UNIVERSIDAD DE PANAMV%CERRECTORA DE INVESTIGACIN Y POSTGRADO

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLTICASMAESTRA EN DERECHO PROCESAL

"EL ACCESO GRATUITO A LA JUSTICIA PENAL EN PANAM"

TESIS PARA OPTAR AL TTULO DEMAESTRA EN DERECHOPROCESAL

POR: OSWALDO M. FERNNDEZ E.

PANAM, 2006.

INDICE

DEDICATORIA

AGRADEDECIMIENTOc4;

CAPITULO 1.0: INTRODUCCION 1

1.1. Antecedentes del Problema 6

1.2. Justificacin del Problema 12

1.3. Formulacin del Problema 31

1.4. Alcance o Delimitacin del Problema 32

1.5. Objetivos 33

1.5.1. Objetivos Generales 33

1.5.2. Objetivos Especficos 34

1.6. Hiptesis 34

CAPTULO 2.0: MARCO DE REFERENCIA 36

2.1. Antecedentes de estudios nacionales realizados

en cuanto a esta materia 36

2.2. Marco Terico 37

2.2.1. Aspectos esenciales de la administracin de

justicia en Panam 37

2.2.1.1. Principios o caractersticas bsicas que garan-

tizan el acceso al sistema de administracin de justicia

en Panam 38

2.2.1.1.1. Es permanente e ininterrumpida 38

2.2.1.1.2. Es exclusiva 41

2.2.1.1.3. Es gratuita 42

2.2.1.1.4. Es un servicio pblico 44

2.2.1.2. La planta judicial en Panam 46

2.2.1.2.1. La Corte Suprema de Justicia 47

2.2.1.2.2. Tribunales Superiores 48

2.2.1.2.3. Jueces de Circuito y Seccionales 50

2.2.1.2.4. Jueces Municipales 51

2.2.1.2.5. Juez Comarcano 52

2.2.2. La accin procesal, la pretensin punitiva y la

tutela judicial efectiva 52

2.2.2.1. Concepto de Accin, Contradiccin y Defensa

Pblica o Gratuita 53

2.2.2.2. Elementos de la Defensa Pblica o Gratuita 58

2.2.2.3. Caractersticas de la Defensa Pblica o Gratuita 59

2.2.2.4. Ventajas y Desventajas de la Defensa Pblica o

Gratuita 60

2.2.2.4.1. Ventajas 60

2.2.2.4.2. Desventajas 61

2.2.2.5. Regulacin Jurdica de la Defensa Pblica o

Gratuita 61

2.2.2.5.1. Declaracin Universal de Derechos Humanos 62

2.2.2.5.2. Pacto Internacional de Derechos Civiles

y Polticos 62

2.2.2.5.3. Convencin Americana sobre Derechos

Humanos 63

2.2.2.5.4. Cdigo de Procedimiento Penal Tipo para

Iberoamrica 65

2.2.2.5.5. Constitucin Poltica 65

2.2.2.5.6. El Cdigo Judicial 68

2.2.2.5.7. Cdigo Penal 74

2.2.2.5.8. Reglamento Interno del Instituto de Defensora

de Oficio. Acuerdo No. 239 del 19 de noviembre de 1993,

dictado por la Sala de Negocios General de la Corte

Suprema de Justicia 76

2.2.3. El Instituto de Defensora de Oficio como garante

de la Defensa Pblica en Panam 77

2.2.3.1. Evolucin histrica 80

2.2.3.2. Estructura y funcionamiento dei instituto de

Defensora de Oficio 81

2.2.3.3. Perfil de los Defensores de Oficio 84

2.2.3.4. Infraestructura y presupuesto del Instituto de

Defensora de Oficio 85

2.2.3.5. Problemas ms comunes de los Defensores de

Oficio 85

2.2.3.6. Servicio de Asistencia Legal Voluntaria 86

2.2.3.7. Intervencin del Defensor de Oficio en las fases

del proceso penal 89

2.2.3.7.1. Fase Presumarial 89

2.2.3.7.2. Fase Sumaria) 91

2.2.3.7.3. Fase Intermedia 95

2.2.3.7.4. Fase Plenaria 96

2.2.3.7.6. Fase de Impugnacin 104

2.2.3.7.7. Fase de Ejecucin 105

2.2.3.7.8. El Defensor de Oficio y su actuacin en las

fases anteriormente enunciadas 106

CAPTULO 3.0. MARCO METODOLGICO 109

3.1. Tipo de investigacin 109

3.2. Sujetos o fuentes de informacin 110

3.3. Poblacin y muestra 112

3.4. Variables o fenmenos de investigacin 112

3.4.1. Definicin conceptual 112

3.4.2. Definicin operacional 113

3.4.3. Definicin instrumental 113

3.5. Descripcin de los instrumentos 113

3.6. Tratamiento de la informacin 113

CAPITULO 4.0: ANLISIS E INTERPRETACIN 116

Conclusiones 125

Recomendaciones 126

CAPITULO 5.0: PROPUESTA 127

5.1. Seminarios talleres 127

5.2. Metodologa 128

BIBLIOGRAFA 135

DEDICATORIA

DEDICO ESTE TRABAJO DE INVESTIGACIN A MI COMPAERA

BEATRIZ CASTAET VIZCANO, A MIS HIJOS FTIMA LUCA Y

OSWALDO MARINO

AGRADECIMIENTO

MI MS SINCERO AGRADECIMIENTO A LA PROF. JULIA SANZ,

QUIEN HA TENIDO LA PACIENCIA, LA AMISTAD Y EL

PROFESIONALISMO DE SERVIRNOS COMO DIRECTORA DE ESTE

TRABAJO DE GRADUACIN. IGUALMENTE AGRADECEMOS AL

PROF. JACINTO ESPINOSA Y A LA PROF. ROSARIA CORREA,

QUIENES SIEMPRE ESTUVIERON ESTIMULANDONOS PARA

FINALIZAR ESTA MAESTRA.

CAPTULO 1.0: INTRODUCCIN.

La generacin de conflictos es tan antigua como la existencia del ser

humano sobre la faz de la tierra, las obras de los antiguos griegos

(Hesodo y Homero) estn pergeadas de innumerables conflictos. En

las sagradas escrituras visualizamos el conflicto inicial entre el bien y el

mal (Adn y Eva) que ha generado el desarrollo de toda una

civilizacin.

Pero as como surge el conflicto, se han ideado formas de solucin que

van a depender de los valores y la idiosincrasia de cada sociedad,

tomando en consideracin que el conflicto antepone intereses opuestos.

En los albores de la humanidad los hombres se organizaron en familias,

posteriormente en clanes o tribus como agregados sociales que

permitan su sobrevivencia, ya que se conviva en conflicto con los otros

grupos e incluso con el propio ambiente circundante y el precio que se

pagaba era la vida.

Los conflictos entre grupos eran solucionados a travs de la violencia

fsica (las guerras) y los conflictos entre particulares o de stos con las

autoridades eran solventados por la va de la confrontacin fsica o la

imposicin autocrtica de la voluntad del gobernante, siendo inexistente

cualquier tipo de garanta a favor del reo que era sometido al rigor del

enjuiciamiento estatal. Encontramos entonces un primer estadio

denominado autodefensa o autotutela que era (o es) eminentemente

potestativo del agraviado. Posteriormente surgen los mtodos

autocompositivos para dar paso a las formas heterocompositivas de

solucin de conflictos, dentro de las que prevalece el proceso judicial.

Ante el conflicto judicial, el sujeto pasivo de la accin penal, el

imputado, adquiere una peculiar situacin donde se le deben garantizar

sus derechos esenciales. Lo anterior hace que el Estado instituya

organismos encargados de dirimir las diferencias existente en el seno

de la sociedad, ya sea entre particulares o de stos con las entidades

estatales.

Se organiza entonces la jurisdiccin, entendida como la facultad o

potestad conferida por el Estado a un determinado rgano o autoridad

(por excelencia al judicial) para que mediante la intervencin de un Juez

se diriman los conflictos sometidos a su conocimiento y se hagan

cumplir sus resoluciones.

La doctrina entiende la jurisdiccin como "... la funcin soberana del

Estado, realizada a travs de una serie de actos que estn

encaminados a la solucin de un litigio o controversia, mediante la

aplicacin de una ley general a ese caso concreto controvertido para

solucionarlo o dirimirlo." 1

En materia penal la potestad punitiva la ejerce el Estado ya que el ius

puniendi o derecho estatal de castigar a los infractores de la Ley, es de

carcter pblico y faculta al Juez para imponer las penas respectivas.

Pero para conseguir esta condena tiene que existir una pretensin

punitiva ejercitada a travs de la accin procesal, que se entiende como

"... la posibilidad jurdicamente encuadrada de recabar los

proveimientos jurisdiccionales necesarios para obtener el

pronunciamiento de fondo, y en su caso, la ejecucin de una pretensin

litigiosa." 2

En estos casos el objeto de la pretensin punitiva es la sancin del

sujeto activo comisor del acto ilcito o delito. Frente a esta pretensin

punitiva existe el derecho de resistencia del imputado derivado de la

facultad procesal de contradiccin. En consecuencia la pretensin

punitiva instaurada por el Estado a travs de las autoridades pertinentes

( Ministerio Pblico) o de los particulares (querella) y el derecho de

resistencia del imputado van a delimitar el objeto del proceso, o sea, la

' DICCIONARIOS JURDICOS TEMTICOS. Derecho Procesal. Volumen 4, SegundaEdicin, Colegio de Profesores de Derecho Procesal. Facultad de Derecho de la UNAM.Editorial Oxford, Mxico, 2001, pp. 150.

PALLARES, Eduardo. Diccionario de Derecho Procesal Civil. Editorial Porrma. Mxico.1960, pp. 19.

4

materia que se va a debatir y que al final tiene que ser decidida por el

Juez (principio de congruencia procesal).

Ese derecho de defensa del reo o imputado, tradicionalmente ha sido

cercenado frente a la actuacin omnmoda de los representantes dei

Estado quienes cuentan con todo el poder fctico y jurdico que le

otorgan las normas, tal como lo describe el autor Franco Cordero al

desarrollar el sistema inquisitivo lo describe como aquel donde "... no

hay debate contradictorio; todo se lleva a cabo secretamente; en el

centro, pasivo, el investigado, culpable o no, sabe algo y est obligado

a decirlo..." 3 Adems aade diciendo que "provisto de instituciones

virtualmente irresistibles el inquisidor tortura a los pacientes como

quiere, dentro de un marco cultural pesimista el animal humano nace

culpable, estando corrompido el mundo, basta excavar un punto

cualquiera para que aflora el mal." 4

No debe soslayarse que los organismos policiales y de instruccin

sumarial e incluso la jurisdiccin forman parte del engranaje estatal.

