isabella m. radhuber javier salinas, marxa chávez,...

Compiladora: Isabella M. Radhuber

Colaboradores: Javier Salinas, Marxa Chávez, Valeria Silva, Lorena Terrazas, Pedro Pachaguay, Marcelo Guzmán y Oscar Vega

© 2013 Proyecto NEBE

Edición y corrección: Claudia Azcuy

Fotos: Marcelo Guzmán

Diseño y diagramación: Sergio Vega

La Paz, Bolivia, abril 2013

5FORO RECURSOS NATURALES Y DERECHOS INDÍGENAS • MEMORIA

Prólogo 7 Introducción 15

17 Síntesis de los paneles

1. Palabras de inauguración del Taller “Derechos indígenas y recursos naturales: viejos y nuevos conflictos eco-territoriales” 20

2. Panel ‘Perspectivas sobre la consulta’ 223. Panel ‘Visiones sobre la nacionalización’ 304. Panel ‘Perspectivas legislativas’ 365. Mesas de trabajo “Derechos indígenas”, “Medio-ambiente

y desarrollo” e “Industrialización y empresas” 466. Panel ‘Territorio y derechos indígenas:

organizaciones de Ecuador’ 597. Panel ‘Territorio y derechos indígenas:

organizaciones de Bolivia’ 658 Panel ‘Consulta previa - lecciones y perspectivas’ 769 Panel ‘Perspectivas’ 82

Contenido

NEBE-CocoonDel 2011 al 2015, el Instituto Internacional de Estudios Sociales, Universidad Erasmus de Rotterdam (ISS/EUR por sus siglas en inglés), Hivos, Lidema (Bolivia) y la Universidad San Francisco de Quito (Ecuador) están estudiando los impactos, conflictos y cooperación que existen en relación a los re-cursos naturales en Bolivia y Ecuador. Este trabajo es financiado por la Organización Holandesa de Investigación Científica/ Programa de Investigación ‘Ciencia por el Desarrollo Global’ (NWO/WOTRO por sus siglas en holandés), a través de un programa de conocimiento, investigación e innovación referido a Conflicto y Cooperación sobre Recursos Naturales en países en desarrollo (CoCooN por sus siglas en inglés). Los recursos naturales han sido un tema central en los conflictos ocurridos en Amé-rica Latina, debido a sus negativos impactos ambientales, sociales y culturales. Varios de los actuales gobiernos progresistas de la región han nacionalizado sectores productivos y emprendimientos de empresas extractivas, como una forma de hacer frente a dichos conflictos, por lo que la investigación busca analizar las dinámicas de los conflictos y las oportunidades de cooperación, así como las estra-tegias de largo plazo, tanto referidas al uso de las ganancias, producto de las nacionalizaciones, como al fortalecimiento de procesos de cooperación internacional y alternativas políticas para el diseño de estrategias de desarrollo.www.proyecto-nebe.org HivosHivos es una organización non gubernamental inspirada por valores humanísticos. Junto con las orga-nizaciones locales en países en desarrollo, Hivos busca contribuir a un mundo libre, justo y sustentable en el cual ciudadanos – mujeres y hombre – tienen acceso igual a los recursos y a las oportunidades para su desarrollo. www.hivos.nl Institute de Estudios Sociales – ISS (por sus siglas en inglés)El Instituto Internacional de Estudios Sociales es un instituto de investigación posgrado destacado en desarrollo internacional. El 1er de Julio del 2009, formó parte de la Erasmus Universidad Rotterdam (EUR). El ISS jugó un rol clave en promover la generación y el uso compartido de saber en temas de de-sarrollo. El ISS lleva acabo investigación innovadora sobre la sociedad civil, y provee actividades edu-cativas así como la diseminación y traducción de resultados de investigación en estrategias políticas. www.iss.nl Universidad San Francisco de Quito, EcuadorLa Universidad San Francisco de Quito es comprometida con investigación científica relevante para la política y es reconocida como una institución académica destacada en el contexto latinoamericano, con conexiones extensivas a instituciones académicas prestigiosas en todo el mundo. www.usfq.edu.ec Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA), BoliviaLidema es la red de organizaciones no gubernamentales ambientalistas de Bolivia, que en sus 27 años de vida ha enfocado sus esfuerzos a crear conciencia sobre la problemática ambiental y a hacer propuestas para aportar al desarrollo sostenible, desde ámbitos locales, departamentales, nacionales e internacionales. Actualmente cuenta con 4 programas: Investigación y Monitoreo; Comunicación y Ca-pacitación; Cambio Climático e; Incidencia Política y Legislativa, en el marco de los que desarrolla sus actividades, que están cada vez más enfocadas al análisis de las alternativas al modelo extractivista.www.lidema.org

http://www.proyecto-nebe.org/

http://www.hivos.nl/

http://www.iss.nl/

http://www.usfq.edu.ec/

http://www.lidema.org/

6 FORO RECURSOS NATURALES Y DERECHOS INDÍGENAS • MEMORIA 7FORO RECURSOS NATURALES Y DERECHOS INDÍGENAS • MEMORIA

87 Evento público

99 Anexos

Transcripción del debate en el panel ‘Perspectivas sobre la consulta’ 100

Transcripción del debate en el panel ‘Visiones sobre la Nacionalización’ 113

Transcripción del panel ‘Perspectivas legislativas’ 123 Transcripción del debate en el panel ‘Territorio

y derechos indígenas: organizaciones de Ecuador’ 153 Transcripción de la exposición de la APG 161 Transcripción de las las mesas de trabajo

‘Derechos indígenas’, ‘Medio-ambiente y desarrollo’ e ‘Industrialización de empresas’ 164

Transcripción del debate en el panel ‘Consulta previa – lecciones y perspectivas’ 169

Transcripción del debate en el panel ‘perspectivas’ con YPFB 185

Información adicional 192 Siglas 193

Prólogo

Javier Salinas, Consultor Hivos

Hay eventos que representan muy bien la envergadura del debate en una sociedad, así como los puntos que unen y separan a sus actores cuando se está en un proceso de cambio social y político profundo. El Foro Recursos naturales y derechos indígenas: viejos y nuevos conflictos eco-territoriales es, precisamente, uno de esos eventos; es una muestra clara de los avatares del proceso de construcción de un Estado Plurinacional el cual involucra una transformación sustancial en la estructura estatal tradicional, tal como señala Raúl Prada, expositor de este foro : “el tema de la Constitución es fuerte, porque te está proponiendo una transformación estructural institu-cional, un pluralismo institucional, administrativo, de gestiones”. El evento muestra, asimismo, la dinámica que se está configurando en las relaciones Estado-sociedad civil, cuando los actores se van reposicionando en el nuevo escenario que configuran estos cambios, generando tensiones al replantear el problema del poder, del propio Estado y de la relaciones con la sociedad civil, especialmente con los pueblos indígenas.

En este sentido, los tres paneles que se refieren al tema de la consulta muestran las tensiones no resueltas de este nuevo Estado con los pueblos indígenas en el contexto de la nacionalización de los recursos naturales. En el panel “Perspectivas sobre la consulta”, uno de los participantes señala: “en el 2004 se recurría al Estado para que defienda los derechos de los pue-blos indígenas ante las empresas Petrobras y Repsol. Ahora, sin embargo, el Estado mismo es quien transgrede los derechos indígenas”. Pese a ello, no es usual que los Estados se pongan del lado de las comunidades que viven en un territorio, ejemplo de ello es el emblemático caso presentado sobre el pueblo Sarayaku. En este caso de amplio reconocimiento internacional, el Estado ecuatoriano fue insensible en sus demandas tanto pre como post nacionalización. Sin embargo, la sentencia a favor de los indígenas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debe-ría marcar un antes y un después respecto a las relaciones Estado-pueblos indígenas, tal como lo señala en su exposición el abogado Mario Melo: “es la primera vez que la Corte Interamericana falla declarando que el pueblo, como colectivo, es titular de derechos”.


Uno de los aspectos que quedaron claros en este primer panel son los notables avances en la legislación, tanto en Bolivia como en Ecuador, orien-tada a garantizar los derechos de los pueblos indígenas: en ambos países estas garantías se consagran constitucionalmente y se complementan con los convenios internacionales y una serie de leyes específicas. Los proble-mas emergen, no obstante, cuando es necesario implementar las mismas o avanzar en leyes respecto a la explotación de los recursos naturales en sus territorios, más cuando las arcas fiscales en ambos países requieren de sus ingentes recursos para sostener las demandas sociales.

Pero el gran nudo respecto a la consulta sigue siendo aquel referente a su carácter vinculante. Nilo Heredia, del Viceministerio de Desarrollo Energético, señala que para la Constitución Política del Estado (CPE) la consulta no es vinculante… “Porque hay un articulado en el que se indica que el Estado es el dueño del subsuelo, el pueblo boliviano, y somos todos y todas, somos dueños del subsuelo”. Sin embargo, en el Panel ‘Consulta previa - lecciones y perspectivas’, Sarela Paz afirmará “aunque la consulta no se ha reconocido como vinculante, en verdad ya es; ya que se trata justa-mente del respeto de las decisiones que se toman colectivamente, ejercien-do su derecho a la libre determinación”.

En el mismo panel, Juan Carlos Pinto, del Órgano Electoral Plurina-cional señala que la construcción de la Ley Marco de Consulta en Bolivia está contando con una amplia participación de las organizaciones sociales. Sin embargo, en los debates de cada uno de los paneles surgirán muchos puntos no resueltos y que se requieren profundizar en el diálogo Estado-pueblos indígenas dentro de los cuales destacan —entre otros— la defini-ción del sujeto indígena y, por lo tanto, de a quién se consulta, la necesidad de establecer cuál es el órgano idóneo para la aplicación de la consulta, y la de resolver qué pasa con esta cuando la explotación hidrocarburífera es anterior a la legislación vigente.

Finalmente, un aspecto que los participantes enfatizaron fue aquel re-lativo a la necesidad de que el Estado busque reconciliación en caso de que haya disenso y respete la autoridad competente y a las organizaciones matrices ya que muchas veces estas no son consideradas cuando se negocia directamente con las comunidades. Asimismo se destacó que, además de su obligatoriedad, todo ello debe darse en un clima de respeto a los principios de buena fe, con veracidad, transparencia, información y oportunidad.

En el Panel ‘Visiones sobre la nacionalización’, el gran tema que surgió fue hasta qué punto Bolivia se está apropiando de los excedentes que deja la explotación de sus recursos naturales. En efecto, por un lado, Manuel Morales, consultor independiente ((Liga de Defensa del Medio Ambiente, LIDEMA)) y expresidente de la empresa hidrocarburífera estatal (YPFB) señaló que el gobierno actualmente se apropia de un 100% de los mismos (con lo cual ha superado su déficit fiscal crónico después de más de 40 años). Sin embargo, Raúl Prada afirmó que las empresas transnacionales, bajo distinta figuras, siguen jugando un rol central estando en sus manos prácticamente el 80% de la producción de gas, petróleo y condensado, y aún más respecto a las reservas probadas de gas y petróleo con valor co-mercial. Asimismo, planteó la necesidad de ejercer el control técnico de la explotación, de la producción y de la comercialización, que actualmente está en manos de estas empresas. De aquí la pertinencia de la pregunta planteada por Sarela Paz: “¿Donde está el cuello de botella, en la economía, en la política, en los derechos?”. A esta interrogante las respuestas fueron múltiples, pero para gran parte de los participantes del foro la fórmula en-sayada en Bolivia —y también en Ecuador— no garantiza el acceso a los pueblos indígenas. De ahí la importancia de buscar fórmulas orientadas a garantizar al menos una propiedad mínima de los pueblos y naciones indígenas sobre los recursos del subsuelo – como se ha implementado par-cialmente en Canadá.

Por su parte, el Panel ‘Perspectivas legislativas’, mostró que los prin-cipales nudos están en el desarrollo de una legislación coherente con la CPE y con la cosmovisión indígena. En ese sentido se observa el concep-to de “recursos naturales” que no comprende las visiones indígenas de la Pachamama, según lo señalado por la senadora Carmen García. Asimis-mo, se destacó la confusión que existe entre el concepto de “territoriali-dad”, entre lo que es tierra, territorio y recursos naturales y —bajo este marco— lo que es el concepto de autodeterminación. También se planteó que la legislación está favoreciendo un modelo extractivista de desarrollo. Sin embargo, de acuerdo con el senador Adolfo Mendoza,la Ley Madre Tierra no obedece a una concepción de este tipo sino que además con-tiene candados que prohíben que se reviertan conquistas como la propie-dad colectiva de la tierra y la territorialidad indígena. También notó un cambio en la conceptualización del término de los recursos naturales, que

PRÓLOGOPRÓLOGO


ahora se entiende como componentes de la Madre Tierra y de los siste-mas de vida. En ese sentido, esta viene a ser, además, una ley orientadora con respecto a otras leyes.

Al igual que los paneles sobre la consulta, este generó un amplio debate y mostró claros disensos entre las visiones entre personeros del Estado y dirigentes indígenas. Varios participantes señalaron que la Ley de la Madre Tierra, así como otras leyes, no es compatible con el espíritu de la Consti-tución así como de los acuerdos del Pacto de Unidad. En este sentido ha-bría que considerar lo señalado por el constitucionalista Farit Rojas sobre la conveniencia de analizar las leyes secundarias con respecto a posibles elementos de inconstitucionalidad. Más allá, otro aspecto destacado por Rojas fue el realtivo a los instrumentos que contempla la CPE para la de-fensa de bienes e intereses colectivos como la acción popular y la figura del control social, los cuales establecen que la sociedad civil organizada puede apoyar al legislativo en la construcción colectiva de las leyes, aspecto que son herramientas fundamentales dentro de una democracia participativa.

Si bien el debate dejó inconclusas muchas preguntas, es importante considerar lo planteado por el senador Mendoza: “un proceso de transfor-mación tiene al mismo tiempo una trampa, decía Boaventura de Sousa y por eso hablaba del Estado experimental. Este Estado lamentablemente en este momento de transición se obliga a operar con leyes heredadas y todavía no se tiene la capacidad para reformarlas”.

Por su parte, los Paneles sobre “Territorio y derechos indígenas” —uno sobre organizaciones de Ecuador y el otro sobre organizaciones de Boli-via— permiten ver las similitudes y diferencias de los procesos que viven ambos países y utilizar las lecciones aprendidas de cada uno. Relevante es, en el caso ecuatoriano, que además de la plurinacionalidad se reconocen los derechos de la naturaleza, aunque, como señala Belén Páez, Directora de la ONG Pachamama: “todavía es necesario reconocer sus alcances y a la vez garantizar la buena aplicación de los mismos derechos y alcanzar la experiencia de aplicación y conocimiento de jueces”.

Otra perspectiva que se incorporó al debate fue la planteada por Carlos Mena, investigador del proyecto Nacionalización de la Extracción en Boli-via y Ecuador (NEBE), al señalar que la propiedad de los recursos natura-les por parte de pueblos indígenas conlleva una mayor responsabilidad para la creación de instituciones que les permitan ejercer este derecho, dentro de

lo cual el monitoreo socio ambiental en sus territorios es una herramienta de primer orden. También se enfatizó en la necesidad de contar con estra-tegias de información y comunicación para lograr mayor efectividad en la incidencia de los pueblos indígenas en estos procesos.

En el debate quedo planteado que, pese a todo lo avanzado —en es-pecial al contar con autoridades políticas indígenas— existe la necesidad de apropiarse del Estado Plurinacional, lo que involucra ir construyendo, desde las comunidades, propuestas que signifiquen el autogobierno y la autodeterminación de los pueblos indígenas, sin perder de vista lo plantea-do por un participante: “Mientras estemos en tanta desigualdad, ningún derecho que esté consagrado en la Constitución va a poder ser aplicado si simplemente va a estar en las escrituras como parte de una poesía”.

Finalmente, el Panel ‘Perspectivas’, con la participación de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), entregó una detalla-da y completa visión de los procedimientos para la obtención de licencias ambientales y de cómo las entidades responsables contemplan los procesos de consulta. En el debate se pudo ver la necesidad de que las organizaciones cuenten con mayor información sobre el tema, ya que por lo general no pueden hacer una buena labor de control social que permita el respeto a la legislación vigente. En este sentido, son reveladores los avances logrados por las organizaciones del pueblo Guaraní con el Ministerio de Hidrocarburos en la elaboración de reglamentos que faciliten los procesos de consulta. Esta experiencia permite dar luces para continuar trabajando temas que requie-ren ser tratados de manera conjunta como, por ejemplo, las limitaciones que tienen las comunidades para obtener la ficha ambiental que les permite realizar actividades económicas en sus territorios.

Las mesas de trabajo “Derechos indígenas”, “Medio-ambiente y de-sarrollo” e “Industrialización y empresas”, por otro lado, expusieron cues-tiones de vital importancia para avanzar en la construcción de los Estados Plurinacionales y dentro de ellos el rol de los pueblos indígenas.

En la mesa de trabajo ‘Derechos Indígenas’, un aspecto que se destacó es que la lucha por los derechos colectivos no puede significar un desme-dro de los derechos individuales, así como el imperativo de salvaguardar el derecho a la salud y a la educación dentro de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO). De la mesa salieron interesantes propuestas de trabajo, entre las que destacaron propuestas para el fortalecimiento del rol de las

PRÓLOGOPRÓLOGO


mujeres como articuladoras del movimiento indígena, e incentivar la for-mación de nuevos liderazgos mediante la incorporación de jóvenes en las tomas de decisiones de todos los niveles organizacionales.

En el caso de la mesa “Industrialización y empresas”, un tema muy poco trabajado en estos ámbitos, se recalca que las visiones estereoti-padas de desarrollo que se tiene respecto a los pueblos indígenas “está mutilando sus capacidades para desarrollar nuevas actividades econó-micas”, sobre lo cual se añade “si bien los recursos naturales están en territorios indígenas, las reglas económicas están para favorecer a los empresarios privados… Inclusive, poseer una TCO puede resultar per-judicial a la hora de acceder a los préstamos”. El tema central en este punto fue entonces el de la autogestión y, para avanzar en ello, la mesa realizó una serie de propuestas, destacándose aquellas que buscan pro-mover que las comunidades también puedan acceder a la explotación de los recursos naturales que existen en sus territorios, pero desde su propia perspectiva y según sus usos y costumbres tradicionales.

Por su parte, la Mesa de trabajo ‘Medio Ambiente y Desarrollo’, fue escenario para reconstatar las similitudes entre Ecuador y Bolivia, viniendo a ser una síntesis de los problemas tratados y discutidos en los paneles, tales como: fuente de conflictos: la explotación de recursos minerales e hidro-carburíferos; el avance de la frontera agrícola y ganadera; la debilidad en los procesos de consulta y mecanismos de control; la poca efectividad de las medidas de mitigación que realizan las empresas y las malas prácticas de los gobiernos para acallar las protestas y dividir las organizaciones. Sin embargo, se planteó la necesidad de utilizar los mecanismos existentes, reconociendo sus fallas y limitaciones, y a la vez profundizar en el diálogo en igualdad de condiciones.

Finalmente, el evento público con el cual culminó el taller, nos entre-ga una visión amplia y a la vez sintética sobre las problemáticas de fondo tratadas en el taller. De alguna manera, el planteamiento del constitucio-nalista Farit Rojas resume uno de estos temas señalando la necesidad de: “recapturar la noción del territorio y la forma de desarrollo sustentable y de decir una cosa muy básica: que estos territorios no son mercancía; por lo tanto no se los negocia”. En esta línea subraya que —en la propuesta de los pueblos indígenas sobre la naturaleza— el sujeto y el objeto son uno solo, por lo que no se puede desprender una parte para colocarla como

mercancía. Por su parte, otro de los temas de fondo, el de las relaciones Estado-pueblos indígenas, es planteado por Manari Ushigua de Ecuador al apuntar un problema que lamentablemente esta cada día más extendido en la región: la persecución de los dirigentes sociales.

La estructura de esta Memoria permite ser leída como una unidad que encierra una rica discusión conceptual y práctica de estos temas de fondo que hemos señalado y que enfrentan los pueblos indígenas de Bolivia y Ecuador en la construcción de los Estados Plurinacionales, lo cual será de mucho interés tanto para los propios líderes indígenas, como para los actores estatales, gubernamentales y no gubernamentales interesados en esta situación. Asimismo, el documento en sí constituye un valioso legado testimonial que encierra un momento trascendente en la construcción de los nuevos Estados latinoamericanos.

PRÓLOGOPRÓLOGO


Introducción

En el marco del proyecto Nacionalización de la Extracción en Bolivia y Ecuador (NEBE), el 3 y 4 de octubre de 2012 se organizó el taller de carácter público “Derechos indígenas y recursos naturales: viejos y nuevos conflictos eco-territoriales”. El evento, llevado a cabo de acuerdo a la meto-dología de plataforma multiactores, contó con la participación de organi-zaciones indígenas de dos zonas: el Norte del Departamento de La Paz y el Chaco; así como con funcionarios de instituciones del Estado y miembros de organizaciones de la sociedad civil.

La Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), el Concejo de Capitanes Guaranís de Chuquisaca (CCCH), la Capitanía del Alto y Bajo Izozog (CABI), la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), el Conse-jo Regional Tsimané Mosetene – Pilon Lajas (CRTM); la Organización del Pueblo Indígena Mosetén (OPIM) y de Mujeres Indígenas Mose-tén (OMIM); el Pueblo Indígena Leco y Comunidades Originarias de Larecaja (PILCOL) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) fueron algunas de las organizaciones de pueblos in-dígenas presentes en las dos jornadas de debate.

Por su parte, las instituciones del Estado se hallaron representadas en el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, la empresa pública “Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos” YPFB, el Órgano Electoral Plurinacional, la Vicepresidencia del Estado Plurinacional y miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Estuvieron además presentes organismos no gubernamentales y funda-ciones como el Foro Indígena, la Fundación para el Desarrollo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (FUNDESNAP), la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung en Bolivia (FES-ILDIS) Hivos, la Liga de Defensa del Medioambiente (LIDEMA), la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático, Wildlife Conservation Society WCS-Bolivia y, desde Ecuador, la Fundación Pachamama.

Por su parte, universidades del continente, como la Universidad Cor-nell de Estados Unidos, la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), la Universidad Católica Boliviana (UCB), la Universidad Mayor de San An-drés (UMSA) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

17FORO RECURSOS NATURALES Y DERECHOS INDÍGENAS • MEMORIA16 FORO RECURSOS NATURALES Y DERECHOS INDÍGENAS • MEMORIA

acreditaron investigadores de sus planteles docentes para la participación en el evento.

El Grupo Comuna1 y miembros de la Asociación Departamental de Antropólogos de La Paz (ADA) también participaron en el Taller.

1 Es un colectivo político que se fundó en 1999 y que hizo varias acciones de foros abiertos y publicaciones.

Ver ‘Convocatoria’, ‘Programa’ y la ‘Gale-ría de fotos’ del Taller Recursos naturales y derechos indígenas: viejos y nuevos conflic-tos eco-territoriales en los siguientes enlaces: Convocatoria, ver en http://www.proyecto-ne-be.org/upload/books/61/Convocatoria_Taller_De-rechos_indigenas_y_re-cursos_naturales_viejos_y_nuevos_conflic-tos_eco_territoriales_ori-ginal.pdf

Programa, ver en http://www.proyecto-nebe.org/upload/books/60/Programa_Taller_Dere-chos_indigenas_y_recur-sos_naturales_viejos_y_nuevos_conflictos_eco_territoriales_original.pdf

Galería de fotos, ver en http://www.proyecto-nebe.org/galleries/viewCover/13

Síntesis de los paneles

El primer panel presentado en el Taller “Recursos naturales y derechos in-dígenas: viejos y nuevos conflictos eco-territoriales” dedicó la discusión al tema de la consulta previa. Bajo el título de Perspectivas, en este momento inicial del encuentro expusieron sus ideas Nilo Heredia (Viceministerio de Desarrollo Energético del Ministerio de Hidrocarburos y Energía del Estado Plurinacional de Bolivia) y Mario Melo, abogado del pueblo in-dígena Quechua de la comunidad de Sarayaku, en Ecuador, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), seguido de un debate con el público y ambos expositores.

El segundo panel, Visiones sobre la nacionalización, estuvo a cargo de los consultores (entre otros de LIDEMA) Roxana Azeñas y Manuel Mo-rales, así como del representante del Grupo Comuna, Raúl Prada, Como en el primer caso, las exposiciones de los ponentes motivaron espacios para el debate con los participantes del taller.

http://www.proyecto-nebe.org/upload/books/61/Convocatoria_Taller_Derechos_indigenas_y_recursos_naturales_viejos_y_nuevos_conflictos_eco_territoriales_original.pdf

http://www.proyecto-nebe.org/upload/books/60/Programa_Taller_Derechos_indigenas_y_recursos_naturales_viejos_y_nuevos_conflictos_eco_territoriales_original.pdf

http://www.proyecto-nebe.org/galleries/viewCover/13






















SÍNTESIS DE LOS PANELESINTRODUCCIÓN

Los senadores Adolfo Mendoza y Carmen García: los diputados Pedro Nuni y Bienvenido Zacu, de la mano de Farit Rojas, co-fundador y miem-bro del Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad Católica Boliviana, guiaron la realización del tercer panel de discusión, desde donde se reflexionase acerca de las perspectivas legislativas en materia de recursos naturales y derechos de los pueblos indígenas.

Con los insumos e ideas de los primeros paneles, se conformaron Mesas de Trabajo que propusieron una reflexión a profundidad sobre tres temas fundamentales: i) Derechos Indígenas, ii) Medio ambiente y Desarrollo; y, iii) Industrialización y empresas. El desarrollo de las mesas fue coordinado por la licenciada en Relaciones Internacionales Lorena Terrazas, el antro-pólogo Pedro Pachaguay y el estudiante en Historia Marcelo Guzmán, respectivamente.

Más adelante en el programa, Carlos Mena (Universidad San Fran-cisco de Quito), Manari Ushigua (Confederación de Nacionalidades In-dígenas de Ecuador, CONAIE) y Belén Paz (Organización Pachamama) protagonizaron el panel Territorio y derechos indígenas: organizaciones de Ecuador, desde donde se perfiló la mirada de las organizaciones y entidades de la sociedad civil ecuatoriana ante los derechos de los pueblos indígenas relativos al territorio y el uso de los recursos naturales.

Siguiendo la misma perspectiva de análisis, el cuarto panel tocó la po-sición de las organizaciones bolivianas sobre el mismos tema: bajo el título Territorio y derechos indígenas: organizaciones de Bolivia, este panel pre-sentó una exposición de la APG y las reflexiones concluidas de las Mesas de Trabajo.

Volviendo a la temática de la consulta, el quinto panel —Consulta previa-lecciones y perspectivas— agrupó las contribuciones de Juan Carlos Pinto (Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático-SIFDE, instancia del Órgano Electoral Plurinacional), Gonzalo Gozálvez, Director de Parti-cipación Ciudadana de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional; y Sarela Paz, miembro de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático.

A modo de ejemplo, funcionarios de la Dirección Nacional de Medio Ambiente de la empresa pública Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivia-nos (YPFB) presentaron el procedimiento que rige los procesos de con-sulta previa en la entidad estatal, en lo que fue el último panel de discusión que como en el caso del primero, se tituló: Perspectivas.

Luego de dos intensas jornadas de trabajo y reflexión, el taller con-cluyó con un evento abierto al público en el Museo de Etnografía y Fo-lklore (MUSEF). En ese entonces, el asambleísta indígena Pedro Nuni, el co-fundador del Centro de Estudios Constitucionales, Farit Rojas del dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y miembro de la nacionalidad Zápara Manari Ushigua, del representante de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) Nelson Bar-tolo y de la representante de la nacionalidad Leca del norte de La Paz Silvia Lipa.

Memoria del taller en línea, ver en http://www.proyecto-nebe.org/posts/viewAll/73

http://www.proyecto-nebe.org/posts/viewAll/73




SÍNTESIS DE LOS PANELESSÍNTESIS DE LOS PANELES

1. Palabras de inauguración del Taller “Derechos indígenas

y recursos naturales: viejos y nuevos conflictos eco-

territoriales”

Directora de LIDEMA, Jenny Grünberger

Buenos días autoridades nacionales; autoridades y representantes de los pueblos indígenas que hoy nos acompañan; investigadores, colegas y amigos:

Quisiera dar una bienvenida especial a los compañeros que llega-ron desde el Ecuador, tanto de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), de Pachamama y de la Confederación de Nacionalidades Indí-genas del Ecuador (CONAIE) para compartir con nosotros sus conoci-mientos y vivencias.

Este evento se desarrolla en el marco del Proyecto Nacionalización de Recursos Naturales en Bolivia y Ecuador – NEBE, que está siendo eje-cutado entre el Instituto Internacional de Estudios Sociales (ISS) de la Universidad Erasmus de Rotterdam, Hivos, la Universidad San Francisco de Quito, del Ecuador y la Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDE-MA), de Bolivia; y que tiene características investigativas, pero también de

intercambio de conocimientos y fortalecimiento de capacidades locales.Los fondos con los que se está ejecutando sus actividades el proyecto

NEBE, provienen de Hivos y de la Organización Holandesa de Investiga-ción Científica, a través de su programa de conocimiento, investigación e innovación sobre Conflicto y Cooperación sobre Recursos Naturales, co-nocido como CoCooN.

El proyecto NEBE tiene la finalidad de comparar, en términos políti-cos, económicos, ambientales y sociales, los procesos de explotación hidro-carburífera y minera —antes y después de la nacionalización— haciendo énfasis en las estrategias de cooperación internacional y alternativas políti-cas para el diseño de estrategias de desarrollo. También centra su atención en las dinámicas de los conflictos de acceso a territorios y sus recursos na-turales, así como en la distribución de los beneficios provenientes de ellos y en las oportunidades de cooperación que surgen en estos escenarios.

En ese contexto, este taller busca posibilitar un diálogo entre cientis-tas sociales, activistas y miembros de instituciones que han desarrollado posiciones frente a procesos hidrocarburíferos y los líderes de pueblos y comunidades indígenas en cuyos territorios se realizan o se tienen previstas este tipo de operaciones. También busca debatir aspectos relacionados a los derechos indígenas, culturales, socio-ambientales y económicos, de los que no podría quedar fuera el tema de la consulta pública.

LIDEMA, desde hace algún tiempo, está inmersa en el análisis de al-ternativas al desarrollo, y esperamos que la discusión que se realice en estos dos días —además de aportar al proyecto NEBE— nos dé insumos para la construcción de propuestas que, a partir del modelo extractivista en el que nuestros gobiernos se han alineado, plantee nuevos caminos que nos acer-quen a lo que ellos proponen: el vivir bien de las poblaciones nacionales.

En espera de que estos dos días de trabajo sean productivos para todos y todas y se puedan alcanzar las metas planteadas; agradezco la presencia de todos ustedes, dando por inaugurado el taller.

Texto de fondo “Vivir bien - Buen vivir y su relación con el avance de las indus-trias extractivas” de Marco Octavio Ribera Arismendi (36p.) ver en http://www.proyecto-ne-be.org/books/viewAll/56

http://www.proyecto-nebe.org/books/viewAll/56




2. Panel ‘Perspectivas sobre la consulta’

Con la participación del ingeniero Nilo Heredia (Viceministerio de

Desarrollo Energético del Estado Plurinacional de Bolivia) y de Mario

Melo (abogado ecuatoriano del caso Sarayaku)

Isabella Radhuber1 y Valeria Silva2

La ponencia del ingeniero Nilo Heredia (Viceministerio de Desarrollo Energético del Estado Plurinacional de Bolivia) introdujo el tema de la consulta previa en proyectos hidrocarburíferos. Para esto, comenzó defi-niendo la consulta —de acuerdo a la experiencia del Ministerio de Hidro-carburos y Energía boliviano— como un proceso realizado por el Estado, previo a la obtención de la Licencia Ambiental de actividades, obras o

1 Isabella M. Radhuber es Post-Doc-Fellow en el proyecto “Nacionalización de la Extracción en Bolivia y Ecuador” (NEBE). En castellano ha publicado, entre otros: “El poder de la tierra” (Plural, 2009) y “Rediseñando el Estado: un análisis a partir de la política hidrocarburífera en Bolivia” (UMBRALES 20, 2010).

2 Valeria Silva Guzmán es estudiante en Historia y Ciencias Políticas en la Universidad Mayor San An-drés y la Universidad Católica en La Paz. Entre otros, ha publicado una cronología histórica de Bolivia en: “Plurinationale Demokratie in Bolivien” (Westfälisches Dampfboot, 2012).

proyectos hidrocarburíferos. Este proceso, enfatizó, se realiza de acuerdo a las circunstancias y características de cada pueblo indígena o comunidad campesina, a modo de determinar posibles impactos socio ambientales de los proyectos. De esta forma, el objetivo de la consulta es llegar a un acuer-do con los pueblos indígenas originarios y las comunidades campesinas. El mecanismo consiste en recoger las observaciones, sugerencias, comple-mentaciones y recomendaciones concertadas con el pueblo indígena o co-munidad campesina del área de influencia del proyecto en consulta.

Este proceso consta de un marco legal nacional compuesto por la Constitución Política del Estado (Art. 30); el Convenio 169 de la OIT, ratificado mediante Ley Nº 1257 de 11 de julio de 1991 e incorporado en la Constitución de 2009; la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; la Ley Nº 045 Contra el Racismo y Toda Formas de Discriminación, de fecha 8 de octubre de 2010 y la Ley de Hidrocarburos y D.S. 29033.

En ese sentido, el Ministerio de Hidrocarburos y Energía es la Autori-dad Competente para la realización del proceso de consulta y participación, que en cada caso es financiado por la empresa responsable de la explotación hidrocarburífera. El procedimiento, de acuerdo con Nilo Heredia, establece que la empresa debe hacer la presentación pública del proyecto; posterior-mente, tiene dos meses para la realización de la consulta y participación. Es-tos dos meses incluyen: la convocatoria por parte de la empresa, la respuesta del pueblo indígena a la convocatoria, la reunión preliminar y la presenta-ción de la propuesta; seguidamente, la empresa hace una contrapropuesta y luego se hace la firma del Acta de entendimiento. Finalmente, se ejecuta la consulta y se firma el Convenio de validación de acuerdos.

Como parte de su ponencia, Nilo Heredia compartió datos estadísticos de acuerdo a los cuales las zonas bolivianas tradicionales —atendiendo tan-to a criterio de exploración como de explotación, facilidades de producción y procesamiento de hidrocarburos y transporte— son las habitadas por los Guaranís y Weenhayek y, en menor medida, por Lecos y Mozetenes. Re-salta además que, en los últimos años, ha habido un total de veinte procesos de consulta y participación: cuatro en el año 2007, cuatro en el 2008, cinco en el 2009, también cinco en el 2010 y dos en 2011.

