Protesta Social

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<p>Presentacin y agradecimientos El modo en que el Estado ha enfrentado en los ltimos aos las sostenidas y novedosas formas de manifestacin del descontento popular, ha sido advertido y denunciado por el CELS en distintos espacios del debate pblico e instancias de proteccin de los derechos humanos. Junto con el crecimiento sostenido del desempleo y la pobreza, se multiplicaron las organizaciones de desocupados que adoptaron distintas formas de reclamo y movilizacin. Los sucesivos gobiernos, lejos de adoptar polticas que permitieran revertir la situacin, profundizaron la exclusin y paliaron la emergencia con planes de asistencia social que se consolidaron como la moneda de cambio para controlar el descontento y desarticular temporalmente las protestas. La reaccin estatal se caracteriz adems por la represin de los cortes de ruta y otras acciones de protesta, y la persecucin penal de sus protagonistas, en general, trabajadores desempleados y lderes de organizaciones sindicales y piqueteras. Desde 1996 la criminalizacin judicial de la protesta social se ha concretado en el inicio de miles de procesos penales al margen del derecho, con la nica finalidad de controlar ilcitamente la accin poltica en el campo popular. Este despliegue coercitivo, adems de la latente posibilidad de una pena, ha sido utilizado por la administracin de justicia como una autntica herramienta de sometimiento sobre los manifestantes. Miles de participantes en protestas legtimas han soportado y soportan la persecucin penal como consecuencia de su accin antes que como reaccin a la infraccin de la ley penal. A su vez, en el contexto de distintos episodios de represin de protestas sociales que tuvieron su expresin ms clara en la represin policial que acompa la cada del Gobierno de Fernando de la Ra en diciembre de 2001 y en el ejecucin de Daro Santilln y Maximiliano Kosteki por funcionarios de la Polica Bonaerense en junio de 2002 muchas personas murieron, otras tantas resultaron gravemente heridas e incluso fueron denunciadas torturas y malos tratos durante las detenciones. Tal como se desprende del anlisis que a continuacin se presenta, distintas fuerzas de seguridad del Estado, de carcter provincial y nacional, actuaron haciendo un uso desproporcionado e ilegtimo de la fuerza. En muchos de estos hechos la misma justicia federal intervino ordenando la represin y posteriormente se hizo cargo de la investigacin; y en la mayora de los episodios en los que ha habido heridos o muertos, las investigaciones judiciales se encuentran paralizadas y no se ha logrado la identificacin y castigo de los responsables. Ya en el Informe sobre la Situacin de los Derechos Humanos en Argentina, correspondiente al perodo enero-diciembre de 1997, el CELS incorpor un captulo especfico sobre los nuevos protagonistas del reclamo social y las respuestas que el Estado estaba dando a los cortes de ruta que se multiplicaban diariamente en distintos puntos del pas. La informacin se actualiz en los Informes correspondientes a los hechos de 2000 y 2001. Luego, en marzo de 2001, junto con el Comit de Accin Jurdica de la CTA y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el CELS denunci esta situacin ante la Comisin Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Esta denuncia fue ampliada con nuevos hechos en presentaciones posteriores, una de ellas en</p> <p>marzo de 2002, a raz de la represin de diciembre 2001, en la que se pidi una visita in loco del organismo al pas Paralelamente, el CELS someti estos hechos a consideracin del Comit de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en una presentacin realizada junto con la Federacin Internacional de Ligas de Derechos Humanos (FIDH). Durante estos aos, se produjeron y difundieron a nivel local y en el marco de una campaa internacional, distintos documentos de anlisis sobre las consecuencias de las polticas de ajuste estructural, su impacto en la articulacin de los reclamos sociales y la respuesta institucional a las protestas de los sectores populares. Adems, el CELS asumi el patrocinio jurdico y brind asesoramiento a los familiares de algunas de las vctimas de la violencia estatal y a las organizaciones y abogados particulares que trabajan en la defensa legal de personas sometidas a procesos penales. Por ltimo, inici la investigacin que se publica en estas pginas, con la intencin de promover la reflexin y proponer reformas legislativas e institucionales. Esta investigacin fue dirigida por Leonardo Filippini, abogado, quien se desempe durante 2002 como responsable del rea de Reforma Institucional del CELS. Agradecemos tambin a Mara Capurro Robles, directora del rea de Comunicacin, quien estuvo a cargo de la edicin final de estas pginas y seguimiento de su publicacin. Tambin a Laura Itchart, miembro del rea de Comunicacin, por la elaboracin del Captulo I. Corresponde agradecer a todos los integrantes del equipo de trabajo del CELS que colaboraron en el desarrollo de esta