Uno de los problemas cotidianos en la vida de todo abogado litigante es

el de la defensa penal, las distintas interpretaciones que realizan los

funcionarios de instruccin, la actuacin de los agentes policiales tanto

' CORDERO, Franco. Procedimiento Penal. Tomo I. Editorial Temis, S.A. Bogot,2000, pp. 19.4 Ibdem, pp. 22.

5

de investigacin como de custodia, en cuanto a los derechos protegidos

por las normas constitucionales y procesales a favor de las garantas

individuales. Por ejemplo, desde cuando comienza el derecho de

defensa?, para algunos funcionarios desde la detencin, lo que implica

una interpretacin restrictiva al derecho constitucional de defensa, para

otros desde la indagatoria y para la minora, el derecho de defensa se

debe ejercitar desde que la persona es mencionada en una

investigacin criminal. Es muy comn que a una persona investigada no

se le acepte nombrar un abogado argumentando que formalmente no

se le han hecho cargos.

Una reflexin epistmica del derecho de defensa nos permite inferir que

toda persona tiene la potestad de defenderse desde el momento en que

alguien la est investigando por la presunta comisin de un hecho

punible, independientemente del carcter evolutivo o progresivo de la

investigacin. Si nos vanagloriamos de vivir en una democracia, bajo

los parmetros de un regimen de Derecho entonces tenemos que

empezar a respetar al hombre y su identidad (Rousseau) como el actor

ms importante de la sociedad (Dewey), permitindole el legtimo

derecho a su defensa natural y obvia, sin desmedro de encontrar la

bsqueda de la realidad fctica que produjo el hecho criminoso.

Por encima de todo, como dijo Descartes debe estar la razn ya que el

hombre es un ser racional, y esa razn nos indica que el Estado no

puede castigar a quien supuestamente viol la Ley, mediante actos que

tambin infrijan la Ley. No se puede negar la razn con la sinrazn.

Concebimos el proceso pena[ como un mecanismo de reparacin

social con una dosis de castigo o en un instrumento de venganza donde

se presume la culpabilidad?.

Al respecto Carnelutti ha manifestado que "... histricamente el castigo

ha ocurrido sin conciencia de sus razones; tambin aqu ha operado la

intuicin, la que con frecuencia precede, en siglos y siglos al

razonamiento. Pero precisamente la experiencia de la pena emprica

confirma la eficacia del dolor a los fines de la retribucin, entendida

como atribucin del sumum al culpable. El castigo empirco no es sino

la venganza y la venganza opera a travs del dolor. La lgica de la

venganza consiste en una inversin de posiciones entre el ofensor y el

ofendido, el ofensor viene sometido a la misma ofensa o a una ofensa

equivalente a aquella que ha ocasionado; as, viniendo a encontrarse

en la posicin del ofendido, el ofensor tiene la posbiilidad de ver la cosa

del lado opuesto y, por tanto, de juzgarse a s mismo por cuanto ha

hecho, en virtud de cuanto le ha sido hecho. Pero tambin de

7

redimirse?. Este es el problema. El oficio del derecho es el de recuperar

al culpable, no de perderlo." 5

En esa misma linea de pensamiento, Boris Barrios ha expresado que

en tal sentido, "... el inters de la presente investigacin naci de la

preocupacin personal y profesional derivada de nuestro ejercicio de

abogado, litigante, especializado en asuntos penales; y ante la

preocupacin de ver el desvalor que se le profesa a la situacin jurdica

del ciudadano sometido a proceso pena; desvalor que lesiona, muchas

veces por accin y otras por omisin, a veces por actos formales del

proceso y otras veces por actos informales, los derechos del procesado;

ya sea en cuanto al ejercicio de la defensa material, por parte del

mismo imputado, ya sea en el ejercicio de la defensa tcnica o formal

que realiza el abogado defensor. " e>

Si a los problemas fctico jurdicos antes mencionados le agregamos el

hecho que la defensa tcnica privada se hace casi inaccesible para las

clases econmicas ms necesitadas, nos encontramos con un derecho

de defensa no solo vulnerado, sino inocuo e inexistente. En el caso

concreto de la defensa pblica nos encontramos que la situacin del

CARNELUTTI, Francesco. Derecho Procesal civil y penal. Biblioteca Clsicos del DerechoProcesal. Volumen 2. darla, S. A. Mxico, 1997. pp. 292.

BARRIOS GONZLEZ, Boris. La defensa penal (teora y prctica). Primera Edicin.Editorial Jurdica Bolivariana. Panam 1997, pp. 10.

tiuE PsnPra i Snciariari rlcm cii cicfc rr rl,. o 7

8

Instituto de Defensora de Oficio no es tan cmoda como para asimilar

la cantidad de casos que transitan en el sistema y mucho menos

brindarles la atencin mnima requerida. Lo anterior no por culpa o

negligencia de los defensores de oficio, sino por el cmulo de trabajo

que realizan y las condiciones infraestructurales en que se encuentran.

El problema planteado quizs encuentre nivelacin cuando los propios

operadores del sistema de justicia penal se percaten, como dijo

Calamandrei del poder mortfero que el Estado les confa y que mal

utilizado puede convertir en justa la injusticia o ser paladn de la

sinrazn y que no es una condena por condenar a fin de llevar un buen

record estadstico o una absolucin por trfico de influencia o la

manipulacin de[ sumario para demostrar enorme destreza abogadil, lo

que espera fa sociedad de su sistema de justicia penal.'

1.1. Antecedentes del Problema.

A pesar que el concepto y la institucin de la defensa procesal

encuentra mayor desarrollo dentro del proceso penal, en nuestro pas

se encaus inicialmente en materia de procedimiento civil. La

Constitucin colombiana de 1963, mejor conocida como la Constitucin

Cfr. CALAMANDREI, Picro. Elogio de los jueces escrito por un abogado, Grandes Clsicosdel Derecho. Tercera Serie, Oxford Universit y press. Mxico, 2000, pp. 5.

9

de Ro Negro, estableci el sistema de gobierno federal para las

distintas regiones de los Estados Unidos de Colombia. Derivado de lo

anterior la Constitucin de 1868 crea el denominado Estado Soberano

de Panam como parte de la federacin. El 1 de noviembre de 1870,

entraron a regir los Cdigos de la Repblica, entre los que se

encontraba el Cdigo Judicial cuya fecha de inicio fue el 1 de febrero de

1871.

En materia de procedimiento civil la Ley 20 de 1846, se refiri al

Amparo de Pobreza, llegando incluso a definir lo que se entenda como

pobre. Dicha norma literalmente manifestaba lo siguiente:

"Articulo 1. Es pobre para los efectos de la Ley, elindividuo que se halle en alguno de los casossiguiente:1) Que no posea bienes races de ninguna clase, ni suindustria, profesin, trabajo personal o bienes muebleso semovientes le produzcan una renta de cientocuarenta pesos al ao.2) Que aunque posea bienes races, seanabsolutamente improductivos, sin valor o no puedandisponer de sus productos por interdiccin judicial,siempre que su industria, profesin, trabajoprofesional o bines muebles o semovientes no leproduzcan una renta de ciento cuarenta pesos al ario."

El Cdigo Judicial regul en su Captulo VI, Libro III, lo relativo a los

defensores en materia de procedimiento penal (artculos 1624 y 1625).

7

ELI

Segn Lpez Blanco "... el cdigo colombiano de 1872 denota los

cambios subsiguientes que se fueron desarrollando progresivamente en

la unin, que generaron un retomo marcado al centralismo y que fue de

corte conservador significando una reaccin negativa hacia el

federalismo, en este orden se emite la ley 5 de 1877 que acogi el

cdigo judicial de 1872 que ser el cdigo de Cundinamarca de 1858 y

que en el fondo es la ley de enjuiciamiento civil espaola de 1855." 8

Los Cdigos de Colombia rigieron en Panam despus de la

independencia hasta que fue aprobado el Cdigo Judicial mediante la

Ley 2 de 1916, y entr a regir el 1 de octubre de 1917 (Decreto No. 95

de 1 de junio de 1917). Este estatuto procesal se mantuvo vigente con

mltiples reformas hasta 1987, cuando entr a regir una nueva

codificacin.

El Cdigo Judicial de 1917, regul el Amparo fe Pobreza en materia

procesal civil en mejor forma que la Defensa Oficiosa del proceso penal.

Existi todo un procedimiento en materia civil que fue obviado en la

parte penal. El 1 de abril de 1987, entr a regir un nuevo Cdigo

Judicial, inspirado entre otros en el Cdigo Procesal de Colombia de

' LPEZ BLANCO, Hernn Fabio. Instituciones de derecho procesal civil colombianoTomo 1, Quinta Edicin. Editorial ABC. Bogot, 1991, pp. 11.

11

1970, el Cdigo de Guatemala de 1965 y en los Argentina de 1967 y

Brasil de 1973. 9

La actual legislacin exige que en la peticin de patrocinio procesal, el

solicitante deber presentar declaracin jurada y certificada de la Caja

de Seguro Social de que en los ltimos meses no ha tenido sueldos

promedio en exceso de cuatrocientos balboas mensuales, as como un

certificado del Registro Pblico de no p ropiedad.

Tambin existe una diferencia en cuanto al capital, que anteriormente

era de doscientos balboas y ahora es de cinco mil balboas en concepto

del producto de sus bienes, profesin, trabajo e industria (artculo 1446

dei Cdigo Judicial). La materia se encuentra ampliamente regulada en

los artculos 1445 al 1450 del Cdigo Judicial.

En el actual estatuto procesal el patrocinado tiene derecho a

asesoramiento del Instituto de Defensora de Oficio, situacin que no

ocurra en la anterior codificacin.

Antes de la vigencia del Cdigo Judicial de 1987, la reforma

constitucional de 1983, haba eliminado el uso de papel sellado en los

trmites judiciales y prohibi expresamente el cobro de algn tipo de

tasa, impuesto o contribucin por el servicio de justicia. En materia

Cfr. BAASALLO. Pedro A. Curso Derecho Procesal I. Volumen 1. Facultad de Derecho vCiencias Polticas. Universidad de Panam, Panam, 2004, pp.25.

,^. ^^ 1 cIcromo no II IC'tInI.b

12

penal, la defensa gratuita fue regulada y desarrollada ampliamente a

travs del Instituto de Defensora de Oficio.