Por su parte, Mario Melo, abogado del pueblo ecuatoriano de Sarayaku ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expuso al-



gunos detalles del conocido caso Sarayaku, donde se evidencia la lucha por la naturaleza y los derechos humanos de los pueblos indígenas.

La sentencia dictada por la Corte Interamericana el 27 de junio de 2012 —comentó Melo— al cabo de casi una década de litigio por parte del pueblo kichwa (quechua) de Sarayaku, Ecuador, falló a favor de esta pequeña comunidad indígena de la Amazonía del Ecuador, en defensa de su territorio amenazado por el ingreso violento e inconsulto de la industria petrolera en su territorio ancestral. En base a esta introducción, Melo diri-gió su ponencia a inquirir las diversas dimensiones del caso en relación a la defensa de del territorio del pueblo Sarayaku.

En 1996, el Estado ecuatoriano concesionó el Bloque Petrolero Nº23 —que afecta un 60% del territorio del pueblo originario Kichwa de Sa-rayaku— a favor de la Compañía General de Combustibles (CGC) de Argentina. Esta concesión fue realizada sin que hubiese precedido ningún proceso de información, consulta o pedido de consentimiento al pueblo de Sarayaku para la realización de actividades petroleras en el territorio de su propiedad por parte del Estado ecuatoriano. No obstante, desde un inicio, Sarayaku expresó su rechazo. Sin embargo, durante el último trimestre de 2002 y el primer trimestre del 2003, la CGC ingresó reiteradamente al territorio. A inicios de 2003, Sarayaku acudió ante la Comisión Intera-mericana de Derechos Humanos solicitando su intervención urgente en salvaguardia de sus derechos, violados durante la campaña de sísmica de la empresa CGC. En mayo de ese año, la Comisión dictó medidas cautelares a favor de la vida e integridad de los miembros de la comunidad y de su especial relación con el territorio.

El Estado ecuatoriano desatendió sistemáticamente dichas medidas. Frente a este incumplimiento, la Comisión Interamericana solicitó a la Corte Interamericana dictar medidas provisionales a favor de Sarayaku, las mismas que fueron otorgadas en julio de 2004. Ante el nuevo incum-plimiento del Estado ecuatoriano, la CIDH, en junio de 2005, ratificó las medidas y las amplió incorporando la disposición de que se retirasen ur-gentemente los explosivos dejados por la CGC en territorio de Sarayaku. Hasta diciembre de 2009 se había retirado apenas catorce kilogramos de explosivos, siendo además el proceso suspendido. Aún cuando el reinicio de actividades dispuesto no fue acatado por la empresa CGC, este hecho demuestra la frágil situación en la que se encontraba el caso Sarayaku toda-

vía en 2009. El 26 de enero de 2010, la Comisión Interamericana de Dere-chos Humanos emitió su resolución respecto al caso. El Caso fue remitido a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 21 de abril de 2012, la CIDH realizó una visita oficial al territorio de Sara-yaku, antes de dictar su sentencia. Fue la primera vez —dentro del largo proceso iniciado por Sarayaku en 2003 ante la Comisión Interamericana, y que continuó luego ante la Corte Interamericana— en que el Estado ecua-toriano reconoció su responsabilidad respecto a las violaciones de derechos humanos denunciadas por Sarayaku.

El Estado ecuatoriano debería, en función a este fallo, ser consecuente con la definición del Art. 1 de su propia Constitución que define al Ecua-dor como un Estado de Derechos y de Justicia y demostrar al mundo que aquello no son solo palabras al viento. Deberá, por lo tanto, acatar la sen-tencia del caso Sarayaku y cumplir las medidas reparatorias —más aún si estas no hacen sino ratificar los compromisos ya adquiridos de respeto y garantía de los derechos de los pueblos indígenas.

Las intervenciones de ambos ponentes generaron en los participan-tes comentarios reflexivos y algunas interrogantes, tanto sobre la situación boliviana como ecuatoriana en materia de la consulta a pueblos indígenas; entre ellas:

•SedenunciaqueaunqueexistaenBoliviaunrégimenlegalfavorablea los derechos de los pueblos indígenas, en la realidad no se cumplen con los requisitos: en la práctica no se busca el consentimiento del pue-blo, ni se realiza la consulta previamente. De esta manera, se maneja el ejercicio de validación de los impactos socio-ambientales que han sido identificados a través del estudio de evaluación de impacto ambiental, y se instrumentaliza la consulta para otros fines políticos.

•Seintentanjustificarlosfinespolíticospresentesenlaconsultaconelbien común de todos —que va por encima de los derechos indígenas.

•Alrespecto,sedestacaunacorrelacióndirecta-inversaconelreconoci-miento de los territorios indígenas y la expansión de la frontera hidro-carburífera.

•Elpuebloguaraníconocebienelprocedimientode laconsultay,sinembargo, en la práctica no se está cumpliendo este cabalmente. Cabría preguntarse, de acuerdo a algunos participantes, ¿qué pasó con la reali-zación de la consulta en el caso del Parque Aguarague?



Nilo Heredia aprovechó la ocasión para precisar varios puntos y res-ponder algunas de las inquietudes de los participantes, sistematizadas a continuación:

•Loóptimoseríaquenoexistieseunadistinciónentrelavisióndelospue-blos indígenas y la visión del Estado; sino —y sobre todo en este momen-to histórico de inclusión— hablar y construir una perspectiva juntos.

•Históricamentenopuedehaberconsultaprevia:sidesde1914seestánllevando a cabo actividades hidrocarburíferas, y hay áreas ya destinadas a este tipo de actividades, ya no se puede hacer consulta previa. Por lo tanto, en Bolivia se optó por iniciar un proceso de consulta y partici-pación más bien como alternativa y con el objetivo, precisamente de realizar esta construcción conjunta de perspectivas.

•EnfatizaenquequienllevaacabolaconsultaactualmenteeselEstado:el financiamiento para procesos de consulta y participación, así como para la compensación —inclusive el que provienen de empresas priva-das transnacionales— es canalizado a través del Estado.

•Elescenarioguaraníesmáscomplejo:enelcasoItikaguasoporejem-plo, los indígenas guaranís se han opuesto primeramente a los proyectos de extracción, pero luego, en el proceso de consulta y participación, afir-maron más bien su aceptación ante el proyecto. Además, en el pueblo Weenhayek, por ejemplo, se puede observar una convivencia armónica entre las empresas privadas que operan para YPFB y los pueblos. Más bien el Estado en esto apunta a formar a los pueblos técnicamente con respecto a los derechos y obligaciones que existen. Para este cometido existen programas respectivos; todo en el marco de mejorar aún más esta convivencia.

Por su parte, Mario Melo apuntó que:•ElcasoSarayakuconstituyóelprimerfalloenelquesedeclaraalpue-

blo indígena como colectivo titular de derechos, y que, aunque es algo muy obvio en otros escenarios, fue el primer reconocimiento formal en el contexto ecuatoriano.

•Conrespectoalarelaciónconlosgobiernosexplicóque,mientrasenEcuador las declaraciones de la derecha que son muy torpes, incluso estas han coadyuvado a luchar por la causa: el gobierno del presidente Rafael Correa al principio tenía las mismas actitudes, habiendo denun-

ciando en varias ocasiones que los pueblos indígenas obstaculizaban el desarrollo. Sin embargo, eso cambió cuando los representantes de la Corte Interamericana visitaron por primera vez el territorio y hablaron con la gente. Desde entonces ya se reconoce oficialmente el daño que se ha hecho y que se tiene que reparar en esta zona. La actual preocupa-ción, sin embargo, se centra en el nuevo proyecto de explotación —que es anterior al caso Sarayaku— y por eso, posiblemente, podría no cum-plir con los criterios establecidos.

En una segunda ronda de preguntas, los participantes pusieron sobre la mesa de discusión:

•Lapreocupantegravedadexpresaenqueelmismofuncionariodelgo-bierno boliviano, Nilo Heredia, admita que la consulta no es previa, situación que transgrede una serie de leyes, convenios y a la misma Constitución Política del Estado.

•LasituaciónexistenteenelNortedeLaPaz,dondeantes—2004—se recurría al Estado para que defendiese los derechos de los pueblos indígenas ante las empresas Petrobras y Repsol ha cambiado: ahora el Estado mismo es quien transgrede los derechos indígenas; tomando en cuenta, por ejemplo, que en el Norte de La Paz, en el caso específico del bloque Liquimuni un 60% está en contra. La pregunta que se plantea en este escenario es: ¿se tendrá que recurrir igual a la Corte para poder resolver este caso?

•Lacuestionablepolíticadedividirlascomunidadeseneltranscursodela consulta y la actitud —respecto a lo que dijo Nilo Heredia— sobre los territorios que “ya están reservados” y donde, por tanto, ya no se puede hacer consulta, ni decidir sobre su uso. En este sentido se criticó cómo las instituciones estatales entran y toman contacto con una co-munidad; como sucediese en la comunidad de Covendo, al Norte de La Paz, donde se habría asignado la tarea de convencer a las demás comu-nidades, elemento que contribuyó a la división. Por experiencias como esta es que debería haber el respeto hacia las estructuras organizaciona-les que existen, y se debería coordinar con las organizaciones, más que dividirlas. Además, se mencionó el manejo crítico de las categorías, que conlleva al no tener que consultar a la totalidad de la población local.

•Sobreelmismopuntodeladivisiónimperanteenalgunasorganiza-



ciones, se recordó el aniversario de la CIDOB y que, a pesar de dicha división, las organizaciones en general cuentan con un amplio recorrido y trayectoria y por lo tanto con impetuosa fuerza.

•ConrespectoalosprogramasqueelViceministeriollevaacaboparaenseñar los derechos a los pueblos indígenas, se menciona que más bien los pueblos ya cuentan con una larga historia, experiencias y conoci-miento con respecto al tema de la consulta, esto en la orientación de que no “vengan a decirles ignorantes”, que “protestan porque son flojos” o que son “enseñados por las ONG”.

•SurgelareflexióndequeBolivia,siendounEstadoPlurinacional,ten-dría más bien que cambiar sus concepciones viejas de que el territorio es “concesionado”, En ese sentido: ¿la consulta es vinculante o no?

Nilo Heredia siguió las interrogantes, marcando que: •Ladestinaciónpreviadealgunos territorios sedebeentender como

antecedentes históricos que se tienen que enfrentar hoy en día. •Eslógicoqueseidentifiquencomonuevosenemigosalasinstituciones

estatales, que por los procesos de nacionalización ahora están a car-go de los procesos de explotación. Indica, que es el Viceministerio de Desarrollo Energético el que está a cargo del proceso de la consulta, y no es la empresa, y que la conquista de la consulta ya está inscrita en la Constitución Política del Estado, entonces de lo que se trata ahora, es de reforzar las estructuras, tanto dentro del Poder Ejecutivo como dentro de los pueblos indígenas.

•Laconsulta,encambio,noesvinculante,porquesedefinióenlaCons-titución de que el propietario de los recursos naturales es el Estado en representación de la sociedad boliviana. Luego viene la interpretación de qué porcentaje de este pueblo es indígena; al respecto, se tendría más claridad luego del censo que está por realizarse; y eso ya se tendrá que definir entre todos.

•Lacategoría“unosolo”seaplicacuandoelproyectotienealtoriesgode ocasionar impactos ambientales y también sociales; y cuando se so-breponga a tierra y territorio indígena o de una comunidad campesina; y que, si no se hace consulta y participación, se hace consulta pública alternativamente, que sirve para retomar las inquietudes, e informar a la población local.

Mario Melo, por su parte, concluyó diciendo que la consulta previa no puede ser reemplazada por la consulta pública, pues esto constituiría una transgresión de las legislaciones vigentes. Asimismo, señaló la problemáti-ca alrededor del tema de las pentolitas, que ahora tienen que ser biodegra-dables: el problema es la sustitución de las viejas pentolitas, dado que nadie lo quiere hacer.

Anexo p. 100 Transcripción del debate en el panel ‘Perspectivas sobre la consulta’

Texto de fondoEl Caso Sarayaku: una lucha por la Naturaleza y los derechos huma-nos” de Mario Melo (7p.), ver en http://www.proyecto-nebe.org/books/view/73

Presentación PPdel Viceministerio de Desarrollo Energéti-co, ver en http://www.proyecto-nebe.org/books/view/94

de Mario Melo, ver en http://www.proyecto-nebe.org/books/view/95

http://www.proyecto-nebe.org/books/view/73










3. Panel ‘Visiones sobre la nacionalización’

Con la participación de Roxana Azeñas y Manuel Morales

(consultores de Lidema, entre otros) y Raúl Prada (grupo Comuna)

Isabella Radhuber y Valeria Silva

Raúl Prada comenzó su ponencia exponiendo una visión sobre la naciona-lización, para lo cual tomó en cuenta especialmente el diagrama de poder transnacional; las fuerzas, instituciones, empresas y monopolios existentes.

La historia parece repetirse desde la nacionalización de la Standard Oil (1937): luego de esta primera experiencia vino la nacionalización de las mi-nas (1952), la nacionalización de la Gulf Oil (1969), y la nacionalización de Mina Matilde (1971), hasta llegar a la nacionalización de los hidrocarburos en el primer año de gestión del gobierno de Evo Morales Ayma, con el decreto “Héroes del Chaco”, el primero de mayo de 2006. La respuesta de las empresas trasnacionales parece ser la misma, incluyendo a las empresas privadas mineras de los “Barones del Estaño”.

Las nacionalizaciones cambian cada vez el control soberano y la ad-ministración autónoma del mismo Estado y gobierno, ya que el Estado

se vuelve gravitorio del campo económico. De acuerdo con Prada, a esta vinculación estrecha entre Estado y capital financiero —y a la plataforma de políticas económicas que apoyan la concentración de capital— se llama capitalismo de Estado.

Existen diferentes definiciones de capitalismo del Estado; Polanyi in-cluía a los propios Estados socialistas3, mientras en América Latina se re-fiere a los nuevos gobiernos nacionalistas y populistas, políticas de sustitu-ción de importación, promoción de industrialización y empresas públicas. En este sentido, sin embargo llama la atención que en Bolivia —actual-mente— las empresas transnacionales siguen jugando un rol tan clave: el 79% de la producción de gas está en manos de las empresas trasnacionales, el 82% de la producción de petróleo, condensado y gasolina está en manos de estas empresas, el 85% de las reservas probadas de gas y petróleo con valor comercial se encuentra en megacampos controlados por las empresas trasnacionales.

En relación a monopolio, Prada distingue entre el monopolio privado, refiriéndose a la acumulación de capital para la concentración y centrali-zación; y el monopolio público, que más bien es un monopolio de defensa ante este otro monopolio privado, de control.

Por su parte, Roxana Azeñas dedicó su ponencia a los roles y funcio-nes de los diferentes actores después de la nacionalización. Los principales actores, comenta, son el propietario —que en el caso boliviano es el pue-blo de Bolivia— que define el régimen, las condiciones y los objetivos; el administrador, que es el Estado, y que elabora las políticas estatales; el res-ponsable del área, que es el Ministerio de Hidrocarburos, responsable para la implementación de la política estatal; el brazo operativo que es YPFB Corporación; las empresas operadoras prestadoras de servicios, que pueden ser públicas, mixtas o privadas, y el brazo fiscalizador que es la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

A partir de esto, esquematiza tres diferentes esquemas: el de antes, el de la nacionalización, y el de hoy. El esquema de antes mostraba las diferentes presiones que se ejercían desde las empresas y la sociedad sobre el Estado —aunque simultáneamente podría haber encuentros directos entre la so-

3 Karl Polanyi, (Viena, Austria, 25 de octubre de 1886 – Pickering, Ontario, Canadá, 23 de abril de 1964). Científico social y filósofo que trabajó en el ámbito de la antropología econó-mica y la crítica de la economía ortodoxa.

http://es.wikipedia.org/wiki/Viena

http://es.wikipedia.org/wiki/Austria

http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_octubre

http://es.wikipedia.org/wiki/1886

http://es.wikipedia.org/wiki/Pickering_(Ontario)

http://es.wikipedia.org/wiki/Ontario

http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1

http://es.wikipedia.org/wiki/23_de_abril

http://es.wikipedia.org/wiki/23_de_abril

http://es.wikipedia.org/wiki/1964

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales

http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa_econ%C3%B3mica

http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa_econ%C3%B3mica



ciedad y las empresas. El esquema previsto con la nacionalización muestra que las demandas vienen desde la sociedad —directamente o canalizadas a través del Estado— y se dirigen hacia las empresas. Ahora, sin embargo, a diferencia del esquema previsto, se presenta un bloque único del Estado y las empresas que ejerce presiones sobre la sociedad, aunque —señala— también pueden haber encuentros directos entre las empresas y la sociedad.

Manuel Morales se refirió en su intervención al régimen de hidrocar-buros, de fundamental importancia para los temas abordados en el taller. A modo de introducción, Morales señaló que, como principal anteceden-te, está la fase de la capitalización. Esta fase está caracterizada por me-didas de ajuste estructural y procesos de privatización. Tomando como referencia el sector de hidrocarburos, comentó que este se caracterizaba por un régimen de concesión y, en lo fiscal, por la existencia de regalías e impuestos. En aquel entonces, YPFB se conformaba por: Andina, Chaco, Transredes y YPFB Residual; apropiándose el Gobierno de tan solo el 18% de los ingresos.

Hasta el 2003 se intensificó la lucha por la recuperación de los hidro-carburos y la participación social en la toma de decisiones políticas. Los objetivos de la nacionalización, en ese sentido, eran: recuperar la propiedad de los hidrocarburos, caminar hacia el post extractivismo respetando la naturaleza, y definir una nueva distribución, con participación y control social. El régimen, con esto, cambiaba de uno de concesión y una de pres-tación de servicios.

En el nuevo régimen se ha recuperado, por lo tanto, la riqueza, el pa-trimonio y la soberanía sobre los hidrocarburos. El gobierno se apropia ahora, de acuerdo con Morales, de un 100% del excedente. Bolivia, con esto, supera su déficit fiscal crónico después de más de 40 años; dispone de sus recursos, redistribuye la renta petrolera entre regiones productoras, municipios y otras entidades, así como directamente a los más pobres; y además recupera la posibilidad de decidir sobre su política energética. Esto ha permitido, además, recuperar la responsabilidad de invertir en temas socio ambientales y de ampliar los mecanismos de participación y de con-trol social —donde se destaca una falta de toma de responsabilidad por parte de las autoridades.

No obstante, el balance actual muestra que no se enfoca aun suficiente-mente la necesidad interna: se requiere una nueva Ley de Hidrocarburos;

faltan no solamente inversiones en el sector, sino también mecanismos de control social, así como falta tomar en cuenta los impactos socio ambien-tales. Como ejemplo de esto último, Morales comentó el caso Liquimuni, que cuenta con una ficha ambiental inconsistente, impactos sociales y eco-lógicos y un debilitamiento de la organización indígena regional.

En el debate suscitado por las ponencias de Raúl Prada, Roxana Aze-ñas y Manuel Morales, se plantearon inquietudes y reflexiones, por parte de los participantes, referentes principalmente a:

•En laAsambleaConstituyente, laComisión deRecursosNaturales,presidida en entonces por Carlos Romero, se pensó en una propiedad mínima o porcentual de los pueblos y naciones indígenas del Estado sobre los recursos del subsuelo, tal como se da en el modelo estatal ca-nadiense.

•LatensiónexistenteentrelanacionalizaciónyelEstadoPlurinacional.Según algunos participantes, en el gobierno parece haberse impuesto la vertiente nacionalista.

•Algunasleyes,enesesentido,estánsiendoanti-nacionalesyanti-indí-genas. Siguiendo esta lógica, no se debería olvidar que el propio Pre-sidente del Estado Plurinacional viene del sector sindicalista, que es anti-indígena.

•Deacuerdoconelnuevomodeloestatal,lasempresasyelEstadofor-man un solo bloque, lo que causa bastante preocupación y hace surgir la pregunta: ¿se puede efectivamente retomar el camino hacia un Estado Plurinacional?

•Otroscomentariosdelosparticipantesreflexionaronacercadelaextem-poraneidad de lamentar hoy las cosas que han venido sucediendo, por lo que instaron más bien al diseño de estrategias que hagan valer los dere-chos indígenas, que no están siendo respetados por el actual gobierno.

•Constaquesecuentaconmásescasezdecombustibledesdelanacio-nalización, un hecho que parece profundamente paradójico.

•Secuestionaelargumentodequeladeficienciaactualseencuentraenel ejercicio de los derechos: las actuales problemáticas en realidad tie-nen que ver más con dispositivos económicos y políticos. La prestación de servicios de empresas transnacionales a YPFB, por ejemplo, tiene que ser puesta en tela de juicio, de la misma manera en que debe ser cuestionado si realmente YPFB se apropia de un 100% del excedente,



el sistema económico global y el rol de Bolivia en este. •Preocupa tambiénque,actualmente, lasempresaspúblicasgenerany

reciben el 40 % del presupuesto. De ello, YPFB absorbe casi el 90%; ¿a qué de destinan estos fondos, si el Plan de Industrialización de YPFB muestra que faltan aún, a veces, hasta el 60%, de los recursos financieros para la industrialización?

Raúl Prada, en función a algunas de estas inquietudes, comentó que: •Enelcontextoboliviano,latransformaciónhaciaunEstadoPlurina-

cional es lo esencial. Destacó en este punto el planteamiento que se ha hecho de una transición hacia un Estado post-capitalista, que es una propuesta de descolonización, distinta a una dictadura del proletariado —que más bien queda en el marco de la modernidad. La propuesta de un Estado Plurinacional implica una institucionalidad, administración y gestión plurinacional, que se ha elaborado también en la propuesta de Ley de Gestión Pública Plurinacional Comunitaria e Intercultural; ley que sin embargo ha sido rechazada.

•Con respecto a la nacionalización, el problema fundamental no estátanto en la existencia o no de normas cantidades porcentuales, sino en cómo se ejerce el control técnico de la explotación, de la producción y de la comercialización, que actualmente está en manos de las trans-nacionales. Por lo tanto —argumenta— no hay una verdadera nacio-nalización, dado que no hubo expropiaciones y tampoco hay control técnico. Habría entonces que preguntarse, de acuerdo con las palabras de Prada, quién es el actual propietario.

•Tratando la pregunta relativa al ejercicio de los derechos indígenas,Prada destacó que el problema fundamental es que no hay el espacio de la participación, ni la gestión —a pesar de que la CPE dice que la cons-trucción de la ley de la gestión pública debería tener lugar de manera colectiva. Además, hay que analizar, según el consultor, en manos de quién se encuentra la riqueza, ya que el Estado actúa de acuerdo a una lógica rentista extractivista que debería ser sustituida por una lógica plurinacional y de soberanía.

La intervención de Manuel Morales en el debate, por otro lado, aclaró que: •Bolivia se encuentra ahora enunnuevomomento,por loque la re-

flexión no debería concentrarse en cuestiones sectoriales, sino en cómo se ejerce el poder.

•Lacuestióndelejerciciode losderechostienequever,porsupuesto,con las correlaciones de fuerza. Aunque YPFB no ejerce todos los de-rechos, sí hay mayor influencia en la definición de precios, por ejemplo.

•Aunquelaspersonasenelgobiernohancambiado,yhoyendíaseen-cuentran incluso personas que en un principio se oponían a la naciona-lización y al proceso de cambio, a este último es necesario distinguirlo del gobierno, pues no se debe olvidar que el cambio es una propuesta de los movimientos sociales.

Roxana Azeñas, por su parte, concluyó dejando sobre la mesa la reflexión de que la propiedad ahora es, finalmente, del pueblo boliviano. Sin em-bargo, comenta, falta sustituir el chip de que “la economía manda”, y de que hay que “crear incentivos para los transnacionales”, ya que hoy en día, cuando estas empresas firman contratos, lo hacen bajo las condiciones es-tablecidas en el país, en Bolivia. Por eso también es tan importante ejercer los derechos, y no esperar a que se abran los canales, enfatizó.

Anexo p. 113: Transcrip-ción del debate en el panel ‘Visiones sobre la nacionalización’

Textos de fondo“Diagrama de poder trasnacional. Fuerzas, instituciones, empresa y monopolio” de Raúl Prada (24p.) ver en http://www.proyecto-ne-be.org/upload/books/66/Diagrama_de_poder_trasnacional_Raul_Pra-da_original.pdf

“Las diferencias conceptuales entre el anterior y el actual régimen de hidrocarbu-ros” de Roxana Azeñas + (13p.) ver en http://www.proyecto-nebe.org/books/view/78

El documento en cuatro partes:

“1- Marco conceptual de la nacionalización de hidrocarburos en Bolivia” (49p.) http://www.proyecto-nebe.org/books/view/79;

“2- Diagnóstico del sector de hidrocarbu-ros en Bolivia” (52p.); http://www.proyecto-nebe.org/books/view/80

“3- Estrategia de gestión del sector de hidrocarburos” (30p.) http://www.proyecto-nebe.org/books/view/81

“4- Lineamientos para una nueva ley y una política estatal de hidrocarburos” (33p.), de Roxana Azeñas y Manuel Morales ver en, http://www.proyecto-nebe.org/books/view/82

http://www.proyecto-nebe.org/upload/books/66/Diagrama_de_poder_trasnacional_Raul_Prada_original.pdf



















4 Panel ‘Perspectivas legislativas’

Con la participación de los senadores Adolfo Mendoza y Carmen

García, los diputados Pedro Nuny y Bienvenido Zacu y Farit Rojas

(co-fundador e integrante del Centro de Estudios Constitucionales de

la Universidad Católica Boliviana)


El diputado Pedro Nuny destacó, mediante su participación en el taller, la importancia política para los pueblos indígenas de la tierra, el territorio y los recursos naturales. Ha sido la importancia dada por los indígenas a es-tos elementos la que ha conducido a significativas movilizaciones políticas. Hoy en día, muchas organizaciones indígenas están divididas por el propio accionar del gobierno boliviano, coincidiendo con el aniversario de 25 años de la Central Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), y con la visita del gobierno a una sola fracción de esta organización indígena, comentó Nuny.

De acuerdo con el diputado, la CIDOB ha jugado un papel importan-tísimo con sus propuestas conjuntas con el Pacto de Unidad para la nueva Constitución. Sin embargo manifiestó en este sentido su preocupación con

respecto a la “traducción” de la nueva Constitución Política del Estado en leyes. La proyección de una nueva Ley Minera, por ejemplo, evidencia la incapacidad de cambiar los viejos horizontes y de empoderar la pobla-ción indígena y campesina, transfiriendo poder de las transnacionales hacia ellos. Esto va acompañado de una priorización de un supuesto horizonte para todos, en nombre del “desarrollo”.

Asimismo Nuni problematizó que, como diputados, no gozan de acce-so a varios proyectos de ley —como al de la Ley Forestal. Esto, sin lugar a dudas, se traduce en que las leyes no pueden ser mejoradas, siendo que son diseñadas más bien de acuerdo a consignas, en desmedro de los derechos indígenas.

Minutos más tarde en su ponencia, Nuni comentó la existencia de un proyecto para una nueva Ley Agraria en curso: en el marco de la discusión de este proyecto, las actuales tendencias —sobre todo por parte de actores campesinos— son de demandar que se reviertan las tierras dotadas a pue-blos indígenas para su redistribución. Analizó, también con preocupación, cómo los nuevos proyectos de la Ley de Hidrocarburos y de la Ley de la Consulta debería cumplir lo que ya está inscrito en la nueva Constitución, y que las actuales condiciones de los procesos de consulta, como en el caso del Territorio Indígena y Parque Natural Isiboro Sécure (TIPNIS), mues-tran nuevas problemáticas. De continuar estas tendencias, Nuny enfatizó que el Estado estaría, en lugar de empoderar, debilitando aún más a los pueblos indígenas y su reivindicación de derechos.

Sin embargo, el senador afirmó no perder la expectativa de que se cum-pla con lo establecido en la nueva Constitución, esperando que haya la unidad para poder superar —conjuntamente con todos los pueblos indíge-nas— estos nuevos conflictos sociales y eco-territoriales.

El diputado Bienvenido Zacu inició su ponencia resaltando cuatro marchas indígenas: la primera marcha nacional en 1990 la Marcha por el Territorio y la Dignidad, que fue liderada por el pueblo mojeño; la segunda marcha nacional en 1996, la Segunda Marcha Indígena y Campesina por el Territorito, la Tierra, los Derechos Políticos y el Desarrollo, que llevó al reconocimiento de las Tierras Comunitarias de Origen —aunque bien hay que mencionar que la demanda original fue la de un reconocimiento de los Territorios Indígenas Autónomos, basándose en un concepto territorial muy amplio, que parte del espacio, el aire, y localiza la emergencia del con-



cepto de recursos naturales en este espectro.La Tercera Marcha Indígena por la Tierra, Territorito Indígena y Recur-

sos Naturales fue iniciada porque se violaron los derechos que fueron con-quistados por los pueblos indígenas en la Ley Agraria; y la Cuarta Marcha por la Soberanía Popular, el Territorio y los Recursos Naturales se dirigió contra un decreto aprobado por el gobierno de Banzer, afectando a las co-munidades indígenas y campesinas del norte amazónico. En este marco se formó, entre organizaciones indígenas de Santa Cruz y del Beni, el Bloque Oriente —guaraní, chiquitano, guarayo y ayoreo, así como sectores sociales campesinos y trabajadores asalariado del campo. Esta fue la semilla incipien-te de lo que sería después el Pacto de Unidad y la Asamblea Constituyente.

La expectativa durante el proceso Constituyente, en aquel momento de apertura, fue que los pueblos indígenas iban a estar mejor. Sin embargo, se está presentando una situación en la que las normativas y legislaciones, ori-ginalmente propuestas por los pueblos indígenas, son manejadas de acuer-do a otros intereses. Eso tomando en cuenta que fueron históricamente los pueblos indígenas quienes acumularon experiencia en los procesos de consulta, en tiempos en los que el Estado ni formaba parte de estos proce-sos, ya que fueron llevados a cabo directamente por parte de las empresas transnacionales, contando con un apoyo crucial de técnicos y ONG que fueron incondicionalmente solidarios. Aprovechando la ocasión, Zacu de-terminó fundamental aclarar que las acusaciones del gobierno con respecto a las ONG y los ambientalistas [de que incentiven el conflicto] no deben ser consideradas ciertas.

En este sentido el diputado, también reivindicó a los indígenas, acla-rando que no son los opositores al desarrollo, como se denuncia común-mente por parte del gobierno: los indígenas sí quieren desarrollo… pero dependiendo del tipo de desarrollo.

Y es que se tienen que tomar en cuenta las consecuencias negativas de proyectos desarrollistas, como la carretera Santa Cruz – Beni, que ha hecho desaparecer a los indígenas guarayos de esta zona. En este sentido, Zacu convocó a un dialogo entre los pueblos indígenas —que no sea a través de o influido por los medios de comunicación, que más bien culpan a los in-dígenas de conflictos por “oponerse al desarrollo”, con lo que confunden además a la comunidad internacional.

La senadora Carmen García enfocó su participación a referirse a la

problemática existente hoy en Bolivia en materia de derechos de los pue-blos indígenas, partiendo desde la nueva Constitución Política del Estado, donde se destaca la relación que tienen los pueblos indígenas con la tierra y el territorio. Asimismo, resaltó el carácter dela obligatoriedad en cualquier “proyecto de desarrollo” que implique la explotación de recursos naturales; lo cual se traduce en consultar a la población local que puede ser afectada por el mismo proyecto.

Sin embargo, mencionó su gran preocupación con respecto a las inter-venciones de los anteriores diputados que son —como ella– del partido oficialista, ya que señalan una problemática que se evidencia en los térmi-nos: “pueblos indígenas versus Estado”. Sobre este punto, reiteró la nece-sidad de construir diálogo en lugar de profundizar las divisiones, ya que la solución de este dilema depende justamente de la capacidad de entablar aquellos diálogos.

A pesar de que ha habido diferentes participaciones de indígenas en los procesos políticos y de los gobiernos —comentó— en este momento toca preguntarnos: ¿dónde estamos? El MAS se presenta como representante de toda la sociedad, sin embargo, enfatizó la senadora, toca preguntarnos: ¿dónde estamos de verdad?

Como representante legítima de la sociedad, la senadora convocó al público a hacerle llegar sugerencias y críticas constructivas, que puedan ser tomadas en cuenta y así, si fuese necesario, rectificar errores. Además, señaló que quizás puede ser necesario un proceso de diálogo interno antes de depreciar el gobierno de Evo Morales: quizás no es tiempo para eso todavía. Hay que evaluar por separado el trabajo del legislativo y del ejecu-tivo, como mismo hay que tener claridad de que el objetivo no puede ser que nos recluten a nosotros (los indígenas) por parte de los partidos, sino más bien tener como horizonte la forma de convivencia que se aspira: el Buen Vivir.

Cuenta que la realidad como asambleísta puede ser muy dura, porque muchas veces no hay oportunidad para incidir en políticas, ni de estar in-formada de las propuestas de leyes, lo que se debe, sobre todo, a la falta de coordinaciones y al relacionamiento específico y parcial entre el ejecutivo y el legislativo. Reafirma que en este contexto hay que trabajar con toda la honestidad y disposición, “caiga quien caiga”. En el tema de tierra, territo-rio y recursos naturales, por ejemplo, es necesario que existan propuestas



para avanzar en la construcción del Estado Plurinacional, que debe recupe-rar los valores y los conocimientos de los ancestros donde los intelectuales también tienen que jugar un rol principal. Convocó, en ese sentido, a traba-jar con los intelectuales y con intelectuales indígenas, remarcando que este proceso de cambio no es del legislativo, ni del ejecutivo; sino del pueblo.

El senador Adolfo Mendoza, por su parte, enfocó la conexión entre derechos indígenas y recursos naturales en el marco de los nuevos conflic-tos eco-territoriales, haciendo hincapié en la cuestión del desarrollo y las alternativas que se plantean a este. En su análisis, Mendoza parte de lo que está inscrito en la nueva Constitución Política del Estado, en la que resalta cinco ejes: el de las bases fundamentales del Estado como sistemas de go-bierno y caracterización del Estado, el de derechos, el de la organización propiamente estatal con los poderes respectivos, el de la organización terri-torial del Estado y el que combina la economía plural con tierra y territorio.

Con respecto al tema de debate, destacó en su ponencia la Ley Marco de la Madre Tierra y el Desarrollo Integral para el Vivir Bien, siendo esta una “ley nodriza”: una ley madre y una ley orientadora de otras leyes. Denunció, en cambio, las críticas de que estas leyes tendrían orientacio-nes extractivistas, ya que en su parecer este argumento no tiene sustento. Argumentó cómo, más bien, esta ley consta de una serie de “candado” que prohíbe se reviertan conquistas como la propiedad colectiva de la tierra y la territorialidad indígena, tal como está inscrito en la nueva Constitu-ción Política del Estado; además que proyectan un cambio en la concep-tualización del termino de los recursos naturales, que de acuerdo a esta concepción se entienden como componentes de la madre tierra y de los sistemas de vida.

