusto que una de sus reglas de juego exija que losperdedores sean buenos perdedores.

G2 y G7 coinciden en promover el acatamiento ala ley y en luchar contra el “todo vale”. La primeraataca fundamentalmente las justificaciones a la viola-ción de la ley por utilidad o costumbre. La segundapromueve la primacía del respeto a la ley sobre la di-versidad cultural o moral. La primera ataca laanomia, es decir, la utilización irrestricta de cual-quier medio para alcanzar un fin dado. La segundaataca la explotación del respeto a la diversidad queconvierte en aceptable la violación a la ley. En estesentido, G7 no sólo debería mejorar los valores delindicador de pluralismo sino también corregir el ries-go de que el pluralismo se convierta en “todo vale”.

Los dos primeros factores en el análisisfactorial de las preguntas relacionadas con ley mues-tran cómo “moral prima sobre ley” (cuando,por ejemplo, razones como salvar la vida, ayu-dar a la familia y luchar contra una ley o un ré-gimen injusto justifican desobedecer la ley)combinado con “ley prima sobre cultura” (másexactamente, utilidad o costumbre no primansobre ley) es más bien un rasgo de los estratossocioeconómicos altos. Los estratos más popu-lares siguen el orden contrario. Para éstos, lacultura prima sobre la ley y la ley sobre la mo-

est

ud

ios

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[23]

ral36. La gráfica abajo, que retoma los dos princi-pales factores dentro de la dimensión ley, ilustraeste punto.

El cuadrante inferior derecho correspondería auna cultura democrática que implica aprender aponer la ley por encima de la cultura y la moral.Esto incluye adherir a un Estado de Derecho en elcual se acepta un pluralismo cultural y moral legal-mente reglado, y en el cual la ley prevé mecanis-mos para procesar las tensiones entre ley y moral.

La independencia de estos dos primeros fac-tores en la dimensión ley puede interpretarsecomo independencia fáctica entre los dos divor-cios: el divorcio entre ley y moral, y entre ley ycultura. Las respuestas que conforman el indica-dor de anomia en el análisis general son en granparte las mismas del factor 1 de la dimensión le-gal (anomia legal). La guía G2, eunomia, corres-ponde muy de cerca a corregir esa dirección.

El segundo indicador del análisis de la dimen-sión “Ley” es mucho más complejo y ambivalente.Se trata de las tensiones entre ley y moral: ¿Quéhacer cuando la ley o su aplicación nos pareceninjustas? ¿Tiene uno el deber de presumir que laley es justa hasta evidencia de lo contrario? ¿Debeuno, como Sócrates en el Critón, prohibirse el sus-traerse a la ley aun cuando lo que uno hace le pa-rece moralmente correcto?

Al avanzar hacia la cultura democrática puedeser muy útil aprovechar el lado positivo de lasasimetrías detectadas: actúo según mi concienciay entiendo por las buenas. La ley podría llegar a

ser vista como un acuerdo libre de concienciasdotadas de buena voluntad (armonía entre ley ymoral), y la participación en procesos democráti-cos de legislación o de acompañamiento crítico ala aplicación de la ley sería una oportunidadpara vigilar colectivamente, mediante la discu-sión pública, esa armonía.

Por último, sembrar cultura democrática estambién combatir los rasgos más problemáticos de-rivados de la ecología presumiblemente asociada alos datos obtenidos. La lucha por la consistencia,por el imperio de la ley, ha sido vista como una lu-cha de unos contra otros; puede y tal vez debe servista como una lucha contra una ecología, contraun sistema, donde modificar ciertos prejuicios y larelación con ciertas reglas puede colocarnos muycerca de la realización de sueños particularmenteexigentes: paz, convivencia, Estado social de dere-cho. Tal vez demos esos pasos en estas décadas yaprendamos que lo ilegal no es válido nirutinariamente ni a veces, y que las percepcionesde injusticia de la ley o de su aplicación puedenencauzarse democráticamente hacia el mejora-miento de la cultura y del ordenamiento legal.

CO N C LU S I O N E S

Las siete guías y su relación con violencia

Así, en total obtenemos siete líneas directriceshacia la convivencia que se resumen y sereordenan de la siguiente manera, teniendo encuenta su grado de correspondencia con violencia:

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[24]

eunomia: acatar la ley por encima de la utilidad inmediata y de la costumbre (aun al costo de los resultados)y buscar formas lícitas de innovar G2

cultura democrática: aprender a resolver, medianteprocedimientos democráticos, las tensiones entre moraly ley, y lograr la primacía de la ley sobre cultura y moralnecesaria para un pluralismo viable (“no todo vale”) G7

adhesión a normas y ley: admirar los avances de la ley,gustar de las normas y ser capaces de acatar la leyaun cuando entra en tensión con las conviccionesmorales G3

acordar: aprender a celebrar y cumplir acuerdosy, muy especialmente, a reparar acuerdos no cumplidos G1

pluralismo: tolerar la diversidad G4

orden pero con ley y superación del descuidocon los acuerdos:armonizar normas legales y culturales, y aprender acultivar acuerdos sanos, es decir compatibles con la ley G5

respeto igualitario: disminuir la asimetría, respetar al otrocomo a un igual, verlo más parecido a uno (por mejorimagen del otro: ambos somos básicamente autónomosy buscamos construir armonía entre nuestra moral y la ley,ambos entendemos básicamente por las buenas) G6

Las guías G6 y G7 buscan corregir rasgos rela-tivamente generalizados (podrían encontrarseotros); en cambio, las demás corresponden a loscinco rasgos en los cuales la investigación encon-tró mayores diferencias dentro de la población.

Para cada una de las siete guías se proyecta-ron los quintiles 1 y 5 de los factores correspon-dientes sobre el plano principal construido apartir de todas las preguntas sobre violencia su-frida o infligida en problemas y acuerdos. El cri-terio de ordenamiento es la distancia entre losdos quintiles para cada factor37. Esta jerarqui-zación de las guías tiene, por supuesto, limitacio-nes metodológicas: es muy claro que lapoblación anómica o la población con baja cul-tura democrática es la que más sufre o infligeviolencia; sin embargo, para sugerir que mejorarla anomia o formar en cultura democrática redu-ciría la violencia se imputa una relación causalque no se deriva directamente de la observación.También podría conjeturarse una guía corres-pondiente a la relación causal contraria: reduz-camos la violencia para reducir la anomia ymejorar la cultura democrática. Pero desde uncomienzo se quiso construir un concepto de con-vivencia “positivo”, no centrado en la presencia oausencia de violencia. Dentro de las variablesconsideradas en el estudio no habría una terceraque explique la conexión encontrada entreanomia y violencia o entre cultura democrática yviolencia (cabría eso sí intentar descontar elefecto posible de variables demográficas como

estrato socioeconómico, educación alcanzadapor el jefe de hogar y tipo de colegio).

En el análisis de correspondencias múltiplesde las respuestas relacionadas con violencia infli-gida o sufrida, los dos primeros factores fueronel primero violencia en problemas y el segundoviolencia en acuerdos. Muchos de los violentosen acuerdos son también violentos en proble-mas. La violencia en problemas parece ser másreactiva (retaliación); la violencia en acuerdosparece ser más proactiva y hay mayor simetría enella entre ser víctima y ser victimario. Se encon-tró alta correspondencia en prácticamente todoslos casos entre amenaza de violencia y violencia,infligidas o sufridas. Según el análisis porquintiles, la guía G2 sería más eficaz para comba-tir la violencia en problemas y G7 sería más eficazpara combatir la violencia en acuerdos.

Por último, con respecto a la guía de respetoigualitario (G6), al intentar medir la asimetría apartir de las preguntas 11 y 12, se obtuvierondos factores que en realidad no interpretanasimetrías: el primero opone “yo me reguloculturalmente (por confianza y reconocimientosocial)” a “yo me regulo moralmente”, y el segun-do opone “los demás se regulan culturalmente(por temor a la censura social)” a “los demás seregulan por temor a la sanción legal”. Se recono-ció estadísticamente la independencia entre loque uno piensa de uno y lo que uno piensa de losdemás y la generalidad de la oposición “yo entien-do por las buenas, los demás por las malas”. Alproyectar los quintiles sobre el plano deviolencia, quienes se reconocen culturalmenteregulados tienden a ser más violentos. Y quienesconsideran que los demás se guían más por cul-tura ocupan un lugar muy cercano al origen.Así, no se encontró evidencia de que a mayorsimetría menos violencia. Aunque la relación decorrespondencia no es necesariamentetransitiva, también parecería un indicio el quelos anómicos sean comparativamente menosasimétricos. Por estas razones, se ubicó estaguía como la de menor impacto potencial sobrela violencia. Una forma distinta de medir la asi-metría que tomara en cuenta las diferencias en-tre “lo que pienso de mí” y “lo que pienso delos demás” podría llevar a reconsiderar ese últi-mo lugar.

Otras conclusiones

Los resultados y las reflexiones que se han ex-puesto se refieren, en primera instancia, a la po-

est

ud

ios

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[25]

blación de jóvenes escolarizados de Bogotá. Sinembargo, tal vez puedan ayudar a comprender lacoexistencia de violencia y transacción en Co-lombia, un país de constituciones y de guerrascapaz de grandes acuerdos frente a la violencia(como la Constitución del 86 o el Frente Nacio-nal), y en el cual, desde las guerras del siglo XIX,se estableció la creencia de que todo es negocia-ble. No obstante, no todo vale y no todo resultanegociable. Afortunadamente, hoy en día la hu-manidad ayuda a fijar límites a las consecuenciasmás graves de lo que hemos llamado las tres in-gratitudes y las tres impunidades ante las normaslegales, morales y culturales. Lo hace a través delconocimiento y del reconocimiento, del arte y laeducación. Lo hace a través de Naciones Unidas,de los convenios que éstas promueven, de meca-nismos como la Corte Penal Internacional, de lasorganizaciones que hacen seguimiento a Dere-chos Humanos, y de la opinión pública mundial.Para poner fin al llamado pactismo sin regla, escrucial o que el límite se nos imponga por lafuerza o que el límite nos lo impongamos desdeadentro democráticamente. En efecto, ante laexpectativa de perdón y olvido sin condiciones,todo se vuelve negociable (incluido el orden le-gal), y el único criterio para regular los mediosutilizables es que éstos efectivamente alcancen elobjetivo propuesto. De esta manera, “cada partese declara su propio juez” y su propio legislador.En este sentido, el límite democrático (no totali-tario) a medios y fines sólo lo puede establecer

un “deseo de República” masivo y pacífico, quebuscaría establecer una “legalidad republicana”,unos poderes legislativo y judicial independien-tes ante los cuales todos aceptamos comparecer(Jean-François Lyotard en comunicación perso-nal referida a Colombia).

Tal vez la democratización del acceso a educa-ción de calidad, que también ayuda a reconocer-nos más como parte de la humanidad, nosfacilitará una mejor complementariedad, necesa-ria para una mejor convivencia, entre reglas for-males –básicamente la ley– e informales –culturay moral–. Sin embargo, esa educación debeapuntar de manera deliberada y manifiesta aconstruir convivencia, y para ello debe asumirexplícitamente temas, tensiones y procedimien-tos como los involucrados en las siete guías pro-puestas para reducir violencia y aumentarconvivencia:

Acatar la ley por encima de la utilidad inme-diata y la costumbre

Usar procedimientos democráticos cuando hayque resolver contradicciones entre ley y moral

Admirar los avances de la ley colombiana,apreciar las normas y acatar la ley aun contraconvicciones morales

Celebrar y cumplir acuerdos y repararlosTolerar la diversidadSeguir normas culturales compatibles con la

ley y realizar y cuidar acuerdos conformes a la leyReconocer(se en) el otro como sujeto legal,

sujeto moral y sujeto cultural.

Fecha de recepción: 01.10.2002Fecha de aprobación: 01.01.2003

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[26]

la literatura sobre partidos políticosreconoce que la división étnica es aquella que conmás probabilidad genera partidos políticos yarticula la competencia electoral en sociedadesmultiétnicas. Entre mayor sea la diversidad socialy cultural de una sociedad, mayor será el númerode partidos necesarios para llenar las necesidadesde representación1. Aun así, a pesar de ladiversidad étnica y racial de Latinoamérica, hastala década de los noventa, los partidos políticosorganizados alrededor de una etnia eran escasosen la región. De los pocos que se habían formado,ninguno gozaba de un éxito electoral sostenido, ode un mayor impacto en el sistema de partidos oen la representación de su electorado en lapolítica formal2. Dada la persistencia de fuertesidentidades indígenas después de la extensióntotal del sufragio en las sociedades multiétnicaslatinoamericanas, y la existencia en muchos paísesde la región de estructuras de organizaciónindígena a nivel regional e incluso nacional,llamaba la atención la ausencia de partidosétnicos.

El surgimiento repentino de partidos políticosindígenas en algunos países latinoamericanos en ladécada de los noventa es igualmente curioso. Cons-taté este fenómeno mientras conducía una investi-gación sobre la reforma constitucional y losderechos indígenas en Bolivia, Colombia, Ecuadory Venezuela durante la última década. En los cua-tro países, los movimientos sociales indígenas for-maron partidos políticos siguiendo la codificaciónde derechos constitucionales especiales para comu-nidades indígenas o los cambios en las leyes electo-

Donna Lee Van Cott**Profesora asistente del Departamento de

Ciencia Política de la Universidad de Tennessee.

1 Harmel, Robert y Robertson, John D. “Formationand Success of New Parties: A Cross-NationalAnalysis”. En: International Political Science Review.Vol. 6, No. 4, 1985, p. 503.

2 Stavenhagen, Rodolfo. “Challenging the Nation-State in Latin America”. En: Journal ofInternational Affairs. Vol. 34, No. 2, 1992, p. 434.

* Una versión de este artículo será publicada en Latin AmericanPolitics and Society. Traducido por Beatriz Maldonado.

** Deseo agradecer a Johanna Kristin Birnir, Andrew Crain,Dieter Heinen y José E. Molina V. por su generosa ayuda para laadquisición de los datos y materiales necesarios para este proyecto, y aRaúl Barrios, Brian Crisp, Miguel García, Kevin Healy y Mark P.Jones por sus comentarios a versiones previas de este artículo. Lainvestigación en Colombia y Bolivia comenzó en 1997 como parte deuna beca de disertación doctoral. Las investigaciones en Ecuador yVenezuela se realizaron en 1999 y 2000, respectivamente, y fueronapoyadas por el Premio de Desarrollo Profesional de la Universidadde Tennessee. La investigación de 2001 en Bolivia se hizo gracias aun premio de la Fundación Cordell Hull de la Universidad deTennessee.

Cambioinstitucional ypartidos étnicosen Suramérica*

ISSN

012

1-47

05an

álıs

ıs p

olítı

co n

º 48,

Bog

otá,

ene

ro-a

bril

2003

: pág

s. 2

6-51

est

ud

ios

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[27]

rales que disminuyeron las barreras para entrar alsistema de partidos políticos (véase cuadro 1).

En este artículo pretendo analizar por qué losindígenas formaron partidos políticos en la déca-da de los noventa, y por qué algunos de estospartidos políticos han sido electoralmente via-bles. Estas son preguntas de investigación dife-rentes, ya que no podemos asumir que lascondiciones necesarias para la formación departidos y la viabilidad electoral son las mismas3.Partidos con perspectivas pobres de éxito electo-ral se pueden formar para ganar atención en unasunto político o proveer una plataforma parauna personalidad particular4. Sin embargo, exis-te alguna relación entre formación y viabilidad,puesto que la decisión de gastar los recursosnecesarios para fundar un partido implica uncálculo del resultado electoral probable. Laspreguntas teóricas más amplias que iluminan lainvestigación son: ¿En qué condiciones se for-man, se fortalecen y tienen éxito los partidospolíticos? y ¿En qué condiciones emerge unanueva división en un sistema de partidos?

Defino “partido étnico” como una organizaciónautorizada para participar en las elecciones localeso nacionales, cuyos líderes y miembros en su mayo-ría se identifican a sí mismos como parte de un

grupo étnico no gobernante, y cuya plataformaelectoral incluye demandas y programas de natura-leza étnica o cultural. Aunque uso el término másamplio “partido étnico” para relacionar mi investi-gación con la literatura sobre partidos étnicos, esteestudio se concentra en partidos basados en unaidentidad étnica “indígena”, como ese término seentiende en América. No quiero decir que el com-portamiento político de los indígenas difiera enalguna forma de aquel de otros grupos étnicos nodominantes. Mi definición incluye a entidades quese llaman a sí mismas “movimientos políticos” paradistanciarse retóricamente de las connotacionesnegativas asociadas con los partidos políticos en sussociedades, pero que de cualquier otra maneracumplen la definición. También incluyo partidosque incorporan candidatos no indígenas y formanalianzas electorales con movimientos sociales noindígenas, siempre que los derechos y el reconoci-miento étnico continúen siendo una parte central dela plataforma del partido, y los indígenas constituyanal menos la mitad del liderazgo del mismo. Excluyode esta categoría los partidos formados como clientesdependientes de partidos no indígenas.

Defino “formación de un partido” como el registrolegal de un partido político o movimiento y suparticipación en dos elecciones consecutivas. El

CUADRO 1PARTIDOS ÉTNICOS VIABLES ELECTORALMENTE

País % Ind íg ena* Par t idos

Argentina (1,1%) Ninguno

Bolivia (50,51%) Movimiento Revolucionario Tupaj Katari de Liberación (MRTKL), 1985

Asamblea de la Soberanía del Pueblo (ASP), 1995, usa el registro válido de la Izquierda Unida por difi cultades con su registro.

Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP), 1999, parte de la ASP, utiliza el registro válido del Movimiento Al Socialismo.

Colombia (2,7%) Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el movimiento social indígena más grande del país, fundado en 1982. Participó en 1990 en las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente y en las elecciones nacionales de 1991. Se retiró de la política electoral en 1993.

Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), creado como un movimiento social en 1977 bajo un nombre diferente. Participó por primera vez en 1990 en las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente.

Alianza Social Indígena (ASI), creada por el Consejo Regional Indígena del Cauca en 1991.

Movimiento Indígena Colombiano (MIC), 1993. Formado para asegurar la reelección del senador de la ONIC para el período 1991-1994 después de que la ONIC se retirara de la competencia electoral.

Ecuador (24,85%) Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP), creado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador en 1995.

Perú (38,39%) Ninguno

Venezuela (1,48%) Pueblo Unido Multiétnico de Amazonas (Puama), creado por la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas en 1997.

3 Harmel, Robert y Robertson, John D. Ob. cit., p. 502.4 Ídem., p. 507.

* Todos los datos, excepto los de Colombia, son de Deruyttere, Anne. Indigenous Peoples and Sustainable Development. The Role of the Inter-American DevelopmentBank. Washington: Inter-American Development Bank, 1997. Estos datos pueden ser considerados estimaciones conservadoras. Los datos colombianos sondel censo de 1993.

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[28]

requerimiento de dos elecciones consecutivas con-nota la intención de formar una organización polí-tica fuerte, y no una alianza electoral temporal.

Entiendo “viabilidad electoral” como la habilidaddemostrada de un partido político para ganar unacurul en dos elecciones consecutivas a cualquiernivel de gobierno (municipal, regional, nacional).Adicionalmente, un partido viable electoralmentedebe obtener un número suficiente de votos paramantener su registro.

Ha habido muy poca investigación comparativasobre los nuevos partidos étnicos en Latinoamé-rica, a pesar del intenso interés que actualmenteexiste entre los politólogos en relación con lapobre representación de los partidos latinoameri-canos y la débil institucionalización de los sistemaspartidistas en la región5. Existen algunos estudiosmonográficos sobre partidos o países indi-viduales. Ecuador, que tiene el partido indígenacon el más asombroso éxito electoral, es el casoque ha recibido la mayor atención de los ana-listas6. En Colombia el trabajo ha sido llevado acabo principalmente por antropólogos, más quepor politólogos. Los antropólogos bolivianos hanpublicado investigaciones descriptivas e inter-pretativas de los nuevos partidos indígenas y lasnuevas alianzas entre candidatos indígenas ypartidos no indígenas7. Dos nuevas disertaciones

en ciencia política comparan la actividad políticaindígena en Bolivia y Ecuador, y estos estudioscentran su atención en los nuevos partidos políti-cos como parte de un interés más amplio sobrerepresentación y movimientos sociales8. Una ter-cera disertación vincula el clientelismo con elsurgimiento de nuevos partidos relacionados conmovimientos indígenas en Bolivia y Ecuador9. Unestudio comparativo del impacto de las diferen-cias étnicas en los sistemas de partidos en AméricaLatina –como parte de un mayor esfuerzo porentender cómo las divisiones de la sociedad deter-minan la evolución de partidos políticos– fueterminado hace varios años10.

Este artículo es un intento inicial por organizarlos datos empíricos e investigar este fenómeno.Primero explico el diseño de mi investigación, laselección de casos y expongo mis hipótesis preli-minares. Luego, presento mis hallazgos respectoal impacto del cambio institucional en la emer-gencia y viabilidad electoral de los partidosétnicos. Finalmente, breves estudios de caso sobreBolivia y Colombia ilustran el impacto de un cam-bio institucional.

E L D I S E Ñ O D E L A I N V E S T I G AC I Ó N

Esta investigación es una “comparación centra-da en la estructura” de seis casos11, con el objetivo

5 Véase por ejemplo: Canton, Santiago. Partidos políticos en las Américas: desafíos y estrategias. Washington: NationalDemocratic Institute, 1995; Coppedge, Michael. “The Evolution of Latin American Party Systems”. EnMainwaring, Scott y Valenzuela, Arturo (editores). Politics, Society and Democracy: Latin America. Boulder:Westview Press, 1998; Mainwaring, Scott. Rethinking Party Systems in the Third Wave of Democratization: The Case ofBrazil. Stanford: Stanford University Press, 1999; Mainwaring, Scott y Timothy Scully (editors). BuildingDemocratic Institutions: Party Systems in Latin America. Stanford: Stanford University Press, 1995; Roberts,Kenneth M. y Erik Wibbels. “Party Systems and Electoral Volatility in Latin America: A test of Economic,Institutional, and Structural Explanations”. En: American Political Science Review Vol. 93. No. 3, 1999.

6 Andolina, Robert. Colonial Legacies and Plurinational Imaginaries: Indigenous Movement Politics in Ecuador andBolivia. Disertación doctoral. University of Minnesota,1999; Beck, Scott H. y Kenneth J. Mijeski. “Barricadesand Ballots: Ecuador’s Indians and the Pachakutik Political Movement”. En: Ecuadorian Studies, septiembre de2001; Collins, Jennifer N. “Opening Up Electoral Politics: Political Crisis and the Rise of Pachakutik”.Ponencia presentada para el congreso de LASA. Washington, DC., 2001; Selverston-Scher, Melina. Ethnopoliticsin Ecuador: Indigenous Rights and the Strengthening of Democracy. Miami: North-South Center Press, 2001.

7 Albó, Xavier. “And from Kataristas to MNRistas? The Surprising and Bold Alliance between Aymaras andNeoliberals in Bolivia”. En: Van Cott, Donna Lee (editora). Indigenous Peoples and Democracy in Latin America.Nueva York: St. Martin’s Press, 1994; Varios autores. Indígenas en el poder local. La Paz: Ministerio de DesarrolloHumano, Secretaría Nacional de Participación Popular, 1997.

8 Andolina, Robert. Ob. cit. Lucero, José Antonio. “Arts of Unification: Political Representation and IndigenousMovements in Bolivia and Ecuador.” Disertación doctoral, Universidad de Princeton, 2002.

9 Collins, Jennifer N. Disertación doctoral en progreso. Departamento de Ciencia Política, Universidad deCalifornia, San Diego.

10 Coppedge, Michael. “District Magnitude, Economic Performance, and Party-system Fragmentation in FiveLatin American Countries”. En: Comparative Political Studies. Vol. 30. No. 2, 1997.

11 King, Gary, Robert O. Keohane y Sidney Verba. Designing Social Inquiry: Scientific inference in Qualitative Research.Princeton: Princeton University Press, 1994, p. 107.

est

ud

ios

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[29]

de evitar el dilema entre la investigación macro deN grande –desprovista de matices contextualespara cada sistema político individual–, y la deestudios de caso individuales, –que permite expli-car la unicidad de un caso pero que falla al de-mostrar proposiciones teóricas generalizablespara más de un caso. Fue seleccionado cuidadosa-mente un conjunto de casos que incluye variosresultados de la variable dependiente, controlan-do la variación en el tamaño proporcional de lapoblación indígena. Los casos son seis sistemaspolíticos, cada uno de los cuales constituye unambiente político único donde se pueden o noformar partidos étnicos, y en caso de que surjanpartidos étnicos, éstos pueden o no ser viableselectoralmente. Cada caso produce entonces unasola variable dependiente que puede tener unode tres valores: (1) formación de partido no étni-co, (2) formación de partido étnico no viableelectoralmente, o (3) formación de partido étnicoviable electoralmente12.

Necesitaba limitar los casos de estudio porqueel entendimiento de la emergencia de partidosindígenas requiere un intenso trabajo de campo.Aunque hubiera sido relativamente fácil compi-lar información acerca del cambio institucionalpara los 13 países latinoamericanos con poblacio-nes indígenas mayores al 1%, hubiera sido nece-sario conducir investigaciones de campo en lamayoría de ellos para asegurar el valor de la va-riable dependiente, dado que algunos partidosétnicos importantes están activos únicamente anivel regional o local y sus resultados no hubie-sen aparecido en la literatura secundaria sobrecada país o en las varias bases de datos compila-das sobre resultados electorales para los comiciosnacionales. Adicionalmente, sin trabajo de cam-po sería difícil distinguir los partidos cuyas basesson movimientos sociales indígenas de aquelloscreados por y dependientes de partidos cliente-listas no indígenas, o aquellos cuyas plataformasno tienen ningún contenido étnico pero usannombres indígenas para atraer votantes de esteorigen. Entonces, incluir todos los casos no hu-biera sido práctico. En cualquier caso, en lasinvestigaciones de ciencias sociales no es necesa-rio incluir todos los casos de un universo si pue-

de seleccionarse una muestra representativa.En primer término, la selección incluyó los

casos en los que se habían formado partidosétnicos electoralmente viables: Bolivia, Colombia,Ecuador y Venezuela. Posteriormente se elimina-ron aquellos países en los que la población indíge-na es menor al 1% de la población total (Brasil yUruguay); y donde había menos de diez años dehistoria de gobierno democrático (Paraguay); estobuscaba permitir un análisis del sistema partidos yde los cambios en las leyes electorales a través deltiempo. Adicionalmente a los cuatro casos selec-cionados, quedaban Argentina, Chile y Perú. Sebuscaba observar la ausencia de partidos étnicoselectoralmente viables en los tres casos. Perú fueincluido en la muestra para analizar un caso don-de la población indígena es proporcionalmentesignificativa pero sin partidos étnicoselectoralmente viables. Esto dejaba dos casos conpoblaciones indígenas pequeñas en los que apa-rentemente la variable dependiente sería negati-va. Finalmente fue incluido el caso argentinosobre el chileno por varias razones: (1) Argentinaes un sistema federal, lo cual permite observar elpapel de medidas descentralizadoras sobre laemergencia de nuevos partidos; (2) en 1994 tuvolugar una profunda reforma constitucional en laque se introdujeron reformas que afectaban a losindígenas; y (3) en Argentina existen partidosprovinciales, los cuales sospecho que son un vehí-culo electoral potencialmente importante para lospueblos indígenas que se encuentrangeográficamente concentrados. Chile, en contras-te, tiene el período de gobierno democrático máscorto después de 1980 y una estructura constitu-cional rígida impuesta por el saliente régimen dePinochet, lo cual limita el grado en el que se pue-den observar los efectos de un cambioinstitucional en la formación de partidos. Poste-riormente, se confirmó que la selección era co-rrecta, ya que una coalición multipartidista de losindígenas Mapuche estaba compitiendo en laselecciones nacionales por lo menos desde 199313.

Estos seis casos proveen una diversa muestra delos países suramericanos donde los indígenasestán políticamente organizados, donde en laúltima década han tenido lugar reformas

12 La excepción a esta regla se presenta si hay una variación significativa dentro de un sistema político: esto es,por ejemplo, si la magnitud del distrito o la circunscripción electoral (el número de curules disponibles en undistrito electoral) o la concentración geográfica de la población indígena varía significativamente dentro deun país en particular, se pueden formar partidos étnicos o llegar a ser electoralmente viables en unacircunscripción pero no en otra.

13 FBIS-LAT-93-081, 20 de abril de 1993, p. 31.

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[30]

institucionales significativas, y ha habido múltipleselecciones. Tres países en la muestra tienen siste-mas federales o cuasi-federales (Argentina, Co-lombia14, Venezuela), y los tres sistemas unitariosde la muestra (Bolivia, Ecuador, Perú) experimen-taron reformas descentralizadoras o centralizado-ras durante la década de los noventa, lo quepermite observar el impacto de los cambios en laestructura del Estado sobre la variable dependien-te. La muestra también incluye una amplia varie-dad de sistemas partidarios: dos casos en los quelos partidos tradicionales colapsaron en la décadade los noventa (Perú, Venezuela), dos célebrespor su extrema fragmentación desde su transiciónhacia la democracia (Bolivia, Ecuador), y dos consistemas con dos partidos dominantes (Argentina,Colombia). Finalmente, la muestra incluye casoscon variación en la variable dependiente: en Boli-via, Colombia, Ecuador y Venezuela los partidosétnicos probaron ser electoralmente viables; enArgentina y Perú se han formado recientementepartidos indígenas regionales, o facciones dentrode los partidos, pero aún tienen que lograr unaviabilidad electoral15.

Los casos en la muestra pueden dividirse endos subconjuntos para mantener constante eltamaño de la población indígena, variable poten-cialmente importante en el estudio (cuadro 1).Esto facilita la observación de cómo el tamañoproporcional de la población indígena puedeafectar: (1) el diseño de sistemas electorales, (2)los requerimientos para el registro de partidos,(3) la capacidad de las poblaciones indígenas paramovilizarse, (4) la propensión de los no indígenaspara votar por partidos indígenas, y (5) la proba-bilidad de que las elites políticas no indigenistaspuedan promulgar reformas que den ventajaselectorales a la población indígena. Argentina,Colombia y Venezuela tienen poblaciones indíge-nas pequeñas. Estos países son federales o cuasi-federales y tradicionalmente han tenido unsistema de dos partidos dominantes. El hecho deque dos de los casos obtuvieran un puntaje positi-vo en las variables dependientes y un caso obtuvie-ra un puntaje negativo, nos permite examinar másde cerca el impacto de las reglas electorales y de

registro de partidos. De manera similar, los trescasos restantes constituyen un subconjunto dondelas poblaciones indígenas son de tamaño significa-tivo, los sistemas políticos son unitarios, sus siste-mas de partidos son fragmentados y volátiles, y enlos que las variables dependientes fueron positivasen dos casos y negativas en el tercero.

Este estudio abarca el período de 1980 a 2002.Éste incluye elecciones nacionales y subnacionalesen los seis casos. Colombia y Venezuela tuvieronelecciones competitivas durante todo el período;Argentina y Bolivia las reanudaron en 1983 y1980-1982, respectivamente; y Ecuador y Perú lohicieron en 1979 y 1980, respectivamente. Lareanudación de las elecciones es un punto departida particularmente importante para Ecuadory Perú, pues coincide con la eliminación de re-querimientos de alfabetismo para votar, situaciónque permitió el ejercicio del voto a la mayoría dela población indígena.

L A S H I P Ó T E S I S

Existen dos maneras de observar la formaciónde partidos étnicos en la década de los noventa.Se puede (1) asumir, como lo hace la literatura,que los partidos políticos se forman automá-ticamente alrededor de las divisiones étnicas16, o(2) asumir que los partidos étnicos se formancuando los actores políticos toman decisionesestratégicas de hacerlo. Propongo modelos alter-nativos derivados de cada suposición.

Si se asume que los partidos étnicos se formanautomáticamente, en ausencia de partidos étnicosse deberían buscar barreras formales o informalesque puedan haber impedido la aparición de parti-dos políticos indígenas. Posteriormente se busca-ría la remoción (o no) de esas barreras y si de estose sigue la formación de partidos étnicoselectoralmente viables. Dos tipos de barreras cons-tituyen probables variables independientes: (1)cambios institucionales, por ejemplo, cambios enprovisiones constitucionales, leyes y reglas queestructuran el sistema político, particularmente elsistema electoral, y (2) cambios en el sistema departidos que reducen significativamente las barre-ras a los nuevos competidores.

14 Colombia es técnicamente un Estado “unitario y descentralizado”, pero se puede calificar de cuasi-federalporque los gobernadores de los departamentos son elegidos popularmente en lugar de ser asignados (comoen la mayoría de los estados unitarios), y las asambleas departamentales tienen algunos poderes legislativos.

15 Debo anotar que descubrí la formación de partidos indígenas en Argentina y Perú sólo después de que estoscasos fueron seleccionados para el estudio.

16 Harmel, Robert y Robertson, John D. Ob. cit., p. 503; Horowitz, Donald L. Ethnic Groups in Conflict. Berkeley:University of California Press, 1985, pp. 293-294.

est

ud

ios

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[31]

Desde otra perspectiva, se puede asumir quelos partidos étnicos no son el resultado natural yautomático de la existencia de divisiones étnicasen una sociedad. En ausencia de barrerasinstitucionales para la formación de partidos o unsistema de partidos “congelado”17, no se podríadar por sentado que los partidos étnicos se forma-rán automáticamente. La formación de partidospuede requerir que los actores políticos tomenuna decisión intencional y estratégica, lo quepuede ocurrir sólo en condiciones particulares.Los cambios en las reglas electorales y los sistemasde partidos pueden ser variables intervinientes, oincluso condiciones necesarias para la formación yviabilidad de los partidos, pero pueden ser insufi-cientes para explicar las variables dependientes.Con base en esta suposición, se podría recurrir ala literatura sobre movimientos sociales para exa-minar los cambios en el ambiente político o den-tro de los mismos movimientos sociales, quepuedan hacerlos decidirse a formar un partidopolítico, y que les pueden dar una mayor probabi-lidad de ser electoralmente viables. El análisis delos movimientos sociales es crucial para el totalentendimiento de la formación de partidosétnicos porque ésta siempre estuvo antecedidapor un nivel de organización política y de movili-zación sin precedentes de los movimientos indíge-nas; los partidos más exitosos fueron movimientossociales que participaron en elecciones, o partidosque mantuvieron fuertes lazos con su movimientosocial “paternal”.

Se espera que las cuatro variables independien-tes –cambio institucional, cambio en el sistema departidos, cambios en la estructura de oportunidadpolítica externa a los movimientos sociales, y fac-tores internos de los partidos mismos– sean im-portantes en la explicación de la formación y laviabilidad electoral de los partidos étnicos. En esteartículo se formulan y demuestran hipótesis rela-cionadas con la primera variable –cambioinstitucional–, basadas en una revisión de la litera-tura comparativa de las instituciones electorales y

en la investigación preliminar en los seis casos deestudio.

Impacto hipotético del cambio institucional

Los enfoques histórico-institucionales demues-tran cómo la “estabilidad de ciertos tipos de insti-tuciones efectivamente restringen el rango de losresultados de la variable dependiente”18. Las insti-tuciones electorales crean una estructura subya-cente que “soporta y restringe la evolución de lossistemas de partidos”, y que explica en parte lavariación entre los sistemas de partidos en dife-rentes países19. Como argumenta Coppedge, estaestructura “nunca explicará por completo losresultados…, pero es una parte indispensable delpanorama”20.

En los siguientes párrafos presentaré las refor-mas institucionales que, según la literatura acercade sistemas electorales y partidos políticos, debe-rían reducir las barreras para la formación denuevos partidos, partidos “desafiantes”, o partidosétnicos minoritarios. Las reformas que reducenlas barreras para los partidos nuevos y “desafian-tes” deben alentar a los partidos étnicos, quecaben dentro de esta categoría. Especificarécuándo los cambios considerados son particular-mente relevantes para los partidos étnicos. En estepunto del desarrollo de la teoría, no se sabe enqué medida pueda ser generalizable a partidosnuevos no étnicos u otros tipos de divisiones ofracturas sociales.

Representación proporcional

Los sistemas electorales de representaciónproporcional tienen una mayor probabilidad dealentar la formación y asegurar el éxito de nuevospartidos. La introducción de la representaciónproporcional remueve las barreras de entrada alsistema partidista creando un cálculo de votocontra curul más proporcional y dándole a losvotantes más opciones21. En contraste, los sistemasde distritos uninominales tienden a producir unsistema bipartidista dificultando la formación de

17 Lipset, Seymour Martin y Stein Rokkan. Party Systems and Voter Alignments. Cross-National Perspectives. NuevaYork: The Free Press, 1967, p. 50; Mair, Peter. Party System Change. Approaches and Interpretations. Oxford:Clarendon Press,1997, pp. 13-14.

18 Lieberman, Evan S. “Causal Inference in Historical Institutional Analysis”. En: Comparative Political Studies.Vol. 34, No. 9, 2001, p. 1015.

19 Coppedge, Michael. Ob. cit., p. 184.20 Idem.21 Sartori, Giovanni. “The Influence of Electoral Systems: Faulty Laws or Faulty Method?”. En: Grofman,

Bernard y Lijphart, Arend (editores). Electoral Laws and Their Political Consequences. Nueva York: AgathonPress, 1986 (segunda edición, 1994), p. 58.

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[32]

nuevos partidos22. La proporcionalidad es particu-larmente importante para minorías “que tiendena verse severamente sub-representadas o excluidaspor los sistemas sin representación proporcio-nal”23. Adicionalmente, la representación propor-cional, en tanto ofrece menores barreras para quelos partidos pequeños alcancen curules, tiende aestimular la institucionalización de partidos políti-cos anti-establecimiento, que son la mayoría de lospartidos étnicos nuevos24. Finalmente, la presiónpara cambiar hacia un sistema de representaciónproporcional tiende a presentarse después delsurgimiento de nuevas dimensiones problemáticaso de la fragmentación de los partidos25.

Menores umbrales para la representación

Para articular un nuevo “umbral de represen-tación” suelen combinarse tres tipos de reglaselectorales: la fórmula de asignación de curules,el umbral para la asignación de las mismas y lamagnitud del distrito26. Las fórmulas de asigna-ción que adjudican las curules a los partidos queganen pequeñas porciones de los votos debencorrelacionar con la formación y la viabilidadelectoral de los nuevos partidos. Por el contrario,las fórmulas que favorecen a los partidos másgrandes deberían inhibir la formación y la viabi-lidad electoral de partidos nuevos. De acuerdocon Lijphart, existe un consenso en la literaturaen torno a que es la fórmula D’Hondt aquellaque tiende a favorecer los partidos más grandes ya ser menos proporcional que las otras fórmulaselectorales usadas bajo la representación propor-cional. El método D’Hondt es una “fórmula depromedios altos” que “adjudica las curulessecuencialmente a los partidos que tengan un

promedio mayor de número de votos por curulhasta que todas las curules sean asignadas. Cadavez que un partido recibe una curul, su prome-dio disminuye”27. En comparación, la fórmuladel cuociente y el mayor residuo tiende a tratarpor igual a los partidos grandes y pequeños, ypor tanto, provee un resultado más proporcio-nal. El método Sainte-Lague en tanto es unafórmula de promedios mayores, tiende a produ-cir un resultado más cercano al de la fórmula delcuociente y el mayor residuo en términos deproporcionalidad28.

Los umbrales se refieren a los requerimientosmínimos de votos para la asignación de curules, yusualmente se basan en cuotas nacionales de vo-tos29. Si asumimos que los nuevos partidos ten-drán votaciones relativamente pequeñas,umbrales menores les permitirán tener acceso alpoder político y a los recursos que podrán serusados para aumentar su votación en las siguien-tes elecciones.

En un estudio sobre 62 elecciones entre1914-1955 en Argentina, Bolivia, Colombia,Perú y Venezuela, Coppedge encontró que ni lafórmula electoral, ni el umbral de votos paracompetir por una curul, ni las firmas requeridaspara registrar un partido, ni el porcentaje devotos requeridos para mantener el registro deun partido, tenían un impacto independientesobre el número efectivo de curules por parti-do, –controlando el número efectivo de votospor partido30. Esta investigación encontró quela magnitud del distrito (MD) era la “única ins-titución electoral que ejercía un impactodistinguible y separado sobre la fragmentación[de los sistemas partidistas]”31. La magnitud del

22 Lijphard, Arend. “Proportionality by Non-PR Methods: Ethnic Representation in Belgium, Cyprus, Lebanon,New Zealand, West Germany, and Zimbabwe”. En: Grofman, Bernard y Arend Lijphart. Ob. cit., p. 113.

23 Ídem., p. 113; véase también: Mozaffar, Shaheen. “Electoral Systems and their Political Effects in Africa: APreliminary Analysis”. En: Representation. Vol. 34 No. 3 y 4, p. 149.

24 Schedler, Andreas. “Anti-political-establishment Parties”. En: Party Politics Vol. 2. No. 3, p. 305.25 Taagepera, Rein y Matthew Soberg Shugart. Seats and Votes: The Effects and Determinants of Electoral Systems. New

Haven: Yale University Press, 1989, p. 150.26 Agradezco a Mark P. Jones por su sugerencia de combinar estos elementos.27 Birnir, Jóhanna Kristín. The Effect of Institutional Exclusion on Stabilization of Party Systems in Bolivia, Ecuador and

Peru. Documento presentado en el XXII Congreso internacional de Latin American Studies Association.Miami, Florida, marzo 16-18, 2000, p.15.

28 Lijphart, Arend. “Degrees of Proportionality of Proportional Representation Formulas”. En: Grofman,Bernard y Arend Lijphart (editores). Electoral Laws and Their Political Consequences. New York: Agathon Press,1986, pp. 173-175.

29 Taagepera, Rein y Matthew Soberg Shugart. Ob. cit., p. 133.30 Coppedge, Michael.Ob. cit.31 Ídem.

est

ud

ios

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[33]

distrito tiene efectos mecánicos y psicológicos. Elefecto mecánico se refiere a que entre más gran-de sea la magnitud del distrito, la traducción devotos en curules será mas proporcional. Distritosgrandes ayudan a los partidos de oposición, pueséstos no tienen que obtener una mayoría relativapara ganar curules32. Psicológicamente, los distri-tos electorales pequeños desalientan a los votan-tes de “gastar” sus votos por partidos que tenganuna menor probabilidad de ganar una curul33.

El grado en el que los partidos pequeñosson ayudados por una determinada fórmula deasignación de curules depende de la magnituddel distrito y del tamaño de los divisores yresiduos usados en la fórmula de asignación34.Por su parte, el impacto de la magnitud deldistrito depende de si el sistema es mayoritarioo de representación proporcional. Bajo la re-presentación proporcional, a mayor magnituddel distrito la distribución de votos será másproporcional y, por tanto, el sistema favorecerála formación y viabilidad electoral de nuevospartidos. Bajo el sistema mayoritario, unamagnitud del distrito creciente disminuye laproporcionalidad35. Así la magnitud deldistrito o circunscripción electoral es decisiva,porque “tiene un impacto sobre laproporcionalidad más fuerte que cualquierotro factor”36.

Coppedge encontró que se requiere uncambio significativo en la magnitud de la cir-cunscripción para aumentar el númeroefectivo de partidos por curul en tan sólo unpartido. De acuerdo con su regresiónestadística, una circunscripción promediodebería incrementarse en 58,8 curules paratener tal efecto. Este aumento estuvo presenteen sólo tres de las 62 observaciones de su estu-dio. Basado en este hallazgo, Coppedge con-cluyó que los cambios en la magnitud del

distrito electoral suficientemente significativospara afectar el número de partidos son muyescasos. Sin embargo, los datos de Coppedgeincluían sólo la Cámara de Diputados y laselecciones de Asamblea Constituyente, y elperíodo observación iba sólo hasta 1995. En-tonces, sus datos no incluían por lo menoscuatro casos adicionales de cambiosimportantes en el tamaño de los distritos elec-torales ocurridos después de 1995 o en laselecciones para el Senado37.

Las elecciones de Asamblea Constituyente sonparticularmente importantes para observar laconexión entre los cambios institucionales y losde los sistemas de partidos. Las asambleas consti-tuyentes se eligen típicamente en distritos nacio-nales individuales de más de 70 miembros.Entonces, los partidos más pequeños, e inclusoen algunos casos organizaciones de la sociedadcivil, pueden asegurar su representación en laAsamblea Constituyente. El efecto recíproco,obviamente, es que la representación usual delos partidos más dominantes del sistema disminu-ya. Cinco de nuestros seis casos experimentaronasambleas constituyentes entre 1980 y 2002. Encuatro casos (Colombia, Ecuador, Perú y Vene-zuela), por diferentes razones, la representaciónde los principales partidos se vio reducida deforma inusitada, dándole a retadores y nuevospartidos una oportunidad para cambiar las leyeselectorales y para abrir el sistema a nuevas fuer-zas políticas.

Por las razones señaladas, la magnitud de lacircunscripción electoral es reconocida en la lite-ratura de partidos como la “variable institucionalcrítica que influye en la formación y manteni-miento de los partidos”38. El impacto de esta varia-ble puede ser particularmente importante paraexplicar la formación y viabilidad electoral de lospartidos étnicos. Basados en datos de democracias

32 Taagepera, Rein y Matthew Soberg Shugart. Ob. cit., p. 15.33 Ídem., p. 19.34 Ídem., pp. 29-35.35 Ídem., p. 19; Sartori, Giovanni. Ob. cit., p. 53.36 Taagepera, Rein y Matthew Soberg Shugart. Ob. cit., p. 112.37 Me refiero al cambio hacia una circunscripción nacional para el Senado que se hizo efectivo en Colombia

después de la reforma constitucional de 1991; las elecciones para la asamblea constituyente ecuatoriana de1997 y el subsiguiente aumento en el tamaño del legislativo unicameral ecuatoriano (de 82 a 121 curules), yel cambio a distritos de múltiples miembros en Perú en 2001.

38 Ordeshook, Peter y Olga V. Shvetsova. “Ethnic Heterogeneity, District Magnitude, and the Number ofParties”. En: American Journal of Political Science. Vol. 38, No. 1, 1994, p. 105.

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[34]

occidentales industrializadas, Ordeshook yShvetsova concluyen que “si el número efectivo degrupos étnicos es grande, los sistemas políticos sevuelven particularmente sensibles a la magnituddel distrito”39. La dificultad para observar el im-pacto de la magnitud de las circunscripciones anivel agregado es que el tamaño de éstas varía,algunas veces significativamente, dentro de lospaíses, y puede tener diferentes efectos en lasdistintas circunscripciones a lo largo del país. Lamagnitud del distrito electoral a menudo es másun reflejo de la densidad de la población en undistrito, que un esfuerzo consciente para afectar laformación de partidos40. Las variaciones en lamagnitud de las circunscripciones electoralesinteractúan con las variaciones en la dispersióngeográfica y la concentración de minorías étnicas.Donde las minorías son proporcionalmente máspequeñas y altamente dispersas, es más probableque alcancen curules en distritos con un mayornúmero de cupos; donde las minorías están con-centradas geográficamente, es más probable quealcancen curules en distritos que correspondancon las fronteras de sus patrones de asentamiento,que es donde pueden tener una mayoría numéri-ca. Las variaciones en la magnitud de las circuns-cripciones y en la concentración geográfica de lasminorías étnicas pueden generar distintas proba-bilidades de formación de partidos y de viabilidadelectoral de los mismos dentro de un país. Porejemplo, en Venezuela, donde los indígenas re-presentan menos del 2% de la población, un par-tido indígena ganó las elecciones paragobernador en el Estado de Amazonas, el cualtiene una población indígena cercana al 50%. Esmenos probable que los partidos indígenas seanexitosos en las elecciones nacionales o en otrosestados venezolanos donde la población indígenaes minúscula.

Los indígenas, como la mayoría de las mino-rías étnicas, típicamente no están distribuidosequilibradamente entre la población. En cambio,tienden a concentrarse geográficamente porquedeben ser suficientes numéricamente para cons-tituir una comunidad cultural auto-reproducida,y porque las minorías rodeadas por personasdiferentes a ellos, víctimas de discriminación,

prefieren establecerse en áreas donde su núme-ro sea mayor y los lazos de solidaridad los pue-dan proteger. Los indígenas, como muchas otrasminorías étnicas, sienten un particular apegohacia territorios específicos y prefieren estable-cerse en sus vecindades para proteger o llevar acabo antiguos reclamos territoriales. Finalmen-te, los Estados pueden crear leyes y normas querequieran o alienten a los indígenas a vivir enciertos lugares y no en otros. Por ejemplo, laConstitución de Colombia de 1991 exime a losindígenas de prestar servicio militar siempreque vivan en los resguardos o reservas constitu-cionalmente reconocidos.

Requisitos para acceder a la competencia

Dados los magros recursos financieros de laspoblaciones indígenas latinoamericanas, leyesde partidos políticos que pongan una alta cargafinanciera o logística para el registro de nuevasorganizaciones políticas inhiben la formaciónde partidos indígenas. Por el contrario, meno-res requerimientos para el registro y la inexis-tencia de castigos al bajo desempeño electoraldeben ayudar a los nuevos partidos.

Descentralización

Los sistemas políticos federales o altamentedescentralizados que permitan eleccioneslocales y regionales, probablemente genera-rán más partidos étnicos si las minoríasétnicas están concentradas geográficamente,particularmente donde los distritos han sidodiseñados para constituir mayorías étnicas.Harmel y Robertson encontraron que el desa-rrollo de los partidos regionales es más proba-ble en sistemas federales descentralizados41. Sepuede asumir entonces que los partidos nuevosserán más exitosos en países descentralizadosque en aquellos centralizados, porque tienen laoportunidad de desarrollarse en niveles geo-gráficos donde el costo de la formación de unpartido es más bajo; por ejemplo, los costosde transporte y publicidad son menores, senecesita una menor organización para montaruna campaña, se requieren menos firmas parainscribir los candidatos, etc. Como observan

39 Ídem., p. 122.40 Taagepera, Rein y Matthew Soberg Shugart. Ob. cit., p. 125.41 Harmel, Robert y Robertson, John D. Ob. cit., p. 207; Hauss, C. y D. Rayside. “The Development of New

Parties in Western Democracies since 1945”. En: L. Maisel y J. Cooper (editores). Political Parties: Developmentand Decay. Beverly Hills. CA: Sage. 1978, pp. 31-57.

est

ud

ios

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[35]

Dalton, Flanagan y Beck, “[un] partido polí-tico podrá ganar primero eleccionessubnacionales donde su fuerza se vea con-centrada, y esas bases puedan proveer la in-fraestructura para una acción políticafutura”42.

Los grupos étnicos de países donde estaspoblaciones son pequeñas, están particularmen-te predispuestos a beneficiarse de las eleccioneslocales y regionales porque usualmente estánconcentrados geográficamente, creando distri-tos locales y regionales en los que pueden obte-ner una mayoría. Una vez que los partidos seestablecen a nivel local o regional, podráproyectarse a nivel nacional. Adicionalmente, laseparación de las elecciones para que loscomicios locales y regionales se lleven a caboen fechas distintas a las nacionales, puede re-ducir las ventajas electorales de los grandespartidos y, por tanto, favorecer a los nuevoscompetidores.

Curules reservadas para listas

electorales de carácter étnico

Lijphart argumenta que la creación de cir-cunscripciones electorales con criterios étnicosmás que geográficos es la manera más simplede garantizar la representación étnica. Normal-mente esto implica la postulación de listasétnicas; éstas existen en Chipre, Nueva Zelanday Zimbabwe43.

A partir de la revisión de la literatura sobrepartidos políticos es posible formular las si-guientes seis hipótesis:

H(1) Un tránsito hacia la representaciónproporcional estará seguido por la formación yviabilidad electoral de partidos étnicos.

H(2) Un tránsito hacia una fórmula electoralmás proporcional estará seguido por la forma-ción y viabilidad electoral de partidos étnicos.

H(3) Una reducción en los requerimientospara el registro de partidos políticos estará se-guida por la formación de partidos étnicos.

H(4) Un aumento de la magnitud de las cir-cunscripciones electorales en sistemas de repre-

42 Dalton, Russel J., Scott C. Flanagan y Paul Allen Beck. “Political Forces and Partisan Change”. En:Dalton, Flanagan y Beck (editores). Electoral Change in Advanced Industrial Democracies: Realignment orDealigment?” Princeton: Princeton University Press, 1984, p. 467.

43 Lijphart, Arend. “Proportionality by Non-PR Methods: Ethnic Representation in Belgium, Cyprus,Lebanon, New Zealand, West Germany, and Zimbabwe”. En Grofman, Bernard and Arend Lijphart(editores). Electoral Laws and Their Political Consequences. New York: Agathon Press, segunda edición, 1994,p. 116.

sentación proporcional estará seguido por la forma-ción y viabilidad electoral de partidos étnicos.

H(5) La descentralización administrativa ypolítica estará seguida por la formación y viabili-dad electoral de partidos étnicos.

H(6) La asignación de curules reservadas pararepresentantes indígenas estará seguida por laformación y viabilidad electoral de partidosétnicos.

A LG U N O S H A L L A ZG O S S O B R E E L

C A M B I O I N S T I T U C I O N A L

Representación proporcional

No es posible probar el impacto de un tránsi-to hacia la representación proporcional debidoa que los seis casos analizados ya tenían sistemasde representación proporcional para el períodode estudio. Bolivia y Venezuela cambiaron, en1993 y 1994, respectivamente, a sistemas mixtosal estilo alemán, en los cuales la mitad de laCámara Baja de un Congreso bicameral es elegi-da en distritos uninominales. La Constituciónecuatoriana de 1998 cambió el sistema de repre-sentación proporcional por uno mayoritario, enel cual sólo 20 de las 121 curules son elegidas através listas de partidos nacionales. La Constitu-ción venezolana de 1999 transformó al legislati-vo en un Congreso unicameral que mantuvo elsistema mixto usado desde 1993 para la CámaraBaja.

Umbral de representación

El método d’Hondt es la fórmula más comúnen América Latina para la asignación decurules, y ha sido usada durante el período deestudio en Argentina y Perú para la CámaraBaja. Venezuela la utilizó hasta 1993, cuando lamitad de la Cámara Baja empezó a ser elegidaen distritos uninominales, mientras que losdemás representantes continuaron siendo ele-gidos a través del método d’Hondt. Durante elperíodo de estudio, Venezuela también asignócurules compensatorias a partidos sub-represen-tados, los cuales ganaron al menos una curul.En Colombia se ha usado el sistema del cociente

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[36]

44 La cuota de Hare es el número total de votos válidos dividido por el número total de curules de unacircunscripción. Lijphart, Arend. Ob. cit., 1986, p. 172.

45 Para fórmulas electorales en Latinoamérica véase Jones, Mark P. “A Guide to the Electoral Systems of theAmericas.” En: Electoral Studies. Vol. 14, No. 1, 1995, pp. 5-21; Jones, Mark P. “A Guide to the Electoral Systemsof the Americas: An Update.” En: Electoral Studies. Vol. 16, No.1, 1997, pp. 13-15.