1.2. Justificacin del Problema.

Hay que partir del supuesto que la defensa es un derecho consustancial

a todo ser humano, que se trata de un derecho natural que ha sido

normativizado para la sana convivencia pacfica. Por tanto la doctrina

ha sostenido que el derecho a la defensa y el consecuente acceso a la

justicia son elementos indispensables en un Estado de Derecho.

El derecho a la defensa del imputado en materia procesal penal, sirve

como balance (freno) al poder que ostentan los organismos de

investigacin, instruccin y decisin, que actan en representacin del

Estado, y es que la defensa puede ser definida como la "parte procesal

dialctica, opuesta a la acusacin, integrada por dos sujetos

procesales, el imputado y su abogado, titulares de los derechos

constitucionales a la libertad y defensa, y a quienes el ordenamiento ha

de otorgar todo un conjunto de garantas y derechos instrumentales

suficientes para contestar la pretensin penal y hacer valer eficazmente

13

dentro del proceso el derecho que asiste a todo ciudadano que, por no

haber sido condenado. se presume inocente." 1 0

Si frente a los poderes propios que tienen los representantes estatales

ante los particulares, aadimos dosis de arbitrariedad y de falta de

garantas del individuo, la situacin de indefensin se hara intolerable.

Interpretando este sentir, el procesalista James Goldschmidt, ha

sealado que "... los principios de la poltica procesal en una nacin no

son sino segmentos de su poltica estatal en general, en tanto que la

estructura del proceso penal en una nacin no es sino el termmetro de

los elementos corporativos o autoritarios de su constitucin." "

Las reformas procesales efectuadas en Amrica Latina durante las

dcadas de los setenta y ochenta del siglo pasado; fueron el producto;

ms que de movimientos sociales en pro del mejoramiento de la

justicia; del esfuerzo y dedicacin acadmica de especialistas en la

rama del Derecho Procesal. Por tanto, no se produjeron revoluciones

sociales ni cambios bruscos en el orden social, sino que fue y ha sido el

producto de una evolucin de ideas nacidas al fragor del debate

intelectual. Es decir, las reformas fueron sugeridas, debatidas e

GIMENO SENDRA, Vicente. La Naturaleza de la Defensa Perol a la Luz de la CECEDH en Crisis de la Justicia y Reformas Procesales. Madrid. 1988. pp..252-25.." GOLESCHMIDT, James. Principios generales del proceso. Editora Jurdica Universitaria.Mxico.. 2001. pp. 106,

14

impuestas por la academia y no tenan un origen basado o sustentado

en proyecciones de los problemas de ndole social. Tampoco podemos

decir que se produjo una revolucin en el pensamiento cientfico ni

mucho menos, pero s se realizaron algunos cambios en los

paradigmas vigentes a la poca.

Es innegable que los autores de este movimiento centraron sus

esfuerzos en dinamizar el proceso y consecuencialmente el rgano

encargado de resolver los conflictos. Famoso es el movimiento de la

Escuela de Florencia (Italia), donde se destacan los trabajos de Mauro

Capefletti y Bryan Garth sobre el acceso a la justicia, que influyeron

sustancialmente en el movimiento de reforma en Amrica Latina. Este

nuevo enfoque ideolgico del problema procesal traducido a la

innegable necesidad de una reforma, fue auspiciado, en el

subcontinente, por los Institutos de Derecho Procesal (Instituto

Panamericano e Instituto Iberoamericano) y tuvo eco en materia de

procedimiento civil en el Cdigo de Procedimiento Civil Tipo para

Iberoamrica elaborado por Enrique Vescovi y en el Cdigo de

Procedimiento Penal Tipo para Iberoamrica (1987), labor

encomendada a juristas como Julio Maier (Las Reformas Procesales

1 5

Penales en Amrica Latina), Velez Mariconde, Cafferata Nores y

otros.

Las reformas de la poca, en materia de procedimiento penal, que es

parte del objeto de estudio de la presente investigacin, propugnaron

por la regulacin un sistema acusatorio oral como consecuencia de la

apertura democrtica de la regin, frente al sistema penal

fundamentado en la tradicin inquisitiva escrita, heredada

histricamente del pasado colonial ibrico. Adems, las reformas

patrocinaron el cambio de rol de los actores dentro del proceso.

Para lograr este objetivo se han intensificado encuentros auspiciados

por el BID, la Fundacin Konrad Adenuar, los Institutos de Derecho

Procesal, etc. Por ejemplo, en Costa Rica, la AID financi durante

varios aos parte de los programas de capacitacin de la escuela

judicial. En noviembre de 1998 se llev a cabo en Washington (Estados

Unidos) la Primera Conferencia sobre Reformas a la Justicia Penal en

las Amricas financiada por USAID y el BID con la presencia de figuras

como Janet Reno, Cafferata Nores, Jorge Madrazo, Jaime Giraldo,

etc. El ILANUD present su Plan de Accin sobre Prevencin del Delito

y Justicia Penal en Centroamrica para el perodo 1995-1998 y en ese

mismo ao fa Fundacin Konrad Adenauer instal una Comisin

IL

Permanente de Monitoreo a las reformas del procedimiento penal

dirigida por Maier. Por este motivo se acord realizar junto con el

Programa Estado de Derecho de la Fundacin Konrad Adenauer (sede:

Buenos Aires, Argentina) un proyecto de investigacin con la finalidad

de investigar el estado del Derecho Procesal Penal vigente y de las

reformas. El 4 de noviembre de 1997, se discuti con los relatores

nacionales durante un workshop en Santiago de Chile un ndice

elaborado en consenso con las personas e instituciones mencionadas.

El workshop fue dirigido por Maier y Eser. Participaron relatores de los

siguientes pases: Argentina, Brasil, Cuba, Chile, Costa Rica, El

Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Per, Uruguay y

Venezuela. Se inform oralmente sobre los resultados del workshop a

los relatores impedidos de Colombia, Bolivia y Mxico.

A principios de 1998, el programa "Estado de Derecho" de la Fundacin

Konrad Adenauer en Buenos Aires pidi formalmente a todos los

relatores que entregasen sus informes nacionales antes de fin de junio

1998. Los informes nacionales fueron controlados por un Comit de

Redaccin ( Maier, Guariglia, Pastor, Struensee, Woischnik) y, en su

caso fueron corregidos o discutidos oralmente con los relatores.

17

Maier y Struensee elaboraron una introduccin general a los informes

nacionales. El resumen comparativo se encomend al Instituto Max-

Planck (AmboslWoischnik). Hasta la fecha desconocemos los

resultados.

Otro esfuerzo importante, digno de mencin, es la creacin del Centro

de Estudios de Justicia de las Amricas (CEJA), que es una entidad

Intergubernamental autnoma perteneciente a la Organizacin de

Estados Americanos, en cumplimiento de los mandatos de la II Cumbre

de Presidentes de las Amricas. Sus miembros son los 34 pases

americanos que integran activamente la OEA y tiene su sede en

Santiago de Chile. La misin de CEJA es promover la modernizacin de

los sistemas de justicia en la regin con el fin de que alcancen

estndares ms altos en el respeto y promocin de los derechos

humanos y sean ms eficientes en el desempeo de sus labores.

Uno de los programas ms importantes del CEJA es la conclusin y

publicacin de los resultados del estudio sobre el rol de las

Organizaciones de la Sociedad Civil en las reformas judiciales en

Argentina, Chile, Colombia y Per, en conjunto con la Fundacin Ford.

Como puede apreciarse os esfuerzos por conseguir una reforma a la

justicia penal han sido mltiples y financiadas por distintas

18

organizaciones, pero dirigidos a un mismo fin. Actualmente, 19 de los

26 pases de Amrica Latina, que pertenecen al sistema, han adoptado

el cambio, por lo menos en lo que se refiere al aspecto procesal.

La reforma en Amrica Latina (Proyecto Maier), se ha fundamentado

principalmente en: 1) La creacin de un sistema de justicia

independiente y despolitizado. 2) La existencia de un mayor control

jurisdiccional. 3) En el mejoramiento de la lucha contra la criminalidad,

lo que incluye el establecimiento de verdaderas polticas criminales de

Estado de carcter permanente y no meramente transitorias. 4) Evitar

que el sistema de justicia penal caiga en el lesseferismo (impunidad) o

en el castigo excesivo. 5) Una reforma procesal penal a favor del ser

humano y de los derechos que le son inherentes, donde el individuo

imputado, sea considerado como tal y no como un objeto, ya que

"ningn Estado de Derecho puede estar legitimado para aplicar su

aparato punitivo a una persona, con el propsito de proteger a la

sociedad dentro de su territorio, con desconocimiento de los derechos

que le son inherentes al hombre." 12

Al igual que otros pases de la regin, en Panam la ciudadana

cuestiona su sistema judicial bajo la mxima que "justicia tarda no es

MORA MORA, Luis Paulino. Nuevo Cdigo de Procedimiento Penal. Bolivia.www.fiscalia.gov.bo/icmp/curso-inductivo/1.htm.

19

justicia". Existe la percepcin de una gran lentitud en la resolucin de

las causas que se someten al conocimiento de la jurisdiccin a lo que

se ana el sentimiento que el sistema es ineficiente. En el tema de la

justicia penal existe la percepcin que el Estado ha sido incapaz en

combatir fa criminalidad por que transmite una sensacin de impunidad,

lo que se traduce en inseguridad. Paradjicamente este sentimiento de

impunidad va de la mano con un enorme hacinamiento en los centros

penitenciarios del pas, que no responden a las normas estndares

mnimas para este tipo de actividad.

Esta ecuacin se traduce en una percepcin ciudadana cuyo resultado

es la aplicacin rgida de justicia para los pobres e impunidad para los

que detentan cierto grado de poder.

En cuanto al procedimiento penal, todava, en pleno Siglo XXI se sigue

un sistema inquisitivo escrito, donde existe una preeminencia de poder

autoritario y hasta autocrtico por parte del sistema estatal, basado en

la existencia y aplicacin de "criterios que desconocen la presuncin de

inocencia y condicin natural de libertad y dignidad del hombre, tal es

as que por el solo hecho de una sindicacin de comisin u omisin

criminal del imputado es tratado, desde el primer acto de la prevencin

como culpable, sometido al injusto y humillante cumplimiento de graves

20

y anticipadas penas restrictivas de sus elementales derechos, obligado

a demostrar su inocencia y destruir la presuncin de culpabilidad que

sobre l pesa. 13

Por suerte en este momento existe un movimiento que propugna por un

sistema acusatorio oral, en contradictorio, transparente y pblico.

Aunque todava subsiste el sistema inquisitivo escrito, de corte

eminentemente colonial, con un autoritarismo muy fuerte y que se ve

impregnado negativamente por la existencia de un Ministerio Pblico

que controla la parte investigativa de la Polica Tcnica Judicial, instruye

las sumarias y adems ejercita la accin penal con todo el rigor y peso

que le da el ser una institucin de[ Estado.