Además nos menciona que esta Ley es orientadora con respecto al orde-namiento territorial de los municipios y los departamentos, lo que tiene que ver con asuntos tan específicos como la modificación del uso del suelo. Igual-mente, le ley establece los objetos del uso de recursos que tengan que ver con la preservación de los componentes del mundo de la madre tierra. Esto im-plica que se tenga que generar una nueva visión institucional de la aplicación de los planes llamados “de desarrollo”, visión que además debe estar basada en el nuevo ordenamiento autonómico (con las autonomías departamenta-les, regionales e indígenas), replanteando también los roles del ejecutivo y legislativo con respecto a este equilibrio entre desarrollo y la madre tierra.

La discusión sobre los temas centrales, sin embargo, no se acaba con la discusión de los derechos constitucionales, y las leyes que siguen a la CPE, como la Ley Marco de Consulta; sino también de los mecanismos de de-mocracia participativa y directa como el rol de las Asambleas, los cabildos, entre otros, factor decisivo que de acuerdo al senador también deberían pensarse en las áreas del legislativo, del ejecutivo y de los mecanismos elec-torales – aparte de la discusión concreta de leyes en curso.

El cofundador e integrante del Centro de Estudios Constitucionales, Farit Rojas, señaló en su intervención que una Constitución es de supues-tos materiales, pues se trata de un instrumento para gestionar conflictos materiales, como para reconocer derechos materiales. Dando un recuento histórico desde la Constitución de 1939, destaca que los debates sobre la territorialidad empiezan en las década de 1970 y 1980, exactamente en el año 1982, cuando por parte de la Confederación Sindical Única de Traba-jadores Campesinos de Bolivia(CSUTCB) surge la primera propuesta de un Estado Plurinacional. El debate sobre el derecho a la consulta, por su parte, surge más bien en el multiculturalismo neoliberal de la década de los años 1980 y 1990, lo que pone en duda su cualidad en otras condiciones de estatalidad.

En las movilizaciones sociales acaecidas desde el 2000 y durante el pro-pio proceso constituyente boliviano, el tema de los recursos naturales cobró un significado muy importante. El resultado de aquellos debates en que finalmente es el pueblo boliviano el propietario de los recursos naturales en el país. En este escenario, el Pacto de Unidad —un pacto entre las princi-pales organizaciones indígenas y campesinas— cobra una protagónica im-portancia, al punto que induce un proceso Constituyente tan participativo como lo fue el boliviano. Gracias a ese proceso se puede hablar de un nuevo tipo de constitucionalismo con antecedentes en otros países latinoamerica-nos como Ecuador.

La Constitución prevé además una serie de mecanismos de participa-ción y se establece que debido a la pluralidad de actores existente se habla de un Estado Plurinacional. Sin embargo, su fundamento material se basa —aparte de la pre-existencia colonial— en la multiplicidad de lenguas que existe, lo que parece ser un fundamento más bien débil. A pesar de que en la Constitución Boliviana, los seres humanos, —y en algunas partes, más allá de ellos, los seres vivos— cobran una relevancia particular, al mismo



tiempo no se inscriben derechos de la madre tierra como sí sucede en la Constitución de Ecuador, por ejemplo; como tampoco se liga la impor-tancia de la madre tierra inscrita en la Constitución con los conocimientos indígenas —aunque al mismo tiempo se destaca la importancia de los re-cursos naturales, por ejemplo al declarar un delito de traición a la patria la violación del régimen constitucional sobre recursos naturales.

Como nuevos instrumentos están: la acción popular, a la que se pue-de recurrir para defender bienes e intereses colectivos; el Tribunal Agro-Ambiental; la figura del control social, mediante la cual se establece que la sociedad civil organizada deberá apoyar al legislativo en la construcción colectiva de las leyes; y asimismo, se inscribe que el tema de los recursos naturales es manejado en el nivel nacional del Estado Plurinacional. Ade-más, se habla un sinnúmero de veces de desarrollo sustentable, que refiere a un tipo de desarrollo local en el cual no se introduce tecnología para sobre-producir, ni transgénicos, y tampoco se perturban los ciclos de rege-neración de la naturaleza— lo que sin embargo tensiona con varios otros inscritos en la Constitución.

En el debate, los participantes se manifestaron:•Cuestionandoelconceptodeterritorialidadaplicadoenlosdiscursos,

ya que muchas veces existe confusión entre lo que es tierra, territorio y recursos naturales, que son realmente términos fuertemente relaciona-dos con el concepto de la autodeterminación. Al respecto, mencionaron la preocupación de que la autonomía indígena de alguna manera no se está logrando poner en práctica, lo que tiene que ver principalmente con las trabas burocráticas existentes.

•Encontrando deficiencias en otras áreas constitucionales, como porejemplo las formas de organización en el trabajo minero, ya que las disputas entre las cooperativas —que son en verdad pequeñas empresas privadas— y la minería estatal se agudizaron, y el Estado no interviene suficientemente para arreglar esta disputa a favor del bien común de todos.

•Destacandolaimportanciayelactualdesafíodehacervaleryrealizarlos derechos formalmente reconocidos, sobre todo en el área de tierra, territorio y territorialidad. Cuestionando la forma en la que de facto se aprueban leyes en el momento, que es modificando las propuestas de las

organizaciones sociales, luego con el dictamen de no “cambiar ni una coma” y a veces esperando a que ciertos diputados o senadores estén en sus regiones para que no puedan oponerse.

•Analizandoque laLeyde laMadreTierra, talcomofuepropuestopor el Pacto de Unidad, y consensuada con el Ministerio Medio Am-biente y Agua al igual como con la Comisión de Medioambiente y Tierras de la Asamblea, ha sido cambiado. La nueva denominación es Ley de Madre Tierra y Desarrollo Sostenible, y las acentuacio-nes ambientalistas, ecologistas y de las comunidades indígenas fueron sustituidas por visiones más desarrollistas. Además, se eliminaron las partes que proponían un cambio institucional debido a la integración del eje de la madre tierra en todos los ámbitos. Asimismo, se criticó la Ley 122, que recorta la idea de la consulta a los pueblos, ya no llamándola ni previa y con consentimiento, ni libre ni informada, e interpretándola como una imposición del proyecto de la carretera en el TIPNIS, situación en mucho parecida a lo que ha pasado con varias otras leyes y que —por consiguiente— no se puede considerar una labor consecuente del legislativo.

•Calificando a laLeyde laMadreTierra, además, comoproductivistay explotadora de los recursos de la madre tierra. Se ha deconstruido la forma de la licencia ambiental, y en las leyes referidas a los recursos na-turales, se fomenta la expansión de la frontera agrícola, y el perdón de los desmontes ilegales, cuando en verdad estos deberían ser penalizados.

•Observandocomoelementoscríticoslaincorporacióndemástierraseneste régimen, el cambio del uso de suelo y la destrucción de los bosques, áreas protegidas y territorios indígenas, así como el propio momento en el que se encuentra el proceso de cambio y la construcción del Estado Plurinacional.

El diputado Pedro Nuny concluyó sus intervenciones destacando que la Ley de la Madre Tierra aprobada prácticamente constituye una Consti-tución paralela, ya que inicialmente, a través de esta Ley —tal como la propuso el Pacto de Unidad— se quería legislar no solamente para los hombres y mujeres y los seres vivos, sino también para lo que realmente es el territorio. Ante esta triste realidad del Estado Plurinacional boliviano, se ha pedido la modificación de esta y subsiguientes leyes.



La senadora Carmen García, puntualizó además que:•EsciertoquesetratadeunasituaciónpolíticadelEstado,queesde-

licada, y que no es culpa de una o unas cuantas personas. Por lo tanto, argumentó a favor de una apertura que permita retomar críticas cons-tructivas y propuestas para poder corregir errores.

•Existe laconscienciasobrelaproblemáticadelconceptode“recursosnaturales”, ya que de acuerdo a las visiones indígenas, se habla de la Madre Tierra, de la Pachamama, que abarcan los ciclos vitales basados en el territorio, de todos los seres vivos, no solamente los humanos. Sin embargo, ella pide que se entienda que en la Constitución se inscribiera el término de “recursos naturales”, y que es por eso que se recurre a este concepto en los debates actualmente.

•Apartirdeladegradacióndelanaturalezaqueyatuvolugar,setieneque ver ahora cómo se puede controlar la misma: en los gobiernos an-teriores los indígenas ni tuvieron la posibilidad de exponer sus visiones, así que ahora se argumenta que se tiene que ver también los aspectos positivos y las potencialidades de incidir en la política.

•Lascondicionesdentrodelasinstitucionesestatalessonmuydifícilestambién; a veces uno no puede implementar lo que acordó con sus ba-ses. Sin embargo, en esos escenarios hay que mantener el diálogo con los diferentes actores. Con el Presidente Evo Morales, por ejemplo, esto es algo difícil porque hay personas que dificultan que se llegue a él. El diálogo se debe mantener entonces sobre todo con el pueblo.

El senador Adolfo Mendoza dedicó algunos minutos para:•Convocaraquesedemuestraunsoloartículoqueseaextractivistaen

la Ley de la Madre Tierra, en lo que enfatizó que se tiene que tomar en cuenta que ha habido diferentes versiones de la Ley, y que aquella llevada a Cancún no es la misma que se llevó a Rio+20.

•Explicarquesibienhayvarioselementosestructuralesenesteprocesode cambio que no están marchando bien, no se puede descalificar sin demostrar. En ese sentido pidió además que se tome en cuenta que se está trabajando en lo que Boaventura de Sousa Santos llama un Estado experimental, en el cual —sin embargo— a pesar de que se trata de un proceso de transformación, se tiene que trabajar aún con varios elemen-tos viejos, lo que no es fácil en sí.

El integrante del Centro de Estudios Constitucionales Farit Rojas con-cluyó el espacio de debate no sin antes dejar sobre la mesa de discusión algunos temas puntuales:

•Lasleyesnosonincambiables,sinoquetienendiferentesprocedimien-tos para poder modificarlas. Únicamente la primera y quinta parte de la Constitución —las que entre otras cimientan las bases del Estado plurinacional— exigen de un nuevo proceso constituyente.

•Tienemuchosentido analizar toda la ley secundariaconrespectoaposibles elementos de inconstitucionalidad, ya que existen varias defi-ciencias, como por ejemplo en la Ley de Deslinde Jurísdiccional, que limita las competencias de la jurisdicción indígena argumentando que no conocen la materia de la jurisdicción ordinaria, ya que la idea prin-cipal era la de construir inter-legalidad entre ambas jurisdicciones.

•Podría ser fructífero retornar a losdebatesdeprincipiosdelprocesoconstituyente, ya que en estos momentos trabajaban juntos personas aquí presentes: Raúl Prada y Adolfo Mendoza. De este modo, a modo de entender y superar las actuales diferencias políticas, podría ser un aporte volver a recordar los debates de cierta manera fundacionales de entonces.

Anexo p. 123: Transcrip-ción del panel ‘Perspecti-vas legislativas’



5. Mesas de trabajo “Derechos indígenas”, “Medio-ambiente

y desarrollo” e “Industrialización y empresas”,

Coordinadas por Lorena Terrazas (Licenciada en Relaciones

Internacionales, Pedro Pachaguaya (antropólogo) y Marcelo

Guzmán (estudiante en Historia)

Mesa de trabajo ‘Industrialización y Empresas’ 4

Pedro Pachaguaya

INTRODUCCIÓN La mesa de trabajo “Industrialización y empresas”, tal vez parezca una mesa que nada tiene que ver con la problemática indígena a primera vista. Hago esta apreciación debido a dos detalles; por un lado, en relación a las otras dos mesas, que sí tenían en sus títulos la palabra “indígena”; parece que están más a la moda, por lo tanto, son más atrayentes. Por otro lado, a solo

4 En esta mesa participaron el coordinador Lic. Pedro Pachaguaya y miembros de la nación Tacana, Leco, Guaraní, y Weenhayek.

cinco personas del público les interesó trabajar esta temática. Inclusive, se intentó convencer uno a uno, pero la mayoría deseaba trabajar temas de moda. Mi formación antropológica tomó como desafió trabajar esta mesa debido a los estereotipos.

Ahora bien ¿cómo trabajar una mesa denominada “Industrialización y empresas” con indígenas? Por un lado me puse a reflexionar muchas cosas pero entendí que era necesario hacer otra entrada y no la clásica en que solo se muestra a los indígenas como indefensos frente a la industrialización y la arremetida de las empresas foráneas, así que empezamos con el grupo a reflexionar qué pensaban sobre la forma de trabajar que tienen las empresas y que tipo de empresas estaban destinadas a ellos. Estas son las reflexiones que surgieron en torno a este tema

HAY LOS RECURSOS NATURALES PERO NO LOS ECONÓMICOS

Pese a que los indígenas en el bosque conviven con la naturaleza y la forma de interaccionar con ella no es tan agresiva como la forma moderna, están conscientes que el bosque esta abarrotado de recursos naturales: hay mucha cantidad de madera, hay animales, hay plantas medicinales, hay agua, hay pesca, hay minerales, hay petróleo…

EL DISCURSO DICE “SOLO DEBEMOS VIVIR DE NUESTRA CULTURA”

Pese a estar abarrotados de recursos por todas partes, las oportunidades económicas que se ofrecen a los indígenas son muy limitadas. Las ONG y las empresas solo desean invertir en emprendimientos como las artesanías (cerámica, tallado en madera, textiles, pinturas etc.), en pequeñas empresas como la producción de alimentos orgánicos o finalmente el etnoecoturis-mo. Las ONG alimentan esta visión quitando, mutilando las aspiraciones de explotar los recursos que se encuentran en los territorios indígenas. Es por eso que los Leco dicen, burlonamente señalan: “Los indígenas deben vivir de su cultura”.

LAS REGLAS ECONÓMICAS ESTÁN HECHAS PARA FAVORECER A LOS

EMPRESARIOS

Este caso es muy importante: si bien los recursos naturales están en te-rritorios indígenas, “las reglas económicas están para favorecer a los em-presarios privados, pues ellos llegan contra la maquinaria para explotar la



madera, sacan camiones y camiones de troncos, los minerales… Ellos se llevan a veces el 80% de las ganancias y suelen dejar solo el 20%. Inclusive reciben préstamos a los cuales nosotros no podemos acceder” (miembro de la nación Tacana).

Como se observa, el testimonio señala que la situación es muy desven-tajosa, pese a que ellos son los dueños de esos recursos.

NOSOTROS LOS INDÍGENAS NO TENEMOS NINGUNA GARANTÍA PARA

ACCEDER A PRÉSTAMOS

Inclusive, poseer una Tierra Comunitaria de Origen (TCO) puede resultar perjudicial a la hora de acceder a los préstamos, “nosotros no tenemos una tierra individual pues la tierra en la comunidad es de todos, ellos si tie-nen su tierra y la pueden hipotecar, ellos pueden trabajar en plantaciones sembrando caña y soya nosotros solo trabajamos en El Chaco, por estas razones nosotros no tenemos ninguna garantía para los bancos” (miembro de la nación Guaraní).

Lo anterior señala que las aspiraciones de vivir bien en las comunidades están entremezcladas entre los valores que te ofrece la vida moderna y los valores comunitarios. Es pertinente señalar como la economía de mercado utiliza el discurso de reivindicación indígena para aislarlos aún más y negar toda forma de autogestión posible relegándolos solo a actividades econó-micas incipientes. Inclusive “racializando” la economía: artesanías para los indígenas e industrias extractivas para los criollos; tierras comunitarias que no se pueden hipotecar para los indígenas y tierras privadas que si se pue-den hipotecar para los empresarios; los indígenas deben vivir de su cultura y los empresarios pueden aprovechar la economía de mercado. ¡Vaya ironía!

A LOS MINEROS LA FICHA AMBIENTAL LES SALE EN TRES MESES

Toda actividad económica que se desee hacer en el bosque del Amazonas debe poseer una ficha ambiental, este requisito es la garantía de que dicha actividad no tendrá un impacto nocivo en el ecosistema. “Los requisitos que se requieren para sacar una ficha ambiental son muy caros y muy difí-ciles de obtener para los indígenas. Sin embargo, a los mineros, a las em-presas petroleras y a las madereras la ficha les sale en tres meses máximo, por eso también no podemos aprovechar nuestros recursos” (miembro de la nación Leco).

Lo mismo pasa para realizar un emprendimiento ecoturístico: “A un emprendimiento ecoturístico le piden un montón de análisis, análisis de agua, inclusive análisis de ruido, me acuerdo que una vez tratamos de sacar el análisis de ruido y el análisis dio que el emprendimiento turístico pro-ducía un excesivo ruido. El técnico no se dio cuenta que el bosque tiene un ruido natural y por eso existe tanto ruido… es grave” (miembro de la nación Tacana). Como señalan los miembros de la mesa, el acceso a la ficha ambiental es otra traba que va en contra de los indígenas y pueden cometerse una serie de injusticias por parte de los técnicos que hacen este análisis, como los del análisis del ruido.

LUCHAS EN EL TERRITORIO FRENTE A LAS EMPRESAS

Para las personas que viven en El Chaco “estamos luchando para que la planta separadora de líquidos que se intenta construir nos traiga beneficios en dinero, estamos haciendo marchas, bloqueos, queremos que nos cons-truyan una cancha con césped para los jóvenes” (miembro Whenayek). Si bien la construcción de canchas es importante para los jóvenes, es necesa-rio recalcar que no se puede gastar los pocos recursos que dan estas em-presas en canchas con césped sintético, es necesario invertir en proyectos productivos, pues a partir de eso se tendrán muchas canchas.

Las empresas que se encuentran en territorios indígenas producen una serie de conflictos y problemas a nivel ambiental, político, económico, cul-tural. Durante el taller se identificaron varios de estos problemas, espe-cialmente de las industrias denominadas “extractivistas: la mesa identifico algunos de estos problemas.

LAS EMPRESAS NO TIENEN RESPONSABILIDAD SOCIAL, TIENEN

CONCESIONES PARA EXPLOTAR.

“Cuando las empresas empiezan a explotar, el impacto negativo se puede ver, por ejemplo, en los ríos que empiezan a contaminarse y los peces em-piezan a desaparecer. Inclusive hay empresas que quieren entrar a nuestro territorio —aunque sea un área protegida— y entran nomás pues hacen caminos, pues han diseñado caminos estratégicos y empiezan a explotar, en nuestros territorios hay concesiones petroleras” (miembro nación Tacana). También las empresas introducen diferentes modos de vida, son daños que no se discuten y que afectan directamente a la cultura.



“El gobierno no plantea políticas que incentiven para que nosotros po-damos plantear una manera adecuada de manejar el bosque desde nosotros, nosotros queremos vivir una vida normal pero estamos en constante lucha” (miembro nación Leco).

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA LA AUTOGESTIÓN

Después de reflexionar con el grupo sobre la problemática de las industrias y las empresas, se plantearon algunas ideas de solución para poder empo-derar a los indígenas en la gestión de sus recursos.

•Crearunanormadesdelaorganizaciónmatrizparaaccederalosre-cursos naturales. Es decir, que las comunidades deben plantear un pro-yecto de ley para que ellos también puedan acceder a la explotación de los recursos naturales que existen en sus territorios, como ser petróleo, minerales, madera, entre otros.

•Crear estrategias de control para las empresas. Debemos controlarnuestro territorio para impedir la intromisión de estas empresas que entran a nuestro territorio sin permiso.

•Unir fuerzas para consolidar la autonomía indígena. Se debe lucharpara que podamos obtener la autonomía indígena; a partir de esto se podrá definir quién es el acreedor de los territorios y además de los re-cursos que existen en dicho territorio.

•Explotaciónygestiónderecursosdesdelavisiónindígena.Actualmen-te la explotación y gestión de recursos naturales está destinada a los centros más poblados, como las ciudades, es decir, tiene una visión esta-tal y municipal: se deben crear mecanismo para que sean los indígenas los más beneficiados.

•Sedebetrabajarmásalládelaconstitución,Laconstitucióntieneunmarco que debe ser normado, pero los indígenas deben utilizar ese mar-co y luchar para conseguir sus demandas.

•Crearunfondoindígenadesdeotrosvalores.Esnecesariobuscarotrosmecanismos que logren dar crédito a los indígenas, pues el actual solo favorece a los empresarios privados y a la economía de libre mercado. Un fondo o una forma de crédito alternativa debe ser creada basada en los valores comunitarios.

CONCLUSIONES

El tema de “Industrias y empresas” en territorios indígenas es algo poco trabajado, quizás debido a que actualmente solo se reflexionan temas refe-ridos a los derechos indígenas y a la forma de vida armónica de los indí-genas con la naturaleza. Estos clichés deben ser desmontados pues, como se observa, una mirada a la cotidianidad de los indígenas nos muestra que no son homogéneos y que tienen las mismas aspiraciones que cualquier ser humano aunque en diferentes contextos. La lucha y la disputa por la explotación de los recursos que se encuentran en sus territorios está pre-sente y ellos desean ser parte de esa explotación, pues en muchos casos ya no desean ser ese sujeto pasivo que solo vende artesanías en las calles o que baila danzas “tradicionales”.

Es pertinente mencionar que entre los miembros del grupo se llegó a la conclusión de que no todos los indígenas son iguales, pues hay algu-nos que todavía no están en interacción directa con la modernidad y la economía de mercado; debido a esto están en situación de vulnerabilidad aún más fuerte.



Mesa de trabajo ‘Medio Ambiente y Desarrollo’ 5

Marcelo Guzmán Zilveti

INTRODUCCIÓN

La mesa trabajó sobre las formas de Desarrollo, la relación de estas con el Medio Ambiente y la conflictividad generada a partir de estos procesos. Como dinámica de trabajo se plantearon tres puntos básicos:

•ConflictosdelarelaciónMedioAmbienteyDesarrollo;•Estrategiasderesistenciaylucha;y,•Propuestasdesolución

DISCUSIÓN Y DEBATE

5 En esta mesa participaron el coordinador Marcelo Guzmán Zilveti, Kiara P. Quezada G. y Jorge Segundo Mendez de la Capitanía del Alto y Bajo Izozog (CABI - Bolivia), Belen Paez de la Fundación Pachamama (Ecuador), Carlos Mena de la Universidad San Francisco de Quito (Ecuador), Marcelo Gutierrez de la Asamblea del Pueblo Guaraní - Nacional (APG - Bolivia), Mauricio Sarabia y Clever Clemente del Consejo Regional Tsimane Mosetene – Pilón Lajas (CRTM - Bolivia), Abdón Patiño de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP - Bolivia), Hernán Ruiz F. de la Comunidad de Estudios JAINA - KANDIRE (Bolivia) y Manari Ushigua de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE - Ecuador).

En general, las intervenciones fueron testimoniales. Cada representante compartió las experiencias que como organizaciones les toca afrontar. Se las puede clasificar en dos grupos: el primero con representantes de pueblos indígenas cuyos territorios están cruzados por concesiones forestales, mi-neras o hidrocarburíferas y que tienen una perspectiva en la que se nota la convivencia diaria con cambios acelerados en el medio ambiente. Un rasgo común de estos representantes es que sus territorios están sobrepuestos con áreas protegidas. El segundo grupo de intervenciones es de personas vinculadas a poblaciones indígenas mediante instituciones; técnicos que en cierto modo orientan las demandas y reivindicaciones.

Manari Ushigua (CONAIE) se refirió al tema de la consulta estipulada por la Constitución ecuatoriana y los tratados internacionales, abordando las perspectivas de resistencia desde los pueblos indígenas que se adopta-ron a partir del desconocimiento por parte del Estado a las garantías legales existentes. La oposición a algunos proyectos por parte de los indígenas o las exigencias por participación en la planificación y desarrollo de los mismos provocó que el Estado acuse de ilegalidad a la resistencia indígena. La res-puesta fue acusar al Estado por incumplir las normas al imponer proyectos.

Los representantes del CRTM identificaron los conflictos con el avan-ce de la frontera agrícola y la construcción de carreteras que afectan a su Territorio Comunitario de Origen (TCO). También se refirieron a los pro-yectos que involucran explotación de hidrocarburos y la forma en que se asume el proceso de consulta a las comunidades. Pusieron de ejemplo la consulta realizada para la construcción del corredor Norte, proceso en el que se consultó a pocas comunidades y se validó el proyecto sin abarcar la totalidad de habitantes. Al hablar de la gestión compartida de la Reserva de la Biósfera Pilón Lajas, mostraron que esta no avanzó lo suficiente, en general por la desigualdad de participación en la toma de decisiones, dado que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) está supeditado por el Estado. Además, mostraron la problemática generada por la super-posición de alcances entre la autonomía indígena y la departamental. Al estar el TCO repartido en dos departamentos se limitan los alcances reales de gestión como pueblos indígenas.

Los representantes de la CABI y APG hablaron de la problemática suscitada por la ganadería extensiva practicada en los alrededores del te-rritorio y el roce generado por la forma de subsistencia practicada en el



Izozog y el territorio Guaraní. Además, mostraron que el desgaste de la cuenca del río Parapetí está afectando que el agua llegue a los Bañados y perjudicando el desarrollo de las comunidades Isoseñas. En los bloques petroleros, dentro los parques nacionales Agüaragüe y Kaa Iya. No existen controles efectivos en los mecanismos de mitigación por efectos al medio ambiente, y estos no son efectivos. También mostraron inconformidad con la gestión compartida de las Áreas Protegidas, que la ven como insuficiente o “guiada desde el Estado”.

El representante del CPILAP comentó sobre la minería aurífera en su territorio y la forma de explotación mediante el lavado con el uso de químicos que contaminan el cauce de los ríos. Mostró que la forma de adjudicación de las concesiones no es negociada con las comunidades: no existe consulta y las cooperativas llegan directamente a trabajar sobre el terreno. Comentó la necesidad de debatir en espacios más amplios los temas que salían en la conversación, partiendo del reconocimiento de realidades distintas.

CONCLUSIONES Y PLENARIA FINAL

Fue enriquecedor para los integrantes el compartir testimonios de lu-gares que no están muy cerca unos de los otros. Se constataron similitu-des entre Ecuador y Bolivia, tanto en las formas de resistencia a políticas impuestas como en los agentes generadores de conflictos. Todos los testi-monios mostraron que —a pesar de ser un tema candente— está presente desde muchos años antes. Otra similitud es la convivencia entre territorio indígena y áreas protegidas nacionales.

Se pudieron establecer elementos comunes en cuanto a los conflictos:•Explotaciónderecursosmineralesehidrocarburíferos;•Avancedelafronteraagrícolayganadera;y,•Debilidadenlosprocesosdeconsulta.

A partir de este reconocimiento el diálogo se enfocó en las formas de resistencia y se denunció que estas mucha veces son vistas como ilegales por parte del Estado. No se habló de criminalización de la protesta, pero la idea de ilegalidad refleja la posibilidad de acudir a la justicia para debilitar la resistencia. Se habló también de los mecanismos empleados para desgas-tar la resistencia, siendo el principal la fragmentación generada al interior

de las organizaciones.Una puntualización importante fue la idea que se tiene sobre recur-

sos naturales. Los participantes aclararon que para los pueblos indígenas existe una visión de conjunto; los recursos naturales no se limitan a re-cursos naturales explotables. A partir de esta idea básica se comenzaron a plantear las posibles soluciones. Se repasaron las metodologías adoptadas para convivir con áreas protegidas, bloques de explotación hidrocarburí-fera, minería, y el avance de fronteras agrícolas. Se criticó la debilidad de los mecanismos de control con los que se cuenta. La gestión compartida en el manejo de áreas protegidas no tiene alcances reales por la presencia estatal a través de instituciones encargadas de la administración de los parques. Se mostró a la mitigación del impacto ambiental por parte de las empresas petroleras como ineficaz por falta de fiscalización efectiva. Al final de la discusión se criticó también lo limitado que resultan los espacios de reflexión sobre esta temática.

Básicamente se habló de comenzar a utilizar los mecanismos existen-tes, reconociendo sus fallas y limitaciones. Para sintetizar las propuestas de solución, se planteó una profundización en el diálogo, un diálogo sin presiones y en igualdad de condiciones.



Mesa de trabajo ‘Derechos Indígenas’

Lorena Terrazas

INTRODUCCIÓN

Se propuso la metodología de realizar preguntas motivadoras para iniciar el debate, en esta secuencia:

•AnálisisdelContexto¿Quépasahoyenmiterritorioenrelacióndelosmegaproyectos?

•AnálisisconenfoquedeDerechos¿Haycumplimientoovulneraciónde los derechos indígenas?

•Quéproponemos¿Quéaccionesconcretaspodemosproponerparaquese respeten nuestros derechos?

INICIO DEL DEBATE

El debate y la reflexión del grupo se inició con el Análisis del Contexto y la pregunta sobre ¿Qué pasa hoy en mi territorio en relación de los mega-proyectos?, para expresar cual es la realidad local que cada pueblo indígena

estaba viviendo. Al respecto salieron muchos ejemplos relevantes, como el del Rio Pilcomayo con la contaminación, la sequía en Charagua, los impactos de la exploración sísmica en Mosetenes, u otro tipo de megapro-yectos en el Norte de La Paz (pueblos Tismane-Moseten, Leco, Tacanas, y organización del pueblo Weenhayek).

En este sentido se hicieron reflexiones desde la mirada de los derechos colectivos, tierra-territorio, gestión del territorio, recursos naturales. En toda la reflexión también se destaca los derechos humanos e individuales (Asambleísta del Pueblo Indígena Tacana - Julio César Fessy Gonzales). Esta reflexión es importante porque, si bien como pueblos indígenas se es-tán luchando derechos colectivos, no van en desmedro de los individuales. En el debate de la mesa, salió la necesidad de enfocar el derecho a la salud y a la educación dentro de las TCO, y cómo ejercemos ese derecho, cómo lo hacemos realidad dentro de la lucha por el territorio, pero incorporando una mirada más amplia de otros derechos que también son negados o no atendidos por parte del Estado a muchos pueblos indígenas.

Y, desde luego, fue inevitable analizar la situación actual de las orga-nizaciones indígenas en razón de la división existente al interior de las mismas. Allí los planteamientos fueron mucho más claros, ya que si se desconocen los derechos no se puede fortalecer la organización y si no hay un cambio de líderes comprometidos, esta se vuelve vulnerable ante otros actores o el mismo Gobierno. Existe preocupación porque se vienen muchos megaproyectos en diferentes temáticas: hidrocarburos, mineros, carreteros… y hay que estar listos para enfrentarlos (Clemente Caimani del Consejo Regional Tsimane-Moseten CRTM).

Al respecto, en estas preocupaciones salieron algunas propuestas de ac-ciones que se pueden convertir en proyectos a futuro para ejecutarlos desde los pueblos indígenas en alianza con otras organizaciones.

PROPUESTAS PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS INDÍGENAS

•Comisión Nacional de Tierra y Territorio para la gestión de las TCO.- Muchas de las preocupaciones pasan por el saneamiento y gestión inte-gral del Territorio. Entonces, en este sentido se propone la creación de una comisión integrada por los Secretarios de Tierra y Territorio de los Pueblos Indígenas para dar seguimiento, ya que se tiene el 2013 como plazo para la finalización del saneamiento territorial. (Marco Condori



de la Organización del Pueblo Leco de Larecaja PILCOL, y el Asam-bleísta Departamental Jhonson Jiménez, por el Pueblo Leco.)

•Formación de Liderazgos jóvenes.- Se requiere la formación de lideraz-gos nuevos, de que los jóvenes indígenas y mujeres se involucren en la toma de decisiones dentro de las organizaciones de pueblos, regionales y nacional. (David Mayto, de la Organización del Pueblo Moseten OPIM)

•Mujeres como articuladoras del movimiento indígena.- En la crisis actual del movimiento indígena surgieron varias ideas y coincidencias sobre el rol de las mujeres como unificadoras, articuladoras del mo-vimiento. Entonces esa solicitud ya ha sido elevada en las diferentes regionales y organizaciones de pueblos para que las mujeres se puedan pronunciar para promover el diálogo al interior del movimiento (Inter-vención de Silvia Lipa de la Central de Mujeres Indígenas de La Paz CMILAP y Blanca Edith Cuarto, Vicepresidenta de la Asamblea del Pueblo Guaraní, APG).

6. Panel ‘Territorio y derechos indígenas: organizaciones de

Ecuador’

Con la participación de Carlos Mena (Universidad San Francisco

de Quito), Manari Ushigua (CONAIE) y Belén Paz (organización

Pachamama)


Carlos Mena expuso sobre sistemas de información y sistemas de moni-toreo dentro de un sistema extractivista. Puntualizó que los efectos de la actividad extractiva son directos e indirectos; tales como la contaminación, el cambio de uso del suelo, la salud, los derechos humanos, la violencia y los cambios demográficos y culturales.

A partir de la propia experiencia y las actividades que se llevan a cabo en Ecuador en el marco del proyecto NEBE, argumenta que la informa-ción resulta ser clave, tanto para reconducir la nacionalización como para la resistencia; sobre todo para las organizaciones, comunidades y familias. El hecho de que el pueblo es el propietario de los recursos naturales conlleva una mayor responsabilidad para la creación de instituciones que sirvan para

Anexo p. 164: Transcrip-ción de las mesas de trabajo



que se puedan ejercer este derecho. El sistema de monitoreo, aclaró, justa-mente fortalece al ejercicio de estos derechos. En ese sentido, debe estar compuesto por varios tipos de observación, de los cuales destaca a tres: primero, el monitoreo biológico; segundo, el monitoreo demográfico y de salud; y tres, el monitoreo usando técnicas ancestrales.

Por su parte, Manari Ushigua dedicó su exposición a los avances del proyecto político del movimiento indígena en Ecuador para la imple-mentación del Estado Plurinacional. Explicó, en ese orden que la CO-NAIE tiene ciertas tareas en el eje político para construir el Estado Plu-rinacional, tales como: la democratización del Estado y el fortalecimiento de sistemas jurídicos propios, en el marco del derecho a la autodeter-minación; ejercer los sistemas jurídicos propios de las nacionalidades y pueblos indígenas y al accionar de sus autoridades en sus funciones de control y manejo territorial; administración de justicia y organización política y económica. La CONAIE, además, trabaja en el fortalecimien-to de los territorios y los gobiernos comunitarios, la reconstrucción y consolidación de las nacionalidades y pueblos indígenas y las relaciones políticas nacionales e internacionales.