46 Jones, Mark P. Ob. cit., 1997, p. 15.47 Birnir, Johanna Kristin. Ob. cit., p. 12.48 Lijphart, Arend. Ob. cit., 1994, p. 120.49 Jones, Mark P. Ob. cit., 1995, p. 15.50 Comunicación personal, Johanna Kristin Birnir, 7 de agosto de 2001.51 Dugas, John C. “Sisyphus in the Andes? The Pursuit of Political Party Reform in Colombia”. Documento

presentado en el XXII Congreso internacional de LASA. Washington, DC., 2001, p. 16.52 Van Cott, Donna Lee. The Friendly Liquidation of the Past: The Politics of Diversity in Latin America. Pittsburgh:

University of Pittsburgh Press. 2000, pp. 96-98.

y el mayor residuo –o Hare–44 desde 193245.Ecuador ha utilizado el sistema de cociente y elmayor residuo desde 1978, con la excepción delos distritos en los que hay dos diputados, en loscuales se utiliza el método d’Hondt46. La Consti-tución ecuatoriana de 1998 adoptó un sistema depanachage en el que los votantes tienen tantosvotos como curules en su distrito electoral, locual les permite votar por múltiples partidos.Adicionalmente, en 1998, el pueblo ecuatoriano–a través de un referendo que trataba diversostemas de reforma política– aprobó el paso delistas cerradas a listas abiertas. Así, para las elec-ciones de la Asamblea Constituyente de 1998, loselectores pudieron votar por cualquier candidatoincluido en la papeleta de votación, indepen-dientemente de su lugar en la lista, y cada elec-tor tuvo tantos votos como curules por asignar ensu respectivo distrito. Esto permitió a los votantesdividir sus votos entre los partidos47. El cambiocontribuyó a que los partidos indígenas obtuvie-ran el apoyo de votantes estratégicos que de otramanera podrían haber decidido no “gastar” unvoto individual para el Congreso. SegúnLijphart, es lógico esperar que cuando los vo-tantes tienen más de una opción es más proba-ble que voten por sus preferencias sinceras, locual tiende a alentar el multipartidismo48. Haysólo un caso (Bolivia), en el que el cambio ocu-rrió hacia una fórmula más favorable para parti-dos pequeños, pero que fue revertido en elsiguiente ciclo electoral.

Respecto a los umbrales para la asignación decurules, en ningún caso se vieron reducidos. EnArgentina, desde 1983 ha estado vigente un um-bral del 3% de los votantes registrados en un dis-trito. En Bolivia, entre 1989 y 1993 existía unumbral de una cuota; no hay mención de estacuota en la ley electoral de 1996. En Ecuador,

hasta 1987 el umbral para que los partidos reci-bieran una curul en la legislatura era media cuo-ta. Éste aumentó a 0,6 en 1987, excepto siningún partido recibe una votación mayor amedia cuota49.

Magnitud del distrito o circunscripción electoral

En dos casos bajo sistemas de representaciónproporcional se presentó un aumento significati-vo del tamaño de las circunscripciones cuando sepasó de circunscripciones múltiples a una de ca-rácter nacional –esos fueron los casos de la Asam-blea Nacional Constituyente en 1990 y del Senadode Colombia a partir de 1991, y del Congresoperuano desde 1993 (Perú cambió de nuevo adistritos múltiples en 2001)50. En Colombia, elpaso a una circunscripción nacional para la elec-ción del Senado estuvo acompañado por unareducción del tamaño de la Cámara de Represen-tantes, que pasó de 199 a 161 curules, causandouna disminución de ocho a cinco en la magnitudpromedio de las circunscripciones. El impactonegativo sobre los partidos pequeños se vio com-pensado por una ley que establecía hasta cincocurules adicionales para minorías étnicas y políti-cas y para los colombianos residentes en el exte-rior51. Una ley de 1993 (Ley 70) utilizó estaprovisión para crear dos curules para afro-colom-bianos; la ley fue derogada en 1996 por razonestécnicas52. Como era de esperarse, estos cambiosimplicaron un mayor número efectivo de partidosen el Congreso.

En Ecuador la magnitud de la circunscripciónpara la elección del legislativo unicameral tam-bién aumentó, al pasar de 82 a 121 curules des-pués de la reforma constitucional de 1998. Deesos 121, 20 son elegidos en un distrito nacionalúnico, y los restantes son elegidos uninominal-mente de los distritos provinciales. El número de

est

ud

ios

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[37]

53 Birnir, Johanna Kristin, Ob. cit. p.12.54 Molina V., José. “The Presidential and Parliamentary Elections of the Bolivarian Revolution in Venezuela:

Change and Continuity (1998-2000)”. En: Bulletin of Latin American Research. Vol. 21, No. 2, 2002.55 Andolina, Robert. Ob. cit.; Collins, Jennifer. Ob. cit.; entrevistas, Quito, julio de 1999.

curules en el distrito nacional y en los distritosprovinciales aumentó: de 12 a 20 y de 70 a 101,respectivamente53. En Bolivia en 1997, y en Vene-zuela en 1993, la magnitud de los distritos dismi-nuyó con el cambio a un sistema mixto en el quela mitad de la Cámara Baja es elegida en distritosde un solo miembro. En Venezuela la magnitudpromedio de las circunscripciones disminuyó deocho a seis con el paso de una Cámara de Dipu-tados a una Asamblea Nacional en 2000. Comoobserva Molina, junto con otros cambios institucionales esto resultó en una tasa de voto contracurul menos proporcional, lo que ayudó a losgrandes partidos y redujo el número efectivo departidos en el legislativo54.

El aumento en la magnitud de las circunscrip-ción del Senado implicó la formación y el éxitoelectoral de partidos étnicos únicamente en Co-lombia. En este país, los indígenas han obtenidodos veces una curul en el Senado –además de lasdos curules de la circunscripción especial indíge-na– desde que éste se elige en un distrito nacionalde 100 miembros. También obtuvieron doscurules en las elecciones para la Asamblea Consti-tuyente de 1990, la cual también se eligió en unacircunscripción nacional –esa fue su primera sali-da electoral–. En Ecuador, el ya existente Movi-miento de Unidad Plurinacional Pachakutik,MUPP, logró el mismo número de curules tantodespués como antes del cambio institucional, loque se tradujo en una menor proporción decurules debido al mayor tamaño del legislativo.

En síntesis, un aumento en la magnitud de losdistritos electorales tampoco puede explicar por sísolo la variable dependiente.

Requisitos para acceder a la competencia

En los tres países andinos con la mayor frag-mentación del sistema de partidos (Bolivia, Ecua-dor y Perú), las barreras para el registro departidos son mayores y tradicionalmente han sidoutilizadas para limitar las aventuras electoralespopulistas y personalistas. Durante el período enestudio, las barreras para el registro de partidosfueron mantenidas en Bolivia (donde, desde1979, los partidos deben obtener un 3% de lavotación para mantener su registro y evitar pagarmultas); en Perú aumentaron en 1995 (cuandoelevaron las firmas requeridas para registrar un

partido nacional de 100.000 a 480.000); y dismi-nuyeron en Ecuador en 1995 (permitiendo a lasorganizaciones sociales e independientes partici-par en las elecciones). Las personas entrevistadas,así como expertos en el movimiento indígena quees la base del MUPP, creen que el cambio de 1995fue crucial para la decisión indígena de formar unpartido ese mismo año55. En Colombia y Venezue-la, el acceso a la competencia electoral mejoró: laConstitución colombiana de 1991 permitió a losmovimientos sociales participar en las eleccionessin registrarse formalmente como partido; laConstitución venezolana de 1999 hizo posible alos indígenas participar en las elecciones localessin formar un partido. Ningún cambio ocurrió enArgentina respecto al acceso a la competencia.

Descentralización

En Bolivia, Colombia y Venezuela, la descentra-lización aumentó significativamente en la décadade los noventa. Se instituyeron elecciones munici-pales y regionales directas en Colombia (munici-pales en 1998 y departamentales en 1991), enBolivia (municipales en 1995) y en Venezuela(municipales en 1989). Mientras que los indíge-nas bolivianos formaron un partido para competiren las primeras elecciones municipales de la histo-ria del país en 1995, en Colombia y Venezuela losindígenas formaron partidos luego de la consagra-ción de los derechos constitucionales, en 1991 y1999, respectivamente, y después de haber obteni-do un sorpresivo éxito en las elecciones naciona-les para la Asamblea Constituyente. Los partidosindígenas fueron particularmente exitosos en losdepartamentos o Estados donde representabanuna minoría significativa o una mayoría, inclusoen países en los que son una minúscula parte dela población nacional. Por ejemplo, como se dijoanteriormente, en Venezuela, donde los indígenasrepresentan menos del 2% de la población nacio-nal, en 2000 el partido indígena Pueblo UnidoMultiétnico de Amazonas, Puama (en coalicióncon otros partidos) ganó la gobernación del Esta-do de Amazonas, donde la población indígenaconstituye el 43% de los habitantes. La base delPuama es tan fuerte en el Estado de Amazonas,que obtuvo una curul para la Asamblea Nacionalen las elecciones de 2000, fuera del distrito reser-vado para los indígenas.

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[38]

56 Debo esta idea a un evaluador del artículo.57 Los grupos de ciudadanos se dividirían en dos para recolectar las firmas equivalentes al 0,5%, de los

ciudadanos inscritos en una circunscripción determinada. Véase Artículo 224, Anteproyecto de ley denecesidad de reforma constitucional, abril de 2001.

En Argentina la descentralización aumentólevemente en un sistema ya federal. En Ecuadortuvo lugar en 1980, pero mantuvo el statu quo. EnPerú se produjo una recentralización después deun breve experimento con gobiernos regionales(1989-1993). Como ilustran los datos en el anexo,los partidos indígenas que se posicionaron en laselecciones locales en Bolivia, Colombia y Ecuadorexpandieron, con algo de éxito, su participaciónelectoral hacia niveles más altos de gobierno enlas siguientes elecciones. Entonces, la descentrali-zación no necesita aumentar para estimular laformación de partidos étnicos56. Su mera existen-cia tiende a ayudar a los nuevos partidos con elec-tores potenciales concentrados geográficamente.La descentralización puede operar junto con otrasvariables, tales como la reserva de curules especia-les para los indígenas (Colombia, Venezuela) o ladisponibilidad de recursos para partidos nuevos(Colombia).

Circunscripciones étnicas especiales

o curules reservadas

En Colombia y Venezuela fueron creadas cir-cunscripciones especiales para candidatos indíge-nas. En Colombia, los indígenas tienenaseguradas dos curules en el Senado. En Venezue-la, los indígenas compiten por tres curules dellegislativo nacional unicameral (Asamblea Nacio-nal), y por curules en las asambleas municipales yestatales en donde las poblaciones indígenas estánconcentradas. Aunque los distritos aumentaronsignificativamente la viabilidad electoral de loscandidatos indígenas y, por tanto, el incentivopara formar partidos indígenas, debe enfatizarseque en ambos casos los distritos especiales fueronconseguidos después de que los movimientos socia-les indígenas demostraran –contra enormesdisparidades en la competencia con candidatosno indígenas durante las elecciones para la Asam-blea Nacional Constituyente– su habilidad paraelegir candidatos. Los indígenas obtuvieron doscurules en la Asamblea Nacional Constituyentecolombiana y dos en la venezolana (además de lastres curules asignadas por el Presidente Chávez).Una vez instaladas, las circunscripciones especia-les no sólo garantizaron una representación míni-ma legal, sino que también proveyeron recursospara expandir la representación por encima del

nivel mínimo. Los partidos indígenas en Colom-bia han utilizado los recursos asignados a sus sena-dores para construir partidos en niveles degobierno no reservados a los indígenas. Tambiénse han beneficiado de la plataforma que la prensanacional les otorga a los senadores nacionales.Por ejemplo, la notoriedad obtenida por el pri-mer senador indígena Floro Tunubalá le permitióganar la gobernación del Cauca en 2000. Paramaximizar su representación, los partidos indíge-nas tanto en Colombia como en Venezuela, des-pués de obtener las curules asignadas en lascircunscripciones especiales, compitieronexitosamente por curules no reservadas.

Debe destacarse que, tanto en Colombiacomo en Venezuela, las reformasconstitucionales permitieron a las organizacionesindígenas competir por las curules reservadas ypor cualquier puesto administrativo local sinformar un partido político, al eliminar la barrerade registro para los partidos. Las organizacionesindígenas también pueden competir en laselecciones en Ecuador desde la reforma electoralde 1995, la cual permite que cualquiermovimiento social o independiente compita enlas elecciones. Esta provisión fue elevada en lareforma constitucional de 1998. A principios de2002, el Congreso boliviano estaba considerandouna propuesta, generada por un DiálogoNacional llevado a cabo el año anterior, parapermitir a los candidatos que no estuvieranafiliados a algún partido político registrado(“agrupaciones de ciudadanos”) participar en laselecciones municipales, así como por curulesuninominales en la Cámara Baja del Congreso57.

En resumen, no fue posible probar las hipóte-sis 1 y 2 (cambio hacia la representación propor-cional y una fórmula electoral más proporcional)debido a la falta de observaciones en estas varia-bles independientes. Existe alguna evidencia quevalida la hipótesis número 3, ya que en el únicopaís en el que los requerimientos para el acceso alas votaciones disminuyeron, se formó un partidoétnico. Los resultados para la cuarta hipótesis,relacionada con el aumento en la magnituddistrital, son mixtos: el caso colombiano valida lahipótesis, mientras que los casos ecuatoriano yperuano la invalidan. Similarmente, los resultadospara la hipótesis 5 fueron mixtos: Bolivia, Colom-

est

ud

ios

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[39]

bia y Venezuela apoyan la hipótesis; en Ecuadorno hubo cambio en esta variable independiente, yen Perú la hipótesis fue invalidada. Finalmente, lasexta hipótesis, relacionada con las circunscripcio-nes especiales y curules reservadas, fue apoyadapor la evidencia presentada, ya que en los doscasos donde existen estas circunscripciones seformaron partidos étnicos y fueron viables elec-toralmente. La información compilada sobre loscambios constitucionales se presenta en el cuadro2. En el cuadro 3, una línea de tiempo combinalos cambios constitucionales favorables para laformación de partidos étnicos y la viabilidadelectoral. Como se ilustra en los cuadros 2 y 3, elnúmero de cambios institucionales favorableshechos en Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezue-la están en un rango de dos a cinco, mientras quesólo un cambio favorable para los nuevos partidosocurrió en Perú y Argentina. Esto sugiere que elefecto combinado de varios tipos de cambios

institucionales pueden ser más importantes que lapresencia de algún tipo particular de cambio. Losresultados electorales obtenidos por los partidosétnicos discutidos se encuentran en el anexo.

E S T U D I O S D E C A S O

En esta sección se desarrollan dos estudios decaso, con el propósito de ilustrar los efectos de loscambios en las reglas electorales sobre la forma-ción y éxito de los partidos políticos indígenas. Seseleccionaron las experiencias de Bolivia y Colom-bia para poder ilustrar estos efectos en países conpoblaciones indígenas significativamente grandeso muy pequeñas58.

Bolivia

Bolivia es el país con la mayor población indíge-na de la muestra. Posee 37 grupos étnicos diferen-tes, incluido un grupo de 30.000 afro-bolivianos que

58 Para detalles sobre el caso ecuatoriano véase Andolina, Robert. Colonial Legacies and Plurinational Imaginaries:Indigenous Movement Politics in Ecuador and Bolivia. Disertación para el Ph.D. Universidad de Minnesota, 1999;Beck, Scott H. y Kenneth J. Mijeski. “Barricades and Ballots: Ecuador’s Indians and the Pachakutik PoliticalMovement”. En: Ecuadorian Studies, No. 1, 2001, pp. 1-23; Selverston-Scher, Melina. Ethnopolitics in Ecuador:Indigenous Rights and the Strengthening of Democracy. Miami: North-South Center Press, 2001. Para el casovenezolano, véase Van Cott, Donna Lee. “Andean Indigenous Movements and ConstitutionalTransformation: Venezuela in comparativa perspective”. En Latin American Perspectives. En prensa.

C U A D RO 2LEYES ELECTORALES Y REFORMAS INSTITUCIONALES SELECCIONADAS COMPARADAS

ARGENTINA BOLIVIA COLOMBIA ECUADOR PERÚ VENEZUELA

Umbral de representación

¿Se aumentaron los umbrales de asignación de curules?

No No No No No No

¿Se adoptaron fórmulas de asignación de curules más favorables?

No No No No No No

¿Se aumentó la magnitud de la circunscripción bajo la representación proporcional?

No No Sí, en el senado Sí, en 1998 Sí, en 1993 No

¿Bicameral/unicameral? Bicameral Bicameral Bicameral UnicameralCambió a

unicameralCambió a

unicameral

¿Hubo cambios en el acceso al voto?

No No Sí Sí No Sí

¿Descentralización?Sí, aumento

marginalSí, municipal desde 1995

Si, municipal desde 1988,

departamental desde 1991

No NoSí, municipal y

estatal desde 1989

¿Se crearon distritos especiales étnicos o curules?

No No Sí No No Sí

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[40]

el gobierno trata como “indígenas”. Es el únicopaís de la muestra en el que se formaron partidospolíticos con identidades indígenas antes de ladécada de los noventa. Los partidos liderados porindígenas comenzaron a formarse durante la tran-sición a la democracia (1978-1982) como resultadode dos factores: (1) el deterioro en las relacionesentre la población campesina y el MovimientoNacional Revolucionario, MNR, el cual había re-presentado a esta población desde la revolución de1952, y (2) el aumento en la conciencia étnica y loslogros educacionales entre los indígenas, particu-

larmente entre la población aymara urbana. Tresde estos partidos compitieron en las eleccionespresidenciales de 1978. Aunque la mayoría de lospartidos indígenas que se formaron entre 1978 y1985 invocaron el nombre katarista59 y compartie-ron la crítica al Estado boliviano como colonial,excluyente y discriminatorio, representaban doscampos ideológicos distintos: indianismo y katarismo.El indianismo enfatiza la base étnica de la subordi-nación de la población indígena y su abierta posi-ción anti-occidental y anti-blanca. Su proponentemás famoso fue Fausto Reynaga, quien había trata-

CUADRO 3

CAMBIOS INSTITUCIONALES FAVORABLES Y FORMACIÓN DE PARTIDOS ÉTNICOS VIABLES

ARGENTINA 1980 1985 1990 1995 2000Partidos étnicos formadosCambio institucionalPequeño aumento en ladescentralización 1994

BOLIVIA 1980 1985 1990 1995 2000Formación de partidos étnicos MRKTL(‘85) ASP(‘95) IPSP(‘99)Cambio institucionalCambio a Sainte Lague 1993-96Descentralización municipal 1995Cambio a 1/2 Senado elegidoen distritos de un solo miembro 1997

COLOMBIA 1980 1985 1990 1995 2000Formación de partidos étnicos ONIC, AICO (‘90)Cambio institucional ASI(‘91), MIC (‘93)Descentralización municipal 1988Aumento en la MD 1991Descentralización departamental 1991Curules reservadas 1991Mejora en el acceso al voto 1991

ECUADOR 1980 1985 1990 1995 2000Formación de partidos étnicos MUPP(‘95)Cambio institucionalAumento en la MD 1998Mejora en el acceso al voto 1995

PERÚ 1980 1985 1990 1995 2000Formación de partidos étnicosCambio institucionalAumento en la MD 1993

VENEZUELA 1980 1985 1990 1995 2000Formación de partidos étnicos Puama(‘97)Cambio institucionalDescentralización 1989Curules reservadas 1999Mejora en el acceso al voto 1999

59 Los partidos toman sus nombres del líder rebelde indígena del siglo XVIII Tupaj Katari.

est

ud

ios

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[41]

do de formar un partido político indígena, el Parti-do Indio de Bolivia, a finales de la década del se-senta. El indianismo tuvo su mayor éxito electoralcon el Movimiento Indio Tupak Katari, MITKA, elcual eligió dos de sus militantes para el Congresoen 198060.

Los kataristas apoyan una ideología que mezclala conciencia social con reivindicaciones étnicas, yhace un llamado a la reconstrucción del Estadoboliviano bajo un criterio étnico. El Estado imagi-nado es tolerante de la diversidad étnica e incorpo-ra las culturas y formas de gobierno indígenas yoccidentales. Los kataristas buscaron alianzas conmovimientos sociales no indígenas y partidos políti-cos de izquierda y populistas. Con su orientaciónmenos étnicista, más liberal-demócrata y clasista,ganaron muchas adherencias no indígenas y, portanto, mayor acceso a recursos políticos y financie-ros que los indianistas61. La tendencia katarista sevolvió dominante a mediados de la década de losochenta y durante la administración de GonzaloSánchez de Lozada (1993-1997). Su partido másexitoso fue el Movimiento Revolucionario TupajKatari de Liberación, MRTKL, el cual participó porprimera vez en las elecciones de 1985 cuando obtu-vieron dos curules en el legislativo nacional62. Unade estas curules fue ocupada entre 1985 y 1989 porVíctor Hugo Cárdenas, quien llevó al MRTKL auna alianza con el MNR en 1993. Tras ayudar alMNR a ganar la presidencia con una mayoría signi-ficativa del voto, el MRTKL “co-gobernó” entre1993 y 1997. Los críticos señalan que Cárdenas

restringió él mismo la oportunidad de que elMRTKL se consolidara como partido político, mar-ginando a sus militantes del gobierno; por ejemplo,llevando a personas no indígenas y que no pertene-cían al MRTKL a posiciones importantes dentro deéste, excluyendo a los representantes al Congresopor el MRTKL de las reuniones sobre políticas yprohibiendo al partido participar en las eleccionespresidenciales de 1997, cuando los fondos estatalespara la financiación de campañas estaban disponi-bles debido al desempeño que tuvo el partido en199363. En el verano de 2001, Cárdenas establecióalianzas para permitirle al MRTKL participar en laselecciones nacionales de 2002; al final, el partidono se registró para tales elecciones. Para poderparticipar, habría tenido que pagar las multas im-puestas al partido por su pobre resultado en laselecciones municipales de 1999, cuando obtuvodos puestos en el concejo municipal del departa-mento de Oruro64. Entonces, sin poder mantenerlos sustanciales logros simbólicos y legislativos obte-nidos durante la administración de Sánchez deLozada, el líder del MRTKL, Víctor Hugo Cárde-nas, no consiguió institucionalizar su partido políti-co, para hacer del katarismo una alternativaelectoral viable, y mantener su independencia delos partidos no indígenas, tales como el MNR.

Los partidos indianista y katarista se fragmenta-ron en líneas personalistas durante la década delos ochenta, ya que sus candidatos no habían sidocapaces de competir contra los poderesclientelistas de sus rivales populistas65. Los parti-

60 Bonfil Batalla, Guillermo (compilador). Utopía y revolución. El pensamiento político de los indios en América Latina.México: Editorial Nueva Imagen, 1981; entrevistas en La Paz, julio de 2001, a Jaime Apaza, Víctor HugoCárdenas, Carlos Mamani y Esteban Ticona.

61 Carlos Mamani. Entrevista, La Paz, julio de 2001.62 Patzi Paco, Félix. Insurgencia y sumisión. Movimientos indígeno-campesinos (1983-1998). La Paz: Muela del

Diablo. 1999, p. 40.63 En Bolivia, el artículo 252 de la Ley 1779 (marzo de 1997) provee financiamiento público a las campañas

electorales. El 50% del presupuesto total es distribuido 60 días antes de las elecciones “en forma proporcionalal número de votos que cada partido, frente o alianza, haya obtenido en las últimas elecciones generales omunicipales, siempre que haya obtenido mínimo el 3 por ciento de la votación total válida a nivel nacional yobtenido por lo menos una curul en la cámara de diputados en las elecciones generales. El cincuenta porciento restante será distribuido en la misma manera, basado en los resultados en las correspondienteselecciones generales o municipales, cantidad que será desembolsada en el mismo período de 60 días a partirde la elección”. Van Cott, Donna Lee. Ob. cit.; entrevistas, La Paz, 1997, 2001.

64 Como resultado de su colaboración con los partidos tradicionales neoliberales, Cárdenas ganó estatura entrelos bolivianos no indígenas y la comunidad internacional, pero él y su MRTKL perdieron legitimidad dentrodel movimiento campesino. Patzi Paco, Félix. Ob. cit., pp. 41-42, 115-116; entrevistas en La Paz, 1993, 1997,1998, 2001.

65 Van Cott, Donna Lee. Ob. cit., p. 128; Van Cott, Donna Lee. “Party System Development and IndigenousPopulations in Latin America: The Bolivian Case”. En: Party Politics. Vol. 6, No. 2, 2000, p. 167. Parainformación sobre los partidos Kataristas, véase Rolon Anaya, Mario. Política y partidos en Bolivia, terceraedición. La Paz: Librería Editorial “Juventud”, 1999, pp. 681-690; Tapia, Luciano. Ukhamawa Jakawisaxa (Así esnuestra vida). Autobiografía de un aymara. La Paz: Hisbol, 1995; y Patzi Paco, Félix. Ob. cit., pp. 40-41.

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[42]

dos tuvieron dificultades para expandir su estre-cha base geográfica debido a la falta de recursosfinancieros, resultante de las multas impuestas porla Corte Electoral Nacional. La imposibilidad depagar tales multas, por ejemplo, dio como resulta-do la descalificación del MITKA durante las elec-ciones de 1985, destino que ahora amenaza alMRTKL66. Otro reto ha sido el intento de los gran-des partidos de cooptar líderes indígenas y crearvehículos electorales con nombres kataristas paraconfundir a los votantes indígenas y dispersar losvotos de la mayoría indígena67.

El siguiente intento de formar partidos étnicosocurrió a mediados de la década de 1990. En marzode 1995, la mayoría de cocaleros de lenguaquechua, quienes para entonces tenían el control dela Confederación Sindical Única de TrabajadoresCampesinos de Bolivia, CSUTCB, lanzaron su pro-pio partido político para participar en las primeraselecciones municipales directas en la historia deBolivia, las cuales se llevaron a cabo en diciembre de1995. La Asamblea de la Soberanía de los Pueblos,ASP, fue formada en una reunión que unió a loslíderes de la CSUTCB con raíces en partidos marxis-tas y a la Confederación Indígena del Oriente Boli-viano, Cidob68. La idea de formar un vehículoelectoral fue discutida en conferencias previas de laCSUTCB. Esta organización se convirtió en unaopción viable impulsada principalmente por loscocaleros tras la creación de oficinas municipaleselegidas a lo largo del país, apoyando a aquellos queargumentaban que el movimiento campesino podíatransformar el Estado boliviano ocupando espaciosde poder ya establecidos69. Adicionalmente, el colap-so de los partidos indianista y katarista abrió el cam-po para que nuevos contendientes representaran ala mayoría indígena.

El presidente de la ASP, Alejo Véliz, niega quelas reformas constitucionales de 1994-1995 tuvie-ran alguna influencia en la formación de algúnpartido. Esta decisión, insiste Véliz, fue conse-cuencia de la maduración del movimiento campe-

sino. Para 1994, el movimiento cocalero habíaalcanzado cierto nivel de consenso político y mo-vilización. Los líderes de los movimientos decidie-ron que una forma de lucha puramente sindicalno iba a ser suficiente para alcanzar sus exigen-cias, y que para la “conquista final” sería necesarioganar acceso al espacio político democrático70. Encontraste, el diputado nacional de la ASP, RománLoaza, elegido en 1997, le da crédito a la descen-tralización municipal en el desarrollo de la capaci-dad de la unión nacional de campesinos paraformar su primer partido exitoso71.

Cualquiera que haya sido la motivación paracrear la ASP, es evidente que la descentralizaciónmunicipal de 1994 –en un país en el que ante-riormente la mayor parte de las áreas rurales notenían un gobierno local formal elegido nidesignado– hizo la actividad electoral más via-ble, creando una plataforma desde la cual lu-char por una representación nacional en 1997.Después de 1997, el eclipse electoral de los parti-dos tradicionales, aliado con la pobreza rural –elMNR y el movimiento de izquierda MovimientoBolivia Libre (MBL) presentaron resultados po-bres en las elecciones nacionales de 1997–, ayu-dó a aclarar el camino para la ASP. En su debutelectoral, aunque registrada en la papeleta elec-toral bajo el nombre de la difunta IzquierdaUnida debido a problemas técnicos con su pro-pio registro, la ASP arrasó en las elecciones mu-nicipales en el distrito cocalero de Chapare yganó 10 alcaldías, 49 curules en el concejo muni-cipal y seis consejeros a nivel departamental enCochabamba, así como cinco consejeros en otrosdepartamentos del norte72. La reforma constitu-cional de 1994 estableció la elección en distritosuninominales de la mitad de los 130 miembrosde la Cámara Baja del Congreso. En 1997, la ASPganó cuatro de las nuevas curules uninominalesdel Congreso. De hecho, el líder cocalero EvoMorales obtuvo un porcentaje mayor de votos ensu distrito que cualquier otro candidato en el

66 Tapia, Luciano. Ob. cit., pp. 375-443.67 El MNR hizo esto en 1978-1979; la ADN (Acción Democrática Nacional) hizo lo mismo en 1993 creando el

Movimiento Katarista Nacional, liderado por Fernando Untoja (el nombre actual es Movimiento KataristaDemocrático). Entrevistas en La Paz, julio de 2001, Víctor Hugo Cárdenas, Esteban Ticona.

68 Buitrago, Jaime E. “Alejo Véliz cree en Cristo y en Túpac Katari”. En: Presencia, 4 de mayo, 1997, pp. 4-5; PatziPaco, Félix. Ob. cit., pp. 116-119.

69 Ídem., p. 118.70 Entrevista, La Paz, julio de 2001.71 Entrevista, La Paz, 1997.72 Patzi Paco, Félix. Ob. cit., p. 119; Van Cott, Donna Lee. “Party System Development and Indigenous

Populations in Latin America: The Bolivian Case.” En: Party Politics. Vol. 6, No. 2, 2000, p. 189.

est

ud

ios

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[43]

país73. Adicionalmente, la ASP obtuvo un 17,5%del voto proporcional en Cochabamba, 3,7% anivel nacional74.

En 1997-1998 se abrió una profunda grieta enel movimiento campesino nacional entre los doslíderes más importantes de la ASP, el diputadonacional Evo Morales, quien es aymara, y el presi-dente del partido, Alejo Véliz, quien es quechua.Esto condujo a la división de la ASP. Morales co-menzó su nuevo partido, el Instrumento Políticopara la Soberanía de los Pueblos, IPSP, mientrasque Véliz continuaba como presidente de la ASP.Los dos partidos compitieron por separado en laselecciones municipales de 1999. La ASP ganó 28curules en concejos municipales y cinco alcaldías,todas en Cochabamba. El IPSP, utilizando el regis-tro del moribundo Movimiento al Socialismo,alcanzó 79 curules para concejo municipal ensiete de los nueve departamentos bolivianos, el3,27% de los votos a nivel nacional. El mayor nú-mero de curules fue obtenido en La Paz (18) yCochabamba (40), en donde en cinco municipiosel IPSP obtuvo la mayoría de las curules en elConcejo75. Ambos partidos buscaron alianzas enlas tierras bajas para crear un movimiento másnacional antes de las elecciones nacionales de2002, pero esto fue impedido por marcadas dife-rencias en la forma en la que los indios de lastierras altas y bajas se relacionan con el sistemapolítico: la orientación clasista/marxista de la ASPy el IPSP es menos relevante en las tierras bajas,donde los indios son bastante más pragmáticos ysus organizaciones son permeadas más fácilmentepor los partidos políticos tradicionales. Los indiosde las tierras altas eran más ideológicos y sus orga-nizaciones más independientes, un legado de lasconfrontaciones clasistas del pasado76.

Incluso después de los prometedores resulta-dos de los partidos indígenas en la década de1990, los resultados obtenidos en las elecciones

nacionales de 2002 fueron asombrosos, y trajeronimplicaciones “revolucionarias” para el sistemapartidista boliviano. El IPSP, usando solamente elnombre Movimiento Al Socialismo (MAS) yliderado por el candidato presidencial Evo Mora-les, salió segundo en las elecciones unificadaspara la Presidencia y el Congreso con un 20,94%de la votación, menos de 2% por debajo del gana-dor. El MAS acumuló ocho curules en el senado y27 diputados en la Cámara Baja. Además terminóprimero en los departamentos altos de La Paz,Oruro y Potosí, y en su base, Cochabamba, y reunióapoyo a lo largo del país, incluyendo un 9,6% de lavotación en Santa Cruz, donde el líder indígenade las tierras bajas, José Bailaba, obtuvo una curulen la Cámara Baja para el MAS. El bastantedebilitado ASP no participó en las elecciones,pero su líder Alejo Véliz obtuvo una curul por lalista del partido populista de Cochabamba NuevaFuerza Republicana, e inmediatamente prometióapoyar a la coalición del MAS. El recientementeformado partido del líder aymara Felipe Quispe,el Movimiento Indígena Pachakutik, enconadorival de Morales y Véliz, obtuvo un 6,09% de lavotación con seis curules en la Cámara deDiputados. Comparado con el resultado previo de3,7% del total de votos, los partidos indígenasacumularon un 27% de la votación nacional77.

La experiencia descrita demuestra algunosefectos significativos de los cambios en las leyeselectorales y el diseño institucional, en la inclina-ción de las poblaciones indígenas para formarpartidos políticos y en su habilidad para lograr unéxito electoral. Las reglas electorales y de partidospolíticos, cuya intención era reducir la fragmenta-ción del sistema de partidos, habían establecidoobstáculos para el registro de partidos. Desde suregreso a la democracia en 1982, Bolivia ha tenidouno de los sistemas partidistas más fragmentadosen la región, con cinco partidos compartiendo el

73 Morales fue expulsado del Congreso a mediados de enero de 2002 acusado de ser “autor intelectual” delhomicidio de dos oficiales de seguridad bolivianos asesinados durante enfrentamientos con el movimientococalero que Morales lidera en Cochabamba. La Prensa [La Paz], 8 de febrero 2002 , vía Internet; Kevin Healy,comunicación personal, 16 de febrero de 2002.

74 Algunos diputados nacionales de herencia indígena también fueron elegidos, pero ellos se postularon comocandidatos uninominales de partidos tradicionales, por ejemplo, el indígena Chiquitano Vicente Pessoa,antiguo presidente de la Confederación Indígena del Oriente de Bolivia, quien había sido elegido en acuerdocon el MNR. Véase Varios autores. Indígenas en el poder local. La Paz: Ministerio de Desarrollo Humano,Secretaría Nacional de Participación Popular. 1997, p. 196.

75 Véase www.cne.org.bo76 Entrevistas en La Paz, julio de 2001, Esteban Ticona y Alejo Véliz.77 La Razón, julio 9 de 2002; Los Tiempos, julio 9 de 2002.

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[44]

78 Mainwaring, Scott y Scully, Timothy. Ob. cit.79 Birnir, Johanna Kristin. Ob. cit., p. 21.80 La mitad de los 130 diputados son elegidos en distritos uninominales; la otra mitad, en listas de partidos

departamentales –encabezados por los candidatos presidenciales, vicepresidenciales y senatoriales– asignadasproporcionalmente según el desempeño de cada partido. Actualmente, los nueve departamentos del país sondistritos electorales para el propósito de asignar las curules legislativas: cada departamento tiene tressenadores y cinco diputados en la cámara, más un diputado adicional por cada 50.000 habitantes. El partidocon la mayor votación en cada departamento recibe dos curules en el Senado, y el partido con la segundamayor votación recibe una.

81 Por ejemplo, para las elecciones presidenciales y legislativas, la confederación indígena Cidob formó unaalianza electoral con el MBL (el presidente de la Cidob, Marcial Fabricano, se postuló para vicepresidente enla lista del MBL), que acumuló menos del 4% de la votación y no pudo ganar una curul en la Cámara dediputados. Los resultados fueron mucho peores de lo que se esperaba, lo que resultó en una severafragmentación del movimiento indígena. Van Cott, Donna Lee. Ob. cit., p. 216.

82 Ídem., p. 188.

90% de la votación78. La fórmula de asignación decurules que favorece a los grandes partidos(D’Hondt) prevaleció hasta 1986, cuando seimplementó un doble cociente de participación yasignación, que posteriormente restringió la re-presentación de los pequeños partidos en el Con-greso. Esto tenía el intencionado efecto dereducir la participación de los pequeños partidosen las elecciones de 1989. Antes de las eleccionesde 1993 fue establecida la fórmula Sainte-Lague,lo que resultó –tal y como se esperaba– en unaumento en la representación de los pequeñospartidos. El sistema retornó a D’Hondt en 1996,cuando un umbral de 3% fue establecido para laelección de la mitad de la Cámara de Diputadoselegida por representación proporcional. Losrequerimientos para el registro de partidos tam-bién han sido utilizados para restringir la frag-mentación de los partidos. Varias leyes habíaninstituido un umbral de facto del 3% para mante-ner el registro de un partido. Una ley electoral de1979 obligaba a los partidos que no recibieran50.000 votos, a compartir con el Estado los costosde impresión de las papeletas de votación79.

La reforma constitucional de 1994 cambió elsistema de lista cerrada para un distrito úniconacional de representación proporcional (quehabía prevalecido durante los períodos democráti-cos desde 1956, cuando por primera vez se exten-dieron las elecciones a los analfabetas) a unafórmula mixta (representación proporcional ydistritos uninominales) de estilo alemán para laCámara de Diputados80. Con la intención de res-ponder a los deseos de los votantes de una mayorrendición de cuentas por parte de los políticos, lareforma puede tener el efecto de reducir el núme-ro de partidos viables. Sin embargo, la fórmulamayoritaria puede darle ventaja a partidos más

pequeños con base regional como la ASP, quesería menos competitiva contra los partidos deorganización central nacional en las eleccionesnacionales de representación proporcional (lavotación nacional por la ASP en 1997 fue de me-nos del 4%).

Contrarrestando la tendencia de las leyes elec-torales y de partidos, discutidas anteriormente,que desalentaban la formación de nuevos parti-dos, la Ley de Participación Popular de 1994 esti-muló a más líderes indígenas a postularse paraalgún puesto político. La ley condujo a las prime-ras elecciones municipales a nivel nacional en lahistoria del país en 1995. Esta ley le permitió a larecién formada ASP alcanzar el éxito electoralanotado anteriormente gracias a su basesociogeográfica. En los demás lugares, antes queresponsabilizarse por la carga financiera y el ries-go de formar nuevos partidos políticos, las organi-zaciones indígenas locales formaron alianzaselectorales pragmáticas con los partidos naciona-les más importantes, muchos de los cuales notenían organizaciones locales en la mayor partedel territorio81. Estas alianzas coyunturales resulta-ron en la elección de 464 concejales municipalesindígenas o campesinos (de un total nacional de1.624, o el 28,6%); aproximadamente, la mitad delos concejales indígenas/campesinos tenían fuer-tes lazos con movimientos sociales indígenas. En73 de los 311 municipios, los concejales indígenaso campesinos constituían una mayoría82. Las alian-zas entre las organizaciones indígenas y los gran-des partidos eran necesarias porque solamente lospartidos formalmente registrados podían partici-par en las elecciones. Como se dijo anteriormen-te, el actual legislativo está considerando unapropuesta para permitir a las organizaciones de lasociedad civil lanzar candidatos para puestos ofi-

est

ud

ios

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[45]

ciales sin necesidad de unirse a partidos políticospara reducir la corrupción, aumentar la eficienciay mejorar el acceso al poder político de los gru-pos que estaban pobremente representados porlos partidos existentes83. Un constante obstáculopara todos los partidos que buscan representara los indígenas es el continuo bajo nivel de re-gistro de votantes entre las mayorías indígenas,a pesar de intensos esfuerzos durante la admi-nistración de Sánchez de Lozada para proveerlas cédulas de identidad necesarias para losindígenas. La Confederación de Indígenas delOriente de Bolivia, Cidob, estimó en 1996 queéstas aún debían distribuirse en cerca de la mi-tad de las comunidades84.

Colombia

Colombia representa el lado opuesto del espec-tro demográfico, con una población indígena del2,7%, de acuerdo con un censo de 1993. Los 81grupos indígenas, que hablan 64 lenguas, estánampliamente dispersos a lo largo del país, particu-larmente en los departamentos de Cauca yTolima, y en las áreas fronterizas también del sur.Los indígenas representan una mayoría numéricaen los despoblados departamentos amazónicos deGuainía, Vaupés y Vichada85.

Históricamente, Colombia ha tenido uno delos sistemas bipartidistas más estables yexcluyentes de la región, hecho que ha tendido aimpedir el surgimento de nuevos partidos. En1991, se redactó una nueva Constitución, en partepara debilitar el poderío de los partidos tradicio-nales, liberal y conservador, respecto al acceso a larepresentación política. Se hicieron varias refor-mas a las leyes electorales para estimular la crea-ción de nuevos partidos86. Aunque los resultadosde estas reformas no fueron tan fuertes como seesperaba, los indígenas incrementaron considera-blemente su representación en todos los nivelesdel gobierno mediante la creación de sus propiospartidos políticos. Sus logros en la reforma consti-tucional y su éxito electoral a principios de la

década de los noventa sirvieron como modelopara los movimientos indígenas en otros lugares.

El movimiento indígena colombiano surgió delos movimientos campesinos de las décadas delsesenta y setenta en el departamento del Cauca.El Concejo Regional Indígena del Cauca, CRIC,formado en 1971, creó la Organización NacionalIndígena de Colombia, ONIC, en 1982. La ONIChoy en día representa aproximadamente al 90%de la población indígena organizada del país87. En1997 se formó como rival, un movimiento mástradicional, también con base en el Cauca, ahorallamado Autoridades Indígenas de Colombia,AICO, anteriormente Autoridades Indígenas delSur Occidente, AISO. La extensión geográfica delas AICO es más limitada, con actividades concen-tradas en Cauca, Nariño y la Sierra Nevada deSanta Marta. En 1990, la ONIC y las AISO postula-ron candidatos en las elecciones para la AsambleaNacional Constituyente. Sus expectativas eranbajas debido al pequeño tamaño de la poblaciónindígena, su bajo nivel de registro de votantes, y laausencia virtual de recursos financieros. La obten-ción de dos curules se constituyó en una sorpresa,incluso para el movimiento indígena. La elecciónde la Asamblea Nacional Constituyente en unacircunscripción nacional con representación pro-porcional tenían la intención de darle representa-ción a las minorías dispersas88.

Los dos delegados indígenas89, en alianza conun nuevo partido de izquierda que surgía pararepresentar a la desmovilizada guerrilla del M-19,la Alianza Democrática M-19, AD M-19, presiona-ron exitosamente para el reconocimiento consti-tucional de un amplio espectro de derechosindígenas, incluyendo la creación de doscurules reservadas para indígenas en el Senadocolombiano. Desde la Constitución de 1991, elSenado se elige en una circunscripción nacio-nal. Adicionalmente, la nueva Carta políticaotorgó financiamiento estatal y tiempo gratuitoen los medios de comunicación a los partidospolíticos y movimientos con representación políti-

83 Entrevistas en La Paz, julio de 2001, Diego Ayo, Javier Medina.84 Patzi Paco, Félix. Ob. cit., p. 124.85 Van Cott, Donna Lee. Ob. cit., pp. 44-45.86 Véase Dugas, John C. Ob. cit.; García Sánchez, Miguel. “La democracia colombiana: entre las reformas

institucionales y la guerra. Una aproximación al desempeño de las terceras fuerzas en las alcaldíasmunicipales, 1988-2000". Ponencia presentada para el congreso de LASA. Washington, DC., 2001.

87 Laurent, Virginie. “Población indígena y participación política en Colombia”. En: Análisis Político, No. 3, 1997,pp. 63-81.

88 Van Cott, Donna Lee. Ob. cit., capítulo 2.89 Un tercer delegado indígena fue nombrado, sin derecho a voto, como representante del desmovilizado

movimiento armado indígena Quintín Lame.

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[46]

90 www.eltiempo.com.co, 3 de noviembre de 2002.91 Pizarro Leongómez, Eduardo. “¿Hacia un sistema multipartidista? Las terceras fuerzas en Colombia hoy”. En:

Análisis político, No. 31, 1997, p. 99.92 Van Cott, Donna Lee. Ob. cit., p. 286.93 Laurent, Virginie. Ob. cit., p. 68.94 Ídem., p. 74.95 Ídem., p. 76.

ca. Después de 1991, los indígenas aprovecharonlas nuevas leyes que permitían a los movimientossociales participar en las elecciones y proponercandidaturas indígenas.

Las AICO y la ONIC, los movimientos conrepresentación en la Asamblea Nacional Constitu-yente de 1991, postularon candidatos en las elec-ciones de 1991 para el Congreso; cada uno obtuvouna curul en la circunscripción senatorial reserva-da para los indígenas. La ONIC se retiró de laselecciones en 1993 para solucionar los conflictosinternos que había causado la competencia elec-toral y para centrarse en su papel de movimientosocial. En 1994, las AICO ganaron de nuevo unacurul para el Senado en la circunscripción espe-cial indígena, y eligieron un diputado departa-mental y seis concejales en Cauca. En 1997alcanzaron cinco alcaldías. En 1998, las AICOobtuvieron una de las dos curules del Senadoreservadas a los indígenas. Esta organización seexpandió gradualmente más allá de su base étnicaguambiana y de los departamentos de Cauca yNariño. En 2000, las AICO ganaron cuatro alcal-días en los departamentos de Antioquia, Cauca yNariño; 74 concejales municipales en 11 departa-mentos (Caldas, Cauca, Córdoba, Huila, Nariño,Sucre, Guajira, Guainía, Meta, Putumayo yVichada), y tres diputados en las asambleas depar-tamentales (Antioquia, Cauca y Vichada). En elaño 2002, por cuarta vez consecutiva, las AICOreclamaron una de las dos curules de la circuns-cripción indígena del Senado, y obtuvieron unade las curules reservadas en la Cámara de Repre-sentantes para los indígenas, los afro-colombianosy los colombianos residentes en el exterior90. Lospartidos indígenas obtuvieron buenos resultadosen las áreas en las que la población indígena esta-ba concentrada, así como en la circunscripciónnacional que elige el Senado, hecho que les per-mitió acumular muchos apoyos entre votantesurbanos no indígenas que buscaban alternativas ala clase política tradicional91.

El representante al Senado por la ONIC en elperíodo de 1991-1994, Gabriel Mujuy Jacanamejoy,fundó un nuevo partido en 1994 para asegurar su

reelección después de que la ONIC se retirara de laactividad electoral. El Movimiento Indígena Co-lombiano, MIC intentó crear alianzas con campesi-nos no indígenas y trabajadores urbanos pobres,pero su fuerza proviene principalmente de losindígenas de los departamentos de las tierras bajasdel occidente. El MIC reeligió a Mujuy en 1994 yaseguró cuatro diputados departamentales y 23curules en concejos municipales, principalmenteen los departamentos con poblaciones indígenasproporcionalmente grandes. En 1997 ganó unaalcaldía92. En 1998 no pudo obtener una curul enel distrito senatorial indígena; no hubo resultadospositivos para este partido después de esta derrota,lo que le costó el registro legal.

Otro partido indígena probó ser más exitosoque las AICO, la ONIC o el MIC. En 1991, elCRIC –que hoy en día es una de las más fuertes einstitucionalizadas organizaciones indígenas anivel departamental–, formó un partido políticollamado Alianza Social Indígena, ASI, en unióncon organizaciones populares locales no indíge-nas. En contraste con los otros tres partidos indí-genas, la ASI buscó alianzas con otros sectorespopulares no indígenas, enfatizando en la solida-ridad de clases así como en los lazos étnicos93. En1991, la ASI lanzó un candidato para el Senado enla circunscripción nacional regular. La ASI obtuvoesa “tercera” curul senatorial indígena no reserva-da en 1991, 1998 y 2002. En 1992 la ASI participóen las elecciones locales y departamentales enCauca y algunos departamentos adicionales. En1994, el partido eligió ocho alcaldes, 84 concejalesmunicipales, dos diputados departamentales enCauca, dos en Vichada y uno más en Antioquia94.En coalición con otro partido, eligió a la líderafrocolombiana Zulia Mena en la circunscripciónespecial para negritudes de la Cámara de Repre-sentantes. Debe anotarse que no todos los candi-datos de la ASI eran indígenas. Los resultados de1994 le dieron un total de ocho alcaldes, 170 con-cejales municipales y 11 diputados departamenta-les a los partidos indígenas95.

En 1997, la ASI ganó la primera gobernaciónpara un partido indígena (Guainía), y terminó

est

ud

ios

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[47]

segunda en las elecciones para la gobernación deCauca y Vaupés. Ese año una diputada de la ASIen la asamblea departamental de Antioquia,Eulalia Yagary, fue reelegida con más votos quecualquier otro candidato y con el doble de losvotos que su competidor más cercano96. La ASItambién ganó seis alcaldías en 1997. En 1998, elanterior presidente de la CRIC, Jesús Piñacué,representando a la ASI en alianza con una coali-ción progresista de oposición, terminó en el deci-moquinto lugar entre más de 300 candidatosnacionales al Senado. Piñacué había sido dosveces candidato a la vicepresidencia con el movi-miento izquierdista Alianza Democrática M-19 en199497. Adicionalmente, la ASI obtuvo una curuldel Senado en el distrito indígena y dos represen-tantes a la Cámara en dos departamentos conmayoría indígena (los levemente poblados depar-tamentos amazónicos de Guainía y Vaupés).

En 2000, la ASI se unió con AICO para elegiral primer gobernador indígena del Cauca, FloroTunubulá, quien había sido senador en 1991 (através de la circunscripción especial). Ese año laASI ganó 11 alcaldías en cuatro departamentos(Cauca, Cundinamarca, Chocó y Risaralda), 146cupos en concejos municipales de 20 departamen-tos (Antioquia, Caldas, Cauca, Córdoba,Cundinamarca, Chocó, Huila, Nariño, Risaralda,Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima,Valle de Cauca, La Guajira, Guainía, Amazonas,Putumayo, Vaupés y Vichada), y ocho diputadosdepartamentales en cuatro departamentos(Antioquia, Cauca, Vaupés y Vichada). En 2002, elsenador Piñacué fue reelegido –en la circunscrip-ción nacional–; esta vez terminó en el decimo-segundo lugar entre los cientos de candidatos encontienda. El senador Rojas Birry, quien habíaganado la elección en el distrito indígena en 1998como candidato de la ASI, se separó de la ASIantes de las elecciones. Fue reelegido para sucurul representando al partido regional del Valledel Cauca, Movimiento Huella Ciudadana98.

En un estudio sobre el éxito de los partidos notradicionales después de la reforma constitucio-nal de 1991, García Sánchez encontró que sólocinco de los 48 partidos habían llegado al poderen más del 2% de las 1.100 municipalidades del

país entre 1998 y 2000. La ASI estaba dentro deeste grupo elite, ganando en un 2,6% de lasmunicipalidades del país. La AICO estaba entrelos 12 que habían ganado en más del 1%. La ASIy las AICO se encontraban entre los únicos 8partidos que habían sido reelegidos99. La ASIhace parte de los partidos no tradicionales másperdurables: de los cinco partidos que ganaron enmás del 2% de las municipalidades del país, sola-mente la ASI y el Movimiento CívicoIndependiente, MCI, habían sido formados antesde 1997. Más aún, sólo la ASI y el MCI teníanpresencia regional y nacional100.

Entonces, en Colombia podemos ver que unaserie de cambios institucionales permitió a lospartidos étnicos formarse, mantener su registro yalcanzar una viabilidad electoral. En primer lugar,está la creación de una circunscripción nacionalpara las elecciones de Asamblea Nacional Consti-tuyente (1990) y Senado (desde 1991). Este cam-bio fue diseñado para representar de una mejormanera las minorías dispersas de toda clase, yfacilitó una representación indígena en amboscuerpos que fue por lo menos proporcional a surepresentación en la población. Así, mientras quela magnitud de las circunscripciones de la Cámaradisminuyó, en un promedio de cinco curules, lospartidos indígenas aún tienen buenas posibilida-des de ganar curules en un sistema con unbipartidismo dominante. En segundo lugar, lareserva de dos curules en el Senado proporcionarecursos financieros y de prensa a los partidospolíticos indígenas y les permite activar y movili-zar a sus electores. Los senadores indígenas seconvirtieron en figuras nacionales (uno fuesubsecuentemente elegido gobernador del depar-tamento del Cauca). En tercer lugar, tuvo lugaruna serie de cambios para ayudar a los nuevospartidos. La Constitución de 1991 y la implemen-tación de la legislación proporcionó a los partidospolíticos y movimientos legalmente reconocidos,ayuda financiera y acceso gratuito a los medios decomunicación. Aunque la mayoría de los recursosson para los grandes partidos –éstos se definencon base en el número de curules que alcanzan–,se entregaron subsidios financieros modestos a lospartidos con representación en el Congreso y las

96 Van Cott, Donna Lee. Ob. cit., p. 227.97 Para una discusión de la controversia que generó esta alianza dentro de la ASI, véase Laurent, Virginie. Ob.

cit., pp. 71-73.98 www.eltiempo.com.co, 3 noviembre de 2002.99 García Sánchez, Miguel. Ob. cit., p. 7.100 Ídem., p. 13.

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[48]

asambleas departamentales, lo que permitió a losnuevos partidos indígenas construir organizacio-nes partidistas. Aunque el número de firmasrequeridas para el registro de los partidos fueelevado de 10.000 a 50.000 firmas o votos en laselecciones previas –lo que es aún una pequeñabarrera para el registro–, los partidos políticosno registrados pueden participar en las eleccio-nes locales101. Finalmente, el hecho de que lastarjetas de votación sean proveídas por el Estadoreleva a los partidos del reto financiero ylogístico de imprimir y distribuir sus propiaspapeletas.

En cuarto lugar, la Constitución finalmentesuprimió el requerimiento existente desde 1957con el Frente Nacional, referente a que una pro-porción “adecuada y equitativa” de los cargosadministrativos fueran otorgados al segundo parti-do más grande, un mandato que “había limitadola participación política de terceros partidos enColombia reforzando perpetuamente el sistemabipartidista”102.

En quinto lugar, la descentralización municipalcon elección directa de alcaldes, instituida en1988, seguida por la elección de gobernadores,introducida por la Constitución de 1991, ha per-mitido a los movimientos indígenas convertirse enfuertes contendientes en las elecciones municipalesy regionales donde las poblaciones indígenas seencuentran concentradas y bien organizadas. Laregulación de la descentralización, que coincidiócon la creación de curules especiales reservadaspara indígenas y la disponibilidad de subvencionespara los partidos, permitieron a los partidos indíge-nas participar en estos recién creados espaciospolíticos. Entonces, aunque unos pocos candidatosindígenas se postularon en las elecciones municipa-les de 1988, lo hicieron como independientes ocomo miembros de partidos políticos no indíge-nas103. Fue sólo después de 1991 que se postularoncon partidos indígenas.

El impacto de los cambios institucionales des-critos anteriormente ha sido distorsionado por unagudo incremento en la violencia política –enparticular, asesinatos y amenazas contra funciona-rios elegidos localmente– durante los años poste-riores a las reformas institucionales. Actualmente,los grupos guerrilleros están presentes en más del60% de los municipios colombianos104, mientrasque el número de paramilitares aumentó en un960% entre 1992 y 2000105. Los indígenas hanestado entre los grupos más fuertemente golpea-dos por la violencia: la guerrilla y los paramilitaresestán presentes en la mayor parte de los munici-pios gobernados por la ASI y las AICO; dos alcal-des de la ASI han sido asesinados106. Sin embargo,los partidos y movimientos no asociados con lospartidos liberal y conservador han aumentado supresencia en las alcaldías cada año desde 1994107.

CO N C LU S I O N E S

Este trabajo ha examinado el funcionamientode una serie de cambios institucionales que estánasociados en la literatura comparada sobre parti-dos con la formación y viabilidad de nuevos par-tidos que representan grupos sub-representados,particularmente las minorías étnicas. Dada lamultiplicidad y diversidad de tales leyes en losdistintos casos de la muestra, es difícil discernirun efecto causal sistemático de alguna ley o regu-lación particular. Más aún, el impacto total deestos cambios puede no ser visible todavía, yaque son necesarios varios ciclos electorales paraque los actores se adapten a las reformas y lamayor parte de éstas son recientes. Sin embargo,se pueden identificar tres tendencias.

