Acto de Protesta en demanda de la separación efectiva Estado-Iglesia

del 27 de febrero de 2013

La protesta

El Foro por un Estado Laico “Eugenio María de Hostos” realizó una actividad cívica para protestar la participación de autoridades gubernamentales en el Te Deum celebrado en la Catedral en ocasión del 27 de Febrero, al tiempo que demandó la separación efectiva Estado-Iglesia de acuerdo a lo establecido por la Constitución dominicana. La actividad se desarrolló en el Parque Duarte de la Zona Colonial a partir de las 10am.

La directiva del Foro había notificado al Estado Dominicano por Acto de Alguacil el día 15 de febrero de 2013, advirtiéndoles la inconstitucionalidad de celebrar un Acto de Estado en una Catedral Católica. El fundamento de la notificación judicial establece que la celebración de Misa y Te Deum en ocasión de las fechas patrias, con la participación del Presidente de la República y los demás representantes de los Poderes del Estado, constituye un manifiesto acto de adhesión del Estado a la Iglesia. Este “Acto de Estado” constituye una injustificada violación a la Constitución de la República Dominicana, cuyos textos contemplan el carácter de Estado laico o aconfesional que las autoridades estatales están llamadas a preservar.

En el acto se leyeron varios manifiestos, uno de los cuales denunció el protagonismo de la Iglesia católica en las celebraciones del bicentenario de Duarte y el 27 de Febrero, dado el apoyo manifiesto que en su momento la Iglesia brindó a los sectores anexionistas contrarios a Duarte y los trinitarios. En particular se denunció la excomunión de los Padres de la Patria por el Arzobispo Portes, aliada de Santana en el proyecto anexionista, acción que ha sido sistemáticamente ocultada a la ciudadanía durante más de un siglo.

Otras intervenciones analizaron las implicaciones del Concordato para el sistema educativo y para la vigencia de los derechos sexuales y reproductivos de la ciudadanía, así como las múltiples formas en que los privilegios políticos y económicos de que goza la Iglesia católica constituyen un obstáculo al desarrollo democrático, al Estado de derecho y a las libertades ciudadanas. La actividad incluyó un espacio lúdico con teatro callejero y lectura de poemas.

El Foro por un Estado Laico “Eugenio María de Hostos” es una organización de ciudadanas y ciudadanos preocupados por la violación sistemática de la laicidad del Estado en la República Dominicana, lo que a su juicio sirve de sostén a políticas públicas discriminatorias que perjudican el bienestar colectivo –como son la prohibición del aborto terapéutico, la falta educación sexual escolar, la negación de derechos a las minorías sexuales, y la discriminación sistemática de librepensadores y fieles de otras religiones.

¿Por qué estamos a favor del Estado laico? He aquí algunas razones

1) Porque defendemos la libertad de conciencia y cultos (Art. 45 de la Constitución). Creemos que toda persona debe tener derecho a practicar libremente su religión, de acuerdo a sus propias creencias, pero que nadie puede ser obligado a cumplir preceptos religiosos que no comparte (como la maternidad forzada de niñas violadas, por ejemplo).

2) Porque entendemos que en las sociedades democráticas tenemos el derecho de elegir quiénes y cómo nos gobiernan. Si la mayoría de dominicanos(as) está a favor de la educación sexual de base científica, ¿por qué las escuelas dominicanas siguen sin impartirla? Si la mayoría de dominicanos(as) está a favor del aborto terapéutico1, ¿por qué siguen ocurriendo casos como el de Esperancita?

3) Porque entendemos que el dinero de los contribuyentes debe ser administrado con total transparencia y el Estado debe rendirnos cuentas de cómo gasta hasta el último centavo. En la actualidad la ciudadanía desconoce cuánto de nuestro dinero se transfiere cada año a la Iglesia católica en virtud de lo establecido en el Concordato, mediante subsidios directos a escuelas y universidades privadas; construcción de iglesias, residencias de obispos, casas de retiro, seminarios y otras edificaciones religiosas; subvenciones mensuales a cada obispado y a muchas parroquias; restauración de obras de arte, monumentos y edificios regenteados por la Iglesia; salarios y pensiones de los capellanes militares, y muchos otros subsidios.