Luego de esta explicación funcional de la CONAIE, Ushigua se refi-rió a los derechos colectivos reconocidos en la Constitución ecuatoriana, destacando sobre todo la plurinacionalidad, la cual reconoce primero la coexistencia de pueblos y culturas diferentes y de origen ancestral, preexis-tentes a la creación del Estado y reconocidos constitucionalmente como nacionalidades y pueblos, asentados en ámbitos territoriales; y segundo, refiere a la plena incorporación de las nacionalidades y pueblos al nuevo Estado Plurinacional, que implica la abolición de toda forma de opresión, explotación y exclusión, y destaca la interculturalidad como un nuevo rela-cionamiento igualitario y respetuoso entre nacionalidades, pueblos y el Es-tado. Concluye que estos derechos colectivos están orientados en el Buen Vivir, que requiere que las personas, comunidades, pueblos y nacionalida-des gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la con-vivencia armónica con la naturaleza —y en los derechos de la naturaleza, que deben ser coordinados con los derechos internacionales otorgados a los pueblos indígenas. Esto implica la defensa de los derechos territoriales, los procesos de consulta y consentimiento, etc.

Belén Paez analizó en su ponencia los derechos de la naturaleza en el Ecuador en un contexto más amplio. Hoy en día existe un fuerte cambio entre los ecosistemas originales y los remanentes en Ecuador, comentó pun-tualizando la deforestación como un ejemplo de la degradación. Como una respuesta, Ecuador fue el primer país en el mundo en reconocer los dere-chos de la naturaleza. La Asamblea Nacional Constituyente aprobó esto el 10 de abril del 2008, fecha en la que finalmente se reconoce a la naturaleza como un sujeto con derechos legales mediante el planteamiento del derecho de la naturaleza y de los ecosistemas en general, a existir, prosperar y man-tener sus funciones evolutivas; es decir, su capacidad de regenerarse y vivir.

La legislación ecuatoriana al respecto tiene tres etapas: la primera fue “recursista, sanitarista, conservacionista” (1830 -1970); la segunda “conser-vacionista” (1970 - 1998) y, la tercera, ecologista (hasta 2008). Hoy los retos de la legislación son, entre otros, identificar el alcance de los derechos de la naturaleza, garantizar la buena aplicación de los mismos derechos ya alcan-zados (aunque no de debilitar los avances para la protección ambiental) y alcanzar la experiencia de aplicación y conocimiento de jueces.

En la última parte de su ponencia, Belén Paez compartió su proyección referente al precio para productos secundarios del petróleo de la fecha a diez o veinte años: los plásticos y los farmacéuticos, por ejemplo, proba-blemente subirán de precio; mientras, será menos viable la producción de petróleo para la quema o fines energéticos (por el impuesto sobre el carbo-no). Por lo tanto, es estratégico usar la cantidad mínima del petróleo en la actualidad para conservarlo y utilizarlo en el futuro. Además, la necesidad actual de explotar recursos petroleros es para financiar el desarrollo con dólares, por lo que esto debe de ser repensado, ya que el dólar es asocia-do intrínsecamente con el consumismo, la acumulación, y el capitalismo. Es recomendable, por lo tanto, desarrollar una moneda complementaria y alternativa para uso local y mediante ella —de acuerdo con Belén Paez— para promover el intercambio.

Luego de las ponencias de los representantes ecuatorianos, se inició el debate, en el que participantes del taller pidieron profundizar algunos temas y colocar otros en el escenario de la discusión, entre ellos:

•Lasupuestaoposiciónycontradiccióndelaideadedesarrolloextracti-vista y la vida de los pueblos indígenas en estos territorios, replanteando la idea de desarrollo y progreso, adaptándola a la realidad de los pueblos.



•Elbuenvivirsolosepuedealcanzaratravésdelaautodeterminaciónyel autogobierno, y que, por lo tanto, lo que es necesario, es rescatar las propias formas organizativas políticas, económicas, jurídicas, sociales, culturales, espirituales…, en vez de fomentar a las instituciones colo-niales, que se incluyen a la forma de los municipios.

•¿Cómosepuedenejercerlosderechosindígenas,sielpropiogobiernono los respeta y los proyectos de explotación llevan al mal vivir más que al buen vivir de los pueblos, prevaleciendo las desventajas ante los beneficios para los pueblos?

•SereflexionóqueelintercambioconEcuador—queseestáhaciendoen el taller— puede servir para diseñar nuevas estrategias de defensa.

•¿EsposiblereconocerlosderechosdelaMadreTierraenBolivia?•Organizacionessocialesycomunidadesindígenasdestacaroncuánim-

portantes han sido los procesos de monitoreo socioambiental que se han llevado a cabo en el área de cacería y de construcción de carreteras, ya que los impactos sociales y ambientales que conllevan estas activi-dades no son tomados en cuenta por las empresas. Enfatizaron que el monitoreo socioambiental, además ayuda a que la empresa pueda cum-plir con todas sus funciones al respecto legalmente establecidas.

•Se puede aprender mucho del reconocimiento de los derechos a lanaturaleza que se ha dado en Ecuador, así como de proyectos como “Yasuní”, donde se propone dejar el petróleo por debajo de la tierra, en cambio de compensaciones monetarias por parte de la comunidad internacional.

•¿Cómo las comunidades y organizaciones en elEcuador se posicio-nan y manejan el tema de Reducing Emissions from Deforestation and forest degradation in Developing countries (REDD+) y la economía verde?

•¿Quésignificaenloshechos,apartirdelaactualdebilidaddelospue-blos indígenas, incorporar las visiones de los pueblos indígenas hoy en día, cuando el mundo está globalizado, y como Zygmunt Bauman dice: “Ya no existe tal visión de esperanza que existía en el siglo XVIII, sino más bien prevalece una visión de destrucción”?

Manari Ushigua aclaró las dudas existentes en varios de los temas plantea-dos, explicando que:

•Las estrategiasdiseñadasporEcuador consistenendeclaraciones enrueda de prensa, contratación de abogados y, en estas condiciones, ha-blar con representantes del Estado. También mencionó, en ese senti-do —y haciendo referencia al caso de Sarayaku— cómo a las ante-riores generaciones les hacían tener miedo. Su generación, en cambio, ha perdido el miedo de meterse con el actual sistema político, por lo que propuso que capaz este sea el camino y que quizás los compañeros presentes —haciendo referencia a la representación indígena originaria boliviana— pueden seguir. Sin embargo, para esto, enfatizó, hay que estar unidos y fuertes. No obstante, en Ecuador también se evidencia una fuerte política de división de las comunidades por el gobierno.

•Conrespectoalconocimientocientífico,aunquesílepareceinteresan-te, está en una crisis. Sin lugar a dudas este escenario obliga a que se valoricen también a los propios conocimientos indígenas.

Belen Paez, por su parte, apuntó que: •Elmomentoactualdebeserpensadomásdesdelasoportunidadesque

ofrece y no desde la lógica de la crisis: no se deben olvidar los cientos de movimientos sociales, indígenas, de sociedad civil, de estudiantes y de científicos, que son activos y han logrado varios éxitos. Solo basta mencionar dos a modo de ejemplo: el primero en el centro sur de la Amazonia y, el segundo, el caso emblemático del TIPNIS.

•Losderechosdelanaturalezayelvivirbiensondosideasylogrosqueconstituyen grandes contribuciones al mundo.

•Enlascoyunturasactualesseñalaquenosirvenlaspolarizacionesnilosjuzgamientos; ni a los gobiernos, ni a los movimientos sociales. Quizás habría más bien optar enriquecer las propuestas que ya han obtenido tanta atención mundialmente. En Francia, Grecia y España —países marcados hoy por las crisis— parece haber ganado bastante popula-ridad la idea del vivir bien propuesto por los gobiernos de Morales y Correa.

•Enelmundoglobalizado,talcomoestáahora,tambiéndeberíancom-partirse las resistencias y los problemas que estamos viviendo en estos dos países. Buscar solidaridad internacional; buscar formas económi-cas solidarias y equitativas, al margen del dictamen del crecimiento, y monedas complementarias y encaminar así los pasos hacia una nueva



matriz energética; discutir los impactos de REDD+ y de la economía verde; de implementar nuestros derechos y de conectarnos.

Atendiendo a la solicitud de una mayor comunicación entre las organi-zaciones indígenas ecuatorianas y bolivianas, que sirva para compartir y señalar experiencias comunes, Carlos Mena subrayó:

•Laimportanciade lasradios—porejemploenlaAmazoníaecuato-riana— y el potencial que podría crearse mediante un intercambio vía radios entre comunidades en Ecuador y en Bolivia.

•Enlorelativoalagestiónecuatoriana,lacentralidaddeterritoriocomoun espacio ecológico y social, que es el núcleo del autogobierno y en el que se toman las propias decisiones.

Manari Ushigua concluyó el debate dedicando atención especial al fun-cionamiento de la aplicación de los derechos colectivos y del autogobierno indígena en el Ecuador. En ese orden, compartió que:

•Existentresrequisitosparaejercerelautogobierno:uno,hacerelPlande Vida; dos, el ordenamiento territorial y tres, el Estatuto.

•El temadelEstatuto es elmás problemático: laCONAIEproponeque deberían escribirse Constituciones en vez de Estatutos, pero sin desligarse el marco estatal, sino más como una entidad dentro del Esta-do Plurinacional. Los estatutos luego hay que presentarlos a Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) y luego van a la Asamblea Nacional para ser aprobados.

•Todavíanosehandeclaradoterritoriosdeautogobierno,yaquesetratade un proceso muy complicado. Ante eso, más bien, los pueblos vuelven a demandar sus derechos que ya están inscritos en la Constitución, en la Declaración sobre los derechos de pueblos indígenas de las Naciones Unidas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Traba-jo (OIT).

7. Panel ‘Territorio y derechos indígenas: organizaciones de

Bolivia’

Con una exposición de la APG y de los coordinadores de las mesas

de trabajo

En la ponencia de la Asamblea del Pueblo Guaraní se distingue el carác-ter de obligatoriedad de la consulta y se explican las diferentes fases de la consulta. La primera fase se refiere a la contratación y a la licitación; la segunda consiste en el estudio de evaluación y el impacto ambiental, donde se elabora el denominado Documento de Información Pública (DIP). La lógica de la consulta en el caso boliviano es que la empresa paga la consulta, mientras el Ministerio la ejecuta. Sin embargo, de acuerdo a los ponentes esta es una lógica cuestionable, ya que se trata de costos recuperables para la empresa. Aunque el artículo 3 de la Ley de Hidrocarburos consta la in-tangibilidad de los sitios sagrados y la imposibilidad de la expropiación de estas tierras, la realidad se muestra de manera distinta.

En este escenario, la nación Guaraní está planteando ser parte de la elaboración de la línea base del DIP y, luego, de la elaboración de la guía y del estudio, además de también ser parte de la consulta y participación. Sin

Anexo p. 153: Transcrip-ción del debate en el pa-nel ‘Territorio y derechos indígenas: organizaciones de Ecuador’

Presentaciones PP de Carlos Mena ver en http://www.proyecto-nebe.org/books/view/98 de Belen Paez ver en http://www.proyecto-nebe.org/books/view/96 de Manari Ushigua, ver en http://www.proyecto-nebe.org/books/view/97









embargo, el gobierno suele declarar el territorio no disponible y comienza entonces con las actividades hidrocarburíferas. La organización APG des-taca en ese sentido la importancia que tiene el monitoreo socio-ambiental, y la diferenciación entre parques naturales —donde la explotación está prohibida—y áreas protegidas, donde la población cuenta con un plan de manejo; plan que, vale resaltar, en muchas ocasiones ha sido ignorado.

La consulta, por ley, debe aplicarse de manera previa, obligatoria, opor-tuna y de buena fe, lo que en realidad no se cumple; más bien, lo que sí se da es una cada vez mayor tendencia a devaluar las consultas de Categoría 1 a Categoría 2 y declarar, por este medio, tierras fiscales como no dispo-nibles. Los principios que deberían regir en la consulta son aquellos del respeto y de la garantía; sin embargo, en la realidad, la nación Guaraní sigue luchando por ser parte del proceso de la consulta. Esto, teniendo un largo recorrido, experiencias y saber sobre las temáticas. En este punto la APG compartió cómo, curiosamente, es la empresa estatal boliviana YPFB la que se muestra aún más cerrada que otras con capitales transnacionales.

Siguiendo con lo referente al tema de la consulta, la nación Guaraní apun-ta haber trabajado la Ley de Hidrocarburos, y resalta que la consulta abarca las fases de coordinación, información, organización y planificación, ejecución de la consulta y concertación. Sin embargo, la mayor exigencia radica, precisa-mente, en que se cumplan los pasos de coordinación y concertación.

Debate en el panel de las organizaciones sociales

Con la participación de la APG, CCCH, CABI, CPILAP, CRTM, OPIM,

OMIM, PILCOL y CONAIE

[Participante del taller:] Hay un tema que hay que enfatizar en el tema de derechos indígenas: hay una flagrante vulneración de estos derechos a par-tir de los gobiernos actuales, tanto en Bolivia, en el Ecuador, en el Perú… Y [esto, la vulneración de los derechos indígenas] se lo va haciendo sistemáti-camente, cuándo debería ser al revés. Bolivia, un presidente indígena; pues debería dar otras facilidades, en fin, debería haber un avance: inclusive con gobiernos neoliberales había un Ministerio de Asuntos Indígenas que tra-bajaba a nivel ministerial; y era transversal a todos los ministerios el tema del repunte de la cuestión indígena, en lo económico, en lo identitario…

Hoy no existe ese espacio, supuestamente el Canciller decía: “Todo el gobierno es [indígena]”, pero no existe un punto donde realmente se for-talezca. Hoy debería haber un superministerio indígena, que potencie toda la temática indígena, en lo económico, político y social, etc., [pero] lo ha borrado. Las leyes que van saliendo —ahí decía— son totalmente anti in-dígenas, todos estos temas hay que ir trabajando, en el Ecuador debería [hacerse] lo propio, en todos nuestros países… entonces realmente estamos mal en esta temática.

De repente el grupo mencionaba eso de la justicia comunitaria, en la Constitución de Bolivia ya está abolido, no hay justicia comunitaria, por-que eso de lo comunitario es cualquier cosa, no nos identifica, no se refiere a los pueblos Aymaras, Quechuas, Shuar, Mapuches…, nada que ver con nosotros, hoy por hoy más es a nivel de justicia, de lo que se habla es de la justicia indígena —todo el mundo— entonces es importante también unificar conceptos, porque si no eso nos fracciona.

En Bolivia eso de la Constitución, eso de lo indígena originario campe-sino, es un desastre, nos lleva al fraccionamiento peligrosísimo, entonces a mí me pareció interesante lo del Ecuador: un solo denominativo es fuerza y poder, hay que trabajar esta temática, etc. porque mucha gente dice: “Yo soy originario”. Bueno los que utilizan el término originario: antes no se utilizaba, y de repente yo les digo [que] son los adoradores, los simpatizan-tes, los seguidores del Virrey Toledo porque es un concepto tributario eso de lo originario. Abya Yala (…), era para cobrar impuestos del sector, no es un término de identidad ni de los Aymaras, ni de los Quechuas, entonces nuestros hermanos han sido sabios y en 1945 hicieron el primer congreso indígenal aquí en La Paz donde estuvieron nuestros hermanos de las tie-rras bajas, de los ayllus… aquí en la ciudad de La Paz y con un solo nombre; nada de indígena originario campesino y demás cosas, un solo denomina-tivo fundamental para la unidad.

Mi nombre es Julio Cesar Fessy Gonzáles, Asambleísta Departamental por el pueblo Takana. Yo creo que lindo haya sido de que también las auto-ridades —ya sea electas departamental[mente], por uso o costumbre o por voto directo— hubieran escuchado todos estos sentimientos de los indí-genas, pero no [es] así. Me atrevo decir de qué clase de la patria tenemos, cuando empezamos a juzgar a un intelectual, a un técnico, a querer rebajar,



eso es bien doloroso, yo pienso que esa clase de autoridades, si tenemos en Bolivia, aunque increíble… Pero entrando un poco al tema, yo creo que po-demos decir, podemos mencionar: qué derechos, los derechos los tenemos todos. El tema principal hermanos, a todos los colegas indígenas que han venido de diferentes pueblos, yo por ejemplo comentaba el día de ayer: ¿por qué no poner ahí un mapa donde esté todo distribuido por Departamen-tos? Yo también mencionaba al compañero por qué no pone un pantalón de ejemplo, porque él contaba en su triste realidad de que el río Pilcomayo está dividido como un pantaloncito (…)

[Participante del taller:] El día de ayer [se evidenció que] nuestra CIDOB, la cabeza principal donde todos estamos afiliados está dividida, yo creo que para empezar a hacer y retomar las riendas hermano… No sé qué estra-tegias tomar para poder otra vez retomar la unidad de los pueblos porque sinceramente hoy día estamos bien divididos, divididos en el sentido, por el mismo gobierno que nos ha dividido.

Es un tema bien sencillo, pero también mencionar que primero debe-mos organizarnos en la casa para poder hacer una fuerza conjunta y poder plantear políticas y el respeto que nosotros merecemos. Yo a veces… ayer comentaba con las señoras y les decía: “Creo que la última acción que te-nemos para retomar otra vez la CIDOB y organizarnos orgánicamente y que nos respete el Estado y el gobierno, van a tener que hacerlo las mujeres porque los hombres creo que queremos solucionar una cosa a puñetes”. Pero creo que nuestras mujeres van a ser las que van a llamar a la reflexión a ambos bandos. Y si se dan Está pasando a los hermanos en toditas las re-gionales lo mismo, y esto es penoso; si queremos hablar de hacer prevalecer nuestros derechos indígenas, creo que primero es la unidad de los pueblos, en este momento para poder después tener unas políticas, algunas estrate-gias para hacerle sentir al gobierno. Muchas gracias.

[Participante del taller:] Yo no voy a hacer ninguna pregunta ni comenta-rio (…) [largo]. Solo voy a hacer una sugerencia, se ha hablado mucho de la importancia de la información, de la comunicación para lograr mayor efectividad en la incidencia de los pueblos en estos procesos… Entonces sugeriría no sé si a través de la coordinación del evento, o de algunas orga-nizaciones que pudiera ser la que tome la iniciativa de crear un espacio en

internet, un blog, con las direcciones de todos los presentes acá con todas las organizaciones que han sido registradas en el evento, para que además se pueda compartir todas la presentaciones, todo el material que se haya producido en estos días en las presentaciones de cada expositor, estos docu-mentos que ahora los estamos teniendo impresos tal vez también subirlos a digital, de qué manera podemos utilizar después la información como una herramienta muy importante para la incidencia.

Un cordial saludo a los hermanos de Ecuador. En una oportunidad estaba en Ecuador también con el pueblo Kohan, en la Amazonía ecuatoriana. Soy Johnson Jiménez Cobo, Asambleísta Departamental por el pueblo Leco. Los Lecos estamos en dos provincias dentro del Departamento de La Paz, en Franz Tamayo y Larecaja.

Venía escuchando desde ayer, tanto a los senadores como a los dipu-tados indígenas, y hablaban del derecho, yo creo que esta coyuntura del Estado que estamos pasando en este momento y que lo vamos a pasar, en realidad creo que ha llegado el derecho pero no completo, hermanos. Si bien hay ahora asambleístas indígenas nacionales y departamentales, es gracias a la lucha, a ese derecho que hemos luchado como pueblos indí-genas, creo que ese es el tema principal que ahora estamos representando – aunque poquitos— pero ya empezamos a hablar en estos escenarios. En realidad los derechos, si hablamos de nuestro país, verdaderamente están pisoteados pues, hermanos.

Claro, la Constitución y las normativas que salen obviamente hablan lindo, hablan hermoso en los artículos, en los incisos, pero la realidad y en la práctica del Estado Plurinacional, nosotros estamos viendo de cer-ca… Tal vez mencionarle algo: como Asamblea Departamental nomas, el Movimiento al Socialismo (MAS) tiene 30 asambleístas departamentales; por usos y costumbres somos 5 asambleístas departamentales, por el Mo-vimiento Sin Miedo (MSM) son 7, por el UN 2 y por el Lino Villca si lo conocen, uno, en total se hacen 45 asambleístas. Pero cuando la bancada indígena hablamos de los derechos ya nos miran diferente, entonces como la aplanadora es buena, grande, tiene dos tercios, aplana nomas aunque sea cerro, lo mete nomas la planimetría.

Entonces en ese entendido hermanos yo pienso que para mí, al retomar nuestro derecho orgánicamente tenemos que estar bien estructurados, no



como ahorita están, y por otro lado para tener y fundamentar estos dere-chos en el ámbito de los pueblos indígenas, creo que tenemos que hacer una fuerza política, pero una política buena, no una politiquería que actual-mente estamos viendo. ¿Qué quiero decir con esto…? ¡Entren en el esce-nario del Senado, indígenas, en la Cámara de Diputados indígenas, en las Asambleas indígenas! Entonces, a partir de ahí, ¡creo que vamos a empezar a manejar bien la Constitución y a manejarnos bien como pueblos indíge-nas nuestros derechos! ¡Ahí si vamos a empezar a hacer respetar nuestro territorio, nuestros derechos sociales que tenemos como pueblos indígenas! ¡Hacer respetar la biodiversidad, los recursos naturales que tenemos dentro de nuestro territorio!

Yo creo que… y aquí veo también muchos jovencitos que también están empezando a ser líderes indígenas, y estos eventos se tendría que llevar más constante, para que estos jóvenes aprendan, inculcarles nuestra Cons-titución y nuestras normativas; aunque nuestras normativas salen de doble discurso: hecha la ley hecha la trampa también por un lado, hermanos.

En ese sentido, yo veo hermanos, y aprovechando una experiencia que hemos pasado como pueblo Leco, hemos hecho un manejo del gobierno municipal y creo que a partir de ahí hay que empezar a tener el poder para tener más derechos, tener alcaldes, concejales. Mira nosotros toma-mos la Alcaldía de Guanay, cuando ya tomamos la Alcaldía de Guanay con ese derecho dentro del Gobierno Municipal, porque también hay plata, y hemos empezado a comprarnos una infraestructura propia para definir nuestras asambleas como pueblos indígenas, del pueblo Leco, y también retomar la Alcaldía a partir [de eso], pensando en la autonomía indígena. Y para tener autonomía indígena, también, por un lado, tenemos que tener nuestro territorio bien consolidado y si no tenemos no va haber nunca nuestra autonomía indígena originaria.

Entonces yo pienso hermanos que al mismo tiempo en estos eventos, en nuestro país, en nuestro Departamento, en nuestros municipios, en nuestras provincias, hay que comenzar a transversalizar la sostenibilidad en nuestros territorios, y, —por qué no decirlo— de nuestro país, de nuestros Departa-mentos. En ese sentido yo creo que estoy aprendiendo también de este esce-nario, y muchos aprendemos, entonces hermanos, sería bueno debatir estos escenarios, no simplemente entre indígenas de tierras bajas, del Chaco, de la Amazonía, sino también con los indígenas de tierras altas. Yo les comento

así, en la Asamblea, que estamos ahorita 5 indígenas, pero la mayoría son aymaras hermanos, y es por esa razón [que] entre cinco indígenas alzamos la mano para poder aprobar una ley departamental, [y] nos ganan pues herma-nos, nunca vamos a poder aprobar una ley departamental a favor del derecho de los pueblos indígenas, eso es lo que está pasando, hermanos.

Entonces para esto creo que hay que trabajarle en este censo al menos, creo que hay que hacer censar esta vez, cada indígena en su territorio. Los hermanos que están casados lamentablemente con hermanas aymaras y quechuas hay que decirle que en este censo lleguen a sus territorios para hacerse censar como debe ser; yo pienso esa ideología y ese pensamiento, sino no vamos a sumar en este censo, se acordarán y eso es lo que ha dicho en un discurso el vicepresidente de este Estado: el censo va a decir cuántos indígenas son en Bolivia, entonces mucho me preocupan estos discursos. Lamentablemente estamos en un Estado Plurinacional pero simplemente en el escenario de arriba, como un temario nada más – plurinacional – pero en la práctica no se lo ve este tema todavía y repito, y con eso termino: in-culquemos en nuestras provincias, en nuestros municipios a tener Alcaldes indígenas, Concejales indígenas y Asambleístas Departamentales indíge-nas, y Diputados indígenas, Senadores indígenas, desde ese punto de vista vamos a tener poder y nos vamos a apropiar de este Estado Plurinacional.

[Participante del taller:] Creo que es importante debatir cuando se ha-blan de derechos indígenas. Yo pienso que en su momento de reflexión, de todo lo que significa el avanzar hacia un Estado Plurinacional, sabe-mos que es un reto inalcanzable en corto tiempo, pero creemos que desde las comunidades debemos ir construyendo una propuesta que signifique el autogobierno, la autodeterminación de nuestros pueblos. ¿Por qué mani-fiesto esto? Porque si en nuestros pueblos mismos no empezamos a asumir nuestras responsabilidades tampoco es fácil exigir nuestros derechos, obli-gaciones: también son las dos caras que nos muestra.

Yo quiero manifestarles, desde mi pequeño pueblo, yo vengo del pue-blo indígena Uchupiamonas, no vengo de una nacionalidad indígena, pero queremos ver y estamos contribuyendo en todo el proceso de trabajo con-junto, de establecer lo que significa un verdadero autogobierno. Creemos que la única manera de romper esta gran brecha [de la] que ahorita ha-blamos es que las diferencias sociales que hacen a nuestro Estado no nos



permiten avanzar hacia adelante. Los recursos están establecidos simplemente y deberíamos aprender a

como capitalizar nuestros propios recursos en nuestro territorio. Creemos que tenemos una gran diferencia hasta ahora, si bien somos poseedores de recursos naturales, pero no somos los principales beneficiarios de estos recursos. Tenemos que buscar una estrategia del movimiento indígena para hacer que este Estado Plurinacional empiece a asignar recursos para tam-bién fortalecer estas áreas que han sido desprotegidas desde el tiempo de la Colonia, en la vida republicana hasta hoy día, porque —lo manifiesto— ¿dónde están los recursos económicos generados?

Ahí se generan los poderes y lamentablemente estamos en desniveles grandes, porque [en] las comunidades la necesidad hace que tengan que doblegar su propio derecho, pese a que esté constitucionalizado, porque el hambre hace de nuestros pueblos, también permite que algunos de nues-tros hermanos se presten a cosas que vulneran nuestro propio derecho. Un ejemplo quiero decir, las empresas, las que tienen maquinarias, llegan al territorio indígena para llevarse el 80% de la producción bruta a cambio de un 15 hasta máximo 20% para las comunidades que tiene que distribuirse entre miles, entonces la distribución de la torta es pequeña. Lo mismo pasa con nuestros recursos forestales, que nuestros comunarios tienen que entregar madera cuando el empresariado es el que tiene que procesar la materia prima y venderlo como valor agregado de las exportaciones – es el que se lleva la gran ventaja de la economía.

Si nosotros empezamos a trabajar y doblar estos esfuerzos seguramente un día vamos a hacer de que nuestros derechos sean respetados, pero con la pobreza reinante, simplemente va a seguir siendo la brecha entre el rico y el pobre, la gente de la clase alta media y los indígenas cada vez arrin-conados, dejados a su suerte cada vez buscando una manera más diferente de sobrevivir. Mientras estemos en tanta desigualdad, ningún derecho que esté consagrado en la constitución va a poder ser aplicado si simplemente va a estar en las escrituras como parte de una poesía, como parte de una intención constitucional, pero no en la voluntad propia de un Estado que quiere ver a todos los bolivianos con la misma igualdad.

[Participante del taller :] Un poco para contestar el pedido de Hernán [sobre] la solicitud de crear un blog o un punto digital de reunión digamos.

Nosotros en el proyecto NEBE —que es uno de los auspiciantes de este taller— tenemos ya un blog que es nuevito, entonces más vale, inauguré-mosle el blog, vamos a poner —claro con el permiso de los autores— los documentos que nos han entregado, las fotos de los que hemos tomado… quienes se han estado durmiendo; todo lo que hemos sacado de aquí. Y por favor que nos visiten en el blog, que den sus opiniones, también tenemos un espacio para mapas también, por favor cuelguen los mapas que ustedes crean que son convenientes, videos, grabaciones… Este sitio web es en español, en inglés pero se puede poner en cualquier lenguaje y está conec-tado a otras redes también para que nos vea en todo el mundo para cuando alguien publica algo. Entonces por ese lado acogemos la sugerencia y más bien les pedimos que Uds. apoyen poniendo información, sus pensamien-tos que son tan valiosos para nosotros y sus experiencias. Eso es la primera cosa y al final de taller les voy aponer la dirección para que vayan a observar.

Y la otra cosa —y esto es una pregunta más bien y tiene que ver con la inquietud manifestada por el señor diputado— ese es el dialogo entre indígenas de la parte alta y de la parte baja – yo también veo y sufro en realidad, no tengo una respuesta porque yo también trabajo con una comu-nidad indígena, con un proyecto que no tiene nada que ver con extracción petrolera o minera, sino más bien con agricultura, en uno de los lugares más pobres del Ecuador, en la provincia Cotopaxi, en realidad donde casi no se puede hacer agricultura, peor ganadería, porque desde hace 500 años han sido sistemáticamente empujados a una vida de dependencia. Y tam-bién están desconectados del sistema político, o sea, no pertenecen a una central, a organizaciones, la base social que es desmantelada también y yo me imagino que sin los recursos del petróleo y de la minería y lo poco que les da el gobierno realmente el pueblo estaría en un estado peor de lo que están ahora. Entonces cual es el futuro también para ellos, yo creo que ellos también deberían estar incluidos en estas discusiones y eso es lo difícil porque ahora, al menos en Ecuador, tendemos a incluir a las comunidades afectadas directamente con el petróleo y la minería y no abrimos el campo a otras comunidades. Entonces eso es un muy válido cuestionamiento, yo creo que tiene que ser abierto también para los compañeros campesinos: cómo se hace esa articulación, no es muy clara.

[Participante del taller:] Compañeros en discusión, yo estaba aportando un



poco más ahí de lo que dijo el compañero. Nosotros en el frente de explota-ción petrolera, en el caso de los compañeros de Sarayaku… Ellos elabora-ron una propuesta alternativa, desde visión de cómo ellos quieren hacer su desarrollo en su comunidad, entonces esa propuesta se llama Kausajsacha, ‘selva viviente’ creo que es, entonces es sumamente importante porque ya están aplicando su derecho tal como dicen: los derechos colectivos y de-claraciones internacionales. Y otro tema [que acompaña a] nosotros en Ecuador, a los compañeros Ashuar-, tenemos un ejemplo bien claro, en tema de desarrollo económico. Ellos tienen bastante avanzado, por ejem-plo, armaron sus propias empresas comunitarias como de aviación, tienen hoteles, tienen otros proyectos y está funcionando bien, entonces yo pienso que ese modelo de desarrollo y esa súper explotación petrolera en su terri-torio, están firmes, rechazan totalmente y tiene una estructura organizativa súper fuerte. Entonces no hace falta pensar más allá de los gobiernos que tiene que hacer una política buena que debe llegar a un desarrollo a nues-tras comunidades compañeros, sino nosotros tenemos que hacer, porque está bajo responsabilidad de nosotros, si nosotros no lo hacemos pues no sé hasta cuando esperamos que los gobiernos van a hacer una buena política a favor de los derechos de los pueblos indígenas… Entonces hay un ejemplo donde es bien claro, si algún día van, ustedes pueden visitarles a los com-pañeros y conozcan cómo ellos trabajan.

[Participante del taller:] Yo creo que hasta el momento hemos ido viendo sobre todos los derechos indígenas que estamos conscientes, compartimos. Pero yo a mi manera de ver —un criterio personal— creo que la palabra correcta – el profesor daba la información donde quizá nos puede llevar al éxito – si bien yo he sido parte del directorio de mi pueblo de Lecos de Larecaja, como vicepresidente, he tenido el poder de participar en varios eventos, pero no he podido llegar y transmitir sobre estos derechos que se viene discutiendo en estos escenarios a nuestras bases, porque al final cuan-do nosotros – los líderes – salimos a estos escenarios, hablamos, recabamos información, (…) en una asamblea grande no lo discutimos. No la damos esa información a todas nuestras bases, si bien ustedes han sido deficientes yo creo que esa ha sido la pura realidad.

Cuando nosotros los líderes salimos [de nuestros territorios] en una

oportunidad, ahí si se aprovechan estas empresas. Ingresan a pedir una reu-nión [directamente] con las bases que quizás no tengan la información, que son sus derechos, no conocen las leyes, entonces ellos poco o nada pueden discutir. Entonces como nosotros somos los representantes llegamos [tar-de], pero ya está hecho, es la decisión del pueblo al final [que se toma] sin información; y ya se ha dado la vialidad para que la empresa trabaje, para que la empresa haga su pozo de excavación (…).

Vuelvo a recalcar la información que harto nos hace falta a nosotros, además a los pueblos alejados – es de viajar 4 horas – pero quién va a llegar. Nosotros como líderes, como dirigentes, ¿cómo vamos a entrar si no hay apoyo económico, quién nos va a fomentar, cuál es el desarrollo, el camino correcto que nos lleve a eso para entrar información, para hacer conocer?

Texto de fondo“Conflictos indígenas e hidrocarburos en el Norte de La Paz, situación de la OPIM, CPILAP, CRTM” (21p.) de Marco Octavio Ribera Arismendi ver en http://www.proyecto-nebe.org/books/view/107.





8 Panel ‘Consulta previa - lecciones y perspectivas’

Con contribuciones de Juan Carlos Pinto (Servicio Intercultural

de Fortalecimiento Democratico-Sifde, del Órgano Electoral

Plurinacional), Gonzalo Gozálvez (Director de Participación

Ciudadana de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional) y Sarela

Paz (Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático)


Gonzalo Gozálvez comenzó su ponencia realizando una introducción so-bre el contexto económico internacional. Destacó en ese sentido los avan-ces que han dado los gobiernos de izquierda de Sudamérica durante sus gestiones recientes, no solo para los pueblos indígenas del continente, sino para todo el mundo. De acuerdo con esta lógica precisó la necesidad de di-ferenciarlos de los anteriores gobiernos —y sobre todo aquellos del período neoliberal. Olvidarse de eso, según Gozálvez, puede traer consecuencias políticas muy fuertes.

Enfatiza que debatir el extractivismo y las industrias extractivas no es posible sin dar una mirada al contexto económico internacional: hoy en

día, somos testigos del ‘gobierno económico’ que ejerce el petróleo en el mundo. La industria petrolera es la que controla las economías de los paí-ses de todos los “rangos”. Vivimos, por lo tanto, en una sociedad en la que dependemos casi por completo del petróleo y sus derivados. Entonces la pregunta clave en este contexto es: ¿en manos de quién está toda esta in-dustria, desde su exploración hasta su industrialización?

Finalmente, Gozálvez subrayó que esta hegemonía del petróleo se da en un momento en el cual se reconfiguran las hegemonías internacionales y se evidencia un creciente rol de China, así como se evidencia una fuerte crisis cultural, crisis civilizatoria y, por supuesto, crisis ecológica.

Juan Carlos Pinto, por su parte, decidió exponer “una mirada desde la Bolivia que somos” a partir del conflicto del TIPNIS. Comenzando la reflexión denunció que existen alianzas entre las organizaciones de pueblos indígenas de tierras bajas y sectores opositores al gobierno, lo que puede llevar a un olvido de la memoria que se ha construido desde los pueblos indígenas y que ha llevado a la proyección de un proyecto de país plurina-cional —en un inicio expresado en el momento constituyente.