Frente a esta anomala (fctica y jurdica) se ha creado tmidamente

una especie de control jurisdiccional a travs de los denominados

incidentes de controversia. Por tanto, mientras en la mayora de los

pases de Amrica Latina las normas de procedimiento penal

responden a un sistema acusatorio oral, en Panam seguimos con el

sistema inquisitivo escrito, que cada da se consolida como nica forma

conocida de represin del delito.

En nuestro procedimiento penal (que es predominantemente escrito), la

investigacin se inicia ante el Ministerio Pblico de oficio, por denuncia

j Ibdem.

21

o por querella de la parte agraviada (segn lo seale la Ley). La

tendencia moderna, tanto en Europa como en Amrica Latina, es el

rechazo del sistema inquisitivo heredado de Europa en los siglos

pasados y la adopcin al modelo acusatorio basado en un proceso oral

donde la investigacin y la acusacin pasen de manos dei Juez al

Fiscal. El Juez, a su vez, se convierte en un rbitro entre las partes y

garantiza el cumplimiento de la legalidad y las garantas fundamentales.

Para Goldschmidt "... el procedimiento penal se convierte de este

modo en un litigio y el examen del procesado no tiene otra significacin

que otorgar audiencia. Esta configuracin del proceso, es decir, la

aplicacin del principio dispositivo o de instancia de parte al

procedimiento criminal, es la acusatoria." 14

Una diferencia del sistema panameo con los dems pases arraigados

al sistema inquisitivo, es que el Fiscal panameo juego un papel

primordial en la investigacin de los delitos. Adems de los poderes

autoritarios que la Ley le confiere, el Fiscal adquiere muchos otros en el

orden prctico que merman el derecho de defensa del imputado, como

el hecho de manipular cmo y en qu momento toma la indagatoria sin

que se cumpla ningn mecanismo de notificacin al defensor.

Metafricamente hablando, pudiera explicarse en el sentido que

" GO ,DSCHMIDTlames. Ob. Cit.. pp. 107.

22

,, soberano de a partida, el inquisidor (fiscal) elabora hiptesis dentro de

un marco paranoide: y as surge el casuismo impuro de las confesiones

contra los correos, a veces obtenidas con promesas de impunidad. "'5

El Fiscal panameo tambin tiene facultades autoritarias al poder

otorgar o no a los abogados defensores las copias del sumario,

dependiendo de su voluntad hacerlo hasta despus de la indagatoria,

an cuando la norma procesal dispone algo diferente.

El procedimiento existente, y fundamentalmente su prctica cotidiana

conculca muchas garantas al imputado en su derecho de defensa,

como es la intervencin del defensor tcnico en la diligencia

indagatoria, quien acude como un simple convidado de piedra o la

violacin al contradictorio que constituye el negarle al imputado el

derecho a apelar del auto de enjuiciamiento, etc.

Mencin especial merece la justicia administrativa de polica,

representada principalmente por los Corregidores, quienes no forman

parte del rgano Judicial. Estos funcionarios pblicos pertenecen al

rgano Ejecutivo y son nombrados y destituidos (subordinados) por el

Alcalde del Distrito Municipal a que pertenece el Corregimiento. En la

prctica los Corregidores, ms que al Alcalde, responden al Partido

Poltico al cual pertenece (del cual tambin es parte el Alcalde).

'' CORDERO. Ob. cit., pp. 19.

23

Los Corregidores administran la justicia policiva o administrativa, es

decir, todo lo relacionado con faltas y contravenciones. La gran mayora

no son abogados, y la mitad slo tiene una educacin primaria. Los

Corregidores pueden imponer sanciones de hasta un ao (1) de

arresto, multas, trabajo en obras sociales (medida declarada

inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia), comiso, fianza de

paz y buena conducta y amonestacin. El proceso previsto para juzgar

estas infracciones es verbal y sumarsimo, y sus decisiones slo son

apelables ante el Alcalde, quien tambin es una autoridad

administrativa de polica al igual que los Gobernadores.

Los Corregidores adems son utilizados por las fuerzas policivas para

la realizacin de todo tipo de allanamiento, inclusive en materia de

drogas, lo que es de cuestionable legalidad. Otra figura colateral a la del

Corregidor es la de los Jueces Nocturnos de Polica que funcionan en

las Ciudades de Panam y Coln, como reminiscencia de la poca de

la dictadura militar. Son Corregidores, solamente que actan durante

horas de la noche. El Corregidor es una de las figuras ms criticadas

del sistema de justicia penal, debido al carcter poltico de los

nombramientos y de sus actuaciones, aunque asimismo es una

institucin de gran importancia, ya que la mayora de los conflictos y

24

problemas de la sociedad se resuelven en esa instancia, estando, por lo

tanto, muy cercanos a la poblacin de su territorio. En lugares

sumamente apartados y de difcil acceso el Corregidor juega un rol

fundamental en el equilibrio de la paz social.

A lo expuesto, podemos agregar que el sistema correccional o de

polica es el ms saturado ya que en pocas palabras se trata de la

justicia popular en virtud que casi todos los ciudadanos tienen acceso a

los Corregidores.

Retomando el hilo de la rotura paradigmtica producida por la reforma

procesal, podemos decir que los cambios introducidos con la vigencia

del Cdigo Judicial de 1987 han sido considerados positivos para el

procedimiento civil (fundamentalmente por la enorme influencia que

ejerci Jorge Fbrega); ms no para el procedimiento penal ni para el

sistema de organizacin judicial. Muy por el contrario, se han creado

reformas al procedimiento penal que cercenan garantas del ciudadano,

como la ya mencionada imposibilidad de apelar el auto de

enjuiciamiento por parte del imputado y en contraprestacin el

Ministerio Pblico y la querella s pueden apelar la resolucin judicial

que decreta el sobreseimiento ya sea definitivo o provisional; otro de los

elementos ms criticados al sistema de justicia penal es el papel que

25

juega el Ministerio Pblico en el proceso penal. Igualmente el pas,

contina con un sistema de justicia administrativa paralelo, separado

del rgano Judicial y cuyos procedimientos frecuentemente han sido

criticados por alejarse de las reglas del debido proceso, entendido como

"una institucin de carcter instrumental en vistur de la cual en todo

proceso debe brindarse a la persona una serie de garantas y de

protecciones que permitan a las personas una "fucha por el derecho",

una defensa efectiva de sus derechos..." ' 6 Si a esta problemtica se

suma una alta poblacin penitenciaria, escasez de servicios legales,

poca utilizacin de mtodos alternos para la solucin de conflictos, se

obtiene un sistema de administracin de justicia alejado del ciudadano

comn.

Existe entonces una percepcin ciudadana (equivocada o no) de un

sistema de justicia penal politizado y donde se percibe una total

impunidad para los crmenes de cuello blanco y un excesivo castigo

para las clases sociales econmicamente desprotegidas, lo que acarrea

una desconfianza de los ciudadanos hacia el sistema. Los ciudadanos

estiman que la fundamentacin ideolgica del sistema es hostil hacia

ellos. Tambin hay una gran percepcin de corrupcin y falta de

transparencia.

"` HOYOS, Arturo. El Debido Proceso. Editorial Temis. Santa Fe Bogot. 1998. pp, -58

26

El usuario de sistema percibe, entre otras anomalas, la existencia de

una serie de prcticas, procedimientos y formalidades anacrnicas que

entorpecen la tramitacin de los casos, crean una excesiva mora

judicial y no satisfacen plenamente las necesidades de la sociedad ni

estn acordes con los avances tecnolgicos ni con las teoras de

modernizacin del Estado. Adems es obvia la inexistencia de polticas

estatales especficas para los operadores y auxiliares de la

administracin de justicia, orientadas a brindar un mejor servicio a los

usuarios del sistema y basadas entre otros, en principios como la

igualdad procesal de las partes, el respeto a los derechos humanos,

economa y celeridad procesal, el reconocimiento de la finalidad del

proceso, inmediacin, regla moral del proceso, etc., que si bien estn

en las normas, se convierten en letra muerta en la prctica.

En cuanto a la defensa penal es importante referirse a la formacin de

los abogados. La carrera de Derecho fue una de las primeras que

recibi impulso en Panam. En 1841 se crea la Universidad del Istmo y

en 1842 el Colegio del Istmo, pero al cesar el perodo del Estado Libre

del Istmo, dichos centros de enseanza desaparecieron. Despus de la

independencia, en 1904 se cre el Colegio Universitario de Panam. En

el ao de 1918 se crea la Facultad Nacional de Derecho y la Escuela de

27

Derecho y Ciencias Polticas. En 1924 se promulg la primera Ley

regulatoria de la profesin del Derecho, que tuvo como mrito el

permitirle a la mujer el libre ejercicio de la abogaca. La Universidad de

Panam fue fundada el 7 de octubre de 1935, con la carrera de

Derecho y Ciencias Polticas, entre otras.

Tradicionalmente existieron dos (2) Facultades de Derecho en la

Repblica de Panam, en la Universidad de Panam y en la Santa

Maria La Antigua. Hoy existen alrededor de diecisis (16) Facultades de

Derecho, con distintos sistemas educativos que van desde la educacin

presencial, la semi presencial hasta la educacin a distancia. Tambin

existe variacin en cuanto al tiempo de formacin del profesional que va

desde tres aos y medio (3.5) hasta siete aos (7).

En Panam, para ejercer la profesin de abogado es necesario poseer

certificado de idoneidad expedido por la Corte Suprema de Justicia,

para el cual solo se exige la presentacin del ttulo de Licenciado en

Derecho expedido por alguna de las universidades panameas o de

ttulo extranjero revalidado por la Universidad de Panam y constancia

de que se es panameo. La colegiatura obligatoria fue declara

inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.

28

En la actualidad hay ms de ocho mil (8,000) profesionales del Derecho

y la Facultad de Derecho de la Universidad de Panam, que es la ms

grande y la ms antigua, tiene una matrcula aproximada de dos mil

quinientos (2,500) estudiantes con un cuerpo aproximado de docentes

de unos ciento cincuenta (150) profesores.

Este tema, se justifica porque al estudiarse el funcionamiento del

sistema de justicia a travs del procedimiento penal, ste exige la

presencia de un abogado defensor (privado o de oficio) en todas sus

etapas, ya que el derecho a una defensa plena constituye una de las

principales garantas para los ciudadanos inculpados por la comisin

de un delito. Este derecho puede ser ejercido mediante la

designacin de un defensor privado que le asista y le defienda, o bien,

cuando el acusado no posea los recursos econmicos suficientes

para poder costear los honorarios de un abogado particular, le es

asignado uno de oficio por el Ministerio Pblico o el rgano Judicial.