Primero, las regulaciones para reducir el nú-mero de partidos –particularmente, umbrales ymultas respecto al registro de partidos– tienen elefecto previsto de hacer difícil a los indígenasformar y mantener partidos políticos. No es unaccidente que tales umbrales sean más altos en los

101 Dugas, John C. Ob. cit., p. 16.102 Ídem., p. 16.103 Laurent, Virginie. Ob. cit., p. 68.104 Hartlyn, Jonathan y John Dugas. “Colombia: The Politics of Violence and Democratic Transformation”. En:

González Casanova, Pablo y Roitman Rosenmann, Marcos (coordinadores). La democracia en América Latina.Actualidad y perspectivas. México: La Jornada ediciones. 1999, p. 286.

105 García Sánchez, Miguel. Ob.cit., p. 2.106 Ídem., p. 14.107 La mejor actuación de las “terceras fuerzas” se dio en 1992 cuando obtuvieron un 29,69% de las alcaldías. Este

resultado cayó al 9% en 1994, pero aumentó al 13,8% y al 19,8% en 1997 y 2000, respectivamente.Aproximadamente la mitad (549 de 1100) de los municipios colombianos han sido gobernados por una“tercera fuerza”. García Sánchez, Miguel. Ob. cit., p. 2.

est

ud

ios

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[49]

tres países con poblaciones indígenas significati-vas. Como anoté, sistemas partidistas altamentefragmentados, personalistas y débilmenteinstitucionalizados tienen una alta probabilidadde surgir en los países latinoamericanos con fuer-tes divisiones étnicas108. Es probable que los um-brales sean instituidos para reducir lafragmentación y excluir a los movimientos políti-cos indígenas.

Segundo, los sistemas políticos descentraliza-dos dan una oportunidad a los partidos étnicosde formarse y ser viables electoralmente. Éstosofrecen la oportunidad de desarrollar campañaselectorales regionales, las cuales son relativamen-te económicas, mientras que llevan la contiendapolítica a los distritos geográficos en los que laspoblaciones indígenas pueden constituir unamayoría. Los nuevos partidos que sean capacesde construir una base local, pueden expandirsesobre esa base y ganar poder regional y nacional,dado que las leyes electorales les permiten ganarposiciones basados en un apoyo concentradogeográficamente.

Finalmente, la reservación de cargos de repre-sentación para candidatos indígenas es una me-dida enormemente efectiva para estimular lamovilización política entre las poblaciones indí-genas. No es sorprendente que las curules reser-vadas sólo se encuentren en aquellos sistemascon la menor proporción de población indígena,donde representan menos que un riesgo para lospartidos establecidos. Una vez instituidos, losmovimientos indígenas han sido capaces de obte-ner impresionantes ganancias electorales fuerade las curules reservadas. Se debe hacer énfasisen que los distritos indígenas especiales fueroncreados donde los movimientos indígenas estánbien organizados y han logrado una exitosa mo-vilización. En ambos casos, poblaciones indíge-nas minúsculas produjeron movimientos socialesorganizados que ganaron puestos en las asam-bleas constituyentes compitiendo con los mejorfinanciados y más experimentados partidos tradi-cionales. Estos movimientos sociales –y los electo-res que movilizaron durante las reformasconstitucionales– pueden ser la razón principaldel éxito electoral posterior a la creación departidos políticos indígenas.

Estos hallazgos me permiten concluir que el

cambio institucional es probablemente unacondición necesaria pero no suficiente para elsurgimiento y la viabilidad electoral de los parti-dos étnicos. Futuras investigaciones podríananalizar otras variables que en su interaccióncon el cambio institucional puedan producireste resultado.

La formación y el éxito electoral de los partidosétnicos constituye un mejoramiento en el nivel derepresentación de los indígenas y sus interesesdentro del sistema político formal. Falta ver si susrepresentantes luchan de manera más efectiva porlas necesidades de los indígenas que los partidosclientelistas y populistas que continúancompitiendo por sus votos. La visión preponderan-te dentro de la literatura es que los partidos étnicostienden a exacerbar el conflicto étnico “reforzandola influencia de elementos étnicamentechauvinistas dentro de cada grupo”, mientras quehacen más difícil convertir los reclamos de ungrupo estrecho en demandas de interés público109.

Esto debe aún ser confirmado como una carac-terística de los partidos étnicos latinoamericanos,ya que la experiencia de muchos de éstos ha sidocorta. Es igualmente posible que los partidos pue-dan constituir una tendencia democratizadora.Como argumenta Roberts, los partidos latinoame-ricanos se están desligando de las estructuras so-ciales y dedicando más a permitirle el acceso alpoder estatal a una pequeña elite. El surgimientode partidos con agendas programáticas coherentes,que están profundamente enraizados en unavibrante y densa red de organizaciones sociales,puede significar que la tendencia actual hacia elelectoralismo puede ser reversible.

A N E X O

LO G R O S E L E C TO R A L E S

D E LO S PA R T I D O S

PA R T I D O S I N D Í G E N A S

A R G E N T I N A

No hay partidos indígenas exitosos.“Sublemas” o “agrupaciones” indígenas dentro delPartido Justicialista. En 1996, un líder indígenaona se convirtió en el primer indio en servicio delCongreso argentino cuando el candidato queencabezaba la lista renunció.

108 Van Cott, Donna Lee. “Party System Development and Indigenous Populations in Latin America: TheBolivian Case”. En: Party Politics. Vol. 6, No. 2, 2000.

109 Horowitz, Donald L. Éthnic Groups in Conflict. Berkeley: University of California Press, 1985.

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[50]

BOLIV IA

Movimiento Indio Tupak Katari (MITKA) eli-gió dos diputados a la Cámara Baja del Congresonacional en 1980.

Movimiento Revolucionario Tupaj Katari deLiberación (MRTKL) eligió dos diputados en laCámara Baja del Congreso en 1985. En 1993, ellíder del MRTKL, Víctor Hugo Cárdenas, fueelegido vicepresidente en la lista de MNR-MRTKL. En las elecciones municipales de 1995eligieron 33 concejales municipales. En las últi-mas elecciones (municipales de 1999) el MRTKLeligió dos concejales municipales en Oruro.

Asamblea de la Soberanía del Pueblo (ASP).En las elecciones municipales de 1995 ganaron 10alcaldías, 49 curules en el concejo municipal y 11consejeros a nivel departamental. En las eleccionesde 1977, la ASP ganó 4 curules uninominales enla Cámara Baja del Congreso (130 curules), 17,5%del voto proporcional en su base en el departa-mento de Cochabamba, 3,7% a nivel nacional. En1998 la ASP se dividió. La ASP ganó 28 curules enconcejos municipales y cinco alcaldías en las elec-ciones municipales de 1999, todos en Cochabam-ba, para un total de 1,12% de las curules a nivelnacional110.

Instrumento Político por la Soberanía de losPueblos (IPSP). Utilizando el registro válido delMovimiento Al Socialismo, en las elecciones de1999 el IPSP (MAS-U) ganó 79 curules en conce-jos municipales en siete departamentos, para untotal de 3,27% de la votación a nivel nacional. En2002, el MAS ganó 20,94% de la votación en laselecciones nacionales, quedando segundo, con unporcentaje de puntos menor a dos que el líder, yganando ocho curules senatoriales y 27 diputadosen la Cámara Baja.

Movimiento Indígena Pachakutik (MIP). En suprimera elección en 2002, el MIP ganó 6,09% dela votación, para un total de seis diputados en laCámara Baja.

COLOMBIA

Organización Nacional Indígena de Colombia(ONIC). Eligió un representante en la ANC en1990 y un senador nacional en 1991 en el distritoindígena reservado. Se retiró de la política en1993.

Autoridades Indígenas de Colombia (AICO).Eligió un representante a la ANC en 1990 y unsenador nacional en el distrito reservado indígena

en 1991, 1994, 1998 y 2002. En 1994 eligió undiputado departamental y seis concejales munici-pales en Cauca. En 1997 ganó cinco alcaldías. En2000, ganó cuatro alcaldías en tres departamen-tos, 74 concejales municipales en 11 departamen-tos y tres diputados departamentales en tresdepartamentos (hay 27 departamentos). En 2002ganó una curul en la Cámara de Diputados.

Alianza Social Indígena (ASI). En 1991, 1998 y2002, eligió un senador en competencia abiertacon los demás candidatos y partidos no indígenas;ganó una curul adicional de aquellas reservadaspara los indígenas en 1998. En 1994, la ASI eligióocho alcaldes, 84 concejales municipales y dosdiputados departamentales en el departamentodel Cauca, su base, así como un diputado departa-mental en Antioquia (no se tiene información deotros resultados fuera del departamento delCauca). En coalición con otro partido eligió a lalíder afro-colombiana Zulia Mena para la CámaraBaja del Congreso en el distrito reservado para lasnegritudes. La ASI repitió la elección de un sena-dor en el distrito no indígena en las eleccionesnacionales de1997, eligiendo también dos diputa-dos nacionales y seis alcaldes. Ese año ganó suprimera gobernación departamental, quedó se-gunda en otros dos departamentos. En 2000 seunió con la AICO para elegir el primer goberna-dor indígena del Cauca, y ganó 11 alcaldías encuatro departamentos, 146 curules en concejosmunicipales en 20 departamentos y ocho diputa-dos departamentales en cinco departamentos.

Movimiento Indígena Colombiano (MIC). For-mado en 1993 para asegurar la reelección delsenador indígena de la ONIC para el período1991-1994, después de que la ONIC ser retirara dela competencia electoral. Fue reelegido en 1994,cuando el MIC eligió también cuatro diputadosdepartamentales y 23 concejales municipales. En1997 eligió un alcalde. El MIC perdió la curulindígena en el Senado en 1998, y el partido nopostuló candidatos en el año 2000.

E C U A D O R

Movimiento de Unidad PlurinacionalPachakutik (MUPP). En 1996, obtuvo ocho curules(de 82 posibles) en el Congreso nacional, el cuartobloque de mayor tamaño en el Congreso, 68curules en las elecciones locales, ganando siete decada diez contiendas en las que participó. En1997, el MUPP ganó siete de 70 curules en la Asam-

110 El Consejo Nacional Electoral tiene registro de 22 curules ganadas por la ASP, la cual prestó el registro delPCB para estas elecciones.

est

ud

ios

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[51]

blea Nacional Constituyente. En las eleccionesnacionales de 1998, obtuvo ocho curules en uncongreso de 121 curules. En las elecciones de 2000ganó cinco de 22 prefecturas, 25 de 215 alcaldías,60% de las curules en los concejos parroquiales.

PERÚ

Movimiento Indígena de la Amazonia Peruana(MIAP). Partido formado en 1999 por la Asocia-ción Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana(Aidesep), la cual se formó en 1980 como movi-miento social. El MIAP gano 12 alcaldías en laselecciones de 2000 (Aidesep, 2000).

VENEZUELA

Pueblo Unido Multiétnico de Amazonas(Puama). Un partido regional del estado de Ama-zonas, cuya población indígena es del 43%. Fueimposible su participación en las elecciones de1998 debido a obstrucciones por parte de funcio-narios electorales estatales. En 1999 eligió unode los representantes del Amazonas para laAsamblea Nacional Constituyente. En coalicióncon el partido de izquierda Patria Para Todos, seconvirtió en la tercera fuerza en Amazonas. En

2000, tras la reforma constitucional de 1999, ellíder indígena del Liborio Guarulla ganó la go-bernación del estado de Amazonas (en coalicióncon el PPT), eligió un diputado en la AsambleaLegislativa estatal, y obtuvo una curul en laAsamblea Nacional, fuera de las tres reservadaspara el distrito indígena senatorial. El Puamaeligió diez concejales municipales en cuatro delas siete municipalidades del estado111.

Consejo Nacional Indio de Venezuela(CONIVE). La Constitución de 1999 permite amovimientos sociales como el Convive competirpor las curules reservadas para los indígenas. ElConvive ganó las tres curules reservadas en laAsamblea Nacional Constituyente de 1999, y lastres reservadas para las elecciones de la AsambleaNacional. Los competidores eran principalmentevehículos indigenistas establecidos por los parti-dos políticos no indígenas. La lista del Conviveestaba cercanamente asociada con la coalición deChávez. El miembro de la Asamblea por el Convi-ve, Noelí Pocaterra, es el segundo vicepresidentede la Asamblea.

111 Cada concejo tiene un promedio de 4-5 curules, la mitad de las cuales son elegidas por listas, y la mitadrestante son nombradas. El Puama obtuvo tres curules por lista y siete nombramientos.

Fecha de recepción: 15.06.2002Fecha de aprobación: 10.01.2003

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[52]

I M P O R TA N C I A D E L T E M A

l a s o n g c o l o m b i a n a s d e d e r e c h o shumanos están hoy en el centro del huracánpolítico. La acusación de que casi todas ellas sonsimpatizantes de las guerrillas no es nueva, haceparte de su historia, aquí y en casi todos loslugares donde actúan para denunciar y parapaliar las violaciones y abusos a los derechoshumanos y los crímenes de guerra. Nuevos son,sin embargo, la masividad, la virulencia de losataques y la participación desembozada en ellosde algunos de los más altos funcionarios delGobierno. El Ministro del Interior y de Justicia,Fernando Londoño, las ha señalado, con saña degesto y de palabra, como apoyos de la guerrilla.Acaso más comprometedora que su alusiónpública a los ecologistas como “verdes por fuera yrojos por dentro”, fue su presencia como orador-presentador en el lanzamiento del libroEsquilando el lobo –editado por el cuerpo degenerales y de almirantes en retiro, con el apoyode personalidades como el periodista y escritorPlino Apuleyo Mendoza–, obra en la cual seacusa abiertamente a buena parte de las grandesONG nacionales e internacionales de serenemigas del Estado y amigas de la guerrilla. Sibien el Presidente Álvaro Uribe y el Vicepresi-dente Francisco Santos han sido más prudentes ymás diferenciados en sus juicios sobre los defen-sores de derechos humanos, y hasta han recono-cido su importancia para la preservación de lademocracia, la verdad es que flota en el ambien-te la impresión de que combatir a las ONG dederechos humanos constituye hoy una política degobierno cuya punta de lanza internacional es laEmbajadora en el Canadá, Fanny Kerstman.

La nueva guerra contra las ONG no es sólouna guerra de palabras; allanamientos sin ordenjudicial a sus sedes, detenciones bajo cargos de“rebelión”, expulsiones del país y hasta asesinatosde sus miembros hacen parte de ella. La comuni-

Apuntes para unahistoria comparada de lajusticia transicional.

El papel de las ONG dederechos humanos en losprocesos de justiciatransicional: los casos delCono Sur y El Salvador.

Iván Orozco AbadVisiting Fellow del Instituto

Kellogg de la Universidad de

Notre Dame

ISSN

012

1-47

05an

álıs

ıs p

olítı

co n

º 48,

Bog

otá,

ene

ro-a

bril

2003

: pág

s. 5

2-76

de

mo

crac

iaan

álıs

ıs p

olítı

co n

º 48

[53]

dad internacional de los derechos humanos yhasta el Consejo de la Unión Europea han teni-do que cerrar filas en torno a ellas para defen-derlas. Parecería que en el nuevo contexto deretorno a la conmoción interior, de concentra-ción de poderes en el Ejecutivo y en las FuerzasMilitares, de involucramiento de la población enla confrontación, y en general, de afirmación delprimado de la autoridad sobre la libertad, lasONG están “predestinadas” a enfrentarse al Esta-do. Peor aún, en Colombia, en el marco de unacrisis profunda de los partidos tradicionales y deuna debilidad extrema de la izquierda parlamen-taria y de desvanecimiento de la oposición políti-ca, las ONG de derechos humanos parecencondenadas a aparecer como un sustituto de laoposición. Sin embargo, las ONG colombianasde derechos humanos son más movimiento so-cial que partido político, y no están ni hechas nipreparadas para ello. Su trabajo se orienta haciala afirmación incondicional de ciertos principiosy la ayuda a los débiles, y no hacia el compromi-so pragmático y las negociaciones de elite. Suvulnerabilidad es muy alta cuando las circunstan-cias las obligan a ponerse en la primera línea dela guerra política, guerra que en nuestro país,infortunadamente se pelea con medios militares.

El Gobierno de Álvaro Uribe, comprometidocomo está con su política de “seguridad democrá-tica” –orientada si no a aniquilar, por lo menos sía doblegar a las guerrillas–, sabe que las guerrassuelen ganarlas quienes obtienen el apoyo de laopinión pública nacional e internacional. Tal vezmás que nunca, la guerra colombiana se estátransformando en una guerra por el control de laverdad y del sentido de justicia. El fenómeno noes nuevo ni es exclusivo de nuestro país, pero ellono le quita su carácter trágico. La guerra es el im-perio de la mentira. En Colombia, como en casitodos los países donde ha habido conflicto arma-do, la verdad tiende a convertirse cada vez másen un “arma” en las manos de los guerreros detodos los bandos. Si se mata hoy la verdad paraganar la guerra, finalmente habremos perdidotodos, porque entonces la guerra habrá de conti-nuar como “guerra de las versiones opuestas y delos rumores”, alimentando los odios recíprocos ypreparando la violencia futura. El papel de lasONG de derechos humanos, como el de la pren-sa libre, es fundamental en la tarea de preservary de descubrir la verdad, y de informar con elloel sentido de justicia.

Parece absurdo, pero no lo es, que a pesar desu importancia, los ciudadanos del común –que

no los aparatos de inteligencia de los actores ar-mados, incluidos los del Estado– sabemos pocosobre las ONG de derechos humanos en Colom-bia, sobre su historia, sus formas de organiza-ción, sus orientaciones ideológicas y susdiferencias. No hay muchos trabajos sistemáticossobre el tema. Parecería que la academia las haquerido proteger con su silencio. Y lo que esigualmente importante, tampoco los defensoresde derechos humanos han contado su propiahistoria. Es explicable: en un contexto de guerraintestina y de polarización creciente como el quevive Colombia, iluminar por dentro el universode las ONG incrementa su vulnerabilidad, laspone a merced de sus enemigos, que son poten-cialmente todos los actores armados.

Tampoco en ello Colombia representa uncaso único. En general, las historias y los estudiossistemáticos de los movimientos de los derechoshumanos se han escrito, o por lo menos se hanpublicado, después de que han terminado los ci-clos de barbarie simétrica o asimétrica, en res-puesta a los cuales se han originado estasorganizaciones y en los cuales, así mismo, hanencontrado su razón de ser y su pauta de desa-rrollo. Parecería que es imposible escapar a latrampa paralizante que implica estudiar a lasONG de derechos humanos. Si se ilumina su his-toria, se las pone en peligro; pero si se persisteen mantenerla en la sombra, se favorece que “pa-guen justos por pecadores” y se impide –sobretodo en contextos de guerra civil o como se quie-ra llamar a esto que nos está matando– el esta-blecimiento de criterios compartidos, lo cual, asu vez, dificulta el acceso a una mayor coheren-cia ideológica, a una mayor unidad organizativay a una mayor capacidad de influencia política.

El hecho de que la extrema derecha y la extre-ma izquierda, pero sobre todo la primera, laseche a casi todas en el mismo saco y las descalifi-que como subversivas, no es sólo el resultado de lapolarización creciente de la sociedad colombiana;también es producto de que las mismas ONG dederechos humanos han contribuido a ello consu silencio. Buscando preservar la unidad–superficial– del movimiento de los derechos hu-manos, pero acaso sobre todo queriendo evitarseñalamientos y acusaciones que pueden hacermuy vulnerables a sus compañeros de aventura,los grupos de derechos humanos que ocupan el“centro” humanitario han persistido en “taparsecon la misma cobija” que cubre a sus colegas másradicales de izquierda. La ausencia –explicable–de un debate franco y abierto entre defensores de

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[54]

derechos humanos, así como entre éstos y los ha-cedores de paz, se ha reflejado en la falta de unverdadero consenso en torno a temas tan funda-mentales como el de la entronización y los usosdel Derecho Internacional Humanitario, DIH,como criterio de enjuiciamiento, o el de las rela-ciones entre paz negociada y derechos humanos.Las consecuencias de esa “solidaridad” puedenser desastrosas. Ello dificulta la emergencia de ins-tancias de coordinación en el nivel nacional;dificulta, así mismo, las interacciones con el siste-ma político, le resta claridad y credibilidad a sumensaje humanitario de cara a la comunidad in-ternacional, y sobre todo, favorece su señalamien-to indiscriminado por parte de la extremaderecha y de la extrema izquierda.

Acaso queda por lo menos una alternativa: ex-plorar de manera comparada las historias de lacausa y los movimientos de los derechos huma-nos y de promoción de paz en otras latitudes, demanera que esas experiencias sirvan de marcopara el entendimiento de la propia situación.Esto es lo que pretendo hacer en este ensayoexploratorio sobre el papel y las trayectorias delos movimientos de derechos humanos en elCono Sur en Argentina, en Chile y en El Salva-dor durante las décadas de los ochenta y losnoventa, en el marco de los procesos de transi-ción a la democracia y de justicia transicional.Es cierto que cada país y cada historia son dis-tintas e irrepetibles. Pero es igualmente ciertoque tienen muchas cosas en común. Corres-ponde a cada lector determinar los parecidos ylas diferencias, y sobre todo, sacar leccionespara Colombia.

L A S P R E G U N TA S Y L A S R E S P U E S TA S

Me voy a limitar en este ensayo exploratorioal estudio de tres casos de transición a la demo-cracia, uno desde la guerra civil y dos desde dic-taduras estables, en los cuales el proceso de lajusticia transicional ha sido, a pesar de una fuer-te presencia internacional en distintas etapas, elresultado de dinámicas endógenas de auto-deter-minación nacional. Las conclusiones a que dé lu-gar mi trabajo no son generalizables a casos enlos cuales la intervención externa masiva ha de-terminado los resultados. Tampoco a casos devictoria militar y de “justicia de vencedores”(victor’s justice) en contextos de guerra civil. Loscasos escogidos, los de Argentina (1983), Chile(1990) y El Salvador (1992). En Argentina y enChile, los puntos de partida y las modalidades dela transición fueron muy diferentes. Mientras en

el primer caso la dictadura fue un ejercicio cole-giado y la represión tuvo un carácter altamentedescentralizado, descontrolado e indiscrimina-do, en el segundo, en cambio, el poder se con-centró fuertemente en la cúpula personal de lapirámide militar, y la represión adquirió un ca-rácter más institucional, controlado y selectivo. Ylo que es tanto o más importante, en Argentinala transición fue el resultado del colapso del régi-men autoritario luego de la derrota militar en laguerra de Las Malvinas, en tanto que en Chile latransición fue el producto de una negociaciónentre los sectores moderados de la oposición de-mocrática y unas fuerzas militares que, si bienhabían sido políticamente derrotadas, conserva-ban intactos su poder militar y su prestigio. Sinembargo, y ello es lo significativo en lo que atañea este trabajo, en el largo plazo, a pesar de las di-ferencias mencionadas y de otras muchas, en es-tos países el proceso de la justicia transicional haterminado por conducir a resultados muy simila-res. Tanto en Argentina como en Chile puededecirse que ha terminado por dominar un mode-lo de justicia retroactiva caracterizado por unprimado de la memoria sobre el olvido y de lajusticia –parcial– sobre la impunidad.

De otro lado, en lo que atañe a Chile y El Sal-vador, se trata de casos que han seguido trayecto-rias cruzadas, y en los cuales, por lo menos hastala fecha, los resultados de los procesos de la justi-cia transicional han sido diametralmente distin-tos. En Chile, después de que los militaresimpusieran inicialmente un modelo de falsa “re-conciliación” fundado en una amnistía total y ab-soluta, sólo morigerado por las revelaciones de laComisión de la Verdad, al cabo de 20 años de lu-cha silenciosa apuntalada en la “memoria larga”de las víctimas, terminó por triunfar la justicia re-tributiva. En El Salvador, en cambio, después deque la Misión de Observadores de las NacionesUnidas en El Salvador, Onusal, hubiera tratadode establecer un modelo de rendición de cuen-tas –sobre la base, si no de condenas penales im-posibles, por lo menos sí de purgasadministrativas y de sanciones sociales–, ha ter-minado por imponerse y por estabilizarse un mo-delo de reconciliación fundado en la amnistíarecíproca, si no en el olvido.

Las preguntas que orientan este ensayo son lassiguientes: ¿Por qué, en Argentina y en Chile, apesar de las diferencias marcadas en las situacio-nes de origen y en las modalidades de la transi-ción, y después de que durante los primeros añosparecía que los resultados de los procesos de la

de

mo

crac

iaan

álıs

ıs p

olítı

co n

º 48

[55]

justicia transicional eran completamente distintos,han terminado por ser tan parecidos? Y ¿por quéen Chile y en El Salvador, a pesar de que la transi-ción a la democracia fue en ambos casos el resul-tado de una negociación entre elites poderosas,que permitía esperar resultados muy parecidos enmateria de justicia transicional, los resultados hansido tan distintos?

La tesis central de este trabajo en lo que ata-ñe a Argentina y Chile es que los resultados pare-cidos en los procesos de la justicia transicional seexplican, en buena medida, por el caráctermarcadamente asimétrico de los procesos devictimización que tuvieron lugar en ambos paí-ses, los cuales facilitaron el conocimiento y el re-conocimiento de quiénes fueron los victimarios yquiénes las víctimas, y posibilitaron con ello con-sensos amplios en torno a la verdad y a la necesi-dad de hacer justicia. El carácter asimétrico de labarbarie y la meridiana claridad que de ello re-sultó en lo que atañe a la separación entre losvictimarios y las víctimas, favoreció el desarrollode unos movimientos de los derechos humanosideológicamente coherentes, unidos y podero-sos, capaces de canalizar las demandas socialesde justicia retributiva dentro del sistema político.

En lo que atañe a El Salvador y contrario a loque sucedió en el Cono Sur, el carácter simétri-co de la barbarie practicada por los guerrerosde ambos bandos dificultó el reconocimientode la diferencia entre las víctimas y losvictimarios, y favoreció el desarrollo de un sen-timiento “trágico” de justicia, proclive a las“compensaciones recíprocas” de culpas, y conello al privilegio de las lógicas del perdón y lareconciliación sobre las lógicas de la justicia. Ylo que es igualmente importante, la barbarie si-métrica y su impacto sobre el sentimiento dejusticia, asociado a los dilemas propios de unatransición doble hacia la paz y hacia la demo-cracia, dificultó la formación de un movimientopor los derechos humanos coherente, unitario ypoderoso, capaz de articular e imponer la satis-facción de las demandas retributivas de las vícti-mas en el seno de un sistema político dominadopor los antiguos enemigos.

L A E M E R G E N C I A D E U N N U E V O

P A R A D I G M A D E J U S T I C I A : L A J U S T I C I A

T R A N S I C I O N A L E N N U R E N B E R G Y E N E L

C O N O S U R

La teoría de la justicia transicional ha estadoexcesivamente dominada por el doble paradig-ma empírico y normativo de Nuremberg y del

Cono Sur. Tal vez ello ha impedido estudiar afondo las implicaciones del hecho que las transi-ciones a la democracia tengan su origen, o bienen una situación de guerra civil, o bien de dicta-dura estable. Obsérvese, en este contexto, quetanto la “justicia de vencedores” de Nurembergcomo la justicia retroactiva en escenarios de bar-barie asimétrica como fueron los casos del ConoSur tienen en común que el objeto de la perse-cución penal y del castigo fue en ambos casos unúnico gran victimario: un (el) Estado.

Pese a los esfuerzos que se hicieron enNuremberg por subordinar la “justicia de vence-dores” de los aliados a los dictados del Estado dederecho, no pudo dejar de ser un modelointernacionalizado de privilegio de la pena retri-butiva, bajo premisas de amnistía tácita para elvencedor y castigo para el vencido. Después de laSegunda Guerra Mundial, en el horizonte de losprocesos de Nuremberg y en el nuevo marco deNaciones Unidas se operó una suerte de revolu-ción copernicana del derecho de los derechoshumanos. Hasta el momento en que se hizo elgran juicio contra la Alemania nazi por el Holo-causto del pueblo judío y de otras minoríasétnicas y políticas, el Estado, el gran invento dela modernidad política, había sido consideradoel protector de los individuos y grupos situadosdentro de sus fronteras. Desde entonces, el viejoLeviatán empezó a ser mirado, por lo menos enparte, como la gran amenaza contra los mismos.La Guerra Fría congeló durante 40 años la posi-bilidad de que se hiciera realidad el ideal de jus-ticia desarrollado desde Nuremberg, mediante eltrabajo de comisiones y la firma de tratados, enmateria de crímenes de lesa humanidad, de gue-rra de agresión y de crímenes de guerra. Fue ne-cesario llegar a los años setenta, cuando seestablecieron las dictaduras del Cono Sur, parapoder apreciar claramente las implicaciones pro-fundas de ese cambio de perspectiva.

E L C A S O A R G E N T I N O

Hacia 1983, antes de la caída del “Muro deBerlín” (1989) pero ya en un clima político do-minado por el surgimiento del movimiento inter-nacional y por la emergencia de la hegemoníaglobal del discurso de los derechos humanos –yde la democracia liberal– , el colapso de la dicta-dura militar argentina y la posterior transición ala democracia, las redes internas e internaciona-les de derechos humanos y los movimientos so-ciales y políticos de las víctimas demostraron suenorme capacidad para influir en los procesos

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[56]

reales de la justicia transicional. A pesar de la re-presión terrible a que fueron sometidas las ONGde derechos humanos y los movimientos de lasvíctimas, asimilados por el régimen autoritario ala condición de terroristas y auxiliares del terro-rismo, organizaciones profesionales como elCentro de Estudios Legales y Sociales, CELS1, yasociaciones de víctimas como las “Madres de laPlaza de Mayo” y la Asamblea Permanente porlos Derechos Humanos, APDH, iniciaron su la-bor de apoyo económico y psicológico, de ayudalegal, de denuncia y de movilización social con-tra las desapariciones y, en general, contra la bar-barie vertical practicada por los militares,quienes, por su parte, contaban con la colabora-ción más o menos activa de importantes segmen-tos sociales y con la bendición de buena parte dela Iglesia católica2.

No fueron sólo el desprestigio en que cayó laJunta Militar luego de su aventura infortunadaen la guerra de las Malvinas, los escándalos porcorrupción e ineficiencia, y las divisiones inter-nas en las Fuerzas Armadas, sino también la lu-cha valerosa del movimiento de los derechoshumanos y de las víctimas, aquello que determi-nó la deslegitimación y la caída de la dictadura.Tras la dictadura, el presidente Alfonsín llegó alpoder en nombre del Partido Radical y con un

programa claramente comprometido con el pro-pósito de llevar ante la justicia a los responsablesde las grandes violaciones de los derechos huma-nos cometidas durante la dictadura. En el marcodel primer gobierno democrático, no sólo las or-ganizaciones de derechos humanos especializa-das en el apoyo judicial de las víctimas pusieronen movimiento la máquina judicial, sino tambiénlos movimientos de las víctimas movilizaron la ra-zón y la rabia retributivas, para ejercer presiónsobre un gobierno que desde el comienzo habíaempezado a buscar fórmulas transaccionales ymoderadas de castigo3.

El apoyo de algunas ONG de derechos huma-nos al trabajo de la Comisión Nacional para elEstudio de las Desapariciones, Conadep, fue fun-damental para el éxito de ésta en develar el ho-rror de los dispositivos empleados para llevar acabo las detenciones ilegales, las torturas y lasdesapariciones forzadas de más de nueve mil ciu-dadanos argentinos entre los años 1976 y 1983,pero sobre todo durante los primeros años de ladictadura4. El informe de la Conadep, converti-do en best seller, fue desde su aparición una medi-da oficial, objetiva y creíble de la verdad, y unapoyo fundamental para la justicia. Luego vinie-ron los procesos y condenas contra los nueve ge-nerales de las tres juntas militares de gobierno5.

1 “La mayor parte de las organizaciones de derechos humanos de ‘no víctimas’ han sido creadas después del golpemilitar de marzo de 1976. La excepción fue el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) (…). Durante elperíodo dictatorial, coexistieron diferentes estrategias y lógicas de acción dentro del movimiento, algunas vecespacíficamente, otras con considerable controversia y conflicto. El movimiento siempre fue heterogéneo, con dosclases de organizaciones: 1) aquellas de afectados directos por las políticas represivas (madres, abuelas, familiares,y más recientemente, ex detenidos- desaparecidos) y 2) aquellas de los no afectados directamente (CELS, APDH,la Liga, Serpaj, MEDH, y el Movimiento Judío por los Derechos Humanos, MJDH). Los líderes más prominentesde algunos de estos movimientos eran a la vez figuras públicas reconocidas (políticos, intelectuales, activistasreligiosos) y víctimas o afectados por violaciones a los derechos humanos”. Jelin, Elizabeth. “The Politics ofMemory. The Human Rights Movement and the Construction of Democracy in Argentina”. En: Latin AmericanPerspectives, Vol. 21, No. 2, 1994, p. 41.

2 Mignone, Emilio. “The Catholic Church and the Argentine Democratic Transition”. En: Epstein, Edward C.(editor). The New Argentine Democracy. Westport: Praeger, 1992.

3 El informe de Juan Méndez para Americas Watch, pone de manifiesto el papel central que desempeñaron lasONG de derechos humanos y las organizaciones de víctimas en el proceso de la justicia transicional en el paísaustral. Véase Méndez, Juan. Truth and Partial Justice in Argentina an Update. Nueva York: Americas Watch, 1991.

4 Al respecto dice el arriba citado informe de Americas Watch: “Las organizaciones de derechos humanos consede en Buenos Aires han recolectado una documentación amplia que fue devuelta a la Comisión; los archivosdel Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos(APDH) resultaron particularmente valiosos. Algunos familiares de desaparecidos fueron a las oficinas deConadep a repetir sus historias. Un número significativo de familias que nunca habían hecho públicas sushistorias acerca de sus familiares fueron a Conadep. De esta manera, la lista de 6.500 desapariciones recolectadadurante el período dictatorial por la APDH creció a 8.960”. Méndez, Juan. Ob. cit., p. 17; Concord. Roniger,Luis y Mario Sznajder. The Legacy of Human-Rights Violations in the Southern Cone: Argentina, Chile and Uruguay. NewYork: Oxford University Press, 1999, p. 62

5 Roniger y Sznajder. Ob. cit., p. 67.

de

mo

crac

iaan

álıs

ıs p

olítı

co n

º 48

[57]

Producido este primer resultado, Americas Watchpudo afirmar que en Argentina el resultado delproceso de la justicia transicional era de “verdady de justicia parcial”.

Posteriormente, en 1984, cuando algunas vícti-mas de la dictadura y los grupos de derechos hu-manos, en asocio con la izquierda peronistalograron modificar en el Congreso el proyectooriginal de la primera Ley de “Obediencia Debi-da” (Ley 23.049 de 1994) presentada por el go-bierno de Alfonsín, de manera que se exceptuarasu aplicación –v. gr. de su presunción– en aquelloscasos en que los subordinados hubieran perpetra-do crímenes “atroces”, se pusieron las bases parala futura rebelión de los mandos medios en lasFuerzas Armadas6. Años después, en 1996, cuandose expidió la Ley de “Punto Final”, y ésta estable-ció un período de 60 días para presentar denun-cias por crímenes perpetrados durante ladictadura, el movimiento de los derechos huma-nos –contrariando la voluntad del Gobierno deponer un plazo a la posibilidad jurídica de iniciarlos procesos– inundó de denuncias por violacio-nes las cortes argentinas7. Estas denuncias masivaspresentadas contra los militares durante los díasque antecedieron al plazo establecido por la Leyde “Punto Final” completaron el escenario de in-certidumbre y de temor en el cual los capitanes ylos coroneles de la barbarie incubaron su incon-formidad y su voluntad de resistencia contra lajusticia retroactiva.

Durante los primeros años del gobierno deAlfonsín, éste había demostrado que sus deman-das “moderadas” de castigo contra los militareseran razonables, usando el argumento de con-trastarlas contra las exigencias retribucionistasradicales de algunos grupos de derechos huma-nos como el de las Madres de la Plaza de Mayo8.

Sin embargo las relaciones, siempre tensas, entreel gobierno de Alfonsín y el movimiento de losderechos humanos se rompieron cuando el pri-mero, luego de los levantamientos militares de laSemana Santa de 1987, decidió transar y acortarla agonía interminable de la “justicia retroactiva”mediante la ley segunda Ley de “Obediencia De-bida”9. La nueva ley, además de transformar lapresunción de inocencia en favor de los subordi-nados en una presunción irrefutable “de dere-cho”, amplió su cubrimiento hasta el rango decoronel o su equivalente en otras fuerzas.

En este contexto resultan muy esclarecedoreslos juicios amargos de Carlos Nino sobre el papelde las ONG en el proceso argentino de la justiciaretroactiva. En su libro Radical Evil on Trial, ésteseñala:

La postura de los grupos de derechos humanoshacia la justicia retroactiva fue intransigentementeretributiva. Buscaron castigar a todos y cada uno delos responsables por los abusos, independientemen-te de su grado de involucramiento. Sostenían unavisión kantiana del castigo; incluso si la sociedadestaba al borde de la disolución, ésta tenía el deberde castigar hasta al último culpable.

Y agrega, algunas páginas más adelante:

Además, las demandas de los militares y de losgrupos de derechos humanos, en lugar decontrarrestarse entre si, trabajaron de manerasinérgica para debilitar la estrategia del gobierno.A pesar de su antagonismo, los militares y los gru-pos de derechos humanos compartieron la mismavisión retributiva del castigo (con la diferenciaobvia de que los militares pensaban que no seríanculpados por la “guerra sucia”, mientras que los

6 Véase Nino, Carlos S. Radical Evil on Trial. New Haven: Yale University Press, pp. 74 y 75, 1996. Neier, Aryeh.“What Should be Done About the Guilty?”. En: Krits, Neil (editor). Transitional Justice, Volumen I. p. 179. Neierconcuerda con Nino al afirmar que si no se hubiera cambiado el proyecto original del gobierno, en el sentidode castigar sólo la cúpula de la dictadura, nunca habría habido levantamientos. Jon Elster, siguiendo a Nino,discute in extenso el asunto del oportunismo de los antiguos colaboradores. Véase Elster, Jon. “Coming to Termswith the Past. A Framework for the study of Justice in the Transition to Democracy”, Elster, Jon. “Coming toterms with the past. A framework for the study of justice in the transition to democracy”. En: ArchivesEuropéennes de Sociologie, Tomo XXXIX, No. 1, 1998, pp. 7-48.

7 Méndez, Juan. Ob. cit., pp. 48-49.8 Osiel, Mark. “The Making of Human Rights Policy in Argentina: The Impact of Ideas and Interests on a Legal

Conflict”. En: Journal of Latin American Studies. Vol. 18, 1986, pp. 135-180.9 Abregú, Martín. “Democratizando la lucha por los derechos humanos: la difícil relación entre el movimiento

de derechos humanos y las instituciones republicanas en la Argentina. Una experiencia de trabajo”. Ponenciapresentada en el XX Congreso internacional de LASA, Guadalajara, 1997.

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[58]

grupos de derechos humanos pensaban lo contra-rio), mientras que el gobierno respaldaba unavisión preventiva del castigo10.

El paso del tiempo, el cambio generacional ylas urgencias económicas asociadas a lahiperinflación empezaron a cambiar las priorida-des de la población11. Entonces empezó a sentirseen las organizaciones de derechos humanos la cri-sis transicional. Para sobrevivir en el nuevo esce-nario, las ONG debieron empezar a transformarsey a desbrozar nuevos horizontes de actividades.Cuando el Presidente Menem, después de haberremplazado prematuramente a Alfonsín, expidiósus decretos de perdón, ya la curva de la intensi-dad de la rabia retributiva del público general es-taba en un punto muy bajo. En el momento enque Menem salió a hablar de reconciliación, yaun cuando el 25 de abril de 1995 el generalMarin Balza, comandante en jefe de las FuerzasArmadas, salió –y con él por primera vez un altooficial– a pedir excusas al pueblo argentino por losucedido, tal vez muchos escucharon con amargaironía sus palabras, pero poco se protestó12.

Sin embargo, la rabia retributiva de las víctimas,apoyada por algunos grupos de abogados pena-listas y por la razón legal retributiva imperecederaque alienta al movimiento internacional de losderechos humanos mantuvieron viva la brasa –si nola llama– de la justicia retributiva. La indignaciónespasmódica que despertaron entre las gentes delcomún episodios tales como las declaraciones del

ex Capitán de fragata, Adolfo Scilingo, sobre los“vuelos nocturnos”, hicieron también lo suyo, entanto trajeron a la memoria un pasado que parecíaperderse en la bruma del tiempo y que muchos sehabían empeñado en enterrar13. A pesar de lahiperinflación, del declive de la curva de la solidari-dad con las víctimas y del primer cambiogeneracional, la rabia y la razón retributivas de lasvíctimas y de sus defensores, dentro y fuera delpaís, fueron suficientes para mantener en marchala máquina lenta de la justicia y para presionar enel largo plazo el regreso hacia un modelo de justi-cia transicional dominado por la justicia retributivay no por la impunidad14.

Visto en perspectiva actual, después de ires yvenires, el sistema judicial argentino ha ido en-contrando la manera de encarcelar a los genera-les responsables de la represión. Quienes no hanmuerto, están todos en prisión. Gracias a que losrobos de los hijos y los bienes de los desapareci-dos no estaban cubiertos por las leyes de amnis-tía, los tribunales, alimentados por el deseo dejusticia de las organizaciones de víctimas, hanpodido poner en acción y hasta extender porfuera de las fronteras nacionales sus redes retri-butivas. Se han abierto causas judiciales pormasacres perpetradas por militares con anteriori-dad a 1976 y que escapan con ello también a lasleyes de amnistía. El carácter regional de la cons-piración militar que dio lugar a las dictadurasdel Cono Sur se ha destapado a través de la que-rella judicial contra el Plan Cóndor15. Además,

10 Nino, Carlos. Ob. cit., pp. 112, 115-116.11 Ronger y Sznajder. Ob. cit., p. 76.12 Ídem., pp.115-117. Concord. Osiel, Mark. Mass Atrocity, Ordinary Evil, and Hannah Arendt: Criminal Consciousness

in Argentina’s Dirty War. New Heaven: Yale University Press, 2001, pp. 20 y ss.13 Verbiztky, Horacio. El Vuelo. Buenos Aires: Planeta, 1995.14 En tal sentido el informe de CELS del año 2001 dice: “En 1996 se cumplía el XX aniversario del golpe de

Estado y tomaba un fuerte impulso el movimiento social que demandaba por la memoria y la búsqueda de laverdad. Un año antes, las declaraciones de los represores habían quebrado el silencio y dejado al descubierto elimperativo de juzgar esos crímenes como condición para construir una sociedad democrática. Desde esa fechahasta hoy, el espiral fue ascendente tanto en los logros como en los intentos por frenar esos avances. En elplano nacional se fortalecieron las iniciativas de homenaje y conmemoración a las víctimas y el repudio moral alos represores, el reconocimiento del derecho a la verdad, el juzgamiento de los máximos responsables por laapropiación de menores y la apertura de causas por robo de bienes y crímenes cometidos en los años previos algolpe de Estado. En el plano internacional se amplió y renovó el consenso contra la impunidad y sefortalecieron las causas judiciales por desaparición y genocidio en países como España, Italia, Francia, Suecia yAlemania. En el 2001, a 25 años del golpe militar de 1976, la consigna fue más contundente: las principalesconsecuencias de la dictadura como la impunidad y el inicio de un modelo de exclusión social deben serabordadas desde las instituciones de la democracia. Una vez más, en un marco de conmemoración crítica ydebate por parte de amplios sectores sociales se produce un cambio, esta vez movilizando la justicia”. CELS.Informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina. Buenos Aires: CELS, 2001, introducción.

15 CELS. Informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina. Buenos Aires: CELS, 2002. En:www.cels.org.ar?site_cels/publicaciones/publi_info02.html

de

mo

crac

iaan

álıs

ıs p

olítı

co n

º 48

[59]

en Argentina –como en Chile– durante los últi-mos años se han ensayado los usos “veraces” dela justicia –por ejemplo, juicios de la verdad–,que han permitido esclarecer, por lo menos enparte, el destino de algunos de los desapareci-dos, y han conseguido sacar adelante un progra-ma importante de reparaciones para lasvíctimas16. Y como si todo esto fuera poco, re-cientemente la Corte Suprema argentina declaróla nulidad de las leyes de amnistía de Alfonsín, locual abre nuevos espacios a un aparato judicial,crecientemente renovado, que gota a gota ha idoformando su lago de justicia17.

El efecto Scilingo

El 2 de marzo de 1995, el ex Capitán de fragata,Adolfo Scilingo, inició, en el programa de noticias“Hora Clave” del periodista Horacio Verbitzky, unaconfesión pública sobre su participación en dos delos “vuelos nocturnos” que se realizaban dos vecespor semana con el propósito de lanzar prisionerosde la guerra sucia desde el aire al mar abierto. Lasconfesiones del atormentado Scilingo fueron, enparte, resultado del conflicto que se suscitó, duran-te los juicios a los nueve generales que encabeza-ron la dictadura, entre la cúspide y los mandosmedios de las Fuerzas Militares.

Durante el proceso judicial, el General Videla,en vez de asumir –en su calidad de comandantesupremo de las Fuerzas Militares– la responsabili-dad por las acciones perpetradas en desarrollo dela “guerra sucia”, prefirió descargar su culpa ensus subalternos, alegando que suyos habían sidolos “excesos” y los “errores”. Esto hizo queScilingo se sintiera traicionado por su jefe. En1990, cuando el Presidente Menem perdonó a losex comandantes condenados y Videla fue libera-do, Scilingo le escribió una carta en la cual decía:“Personalmente nunca me sobrepuse el traumade cumplir esa orden (…) y pensé que encontra-ría en Usted (un hombre) para tomar responsabi-lidad pública por esos eventos”18. El impacto de

las declaraciones de Scilingo fue enorme.Desde entonces mucho se ha hablado del

“efecto Scilingo”. Pero, ¿en qué consistió? En loque atañe a las víctimas, algunos han sugeridoque avanzar en el destape de la verdad sobre lasdesapariciones permitió que los familiares porfin dejaran de estar perseguidos por fantasmas,pudieran hacer el “duelo” y de alguna manera“enterrar” a sus muertos. Frente a las declaracio-nes de Scilingo una de las Madres de la Plaza deMayo comentó: “Lo que Scilingo me mostró fueque en el más profundo recoveco de mi espíritu,yo seguía esperando que mis hijos y nieto estu-vieran vivos. La esperanza fue mi secreto, inclusode mí misma. Fue terrible de descubrir, lo deboadmitir, terrible de dejarlo ir”19.

En el contexto de declaraciones como ésta,pero así mismo en el de la cadena de confesio-nes de victimarios de bajo rango que se puso enmarcha con las declaraciones de Scilingo, y queculminó en el impresionante discurso que pro-nunció el General Martín Balza el 25 de abril, talvez en un intento por anticipar y en último tér-mino por frenar la avalancha, se preguntaMarguerite Feitlowitz: “¿Ha conducido el efectoScilingo hacia el final del discurso de los desapa-recidos?” Y se responde:

los Steimbergs creían saber lo que finalmente ha-bía sucedido a su hijo. Los Vaccaros sabían ahoraqué le había pasado a su hija embarazada. Lassospechas de muchos otros habían sido confir-madas. Pero las informaciones recién corroboradasno hicieron nada para negar la experiencia vividade tener un ser querido que simplemente sedesvaneció; de tener que ir sobreponiéndose de larabia, el desdén e indiferencia de las autoridadespúblicas; de ver a los cerebros del genocidioperdonados, y a sus esbirros libres para prosperar;Sara y Jaime Steimberg pueden decir definitiva-mente que Pablo está muerto; pero por dieciochoaños, su hijo estuvo desaparecido. Podemos decir

16 Popkin, Margaret. Peace without Justice: Obstacles to Building the Rule of Law in El Salvador. University Park:Pennsylvania State University Press, 2000, p. 139.

17 Sobre los usos veraces de la justicia, véase Human Rights Watch. Argentina, Reluctant Partner, The ArgentineGovernment’s Failure to Back Trials of Human Rights Violators, Vol. 13, No. 5(B)-Diciembre 2001; por su parte,el Informe de CELS sobre la situación de los derechos humanos en Argentina del año 2002 trae un recuentodetallado de las causas judiciales más recientes o más activas tanto en el ámbito de la justicia doméstica comoen el exterior. Véase www.cels.org.ar/Site_cels/publcaciones/publi_info02.html

18 Feitlowitz, Marguerite. A Lexicon of Terror, Argentina and the Legacies of Torture. Nueva York: Oxford UniversityPress, 1998, p. 200.

19 Ídem., p. 191.

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[60]

que los Steimberg son la excepción; la gran mayo-ría de estas familias continúan negando su “dere-cho a saber”.

Luego cita a Hebe de Bonafini, quien afirma:

Nuestros chicos no están muertos ni desaparecidos.Ellos están vivos: están con nosotros en lo que hace-mos. Nos inspiran, nos dan fuerza y claridad. Les di-mos la vida a esos chicos; sin embargo son ellosquienes continúan dándonosla a nosotros. Su luchapor justicia apasionará a las generaciones venideras20.

Tal vez en eso consiste la gran paradoja de laguerra sucia argentina. En su esfuerzo por forzarla ignorancia y la impunidad, y por ahorrarsehasta el olvido, los militares argentinos diseña-ron un modelo de barbarie vertical edificado so-bre la desaparición forzada, con el cual finalmentesólo consiguieron hacer imperecederas la memo-ria y la sed retributiva de las víctimas. Las decla-raciones del Capitán Scilingo reavivaronciertamente la brasa del retribucionismo, el cualvolvió a arder no sólo a través de golpizas y otrosactos retaliatorios contra los militares perdona-dos, sino también de la movilización de los tribu-nales de justicia. Y es que acaso, mucho más enescenarios de barbarie vertical que en aquellosotros caracterizados por una barbarie más hori-zontal, la verdad dispara la sed de justicia21. Enabril de 1995, Emilio Mignone, prestigioso de-fensor de derechos humanos y padre de una jo-ven desaparecida, junto con un equipo deabogados de CELS, instauraron nuevas deman-das para exigir del Estado argentino informaciónsobre el paradero de los desaparecidos, en nom-bre del derecho de las víctimas a conocer la ver-dad22. En la misma época, con el apoyo de

instancias como la Comisión Interamericana deDerechos Humanos de OEA y de organizacionesinternacionales de defensa de los derechos hu-manos como Amnistía Internacional y HumanRights Watch, se iniciaron y reactivaron procesosimportantes, los cuales ayudaron a que la justiciaretributiva se afirmara como el camino principalhacia la reconciliación.

E L C A S O C H I L E N O

Cuando en 1989 se produjo la transición chile-na, todos los signos de la época y aún el curso se-guido por el proceso durante los primeros añosmostraban que se trataba de una experienciacompletamente distinta a la argentina. La coyun-tura internacional fue en muchos sentidos dife-rente para ambos países. Mientras los militaresargentinos lograron –paradójicamente gracias asu comercio con la Unión Soviética– una ciertaautonomía en su modelo de inserción en la comu-nidad internacional, la cual les permitía un altogrado de insensibilidad frente a las presiones ex-ternas humanitarias de “Occidente”, la dictadurachilena era, en cambio, más dependiente y másvergonzante frente a los ideales de la democraciay del Estado de derecho, y respondía mucho mása las presiones externas humanitarias.

Es cierto que a ambos países los sorprendió la tran-sición en un momento en que la causa universal por lavigencia de los derechos humanos y por la democraciase había tornado hegemónica y, en consecuencia, encircunstancias en que la comunidad internacional delos derechos humanos pudo ejercer una fuerte presiónen favor de la justicia23. No sólo la declaraciones de dis-tintos organismos internacionales sino también el apo-yo de las ONG internacionales a las organizacioneslocales fueron definitivos para el desarrollo del movi-miento de los derechos humanos en ambos países24.

20 Ídem., p. 250.21 Ídem., pp. 245-246.22 Ídem., pp. 242-243.23 Sobre el papel de la comunidad internacional, incluyendo una reflexión sobre el papel de los gobiernos de

Carter y Reagan y un buen resumen de las visitas de organismos internacionales a Argentina y a Chile durantelos años de la dictadura, véase Roniger y Sznajder. Ob. cit., pp. 47-49.

24 Fruehling y Orellana afirman que fue más efectiva la presión internacional sobre Chile que sobre Argentina,debido a la mayor “dependencia” del gobierno de Pinochet en relación con la comunidad internacional. VéaseFruehling, Hugo y Patricio Orellana. “Organismos no gubernamentales de derechos humanos bajo regímenesautoritarios y en la transición democrática. El caso chileno desde una perspectiva comparada”. En: Fruehling,Hugo (editor). Derechos Humanos y Democracia. Las contribuciones de las Organizaciones No Gubernamentales. Santiagode Chile: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1991. p. 33. Sobre las interacciones entre lasorganizaciones intergubernamentales de derechos humanos y las ONG chilenas, véase Detzner, John A.“Utilización de mecanismos internacionales en la protección de derechos humanos: El caso chileno”. En:Fruehling, Hugo (editor). Derechos Humanos y Democracia. La Contribución de las Organizaciones No Gubernamentales.Santiago de Chile: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1991.

de

mo

crac

iaan

álıs

ıs p

olítı

co n

º 48

[61]

De todas maneras, el hecho de que Argentina fue elgran “pionero” mientras que Chile debió transitar so-bre la huella transicional de los países vecinos, marcóinicialmente importantes diferencias. Teniendo comoantecedente lo que los arquitectos chilenos del modelooriginal de la justicia transicional interpretaban comolos “excesos” de la justicia punitiva argentina y los de laamnistía general uruguaya, el Presidente Aylwin y suequipo de asesores en materia de justicia transicional yde derechos humanos25 interpretaron el establecimien-to de una Comisión de la Verdad –y la búsqueda de laverdad, en general– como un camino intermedio ytransaccional26.

Si el movimiento de los derechos humanosargentino había nacido en el marco de unadictadura militar que había implementado unmodelo de represión descentralizado,desregulado y extenso que golpeaba a las vícti-mas y a sus defensores de manera salvaje y queno les permitía articularse, el movimiento chi-leno, en cambio, nació en el seno de una dicta-dura que había adoptado una forma piramidal,altamente personalizada, centralizada y empe-ñada en ceñirse a un sentido de legalidad27

que limaba en parte su brutalidad y que hacíamás focalizada su represión, de manera quetuvo mejores espacios para articularse y desa-rrollarse28. Durante los años anteriores al rele-vo electoral, fue más fácil para el movimiento

chileno de los derechos humanos, que para elargentino, apelar con algún éxito al aparato ju-dicial. Nótese, de paso, que la mayor concen-tración de la responsabilidad por los crímenesde la dictadura chilena en la figura de AugustoPinochet implicó que éste se convirtiera en elblanco preferido de la causa global de la justi-cia retributiva, aun por encima de figuras másbárbaras.