A pesar de que grupos minoritarios de oposición finalmente lograron transformar el proyecto de Constitución a su favor, la nueva Constitución aún otorga un papel fundamental al Estado plurinacional, al rol de los movimientos sociales, a la recuperación de los recursos naturales y a la construcción de una nueva territorialidad e institucionalidad plurinacional. Argumentó además que para llevar a cabo todo eso es necesario un lideraz-go histórico de vanguardía que actualmente se concentra en el presidente Evo Morales. Los movimientos sociales, siendo los principales protago-nistas de las principales transformaciones revolucionarias políticas frente al neoliberalismo, por un lado tienen representantes en distintos niveles del gobierno ahora; y, por otro lado, vivieron un proceso de despolitización dentro de sus organizaciones. Sus demandas se volvieron entonces secto-riales y económicas; todo esto, delegando las responsabilidades al Estado y simultáneamente desresponsabilizándose ellos mismos.

El partido Movimiento al Socialismo – Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (MAS – IPSP) también evidenció un vaciamien-to de contenidos políticos revolucionarios y por lo tanto se limita en la actualidad a sostener el “Evismo” presente en las movilizaciones de masa. La propuesta constituyente del Pacto de Unidad, sin embargo intenta pro-



poner un proyecto alternativo — plurinacional— al del neoliberalismo y el capitalismo. Los Aymaras se han inscrito en las luchas como vanguardia, mientras los pueblos indígenas del oriente lo hicieron como resistencia, lo que lleva al surgimiento de la propuesta de vida y proyecto político del Vivir Bien.

La correlación de fuerzas vigentes en el país es el escenario político de la Constitución, y es particular la tensión entre un proyecto liberal y un proyecto intercultural que se inscribió en la misma. Analizó además que, mientras no se resuelva esta tensión, no se puede superar el modelo desarrollista de redistribución. Hace falta, en esa medida, que las organiza-ciones y los movimientos repolitizen el proyecto de transformación, lo que tiene que ser acompañado no solamente por formas democráticas repre-sentativas, sino también deliberativas y formación política para realizar la autodeterminación y el Estado Plurinacional, asumiendo el reto histórico de construir el Vivir Bien.

Sarela Paz Patiño, en su intervención, realizó un balance de la consul-ta previa en el TIPNIS. Para esto, comenzó asumiendo la consulta como un hecho democrático, de manera tal que los pueblos indígenas puedan asumir decisiones sobre sus territorios basadas en el ejercicio de la libre determinación. A partir de las declaraciones del ministro Romero —quien declara que se ha consultado más del 50% de las comunidades del TIPNIS, y que casi todas se han pronunciado a favor de la carretera y que el TIPNIS no sea intangible— recurrió a la información del director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) realizando un paralelismo con aquellas de las comunidades.

De acuerdo con los datos, el diagnóstico de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), que es un documento oficial del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNAP), destaca a 64 comu-nidades indígenas en el TIPNIS, tomando en cuenta las dinámicas recien-tes de modificación de sus números —datos que, sin embargo, se deberían haber tomado en cuenta para la consulta realizada en el TIPNIS.

Según Paz, hay que tomar en cuenta la compleja dinámica territorial que hay en el TIPNIS y que es producto de una dinámica territorial que nos muestra procesos de adaptación cultural profundamente mar-cados por el “comportamiento” hidráulico de la zona. Hoy en día, por ejemplo, existen comunidades que no podían haber estado hace 15 años

atrás porque en ese entonces el río Sécure fluía en todo su curso hacia el Isiboro. Se trata entonces de dinámicas de crecimiento, concentración y dispersión poblacional que son parte de los procesos de ocupación terri-torial que obedecen a una clave antigua —profundamente indígena— de control político del territorio.

A partir de este criterio, el dato presentado por la EAE de 64 comuni-dades indígenas en el TIPNIS resulta el más cercano a la realidad, tratán-dose de datos identificados en asambleas comunales. Hay que restar a los grupos que optan por títulos individualizados y a las comunidades que ya no son beneficiarias titulares de la TCO TIPNIS: resultan 57 comunida-des, concluyendo que 40 comunidades están en resistencia; una informa-ción, por lo tanto, bastante contraria a la que se brinda desde el Ministerio mencionado.

Luego de las disertaciones de los panelistas, los participantes del taller anotaron algunas ideas donde, desde sus perspectivas, se precisa la reflexión:

•El‘problema’delsujetoindígena,elcualconsisteenqueseasumequelos indígenas se encuentran en el área rural, aunque el censo del 2001 evidencia que la realidad es otra.

•¿Hastaquégradorealmenteseestánmaterializandolosprincipiosfun-damentales que nos plantea la nueva Constitución en relación al nuevo sistema político y a la democracia intercultural?

•Sedeberíahaberpartidodelaconstrucciónydelaparticipacióndelosinvolucrados en la elaboración de las reglas del proceso de la consulta, así como de la autonomía indígena; se deberían establecer las reglas del juego incluyendo a los pueblos y naciones, en lo que la consulta —sien-do profundizada en la Ley 3760 incluyendo participación y decisión—es la expresión misma del carácter de plurinacionalidad del Estado, que sin embargo se está estrellando contra una administración que ignora abiertamente estos elementos fundamentales.

•Destacando las inconstitucionalidades en los procesode consulta, sepreguntó si la consulta llevada a cabo en el TIPNIS es ”como debería ser” y legal.

•Lascrecientesrupturasentre“pobres,indígenasymineros”complicalabúsqueda de consensos.

•SecompartióelsentimientodequeloqueseestáviviendoenelTIP-NIS es una guerra entre el Estado-nación, los defensores de ese Estado



y los territorios indígenas, atentándose contra el consentimiento libre previo e informado y estructuras orgánicas, entre otros. Se produce en-tonces una tensión entre la libre determinación —implicando autono-mía, autogobierno, gestión territorial propia, respeto a sus instituciones, reconocida en la nueva Constitución— y la verdadera práctica política. Esto constituye una fuerte contradicción dentro del proceso.

•Esclavetenerencuentaladimensióndeloindígena,yquelacon-sulta sea —como lo prescribe la ley de buena fe— con principio de veracidad, transparencia, información y oportunidad, además de su obligatoriedad.

•ElEstadodebebuscar reconciliaciónencasodequehayadisenso,ydebe respetar la autoridad competente, que es el Ministerio de Hidro-carburos y la Dirección Nacional Socioambiental de YPFB (lo que a veces no se respetó por parte del Ministerio de Gobierno, así como no se respetaron a las organizaciones matrices, que muchas veces fueron saltadas cuando se negoció directamente con las comunidades).

•Cabeconsiderarcuánfundamentaleselsectordehidrocarburosparala economía nacional, de un lado, y que las intervenciones que resultan para su explotación, tienen consecuencias parecidas como las obras de carreteras para la población, de otro lado. Existe la preocupación de que el censo 2011 se hace para reducir el número oficial de indígenas, para jugar con lo que son minorías y mayorías, y se denuncia a las actuales divisiones en las organizaciones indígenas.

Sarela Paz se pronunció en función a estas preguntas recalcando que:•Esclavedistinguirentrelaconsultageneral—porejemploatravésde

un referéndum— y la consulta libre, previa e informada, ya que la pri-mera es un derecho general de la ciudadanía, mientras la segunda es un derecho específico de los pueblos indígenas, tratándose del ejercicio de sus derechos colectivos. Aunque la consulta no se ha reconocido como vinculante, en verdad ya es; ya que se trata justamente del respeto de las decisiones que se toman colectivamente, ejerciendo su derecho a la libre determinación.

•Cuandosehabladepuebloindígena,sehacereferenciaalaocupaciónterritorial, a los usos y costumbres, modos distintos, específicos de ese pueblo que se reconoce; y, por eso, el derecho colectivo tiene la caracte-

rística de defender esas condiciones. Ahora, la consulta forma parte de la vida institucional del Estado Plurinacional, así como las instituciones de los diferentes pueblos y naciones.

•Serequieretomarencuenta,comorespaldolegaldelosderechosindí-genas, no solamente a la Ley de Hidrocarburos 3058, sino además a la nueva Constitución, los tratados, convenios y las jurisprudencias inter-nacionales —como aquellos de la Corte Constitucional, de la Corte In-teramericana, y de las Naciones Unidas, así como casos de referencias como el de Sarayaku en Ecuador.

Juan Carlos Pinto, por su parte, explicó que:•ElEstado, por supuesto“hace” fallas, pero que también pasan fallas

dentro de los movimientos sociales que se tendrían que analizar. •Son sobre todo losmovimientos sociales los quepueden y deberían

reinvindicar y colaborar con un proyecto de país para que se cumpla con la transformación propuesta.

•LaconstruccióndelaLeyMarcodeConsultaenBoliviaestácontandocon una amplia participación de las organizaciones sociales.

•AdiferenciadeotrospaísesenAméricaLatina—elÓrganoElectoral,es decir una instancia que no es parte del ejecutivo— juega un rol de acompañamiento.

En una segunda ronda de respuestas, Gonzalo Gozálvez concluyó desta-cando que:

•Esclavetratarelcontextodelascrisisqueestamosviviendo,paranocargar a los países y pueblos con toda la historia colonial y capitalista del extractivismo.

•Aunqueesimportanteapoyarse–explica–eninstrumentosdelaONU,OIT, y tribunales internacionales, también hay que ver las limitaciones que estos tienen, ya que en Bolivia los indígenas no son una minoría.

•Hayqueanalizarelsujetoindígenaasícomoladiferenciadelaconsultaen general y la consulta de los pueblos indígenas.

•Decirquelosindígenasseencuentranendeterminadosterritorios—argumentó— es una perspectiva colonial: el propio proceso y la Cons-titución boliviana ya superan esta perspectiva.

Anexo p. 169: Transcrip-ción del debate en el panel ‘Consulta previa: lecciones y perspectivas’

Textos de fondo“Un balance de la consul-ta previa en el TIPNIS. La consulta como un hecho democrático” de Sarela Paz (5p.) ver en http://www.proyecto-nebe.org/books/view/75

“TIPNIS: Una mirada desde la Bolivia que somos” de Juan Carlos Pinto Quintanilla (8p.) ver en http://www.proyecto-nebe.org/books/view/74








9 Panel ‘Perspectivas’

Con la participación de las funcionarias de la empresa pública

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB): Isabel Ortiz,

Viviana Mendieta (Asesoras Legales, Dirección Nacional de Medio

Ambiente DNMA) y Adriana Aguirre (Asesora Legal, Gerencia

Nacional de Seguridad, Salud, Ambiente y Social GNSSAS)


Las tres abogadas de la DNMA de YPFB presentaron en el último panel del Taller el proceso de licenciamiento ambiental. Comenzaron explicando a los participantes que YPFB es una empresa petrolera estatal de propie-dad de los bolivianos y bolivianas, cuya misión es ser líder en el sector energético, pilar y motor del desarrollo económico y social del país; a objeto de garantizar el abastecimiento y la seguridad energética, en beneficio de la sociedad.

Destacaron el Decreto “Héroes del Chaco”, que conforma el documen-to más significativo del presente siglo por constituirse en una muestra fe-haciente del derecho a la soberanía, ya que se nacionalizan los hidrocarbu-

ros, recuperando la propiedad, la producción y la comercialización de estos en favor del país. Este proceso de nacionalización incluye la refundación de YPFB —que había sido literalmente desmembrada en empresas priva-das, durante los procesos de capitalización y privatización impulsados por los gobiernos neoliberales. El marco legal está además compuesto por los siguientes cuerpos: Ley 1333 de Medio Ambiente, misma que posee regla-mentos generales y sectoriales; y Ley 3058 de Hidrocarburos.

La Licencia Ambiental es un requisito legal establecido en la Ley de Medio Ambiente 1333 sin el cual no se puede iniciar actividades. Una vez obtenida la Licencia Ambiental, emitida por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, significa que se ha cumplido con todos los requisitos exigidos en la norma para poder ejecutar, sin inconvenientes, las activida-des del proyecto. La Licencia Ambiental se obtiene a través de la Ficha Ambiental elaborada por los Ministerios de Hidrocarburos y Energía y Medio Ambiente y Agua. A continuación de ser tramitada la licencia, el proyecto puede ser categorizado de cuatro diferentes maneras.

Además, existen dos procesos de consulta: primero, la Consulta y Par-ticipación es un proceso realizado por el Estado – el Ministerio de Hidro-carburos y Energía – previo a la obtención de la Licencia Ambiental de actividades, obras o proyectos hidrocarburiferos, de acuerdo a las circuns-tancias y características de cada pueblo indígena y a modo de determinar el impacto de los proyectos, con la finalidad de llegar a un acuerdo con los pueblos indígenas originario campesinos. La primera fase de este proceso es la de Coordinación en información; la segunda fase es de Organización y planificación de la Consulta; en tercer lugar, está la Ejecución de la Con-sulta y, en cuarto lugar, el Acuerdo y la concertación, que deriva general-mente en la compensación.

Segundo, la Consulta Pública está enmarcada en la Ley 1333; el Repre-sentante Legal deberá efectuar la Consulta Pública para tomar en cuenta observaciones, sugerencias y recomendaciones del público que pueda ser afectado por la implementación del proyecto, obra o actividad. Si en el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) no estuviese pre-vista la misma, la Autoridad Ambiental Competente procederá a someter el EElA a un período de consulta pública y a recabar los informes que en cada caso considere oportunos, antes de emitir la Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA).



Concluida la exposición a cargo de las funcionarias de YPFB, partici-pantes y panelistas del taller generaron un debate en torno a ciertos puntos. Entre ellos:

•ElDecretoSupremoqueseemitiódespuésdelamovilizacióndeTaco-vo Mora tiene una trampa, ya que exige que el pueblo indígena fiscalice su compensación ante el Estado, aunque las comunidades suelen fisca-lizarse ante sus asambleas. En ese sentido, el proyecto de la autonomía indígena y el cumplimiento de los derechos indígenas exigirían otros mecanismos .

•SeproponeelaborarunanuevaLeydeHidrocarburosparaqueseres-peten los derechos indígenas, ya que la influencia de los diputados in-dígenas en el parlamento no es suficiente.

•SehacerecuerdoquelosreglamentospresentadosloshaelaboradoelMinisterio de Hidrocarburos junto con la Asamblea del Pueblo Gua-raní. Sobre ese punto se enfatizó la necesidad de hacer circular estas informaciones.

•UnintegrantedelpuebloWeenhayekrelatóqueennegociacionesconla empresa British Gas BG han anunciado dos pozos, pero al final han construido cuatro y al final aumentado a ocho, todos dentro del territo-rio indígena y que, además, se pagó solamente una compensación.

Las panelistas retomaron el debate precisando que:•BGhasuscritouncontratodeoperaciónconelEstadobolivianoque

refiere al artículo 7 de la Ley de Hidrocarburos: indemnización, com-pensación y servidumbres. La negociación sobre el impacto socioam-biental, sin embargo, se hace autónomamente con las comunidades. También se acuerda compartir y socializar informaciones.

Sobre la mesa de discusión, no obstante, quedaron reflexiones sobre:•Lanecesidadquetienelascomunidades,cuandoquierenhacerproyec-

tos, de presentar fichas ambientales, lo que es cuestión de costos.•SenecesitatomarencuentaloqueesunEstadoneoliberal,yqueaho-

ra más bien el Estado debería cubrir los temas básicos, de agua, salud, educación… y no ligarlos a la ejecución de proyecto. En esto se enfatizó que los técnicos y las técnicas también deberían jugar un rol en el cam-bio de la mentalidad hacia un Estado Plurinacional.

•Sobreelmismotemadelostécnicossecuestionósurol,diciendoqueaunque los pueblos también trabajan con técnicos en sus planes de vida, deberían ser las organizaciones indígenas – los propios expertos indíge-nas en su conocimiento los que trataran estos temas.

Anexo p. 185: Transcrip-ción del debate en el panel ‘perspectivas’ con YPFB

Presentación PP de YPFB en http://www.proyecto-nebe.org/books/view/93





Evento público

Con la participación de Pablo Quisbert (historiador), Farit Rojas

(constitucionalista), Manari Ushigua (dirigente de la Confederación

de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) y de Nelson Bartolo

(secretario de la Asamblea del Pueblo Guaraní y de Silvia Lipa

(dirigente del pueblo Leco).1

Isabella M. Radhuber

El evento público del Foro “Derechos indígenas y recursos naturales: viejos y nuevos conflictos eco-territoriales”, comenzó con palabras del historia-dor Pablo Quisbert, mediante las cuales resaltó la importancia que en la actualidad poseen los conceptos de tierra, territorio y recursos naturales, así como el principio del derecho a la consulta en labores extractivas.

Posteriormente, Quisbert presentó a los ponentes del evento público: el asambleísta indígena por el Departamento del Beni y exdirigente de la

1 4 de octubre del 2012, 19 horas, Museo Nacional de Etnografía y Folclore, La Paz*


EVENTO PÚBLICOEVENTO PÚBLICO

Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB) y de la Cen-tral Indígena del Oriente de Bolivia (CIDOB) Pedro Nuny; Farit Rojas, co-fundador del Centro de Estudios Constitucionales en la Universidad Católica Boliviana; Manari Ushigua, dirigente de Fortalecimiento y Po-lítica Organizativa de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y miembro de la nacionalidad Zápara; Nelson Bar-tolo, representante de la nación Guaraní y en la actualidad miembro de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio-ambiente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG); Silvia Lipa, del pueblo Leco de Larecaja y actual Secretaria de Tierra, Territorio y Recursos Naturales de la Central de Mu-jeres Indígenas del Norte de La Paz.

Primero en presentar su ponencia, Farit Rojas distinguió entre el Constitucionalismo liberal y social: este último, que reconoce el derecho a diferentes lenguas y diferencias culturales al interior de los Estados, fue establecido en México y Alemania, entre otros. La Constitución Boliviana de 1938, en este sentido, destaca a los campesinos, aunque no presta aten-ción a lo indígena e indio. El Constitucionalismo plural y multicultural luego se inició en Canadá, en el año 1982; en Guatemala y Nicaragua en la misma década de 1980; en Brasil, en el año 1988 y en Colombia en 1991, donde se reconoció especialmente a los afrocolombianos y la paridad de la justicia indígena.

En Bolivia, la recepción del multiculturalismo se generó con la Cons-titución de 1994. El artículo 1 de esta Constitución reconoce al país como pluricultural y multiétnico, inscribiéndose además la paridad de justicias. De aquí en adelante se comenzó a hablar de la justicia comunitaria. Se aprobó en este momento el Convenio 169 de la OIT —que de acuerdo con Farit Rojas también viene de un multiculturalismo liberal, ya que parte de un reconocimiento de diferentes derechos siempre y cuando estos no vulneran los derechos humanos occidentales.

Hay entonces una ruptura entre el Constitucionalismo multicultural y plurinacional, que comienza con las Constituciones de Ecuador y Bolivia en 2008 y 2009, y que reconoce largos catálogos de derechos y, sobre todo, los derechos de pueblos indígenas. Sin embargo, no abandonan parte de la narrativa liberal y, por lo tanto, tienen una fuerte contradicción interna: reconocen derechos de la vertiente liberal y social y al mismo tiempo dere-chos indígenas. Otro cambio fundamental es que se hace énfasis en el de-

sarrollo sustentable (no sostenible, este solo se menciona en relación a los militares en zonas fronterizas). El desarrollo sustentable, a diferencia del sostenible, hace hincapié en que los bosques tendrán que ser aprovechados sin afectar las posibilidades de regeneración y los transgénicos son rechaza-dos, En este sentido, ambos conceptos presentan una ruptura con relación a la anterior Constitución. Se introduce incluso el término de “otros seres vivos”, con lo que se descentra y minimiza el antropocentrismo que ante-riormente dominaba la comprensión de los seres vivos. La Constitución de Ecuador, sin embargo, va más allá que la de Bolivia con respecto a los derechos a la naturaleza que reconoce explícitamente.

Con respecto al derecho a la consulta, este se reconoce pero la consulta no es vinculante, planteándose entonces la interrogante de hasta qué pun-to este derecho va más allá del derecho multicultural liberal, y hasta qué grado constituye una afirmación del derecho a los territorios y los recursos naturales. Farit Rojas afirma que las categorías de la Pachamama y de la Madre Tierra vienen de la cosmología indígena y, por lo tanto, no deben ser tratadas por el derecho liberal.

La territorialidad, por su parte, es tratada en el artículo 30, el cual afirma el derecho a poder ejercer control y al desarrollo sustentable con respecto a los recursos naturales. Crucial en este contexto también es la noción del



Estado Plurinacional, que implica un cambio en la condición de estata-lidad y una nueva forma, un nuevo modelo de Estado. La Constitución plurinacional introduce entonces cambios en la condición de estatalidad. Los pueblos indígenas no estarían solamente reconocidos, sino la base de la gramática y conformación de la estatalidad y la Constitución brinda garantías sociales e institucionales. Hay una transformación de la narrativa en estos términos en la Constitución, aunque Farit Rojas argumenta que si existe el derecho a la consulta, este debería ser vinculante, porque se trata de los derechos indígenas, y sin pueblos indígenas no hay Estado Plurina-cional. En este sentido se plantea la pregunta: ¿Qué nos propone entonces la Constitución, qué posibilidades?

Manari Ushigua, por su parte, presentó en su ponencia el proyecto po-lítico de la CONAIE; los avances que fueron necesarios para construir este proyecto plurinacional y diferentes ideas y propuestas de sus líderes. Expli-có en este orden que el Estado Plurinacional debe reconocer los derechos de todos los pueblos y sectores sociales, pero que en la práctica ecuatoriana eso no fue lo sucedido: por lo tanto, la CONAIE trabaja ahora en una nue-va reforma del proyecto político para 25 años. En este, se destacan el tema de la consulta y el del agua, entre otros.

Dicho proyecto, es necesario anotar, parte de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y de la autodefinición de los pueblos como naciones. Es importante tomar en cuenta que mediante esta propuesta no se está desconociendo la Constitución de Ecuador, sino que más bien se pretende aportar para su implementación.

En relación a los recursos naturales que se han repartido, estos son de todos los bolivianos y se tiene que consultar a los dueños mismos y darles reconocimiento a través del proyecto extractivo; así que desde la perspecti-va de Ushigua por un lado se ha avanzado, mientras que por el otro hay un retroceso latente. Se trata de valorar y reconocer a los pueblos y los dueños, porque otros sectores están acabando con los recursos naturales y se suman otras problemáticas como el cambio climático. Esto es parte de las actuales preocupaciones.

Manari Ushigua relata que ha presenciado la forma en la cual los gobernantes están viendo al Estado Plurinacional y al nuevo proyecto político con su nuevo sistema de economía comunitaria con fuertes lazos entre los pueblos y naciones, que se pretende poner en práctica en cada

una de las nacionalidades. En el gobierno socialista de España, como no hubo un modelo económico socialista, todo sigue siendo lo mismo; en Ecuador pasa lo mismo. El socialismo parece que nunca propuso un sistema económico. Por eso, los pueblos indígenas proponen un modelo de Estado, un modelo económico y un sistema de justicia. Pero los siste-mas de justicia no deben ser divididos como dos partes de una casa. “Si nosotros esperamos que el Estado realice los cambios, esto no va a pasar; nosotros más bien tenemos que avanzar y poner en práctica estos nuevos modelos”, enfatizó Ushigua.

Las empresas petroleras, por otro lado, provocan la desaparición de nuestro territorio, conocimiento y filosofía política, mientras nosotros de-pendemos de estos recursos en nuestro sistema de vida. En Ecuador no están practicando la soberanía ecuatoriana, sino que los recursos naturales se están entregando a las empresas extranjeras. Las propuestas alternativas de desarrollo y de manejar los recursos naturales se construyen por parte de nosotros. El tema central con respecto al Estado Plurinacional, por lo tanto, no es cómo quieren gobernar ellos, sino cómo y en que quieren re-invertir los recursos naturales. Y en este contexto, otro problema central parece ser la deuda. En un Estado Plurinacional debemos enfrentar los problemas centrales que tenemos los Estados. Y el modelo que estamos pensando es para toda la sociedad, y abarca a un sistema jurídico, de ad-ministración pública, entre otros. Se requiere de eso para cambiar de un Estado uninacional a un Estado plurinacional.

Pedro Nuny, en su ponencia, decidió hablar desde su experiencia en la discusión de leyes como la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibañez y la Ley del Órgano Constitucional. El asambleísta co-menzó destacando que tanto en Bolivia como en Ecuador se están eviden-ciando grandes transformaciones sociales, culturales, etc., que los pueblos indígenas han protagonizado, sobre todo para garantizar un nuevo modelo de país, contra la explotación de los recursos naturales, de los propios pue-blos indígenas, y contra la pobreza. En ese sentido, Nuny advirtió que los pueblos indígenas han formado parte protagonista en la obtención de una nueva Constitución Política del Estado; diseñada desde los propios boli-vianos y bolivianas y, sobre todo, escrita en las carreteras, cuando se hacían las movilizaciones por el reclamo de los derechos.

Las nuevas Constituciones en Bolivia y Ecuador destacan a los Estados



Plurinacionales en ambos países. En la práctica, sin embargo, hay proble-mas en su implementación. Existe una fuerte lucha por el espacio territo-rial y por la autonomía. Y es que en la práctica no se llegan a concluir los objetivos inscritos en la Constitución.

El actual gobierno, por lo tanto, no es la prenda de garantía para po-der realmente llevar a cabo el proceso político como quisiéramos. Existen problemas grandes, alrededor del tema del territorio indígena y de la ex-tracción de los recursos naturales. Los mecanismos están en la Constitu-ción, pero falta ponerlos en la práctica, como por ejemplo en el tema de la consulta previa, establecida además en los convenios internacionales. Es la primera vez que estamos intentando poner en práctica lo que es la consulta, pero resulta que —como en el caso de la carretera vía TIPNIS— no es pre-via. Ayer la CIDOB cumplió 30 años de vida, y ahora está dividida por el gobierno. En la Asamblea Legislativa, de acuerdo con Nuny, se están pro-yectando leyes de hidrocarburos y minería con una visión eminentemente extractivista y las licencias ambientales son llevadas a cabo de manera defi-ciente por instancias gubernamentales. En el tema forestal pasa lo propio: hay mucha burocracia y falta de transparencia en la administración. La Ley de la Madre Tierra, mencionó debería ser la ley que dé énfasis no solamen-te a hombres, mujeres y habitantes del territorio, sino que debería también legislar por la importancia de todos los seres vivos. Pero lastimosamente para Nuny, esta ley ya está aprobada y carece de la riqueza que construye-ron las organizaciones. Estas, de acuerdo con Nuny, son experiencias que se comparten entre Bolivia y Ecuador.

Nelson Bartolo habló como dirigente de la APG destacando dos ca-sos: la negociación en torno de la planta de líquidos de Río Grande y del Gran Chaco. Explicó que para el pueblo Guaraní es muy complicada la situación: ya están peleando 11 años; primero se lidió directamente con las empresas, porque ellas hicieron la consulta antes de que se apruebe la Ley 3058, luego pelearon por la Ley 3058 y la integración del tema de consulta y participación. Desde entonces el Ministerio de Hidrocarburos ejecuta la consulta, pero no se cumple. Además hay que reglamentar, esta es la preocupación de la nación Guaraní.

En el tema de la consulta, aunque están inscritos los procedimientos, las Autoridades Competentes hacen mal los procedimientos, lo que se hace evidente, por ejemplo, en la Planta Río Grande, separadora de líquidos, que

es a nivel nacional, y beneficia a todo el país. El pueblo Guaraní no se ha opuesto a la construcción de la planta; la Capitanía Taco Mora defendía su territorio, pero dentro de su demanda estaba la Empresa Andina, en primer lugar. Nosotros planteamos elaborar con la empresa el estudio de la Ley y ejecutar la consulta. Faltaban dos reuniones y salió un decreto declarando tierra fiscal no disponible a las 299 hectáreas. El asambleísta cuenta que les sorprendió mucho que el gobierno promulgase este decreto, precisamente con la finalidad de no hacer la consulta. Cuenta que han estado 21 días en medio monte, en movilización. Se fue el Ministro de entonces, vino otro, y hasta ahorita seguimos con el conflicto en Río Grande. Las 75 hectáreas restantes, comentó Bartolo, no se han dotado aún por resolución, además, estas son tierras con pasivos ambientales que no sirven porque ya fueron explotadas por YPFB. El gobierno, en esta línea, siguió sacando decretos por tierras fiscales no disponibles, entregándolas a las empresas petroleras.

El pueblo Guaraní tiene solo 53 Tierras Comunitarias de Origen (TCOs) tituladas; el resto se encuentran en demanda. De acuerdo con Bartolo, sin embargo, el pueblo Guaraní tiene planeado concluir el sanea-miento este año. Queremos tener seguridad jurídica para poder estar más tranquilos. De acuerdo a la Ley “Instituto Nacional de Reforma Agraria” (INRA), las tierras deberían ser dotadas a los pueblos. Así dice la Ley INRA, pero no se hace eso. Hay empresas que tienen convenios bilaterales que no respetan este derecho. “Está la empresa Petroandina, por ejemplo, que es [Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA)], con el bloque Iñau, y sabemos lo que han hecho a los compañeros de la CPILAP. Ahí está la famosa empresa china, Sinopec, que nos están haciendo “troya” todo el Chaco boliviano, no hacen caso a nadie porque dicen que tienen convenio directo con el gobierno. Esto no nos interesa, lo que nos interesa es que se respeten nuestros derechos dentro de nuestros territorios. Y eso hay que pelear”, comentó el dirigente de la APG.

“Y hay otra planta —continuó Bartolo— que está en Yacuiba, la planta del Gran Chaco; también ahí está pasando lo mismo: es una demanda de la Capitanía Yacuiba. Como es tierra fiscal, directamente ingresan los del gobierno, para hacer el estudio. El primer estudio de evaluación de impacto ambiental era categoría uno. Pasa por encima de una comunidad que se llama Yeroviarendo, la están desmontando, y convierten a la consulta en categoría dos, diciendo que es una propiedad privada. ¿Quién hace eso? Es



el gobierno, es YPFB”.Con esta experiencia, Nelson Bartolo se cuestionó si es que entonces en

la práctica las empresas entonces valen más que los pueblos indígenas o si el derecho de los pueblos indígenas en realidad resulta más valioso. “Para nosotros es muy preocupante porque en realidad ahora tenemos a 15, 18 empresas petroleras en distintas actividades: exploración sísmica, perfora-ción de pozo, tendido de ductos, oleoductos, gaseoductos… con eso vivi-mos, convivimos. Hay consulta en algunas partes con empresas petroleras, pero empiezan desde el Ministerio con los malos procedimientos y todos acabamos mal. Vamos a compartir socializando eso. Desde el Norte de La Paz, el TIPNIS, los Guaraníes… queremos ser parte en la elaboración de las leyes, reglamentaciones, políticas… Queremos construir en conjunto. Pero si no nos invitan, ¿qué vamos a hacer?”, concluyó el dirigente guaraní.

Silvia Lipa, por su parte, relató cómo en el Norte de La Paz se comien-zan a enfrentar estos problemas con operaciones de hidrocarburos, exis-tiendo el reto de responder ante la explotación. “Nosotras como mujeres también estamos preocupadas por el tema de la visión de desarrollo que tiene el Departamento de La Paz y la visión de los pueblos indígenas, que es más pasiva, más tranquila y más conservadora”, enfatizó Lipa. La visión de desarrollo del Departamento, de acuerdo con ella, se centra en el Norte de La Paz; la mitad del Departamento es el Norte, es la Amazonía que tie-ne solo tres provincias: Iturralde, Franz Tamayo y Larecaja. Y los restantes 17, en cambio, ya no tienen ni tierra ni espacio, por lo que se puede fácil-mente concluir que el desarrollo solo llega al norte paceño. Si bien existen proyectos ya desde hace 20 años, comentó, estos no son tomados en cuenta y se están rompiendo las estructuras organizacionales indígenas.

“Existe por ejemplo la organización regional CPILAP, pero la saltan, así como a las direcciones de las TCOs, bajan directamente a las comuni-dades y ahí empiezan los conflictos. Ahí tenemos que aprender a sobrepo-ner y levantarnos. (…) En estos dos días ya capto lo que el gobierno quiere decir: para ellos no hay consulta previa, sino quieren decirnos “consulta y participación”, y lo otro es “consulta pública”. Y a nosotros nos hacen con-sulta pública, argumentando que son tierras fiscales y por eso no se necesita hacer consulta. Necesitamos el apoyo de la sociedad civil”, indicó.

Luego de las distintas ponencias, el evento público continuó con un debate donde se abordaron varios temas desde la perspectiva de los parti-

cipantes. Farit Rojas, respecto a la inquietud del análisis constitucionalista del derecho a la consulta, explicó que este es un derecho liberal que viene del Constitucionalismo liberal, porque se consulta para la explotación, para que los pueblos indígenas disfruten de la explotación capitalista propia de la acumulación capitalista. Aparece con el Convenio 169 de la OIT, y está en plena concordancia del régimen neoliberal. La Constitución tiene por lo tanto muchas contradicciones. El gobierno toma estas contradicciones a su favor para la explotación capitalista. La consulta, además, no es vin-culante. La alternativa, más bien, es el derecho al territorio, al territorio indígena. “Eso es el territorio indígena: la manera cómo se relacionan los pueblos con el territorio y no es con el territorio como mercancía”, indicó. De acuerdo con este planteamiento, Farit Rojas considera que ni el gobier-no ecuatoriano, ni el boliviano han planteado un modelo alternativo al ca-pitalismo. Hay una iniciativa muy interesante desde los pueblos indígenas de recapturar la noción del territorio y la forma de desarrollo sustentable y de decir una cosa muy básica: estos territorios no son mercancía; por lo tanto, no se los negocia.

Pedro Nuny añadió que si bien la Constitución constituye un gran avance, no se cumple lo que está inscrito en ella. El gobierno ve a los te-rritorios indígenas como mercancía y, en este sentido, es neoliberal. “Es el capitalismo andino que nos está estrangulando a los pueblos indígenas; hemos marchado, pero se quedan no más ahí las intenciones”, concluyó.

Nelson Bartolo, por su parte, explicó que la nación Guaraní nunca ha cerrado una válvula, aunque el gobierno nos dice que lo hemos hecho para chantajearlo. “Nosotros tenemos territorios colectivos; y si hay impactos, tienen que pagar compensaciones. El gobierno argumenta pero con tierras fiscales cuando son tierras nuestras, esto es avasallamiento, y nos están qui-tando nuestros derechos. Y por encima no hay gas y, cuando hay, es caro para nosotros, que vivimos en los territorios de donde viene el gas. Y si es que no paramos, ¿donde vamos a acabar la nación Guaraní? Nosotros hemos hecho la Constitución, por eso tenemos que expresarnos”, comentó enfáticamente el dirigente de la APG.

