cabildo abierto n. 63

Informe especial: Las tensiones de Egasur por el proyecto Inambari

N° 63Marzo 2012

S/. 0.50 Puno

S/. 1.00 Lima

Bs 2.00 BoliviaREVISTA DE ANÁLISIS POLÍTICOREVISTA DE ANÁLISIS POLÍTICO

Decretos Supremos sin financiamiento no resolverán la contaminación de las cuencas Suches y Ramis.

Minería ilegal sin freno

2 // Marzo 2012 - CABILDO ABIERTO

Editorial

Presidente Asociación SERRoger Agüero Pittman

Comité editorialMari Burneo de la RochaZenón Choquehuanca RodríguezAldo Santos Arias

DirectorJavier Torres Seoane

EditorChristian Reynoso Torres

ReporterasRuth Ccopari LozaEliana HualpaLeonidas Ramos

ColumnistasAna María Pino JordánPaúl Chata

ColaboradoresNicanor Domínguez Faura

Impresión / DiagramaciónGiacomotti Comunicación Gráfi ca

FotografíaAsociación SER

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Puno / Marzo 2012 / Nro. 63

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El departamento de Puno posee importantes recursos naturales y a lo largo de su historia la actividad agropecuaria ha sido el pilar fundamental de su economía, sin embargo, a partir de los años 80 la actividad minera artesanal, en particular de oro, que se practicaba desde tiempos pre-hispánicos ha experimentado un crecimiento

inusitado, al punto de poner en grave riesgo la capacidad productiva de los suelos, las fuentes de agua, los pastizales y la salud misma de los pobladores y pobladoras.

La pequeña minería artesanal, ha sido defi nida por el Banco Mundial como “el tipo de minería más primaria, caracterizada por individuos o grupos de individuos que explotan depósitos en pequeña escala con métodos manuales o equipos muy simples”. Las califi caciones de “informal” o “ilegal” radican en que desarrollan sus actividades sin poseer derechos mineros propios o en terrenos de terceros, y sin la debida autorización.

El Ministerio de Energía y Minas incluye a la minería artesanal en la clasifi cación de la Ley General de Minería, considerándola como aquella que se desarrolla en concesiones de hasta mil hectáreas y con una capacidad productiva de hasta 25 toneladas métricas diarias. Sin embargo, lo que hoy se ve en Puno ya no se ajusta a lo tipifi cado según la Ley de Minería ya que esta actividad se ha mecanizado, provocando un grave e irreversible daño ambiental, además de generar un enorme impacto social que con el paso del tiempo generará efectos más nocivos no sólo a la salud, sino también a la economía, a la biodiversidad y a la vida de las poblaciones futuras. Hay que reconocer que el Estado en los diez últimos años ha dictado un conjunto de normas que procuran atacar diferentes problemas ocasionados por la actividad minera informal, pero no han surtido el efecto deseado, agravándose cada día más, sobre todo el problema de la contaminación ambiental ocasionado por los relaves mineros en las cuencas del río Ramis y Suches que se tornan incontrolables y que ha motivado a que la población que habita estas dos cuencas se movilice y reclame la paralización de la actividad minera que se produce en la parte alta de ambas cuencas.

Creemos que no se trata solamente de emitir normas, decretos y leyes que al fi nal nadie hace caso y que sólo sirven para apaciguar los ánimos, sino que se debería abordar el problema directamente con los involucrados de modo que se llegue a acuerdos donde los tres niveles de gobierno asuman su rol no sólo destinando recursos económicos, sino también apoyo logístico, personal califi cado, ejerciendo su autoridad de manera inobjetable; de similar manera la población no sólo debe exigir derechos, sino también asumir sus obligaciones.

Desde Cabildo Abierto pensamos que sin un diagnóstico serio –que no existe– será muy difícil avanzar en la formalización de los mineros informales. De otro lado, consideramos que es urgente revisar la competencia de los gobiernos regionales en la materia, que sin capacidades y con escasos recursos es poco lo que podrán hacer. Por último, creemos que es indispensable que se avance en el proceso de Zonifi cación Ecológica y Económica que nos conduce al Ordenamiento Territorial que es fundamental si queremos aprovechar de mejor manera los recursos naturales con los que cuenta nuestra región.

CABILDO ABIERTO - Marzo 2012 // 3

A siete meses de haber iniciado las labores legislativas en el Congreso de la República, es momento para dar una mirada al trabajo de los cinco congresistas puneños: Emiliano Apaza, Rubén Condori, Claudia Coari, Mariano Portugal y Francisco Ccama.

Congresistas puneños en la mira

sumándose a la lista de “intrascenden-tes” como Leoncio Calla y Graciela Yanarico. ¿Acaso una tradición?

Ahora, parecería que las esperanzas puestas en los nuevos legisladores pu-neños son cada vez más lejanas. Ello, porque hasta el momento, el trabajo que han venido realizando no ha des-tacado precisamente por aspectos posi-tivos en pro de la región sino, por el contrario, ha estado salpicado de una serie de denuncias que nos han mostra-do, acaso, la verdadera cara de nuestros representantes parlamentarios. Vaya-mos a los hechos.

Denuncias: Ni un congresista puneño se salva

En estos meses han salido a la luz pú-blica una serie de denuncias en las que se han visto envueltos los congresistas puneños.

Christian Reynoso – Ruth Ccopari

Análisis Regional

Si bien, la anterior representa-ción puneña tuvo algunos méri-tos como la presencia constante

y propositiva de Johny Lescano, que ejerció su segundo período congre-sal por Puno y hoy es congresista por Lima; o la ascensión política de Susana Vilca, la más fiel al Partido Nacionalista de Ollanta Humala en Puno, primero como Vice Ministra de Minas en el actual gobierno y ahora como flamante presidenta del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (IN-GEMMET); también se pudo vislum-brar un escenario poco transparente en relación al congresista aprista Alfredo Cenzano, quien hasta el día de hoy afronta una millonaria deuda con la SUNAT que asciende a S/. 489 millo-nes, por su actividad relacionada a la explotación minera en la zona norte de la región. Mientras que los otros dos congresistas Margarita Sucari y Aldo Estrada pasaron sin pena ni gloria,

Emiliano Apaza, dedicado a la ocupa-ción empresarial, fue denunciado pe-nalmente por el JNE, ante la Fiscalía Provincial Penal de Puno, por omitir una sentencia condenatoria vigente del 2004, por el delito de recepción de contrabando, en la declaración ju-rada de vida que presentó al organis-mo electoral para poder postular a las elecciones. Apaza fue sentenciado el 2004 a cuatro años de pena priva-tiva de la libertad con carácter sus-pendida. Poco después salió a la luz una segunda denuncia de “blanqueo” de contrabando. Apaza habría pagado una deuda con una combi ingresada al país con documentación falsa. Con todo ello, se habló del desafuero del congresista. Actualmente al congresis-ta de “contrabando” se le investiga por delito contra la administración de jus-ticia, en la modalidad de falsa declara-ción en procedimiento administrativo, en agravio del JNE.

Rubén Condori, economista y ex pro-fesor de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA), al igual que Apaza, omitió colocar en su hoja de vida, la sentencia que tenía de setiembre 2005, de haber cometido un delito contra la administración pública, cuando con-formó el comité electoral para las elec-ciones generales en la UNA en el año 2002 donde hubo hechos irregulares, abuso de autoridad e inconductas fun-cionales. Fue sentenciado a dos años de pena privativa de libertad con carácter suspendida.

Claudia Coari, ex secretaria general de la Confederación de Campesinos del Perú, fue acusada de ser la autora inte-lectual del asesinato del ex Juez de Paz,

Emiliano Apaza y Francisco Ccama hasta la fecha no han presentado un solo proyecto de Ley. ¿De qué cobran su sueldo cada mes?


Análisis Regional

Florentino Inquilla Bustinza, del dis-trito de Coata, en el año 2000. El caso sigue sin resolverse ya que el cadáver de la víctima se encuentra desapare-cido. Coari, por su parte, ha negado toda participación en el hecho, afir-mando que dicha denuncia es un acto de envidia y venganza política.

Mariano Portugal, abogado y ex al-calde provincial de Puno, ha sido in-vestigado por el delito de peculado. La Corte Suprema ordenó investigar-lo en razón de que el BBVA Banco Continental le redujo una deuda al 10%. Al parecer Portugal logró este

Quizá sea aventurado decir que, al menos, las mayores esperanzas para Puno podrían estar puestas en Rubén Condori y Mariano Portugal.

acuerdo gracias al cargo que ejercía entonces como alcalde provincial. En el 2009, la Sala Penal Liquidadora de Puno lo absolvió del caso, pero en el 2010, la procuradora del municipio puneño, Aleida Manrique Salas, in-terpuso la nulidad de la absolución. Afirmó que sí existía una estrecha re-lación entre el arreglo de la deuda con el Banco y el posterior acuerdo para que dicho banco llevará las cuentas de los fondos del Vaso de Leche y FONCOMUN del concejo puneño.

Francisco Ccama, empresario, viene siendo investigado por el Ministe-

rio Público, debido a que la empresa Oro Puno, de la cual es socio, ha-bría tenido activa participación en la contaminación del río Ramis con mercurio, arsénico y cobre. Tam-bién es investigado por tener vincu-laciones con la minería informal de la región Puno. No obstante, integra la Comisión de Energía y Minas del Congreso.

En suma, aunque podría decirse que unas denuncias son más graves que otras, lo cierto es que todas ponen en tela de juicio la honestidad, se-riedad y probidad de nuestros re-

¿Qué opina de la labor de los congresistas puneños?

Melina CornejoAdministradora

La población siempre elige de ma-nera equivocada, sobre todo la gente del campo que se deja convencer con promesas electorales de mo-mento. En mi opinión, este es el peor de todos los grupos parlamentarios que nos han representado, solamente han figurado en irregularidades.