Enfrentado a una represión másdesregulada y sanguinaria, el movimiento ar-gentino de los derechos humanos, a diferenciadel chileno, no sólo se demoró más enarticularse, sino que debió hacerlo en torno al“coraje”de las víctimas, antes que alrededordel simple compromiso moral de organizacio-nes de profesionales solidarios. El mayor pesode las grandes organizaciones burocratizadas –como el Comité de Cooperación para la Paz deChile, Copachi, la Fundación de Ayuda Socialde las Iglesias Cristianas, Fasic, la Vicaría de laSolidaridad, la Comisión Chilena de DerechosHumanos y el Comité de Defensa de los Dere-chos del Pueblo– sobre las organizaciones devíctimas, determinó que en Chile el movimien-to de los derechos humanos alcanzara enormecoherencia y unidad29. En Argentina, el prima-do, por lo menos inicial de las organizacionesde víctimas sobre las organizaciones burocra-

25 Entre ellos figuraban personas como Jorge Correa Sutíl y José Zalaquett, este último exmiembro del Comité deCooperación para la Paz de Chile, y más tarde, durante su exilio, de Amnistía Internacional.

26 Roniger y Sznajder citan in extenso a Jorge Correa y a José Zalaquett, quienes explican y justifican el modelochileno a través de una comparación con los casos de Argentina y Uruguay, véase Roniger y Sznajder, Ob. cit.,pp. 168 y 169.

27 Barahona de Brito señala el carácter “vergonzante” de la dictadura chilena, en cuanto justificada por el fin deproteger la “democracia”. Este autor explica esto, en parte como expresión de la fortaleza de la tradicióndemocrática y constitucional chilena, y en parte por la relativa debilidad de la penetración de la doctrina deseguridad nacional, por lo menos en comparación con Argentina. Barahona de Brito, Alexandra. Human Rightsand Democratization in Latin America: Uruguay and Chile. Nueva York: Oxford University Press, 1997, pp. 58-59.

28 Quay Hutchison, Elizabeth. “El movimiento de derechos humanos en Chile bajo el régimen autoritario, 1973-1988”. En: Orellana, Patricio y Quay Hutchison, Elizabeth. El movimiento de derechos humanos en Chile, 1973-1990.Santiago de Chile: Centro de Estudios Políticos Latinoamericanos Simón Bolívar (Cepla), 1991, p. 76. Sobre elmodelo chileno de represión, y muy en particular sobre el papel de la DINA y su dependencia directa dePinochet, véase Barahona de Brito, Alexandra. Ob. cit., pp. 45-49.

29 “El año 1984 fue el año de la constitución o fortalecimiento de las tres entidades de coordinación que agrupana todos los organismos de derechos humanos. En efecto, ese año se crearon el Plenario de Entidades deDerechos Humanos, la Comisión Coordinadora del Problema Exilio-Retorno y se reactivó la Coordinadora deAgrupaciones de Familiares Víctimas de la Represión, llamada Coordinadora de Agrupaciones Especiales, quehabía sido creada en 1980, pero que no había funcionado permanentemente”. Orellana, Patricio. “Losorganismos de derechos humanos en Chile hacia 1985”. Orellana, Patricio y Quay Hutchison, Elizabeth. Ob.cit., p. 49. Obsérvese, en este contexto, que tanto el pluralismo ideológico interno de las grandesorganizaciones chilenas de derechos humanos, como la Comisión Chilena de Derechos Humanos, como el altonivel de coordinación de las mismas, son indicadores importantes de una extraordinaria coherencia, unidad yfortaleza.

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[62]

tizadas, favoreció la dispersión y dificultó launificación30.

Si el movimiento argentino surgió como unmovimiento altamente secularizado –sin el res-paldo de una iglesia católica cuya jerarquía habíacompartido históricamente el poder del Estado yque había pactado con el diablo–, orientado ha-cia la protesta callejera y de masas, y fuertementeapuntalado en la rabia retributiva de las víctimas,el movimiento chileno, en cambio, nació másbien al amparo de las iglesias cristianas, pero so-bre todo de una Iglesia católica independientedel Estado31, y adoptó, de manera dominante, laforma de una organización profesional, con em-pleados asalariados, etc.

Mientras el movimiento argentino ocupó agritos y sin restricciones las plazas públicas,cuando la derrota y el colapso del régimen au-toritario parecía dejar a los militares muy debi-litados y por fuera de juego transicional, elmovimiento chileno, en cambio, debió salir a

conferenciar en voz más baja en los salones dela política transicional y en el marco de unproceso “tutelado” por un patriarca y por unainstitución militar cohesionada y que no habíasido derrotada en el campo de batalla sinoapenas en la arena electoral32. Cuando enArgentina se produjo el primer cambio degobierno, el movimiento argentino de losderechos humanos se lanzó a la calle paradefender un maximalismo retribucionista quelo enfrentó al gobierno de Raúl Alfonsín33. Porsu parte, el movimiento chileno, másorganizado y unitario, en alianza con la“convergencia” de centro y centro-izquierdaque derrotó electoralmente a los militares enlas primeras elecciones presidenciales libres,defendió un retribucionismo moderado34. Ellole permitió convertirse en el soporte y hasta enel gestor directo de la política “moderada” dederechos humanos del gobierno de coaliciónde Patricio Aylwin35.

30 Fruehling, Hugo. “Organizaciones no gubernamentales de derechos humanos bajo regímenes autoritarios y enla transición democrática. El caso chileno desde una perspectiva comparada”. En: Fruehling, Hugo (editor).Ob. cit. p. 29. Concord. Lelin, Elizabeth. Ob. cit., p. 43.

31 Lowden, Pamela. Moral Opposition to Authoritarian Rule in Chile, 1973-1990. Nueva York: St. Martin’s Press, 1996.32 Nótese que también en Chile, debido a envidias y celos interinstitucionales, había tensiones entre las distintas

instituciones castrenses. Esas tensiones se hicieron manifiestas sobre todo durante el gobierno de Aylwin, quienlas aprovechó para debilitar a Pinochet. Pero no se trataba –a diferencia de lo que sucedió Argentina, luego dela aventura de las Malvinas–, de verdaderas divisiones capaces de poner en grave peligro su unidad de cuerpo.

33 Lo anterior no significa que el movimiento argentino de los derechos humanos se hubiera opuesto de manerahomogénea al gobierno de Alfonsín. Estaba más bien dividido, de manera que el grado de colaboración con elGobierno fue diferente, según las organizaciones y según los tiempos. El mismo Presidente Alfonsín, había sidoVicepresidente de la APDH, de la misma manera que varios de los miembros de la Conadep eran figuras quehabían hecho su carrera en la lucha por los derechos humanos. La “centralidad” política de la causa por losderechos humanos era tanta que aun en Argentina, aunque no tanto como en Chile, la militancia en las ONGfue una cantera para la producción de líderes políticos y figuras de renombre mundial como Pérez Esquivel, aquien le fuera otorgado el Premio Nobel de la Paz.

34 “Aunque con algunas reservas, Aylwin obtuvo el apoyo de estos grupos, no sólo porque reconocieron sucompromiso sino también porque se dieron cuenta de los límites políticos impuestos en el gobierno. Tal ycomo lo expresó una de las víctimas: ‘Estoy muy complacido con lo que ha hecho porque siempre pensé que élestaba cargando con una papa caliente que no le pertenecía’. Y de manera similar en relación con el valor de laComisión de la Verdad y la Reconciliación: ‘Nosotros, las familias, decidimos colaborar con la Comisión aunquemuchos familiares no entendieron la importancia de esto (...) Aylwin no se comprometió con la justicia, sucompromiso era con la verdad. Aylwin puso el tema de la reconciliación en primer lugar, así como larecuperación y reconstrucción de los derechos humanos. Es una cuestión de herencia política versus la políticareal. No me voy a quejar mucho”. En: Barahona de Brito, Alexandra. Ob. cit., p. 162.

35 Barahona de Brito explica la cercanía entre las ONG y los partidos en Chile, de la siguiente manera: “Adiferencia de Uruguay donde los partidos siempre han dominado en la oposición, en Chile los movimientos dederechos humanos lograron exitosamente remplazar las actividades partidistas por más de diez años. De estaforma, en lugar que las identidades partidistas constantemente derrotaran a las identidades de los activistas dederechos humanos, como sucedió en Uruguay, en Chile los miembros de los partidos se convirtieron en activistasde derechos humanos dentro de sus propios partidos, transformando así las estructuras programáticas eideológicas de éstos e incorporando demandas de verdad y justicia. A diferencia de Uruguay, donde se limitó lapresión a los partidos a una posición de debilidad relativa, en Chile los movimientos de derechos humanoslograron un poder autónomo suficiente para liderar la oposición. El papel de estas organizaciones fue de‘extrema importancia en Chile donde la actividad política fue declarada en receso y donde, al mismo tiempo,

de

mo

crac

iaan

álıs

ıs p

olítı

co n

º 48

[63]

La crisis transicional afectó más al movimien-to argentino que al chileno. El mayor peso delas grandes organizaciones burocráticas sobrelas de víctimas y de voluntarios en el movimien-to de defensa de los derechos humanos chilenodeterminó que éste tuviera mayor flexibilidad ycapacidad de respuesta institucional que el ar-gentino, frente a los nuevos retos derivados delhorizonte emergente de “consolidación” de lademocracia. De todas maneras, así como le ocu-rrió al movimiento argentino, al chileno lo sor-prendió la crisis transicional enfrentado a lanecesidad de buscar nuevos horizontes de acti-vidad adecuados a la nueva realidad socio-políti-ca. Después de que los derechos humanos seconvirtieron en el mínimo común denomina-dor programático de la coalición de centro quellevó al poder a Aylwin y a Frei, y después deque “La Vicaría de la Solidaridad” hubiera in-formado de manera rigurosa a la Comisión chi-lena de la Verdad y la Reconciliación, elmovimiento chileno de los derechos humanostendió a debilitarse. La Vicaría de la Solidari-dad, por lo pronto, entendió que su labor esta-ba cumplida y cerró sus puertas.

La justicia cojea pero…

En Chile, de la misma manera que en Ar-gentina, fueron la memoria larga y la rabia re-tributiva de las víctimas los factores que, juntocon la ayuda de algunos abogados y con la so-lidaridad de la comunidad internacional delos derechos humanos –incluidas no sólo or-

ganizaciones como Amnistía Internacional yHuman Rights Watch, sino también instanciascomo la Comisión Interamericana de Dere-chos Humanos de la OEA– mantuvieron activala máquina de la justicia; hasta el debilitamien-to institucional y político de los poderosos dela dictadura hicieron posible que se vencieran,por lo menos en parte, los obstáculos repre-sentados por la auto-amnistía de 1978, la Cons-titución de 1980 y los decretos que regulabanla jurisdicción militar.

La reforma paulatina de la justicia, hechano tanto en nombre de los derechos humanoscomo de la “modernización”, ha desempeñadoun papel central en el largo proceso chilenode la justicia transicional36. Cambios en eltamaño, la composición y la jurisprudencia dela Corte Suprema en materia de amnistía y dedesaparición, pero sobre todo cambios en laactitud de los jueces inferiores, han permitidoque la justicia retributiva haya empezado aproducir resultados. Hacia 1994, a pesar de lavigencia de la Ley de Amnistía de 1978, cercade 200 casos cursaban ante las cortes y otros800 habían sido cerrados temporalmente peropodían reactivarse en el evento de quesurgieran nuevas evidencias37. La condena en1993 del General Contreras, jefe supremo dela DINA (policía secreta de la dictadura), y lahumillación internacional de Pinochet y sujuzgamiento interno, con su impactodinamizador sobre el aparato de justicia, seasemeja a lo que sucedió en Argentina con los

los programas de las ONG significativamente fueron tolerados por el régimen, incluso en medio de unasituación de hostilidad. Como resultado, a diferencia de lo ocurrido en Uruguay, los vínculos entre losmovimientos por los derechos humanos y el bloque de la oposición fueron ensayados y desarrollados. Através del trabajo en las organizaciones de derechos humanos, varios líderes partidistas configuraron uncompromiso personal con los objetivos de verdad y justicia’”. Barahona de Brito, Alexandra. Ob. cit., p. 114.Concord. Fruehling y Orellana. Ob. cit., pp. 54 y ss.; Roniger y Sznajder. Ob. cit., pp. 92, 93, 95. Véasetambién Quay Hutchison, Elizabeth. Ob. cit.

36 El Presidente Aylwin y su Ministro de Justicia, Francisco Cumplido, propusieron una amplia reforma delsistema judicial, la cual fue en su mayor parte rechazada por un Congreso de derecha. De todas maneras, seconsiguió el fortalecimiento del poder de las cortes civiles para procesar a los civiles, y se estableció, así mismo,la “delación compensada” para quienes colaboraran con la justicia en el esclarecimiento de la verdad sobre loscrímenes perpetrados. Durante el gobierno de Eduardo Frei, el argumento de la necesaria modernizacióndesbloqueó la reforma judicial. Entonces se introdujeron el sistema acusatorio y la defensoría pública, seamplió el número de los miembros de la Corte Suprema de 11 a 17, se establecieron salas especializadas pormaterias en la misma, y se creó la figura del defensor del pueblo. Sobre el papel de la justicia en el proceso dela justicia transicional véase Correa Sutil, Jorge. “No Victorious Army Has Ever Been Prosecuted The UnsettledStory of Transitional Justice in Chile”. En: McAdams, James (editor). Transitional Justice and the Rule of Law inNew Democracies. Notre-Dame: University of Notre-Dame Press, 1997. Concord. Barahona de Brito, Alexandra.Ob. cit., pp. 176-188.

37 Véase Popkin, Margaret y Roht-Arriaza, Naomi. “Truth as Justice: Investigatory Commissions in Latin America”.En: Kritz, Neil (editor). Ob. cit., pp. 285-286.

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[64]

generales de las juntas38. El múltiple encauza-miento judicial de Pinochet como responsablede “encubrimiento” por la llamada “caravanade la muerte”, la “Operación Cóndor” y otras260 causas tramitadas por el Juez Guzmán re-presentan ciertamente un triunfo de las vícti-mas y con ellas, de la causa por los derechoshumanos39.

Igualmente importante es que en Chile –acasoaun con más fuerza y compromiso que en Argenti-na–, también se ha llevado a cabo una política dereparación a las víctimas y se han ensayado usos ve-races de la justicia40. La liberación de los presos po-líticos debe ser entendida como parte de la políticade reparaciones. De 417 personas condenadas pordelitos políticos y otras 1.300 en espera de que seresolviera su situación judicial, que había en 1990,

en marzo de 1994, durante el gobierno de Frei,sólo quedaban tres encarceladas41. Aún más, elcambio en el balance de fuerzas entre los valoresde la justicia y la reconciliación en favor del prime-ro ha implicado la resignificación del papel de laComisión de la Verdad y la Reconciliación. El nue-vo e inesperado impulso de la justicia penal y repa-radora ha terminado por favorecer su usoretributivo, de manera que el Informe Rettig42 haterminado por convertirse en una fuente de infor-mación judicial sobre los victimarios. Así mismo, la“mesa de diálogo” instalada durante el GobiernoFrei, ha representado un papel importante en ma-teria de verdad y justicia43.

Todo modelo real de justicia transicional estácondenado, por el carácter masivo de los crímenesque enfrenta, a ser parcial. El retribucionismo,

38 “El arresto de Augusto Pinochet en Londres, en octubre de 1998, el cual respondió a la solicitud del juezespañol Baltasar Garzón, le dio una esperanza a los familiares de cientos de personas que murieron o‘desaparecieron’ en Chile, de que después de la detención de Pinochet la justicia podría actuar debidamente.De igual forma, este hecho revivió el debate sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas durante losaños del régimen militar, y le recordó al gobierno civil que el tiempo no había aminorado la angustia de losfamiliares y amigos de aquellos que ‘desaparecieron’. Estos familiares y amigos continúan en su campaña porconocer y aclarar la suerte de sus seres queridos, y, de igual forma, conocer a los responsables de lasdesapariciones para que éstos sean llevados a manos de la justicia.Desde enero de 1998, más de 260 quejas criminales contra Augusto Pinochet y otros han sido presentadas aljuez Juan Guzmán Tapia, relacionadas con violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura,entre 1973 y 1990. Las quejas han sido presentadas en nombre de los ciudadanos y de diferentes sectores de lasociedad por parte de los familiares de las personas que “desaparecieron” después de su detención o quefueron ejecutadas. Así mismo, asociaciones de profesionales, sindicatos y partidos políticos presentaron quejas”.Véase Amnesty International. Chile: Testament to Suffering and Courage –the long Quest for Justice and Truth. Índice deAmnistía Internacional: AMR 221014/2001ps, pp. 1-2.

39 En julio de 2001, el juez Guzmán acusó a cinco miembros de la agencia de inteligencia DNIA, incluyendo a sujefe, Manuel Contreras, del secuestro de 12 opositores al régimen dictatorial. De igual forma, estas personasfueron acusadas de asociación ilícita. El fallo dice: “la DINA estaba a cargo de varios centros de detención enSantiago conocidos como los barracones de Londres 38, José Domingo Cañas, Venda Sexy, Villa Grimaldi, yCuatro Alamos. En estos centros, añade, eran aplicados sistemáticamente actos ilícitos –tortura– a los detenidos.Las personas eran detenidas secretamente y, en algunos casos, eran asesinadas antes que sus cuerpos, que aúnno han sido encontrados, fueran desaparecidos”.

40 Al respecto, Samuel Valenzuela señala: “(...) Aylwin creó la Corporación para la Reparación y la Reconciliación,cuya función era compensar a las familias de las personas que perdieron sus vidas. Esta corporación entregópensiones de por vida a las viudas, y becas a los hijos e hijas de las víctimas para sus estudios universitarios.Adicionalmente, otro programa estatal (el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud para lasVíctimas de Derechos Humanos) proveía asistencia médica y sicológica gratuita a las víctimas de abuso en susfamilias. De igual forma, a las personas y las organizaciones que perdieron sus propiedades les fue entregadaalguna ayuda que de una u otra forma compensaba la pérdida. Estas medidas han beneficiado a más de 250.000personas”. Valenzuela, Samuel. “Human Rights and the Courts in Transitions to Democracy: Reflections on theChilean Experience”. Ponencia presentada en el 2001 Meetings of the American Sociological Association, Anaheim,California, 18-21 de agosto de 2001. Condord. Barahona de Brito, Alexandra. Ob. cit., pp. 172-184.

41 Barahona de Brito, Alexandra. Ob. cit., pp. 168 y 172.42 Informe encargado por el ejecutivo chileno con el propósito de develar la “verdad genérica” relativa a las

violaciones de derechos humanos durante la dictadura. N del E.43 “El 21 de agosto de 1999 fue convocada la Mesa de Diálogo por el entonces Ministro de Defensa, Edmundo

Pérez Yoma. La idea fue reunir a los abogados especialistas en derechos humanos, los representantes de lasFuerzas Armadas, el Ministro de Defensa, miembros de la Iglesia y otros miembros de la sociedad civil paradiscutir el legado de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura’’. Ob. cit., pp. 7-8.

de

mo

crac

iaan

álıs

ıs p

olítı

co n

º 48

[65]

apuntalado como está sobre el deseo –reconocidocomo derecho de cada víctima individual– de quese le haga justicia es, explicablemente, maximalistaen sus expectativas. No es fácil convencer a las vícti-mas ni a las ONG de derechos humanos de que elderecho a la justicia ha sido satisfecho, de maneraque se pueda dar por terminado el proceso de lajusticia transicional. Así las cosas, con mayor razónpuede tenerse por un indicador de “éxito” relativode la causa por la justicia el que organizaciones dederechos humanos se declaren contentas y optimis-tas con ciertos logros. El Informe de 2001 de Am-nistía Internacional sobre Chile, titulado “Testamentto Suffering and Courage: The Long Quest for Justice andTruth” y el Informe de CELS, “La situación de losderechos humanos en Argentina, 2002”, con sutono de epopeya parcialmente victoriosa, coinci-den claramente en ese sentido44.

Visto lo anterior, cabe decir que en Chile y Ar-gentina ha terminado por imponerse un modelode transición edificado sobre el primado del casti-go retributivo sobre la reconciliación, o más exac-tamente, de castigo retributivo como vehículo dereconciliación. Surge entonces la gran pregunta:¿Por qué Argentina y Chile, a pesar de las diferen-cias señaladas en las situaciones de origen, las mo-dalidades transicionales, los procesos políticos yhasta en la configuración de sus movimientos de

derechos humanos, han terminado por llegar almismo punto, en materia de justicia retroactiva?

Resultados parecidos nos remiten a explica-ciones comunes. A pesar de las múltiples diferen-cias observadas por los estudiosos a través de losaños y que estaban orientadas a explicar resulta-dos diferentes, los procesos argentino y chilenode la justicia transicional comparten, un procesode barbarie marcadamente asimétrica como elque es propio de las dictaduras estables y no con-testadas mediante la violencia. Es cierto que tam-bién en ello hay diferencias importantes entreArgentina y Chile.

En Argentina, hacia 1976, luego del golpe mili-tar, la existencia residual de las guerrillas permitiótodavía a algunos activistas cercanos a ellas, hacer unuso instrumental de los derechos humanos, lo cualafectó en parte la credibilidad de las denuncias porviolaciones, y lo que es tanto o más grave, “legitimó”la represión contra el movimiento por parte de losmilitares. Pero la verdad es que aun antes de que losmilitares se tomaran el poder, es decir, todavía entiempos de Isabel Martínez de Perón y de su tene-broso Ministro López Rega, los Montoneros ya ha-bían sido derrotados en Tucumán45. En tal sentido,la dictadura argentina no puede ser entendida sinocomo la estabilización de una victoria militar, perono como la respuesta a una guerra presente46. La

44 Si hasta el movimiento de los derechos humanos ha dado partes de victoria similares refiriéndose a los casos deChile y de Argentina, no es de extrañar que también académicos independientes empiecen a hacerlo. SamuelValenzuela concluye su evaluación sobre el proceso de la justicia transicional en Chile con la siguienteafirmación: “En conclusión se podría decir que probablemente no hay otra experiencia de justicia transicionaldesde la década de los años setenta, con una posible excepción en Grecia donde el régimen militar colapsódespués de haber sido derrotado en la guerra (…). El progreso ha sido lento pero seguro. Se ha generado unaversión ampliamente compartida del pasado reciente, la cual es aceptada por todos los ciudadanos, incluso porlos actores que apoyaron a la dictadura. Todos los presos políticos fueron puestos en libertad. Fueronentregadas indemnizaciones y compensaciones a las víctimas de abusos a los derechos humanos (con excepciónde las víctimas de torturas) y a sus familias en los casos de aquellos que perdieron la vida. Las institucionesjudiciales han sido modernizadas, y aquellas que se han hecho responsables de los casos de violaciones a losderechos humanos se han encargado de las acciones judiciales que siguen en curso”. Valenzuela, Samuel. Ob.cit.

45 Al respecto, Barahona de Brito dice: “Adicionalmente, la aparente amenaza de la guerrilla fue, según loreconocieron los militares, vencida durante el tiempo en que ellos estuvieron en el poder. Los ciudadanos nopodía aceptar, fuera cual fuese el terror que tuvo lugar entre 1976 y 1980, que la represión afectara la militanciade hombres y mujeres en organizaciones políticas. Para ellos no era creíble que las organizaciones a las cualeshabían visto actuar dentro de la legalidad por muchos años tuvieran vínculos con los grupos subversivosarmados”. Barahona de Brito, Alexandra. Ob. cit., p. 51.

46 Roniger y Sznajder afirman: “La hipótesis de la guerra interna era utilizada por los militares en defensa de susacciones, y tuvo lugar desde los días en que el Almirante Massera alegara frente a los jueces que lo estabanjuzgando: la teoría de la guerra es absolutamente indefendible… existe un reporte hecho por el General Riverode la Comisión Interamericana de Defensa, en el que se afirma que el poder militar de las guerrillas terminó endiciembre de 1975 con el intento de golpe militar en la región de Buen Viejo (en Tucumán). Algunos datosestimativos acerca de la fuerza real de la guerrilla señalan la existencia de un total de 2.000 activistas de losMontoneros y del ERP, 400 de los cuales estuvieron armados durante el auge de sus acciones”. Roniger ySznajder. Ob. cit., pp. 70-61.

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[66]

47 Dice Samuel Valenzuela: “El caso chileno no es un caso de guerra civil. Hubo algunos intercambios armados eldía del golpe, pero esas confrontaciones fueron mínimas. Como resultado, las víctimas fueron todas (o casitodas) no combatientes, que no habían cometido ninguna violación a los derechos humanos. Dentro de estecontexto es muy difícil justificar una medida que le diga a la población que los dos lados cometieron abusos,incluso si alguno de los dos lo hizo en mayor medida que el otro. En otras palabras, es mucho más fácil ofreceramnistía luego de que se hayan descubierto las acciones, cuando los abusos a los derechos humanos, entérminos de un balance, pueden ser imputados a los dos bandos”. Valenzuela, Samuel. Ob. cit. En ausencia deuna guerra verdadera, en Chile, además de interpretarse la simple polarización como guerra efectiva en elcontexto de la doctrina de seguridad nacional, se inventaron episodios de guerra como el “Plan Zeta”. Entre laCIA y la DINA se inventaron un auto-golpe de Allende, en desarrollo del cual se iba supuestamente a asesinar abuena parte de los comandantes de las fuerzas armadas. Se dijo también que el gobierno de la Unidad Popularcontaba con 100.000 hombres armados, entrenados por cubanos. En el clima de polarización que reinaba,muchos lo creyeron. Todo resultó mentira. En Chile, la oposición armada no antecedió sino que surgió comorespuesta a la dictadura y fue relativamente insignificante. Su existencia legitimó la represión, yparadójicamente sirvió sobre todo para dificultar la gestión transicional del Presidente Aylwin durante losprimeros tres años de su gobierno. Barahona de Brito, Alexandra. Ob. cit., pp. 50 y 168.

48 Roniger y Sznajder muestran cómo el número de organizaciones que remitieron información y listas de víctimasa la comisión Rettig fue impresionante y reflejaba la densidad de las redes de defensores de derechos humanos.Incluía siete asociaciones profesionales, el Ejército, la Marina la Fuerza Aérea, los Carabineros, la Policía,algunos partidos y diez organizaciones de derechos humanos, entre otras asociaciones ciudadanas. VéaseRoniger y Sznajder. Ob. cit., p. 140, nota 140. Entre las ONG y la Comisión de Reparaciones se presentaronalgunas tensiones en torno a los montos de las mismas. Sin embargo, en Chile el maximalismo retribucionistasólo estuvo representado por el partido comunista y por los grupos terroristas que surgieron a partir de 1979.Véase Barahona de Brito, Alexandra. Ob. cit., 162 y 173.

49 Dice Barahona de Brito, refiriéndose a los casos de Chile y Uruguay, caracterizados ambos por ser de barbarieasimétrica: “Sin embargo, y paradójicamente, aunque un gran número de políticas sobre violaciones a losderechos humanos tuvo el efecto de paralizar las protestas y las inconformidades, eventualmente éstas llevaron aque se iniciaran dinámicas de oposición en contra de los perpetradores. Fue precisamente bajo el ‘reino delterror’ que el lenguaje universal ‘metapolítico’ de los derechos humanos sembró las semillas de la destruccióndel miedo en pro de la resurrección de la sociedad civil y del crecimiento de la oposición al régimen represivo”.Ídem., p. 17.

50 Samuel Valenzuela relata su conversación con Rosemarie Bornard, en la cual esta abogada de la Vicaría de laSolidaridad describe el impacto demoledor que tuvo sobre Gonzalo Vial, ex ministro de Educación durante ladictadura, miembro de la derecha y parte de la Comisión Chilena de la Verdad, el examen de los cadáveresdescubiertos en Pisagua. Valenzuela anota que la transformación cognitiva de Vial es prueba del papel de laComisión y del proceso de descubrimiento de la verdad, cuanto se trata de alguien de la derecha, refractario enprincipio a creer en ella. Valenzuela, Samuel, Ob. cit., p. 19. Agrega Valenzuela más adelante: “En conclusión,luego de estos años, la sociedad chilena desarrolló finalmente un consenso, expresado públicamente, en cuantoa que hubo grandes violaciones a los derechos humanos en el pasado reciente. El esfuerzo por crear unaversión ampliamente compartida tuvo finalmente éxito. No hubo más de dos tendencias de opinión en cuanto aeste punto”. Ídem., p. 22.

dictadura chilena, por su parte, no fue ni siquiera elproducto de una victoria pretérita sino apenas la an-ticipación preventiva, en un país dramáticamentepolarizado, de una guerra que nunca tuvo lugar,más allá del locus belli de las mentes ideologizadas delos epígonos febriles de la doctrina de la seguridadnacional47.

Ya durante la dictadura, especialmente en Chi-le, el poder de la verdad revelada sobre la vertica-lidad y la unidireccionalidad de la barbarie fue talque garantizó una cierta unidad de la Conferen-cia Episcopal en torno a la causa de los derechoshumanos y la coherencia, unidad y fortaleza delmovimiento mismo. La masividad del apoyo de lasONG de derechos humanos a la Comisión de laVerdad y Reconciliación, y la existencia de organi-

zaciones de cúpula como la Comisión Chilena deDerechos Humanos, son indicadores claros de lafortaleza del movimiento48. En Chile y en Argenti-na la claridad cognitiva y moral, resultantes delhecho de que las transiciones se hubieran produ-cido en un escenario de barbarie asimétrica,orientaron y alimentaron dentro y fuera del paísla rabia y la razón retributivas, hasta conducirlas aun modelo de confrontación con los crímenes delpasado edificado sobre el primado del castigo yde la justicia retributiva en general49. Hasta los re-presentantes de la derecha política en el seno de laComisión de la Verdad y la Reconciliación, comolos centuriones romanos frente a la verdad de Cris-to resucitado, cayeron de rodillas ante la fuerzaavasalladora e incontrastable de las revelaciones50.

de

mo

crac

iaan

álıs

ıs p

olítı

co n

º 48

[67]

En este sentido, la convergencia de los esfuerzosde la justicia transnacional y de la justicia domésti-ca chilena por acorralar a Pinochet son un indica-dor de la capacidad de “consenso” universal queresulta del destape de la barbarie asimétrica51.Hasta Estados Unidos, a través de ladesclasificación de información secreta relativa ala Operación Cóndor terminó por favorecer el en-juiciamiento del dictador. Sólo los militares,enclaustrados en el drama emocional de una con-sonancia cognitiva que los obliga a mentirse a símismos y algunos de sus apoyos más cercanos ymás fanatizados, han seguido creyendo que enChile hubo guerra y que las violaciones de los de-rechos humanos no tuvieron lugar. En la Argenti-na de hoy las cosas tampoco son distintas.

En lo que atañe a los movimientos de derechoshumanos cabe observar que cuando David Pion-Berlin publicó hacia 1994 su estudio comparadosobre los procesos de la justicia transicional en Ar-gentina, Uruguay y Chile, era todavía un lugar co-mún la constatación de que los resultados dedichos procesos habían sido muy distintos, ParaPion-Berlin, Argentina había sido el lugar de laverdad y la justicia parcial, y Chile el de la verdadsin justicia. Nadie podía entonces prever los futu-ros desarrollos que arriba comentamos. Por eso,para este autor se trataba todavía de buscar unaexplicación para resultados diversos. En ese con-texto, luego de estudiar de manera comparada elcomportamiento de seis variables independientes–naturaleza e intensidad del terrorismo de Esta-do, balance de poderes entre civiles y militares,preferencias de los líderes, cálculos estratégicos,contagio de país a país y presión de las masas–,concluía que la única variable que no tenía nin-gún poder explicativo para dar cuenta de las dife-rencias en los resultados era la atinente alcomportamiento de los grupos de presión, y muyen particular de los grupos de derechos humanosy de víctimas. Decía en ese sentido Pion-Berlin:Los cabilderos de derechos humanos del ConoSur tenían un impacto insignificante en la

política de gobierno. Sus peticiones por un casti-go general de aquellos involucrados en actos deterrorismo de Estado no fueron atendidas Cadapresidente tomó medidas más restringidas queaquellas preferidas por los defensores de dere-chos humanos. En Uruguay sus demandas fue-ron enteramente ignoradas. Más aún debido aque estos grupos fueron uniformemente reso-nantes y persistentes, no pudieron explicar lasvariaciones en las políticas gubernamentales en-tre los tres países. Entonces se podría concluirque estos presidentes estuvieron bastante aparta-dos de las presiones de los grupos de interés deesta orilla52.

Más allá del hecho de que el impacto de losgrupos de derechos humanos en las políticas delos primeros gobiernos transicionales –por lomenos en Argentina y en Chile– fue mucho ma-yor de lo que Pion-Berlin pudo observar, repre-senta una suerte de paradoja que las mismasrazones que él da para explicar la irrelevancia dela presión de los grupos de derechos humanos yde víctimas en lo que atañe a los resultados diver-sos de los procesos de la justicia transicional sir-van para explicar su enorme importancia de caraa resultados similares en el largo plazo. Al decirque tales grupos fueron “uniformemente reso-nantes y persistentes” en su retribucionismo –maximalista–, Pion-Berlin casi eleva a lacategoría de “constante” la pasión y la razón re-tributivas, las cuales ciertamente, en el largo pla-zo, y con el apoyo de unos aparatos de justiciapoderosos y “utilizables”, terminaron por cazar alos grandes victimarios.

E L C A S O S A LVA D O R E Ñ O

Los procesos de transición de Chile y El Salva-dor compartieron algunos rasgos importantes. Elprimero, y acaso el más importante, que en am-bos países la democratización se produjo por lavía de la negociación entre oponentes políticosno derrotados. En ambos países, los poderososdel antiguo régimen estuvieron en el poder du-

51 Barahona de Brito recoge algunas cifras sobre opiniones ciudadanas relacionadas con el conocimiento de laverdad y el deseo de justicia, donde muestra que la política de derechos humanos del gobierno Aylwinencontraba apoyo. Por ejemplo, el 70,9% creía que la Comisión Rettig ayudaría a la reconciliación. La políticade enjuiciamientos estaba también respaldada; en 1992, sólo 9,6% de los santiagueños estaban de acuerdo conno tocar el pasado, el 51% quería que se investigaran las violaciones y el 70,1%, que de ellas surgieran castigos.Una encuesta de 1989 señalaba que sólo el 9,5% de los encuestados quería que los militares fueran juzgadospor tribunales castrenses. Sin embargo, las encuestas revelaron que pocos consideraban que la justicia eranecesaria para la construcción de la democracia (26,1% en 1992). Barahona de Brito, Alexandra. Ob. cit., pp.209-210.

52 Pion-Berlin, David. “To Prosecute or to Pardon? Human Rights Decisions in the Latin American SouthernCone”. En: Kritz, Neil. Ob. cit., p. 100.

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[68]

rante el período más crítico de las negociacio-nes, de manera que, amparados en sus respecti-vas constituciones, pudieron supervisar y ponerlerestricciones legales a las exigencias de sus con-trapartes. Así por ejemplo, en ambos países, unascortes supremas dominadas por la derecha, impi-dieron que el aparato de justicia pudiera serpuesto al servicio de la verdad y de la justicia re-tributiva. Sin embargo, a pesar de estas similitu-des entre Chile y El Salvador, priman lasdiferencias.

En Chile, donde el nivel de desarrollo delaparato de Estado, con sus burocracias de corba-ta, toga y espada es comparativamente muy alto,en el marco de la transición se trataba de “usar”y de “reorientar” al aparato judicial. En El Salva-dor, en cambio, donde el grado de desarrollo delaparato de Estado es mucho más precario, elreto fundamental que ha acompañado lapacificación y la democratización ha sido el de“construirlo”53. La acumulación de tareas asocia-das al reto de la “construcción” originaria de unaparato de justicia –y de Estado en general– hafavorecido que políticos y burócratas, y el públi-co en general, prefieran mirar hacia adelante y“olvidar” el pasado. Ello no significa que la em-presa de construir un aparato moderno de justi-cia haya sido un éxito. Por el contrario, ha sidomás bien un fracaso. Esta tarea no ha dejado mu-cho tiempo para mirar hacia atrás.

De otro lado, era iluso esperar en un contex-to como el descrito, que fueran, por ejemplo elderechista Roberto D’Aubuisson, fundador deArena, el General Ponce, Ministro de Defensa deCristiani, o Mauricio Gutiérrez Castro, miembrode Arena y Presidente de la Corte Suprema hasta1994, quienes cargaran las piedras para construirel edificio de la justicia penal que habría de juz-garlos violación de derechos humanos y críme-nes de Estado.

Mientras las negociaciones transicionales enChile fueron más bien directas, en El Salvadoréstas se desarrollaron con una fuerte mediación

de la comunidad internacional. El grupo de loscuatro “países amigos” y Estados Unidos en su ca-lidad de “quinto país amigo”, pero sobre todo lasNaciones Unidas a través de Onusal, desempeña-ron un papel central en los acercamientos. Mien-tras en Chile el centro político terminó pordominar las negociaciones y con ellas el paisajeelectoral y parlamentario, en El Salvador los he-rederos de las extremas derecha e izquierda ma-nejaron las negociaciones y han seguidodominando hasta hoy las riendas de la políticaen el marco de la nueva democracia. En el hori-zonte histórico inmediato de difusión miméticade las experiencias de la justicia transicional enel Cono Sur, el equipo de Onusal revolucionó losconceptos del peacemaking, peacekeeping ypeacebuilding, y trató de favorecer un modelo derendición de cuentas en materia de derechos hu-manos54 . El pacto de respeto a los derechos hu-manos establecido en el Acuerdo de San José (26de julio de 1990), la Comisión ad hoc para la pur-ga administrativa de las fuerzas armadas (creadapor los acuerdos de Nueva York, el 25 de sep-tiembre de 1991), la Comisión para la Verdad yla Reconciliación (creada por los acuerdos deMéxico, el 27 de abril de 1991) y hasta la Comi-sión para la Investigación de los Grupos de Justi-cia Privada recomendada por la Comisión de laVerdad en su Informe final, son ejemplos de esedoble compromiso con la justicia pasada, presen-te y futura. Sin embargo, la hegemonía de los“duros” de ambos bandos en un horizonte de“barbarie simétrica”, la cual empezó por expre-sarse en un juego de acusaciones recíprocas, ter-minó por imponer una lógica de compensaciónrecíproca de culpas y de ocultamiento55, que seavizoró en la amnistía parcial de 1992 y se crista-lizó en forma definitiva en la amnistía de 1993.

A diferencia de Chile y de Argentina, El Salva-dor no representa un caso de transición desdeuna dictadura estable hacia la democracia, sinodesde la guerra civil, hacia la paz y la democra-cia. Durante cuarenta años de autoritarismo, ex-

53 Popkin, Margaret. Ob. cit. 2000, pp. 142-143.54 Sobre el papel de Naciones Unidas en El Salvador, véase Doyle, Michael, Johnstone, Ian y Orr, Robert C.

(editores). Keeping the Peace: Multinational UN Operations in Cambodia and El Salvador. Cambridge: CambridgeUniversity Press, 1997.

55 En su Informe, la Comisión de la Verdad reconoce la voluntad activa de ocultar de las partes. La Comisión, porejemplo, justifica –a pesar del costo que ello implica en términos del derecho de defensa para el sindicado–, lagarantía de “confidencialidad” de los testimonios por ella recogidos, argumentando que hay buenas razonespara creer que si los testimonios se hubieran hecho públicos, muchos testigos no se habrían atrevido a declararpor miedo a las retaliaciones, o habrían sido castigados por ello. Véase Buergenthal, Thomas. “The UnitedNations Truth Commission for El Salvador”. En: Kritz, Neil. Ob. cit.

de

mo

crac

iaan

álıs

ıs p

olítı

co n

º 48

[69]

clusión –social y política– y barbarie, la alianzade una pequeña oligarquía cultivadora yexportadora de café56 –las “14 familias” de lasque hablan los salvadoreños– con unas fuerzasarmadas todopoderosas, dominaron el paisajepolítico, unas veces a través de la dictadura abier-ta, otras a través de formas democráticas fraudu-lentas. Hacia 1980, y luego de que un golpemilitar intentara, mediante reformas, evitar la ca-tástrofe de la insurrección popular, comenzó laguerra civil. La confrontación armada entre elFrente Farabundo Martí para la Liberación Na-cional, FMLN, y el Estado duró doce años y dejóunos 100.000 muertos, 500.000 desplazados, cer-ca de un millón de emigrados a Estados Unidos yenorme pobreza entre las clases populares57.

El Estado salvadoreño, a través de sus FuerzasMilitares y de Policía, y de los escuadrones de lamuerte, y con el apoyo masivo de Estados Uni-dos, fue el responsable de la mayor parte de lasviolaciones de los derechos humanos y de los crí-menes de guerra perpetrados durante la con-frontación. Este país no fue una excepción a laregla de que el Estado, antes que sus opositoresarmados, suele ser el gran victimario. El FMLNpracticó menos la barbarie contra la poblacióncivil. A ello contribuyeron su profundo arraigoen la población y su fuerte dependencia de la co-munidad internacional –sobre todo de algunospaíses europeos–, como fuentes de legitimidad.En un territorio de apenas 22.000 kilómetroscuadrados y sin grandes selvas ni montañas, elFMLN pudo resistir la furia de la guerracontrainsurgente gracias a que se movía entre lapoblación como “pez en el agua”. Entre ampliossectores populares y las guerrillas había un clarointercambio de apoyo –económico, logístico y deinteligencia– por protección, el cual excluía eldesbordamiento de la barbarie comportamentalpor parte del grupo armado. Y es que el FMLN

nació como el núcleo armado y radicalizado deun movimiento popular insurgente y nunca dejóde serlo a pesar de las fases de repliegue de lasluchas populares determinadas por los vaivenesde la represión58. Aún más, las causas políticas delos enemigos militares de antes no son igualesciertamente a las de los contrincantes de hoy. Elhecho de que Arena y el FMLN dominen hoy eljuego democrático no puede explicarse simple-mente por el pasado, sin embargo, es pruebaparcial de que los guerreros no estaban solos.

A pesar de su arraigo social y político, elFMLN también protagonizó y propició la barba-rie contra la población. Practicó el secuestroextorsivo –incluidos los secuestros de civiles,realizados para negociar “canjes” de prisione-ros de guerra y de presos políticos en general–y el asesinato selectivo de los “enemigos de cla-se” –asesinó alcaldes para impedir eleccionesdemocráticas en circunstancias en que éstas, apartir de 1984, empezaban a ser más limpias–.Sembró minas, se tomó embajadas, destruyócosechas y practicó el sabotaje contra bienespúblicos, dejando en condiciones difíciles a lapoblación civil. Adicionalmente, durante lasfases de escalamiento de la guerra practicó eje-cuciones sumarias –de supuestos “traidores” e“informantes”–, “desapariciones forzadas” yreclutó forzosamente campesinos en las regionesdonde tenía establecidos sus dominios sociales yterritoriales. Tal vez todo ello explica, en parte,por qué hoy el FMLN tiene sus mayores apoyoselectorales en los centros urbanos, sobre todo enSan Salvador, y no en el campo59. Y es que losejércitos son grandes predadores autoritarios.

Es probable que nunca se conozca la distribu-ción exacta de la producción de víctimas entrelos organismos de seguridad del Estado y los es-cuadrones de la muerte, de un lado, y el FMLN,del otro. Finalmente, los antiguos enemigos se

56 Al respecto, Edelberto Torres-Rivas dice: “(…) en El Salvador todas las formas de capital han sidotradicionalmente concentradas en treinta grupos familiares, aproximadamente, que han monopolizado lasactividades productivas más importantes. La siembra de café y la tenencia de la tierra es combinada con losresultados de las actividades industriales, y con inversiones en el mercado extranjero, principalmente en elcapital financiero. En 1971, 36 grupos controlaban el 66% del capital de 1.429 grandes empresas productivas. Amediados de la década de los años sesenta, 50% de la base de la población recibía el 16% del total de losingresos, mientras que el 5% de las clases más altas recibía el 27%”. Torres-Rivas, Edelberto. “Insurrection andCivil War in El Salvador”. En: Doyle, Michael W., Johnstone, Ian y Orr, Robert C. (editores). Ob. cit., p. 212.

57 Idem, p. 226.58 Torres Rivas, Edelberto. Ob. cit., pp. 213-220. Concord, Zamora, Rubén. “The Popular Movement”. En:

Sundaram, Anjaly y Gelber, George (editors). A Decade of War: El Salvador Confronts the Future. Nueva York:Monthly Review Press, 1991.

59 Entrevista personal con Rubén Zamora.

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[70]

aliaron para ocultar. El precio de destapar la ver-dad, en el evento de que hubiera sido posible –dada la falta de registros de las acciones–, habríasido demasiado alto en términos de legitimidad yde apoyo electoral60. Según cifras de la Comisiónde la Verdad, el 66,8% de los homicidios perpe-trados durante la guerra fueron cometidos conla participación de agentes del Estado61. Segúncifras de Tutela Legal, que coinciden con las an-teriores, para los doce años de guerra transcurri-dos entre 1980 y 1992, el Estado fue responsabledel 66% de los asesinatos contra civiles62. Dadaslas diferencias que suelen presentarse en losestimativos, acaso resulte razonable decir que elEstado salvadoreño fue responsable de entre un66% y un 85% del total de los crímenes gravesperpetrados durante la guerra63.

A pesar de que tanto en términos de jus adbellum como de jus in bello, el Estado salvadoreño

hizo una guerra más “injusta” que el FMLN, la gue-rra civil salvadoreña puede ser descrita todavía cla-ramente como un proceso de barbarie simétrica.Durante las negociaciones de paz entre el FMLN yel gobierno de Arena, el vaivén vindicativo inercialde acusaciones recíprocas dio lugar, finalmente, auna suerte de acuerdo tácito de impunidad. En suinforme de 1994 sobre El Salvador, la ComisiónInteramericana de Derechos Humanos, CIDH,refiriéndose a la amnistía congresional de 1993,concluyó con amargura que lo que entonces secristalizó fue una “amnistía recíproca”64. Y es queen el juego de espejos de la barbarie horizontal yrecíproca, las partes en conflicto se auto-represen-taron y fueron vistas por sus grandes bases socialesy políticas, antes que como simples victimarios,como “vengadores” de agravios individuales y co-lectivos, y con ello, como víctimas que se defendie-ron a través de la retaliación.

60 Mientras en Sudáfrica, el Congreso Nacional Africano (CNA) fue capaz de establecer comisiones internas, elFMLN, luego de discutir internamente el tema de su participación en el esclarecimiento de la verdad, se decidiópor la estrategia de callar y ocultar. La diferencia acaso se explica en el hecho de que el apoyo interno y externoy la legitimidad de la justa causa anti-apartheid era tanto, que podía asumir el costo de decir la verdad sobreabusos que, comparativamente con los del régimen de apartheid fueron pocos y marginales. El CNA ganó lasprimeras elecciones libres bajo el liderazgo de Nelson Mandela. Las elites del apartheid, de la misma manera quesus homólogos salvadoreños, ocultaron por parejo la verdad.

61 “La Comisión definió actos serios de violencia a aquellos relacionados con asesinatos, desaparición forzada,tortura y maltrato, heridas de gravedad, secuestro y violación. Al analizar los 7.312 casos de los cuales laComisión recibió testimonio directo, la Comisión encontró que el 75% de los casos involucraban asesinatos ydesapariciones. Miembros del aparato estatal participaron en 66,8% de las ejecuciones y las desapariciones.Aproximadamente, 1000 casos consistieron en personas que fueron torturadas y luego asesinadas odesaparecidas. Cerca del 70% de las víctimas era hombres y 27,5% mujeres. La mayor parte de las víctimasoscilaba entre los 16 y los 25 años de edad. Cerca de la mitad de las personas asesinadas fueron ejecutadas engrupos de menos de 20 personas, y el 95% de todos estos actos violentos ocurrieron en pueblos y áreas rurales”.Arnson, Cynthia. “El Salvador: Accountability and Human Rights: The Report of the United NationsCommission on the Truth for El Salvador”. En: Human Rights Watch Americas. Vol. V, No. 7, p. 15, nota 50.

62 Carlo Nasi trae las siguientes cifras sobre los patrones de violencia durante las guerras civiles en Latinoamérica:“Guatemala representa un caso extremo de tácticas represivas promovidas por el Estado (...) La participacióndel Estado en el número de muertes es del 90 a 95% (...). En El Salvador (...) los militares y paramilitares sonresponsables de un mayor número de muertes que los grupos rebeldes, entre el 66% (Tutela Legal) y el 85%(Comisión de la Verdad) (...). En Colombia la relación de muertes es similar a la de El Salvador (...) El Estado ylos grupos paramilitares son responsables por el 73% con el 26% de los rebeldes (...). Perú es el único ejemplodonde la guerrilla equipara al Estado en términos de brutalidad (...). La relación de muertes en Perú esprácticamente de 50%-50%”. Nasi, Carlo. Peace Accords in Colombia, El Salvador, and Guatemala, A ComparativeStudy. Tesis de doctorado. Director, Guillermo O’Donnell. Departamento de Gobierno y EstudiosInternacionales, Universidad de Notre-Dame, Indiana, 2002, pp. 70-71.

63 Cynthia McClintock hace una evaluación de la credibilidad de las estadísticas disponibles. Véase McClintock,Cynthia. Revolutionary Movements in Latin America, El Salvador’s FMLN and Peru’s Shining Path. Washington:United States Institute of Peace Press, 1998, pp. 321 y ss.

64 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en ElSalvador”. En: www.cidh.org/countryrep/94elsalv4 p. 14. Cuando se firmaron los acuerdos de paz en enero de1992, todos los partidos políticos salvadoreños estuvieron de acuerdo en que en el futuro se debería aprobaruna amnistía general. La amnistía de 1993 siguió a otra, otorgada durante las negociaciones de paz. Medianteuna “ley de reconciliación nacional”, los partidos políticos aprobaron en ese momento una amnistía parcial,orientada a posibilitar que muchos líderes del FMLN que estaban en el exilio regresaran al país para participaren la implementación de los acuerdos.

de

mo

crac

iaan

álıs

ıs p

olítı

co n

º 48

[71]

De otro lado, la transición salvadoreña haciala paz y la democracia fue una fuente de incohe-rencia ideológica, de falta de unidad y de debili-dad para el movimiento de los derechoshumanos. De la misma manera que en el ConoSur y en otros países del continente, el movi-miento salvadoreño de derechos humanos naciócomo una respuesta de la izquierda a la repre-sión de los gobiernos de derecha, cuando en1975 se fundó el Socorro Jurídico Cristiano. En-tre 1980 y 1982, el ejército salvadoreño literal-mente diezmó el movimiento popular a través demasacres, desapariciones y asesinatos selectivosde líderes populares. En ese contexto, los dere-chos humanos se levantaron como una banderade denuncia y resistencia de las organizacionessociales y políticas de izquierda, más o menoscercanas al FMLN. Los grupos de derechos hu-manos proliferaron a partir de 1984, durante elgobierno demócrata-cristiano de NapoleónDuarte65.

La pluralidad de victimarios hizo posible queen el desarrollo de la guerra la causa de los dere-chos humanos se dividiera, de manera que hastael Estado estableciera a partir de 1983 un ComitéGubernamental de Derechos Humanos, para de-nunciar los crímenes perpetrados por las guerri-llas. Así mismo, en la medida en que el FMLN sefue haciendo militarmente cada vez más fuerte ydespués del asesinato de monseñor Arnulfo Ro-mero en 1980, el Socorro Jurídico Cristiano, bajola orientación del arzobispo de San Salvador,Arturo Rivera y Damas, pasó de una perspectivafundada exclusivamente en el control del Estadoa una más independiente y neutral de control detodas las partes en conflicto. En ese contexto dereposicionamiento de la jerarquía eclesiástica de

cara a la nueva realidad de la guerra nació TutelaLegal.

A pesar de estos cambios, el movimiento delos derechos humanos siguió siendo un movi-miento de izquierda66. Esto tuvo por lo menostres implicaciones de importancia capital en elcontexto de este análisis: los derechos humanosfueron “instrumentalizados”, al menos parcial-mente, en favor de la causa revolucionaria. Fue-ron estigmatizados por el Estado y por susaparatos legales e ilegales de seguridad como uninstrumento de la subversión. Y la defensa de losderechos humanos estuvo en buena medida su-bordinada a la de la paz negociada.

Se sabe que el Comité No Gubernamental deDerechos Humanos, Cdhes, nacido hacia 1979, sibien no fue un instrumento, fue por lo menosun “simpatizante” legal de la causa revoluciona-ria, y que su trabajo de denuncia se orientó demanera muy dominante a poner en la picota pú-blica al Estado y no a las guerrillas. Herbert Er-nesto Anaya, director del Cdhes, asesinado enoctubre de 1987, era también miembro del Ejér-cito Revolucionario del Pueblo, ERP67. El hechode que el FMLN contara con fuertes apoyos so-ciales sirvió de “justificación” a los militares y alos paramilitares para atropellar a los movimien-tos sociales y políticos no armados y para acallarla protesta social68.

Los picos estadísticos de la barbarie guberna-mental contra el movimiento popular coincidie-ron, en general, con los momentos de mayorescalamiento de la guerra y se sitúan al comienzode la década de los ochenta, cuando se produjo laprimera “ofensiva final” del FMLN, y de nuevo ha-cia finales de 1989 y comienzos de los noventa, co-incidiendo con el intento de toma de San Salvador.

65 Entonces nació el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, Idhuca, y AmericasWatch abrió su primera oficina fuera de Estados Unidos. También durante este período aparecieron elDepartamento legal de la Iglesia luterana, Asproderh (conformado por ex miembros de Cdhes y de Co-Madres), y el nuevo Departamento de Derechos Humanos de UNOC, la Coalición obrero-campesina delPartido Demócrata-Cristiano, y los tres comités de madres (Co-Madres, Codefam y Comafac) formaron unafederación. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), por su parte, continuó su trabajo. Véase Popkin,Margaret. “Human Rights in the Duarte Years”. En: Sundaram, Anjali y Gelber, George (editores). A Decade ofWar: El Salvador Confronts the Future. Nueva York: Monthly Review Press y The Transnational Institute, theNetherlands, 1991 pp. 73-74 y 81.

66 Entrevista personal con Douglas Kassel, asesor legal de la Comisión de la Verdad en El Salvador.67 Véase Arnson, Cynthia. Ob. cit., p. 19. Para más información, Popkin, Margaret. Ob. cit., 1991, pp. 69-71.68 La guerra sucia contra el Cdhes, considerado un instrumento de la subversión, fue brutal. Muchos de sus

miembros fueron asesinados o desaparecidos. Fueron los casos de Roberto Rivera Martelli y Américo FernandoPerdomo (secuestrados); Carlos Eduardo Vides (desaparecido); Marinella García Villas, María MagdalenaEnríquez y Ramón Valladares (asesinados). Organizaciones como “Socorro Jurídico” también padecieron loshorrores de la represión. Patricia Sandoval y Pedro Posada fueron desaparecidos en 1982.

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[72]

De nuevo, durante esta fase de la confrontación,los organismos de seguridad y los escuadrones dela muerte la emprendieron contra los sindicatos, laIglesia y los grupos de derechos humanos.

En octubre de 1989 fue puesta una bombacontra la sede de la Federación Nacional Sindicalde Trabajadores, Fenastras; en noviembre fueronasesinados seis sacerdotes jesuitas y dos de sus em-pleadas domésticas en predios de la UniversidadCentroamericana. Entre los sacerdotes asesinadosse encontraba el padre Segundo Montes, primerdirector del Instituto de Derechos Humanos de laUniversidad Centroamericana, Idhuca. Este últi-mo crimen causó indignación en el Congreso deEstados Unidos y desató la presión diplomáticanorteamericana para que se castigara a los respon-sables, lo que puso en evidencia la extrema debili-dad política y la incapacidad del gobierno de“centro” del demócrata-cristiano NapoleónDuarte para enfrentar la crisis de derechos huma-nos que padecía el país. Ni siquiera el chantajefinanciero del gobierno estadounidense fue capazde poner a marchar un aparato de justicia que eraapenas un precario instrumento de guerra puniti-va en las manos de un régimen militarizado. Unavez más quedó demostrado que el sistema judicialsalvadoreño, a pesar de la reforma que habíafinanciado Estados Unidos, seguía siendoineficiente y, lo que es peor, continuaba ideológi-camente corrompido y subordinado a los dictadosdel Ejecutivo y a las restricciones impuestas porlos militares.