4) Porque entendemos que se viola el derecho a la igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas (Art. 39 de la Constitución) cuando se otorgan privilegios especiales a una iglesia y a sus fieles, como los establecidos por el Concordato, incluyendo: control sobre los contenidos de la educación pública; múltiples subsidios y subvenciones económicas; tratamiento especial para los funcionarios religiosos bajo arresto o condena judicial; exenciones impositivas y reconocimiento jurídico automático a todas las organizaciones e instituciones creadas por la Iglesia, etc.

5) Porque pensamos que la Iglesia no debe intervenir constantemente en asuntos políticos y vemos como un obstáculo al desarrollo institucional de la nación la designación de prelados católicos al frente de iniciativas políticas estatales, como la reforma constitucional o el Consejo Económico y Social. La mediación de jerarcas católicos para solucionar conflictos electorales, políticos, partidarios, laborales, salariales, etc., que deberían ser dirimidos de acuerdo a lo establecido por la Constitución y las leyes, evidencia al tiempo que perpetúa las debilidades institucionales de la democracia dominicana.

1 La encuesta Gallup-Hoy del 22 de julio del 2009 encontró el 80% a favor; Latinobarómetro 2012 encontró el 62% a favor.

6) Porque somos personas patrióticas y nos revuelve la conciencia que la misma iglesia que excomulgó a Duarte y a los demás Padres de la Patria sea ahora la encargada de organizar las celebraciones estatales en su honor. Igualmente nos duele que, además de la media docena de feriados religiosos en el calendario oficial, el feriado legal del mes de junio siga siendo Corpus Christi y no el 14 de Junio, la tercera fecha patria más importante de la nación.

7) Porque compartimos el proyecto educativo de Eugenio María de Hostos, para quien el desarrollo de la nación se basa en la educación pública laica, científica y moderna, libre de censuras y de adoctrinamiento religioso.

Es tiempo ya de poner fin al maridaje histórico entre los políticos dominicanos y la Iglesia, que tantos beneficios ha reportado a unos y otros a lo largo de los años. A los políticos y a sus partidos porque la asociación con la religión les sirve para reforzar su cada vez más incierta legitimidad para gobernar; a la Iglesia porque a cambio de apuntalar al poder político reciben innumerables privilegios políticos y económicos, que la convierten en el principal poder de facto de la nación.

Las y los dominicanos queremos otro Estado, uno que promueva la institucionalidad, la transparencia y el bien común; y queremos otra Iglesia, una que se ocupe de asuntos espirituales y se mantenga al margen del poder político y económico. La separación Iglesia-Estado contribuye al desarrollo democrático del país y nos beneficia a todos.

Denise PaiewonskyPonencia presentada en el Acto de Protesta del 27 de febrero de 2013,Organizada por el Foro por un Estado Laico “Eugenio María de Hostos”

Concordato versus democracia

Definido como un acuerdo, pacto o tratado entre la Iglesia Católica (La Santa Sede) y el gobierno de un Estado para regular las relaciones entre ellos, en materias de mutuo interés, el Concordato, existe en más de 40 países del mundo y crea un status jurídico sui generis a favor de la Iglesia Católica-Vaticano, a la que le otorga toda la libertad en el ejercicio de sus funciones, un convenio leonino que es una vergüenza a la ética de derecho universal.

En tiempos de tantas reformas legales, como los que vivimos, es importante conocer de la existencia de este convenio de alianza entre la Iglesia Católica y el Estado dominicano, desde 1954, realizado en el marco de una de las peores dictaduras de la época y de una de las también más cuestionadas gestiones del Vaticano.

Analistas del tema, concluyen sus reflexiones diciendo que solamente la perversidad de los sátrapas, que abundaban a la firma del adefesio y para la época, combinada con la de los representantes del Vaticano, no menos pérfidos, pudieron crear un documento tal que compromete, en nuestro caso al Estado dominicano, al sostenimiento económico y a toda otra ayuda que la Iglesia Católica-Vaticano necesite para el logro de los fines contractuales.

Se conoce de los impertinentes subsidios a los “negocios” de la Iglesia Católica y a su personal; las exoneraciones de pagos tributarios de todo orden; la estructura organizacional enquistada dentro del Estado dominicano con absoluta desfachatez; el vicariato castrense y sus salarios de lujo, solo por enunciar algunos que se ven; mientras nuestra Constitución mantiene la proclama de libertad de cultos como un derecho ciudadano.