Arturo AquizeContador público

No se nota mayor trabajo de los congresistas, por lo tanto, conside-ro que el Congreso debe cerrarse como lo hizo Fujimori. Tenemos más de 30 mil leyes pero no hay cambios ni mejoras en el país. Los congresistas presentan proyectos de ley improductivos.

Ebert CahuiEstudiante

No están haciendo gran cosa. Las leyes que plantean no es-tán bien orientadas o las hacen para su conveniencia personal. Además, la mayoría de ellos no tiene un adecuado nivel de pre-paración, y esa es la razón de sus ineficiencias.

Martha MoriAma de casa

Hasta ahora no hay ningún trabajo visible por Puno, solamente las de-nuncias y escándalos en los que se han visto envueltos. Nos han enga-ñado porque no han sido honestos en sus hojas de vida. Han llegado a ser congresistas con mentiras y por su culpa hoy estamos mal vistos.

El trabajo que han venido realizando no ha destacado precisamente por aspectos positivos en pro de la región sino, por una serie de denuncias.


Claudia Coari, de la CCP al Congreso de la República. Ha demostrado voluntad para trabajar pero debe mejorar el equipo de sus asesores.

presentantes. Razones suficientes para que se generen suspicacias en su actuación en el Congreso de la República. Así por ejemplo llama la atención que hasta la fecha los con-gresistas Emiliano Apaza y Fran-cisco Ccama no hayan presentado proyecto de ley alguno. Mientras que los demás congresistas han pre-sentado unas pocas iniciativas que han sido archivadas o siguen en co-misiones.

Sólo algunas de ellas han tenido eco en la prensa local puneña como la de “Participación en la distribución de los recursos del canon a los Institutos Superiores Tecnológicos Públicos”, la “Creación de la Universidad Bina-cional Indígena Peruano Boliviana” hechas por el congresista Condori. Mientras que Mariano Portugal pro-puso la ley que modifica el artículo 2 de la Ley de promoción para el de-sarrollo de actividades productivas en zonas altoandinas. Finalmente, la congresista Coari presentó un proyec-to de ley que “declara de necesidad pública y de preferente interés nacio-nal medidas para la protección del lago Titicaca”.

Mirando al futuro

Con este panorama, la pregunta cae por su propio peso: ¿Qué po-demos esperar para el futuro de los congresistas puneños? Hasta la fecha han realizado dos visitas conjuntas a la región. La primera en setiembre 2011, en la “Semana parlamentaria”, donde visitaron di-versos distritos y provincias reali-

Opinión

zando audiencias a fin de explicar su labor y recoger las necesidades de los pobladores. Y la segunda, al mes siguiente donde a iniciativa de Condori, se desarrolló una audien-cia pública para recibir el informe de la gestión del Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PELT), ante las denuncias recibidas por las irregularidades en la gestión de di-cho proyecto.

Quizá sea aventurado decir que, al menos, las mayores esperanzas po-drían estar puestas en Condori y Por-tugal. El primero, con una formación académica y cierta experiencia en la gestión pública luego de su trabajo como planificador del PELT; y el se-gundo, con una amplia experiencia como alcalde provincial, conocedor del aparato público, podrían de algu-na manera canalizar de mejor mane-ra su trabajo congresal. El segundo, mucho más ducho en la cuestión po-lítica seguro intentará sentar la base en esta experiencia parlamentaria para sacar provecho en el futuro. Re-cordemos que su movimiento RAI-CES, quedó en un ajustado segundo lugar en la elección de la presidencia regional de Puno.

En cuanto a la Congresista Claudia Coari, si bien ha demostrado vo-luntad para trabajar no cuenta con un equipo de asesores que responda a las expectativas de la población básicamente campesina que le dio su voto. De allí que haya cometido errores como cuando a los pocos meses de asumir el cargo firmó dos Proyectos de Ley (Nº 037 y Nº 039) que, en opinión de la gran mayoría de puneños, atentaban contra los in-tereses de la región. Al explicar por qué lo hizo, indicó que los había fir-mado sin leerlos, sólo por apoyar a un congresista de su bancada. Al fi-nal, reconociendo el error retiró su firma. Pero el daño a su imagen ya estaba hecho.

De Apaza y Ccama, más allá de las denuncias, es lamentable, pero no hay nada que decir. Hasta el momen-to no sólo no han presentado un solo proyecto de Ley, sino que no han tomado posición clara ni iniciativa alguna en relación a los grandes pro-blemas y necesidades de la región Puno Habría que preguntarles, ¿por qué cobran puntualmente y mes a mes, su sueldo?

Nuevamente el nombre de Puno ha estado en boca de todos. La razón: la fuga de

17 presos de una de las cárceles más alejadas de nuestro variopin-to país como es Challapalca. Más allá de buscar y encontrar respon-sabilidades de los involucrados, hay varios temas que han salido a la luz y que nos deben llevar a la reflexión.

1) El traslado de reos de alta peli-grosidad a cárceles del interior del país, lleva a que sus familiares se muden a las ciudades cercanas a los penales, que muy a menudo vienen acompañados de actos de-lincuenciales, que ponen en peli-gro a la población circundante.

2) La lejanía de una cárcel y el cli-ma agreste, no aseguran que no puedan gestar acciones para tratar de liberar de manera perniciosa a los presos. Aquí se incluyen los sueldos y capacitación del perso-nal del Instituto Nacional Peniten-ciario (INPE), que los terminan lle-vando a la corrupción, como se vio reflejado en este caso.

3) El rol re-socializador que debería cumplir el Estado con las personas que purgan pena no se cumple, ya que sobrevive el ánimo de querer escapar del castigo impuesto, y más aún desde las cárceles se pla-nean nuevos actos delictivos.

Es imperativo que se tome en su real dimensión la solución al pro-blema de las cárceles, antes de que se convierta en un nuevo cuento que no tiene un final y me-nos feliz.

Challapalca,un nuevo cuento

ALTIPLANO POLÍTICO

Paúl Chata


“Las revocatorias no amenazan a los alcaldes ni al sistema democrático”

Alfredo Quintanilla, especialista en temas de descentralización y gobernabilidad local, opina sobre el tema de las Revocatorias en el ámbito urbano y rural.

Patricia Quiñones

Entrevista

¿Hay aspectos positivos de la revo-catoria hacia nuestro sistema de-mocrático?

El más importante es que permite que la gente discuta la política local. Siempre se dice que la democracia será sólida en el país cuando la gente sea educada en democracia, y ésta ne-cesita de procesos largos de debate y evaluación sobre lo que se hizo y no se hizo.

Algunos expertos opinan que este mecanismo debilita el sistema.

La opinión más destacada es la del señor Steven Levitsky , pero creo que él se ha fijado sobre todo en procesos macro. En la experiencia peruana las

revocatorias no amenazan de ninguna manera ni a los alcaldes ni al sistema democrático. Creo que él se ha cen-trado mucho en el análisis de Lima, y efectivamente en ese caso podría te-ner razón si es que el pedido de revo-catoria se convirtiera automáticamen-te en una amenaza pero no es el caso. Hay una gran distancia entre solici-tarla, recolectar las firmas, y luego la capacidad que tengan de convencer a la gente para que voten por la revo-catoria. Si vemos las cifras, por ejem-plo, en relación a los pedidos o a las compras de kits, en el último período del 2008-2009, se compraron 1600, se presentaron sólo 327 solicitudes, es decir sólo el 20% logró conseguir las firmas, y al final los alcaldes revo-cados fueron apenas el 6%.

¿Qué opina del mecanismo de la revocatoria?

El Perú es uno de los pocos países que da a los electores la posibilidad de revocar a autoridades elegidas en los gobiernos locales. En general, yo diría que por un lado devuelve o reco-noce el derecho al pueblo de revocar el mandato que entregan a las auto-ridades con el voto. Por otro lado, creo que el mecanismo mismo de que el voto sea nominal, es decir, uno ha elegido a sus autoridades en lista pero a la hora de revocar cada uno aprueba o desaprueba la revocatoria de cada autoridad de manera individual, es algo positivo pues la gente tiene que examinar en la cabina de votación quién merece ser ratificado.


En los distritos rurales los cuestionamientos principales tienen que ver con que el alcalde no ha cumplido con sus promesas, falta de obras de infraestructura, casos de nepotismo, sospecha de malversación de fondos

Algunos piensan que la revocatoria puede distraer a los alcaldes de sus labores debido a que deben realizar mini campañas para evitarla. ¿Qué opina?

No creo. Estos pedidos lo que pueden hacer es que los alcaldes reflexionen sobre su gestión y de alguna manera ha-gan reacomodos, cambios que permitan afinar sus políticas.

¿Y las gestiones de las municipalida-des no se ven afectadas?

Más bien es todo lo contrario, lo que hace probablemente es que se acelere la toma de decisiones y procesos, ahora tal vez en ese aceleramiento se cometan errores. Además hay que recordar que, en general, si se trata de hacer obra eso depende casi exclusivamente del alcal-de. En una municipalidad todo el poder lo tiene prácticamente él, la normativa lo permite, entonces no interfiere.

¿Qué puede decirnos sobre estos pro-cesos a nivel regional?

No ha habido hasta el momento ninguna autoridad regional cuestionada. Tampo-co la capacidad de conseguir las firmas porque para este caso se debe recolectar el 25% de los electores de la región, un número bastante alto, de manera que resulta complicado. Además creo que también tiene ver cómo plantea el asun-to el comité promotor. A veces simple-mente dicen ‘mala gestión’, pero eso no quiere decir nada. Si concretan y dicen ‘nosotros cuestionamos a la autoridad regional por tal decisión, porque ha gas-tado así o ha gastado mal’, es decir, ca-sos concretos, esto generará un debate

“En enero del 2008 se vendieron 978 kits de Revocatoris, en enero del 2012 se han vendido 1645, digamos un 50% más”, afirma Quintanilla.

y a lo mejor van a conseguir decisiones respecto a eso.