A diferencia de lo que sucedió en Chile, don-de el mayor desarrollo del sistema judicial favo-reció junto con otros factores un uso eficiente dela jurisdicción penal por parte de los defensoresde derechos humanos, en El Salvador, los gruposde derechos humanos apenas si pudieron apelara la justicia para denunciar su precariedad y co-rrupción, pero nunca para establecer la verdad opara conseguir alguna forma de retribución. Noson comparables el grado de justicia y el impactosocial que han alcanzado los procesos penalescontra las juntas militares en Argentina y contra

Pinochet y otros militares en Chile, con los al-canzados por la justicia salvadoreña en su débilempeño por esclarecer y castigar, por ejemplo,los asesinatos de Monseñor Romero o el de losseis jesuitas y sus empleadas domésticas. Ni quédecir de hechos horrendos como la masacre delMozote, la cual no ha tenido dolientes importan-tes en la comunidad internacional.

Cuando hacia 1990, durante el gobierno de ex-trema derecha de Alfredo Cristiani, se iniciaronlas negociaciones de paz entre Arena y el FMLN,la nueva situación sorprendió al movimiento delos derechos humanos devastado por la guerra su-cia, debilitado ideológicamente por su falta de in-dependencia frente a las partes en conflicto enconflicto, plegado al primado de la paz negociadasobre la justicia retributiva y, en consecuencia,connivente con la impunidad y muy menguadoen su “credibilidad” como fuente de información.En los escenarios internacionales establecidos des-de entonces para enfrentar el problema de la jus-ticia retroactiva se escuchó a los grupos dederechos humanos en privado, pero se evitó darlecrédito público a la información suministrada porellos. Así sucedió con Onusal69 y la Comisión de laVerdad70. Entre funcionarios internacionales y co-misionados primó el temor de que si reconocíanpúblicamente a las ONG como fuentes de infor-mación iban a dañar su imagen de instancias neu-trales, independientes y objetivas. Informalmentesí se las tuvo en cuenta71.

A diferencia de las ONG argentinas y chilenas,que sobrevivieron a la crisis transicional de identi-dad, en parte manteniendo en alto los propósitosde verdad y justicia retributiva frente a los críme-nes de la dictadura, las ONG salvadoreñas se que-daron en buena medida sin oficio luego defirmados los acuerdos de paz. Dada su cercaníacon la causa revolucionaria, el hecho de que elFMLN escogiera el camino de una “paz sin justi-cia” las dejó sin banderas en materia de justicia“retroactiva”. Su crisis de identidad fue muy pro-funda. Apenas durante la última década se hanempezado a recuperar y a resurgir, articulando su

69 Dice Teresa Whitfield respecto de la Onusal: “Los principales miembros estaban preocupados por elalineamiento político de muchas de las organizaciones de derechos humanos”. En: Whitfield, Teresa. Paying thePrice. Philadelphia: Temple University Press, 1994, p. 177. Sobre las relaciones entre Onusal y las ONG dederechos humanos, véase Lawyers Committee for Human Rights. Improving History: A Critical Evaluation of theUnited Nations Observer Mission in El Salvador. Nueva York: Lawyers Committee for Human Rights, 1995.

70 Popkin, Margaret. Ob. cit., 2000, p. 120.71 Dice el Informe de Cynthia Arnson para Americas Watch: “Gracias en gran parte a los esfuerzos de la ONG

salvadoreña, en Chalatenango se consideraron cerca de un tercio de los casos denunciados en la Comisión.Aunque Chalatenango fue una zona de conflicto intenso, el número de casos denunciados fuedesproporcionado dado el tamaño de su población”. Arnson, Cynthia. Ob. cit., p. 10, nota 27.

de

mo

crac

iaan

álıs

ıs p

olítı

co n

º 48

[73]

trabajo alrededor de las múltiples tareas asociadasa la construcción del Estado y de la democracia72.Terminada la guerra, el Socorro Jurídico del Arzo-bispado, la ONG que había acompañado, primeroa monseñor Romero y luego a Monseñor Rivera yDamas en sus denuncias de las violaciones de losderechos humanos, cerró sus puertas.

La Comisión Salvadoreña de la Verdad, con-vencida como estaban sus miembros –todos ex-tranjeros– de que el aparato de justicia no seríacapaz de castigar a los grandes criminales del pa-sado, no le envió a esta institución los archivosde los crímenes por ella investigados. La Comi-sión sustituyó la sanción penal por una socialmediante la publicación de unos 40 nombres, al-gunos de los cuales, en la medida en que coinci-dían con los listados por la llamada Comisión adhoc, fueron retirados de sus cargos, con más ho-nores que escarnio público73. Entre las personasmencionadas estaban Roberto D’Aubuisson, fun-dador de Arena, el General Ponce Vaides, enton-ces ministro de Defensa, y el Presidente de laCorte Suprema, Mauricio Gutiérrez Castro. Tam-bién publicó once nombres de miembros del

FMLN. Denunció el asesinato de alcaldes como“política pública” de la Comandancia del FMLN,y particularmente del grupo que comandaba Joa-quín Villalobos. Y lo que es igualmente impor-tante, fue mirando hacia el futuro –y no hacia elpasado– que habló de reformas al aparato de jus-ticia, de la subordinación del poder militar al po-der civil, de la nueva Policía Civil y hasta decompensaciones a las víctimas74.

A diferencia de lo que sucedió en Chile, don-de el informe de la Comisión de la Verdad sirviópara la construcción de una narrativa históricaúnica y compartida sobre el pasado, en El Salva-dor el impacto inmediato del informe de la Comi-sión de la Verdad fue más bien disociador. Elgobierno lo rechazó abiertamente, y el FMLN noquedó satisfecho ni con lo que dijo ni con lo quedejó de decir, y no se lo apropió. Sólo unas cuan-tas ONG lo divulgaron. El gobierno75, y parte tam-bién la dirigencia del FMLN76, en vez de soportarcon estoicismo el trago amargo de lasinculpaciones, prefirieron acallarlas rápidamentecon una amplia ley de amnistía77.

En ausencia de un movimiento de los dere-

72 Algunas organizaciones de víctimas como la Asociación Pro Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos se dierona tareas como la de indagar por el paradero de los niños perdidos durante la guerra. Otras, bajo lacoordinación de Tutela Legal, le han dedicado esfuerzos a la preservación de la memoria de las víctimas civilesde la confrontación.

73 También Douglass W. Cassel, Jr., asesor jurídico de la Comisión de la Verdad, considera que el hecho de haberpublicado los nombres hizo del informe sobre la verdad un instrumento de “justicia parcial”. Véanse: Cassel,Douglass. “International Truth Commissions and Justice”. En: Kritz, Neil J. Ob. cit., p. 236, y Hayner, Priscila.Unspeakable Truths, Confronting State Terror and Atrocity, How Truth Commissions Around the World are Challenging thePast and Shaping the Future. Nueva York, 2001, pp. 107 y ss.

74 Naciones Unidas. From Madness to Hope: The 12-year War in El Salvador. Report of the Truth Commission for ElSalvador. San Salvador y Nueva York: Naciones Unidas, 1993.

75 “A diferencia del Presidente Patrico Aylwin, por ejemplo, quien presentó ante los chilenos los resultados de laComisión de la verdad y reconciliación y pidió perdón por los abusos cometidos por los agentes del Estado, elPresidente Cristiani le dijo a la nación que ‘el reporte presentado por la Comisión de la verdad no respondía alos deseos de la mayoría de salvadoreños, quienes buscaban perdonar y olvidar todo lo sucedido en el pasado’.Cristiani dice que el reporte sólo analiza ‘algunos de los actos de violencia… no consideramos justo, por lotanto, que ciertas medidas legales o administrativas sean aplicadas contra algunas personas’. En: Arnson, Cyntia.Ob. cit., p. 20.

76 El FMLN apeló al principio de “o todos en la cama o todos en el suelo” y condicionó su aceptación de lasrecomendaciones de la Comisión de la Verdad a que el gobierno también las aceptara. El rechazo de JoaquínVillalobos al informe de la Comisión fue enfático: “Si otros atienden cada una de las recomendaciones,entonces nosotros... Nosotros no cumpliremos mientras algún otro continúe diciendo no”. “El Salvador,Accountability and Human Rights: The Report of the United Nations Commission on the Truth for ElSalvador”. En: Human Rights Watch Americas. Vol. V, No. 7, 1993, pp. 22-23.

77 Comentan Popkin y Roht-Arriaza: “Una encuesta de opinión pública llevada a cabo por la Universidad jesuitacentro-americana en junio de 1993 encontró que el 55% de los encuestados estaba en contra de la ley deamnistía, y un 77% está a favor del castigo a aquellos que cometieron violaciones a los derechos humanos. Apesar de las críticas, el partido Arena parece no haber sufrido consecuencias políticas adversas debido a suinsistencia en crear una gran amnistía frente a los hallazgos de la Comisión de la verdad en los que losmiembros más importantes de Arena se vieron involucrados. En 1994, un año después que la publicación delreporte de la Comisión, Arena ganó fácilmente las elecciones presidenciales, legislativas y municipales”. En:Popkin, Margaret y Roht-Arriaza, Naomi, Truth. Ob. cit., p. 284.

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[74]

chos humanos poderoso y en general de una so-ciedad civil suficientemente independiente delas partes en conflicto, no hubo quién estuvieraen capacidad de imponer lógicas retributivas enel manejo de la justicia transicional. En un escena-rio político-militar dominado por los “duros” de laextrema derecha e izquierda, las negociaciones depaz, a pesar de la fuerte presencia de losdefensores de derechos humanos en las instanciasde mediación internacional, se adelantaron entre“criminales de guerra” auto-representados comovengadores, y con ello, acaso más que interesadosen su impunidad, convencidos de que su culpaera compartida78, cuando no de su “inocencia”79.

En lo que atañe al grado de independenciade los grupos de derechos humanos, es justoanotar que el caso de El Salvador no fue igual alde Nicaragua, donde los imperativos de la justi-cia retributiva se subordinaron completamentea los imperativos de impunidad derivados de lapaz negociada. La subordinación de los gruposde derechos humanos a las políticas del FMLNno fue absoluta. Ya durante los días del vaivénde acusaciones recíprocas que antecedió a losacuerdos sobre la Comisión ad hoc y sobre la Co-misión de la Verdad, las ONG de derechoshumanos exigieron la ampliación de la lista,muy limitada, de masacres del FMLN. Más ilus-trativo de su relativa independencia fue quealgunos grupos de derechos humanos seopusieron con encono a la ley de amnistía. El21 de abril de 1993, la Comisión No Guber-namental de Derechos Humanos presentó antela Corte Suprema una demanda para impugnarsu constitucionalidad; lo mismo hicieron elSocorro Jurídico Cristiano “Arzobispo ÓscarRomero” y el Idhuca el 11 de mayo siguiente.La Corte Suprema rechazó ambas demandascon el argumento de que la Ley de Amnistía

constituía una materia “política” no justiciable.De otro lado, si bien es cierto que el proceso

salvadoreño de la justicia transicional debe serentendido como un ejercicio de soberanía y deautodeterminación, el papel desempeñado enél por la comunidad internacional fue altamen-te significativo. Durante los años ochenta, laparticipación de Estados Unidos, con sus divi-siones internas, reflejó las contradicciones pro-pias de la Guerra Fría, y otras características delas situaciones de barbarie simétrica. Mientrasel gobierno estadounidense apoyó masivamenteal Estado salvadoreño, sacrificando los derechoshumanos en el altar de la búsqueda de una vic-toria militar, muchas organizaciones norteame-ricanas de la sociedad civil apoyaron al pueblosalvadoreño, es decir, a la izquierda y al FMLN.El involucramiento del gobierno de EstadosUnidos fue muy fuerte, y la presencia de un“centro” humanitario internacional, a través delas grandes ONG estadounidenses de derechoshumanos, tales como Human Rights Watch y elLawyer Comitee for Human Rights no fuesuficiente para contrarrestar la política de estegobierno.

A pesar de que el “espíritu de los tiempos”en el Chile de 1989 y en El Salvador de princi-pios de los noventa no era, en términos genera-les, muy distinto, la diversidad de lascircunstancias determinó su impacto diferencialsobre ambas situaciones. Terminada la GuerraFría, habiendo quedado establecido que los paí-ses comunistas no sólo no estaban interesadossino que además no tenían la capacidad de se-guir enviando armas, dinero e instructores paraayudar al FMLN, y sobre todo desvanecido el te-mor que causaba en Estados Unidos el “efectodominó” de la Revolución Sandinista, el Gobier-no norteamericano, siguiendo el ejemplo bene-

78 El Salvador era el lugar perfecto para que los enemigos político-militares, y sobre todo los dirigentes, jugaran eljuego de “o todos en la cama o todos en el suelo”. Los antiguos enemigos, creyéndose apoyados por sus basessociales y políticas, se imaginaron que estaban en una situación en la cual se aceptó que como nadie estaba“limpio de pecado”, nadie tenía derecho a “tirar la primera piedra”. Por ejemplo, el Presidente Cristiani, en sudiscurso del 18 de marzo de 1993, dirigido a la nación para justificar la amnistía que siguió al Informe de laVerdad, afirmó: “Nuestra posición es que sería injusto tomar acciones legales o administrativas contra algunospero no contra otros, simplemente porque los últimos no figuran en los casos examinados en el reporte de laComisión de la Verdad. En este sentido nuestra posición es no culpar individuos específicos, considerar todoslos hechos y no actuar sólo sobre parte del problema (…) llamamos nuevamente a todos los sectores del país aapoyar una amnistía general y absoluta”.

79 Norma de Dowe, quien dirigió los esfuerzos de reconstrucción en El Salvador, afirmaba que ya las víctimas de laguerra estaban siendo compensadas mediante los programas de reinserción de ex combatientes. Lo mismo seha afirmado en relación con los programas de redistribución de tierras, los cuales han favorecido sobre todo alos ex combatientes. En una guerra como la salvadoreña, el concepto de víctima resulta escurridizo. Los excombatientes se auto-representan como víctimas y demandan reparaciones a su favor. Véase Popkin, Margaret.Ob. cit., pp.135 y ss.

de

mo

crac

iaan

álıs

ıs p

olítı

co n

º 48

[75]

volente de Esquipulas y sobre todo empeñadoen garantizar la impunidad de sus “protegidos”,apoyó una solución negociada, edificada sobrepremisas de alta impunidad para todas las par-tes en conflicto. El gobierno estadounidensesólo ejerció verdadera presión para que se juz-garan los crímenes de ciudadanos norteameri-canos. El crimen de las monjas estadounidensesvioladas y asesinadas a la salida del aeropuertode San Salvador es uno de los pocos juicios enlos cuales ha habido condenados. Pero aun eneste caso, la justicia salvadoreña castigó única-mente a los autores materiales80. Así las cosas,no tiene por qué causar sorpresa que la respues-ta congresional salvadoreña al informe de laComisión de la Verdad de Naciones Unidashaya sido una amnistía amplia, y que en generalen la confrontación con el pasado hayan prima-do las medidas hacia futuro, y con ello, hacia lareconciliación sobre la justicia.

Una reducción significativa del tamaño de lasFuerzas Armadas y el remplazo de los antiguoscuerpos de Policía, altamente militarizados, poruna nueva Policía Civil, crearon las bases parauna cierta subordinación del poder militar al po-der civil y para el establecimiento de una verda-dera democracia81. Que los militares hayanaceptado su nuevo papel después de cincuentaaños de hegemonía es un acontecimiento impor-tante. No es absurdo interpretar este hechocomo un ejercicio de reconciliación con sus anti-guos enemigos y con la sociedad. Tampoco esdescabellado atribuirle un significadoreconciliador a la redistribución de tierras quetuvo lugar después de la guerra82. El fracaso de lapolítica de castigo y retribución no puede ser to-mado como la única y verdadera medida de losresultados del proceso de la justicia transicionalen El Salvador. Es cierto que las altas tasas de de-

lincuencia común alcanzadas después de la gue-rra le hacen sombra a la idea de una reconcilia-ción social. También es cierto que el caráctercrecientemente polarizado del sistema políticoparlamentario que se implantó en El Salvadorluego de las elecciones de 1994, dominado porArena y por el FMLN, carece todavía de un ver-dadero “centro”, y que los riesgos de que se rom-pa el nexo que une a los contrincantes políticosen el juego de la democracia es todavía muy alto.Sin embargo, la estabilización del FMLN como lasegunda fuerza electoral del país es prueba nosólo de que grandes segmentos de población noven en los antiguos guerreros a sus victimariossino a sus representantes y protectores, y de quelas políticas de “reconciliación” no han sido unfracaso83.

A LG U N A S C O N S I D E R AC I O N E S F I N A L E S

S O B R E E L C A S O C O LO M B I A N O

En Colombia, la guerra se ha desplegado através de un proceso de barbarie más bien simé-trica. En ese sentido, el proceso colombiano separece más al salvadoreño que a los del ConoSur. Sin embargo, las diferencias entre los casosde El Salvador y el de Colombia son notables. Yno se trata sólo de las diferencias en los tamañosde los territorios, factor de importancia capitalen lo que atañe al desarrollo de la guerra y la po-lítica. Nuestras guerrillas tienen menos apoyo so-cial e internacional y son más “sucias” en sucomportamiento militar que el FMLN. Nuestrosparamilitares son más independientes que los es-cuadrones de la muerte salvadoreños, lo cualvuelve más complejos los juicios de responsabili-dad sobre su alianza con el Ejército. Y lo que esaún más importante, la democracia colombianaes mucho menos que la salvadoreña una demo-cracia de fachada. En ello ciertamente estamos

80 Los únicos casos por los cuales había personas encarceladas al momento de producirse el Informe de laComisión de la Verdad eran: 1) el de las monjas estadounidenses; 2) el de los seis jesuitas y sus empleadasdomésticas; 3) el del activista Herbert Anaya, y 4) el de los cuatro infantes de marina estadounidensesasesinados en la zona rosa. En la mayoría, las víctimas eran extranjeros.

81 McCormick, David H. “From Peacekeeping to Peacebuilding: Restructuring Military and Police Institution in ElSalvador” En: Doyle, Michael W., Johnstone, Ian y Orr, Robert C. (editores). Ob. cit., pp. 282 y ss.

82 Del Castillo, Graciela. “The Arms-for-Land in El Salvador”. En: Doyle, Michael W., Johnstone, Ian, Orr, RobertC. (editores). Ob. cit., pp. 342 y ss., y Wood, Elisabeth Jean. Forging Democracy from Below: Insurgent Transitions inSouth Africa and El Salvador. Nueva York: Cambridge University Press, 2000.

83 Carlo Nasi señala: “Como en Nicaragua, los acuerdos de paz significaron cambios profundos en el panoramapolítico de El Salvador. De hecho el FMLN se convirtió en la segunda fuerza política de El Salvador y ha seguidofortaleciéndose en cada proceso electoral”. Para mayor información sobre los resultados electorales de ElSalvador durante los años posteriores a las negociaciones de paz, véase Nasi, Carlo. Ob. cit., pp. 227, 228, 231,235 y 236.

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[76]

todavía mucho más cerca de Chile que de El Sal-vador.

Tal vez nuestra democracia se ha desplazadohacia la derecha y se ha vuelto peligrosamentevindicativa, pero elige al Presidente y al Congre-so y las demás autoridades políticas en el planoregional y local de manera más o menos libre ycompetitiva. El sistema de partidos colombiano,después de ciento cincuenta años de historia enque se entremezclan las armas y los votos, estáciertamente en crisis pero no está colapsado, y ladivisión de poderes está debilitada, pero induda-blemente todavía funciona. A pesar de la capaci-dad de chantaje del Ejecutivo, todavía elCongreso deja de aprobar normas contrarias alos intereses del primero; la Corte Constitucionaltumba decretos de excepción contrarios a laConstitución, y el Defensor del Pueblo denuncialos horrores de la guerra química contra el cam-pesinado en los territorios sembrados de coca.Los grados de desarrollo económico, social y po-lítico son muy distintos en ambos países. Colom-bia le lleva una ventaja significativa a El Salvadoren el proceso de construcción de Estado. Nues-tro aparato de justicia está amenazado desdedentro y desde fuera. El nuevo fiscal parece que-rer convertirlo en un simple instrumento de gue-rra punitiva, mientras por su parte, guerrillas yparamilitares matan jueces y testigos para borrarlas huellas de su crueldad. Sin embargo, la judi-catura colombiana no es todavía como lo era lasalvadoreña, un sistema judicial de bolsillo.

En lo que atañe a la coyuntura internacional,factor que pesa cada vez más en el destino final delos procesos de la justicia transicional, mientras latransición salvadoreña se produjo en el clima debenevolencia con las guerrillas supérstites queacompañó a la terminación de la Guerra Fría, elproceso colombiano, a menos que se prolonguepor mucho tiempo, habrá de tener lugar muy se-guramente en el contexto de la furia anti-terroris-ta que alienta la política internacional del nuevoimperio global. Y sin embargo, tanto en lo querespecta a la configuración de los procesos de laguerra, la paz y la democracia, como en lo querespecta a las historias y a las brechas que ha debi-do y deberá enfrentar el movimiento colombianopor los derechos humanos en el horizonte de lajusticia transicional, es mucho lo que podemos y

debemos aprender. Acaso estas páginas contribu-yan un poco a iluminar el camino.

En lo que a mí respecta, y contra lo que opi-nan quienes pretenden “esquilar el lobo” que seoculta detrás del humanismo de los derechos hu-manos, estoy convencido de que el movimientode los derechos humanos, fuera y dentro delpaís, ha alcanzado un grado importante de inde-pendencia y de madurez ideológicas. El hechode que ya al comienzo de los noventa grandes or-ganizaciones como Human Rights Watch y unpoco más Amnistía Internacional hubieran adop-tado el DIH como criterio complementario dejuzgamiento de los crímenes perpetrados en si-tuaciones de conflicto armado, fue un pasocrucial en ese proceso de maduración, el cual hatenido un impacto profundo en la evolución delmovimiento colombiano por los derechos huma-nos. También en Colombia, en la misma época –ymuy seguramente influidos por sus contrapartesinternacionales–, algunos de los grandes gruposde derechos humanos adoptaron la perspectivadel DIH. Los cuestionamientos al accionar de laguerrilla son cada vez más fuertes. El “centrohumanitario” ha crecido de manera notable. Sien el balance de las denuncias siguen primandolos crímenes del paramilitarismo y los de laalianza, es porque el “río piedras lleva”, y porquela experiencia internacional enseña que hay quevigilar de manera muy especial al Estado. Al fin yal cabo, es éste el que firma los pactosinternacionales y el que cuenta, de lejos, con losmayores recursos de poder, incluida la fuerza.

¿Será capaz el “centro humanitario” del movi-miento colombiano por los derechos humanos deconsolidar en el mediano plazo –con el apoyo de lacomunidad internacional de los derechos humanosy contrariando el pesimismo que sugieren las narra-ciones y las explicaciones arriba enunciadas–, unaperspectiva independiente de las partes en conflicto,en materia de justicia retroactiva, y de convocar entorno a ella al grueso de la sociedad civil colombianapara exigir el castigo ejemplar de los grandes asesi-nos de todos los bandos, incluidos los del Estado?Pero, ¿será capaz, así mismo, sujetando en parte larazón y la pasión retributivas que lo alimentan, con-tribuir al perdón y a la reconciliación –que no a lasimple impunidad y a la perpetuación de la amnesiahistórica– entre los colombianos?

F echa de recepción: 15.02.2003Fecha de aprobación: 14.03.2003

[77]

coyu

ntu

raan

álıs

ıs p

olítı

co n

º 48

10 de marzo de 2002. en medio de laindiferencia general de una población que ve enlas elecciones legislativas compromisos muchomás urgentes, y en medio del desencanto de losmilitantes que intentan hacer efectiva la políticamulticultural nacida de la Constitución de 1991,son elegidos, para los dos escaños reservados enla Cámara a los representantes de las “comunida-des negras”1, María Isabel Urrutia, campeonaolímpica de levantamiento de pesas, y Welington2

Ortiz, ex futbolista. Los dos futuros congresistasno son conocidos ni por su compromiso político,ni por su apoyo al movimiento étnico “negro”,sino por sus éxitos deportivos, como si para vol-verse un actor político étnico fuera suficiente serun deportista reconocido. Es como si en el mo-mento en que se abre un espacio de participa-ción para las poblaciones afrocolombianas, elestereotipo asociado al “negro” fuera reactivado ymovilizado. Y si el “negro” no es deportista, sólopuede ser músico o bailarín: de esta manera lascampañas de otros dos candidatos, Zulia Mena yAgustín Valencia, conocidos por haber represen-tado a las poblaciones “negras” en esta misma ló-gica de discriminación positiva3, confundenpolítica y cultura, al buscar en los rasgos cultura-les –supuestamente característicos de lo “negro”–

La política étnica entrealteridad y estereotipo.

Reflexiones sobre las

elecciones de marzo de

2002 en Colombia*

Elisabeth CuninInvestigadora IRD-IFEA

1 Utilizaré los términos “negro” y “blanco” sinmayúscula, como calificativos ligados a unaapariencia aproximativa y contextual ( y no a unaidentidad bien definida), y entre comillas, con elfin de recordar que se trata de categorías prácticasy no científicas con las cuales el investigador señalasu distancia. Véase Brubaker, Rogers. “Au-delà del‘identité”. En: Actes de la Recherche en SciencesSociales, No. 139, 2001, pp. 66-85.

2 Encontramos diferentes ortografías: Welington,Wellington, Willington. Tomaré aquí el nombrebajo el cual se registró el candidato ante elMinisterio del Interior.

3 Así llamaremos las políticas inspiradas en las“afirmative action” de los Estados Unidos.

* Deseo agradecer muy particularmente a Fernando Urrea por suacogida en Cali, a Michel Agier, Odile Hoffmann y Sandrine Revet porsus comentarios sobre la primera versión de este texto (una versiónresumida fue publicada en la revista Problèmes d’Amérique Latine), aSantiago Arboleda por las precisiones políticas. A todos los militantes ycandidatos que amablemente respondieron a mis preguntas y me guiaronen este campo, especialmente a Libardo Asprilla y Carlino Valencia. Porsupuesto, los análisis presentados en este texto sólo son responsabilidadde su autora.

ISSN

012

1-47

05an

álıs

ıs p

olítı

co n

º 48,

Bog

otá,

ene

ro-a

bril

2003

: pág

s. 7

7-93

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[78]

la legitimidad de su incursión en lo político. Meinteresaré aquí en los estereotipos raciales, enesta naturalización del estatuto de “negro”, enlas asociaciones no dichas y omnipresentes queresurgen en el momento mismo en que se deli-nea una redefinición política de las identidades yla afirmación de una alteridad no estigmatizada.

En efecto, el contraste es grande entre losresultados de las elecciones y el discursoétnico surgido de la nueva elite “negra”. Através de la conquista de espacios políticosautónomos, ella llama a una redefiniciónestatutaria que remplazaría al “negro” por el“afrocolombiano”, el color por la cultura, laraza4 por la etnicidad, en una lógica de salidade las asignaciones identitariasestigmatizantes. Pero, paradójicamente laselecciones de marzo del año 2002 muestran laomnipresencia y la incorporación de los este-reotipos en el discurso y en la práctica deaquellos que se designan agentes de cambio.La elección de María Isabel Urrutia y deWelington Ortiz, bajo los criterios de éxitosdeportivos, y en ausencia de cualquier com-promiso o competencia política, aparececlaramente como un fracaso político para unmovimiento social étnico incapaz de apropiar-se del espacio electoral reservado a sunombre. De igual forma, parece impotentepara imponer sus expectativas normativas entérminos de definición de un nuevo estatutode “líder negro”, al escapar a lasdisfuncionalidades tradicionalmente asocia-das a la política colombiana –clientelismo,compra de votos– y encarnando una nuevapráctica política, fundada sobre el voto deopinión y el discurso étnico.

Desde un punto de vista decididamenteetnográfico sobre esas elecciones, me enfocaréen la forma más que en el contenido, en lapuesta en escena más que en los diálogos, en “larepresentación de lo político”5 más que en lopolítico. En dicho sentido, mientras que la no-ción de “invisibilidad”, introducida por la

antropóloga Nina de Friedmann6, es utilizadade manera consensual, tanto por los investiga-dores en ciencias sociales como por los líderes“negros”, me centraré por el contrario en unacierta “estetización” de las prácticas. Expondréaquí la hipótesis de que el análisis de las situa-ciones revela sin duda los mecanismos propiosde la aparición y la consolidación de un espacioétnico en la política colombiana. Al analizar al-gunas situaciones (presentación de los candida-tos en el Capitolio, desfile en una de lasprincipales avenidas de Bogotá, mitin de cierrede campaña), deseo poner en evidencia los de-safíos, las presiones y las estrategias que caracte-rizan el multiculturalismo naciente. Este trabajoimplica introducir un cierto sesgo en la investi-gación: el hecho de privilegiar los discursos, se-guramente hubiera dado un alcance máspolítico de las campañas. De hecho, las nume-rosas discusiones que tuve con los militantes ylos candidatos confirman la fuerza de su com-promiso, la riqueza de su reflexión, la legitimi-dad de su combate. Pero, al mismo tiempo,estas características no hacen otra cosa que pro-fundizar el desequilibrio entre el aporte poten-cial del multiculturalismo y la realidad de supráctica. Agreguemos igualmente que en elcontexto colombiano el surgimiento de un es-pacio político “negro” no constituye únicamen-te un desafío en términos de etnicidad: éltambién se enfrenta a una tradición políticaque se inscribe en una lógica de intercambio devotos y redes clientelistas, todavía muy herméti-ca al “voto de opinión”, étnico o no étnico.Pero más allá de las estructuras políticas tradi-cionales, la pregunta es la siguiente: ¿No seráque el sistema de discriminación positivainstaurado en Colombia, lo cual atribuye dere-chos especiales a una parte de la población nodefinida en términos políticos, contribuye alfortalecimiento de los estereotipos asociados alo “negro”, en vez de actuar por el reconoci-miento práctico y simbólico de la diferencia enla igualdad?

4 Véanse por ejemplo los escritos de Juan de Dios Mosquera, presidente de Cimarrón, o el programa del “Foroparticipación política afro-colombiana”, 2003.

5 Abélès, Marc. “La mise en représentation du politique”. En: Abélès, Marc, H. P. Jeudy. Anthropologie du politique.Paris: Armand Colin, 1997.

6 Véase De Friedemann, Nina. “Estudios de negros en la antropología colombiana”. En: Arocha, J. y Nina DeFriedemann (editores). Un siglo de investigación social. Antropología en Colombia. Bogotá: Colciencias-FES, 1984;De Friedemann, Nina. “Negros en Colombia: identidad e invisibilidad”. En: América Negra, No. 3, 1992; DeFriedemann, Nina. “La antropología colombiana y la imagen del negro”. En: América Negra, No. 6, 1993.

[79]

coyu

ntu

raan

álıs

ıs p

olítı

co n

º 48

Me interesaré primero en el establecimientoy en la definición de un espacio étnico reserva-do, la circunscripción nacional especial, que seapoya en una visión culturalista y territorial delas “poblaciones negras” en la cual los candida-tos tienen dificultades para reconocerse. El fra-caso de la política multicultural debe ya estarconsiderada en ese nivel, en la no correspon-dencia entre las normas administrativas y las ca-racterísticas socioeconómicas de los individuosa los cuales ellas deben dirigirse. La presenta-ción de los candidatos en uno de los espaciossimbólicos más importantes de la República, elCapitolio, será la oportunidad para compren-der a la vez el discurso del gobierno, a travésdel entonces Ministro del Interior, quien estáobligado a integrar la diferencia en el seno deuna nación que se definía hasta entonces deacuerdo con un principio de homogeneidad, ylos discursos de esos nuevos candidatos “ne-gros” en búsqueda de legitimidad. Luego, anali-zaré más particularmente las dos campañaselectorales de Zulia Mena y Agustín Valencia,que permiten entender la interpenetración delo político y de lo cultural. Finalmente, la aten-ción se dirigirá sobre los resultados de las elec-ciones que revelan un triple proceso: debilidaddel voto “negro’’, reforzamiento de los estereo-tipos asociados al “negro”, y descrédito de todapolítica étnica entre los mismos encargados depromoverla.

C A N D I D ATO N E G R O : L A A M B I G Ü E D A D

D E U N E S TAT U TO

La existencia de una clase política “negra” noes nueva en Colombia, particularmente en el Pa-cífico7. Sin embargo, la Constitución de 1991

abre la vía a una participación política a título depertenencia étnica al afirmar el carácter mul-ticultural de la nación colombiana8. La Constitu-ción Política, a través de su artículo 176, definela circunscripción nacional especial con el fin deasegurar la participación de los grupos étnicosen el Congreso de la República. Este artículo fuepuesto en marcha por primera vez en laselecciones legislativas de 1994. En esta ocasiónfueron elegidos para esta circunscripción losrepresentantes Zulia Mena y Agustín Valenciapara el período 1994-19989. Este sistema de cuo-ta étnica fue suspendido por un período (cuatroaños), y fue rehabilitado para las elecciones delaño 2002 gracias a la Ley 649 del 27 de marzo de2001.

La medida otorga dos escaños en la Cámara a lascomunidades “negras”, uno a las comunidades “in-dígenas” (que disponen igualmente de dos escañosreservados en el Senado), uno a las minorías políti-cas10 y uno a los colombianos residentes en el exte-rior. La legislación no contempla la regla de divisiónétnica del electorado reclamada por algunos mili-tantes (un elector “negro” por un candidato“negro”), y autoriza de esta manera un doble proce-so de intercambio de votos: un elector “negro” porun candidato “blanco”, un elector “blanco” por uncandidato “negro”, que como se verá, fue determi-nante en el resultado de las elecciones. Sin embar-go, esta norma fija el principio de definición de loscandidatos dentro de la circunscripción nacional es-pecial. Más exactamente, define sus característicasen términos donde la ambigüedad y la imprecisiónreflejan a la vez la insuficiencia de los controles ad-ministrativos sobre la inscripción de un “candidatonegro” en las listas electorales y la indeterminación,legal y social, del estatuto de las “comunidades ne-

7 Agudelo, Carlos Efrén. “Colombie: changement constitutionnel et organisation des mouvements noirs”. En:Problèmes d’Amérique Latine, No. 32, 1999; Khittel, Stefan. “Territorio y clientelismo político: el ejemplo delmunicipio de Quibdó”. En: Camacho, J. y E. Restrepo (editores). De montes, ríos y ciudades: territorios e identidadesde la gente negra en Colombia. Bogotá: Fundación Natura-Ecofondo, Icanh, 1999.

8 Wade, Peter. Gente negra, nación mestiza. Dinámicas de las identidades raciales en Colombia. Bogotá: EditorialUniversidad de Antioquia, Icanh, Siglo del Hombre Editores, Ediciones Uniandes, 1997; Hoffmann, Odile.“¿La política vs. lo político? La estructuración del campo político contemporáneo en el pacífico surcolombiano”. Ponencia presentada en el Seminario Identidades y movilidades en el Pacífico colombiano.Univalle-Orstom, Cali, 9-10-11 de diciembre, 1998; Pardo, Mauricio (editor). Acción colectiva, Estado y etnicidad enel pacífico colombiano. Bogotá: Icanh-Colciencias, 2001.

9 Agudelo, Carlos Efrén. Populations noires et politique dans le Pacifique colombien: paradoxes d’une inclusion ambiguë.Tesis de doctorado en sociología, Paris: Universidad Paris III, 2002.

10 Puesto atribuido, al día siguiente de los resultados de las elecciones, a un movimiento o partido político quehaya presentado un candidato en por lo menos 30% de las circunscripciones y que haya obtenido, en cada unade ellas, menos del 70% del total de sus votos en todo el país.

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[80]

gras”. De igual forma, se inscribe dentro de una lógi-ca identitaria apoyada en una concepcióncomunitarista, territorial y cultural, inspirada en elmodelo indígena, y que no corresponde a las carac-terísticas sociales de las poblaciones “negras”11.

Los candidatos al Congreso tienen la posibili-dad de escoger entre tres modalidades de inscrip-ción para las elecciones: a nombre de un partidoo de un movimiento político (vía clásica), a nom-bre de una asociación o de un grupo de ciudada-nos (listas independientes), o a título de lacircunscripción nacional especial. Fuera de algu-nas formalidades comunes a todos (tener la ciuda-danía colombiana, ser mayor de 25 años, etc.),cada modalidad comporta condiciones específi-cas. Así, en el primer caso, los candidatos debenobtener el aval de un representante legal de unpartido o de un movimiento político con per-sonería jurídica reconocida por el Consejo Nacio-nal Electoral. En el segundo caso, se requierecierto número de firmas (determinada en funciónde los electores de la circunscripción electoral ydel número de escaños por ocupar) y una cau-ción (apropiada por la Registraduría Nacional delEstado Civil y cuyo monto es fijado por el ConsejoNacional Electoral), los cuales sirven para garanti-zar la “seriedad de la candidatura”12.

¿Qué pasa en el caso de la circunscripción na-cional especial? El candidato debe obtener el“aval de una organización inscrita en la Direc-ción de las Comunidades Negras del Ministeriodel Interior precisando que él es miembro de di-cha comunidad”13. Una condición como esapone en juego dos elementos: la naturaleza delas organizaciones reconocidas como “negras”por el Ministerio del Interior y los criterios depertenencia a la “comunidad negra”. El primerpunto tiene que ver con la composición, las acti-vidades y la legitimidad de las asociaciones quesupuestamente garantizan la autenticidad étnica

de los candidatos que hacen uso de una caracte-rística para postularse a una curul. Las organiza-ciones de base que dan su aval a los candidatos“negros” están efectivamente constituidas porpersonas que “reivindiquen y promuevan los de-rechos territoriales, culturales, económicos, polí-ticos, sociales, ambientales, la participación ytoma de decisiones autónomas de las Comunida-des Negras o Afrocolombianas desde la perspec-tiva étnica, dentro del marco de la diversidadetnocultural que caracteriza al país”14. Una defi-nición como ésta abre el camino a una acepciónpoco clara y subjetiva de la especificidad étnicade las organizaciones “negras”. Es así como sur-gen las acusaciones indirectas o públicas, tal ycomo sucedió luego de la victoria electoral deMaría Isabel Urrutia y Welington Ortiz, cuandose les acusó de oportunismo electoral –al apelara una tardía vocación étnica, en el caso de MaríaIsabel, o creada para la ocasión, en el caso deWelington Ortiz–, además de la total ausencia decontrol sobre las candidaturas.

El segundo punto pone en entredicho, másallá del contexto electoral, la definición mismade estas “comunidades negras” a las cuales se lesotorgan derechos específicos (escaños reserva-dos en la Cámara, títulos de propiedad sobre latierra, programas de etno-educación, etc.) anombre de una “etnicidad” cuyo contenido esbastante incierto. Entre la referencia a una he-rencia esclavista común y la convergencia alrede-dor de la resistencia de los cimarrones, entre laevocación de una “identidad cultural” específicay la alusión tendenciosa a la raza o al color, losresponsables de la Dirección de ComunidadesNegras se respaldan finalmente en los formula-rios de inscripción de los candidatos “negros”,detrás de la definición dada por la Ley 70 de1993, la cual es el único soporte jurídico cuyaconstante movilización no esconde, sin embargo,

11 El reconocimiento tardío de las poblaciones “negras” se inspiró efectivamente, tanto a nivel de los principioscomo de su práctica, en el ejemplo indígena, anterior y único portador de la etnicidad legítima. Numerosostrabajos han mostrado las contradicciones de esta política y los contratiempos en los cuales ha puesto almovimiento étnico “negro” emergente. Véase particularmente Restrepo, Eduardo. “Afro-colombianos,antropología y proyecto de modernidad en Colombia”. En: Uribe, V. y E. Restrepo (editores). Antropología en lamodernidad: identidades, etnicidades y movimientos sociales en Colombia. Bogotá: Icanh, 1997; Agier, Michel y OdileHoffmann. “Les terres des communautés noires dans le Pacifique colombien. Interprétation de loi et stratégied’acteurs”. En: Problèmes d’Amérique Latine, No. 32, 1999; Pardo, Mauricio. Ob. cit.

12 Registraduría Nacional del Estado Civil, Dirección de Gestión Electoral. Requisitos inscripción de candidaturasCongreso Nacional de la República. Elecciones 10 de marzo de 2002”, 2002.

13 Dirección de Asuntos de Comunidades negras, institución surgida de la Ley 70 de 1991, y cuya funciónprincipal es la de servir de intermediaria, a escala nacional, entre las comunidades “negras” y el gobierno.

14 Decreto 2248 de 1995.

[81]

coyu

ntu

raan

álıs

ıs p

olítı

co n

º 48

su debilidad operativa. Las poblaciones “negras”aparecen en su contenido como “el conjunto defamilias de ascendencia afrocolombiana que po-seen una cultura propia, comparten una historiay tienen sus propias tradiciones y costumbresdentro de la relación campo-poblado, que reve-lan y conservan conciencia de identidad que lasdistinguen de otros grupos étnicos”15. Ahorabien, esta definición culturalista, territorial yesencialista de las “comunidades negras”16 no co-rresponde ni al perfil de los candidatos a laselecciones de marzo de 2002, ni a la composi-ción socio-demográfica de la población afro-co-lombiana17.

En otras palabras, se debe reconocer que loscandidatos “negros” de la circunscripción nacio-nal especial están lejos de presentar la misma le-gitimidad y la misma transparencia de los demáscandidatos. Por una parte, las asociaciones quegarantizan supuestamente su seriedad no tienenque cumplir las mismas obligaciones que los par-tidos políticos o los grupos de ciudadanos. Porotra, el fundamento étnico de su candidatura nodeja de ser un problema18, ya que se basa al mis-mo tiempo en una definición extremamentevaga de las organizaciones negras capaces de pre-sentar candidatos, y en una concepción estrechade la identidad negra, reducida a las comunida-des rurales del Pacífico colombiano.

HACIA UNA CAMPAÑA ÉTNICA: LA PRESENTACIÓN

DE LOS CANDIDATOS EN EL CAPITOLIO

El primero de febrero del año 2002 fue orga-nizado el foro “Participación política afro-colom-biana”, en el cual se llevó a cabo un debate entre

“candidatas y candidatos visibles”. El foro teníacomo objetivo específico presentar los candida-tos a la Cámara de Representantes por la circuns-cripción electoral nacional para dar laposibilidad a los miembros de la comunidad “ne-gra” de expresar sus preocupaciones a los candi-datos, y así facilitar la escogencia de los electoresy favorecer el reconocimiento del trabajo de loslíderes “negros”. Todo esto con el fin de “trazarlineamientos democráticos tendientes a orientary fortalecer la eficaz participación política de loslíderes afro-colombianos en los diferentes espa-cios de poder y decisiones públicas” 19.

El foro fue entonces considerado como unaprimera escena en la cual se expresó la confron-tación entre tradición republicana y multi-sculturalismo, entre homogeneidad yheterogeneidad. Además, las presentaciones delos candidatos pusieron en evidencia losdesafíos, las características y las lógicas de unapolítica étnica, tanto en el contenido como en laforma de los discursos.

De la homogeneidad a la diferencia:

cambios y continuidades

El promotor de esta reunión fue un joven“negro” elegido a la Junta Administradora Localde la localidad de La Candelaria, en Bogotá. Estapersona me recibió en su despacho, vestido conun traje de tres piezas negro impecable, y muyocupado entre su computador y su teléfono celu-lar. Según él, el objetivo de la reunión era mos-trar que los dos escaños reservados para lasnegritudes, y más aún, todo el sistema de discri-minación positiva establecido a partir de 1991:

15 Ley 70 de 1995.16 Agier, Michel y Odile Hoffmann. Ob. cit.; Pardo, Mauricio. Ob. cit.17 Barbary, Olivier. “Segmentación socio-racial y percepción de discriminación en Cali: una encuesta sobre la

población afro-colombiana”. En: Desarrollo y Sociedad, No. 47, 2001.18 Esta indeterminación es, en parte, menos evidente en el caso de los candidatos indígenas que gozan en

Colombia del estatuto del otro y, en el nuevo lenguaje multicultural, del título de actores étnicos auténticos. Porel contrario, esto no sucede con las comunidades “negras”, las cuales están en un proceso cuya legitimidad esdiscutida social, política y administrativamente. Es así como los candidatos indígenas pueden, según la Ley 649,reclamarse como “una autoridad tradicional en su respectiva comunidad”, símbolo de una diferencia –o de unapercepción de la diferencia– reconocida, a la cual los candidatos “negros” no tienen acceso. Agreguemos, sinembargo, que el hecho de que los candidatos indígenas puedan igualmente presentarse a título de lacircunscripción nacional especial, el haber sido “líder de una organización indígena”, invita a considerar laetnicidad indígena no como una evidencia natural –como lo es todavía en la mayoría de los casos, para lasociedad y aun para la investigación en Colombia– sino, tal y como ocurre en el caso de la etnicidad “negra”,como una construcción social que responde, por ejemplo, a intereses electorales. Véase Laurent, Virginie.Communautés indiennes et Espaces politiques en Colombie. Motivations, Champs d’Action et Impacts (1990-1998). Tesis dedoctorado en Sociología, IHEAL-Universidad Paris III, 2001.

19 Programa del “Foro Participación política afro-colombiana”.

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[82]

No es lanzar un hueso a un perro para que se calme.El Estado y sus dirigentes son racistas. No hay equi-dad, no hay mecanismos democráticos que permitanla participación con igualdad, estamos condenados aquedarnos como esclavos a pesar de la abolición. Espor eso que hay que abrir ciertos espacios. Toda lapoblación afro-colombiana, así como el país entero,tiene que conocer sus candidatos20.

Fue así como el primero de febrero de 2002,once candidatos se encontraron en el SalónBoyacá del Palacio de Nariño. La ambición deledil de La Candelaria no estaba satisfecha deltodo. Los candidatos se presentaron delante deun público nutrido, exclusivamente “negro”, locual evidenció el desinterés del resto de la po-blación por las “minorías étnicas”. Agreguemosigualmente que todos los candidatos, 23 entotal, no se desplazaron a Bogotá para asistir aesta reunión, algunos, sin duda, por no tenerlos medios financieros para llegar a la ciudad,otros como María Isabel Urrutia y WelingtonOrtiz, los dos futuros representantes, porqueseguramente consideraron que ese tipo dedebates no serviría a su campaña o nointeresaría a sus electores.

Sin embargo, la reunión no dejó de tener unacierta fuerza simbólica cuando el himno nacio-nal fue cantado a capella, estrofa tras estrofa, porun auditorio que le venía a reclamar sus dere-chos a una República que siempre lo habíamarginalizado e inferiorizado. El cierre del ho-menaje a la patria con un “viva Colombia, vivaQuibdó” muestra bien los propósitos de tal asam-blea: la integración nacional en el reconocimien-to de la diferencia. Esto, debido a que Quibdó,capital del departamento del Chocó, es un doblesímbolo. Por un lado, es símbolo del abandonopor parte del Estado colombiano a los territoriosque están poblados en su mayoría por comunida-des negras. Por otra parte, es símbolo del desa-rrollo actual de un discurso étnico que haadoptado una lógica multicultural. Quibdó esigualmente la única ciudad capital de departa-mento en donde existió históricamente una elitepolítica y económica “negra”.

La tensión homogeneidad/heterogeneidaddominó el discurso de apertura pronunciado porlos dos invitados de honor: el entonces Ministrodel Interior, Armando Estrada Villa, y ManuelZapata Olivella, escritor afro-colombiano. Ar-mando Estrada Villa presentó al multicultu-ralismo como una prueba de modernidad ygrandeza del gobierno colombiano, como una“demostración de los avances de nuestra Consti-tución Nacional. Antes de ella Colombia era unanación blanca o pretendida blanca (…). Estamoscelebrando aquí la Constitución de 1991 quepermitió la igualdad de condiciones, establecióuna República que reconoce el derecho a ladiferencia”. Lejos de ser considerada como lacondena radical de un pasado uniformizante, elreconocimiento actual de la diferencia permitela valorización de un Estado que ha sabidotransformar la definición de su identidadnacional. Se llegaría casi a creer que la presen-tación de los candidatos “negros” no tuvo nadade especial, pues “la defensa de los intereses delpaís y de los afro-colombianos no puedenoponerse”.

En su discurso, el Ministro fue interpeladopor el público cuando evocó a los diez millonesde afro-colombianos que componen el país, porun auditorio que reivindicaba a 15 millones. ElMinistro aceptó inmediatamente este súbito au-mento de 50% de la población, “no discuto conustedes las cifras”, dijo. Este crecimientoexponencial, o el desinterés, no le impidieronconsiderar como normal, incluso como muyavanzada, la atribución de dos curules entre 166,a una población que representaría casi la mitadde los colombianos. “Es el grupo étnico que tie-ne mayor desplazamiento forzado, analfabetis-mo, desempleo. 10 millones, o 15 millones siquieren. Se justifica plenamente que dos perso-nas se comprometan en defender sus intereses”.

La diferencia es entonces reconocida y valo-rada, incluso amplificada. No se trata de ser elotro, sino de ser el otro absoluto. Vemos enton-ces que en este país de lengua española21 y de re-ligión católica, la población afro-colombianaconstituye un importante grupo étnico, es decir

20 Entrevista, 30 de enero de 2002.21 Con la excepción notable del Palenque de San Basilio cuyos habitantes hablan el único criollo hispánico de

América Latina. Pero además de que esta población es bastante minoritaria (algunos miles de personas), loslingüistas constatan una disminución en la práctica de la lengua palenquera. Véase Escalante, Aquiles. Palenque deSan Basilio. Una comunidad de descendientes de negros cimarrones. Barranquilla: Ediciones Editorial Mejoras, 1979;Patiño, Carlos. “El lenguaje de los afro-colombianos y su estudio”. En: América Negra, junior, 1997; Monino, Yves.“Palenque, la terre d’ici c’est comme l’Afrique”. En: Singh, Patrick, Patric Clanet y Julien Molino. Palenque deSan Basilio. Pézenas: Editions Domens, 1998.

[83]

coyu

ntu

raan

álıs

ıs p

olítı

co n

º 48

“personas que hablan su lengua, un dialecto yque no son católicos”. La homogeneidad deja asílugar a la heterogeneidad, pero manteniendo lamisma lógica de “todo o nada”, en la cual laalteridad es primero negada antes de ser afirma-da de manera extrema. Sin embargo, esta acepta-ción de una diferencia, tanto cuantitativa comocualitativa, no parece traducirse en una obliga-ción de compromiso de parte del Estado, sinoque tiende más bien a ser interpretada como elcumplimiento y el resultado de su acción.

El discurso del Ministro fue despedido por elredoble de un tambor en manos de un tambo-rero vestido con una larga túnica, supuestosímbolo de su ascendencia africana. Así se intro-dujo el discurso de Manuel Zapata Olivella.“Después del himno nacional, escuchemos el sa-ludo tradicional, el lumbalu de nuestros cimarro-nes de la provincia de Cartagena”. Más que elPacífico y el Caribe, fue entonces África la quehizo irrupción en el recinto, como si se tuvieranque remontar los siglos y suprimir las distanciaspara beneficiarse de la legitimidad necesariapara la afirmación de la alteridad. Para el escri-tor, heraldo de la trietnicidad y la negritud, enun discurso impregnado de afrocentrismo22, delos africanos, “que llegaron hace 200.000 años alcontinente americano”, devienen “los padres denuestras raíces indígenas y de nuestros ancestrosespañoles”. La lógica se invierte desde ese mo-mento: no es tanto Colombia que reconoce sudiversidad y, particularmente su dimensión afro-colombiana, como lo afirmaba el Ministro del In-terior, sino que podríamos hablar de laafrocolombianidad que contiene en ella mismaotros componentes de la identidad colombiana.La africanidad es entonces el origen, la raíz, elfundamento, no sólo de un segmento de la po-blación sino de todo su conjunto, tal como seevidencia en el discurso de Manuel ZapataOlivella.

No podemos aceptar que hablen de nosotros comouna minoría negra. Que se ponga en su justo lugarel papel jugado por los afro-colombianos en laconstrucción de la nación colombiana. El tricolorde nuestra bandera es el símbolo de la trietnicidadafro-colombiana. El pueblo afro-colombiano es elúnico que puede levantar la bandera de latrietnicidad y del multiculturalismo.

Éste no sería entonces definido como el reco-nocimiento de la existencia de las poblaciones“negras”, sino más bien como la afirmación de unorigen africano común. Si para el Ministro, la di-ferencia se declina de manera absoluta y es final-mente sinónimo de afirmación de la distancia,para Manuel Zapata Olivella se trata, por el con-trario, de mostrar un parecido, una semejanza.

El otro y el mismo

Luego de las intervenciones de los invitados,se abrió el debate. Pero antes de que se le dierala palabra a los candidatos, el moderador recor-dó las reglas de funcionamiento del debate, aun-que éstas hubieran sido perfectamentedetalladas en el programa del foro:

Cada orador dispone de cinco minutos para presen-tar su proyecto político; si se pasa del tiempo, losorganizadores mostrarán una tarjeta amarilla, antesde cortar el micrófono de quien viole la norma; lapresentación de los candidatos será seguida de unaronda de preguntas a las cuales deberán responderen dos minutos; las preguntas serán formuladas conanterioridad por escrito y luego escogidas al azar;los candidatos que responderán a las preguntasserán también escogidos al azar mediante un núme-ro atribuido a cada uno de ellos.

Detrás de este orden preciso, de ese deseo deplanificación, de esa preocupación formal, se ha-cen evidentes los “desidentificadores” de los quehabla Goffman, esas prácticas que intentan trans-formar o invertir los marcadores de identidad,en las situaciones de resistencia a la estigma-tización. Se trata de “signos que tienden –enrealidad o con la esperanza– a romper unaescena coherente, pero para modificarla en unsentido positivo deseado por su autor, y cuyoefecto no es tanto el de presentar una nueva rei-vindicación sino de poner muy en duda aquellaque existía virtualmente”23.

Si la calificación de las poblaciones “negras” seefectúa en términos de ausencia o de vacíos, deorganización, de respeto al tiempo de la palabra ode puntualidad, sólo el exceso inverso permitiráromper con el prejuicio. La importancia de la or-ganización, así como los símbolos de prestigio, elaspecto físico, la manera de hablar, el teléfono ce-lular, la agenda en cuero falso, la extrema corte-

22 Fauvelle-Aymar, François-Xavier, Jean-Pierre Chretien, Claude-Hélène Perrot. Afrocentrismes. L’histoire des Africainsentre Egypte et Amérique. Paris: Karthala, 2000.

23 Goffman, Erving. Les rites d’interaction. Paris: Les Editions de Minuit, 1974, p. 60.

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[84]

sía, la amabilidad en cualquier circunstancia, sonevidencia del deseo de luchar contra los símbolosde la estigmatización. Todo ello sucede como sien el momento en que una diferencia se afirmaen el discurso, ella fuera simultáneamente negadaen su forma, como si el establecimiento delmulticulturalismo pasara por la aceptación, e in-cluso por la exhibición, de reglas comunes y ho-mogéneas, como si la alteridad no pudieraexpresarse sino a través del lenguaje de lo mismo.