La permanencia del Concordato, también impacta negativamente el desarrollo de una cultura política moderna y de instituciones democráticas, siendo impedimento también, de la gobernabilidad tan enunciada por la sociedad político partidista del país, sin que se mencione la necesidad de un Estado laico para respetar la ciudadanía de quienes no se alinean con la Iglesia Católica, cada vez en mayor porcentaje.

Es hora de que la clase gobernante aborde estos problemas con seriedad y de frente, y tenga en cuenta que la separación Iglesia-Estado además de constituir la garantía imprescindible para la libertad de creencia y cultos, es indispensable para el ordenamiento político de las democracias modernas.

¡Es hora de que el pueblo exija una revisión al Concordato!

Susi PolaPonencia presentada en el Acto de Protesta del 27 de febrero de 2013,Organizada por el Foro por un Estado Laico “Eugenio María de Hostos”

La excomunión de Duarte por la Iglesia católica

Hoy a 200 años del natalicio de Juan Pablo Duarte y 169 de la independencia muchos dominicanos se preguntan ¿quién fue Juan Pablo Duarte?, esto se debe a que como dijera el historiador Vetilio Alfau “ninguno de los altos próceres de América que en la lucha de la libertad se agigantaron, ha sido tan detractado y tan injustamente negado como Duarte lo fue en vida y en muerte”.

En vida nunca transigió con los enemigos de la patria y por ello fue desterrado y calumniado, así se convirtió en un desconocido para su pueblo y solo en 1881 se empiezan a publicar obras sobre el prócer. Es así como Duarte ha ido creciendo tímidamente en la memoria de los dominicanos. Desgraciadamente hay que reconocer que muchos de sus biógrafos, entre ellos Emiliano Tejera, Joaquín Balaguer y Pedro Troncoso Sánchez se alejaron de lo estrictamente histórico y tergiversaron los hechos mostrando a un Duarte distante de la realidad. Balaguer por ejemplo en el Cristo de la libertad habla de la “locura patriótica de Duarte”, dando a entender que el verdadero patriotismo es cosa de locos.

La celebración del bicentenario de Duarte es ocasión propicia para que la sociedad dominicana conozca al verdadero Duarte, al Duarte del nacionalismo radical que lo llevo a soñar, sentir y a contagiar a otros la idea de la independencia, sin que existiera en el asomo chovinista, ni prejuicio antihaitiano. Siempre sustentó el derecho de nuestro pueblo de ser independiente, pues creía firmemente que teníamos las condiciones para ello y con esta convicción le escribió a José María Serra “entre los dominicanos y los haitianos no es posible una fusión”. El pueblo dominicano tiene que conocer como a lo largo de toda su vida los conceptos de patria y libertad fueron el norte de todo su accionar. Jiménez Grullón plantea que Duarte hizo suyo el concepto de Kohn entendiendo que “la patria es superior a los reyes, y a los magistrados, comprende a todas las clases sociales a toda clase de gente, al rico y al pobre, tanto el grande como al famoso, como a la multitud desconocida, a los fieles de todas las religiones y sectas” y, a los hombres de todas las razas que en un suelo conviven1. Con ello, Duarte visualiza una nación de iguales.

La consolidación de la patria fue su máximo empeño, toda su vida demostró esa entrega. Ese sentimiento se revela claramente cuando dijo “por desesperada que sea la causa de mi patria, siempre será la causa del

1 Jimenes Grullón, La idolología revolucionaria de Juan Pablo Duarte, Santo Domingo, Editora Corripio, 2009, pág. 36.

honor y siempre estaré dispuesto a honrar su enseña con mi sangre”, esto lo demostró con los hechos cuando transcurrido más de 20 años regresa al país para sumarse a la defensa de la patria que había perecido bajo la anexión a España.