En Panam, la defensa legal como parte de la tutela penal efectiva en

el proceso penal se encuentra regulada en el artculo 22 de la

Constitucin Poltica. La normativa garantiza asimismo el derecho a la

asistencia legal gratuita a las personas que lo soliciten en casos

penales y a indigentes en materia civil (familia, menores y reforma

9

agraria). Segn las reglas del Patrocinio Procesal Gratuito, tienen

derecho a la asistencia legal gratuita las personas que ganan menos de

Bl. 5,000.00, anualmente y que sus bienes sean menos de BI. 5,000.00.

La defensa pblica est en manos del Instituto de Defensora de Oficio

(el Ttulo XV del Cdigo Judicial regula esta institucin) el cual est

subordinado a la Corte Suprema de Justicia.

El cuerpo de defensores pblicos en la Repblica de Panam est

integrado por un aproximado de ocho (8) defensores de oficio a nivel de

los cuatro (4) Distritos judiciales, cincuenta (50) defensores en el mbito

circuital, tres (3) municipales y 21 defensores asistentes de los

mencionados, contemplando aquellos remunerados por el Estado y por

colaboraciones internacionales como el Proyecto Especial de la

Comunidad Europea y el Proyecto de Apoyo a la Modernizacin del

Sistema Penitenciario (Comisin Europea).

El nmero de defensores pblicos es excesivamente bajo, cada

defensor tiene una carga laboral promedio de 565 casos, para atender

las necesidades de una poblacin penal y civil tan alta por lo que las

personas de bajos recursos tienden a ver por primera vez a su

defensor el da de la audiencia. Como iniciativa no gubernamental

algunas instituciones privadas o grupos cvicos ofrecen a los

3o

ciudadanos asistencia legal gratuita en asuntos de naturaleza civil,

laboral o administrativa, entre estos estn el Colegio Nacional de

Abogados, los Consultorios de Asistencia Legal de la Universidad de

Panam y la ULACIT, Comisin de Justicia y Paz, y otras_

Actualmente existe una regulacin jurdica aceptable en cuanto al

derecho a la defensa pblica en materia penal y una realidad orgnica y

presupuestaria bastante maltrecha.

Este trabajo de investigacin se efectuar con el inters de realizar un

diagnstico que permita a las autoridades y a fa sociedad civil conocer

la importancia que tiene para los asociados el derecho a la defensa

pblica en materia penal, como mecanismo garantizador del acceso a la

justicia. As como la elaboracin de polticas, planes, programas y

estrategias tendientes al cumplimiento del derecho a la defensa gratuita

en materia pena; y, donde el objetivo final debe ser la preparacin de

un ante proyecto de Ley acorde con las necesidades y requerimientos

actuales de la sociedad.

La evaluacin que se realizar por este conducto, esperamos nos

conduzca a la aportacin de ideas positivas a fin de mejorar y

complementar el derecho que tienen los procesados penalmente a que

el Estado les provea de una defensa gratuita, sin desmedro de los

31

derechos que tiene la vctima dentro del proceso, pero s como una

garanta de acceso a la justicia.

Estimamos que la investigacin nos puede llevar a plantear la

reestructuracin o modernizacin del instituto de defensa gratuita en

materia penal y a la formulacin de seminarios adaptados a la realidad

contempornea y a un diseo de defensa gratuita en materia pena

verdaderamente serio, cientfico y garantizador del acceso a la justicia.

1.3. Formulacin del Problema.

Existe un verdadero derecho de defensa en la legislacin procesal

penal` panamea? Se cumplen en la prctica los presupuestos

procesales de la defensa penal? El derecho a la defensa gratuita en el

proceso penal panameo ejerce una influencia significativa en cuanto a

la posibilidad de acceder a la justicia por parte del imputado? Cul es

la relacin de causalidad positiva entre el derecho de defensa gratuita

en materia penal y la garanta de acceso a la justicia?.

Por tanto el diagnstico se fundamentar en la relacin existente entre

el derecho a la defensa gratuita en materia penal y la garanta de

acceso a la justicia.

32

1.4. Alcance o Delimitacin del Problema.

Los lmites temporales y espaciales establecidos para el estudio de la

defensa pblica o gratuita estarn fijados por el anlisis de la

normatividad jurdica vigente en la Repblica de Panam, aunque obvia

y necesariamente tendremos que referirnos a los antecedentes

fundamentadores de la realidad actual, as como a las normas de

Derecho Internacional que sobre la materia ha reconocido nuestro pas.

En cuanto al perfil de las unidades de investigacin, tomaremos en

consideracin a usuarios y operadores del sistema de justicia penal,

especialmente a los defensores de oficio.

An cuando existen algunos factores desfavorables, como lo es el

financiamiento para realizar la investigacin, estimamos que contamos

con el recurso humano necesario y el factor tiempo. Esta investigacin

se encuentra delimitada por los objetivos generales y especficos

sealados a continuacin.

El tema de la defensa gratuita en el proceso penal panameo como

mecanismo de acceso a la justicia ser analizado mediante la

recoleccin de datos que resuelvan el problema de investigacin en su

alcance geogrfico, contextual y temporal. Se utilizarn los recursos

personales, legales, bibliogrficos, metodolgicos, etc., necesarios que

33

permitan el xito de la investigacin. La factibilidad del proyecto nos

permitir alcanzar la finalidad deseada que consiste en la propuesta de

realizar seminarios talleres que posteriormente permitan desembocar

en un Anteproyecto de Ley sobre la temtica.

1.5. Objetivos.

A travs de los objetivos vamos a conocer las caractersticas del

problema, a explicar la interaccin entre las variables y a prever los

fenmenos en que cada variable interviene.

1.5.1. Objetivos Generales.

Analizar la institucin de la defensa gratuita en el procedimiento penal

panameo

Conocer los aspectos ms importantes de la defensa gratuita en

materia penal.

Evaluar la regulacin jurdica y el funcionamiento fctico de la defensa

gratuita en materia penal.

34

1.5.2. Objetivos Especficos.

Revisar los antecedentes que existen sobre la defensa gratuita en el

proceso penal panameo.

Identificar los aspectos positivos y negativos de orden jurdico y fctico

que actualmente tiene la defensa gratuita en el proceso penal.

Examinar la relacin existente entre el derecho a la defensa gratuita en

el proceso penal y el acceso a la justicia.

Elaborar seminarios talleres que lleven a una propuesta de ante

proyecto de Ley, para adecuar el sistema de derecho a la defensa

gratuita en materia penal a las necesidades de la sociedad y acorde a

las modernas orientaciones doctrinales sobre la materia.

1.6. Hiptesis.

Para efectos de este trabajo, se entienden como hiptesis las

explicaciones tentativas del fenmeno investigado y las mismas surgen

del planteamiento del problema. En este caso estamos frente a

hiptesis de investigacin. Los supuestos indicados con anterioridad

nos ayudan a formular la hiptesis de trabajo.

Planteado y entendido el problema de investigacin, tenemos que

establecer las guas u orientaciones dei problema. Si entendemos las

15

hiptesis como lo buscado, lo que se quiere encontrar, las podemos

definir como explicaciones tentativas o respuestas posibles a las

preguntas de investigacin.

Para Hernndez Sampieri las hiptesis son proposiciones tentativas

acerca de las relaciones entre dos o ms variables y se apoyan en

conocimientos organizados y sistematizados. El mismo autor define las

variables como una propiedad que puede variar y cuya variacin es

susceptible de medicin. 17

En consecuencia las variables nos ayudan a

realizar construcciones hipotticas.

As las cosas y para efectos de esta investigacin nuestras hiptesis de

investigacin est conformada por:

El acceso a la justicia en los procesos penales es garantizado, entre

otros supuestos, por el derecho a la defensa gratuita.

Como variables tenemos:

Derecho a la defensa gratuita en los procesos penales.

Garanta de acceso a la justicia.

'- HERNNDEZ SAMPIERI, Roberto y otros. Metodologa de la Investigacin. SegundaEdicin. McGr -, Hila. Mxico, 2000, pp. 7-1.

JN1VER.SIDAD DE pAN

Br8LIOTj0A

36

CAPTULO 2.0 : MARCO DE REFERENCIA.

2.1. Antecedentes de estudios nacionales realizados en cuanto a

esta materia.

Con respecto a material bibliogrfico nacional sobre el derecho a la

defensa penal y el acceso a la justicia como garanta de la tutela penal

efectiva, existen varios trabajos, entre los que podemos mencionar el de

Habeas Corpus estudio comparado de Aurelio Al Bonilla (Universidad

de Panam, 1963), Lecciones de Derecho Penal Parte General de

Carlos Enrique Muoz Pope, Derecho Penal panameo de Campo

Elas Muoz y Aura Guerra de Villalaz.

Se utilizaron a manera de referencia los trabajos que ya se han

realizado en la Repblica de Panam sobre el estado de la

administracin de justicia, advirtiendo que la mayora estn

fundamentados en la ptica de los operadores de justicia. Existen

trabajos efectuados en 1987, 1991, 1992 y aos subsiguientes que se

refieren a la temtica de la administracin de Justicia en Panam.

No podemos dejar de mencionar a autores como Jorge Fbrega P.

Pedro Barsallo y Secundino Torres Gudio, en cuyas obras tambin

se hace afusin al problema del acceso a la justicia.

n7

2.2. Marco Terico.

El marco terico de una investigacin se entiende como el problema

medular de la investigacin, donde se deben ligar en forma lgica los

elementos contentivos del problema a desarrollar. Por tanto, para esta

investigacin nuestro marco terico estar supeditado al aspecto

fundamental, el cual es la defensa procesal gratuita en materia penal.

Tambin haremos especial nfasis en el tema correspondiente al

acceso a la justicia, el cual trataremos en el contexto de algunas

precisiones terminolgicas.

2.2.1. Aspectos esenciales de la administracin de justicia en

Panam.

Al igual que todos los Estados demoliberales modernos, la

Administracin de Justicia en Panam encuentra su regulacin en la

Constitucin y su desarrollo, fundamentalmente, en las normas

procesales. A diferencia de otros pases, en Panam no existe una

legislacin propia de organizacin judicial y seguimos con el antiguo

sistema del siglo XIX donde el tema era regulado en el Cdigo

Procesal,

38

En la actualidad el Libro 1 del Cdigo Judicial se refiere a la

organizacin y funcin de los Tribunales de Justicia y sus funcionarios.

Es a travs de los despachos judiciales que se ejercita la actividad de

administrar justicia, o sea, que se hace efectiva la funcin jurisdiccional.