Un buen testimonio de ello fue lo que expre-só ese representante de las poblaciones “negras”de Bogotá, cuando reivindicó un tiempo de pala-bra infinito para los participantes:

Es absurdo limitar el tiempo de palabra. Si luegode tantas presiones la única cosa que necesitamoses hablar y que nos escuchen. La pregunta no es:¿Cuánto tiempo necesitas para decir lo que tienesque decir? sino ¿hasta qué punto deseo escuchar loque quieres decirme? Y de esa manera, podemospasarnos la vida escuchándonos24.

De hecho, si la oralidad, una concepción dife-rente del tiempo y otra visión de la política, sonvalorizadas en los discursos, su forma permaneceprisionera de una práctica homogeneizante.

Algunos candidatos

Los once candidatos presentes nos permitenbosquejar algunas características de esta campañaétnica inédita. Aunque ellos son en su mayoríaoriginarios de la región del Pacífico, no corres-ponden a esa población rural, ni a las actividadeseconómicas tradicionales, definidas por la Ley 70.Estos candidatos provienen no sólo de las grandesciudades del Pacífico (Cali, Tumaco, Buenaventu-ra, Quibdó) sino también de Bogotá, en una lógi-ca que refleja bien la migración y la visibilidadcreciente de las poblaciones “negras” en la capi-tal25. Algunos son abogados, profesores, médicos;otros son trabajadores comunitarios. Estas diver-sas trayectorias profesionales se encarnan en estra-tegias de legitimación que no siguen el mismocamino; es decir, en el énfasis en una capacidadexpresada en el éxito personal contra la valora-ción de un compromiso comunitario. Todos, sin

embargo, tienden a insistir en algunos rasgosidentitarios –a veces en la apariencia de un cortede cabello “rasta”, pero sobre todo en el discurso–que justifiquen su estatuto de “candidatosétnicos”. Así, en un folleto de propaganda se veuna piragua en un río bordeado por una vegeta-ción exótica, que simboliza un tipo de hábitat na-tural y naturalizado, asociado a las poblaciones“negras”. De igual forma, un texto que circuló enel Salón Boyacá hace remontar la coyuntura elec-toral hasta la diáspora forzada de los descendien-tes de Lucy (ancestro de la humanidaddescubierto en África) y llama a la protección deElegua y Chango. Un programa político proponetransformar el Palenque de San Basilio, pueblosímbolo de las resistencias de los cimarrones, enpatrimonio de la humanidad, y elevar a BenkosBiohó, líder de los esclavos escapados en elsiglo XVII, al rango de héroe nacional.Precisemos que esta insistencia en una autenti-cidad africana reconstruida, esta afirmación deuna cultura tradicional, se adapta perfectamen-te al manejo de las técnicas más actuales de lacomunicación política26, a la utilización cons-tante de los teléfonos celulares en medio de losdebates, a la creación de direcciones electróni-cas, tal como pacianoalacamara@hotmail.com, ode sitios en Internet destinados a la campaña polí-tica. Es así como tradición –o invención de la tra-dición– y modernidad coexisten sincontradicción.

Si se trata de erigirse como “candidato étni-co”, hay que evitar al mismo tiempo encerrarseen un discurso de la diferencia absoluta que se-ría percibido como un racismo al revés: “Losblancos, los mestizos, dicen que los dos escañosreservados son discriminatorios. Pero ello sedebe a que nunca hemos sido representados. Ladiscriminación ya existe, no somos nosotros losque vamos a crearla. Y nosotros luchamos no so-lamente por los afro-colombianos sino por to-dos los colombianos”. Y en seguida se trata detransformar, en la medida de lo posible, un sig-no particular de exclusión, en paradigma de to-das las formas de exclusión: “Yo no luchoúnicamente por los negros, sino también portodas las gentes discriminadas en este país”. Los

24 Opiniones expresadas con respecto al foro, en una reunión de discusión, 30 de noviembre de 2002.25 Mosquera, Claudia. Acá antes no se veían negros. Estrategias de inserción de la población negra en Santa Fe de Bogotá.

Bogotá: Observatorio de Cultura Urbana - Instituto Distrital de Cultura y Turismo, Cuadernos del Observatorio,1998.

26 Un solo candidato fue incapaz de presentar de manera clara y ordenada su programa a un público que losancionó inmediatamente con un crecimiento exponencial de las conversaciones particulares.

[85]

coyu

ntu

raan

álıs

ıs p

olítı

co n

º 48

marcadores étnicos no son los únicos en sermovilizados: reclamándose una identidad de gé-nero27 y una identidad regional, los candidatosy las candidatas tienden así a acumular los atri-butos asociados a las poblaciones consideradascomo minoritarias y marginalizadas.

El eslogan de un candidato es revelador, yaque combina la instrumentalización de un pasa-do simbólico de resistencia y de afirmaciónidentitaria: “Unidos como un palenque, para lu-char como cimarrones, por la dignidadafroancestral”, con la reivindicación de un pro-grama en el cual desaparece la etnicidad: “Conalteridad social, por una buena salud para edu-carnos con inteligencia”. Si la diferencia étnicajustifica la candidatura, ella es abandonada enseguida, para dar lugar a una diferencia definidasobre todo en términos socioeconómicos28; sehablará así del “hambre que no tiene color”, de“abrir espacios para los menos favorecidos, quesean blancos o negros”. En dicho sentido, loscandidatos “negros” se presentan como los acto-res de una renovación política que llega a sobre-pasar la dimensión étnica: su acceso al podersimbolizará el fin del manejo por una oligarquíafamiliar del destino político del país y, más aún,una nueva vía de desarrollo posible, escapando ala lógica clientelista dominante. “Nosotros nopodemos comprar votos porque no tenemos di-nero. Somos una nueva generación política quesólo puede ser elegida con un voto de opinión”;“no somos los responsables de la situación delpaís porque nunca hemos tenido el poder. Noso-tros los negros, no hemos robado al país”; “noso-tros, los afro-colombianos, tenemos en nuestrasmanos la solución a los problemas de este país”.

De esta manera, el foro fue la oportunidad deconocer a los once candidatos movilizados paralegitimar su estatuto de actores étnicos, perotambién las contradicciones internas de un dis-curso de la alteridad que se expresa en el lengua-je de lo idéntico. Si la etnicidad es claramente elfundamento de la reivindicación de un estatutodiferente, parece sin embargo que ella nuncafue considerada, ni siquiera por los mismos can-didatos, como un elemento completamente legí-timo. Está acompañada de marcadores demarginalidad, eufemizada en una lógica de lu-cha más amplia contra las desigualdades, e inclu-

so tomada como factor de transformación de lasprácticas políticas tradicionales. Y cuando es va-lorada por ella misma, la identidad étnica se re-fiere más a una alteridad exótica, distante ylejana, que a una alteridad “aquí y ahora”.

Entre política y cultura

A continuación nos enfocaremos en las cam-pañas de dos candidatos: Zulia Mena y AgustínValencia. La importancia dada a estos dos perso-najes tiene que ver con su trayectoria política,pues fueron los dos primeros –y únicos– repre-sentantes “negros” elegidos para el período1994-1998, en el marco del sistema de discrimi-nación positiva establecida por la nueva Consti-tución. Su paso por la Asamblea Nacional diolugar a numerosas críticas por parte de los mili-tantes “negros”, en donde no se hizo una claradistinción entre la oposición ideológica y la que-rella personal. De esta manera no era raro escu-char calificar la acción de Zulia Mena o deAgustín Valencia de “política gris” para denun-ciar su supuesta tendencia a olvidar las razonespor las que habían sido elegidos. Sin embargo,más allá de las críticas, los dos candidatos gozande una incontestable dimensión política nacio-nal. Prueba de ello fue la presencia de un grannúmero de personalidades de la nueva escenapolítica étnica afro-colombiana en la sede decampaña de los dos candidatos o durante algunamanifestación política. Del lado de Agustín Va-lencia mencionaremos a Laureano García, repre-sentante de las comunidades “negras” en elMinisterio de Educación Nacional; Otilia Due-ñas, ex candidata “negra” a la Asamblea Nacio-nal Constituyente a nombre del “Movimientonegro por un nuevo país para las comunidadesnegras y marginadas” y antigua directora delIncora; Esperanza Biohó, directora de ColombiaNegra, una de las principales asociaciones cultu-rales afrocolombianas; Yamil Arango, funciona-rio de la Dirección de Comunidades Negras delMinisterio del Interior; Rudecindo Castro, anti-guo director del Instituto de Investigación delPacífico y actual presidente de Orcone, asocia-ción muy activa en las cuestiones de titulación detierras y de etno-educación; Manuel Cáceres, re-presentante de las comunidades “negras” de lacosta del Caribe.

27 Una de las candidatas llegó incluso a olvidar completamente en su discurso la referencia a su pertenencia étnica.28 A veces también, proposiciones extremadamente restringidas, orientadas por las actividades personales, toman ventaja

frente a un discurso sobre aspiraciones –étnicas o no étnicas– más generales; para este ex profesor de la orquesta dela Guardia Presidencial, por ejemplo, se trata de desarrollar las bandas militares en las escuelas públicas y privadas.

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[86]

Del lado de Zulia Mena: Piedad Córdoba,senadora liberal, asociada a la causa de las mino-rías, negros, mujeres y homosexuales; GabinoHernández, antiguo director de la oficina deDirección de las Comunidades Negras del Mi-nisterio del Interior; Luz María Angulo, repre-sentante de las comunidades “negras” deldepartamento de Nariño; José Luis Rengifo,miembro de la Comisión Consultiva de Alto Ni-vel, principal espacio de participación étnica,por el departamento del Cauca.

Nos enfocaremos en el cierre de campaña delos dos candidatos, porque representa el aconteci-miento más importante en las campañas políticas,en donde se pone en escena el conjunto de ideas yde orientaciones, y se reúne la mayoría de sus mili-tantes. Me centraré particularmente en la mezclade rasgos culturales y políticos que caracterizan losdos cierres. Sin duda, muchas campañas terminande manera festiva en Colombia, como en otros paí-ses, pero en el caso de las poblaciones “negras”,cuando la fiesta toma la ventaja sobre el resto de lacampaña, los prejuicios raciales no dejan de mani-festarse como una “evidencia” que llegaría aremplazar y a borrar el discurso político. En el casoque –como lo sugiere Óscar Almario hablando de“nación cultural”– la identificación “negra” seaprincipalmente cultural, se trata entonces de pre-guntarse sobre las condiciones para el nacimientode una “nación política” que implicaría unaredefinición y una resignificación de las relacionessociales y del estatuto del “negro”29.

Zulia Mena escogió el domingo 3 de marzopara un cierre de campaña original, pues se tra-taba de un desfile en la carrera séptima, entre laplaza de Bolívar y el Parque Nacional. Primeradificultad para sus planes: los desfiles políticosen la vía pública estaban prohibidos en este finde campaña electoral por faltar una semana parael escrutinio; y primera ambigüedad: la prohibi-ción fue evitada a través de una solicitud a las au-toridades municipales para autorizar unamanifestación cultural y no política. Si este sub-terfugio da cuenta de la capacidad y del conoci-miento para manipular las normas, también esrevelador de una confusión entre política y cul-tura y, más aún, de la incapacidad de los líderes“negros” para justificar su acción a través del solodiscurso político y del condicionamiento de la le-gitimidad política a la referencia cultural. De he-cho, la superposición de lo político y de lo

cultural es permanente en el cierre de campaña:mientras algunos militantes que vestían camise-tas con la imagen de Zulia, y distribuían volantespolíticos a los transeúntes, la mayoría del grupode personas se aglutinó alrededor de los músi-cos. El desfile, que en las horas de la mañana nollamaba la atención, perdido en un ángulo de laPlaza de Bolívar, poco a poco se apropió del es-pacio público, al punto de ocupar, a su llegada alParque Nacional, toda la avenida séptima, mien-tras los peatones y los numerosos ciclistas queparticipaban en la ciclovía se veían obligados adetenerse o a subirse a los andenes. Finalmente,y en la medida del avance del desfile, lo culturalpareció tomar ventaja sobre lo político cuando laorquesta y sus bailarines disminuyeron el paso,obligando a Zulia Mena y a los miembros de sucampaña a parar, esperar y luego adaptarse a lavelocidad de los músicos y al ritmo de los tambo-res, que definitivamente remplazaron las consig-nas políticas. Si la candidata supo ocupar la calle,llamar la atención, animar a los transeúntes, nopudo evitar recurrir al repertorio cultural asocia-do al “negro”, dejando a un lado el lenguaje pro-piamente político. Cuando la manifestaciónterminó con un discurso de la candidata, ella notuvo a su lado sino a los compañeros de campa-ña, pues aquellos a quienes debía convencer, sehabían contentado con los cantos y las danzas.En el momento mismo en donde un nuevo dis-curso político étnico tiende a surgir, son final-mente los estereotipos raciales los que semovilizan y difunden por aquellos que preten-den luchar contra la discriminación racial. En-tonces no fue extraño escuchar a un transeúntediciendo que iba a votar “por las negritudes, por-que ellos sí saben bailar”.

El cierre de campaña de Agustín Valenciatomó la forma más clásica de mitin político orga-nizado en una de las salas de Corferias, en Bogo-tá. Encontramos, sin embargo, en lamanifestación, la misma confusión entre lo polí-tico y lo cultural, asociada esta vez a una formade marginalización del candidato “negro” frentea los “verdaderos” candidatos políticos. En efec-to, ese primero de marzo, se encontraban reuni-dos tres candidatos: Agustín Valencia, de lacircunscripción nacional especial, Jaime Dussán,candidato al Senado por el partido socialdemó-crata de Colombia, Álvaro Argote, candidato a laCámara de Representantes por la ciudad de Bo-

29 Almario, Óscar. “Tras las huellas de los renacientes. Por el laberinto de la etnicidad e identidad de los gruposnegros o ‘afrocolombianos’ del Pacífico sur”. En: Pardo, Mauricio. Ob. cit.

[87]

coyu

ntu

raan

álıs

ıs p

olítı

co n

º 48

gotá a nombre del mismo partido. No obstante,el nombre de Agustín Valencia no aparecía enlas invitaciones al cierre de campaña. En la salade Corferias, algunos afiches de papel, pegados aúltima hora por los partidarios de Agustín, ape-nas si rivalizaban con los inmensos retratos decampaña, llaveros, tarjetas de visita, calendarios ylapiceros con la imagen de los que parecían serlos dos únicos candidatos oficiales. De hecho, siAgustín Valencia fue el primero en tomar la pala-bra, su discurso pareció una simple introducciónpara preparar las presentaciones verdaderamen-te importantes. Además, como si el candidato“negro” tuviera conciencia de ello, no subió alestrado reservado a los oradores, para pronun-ciar su discurso. Es así como este encuentro, su-puestamente significativo de una nuevasolidaridad entre políticos étnicos y no étnicos,recrea finalmente una jerarquía implícita entrelos candidatos pero también una división entreel público. Es sintomático constatar que la sala separtió espontáneamente en dos: electores “ne-gros” de un lado, electores “blancos” del otro, yque la mayoría de estos últimos llegaron duranteo después del discurso de Agustín Valencia.

Si la manifestación creía simbolizar el nuevorostro pluriétnico del país, no fue a través del dis-curso político que ello se expresó, sino por mediodel encuentro de todos los participantes, candida-tos y electores, “blancos” y “negros”, en la pista debaile improvisada. De un lado, Jaime Dussán des-pedía el discurso del candidato “negro”, precisan-do “nosotros tenemos dos reuniones esta noche”,anunciando implícitamente el comienzo de las“verdaderas” presentaciones políticas. Por otrolado, un miembro de la campaña de Agustín Va-lencia tomó el micrófono luego del último discur-so en el que llamó a la concentración de todos losparticipantes, pero a una concentración que nopodía expresarse sino con un carácter festivo: “Noes el momento de irse porque la fiesta va acomenzar; una fiesta en la que todas las personas,blancas, negras, mestizas van a unirse”. Aquí,como en el caso de Zulia Mena, el acto político setransforma rápidamente en manifestación cultu-ral y festiva. Para decirlo con más exactitud,Agustín Valencia deja de jugar un segundo rolcuando los grupos musicales de Bogotá retomanla música del Pacífico y del Caribe. De hecho, esinteresante decir que anteriormente sólo los gru-

pos “negros” podían tocar este género musical.Había entonces allí una especie de inversión delas normas raciales: los “negros” se lanzaban a lapolítica, los “blancos” intentaban tocar su música.Pero la inversión no era muy convincente, pues elcandidato “negro”, en su estatuto de pretendientepolítico, parecía marginalizado (el presentadoren la tarima llamaba incansablemente a votar“por nuestros candidatos, Jaime Dussán y ÁlvaroArgote”, ignorando totalmente la presencia deAgustín Valencia) y porque los músicos “blancos”no eran muy hábiles. Es así como esa inversión pa-recía más una mala obra de teatro que un cambioreal. Finalmente, la presencia de Agustín Valen-cia, más que un signo de alternativa política –tanpoco valorizada– podría percibirse como unacoartada que autorizaba el cariz cultural tomadoal final de la noche o como el toque multiculturalde una asamblea bien pensante.

De esta manera, Zulia Mena y Agustín Va-lencia, que se presentaron como auténticoscandidatos políticos, con una verdaderaexperiencia de poder –incluso si ella escriticada– no supieron dar un carácter políticoal evento más importante de sus campañas. Alconformarse con lo que se esperaba de lo“negro”, los dos aspirantes abrieron las puertasdel espacio público pagando como precio ladisolución del discurso político en la puesta enescena de un particularismo cultural. Ladiferencia no utiliza, esta vez, el lenguaje de lomismo, como en el caso de los candidatos enel foro, sino que se encierra en un estereotipoconsiderado necesario para adquirir elestatuto de candidato “negro” legítimo.

“ D E L C O L I S E O A L A G O R A” 30

No obstante lo anterior, en las elecciones demarzo de 2002 ninguno de estos dos candida-tos, considerados como verdaderos políticos,obtuvieron una curul en la Cámara de Repre-sentantes. Por su parte, los dos candidatos gana-dores gozan de renombre nacional por sudesempeño deportivo, aunque son desconoci-dos desde el punto de vista político. La primera,María Isabel Urrutia, fue campeona olímpica depesas en los Juegos Olímpicos de Sidney en elaño 2000 (única medalla de oro colombiana enla historia de los Juegos); el segundo,Welington Ortiz, fue uno de los jugadores de

30 Título de una crónica de Óscar Collazos, El Tiempo, 14 de marzo de 2002.

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[88]

fútbol más conocidos entre 1970 y 1980, marca-dor del gol que hizo calificar a Colombia parala Copa del Mundo de 1974. Este éxito, que evi-dencia las características del sistema político co-lombiano31, muestra igualmente el papelasignado al “negro” en la sociedad, particular-mente por la prensa y el electorado.

¿Un voto étnico para candidatos étnicos?

Detengámonos un instante en los resultadosde las elecciones para la circunscripción nacio-nal especial en el año 2002. Debemos primerohacer notar que los 23 candidatos no obtuvieron,sumando sus votos, sino 210.572 votos por un to-tal de votos de 10.447.720 (con un potencial de23.998.685 electores), lo que significa el 2% delos sufragios. En 1994, los candidatos “negros”con 12 aspirantes obtuvieron 131.207 votos, osea, 2,35% del total de sufragios32. En otras pala-bras, el voto étnico, si existe, es extremadamentedébil cuantitativamente y ha disminuido en pro-porción, cuando pudiéramos suponer una mayordifusión de la lógica multicultural durante casidiez años. Además, está lejos de corresponder alas evaluaciones33, incluso las más pobres, de la“población negra”; y todavía menos a los 10 mi-llones del Ministro del Interior o a los 15 millo-nes de que hablan los militantes.

A nivel nacional, se obtiene la siguiente repar-tición, en la que se muestra que los dos elegidosobtuvieron una tercera parte de los votos, mien-tras que los dos candidatos más “políticos” quetrabajamos anteriormente, reunieron el 12% delos votos. Precisemos, sin embargo, que si ZuliaMena bajó ostensiblemente con respecto a laselecciones de 1994, en donde había obtenido

C U A D R O 1 .

R E S U LTA D O S D E L A E L E C C I Ó N P O R L A

C I R C U N S C R I P C I Ó N N A C I O N A L E S P E C I A L

E N E L A Ñ O 2 0 0 2 . C A N D I D AT O S “ N E G R O S ”

Candidato votación %

María Isabel Urrutia Ocoro 40.968 19,5

Welington Ortiz Palacio 30.926 14,7

Óscar Hernán Borda 24.578 11,7

Zulia María Mena García 13.504 6,4

Vicente Celestina López Asprilla 13.128 6,2

Agustín Hernando Valencia 11.921 5,7

Paciano Asprilla Arboleda 8.293 3,9

Óscar Gamboa Zúñiga 8.018 3,8

Emel Salas Herrera 6.337 3,0

Armith Moreno Torres 5.956 2,8

Dalmy Minotta Terán 5.886 2,8

Carmen Elisa Mosquera Mosquera 4.977 2,3

Edilberto Vides Pereira 4.406 2,1

Ulises Ayala Canola 4.371 2,1

Rosa Maritza Quiñónez Quiñónez 3.943 1,9

Fausto Camilo Moreno Domínguez 3.844 1,8

Francisco Moreno Díaz 3.325 1,6

María Lydyalu Perea Henríquez 3.042 1,4

Jhon Jair Segura Toloza 2.933 1,4

Dagoberto Márquez Ordóñez 2.930 1,4

Rafael Antonio Duque Chaverra 2.640 1,3

Hoovert Eladio Carabalí Playonero 2.623 1,2

Pablo Manuel Talaigua Padilla 2.023 1,0

TOTAL 210.572 100

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil

31 Agudelo, Carlos Efrén, 2002. Ob. cit.32 Ídem.33 La cuestión de una definición oficial o administrativa de las “poblaciones negras” se constituye en un problema

como bien lo muestran los debates dentro del DANE, que oscilan entre una posición étnico-culturalista basadaen la pertenencia a una categoría predefinida (censo nacional de 1993) y una perspectiva “racializante” apoyadaen el fenotipo a partir de la auto-identificación de una fotografía (Encuesta Nacional de Hogar en 2000). Sobre eltema, véase particularmente Bodnar, Yolanda. “Los grupos étnicos en los censos: el caso colombiano”.Presentado en el I Encuentro Internacional “Todos contamos: los grupos étnicos en los censos”. Cartagena, 8-10 de noviembre de 2000; Tripier, Maryse. “De l’usage de statistiques ‘ethniques’”. En: Hommes et Migrations,No. 1219, 1999; Urrea, Fernando, Héctor Fabio Ramírez, Carlos Viáfara. “Perfiles sociodemográficos de lapoblación afro-colombiana en contextos urbano-regionales del país a comienzos del siglo XXI”. Ponenciapresentada en la celebración de los 25 años del Cidse (Centro de Investigación y DocumentaciónSocioeconómica, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, Universidad del Valle), Cali, noviembre de 2001;Tribalat Michèle. Faire France. Paris: La Découverte, 1995; Population, No. 3, 1998 (Número especial sobre lacategoría estadística “etnia”).

34 La distinción entre departamentos “negros” y “no negros” puede parecer arbitraria; sin embargo, ella se apoyaen un cierto número de factores que, si no son siempre objetivos, no dejan de contribuir a la cristalización en laidentificación racial de algunos departamentos. Se evocarán entre otras cosas, el pasado esclavista del

[89]

coyu

ntu

raan

álıs

ıs p

olítı

co n

º 48

39.109 votos, Agustín Valencia queda próximode su votación de 1994 (13.935 votos). El hechode que los dos antiguos diputados se mantenganen cuarta y sexta posición, evidencia también laausencia de alternativa y de renovación de los lí-deres “negros” a escala nacional.

Un examen por departamento de los resulta-dos de las elecciones muestra algunas lógicas inte-resantes. En los departamentos consideradoscomo “negros”34 (Chocó, Cauca, Nariño, Bolívar,Atlántico), María Isabel Urrutia y Welington Ortizno fueron bien clasificados, precedidos o seguidosmuy de cerca por los candidatos más “políticos”como Zulia Mena, Agustín Valencia, ÓscarGamboa o Paciano Asprilla. Así, en el departa-mento del Chocó, Zulia Mena llegó con ventaja ala cabeza, seguida por Paciano Asprilla, mientrasque María Isabel Urrutia y Welington Ortiz obtu-vieron una baja votación; en Nariño, ÓscarGamboa fue primero. En el Cauca, María IsabelUrrutia no precede a Zulia Mena, sino por algu-nos cientos de votos; en Bolívar, Paciano Asprilla yZulia Mena obtuvieron el primer lugar. Paralela-mente, los departamentos “no negros” (Boyacá,Cundinamarca, Meta, Huila, Risaralda, Santander,Norte de Santander, Quindío, Tolima) dieron aMaría Isabel Urrutia y a Welington Ortiz lo esen-cial de sus (magros) sufragios.

La interpretación de estos resultados es com-pleja, pues numerosos factores se superponen.La tradición local del voto, por ejemplo, es unadimensión que no se debe subestimar: Emel Sa-las o Ulises Ayala obtuvieron su mejor votaciónen su departamento (Atlántico para el primero,Caldas en el segundo); Paciano Asprilla, asocia-do al muy popular Javier Cáceres (Senador reele-gido), líder liberal de la costa Caribe, llegaprimero en el departamento de Bolívar; ZuliaMena, activista comunitaria en el Chocó, obtienesu mejor votación en este departamento.

Igualmente, los resultados de los dos vence-dores dejan muchos interrogantes. WelingtonOrtiz, con sus 15.892 votos en Bogotá –la mitaddel total de sus votos a nivel nacional– casi hubie-ra podido pretender a una curul “no étnica”: por

Caribey la historia minera del Pacífico, la referencia a tradiciones culturales venidas de África por las doscostas, la designación de esos departamentos como pertenecientes a las “regiones afrocolombianas” por laDirección de las Comunidades Negras del Ministerio del Interior, los resultados del censo de 1993, etc.

35 Algunos rumores la acusaban de ser un instrumento de uno de los mafiosos más importantes de la región delPacífico, acusado y condenado en el Proceso 8000, ligado a los narcotraficantes y a los paramilitares, y quehubiera encontrado en la circunscripción nacional especial una vía de fácil acceso a la Cámara deRepresentantes. Recordemos igualmente para completar el cuadro, que María Isabel Urrutia, acusada dedopaje, fue suspendida de las competencias deportivas durante dos años; algunos ven en dicha suspensión laverdadera razón de haber incursionado en la política.

CUADRO 2

RESULTADOS DE LOS CUATRO PRIMEROS

CANDIDATOS EN TRES “DEPARTAMENTOS NEGROS”

Chocó votación

Z. Mena 2.705

P. Asprilla 815

I. Minotta 678

A. Valencia 476

Nariño

O. Gamboa 1.926

M. I. Urrutia 1.673

W. Ortiz 1.140

Z. Mena 941

Bolívar votación

P. Asprilla 1.283

Z. Mena 867

M. I. Urrutia 656

O. Borda 496

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil

CUADRO 3

RESULTADOS DE LOS CUATRO PRIMEROS

CANDIDATOS EN TRES “DEPARTAMENTOS NO

NEGROS”

Cundinamarca votación

O. Borda 3.665

W. Ortiz 2.464

M. I. Urrutia 2.085

Z. Mena 605

Risaralda

M. I. Urrutia 715

O. Borda 559

W. Ortiz 519

I. Minotta 258

Santander

M.I. Urrutia 1.438

O. Borda 1.161

W. Ortiz 978

E. Salas 328

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[90]

el número de votos llegó en efecto a la posición24 en Bogotá. Esta ciudad tiene derecho con 18curules disponibles (el último candidato elegidoobtuvo 18.805 votos). Pero, ¿se debe ver en esteéxito la consecuencia directa del crecimiento dela población “negra” en Bogotá? ¿El efecto de lapresencia de numerosos líderes y organizacionesafrocolombianas? ¿O la expresión de un voto deopinión más desarrollado en Bogotá que enotras regiones? ¿O aún más, el producto de laimagen asociada a Welington Ortiz, antiguo juga-dor de fútbol, figura del equipo Millonarios deBogotá?

De igual manera, María Isabel Urrutia obtuvoun tercio de sus votos (13.860) en el departamen-to del Valle del Cauca: ¿Este resultado está ligadoa un voto étnico en un departamento en donde la“población negra” es considerable? ¿A un voto tra-dicional determinado por el peso de la maquina-ria política del Partido Liberal del cual lacandidata es cercana? ¿A un voto de proximidadpor una atleta de pesas que realizó toda su carreradeportiva en Cali, capital del departamento y ciu-dad deportiva en Colombia? Por otro lado, ¿loselectores “negros” votaron por ella? ¿O los electo-res deportivos? ¿O los electores de las redesclientelistas? ¿O aquellos defraudados por la polí-tica? Es difícil responder a estas preguntas, a lasque se agregan numerosos interrogantes sobre elfinanciamiento de la campaña de María IsabelUrrutia y sobre sus relaciones políticas dudosas35.

¿Cómo analiza la principal beneficiada de laselecciones su victoria? ¿Le da una significaciónétnica? ¿Cómo ve su futuro papel en la Cámara?María Isabel me dio una cita a la cual llegó conmás de una hora de retraso en una enorme ca-mioneta 4X4 gris con vidrios ahumados, vestidacon un sastre ceñido, acompañada por dos hom-bres, a la vez consejeros y guardaespaldas. Du-rante la entrevista ella no dejó de mirar a uno deellos, esperando su gesto aprobatorio o permi-tiéndole responder directamente a mis pregun-tas. Sólo después me enteré que se trataba de sumarido, atleta y pesista, quien vino de Argentinacomo entrenador, y que luego se convirtió en suconsejero sobre la mejor estrategia para seguircon relación a la Ley 70 o la etno-educación, quelos dos apenas estaban descubriendo.

Más sorprendente todavía fue el contenido deldiscurso de una congresista que había sido elegi-da para un escaño reservado a las poblaciones

“negras”. Su discurso estaba completamenteorientado a criticar el sistema de discriminaciónpositiva que le permitió llegar a la Cámara, notanto por su contenido y sus limitaciones –lo quecritica la mayoría de los militantes “negros”– sinopor su mismo principio. En efecto, la etno-educa-ción, “más que preservar nuestra etnia, es un pro-blema de discriminación con respecto a nosotrosmismos”36; en cuanto a la Ley 70, que ella recono-ce no conocer bien, considera que es “una formade racismo”. ¿Por qué hablar de “negros” y de“blancos”, de etnicidad y multiculturalismo si “to-dos nosotros somos mestizos”? Según María IsabelUrrutia, en Colombia hay una identidad en lacual no existen las diferencias raciales y ella nun-ca ha sentido discriminación. Sin duda, sus pala-bras merecerían detenerse a pensar en ellas–sobre todo su crítica a la definición de población“negra” como minoría o la reducción de la Ley 70a las cuestiones rurales–; sin embargo, son bastan-te paradójicas en boca de una persona supuesta-mente partidaria de la discriminación positiva yde la diferencia.

Si es difícil adelantar una conclusión única so-bre el electorado de María Isabel Urrutia y deWelington Ortiz, los propósitos de esta últimatienden a mostrar la ausencia de compromiso ét-nico de su discurso y dejan suponer la existenciade un electorado también indiferente a la di-mensión étnica. De esta forma, no faltan las acu-saciones que califican a los dos candidatos de“blancos”, al subrayar su pertenencia a las maqui-narias partidistas tradicionales. Igualmente, otroshablarán del electorado de los dos futuros dipu-tados, de una transición del “negro bembón” al“negro votón”, del “negro” de débiles capacida-des intelectuales al “negro” que cede su voto a lamejor oferta.

Mediatización del estereotipo

Parece de esta manera que la elección de Ma-ría Isabel Urrutia y de Welington Ortiz corres-ponde menos a un voto étnico que a laexpresión de una opinión pública que asimilanaturalmente “negro” a deportista y que trans-forma las proezas deportivas en garantía de capa-cidad política. Los cierres de campaña de ZuliaMena y de Agustín Valencia mostraron la dificul-tad de los candidatos “negros” para conduciruna campaña verdaderamente política, capaz derenunciar al recurso de los argumentos cultura-

36 Entrevista, 30 de mayo de 2002 (las citas de María Isabel Urrutia que siguen son extraídas de esta entrevista).37 RCN, 10 de marzo de 2002.

[91]

coyu

ntu

raan

álıs

ıs p

olítı

co n

º 48

38 RCN, 11 de marzo de 2002.39 Nunca llegó a crear el Ministerio del Deporte que tanto deseaba y, habiendo rechazado renunciar a sus

actividades periodísticas, fue obligado a dejar su puesto de senador.40 Actualmente la asociación recurrente entre “negro” y desplazado (que tiende a volverse una sola de sus

modalidades: afro-desplazado) corre el riesgo de convertirse en otro estereotipo (véase por ejemplo un artículoreciente de Piedad Córdoba, El Tiempo, 9 de marzo de 2003), no porque sea excesivo, sino porque naturalizauna caracterización contextual e histórica.

41 El Tiempo, 14 de marzo de 2002.42 Entrevista, 13 de marzo de 2002.43 Entrevista, 15 de junio de 2002 (las citas de Welington Ortiz que siguen pertenecen a dicha entrevista).

Agreguemos igualmente que tanto Silvio Salazar como Welington Ortiz son originarios de Tumaco, lo mismoque Rubén Darío Cifuentes, director de esta campaña política, en una lógica explícita de afirmación regional,particularmente frente al monopolio de la “identidad negra legítima” ejercida por el Chocó.

les característicos del “negro”, en la representa-ción colectiva, y movilizados como fundamento,legitimación y contenido, del discurso político.El éxito de María Isabel Urrutia y de WelingtonOrtiz refuerza otro estereotipo: el de la asocia-ción entre “negro” y “deportista”. De nuevo, enel momento en que se abre un espacio político,sirve más para reforzar el estigma contra el “ne-gro”, que para deconstruir las identificacionesraciales y desarmar el racismo.

Prueba de ello es, por ejemplo, la presenta-ción mediática de los dos futuros diputados. De-bemos subrayar, primero, la poca cantidad y lasimprecisiones recurrentes de los informes –enel caso de dos de las principales emisoras deradio y televisión a nivel nacional– sobre laelección de los candidatos “negros”, símbolodel bajo interés acordado a la circunscripciónnacional especial. Mientras RCN habla de “losafro-descendientes que llegaron aquí sin quererde las costas de Nigeria”37 y evoca cinco puestosreservados a la Cámara, Caracol, en su páginaen Internet, hace aparecer los resultados de loscandidatos “negros” en la rúbrica “extranjeros”,y no habla sino de un solo escaño, en lugar dedos.

Es sobre todo la ausencia de proyecto políti-co y de discurso sobre la problemática racial, lacaracterística de los dos representantes de lascomunidades “negras”: los medios retienen úni-camente sus éxitos deportivos y resumen su pro-grama a la promoción del deporte. “MaríaIsabel Urrutia se lanzó a la política a principiosdel año con un discurso tan simple como since-ro que encontró un fuerte eco entre la pobla-ción negra colombiana: ‘Yo quiero ayudar a migente y trabajar por el bienestar del deporte’”.“Presentándose a esas elecciones, Ortiz confesósu poca capacidad como líder político, peroprometió a los padres e hijos de su raza que él

velaría por sus intereses”38. Luego de FranciscoMaturana, director técnico de fútbol en el mo-mento de la Asamblea Nacional Constituyenteen 1991, de Édgar Perea, periodista deportivo,elegido senador en 199839, María Isabel Urrutiay Welington Ortiz terminan por reforzar el este-reotipo racial asociado al “negro” como depor-tista (o músico, o cantante)40, en el seno mismode un espacio que supuestamente valora una re-construcción política de las identidades. Encon-tramos así en la prensa críticas abiertas a una talconfusión de géneros: “María Isabel, ¿estás dis-puesta a tomar la palabra en el sagrado corazónde la democracia colombiana? Por favor, piénsa-lo bien. Una medalla de oro en las Olimpíadasno significa ser capaz de inventarse una forma-ción política”41.

Capacidad deportiva, capacidad política

Es significativo evocar los comentarios del or-ganizador del foro sobre la presentación de loscandidatos, cuando afirmó en tono algo desen-gañado:

Eso refleja una parte de la fuerza que tenemosnosotros, las comunidades negras del país, losresultados a nivel deportivo. Pero es verdad quedeberíamos reforzar otras características de nues-tra etnia, como la educación, la salud, las necesida-des de base no satisfechas. Ellos nos han mostradoque eran muy buenos deportistas, pero… la políti-ca necesita de otros elementos, delprofesionalismo político42.

Paradójicamente, el multiculturalismo pareceentonces encerrar aún más al “negro” en una ca-tegoría reductora e inferiorizante, que estaría ba-sada en capacidades físicas naturalmenteasociadas a la “raza negra”.

De hecho, los dos elegidos no desmienten los

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[92]

rumores de oportunismo y de falta de prepara-ción que circulan sobre ellos. Hasta la víspera delescrutinio, Welington Ortiz todavía no era candi-dato oficial. En los tarjetones de demostración,su lugar (número 039) era ocupado por SilvioSalazar, viejo atleta de renombre. El futbolista ex-plica simplemente: “Los políticos de nuestrazona no tienen el prestigio para llegar a la Cáma-ra. Había un movimiento que estaba buscandoun candidato para representar a los negros[Welington intentará sin éxito recordar el nombrede dicho movimiento]. Silvio Salazar, WelingtonOrtiz, son imágenes de Colombia. Deportivamente,no políticamente”43. Como si quisieran apoyar suspalabras, docenas de transeúntes llegaron a saludara mi interlocutor, a felicitarlo, a pedirle unautógrafo durante toda la entrevista. Pero es másbien el Welington deportista quien es saludado yquien, jugando muy bien su papel, me recibió enatuendo deportivo en el almacén de deportesque lleva su nombre en un centro comercial deCali donde me dio la entrevista.

¿Cómo justificar entonces su ascenso al poder?“Se hizo al revés. Se buscó la imagen. Ahora tengoque dedicarme a hacer política, conocer la Ley70, las necesidades del negro. Es difícil, pero micompromiso ante la comunidad negra es éste: ha-cer políticamente lo que hice deportivamente”.Encontramos aquí un argumento común a los doselegidos: la capacidad deportiva puede volversecapacidad política. Si María Isabel Urrutia consi-dera esta evolución como perfectamente lógica(“el volverme muy pública, todo el mundo me co-nocía, me mandan cartas de apoyo. El deporte nosólo sirve para tener la fama y dinero, sino quetambién nos podemos educar y tenemos conoci-miento de lo que está, pasando en el país”),Welington Ortiz señala bien la ambigüedad de taltransformación: “No tenemos credibilidad los ne-gros a nivel político. Es grave que tengamos quevenir nosotros que no somos políticos”.

En primer lugar, esto puede ser analizadocomo el resultado y el reflejo de la situación ac-tual de las poblaciones “negras” en Colombia: noes raro encontrar dos deportistas en la Cámara,si el deporte sigue siendo una de las únicas vías depromoción social a las que estas poblaciones tienenacceso. En segundo lugar, todas las organizacionesétnicas y sus acciones desde 1991 son cuestionadas.Para Welington, “las organizaciones no han hechoun trabajo importante. Los negros no saben queexiste una ley para su beneficio. Tenemos que

cambiar eso”. Igualmente, para María IsabelUrrutia, “las organizaciones no me reconocen,ellos están disgustados. Pero me puse a ave-riguar, llamé a todas y no me contestó una. Oestán malos los teléfonos o son de papel”. Lascríticas nacidas entre los líderes “negros” ocultande esta manera otros propósitos: ellas no ex-presan tanto la inquietud frente a la falta de for-mación y de capacidad política de los doselegidos, sino el miedo a perder el poco poderque habían logrado conquistar y, según MaríaIsabel y Welington, a monopolizar sin ningunaeficacia. De cierta manera, encontramos aquí lamisma voluntad de transformación de costum-bres políticas que habíamos hallado entre loscandidatos presentes en el foro; pero esta vez, setrata de tomar distancia –al menos en el discur-so– con las prácticas políticas tradicionales y tam-bién con la nueva elite étnica nacida de laConstitución de 1991. Como si el origen deporti-vo no solamente garantizara la capacidadpolítica, sino que permitiera igualmente preten-der la ausencia de todo compromiso politiquero.

CONCLUSIÓN: ¿FIN DE LA INVISIBILIDAD O REINO

DE LAS APARIENCIAS?

Podemos preguntarnos si la calificación racialasociada a la deportista ha logrado verdadera-mente una transformación a raíz de su entradaal mundo político. O, si bien, por el contrario, el“negro” no sigue siendo en Colombia una califi-cación física referida a una categoría social deconnotaciones, difusas y no explícitas, heredadasde la esclavitud y de la Colonia. Si la introduc-ción del multiculturalismo intenta transformarlas designaciones (de “negro” a “afrocolom-biano” o “afrodescendiente”), no permitesuprimir, de un día para otro, las identificacionesordinarias, como lo demuestran las elecciones.Es más: el multiculturalismo, bajo la forma de unnuevo discurso o de un nuevo paradigma, relegaa un segundo plano la reflexión sobre la luchacontra la estigmatización y el estereotipo racial.

Conviene recordar que las poblaciones “ne-gras” son calificadas de “invisibles” en Colom-bia44, refiriéndose al concepto utilizado por laantropóloga Nina de Friedemann, cuyos trabajosdieron origen al desarrollo y la institucionali-zación de la investigación afro-colombiana. Sinembargo, aquí observamos el fenómeno contra-rio: aquel de la visibilidad de los candidatos “ne-gros” que acceden a puestos de poder.

44 Mientras que por el contrario, se habla de “minorías visibles” en Francia o en Canadá.

[93]

coyu

ntu

raan

álıs

ıs p

olítı

co n

º 48

45 Entrevista, 13 de marzo de 2002.

Precisemos además que el tercer mejor lugar enlas elecciones fue obtenido por Óscar HernánBorda, un actor. Muy lejos de la invisibilidad aque han sido tradicionalmente reducidas, las po-blaciones “negras” –o más bien sus “representan-tes políticos”– se caracterizarían aquí más bienpor su “visibilidad”, e incluso por sus apariencias,no solamente físicas, sino también sociales,creadas por el éxito deportivo y reseñadas porlos medios de comunicación. Recordemos unaúltima vez las palabras del organizador del foro:“En estas elecciones, hemos votado por la ima-gen, no por el discurso. Son más visibles aquellosque ganaron gracias a su imagen y no a susproposiciones”45. Los extravíos de la política dela diferencia sobrepasan la situación de las po-blaciones “negras” y ponen en entredicho la de-mocracia colombiana en su conjunto, pues sumodelo de funcionamiento no permite el surgi-miento de un voto autónomo. Pero el resultado yla presentación de las elecciones invitan tambiéna preguntarse sobre el alcance de las políticasmulticulturales establecidas por la Constitución:mientras el nuevo discurso de la diferencia tien-de a apoyarse sobre un actor étnico definido entérminos culturales y territoriales, es finalmentela caracterización racial del “negro” la que domi-na ampliamente las prácticas sociales. ¿Acaso nodescubrimos aquí uno de los efectos perversosdel multiculturalismo que tiende no solamente apromover la definición estática y esencial de laspoblaciones “negras”, sino a esconder, tras undiscurso culturalista, la permanencia de prejui-cios raciales de inspiración biologizante?

Confundiendo “el Coliseo con el Agora”, elnuevo espacio étnico ha mostrado que la existen-cia de un discurso político diferente está lejos deser aceptado, y que la legitimidad y la existenciadel “negro” se encuentran limitadas a sus destre-zas deportivas o a sus actividades culturales. Se

necesitaría entonces ser bailarín o deportista,para luego pretender el ascenso hacia la esferapolítica. Al mismo tiempo, el electorado “negro”potencial, lejos de expresar un voto étnico, se re-pliega en una lógica clientelista que no sólo impi-de la emergencia de verdaderos representantespolíticos, sino que contribuye a reforzar los este-reotipos naturalizantes e inferiorizantes asociadosal “negro”. Finalmente, la coexistencia de lapolítica multicultural, encarnada aquí por los dosescaños reservados en la Asamblea, y del manteni-miento de los prejuicios tiene un efecto para-dójico: ella permite entrar a la políticaapoyándose en atributos no políticos, da acceso aun puesto étnico gracias al estigma racial yautoriza la representación de los “afrodescen-dientes” cuando se ha sido elegido por el hechode ser “negro”.

Ya veo venir las protestas de varios líderesafro-colombianos que seguramente no estaránde acuerdo con los planteamientos de este textoy con sus conclusiones. Y lo que es aún más gra-ve: la evocación de las dificultades y ambigüeda-des de la política étnica sería también unaamenaza que debilitaría el movimiento negroemergente e incluso una toma de posición con-tra los esfuerzos que se hacen por el reconoci-miento de la diversidad cultural y latransformación de una historia –y un presente–que siempre ha negado y marginalizado “lo ne-gro”. Pero no se trata aquí de criticar o menos-preciar la aparición de nuevos actores étnicos olos cambios introducidos por las políticasmulticulturales, sino de poner en evidencia, apartir de unos casos particulares, las contradic-ciones internas al proceso de reconocimiento dela diferencia. Si la academia sirve de algo en eldebate democrático, es precisamente gracias a sumirada diferente, nacida de lógicas de acción yde mecanismos de legitimación propios.

Fecha de recepción: 01.02.2003Fecha de aprobación: 01.03.2003

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

7

[94]

en los años setenta, cajas de cartón conmanos amputadas en su interior salpicaron lascalles de Barranquilla. Estas manos pertenecían acriminales asesinados, y su exhibición en lugarespúblicos era una táctica obvia de intimidación.Mano Negra, uno de los primeros grupos de“limpieza social” en aparecer en el país, mataba apresuntos criminales, cortaba sus manos y las dis-tribuía a lo largo de la ciudad. Por la misma épo-ca, con el ánimo de “limpiar” las calles de Bogotáy de “hacer justicia”, grupos armados matabandelincuentes de poca monta. Sus acciones eranreportadas en letras negras sobre muros blancos:“La Mano Negra en acción”. Años más tarde, en1989, mientras el gobierno y los principales dia-rios del país abogaban por la legalización de es-cuadrones paramilitares como “autodefensas”, lasmasacres y los asesinatos continuaban. Sólo enlos primeros quince días de junio de ese año, laMano Negra asesinó a más de diecisiete gaminesen Bogotá. Actos similares ocurrían en otras ciu-dades como Cali y Bucaramanga. El VengadorAnónimo, el ejército de los pobres, Mano Negra,Asociación Pro-Defensa de Medellín y BanderaNegra, son algunos de los escuadrones de “lim-pieza social” que aún hoy operan en el país. Estosgrupos buscan “limpiar” a la sociedad eliminan-do “elementos indeseables”. Gamines, vagos,mendigos, prostitutas, travestis y homosexualesson algunas de las “amenazas” que estos gruposcombaten. Mano Negra y sus patrocinadores cul-pan a pobres y marginados sociales, víctimas desus campañas de “limpieza social”, por los pro-blemas de criminalidad que enfrenta el país ypor atentar contra la buena moral de la sociedadcolombiana1.

Are you Ready

for Patchanka?

Ángela Rivas GamboaAntropóloga. Candidata a

Ph.D. en Antropología social y

cultural de Rice University

1 Para un recuento más detallado de estos actos de laMano Negra en Colombia, véase, entre otros: Ordoñez,J. P. “Social Cleansing, Human Rights, and SexualOrientation in Colombia, The Latin AmericanAlliance”. En: http://www.latinsynergy.org/social_cleansing.htm, 1997; Human Rights Watch.

ISSN

012

1-47

05an

álıs

ıs p

olítı

co n

º 48,

Bog

otá,

ene

ro-a

bril

2003

: pág

s. 9

4-10

4

la o

tra

mir

ada

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[95]

La participación de Mano Negra como patro-cinadora y artífice de acciones en contra deasociaciones estudiantiles, grupos de izquierda ycomunistas, era un secreto a gritos en los añossetenta2. Desde la década de los años ochenta,bajo el nombre de Mano Negra, escuadronesparamilitares y grupos de autodefensas han sem-brado el silencio y el terror entre los trabajado-res rurales de Colombia. En los años noventa,ONG locales e internacionales denunciaron ac-ciones perpetradas a lo largo de la última décadaa nivel regional y nacional por varios escuadro-nes que habían actuado bajo el nombre de ManoNegra. En 1997, defensores de derechos huma-nos y habitantes de Saravena describieron cómo,semanas antes de la última masacre y días des-pués de los asesinatos masivos, el pueblo habíasido inundado por graffitis de la Mano Negra3.Más recientemente, los indígenas Kankuamo pi-dieron ayuda para detener a los escuadrones deparamilitares que venían aterrorizando sus tie-rras desde 1999. En una carta enviada a variasONG alrededor del mundo, los líderesKankuamo describieron la estremecedoraOperación Mano Negra llevada a cabo en laregión por las Autodefensas Unidas deColombia, AUC. En semejante campaña, los es-cuadrones paramilitares marcaban a sus víctimascon un logo de la Mano Negra y empleaban estemismo logo para divulgar ataques venideros4.

En la Bogotá de principios del siglo XX,Mano Negra y su poder omnipresente eran vox

populi entre las elites capitalinas, en particularentre los miembros de las logias5. Esta Mano Ne-gra, una especie de sociedad secreta compuestapor masones, dirigió la vida política del país porvarias décadas gracias a su poder económico y so-cial. Hoy, al igual que ayer, hablar de la ManoNegra es una manera común de referirse a for-mas de ejercer poder tras bambalinas y de impe-dir el libre acceso a círculos de ejercicio depoder. Como lo muestran revistas y periódicos lo-cales, el deporte, los negocios y la política son al-gunos de los campos en los que esta expresión escomúnmente usada.

A principios de los años noventa, Mano Negravisitó Colombia. En 1992, fue a las ciudades de lacosta norte y a la capital. Un año más tarde, en1993, viajó a lo largo del país en una gira quepartió de Santa Marta hacia Bogotá. Pero estaMano Negra no llevaba armas, ni tenía podereconómico, ni era parte de una sociedad secreta,ni mucho menos sus miembros hacían parte deuna elite. Se trataba de un grupo de músicos yartistas, en su mayoría franceses, entregados a laidea de realizar una feria móvil, hecha de retazosde trenes viejos, en la que viajaron y se presenta-ron de pueblo en pueblo. Este fue El Expresodel Hielo, una empresa colectiva ideada porCoco (Didier Jaconelli), miembro de la compa-ñía de teatro francesa Royal De Luxe, y por losmiembros de Mano Negra. Fueron varias lasfuentes de inspiración de los creadores y artíficesde semejante empresa, entre las que se destacan

“Colombia las redes de asesinos de Colombia. La asociación militar-paramilitares y Estados Unidos”. En: http://www.hrw.org/hrw/spanish/informes/1996/colombia_redes.html#top, 1996; ILGA, I. L. a. G. O. “Cleaning Upthe Streets. Human Rights Violations in Colombia and Honduras”. En: http://www.ilga.org/Information/americas/cleaning_up_the_streets.htm, 1996. Véanse también los Reportes sobre Derechos Humanos enColombia de los años ochenta y noventa, hechos por agencias y ONG colombianas e internacionales (ej:Human Rights Watch, Inter-American Commission of Human Rights - OAS, Colombian Support Network,Cinep, Comisión Colombiana de Juristas, y Equipo Nizkor).

2 Varios autores. “El Gobierno, la Mano Negra y los mamertos contra el movimiento estudiantil colombiano”. En:MOIR. Tribuna Roja, 1971. http://www.moir.org.co/tribuna/tr2/por_una_central.htm#Estudiantil

3 Human Rights Watch. http://www.humanrightswatch.org/spanish/reports/colombia/Colsp989-04.htm.4 Barretto, R. “Conflictos na Colômbia vitimizam índios e meio ambiente”. En: Parabólicas, No. 59, Instituto

Socioambiental. http://socioambiental.org/website/parabolica59/impresso/p_colombia.html.5 En el siglo XIX y principios del siglo XX, la masonería era una de las fuentes de poder, de socialización política

y de generación de vínculos más importante para los políticos colombianos y en especial para miembros jóvenesde familias pudientes del partido liberal. Presidentes, ministros y figuras públicas destacadas eran tambiénmasones de alto rango. Véase entre otros Sánchez, Gonzalo y Mario Aguilera. Masonería, poder y cultura (enprensa), y Rivas, Ángela. “Pasiones de la razón: reformar el alma de la patria y construir el cuerpo de la nación.Cuatro intelectuales reformadores y el sueño de la República Liberal”. Bogotá: Universidad de los Andes,Departamento de Antropología, 1997.

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[96]

los contactos previos de los artistas con Colom-bia, la presencia de rieles a lo largo del país y laausencia de trenes de pasajeros, y la obra deGabriel García Márquez, en particular su legen-dario personaje Melquíades.

Muchos años después, frente al pelotón de fusila-miento, el coronel Aureliano Buendía había derecordar aquella tarde remota en que su padre lollevó a conocer el hielo. Macondo era entoncesuna aldea de veinte casas de barro y cañabravaconstruidas a la orilla de un río de aguas diáfanasque se precipitaban por un lecho de piedras puli-das, blancas y enormes como huevos prehistóricos.El mundo era tan reciente, que muchas cosas care-cían de nombre, y para nombrarlas había que se-ñalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes demarzo, una familia de gitanos desarrapados planta-ba su carpa cerca del aldea, y con un grande albo-roto de pitos y timbales daban a conocer losnuevos inventos. Primero llevaron el imán. Ungitano corpulento, de barba montaraz y manos degorrión, que se presentó con el nombre deMelquíades, hizo una truculenta demostraciónpública de lo que él mismo llamaba la octava mara-villa de los sabios alquimistas de Macedonia (…)6.

Inspirados por esta primera escena de Cienaños de soledad, los artistas franceses bautizaron asu empresa El Expreso del Hielo. Su viaje a lolargo de la Colombia de principios de los noven-ta -un país desmembrado por violencias entre-cruzadas y endémicas– tenía como propósitohablar sobre Colombia en términos diferentes alterror7. El Expreso del Hielo fue ideado comoun tren para pasajeros que correría a lo largo dela antigua ruta del sol. A principios del siglo XX,esta ruta era la vía más popular para ir de Bogotáa Santa Marta y para viajar de la costa Caribe a lacapital. A finales de los años setenta, los trenesdejaron de funcionar; cientos de pueblos queda-ron aislados desde entonces. La mayor parte deestos pueblos están hoy en día en las manosextorsivas de narcotraficantes y grupos armados.El Expreso del Hielo visitaría estos pueblos si-guiendo la misma ruta que años atrás había servi-do para comunicar a la gente del interior con lade la costa norte del país.

En noviembre de 1993, el tren partió de Bo-gotá hacia Santa Marta y por tres días viajó a lolargo del país sin detenerse. La feria se inauguróen Santa Marta, donde sus miembros tuvieron elprimero de muchos choques con la realidad queen esos momentos vivía Colombia. Como partede su espectáculo, Mano Negra tocó una graba-ción de la consigna de la Unión Popular de Sal-vador Allende: el pueblo/ unido/ jamás serávencido. Si bien el uso de esta consigna en mani-festaciones públicas es generalizado en AméricaLatina, en Colombia su uso también tiene otrasconnotaciones. Es una de las principales consig-nas de las FARC, la guerrilla más antigua deAmérica Latina, y uno de los grupos guerrillerosmás grandes de Colombia. Al oírla, la gente co-rrió hacia la banda pidiéndole que detuvieran lagrabación y que no la volvieran a tocar jamás8.