¿En qué nivel de gobierno se dan más procesos de revocatoria? ¿Hay diferen-cias entre el ámbito rural y urbano?

La mayoría de estos procesos se da en distritos rurales, siempre ha sido así, sobre todo en aquellos que cuentan con menos de 12 mil electores, sólo el 10% de las experiencias se han dado en dis-tritos urbanos. La proporción es de nue-ve a uno. ¿Por qué cree que hay esta diferencia?

Es por la relación cara a cara que tiene la gente con las autoridades, el gobierno local rural está más cerca de la pobla-ción. Esto creo que explica en primera instancia por qué la gente se interesa más en el campo que en la ciudad por este proceso.

En relación al proceso anterior 2008-2009 ¿el número de kits vendidos ha disminuido o aumentado?

La venta ha aumentado, por ejemplo, comparando enero del 2008 donde se vendieron 978 kits, en enero del 2012 se han vendido 1645, digamos un 50% más.

¿Cuáles han sido los principales ar-gumentos utilizados para el pedido de revocatorias?

En los distritos rurales los cuestiona-mientos principales tienen que ver con que el alcalde no ha cumplido con sus promesas, falta de obras de infraestruc-tura, casos de nepotismo, sospecha de

malversación de fondos, aunque en rea-lidad la gente dice esto cuando sospecha que los fondos están derivándose al bol-sillo del alcalde pero técnicamente ha-blando la malversación es dedicarlos a otro gasto; y maltrato o trato despótico hacia los pobladores.

Respecto a la normativa, ¿qué opina sobre la Ley de los Derechos de Parti-cipación y Control Ciudadanos?

En general me parece bien, lo malo es que la mayoría centra su atención en las revocatorias y muy poco en el pedido de informes y rendición de cuentas.

¿Cree que se debe mantener el mismo porcentaje de firmas requerido para todos los distritos?

Se debería levantar un poco la barrera para el ámbito rural, ahora que se tiene un listado de las municipalidades rura-les, tal vez a 30 o 33%. Porque efecti-vamente también pasa que hay grupos oportunistas que se aprovechan de este margen y buscan generar inestabilidad. Sin embargo, en general la gente no ha abusado del mecanismo. Probablemen-te si nos detenemos a analizar caso por caso encontraremos injusticias; es decir, buenos alcaldes que fueron castigados.

¿Cuál cree que es la visión de las aso-ciaciones municipales sobre las revo-catorias?

Han variado de alguna manera su pos-tura, hasta al año 2008 la AMPE, tenía una especie de condena en bloque, aho-ra han manifestado un respeto principis-ta al derecho a la revocatoria, lo que me parece un gran avance.


El problema se centra en tres aspectos: 1) El contrabando de combustible. Con este insumo también se abastecen los mineros informales de Bolivia. Se utilizan 4 rutas siendo la más frecuente Juliaca-Huanca-né-Cojata-Ananea; 2) el control de maqui-naria pesada debido a que los peruanos la alquilan a los bolivianos para la extracción ilegal de oro; y 3) la reafirmación de los límites territoriales, ya que los pobladores de Cojata denuncian constantemente la in-vasión de mineros bolivianos en territorio peruano en los hitos 18 y 19.

Además no se cuenta con un registro pre-ciso del número de concesiones y maqui-naria en la cuenca Suches. En octubre del 2011 la DREM, informó que había 60 de-rechos mineros, de los cuales 19 contaban con título y 41 en trámite. Mientras que en el lado boliviano según información de la Comisión Binacional de Minería en el año 2010, se precisó que en Suches, An-taquilla e Hito 12 existían 149 operadores mineros.

Luís Antonio Aguilar, director de la Di-rección Regional de Energía y Minas

La negligencia estatal frente a la minería ilegal

fiere Sabino Soncco, ex dirigente de la cuenca Ramis: “Se han tenido tantos de-cretos y reuniones sin resultados que ya no creemos en el gobierno. Pienso que si no trabajan de manera integral en la cuen-ca, con presupuesto para la remediación e intervención de las instituciones con el fin de hacer cumplir las leyes y desterrar a las mafias que operan en la zona, el problema continuará”. Por ello que ahora pide la de-cisión política del gobierno para enfrentar dicha situación.

Cuenca Suches

La contaminación del río Suches es un problema binacional porque la activi-dad minera ilegal se realiza tanto en el lado peruano (distrito Cojata) y bolivia-no (provincia Franz Tamayo), donde los operadores mineros botan sus relaves al río, contaminando sus aguas con re-siduos químicos como mercurio, lo que vuelve al líquido inservible para el con-sumo y riego de pastizales. Lamentable-mente, hasta ahora los gobiernos de Perú y Bolivia no han efectivizado un trabajo integral en la zona.

La minería ilegal e informal en las cuencas Ramis y Suches viene agudizándose debido a la falta de decisión política y acciones efectivas de parte de las autoridades. Han pasado más de 15 años desde que se denunció la contaminación minera en estas zonas pero poco o nada se ha hecho para enfrentarla.

Eliana Hualpa

Desarrollo Rural

Cuenca Ramis

En el año 1998 en el distrito de Crucero, provincia de Carabaya, se evidenció la contaminación del río Crucero, por los relaves mineros producto de la actividad minera informal que se desarrollaba en la parte alta de la cuenca del Ramis (Ana-nea). Ante ello, autoridades, dirigentes y pobladores pidieron a las autoridades regionales actuar para remediar la situa-ción que afectaba a un promedio de 50 comunidades campesinas de los distritos de Ananea, Patambuco, Potoni, Crucero, San Antón, Asillo y Azángaro quienes su-frieron la contaminación de sus aguas y la colmatación de sus pastizales, lo que oca-sionó que grandes extensiones de terreno se convirtieran en desiertos.

Tras los reclamos a lo largo de los años se emitió 9 dispositivos legales, se realiza-ron más de 30 reuniones de la comisión multisectorial y se plantearon 46 proyec-tos de remediación que en su mayoría no fueron ejecutados, lo que motivó que la desconfianza y malestar de la población con el Estado fuera creciendo. Según re-

Contaminación en la cuenca del Ramis es cada vez más alarmante.


lerable, pero tampoco cabe aceptar la idea de que lo ilegal debe formalizarse. Esa no es la solución. Bajo ese enfoque el gobier-no aprobó decretos para la interdicción de la minería ilegal y se vienen más normas relacionadas a la modificación en la fisca-lización ambiental, perdida de dominio y proceso de formalización”.

Víctor Caballero, Responsable de la Ofi-cina de Gestión de Conflictos de la PCM sostiene que los Decretos 1099 y 1100 emitidos por el gobierno en febrero del presente año aseguran una lucha eficaz contra la minería ilegal. “Se garantiza el cumplimiento de estos nuevos decretos, porque existe un marco legal más sólido, aprobado por el Congreso, por tanto las autoridades policiales, militares y regiona-les ya no tienen ningún pretexto para no cumplir lo que la ley les exige”.

La falta de resolución de esta situación se convierte en un foco de tensión y un conflicto social que ya generó la movi-lización y muerte de pobladores (24 de junio 2011), por tanto es fundamental un accionar más contundente del Estado que priorice la intervención en estas zonas, comisiones que tengan carácter resoluti-vo, decretos que sean aplicados, proyec-tos con financiamiento que garanticen la remediación de los daños y sobre todo una acción decidida del gobierno para combatir la minería ilegal.

(DREM) señala que por el escaso personal que tiene no puede realizar una fiscaliza-ción a la actividad minera en la zona. Asi-mismo refiere que la situación se agrava por el incremento de actividades informa-les en Bolivia. “En el lado boliviano existe la mayor cantidad de mineros. Se estima que hay entre 300 a 400 shutes, mientras en el lado peruano entre 30 y 40”.

Control de la minería

Según autoridades y especialistas consul-tados por Cabildo Abierto, el problema para un control efectivo de la minería ile-gal en las cuencas Ramis y Suches pasa por realizar una adecuada fiscalización al uso del combustible y maquinaria pesada en dichas zonas.

Américo Arizaca, ex director de la DREM, indica que en el 2010 se sacaron dos or-denanzas para normar esta situación, sin embargo nunca han sido aplicadas. “La actividad minera ilegal se mueve gracias al combustible y maquinaria pesada; y si se pone una placa a las maquinarias y un GPS a las cisternas, se podría controlar esta actividad”.

Acciones del Gobierno

Mariano Castro, viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente refiere: “Hoy en día esta situación es into-

La fiesta de La Candelaria, es el acontecimiento social y econó-mico más importante del año,

al margen de las connotaciones de fe, devoción y costumbre de la po-blación altiplánica.

Al comenzar la efervescente sema-na “de la octava” de la fiesta, llega una convocatoria del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para una reunión que se llevaría cabo el viernes 10 por la tarde. Estarían presentes: la ministra del sector, un representante del Banco Mundial presentando un estudio realizado por GRADE (Grupo de Análisis para el Desarrollo).

Si la convocatoria hubiera llegado de cualquier otra dependencia pú-blica el comentario sería el de siem-pre: “en Lima aún no se enteran de lo que significa e implica la fiesta de La Candelaria en la cultura de los puneños” “mejor sería transparen-tar las intenciones y no buscar pre-textos para llegar a la fiesta”; pero, se trata del Ministerio de Inclusión Social y entonces no se puede pa-sar por alto la observación ya que el propio Ministerio la define como “la situación que asegura que todos los ciudadanos sin excepción, puedan ejercer sus derechos, aprovechar sus habilidades y tomar ventaja de las oportunidades que encuentran en su medio”. La fiesta es, en Puno, un derecho cultural y una oportuni-dad para aprovechar habilidades y tomar ventaja del medio.