La sociedad dominicana debe apropiarse de ese nacionalismo radical del Duarte, con fe en la nación, conocer al Duarte honrado que rindió cuenta y entregó el sobrante cuando dirigió las tropas, al Duarte opuesto al individualismo, al Duarte que nunca tuvo ni aceptó privilegios. El pueblo debe conocer al Duarte conspirador, el que integró y confió en las mujeres. También hay que conocer a las febreristas, las llamadas “comunicadas” que estuvieron conspirando y formaron parte importante de los Trinitarios, las que transportaban armas, elaboraban balas, las que fueron desterradas como Rosa Duarte o fusiladas como María Trinidad Sánchez. En este bicentenario la sociedad dominicana debe conocer también al Duarte humano, al poeta, al músico al enamorado, al que cometió errores aceptando la proclamación de presidente en Santiago, e incluyendo en su proyecto de Constitucion la atrasada posición de que la “religión predominante deberá ser siempre la católica. Pero lo importante es conocer la esencia de su ideología revolucionaria para desmitificar al Duarte que promueven quienes le atribuyen ser el fundador del nacionalcatolicismo que hoy prevalece en República Dominicana. Ocultan que Duarte fue masón y fue el blanco de la persecución religiosa y de excomunión mayor dirigida por Tomás de Portes e Infante, jefe supremo de la Iglesia Católica Romana de entonces.1

El proyecto de Constitución de Duarte revela un nacionalismo radical. En el presente sus ideas siguen siendo tan relevantes como lo fueron en 1844. En su conjunto plantea una nación de iguales, incluyente y democrática que en principio son asumidos por la Constitución vigente, pero el ejercicio de la política los niega.

El planteamiento del Padre de la Patria ha sido fuente de inspiración de todos los movimientos libertadores posteriores a la Primera República, desde la lucha por la Restauración, hasta el presente.

Su excomunión y exilio no lograron sepultar su indiscutible liderazgo como Padre de la Patria y Apóstol de nuestra libertad. Debemos asumir su error sobre la religión de la misma manera que George Washington y los demás fundadores de los Estados Unidos continuaron con el esclavismo colonial después de la Independencia. Sus errores deben de ser rechazados, no asumidos en defensa de la esclavitud en el Siglo XXI.

En estos momentos el pueblo desborda las calles para contener el desarrollismo depredador y no-sostenible contra el medio ambiente y en contra de los que han secuestrado al estado, violentado la Constitución y las Leyes con impunidad. Nunca antes el ejemplo de Duarte había sido tan relevante como en estos momentos, en que enfretamos la colosal tarea de refundar la Patria sobre los principios que nuestro fundador nos legó.

Reyna RosarioPonencia presentada en el Acto de Protesta del 27 de febrero de 2013,Organizada por el Foro por un Estado Laico “Eugenio María de Hostos”

1 El adoctrinamiento religioso y el analfabetismo prevaleciente en la población, hicieron posible la manipulación de la Iglesia Católica Romana a través de amenazas de catástrofes Bíblicas y llamas eternas. Portes amenazó con “excomunión mayor de cualquiera clase de persona” que desobedeciera “los mandatos y órdenes, tanto del General de División, y jefe supremo Santana, como los de la Junta Directiva”, así como de cualquiera “que se mezclase en trastornar las disposiciones de nuestro sabio gobierno.” (Tomás de Portes, Carta Pastoral del día 24 de julio de 1844. Archivo General de la Nación. Colección del Centenario de la República Dominicana, Volumen II páginas 47 a 55).

Efectos del nacionalcatolicismo en las políticas públicas

Hemos convocado esta protesta en el día de la Independencia Nacional para defender la laicidad del Estado Dominicano. Y hablo de defender porque desde 1924 la Constitución Dominicana dejó de ser confesional para convertirse en laica, con completa separación de Iglesia y Estado.

En nuestra Constitución, la legitimidad del poder surge del voto del pueblo y se fundamenta en los derechos humanos de los individuos. Las instituciones e Iglesias no son sujetos con derechos humanos. Pero desde que Rafael Trujillo asumió el control del estado, de facto lo convirtió en un estado confesional y al nacionalcatolicismo en la ideología de dominación y legitimación del status totalitario de su dictadura, institucionalizándolo años mas tarde a través del Concordato de 1954.

El ajusticiamiento de Trujillo en 1961, fue acompañado de la desconstrucción de sus símbolos y la lucha política por el establecimiento de una democracia moderna. Pero la frágil democracia no logró subsistir los embates y las acusaciones de comunismo provenientes de la Iglesia Romana, de sectores militares, y del empresariado aliado a la política estadounidense de la Guerra Fría. Estos sectores se impusieron por la fuerza del fusil, manteniendo el Concordato Trujillista y la ideología legitimadora del nacionalcatolicismo.