Después de Santa Marta, el tren continuó sugira. La gira real, sin embargo, fue muy distinta ala imaginada. Algunas presentaciones que ha-bían sido planeadas tuvieron que ser canceladaspor problemas de orden público, como la deCiénaga, en donde las autoridades locales decre-taron el toque de queda debido al asesinato re-ciente de un concejero municipal. En contraste,otras presentaciones fueron sorprendentes comola de Aracataca, en donde el tren fue recibidocon fuegos artificiales, campanas tañendo y uncoro de niños cantando La Marsellesa en fran-cés9. A pesar de ser muy placenteras, este tipo desorpresas no desdibujaron el hecho de que lospueblos visitados por el tren estaban rodeadospor grupos armados –muchas veces en confron-tación– y que casi siempre eran el blanco de losataques de uno de estos grupos –guerrillas oparamilitares– aunque con mayor frecuencia, deambos. En este sentido, Barrancabermeja fuequizás uno de los lugares más difíciles, aunque ala vez excitantes. En esta ciudad petrolera, don-de grupos guerrilleros y paramilitares están enpermanente confrontación y que, con razón, esconocida como uno de los lugares más peligro-sos de Colombia, el espectáculo del El expresodel hielo fue apoteósico. No obstante, debido aluso generalizado de sicarios para resolver cual-quier disturbio entre vecinos, y a los consejos delos colombianos que participaron en la feria

6 García Márquez, Gabriel. Cien años de soledad. Bogotá: Oveja Negra, 1970.7 Varios autores (s.f). Locovia: El Expreso del Hielo. Proyecto presentado por los miembros de El Expreso del Hielo.8 Chao, R. Un tren de hielo y fuego: Mano Negra en Colombia. Madrid: Ediciones Detursa, 1994.9 Ídem.

la o

tra

mir

ada

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[97]

rodante, los miembros de El Expreso del Hielose abstuvieron de hacer fiestas bulliciosas en lanoche10. Los recién llegados, además, fueron in-terrogados directamente por miembros de laguerrilla. A parte de esto, a lo largo de su gira labanda se enteró de la existencia de escuadronesparamilitares y grupos de “limpieza social”, va-rios de los cuales –para su sorpresa– actuabanbajo el nombre de Mano Negra11.

Sin embargo, fue tan sólo cuando esta feriarodante llegó a Facatativá que sus artífices en-frentaron las acciones de grupos violentos queprotagonizaron manifestaciones de oposicióndirecta a El Expreso del Hielo. El primer en-cuentro ocurrió en un concierto en el que ungrupo de “fascistas criollos” autodenominadosskinheads, proveniente de Bogotá, inició una pe-lea con el ánimo de sabotear el espectáculo.Mientras tocaba, la banda disolvió el incidentellamando la atención del público hacia losskinheads e invitando al público a abuchear a lossaboteadores. El segundo encuentro fue con elgobernador local que intentó interferir con el es-pectáculo tomándose el escenario con diez de susguardaespaldas armados hasta los dientes. Pararesponder a la afrenta del gobernador, los músicosfranceses tocaron la grabación de la consigna de laUnión Popular de Salvador Allende: el pueblo/unido/ jamás será vencido12. El ultimo encuentrofue un ataque personal en contra de Fabrice, unode los miembros de El Expreso del Hielo.Empujándolo, a él y a su novia, contra la pared deuna pizzería, dos skinheads le dijeron que se largarade regreso a Francia porque Colombia no eraasunto suyo13.

El 31 de diciembre, el tren, con menos de lamitad de sus participantes iniciales, cruzó Bogotáy volvió a Facatativá en donde El Expreso delHielo llegó a su fin. Ésta, la experiencia más ricapara la banda, fue a su vez la marca de su disolu-ción. Desde las primeras presentaciones los artis-tas habían enfrentado conflictos internos queterminaron por disminuir el grupo original. Va-rios miembros de Mano Negra, junto con otrosartistas que hacían parte del proyecto inicial, de-sistieron y volvieron a Francia tras unas pocaspresentaciones. Dos años más tarde, en 1995, elfin de Mano Negra era un hecho.

Mi encuentro inicial -y definitivo- con la ban-

da Mano Negra fue a través de su video “SeñorMatanza”. El centro de Bogotá, y sobre todo lagente de sus calles -aquellos que una de estas no-ches será una víctima más de esa otra Mano Ne-gra y de sus campañas de “limpieza social”– sonel telón de fondo de una canción que habla delomnipotente Señor Matanza. Él controla la ciu-dad por medio de la muerte y el dinero. La pri-mera vez que vi “Señor Matanza”, yo estaba en ellímite de la adolescencia y empezaba mi vidauniversitaria. Era una entre muchos otros adoles-centes que crecieron en Bogotá viendo con fre-cuencia sus días de colegio cancelados debido alasesinato de incontables líderes de izquierda einnumerables figuras públicas. Era una de aque-llos mismos adolescentes que disfrutaron los pri-meros conciertos grandes en la ciudad y quefueron testigos del boom del llamado rock en es-pañol. Bajo esta denominación una gran hetero-geneidad de ritmos y letras se juntaban paracrear una alternativa a la música anglosajona quehasta el momento había sido la más popular en-tre los jóvenes capitalinos. A pesar de su corte al-ternativo, el rock en español era en buenamedida familiar debido a su lenguaje y a los te-mas de sus canciones. Fabulosos Cadillacs, Tore-ros Muertos y Prisioneros son algunas de lasbandas que surgieron por esos momentos, y quecon sus sonidos alternativos pero a la vez familia-res conquistaron un lugar en emisoras locales,fiestas adolescentes y conciertos multitudinarios.Su origen hispano y el uso predominante del es-pañol en sus canciones era lo que más les unía.

Mano Negra, que comenzó a grabar a finales delos años ochenta, era sólo una entre estas muchasbandas. Su música, sin embargo, no era en eseentonces tan popular entre los jóvenes bogotanos.Mi encuentro con ellos no tuvo lugar sino hastaprincipios de los años noventa, cuando su músicaera aún considerada fuera de los cánonesdominantes. No escuchada en lugares exclusivosde moda, Mano Negra era más popular en lugaresalternativos en el centro de Bogotá. Entre tanto,Bogotá era sacudida por la explosión de bombasque se oían a diario a lo largo de la ciudad. Lasmedidas de seguridad y las requisas al entrar y alsalir de edificios públicos y privados se volvieroncomunes. El poder ilimitado de losnarcotraficantes, junto con su “cultura traqueta”,

10 Ídem.11 Ídem.12 Ídem.13 Ídem.

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[98]

eran más que evidentes. En áreas metropolitanas lagente seguía temiendo al robo y al atraco siempre ala vuelta de la esquina, mientras, para un númerocreciente de adolescentes, asesinar a sueldo sevolvía una forma más de ganarse la vida. En lacapital, al igual que en el resto de Colombia, laguerra y la muerte eran pan de cada día. En unpaís con el alma descuartizada y que parecíadesangrarse a cada paso, los colombianos no para-ban de preguntarse hasta cuándo el último asesina-to político, la última masacre, la última bomba, laúltima acción armada, sería realmente la última.

Una década más tarde, el país no para de

desangrarse y los colombianos seguimos

preguntándonos hasta cuándo…

“Señor Matanza”, la primera canción deMano Negra que oí, es una de las dieciséis can-ciones que hacen parte del último trabajo de labanda: “Casa Babylon”. El álbum de 1994 incluyecanciones que hablan de experiencias latinoame-ricanas contemporáneas enmarcadas en temascomo el fútbol, la política, la violencia y el medioambiente. La naturaleza de estas experiencias yla forma como la banda las narra son resumidaspor el título del álbum: “Casa Babylon”.

De la legendaria caída de Babylon, o Babiloniaen el Antiguo Testamento, al uso metafórico deeste nombre en el Nuevo Testamento, Babylonsignifica confusión y exceso. Según la filosofíarastafarai –ampliamente expresada en las cancio-nes de Bob Marley14, quien es para los miembrosde Mano Negra una fuente importante deinspiración, Babylon es un lugar en el que reinanel caos, la injusticia y las concepciones erradas.Uno debe emanciparse dejando Babylon y regre-sando a la tierra de sus ancestros. Este lugar his-tórico y mítico encierra las formas más trágicas ylas más fantásticas en las que el día a día puedeser constreñido. Babylon encierra experienciasembriagadas de momentos diversos y hasta con-tradictorios. El dolor, el desaliento, el miedo y lafuria, van de la mano con la magia, el surrealis-

mo, la fantasía, la risa y la dicha. Tal es el lugardescrito por Borges en su cuento “La lotería deBabilonia”15. Para él, Babilonia no es otra cosaque un juego de azar infinito. En “Casa Babylon”este es un juego infinito y asustador, pero que sedisfruta frenéticamente. En él, el peor escenarioes no solamente posible sino muy probable.

Casa Babylon16

Entre casa y BabylonCamino peleón

Entre tu mama y BabylonNi papa ni colchón

Entre colonia y BabylonNo te vayas de resbalónEntre casa y BabylonCamina la ilusión

Entre mama y BabylonCamino sin perdón

Entre colonia y BabylonNo te vayas de resbalón

En sus canciones, Mano Negra retrata ese jue-go de azar infinito que es Babylon a través de loque me gustaría llamar imágenes sonoras. La no-ción de imágenes sonoras hace eco de la lógicavisual en la que descansa Passagen-Werk, el pro-yecto inacabado de Walter Benjamin17. Benjaminrelaciona su trabajo con la lógica visual delmontage como medio de representación y crea-ción, pero también como proceso de construc-ción en el que se resaltan los abismos entre signoy referente o se hace una fusión de ellos18. Loque he llamado imágenes sonoras hacen eco aesta lógica visual al citar sonidos. Como ManuChao –cantante y uno de los líderes de la banda–las describe, las canciones de Mano Negra, son:historietas frenéticas, tiras cómicas aceleradas19.Para él, las creaciones artísticas de Mano Negrason ante todo algo muy dinámico:

Constantemente estamos descubriendo ritmos ymelodías. Incluso si no los aprendemos –no le

14 Oír entre otras canciones “Exodus”. En Marley, B. Legend. Island Records, 1984.15 Borges, Jorge Luis. “The Lottery in Babylon”. En: Borges, Jorge Luis. Collected Fictions. Nueva York: Penguin

Books, pp. 101-106.16 En: Mano Negra. Casa Babylon. París: Ediciones Patchanka Virgin France S.A., 1994.17 Benjamin, W. y R. Tiedemann. The arcades project. Cambridge: Mass, Belknap Press of Harvard University Press,

1999; Buck-Morss, S. The dialectics of seeing: Walter Benjamin and the Arcades Project. Cambridge: Mass., MIT Press.18 Buck-Morss, S. Ob. cit., 1989.19 Véase entrevista a Manu Chao en Kun, J. “Ya Basta! Mano Negra’s Rebel Rock”. En: The Phoenix Media.

http://www.providencephoenix.com/archive/music/99/01/10/MANA.htm, 1999.

la o

tra

mir

ada

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[99]

pido a la gente que me explique los acordes, nobusco disecarlos, es sólo por el placer de tocar–, detodas formas es algo que queda en la cabeza y queyo sé que tarde o temprano va a salir, en París odonde sea, sin que yo sepa exactamente de dóndeproviene20.

El efecto de este citar sonidos es un argumen-to no lineal capaz de poner en un mismo instan-te múltiples historias, en lugar de contar unahistoria de secuencia lineal. Los fragmentos cita-dos vienen de fuentes muy diversas: cancionespopulares viejas, programas radiales, dichos po-pulares, expresiones coloquiales, letras tomadasdel lenguaje informal, secuencias musicales, so-nidos urbanos, expresiones rítmicas y onoma-topéyicas. Cada una de estas citas sonoras esimportante en sí misma, pero la clave de lasimágenes sonoras son la yuxtaposición con senti-do y la simultaneidad. En el núcleo de todo estose hallan la alusión, la evocación y el sampling(muestreo).

Siguiendo a Ross21, la alusión es una referen-cia entre trabajos de arte o entre un trabajo artís-tico y elementos no artísticos, que es a un mismotiempo intencional, oblicua y externa. La alusiónen trabajos musicales puede darse de tres mane-ras: primero, a través de la incorporación de ele-mentos formales y expresivos; segundo, a travésdel tratamiento del mismo tema y en tercer lu-gar, se pude dar por la incorporación de elemen-tos del lenguaje de manera similar a lo queocurre cuando un trabajo literario alude a otro.La evocación comparte con la alusión tanto laoblicuidad como el requisito de un conocimien-to previo que permita llenar de sentido las refe-rencias. Sin embargo, la evocación y la alusióndifieren tanto en los aspectos a los que hacen re-ferencia como en el papel que esa referencia ad-

quiere a través de cada una de estas figuras. A di-ferencia de la alusión, la evocación recrea refe-rencias significativas a través de sensaciones, enlugar de hacerlo a través de un entendimientoracional. Trae al presente lugares conocidos ymomentos vividos, mediante referencias oblicuasa sensaciones como sonidos relacionados conesos lugares y momentos. La evocación es unaforma de re-creación en el instante presente apartir de conocimientos extra-musicales y sensua-les22. El sampling (muestreo) es intrínseco al tra-bajo musical, en particular a las formas yexpresiones musicales que caracterizan el sigloXX23. Es una condición de creación que, siguien-do a Gracyk24, junto con la reproducción consti-tuye uno de los modos de apropiación quepueden ser identificados en música. A diferenciade la reproducción, el sampling es un forma decitar de manera directa un trabajo musicalautográfico en una nueva grabación. El resulta-do no es la misma canción o la misma melodía,sino la producción de un trabajo musical nuevoque cita de manera directa otro trabajo musical ya partir de él crea un instante. No se trata de re-presentar ni de aludir, sino de llevar a instantes através de la citación directa.

En lo que he llamado imagenes sonoras estastres figuras –alusión, evocación y sampling– noocurren individualmente sino de manera simul-tánea. Es esta simultaneidad o ese “…tarde otemprano salir…sin que yo sepa exactamente dedónde proviene” que describe Manu25 lo quepermite hacer un instante de múltiples historias.Además de las figuras mencionadas, la actuación,las letras y la política son elementos centrales einterconectados en la generación de este efectode instantaneidad. El examen de las actuacionesde Mano Negra excede el propósito de este artí-culo, así que no me referiré a ellas aquí. En cam-

20 Chao, R. Ob. cit.21 Ross, S. “Art and Allusion”. En: The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 40, No. 1, 1981, pp. 59-70.22 Al hablar de conocimientos sensuales hago referencia a formas de conocimiento basadas en los sentidos y las

sensaciones corporales, más que en ideas y conceptos preconcebidos. He preferido el término “sensual” altérmino “sensorial” por su sonoridad y para hacer énfasis en la generación de conocimiento a partir deexperiencias que van más allá de la simple mecánica de los sentidos.

23 Este es el caso de casi cualquiera de los llamados ritmos jóvenes como el rock, el rap y el hip-hop, entre otros.Este también es el caso de movimientos y tendencias que desde la primera mitad del siglo XX trataron de crearmúsica empleando otros trabajos musicales y otros elementos sonoros. Un buen ejemplo de estos movimiento ytendencias es el trabajo artístico de John Cage. Para una revisión interesante de sampling y creación musical,véase Sharma, N. “Down by Law: Responses and Effects of Sampling Restrictions on Rap”. En: Political and LegalAnthropology Review, Vol. 22, No.1, 1999, pp. 1-13.

24 Gracyk, T. Rhythm and Noise: an Aesthetics of Rock. Durham: Duke University Press, 1996.25 Chao, R. Ob. cit.

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[100]

bio me gustaría resaltar la naturaleza de las letrasy de las relaciones entre letras y política en el tra-bajo artístico de esta banda.

Las letras de Mano Negras se distinguen por elempleo y la mezcla de expresiones tomadas del ha-bla cotidiana en los diferentes lugares en los que labanda ha actuado. Incluso, si las palabras y el len-guaje verbal no agotan el sentido en música, sí sonelementos centrales. Tal es el caso del uso de for-mas de lenguaje cotidiano en música popular. Si-guiendo a Frith26 y a Storey27, las letras en músicapopular pueden ser caracterizadas como lenguajede la vida diaria puesto en escena en un juego efec-tivo de voz y actuación. Los usos de lenguaje diarioen las letras de la música popular pueden enten-derse como una empresa creativa en la que el re-sultado es hacer bailar a la conversación simple,hacer intenso y vital el lenguaje cotidiano. Las pala-bras entonces resuenan y se le da un toque de fan-tasía al uso mundano que les damos28.

Las imágenes sonoras involucran formas de ci-tar –tanto en términos de los fragmentos citadoscomo en términos de las formas cómo éstos se ci-tan– que a su vez implican formas particulares deconocimiento que están involucradas en el traba-jo y el proyecto artístico de Mano Negra. Dos ele-mentos fundamentales informan estas formas deconocimiento. El primero es el proyecto artísticoque dio vida a Mano Negra y el segundo, su inven-ción del concepto de “Patchanka” como una ma-nera de nombrar la música y el estilo de la banda..En 1986, Manu Chao, Santiago Cassariego y Toñodel Borno formaron la banda Mano Negra. Hijosde inmigrantes españoles, nacidos en Francia ycriados en París, este grupo se reunió alrededorde un proyecto inicial que buscaba expresar susexperiencias como hijos de inmigrantes que cre-cieron en un barrio popular de París. Se propusie-ron hacer esto a través del arte como una empresano de representación sino de creación más allá dela representación. A través de su música y su estilomusical, los miembros de Mano Negra intentarondar vida a este propósito. Manu Chao describe talmúsica y estilo musical como una mezcla que se

lleva en el cuerpo, a la que los miembros de labanda llaman “Patchanka”.

Es una mezcla que no está ni escrita ni pensada. Lallevamos en el cuerpo. Yo tengo raíces latinas, vivoen Francia y a través de la radio y la televisión ocualquier otro medio me muestran, como a todoslos demás, la música americana, punk, rap. Lamezcla es hecha; sólo necesitas desarrollarla. Toca-mos lo que queremos, y si el resultado es una mez-cla, es porque la llevamos en nuestros cuerpos. Nohay nada que hayamos pensado que salga con es-fuerzo o a la fuerza. Sale naturalmente29.

Como individuos entregados a la producciónartística, a la lucha por los significados sociales yal propósito de hacer visibles procesos sociales30,los miembros de Mano Negra pueden ser vistoscomo productores culturales. En el estudio delos productores culturales, algunos de los aspec-tos abordados con mayor frecuencia son: el po-der como fuerza restrictiva y creativa; lacapacidad de acción de actores particulares jun-to con los límites institucionales, históricos y so-ciológicos que enmarcan esta acción; lasconsecuencias de fenómenos de globalización ycirculación transnacional, y las prácticas diariascomo fuente y lugar de producción de valores es-téticos, perspectivas ideológicas e identidades31.A pesar de la variedad de aproximaciones y dediferencias importantes entre sus preocupacio-nes analíticas, los autores coinciden en resaltar laubicación de las prácticas de producción de losproductores culturales en sus contextos sociales,así como el uso de la etnografía en la realizaciónde estos estudios. Los estudios antropológicoscontemporáneos de la producción cultural sehan centrado en mapear y analizar procesos ycontextos involucrados en la conceptualización,construcción y transmisión de formas culturalescargadas de sentido32.

En este campo, la escuela de Frankfurt hasido una tendencia dominante y seminal para elestudio de la economía política de la música en

26 Frith, S. Sound Effects. Londres: Constable, 1983.27 Storey, J. Cultural Studies & the Study of Popular Culture. Athens: Georgia University Press, 1996.28 Frith, S. Ob. cit.29 Baro, J. a. M. J. “¡Cuidado que viene La Mano Negra!”. En: Magazín Dominical, 1992, pp. 8-11.30 Mahon, M. “The visible Evidence of Cultural Producers”. En: Annual Review of Anthropology, Vol. 29, 2000, pp.

467-492.31 Ídem.32 Ídem.

la o

tra

mir

ada

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[101]

general y de la música popular en particular. Laperspectiva de Frankfurt se centra en el análisisde las conexiones entre economía, arte, ideolo-gía y poder. Adorno33, principal expositor de estaperspectiva, se concentra en el análisis de las ten-siones entre arte y fuerzas económicas. Para él, laproducción cultural es un proceso decomodificación que sirve a los intereses de lasclases dirigentes. Adorno caracteriza la produc-ción de la industria cultural masiva por su caren-cia de elementos artísticos y espirituales propiosde los trabajos de arte. En el análisis de este au-tor, una audiencia pasiva y alienada consume ta-les formas de producción masiva.

Trabajos posteriores en el campo de la econo-mía política de la música popular han ido másallá de la caracterización hecha por Adorno entérminos de estandarización, recepción pasiva ycemento social34. Los estudiosos de la música po-pular también han tratado de superar el esque-ma de relaciones producción-texto-audiencia,pero la mayoría de estudios han permaneció ata-dos al concepto de resistencia. Este en particulares el caso de trabajos sobre producción culturalen o sobre el llamado tercer mundo. Más recien-temente, los estudios han abandonado esquemasdicotómicos y han comenzado a alejarse del con-cepto de resistencia. Un buen ejemplo, es el tra-bajo de Kondo35, con su énfasis en la naturalezade la cultura política como subversiva y a la vezcómplice. Es decir, el desarrollo de posiciones ycreaciones contestatarias dentro de la lógica y lapolítica de discursos no contestatarios. Variosantropólogos también se han concentrado en elestudio de esta posición contradictoria de losproductores culturales, cuyas críticas radicalesterminan acomodándose dentro de los cánonesculturales dominantes.

Mi trabajo sigue esta última tendencia al con-templar a Mano Negra como un proyecto artísti-co que es a la vez cómplice y contestatario. Esdecir, un proyecto que se debate entre el deseode aceptación y legitimidad cultural, y por otrolado, el interés por producir una crítica cultural.La combinación de ambigüedad, crítica y ridícu-

lo es un elemento central en las creaciones artís-ticas que, como críticas culturales, Mano Negralogró poner en escena de una manera astuta.Esto es, como críticas radicales puestas en escenaa través de actos que aparecen como no clara-mente agresivos ni contestatarios gracias al usode la ambigüedad y el ridículo como estrategiasfuncionales, lo que en alguna medida le permitea la banda poner en escena críticas culturales ra-dicales sin tener que enfrentar de manera direc-ta respuestas represivas y reactivas. Si bien estasestrategias funcionales pueden mantener a labanda a salvo de formas directas de represión, suuso abre interrogantes sobre la potencialidad detales críticas en términos de la recepción e inter-pretación local.

Con su “Patchanka”, Mano Negra ejemplificalo que Marcus36 llama productores culturales enestados de permanente amenaza y peligro37. Si-guiendo a este autor, esta denominación esretomada aquí no como una categoría analíticasino como un término ampliamente extendidoen el discurso académico contemporáneo. SegúnMarcus, tal denominación señala en sí misma lacrisis de representación que en los últimos añosha atravesado a las disciplinas sociales, a la vezque permite designar y definir la naturaleza y lasactividades de géneros mediáticos entrecruzadose indistintos, tan característicos de nuestros días.Para Marcus, los productores culturales son encierta medida la encarnación contemporánea delos intelectuales orgánicos descritos por Gramsci.Productores culturales e intelectuales orgánicoscomparten la dedicación a la crítica cultural y alactivismo, pero los primeros –a diferencia de losintelectuales orgánicos– escapan a marcos teóri-cos sobre los sociales propios de la modernidad.Como también anota Marcus, el concepto deproductor cultural permite destacar maneras enlas que esta clase de intelectuales, más que los or-gánicos, están involucrados tanto en la produc-ción de medios como en las prácticas que les sonintrínsecas.

Los estados de permanente amenaza y peli-gro, siguiendo a Marcus, se caracterizan por la

33 Adorno, T. The Culture Industry: Selected Essays on Mass Culture. Londres: Routledge, 1991.34 Las críticas de esta perspectiva han estado alimentadas, entre otras, por la noción de hegemonía propuesta por

Gramsci y por trabajos que hacen énfasis en los conflictos entre el uso de la producción dado por una audienciay el uso pretendido por sus artífices. Véase, entre otros, Storey, J. Ob. cit.

35 Kondo, D. K. About Face: Performing Race in Fashion and Theater. Nueva York: Routledge, 1997.36 Marcus, G. (editor). Cultural Producers in Perilous States. Chicago: the University of Chicago Press, 1997.37 Marcus emplea el término perilous states, que si bien no tiene una traducción exacta en español, es retomado

aquí en sus connotaciones de peligro y amenaza permanente. Véase Ob. cit.

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[102]

inestabilidad, la limitación de recursos, los pro-cesos de cambio en curso y la permanente incer-tidumbre. Mano Negra y sus empresas artísticasencarnan la permanente amenaza y peligro, y sehallan inmersas en dichos estados de diversasmaneras. Para empezar, tales estados enmarcanel origen de la banda y de sus miembros, losprincipios que le dieron vida y los modos en quecircula en escenarios musicales y no musicales.Las actuaciones y empresas artísticas de ManoNegra, además, tienen como principales escena-rios estados de permanente amenaza y peligro.Al mismo tiempo, el trabajo artístico y las empre-sas emprendidas por la banda aparecen comocríticas culturales relacionadas con estos estadosy con la producción cultural dentro de ellos. Esteen particular es el caso de las experiencias y acti-vidades de Mano Negra en América Latina.

En el estudio del trabajo artístico de ManoNegra, de su historia, su proyecto inicial, su esti-lo musical y sus formas de creación artística, lanoción de mimesis es central y parece evidente.No obstante, el proyecto artístico que le dio vidaa la banda se acerca y a la vez se opone al con-cepto de mimesis. Por un lado, como proyectoartístico que busca apartarse de la simple repre-sentación, Mano Negra se opone al concepto demimesis como copia e imitación expuesto porTaussig38. Por otro lado, como proyecto artísticofundado en la creación a partir y a través de ex-periencias sensuales, Mano Negra coincide conla idea de mimesis como conexión sensual ycomo momento epistémico propuesto tambiénpor Taussig al referirse a la tactilidad como for-ma de conocimiento39.

El trabajo y el proyecto artístico de Mano Ne-gra se relacionan con el conocimiento táctil y latactilidad como forma de conocimiento que pro-pone Taussig. La tactilidad, siguiendo a este au-tor, se refiere a un conocimiento incorporadoque funciona no como una contemplación estu-diada sino como un conocimiento formado porimágenes y sensaciones, más que por ideas. El

conocimiento táctil es un conocimiento que seencuentra tanto en los objetos y espacios deobservación, como en la mente y el cuerpo delobservador. Se trata de una forma de conoci-miento semejante a lo que, de acuerdo con loseñalado por Taussig, podríamos llamar “in-consciente óptico”. Esto es, una forma deconocer que contrasta con el análisis de acon-tecimientos y fenómenos a partir de inter-pretaciones preestablecidas, y que gracias a sutactilidad y a su lógica sensual es capaz de“sorprendernos con un relámpago de ilumina-ción profana”40. Estas formas de conocimientopropias de la empresa etnográfica propuesta porTaussig, junto con la noción de mimesis comomomento epistémico a la que también se refiereeste autor, son encarnadas por Mano Negra yconstituyen una ciencia alternativa.

Esto que hemos llamado una ciencia alternati-va involucra lo que Kondo llama “políticas delplacer” y “políticas culturales del placer”. El pla-cer, siguiendo a esta autora, debe ser referidocomo un lugar de potencial contestación quepuede involucrar y en ocasiones llega a coexistircon el impulso crítico41. Entendido así, el placeres un elemento central en el desarrollo de lo queKondo llama “el erotismo de la producción designificados”42 y que, de acuerdo con esta mismaautora, se define a partir de las nociones deplaisir y de jouissance propuestas por Barthes43. Elplacer, siguiendo a Barthes44, es inseparable decualquier actuación si uno lo entiende de formacorrecta, es decir, como una serie de significadosque ponen en escena sentidos. Se trata entonces,de un placer que se separa del simple plaisir y vamás allá del placer ligado al disfrute o goce y a laidentidad cultural. No se trata, en otras palabras,de un asunto de convenciones y reconocimien-tos. Más bien se trata de jouissance o un placerque existe como un momento orgásmico de ali-vio más allá del significado. Tal es el placer frené-tico y efervescente que para mí encierra la“Patchanka” de la banda Mano Negra, a través

38 Taussig, M. T. Mimesis and Alterity: A Particular History of the Senses. Nueva York: Routledge, 1993.39 Taussig, M. T. Un gigante en convulsiones. Barcelona: Gedisa Editorial, 1995; Taussig, M. T. Ob. cit., 1993.40 Taussig, M. T. Ob. cit., 1995.41 Kondo, D. K. Ob. cit.42 Ídem.43 Plaisir se refiere a la experiencia del sujeto de sí mismo de manera consciente. Jouissance se refiere al disfrute o

goce del sujeto que involucra la búsqueda de pérdida de la subjetividad auto-consciente.44 Barthes, Ronald. The pleasure of the Text. Nueva York: Hill and Wang, 1975; Barthes, R. y S. Heath. Image, Music,

Text. Nueva York: Hill and Wang, 1977.

la o

tra

mir

ada

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[103]

del cual he tratado de develar experiencias atra-vesadas por formas desgarradoras de violenciaencarnadas por esa otra Mano Negra, así comode explorar formas etnográficas que permitanreferir y re-crear estas experiencias, tan atrapa-das como están en las actualidad colombiana.

Para terminar, me gustaría volver al “SeñorMatanza” que marcó mi encuentro inicial conMano Negra. Esta figura es parte de la produc-ción artística de la banda y una creación artísticaen sí misma, pero, sobre todo, es una figura pro-fundamente impregnada de esas experiencias deviolencia desgarradora que he tratado de explo-rar aquí. Para comenzar, recordemos el retratoque Mano Negra hace del omnipresente e invisi-ble Señor Matanza:

Señor Matanza45

Esta ciudad es la propiedad!!Del Señor Matanza!!

El de la rebaja baja del taxi¡Los tiros, la tira, el basuco y la mentira!

Esta ciudad es la propiedadDel Señor Matanza

Esa olla, esa mina, y esa finca y ese marEse paramilitar, son propiedad

Del Señor Matanza

Ese federal, ese chivato y ese sapo, el sindicatoY el obispo, el general son propiedad

Del Señor Matanza

Buenas jineteras y alcohol, están bajo control,La escuela y el monte de piedad son propiedad

Del Señor Matanza

Él decide lo que va, dice lo que no seráDecide quién la paga dice quién viviráEsa y esa tierra y ese bar son propiedad

Del Señor Matanza

Y a mi ñero llevan pa’l monteY a mi ñero llevan pa’l monte

Y mi ñero que lo llevan y se van,Los que matan, pam pam, son propiedad

¡¡Del Señor Matanza!!

Él decide lo que va, dice lo que no seráDecide quién la paga, dice quién vivirá

No se pueda caminar sin colaborar con su santidad,El Señor Matanza

Y a mi ñero llevan pa’l monteY a mi ñero pa’l monte

¡Escúchalo güey!¡Su palabra es ley!

Él decide lo que va, dice lo que no seráDecide quién la paga, dice quién sufriráEsa y esa tierra y ese bar son propiedad

Del Señor Matanza

Cuando no manda, lo compra¡¡Si no lo compra lo elimina!!

... Esa línea de autocar, el Hotel y el Billar,Esa chica que se da, por el Bulevar, son propiedad

Del Señor Matanza

“Señor Matanza” es una encarnación anóni-ma pero concreta de las llamadas “fuerzas oscu-ras” que con su accionar invisible pero evidenteatraviesan a la Colombia de finales del siglo XX yprincipios de siglo XXI. Omnipresentes, jamásseñaladas y nunca nombradas, las “fuerzas oscu-ras”, al igual que el Señor Matanza, poseen ycontrolan por medio del dinero y la muerte. Elbrutal ejercicio del poder a través del terror, tangeneralizado en la Colombia de principios de losnoventa –cuando la banda francesa dio vida alSeñor Matanza– tiene una de sus más crudas ex-presiones precisamente en la matanza o masacre.Igualmente empleadas por el Estado, por losgrupos armados de derecha e izquierda y por ladelincuencia organizada como los carteles denarcotráfico, las matanzas se han vuelto una delas formas más comunes y efectivas de controlarpueblos, provincias y espacios urbanos. SeñorMatanza, ese amo y señor capaz de controlarlotodo, hasta la vida misma, esa figura omnipresen-te y difusa podría ser el jefe de un cartel de ladroga, el líder de un escuadrón paramilitar, uncacique regional o un miembro la fuerza públi-ca. El secreto público, uno de los rasgos princi-pales del Señor Matanza, la encarnación sinrostro del terror y la muerte.

Como una denuncia, “Señor Matanza” y sucorta historia son un retrato significativo y para-dójico de la Mano Negra que ha marcado porigual a la Colombia histórica y a la contemporá-nea. En su canción, los músicos franceses dibu-jan una figura invisible pero por todos conocida,que controla el país matando, amenazando,comprando y silenciando a todos aquellos que lesalen al paso. El “Señor Matanza” de la Mano Ne-gra francesa encarna y denuncia a la Mano Ne-gra colombiana. Esa Mano Negra que en susdiversas versiones ha llenado de silencio, muertey el terror el día a día de los colombianos.

45 Mano Negra. Ob. cit.

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[104]

Hace un par de décadas, un grupo de científi-cos sociales describieron a Colombia como unpaís “al filo del caos”46; en los últimos años, Co-lombia parecería haber dejado de estar al filo delcaos para precipitarse hacia un camino sin sali-da. Con una tasa anual de cerca de 90 homici-dios por cada 100.000 habitantes y tasas localesde muertes violentas que llegan a 400 en grandesciudades y a 900 en pueblos pequeños y áreasmarginales, desde finales de los ochenta Colom-bia fue reconocida como uno de los países másviolentos del hemisferio occidental. Masacres,narcoterrorismo, muertes selectivas, balaceras,asesinatos al azar, limpieza social, secuestro y des-apariciones forzadas, son expresionesentrecruzadas de la violencia que desde hace va-rios años hace parte del día a día de muchos co-lombianos. “Señor Matanza” es un comentarioestético de las experiencias que puede encerrarsemejante día a día. La combinación de pala-

bras, sonidos e imágenes que dan vida al SeñorMatanza re-crean en una serie de instantes expe-riencias de la Mano Negra colombiana que semueve tras olas de terror y muerte.

La corta historia de “Señor Matanza” en la últi-ma gira de la banda francesa por Colombia, tam-bién revela el poder y el silenciamiento ejercidopor la Mano Negra en el país. Debido a la maneramás o menos explícita en la que los franceses expo-nen a la Mano Negra colombiana en su “SeñorMatanza”, la banda tuvo que retirar la canción desus presentaciones. Tal fue la respuesta de la ManoNegra colombiana. Los músicos franceses fueronsilenciados por ese mismo silenciador armado demuerte y amenazas que trataban de denunciar.En su gira por Colombia en 1993, Mano Negranunca pudo tocar ni llevar al escenario al “SeñorMatanza”47, a pesar de que el video tiene aBogotá como escenario y ocasionalmente apare-cía en cadenas internacionales de televisión.

46 Leal Buitrago, F. y L. Zamosc. Al filo del caos: crisis política en la Colombia de los años 80. Bogotá: Colombia,Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Tercer Mundo Editores, 1990.

47 Chao, R. Ob. cit.

Fecha de recepción: 02.03.2003Fecha de aprobación: 17.04.2003

rese

ñas

[105]

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

Gonzalo CatañoProfesor Universidad Externado de Colombia

en nuestros días apenas semenciona el nombre del ingenierocivil Alejandro López. Su obra pa-rece haber envejecido, y su tiempose ha hecho distante y remoto paralos colombianos de finales del sigloXX y comienzos del XXI. Sus escri-tos estuvieron muy unidos a losproblemas de la época, y el paíscambió tanto después de 1950 y1960, que las meditaciones delantioqueño quedaron en suspenso,en espera de la evaluación de loshistoriadores de las ideas y de lossociólogos del conocimiento. ¿Susanálisis son relevantes para com-prender las dificultades del presen-te? ¿Ofrecen todavía una guía parael diseño de programas y políticassociales? ¿Sus textos ocupan un lu-gar significativo en la ciencia socialnacional? El reciente volumen de620 páginas de Alberto MayorMora, Técnica y utopía: biografía inte-lectual y política de Alejandro López,ofrece respuestas a estos interro-gantes.

Alejandro López fue un hom-bre de la política, la técnica, elmanagement, la economía y la críti-ca social. Nació en Medellín en1876 y murió en 1940 en Fusa-gasugá. Proveniente de una familiade sastres con marcadas aspiracio-nes educativas, obtuvo el grado deingeniero civil en la Universidad deAntioquia en 1899 y el de ingenie-ro de minas en la prestigiosa Es-cuela Nacional de Minas en 1908.Participó en la Guerra de los MilDías, y Rafael Uribe Uribe fue

Técnica y utopía: biografía intelectual y política

de Alejandro López, 1876-1940

Mayor Mora, Alberto

Medellín: Fondo Editorial Universidad Eafit, 2001

durante toda su vida uno de susídolos más preciados. Desde 1910se involucró en la política regionalcomo concejal de Medellín y dipu-tado de la Asamblea de Antioquia.Fue profesor de la Escuela Nacio-nal de Minas, donde enseñó admi-nistración, economía y estadística.Durante aquellos años patentó dosinvenciones de relativo éxito: unadescortizadora de cabuya que lla-mó “Desfibradora Antioqueña”, yuna máquina para hilar que bauti-zó con el rótulo más ambicioso de“Hiladora Colombiana”. Fue ge-rente de la empresa minera franco-colombiana El Zancudo, cargo quele permitió unos apreciables aho-rros con los cuales viajó a Europaen busca de educación para sus hi-jos y de un ambiente propicio paraescribir y completar su formaciónen economía política. Vivió en Lon-dres entre 1921 y 1935, y allí traba-jó, leyó y redactó sus obras másrepresentativas. Regresó al país conun gran prestigio intelectual y políti-co, al momento fue elegido a la Cá-mara de Representantes y luegollegó a la gerencia de la FederaciónNacional de Cafeteros. Murió pocoantes de cumplir los 64 años, conuna imagen de fracaso en la gestiónde los asuntos cafeteros –naufragóen su intento de regular el mercadodel grano para frenar la especula-ción– y con un sentimiento de infor-tunio familiar nunca superado.

Alberto Mayor nos cuenta todoesto y mucho más en su grueso vo-lumen que ostenta una impresio-nante información tomada de lasmás diversas fuentes: entrevistas,publicaciones periódicas, docu-mentos oficiales, archivos familia-

res y papeles de universidades, deorganizaciones políticas y de aso-ciaciones profesionales. El libro esun hervidero de datos, y el lectorsospecha que el autor observó,leyó y examinó toda la evidenciadisponible acerca de AlejandroLópez. Los pies de páginas estánpor lo demás listos a registrar esteempeño erudito acumuladodurante años, décadas quizás, en elcual no faltaron los repetidos viajespor Colombia, Europa y EstadosUnidos. Es evidente que con esteesfuerzo ha comenzado a colmarseel viejo reclamo del recordadoJorge Villegas, un antiguo com-pilador y promotor de la obra deLópez, quien en 1976 habíaseñalado que faltaba “unarecopilación sistemática de susescritos periodísticos y un cono-cimiento más profundo de su viday obra”.

El autor es consciente de las in-novaciones de su libro. En los pro-legómenos anuncia una biografíaintelectual moderna, crítica,franca y veraz, libre de inclina-ciones partidistas y ajena a laautocensura de viudas y herederos,tan corriente en la biografíatradicional colombiana salida delos círculos familiares del biogra-fiado o de las arcas de la AcademiaColombiana de Historia, siempretan afín a la exaltación y al enco-mio. Con la ayuda de una pers-pectiva histórico-sociológica, lavinculación de la vida y obra conlas circunstancias que rodearon alpersonaje, Mayor aspira a descifrar“una de las más intensas perso-nalidades de la escena política eintelectual colombiana de la

[106]

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

primera mitad del siglo XX”. Porsu magnitud, el libro se acerca aese grupo de exhaustivas biografíaspublicadas en los últimos diez odoce años sobre el pensamiento, lapolítica y la cultura colombianas,como la fina y bien ensambladaVida y política económica de LauchlinCurrie de R. J. Sandilands (1990), laevaluación de un compositor enImagen y obra de Antonio María Valen-cia de M. Gómez-Vignes (1991), lavita de J. A. Silva en El corazón delpoeta de E. Santos Molano (1992),el registro de la política, el pensa-miento y los negocios regionalesen Gonzalo Restrepo Jaramillo de V.Álvarez Morales (1999) o el“Laureano Gómez study” de JamesD. Henderson en su comprensivaModernization in Colombia (2001).

Pero desde un comienzo haysignos que tienden a nublar este es-fuerzo innovador. Mayor está de-masiado unido sentimental yafectivamente a su objeto de estu-dio para evitar la hagiografía. Des-de las primeras páginas recuerda alos lectores que su biografiado “fueuna figura estelar de la cultura po-lítica e intelectual colombiana”; unhombre que “con medios escasosestableció grandes verdades”; unensayista “de impresionante soli-dez” y de “luminosa visión inter-disciplinar”. Su “clarividencia eraasombrosa”; “pensaba en grande,al estilo de un Mon y Velarde”; po-seía “un realismo que hoy haríaempalidecer al más avezado denuestros políticos”, y “en el campode batalla –en las contiendas públi-cas– quedarían tendidas muchasde las reputaciones y pretendidashonras de quienes se enfrentaroncon él”. Sus informes eran, por lodemás, “estudios sesudos, macizos ybien documentados”. Este clima,falto de una prudente distanciaque avecina peligrosamente el tra-bajo de Mayor a los panegíricos dela biografía piadosa de la cual tantose quiere diferenciar, surge una y

otra vez a lo largo de la obra. Ycuando su paladín fracasaba en losproyectos de reforma social,manifesta que su visión “era dema-siado en grande para unos coterrá-neos que pensaban demasiado enpequeño”.

El grueso del libro está dedicadoa exponer los programas políticos,las ideas y el contenido de los escri-tos de López. El aspecto estricta-mente biográfico es sólo una ayudapara comprender su pensamiento.“Se tratará de rescatar –anota Ma-yor– no tanto el personaje, cuyosrasgos biográficos incompletoscaen a veces en la biografía tradi-cional colombiana, sino el métodoque le permitió llegar a una visiónunitaria del país y de sus proble-mas”. ¿El método? A lo largo del li-bro no es claro lo que con ello sequiere significar, pero de sus pági-nas se desprende que tanto en la ac-tividad política como en los escritosde López siempre hubo una actitudexperimental, una sensibilidad porla claridad conceptual aunada alrigor empírico; un control de la teo-ría a partir de los hechos; un trata-miento de los problemas partiendode sus elementos constitutivos y delos datos que anunciaban su medi-da. No en vano López y sus asocia-dos fueron autores, traductores opromotores de textos de estadísticao de publicaciones que registrabanla aritmética del departamento deAntioquia en asuntos demo-gráficos, económicos, culturales ysociales, sin descuidar los aspectosgeográficos, como los cambiospluviométricos de la ciudad deMedellín. A juicio de López, todoaquello era relevante para unadecuado conocimiento de larealidad, siempre tan huidizacuando se carecía de instrumentosseguros. Como buen ingeniero, sa-bía que la imprecisión es fuente deequívocos tanto en el dominio dela naturaleza como en los camposde la política y de la reforma social.

Pero si ésta era la estrategia ge-neral de conocimiento, en lo querespecta a la reforma social habíaalgo más que López, empleandoun molesto neologismo, llamaba latécnica de la indirección: “Hacerciertas cosas que no son sino me-dios para llegar al verdadero finperseguido”. No promover el cam-bio en forma directa, sino median-te rodeos tácticos para evitarchoques y resistencias innecesarias,como lo hacen los grandes estra-tegas de la guerra. Ejemplo: paraimpulsar la libertad civil, lo másindicado no sería buscar y promo-ver alzamientos, sino independi-zar económicamente a losindividuos (proceso que en lassociedades agrarias como la co-lombiana significaba la democra-tización de la tierra). Lo demásvendría por añadidura: el voto, laeducación, el ahorro, la indepen-dencia personal, la lucha por laigualdad de oportunidades, entreotras cosas.

Con estos preceptosmetodológicos, y una prosa contro-lada, López redactó sus trabajosmás festejados: Problemas colombia-nos, El trabajo, Idearium Liberal y Eldesarme de la usura, y la tesis de gra-do sobre El paso de La Quiebra en elFerrocarril de Antioquia. Unas veceseran los datos cuantitativos, otraslos cualitativos –los históricos yaquellos fruto de la observación y laexperiencia– y, unas más, la combi-nación de unos y otros. Ellos adqui-rían vida en marcos de referenciaderivados de la ingeniería, laadministración, la economía o lasociología, disciplinas de las que sevalía para nutrir un discurso dirigi-do a promover la riqueza y el bien-estar entre los colombianos.Siempre se lo veía objetando un es-tado de cosas y sugiriendo el reme-dio para su eventual solución.Buscaba el progreso y era optimistarespecto de las posibilidades de lacondición humana para alcanzarlo.

rese

ñas

[107]

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

Con obstinación no exenta de dra-matismo, llamaba la atención delas “clases directivas” sobre la nece-sidad de corregir, superar y orien-tar los problemas sociales. Un“hombre de acción eficaz” lo llamósu amigo Luis López de Mesa. Noes por ello extraño que sus libros seresientan del molesto sermoneo dequien cree tener la solución paratodas las dificultades del momento.A su juicio, las opciones de los pue-blos eran pocas y la Providencia noera muy dada a brindar una segun-da oportunidad; el tiempo corría yel que se equivocaba perdía “unajugada en el ajedrez de la vida”.

Siguiendo los puntos de partidade López, Mayor rastrea con éxitosus fuentes intelectuales, especial-mente en los terrenos de la econo-mía y la administración. List,Jevons, Wagner, Marshall y Keynespara la ciencia que explora los fac-tores de producción –tierra, traba-jo, capital y organización– y Taylory sus discípulos para el manejo ra-cional de la empresa moderna. Acontinuación, aborda las obras mássignificativas del ingeniero civil, acuyo resumen dedica buena partede Técnica y utopía. A Problemas co-lombianos le consagra, por ejemplo,63 páginas. Alguien podría pensarque el autor es aquí exhaustivo,que pretende agotar la materia ob-jeto de estudio. Pero esto no essiempre cierto. El número de pági-nas no está asociado tanto al exa-men comprensivo de la obra deLópez, como a la interminable glo-sa de su contenido. Mayor no ex-pone, cita in extenso. No conoce lasíntesis, la virtud más apreciada enla investigación histórica. Cuandoaborda un libro de su héroe, lopresenta –como fiel discípulo– si-guiendo el índice del tomo encuestión, esto es, capítulo por capí-tulo, sección por sección. No hayallí esfuerzo por la presentaciónglobal y condensada; carece de ca-tegorías analíticas que le permitan

separar lo esencial de lo superfluo.Su método de exposición, muy fa-miliar al de la historia tradicionalde la academia, es fruto de la viejafaena, ironizada por Collingwood,de “tijera y engrudo”, de recorte ypegamento, de espaciosos extrac-tos tanto en el cuerpo del trabajocomo en los pies de página segui-dos de comentarios que apenasilustran las palabras citadas. Coneste procedimiento, el tamaño dellomo crece artificialmente hasta al-canzar los nada despreciables 565folios de texto corrido. Ello crea enel lector la sensación de que noestá leyendo un estudio de Mayorsino una antología de los escritosde López. Un caso extremo de esteestilo perifrástico se encuentra enla presentación del opúsculo El des-arme de la usura. En la edición origi-nal de 1933, el folleto de Lópeztenía 31 hojas y Mayor le dedica ensu libro 23 perseverantes páginas.Apela al cuadernillo, lo extracta, loacota y lo elogia hasta el agota-miento. Ante esta exuberancia, ellector iniciado piensa que quizá ladecisión más sabia hubiera sido lainclusión del opúsculo entero. Conello quizás se hubiera ahorrado lacansina paráfrasis y la reiterativaamplificación del trozo referido.Tanto se insiste en esta modalidadexpositiva, que en ocasiones se tie-ne la impresión de que Técnica yutopía no avanza, y que el autorapenas controla sus secciones. Lascitas crecen, se emancipan, cobranvida propia y tienden a gobernar alautor y tras él a los lectores y al vo-lumen en su conjunto. Todo se glo-sa y se trae a colación, y en mediode esta labor todo se vuelve a su vezimportante y significativo.

A continuación de la presenta-ción de las obras de López, Mayoradiciona información sobre la re-cepción que alcanzaron en su tiem-po. Este procedimiento enriquecesus páginas y le confiere un airefresco a sus capítulos. Pero nueva-

mente el fervor lo traiciona. Conun tono no exento de anacronis-mo, se acerca a los contemporá-neos de López con sublimeautoridad para destronar sus pun-tos de vista cuando los encuentraimpropios o contrarios a los suyos.Califica la reseña de Luis E. NietoCaballero de Problemas colombianos,de “anodina y sin reacción crítica,conciliadora y carente de percep-ción de la profundidad de los plan-teamientos de López”. Al expresidente Carlos E. Restrepo locensura por su “falta de percepción[del problema agrario]”, y a Anto-nio José Restrepo, el popular ÑitoRestrepo, lo estigmatiza porque“no captaba los conceptos teóricosque ordenaban los hechos [consig-nados en la obra]” y porque “care-ció de penetración para entenderque Problemas colombianos, era, encuanto a sus fundamentos, un librode ciencia social netamente euro-peo”. A diferencia de ellos, Mayor,siguiendo al mismo López, consi-dera que –“por su osadía intelec-tual y visión futurista”– la obra sehabía convertido quizás “en uno delos libros que más contribuyó indi-rectamente a socavar el régimenpolítico imperante hasta entonces”.Con una vasta información reuni-da durante años, Mayor deploraque los contemporáneos de Lópezno hayan escrito reseñas tanperceptivas como las suyas.

Una de las contribuciones másprovechosas de la espaciosa mono-grafía de Mayor –¡que en la página355 califica de “ensayo”!– es la de in-dicar con suficiente amplitud la for-mación económica de López. Leyóen francés e inglés los economistasmás relevantes de su tiempo, y en sularga estadía londinense se hizomiembro de la Royal EconomicSociety, donde la figura de Keynesera dominante, y del National Libe-ral Club, una dependencia del parti-do liberal inglés de agitaciónpolítica e intelectual, dos institucio-

[108]

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

nes que le permitieron una relaciónmás estrecha con las discusionesacadémicas y los debates sobre lasreformas del momento. Mayor ras-trea la asimilación de este aprendi-zaje y el uso que hizo de él en susescritos, y afirma de manera persua-siva el nombre de López como eco-nomista o, para satisfacer las mentesmás exigentes, como uno de losmás notables protoeconomistas na-cionales. Lo que no parece tan cla-ro, sin embargo, es su relación conla sociología. ¿A qué aludía Lópezcuando usaba el vocablo de Comte?¿Era una disciplina residual? ¿Aque-llo que queda después de agotar lasdimensiones económicas, culturalesy políticas de los conglomerados hu-manos? Mayor subraya la lectura yhuella de Gabriel Tarde y de LesterWard, nombres que el mismoLópez menciona en el prólogo a Eltrabajo como una de sus lecturasmás provechosas en lo que concier-ne a las “necesidades humanas” (laconciencia de que algo hace falta yque es urgente alcanzarlo para lle-nar un vacío). Tarde, a quien Lópezcita en un pasaje como psicólogo –aproximación que Durkheim hu-biera aplaudido– no parece ser unautor clave, o al menos fundamen-tal, más allá del tratamiento de lasrelaciones entre trabajo, invención ynecesidades, aunque Mayor insisteuna y otra vez, y de manera pocopersuasiva, en vincular el uso delverbo “imitar” en los escritos del in-geniero civil con el concepto de imi-tación del pensador francés (elproceso mediante el cual los indivi-duos o los grupos copian las ideas,los comportamientos y las manerasde sentir de otras personas). Noobstante la amplitud de sus lecturas,López –que sepamos– nunca abor-dó la sociología como disciplina po-seedora de un objeto propio conmarcos analíticos y estrategias parti-culares de conocimiento. Su asuntode más experiencia y vocación fuesiempre la economía, pero ello nole impidió una visión general del

contenido y alcance de la ciencia deComte. Cuando criticaba o sugeríaun programa de mejora social, eramuy dado a advertir la necesidad deconsultar “ante todo la sociologíacolombiana”, esto es, la historia, lascostumbres, las creencias, la perso-nalidad, los modos de ser y los esti-los de vida de los diversos grupos dela población que habitaba el territo-rio de la nación. Quien no lo hicie-ra estaba destinado a fracasar en suintento transformador. Esto le per-mitió un sentido de realidad quehizo que sus enfoques y programasparecieran siempre viables y nomera elucubración de una menteiluminada extraña a todo controlfáctico.

Su interés por la dimensión so-cial, unida a los asuntos económi-cos, se manifestó con claridad ensu programa trazado en IdeariumLiberal. Bajo la inspiración delopúsculo de Keynes, El fin del“laissez-faire” de 1926, y de algunosmateriales del partido liberal in-glés, López se enfrentó con el“leseferismo” de los ideólogos delpartido liberal colombiano repre-sentado por dignatarios como el yacitado Antonio José Restrepo o To-más O. Eastman, quien por “mu-cho tiempo –apuntó el ingenierocon no disimulada picardía–, sostu-vo en Colombia una sucursal de lafilosofía [de Herbert Spencer”].Para López el “dejar hacer” era unasunto del pasado; ahora era nece-sario que el Estado asumiera la di-rección de las múltiples tareas quelos individuos privados no podíano no querían atender. El Estado de-bía controlar el dinero y el crédito,debía fomentar y orientar el aho-rro y la inversión, debía proteger altrabajador –al obrero y al peón–ante el poder de la gran industria yde los grandes propietarios de latierra. Su papel era promover laequidad y el bien común, razónpor la cual debía tener bajo su do-minio la explotación de los servi-cios públicos –buena parte de ellos

en manos privadas en la época deLópez– y administrarlos con efi-ciencia atendiendo las demandasdel mercado lejos de “los defectosde la burocracia y las dificultadesdel formulismo oficial”. Este lla-mado de 1931, el año de lapublicación de Idearium Liberal,pone las obras de López al ordendel día en una era asistida por eldesalojo de las funciones “sociales”del Estado. Por ironías de la his-toria, el organismo que orienta lasociedad y dice representarla,vuelve a entregarle ahora al interésparticular la prestación de losservicios públicos que ayer luchópor arrebatarle a los comerciantes,a los industriales y a los amos delcapital financiero.