Obviar el respeto a la festividad de La Candelaria no sólo es contradic-torio con el sentido de “inclusión social” sino que denota también esa actitud medio colonial, que aún subsiste en la práctica de la gestión pública con la sociedad civil, que recuerda a la otrora “llamada del patrón”.

¿De qué inclusión hablamos?

DESDE EL RINCóN

Ana MaríaPino Jordán

Opinión

Tras la protesta de los pobladores de la cuenca Ramis en julio del 2005, gobierno nacional como regional emitieron normas para resolver la problemática, no obstante algunas no han sido aplicadas ni regla-mentadas adecuadamente. Entre ellas te-nemos:

• Decreto Supremo Nº 028-2005-EM. Suspende la admisión de petitorios mi-neros en el distrito de Ananea, y constitu-ye una comisión especial para recomen-dar medidas de mitigación de impactos de la actividad minera informal.

• Decreto supremo Nº 034-2007-MEM. Plan de acción dirigido a la recuperación de la cuenca del río Ramis y constituye una comisión multisectorial mediante Resolución Ministerial Nº 192-2007-PCM.

• Resolución Presidencial Nº 171-2007/CONAM/PCD. Declara en emergencia ambiental el río Ramis.

• Ordenanza Regional Nº 004-2010. Re-gula el uso de hidrocarburos en las acti-vidades mineras.

• Ordenanza Regional Nº 005-2010. Esta-blece el marco normativo para el control preventivo y fiscalización de maquinaria pesada.

• Decreto de Urgencia Nº 028- 2011. Declara de interés nacional y ejecución prioritaria la recuperación ambiental de la cuenca Ramis y Suches.

• Decreto de Urgencia Nº 035-2011-EM. Dicta normas complementarias al De-creto 028-2011 sobre actividades de re-mediación en la cuenca Ramis y Suches.

• Decreto Legislativo Nº 1099. Aprueba acciones de interdicción de la minería ilegal y remediación ambiental en las cuencas de los ríos Ramis y Suches.

• Decreto Legislativo Nº 1100. Regula la interdicción de la minería ilegal en toda la república.

• Decreto Legislativo Nº 1101. Establece medidas para el fortalecimiento de la fis-calización ambiental como mecanismo de lucha contra la minería ilegal.

• Decreto Legislativo Nº 1102. Incorpora al Código Penal los delitos de minería ilegal.

Normas emitidas 2005-2012


Entrevista

Las tensiones de Egasur por el proyecto Inambari en PunoEl proyecto de la central hidroeléctrica de Inambari tuvo a favor la voluntad política del gobierno del presidente García y, pese a ello, cuando concluyó la prórroga de la concesión temporal –en junio 2010– la empresa de capital brasileño Egasur no pudo terminar los trabajos conducentes a la concesión definitiva. La actuación del consorcio deja ver la complejidad de la operación y, a la vez, la claridad del origen de los conflictos sociales en Puno relacionados con este megaproyecto. Este reportaje abordará el desempeño de la empresa en esta región.

Jacqueline Fowks

Informe especial

En 2008, el consorcio brasileño Inambari Geraçao de Energía (Igesa) compró las acciones –e

incrementó el capital inicial– de Egasur y pasó a tener el 99.9% de ellas y el funcio-nario de la constructora OAS, Valfredo de Assis Ribeiro Filho, el 0,01% restante. El consorcio está formado por tres em-presas: OAS (51%), las estatales Eletro-bras (29,4%) y Eletrobras Furnas 19.6%, de acuerdo a información institucional divulgada por Furnas en mayo 2010.1

El impulso dado por los gobiernos de Lula y García al firmar el memorándum de in-tegración energética entre ambos países y el hecho de que una empresa estatal brasi-leña fuera parte del proyecto, facilitaron el proceso inicial, tanto así que funcionarios peruanos del ministerio de Energía y Minas –entre ellos el ex ministro Pedro Sánchez2, en marzo 2010 y octubre 20093– destaca-ban los beneficios de dicho emprendimien-to y las previsiones sobre los daños que causaría. El congresista aprista Tomás Cen-

zano4 también se pronunció en ese sentido, y además remarcó la solidez financiera del consorcio Igesa, cuando hubo cuestiona-mientos a Egasur por el capital de diez mil soles con el que fue creada.

De acuerdo a las presentaciones públicas realizadas por el presidente del directo-rio de Egasur, ingeniero Evandro Mi-guel, la inversión para el proyecto de la hidroeléctrica era de poco más de 4 mil millones de dólares.



de operaciones internacionales de Ele-trobras, Sinval Gama Zaidan, uno de los accionistas6 de Igesa, que detentaba la concesión temporal de Inambari. Un encuentro similar tuvo Cámac en Río de Janeiro en agosto 20097 con altos ejecu-tivos del sector eléctrico brasileño, pri-vado y estatal, en el IV seminario inter-nacional del sector de energía eléctrica, realizado con apoyo de seis empresas, una de ellas Inambari Geraçao de Ener-gía S.A. En marzo 2009 se reunieron el entonces presidente Alan García con el director internacional de OAS, César Uzeda8, y el country manager Valfredo Ribeiro Filho para dialogar sobre Inam-bari. A inicios de febrero 2010, se repi-tió la visita a Palacio de Gobierno9 ya con Ribeiro Filho como gerente general de Egasur y Uzeda como miembro del Consejo de Administración de Igesa.

En entrevista para este reportaje, el presidente del directorio del Comité de Operación Económica del Sistema In-terconectado Nacional (COES), César Butrón, indicó que colaboraron con Ele-trobras proveyendo información para cálculos y el estudio de factibilidad del proyecto Inambari. El COES es una en-tidad técnica privada que agrupa a gene-radores, transmisores y distribuidores de electricidad y es la principal institución que realiza proyecciones de demanda de energía en el Perú, asunto que será clave cuando el Estado peruano negocie con Brasil la cantidad de electricidad que exportará y la que mantendrá para el mercado interno. Butrón también parti-cipó de algunas de las reuniones y semi-narios de trabajo en Brasil, mencionadas en el párrafo anterior.

El proyecto Inambari llamó la atención de algunos medios de Lima cuando en noviembre 2009 el diario brasileño Folha de Sao Paulo informó que Fernando Sar-ney, hijo del presidente del Senado, José Sarney, y Silas Rondeau incurrieron en tráfico de influencias al tomar decisiones sobre la agenda del ministro de Energía y Minas brasileño, Edson Lobão, para este caso, entre otros emprendimientos. Folha informó así10:

El 30 de junio de 2008, Rondeau con-tactó a la secretaria para agendar otra reunión. “El día 4 está bien. Son los dueños de Engevix que quieren tratar el asunto de Perú. Él [Lobão] sabe qué es”, dijo.

Rondeau llamó luego a José Antunes Sobrinho, socio de Engevix, y escu-

chó el pedido para que lo acompaña-se a la reunión con Lobão para tratar de la construcción de hidroeléctricas en Perú con la participación de Ele-trobrás, estatal ligada al ministerio: “Su presencia es fundamental por el hecho de que los próximos pasos sa-len pronto con su cooperación”, afir-mó Antunes. (…)

Dos meses después, Engevix firmó un acuerdo con Eletrobrás para estudiar la viabilidad de construir seis centrales en territorio peruano, en un negocio estimado en US$ 16 billones.

La brasileña Engevix11 en asociación con la peruana S&Z Consultores realizó los estudios de ingeniería (prefactibilidad) entre mayo y agosto de 2008 pagados por Furnas y, en 2009, la segunda etapa de los estudios de factibilidad, para Igesa. Según la página web de S&Z Consulto-res –citada en el estudio de José Serra Vega sobre Inambari–, el estudio prelimi-nar de la hidroeléctrica incluyó las ges-tiones ante el Minem hasta la obtención de la concesión temporal de generación de energía eléctrica (resolución ministe-rial N° 287-2008-MEM-DM).

Abanico de empresas

Egasur-Igesa subcontrató a una gran can-tidad de empresas para trabajar la con-cesión temporal: estudios de abogados, consultoras para asesoría empresarial, consultoras de comunicación, empresas con alguna experiencia en la elaboración de estudios de impacto ambiental (EIA) y relaciones comunitarias, encuestadoras, entre otras.

Dos personas entrevistadas para este re-portaje, que trabajaron para el consorcio y que declararon bajo la condición de anonimato, afirman que no hubo coor-dinación suficiente entre todas aquellas prestadoras de servicios, con tareas dis-tintas, a veces superpuestas territorial-mente y sin un mensaje común. Ello condujo a que, para continuar el trabajo, tuvieran que pedir disculpas a líderes de la zona por lo actuado en los primeros meses, cuando hubo diversas empresas tomando muestras, ingresando a las po-blaciones, y sin una comunicación respe-tuosa hacia los colonos.

De acuerdo al balance patrimonial pre-sentado12 por Inambari Generación de Energía en 2010, algunos de los presta-dores de servicios en el Perú fueron:

Las tensiones de Egasur por el proyecto Inambari en Puno

Como parte del proceso relativo al acuer-do bilateral, los viceministros de Ener-gía y otros funcionarios del MINEM viajaron a reuniones de trabajo en Brasil –autorizadas por resolución ministerial– en mayo 2008 (vicemin. Pedro Gamio), agosto 2008, mayo 2009 y agosto 2009. En algunas, por ejemplo, en mayo 2009 el viceministro Daniel Cámac hizo una presentación en Río de Janeiro –en un seminario técnico de integración ener-gética5– al igual que el superintendente



Entrevista

Ing. Evandro Miguel, presidente del directorio de Egasur, informó que la inversión para el proyecto de la hidroeléctrica era de poco más de 4 mil millones de dólares.