El sistema judicial panameo no escapa de las caractersticas comunes

que se han enseado durante siglos en los claustros universitario, esto

es, que es una prestacin de servicio que realiza el Estado con carcter

permanente a todos sus ciudadanos, pero que lo hace exclusivamente

por conducto de los Jueces y sus decisiones una vez se encuentra

ejecutoriadas son definitivas.

2.2.1.1. Principios o caractersticas bsicas que garantizan el

acceso al sistema de administracin de justicia en Panam.

En el entorno global, el rgano Judicial panameo no es distinto ni

diferente al de los pases que siguen la misma concepcin us filosfica,

an cuando cada uno tiene sus propias particularidades.

2.2.1.1.1. Es permanente e ininterrumpida.

El carcter permanente surge de la propia estructura dei sistema de

administracin de justicia. En Panam priva la separacin de los

39

poderes y el rgano Judicial es autnomo e independiente de los otros

rganos Superiores del Estado.

La Constitucin Poltica indica lo siguiente:

"Artculo 202 . El rgano Judicial est constituido porla Corte Suprema de Justicia, los tribunales y losjuzgados que la Ley establezca. La administracin dejusticia tambin podr ser ejercida por la jurisdiccinarbitral conforme lo determine la Ley. Los tribunalesarbitrales podrn conocer y decidir por s mismosacerca de su propia competencia."

Al respecto el Cdigo Judicial, desarrollando el carcter de

permanencia del rgano Judicial nos dice:

"Artculo 3. La administracin de justicia en lo judicialse ejerce de una manera permanente por la CorteSuprema de Justicia, los Tribunales Superiores deJusticia, los Jueces de Circuito, los JuecesMunicipales, el Tribunal Tutelar de Menores, losTribunales Martimos, los Tribunales Superiores deTrabajo, los Juzgados Seccionales de Trabajo ycualesquiera otros tribunales que se creen dentro delrgano Judicial.Tambin se ejerce en casos especiales, por personasparticulares que, en calidad de jurados, arbitradores orbitros, o por razn de cualesquiera otros cargos deesta misma naturaleza, participen en las funcionesjurisdiccionales, sin que ello incluya a tales personascomo parte del rgano Judicial.Los agentes del Ministerio Pblico participan en laadministracin de justicia en calidad de funcionariosde instruccin mediante el ejercicio de la accin penal.Tambin tendrn la representacin de interesesnacionales, municipales y sociales, en los casos queseala la ley."

40

Adems el servicio brindado es ininterrumpido, expedito y de carcter

gratuito. El artculo 201 constitucional nos dice que la administracin de

justicia es gratuita, expedita e ininterrumpida, io que es repetido por el

artculo 1 del Cdigo Judicial.

El tema relativo a la administracin de justicia ininterrumpida, en

nuestro pas estuvo ntimamente relacionada con las vacaciones

masivas que tomaban los funcionarios judiciales durante el mes de

marzo. En ese perodo las oficinas judiciales cerraban sus puertas y

solamente funcionaban los Juzgados Municipales. Lo anterior derivaba

del pasado colonial espaol y pas a nuestro sistema a travs de las

respectivas leyes colombianas. El antecedente ms cercano fue la Ley

19 de 1966, que fue declarada constitucional por la Corte Suprema de

Justicia.

Como consecuencia de las reformas constitucionales de 1983, se volvi

a demandar la inconstitucionalidad de fa Ley 19 de 1966, frente a la

nueva redaccin del artculo 198 de la Constitucin. Mediante sentencia

de 26 de enero de 1984, la Corte declar inconstitucional !as

vacaciones masivas reguladas en la Ley 19 de 1966. Sin embargo,

mediante un recurso de nulidad la propia Corte revis su fall y

41

mediante sentencia calendada 28 de enero de 1986 revoc su propio

decisin anterior.

El problema qued solucionado con la entrada en vigencia del Cdigo

Judicial de 1987, que reglament en el Libro 1, las vacaciones de los

funcionarios judiciales.

2.2.1.1.2. Es exclusiva.

De lo anterior se deduce que la administracin de justicia brinda un

servicio propio de su esencia, o sea, fue creada para la funcin de

administrar justicia, resolver los problemas entre particulares o entre

estos y el Estado. Es ejercida como un atributo de la soberana estatal,

lo que la hace indelegable.

Por mandato constitucional se permite que en la administracin de

justicia intervengan los jurados de conciencia y que existan mtodos

alternos de solucin de conflictos como el arbitraje, la conciliacin y la

mediacin. Tanto los jurados de conciencia en materia procesal penal

como los rbitros en el procedimiento civil o mercantil actan en

funciones jurisdiccionales, sin que ello incluya a tales personas como

parte del rgano Judicial. En el caso de los jurados de conciencia su

participacin es ad honores y obligatoria, en cambio los rbitros, los

42

mediadores y los conciliadores no estn en la obligacin de aceptar el

cargo y su participacin es remunerada.

2.2.1.1.3. Es gratuita.

El servicio ofrecido por la administracin de justicia no puede ni debe

estar sujeto a ningn tipo de impuesto o contribucin, los nicos gastos

que se deben causar son los normales como el pago de honorarios de

los abogados, los honorarios de peritos, etc. El artculo 201 de la

Constitucin Poltica seala que la administracin de justicia es gratuita,

que toda actuacin se har en papel simple y que la gestin y actuacin

en los procesos no estar sujeta a impuesto alguno (ver artculos 1 y

477 del Cdigo Judicial).

El tratar en la Constitucin el tema del uso del papel simple, tiene una

explicacin histrica. Hasta 1983, los procesos civiles se gestionaban

en papel sellado, el cual tena un costo econmico que ingresaba al

Fisco. La reforma constitucional de 1983, elimin el uso del papel

sellado en los procesos por considerar que de una manera disimulada

constituida un impuesto indirecto. En cuanto a la gratuidad tambin se

elimin, en el Cdigo Judicial de 1987, el afianzamiento de costas que

se tena que dar en los procesos civiles.

43

En la actualidad al amparo de pobreza (Cdigo Judicial de 1917) se le

denomina, en el Cdigo Judicial de 1987, patrocinio procesal gratuito y

se ubica con los procesos no contenciosos en Libro II, Ttulo XIII,

Captulo II, acpite 7. Las normas especficas que regulan esta materia

son los artculos 1446 al 1450. En este cuerpo legal hay muchas

variaciones, en comparacin con las normas contentivas de la materia

en el Cdigo Judicial de 1917.

Por otra parte, en el proceso penal se regula la figura del Instituto de

Defensora de Oficio que ser parte del tema central de este trabajo y al

cual nos referiremos ms adelante. En cuanto al Proceso Penal de

Adolescentes, la Ley 40 de 1999 en su artculo 17.2, garantiza el

derecho de los adolescentes entre los 14 y los 18 aos a ser defendidos

por un abogado desde el inicio de las investigaciones. Igualmente los

artculos 37 y 43 de la citada Ley reiteran el derecho de defensa del

adolescente.

Se regul un patrocinio procesal gratuito en materia agraria, policiva y

administrativa a travs del Decreto No. 38 de 25 de mayo de 1988,

emitido por el Ministerio de Gobierno y Justicia. Pero con la vigencia de

la Ley 19 de 1991, dicho Decreto perdi vigencia y en la actualidad el

Instituto de Defensora de Oficio asume la representacin en algunas

44

provincias, sobre todo cuando se trata de procesos de adjudicacin de

tierras o de oposicin a la adjudicacin.

En materia laboral el artculo 579 del Cdigo de Trabajo establece que

presentada la demanda de trabajo personalmente por el trabajador, el

Juez de conocimiento le designar un defensor de oficio. Adems

reconoce la defensa natural. Para cumplir con este patrocinio procesal

se dicta el Decreto No. 84 de 31 de diciembre de 1996, por el cual se

crea la Direccin Nacional de Asesora y Defensa Gratuita a los

Trabajadores y se designa a Defensores Laborales que pertenecen al

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social

En la jurisdiccin de familia, la Ley 3 de 1994, por la cual se aprueba el

Cdigo de la Familia introduce las figuras del abogado de oficio de

familia y de menores as como el defensor del menor. En cuanto al

procedimiento se remite al Cdigo Judicial.

2.2.1.1.4. Es un servicio pblico.

El servicio pblico se define como "... una prestacin concreta que

tiende a satisfacer las necesidades de la colectividad y que se realiza

directamente por la Administracin Pblica Federal o los particulares

mediante concesin, arriendo o una simple reglamentacin legal en la

45

que se determinen las condiciones tcnicas y econmicas en que debe

prestarse, a fin de asegurar su menor costo, eficiencia, continuidad y

eficacia." 's

Cuando nos referimos a la administracin de justicia estamos hablando

de la jurisdiccin o sea del rgano encargado de administrar justicia. El

servicio pblico de administracin de justicia no es ms que la

oportunidad brindada por el Estado a los particulares para que diluciden

sus diferencias o controversias ante una institucin encargada

permanentemente para esos menesteres. Adems dicho servicio

pblico va ms all, ya que tambin dirime problemas entre el Estado y

los particulares en un mbito de independencia judicial.

' http://www.dcfnicion.orglservicio-publico

46

2.2.1.2. La planta judicial en Panam.

Sin nimo de caer en relatos repetitivos y solamente con el deseo de

reforzar esta investigacin, nos referiremos brevemente a la estructura

del rgano Judicial en nuestro pas.

Iniciaremos por la Corte Suprema de Justicia, seguiremos con los

Tribunales Superiores de Distrito Judicial, posteriormente con los

Jueces de Circuito para terminar con los Jueces Municipales y los

Juzgados Comarcales. Advertimos que no entraremos en detalles sobre

competencia.

CORTE SUPREMM DE JUSTICIA

TRIBUNALES SUPERIORES (CIVILES, PENALES, DE FAMILIA, DETRABAJO, DE NIEZ Y ADOLESCENCIA, DE COMERCIO)

JUZGADOS DE CIRCUITO CIVILES, DE COMERCIO Y PENALES /JUZGADOS SECCIONALES DE FAMILIA, DE TRABAJO, DE NIEZ

Y ADOLESCENCIA

JUZGADOS MUNICIPALES CIVILES, DE COMERCIO, PENALES YDE FAMILIA

JUZGADOS COMARCALES

47

2.2.1.2.1. La Corte Suprema de Justicia.

Con jurisdiccin y competencia en todo el territorio nacional, dicha

Corporacin Judicial es la mxima administradora de justicia y su pleno

est compuesto por nueve Magistrados nombrados por el Ejecutivo y

ratificados por el Legislativo para un perodo de 10 aos y pueden ser

ratificados en sus cargos. Los requisitos para ser Magistrado de la

Corte Suprema de Justicia se encuentran en la propia Constitucin.