Manari Ushigua retomó el debate para hablar acerca de la violación de derechos de pueblos indígenas en el Estado Plurinacional ecuatoriano: “hemos logrado una dirección bilingüe nacional en Ecuador, que logra-mos por marcha, y este gobierno está haciéndolo desaparecer. También



hemos logrado el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE), una institución que financia proyectos para los pueblos indígenas, y está desapareciendo así como la salud indígena. ¿Por qué? Dicen que cuando no había un Estado Plurinacional, tenía que haber estas instituciones, pero ahora son parte del Estado”, comentó Ushigua. Sin embargo, indicó cómo los ecuatorianos están luchando con las decla-raciones internacionales y las garantías constitucionales.

Prosiguió: “en el caso del Parque Nacional Yasuní, la reserva de petró-leo, estudiamos ahí, en una especie de consulta, para ver que dicen las ini-ciativas presentes. Internamente y ocultamente está entrando una empresa que es Repsol: hay maquinarias para explotar el pozo que dicen que no se va a explotar. ¿Cómo vamos a defender el territorio? El Parque Nacional Yasuní es grande. Analizamos, y hemos decidido que la propuesta es buena. También queremos proponer algo similar en otras provincias, ya que están desconociendo nuestra existencia: amenazan, insultan en la “sabatina” de cada sábado, aunque tienen nuestros votos”, enfatizó. En este orden, Us-higua aseguró que el poder de las naciones ecuatorianas no es económico, más sí social y organizativo: “tenemos casi 290 compañeros que están ju-rídicamente perseguidos por saboteadores y terroristas y estamos viendo cómo hacemos para que no estén presos, no sé qué clase de gobierno revo-lucionario, socialista hace eso… Nosotros tenemos que reclamar y partici-par en los espacios del gobierno y del Estado”.

Silvia Lipa, respecto a los tribunales internacionales, criticó cómo en la Haya los pueblos indígenas no son convocados para poder estar en una reunión consensual acerca de la visión de desarrollo. “¿Qué es la visión económica del indígena? Nosotros tenemos nuestros TCOs y nuestros planes de vida, que los llamamos Gestión Territorial Indígena (GTIs), que son nuestros planes territoriales. Nosotros manejamos una economía comunitaria, no individualista, ni colonialista ni extractivista, solo para mí y para vos… Sino para compartir, y la compartimos con todos, con los bosques, los ríos”.

Luego de estas declaraciones, Farit Rojas fue el encargado de cerrar el evento con un comentario inspirador: “Supongamos que tenemos una familia en la que todos producen juntos, todos trabajan colectivamente, con una visión acordada colectivamente y sustentable. Los padres un día deciden que se va a producir dinero y que para ello, se va a prostituir a los

hijos en caso de que no produzcan lo suficiente; por lo tanto, los hijos y la familia se vuelven mercancía, se vuelven un objeto para producir creci-miento económico. En los pueblos indígenas, hay cosas que no pueden ser mercancías. En el caso de Yasuní, donde bien se discute dejar el crudo bajo la tierra, se vuelve mercancía, porque Correa dice: me pagan por ello. Lo que proponen los pueblos indígenas no es una relación como sujetos con el objeto de la naturaleza, porque el sujeto y el objeto son uno solo y no se puede desprender algo que es parte de uno y colocarlo como mercancía. Este es el tema central: ¿hasta qué punto el tema de la consulta mantiene esta separación de yo-sujeto y objeto-naturaleza?”.

Video completo del evento público en: http://www.youtube.com/watch?v=ZAUYdWa5cQs

http://www.youtube.com/watch?v=ZAUYdWa5cQs




Anexos


ANEXOSANEXOS

Transcripción del debate en el

panel ‘Perspectivas sobre la

consulta’

Con la participación del ingeniero Nilo

Heredia (Viceministerio de Desarrollo

Energético del Estado Plurinacional de

Bolivia) y del abogado ecuatoriano del

caso Sarayaku, Mario Melo1

[Participante del taller:] No hay consulta pre-via en Bolivia: eso es mentira. Especialmente para los compañeros que nos visitan de Ecua-dor: no hay consulta previa. Per se está en la Ley de Hidrocarburos y hay un reglamento específico; [sin embargo] no hay, porque no se cumple ese principio fundamental que nos acaba de presentar nuestro amigo del Ecua-dor, que es el de lograr el consentimiento del pueblo en primer lugar, pero antes de que se definan los proyectos obras de extracción o exploración de petróleo en territorios indíge-nas. No hay consulta previa en los más de 15 procedimientos que se han hecho en Bolivia ahora. Esto, como bien decía el compañero, simplemente es el ejercicio de validación de los impactos socio-ambientales que han sido identificados a través del estudio de evalua-ción de impacto ambiental. Esto nos lleva a concluir que el derecho a la consulta previa — y el derecho de los pueblos indígenas es-pecialmente, afectado por la actividad petro-lera— están siendo instrumentalizados para otros fines: fines políticos para la aplicación

1 Texto editado por Marxa Chávez e Isabella Radhuber.

de un modelo extractivista. Podríamos ahon-dar mucho en el tema…

Entonces lo más duro y patético es que el discurso está muy lejos de la práctica todavía efectiva. Luego se nos dice como un argu-mento fundamental para rechazar cualquier demanda en este sentido —especialmente las organizaciones indígenas que están afectadas, como las aquí presentes, las del Chaco—: “es que el interés público esta por encima de cual-quier cosa, está por encima de los derechos co-lectivos de los pueblos”. Ahí no hay [entonces] lugar a discusión ni a debate: eso se impone y así es aquí o en China, de palabras propias del Presidente y del Vicepresidente del Esta-do. Entonces, esto es algo que hay que sopesar, hay que dimensionarlo en su real magnitud porque, si bien existe un marco normativo, este no se aplica como debería ser: no se respeta el principio de la ley.

Pero lo más grave de todo esto es que, ade-más, todo este proceso de las consultas a ve-ces termina en una compensación totalmente desventajosa para las organizaciones, [pues] no tiene nada que ver con el volumen de las inversiones que se realizan en sus territorios, [y por lo tanto] se está convirtiendo en un proceso sistemático de despojos de territo-rios, porque fíjense… Ustedes, haciendo una comparación: cómo los pueblos indígenas han ido demandando y tratando de avanzar en la consolidación de sus demandas terri-toriales históricas y el avance de la actividad de extracción de los recursos naturales, tanto en minería como en hidrocarburos; tiene una relación directa porque en aquellos territo-

rios indígenas donde existen yacimientos de petróleos y de minerales susceptibles de ser aprovechados, el derecho al territorio es cada vez más lejano. Es decir, la consolidación de los territorios indígenas está cada vez más le-jos, los procesos de saneamiento de las TCO están estancados; están retrocediendo. Esto solo para iniciar con el tema.

Buenos días compañeros, compañeras; bienve-nidos a los hermanos de Ecuador, a las herma-nas. La pregunta es muy concreta al represen-tante del gobierno: honestamente, no me ha quedado muy claro y me ha parecido un poco contradictoria su exposición. Por eso pido la aclaración en el tema de la consulta: se habló que se hacía una especie de reunión de con-sulta con la empresa, no me quedó bien cla-ro qué tipo de empresa y qué tipo de consulta ni quién paga la consulta. Si fuera tan amable para que vuelva a explicar el tema.

Creo que hemos venido a debatir, no nece-sariamente nuestras intervenciones serán par preguntar sino también para discutir. Yo tengo una pregunta en relación a lo que nos estaba exponiendo el represente de [el Ministerio de] Hidrocarburos. Usted ha mencionado que hasta hoy día tenemos 20 consultas con pue-blos indígenas y ha mencionado el estándar de la consulta, que también Mario [Melo] men-cionó y que es obtener el consentimiento; o sea, discutir la consulta en función de obtener el consentimiento; y no discutir la consulta en función a ver cómo vamos a compensar al pue-blo indígena: son dos ideas diferentes.

A mí me guastaría que dé uno o dos ejem-plos concretos. Acá están compañeros del Cha-co, están compañeros de la CPILAP. Uno o dos ejemplos concretos donde usted nos pueda mostrar de cómo el Ministerio han abordado la consulta con este lente de la obtención del consentimiento. Las otras dos preguntas van a Mario [Melo] y son sobre todo aclarativas del tema en Ecuador:

Has mencionado, Mario, que uno de los elementos importantes que da la Corte en relación a lo que nos has expuesto, es que justamente por primera vez entra esta figura del pueblo indígena como titular del derecho colectivo. Me gustaría que nos hables de eso, teniendo en cuenta que la sentencia de Sara-yaku versus Surinam es del 2007 y me parece que ya ahí están estos lineamientos del pueblo como titular del derecho colectivo. ¿Por qué estás diciendo que enel caso del Ecuador es por primera vez que la Corte sienta claramen-te esa idea?

Y la segunda [pregunta] que a mí me gusta-ría que compartas con nosotros los bolivianos es: desde que ustedes han tomado la decisión de presentar el caso, [es decir], de usar la vía le-gal hasta que la Comisión da su sentencia, son siete años, 2003 al 2010 ¿verdad? Entonces yo quisiera que nos comentes cómo se ha movido el gobierno ecuatoriano en esos siete años, de todo lo que ha acontecido durante esos siete años donde el pueblo ha tenido que esperar, para que estos derechos —que estaban en su demanda— sean por primera vez reconocidos. ¿Qué ha pasado en relación a las dirigencias, como ha operado el gobierno en relación a


ANEXOSANEXOS

los líderes, que ha hecho para desestabilizar la unidad de estos? Me gustaría que nos cuentes más el otro lado del proceso que tiene que ver con el gobierno y el Estado ecuatoriano.

Un saludo cordial a los hermanos que vienen del pueblo indígena [de los pueblos indígenas] del Ecuador, mi nombre es Quintín Valeroso, del pueblo indígena Guaraní, del Chaco en este caso, donde están los hermanos Ween-hayek [y vengo] preocupado por nuestra si-tuación. Quiero darle la bienvenida calurosa a nuestra Bolivia pluricultural, rica en su di-versidad, pero al mismo tiempo quiero decir, una triste Bolivia por la situación que estamos viviendo. Quisiera pedirle a la mesa un poqui-to de tiempo, es un tema bastante importante, viene gente del Ecuador y es importante ha-blar con ellos. Seré puntual en esto.

Sé que no es la instancia, la pregunta, la consulta, acá [para] el compañero del Estado, del gobierno – se ha hablado de la consulta previa: conocemos nosotros, somos parte de proceso de cambio, conocemos perfectamente cuáles son los procedimientos. Pero más allá de esto, la consulta concreta: usted, como ha estado en el Chaco, —si bien sabemos noso-tros que están ya con la visión de la producción sísmica y la explotación de los hidrocarburos, en este caso, en el parque Aguaragüe, que está dentro de nuestro territorio ancestral— como bien lo dice la ley, la Constitución Política del Estado y la misma Organización Internacio-nal del Trabajo y la declaración de la ONU, ¿han hecho allá la consulta a los pueblos indí-genas o no? Así concreto.

Respuesta de Mario MeloBueno, respecto a las preguntas que me han hecho, en la primera de ellas efectivamente el caso Sarayaku [significa] la primera vez que la Corte Interamericana falla declarando que el pueblo como colectivo es titular de derechos. Eso que es un tema muy obvio para nosotros en Ecuador y Bolivia, no lo ha sido para la Corte Interamericana y otros países de la re-gión. Sigue siendo un tema de discusión. En el caso de Saramaka, igual que en el caso de Aguas de Tixni, o el caso del Plan de Sánchez, [y] varios otros que se tratan de temas indig-nas, la Corte ha fallado reconociendo viola-ciones de derechos pero la titularidad de esos derechos ha correspondido a los miembros de cada pueblo. Entonces en Saramaka uno pue-de encontrar una lista de la víctimas igual que en los otros casos. Es una diferencia sutil pero muy importante; es decir, los pueblos son una realidad histórica con ancestralidad, que son titulares de libre determinación y que más allá de ser un conjunto de miembros son en sí mis-mos sujetos de derechos y eso es la primera vez que lo dice con claridad la Corte Interameri-cana, y eso es importante de destacar.

Respecto al segundo tema, sobre la oposi-ción del Estado Ecuatoriano y de los gobier-nos Ecuatorianos, desde que, en primer lugar, la concesión fue hecha por el gobierno de Six-to Duran Vallén en el año 1996, los conflic-tos surgieron en el año 2002, que fue el úl-timo año de Gustavo Noboa, [los conflictos] fueron muy graves, las peores violaciones en los años 2003, 2004, mientras era presidente Lucio Gutiérrez. En relación al caso, el litigo,

desde un principio, la posición del Estado fue de negar los hechos y negar las responsabili-dades; eso pasó en el 2003. Cuando plantea-mos la acción, pasó también el 2003, cuando la Comisión dio medidas cautelares, y en ese tiempo estaba ya Lucio Gutiérrez. Su Minis-tro de Recursos Naturales era un Coronel que dijo —cuando conoció de las medidas caute-lares— en una rueda de prensa: “Esto es un pronunciamiento espurio de unos Señores que no saben ni dónde queda el Ecuador”. Eso fue muy cubierto por la prensa internacional, por-que estaba de coyuntura que unos meses des-pués se reunía la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Quito.

Entonces nos dio una mano muy grande para visibilizar el caso, con estas actitudes de desprecio de parte de un gobierno, que ese momento era ya un gobierno de derecha, que era el de Lucio Gutiérrez. Cuando llegó la resolución de la Comisión Interamericana, el gobierno de Rafael Correa no cumplió en ab-soluto con esas resoluciones. Se quedó callado y, cuando fuimos a la audiencia —ya en el pri-mer gobierno de Rafael Correa en el 2011— la posición del Estado fue la misma: negar los hechos, negar las responsabilidades, decir que no se debía haber hecho la consulta, acusar a Sarayaku de ser textualmente “un palo en el desarrollo del Ecuador”, por oponerse a la ac-tividad petrolera.

Esta posición tan fuerte se modificó en una diligencia que realizó la Corte Interamericana en el mes de abril en Sarayaku —que también es un hito en este caso— porque fue la primera vez, en la historia del Sistema Interamericano,

que la Corte visitó el territorio de un pueblo indígena para hacer ahí una diligencia y escu-char a las víctimas en su propio territorio, en su propio idioma, en su propia circunstancia, en un acto que fue muy importante. El represen-tante del Estado ecuatoriano (…) por primera vez se allanó a las pretensiones de Sarayaku, es decir, dijo que efectivamente se habían violado los derechos y que estaba dispuesto a reparar los daños cometidos. Entonces, ha habido un cambio importante, que hay que reconocer en este tiempo. Cuando salió la sentencia, el gobierno [dijo] que va a cumplir la sentencia: ayer mismo recogió la prensa de Ecuador la decisión de comenzar con los procesos de ca-pacitación a los policías y militares, que man-dó la Corte como medida de reparación. Y sin embargo nos preocupa que paralelamente se han indicado procesos de consulta previa para una gran ronda petrolera, donde estaría in-merso otra vez Sarayaku bajo un reglamento que es anterior a la sentencia y que no guarda estos estándares internacionales que les acabo de presentar. Entonces sobre eso también ya Sarayaku y la CONAIE se han pronunciado, pidiendo al Estado que suspenda esa consulta y que se arme una mesa de diálogo para discu-tir sobre la reglas del juego y qué deben [hacer] (…) las consultas de acuerdo a lo que mandan las sentencias de Sarayaku.

Respuesta Nilo HerediaCon respecto a varias de las preguntas que se han hecho, y consultas, inquietudes, e interro-gantes, decirles que el Estado boliviano está trabajando en este proceso que es difícil —y


ANEXOSANEXOS

largo además— y pienso que estamos en una etapa de transición. Como nunca antes se ha dado la inclusión, pienso yo, de la totalidad de los bolivianos… En este proceso estamos tra-bajando, y pienso yo, no existe una visión de gobierno ni una visión de indígenas: yo creo que somos uno. Somos todos.

Con respecto a la pregunta directa que hizo uno de los compañeros, si es que se hizo consulta previa, la respuesta es obvia: no existe consulta previa. ¿Por qué? Porque en el Estado boliviano y en la República de Bolivia se ha estado con actividad hidrocarburífera desde 1914 y se ha hecho esta actividad en territorios indígenas, obviamente. Con el transcurrir del tiempo se ha ido prospectando e identificando varias zonas en el país, en el área tradicional y en la no tradicional. Durante este tiempo se ha ido generando áreas, se ha ido reservando áreas para YPFB —en su momento muchas veces capitalizados, privados, pero hoy en día nacionalizados— [y se] mantienen aquellas regiones no tradicionales, obviamente por su difícil acceso y [se] ha mantenido su esencia: de que son reservadas para YPFB.

Si analizamos desde esa óptica, en la que ya estaba prevista la actividad hidrocarburífera en tierra y territorio indígena, no existe consulta previa, ¿no es cierto? Porque ya desde mucho tiempo atrás se habían fijado la áreas como re-servas para el Estado boliviano. En ese sentido pienso yo que no existe la consulta previa, sin embargo, existe el ejercicio y creo yo que existe la enorme voluntad del Estado boliviano, de nosotros, de que el pueblo indígena y las co-munidades campesinas ejerzan su derecho a la

consulta. Y por eso es que, si se dan cuenta, nosotros llamamos consulta y participación a este proceso, no hemos puesto en la normativa y reglamentación consulta previa, se ha puesto consulta y participación, porque entendemos que, sí, ya existen áreas destinadas a la activi-dad hidrocarburífera.

Con respecto a los procesos que hemos ve-nido realizando —y voy a amarrar con la otra pregunta que era [relativa a] cómo funciona la participación y consulta— tenemos que en-tender que el Estado boliviano directamente no tiene los recursos muchas veces directos para hacer este proceso y entregarlos. Entonces la cadena es la siguiente: la empresa que está trabajando para YPFB o que es subsidiaria de YPFB pone en depósito el dinero para hacer la consulta y participación, tarde o temprano ese dinero se lo cobran a YPFB, que es el Es-tado, entonces el dinero de donde viene para los gastos del proceso mismo de la consulta y participación, son del Estado. El dinero que pueda venir para las compensaciones, ya sea por posibles impactos ambientales o sociales —que así pienso que somos el único Estado que hace eso— es también del pueblo bolivia-no porque tarde o temprano se lo cobran a Ya-cimientos [YPFB] y cobrarle a Yacimientos es cobrarle al Estado. Entonces el dinero para lo que es consulta, participación y compensación, es del Estado, es del pueblo boliviano.

Algunos ejemplos que me gustaría nom-brar son Itikaguasu, recientemente con lo de [el proyecto] GVT [de ampliación del Ga-soducto Villamontes Tarija]. ¿Y por qué quie-ro nombrar esto? Porque el pueblo indígena

Guaraní, y más que todo el pueblo de Itika-guasu es el que más fuerza y reacción ha te-nido con respecto a un proceso de consulta y participación. Ellos —obviamente con toda razón y obviamente con el derecho que les co-rresponde— ellos han dicho “nunca ha habi-do consulta previa” y se han quedado reacios y firmes en su propósito y lo que pensaban. Ha transcurrido el tiempo y el Estado ha respe-tado esa su decisión, durante tanto tiempo se ha quedado parado el proyecto GBT y noso-tros, el Estado boliviano, nosotros como pue-blo nunca hemos ejercido fuerza, no ha habido policías, no ha habido militares, no ha habido otro tipo de fuerza de choque. Sin embargo, es el pueblo indígena también el que ha llama-do en este caso al Ministerio de Hidrocarbu-ros [y Energía] que es [quien asume el] rol en esta estructura que se ha formado para lo que [tiene que ver con] consulta y participación…, para decir: sí entendemos que es un proyecto de necesidad y nosotros estamos dispuestos a hacer lo que es consulta y participación. Este proceso muchas veces seguramente puede ser criticado de que es imperfecto, de que no es correcto, que falta mucho, pero bajo este pro-ceso, es lo que tenemos y es con lo que esta-mos trabajando y es el mismo pueblo indígena Itikaguasu que ha dicho: ¡sí este proyecto va! Quiero nombrarlo como el primero.

Hay otros ejemplos, por ejemplo los Weenhayek, [en los que] existe una conviven-cia con las empresas petroleras que están pres-tando servicios a Yacimientos [YPFB], pienso yo que es armónica, no será perfecta pero es armónica, lo mismo con Campo Curichi con

Takovo Mora. Es patentar un poco lo que a la Dirección General de Gestión Socioam-biental le interesa, nosotros somos pasajeros yo creo, que yo mismo soy técnico, no tengo nivel de autoridad, pero está es la visión que tenemos en esta dirección. Pienso yo que el ejercicio y el conocimiento de los derechos de los pueblos indígenas es importante, el saber, el conocer qué es o qué se está haciendo, qué es lo que hace la empresa, que es lo que se está trabajando, que por eso se llevan a cabo estas actividades hidrocarburíferas. Es esencial y es por eso que el Ministerio de Hidrocarburos y Energía ha desarrollado lo que es la capacita-ción a los pueblos indígenas. Está formando a 40 indígenas en diferentes pueblos: Lecos, Mosetenes y Guaranís Weenhayek en este momento a través de la Universidad Autóno-ma Gabriel René Moreno (UAGRM); se está preparando a peritos en lo que es monitoreo socio-ambiental, es un primer paso.

Un segundo paso será seguramente la for-mación en derechos de los pueblos indígenas, [pues] entonces nos ayuda mucho como Di-rección General de Gestión Socio-ambiental que el pueblo indígena conozca bien sus dere-chos y la tecnología que se usa para hacer estas actividades hidrocarburíferas; por ejemplo ha-brá que saber que un explosivo sísmico en base a pentolita y otro tipo de compuestos hoy en día están obligados a que sean biodegradables, o sea que se lo deja en el pozo, no explosiona en la sísmica, eso con la humedad del mismo subsuelo se degrada.

Entonces, cuanto más sepa el pueblo indí-gena de sus derechos y cuanto más sepa de la


ANEXOSANEXOS

tecnología que se pueda usar, mejor. Nos ayuda muchísimo que todos entendamos esto y no solamente unos dirigentes, algunas cabezas. Nos interesa que se formen jóvenes, estudian-tes, obviamente los recursos son grandes para poder lograr esto, y tenemos que lograrlos. El desafío es ese, que el pueblo indígena crezca en su concepción y el Estado pueda otorgar todos esos derechos. Yo creo que en eso estamos y a eso apuntamos.

Segunda ronda de preguntasBuenos días, mi nombre es Zenobio Quispe, soy miembro del Foro Indígena, también un saludo a todos nuestros jilatas y kullakas que vienen de todo lado. Un tema que a mí me preocupa: el técnico del gobierno que nos ha expuesto dice: “Nosotros aplicamos solamen-te el tema de consulta y participación y no el tema de la consulta previa”. Eso implica que estamos transgrediendo leyes de la República y la Constitución, pisoteándolas. Estamos pi-soteando la Ley 1257, la 3760, la Ley 1257 [que] es el Convenio 169 y la 3760 [que] es la declaración de la ONU de los derechos de pueblos indígenas. Al mismo tiempo pisotean-do la Constitución Política del Estado actual. Entonces esto es grave: si desde el Estado los personeros confiesan esas transgresiones, ¿en qué quedamos?, ¿están conscientes ustedes de estas transgresiones?

Mi nombre es Edwin, soy secretario de recur-sos naturales de la CPILAP. En el caso del Norte de La Paz, hemos visto con preocu-pación el bloque Lliquimuni. En Pilón La-

jas nosotros el 2004 tuvimos experiencia con Petrobras, porque Pilón está sobrepuesto con dos bloques hidrocarburíferos, con Petrobras y Repsol. Entonces en ese entonces nosotros recurrimos al Estado para que nos defienda —y obviamente nos defendió— pero ya para el caso de Lliquimuni, el mismo Estado ha empezado a violar las normas establecidas. Entonces, ha sido bien difícil para nosotros, porque el mismo Estado nos divide [a] las or-ganizaciones: más del 60% que no estaba de acuerdo. Entonces esas cosas en qué quedan. ¿Tenemos que recurrir a la Corte como Sara-yaku para hacer respetar nuestros derechos? El caso boliviano es algo preocupante, porque hay normas establecidas que sí están bien he-chas, pero la actitud muchas veces de la gen-te que lleva estos procesos no es la adecuada muchas veces.

Mi nombre es Roger Tintaya, soy represen-tante de los pueblos indígenas de Leco Lare-caja. [Sobre] la organización y la misma ex-periencia del proyecto Lliquimuni —va con el ingeniero representante del gobierno— creo que podemos indicar muchas aspectos, pero creo que no es la persona indicada [a la] que debemos darle una patada. Porque es de cos-tumbre que nosotros los pueblos indígenas te-nemos territorio, pero en el lugar de los hechos el gobierno mismo esquiva estos. Empieza a hacer una política de divisionismo. Los Lecos de Larecaja de la OPIM, nos han empezado a dividir a nosotros como organización. Han entrado directamente a las comunidades afec-tadas, y ¡no…!, así se ha repartido el territo-

rio indígena, que antes manejaba [la] política. Y se decía que firmemente se iba a consultar a las organizaciones territoriales, a los entes matrices, entonces veo que es una política del gobierno y además nada ¿no? Ha salido de la propia voz del ingeniero donde indica que es-tas concesiones antiguas ya son reservas petro-líferas, entonces que nos garantiza a nosotros, ¿o quién nos hace conocer que ya son reserva-das por el Estado Plurinacional?

Entonces a la nada podemos patear, po-demos luchar y luchar, al final nos empiezan a debilitar, a nuestras organizaciones. Es lo que ha pasado, en todas las consultas pienso que pasa eso, porque dice el gobierno: “Unos quieren, otros no quieren”, ahora lo que noso-tros queremos, [es] que se siga el proceso. Nos dicen [sin embargo] “opositores del desarro-llo”, no pienso a dónde queremos llegar… Hay una experiencia de Sarayaku, ¿a eso podemos llegar? Quizás los indígenas somos humildes, tolerantes, y siempre se lo hemos dicho al go-bierno, pero yo creo que ahí está, y es un de-bate que debemos analizar todos: si nos para-mos como Sarayaku ante la corte. Ahora dice se está creando un modelo, se está siguiendo este proceso, bueno desde el 2007 se ha hecho varias evaluaciones sin consulta previa, se ha consultado a dos, tres pueblos, pero no se res-petan. Gracias.

Mi nombre es Wilson Guillermo Cuéllar, vi-niendo de CABI del Alto Izozog, igual [que mis compañeros] soy Guaraní. Yo solo quería compartir una experiencia que hemos tenido en cuanto a la consulta previa. Yo decía hace

rato cuando el ingeniero explicaba sobre las empresas que prestaban servicios a YPFB: las empresas son las que hacen la consulta. Pero las empresas nunca mencionan qué impacto am-biental puede pasar si se explora o se extraen minerales de un pueblo; entonces, ¿a qué van? ¿Qué nos dicen a nosotros como indígenas? Nos dicen que, bueno, con este proyecto uste-des van a tener desarrollo, luz… pero el impac-to ambiental jamás, no mencionan. Entonces solo eso quería explicarles, que nos dicen uste-des van a tener un 40% de regalías, esta parte 60%, entonces nosotros, como indígenas, no tenemos desarrollo económico en los pueblos. Entonces nos dicen ustedes: “Ya después van a tener carreteras” Entonces solo eso mencionan las empresas que prestan su servicio. ¿Por qué no presentan un informe sobre impacto am-biental [donde se explique] qué puede pasar,? Eso es lo que yo quería comentarles.

Muy buenos días mi nombre es Evelyn Prie-to Miro, soy representante del pueblo [de la] TCO Moseten, de la organización OPIM. La pregunta es en sí para el señor representante del Viceministerio. Ustedes dicen que se hace la consulta y participación a los pueblos in-dígenas, yo quiero saber, ¿por qué no se toma en cuenta las estructuras de los pueblos indí-genas, así a nuestras organizaciones? ¿Y por-que se ha hecho la consulta directamente a las comunidades? Si ustedes respetan las organi-zaciones, las estructuras, se debería tomar en cuenta primero la organización, y no así a las comunidades como ustedes [han hecho/ha-cen]. Lo han hecho con el pueblo de OPIM,


ANEXOSANEXOS

nos han dividido en sí, han ido directamente a la comunidad y la primera comunidad que ha abierto las puertas a esta consulta ha sido Co-vendo. Posteriormente, nos han dado el mismo trabajo [el trabajo de ustedes] a la comunidad de Covendo: a tener que negociar con las de-más comunidades. Nosotros, como comunidad Covendo, hemos tenido que ir hablando con las otras comunidades, para que ellos también acepten ser consultados, o sea: nos han dado el trabajo a nosotros, por qué, si primeramente debería usted decir [que va a hablar] con las or-ganizaciones, respetando eso [sus estructuras].

Ahora otro [punto], cuando ustedes dicen que se hace la consulta a los pueblos indíge-nas… es Categoría 1, en la primera fase, si se ha hecho la Categoría 1. Ahora para la explo-tación se ha tomado en cuenta la Categoría 2, pero para mí y para todas las organizaciones nos hemos dado cuenta de que esto ha sido a conveniencia, porque los primeros dos puntos, —o sea hay tres puntos donde están referidos a la explotación, pero dos puntos que están en la TCO Mosetén dentro. Y a conveniencia han sacado un tercer punto que [ahora supuesta-mente] está fuera de la TCO, está ahorita en Sararía. Por eso no nos han tomado en cuenta a nosotros. En Categoría 1, hemos hecho una demanda incluso para que se vuelva a tomar en cuenta como Categoría 1 y no como Ca-tegoría 2. De todas maneras nosotros vamos a ser afectados, porque de la TCO Mosetén, ¿a dónde está el punto de explotación? Está a muy poca distancia, entre 10 km a 15 km. No-sotros si vamos a ser afectados, queremos saber ahora si se están respetando nuestros derechos

como indígenas o no. Mi nombre es Bienvenido Zacu, soy Guara-yo, soy indígena de tierras bajas, a 360 km de la ciudad de Santa Cruz y actual diputado in-dígena por Santa Cruz de la circunscripción indígena. Agradecer a nuestro Mvurichá Reta, de nuestros pueblos, el hermano Quintín, los Isoseños, Guaraní, Takanas, Mosetenes. An-tes de eso, hermanos, quería (…) es una fecha histórica para nosotros, para el movimiento indígena de tierras bajas especialmente. He sido también dirigente de la CIDOB del año 1989 a 2002, ahora [es] nuestro aniversario, un aniversario más, 30 años hemos cumplido, hoy día, el 3 de octubre; y nuestra lucha, nuestra conquista está plasmada en la Constitución Política del Estado. Entonces, una felicitación hermanos para todos nosotros, pese a que he-mos sido… [divididos].

Ustedes mismos han dicho, [los] presentes aquí, al representante del Ministerio de Hidro-carburos; todo lo que se ha manifestado es cier-to, yo puedo ratificar que en este momento esta-mos así, pero eso no quiere decir que, hasta aquí [no más], [y que aquí] se acaba el movimiento indígena. Si no tenemos ya mucha historia, po-demos tratar específicamente el temario, para compartir con ustedes, los avances importan-tes que hemos logrado. Los recursos naturales, nuestros territorios, nuestros espacios territo-riales, nuestra biodiversidad, nuestro recurso agua —que venimos trabajando con diferentes sectores sociales— eso queremos compartir y vamos a estar presentes, estoy en el programa para compartir nuestra expectativa y también mencionar… No es por descalificar a nuestros

profesionales, son expertos, pero teóricamente. Pero aquí que no vengan que somos ig-

norantes, que recién vamos a aprender sobre nuestros derechos. Si hemos luchado bastan-te, hemos marchado en varias oportunidades, los hermanos Guaraníes —es donde hay ma-yor presencia hidrocarburifera. “Bloquean”, porque nos dice nuestro ejecutivo, nuestro Mruvicha Guasu; nuestra autoridad nacional, el presidente Evo, que nos dice que los Gua-ranís “solamente bloquean para tener plata y son borrachos, flojos”; y para los hermanos indígenas del norte amazónico o del norte de La Paz les dice que son enseñados por las ONG, por tanto no hay que escuchar su de-manda. Entonces hermanos, esta tarde vamos a profundizar mejor como podemos mejorar la consulta y manejarla a nuestra manera. La consulta manejamos perfectamente bien por-que salió de nosotros y exactamente 30 años venimos discursando y resulta posterior aho-ra que está apareciendo por ahí. Después de hacer actividades afectando a un territorio, un parque nacional, y ahora nos dicen que es constitucional, es cierto, es constitucional la consulta y además dentro de la declaración de la ONU, [hay] tres normativas jurídicas que hablan perfectamente sobre la consulta. En-tonces esto para [ir] precalentando para esta tarde; precalentamiento se llama esto.

Mi nombre es Julio César Fessy Gonzales, Asambleísta Departamental por el pueblo Takana. Yo creo que resumiendo todo lo que los hermanos mencionaban, el sentir. Cuánto me ha gustado estar presente con los “dueños

del circo”, porque aquí quisiéramos decirle al Ministro (hace referencia a Nilo Heredia, del Ministerio de Hidrocarburos y Energía) cuál es el sentimiento de todos los indígenas y al mismo tiempo a muchos parlamentarios vestidos hoy de azul, blanco y negro. Porque en anteriores gestiones ha sido [por parte] de otros políticos, que no quieren escuchar lo que [es] la voz del pueblo. Yo creo que el represen-tante poco o nada puede informarles del sen-timiento de los indígenas al propio Ministro. Pero cuando él habla de que la plata la pone la empresa que va a hacer la consulta, o sea es darle un gancho más a decir: “Sí, anda hacer consulta” y es como darle una coima al Estado para que ese Estado le pueda dar a esa empresa su petróleo o su hidrocarburo.

Yo creo que todavía no hemos vivido estas tempestades en el pueblo, en la nación Takana, que ojalá (…). Creo que pronto también van a meter mano al Madidi. Pero ahí estaremos nosotros los Takanas, y todos los indígenas, las diferentes culturas, etnias, naciones, [que] tienen diferentes vivencias y diferentes tra-yectorias. No se olvide que los indígenas tam-bién van a hacerse respetar su territorio, sus derechos. A mí me hubiera gustado de que los parlamentarios del MAS, los nacionales, escu-chen esta hermosa vivencia que ha pasado el pueblo de Sarayaku. Si es que nos ponemos a pensar, tanto dicen que nosotros somos finan-ciados por las ONG, pero por lo menos nos dan este espacio para que nosotros podamos expresar lo que sentimos.