Diversos periodistas, entre ellos Hugo Supo, habrían sido contactados por Egasur para que apoyen el proyecto Inambari.

Informe especial

El proyecto Inambari generó tanta polarización, especialmente en Puno, que en varias entrevistas para este reportaje escuchamos que autoridades, dirigentes o periodistas fueron ‘comprados’ o que hubo ofertas de dinero mensual para los periodistas que informaran a favorde la obra.

Andres Adler Flores Gonzales, Apoyo Comunicación Corporativa SAC, Avan-zini S.A. Centro Internacional De Ca-pacitación, Clodomino Landeo Lagos, Consultandes S.A., Fernando Huapaya Roggero. Grupo Atenea SAC, Imagen & Medios SAC, Imedia Comunicaciones SAC, Instituto Cuanto, Pablo Bustaman-te Pardo, Norma Rodríguez Yañez, Para-ca Comunicaciones SAC, Sanmartín So-luciones SAC, Juan Carlos Tafur Rivera, KPMG Auditores. Dos de las mencionadas corresponden a Alvaro Barnechea, quien no accedió a una entrevista para este reportaje, y cu-yas empresas realizaron tareas de comu-nicación y relaciones comunitarias entre 2009 y 2010: Paraca Comunicación e Imagen y Medios. San Martín Solucio-nes es una empresa de Sandro Marco-ne, quien prestó servicios de comunica-ción digital con su consultora Cancha y Media. Apoyo Comunicaciones prestó servicios hasta mediados de 2010 y, posteriormente, el trabajo que realiza-ban Apoyo y Paraca fue asumido por el consultor Fernando Huapaya, quien en el pasado trabajó en el área de comuni-caciones de Doe Run13.

Otros importantes prestadores de servi-cios que no figuran en dicho documen-to son el estudio de abogados Miranda y Amado y Ecoplaneación Civil SA (ECSA), que estuvo a cargo del estudio de impacto ambiental.

De acuerdo a dos fuentes distintas en-trevistadas, ConsultAndes y la ONG de Pablo Bustamante, Wiñaypaq, organiza-ron –por lo menos– un seminario para periodistas en Lima en 2009, donde una de las exposiciones iba a ser el proyec-to Inambari. Wiñaypaq fue creada por Bustamante para promover, mediante conversatorios dirigidos a periodistas, un mejor ambiente y condiciones favo-rables para la inversión en el Perú. Juan Carlos Tafur moderaba dichos eventos y llegó a formar una red de periodis-tas, especialmente fuera de Lima. Uno de los expositores en dicho evento rea-lizado en un hotel de Lima fue Jaime Antezana, quien ha investigado acerca del cultivo de coca en Carabaya y Alto Inambari, y que en 2009 preparó con el vicepresidente ejecutivo de ConsultAn-des, Jaime García, un estudio para Devi-da sobre desvío de insumos químicos14. Los cuestionamientos vinculados con el narcotráfico15 son parte de los cho-ques de argumentos acerca del proyecto Inambari.

El proyecto Inambari generó tanta po-larización, especialmente en Puno, que en varias entrevistas para este reportaje escuchamos que autoridades, dirigentes o periodistas fueron ‘comprados’ o que hubo ofertas de dinero mensual para los periodistas que informaran a favor de la obra. Del otro lado, las acusaciones a los dirigentes o activistas que se opusieron indicaban que estaban manipulados por ONG o por personas ajenas a la zona o velaban por los intereses del narcotráfico.

Uno de los más mencionados fue el pe-riodista Hugo Supo, quien trabajaba en el diario Los Andes y dejó ese puesto luego de haber participado –durante sus vaca-ciones y un período de permiso– como maestro de ceremonias en un evento or-ganizado por la Cámara de Comercio de Puno16 para presentar el proyecto Inam-bari y tras haber asistido al evento para periodistas organizado por ConsultAn-des-Wiñaypaq en Lima.

Entrevistado para este reportaje, Supo declaró que para el evento de la Cámara de Comercio en la casa de retiro Kokan, Juliaca, también ayudó invitando a algu-nos líderes de comunidades, ya que es amigo de quien era entonces presidente de las rondas campesinas de San Gabán. Asimismo, recordó que publicó una nota en la que Jaime Antezana17 indicaba que el rechazo al proyecto Inambari se debía a los intereses del narcotráfico que ha cre-cido en la zona. El periodista considera que estos fueron hechos aislados y coin-cidencias “desafortunadamente mal in-terpretadas”, y que además ocurrieron en medio de una campaña electoral en la que el proyecto Inambari “se politizó, se había desnaturalizado la cuestión técnica”.

En Lima, líderes de opinión y periodistas fueron contactados por Juan Carlos Tafur o Alvaro Barnechea y Francisco Tumi en una primera fase, y en el 2011 por Fer-nando Huapaya, para una presentación del proyecto a cargo de ejecutivos de Ega-sur. Participaron en esos briefings, entre otros, Gustavo Mohme y dos periodistas más de La República; Marco Sifuentes de Perú21; Renato Cisneros de RPP; María Luisa del Río de El Comercio; y Augusto Alvarez Rodrich de Radio Capital.

La empresa en los talleres informati-vos: visión de los posibles afectados

La ex alcaldesa de Carabaya, Nancy Ro-sell, resumió así su visión sobre los ta-lleres que por ley el consorcio brasileño debía realizar:


Convocaron [por segunda vez, luego de la anulación del primero por un problema de delimitación distrital] al taller informativo los días 15, 16 y 17 de agosto (2009) en Loromayo, Lechemayo, y Puerto Manoa respec-tivamente. Asistí a los dos primeros y nos dimos con la sorpresa que se es-taba llevando a cabo dos talleres en uno: el 17 de agosto no se cumplió en Puerto Manoa, porque los de la em-presa llegaron con casi cuatro horas de retraso, la población se encontra-ba muy molesta, por dos razones. Por la manera amañada como se estaban llevando a cabo los talleres y por la demora.

No dieron información suficiente, cuando se interrogó sobre la reubi-cación e indemnización de los po-bladores que viven al margen del río Inambari, toda vez que de acuerdo al video esta zona sería inundada, la empresa no supo responder, dijo que recién en el próximo taller darían a conocer esos detalles. El señor Millones [de ECSA], encargado de dar a conocer el avance del Estudio de Impacto Ambiental, dijo que el río Inambari estaba completamente contaminado, que había zonas don-de existían pozas de maceración, que había tala, minería informal, y fal-taba casi un año para terminar ese estudio. Sobre la etapa tres del tra-mo IV de la carretera interoceánica

Pobladores y dirigentes de la provincia de Carabaya marchan en la ciudad de Puno en contra de la Hidroeléctrica del Inambari en marzo del 2011.

[dijo] que sí se inundaría pero que se vería otra ruta por donde pasaría. Sobre la reserva del parque Bahuaja Sonene, que harían una especia de muro de contención para no afectar-lo. Los temas que preocupaban y no fueron respondidos eran reubicación e indemnización, la carretera y la zona protegida del parque.

Rosell indicó que Egasur no le solicitó una reunión para presentarle el proyecto, sólo recibió “los oficios invitando a los talleres informativos a pesar que en va-rias oportunidades que coincidimos con el señor Barnechea se comprometió a rectificar su actitud agresiva e ir a con-versar a la municipalidad”.

Acerca de los aliados que logró Egasur en la zona y la forma en que obtuvieron apoyo, la ex burgomaestre agregó:

El Ing. Gustavo Flores Flores estuvo como defensor del proyecto en casi to-dos los eventos en que participé. A fi-nes del 2010 aparecieron personas en Carabaya que se ofrecieron a apoyar a la empresa y estuvieron repartien-do panetones, viajaban a San Gabán para convencer a los pobladores.

Rosell indica que el director de Paraca Comunicaciones cambió la opinión de algunos dirigentes en la zona de posi-bles afectados ofreciéndoles beneficios materiales.

Víctor Alarcón, presidente de la ronda campesina de Puerto Manoa, tuvo una posición similar durante la entrevista para este reportaje, refiriéndose al taller que hubo en su centro poblado:

Lo hicieron en el complejo deportivo del centro educativo. La gente quería ir al grano, se preocupan de su con-vivencia, pasaron dos horas y no sa-bían dónde los iban a reubicar. (Los expositores) Hablaban del PBI, de la cantidad de energía, de cuántos tra-bajadores iba a haber. Se les hacía las preguntas y no se dijo. La gente se molestó y no se dejó seguir el taller, estaban haciendo dos talleres en uno solo, no se aceptó.

Alarcón también mencionó intentos para inclinar la postura de las personas de la zona a favor del proyecto, mediante ofre-cimientos materiales. “A gente pobre la trabajaron –quizá– regalándoles cositas, plata. A quien daba terreno para hacer el taller informativo le ofrecían 500 soles. Por ejemplo, un muchacho que toma y no trabaja venía ofreciendo pagar las cami-setas para un equipo de fútbol. ¿De dón-de tenía?”

El dirigente de Puerto Manoa recordó que la empresa no entregaba folletos ni volantes: “No había información. Lo que nos importaba más es nuestra convi-vencia actual, los recursos naturales que debemos cuidar. El 80% de la energía decían que es para Brasil y ¿quién sabe cuánta de esa energía vamos a necesitar? Y más que todo, a dónde nos iban a en-viar, a darnos unos pedacitos chiquitos (de tierra), no nos pueden amontonar como ovejas a un canchón”, agregó.