investigacin, especialmente, a Rodrigo Borda, Cristina Caiati, Ricardo Fava, Mara Eugenia Mendizabal, Gustavo Palmieri, Andrea Pochak y Julieta Rossi. La investigacin que hoy presentamos es fruto de un trabajo colectivo. Uno de los objetivos prioritarios en la elaboracin de esta investigacin fue la coordinacin e intercambio con distintas organizaciones, profesionales y familiares de vctimas. En este sentido, queremos agradecer especialmente, en primer lugar, la enorme confianza depositada en el CELS por Mara Nieves Marino, Karina Lamagna, Mara Mercedes Arena y la familia Aredes. Tambin agradecemos a Paulo Crdoba y a Jair Cayetano Prez y a todos los que espontneamente aceraron sus testimonios y sus denuncias, o colaboraron espontnea y desinteresadamente con el trabajo del organismo. Entre los profesores y personas que colaboraron en discusiones tcnicas, es menester agradecer a Marcelo Ferrante (UTDT), Roberto Gargarella (UTDT), Mara Fernanda Lpez Puleio (defensora oficial), Santiago Lpez (abogado, UBA), Ezequiel Malarino (UBA, Universidad de Maccerata), Gustavo Maurino (UBA, ACIJ) y Catalina Smulovitz (UTDT). Tambin a Gustavo Bruzzone, subdirector de Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, de la editorial Ad Hoc, por su colaboracin en la difusin de los puntos de vista que se vierten en esta investigacin, y a Martn Bhmer, quien promovi la colaboracin de los estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad de Palermo. Algunas personas colaboraron especialmente en la investigacin y redaccin de estas pginas. Agradecemos entonces a Ileana Arduino, por sus aportes en la redaccin del Captulo IV, a Ana</p> <p>Aliverti, por su colaboracin en el mismo captulo, a Daniela Lovisolo y Guadalupe Vignoli, por sus aportes al Captulo II, y a Vanesa Sijerkovich, quien colabor en la elaboracin del captulo I. Nuestro agradecimiento tambin a quienes aportaron su experiencia e informacin sobre los casos de represin y criminalizacin de la protesta social en distintas provincias del pas. Entre ellos, Enrique Font, Cyntia Castro, Carmen Maidagan, Liliana Mazzea, Daro Rodrguez Duch, Alicia Pierini, Mara Puntano, Rosario Romero, Mara del Carmen Verd, Mariana Vargas y Hctor Yanzn, Algunos de ellos representan a vctimas o familiares de vctimas de episodios de represin en distintos lugares del pas. Aportaron informacin e investigaciones propias Paola Calabretta, Hilda Presman, Daniel Otero y Marcela Piero. Agradecemos asimismo la colaboracin de los abogados Claudio Abalos, Gabriel Becquer, Myriam Bregman, Ivana Dal Bianco, Tamara Tobal, Nuria Piol, Gabriel Lerner y Eduardo Hualpa. Por ltimo, nuestro agradecimiento a Pablo Camua, Silvina Arbuz, Laura Cruz, Marie-Anne Dubosc, Crhistian Rubilar, Natalia Volosn, Mara Silvia Caoutone, Virginia Feinmann, Manuel Garca Fernndez, Andrs Garmendia, Elina Nazar, Maco Somigliana y Rodolfo Rapetti, quienes de distinto modo cooperaron en e desarrollo de este trabajo. La presente investigacin ha sido posible tambin gracias a la colaboracin de organizaciones sociales y organismos de derechos humanos, como la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y el Comit de Accin Jurdica de esa central sindical, la Coordinadora Contra la Represin Policial e Institucional (CORREPI), la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Comisin Investigadora No Gubernamental de los Hechos de Diciembre de 2001 (provincia de Santa Fe), la Comisin Provincial de Derechos Humanos de Corrientes y la organizacin Abogadas y Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES). Agradecemos finalmente el apoyo de la Fundacin Ford y The John Merck Fund, y a todas las fundaciones y organizaciones, nacionales e internacionales que sostienen el trabajo del CELS. Vctor Abramovich, director ejecutivo</p> <p>I. Contexto socioeconmico y articulacin de las protestas sociales I.1 Las reformas estructurales del mundo del trabajo en los 90 Las transformaciones socio-econmicas experimentadas en la Argentina durante la dcada del 90 influyeron profundamente sobre las diferentes formas de movilizacin social y accin colectiva. Estas reformas estuvieron centradas, principalmente, en la desregulacin de la economa y la promocin y apertura al libre movimiento de capitales, en la privatizacin de la mayora de las empresas pblicas que prestaban servicios de uso econmico masivo, y en la flexibilizacin, apertura y remocin de las regulaciones de la tradicional red de seguridad laboral que caracteriz al Estado de bienestar en la Argentina. Prrafo aparte merecen, a los fines de la presente investigacin, las reformas laborales aplicadas en los 90. Los procesos de desregulacin y flexibilizacin de las relaciones y condiciones de trabajo fueron los ejes centrales de la reforma laboral. Sus postulados afectaron la estabilidad y la calidad del empleo y la lgica de interrelaciones propias del funcionamiento del mercado de trabajo; el desempleo, el subempleo y el empleo precario afectan, en la actualidad, a cerca de la mitad de la poblacin econmicamente activa. A juzgar