Pero, sin embargo, lindo fuera de que el Es-tado [tuviese] una política de gobierno [que]


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baje a sus bases, así como han dicho los herma-nos, no dividir, más bien fortalecer, en ese caso estaríamos hablando de un proceso de cambio. ¡Y tanto tiempo: ya son seis años, siete años y vamos con las mismas políticas de Estado de [antes]…! Hoy en día muy bonito, la consulta primera fase, segunda fase, tercera fase, si es que eso se cumpliese creo que usted pueda es-tar aplaudido. Pero sin embargo, [como usted nos hace entender,] “Venimos solamente de gabinete a explicar y en el fondo es lo contra-rio lo que decimos”. Yo sinceramente con los compañeros sé que hemos marchado juntos en las dos marchas, pero también el mismo Esta-do… Y quiero informarle y hacerle recuerdo, por ejemplo, las mismos vagonetas de la ANH han sido los que han llevado a los hermanos indígenas del propio Monoblock de la Uni-versidad, han sido los que se han preocupa-do en deshacer la marcha —y eso que quede bien claro— porque hay grabaciones donde las mismas vagonetas de la ANH se han prestado para eso. Precalentamiento se llama esto

Buenos días compañeros, yo soy de Ecuador, de la CONAIE y mi nombre es Manari Us-higua. Mi pregunta es al compañero represen-tante del Estado Plurinacional, donde habla de consulta o participación. ¿Es vinculante o no es vinculante esa consulta?. El otro tema que me interesa saber es que: si ahora el Es-tado boliviano es Plurinacional, [él dice que] históricamente las zonas ya estaban destina-das para la explotación de petróleo; pero la pregunta es: ¿con esta nueva visión de Estado Plurinacional yo pienso que toda eso es histo-

ria... [¿o no?].Respuestas del Nilo HerediaBueno, quería aclarar esta parte, la consulta o la observación que hizo el señor Zenobio Quis-pe; no quisiera que quede suelto y sin aclarar. Cuando se indica, cuando yo indiqué que no había consulta previa porque ya existían áreas [concesionadas], [esto] es lo que ocurre: no es que se esté faltando a la Constitución Política del Estado, sino son los hechos. No sé yo, si es que existiese una máquina del tiempo y poda-mos volver a la década de 1930, 1950, o 1970, para – no se pues – borrar las áreas que ya es-taban previstas. Eso no es posible, entonces no existe transgresión con respecto a la Consti-tución Política del Estado desde ese punto de vista. No quisiera que malinterpreten mis pa-labras y después tenga yo problemas. Con res-pecto a lo que se indica, antes de que entraran Petrobras, Repsol, [de que] tuvieran concesio-nes, ya se estaban transgrediendo los derechos de los pueblos indígenas. Si nos damos cuenta seguimos teniendo – alguien dijo – esa resaca del pasado, porque seguimos identificando a supuestos enemigos y los estamos trasladando a hoy en día. Tenemos los enemigos que en este caso se llaman Petrobras o Repsol y ahora lo estamos identificando como el gobierno o el Estado boliviano, por la simple razón de que el pueblo boliviano ha nacionalizado lo que son hidrocarburos. En otras palabra, obviamente el Estado está haciendo ahora lo que es explo-ración, lo que es explotación, etcétera. Si no es a través de YPFB, lo está haciendo a través de servidores o sus propios concesionarios. En-tonces aparentemente estamos identificando a

nosotros mismos como los enemigos porque YPFB es de nosotros y somos nosotros los que estamos decidiendo “o se hace, o no se hace la actividad”.

Otra aclaración que quiero hacer, y [para] que no se quede así en el aire, es que la empre-sa no hace consulta y participación, lo hace el Estado. El Estado a través del Ministerio de Hidrocarburos y Energía; es la [instancia] que hace consulta y participación. La autoridad por esta normativa que se ha creado, por esa estructura que se ha creado, es el Viceministro de Desarrollo Energético y esa es la cabeza. Por lo tanto, no está previsto en ningún mo-mento que la empresa haga consulta y parti-cipación, no es lógico, no correspondería a lo que dice la OIT.

El fondo mismo de lo que es el respeto a lo que es el ejercicio de la consulta se mantiene, y eso va a mantenerse durante mucho tiem-po, está en la Constitución Política del Esta-do. Ya lo dijo el diputado, es un logro, es una conquista del pueblo indígena, y nosotros no podríamos hacer nada contra ella, o sea noso-tros los bolivianos tendríamos que votar por una nueva Constitución y eso no está previsto. Entonces tenemos que fortalecer esa Consti-tución Política del Estado, tenemos que for-talecernos en las estructuras organizativas del órgano ejecutivo, etcétera. El pueblo indígena también tiene que fortalecerse en toda su es-tructura —y no quisiera que malinterpreten mis palabras indicando que se les está acusan-do de algo— [pero] es que deben fortalecerse desde sus bases: esa es la premisa que había puesto sobre la mesa. El pueblo indígena tiene

que fortalecerse en toda su estructura, desde las bases a la cabeza, desde la cabeza hasta la base; depende como se quiera ver.

En este momento bajo la CPE no es vin-culante la consulta y participación. ¿Por qué? Porque hay un articulado en la que [la CPE] indica que el Estado es el dueño del subsuelo, el pueblo boliviano; y somos todos y todas, dueños del subsuelo. Entonces en este sen-tido ¿cómo le hacemos? es una disyuntiva interesante y terrible cómo damos alimento [a esto]. A ver si creemos que las estadísticas son correctas y somos el 60% de indígenas en Bolivia. El nuevo censo nos dirá, si somos 70%, 80% realmente, si somos 10 millones, 6 millones aproximadamente de personas. Si es que creemos que solamente los indígenas y campesinos están en necesidad, porque tam-bién hay ciudades que tienen enormes anillos de pobreza. Entonces es una disyuntiva terri-ble, ¿cómo se da alimento a estos millones de habitantes, que somos el pueblo, que somos el todo? Yo creo que esto tenemos que irlo construyendo todos, no es trabajo solamente de los que están ahoritita en el gobierno, no solo es trabajo de los indígenas, de los pensa-dores: es trabajo de todos.

Con respecto a la aclaración, dentro de nuestra estructura reglamentaria y normativa: una aclaración con respecto a las categorías y licencias ambientales. Primero, para que exis-ta consulta y participación, el proyecto tiene que ser Categoría 1. El proyecto tendría que poner en riesgo y peligro el hábitat, algún elemento de un ecosistema y ahí sí se catego-riza como “uno”. Pueden existir varias cosas,


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por ejemplo puede haber una actividad o pro-yecto en tierra y territorio indígena pero que no conlleve riesgo; por ejemplo si un pueblo indígena —y esto es verídico, en Ixiamas me parece— hay una estación de servicio, es del mismo pueblo indígena pero una estación de servicio no pone en riesgo, no es de gran magnitud, es pequeña y además sirve para la comunidad. Imagínense que ese tenga que ser categorizado 1: tendrá que haber consulta y participación seguramente. Los indígenas o los interesados [tendrían que acordar] que se ponga en funcionamiento esta estación de servicio [o no]. Ellos tendrían que deposi-tar dineros, no sé, para que su proyecto salga adelante, seguramente para poder [garanti-zar] que todos los indígenas concurran a ese proceso de consulta y participación, se tendrá que gastar unos 50 mil bolivianos o más, 100 mil bolivianos, y el proyecto cueste 70 mil bolivianos; entonces, no tiene sentido.

Hay dos condicionantes dentro de nuestra estructura y reglamentación ambiental: uno que el proyecto tenga esa Categoría 1 —que sea de alto riesgo de ocasionar impactos am-bientales y también sociales— y que se sobre-ponga a tierra y territorio indígena o comu-nidad campesina. En este caso, el pozo que se pretende [hacer] en Lliquimuni, no está sobre-puesto a tierra y territorio indígena y ha sido categorizado 2. Por lo tanto, no [se] hace con-sulta y participación, sin embargo, sí se hace consulta pública, que es distinto. Se lo hace a cualquier ciudadano. Estas son aclaraciones que tengo que hacer necesariamente por la es-tructura y las consultas que me están haciendo.

Pienso que hemos respondido a todas las in-quietudes y nuevamente dar las gracias a todos por su participación y los organizadores.

Respuestas de Mario MeloYo, muy rápidamente, quería compartirles que realmente he aprendido mucho de lo que he-mos conversado. Pero me voy además confun-dido por muchas cosas. No quedó claro de que si en Bolivia se hace consulta previa o no. Si se hace otra cosa que se llama consulta públi-ca, ciudadana, pues no se hace consulta previa: sencillamente se están violando derechos hu-manos, derechos indígenas y esa es una pena grande en un Estado Plurinacional.

Segundo, el tema de la pentolita a mí me quedo sonando, porque como les decía el caso Sarayaku se refiere al tema de la pentolita pre-cisamente, y claro, en este largo trajín por las cortes ha habido peritajes. Entre esos perita-jes que hemos presentado los representantes del pueblo Sarayaku, de gente muy técnica, de la Universidad de Stanford por ejemplo, que también ha presentado al Estado, ningún pe-rito ha podido decir que la pentolita es bio-degradable; lo que [sin embargo] sí dicen en propagandas de empresas [que la pentolita es biodegradable]. Entonces, claro, desde el 2005 el Estado Ecuatoriano está obligado a sacar la pentolita del suelo y no ha podido. ¿por qué? Porque nadie puede meter la mano y sacar la pentolita. Han pasado 10 años, debería es-tar biodegradable, pero ahora con 10 años de transcurso no hay un técnico que quiera me-ter la mano y sacar [la pentolita]. Ahora se dice con facilidad a nuestras comunidades, a

nuestros espacios: “No, no hay ningún impac-to, la pentolita es biodegradable”, en poquito tiempo se desactiva. No es verdad, la pentolita es un peligro de muerte y tal vez ponerla es muy fácil y luego sacarla es un proceso costoso, técnicamente muy exigente y sobre todo que también al sacarlo pone en peligro la vida de la gente que vive ahí y de la gente que va a hacer ese trabajo. Muchas gracias.

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Transcripción del debate en

el panel ‘Visiones sobre la

Nacionalización’

Con la participación de Roxana

Azeñas y Manuel Morales

(consultores, entre otros de LIDEMA) y

Raúl Prada (grupo Comuna)2

[Participante del taller:] Ha sido una sabro-sa exposición de una verdad que estamos cada vez evidenciando con mayor certeza, en ese tema de la usurpación del proceso por parte de grupos de personas —o de poder— que están incrustándose en (…) dentro de la burocracia estatal, es interesante revisar un poco lo que se había discutido en la Asamblea Constituyente, de cómo evitar esas lógicas del Estado ante-rior, donde el Estado era el que imponía. El Estado colonial, el Estado oligarca, imponía políticas económicas en el tema de recursos naturales en función de intereses de sectores de grupos elitistas Entonces ahí surgió el de-bate de pensar en una nueva forma de propie-dad, de dominio de los recursos naturales, que no esté necesariamente en contradicción del principio de la soberanía, y ahí se planteó [en] la Comisión de Recursos Naturales, paradóji-camente presidida por Carlos Romero, de que era posible pensar en una propiedad mínima o porcentual de los pueblos y naciones indígenas del Estado sobre los recursos del subsuelo.

[Esa] es una modalidad, una forma que se ejerce en otros países. Canadá es un claro



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ejemplo de esto, que permite efectivamente lograr en esencia la materialización de este de-recho, o más bien del carácter plurinacional del Estado. Entonces a mí me suena hasta como algo contradictorio que obviamente la Ley de Hidrocarburos era anterior a la Constitución, pero suena contradictorio hablar de naciona-lización en un Estado plurinacional. Quizá por ahí podríamos encontrar elementos que podrían permitirnos verdaderamente romper este esquema de –digamos así—nuevo estatis-mo bajo los códigos, como dices Raúl [Prada] de esa corriente nacional populista de décadas pasadas que evidentemente se ha vuelto a im-poner definitivamente en esta gestión. Enton-ces, más que una pregunta, tal vez lanzar una idea, con la posibilidad de generar ese debate que podría abrir una puerta mirando hacia el futuro y no, como decía Manuel [Morales], de convertirnos siempre en un muro de lamentos sin tener una perspectiva de cambio verdadero.

Yo creo que [respecto a] las transgresiones a la Constitución, a las leyes, hay que empe-zar a ver mecanismos de sanción a los trans-gresores, porque en el tema de la consulta no es solo desde la Constitución, el Convenio 169 —ves leyes de la Republica de cumpli-miento obligatorio en todo el territorio na-cional… Y eso no es de ahora; es desde prin-cipios de 1990, que es [por ejemplo la] Ley de la República, la Ley 1257. Otro aspecto que me preocupa es que… ¿Por qué las leyes —cuando el Lilata Raúl Prada decía— salen así anti nacionales pese a que tenemos mayo-ría indígena con ponchos, polleras etcétera, en el Parlamento…? Y tiene razón de repen-

te la oposición de llamarles ‘el voto rebaño’, porque esta gente es cómplice, porque en vez de defender los derechos indígenas votan ca-lladitos leyes anti indígenas. Ahora nuestro Presidente también viene del sindicato, y la lógica del sindicato es colonial, anti indíge-na: no permite el sindicato la reconstitución territorial, el autogobierno; trabaja en contra corriente, cosa que tendríamos que trabajar en conciencia: nuestra dirigencia sindical, es absolutamente preocupante esta situación.

[Participante del taller:] Mi pregunta es, como decías que los propietarios son bolivianos, yo pienso, mi pregunta es: el mecanismo para explotar los recursos naturales [de cómo] han discutido ustedes así, la manera de cómo hacer las consultas, todas esas cosas… Que si hablan de si los propietarios son bolivianos… pienso que ahí faltó un paso más: analizar. Las cosas como explicaste están bien claras pero la ma-nera como la última parte explicas, de que el Estado y los empresarios están juntos, enton-ces desde la cabeza están confundidos en llevar el camino o para gobernar un Estado Plurina-cional. Entonces mi pregunta es: ¿hay manera de resolver, o ahora retomar, la estructura que está hecho dentro de este Estado Plurinacio-nal, o ya no es posible ahora?. Y otra pregunta tengo para la compañera [Roxana Azeñas que] explicaba las responsabilidades, dice que las empresas – YPFB – tiene una responsabilidad donde ellos por si solos están decidiendo la explotación petrolera o cualquier explotación petrolera. Y tú preguntaste (a Roxana Aze-ñas): ¿qué está pasando ahí?. No sé qué querías

decir con eso, me gustaría que me explicaras lo que planteaste con esa pregunta. Gracias.

[Participante del taller:] Manuel [Morales] ex-plicaba que el ejercicio de los derechos es bien complicado porque, a partir de la nacionali-zación, justamente el que transgrede más las normas es el gobierno, y los pueblos indígenas —que hemos tenido que soportar esto— he-mos hecho de todo para demostrar el ejercicio de nuestros derechos. Ha habido marchas, una serie de actividades que hemos tenido que rea-lizar: el gobierno se está aprovechando. Roxa-na [Azeñas] explicaba bien la distribución de los bonos: el gobierno va con bonos por allí, regalos por allá, entones es bien difícil, pero creo que hay que clarificar —como ex funcio-nario de gobierno de repente— ¿cuál sería la estrategia [para] realmente hacer ese ejercicio de nuestros derechos? Porque el hecho de que el gobierno este con los recursos directos, y ver bonos por todo lado, no sé si eso le da derecho a pisotear las normas y sobre todo a cercenar territorios y todo eso… Entonces es bien difí-cil para nosotros, como pueblos indígenas, no sé qué más vamos a hacer porque se ha hecho de todo hasta ahora…

Mi nombre es David, soy del pueblo mosetén y también de la CPILAP, tal vez quería sola-mente aportar a lo que decía el compañero: no estamos en tiempos de reclamar, ya lo hemos conseguido —la nacionalización— ahora es-tamos en tiempos de hacer respetar nuestros derechos y nuestras esencias de cada pueblo que tenemos. Pero yo me estaba preguntan-

do que, si bien nuestro gobierno es supuesta-mente indígena, y debería trabajar muy inten-samente en cohesionar y hacer que crezcan los pueblos indígena —con todas sus caracterís-ticas que tienen, con todas las cosmovisiones que tienen— no se está haciendo. Pues ya se está acercando la lección y debemos reflexio-nar nosotros. Personalmente, yo como joven, mi preocupación como mosetén pues con este tipo de gobierno [es que] no tengo garantías de existir… de que exista mi cultura unos 15 años más. Y entonces, es que nace también mi gran preocupación: ¿cómo vamos a volver a confiar lo que ya hemos hecho —porque es nuestra lucha? ¿Qué aspectos tomamos? ¿In-tensificar estos talleres? ¿Acá en la ciudad o cómo trabajamos? Eso sería.

[Participante del taller:] Bueno para nuestro panelista Chato Prada: una pregunta. ¿Por qué si antes de la nacionalización no escaseaban los combustibles, después de la nacionalización se hace cola para comprar combustibles? Y ¿por qué, si decía que había tanto contrabando, hoy en día supuestamente ya está todo controlado y porqué existe una escasez en las ciudades, en el área rural donde para todo tenemos que ha-cer cola? Eso no hemos visto en los gobiernos que supuestamente eran neoliberales o de la derecha —y todavía creo que esos gobiernos nos daban más importancia que nuestro go-bierno actual. Esas diferencias, quisiera que me las responda.

[Participante del taller:] Gracias, mi nom-bre es Sarela Paz y yo quiero polemizar con


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ustedes tres [los panelistas] en relación a los argumentos que nos han dado. Yo tengo una pregunta que no me ha sido aclarada porque por lo menos dos personas han trabajado di-rectamente… son especialistas en la temática. ¿Dónde está el cuello de botella: en economía, en la política, en los derechos? A juzgar por lo que nos has dicho en la intervención Manuel [Morales], está en el ejercicio de derechos. Yo quiero discrepar con ese argumento porque la nacionalización y su implementación y su posibilidad de existencia – no puede ser que esté exclusivamente expuesta al hecho de que no somos capaces de ejercer ese derecho. Para mí, esa es una explicación insuficiente para entender lo que nos está pasando en térmi-nos de este negocio, que es un negocio de las transnacionales.

Si nosotros tomamos esos principios nor-mativos de la nacionalización de hidrocarbu-ros, terminamos creyendo efectivamente que tenemos un marco normativo que dice clara-mente que la figura es que el 100% de este ex-cedente se apropia el Estado. Si es así, si des-contando en esa tabla que nos ha mostrado, de todo lo que son costos de operación, des-contamos de todo eso, el 100% al Estado… va al brazo operativo, que es Yacimientos. ¿Dón-de está el cuello de botella, porque usted [al igual] que un ministro no puede mandar a la REPSOL, porque también sabemos que es un asunto económico. Entonces ¿dónde está el cuello de botella, si el propio escenario de nacionalización dice que YPFB es este brazo operativo y que las empresas que trabajan en el rubro, que son transnacionales…? ¿Por qué no

han dejado de ser transnacionales la REPSOL, la PETROBRAS—por hablar de las dos más fuertes en el país?. Si estas empresas son pres-tadoras de YPFB entonces quiere decir que Yacimientos es la entidad que centralmente se está apropiando o está manejando este exce-dente, justamente por haberse constituido en el brazo técnico del Estado.

Visto desde afuera se entiende pero no comparto. Entonces ¿cómo es, o será realmen-te… REPSOL, PETROBRAS le venden ser-vicios a Yacimientos [YPFB]? O ¿realmente Yacimientos está por encima de estas dos em-presas? Entonces necesitamos ver el cuello de botella, con una visión objetiva, ver aquello que tú mismo has mencionado Manuel, ¿quién se queda con la riqueza y cómo se queda con esa riqueza? No podemos quedarnos con ese ho-rizonte normativo de la ley que nos dice que las empresas petroleras le prestan servicios a Yacimientos, porque entonces si vamos a creer que hemos hecho una nacionalización y que en realidad el Estado está quedándose con ese excedente, yo personalmente no creo en ese argumento porque, si es así, entonces estas dos transnacionales le dan servicios a Yacimientos, y por lo tanto Yacimientos les dice que hacer.

Yo no creo que esa sea la figura en términos de cómo se están apropiando de este exceden-te, porque si esa fuera la figura entonces nos podían las trasnacionales marcar el compás en el tema de hidrocarburos, entonces ¿cómo Ya-cimientos se queda con ese excedente y cómo ese excedente también va a las petroleras, a las transnacionales? Eso es algo que no lo han mencionado y es cuello de botella. Creo que

es muy importante porque, si no, caemos en el otro punto de ejercicio de derechos, o sea, básicamente: ¿los bolivianos estamos siendo tan ineptos que ni siquiera estamos ejerciendo nuestros derechos que nos da la constitución y que se nos da con la nacionalización?, ¿no lo estamos haciendo y por tanto, por eso, nos están ganando la cancha? Ese es un escenario que no está visualizando esta situación econó-mica de apropiación de excedente, y no está visualizando la situación de relaciones de po-der que hay en un contexto, o sea esta relación YPFB con sus empresas que le prestan servi-cios según la ley —que para mí no es plausi-ble ese argumento. No creo en ese argumento, porque justamente en los términos de [si se apropia] o no se apropia el excedente, me pa-rece que ahí está la respuesta.

[Además,] esa relación no podemos verla entre Yacimientos y REPSOL o Yacimientos y PETROBRAS, la tenemos que ver en un contexto mundial de cómo se da este nego-cio de obtención de energías y el rol que ju-gamos en ese negocio, entonces creo yo que… les invito a polemizar este tema, y a que nos den mayores insumos en relación a cómo se está desencadenando ese eje de apropiación de excedente que nos hace ver efectivamente esa relación de asimetría total en términos de lo que es el Estado boliviano, lo que es YPFB respecto a las empresas transnacionales.

[Participante del taller:] Yo quería mencionar una inquietud [sobre] justamente lo que Ma-nuel nos ha planteado un poco con respecto a las finanzas, porque en la última investigación

que hecho he investigado a las finanzas del Es-tado, y llama la atención que en la última épo-ca justamente el cambio más visible ha sido las nuevas inversiones a las empresas públicas que son casi el 40% del presupuesto General de la Nación. Las empresas públicas generan casi la misma cantidad de las finanzas públicas y las absorben nuevamente; y de ese 40%, el 90% lo absorbe YPFB. De ahí justamente más que una pregunta, plantear la inquietud, ¿cómo es-tán funcionando esos mecanismos? Porque di-gamos, una respuesta sería que está destinado al área de industrialización, lo que sin embargo no es el caso, porque el Plan de Industrializa-ción que YPEFB ha publicado aclara que falta, en algunos casos, hasta el 60, 70% de la finan-ciación aún. Simplemente plantear esa inquie-tud de cómo funciona ese círculo… que quizá es un círculo vicioso.

Respuesta de Raúl Prada Sobre el tema del Estado, ese es el tema clave y obviamente es el tema crucial en principio. Creo que la Constitución boliviana y ecuato-riana plantean una transición distinta —post capitalista— a la dictadura de proletariado que queda en el marco de la modernidad; en cambio, el Estado Plurinacional es una tran-sición pluralista, en el contexto de la desco-lonización, es una propuesta diferente y eso implica evidentemente modificar la composi-ción del Estado y además modificar la relación Estado-sociedad, a partir de la reproducción estatal, porque es la sociedad la que reproduce el Estado; el Estado en sí mismo no existe: es una idea, no es real, lo que existe es un campo


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burocrático, una normativa, un mapa consti-tucional, eso es lo que existe. Y el problema que se ha criticado es un Estado-nación que básicamente se basa en una mono institucio-nalidad, en una mono culturalidad, un tipo de administración que se ejerce básicamente a partir de ese monopolio de la violencia, pero también de la violencia simbólica.

Entonces aquí el cuestionamiento al Es-tado y al Estado-nación va en ese sentido, el cuestionamiento va en el sentido de cómo la sociedad puede reapropiarse —no se olviden de la Guerra del Agua, de la autogestión— puede apropiarse de la cogestión, que es parte de la Guerra del Agua, y de las otras formas de gestión que tenían que tener carácter plu-ralista. Entonces aquí el tema de la Consti-tución es fuerte, porque te está proponiendo una trasformación estructural institucional, un pluralismo institucional, administrativo, de gestiones… y no es que no se propuso. el problema es que cuando se propuso la Ley de Gestión Pública Plurinacional Comunitaria e Intercultural, y se propuso directamente la transformación de Estado, porque había que construir el Estado Plurinacional, no quisie-ron, no aceptaron; es decir, no hay voluntad… Aquí el tema del Estado es fundamental: mientras sigamos en el Estado-nación, digan lo que digan, crean porque se llevan la wipha-la o se hacen ceremonias y se hable del Es-tado Plurinacional, ¿ya estamos en el Estado Plurinacional? No, y mientras no estemos en el Estado plurinacional vamos a reproducir los mismos mecanismos de dominación y ob-viamente ese desiderátum, estas lógicas que

estamos mostrando en sus propias contradic-ciones, se van a repetir, porque el Estado tie-ne que imponer la universalidad de la ley, de lo público. Y va a aceptar la dicotomía de lo público y lo privado pero nunca va a aceptar un derecho que ya está en la Constitución, un tipo de propiedad que es lo común, lo comu-nitario, lo de todos: no hay eso.

Aquí el problema, es que es otra cosa la construcción de la transición transformado-ra del Estado Plurinacional; no hay, estamos en el mismo Estado-nación, además son más nacionalistas que los viejos nacionalistas, pero además con un aditamento perverso: son na-cionalistas en el discurso, pero en la realidad continúan el mismo modelo neoliberal, el mismo modelo monetarista, la misma lógica del manejo económico. ¿Entonces en qué es-tamos? Estamos en un neo nacionalismo bas-tante grotesco, pero esta forma barroca con la que están construyendo… y esas contradiccio-nes obviamente los están acabando a los del gobierno mismo porque no pueden sostener tantas contradicciones.

En relación a quién es el propietario, es una buena pregunta, en realidad ¿cómo se ejerce la apropiación?, ¿quién controla técnicamente? Yo creo que el problema fundamental no está tanto en la norma y en las cantidades porcen-tuales que son probabilísticas al final de cuen-tas, porque el porcentaje es una probabilidad, está en cómo ejerces el control técnico de la explotación de la producción y de la comer-cialización… y eso lo tienen las transnaciona-les. ¿Qué era YPFB, cuando se nacionalizo la ‘Gulf ’? Tenías un staff de ingenieros de cientí-

ficos, una estructura técnica que se hizo cargo, se expropió, aquí no hubo expropiación, es la gran diferencia. Lo que ha habido es un cam-bio de formas de contrato de operaciones y lo que ha habido es la compra de acciones, la for-ma más capitalista, más de forma de compra de valores, de acciones, una forma de pensar totalmente “de mercado”.

Eso yo no sé si le podemos llamar naciona-lización, yo no creo que eso sea una nacionali-zación, las nacionalizaciones en la historia de la periferias del sistema-mundo capitalista han sido expropiaciones, y aquí no ha habido eso. Por otro lado, ¿cómo vas a controlar lo que está ocurriendo? No basta que cuantitativamente te entreguen todo, es decir, ¿cuánto se llevaron de indemnización, cuánto se llevan de lo que nos pagan? Nos pagan el gas húmedo como si fue-ra gas seco: se llevan más de 700 millones de dólares anuales los de PETROBRAS. ¿Qué es lo que ocurre en Argentina, quién tiene el control de todo? ¿Lo tiene YPFB? Lo único que hace Yacimientos es firmar los informes que mandan con ningún control técnico. ¿En-tonces quiénes realmente [son] propietarios? Yo creo que aquí tenemos que analizar las es-tructuras de poder y hemos nacionalizado en condiciones más perversas que en la época de la Standard Oil en 1969; porque por lo me-nos en aquella época había staff, infraestruc-tura, una institucionalidad técnica que podía manejar. Por otra parte a YPFB le ha inte-resado un cohete formar científicos, técnicos, invertir en infraestructura técnica de YPFB; no: se ha contentado con contratar abogados y administradores.

Si ustedes ven la estructura de YPFB, va-mos a tener mucho menos ingenieros; tenemos muchos problemas. Entonces la pregunta de quién es el propietario es una pregunta efectiva pero que solo se resuelve en ejercicio práctico.

Voy a saltar cómo se ejercen los derechos; la pregunta de Sarela es fundamental: ¿dónde está el problema?, y el compañero aquí decía básicamente: “Hemos tratado de ejercer, peor, no nos dejan, ¿cómo vamos a ejercer los dere-chos si no hay los mecanismos institucionales para que los ejerzas?” Si no hay los mecanis-mos, ni el espacio de la participación, ni la ges-tión, no se olviden que la CPE dice: “construc-ción colectiva de la ley colectiva, de la gestión pública” ¿Dónde hay eso? No hay nada.

Yo quiero pasar [a] una cosa fundamental: ¿quién se queda con la riqueza?, ¿quién? Yo creo que ahí está la clave… y si en el hipotético caso de que realmente somos propietarios de todo YPFB, y recibe todo, no estamos hacien-do el análisis de lo que es la acumulación de capital. Si esta acumulación originaria de capi-tal básicamente son los efectos multiplicativos del excedente —que te apropias de los mine-rales, de los hidrocarburos, de lo que sea— eso no tiene YPFB: aquí hubo una lucidez muy clara de El Alto el 2003: “¡Eso no se exporta!”, eso fue la lucidez. Aquí vamos a dejarlo bajo tierra y eso tiene que servir para los bolivianos, no para la exportación.

Mientras estés en la lógica capitalista ex-tractivista y en la lógica de supeditarte al mer-cado externo, porque eso ahora (…) Para salir de la dependencia, es desconectarte del mer-cado externo, entonces obviamente los que se


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llevan la riqueza no somos nosotros, aunque hablamos la aritmética de decir: “Bueno, apa-rentemente controlamos todo; pero ¿qué (…) [controlamos]?”. Esos son los porcentajes que están legitimando; el verdadero control prácti-co y cualitativo: las riquezas se llevan las tras-nacionales, no nosotros.

Y el otro problema —con lo poco que nos quedamos— es que lo utilizan en términos de lógica rentista, y la lógica rentista reproduce nuestra vulnerabilidad. La lógica rentista no es de la inversión, de la producción —y menos plurinacional [de acuerdo a lo] que debería sa-lir del modelo extractivista, sino orientarnos a un modelo de soberanía alimentaria— no hay esa lógica. La lógica rentista es que… hay que usar lo que tiene YPFB, lo que tiene Corpora-ción Minera de Bolivia (COMIBOL), y gas-tar ese dinero para gastos corrientes, para los gastos del Estado, pero no hay una lógica de una verdadera apropiación, social, colectiva y plurinacional.

Respuesta de Manuel MoralesContestando al hermano del Ecuador, coinci-do con su duda en el caso. Es la certeza mía de que aquí en Bolivia, desde la cabeza del Estado, está confundida [hay confusión], ya no tiene claridad. El hermano Evo no tiene la claridad que tuvo en los primeros momentos y por eso fue líder del proceso en su momento; [pero] ya no tiene esa claridad. Para respon-der el concepto mismo de qué se puede ha-cer, retomar o no este proceso, las estructuras y ejercer los derechos… Recuerdo antes del año 2003 en un taller en El Alto, donde estaban

jóvenes dirigentes de las comunidades y pro-vincias y discutían sobre el referéndum sobre el gas: que si sí, o si no, que si las preguntas…, y un anciano se paró, pidió la palabra y en ay-mara les dijo lo siguiente: “Estoy molesto con ustedes, porque nosotros —de mi tiempo, de mi generación— luchamos por la propiedad de la tierra, y eso era nuestro más grande ob-jetivo, nuestro más grande sueño: dejar de ser pongos y ser dueños de la tierra. Hemos lu-chado, hemos hecho una revolución y después felices hemos recibido nuestro título firmado por el doctor Paz, para nosotros era lo más grande… En cambio, ustedes jóvenes, están frente a la posibilidad de tomar el poder [—es dijo ya antes de octubre del 2003—] y ¿qué están haciendo? Discutiendo sonseras, que si la pregunta quiere decir, que si no quiere decir, y que si en el fondo quieren hacer una cosa u otra cosa, ustedes están frente al poder, jamás antes nos habíamos imaginado estar ante el poder los aymaras, los quechuas…”.

Y eso fue antes del 2003, antes de la Guerra del Gas, cuando parecía totalmente imposible anular los contratos de riesgo compartido, re-cuperar… o parecía imposible subir un centa-vo de impuestos. Ahora discutimos si hemos nacionalizado o no, si el ‘government take’ es del 60% u 80%, si es buena ley; pero [también] discutimos si ejercemos plenamente el poder de decisión o no, fíjense cómo ha cambiado la cancha, ahora nuestra discusión entre compa-ñeros —como somos compañeros con Raúl y las compañeras— es (…) si realmente ejerce-mos esa propiedad o no.

Pero miren donde estamos en la discusión:

es mucho más avanzada que antes del 2003, que cuando habló ese anciano en El Alto. Ahora debemos discutir cómo ejercemos más o menos el poder, eso es lo que está en la mesa, esa responsabilidad tiene esta generación de ustedes como dirigentes, es la responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos para termi-nar sobre el tema del cuello de botella. Sin duda el tema no [es el] tema legal de ejerci-cios de derechos, los derechos se toman, no se piden, se arrancan, no se mendigan. El tema del ejercicio de derecho es un problema de correlación de fuerzas políticas sin duda, y eso lo saben los hermanos dirigentes de so-bra, son dirigentes de sus regiones, de su pue-blo, y han actuado en la política real y efec-tiva. Puede estar escrito pero si no se ejerce, no funciona, y como se ejerce es un tema de correlación de fuerzas.

En relación a las [empresas] petroleras, comparto gran parte de lo que dice Raúl, que ahorita YPFB no ejerce derechos —no ejer-ce— pero ejerza o no ejerza derechos nosotros somos los que comercializamos y decidimos el posible precio a la Argentina. Hablando de eso, del precio, cuando por azares del destino resul-te en la negociación con el Brasil —ya desde el 2007 el Brasil paga por la nacionalización, por el excedente del gas, enero de 2007— enton-ces al margen de estos debates que son buenos entre compañeros para aclararnos cosas, posi-ciones, números, perspectivas, hay que tener clara la perspectiva histórica y por eso cuando hablaban de este tema los compañeros (…).

Antes del 2003, parecíamos unos locos los que decíamos que había que recuperar el gas

y el petróleo y había que nacionalizar. En ta-lleres de este tipo nos miraban, miraban nues-tra exposición, nos daban un aplauso solidario como el que se da a un despistado, loco, solita-rio, y nos decían “Compañero, buenas sus in-tenciones… pero nada podemos hacer”. Ahora hay problemas: es difícil, el gobierno puede ser prepotente, abusivo, coincidimos en que hay esas fracciones, que los están copando, toman-do, [los] que nunca lucharon, los que nunca estuvieron a nuestro lado en la trinchera ahora son los grandes jefes. Tan facilito como antes de la victoria, yo entraba ahí a las oficinas y era pues “Compañero”, o “¿Cómo estás?” Ahora si voy, no me dejan entrar y no hay ningún co-nocido. Ya no hay los mismos compañeros de antes, los compañeros que nos habíamos visto en los talleres, en las trincheras: allí en Mon-tero, allí en Yacuiba, en Villamontes… dónde-cito estarán.