' Artcul`o 204. Para ser Magistrado de la CorteSuprema de Justicia se requiere:1.Ser panameo por nacimiento.2. Haber cumplido treinta y cinco aos de edad.3. Hallarse en pleno goce de los derechos civiles ypolticos.4. Ser graduado en Derecho y haber inscrito el ttulouniversitario en la oficina que la Ley seale.5. Haber completado un periodo de diez aos duranteel cual haya ejercido indistintamente la profesin deabogado, cualquier cargo del rgano Judicial, delMinisterio Pblico, del Tribunal Electoral o de laDefensora del Pueblo que requiera ttulo universitarioen Derecho, o haber sido profesor de Derecho en unestablecimiento de enseanza universitaria.Se reconoce la validez de las credenciales para serMagistrado de la Corte Suprema de Justicia,otorgadas de acuerdo con disposicionesconstitucionales anteriores."

La Cote Suprema de Justicia se encuentra conformada por el Pleno que

lo conforman los nueve Magistrados. Su principal funcin es la guarda y

control de la constitucionalidad.

48

Adems existen cuatro Salas para distintos tipos de negocios. La Sala

Primera que tiene que ver con todo lo correspondiente a la jurisdiccin

civil, comercial, martima y de familia. La Sala Segunda conoce los

casos en materia Penal. La Sala Tercera tiene que ver principalmente

con todo relativo a los recursos contencioso administrativos y la

casacin labora. Por ltimo la Sala de Negocios Generales es la

encargada de otorgar la idoneidades a los abogados y conoce lo

referente a ejecucin de sentencias extranjeras.

2.2.1.2.2. Tribunales Superiores.

El territorio nacional, en lo que respecta a las jurisdiccin ordinaria, se

encuentra dividido en cuatro distritos judiciales. El Primer Distrito

Judicial corresponde a las Provincias de Panam, Coln, Darin y fas

comarcas de Kuna Ayala y Ember Wonan, la sede est en la Ciudad

de Panam. El Segundo Distrito Judicial est compuesto por la

Provincias de Cocl, Veraguas y parte de la Comarca Ngbe-Bugle. en

el norte de la provincia de Veraguas, la sede esta en la Ciudad de

Penonom. El Tercer Distrito Judicial lo conforman las Provincias de

Chiriqu, Bocas del Toro y parte de la Comarca Ngbe-Bugle ubicada

en las provincias de Chiriqu y Bocas del Toro. la sede est en Ciudad

19

49

de David. Las Provincias de Herrera y Los Santos forman el Cuarto

Distrito Judicial y el Tribunal Superior tiene su sede en la Ciudad de Las

Tablas.

Los requisitos generales para ser Magistrado de Tribunal Superior se

encuentran en el Cdigo Judicial y sus respectivas competencias en el

Libro 1 del Cdigo Judicial complementado con los respectivos estatutos

sustantivos.

T cer

Segundo

i )1 Cuart

En lo que respecta a los Tribunales Superiores, existen diferentes

criterios sobre la competencia territorial y la competencia por razn de

la materia. Los cuatro Distritos Superiores mencionados con antelacin,

responden exactamente a la jurisdiccin y competencia de los

Tribunales Superiores Civiles y Penales, no as en los otros casos.

1 9 Mapa lomado de la pgina web del rgano Judicial.

50

En este nivel jerrquico podemos mencionar a la jurisdiccin del

Trabajo, Libre Competencia y Asuntos de! Consumidor, Niez y

Adolescencia, Familia y Martima.

En la jurisdiccin de Trabajo existen dos Tribunales Superiores que

conocen en apelacin los asuntos decididos en primera instancia por

los Jueces Seccionales de Trabajo o por las Juntas de Conciliacin y

Decisin. El Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial,

cuya sede es Panam, tiene jurisdiccin y competencia en las

Provincias de Panam, Coln, Bocas del Toro y Darin. Por su parte el

Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial, con sede en

Santiago conoce los asuntos de las Provincias de Veraguas, Cocl,

Chiriqui, Hererra y Los Santos.

En el caso de la jurisdiccin Martima existen dos Tribunales Superiores

con jurisdiccin y competencia en todo el territorio nacional y sus

resoluciones son conocidas en segunda instancia por la Sala Civil de la

Corte Suprema de Justicia.

2.2.1.2.3. Jueces de Circuito y Seccionales.

El principio general, heredado de nuestro pasado colombiano, es que

los Jueces Seccionales y de Circuito responde a la circunscripcin

51

geogrfica de una provincia, regla que se cumple en todos los casos

excepto en la Provincia de Panam la que est dividida en tres circuitos

judiciales: el primero, integrado por los Distritos Municipales de

Panam, Chepo, Chimn, Taboga y Balboa; el segundo, integrado por

el distrito de San Miguelito; y el tercero, integrado por Arraijn, La

Chorrera; Capira, Chame y San Carlos.

Existen Jueces de Circuito Civil, Penal y de Libre Competencia y

Asuntos del Consumidor (Comercio); y, Jueces Seccionales de Familia,

Trabajo y de Niez y Adolescencia.

2.2.1.2.4. Jueces Municipales.

Los Jueces Municipales tienen jurisdiccin y competencia en un Distrito

Municipal y actualmente existen Jueces Municipales en la jurisdiccin

Civil, Penal, de Libre Competencia y Proteccin al Consumidor

(Comercio), de Familia. En algunos casos existen Jueces Municipales

Mixtos. (Ver cuadro) 20

'9 Cfr. Pgina web del rgano Judicial,

52

Deciden los procesos por delitos sancionados por la ley con pena dePenales privacin de la libertad, que no exceda los 2 aos. Delitos de hurto

y robo cuyo monto no supere B/.1,000.00.

Conocen casos civiles de cuanta mayor de B/.250.00 sin excederCiviles

de B/.5,000.00.

FamiliaTratan casos relacionados con pensiones alimenticias y celebranmatrimonios.

LibreCompetencia y Conocen casos cuya cuanta no exceda de 81.3,000.00 de parte del

Asuntos del consumidor.Consumidor

Mixtos Tratan casos civiles y penales.

2.2.1.2.5. Juez Comarcano.

El Juez Comarcano se rige por una Ley especial y es nombrado por los

Jueces de Circuito en la misma forma que los Jueces Municipales. En el

caso de San Blas, el nombramiento lo realizan los Jueces de Circuito de

la Provincia de Coln.

2.2.2. La accin procesal, la pretensin punitiva y la tutela judicial

efectiva.

Guillermo Cabanella concibe la accin procesal en tres aspectos a

saber: a- Como ejercicio en la va judicial de un derecho subjetivo

privado. b- Cual expresin del derecho subjetivo pblico del individuo

frente al Estado, para conseguir la proteccin judicial. c- En tanto que la

53

potestad para requerir una resolucin judicial en una cuestin

controvertida. 21

Para efectos de este trabajo entenderemos la accin procesal como la

facultad o derecho que tiene todo ciudadano de concurrir a la

jurisdiccin a fin que se le resuelva una controversia. El concepto de

pretensin punitiva deriva del us puniendo del Estado y consiste en la

solicitud realizada a la jurisdiccin por quien se encuentra legitimado a

fin que se pronuncie condenando al imputado a !a pena sealada en la

legislacin punitiva. En cuanto a la tutela judicial efectiva es el respeto a

los derechos y garantas contenidos en la legislacin, especialmente lo

concerniente al derecho de defensa en juicio.

2.2.2.1. Concepto de Accin, Contradiccin y Defensa Pblica o

Gratuita.

La accin procesal es el derecho inmanente, abstracto, inmutable y

permanente que tiene cualquier asociado para concurrir a la

jurisdiccin, o sea, para accionar ante los organismos estatales

encargados de administrar justicia.

Cfr. CABANELLA. Guillermo. Diccionario Enciclopdico de Derecho Usual. Tomo IEditorial Neliasla. Buenos Aires. 1998, pp. 86.

54

El ciudadano que ejerce la accin ante la jurisdiccin se convierte en

demandante (o querellante en el proceso pena) y esta actividad

jurisdiccional trae como consecuencia causal la figura del demandado,

o sea, frente a quien se ejercita el derecho de accin. Por su parte el

demandado al acudir al proceso ejerce el derecho de contradiccin.

Priva entonces el principio nemo Ud ex sine actore y ne procedat iure ex

officio: no hay proceso sin actor, el Juez no puede iniciar el proceso civil

de oficio, pero el Ministerio Pblico puede iniciar oficiosamente un

proceso penal.

Podemos decir entonces que la accin procesal es el derecho

abstracto, inmanente, pero real que tiene todo ciudadano de pedir en

juicio lo que considera se le debe dar. Es una facultad ciudadana frente

al Estado, para que la jurisdiccin acte. Por medio de la accin

procesal se materializa el deber concreto de la jurisdiccin. A partir de

la accin procesal se inicia el proceso y se pone en movimiento a la

jurisdiccin. "El derecho de accin constituye una forma especfica de

presentar peticiones para que nos sean resueltas por el Estado, a

travs de la rama jurisdiccional, mediante un proceso." 22

LPEZ BLANCO. Hernn Fabio. Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano.Parte General Tomo I. Sptima Edicin. Duprc Editores, Santaf de Bogot, 1997, pp, 243.

55

En cuanto al tema de la accin, Jorge Fbrega ha manifestado que la

bajo el influjo del Derecho Romano, para la doctrina tradicional "... la

accin y el Derecho es una misma cosa, la accin no era, para ello ms

que una emanacin o complemento del derecho, que se destaca

solamente cuando ste es amenazado, perturbado o violado

cumpliendo una funcin de garanta. Se la conceba como el derecho

material mismo asumiendo una forma activa y agresiva por virtud de la

actuacin de uno de sus atributos naturales, sealndose que no poda

existir la accin sin la existencia previa del derecho que por ella se

haba de reclamar y sin una perturbacin por parte de otro, io cual

conduca tambin a admitir que fa accin participa de la naturaleza

propia del derecho que protege, correspondiendo, en consecuencia, su

ejercicio al titular del derecho material. Como dijera Couture: no hay

derecho sin accin.

La jurisprudencia panamea segua el criterio antes planteado y deca: "

que la accin es el medio de pedir judicialmente lo que nos pertenece o

por derecho nos corresponde y esto supone necesariamente la

existencia de un derecho propio en el demandante".(HERRERA, citado

por Fbrega, 1998: p.35). , 23

3 Cfr. FBREGA P.. Jorge. Instituciones de Derecho Procesal Civil. Segunda Edicincorregida. Editora Jurdica Panamea, Panam. 1999, pp. 88-89.