El carácter servil de los recientes gobiernos post-Trujillistas y su deseo de mantener el poder a toda costa, los arrodilla ante el poder de la Iglesia que les demanda el financiamiento de su burocracia, sus templos, y actividades. El resultado es una sangría del dinero de los impuestos de la ciudadanía para mantener una religión oficial, legitimadora de la burocracia estatal. Aunque la prensa y la oposición denuncian el clientelismo estatal, ignoran y rechazan investigar o publicar la presencia interventora de la Iglesia Romana en el espacio público, el gran elefante invisible en la habitación. En memoria del lambonismo dominicano futuras generaciones incluirán en sus giras turísticas el túnel del Cardenal. No hay un país en el mundo que deje de invertir en la salud y educación de su pueblo, y deje a los ancianos sin seguro de salud, mientras no escatima recursos para que el Cardenal camine protegido del bullicio y los rayos del sol, construyéndole un túnel desde su residencia hasta la Catedral.

A excepción del gobierno de Juan Bosch en 1963, todos nuestros gobiernos post-Trujillistas han priorizado el Concordato, a pesar de ser inconstitucional y anacrónico. Su cumplimiento lo coloca por encima de la Constitución, con serias consecuencias para toda la población. Y aunque parezca increible, el poder de la Iglesia en el Siglo XXI ha ido mas allá del Concordato, al extender sus garras a la Constitución para criminalizar acciones que considera pecaminosas de acuerdo a su doctrina, y convertirlas en delitos que permite someter al peso de la Ley a los que violen sus preceptos, como es el caso de la discriminación según genero y orientación sexual.

Pero la Ley no se aplica de forma igualitaria, prevalece el doble-lenguaje y el doble-estándar. Mientras niñas y mujeres violadas son sometidas a embarazos de alto riesgo y a una maternidad forzada, la Iglesia extiende

su compasión y protección a sus sacerdotes pederastas, como sucedió con los abusadores de menores en el Albergue de Higüey. Los jueces ofrecen impunidad avalados por el Concordato e intimidados por las masivas manifestaciones de sacerdotes y fanaticadas católicas que tratan de impedir que se investigue y se lleven a tribunales a sacerdotes pederastas.

Quizás el efecto más perverso del nacionalcatolicismo sea su efecto en la población infantil y joven que asiste a escuelas públicas. Desde sus inicios, Trujillo sacó a la Iglesia Romana del limbo jurídico y la financió; otorgándole en 1954 carácter legal a su política de estado confesional a través del Concordato. Uno de sus efectos principales fue la segregación de las escuelas debido al financiamiento estatal para colegios católicos de estudiantes de clase media y alta, mientras las escuelas públicas se destinaban a la población de escasos recursos, incapaces de pagar las cuotas de los colegios católicos.Pero además de la segregación, la moral humanista y laica vertebradas por Eugenio María de Hostos y Salomé Ureña de Henríquez, orgullo nacional desde finales del Siglo XIX, fue sustituida por Trujillo y el Vaticano por los cánones del nacionalcatolicismo, explícitos en el Concordato.

Esta política, mantenida por los gobiernos post-Trujillistas, ha terminado en el colapso de la educación pública. El Estado la desnudó de su carácter fundamental de ser una educación para la libertad, fundamentada en la razón y el conocimiento, no en creencias sin evidencias que las sustenten.

El Foro por un Estado Laico “Eugenio María de Hostos” apoya una educación científica basada en la razón y la libertad de conciencia. Asigna las creencias religiosas al ámbito privado, no las persigue como lo hicieron los estados ateos del pasado. Respeta las creencias no por su contenido, sino por el derecho a expresarlas. Promueve la tolerancia para permitir libertad de pensamiento y el debate de ideas que pueden ser conflictivas y contradictorias. Y considera imprescindible para el desarrollo de la sociedad y los individuos la anulación del Concordato Trujillista, el cese al uso del dinero de los contribuyentes para financiar Iglesias, y el establecimiento de una Enseñanza Pública de calidad, Universal, Gratuita, Democrática y Laica. Muchas gracias.