En esa misma línea también opinó Olga Cutipa, vicepresidenta del Frente de De-fensa de Carabaya, residente y comercian-te de San Gabán. Cutipa relató que un día en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima se le acercó un profesional que trabajaba para el consorcio Egasur y le pidió conversar. El tenor del diálogo fue el siguiente:

- ¿Qué quiere conmigo?- No señora, no se amargue, senté-monos a tomar un café… El gerente máximo de la empresa quiere que lo visite en Lima, conversar de qué es desarrollo. Ese pueblo está con usted, escucha lo que usted le va a decir… Si usted dice que es bueno (el proyec-to)… le pagamos sus gastos, su casa, su carro, la ponemos como adminis-tradora.


Entrevista

Cutipa replicó que no iba a vender a su prójimo y le preguntó al interlocutor si se atrevía a proponerle lo mismo delante de las personas en San Gabán. Poco des-pués, la conversación terminó.

Para este reportaje pedimos opiniones acerca de la actuación de la empresa a unas 14 autoridades de Lechemayo, quienes el domingo 11 de diciembre estaban en asamblea para resolver sus problemas de conexión eléctrica. La reunión era conducida por el alcalde del centro poblado menor Jhony Bellido con la presencia del juez de paz Dante Luna. Hubo algunas opiniones en contra de Egasur, aunque también varios diri-gentes se quejaron de que no tuvieron acceso a información sobre el proyecto y que los dirigentes de San Gabán y Ca-rabaya lo habían impedido. Las siguien-tes fueron algunas de esas opiniones:

“Las rondas nos tildaban de amarillos, pero a veces también los de la empre-sa venían y si alguien o dos o tres per-sonas firmaban un papel diciendo que respaldaban (el proyecto), la empresa lo inflaba, decían que todos apoyaban. (En los talleres) Hablaban maravillas dos jefes, dos brasileños con un abogado. Hacemos las preguntas y era un fraude, un engaño. Si hubieran sido claros nos habríamos convencido. Los pobladores no estamos de acuerdo pero porque no sabemos qué problemas trae. Ahora es-tamos esperando la consulta previa”.

El teniente gobernador de Chalhuama-yo, Lesmes Quispe Vilca, quien partici-pó de esa misma asamblea en Lechema-yo, agregó: “la mayoría de la población en Boca San Gabán no queremos nada con ese proyecto. Este es el pulmón del mundo, acá lavamos oro, trabajamos en madera, no vamos a permitir”.

Interacción del consorcio con el Ministerio de Energía y Minas

La empresa que detenta una concesión temporal debe cumplir con el ‘Regla-mento de Participación Ciudadana para la Realización de Actividades Ener-géticas dentro de los Procedimientos Administrativos de Evaluación de los Estudios Ambientales’. Las normas para la realización de las actividades de participación ciudadana cambiaron en 2010, por lo tanto el proyecto Inam-bari realizó las rondas 1 y 2 de talleres informativos del 2009 y hasta febrero 2010 de acuerdo a la resolución mi-nisterial 535-2004-MEM-DM18 y en

coordinación con la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAEE)19.

La norma de 2004 indicaba “los talleres informativos, serán convocados por la DGAAE, en coordinación con el res-ponsable del proyecto y la Autoridad Regional del lugar en donde se pretende desarrollar el proyecto energético”.

En entrevista con la representante de la Defensoría del Pueblo de Puno, Luz Herquinio, comentó que en la primera ronda de talleres informativos hubo un impase en Loromayo, los representan-tes de la empresa “habían pasado unas encuestas, no sé si era el momento, y el ministerio observó a la empresa. Res-pondieron ‘Ahí ha habido un error, no es el momento’. Las encuestas habla-ban de indemnizaciones, preguntaban qué poseía cada quien. La población al final no quiso firmar el acta, tenían la impresión de que con eso estaban apro-bando (el proyecto), era desinforma-ción de las autoridades. Hablaban que por qué habían juntado los dos talleres, el segundo taller era la línea de base, por eso resultó un poco largo; había empezado 5:30 y era cerca de las 9 pm. cuando terminó”.

Herquinio confirmó lo dicho por asisten-tes a los talleres de la primera y segun-da ronda: que había respuestas que los representantes de la empresa no podían dar. “Eso también ha sido el fastidio (de los asistentes a los talleres), querían que se les explicara ya”. En el primero infor-man sobre el proceso de participación ciudadana y en el segundo, la línea de base realizada en la zona posiblemente afectada.

La representante de la DP también dijo que el taller programado en Puer-to Manoa a las 4 pm. comenzó cuando empezaba la noche. “Dijeron que iba a ser en el patio del centro educativo, allí no había (suficiente) luz. Estaba tenso el ambiente, quizá había gente que ha-bía tomado, salía alguno a gritar. En un momento parecía haber la consigna de “no queremos. A veces no se le entendía muy bien al brasileño. Explicaron la par-ticipación ciudadana y con la línea-base hubo ánimos más caldeados y luego un hombre mayor, de la consultora, empezó a gritar a la gente, ‘no nos van a venir a faltar el respeto’, dijo. Yo me paré a po-ner calma, pedí a la ronda encargada de dar seguridad que pusiera orden, porque allí no hay comisaría, no hay policías.

Otro factor que explica la fuerte oposición de Puno al proyecto, es la importancia de la Interoceánica Sur en este departamento, “una antigua demanda”, según destacó el ex candidato al gobierno regional Alberto Quintanilla.

Olga Cutipa, vicepresidenta del Frente de Defensa de Carabaya.

Nancy Rosell, ex alcaldesa de la provincia de Carabaya.

Informe especial


1 http://www.furnas.com.br/arqtrab/ddppg/revistaonline/linhadireta/RF375_americ.pdf

2 http://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=6&idTitular=19343 http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-mem-afirma-solo-3262-

personas-serian-reubicadas-central-inambari-261798.aspx4 http://www.losandes.com.pe/Nacional/20090701/24030.html5 h t t p : / / w w w. n u c a . i e . u f r j . b r / g e s e l / e v e n t o s / P _ 2 009 . 0 5 . 14 _

IntegracaoBrasilPeru.htm6 http://www.jusbrasil.com.br/diarios/5259975/doerj-publicacoes-a-pedidos-

26-05-2010-pg-37 http://www.nuca.ie.ufrj.br/gesel/eventos/seminariointernacional/2009/

programacao.htm8 http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-empresa-oas-brasil-confirma-

voluntad-para-construir-central-hidroelectrica-inambari-221458.aspx9 http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-mandatario-sostuvo-reunion-

directivos-empresa-brasilena-oas-277679.aspx10 http://oglobo.globo.com/pais/noblat/posts/2009/10/11/familia-sarney-

interfere-em-agenda-do-ministro-do-pre-sal-231106.asp11 http://www.firbtools.com/engevix/pub/Consulta.asp?Drop=1&Idioma=2&Pr

ojeto=Projetos&IDProjeto=1&Ano=&IDTipo=&IDSetor=&IDArea=&Valor=

12 http://www.valor.com.br/sites/default/files/valor_ri/01-04_inambari_c.pdf13 http://www.doerun.com.pe/content/pagina.php?pID=141&PHPSESSID=e941

7d2058c200da74cca6bd9f63ff5314 h t t p : / / w w w . s e m a n a r i o - a l t e r n a t i v a s . i n f o / a r c h i v o s / 2 0 0 9 /

septiembre/84---11.09.2009/internacionales/paginas_ internacional/latinoamerica/Informe Final IQ al Narcotrafico.pdf

15 http://www.rechargenews.com/business_area/finance/article211293.ece16 http://hugosupo.blogspot.com/2010/10/mirando-la-segunda-vuelta-en-puno.

html17 http://hugosupo.blogspot.com/2010_02_28_archive.html18 http://intranet2.minem.gob.pe/Web/archivos/dgaae/legislacion/RM-535-

2004.pdf19 Como indica el oficio Nº004-2004 firmado por la economista Iris Cárdenas,

directora general de Asuntos Ambientales Energéticos, el 20 de enero convocando al tercer taller informativo en Quispicanchis, Cusco.

20 http://www.bicusa.org/es/Document.101992.aspx21 http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/DGGAE/ARCHIVOS/estudios/

RESOLUCIONES/186-2011-MEM-AAE.pdf22 http://csd-institute.org/Publish/IMPLICANCIAS_DE_LA_INTERCONEXION_

ELECTRICA_PERU-BRASIL-FORO.pdf23 Otro importante descuido en términos informativos, esta vez por parte del

gobierno peruano, fue divulgar un borrador realizado por el MINEM, en el que indicaban que la proporción de energía exportada a Brasil –sujeta al acuerdo energético- podría ser el 80% de lo producido en las nuevas hidroeléctricas.

24 La ONG DAR solicitó el EIA al MINEM conforme a la ley de transparencia y no lo obtuvo. Luego de un proceso judicial de hábeas data lo consiguió en 2011. Ver http://dar.org.pe/eia_inambari.html

Dije que las condiciones no nos parecen, hay un clima de rechazo pero ellos están explicando, no se está decidiendo nada. Ahí quedó inconcluso, quedó pendiente ese taller”, relató.

El segundo taller se realizó nuevamente con problemas de seguridad en Puerto Manoa el 17 de agosto de 2009, tal como quedó registrado en un acta20: la pobla-ción prohibió la toma de fotografías. El Minem sancionó a Ecsa, la consultora a cargo del EIA, mediante un oficio –del 1º de setiembre 2009– en el que indicaba que no realizó una presentación adecua-da de la línea de base y no verificó las condiciones de accesibilidad y de clima en el lugar del evento. En otro intento de realizar un taller en Puerto Manoa, en la zona denominada Charoplaya, al pie de la carretera Interoceánica, la situación fue más grave debido a que rechazaron la presencia de los representantes del consorcio y la actividad no se concre-tó. El hijo del dueño de Ecsa, Mauricio Millones, quien trabajaba como relacio-nista comunitario fue expulsado. Algu-

nas versiones indican que les quitaron la camioneta y los zapatos.