56

En sntesis podemos indicar que la accin procesal es la actividad por

medio de la cual se pone en movimiento fa jurisdiccin para obtener de

sta, un declaracin de fondo con respecto a una pretensin.

Frente al derecho de accionar ante la jurisdiccin, la doctrina ha creado,

en funcin de la bilateralidad y el contradictorio, el denominado derecho

de contradiccin. El derecho que tiene el reo o demandado de accesar

a la jurisdiccin para ser odo frente al demandante o pretensor. La

contradiccin surge como consecuencia de la accin o como dice

Niceto Alcal Zamora y Castillo "... a fa accin se opone la reaccin y

se contrapone la inaccin." 24 El derecho de contradiccin conlleva no

necesariamente la oposicin en juicio, pero s el derecho de defensa.

El derecho de defensa es un derecho natural del que goza todo

individuo para repeler cualquier accin realizada en su contra y que

tiene como fundamento demostrar la falta de fundamento de dicha

accin, o ms ampliamente constituye el "conjunto de actos legtimos

tendientes a proteger un derecho, ya sea mediante la exposicin de las

pretensiones inherentes al mismo, mediante la actitud de repeler las

pretensiones del adversario". 25

4 Niceto Alcal (1980:45).COUTURE, Eduardo. Vocabulario Jurdico. Editorial Depalma. Buenos Aires- Argentina.

1993, pp. 205.

57

Pero cuando se trata de defenderse en un proceso se concibe como el

derecho que tiene toda persona de concurrir al proceso y de oponerse a

la pretensin procesal ejercitada en su contra, para demostrar la

inexistencia de la misma. Es importante distinguir entre la defensa

natural o material que corresponde al mismo imputado y la cual se

define como "fa actividad procesal del imputado, es realizada por el

mismo para hacer valer, ante el Tribunal, sus derechos ,, 26 y la defensa

tcnica que es la realizada por el abogado a favor del imputado,

fundamentada en las actividades de asistencia y representacin del

mismo.

Esta defensa puede ser onerosa o gratuita. La defensa gratuita. pblica

o de oficio en los procesos penales es aquella otorgada por el Estado

para las personas que siendo investigadas, sumariadas o procesadas

no cuenten con los medios econmicos idneos para pagar una

defensa privada. En Panam esta defensa es desempeada por el

Instituto de Defensora de Oficio a travs de los defensores de oficio o

de los abogados voluntarios inscritos. Es diferente a la defensa privada

o particular, ya que en esta ltima existe una prestacin de servicios

profesionales que causan honorarios que deben ser sufragados por el

2f BARRIOS. Boris. Estudio de Derecho Procesal Penal. Torno 1. Cuarta Edicin, EditorialJurdica Ancn. Panam. 2(x()2, pp. 556

58

cliente, mientras que la defensa pblica o gratuita es remunerada por el

Estado o por instituciones internacionales, tal como ya se expres.

En virtud de las precisiones terminolgicas anteriormente anotadas,

podemos decir que la defensa pblica, oficiosa o gratuita es aquella que

brinda, por obligacin constitucional y legal, el Estado a toda persona

que es procesada y que carece de medios efectivos (principalmente

econmicos) para sufragar los gastos de un abogado particular.

La defensa gratuita se encuentra regulada en forma bastante aceptable

para el procedimiento civil, ms en los casos penales pareciera que

basta y sobra que el imputado manifieste que desee el nombramiento

de un defensor de oficio, para que el funcionario de instruccin o el

juzgador le designe uno.

2.2.2.2. Elementos de la Defensa Pblica o Gratuita.

Podemos sealar como elementos de la defensa gratuita los siguientes:

1) Existencia de un proceso contra una determinada persona, an

cuando la Constitucin Poltica prev la posibilidad de designar un

defensor oficioso desde las simples diligencias policiales. Esto ltimo en

la prctica es un eufemismo. 2) Un elemento metajurdico que es la

existencia del principio de presuncin de inocencia y el derecho a la

59

defensa. 3) Existencia de una persona a la cual se le realicen cargos

que puedan significar un encauzamiento penal. 4) Que la persona no

tenga medios econmicos para sufragar un defensa penal privada.

2.2.2.3. Caractersticas de la Defensa Pblica o Gratuita.

En Panam la defensa penal gratuita se caracteriza por lo siguiente: 1)

Es una defensa ofrecida por el Estado, a travs de! Instituto de

Defensora de Oficio o de los abogados voluntarios que se han inscrito

en dicha entidad. 2) En materia penal la defensa gratuita se identifica

con el defensor de oficio. 3) Los defensores de oficio pertenecen al

rgano Judicial y tienen las mismas prerrogativas e inhibiciones que los

funcionarios ante los cuales actan, por lo que una vez designado en el

cargo para un determinado caso, no puede desistir su designacin ni

rechazarla, salvo en los casos de impedimentos y recusaciones que

establece la Ley. 4) Es garantizadora del principio de presuncin de

inocencia, igualdad procesal, contradictorio y tutela penal efectiva. 6) Es

una funcin principalmente representativa. 7) La designacin obedece a

un carcter impositivo, realizada en la etapa sumarial o en el auto de

ll amamiento a juicio por el Juez que conoce de la causa.

60

2.2.2.4. Ventajas y Desventajas de la Defensa Pblica o Gratuita.

La defensa gratuita, pblica u oficiosa tiene sus ventajas y sus

desventajas, veamos algunas de ellas.

2.2.2.4.1. Ventajas.

Las ventajas ms importantes de esta institucin, son: 1) Es un servicio

gratuito brindado por el Estado a las personas de escasos recursos a

los que su situacin econmica les impide acceder a la justicia a travs

de una defensa privada. 2) Garantiza el derecho a la defensa. 3) Las

facultades de los defensores de oficio estn determinadas por Ley, por

tanto no puede desistir, transigir o realizar actos de disposicin del

derecho en litigio. 4) El pertenecer al rgano Judicial les otorga cierto

grado de relacin, necesaria, con los Jueces y Magistrados. 5) La

defensa gratuita es una institucin que garantiza los Derechos

Humanos del imputado. 6) La legislacin nacional y los tratados

internacionales aprobados por Panam reconocen el derecho a la

defensa gratuita. 7) La Corte Suprema de Justicia ha regulado

adecuadamente el Instituto de Defensora de Oficio.

:31

2.2.2.4.2. Desventajas.

Como desventajas de la institucin de la defensa gratuita, podemos

sealar: 1) No se cuenta con el suficiente nmero de defensores de

oficio para la gran poblacin que requiere de sus servicios. 2) El

presupuesto asignado al Instituto de Defensora de Oficio es exiguo.

Por ejemplo no se cuenta con el personal suficiente ni con la

infraestructura necesaria. 3) La comunicacin entre el defensor de oficio

y el imputado es sumamente escasa. 4) Los defensores de oficio no

cuentan con el tiempo suficiente para atender los casos ni con los

recursos econmicos para algunos gastos como por ejemplo, copias

fotostticas. 5) Todo lo anterior se reduce en una defensa poco efectiva,

no por falta de inters sino por razones ajenas al defensor.

2.2.2.5. Regulacin Jurdica de la Defensa Pblica o Gratuita.

La defensa pblica, gratuita u oficiosa de carcter penal es regulada a

travs de distintos instrumentos que van desde los tratados

internacionales reconocidos por el pas, la Constitucin Poltica, el

estatuto procesal hasta una reglamentacin elaborada por nuestra

mxima Corporacin Judicial.

62

2.2.2.5.1. Declaracin Universal de Derechos Humanos.

La Declaracin Universal sobre Derechos Humanos de 1966, regula

derechos y garantas fundamentales de individuo como el derecho a la

vida, derecho a la libertada que incluye, entre otros temas, libertad de

formar una familia, de domicilio, propiedad, de conciencia religiosa,

profesin, religin, etc. Adems protege el derecho a la seguridad de la

persona humana.

Este convenio parte del principio de igualdad en lo atinente al derecho a

la vida, la libertad y a la seguridad personal (artculo 3). En cuanto a la

defensa penal este instrumento internacional seala que todas las

personas tienen derecho a una justicia igualitaria, o sea, a ser juzgados

en igualdad de condiciones por un Tribunal independiente e imparcial

(artculo 10).

Uno de los derechos consignados es el que tiene toda persona al

momento de ser detenida de que se le informen los motivos de su

detencin.

2.2.2.5.2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos.

Segn este convenio todas las personas son poseedoras de derechos

igualitarios ante la justicia (artculo 14.1). Adems de la presuncin de

63

inocencia se seala que toda persona tendr derecho a designar un

defensor y si carece de los medios econmicos para su defensa se le

designar, gratuitamente, un defensor de oficio.

Durante el proceso, toda persona acusada de cometer un delito tendr

derecho a defenderse personalmente o a travs de un defensor tcnico

y si no lo tiene se le nombrar un defensor de oficio que actuar

gratuitamente (artculo 14.3).

2.2.2.5.3. Convencin Americana sobre Derechos Humanos.

La Convencin Americana de Derechos Humanos de 1969, mejor

conocida como Pacto de San Jos, establece en su artculo 8, literal c,

el principio de presuncin de inocencia y el derecho de defensa como

tutela penal) efectiva.

Dicha norma seala que toda persona tiene el derecho irrenunciable de

asistencia tcnica profesional por un abogado proporcionado por el

Estado (remunerado o no). Existe aqu un reconocimiento a la defensa

gratuita dentro del proceso.

En cuanto al propio derecho de defensa en juicio, podemos manifestar

que el artculo 8.2. expresa lo siguiente:

"Artculo 8. . Garantas Judiciales.1 .....................................................................................

64

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho aque se presuma su inocencia mientras no seestablezca legalmente su culpabilidad. Durante elproceso, toda persona tiene derecho, en plenaigualdad, a las siguientes garantas mnimas:

a) derecho dei inculpado de ser asistido gratuitamentepor el traductor o intrprete, si no comprende o nohabla el idioma del juzgado o tribunal;

b) comunicacin previa y detallada al inculpado de laacusacin formulada;

c) concesin al inculpado del tiempo y de los mediosadecuados para la preparacin de su defensa;

d) derecho del inculpado de defendersepersonalmente o de ser asistido por un defensor de sueleccin y de comunicarse libre y privadamente con sudefensor;

e) derecho irrenunciable de ser asistido por undefensor proporcionado por el Estado, remunerado ono segn la legislacin interna, si el inculpado no sedefendiere por s mismo ni nombrare defensor dentrodel plazo establecido por la ley;