por el persistente deterioro de la situacin en el mercado de trabajo, no cabe duda que las reformas realizadas en la ltima dcada agravaron la situacin tanto de quienes poseen un trabajo como de aquellos que no lo tienen1. Las reformas en las relaciones individuales de trabajo (modalidades de contratacin, flexibilizacin, polticas activas de empleo) y en el derecho laboral (relaciones laborales para Pymes2, rgimen de concursos y quiebras, entre otras) se produjeron entre 1991 y 1995. Las modificaciones en las relaciones colectivas de trabajo (ms precisamente, en los convenios colectivos) quedaron para una segunda etapa que se desarroll hacia 1998. A su vez, la conflictiva reforma laboral realizada por el gobierno de la Alianza en 1999, provoc una profunda crisis de legitimidad y la posterior renuncia del vicepresidente Carlos Alvarez. En 1991, por medio de la sancin de la Ley Nacional de Empleo (ley 24.013/91), el Gobierno concret la modificacin ms contundente en pos de la flexibilizacin del mercado de trabajo. Entre otras cuestiones, la ley cre el Fondo Nacional de Empleo, para financiar el primer seguro de desempleo de la Argentina3; cre distintas modalidades de contratacin laboral promovidasCfr. Pautassi, Laura, Polticas sociales Fin del "modelo"?, en: Derechos Humanos en Argentina. Informe 2002, CELS / Siglo XXI, Buenos Aires, 2002, p.308. Es importante tener en cuenta que de acuerdo a datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de octubre de 2002, el 44,2% de los asalariados no poseen aportes jubilatorios y por lo tanto se encuentran fuera del sistema de seguridad social. (Cfr. EPH, Planilla "Indicadores socioeconmicos de la poblacin de 14 aos y ms en el total de 31 aglomerados urbanos, regiones y agrupamientos por tamao"). 2 Pequeas y Medianas Empresas. 3 La asignacin por desempleo incluye prestaciones mdico-asistenciales, pago de las asignaciones familiares y el cmputo de las prestaciones previsionales. La financiacin del programa est a cargo del Fondo Nacional de Empleo. Este programa deja de lado a una importante cantidad de desempleados formales o del sector informal. Esto explica, en gran medida, su baja cobertura: durante 1995 el promedio mensual de prestaciones (no beneficiarios) fue equivalente a 6% de los desocupados abiertos registrados por las estadsticas y para 1999 cubri al 7%. Adems, el monto pagado fue disminuyendo: en 1993 el promedio se acercaba a los $370 y en abril del 2000 alcanzaba slo los $ 257. En abril del 2001, reciban seguro por desempleo 131.430 personas, de las que nicamente el 29% eran mujeres y el 72% varones. Es evidente que no existe una correspondencia entre la cantidad de prestaciones, sus montos y el crecimiento del desempleo. Esto da cuenta de la baja o nula incidencia de este tipo de polticas sobre la magnitud del desempleo urbano en Argentina. Tambin fue restringido el acceso a los programas de fomento del empleo y de capacitacin, basados en la reduccin de las obligaciones fiscales y salariales de los empleadores que el Gobierno puso en prctica. Estos1</p> <p>mediante rebajas o eliminacin de cargas sociales4; defini cambios en los mtodos de ajuste salarial, promoviendo clusulas del tipo ajuste por productividad; y cre los programas de empleo para los llamados grupos especiales de trabajadores/as que se ejecutan desde 1993. Las modalidades precarias de contratacin reemplazaron progresivamente a las relaciones formales, y se sumaron al crecimiento sostenido del empleo en negro y las relaciones propias del empleo informal. La tasa de desempleo abierta se mantuvo en valores constantes del 15%, con picos inditos del 18% en 1995 en el contexto del Efecto Tequila. Desde 1998 ha registrado un incremento ininterrumpido y alarmante. El rcord histrico se produjo en el mes de mayo de 2002, cuando alcanz al 21,5% de la poblacin econmicamente activa (PEA), y slo disminuy en la medicin del mes de octubre de ese ao luego de contabilizar como empleados a los casi 2.000.000 de beneficiarios de los programas sociales implementados por el Estado Nacional5. Segn los datos de esta medicin, el desempleo alcanza al 17,8% de la PEA, mientras que el 19,9% se encuentran subempleadas. Los picos de desocupacin se registraron en Gran Catamarca (20,5%), Gran Santa Fe (20,1%), Jujuy - Palpal (20,5%) y en los partidos del conurbano bonaerense (21%). En este sentido, las propias estadsticas oficiales permiten hacer anlisis alternativo del fenmeno. De no considerar como empleados a los beneficiarios de los programas sociales, el desempleo a nivel nacional trepara al 23,6% de la PEA. En este contexto, quienes poseen un trabajo viven en el riesgo constante de perderlo, debiendo sacrificar, en la mayora de los casos, ingresos y estabilidad. El comportamiento global del empleo no permite pensar que el estmulo de las medidas adoptadas para paliar esta situacin y de los programas de empleo sea relevante para resolver un problema tan grave. En lugar de crear puestos nuevos, logra deteriorar las condiciones de trabajo de los ex...</p>