El 25 de noviembre 2010, el MINEM evaluó el proceso de convocatoria del ‘taller participativo durante la elabora-ción del Estudio de Impacto Ambiental’ y canceló el evento programado para ese mes porque la empresa no convocó a varias personas y grupos de interés representativos, no había cargos de re-cepción, o los cargos habían sido firma-dos con una misma caligrafía sin fecha, entre otros motivos. Esta convocatoria se realizaba con las nuevas normas de la RM 223-2010-MEM/DM. Luego de dicha suspensión, la empresa no volvió a proponer una nueva fecha para con-cluir el proceso de participación ciuda-dana y ello condujo a que la dirección de asuntos ambientales energéticos del MINEM declare en abandono el proceso de participación ciudadana y el archivo del expediente21. El consorcio, además, no llegó a la parte final de dicho proceso que es la presentación del EIA en au-diencia pública.

En un estudio denominado ‘Implican-cias de la interconexión eléctrica Perú-Brasil en la matriz eléctrica peruana’22, el ingeniero de la UNI Jaime Luyo sos-tiene: “En el largo plazo, sin una política energética explícita hacia el desarrollo sostenible del país, existe el riesgo de supeditar la orientación y decisiones a la discrecionalidad y las buenas intencio-nes de los funcionarios”. Esa cita parece describir de manera adecuada el curso de lo ocurrido en el caso del proyecto Inambari23, en particular por la mención a la discrecionalidad: una población que súbitamente descubre al gobierno de turno optando por un proyecto sin tener-la en cuenta.

Otro factor que explica la fuerte oposi-ción de Puno al proyecto, es la impor-tancia de la Interoceánica Sur en este departamento, “una antigua demanda”, según destacó el ex candidato al gobier-no regional Alberto Quintanilla en en-trevista –dado que un tramo de la vía en Puno se perdería–. Por otro lado, Egasur pidió al Minem mantener la confiden-cialidad de su estudio de factibilidad y su Estudio de Impacto Ambiental24 y ello también contribuyó con la impre-sión del doble discurso o la omisión de información y falta de transparencia en la zona.

Nota de la autora:Declinaron declarar para este reportaje: el alcalde de San Gabán, Adolfo Huamantica; el presidente de directorio de la empresa Egasur, Evandro Miguel; el consultor de Egasur, Fernando Huapaya; Bernardo Oliart de Apoyo Comunicaciones; el Minis-terio de Energía y Minas. Un agradecimiento a Eliana Hualpa, Aldo Santos y al Ing. José Serra por su colaboración en este trabajo.

Afiche del Taller informativo sobre el Estudio de Impacto Ambiental de la Hidroeléctrica del Inambari en el centro poblado de Lechemayo en agosto del 2009. En todos los talleres realizados se han registrados problemas entre los expositores y la población por diversos motivos. Los pobladores afirman que no han obtenido respuestas a sus interrogantes.

del UNCA hemos analizado el tema para saber qué pasa con la Ley, y tam-bién tenemos que escuchar la voz de la población para saber qué dice.

¿Por qué cree que se ha entram-pado el proceso de la reglamenta-ción?

En mi opinión personal y de acuer-do a todo lo que hemos analizado, la modificatoria de la ley me parece importante. Como no se habla de eso entonces el proceso se ha entrampa-do. Luego de eso, esta consulta será un documento importante que tendrá su función como instrumento para los pueblos indígenas. Pero también la solución pasa para nosotros los ay-maras de la zona sur, por el pedido de una nueva Constitución que tenga rostro indígena.

¿Qué significa eso?

Estaríamos hablando de un estado plurinacional. Por ejemplo, que la Constitución implemente una nue-va educación bilingüe intercultural, aunque ya se está avanzando en eso. Por otro lado, en nuestro pueblo hay recursos minerales, si hay una nueva Constitución es muy probable que se puedan hacer convenios con el mis-mo gobierno regional o con el Estado o con los gobiernos municipales para que la misma población también pue-da trabajar, pero no contaminando el medio ambiente.

La Ley de Consulta es para los pue-blos indígenas u originarios. Aquí en Puno los dirigentes aymaras han dicho “a nosotros no nos han con-sultado, no nos han incluido”, pero ¿son los aymaras pueblos indígenas y originarios?

“Así consulte el gobierno, la gente no va a aceptarla mina”

¿Por qué hay esa actitud de decir no cuando lo que falta es informa-ción?

Hay dirigentes que informan mal, no como debe ser. También hay dirigen-tes que buscan protagonismo político, y que salen a los medios de comunica-ción diciendo que no hay que aceptar la Consulta Previa. Nosotros a nivel

Mauro Cruz Layme, presidente de la Unión de Comunidades Aymaras (UNCA), opina sobre el proceso de la reglamentación de la Ley de Consulta, además habla sobre el pedido de una nueva Constitución Política para el Perú.

Christian Reynoso

Entrevista

¿Cuál es la posición de la UNCA frente a la Ley de Consulta Previa y su Reglamento?

A nivel de los aymaras no ha habido unidad porque había cierta desinfor-mación de los dirigentes. Como había desconfianza y poca información los dirigentes han dicho: “Mejor hay que decir no a la consulta previa”.


Reseña

“Construyendo territorios: Narra-tivas territoriales aymaras con-temporáneas” del antropólogo

Gerardo Damonte Valencia publica-do por la Fundación Tierra, GRADE y CLACSO, es fruto de una investi-gación que tiene como argumento central que la idea de territorio en el mundo rural indígena adopta un significado que va más allá de lo pu-ramente legal-positivo, constituyén-dose en una construcción colectiva que combina lo cultural, lo político y lo simbólico, y que va transformán-dose al contacto con las dinámicas estatales e internacionales. Esta in-vestigación es fruto de un trabajo comparativo de cuatro comunida-des campesinas aymaras ubicadas en Perú (Izcapataza y Jachoqo) y Bolivia (Chaapampa y Copacati Bajo).

El primer capítulo se centra en rea-lizar un recuento histórico de las zonas donde se realizó la investi-gación con el fin de observar los legados del pasado y cómo estos han influido en la situación actual. El segundo capítulo hace una ca-racterización de las comunidades estudiadas en los aspectos político, social y económico. Finalmente, el tercer capítulo se encarga de anali-zar la construcción de las narrativas en torno al territorio en las cuatro co-munidades mencionadas.

Construyendo territorios: Narrativas terri-toriales aymaras contemporáneasGerardo Damonte.Fundación Tierra, GRADE y CLACSOLima, 2011Pp. 147

Construyendo el territorio aymara

Leonidas Ramos

Ollanta Humala

¿Cómo ven el gobierno de Ollanta Humala hasta el momento? Aquí se ha votado mayoritariamente por él.

De acuerdo a lo que dice la mayo-ría, creemos que el Ollanta Humala ya no piensa igual que cuando fue candidato, sino que está más rodea-do de las empresas de la derecha, más piensa en los recursos y no en que los pueblos indígenas superen la pobreza. Por ejemplo, he leído en los periódicos que el Ministerio de Defensa tiene un presupuesto para adquirir 10 aviones con 15 mil mi-llones, y pienso que con ese dinero cuántas cosas se podría solucionar en la población aymara. Entonces con todas esas cosas la gente ha de-jado de confiar.

En la misma Constitución Política ac-tual no se habla de los pueblos indíge-nas originarios, se habla de las comu-nidades campesinas y comunidades nativas. En este caso, legalmente so-mos comunidades campesinas, pero los aymaras nos identificamos como pueblos aymaras y para estos instru-mentos legales aceptamos ser indíge-nas. Entonces el Estado tiene una con-tradicción, habla de pueblos indígenas pero al mismo tiempo aquí que somos comunidades campesinas dicen que no tendrían razón para consultarnos. Eso es como decir que el pueblo ay-mara no tiene identidad.

¿Qué pasará cuando el gobierno nacional apruebe el Reglamento y no están de acuerdo con el mismo?

Así se apruebe o no apruebe este regla-mento, yo creo que igual no va a entrar la minería al pueblo aymara. La gente está más organizada. Entonces así con-sulte el gobierno, la gente no va a acep-tar la mina. Si una empresa ingresa al territorio va a haber problema.

¿Cómo debería actuar el Gobierno Regional en este tema?

Creemos que la Consulta Previa es también responsabilidad del Gobier-no Regional. También debería ser su competencia. Le hemos indicado va-rias veces eso al presidente regional pero no se ha pronunciado. Tampocolos consejeros.

Creemos que la Consulta Previa es también responsabilidad del Gobierno Regional

Pobladores aymaras piden una nueva Constitución Política para el Perú.



La tasa se compone de 19 sec-ciones, cada una indica con precisión los distintos bienes

y servicios debidos al encomendero. Por el tipo de tributación y trabajo, distinguimos 4 categorías de pago: (a) en moneda, (b) en especie, (c) en servicios, y (d) al cura doctrinero. La segunda categoría, pago en especie, puede a su vez sub-dividirse en cin-co rubros: textiles, ganado, alimentos, manufacturas y comida seca (para al-macenarse en el tambo, como un “ser-vicio público”). Son en total 8 rubros en los que se dividía la tasa del repar-timiento de Puno. Podemos suponer

La encomienda de Puno en 1550

El conquistador Gómez Mazuelas recibió de Pizarro la encomienda de Puno en 1535. En 1550, tras las “Guerras Civiles” entre los conquistadores (1541-1548), se elaboró la primera “tasa tributaria” de los repartimientos de indios, fijando legalmente la cantidad de tributos y servicios que las comunidades debían entregar a sus encomenderos. La información se había reunido por órdenes del Licenciado Gasca, quien mandó se realizaran visitas e inspecciones en 1548-1549. La tasa del repartimiento de Puno (Lima, 1-XII-1550), fue elaborada por los tres comisionados designados por Gasca: el arzobispo de Lima, fray Jerónimo de Loaysa, OP; el oidor de la Audiencia de Lima, Licenciado Andrés de Cianca; y el dominico fray Domingo de Santo Tomás, OP. Nuestro colaborador Nicanor Domínguez nos ofrece estos datos.