Argelia Tejada Yangüela,Ponencia presentada en el Acto de Protesta del 27 de febrero de 2013,Organizada por el Foro por un Estado Laico “Eugenio María de Hostos”

Estado laico y derechos sexuales y reproductivos

Los casos recientes de las niñas Esperancita y de Lucecita han vuelto a poner sobre el tapete las trágicas consecuencias de no separar el poder espiritual del terrenal, la Iglesia del Estado, aún cuando esto es justamente lo que demanda la obediencia a nuestros preceptos constitucionales.

Esperancita murió a destiempo (y quizás innecesariamente, nunca lo sabremos) porque los médicos que la atendieron, temerosos de las consecuencias judiciales, se negaron proceder como indican los protocolos médicos, practicándole un aborto terapéutico para poder iniciar de inmediato la quimioterapia. Lucecita es una más de tantas niñas, adolescentes y mujeres dominicanas víctimas de violación sexual a quien el Estado niega la posibilidad de interrumpir un embarazo aún cuando, como en el caso de ella, casi pierde la vida en el proceso.

Los mandatos religiosos de la Iglesia católica (y de otras iglesias) no sólo prohíben el aborto en todos los casos, sino que además prohíben el uso de anticonceptivos, lo que efectivamente condena a las mujeres a la maternidad forzada --en concordancia con la visión eclesiástica de su rol social, centrado en la maternidad y el hogar.

Las restricciones eclesiásticas al ejercicio de derechos en los ámbitos sexuales y reproductivos no se limita a las mujeres y sus parejas, sino que también niega a las personas jóvenes la posibilidad de recibir información útil y fidedigna a través de la educación sexual escolar; y discrimina severamente a las personas gays y lesbianas, oponiéndose a su ejercicio igualitario de derechos, fomentando la homofobia y promoviendo las “terapias reparativas”, que han sido ampliamente denunciadas por la gravedad de los daños sicológicos que producen.

Ahora bien, ¿por qué nos importan tanto estas restricciones eclesiásticas? ¿Qué relación guarda todo esto con la laicidad del Estado? Recordemos que la libertad de conciencia y de cultos, el primero y uno de los más fundamentales de los derechos humanos, garantiza a las iglesias la facultad de dictar las pautas que deben regir el comportamiento de sus fieles. Lo que las iglesias no pueden hacer es imponer por ley estas pautas de conducta a creyentes de otras religiones, a no creyentes y aún a sus propios fieles. Por las mismas razones que no se puede prohibir a una persona su práctica religiosa, tampoco se la puede obligar a cumplir normas religiosas con las que no está de acuerdo.

Cuando los arreglos políticos de una nación permiten a una iglesia utilizar los poderes y los recursos del Estado para obligar por ley a toda la ciudadanía a cumplir sus dogmas particulares –como ocurre en RD con la educación sexual escolar y el aborto terapéutico, por ejemplo- no sólo se violan derechos fundamentales de las personas, sino que se vulnera la institucionalidad democrática. Porque no puede haber democracia sin que prevalezca el Estado de derecho y esto es imposible cuando se violan derechos establecidos constitucionalmente (a la libertad de conciencia y cultos, a la igualdad ciudadana, a la dignidad de la persona, a la intimidad personal y muchos otros).

Las encuestas nos dicen que la ciudadanía está mayoritariamente a favor de la educación sexual, del derecho al divorcio, al uso de anticonceptivos, a la prevención del SIDA por medio de preservativos y al aborto terapéutico. ¿Podemos seguir permitiendo casos como los de Esperancita y Lucecita? ¿Es posible que un país se desarrolle cuando una de cada cinco adolescentes ya es madre? ¿Es justo que las leyes dominicanas obliguen a las mujeres a parir en contra de su voluntad, sin importar las circunstancias? Si su respuesta a estas interrogantes es NO, entonces usted también está a favor del Estado laico. Exija el respeto a sus derechos ciudadanos. Demande la separación Estado-Iglesia.

Denise PaiewonskyPonencia presentada en el Acto de Protesta del 27 de febrero de 2013,Organizada por el Foro por un Estado Laico “Eugenio María de Hostos”

Fotos de la protesta