A pesar de las contrariedadesdel libro de Mayor, a él tendrán quevolver los futuros analistas delpensamiento colombiano y los inte-resados en los variados aspectos dela obra de Alejandro López. Suscapítulos han trazado el marco ge-neral; ahora resta ajustar análisis,recusar santorales y afinar detallesapenas sugeridos, pero implícitosen sus páginas. López fue un hom-bre nada corriente en el medio co-lombiano. El esfuerzo y el tesónpersonales constituyeron su caracte-rística esencial. Aprovechó el impul-so inicial de los padres, y acontinuación se apropió de los fu-rias del self-made-man. En su obitua-rio, B. Sanín Cano escribió que erala personificación de la “tenacidaden el propósito” y de la “fe en sí mis-mo”. Nada de lo que retenía suatención parecía quedar a mediocamino. Proveniente de los círculosartesanales, de las clases mediastradicionales que laboraban con suspropias manos y eran dueñas de susinstrumentos de trabajo, buscó yencontró en la educación, en elmatrimonio y en la política unmedio de ascenso y de afirmaciónsociales. Triunfó en Antioquia comopolítico y como profesional, ycuando tuvo la oportunidad de

rese

ñas

[109]

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

afincarse en Bogotá una vez elegidoa la Cámara de Representantes,optó por abandonar el país pararadicarse en Inglaterra en busca deuna educación adecuada para suscuatro hijos que apenas superabanla infancia. Quería para ellos lamejor instrucción en un país quetodavía ostentaba el dominio en losnegocios y ofrecía una enseñanzamedia y universitaria integrales sinolvidar la formación en unaprofesión útil y aplicada. Eran losrecursos humanos que necesitabaColombia. Pero aquí los proyectosde López no dieron los resultadosesperados. La trabajada inversiónextranjera en “capital humano”,una expresión que le era muyfamiliar, tendió a diluirse hasta

hacerse imperceptible. Su hijomayor, que había manifestado inte-reses por la pintura, se suicidó a losveinte años, y el que le seguía sehizo ingeniero, pero a poco debióser internado en una clínica de re-poso. El tercero se inclinó por laquímica y el menor por la exaltadaingeniería civil. La ciencia y la técni-ca, la industria y la mecánica, eranparte del ideario doméstico, dondeimperaba una absorbente doctrinadel éxito derivada de la constancia,la dedicación y la tenacidad perso-nales. El círculo más íntimo de losLópez semejaba un pequeñoaverno dirigido por las miradasinquisitivas del padre, un asmáticocrónico, que buscaba estampar suexperiencia particular en el ánimo

y destino profesional de sus vásta-gos. Éstos, por su lado, ya inglesespor idioma y formación, debieronexperimentar una intensa soledadinterior, sin mayores posibilidadesde escape y de realización perso-nal. El hecho real –nos diceMayor– es que cuando López re-gresó al país en 1935, sólo se lo vioacompañado de su esposa, del quí-mico y del hijo más joven. Con elpaso de los años, sin embargo,ninguno de ellos descolló en la po-lítica, en el desempeño profesionalo en el mundo de los negocios. Susdías se fueron diluyendo en las fati-gas de la vida cotidiana, sin conocerla importancia colectiva que tantohabía buscado el férreo y perseve-rante progenitor.

Juan Guillermo Ferro MedinaProfesor de la Facultad de Estudios Ambientales y

Rurales de la Universidad Javeriana

el libro de maría clemenciaRamírez es de enorme utilidadpara todas las personas que estáninteresadas en la problemática delos movimientos sociales en zonasde conflicto armado. En este textoestán planteadas con detalle lasenormes contradicciones del Esta-do colombiano, de la guerrilla y,sobre todo, del movimiento socialen la región del Putumayo.

Desde el punto de vista meto-dológico, este libro deja ver unprolongado y valioso trabajo decampo, un esfuerzo admirable ypaciente por recoger sistemáti-camente y con especial detalle un

Entre el Estado y la guerrilla: identidad y ciudadanía en el

movimiento de los campesinos cocaleros del Putumayo

María Clemencia Ramírez

Bogotá: ICANH, 2001

número muy significativo de im-portantes testimonios de los dife-rentes actores clave, lo cual lleva allector a que en algunos momentosse sienta en medio de los aconteci-mientos. De igual manera, la revi-sión bibliográfica y conceptual estraída al texto con oportunidad, ysin otra pretensión que la de con-tribuir a una mejor interpretaciónde los hechos y de los discursos.Desde el punto de vista del énfasisdisciplinario, si bien el eje pareceser la antropología social (identi-dad y reconocimiento social), eltexto es un excelente ejemplo deinterdisciplinariedad dentro de lasciencias sociales y humanas. El es-tudio desarrolla de forma articu-lada tanto a nivel teórico comoempírico una serie de temas y pre-ocupaciones clave para la historia

(procesos de poblamiento territo-rial), la sociología (por qué se da laacción colectiva) y la ciencia políti-ca (cómo se construye ciudadanía,fronteras entre el Estado y la socie-dad civil).

El evento sobre el que está cen-trado el análisis es el fenómeno delas marchas de los campesinoscocaleros del Putumayo, que tuvie-ron lugar a mediados de 1996, y lascuales movilizaron decenas de mi-les de campesinos durante variassemanas y que, sobre todo, hicie-ron evidente el enorme problemasocial y político que se esconde de-trás de los llamados cultivos ilícitos.Este hecho es de singular impor-tancia para los propósitos de la au-tora puesto que, en el proceso delas marchas y de las negociaciones,los intereses y las contradicciones

[110]

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

fundamentales de los principalesactores involucrados en el conflictosalieron a flote con más claridad.De esta manera, el amplio espectrode intereses políticos en juego fueexpuesto públicamente.

Los testimonios que recoge Ma-ría Clemencia Ramírez muestrancon insistencia cómo la lucha delmovimiento campesino cocaleroes ante todo una “batalla” por sureconocimiento como actor sociallegítimo. Para este propósito seplantean varios elementos impor-tantes. Primero, el rechazo a laestigmatización. Las declaracionesde los líderes reflejan la enorme in-dignación de los campesinos cuan-do se les acusa de delincuentes.Para ellos su actividad es legítimaen la medida en que es el fruto desu propio trabajo (desde la lógicacampesina, lo que sí está muy malvisto es aprovecharse del trabajo delos otros), y de su lucha por lasobrevivencia familiar ante la ca-rencia de otras oportunidades eco-nómicas. En segundo lugar, elderecho a participar en las decisio-nes que los afectan. Hay una claraconciencia de que las políticas delEstado central se elaboran y se eje-cutan sin su consentimiento, enparticular las que más los afectanen la actualidad, como son las deerradicación y sustitución de loscultivos ilícitos. Finalmente, la de-mostración de que se tiene un pro-yecto propio e integral dedesarrollo rural y regional. Loscampesinos manifiestan que el fu-turo de su territorio los afecta pro-fundamente. Ellos consideran quetienen mucho conocimiento queaportar al diseño de un modelo dedesarrollo sostenible y democráticopara el Putumayo, y que esta pro-puesta no es la misma que planteala insurgencia.

En síntesis, la autora nos mues-tra que la lucha de los campesinoscocaleros es lo que algunos autoreshan llamado el derecho a tener dere-chos o, en palabras de los propios

campesinos, su intención es la depoder ser reconocidos como ciudadanosputumayenses.

La enorme disposición de prue-bas sobre todos los propósitos ante-riores es una fortaleza especial deeste trabajo de investigación. Hayun esfuerzo lúcido y sistemáticopor analizar y recoger “las verdade-ras intenciones del movimiento”.Esta tarea se remonta a la historiadel movimiento social del Putu-mayo, mucho antes de las marchasde 1996. El trabajo, si bien se cen-tra en este evento, tiene una impor-tante base histórica del proceso dela colonización y del esfuerzo porconstruir región en el Putumayo.Igualmente, el texto tiene la virtudde que el análisis no concluye conel fin de las negociaciones entre elEstado y los marchistas, sino quecontinúa recogiendo todos losefectos posteriores que, por cierto,aportan muchas luces adicionalessobre lo que realmente estaba endisputa.

Desde mi punto de vista, el de-bate que plantea este libro no estáen el análisis del movimiento socialy de su intencionalidad. Lo mismopodríamos decir de la visión que serecoge sobre la participación delEstado frente al evento de las mar-chas. El texto muestra en detalle –ycon gran claridad– las enormesfisuras del Estado colombiano. És-tas quedan representadas en lascontradicciones entre el estamentomilitar y los funcionarios civiles(Fuerzas Armadas vs. ministeriosdel Interior y de Agricultura, porejemplo); entre las propias institu-ciones del nivel central (Red de So-lidaridad vs. Plante, por ejemplo),entre éstas y las instituciones regio-nales y locales (Ministerio de Inte-rior y FFAA vs. Gobernación yalcaldías, por ejemplo).

Para los analistas del Estado co-lombiano, esta aproximación es deuna riqueza invaluable porque per-mite ver simultáneamente prácticasautoritarias y represivas, políticas

excluyentes y alta dependencia dela política norteamericana con pro-pósitos conciliadores,identificación con la sociedad civily búsqueda de legitimidad. Des-pués de esta perspectiva tan biendocumentada por María Clemen-cia Ramírez, va a ser muy difícil se-guir sosteniendo visionesmonolíticas sobre lo que es el Esta-do colombiano en su conjunto.

Ahora bien, en lo que se refiereal papel de las FARC y su relacióncon el movimiento cocalero, sepuede proponer una discusiónfrente a los planteamientos de laautora. El libro pretende mostrarque las FARC manejan una granambigüedad con relación al papeldel Estado. De esta manera, se pre-senta en algunos momentos a lasFARC como coincidentes con el in-terés de los líderes campesinos conrespecto a la idea de que el Estadodebe cumplir con su deber de ha-cer presencia y de propiciar el de-sarrollo. Es decir, por momentos sevisualiza a las FARC como el actorpolítico que empuja a los campesi-nos en su proceso de búsqueda deincorporación al Estado.

Desde nuestra perspectiva, pue-de haber incluso algo de ingenui-dad en esta visión. El interés de lasFARC es múltiple. Por un lado, loque persiguen es que los campesi-nos se den cuenta de que el Estadocolombiano no los quiere y no lospuede incorporar por su propiaforma de concebir la democracia yel desarrollo, y porque se encuen-tra maniatado por la política anti-drogas de Estados Unidos. LasFARC procuran que los campesi-nos vivan en carne propia la repre-sión, pues éste es un valiosorecurso “pedagógico” para apren-der quién es el verdadero “enemi-go”. Como el mismo texto lodocumenta, la insurgencia no per-mite que posteriormente a las mar-chas se constituyan movimientospolíticos legales encabezados porlos líderes de las mismas. Abrir la

rese

ñas

[111]

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

democracia liberal colombianahace mucho tiempo dejó de ser laintención de las FARC. El incum-plimiento del Estado a buena partede los acuerdos pactados con losmarchistas es celebrado por el mo-vimiento guerrillero bajo la impo-pular expresión de “yo se lo dije”.La inversión estatal es consideradacomo parte de los recursos que hayque utilizar contra él.

Actualmente, los proyectos pro-ductivos del Plan Colombia en elPutumayo (en buena parte recur-sos de Usaid), que se adelantan enlas fincas de los campesinos queerradicaron parcialmente la coca,son vistos por la insurgencia comoun recurso temporal de seguridadalimentaria que los campesinos ne-cesitan para sobrevivir ante loscambios drásticos sufridos en elmercado de la coca, los cuales sonfruto del conflicto mismo y de lasfumigaciones. Es decir, estos pro-yectos no son vistos como la con-creción del pago de una deudasocial histórica sino como los “dul-ces” que permiten entretener a lapoblación mientras las cosas mejo-ran por otro lado.

Pese a estas diferencias sobre elanálisis de este actor armado, lo que

es muy importante resaltar, enconcordancia con la autora, es queen las zonas de abierto conflicto, elmovimiento social campesino estáprofundamente bloqueado. Las posi-bilidades de emancipación para elmovimiento social en el actualcontexto de la guerra colombianason realmente muy limitadas. Lospocos que han avanzado política-mente han tenido que asumirtambién unos altos costos políticos,son los llamados “pactos paradóji-cos” que Francisco Gutiérrez Sanínnos devela sobre las contradiccionesde los movimientos sociales quenegocian con los diversos actoresarmados en Colombia. Y si a esoañadimos los asesinatos de im-portantes líderes campesinos amanos de los paramilitares, comosucedió en este caso pocos mesesdespués de las marchas, el panoramano es nada alentador.

Este libro deja ver que las mar-chas y sus negociaciones fueronuna de las tantas coyunturas deoportunidad perdidas para el pro-ceso de construcción de la demo-cracia colombiana. El Estado, pesea algunos intentos en cabeza de laRed de Solidaridad, finalmentedesaprovechó la oportunidad, por

un lado, de crear una alianza políti-ca prácticamente inédita entre elEstado y el movimiento colono-campesino, y por otro, de ampliarlas contradicciones entre este movi-miento y la insurgencia. En lo quese refiere a la guerrilla, el textomuestra claramente cómo ésta,desde su lógica autoritaria, terminapor cortarle las alas a un movi-miento profundamente revolucio-nario, ya que no sólo estabaponiendo en evidencia las profun-das contradicciones de la políticade erradicación y sustitución, sino,sobre todo, porque con su prácticay con sus planteamientos estabacreando una nueva forma de hacerpolítica. En términos de Arturo Es-cobar, podríamos decir que se tra-taba de un movimiento que através de su política cultural pre-tendía generar una nueva culturapolítica basada en la construcciónde ciudadanía democrática.

En síntesis, y dentro de la per-versidad propia de nuestro conflic-to, el Estado finalmente se portócomo la guerrilla quería, y viceversa:la guerrilla se portó como el Estadoquería. Aunque suene paradójico,en Colombia se le teme mucho mása la democracia que a la guerra.

Resistiendo al olvido. Tendencias recientes del movimiento

social y de las organizaciones campesinas en Colombia

Suhner, Stephan

Bogotá: Editorial Taurus & Unrisd, 2002.

Fernando Cubides CipagautaProfesor Facultad de Sociología e investigador

IEPRI, Universidad Nacional de Colombia.

la cuestión del campesinado,tan abordada por las distintas cien-cias sociales desde sus orígenes has-ta bien entrada la década de los

años setenta del siglo XX, ha esta-do en las últimas décadas sumergi-da en una especie de olvido, pocotratada, subsumida en otros temasy problemas; de allí el título que es-cogiera este autor, junto con suseditores. Un título tan descriptivo,tan bien logrado en ese propósitode definir los alcances del texto,

que casi hace innecesaria una con-sideración sumaria más detalladaacerca de su contenido. Es del todocierto que a la cuestión campesinahace falta rescatarla en supertinencia actual, examinarla a laluz de los nuevos términos del pro-blema, de nuevos enfoques, y loapremiante que resulta todo ello

[112]

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

en un contexto nacional tan intrin-cado, tan conflictivo como el nues-tro. Es así mismo cierto que lospolicy-makers, los decision-makers,unos y otros, al igual que la mayo-ría de los investigadores, la han re-legado a un segundo y aun a untercer plano, cuando no la han ol-vidado del todo. En ese sentido,este libro llega en forma muyoportuna y responde a una claranecesidad.

Además de su pertinencia, desu urgencia, no hay tampoco dudaalguna acerca de las buenas inten-ciones del autor, de lo laborioso desu esfuerzo por abarcar la etapamás reciente de la evolución delproblema a partir de las fuentes ac-cesibles. Está por encima de todasospecha en cuanto a sus buenasintenciones, como la entidad encuyo marco ha adelantado su laborcomo investigación: el Instituto delas Naciones Unidas para el Desa-rrollo Social, Unrisd. Su destacabletensión por la objetividad le lleva aser minucioso en la recapitulaciónde hechos significativos, en la bús-queda de fuentes alternas a lasoficiales, en la elaboración de en-trevistas con personas cuyarepresentividad sea notable, asícomo en orientarse en ese bosquede siglas, que se ha ido formando(y desdibujando) a medida quesurgen, se fusionan, se subdividen,o desaparecen las organizacionesque han aspirado a representar losintereses del campesinado colom-biano. No obstante, todo lo ante-rior sumado no garantiza que eltrabajo sea bueno, e incluso en eltratamiento general, así como enalgunos de los pasajes, se advierteque una de esas características (eltoque cosmopolita y bienpensant, or-ganizar la información y exponerlos hechos “para consumo exter-no”, una cierta desenvoltura en elabordaje del problema, en laaproximación a los hechos) puedeincluso traducirse en una limita-ción del trabajo, lo cual induce,

como trataremos de mostrar, aerrores gruesos de perspectiva.

El más notorio a nuestro juicioes que, en un comienzo, presentamuy bien las dificultades al ofreceruna definición actual y comprensi-va del campesinado, pero luego, alo largo del análisis, prescinde deellas por completo. La constatacióninicial es válida, y ha sido hechapor especialistas de varias latitudes:¿Qué significa hoy por hoy ser cam-pesino en general, y en paísescomo el nuestro? ¿Es posible trazarhoy, como lo era hace unas déca-das, una distinción neta entre lorural y lo urbano, una tipologíaque diferencie luego en cada casolo campesino de lo “otro”, que ven-drían siendo el conjunto de clasessociales de la era industrial, etc.?

Sin embargo, aun cuando ladificultad es patente, el investigadorsuizo cuyo trabajo reseñamos,procede, tras enunciarla, a hacerla aun lado, asignándole al “campesina-do colombiano” toda una serie deatributos, de rasgos, cualidades yactitudes que postula comoincuestionables, autoevidentes: “Elcampesinado hizo...” “los campesinosdijeron...”, “los campesinos aspiran...”.La enunciación problemática inicialse convierte así en un ritualismo queincita pero no aplica, que no pareceguardar relación alguna con el trata-miento que le da a la documenta-ción, con la debida circunspeccióncon la que se debería aprehender elmaterial empírico que ha acopiadoen su trabajo. En ocasiones se veobligado a diferenciar, y nosenteramos entonces de que:

Campesinos acomodados y pe-queños agricultores están a vecesorganizados en gremios y asociacio-nes de productores como Asopapa,los arroceros, etc., que a su vez for-man parte de la Sociedad de Agri-cultores de Colombia, SAC. La SACtiene relaciones con el gobierno yno apoya las acciones directas, loque ha llevado a un sector de pro-

ductores a organizarse alrededorde Salvación Agropecuaria, que seha enfrentado con la SAC y que haprotagonizado grandes movilizacio-nes (p. 81).

En todo caso, la no definiciónadecuada del campesinado colom-biano, el no ser coherente con elenunciado según el cual el proble-ma es “complejo y contradictorio”,le lleva a tomar con toda literalidadlo que afirman todas las organiza-ciones que dicen representar alcampesinado, sin ponderar, sincuestionarse su real representa-tividad.

En toda la literatura recienteacerca del tema (desde el trabajode la Misión de Estudios sobre elsector agropecuario en 1990, sobrela base de la información más ex-haustiva hasta ahora) se afirma quela estructura de la tenencia de latierra en Colombia es bimodal, en-tendida ésta “como la concentra-ción de predios en rangos detamaño pequeño, y la concentra-ción de superficie en los rangos demayor tamaño”, tal y como aseverael informe de dicha Misión. Desdeentonces la fórmula se ha emplea-do como un axioma, pero no siem-pre se extraen las consecuencias;no basta con acogerla; no siemprede la enunciación se deducen lasconsecuencias que tiene sobre lacomposición actual del sector ruralcolombiano. Y para el caso habríaque preguntarse qué consecuen-cias tiene sobre la cobertura y lasmodalidades de organización.

Con base en algunos casosejemplares, Suhner afirma queexiste en el período más recienteun fortalecimiento de las diferen-tes organizaciones sociales delagro, pero no porque indique latendencia y la demuestre como tal,sino como una especie de wishfull-thinking, una expectativa benevo-lente acerca del curso futuro de losacontecimientos. Así, proactivo alfin y al cabo, incurre en vaticinios

rese

ñas

[113]

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

en el momento en que redacta suescrito, que no se habían cumplidoya para la fecha de su publicación,cuando habrían tenido que cum-plirse: las movilizaciones que seirían a dar por parte de los cultiva-dores de coca y en contra del PlanColombia, una especie de reedi-ción más intensa de las marchascocaleras de 1996 (pp. 77 y 120).En contraste, respecto del pasado,al recapitularlo lo que señala comotendencia es una serie prolongadade frustraciones acerca de las accio-nes organizativas que se empren-dieron, y las movilizaciones socialesque fueron promovidas por las or-ganizaciones existentes, y entoncesse deja llevar de una suerte demaniqueísmo bien intencionadoy por la teoría conspirativa de lahistoria que lo subyace: los campe-sinos, ingénitamente buenos, movi-lizándose una y otra vez en contrade gobiernos oligárquicos, esen-cialmente malos, que medianteprocedimientos arteros se propo-nen, y consiguen, una y otra vez,frustrar sus posibilidades, desarticu-lar sus organizaciones.

Suhner derrocha simpatía porel movimiento campesino, y esepuede ser un buen punto de parti-da para el conocimiento (recorde-mos que era uno de los postuladosmás firmes de los que partía Levi-Strauss en Tristes trópicos: “Una cu-riosidad plena de simpatía por lascostumbres campesinas y el pensa-miento popular”), aunque a condi-ción de que se lo corrobore, se locontraste, se lo ponga a prueba“con beneficio de inventario”; unátomo de criticismo respecto de loque postulan los dirigentes de lasorganizaciones no vendría mal.Con referencia a la cobertura yrepresentatividad de las organiza-ciones que se dicen campesinas,por ejemplo, además de las entre-vistas a algunos de sus dirigentes, ya fuentes interesadas, valdría lapena acudir a la base de datos so-bre organizaciones y asociaciones,

y extraer conclusiones que orien-ten un tanto en esa profusión deoenegés que han brotado, muchasde ellas a favor de estímulos exter-nos, o necesidades prácticas, perosin verdadera representatividad. Entodo lo que tiene que ver con la or-ganización tenemos aquí muchadescripción (y una descripción másbien plana) y poco análisis.

Acerca de la reforma agraria,de sus intentos más recientes, enparticular la Ley 160 de 1994, haytanto de ancho como de largo. Elautor supone, por ejemplo, queexiste un movimiento masivo a fa-vor de las zonas de reserva campe-sina en áreas de colonización,puesto que ha surgido una formaorganizativa en esa dirección. Noobstante, dicho movimiento, exa-minado sobre el terreno a partirde experiencias regionales, no lohemos visto como tal. En casos enque los inspiradores de la leycreían ser los más maduros paradar cuenta de su aplicabilidad (lazona de colonización al sur de laserranía de la Macarena, en con-creto) nos hemos encontrado conque esa reivindicación no tienedolientes, que por varias circuns-tancias –entre ellas la actitud de laguerrilla–, no ha sido posible im-pulsarla o promoverla. Así mismo,Suhner acoge la férrea “ley de lostres estadios” según la cual el colo-no, de un modo ineluctable, in-corpora tierra baldía, que va aparar al comerciante de tierras ypor fin al latifundista. Ésta hacerato dejó de ser la tendencia, puesla rentabilidad de los cultivos ilí-citos ha hecho posible un exce-dente para el colono campesino.Lo anterior se relaciona con otrapresunción discutible en estelibro: la de que el agrarismo de lasguerrillas, en particular el de lasFARC, sigue siendo el mismo delos primeros tiempos: si fuese asíno se explicaría por qué la gue-rrilla ha promovido el movimientode colonización hacia la periferia,

auténtica válvula de escape de lacuestión agraria, que disminuye lapresión sobre la tierra más aptapara el cultivo, y más próxima almercado, aplazando sine die, unaauténtica redistribución.

Otro defecto notorio del textoes que sus capítulos parecen haber-se redactado en épocas distintas, loque da lugar a incongruencias ycontraevidencias. En muchos pasa-jes se está hablando del año 1999,en otros de los años 2000 y 2001,en tanto que en la introducciónabundan las referencias a lo másinmediato y actual: los comienzosdel gobierno Uribe. Pero lo ante-rior no sería mayor inconveniente,si aparte del modo como ello afec-ta al flujo narrativo, la unidad deestilo y la cronología, no hubieseincurrido también en apreciacio-nes contraevidentes en asuntos cla-ve: el carácter y significado de lasaudiencias públicas en el Caguándurante el fallido proceso de pazde la administración Pastrana: enocasiones se las considera “una ins-tancia de participación de la socie-dad” (p. 56) y se hace gala de unoptimismo de oficio, bienintencio-nado, hacia ellas; en otros momen-tos se las considera con másretrospección, con todas las limita-ciones, la reiteración y el ritualismoy, en fin, la inocuidad que las carac-terizaron, vistos los resultados.

Un punto más sensible es lacontraevidencia en que incurre res-pecto de su modo de apreciar lascélebres marchas cocaleras de 1996,que han dado lugar por cierto a muybuenos análisis, a tesis doctorales y acrónicas sesudas y de cuya documen-tación sin embargo hay mucha sus-tancia por analizar todavía. Mientrasque en la página 140 nuestroinvestigador afirma tajante: “Así, lasgrandes movilizaciones del sur en1996 fueron más que todo una granderrota para los campesinos y nocontribuyeron para nada (sic) a lasolución de los problemas, no tantopor culpa del movimiento

[114]

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

campesino mismo, sino porintransigencia del gobierno”, en lapágina 179 se nos dice en cambioque “las marchas cocaleras de 1996(...) sirvieron al movimiento cam-pesino como impulso para realizarun significativo proceso de fortaleci-

miento en aspectos de organiza-ción, coordinación y de capacidadde convocación y de elaboración depropuestas”. Lo que conduce al lec-tor, siguiendo a ese elegante escépti-co latino que fue Poncio Pilatos, apreguntarse: ¿Dónde está la verdad?

Tal vez en este balance hayamossubrayado los defectos del libro –yes inevitable, pues son protuberan-tes–, pero hay que decir que sulectura es provechosa, en más deun sentido, y que contribuye areplantear un debate crucial.

Guerra y paz en Colombia (1998-2001)

Jaime Rafael Nieto y Luis Javier Robledo

Medellín: Universidad Autónoma Latinoamericana, 2002

Miguel Ángel Beltrán VillegasProfesor adscrito al Departamento de Sociología,

Universidad de Antioquia.

el libro de los profesoresJaime Rafael Nieto y Luis JavierRobledo, Guerra y paz en Colombia(1998-2001) sobresale, en la yavoluminosa literatura que se ha acu-mulado sobre el tema, por las lectu-ras teóricas e interpretativas queinducen a la búsqueda de unaformulación adecuada de losproblemas abordados y por lasolidez en su argumentación, la cualse va tejiendo impecablemente através de la referencia a hechos con-tundentes.

Guerrra y paz en Colombia es un li-bro escrito en un estilo ágil y sin ro-deos. Su estructura expositiva revelauna fluidez en el manejo de una in-formación actualizada, que logracombinarse armónicamente con laescritura científica, la densidad con-ceptual y el esfuerzo de verificaciónempírica de cada una de lasafirmaciones empeñadas.

Pero el interés de esta investiga-ción no sólo radica en sus pretensio-nes analíticas, interpretativas ysistemáticas, sino en atreverse a en-carar hechos, actores y protagonis-tas cuyo tratamiento no se sustraede los riesgos correlacionados conla inmediatez, la naturaleza polémi-

ca y polarizada del fenómeno estu-diado. En este sentido, Guerra y pazen Colombia es un libro provocador,que estimula el debate académico yla controversia de largo alcance.

La investigación se enmarca en elcampo de la metodología y el enfo-que de “análisis de coyuntura”. Losautores parten de la idea de estable-cer algunas hipótesis básicas relacio-nadas con el fenómeno de la guerray la paz, que van tomando cuerpo através de un marco de categorías quepretenden dar cuenta de los acon-tecimientos, los actores, los esce-narios y las estrategias en juego, sinque ello signifique una sujeción a loshechos inmediatos que analiza. Porel contrario, los autores examinan lasraíces, trayectoria, cambios ypervivencias del conflicto armado enlos últimos 35 años.

El estudio viene acompañado deuna revisión de prensa, nacional yregional, con el fin de hacer un se-guimiento a los hechos de guerra ypaz, que se conjuga con una sistemá-tica recopilación de debates, análisis,enfoques y explicaciones en torno alos mismos, cuyo resultado es uninteresante ejercicio de interpreta-ción teórica que sugiere nuevashipótesis y reflexiones sobre lostemas respectivos.

El libro consta de dos capítulosque pueden ser analizados a partirde cuatro ejes que lo atraviesan

transversalmente: 1) Balance de losestudios acerca de la guerra y la paz;2) Las relaciones guerra y política;3) Las políticas de paz en Colombia,y en particular la del ex presidenteAndrés Pastrana, y 4) La sociedadcivil y el conflicto armado enColombia.

Balance de los estudios acercade la guerra y la paz enColombia

Los autores inician el libro conun balance teórico de los estudiosmás relevantes producidos sobre eltema de la guerra política, e indicanlos temas y enfoques principalesque han predominado en ellos. Di-cho recorrido parte de la literaturapartidista y testimonial de los añoscincuenta; hace luego un justo reco-nocimiento del libro de GermánGuzmán, Orlando Fals Borda yEduardo Umaña, La violencia en Co-lombia, para avanzar luego hacia losaños ochenta y poner de manifiestola importancia que tuvo, en lareorientación de los estudios acercade la violencia, el informe presenta-do por la Comisión de Estudios So-bre la Violencia creada a instanciasdel gobierno de Virgilio Barco.

De este modo, este primer capí-tulo enriquece los ya clásicos balan-ces realizados por investigadorescomo Carlos Miguel Ortiz y Gonza-lo Sánchez, entre otros, y coloca so-

rese

ñas

[115]

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

bre el tapete las tesis más signi-ficativas en torno a la militarizaciónde la política, el papel de la socie-dad civil y la diferenciación entreguerra y violencia. Sin embargo, haydos omisiones que resultaninexcusables:

La primera omisión se trata dellibro de Paul Oquist, Violencia, políti-ca y conflicto en Colombia, presentadocomo tesis doctoral en la Universi-dad de Berkeley (1975) y publicadoen Colombia tres años después, elcual inaugura las tesis más signifi-cativas en torno a la violencia, queserán discutidas por sus estudiososen los años ochenta: la violenciacomo un fenómeno multicausal yde larga duración, la violencia y suregionalización estructural, la vio-lencia y el papel del Estado (hipóte-sis sobre el “derrumbe parcial delEstado”).

La segunda omisión se refiere ala producción bibliográfica perio-dística y testimonial. Si bien se su-brayan los trabajos periodísticos deRamón Jimeno, Patricia Lara yOlga Behar, no se mencionan losdel periodista Carlos Arango1 –através de cuyas páginas la opiniónpública tuvo las primeras aproxi-maciones a las FARC-EP y sus diri-gentes–, así como los relatos de lospropios actores del conflicto2.

Las relaciones entre guerra ypolítica

En un esfuerzo por superar lasvisiones que pretenden dar cuentade estos dos fenómenos, como unasimple sucesión mecánica en la his-toria política del país, de escenariosde paz y escenarios de guerra, losautores nos ofrecen una visión dia-léctica, en la que se advierte “cómoen cada período histórico existen

maneras específicas y sentidosespecíficos de la conjugación entreguerra y política”(p.43). Hay aquíun ejercicio sociológico digno desubrayar, orientado a la búsquedade modelos explicativos de la reali-dad, a partir de un conjunto de hi-pótesis, cuyo planteamiento exigeun agudo sentido de la observaciónpara establecer, en unas coordena-das espacio-temporales específicasun sistema de relaciones y juegosposibles.

De nuevo los autores articulande una manera, a mi modo de veroriginal, el análisis del aconteci-miento con la explicación de la es-tructura, en un intento por darcuenta de esas grandes tendenciasen la bipolar relación entre guerra ypolítica, en un recorrido que noslleva a lo que Nieto y Robledo consi-deran “una conjugación fluida, noproblemática de la guerra y la políti-ca” propia del siglo XIX, hacia unarelación indeterminada que, a jui-cio de los autores, interfiere y per-vierte tanto la militarizacion de lapolítica como la politizacion de laguerra.

Por esta vía llegamos a una tesisgruesa en el trabajo de los sociólogosNieto y Robledo: se trata de lo quelos autores consideran “labandolerización y degradación de laguerra”, asociada fundamentalmen-te a la vinculación de las guerrillas alnegocio del narcotráfico, así como ala utilización sistemática y profusa deformas depredadoras y extorsivas definanciamiento de la guerra, como elsecuestro y la “vacuna”.

Tal tesis es retomada y desarro-llada en el último capítulo para se-ñalar como el creciente y rápidofortalecimiento militar y logístico delas guerrillas “ha significado una mi-

litarización progresiva de la políticaa expensas de una deslegitimaciónpolítica entre importantes sectoresde la ciudadanía e incluso entre sec-tores que en otras épocas les prohi-jaban alguna simpatía[...]” (p. 115).

Retomando así las líneas de aná-lisis de otros investigadores que sehan ocupado del fenómeno, comoel sociólogo Eduardo Pizarro, seña-lan los autores que “la reciente ex-pansión militar de las guerrillas,estaría mostrando no sólo un cam-bio en la dinámica y desarrollo deéstas, sino también una transforma-ción en sus fundamentos”.

Esta tesis acerca de la “degrada-ción” de la guerra, que con algunasvariantes otros autores han tratadode dar cuenta a partir de caracteri-zar el actual conflicto como “guerracontra la sociedad civil” (DanielPécaut) o “guerra contra los civiles”(Eric Lair), lleva a la consideración–no hecha explícita pero funda-mental en la argumentación– deque en algún momento de la histo-ria pasada, la guerra transitó por loscanales de un conflicto civilizado,“no degradado”, donde los actoresarmados guardaban una mayor con-sideración por la población civil. In-cluso, un estudioso de las guerrasciviles del siglo XIX como FernánGonzález se ha referido a los “gene-rales-caballeros” y a los “pactos de ca-balleros” entre jefes regionales paraevocar así la naturaleza del conflictodecimonónico.

Hay aquí una cierta idealizaciónde las guerras civiles pasadas que,sin duda, nos ha venido de la mano,a través de ciertos relatos idílicos delconflicto.

Al describir el vandalismo y lasdepredaciones que dejaban las con-frontaciones armadas en el siglo

1 Arango, Carlos. FARC 20 años de Marquetalia a la Uribe. Bogotá: Aurora, 1984; Arango, Carlos. Guerrilleras FARC.Bogotá: Aurora, 1986.

2 Calvo, Fabiola. EPL: Diez hombres, un ejército, una historia. Bogotá: ECOE, 1985; Arenas, Jacobo. Cese el fuego. Bogotá:Oveja Negra, 1985, y las posteriores compilaciones documentales hechas por este mismo autor: Correspondenciasecreta del proceso de paz,1989; Paz, amigos y enemigos,1990 y Vicisitudes del proceso de paz, 1990; Pizarro León-Gomez,Carlos. Guerra a la guerra. Bogotá: Tiempo Presente, 1988.

[116]

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

XIX, escribe Tirado Mejía: “El pasode los ejércitos era el peor flageloque podía caer sobre la población.Los campesinos eran reclutados; susvíveres, aves y ganados expropiados.Frecuentemente la toma de las ciu-dades era seguida de saqueo –porparte de los alzados en armas”3.

Por su parte, el sociólogo CarlosEduardo Jaramillo, en su docu-mentado libro sobre la Guerra delos Mil Días, en un análisis de losaspectos estructurales del conflictose refiere a temas como las dona-ciones forzosas (conocidas hoycomo “vacunas”):

En la aplicación de estafórmula para conseguir recursos –escribe– compitieron tanto libe-rales como conservadores, y fue lafuente más importantes de ingre-sos para la guerrilla. La justifi-cación de ambos contendientes atal expoliación disfrazada se basóen el argumento de que sobre elenemigo debería hacerse recaer laresponsabilidad del manteni-miento de la guerra. Con base enesta argumentación se emplearonmecanismos como la expropiaciónde bienes –que cubría desde dine-ro, cosechas, bestias, aperos yganados, hasta ropa y utensilios decocina–, la toma de rehenes y elestablecimiento de medidasimpositivas4.

Es cierto que las normas jurídi-cas para regularizar los conflictosinternos es una construcción, queempieza a materializarse a partir dela segunda mitad del siglo XX. Sinembargo, en décadas más recientesencontramos relatos testimonialesque dan cuenta de un accionarguerrillero, muy lejano al que pare-

cieran dar por supuesto los auto-res5. Además, no debe dejarse delado que si en los años sesenta exis-tía un discurso legitimador de laguerrilla, en la última década loscambios en el contexto internacio-nal han llevado a una deslegiti-mación discursiva de la luchaarmada y su calificación como “te-rrorista” .

Las políticas de paz enColombia

En relación con las políticas depaz en Colombia, los autores, res-paldados en una cuidadosa recopi-lación bibliográfica sobre el tema,nos ofrecen un análisis histórico delos diferentes procesos de paz y laspolíticas que los han acompañadodurante los últimos veinte años.

Este recorrido que nos permitevalorar, con una mirada crítica, loscuatro procesos de paz impulsadosbajo los gobiernos de los presidentesBelisario Betancurt, Virgilio Barco,César Gaviria y Ernesto SamperPizano, aporta importantes reflexio-nes para balancear, en términos deavances y retrocesos, las diferentesmodalidades con que se ha ensayadola paz en Colombia. Infortunada-mente, los autores dedican muypoca atención a los diálogos en Cara-cas y Tlaxcala, siendo éstos de inte-rés, por ser la primera vez que elescenario de las negociaciones loconstituye un país extranjero (prime-ro Venezuela y luego México) y queel ELN y las FARC se sientan adialogar conjuntamente con el go-bierno.

En el análisis del reciente proce-so de paz con las FARC-EP, los auto-res señalan que “el gobierno delpresidente Andrés Pastrana y parti-cularmente su ‘política de paz’ se ins-

cribe en la dinámica de este nuevociclo de militarización de la política,sin que logre transformarlo en unnuevo ciclo de politización de la gue-rra”, (pp. 107-108).

A la luz de esta hipótesis, los auto-res examinan el conflicto políticoarmado en Colombia en los finalesde los noventa, y en particular lastransformaciones y desarrollos que enla última década presenta cada unode los actores armados: las FARC, elELN, las AUC y las Fuerzas Armadas.

Del análisis acerca de la guerrillay de las Fuerzas Armadas, afloranobservaciones muy agudas y profun-das que apuntan a develar sus inte-reses en el corto y mediano plazo,sus percepciones de la realidad in-mediata y futura, sus estrategias enjuego, sus intenciones y probablescursos de acción. Sin embargo,cuando se aborda las Autodefensasel análisis pierde claridad, y se dejallevar por la superficialidad de losacontecimientos. No extraña enton-ces que arriben a conclusionescomo la de que “mientras las guerri-llas avanzan hacia una progresivamilitarización, el paramilitarismoavanza hacia una progresivapolitización” e incluso en un tonopolémico y no falto de audacia,afirman que podríamos estar asis-tiendo a “la configuración de unproyecto de tercera fuerza políticaen Colombia” (pp. 132-133).

La sociedad civil y el conflictoarmado en Colombia

El concepto de “sociedad civil”se ha convertido en un eje impor-tante de la reflexión política con-temporánea. Sin embargo, lo quegeneralmente se encuentra al revi-sar la literatura sobre el tema, esuna narración de experiencias y

3 Tirado Mejía, Álvaro. Aspectos sociales de las guerras civiles en Colombia. Bogotá: Colcultura, 1976.4 Jaramillo, Carlos Eduardo. Los guerrilleros del Novecientos. Bogotá: Cerec, 1991, p. 133.5 Véase por ejemplo en el testimonio de Franco Isaza sobre la trayectoria de Eliseo Velásquez en las Guerrillas del Llano.

Bogotá: Tercer Mundo, 1954; de Jaime Arenas: La guerrilla por dentro. Bogotá: Tercer Mundo, 1974 y, másrecientemente, de Álvaro Villarraga y Nelson Plazas. Para reconstruir los sueños. Bogotá: Fundación Progresar, 1994.

rese

ñas

[117]

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

prácticas, muchas de ellas socializa-das en seminarios y encuentros porla paz, mientras persisten notoriosvacíos conceptuales en lo que atañepor ejemplo, a pensar la relaciónentre la sociedad civil y la búsquedade salidas políticas al conflicto arma-do y social que vive el país.

En este sentido, el libro de losprofesores Nieto y Robledo aportauna interesante reflexión teóricaen torno al concepto de sociedadcivil. ¿Cuál es su papel en un paíscon un conflicto bélico extendidocon altos niveles de escalona-miento y generalización como ocu-rre en Colombia? ¿Qué tareas estáen capacidad de desarrollar frentea los actores armados y el Estado?¿Cómo es posible unirse en torno aun objetivo común como la paz,aun en medio de la fragmenta-ción? las anteriores son interro-gantes que atraviesan estas páginasy a los cuales los autores tratan dedar respuestas.

Sugieren, así, la idea de una so-ciedad civil políticamente activa,esto es, que “ocupe un lugar en lasmesas de negociación, manifiestesu posición y sea reconocida comointerlocutora válida por parte delos actores armados” (p. 97). Seña-lan que en los últimos años la so-ciedad civil ha adquirido mayoridentidad y participación en el es-

cenario nacional en la lucha por fa-cilitar una salida negociada entrelos actores del conflicto armadoque sacude al país.

En esta perspectiva examinan lasdiferentes experiencias de participa-ción por la paz y en contra de laguerra que tiene hoy la sociedad ci-vil, y en torno a las cuales se ha idoincrementando un amplio movi-miento social de diversos sectores:indígenas, empresarios, mujeres,Iglesia, trabajadores, intelectuales yacadémicos, comerciantes, campesi-nos y población en general que hareclamado al gobierno, a la insur-gencia y al paramilitarismo el respe-to y el cese de hostilidades contra lapoblación civil y contra sus organi-zaciones democráticas.

Revisan los autores las expe-riencias vividas en regiones quehan estado sometidas a la lógicade la confrontación armada y quedemandan su exclusión de laguerra, y junto a ellas lasiniciativas para la paz, deempresarios, gremios económicos,de la asamblea permanente de lasociedad civil por la paz y lasmarchas ciudadanas. Aclaran queéstas representan un avance cuali-tativo en la decisión de importan-tes y amplios sectores de lasociedad por apostarle a las solu-ciones políticas de los problemas

del país, sin profundizar en la dis-cusión sobre lo atomizado de estasociedad civil, sus intereses contra-dictorios que la animan y lacoyunturalidad de su accionar.

Resultan así otros aspectos so-bre los cuales el libro no ahondasuficientemente y que, retomadospor futuros investigadores, puedenenriquecer la comprensión de la gé-nesis y el desarrollo de estos proce-sos. Son ellos: la mayor complejidadde los actores armados (incluso laidentificación de fisuras en su inte-rior), el papel de las pasadas au-diencias públicas como espacio deexpresión de la sociedad civil, y lanueva geopolítica mundial en quehoy se inscriben estos procesos.

Para concluir, cabe subrayar quecon este tipo de investigaciones, laUniversidad está contribuyendo alanálisis y a la interpretación de larealidad sociopolítica del país desdela reflexión académica, labor quehoy se ha visto obstaculizada por laviolencia sistemática contra el AlmaMater. No obstante, investigacionescomo la de los profesores Nieto y Ro-bledo contribuyen, de una manerareal y efectiva, a derrotar el miedo yla autocensura que hoy parece impo-nerse en los claustros universitarios ya aportar un grano de arena en labúsqueda de soluciones a nuestrosagudos conflictos.

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[118]

Dos caras de la convivencia.Cumplir acuerdos y normasy no usar ni sufrir violencia

ANTANAS MOCKUSJ IMMY CORZO

ResumenA partir de la hipótesis de que la

convivencia consiste en la capacidadde realizar y cumplir acuerdos y de se-guir reglas formales (ley) y reglas infor-males (moral y cultura), se elaboró uninstrumento de observación que fueaplicado a una muestra probabilísticade jóvenes de instituciones educativaspúblicas y privadas de Bogotá. Con lasrespuestas obtenidas se reconocieronsiete indicadores de convivencia, cincode los cuales fueron utilizados en unaclasificación de los encuestados en tresgrupos: los cumplidos, con alta capaci-dad de acordar y reparar acuerdos ycon respeto estricto a la regulaciónmoral y legal, sin conflicto entre estasdos regulaciones; los cuasi-cumplidos,con posiciones algo flexibles ante el in-cumplimiento propio o ajeno deacuerdos y ante el cumplimiento de laley; y los anómicos, que justifican des-obedecer la ley por utilidad o costum-bre. Se pudo constatar que estos últimosse encuentran más expuestos a sufrir oinfligir violencia. Para estos grupos sepropuso una reflexión sobre la ecologíaque resulta de sus interacciones. Conbase en los cinco indicadores que másdiferencian internamente la población yen dos características casi generalizadasen ésta –asimetría como dificultad paraverse como sujeto legal y dificultadpara ver a los demás como sujetosmorales y debilidad de la cultura demo-crática entendida como baja disposi-ción a cambiar democráticamente la leycuando ésta riñe con las propias convic-ciones morales–, se proponen sieteguías relativamente independientes deconstrucción de convivencia.

Palabras clave: convivencia, jóvenes,violencia, indicadores, normas, re-glas, ley, moral, cultura, acuerdos,anomia, legalidad, cultura democrá-tica, Bogotá, cultura ciudadana.

AbstractStarting from the hypothesis that

coexistence is the ability to performand fulfill agreements, and followformal rules (law) and informalrules (morale and culture), an ob-servation tool was created, and itwas applied to a sample of youngpeople from public and private edu-cational institutions in Bogotá.Based on the results, seven indica-tors of coexistence were recognized.Using five of these indicators, a newclassification of the polled wasmade. The classification consists ofthree groups: 1) Those who do theagreements: people with a wide ca-pacity to agree and carry out theagreements. They also have a strictrespect to the moral and legal regula-tion without conflict between them.2) Those who do in a lesser way theagreements: they have flexible posi-tion related with the fulfillment ofthe agreements and the law. 3)Those who do not have rules of con-duct: they justify the disobedience ofthe law in a way of habit or utility. Itwas clear that belonging people tothe third group are more inclined tosuffer of violence. It was propose tothose groups a reflection about theecology that results of their interac-tions. Based on the five indicatorsthat help to internally differentiatethe polled, and based on two charac-teristics almost generalized on it(first, the asymmetry as a difficultyto see his or her own as legal sub-ject, and the difficulty to see the restof the people as moral subjects; sec-ond, the weakness of the democraticculture, understood as the poor dis-posal of changing the law in a demo-cratic way when it is in conflict withthe own moral convictions), the ar-ticle proposes seven guidelines forthe construction of coexistence.

Key words: coexistence, youngpeople, violence, indicators, norms,rules, law, morale, culture,agreements, legality, culturaldemocracy, Bogotá.

Cambio institucional ypartidos étnicos enSuramérica

DONNA LEE VAN COTT

ResumenLa pregunta principal de este ar-

tículo es por qué los movimientos so-ciales indígenas formaron partidospolíticos electoralmente viables enAmérica Latina en la década de losnoventa. La formación y el éxito deestos partidos representa un nuevofenómeno en una región, donde lospartidos étnicos han sido excepcio-nales e impopulares entre los votan-tes. El artículo examina las reformasinstitucionales en seis países surame-ricanos para evaluar si la creación yel éxito de estos partidos puedenestar correlacionados con cambioshechos a los sistemas electorales, enlos requisitos para el registro departidos políticos, o en la estructuraadministrativa del Estado. El trabajoconcluye que los cambiosinstitucionales son condición necesa-ria pero no suficiente para la emer-gencia y viabilidad electoral de lospartidos étnicos.

Palabras clave: movimientos indíge-nas, partidos políticos, América Lati-na, reformas institucionales, sistemaselectorales.

AbstractThe central question of this ar-

ticle is why indigenous social move-ments formed electorally viablepolitical parties in Latin America inthe 1990’s. The formation and suc-cess of these parties represent a newphenomenon in Latin America,where ethnic parties have been bothrare and unpopular among voters.The author examines institutional re-forms in six South American coun-tries to see if the creation and successof these parties can be correlatedwith changes made to electoral sys-tems, political party registration re-quirements, or the administrativestructure of the state. She concludesthat institutional change is likely to

resúmenes

ISSN

012

1-47

05

resú

me

ne

san

álıs

ıs p

olítı

co n

º 48

[119]

be a necessary but not sufficient con-dition for the emergence and elec-toral viability of ethnic parties.

Key words: Indigenous movements,Latin America, institutional reforms,electoral systems.

Apuntes para una historiacomparada de la justiciatransicional.

El papel de las ONG dederechos humanos en losprocesos de justiciatransicional: los casos delCono Sur y El Salvador

IVÁN OROZCO ABAD

ResumenEl artículo presenta un análisis

exploratorio sobre el papel y las tra-yectorias de los movimientos de dere-chos humanos en Argentina, Chile yEl Salvador durante las décadas delos ochenta y los noventa, en el mar-co de los procesos de transición a lademocracia y de justicia transicional.Este análisis busca identificar ele-mentos y experiencias que puedanservir como lecciones para el casocolombiano. El artículo destaca queun ejercicio asimétrico de la barbarie–que permitía identificar claramenteun victimario– así como un sistemade justicia medianamente consolida-do, fueron elementos que permitie-ron a los grupos defensores dederechos humanos, en países comoArgentina y Chile, presionar por unajusticia transicional de carácter retri-butivo. Por el contrario, en un con-texto como el salvadoreño donde secarecía de unas instituciones estata-les sólidas y el ejercicio de la barbariehabía sido simétrico, se produjo unajusticia transicional mucho más be-nevolente.

Palabras clave: movimientos de dere-chos humanos, transiciones a la de-mocracia, justicia transicional, ONG,Argentina, Chile, El Salvador.

AbstractThis article presents an explor-

atory analysis about the role and thetrajectories of the human rightsmovements in Argentina, Chile andEl Salvador during the last two de-cades, during the process of demo-cratic transition and transitional

justice. This analysis seeks to identifyelements and experiences that maybe used as lessons to the Colombiancase. This article highlights that anasymmetric exercise of barbarism –which would allow to identify a mur-derer– as well as a fairly consolidatedsystem of justice, were elements thatallow human rights movements, incountries such as Argentina andChile, to put pressure on a transi-tional justice. On the other hand, ina context, such as the one in El Salva-dor, where there was a lack of con-solidated state institutions, andwhere the exercise of barbarism hadbeen symmetric, a more benevolentjustice was produced.

Key words: Human rights movements,democratic transition, transitionaljustice, NGO, Argentina, Chile, ElSalvador.

La política étnica entrealteridad y estereotipo.Reflexiones sobre laselecciones de marzo de 2002en Colombia

EL ISABETH CUNIN

ResumenLa nueva Constitución colombia-

na adoptada en 1991 ha permitido laintroducción de políticasmulticulturales destinadas particular-mente a las poblaciones “negras” oafrocolombianas. La creación de dospuestos reservados en la Cámara deRepresentantes es la expresión másdirecta de esta transición de la ho-mogeneidad hacia la diferenciación.Sin embargo, de manera paradójica,con esta medida de discriminaciónpositiva que desdibuja un espacio derecomposición política de las identi-dades, se consolidan los estereotiposde lo “negro”. A través del estudio delas elecciones de marzo de 2002 enColombia y de la puesta en escena deuna política étnica, el objetivo deeste artículo es preguntarse por lasprácticas del multiculturalismo.

Palabras clave: política étnica, eleccio-nes 2002, multiculturalismo,afrocolombianos, Colombia.

AbstractThe Colombian Political Consti-

tution of 1991 has allowed the intro-

duction of new multicultural policiesaimed at African-Colombian people.The creation of two seats at theChamber or Representatives is theclearest expression of this transitionfrom homogeneity to differentiation.Paradoxically, while this positive dis-crimination fadings a political arenaof identity recomposition, the stereo-types of African-Colombian peopleconsolidate. Based on the analysis of2002 election in Colombia, and theintroduction of an ethnic policy, thisarticle aims to reflect on themulticulturalism practices.

Key words: Ethnic policy, 2002elections, multiculturalism, African-Colombian people, Colombia.

Are you Ready forPatchanka?

ÁNGELA R IVAS GAMBOA

ResumenEste artículo presenta un recorri-

do por las distintas versiones deMano Negra que han marcado la his-toria de Colombia y que hoy en díaatraviesan su actualidad. A través deeste recorrido, el artículo busca exa-minar y desarrollar estrategiasetnográficas para estudiar y de darcuenta de experiencias extremas aso-ciadas a las formas como es ejercidoel poder –en este caso, a través del te-rror– en Colombia. En este recorri-do, la noción de “Patchanka” creadapor la banda francesa también llama-da Mano Negra es la fuente principalde inspiración. Asimismo, la historiade esta banda, su proyecto artístico,su experiencia en la Colombia de losaños noventa y su canción “SeñorMatanza” hacen las veces de guías. Elexamen de la producción artística ydel proyecto que dio vida a la bandaMano Negra permiten, además, ade-lantar una reflexión sobre formas deconocimiento alternativas, basadasen la lógica sensual y la tactilidad. Apartir de esta reflexión y del recorri-do tanto por la historia de Mano Ne-gra como por la Mano Negra en lahistoria de Colombia, el texto buscaarticular una reflexión más ampliasobre posibles formas etnográficas deabordar y dar cuenta de experienciastan desgarradoras como las que viveColombia hoy en día.

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[120]

Palabras clave: Mano Negra, violencia,historia, Colombia, etnografía.

AbstractThis paper focuses on the study

of Mano Negra (Black Hand) asmain hallmark of both historicaland contemporary Colombian ex-periences. The paper seeks to de-velop ethnographic strategies ofaddressing extreme experiences re-lated to widespread ways of exercis-ing power –in this case throughterror– in Colombia. Patchanka, aconcept created by the French

band also called Mano Negra is themain source of inspiration in thisenterprise. The history of the band,its artistic projects, the experiencesof its members in the Colombia ofthe 1990’s and their song SeñorMatanza (Mister Slaughter) aremain guides in conducting this in-quiry. The artwork and the artisticproject that gave life to the bandMano Negra serve here to explorealternative ways of knowing. This isparticularly the case with those waysof knowing that are based on thelogics of sensuality and tactility.

The tracking of Mano Negra in theColombian history and the trackingof Mano Negra’s story in Colombia,together with the exploration ofMano Negra’s artwork and of theways of knowing embodied by theFrench band, serve here as mainsources to propose ethnographicways of studying and disclosing ex-periences as frightening as the onesthat characterize contemporary Co-lombian.

Key words: Mano Negra, violence,history, Colombia, ethnography.

Análisis político es una revista interdisciplinaria que publica

artículos inéditos que recojan resultados de investigación, y

que puedan ser considerados “estudios políticos”.

Los artículos propuestos para la publicación deben conte-

ner al menos un aporte o desarrollo en el tema central que

abordan, evadir el uso gratuito de cualquier lenguaje especia-

lizado y en lo posible provocar la discusión.

La extensión de los textos no debe ser mayor de 55.000

caracteres (sin espacio y con notas de pie de página inclui-

das) y deben estar escritos en Times New Roman, a un espacio

y en tamaño de letra de 12 pts. Los artículos deben ser envia-

dos en disquete en formato Word (para PC), con dos copias

en papel, una de las cuales no debe ser marcada con el nom-

bre del autor pues será entregada a un evaluador anónimo

(la revista es arbitrada). Los textos deberán estar acompaña-

dos de un resumen de 100 a 200 palabras, en español e in-

glés, en el que se establezca de manera precisa el problema

que se pone a consideración, el argumento y la metodolo-

gía, y las conclusiones del trabajo; y de una pequeña rese-

ña biográfica del autor. Para el caso de las reseñas, la

extensión del texto no debe sobrepasar los 12.000 caracte-

res (sin espacio).

Los artículos propuestos deben ser enviados a: Revista

Análisis Político, Universidad Nacional de Colombia, Instituto

de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (iepri),

Edificio Manuel Ancízar, of. 3032, Bogotá, Colombia, al Apar-

tado Aéreo 59743.

R E Q U I S I T O S P A R A

L A P R E S E N T A C I Ó N

D E A R T Í C U L O S A

A N Á L I S I S P O L Í T I C O

Nuestra revista se encuentra actualmenteen los siguientes catálogos e índices:

International Political ScienceAbstracts (i p sa )

Handbook of Latin American Studies(hlas)

Sociological Abstracts

Ulrich International Directory

Índice Nacional de PublicacionesCientíficas y Tecnológicas dec o l c i e n c i a s

anál

ısıs

pol

ítıco

nº 4

8

[121]