Nicanor DominguezHistoriador especializado en

los Andes coloniales.

Historia

Arzobispo de Lima, fray Jerónimo de Loaysa, OP. Fue uno de los encargados de elaborar la Tasa del Repartimiento de Puno.

[Primera Parte]

que los mismos criterios se utilizaron para otras encomiendas en el Altipla-no del Titicaca.

El documento se encuentra en el Ar-chivo General de Indias (Sevilla, Pa-tronato, 139-N1-R3, fs. 12v-18r). Para simplificar la lectura, las cantidades, escritas en el original en palabras, han sido transcritas en forma de números (ejemplo: “quatro” = 4).

I - Pago en moneda:

1 - “dareis bos los d[ic]hos caçique e yndios del d[ic]ho repartimiento al d[ic]ho v[uest]ro encomendero a cada vn año 500 pesos de valor cada vno de a 450 marauedis en oro o en plata, como bos los d[ic]hos caçiques e yn-dios mas quisieredes y mejor pudiere-des, cada 6 meses 250 pesos, puestos

en la çiudad del Cuzco en casa del en-comendero”.

II - Pago en especie: textiles:

2 - “dareis cada 6 meses 50 bestidos de lana, los 20 de cumbi y los demas [30] de abasca, la mitad de [h]ombre y la mitad de muger, que se entiende vn bestido manta y camiseta y anaco y liquida [sic: lliquilla], la manta de yndio y el anaco de la yndia de 2 va-ras en largo, y otros 2 varas en an-cho, y la liquida [sic] de vara y terçia en largo y en el ancho de 1 bara, y la camiseta de vara y ochaua en largo y en el ancho del ruedo 2 varas menos ochaua; puesto en la çiudad del Cuz-co en casa del encomendero; y si bos los d[ic]hos caçiques e yndios qui-sieredes pagar en dineros la mitad de estos dichos 100 bestidos, la ropa de


10 – “dareis cada 6 meses 25 arrouas de pescado seco o salado puestas las 15 arrouas en la çiudad del Cuzco en casa del encomendero, las otras 10 arrouas en buestras tierras”.

11 – “dareis cada 1 año 150 fanegas de chuño y 10 fanegas de quinua, puestas en buestras tierras”.

V - Pago en especie: manufacturas:

12 – “dareis cada 6 meses 5 esteras de 3 baras en ancho y 4 varas en largo, y 6 petacas, puestas en casa del enco-mendero”.

13 – “dareis cada 6 meses 40 pares de ojotas, puestas en casa del enco-mendero”.

VI - Pago en especie:comida seca almacenada en el tambo:

14 – “Sembrareis, benefiçiareis y co-jereis en v[uest]ras tierras en cada 1 año 40 fanegas de papas, y lo que dellas proçediere lo [h]areis chuño; Y ansimismo senbrareis venefiçiareis y cojereis en buestras tierras en cada vn año 6 fanegas de quinua; y todo lo que destas d[ic]has sementeras proce-diere lo haueis de poner en los tanbos de buestras tierras”.

VII - Pago en servicios:

15 – “dareis para seruiçio hordina-rio, quando el encomendero estubie-re en buestras tierras, 15 yndios e yndias que se muden por sus mitas; de los quales sean los 3 ofiçiales [= artesanos]”.

16 – “dareis para ayuda a la guarda a los ganados y benefiçio de huertas del encomendero, si los tubiere, 10 yndios, en buestras tierras”.

17 – “Si el encomendero quisiere lleuar en su ganado comida a la çiu-dad del Cuzco, o asiento de Potosi o Porco, bos los d[ic]hos caçiques e yndios le dareis cada vn año 30 yn-dios arrieros para que ayuden a car-gar e descargar y guardar el d[ic]ho ganado, repartidos en 1 o 2 veçes, como el encomendero os los pidiere; y bos el encomendero haueis de dar para su sustentaçion a cada vno 1 quartillo de maiz o chuño para cada dia, y no los ocupareis bos ni otra

cunbi a 5 pesos cada 1 bestido y la de abasca a 3 pesos por cada 1 bestido de ley perfe[c]ta, lo podais haçer sin que el d[ic]ho encomendero ni otra perso-na os pueda conpeler a otra cosa”.

3 - “dareis cada 6 meses 2 fraçadas y 2 capotes del tamaño que las soleis dar, y 3 mantas para caballos, con 3 mandiles y 8 costales, con 6 sogas y 2 coxines vacios, todo de lana; y 2 arrouas de lana; puestos en casa del encomendero”.

4 - “dandolos el encomendero lana para ello, le [h]areis della cada vn año 60 vestidos, la mitad de cumbi e la otra mitad de abasca del tamaño que d[ic]ho es, y 2 reposteros de 3 varas en quadro cada vno, o 1 paño de pa-red de 4 varas de caida, y 5 de trabes en lugar de los reposteros de cada vn año; y lo porneis [sic: pondréis] en casa del encomendero”.

III - Pago en especies: ganado:

5 – “dareis cada 6 meses 50 obe-jas y dando machos no se os pedi-ran [h]embras porque puedan criar; y en cada vna Pascoa [sic: Pascua] de las 3 del año, 1 obeja y 1 corde-ro puestos en casa del encomende-ro; e si bos los d[ic]hos caçique e yndios quisieredes pagar en dineros la mitad destas d[ic]has 100 obejas a 4 pesos por cada 1 obeja d[e] ley perfe[c]ta lo podais haçer sin que el d[ic]ho encomendero os pueda con-peler a otra cosa”.

6 – “dareis cada 1 año, pasado este primero año que se quente dende el dia que esta tasa fuere notificada a bos el d[ic]ho caçique en adelante, 20 puercos de año y medio o dende arriua; o no los dando, dareis por cada puerco en su lugar 1 obeja”.

7 – “dareis cada 6 meses 3 arrouas de seuo puestas en casa del encomen-dero.”

IV- Pago en especie: alimentos:

8 – “Dareis cada 3 meses 25 pares de perdiçes puestas en v[uest]ras tierras”.

9 – “dareis cada semana fuera de Qua-resma 40 guevos y 2 arreldes de pes-cado, y en la Quaresma cada semana 60 huebos y 4 arreldes de pescado, todo puesto en v[uest]ras tierras”.

Licenciado Pedro de la Gasca, ordenó reunir información para fijar legalmente la cantidad de tributos y servicios que las comunidades debían entregar a sus encomenderos.

pers[on]a en otra cosa alg[un]a mas de en [h]açer lo d[ic]ho”.

VIII - Pago al cura doctrinero:

18 – “Y Porque con menos cargo y es-crupulo de conçiençia bos el d[ic]ho encomendero podais lleuar los d[ic]hos tributos os encargamos y manda-mos que [h]agais dotrinar a los d[ic]hos naturales en las cosas de n[uest]ra Santa fe catolica, y a tener y guar-dar Ley natural y buena puliçia; y no auiendo clerigo o relijioso que lo [h]aga porneis [sic: pondreis] vn español de buena vida y exemplo que los doc-trine en lo suso d[ic]ho”.

19 – “Y Porque al clerigo o relixio-so que do[c]trinare a los d[ic]hos na-turales es justo que se le prouea de comoda sustentaçion en tanto que no ay diezmos de que se pueda susten-tar, bos el d[ic]ho caçique e yndios del d[ic]ho repartimiento dareis para ayuda a su sustentaçion cada mes 4 fanegas de chuño y 2 obejas, y cada 4 meses 1 puerco o en su lugar 1 obeja, y 1 carga de sal, y 1 fanega de qui-nua, y cada semana 6 perdiçes, y los dias de pescado cada dia 10 gueuos y algun pescado; y en la Quaresma para toda ella 3 arrouas de pescado seco o salado, y cada dia 1 cantarillo de chicha, e leña para quemar e yerua para su caualgadura; y el salario de dineros; y otra cosa mas si fuere me-nester para la sustentaçion del d[ic]ho clerigo o religioso lo pagareis bos el d[ic]ho encomendero, o la parte que os cupiere”.

PACTO DE GOBERNANZA

AMBIENTAL“Por el buen vivir de una

Región ecológica”

GOBIERNO REGIONAL PUNO

· “Pacto de Gobernanza Ambiental”

Es un compromiso promovido por el Gobierno Regional de Puno, a través de la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, con el propósito de unificar esfuerzos institucionales, preservar, conservar y promover el uso racional de los recursos naturales y medio ambiente; en el marco de los lineamientos de la Política Regional Ambiental.

· La creación de la Autoridad Regional del Ambiente y Recursos Naturales (ARAR),

Es una propuesta de reingeniería organizativa, para fortalecer el Sistema Regional de Gestión Ambiental, conferidas dentro de la ley 27867.

Ejes de trabajo

Manejo Racional de Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Gestión Integral de Calidad Ambiental

Gobernanza Ambiental Comunitaria

Compromiso y Oportunidades Ambientales Internacionales

El documento del “Pacto de Gobernanza Ambiental” y el “Convenio

de Cooperación Interinstitucional”, fueron suscritos el 17 de febrero

del 2012, por el Vice Ministro de Gestión Ambiental, Mariano

Castro; el presidente del Gobierno Regional de Puno, Mauricio

Rodríguez; alcaldes provinciales y distritales, colegios

profesionales, instituciones del sector ambiental, organizaciones y

universidades de la región.

cabildo abierto n. 63

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