Ahora los que ejercen el poder son aque-llos que se oponían a lo que decíamos, los que dirigen el sector de hidrocarburos son los que nos decían que éramos unos ilusos unos [et-cétera] y lo que había que hacer era mante-ner el régimen vigente. Ahora ellos conducen el sector hidrocarburos, ellos conducen la na-cionalización. Pero que eso no nos confunda: gobierno no es igual a proceso de cambio, el proceso de cambio es histórico, lo han hecho los movimientos sociales, lo han hecho uste-des, cada quien en su rol. De repente en ese tiempo eran más dirigentes de base, ahora son dirigentes nacionales; de repente después van a volver a ser dirigentes de base, pero el proceso de cambio es histórico. Cinco, cuatro


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años de un gobierno para el lado, para el otro, no es la historia, no es el cauce de la histo-ria, nuestros derechos hay que lucharlos como luchamos antes, hay que seguir luchando por ejercerlo, nadie dijo que iba a ser fácil pero, por lo menos, hemos avanzado.

Respuesta Roxana Azeñas Yo voy a hacer solamente una respuesta más o menos general que va a empezar por el tema del cuello de botella, básicamente un poco re-cogiendo algunas dudas. Evidentemente se ha recuperado el recurso hidrocarburífero, ¿y de quién es la riqueza? Es del pueblo boliviano, normalmente porque está en la Constitución. Nos acordaremos lo que decía al principio: en la capitalización efectivamente la platita se la metían al bolsillo y se la llevaban fuera del país, así textual. Ahora la platita entra no más a en-grosar, a no tener déficit fiscal, a engrosar las arcas del fisco, efectivamente está la plata. Aho-ra, ¿qué hacen con la plata? Tampoco sabemos, pero la plata está ahí: eso es real, objetivo.

Por el otro lado, yo creo que dónde está el problema (…), honestamente creo que el problema está en los gobernantes y los go-bernados. Pero en ese chip que nos han me-tido durante 20 años o más los neoliberales; es decir, “la economía manda, eso es lo que manda, eso es lo que te da poder” y eso está en nosotros. Seguimos pensando que ese es el elemento central y principal, [aunque] si fue-ra así no hubiéramos podido ni nacionalizar los recursos ni hacerles firmar los nuevos con-tratos. Porque en ese momento ellas [las em-presas transnacionales] tenían las ganancias y

nos estaban diciendo que nos iban a llevar a tribunales internacionales, o sea no solamen-te que ellas se iban a retirar sino que ningu-na otra inversión extranjera iba a venir a este país y nos han asustado y nos han dicho mil cosas, igualito han firmado, ¿por qué? Mu-chas de ellas, en algunos campos, están per-diendo plata, efectivamente, ¿pero porque se han quedado? Es que lo económico no había mandado, no había sido lo prioritario, no ha-bía sido lo primordial como por lo menos a toda mi generación nos han metido todo el tiempo?, ¿había sido también el tema políti-co y el tema geopolítico y esas cosa también les había interesado? Entonces las empresas trasnacionales sí se quedan, sí firman: firman bajo nuestras condiciones.

El chip que nosotros tenemos metido, que el tema económico manda, ese es uno de los problemas porque seguimos viendo a las transnacionales como si ellas fueran las que nos mandaran y eso comienza en la cabeza de YPFB, lastimosamente, y eso sigue ahí. Y mientras no trastoquemos ese chip, esa forma de ver las cosas, no vamos a poder ir nosotros e imponernos, porque nos va a resultar mucho más difícil. El equipo que ha podido rendir a las transnacionales, se ha tenido que enfrentar a esos poderes hasta psicológicos, hasta cómo entraban, cómo te miraban, cómo pensaban que no tenían siquiera que saludar: esos temas hay que superarlos y tenemos que saber que nosotros somos los dueños.

Y por eso creo también que el tema es muy importante de ejercer los derechos, de no comenzar a esperar que se abran los canales

institucionales, o lo canales normativos para ejercer la participación y el control social y los derechos que nosotros creamos que tenemos, porque si no se abre nunca, nunca lo vamos a ejercer; si otro gobierno entra y (…) ¿vamos a retroceder, los vamos a dejar? Ahí está el problema, para mí la respuesta está en noso-tros mismos, sí como ciudadanos, pero tam-bién como cabezas de sector. Ellos se dejan dominar —se dejan pues dominar— pero no es porque no hayamos nacionalizado o porque la plata y la riqueza sea de ellos, sino porque la mentalidad con la que están gestionando el sector es la anterior, porque ellos pensaban que solo había que aumentarles impuestos, que no había que arrancarles todo —pobrecitas tras-nacionales, hay que darles incentivos— ese es el problema más grande: ese es nuestro chip. Eso es lo que creo.

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Transcripción del panel

‘Perspectivas legislativas’

Con la participación de los senadores

Adolfo Mendoza y Carmen

García; los diputados Pedro Nuny y

Bienvenido Zacu y Farit Rojas (co-

fundador e integrante del Centro de

Estudios Constitucionales)3

Diputado Pedro NunyMuy buenas tardes, para comenzar quiero agradecer a los organizadores de este impor-tante evento, al senador, a la senadora, a mi colega y hermano Bienvenido y al intelectual Farit, con quienes comparto esta testera; a mis hermanos indígenas tanto del Chaco, [como] del norte de La Paz; a los representantes in-dígenas de las instancias legislativas departa-mentales e instituciones ligadas a la problemá-tica que nos convoca en este momento en la ciudad de La Paz.

Ante la temática que hoy nos toca abor-dar he sido invitado para expresar un poco de cómo entendemos nosotros los avances en la materia legislativa, en cuanto se refiere a las temáticas de tierra, territorio y recursos natu-rales. Los conflictos de ayer y hoy que ya he-mos mencionado. Vengo de un evento donde participé con los dirigentes de la subcentral del TIPNIS; estoy hablando de Fernando Vargas y una comitiva especial: estuvimos toda la mañana y hemos venido a cumplir este compromiso.



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Recordar hermanos y hermanas que se conmemoran los 30 años de vida orgánica de una organización importante, que es la CI-DOB, que justamente nació para poder de-fender los derechos de los pueblos indígenas, la que ha levantado la bandera de la defensa de los territorios – que ha sido traducida en las TCO, y en la Constitución a través del ter-mino territorio, de la propia autonomía y por supuesto de la supervivencia de nuestras cul-turas ancestrales – y hoy cómo descendientes de esos pueblos estamos continuando.

Felicitar a todos y cada uno de los herma-nos indígenas de los 34 pueblos, a las estruc-turas organizativas regionales y por supuesto a la dirección ejecutiva. En un momento en [el] que estamos prácticamente divididos por las acciones gubernamentales, una CIDOB paralela que ahora será visitada por nuestro presidente del Estado Plurinacional y sus mi-nistros, para seguramente anunciar algunos planes, programas, con financiamiento y para dar algunos regalos como se lo está haciendo en el TIPNIS.

Quiero expresar que, después de la cons-trucción de la NCPE, los pueblos indígenas de la CIDOB hemos aportado dentro de las organizaciones nacionales aglutinadas en el Pacto de Unidad, todos esos aportes en ma-teria de derechos y sobre todo en recursos na-turales, nos han ayudado a dar un gran paso en lo cual ahora es un gran derecho consti-tucional, ahora en el desarrollo de cada uno de estos temas, ya con leyes menores a la constitución, en algunos se está trabajando y algunos están como anteproyectos. Definiti-

vamente vemos con mucha preocupación las normativas que se están aprobando, las que están por aprobarse y las que todavía [están] como anteproyecto de ley.

Hoy por ejemplo, se proyectó una Ley de Minería que prácticamente no ha logrado su-perar los viejos horizontes. Tenemos una ley que lastimosamente es muy vieja y es eminen-temente extractivista, que no respeta los terri-torios indígenas.

Hoy se está promoviendo una normativa en esos mismos términos, que no asegura real-mente los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Lo que ha sucedido con Mallku Kota es un ejemplo claro de esto. Hay una problemática real que no se ha solucionado hasta el momento. Obviamente, en el término desarrollo se piensa primero en el bien mayor como dice la Constitución, pero en desmedro de los pueblos indígenas —¡peor!— sin dejar prácticamente beneficios, sino para las trasna-cionales lo que hoy lamentablemente sigue sucediendo..

Eso creo yo, esperamos cuando se colo-que la discusión en las comisiones correspon-dientes se pueda mejorar, y que exista una tendencia de respeto a los pueblos indígenas. También se está proyectando el tema de la Ley Forestal – y lastimosamente no tene-mos acceso a estos anteproyectos –peor aún - Consideramos nosotros que también tiene la misma visión: una visión de levantamiento del área de protección forestal, el cambio de uso de suelo, estamos previendo que en esa dirección se están haciendo las cosas. [Mien-tras] esperamos que sea abierto y sea discuti-

do (…) y que no sea simplemente una forma de que aquí presentamos un proyecto de ley y [señalado de antemano] que [estos pro-yectos] son difíciles… de poder mejorarlas. Estamos viendo hoy que es muy difícil ese acceso para mejorar, sino que hay consignas que lastimosamente van en desmedro de los derechos de los pueblos indígenas y que son una inminente problemática que vamos a su-frir los pueblos indígenas en este tiempo.

Hay una Ley Agraria, que algunos están manifestando que se está promoviendo, y que pronto, seguramente, va a ser agendada, y que ha nacido con algunos [los siguientes] direc-cionamientos. Hoy se ve a los pueblos indíge-nas como los nuevos terratenientes del país y que hay que ajustar estos términos contabili-zando a los indígenas en este censo que se está llevando adelante, para darles lo que corres-ponde, y quitarles a los que tengan en exceso y distribuirles a quienes les hace falta. Lo ha dicho claramente – no lo digo yo, lo ha dicho un dirigente máximo de la CSUTCB – que prácticamente se tenía que estar revirtiendo los territorios indígenas para su redistribu-ción y creo que ese es un tema, prácticamente un peligro, una amenaza a los pueblos indíge-nas en cuanto a nuestros propios territorios. En esos sentidos, estos son los peligros que nosotros estamos viendo [y demuestra] que, obviamente, es un proyecto de ley que tene-mos que ver.

Se nos viene la Ley de Hidrocarburos, que si bien reconoce el tema de la consulta; que de alguna manera se ha puesto en práctica en la región del Chaco. Pero hoy hemos visto que

la situación del [proceso de la consulta en el] TIPNIS deja mucho que desear. En este sen-tido, considero yo que la discusión de esta nue-va normativa que se tiene que promover en la Asamblea Legislativa, realmente debería res-petar lo que establece la propia CPE. En este sentido vemos también con mucha preocu-pación el tema de la Ley Marco de Consul-ta; si las condiciones son como las que están haciendo hoy en el TIPNIS, lastimosamente, estimados hermanos indígenas… son nuevos los problemas que hoy vamos a tener y que realmente [demuestran] que el Estado en vez de fortalecer, más bien nos está quitando esa posibilidad de hacer prevalecer esos derechos.

Entonces, en consecuencia quiero decirles que son [éstas] las temáticas [problemáticas]: las nuevas leyes que se están promoviendo, pero que ya tienen una concepción definida y lejos de consolidar lo que establece la Consti-tución, se estaría vulnerando estos derechos – (…) [siendo estos] los nuevos conflictos socia-les, eco-territoriales, que tenemos en puerta para poder superar. Ojalá tengamos la unidad para poder, junto con todos los pueblos indí-genas, superar esta situación; y que tengamos unas leyes realmente acordes con la NCPE. Eso sería de mi parte, muchísimas gracias.

Diputado Bienvenido ZacuMuchas gracias. Vamos a tratar de agilizar un poco, porque yo tengo dos lenguas: mi lengua nativa que es Guarayo y mucho me cuesta tra-ducirla, a la lengua prestada que es el idioma español; vamos a tratar de hacer entender mi vocabulario. Yo voy a tratar un resumen de la


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demanda de los pueblos indígenas de tierras bajas. Como decía el hermano Pedro hace un momento, y esta mañana en mi participación también mencioné que ahora tenemos un ani-versario más de la CIDOB, que nos represen-ta a nivel nacional e internacionalmente, y ha tenido sus logros importantes. Ha tenido su valiosa conquista y también aportes para nues-tro Estado boliviano, quiero mencionar unas cuatro marchas nacionales que partieron del año 1990: la primera marcha se llama Marcha por el Territorio y la Dignidad, que fue prota-gonizada por los hermanos indígenas del Beni, el pueblo Mojeño de donde viene mi hermano Pedro y otros pueblos y también nos sumamos nosotros como pueblo Guarayo de nuestro de-partamento. [Con esto,] ya se ha hecho una marcha nacional.

Posteriormente en el año 1996, [tuvo lu-gar la] segunda marcha. Siempre hablamos del territorio y de los recursos naturales que nos rodean dentro de nuestros territorios his-tóricos ancestrales. La marcha se llamaba Se-gunda Marcha Indígena y Campesina por el Territorito, la Tierra, los Derechos Políticos y el Desarrollo, aquí también se logró el reco-nocimiento de las TCO, pero nosotros nunca hemos pedido Tierra Comunitaria de Origen, hemos solicitado al Estado boliviano de aquel entonces, al anterior gobierno de turno: Terri-torio Indígenas Autónomos, pero nos pusie-ron esa palabra Tierra Comunitaria de Origen porque no le convenía al gobierno de entonces, que era un empresario grande y reconocido en Bolivia, un empresario minero, entonces no le convenía que pongamos territorio indígena,

porque el concepto de territorito indígena es muy amplio.

Estamos hablando hasta del espacio, de nuestro medio ambiente, del aire que respira-mos; y de ahí viene otro recurso natural re-novable o no renovable, entonces ese [es el] concepto territorial para nosotros.

Posteriormente viene otra marcha, la Ter-cera Marcha Indígena por la Tierra, Territori-to Indígena y Recursos Naturales —siempre es por el territorio, es nuestro lema, nuestra bandera. Fue cuando funcionarios del go-bierno a la cabeza del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) desconocían, o sea vulneraban derechos que tenemos nosotros en la Ley Agraria – que es conquista nuestra también – y en aquel entonces el anterior di-rector del INRA, desconoció la lucha y estaba por encima de la legislación agraria. Tenía que haber marchas hasta llegar…

E incluso había un decreto maldito que afectaba los derechos de los hermanos indíge-nas amazónicos —de Riberalta y de Pando— el gobierno de Banzer sacó un decreto que esta-ba por encima de todas las comunidades indí-genas y campesinas del norte amazónico. No nos quedaba más a nosotros como dirigentes de aquel entonces, tenemos que marchar para romper, para abrogar ese decreto que afecta-ba los derechos de los hermanos indígenas del norte amazónico y de los campesinos. [Así es que] viene la Cuarta Marcha por la Soberanía Popular, el Territorio y los Recursos Naturales.

Ahí fue que planteamos: venimos desde Santa Cruz de la Sierra, tierras bajas especial-mente, llegamos aquí hasta la sede de gobierno

el año 2002, la marcha partió el 12 de mayo y llegó aquí el 21 de junio, día del año nue-vo Aymara, 37 días de caminata. Llegamos a La Paz pidiendo una Asamblea Constituyen-te, “queremos cambio” hemos dicho, porque la Constitución anterior caduca, tenemos aquí una nueva construcción de nuestro Estado. De esa forma, hemos hecho historia en coordina-ción siempre con nuestros hermanos campesi-nos. Por último, hemos conformado el Bloque Oriente en Santa Cruz, que significa organi-zaciones indígenas de Santa Cruz, somos cua-tro pueblos grandes, empezando por el pueblo Guaraní, de mis hermanos que vienen de la Cordillera de Santa Cruz, [el pueblo] Chi-quitano, son cinco provincias chiquitanas que tienen más de 500 comunidades, [el pueblo] Guarayo que es mi pueblo y el pueblo Ayoreo; y con otros sectores sociales, campesinos, la Federación Sindical de Santa Cruz, coloniza-dores de Santa Cruz, [la organización] Barto-lina Sisa, trabajadores asalariados del campo… y [fue también] con los hermanos indígenas del Beni que hicimos el Bloque Oriente, de eso nace el desarrollo de la Asamblea Consti-tuyente, el Pacto de Unidad.

De ahí es nuestra estructura, [de ahí es] como hemos venido socializando nuestra pro-puesta que salió excelente, [que consiste en] una nueva Constitución Política del Estado y un nuevo Estado; ahí fue que hemos puesto nuestra identidad, nuestro pueblo, [que aho-ra] están inscritos] en la Constitución Polí-tica, y ahora [este Estado] se llama Estado Plurinacional. Esa es la explicación sobre el concepto del Estado Plurinacional, [ya que]

somos 36 lenguas o culturas diferentes aquí en Bolivia, para mi hermano visitante del Ecuador de CONAIE —que son hermanas y hermanos, organizaciones revolucionarias. ¡Felicidades hermano!

Entonces, nosotros seguimos con este lema, es cierto pues [pasa] lo típico siempre, pensamos nosotros, que con nuestro propio gobierno íbamos a marchar mejor… ¡entre convencidos a quién vamos a convencer! Si hemos estado así como ahora [entre otros en la Asamblea Constituyente]: todos presentes, todos los técnicos, instituciones, ambientalis-tas, o conservacionistas y nosotros, los que no tenemos cartones también somos ambientalis-tas. Nosotros somos ambientalistas, porque vi-vimos ahí en la biodiversidad de nuestros terri-torios, practicando el uso sostenible, el cuidado de nuestra naturaleza; tal vez estoy utilizando estos términos todavía que nos metieron como decía alguien esta mañana: “un ‘chipcito’ que estamos manejando esos términos ‘sostenibili-dad’, estamos utilizando los términos que usa-ban los neoliberales: hay que tener los recursos o manejo sostenibles”.

Entonces ahora continuamos con esta lu-cha compañeros, para su información y ade-más creo que es una tarea para nosotros. Aho-ra lo que hemos visto, [es que] estamos mal; nuestra legislación, nuestra normativa jurídi-ca que reconoce los derechos de los pueblos indígenas, otros [las] interpretan a su mane-ra. [Mientras] nosotros, los verdaderos pro-ponentes, manejamos bien el concepto de la consulta. Un ejemplo [sería] cuando se mane-ja los procedimientos de la consulta, nosotros


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hemos practicado [eso]; cuando hubo el pri-mer proyecto del gasoducto de Bolivia a Brasil, hemos participado, es cierto [que era] cuando el Estado no participaba mucho [en los proce-sos de consulta], pero sí eran directamente las empresas transnacionales [con quienes se hizo el proceso de consulta]; posteriormente sobre la carretera bioceánica desde Santa Cruz has-ta Puerto Suarez hemos participado también, hemos apostado algo [mucho] para garantizar en primer lugar [el bienestar de] las comuni-dades indígenas y campesinas y de los otros sectores sociales a quienes podía afectar la ca-rrerea bioceánica —un impacto negativo que pueda afectar directa o indirectamente.

Entonces, ahora es una tarea para nosotros; especialmente yo les [agradezco y] pido [con-tinuidad del apoyo] a todos los técnicos solida-rios incondicionalmente; de ahí hemos salido nosotros también, eso no hay que olvidar, no hay que ser malagradecidos, porque dicen que las ONG son culpables, que los ambientalistas son culpables, no es así la cosa.

Nosotros quienes somos [ahora], ¿somos ignorantes?, ¿solamente tenemos la cabecita para adorno? No pues, venimos de esa reali-dad, [que es] nuestra vivencia dentro de esos territorios, y tampoco que digan que nosotros somos opositores del desarrollo, nosotros he-mos dicho en varias oportunidades que que-remos desarrollo, pero como queremos, que no se haga una imposición, una dictadura.

Por ejemplo, yo vengo de esta organización indígena, humildemente yo vengo de una co-munidad y hemos visto las consecuencias que hemos pasado debido a la carretera departa-

mental de Santa Cruz hacia el Beni. Ahora yo les invito a ver hermanos, ¿acaso hay presencia indígena de Guarayos ahora? Ya no existen, desaparecieron totalmente.

Ahora estoy solicitando seguimiento, dentro de un momento se va a leer esto “en pleno” [en la Asamblea Plenaria del Par-lamento], el informe de petición que estoy dirigiendo —como nos corresponde a noso-tros los legisladores— el informe de petición escrito sobre la impugnación que ha presen-tado un terrateniente, son 25 hectáreas que han quitado a nuestro territorio y ahora esta-mos a punto de recuperar las tierras del señor Branko Marinkovick que era un terratenien-tes de Santa Cruz.

Con estas sencillas palabras quiero com-partir con ustedes cómo sentirnos, mejor en-tre nosotros podemos entendernos, no así por medios de comunicación que [argumentan que] los indígenas somos los culpables, no es así la cosa, eso [que] sale [es] mala informa-ción. A nivel internacional, estamos confun-diendo a la gente de otros países. Bueno mu-chas gracias compañeros.

Senadora Carmen GarcíaGracias a todos los hermanos, quiero decir mis saludos cordiales a cada uno de ustedes herma-nos y hermanas, mi nombre es Carmen García Mamani, soy senadora por el Departamento de Potosí, también quiero hacerles llegar mi saludo revolucionario a mi hermana Sarela Paz, que ha sido mi docente en la Universidad Simón Patiño y el hermano que está a mi lado, Adolfo Mendoza, que ha sido también mi do-

cente Con todo respeto a cada uno de ustedes, a los hermanos diputados que han podido ver-tir sus opiniones, sus criterios, en esa línea me voy a permitir exponer tres ideas.

Primero, quiero partir de la nueva Cons-titución Política del Estado que habla de la relación entre los derechos de los pueblos in-dígenas con la temática de tierra y territorio. En estos términos, yo quiero centrarme en la nueva Constitución Política del Estado, en la que se explicita que todo proceso de desarro-llo económico con relación a la explotación de recursos naturales debe ser consultado con la población afectada.

Estos son los primeros mensajes que se tiene en el nuevo texto constitucional; aparte de ellos, también se hace énfasis en la conser-vación del ecosistema, asimismo de la biodi-versidad, en este ámbito quiero puntualizar lo siguiente: ¿cómo parece la problemática den-tro de un Estado? ¿Dentro de un gobierno? ¿Dentro de los gobierno neoliberales? ¿Cuál era la problemática de los indígenas? Siempre estuve vinculada a la defensa del territorio, y eso está escrito en la historia. Sin embargo, me preocupa mucho la versión de los hermanos que me anteceden. Somos asambleístas del mismo gobierno oficialista, pero que de pron-to refleja una problemática en términos de “los pueblos indígenas versus Estado”, está es una situación muy preocupante, realmente son si-tuaciones que a nosotros cómo asambleístas nos toca justamente luchar; lo que el pueblo nos manda como una tarea. Estamos en esa ta-rea de cumplir el mandato del pueblo. Quizás hay una cierta fricción, muchos entenderán

desde esta perspectiva. Pero, ¿qué hacemos los pueblos, las repre-

sentaciones que provenimos de las comuni-dades? Estamos en esa ardua tarea de llegar a consenso para no tener tropiezos. Por eso, es que siempre en la concepción del indíge-na, él tiene derecho a la propiedad individual y colectiva, a la titulación individual y colectiva, porque el indígena sin territorio está muerto. El nuevo texto constitucional no garantiza en términos de la explotación de recursos natura-les, de los derechos de los pueblos indígenas, quizás lo que falta aquí, es un mayor vínculo, mayor coordinación, mayor entendimiento. Entonces, quizás tenemos ciertas fricciones, yo con toda humildad digo que sí; si tenemos errores, reconocemos, tampoco puedo ir a la defensiva y asegurar que estamos en lo correc-to; los indígenas siempre tenemos que decir la verdad, estamos en ese camino de la verdad, no podemos mentir – si no con qué moral volve-ríamos al contexto de nuestras comunidades, a nuestros ayllus…

En esa línea, yo al menos, mantengo mi po-sición, proveniente de las comunidades de los pueblos indígenas. Estas preocupaciones, estos mensajes deben ir solucionándose, en la medi-da, en que entablemos diálogos, y lleguemos a un buen entendimiento, todos estamos con esa preocupación. Haciendo una retrospección his-tórica de los gobiernos en nuestro país: ¿cómo aparece en la historia la relación de los gobier-nos y vinculado con los pueblos indígenas?

Tupak Katari aparece en un extremo, Tu-pak Katari reconocido en toda la historia, pero de pronto, al otro extremo aparece Víctor


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Hugo Cárdenas como vicepresidente, presente como un vicepresidente, pero ausente con las sociedades indígenas. De pronto aparece un defensor del “katarismo” que es Felipe Quispe, y – bueno –el hermano ha sido radical, creo que ha pasado la Universidad [Mayor] de San Andrés, en la especialidad de Historia. Ahí, frente a eso, un poco que ha hecho la defensa de la tesis del indígena Aymara. Sucesivamen-te, aparece nuestro hermano actual, Evo Mo-rales, líder indígena, pero ahora nos podemos preguntar: ¿dónde nos encontramos?

¿Qué buscamos?, ¿qué falta? Porque real-mente, para nosotros, para mí personalmen-te, desde mi posición como indígena, estoy muy preocupada, me da ganas de llorar. [De un lado] (…) el MAS aparece con una carac-terística no de partido político, sino con una característica de representatividad de toda la sociedad boliviana, pero [de otro lado] [si] ahora [nos preguntamos] ¿dónde estamos?, ¿cómo estamos?, [si nos preguntamos] si esta-mos respondiendo a las culturas indígenas, a la culturas occidentales.

Ahí viene la pregunta, yo misma me voy a responder, voy a esperar la evaluación de uste-des para transmitirle a nuestro hermano pre-sidente que la imagen del gobierno nacional brilla a nivel internacional, pero de pronto el tema del TIPNIS… también hay que ser rea-listas, hay una situación que está generando fricción, quizás es todavía tarea de aunar cri-terios para no llegar a este tipo de fricción. Yo críticamente, digo esto hermanos, nosotros en el ámbito legislativo, debatimos, analizamos, pero que es lo que pasa, no todos tenemos una

[misma] visión en el sentido común. Somos de distintos contextos, distintas vivencias, en-tonces por ahí quizás también nosotros po-dríamos estar cometiendo un error, afectando al mismo presidente que es responsable de lí-der este proceso de cambio. Digo, ahí ustedes también pueden hacerse la pregunta, si en el ámbito legislativo estamos respondiendo [o ]no, si en el ejecutivo se está respondiendo o no. Nosotros, yo personalmente, voy a recibir su-gerencias, críticas constructivas, no me voy a ir a la defensiva, porque eso sí va a enriquecer-nos, va a fortalecer para poder seguir luchando y yendo por el buen camino.

Para concluir, los indígenas, nosotros como pueblos indígenas, no podemos hacernos re-clutar ni auto reclutarnos, ¿por qué digo esto?, porque de pronto también pueda haber ciertos partidos políticos con el argumento de decir: tenemos nosotros que buscar una cara nueva, un apellido nuevo. La característica que tiene el indígena no se presta a eso, [el indígena] no solo busca el poder, sino esa convivencia recí-proca entre todos los hermanos, el vivir bien.

Entonces, en estos términos yo quiero, un poco, precisar estos argumentos, porque digo, porque las vivencias de nosotros, los asam-bleístas, es algo muy pesado, muy pesado, en el mismo congreso legislativo… Cuando en una ocasión, en los primeros años yo estaba viniendo a trabajar con mucho interés, pero de pronto, yo estaba como comité, y no he sido tomada en cuenta como asambleísta para hacer algunas contribuciones en las políticas educativas.

Ahora me sorprende lo que el hermano

dice, de que ya está adelante la Ley de Mine-ría. Yo estaba en semana regional, realmente no sé nada de esto, de si está avanzando, pero tampoco tengo ninguna coordinación. Son situaciones que vivimos [con] algunas incom-prensiones, con falta de coordinación quizás, y ahí juega un papel mayoritariamente el rela-cionamiento entre el ejecutivo y el legislativo.

Así de claro yo voy a decir, yo no pue-do estar con medias tintas, porque nosotros siempre decimos la verdad, porque esa verdad yo creo que tiene que reflejarse, porque para eso son esos, [ los] espacios de socialización, porque queremos que el legislativo marche de buena manera. Por eso es que nos ponemos ahí a fiscalizar firmes, caiga quién caiga, sea de la oposición o del oficialismo – como dice el mensaje de nuestro hermano presidente – tiene que responder.

Si hay, este ámbito de tierra y territorito y están haciendo una explotación irracional, tie-nen que llegar las propuestas, [para que] no solo caigan las críticas, [porque] (…) si no se propone nada, entonces queda en nada. Los intelectuales tienen que trabajar fuerte y duro. ¿Por qué digo [eso]? Porque el Estado Pluri-nacional de Bolivia, que es lo que hasta el mo-mento [nos] ha mantenido, económicamente, socialmente… tenemos que recuperar los va-lores, las características de nuestros ancestros. No es que nosotros queremos volver al periodo incaico ¡No! Sino es que nosotros asumimos el proceso de cambio, tenemos que asumir recu-perando esos valores, por eso es que estamos luchando, por eso es que estamos sentados en estos ámbitos legislativos, discutiendo y deba-

tiendo día y noche. Yo con esto voy a concluir, quisiera que más

bien nos lleguen algunas críticas constructivas, entonces estamos para rectificar si estamos equivocados, pero el ejecutivo y el legislativo son instituciones diferentes, y de esos también, en su momento, merece la explicación el pue-blo, tanto del legislativo como del ejecutivo. Estamos para responder en esa línea, digo esto, porque los intelectuales, [los] indígenas tienen que trabajar, porque un estado, un gobierno sin intelectuales… estaríamos perdidos también, y yo voy a comentar un poquito esto.

Quizás hay, yo veo, mucha gente con mucha formación, con alto nivel de formación acadé-mica, tenemos que integrarnos para trabajar. Yo he escuchado un comentario: ”El actual gobierno no tiene intelectuales”, realmente me daba ganas de llorar. Claro, hacemos nuestros discursos, muchos quizás no producimos tex-tos intelectuales (…). El hermano Raúl Prada —decían—, el único intelectual del MAS [es] Raúl Prada, pero crítico. ¿Qué intelectual más tiene el gobierno del MAS? Y yo me sentía muy mal, por eso yo demuestro esta humildad, que si estamos equivocados estamos para rec-tificar, que si estamos en una línea con equi-vocaciones, los invitamos a contribuir, a seguir superando[los] porque este proceso de cambio no es de una sola personas, ni del ejecutivo ni del legislativo; es del pueblo. Gracias.

Senador Adolfo MendozaVoy a delimitar mi intervención a lo que se me solicitó para exponer esta tarde, y se trata de ver la conexión entre [los] derechos indí-


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genas y [los] recursos naturales, pero en el marco de los nuevos conflictos eco-territo-riales, haciendo hincapié en la cuestión del desarrollo y alternativas a este. Pero concen-trándonos en la labor legislativa, porque eso se nos solicitó, es decir: ¿qué estamos hacien-do con respecto a estos desafíos y conflictos nuevos eco-territoriales?.

Voy a dividir en dos mi exposición: la pri-mera parte va a estar diseñada en torno al Es-tado actual de discusión de este tema: desarro-llo, medio ambiente y labor legislativa; y luego pasaré en la segunda parte de la exposición, a señalar a modo de ejemplo, algunos elementos que podrían permitirnos reflexionar sobre qué es lo que se espera de la labor legislativa en sus siguiente fase.

Para todo esto quiero recordar a todos ustedes, los ejes fundamentales de la nueva Constitución Política del Estado que fueron ejes pensados desde el gran movimiento del proceso constituyente, el Pacto de Unidad. Por un lado está el eje de las bases fundamentales del Estado dónde se definen [el] sistema de gobierno y algunos otros asuntos relativos a la caracterización del estado. El segundo eje es el de derechos, el tercero [es] de la organización propiamente estatal, los llamados órganos de poder: ejecutivo, legislativo, judicial, etc. El cuarto eje es de la organización territorial del Estado y el quinto eje, que en el caso del Pacto de Unidad combinaba el criterio de la econo-mía plural con el de tierra y territorio.

Voy a ir de atrás para adelante, si hay un avance fundamental de la labor legislativa en términos específicos de economía plural, tierra

y territorio, es la recién sancionada ley, llamada Ley Marco de la Madre Tierra y el Desarro-llo Integral para el Vivir Bien. Está es una ley nodriza, es una ley madre, es una ley orienta-dora de otras leyes, esa es la característica que se le ha dado a esta elaboración legislativa que provino de una larga discusión anterior, en el marco del trabajo de las organizaciones socia-les, pero que al mismo tiempo no solo por la deliberación en la asamblea legislativa, sino por toda la propuesta boliviana en miras de Rio +20, luego se incorporaron algunos otros artículos y se modificaron otros.

¿Por qué hago mención a esta ley ya san-cionada? porque normalmente escucho seña-lar que se están haciendo desarrollar norma-tivos al margen de la Constitución Política del Estado, al margen del espíritu del proceso constituyente, pero eso hay que —como en la ley del cacho— mostrarlo, lo que se ve se anota, esa es la ley del cacho, entonces habrá que hacer referencia concreta a qué cosa se está haciendo mal, no solo para corregir, sino para enfrentar aquellos elementos que en ver-dad estarían en contra de la Constitución Po-lítica del Estado.

Me preocupa que de manera insistente, a pesar de haber sido sancionada la Ley Mar-co de la Madre Tierra y el Desarrollo Integral para el Vivir Bien, todavía existan opiniones que dicen que de pronto – en el caso de la mi-nería – la mentalidad es extractivista. En el caso de los recursos forestales se quiere dejar de lado el uso y aprovechamiento de los pue-blos indígenas en sus territorios. En el caso de hidrocarburos no se avanza más allá de la Ley

de Nacionalización etc. Esas cosas hay que po-nerlas de una manera muy clara cuando ha-blamos del desarrollo legislativo.

Hago mención a esa ley específica, porque esa ley [es], entre tanto, orientadora de otras, [es] la que permite sostener una suerte de pa-raguas con respecto a la modificación de la Ley de Hidrocarburos, de lo que ocurrirá con la Ley de Minería, con la Ley Forestal, con la Ley de Biodiversidad, esta ley es mandatoria, para que ustedes se ubiquen en el contexto, es como la Ley Marco de Autonomías y Des-centralización, pero ¿qué tiene que ver espe-cíficamente con el tema de la conexión entre economía plural y tierra y territorio? Desde el objeto, esta como Ley Marco de la Madre Tierra, impone una serie de lineamientos es-pecíficos para las leyes que en algún caso son consideradas orgánicas, pero no tiene el ca-rácter de ésta que estamos comentando.

Hay un conjunto de candados para, por ejemplo, impedir que se retroceda en el carác-ter [de] que no, solamente, tiene la propiedad colectiva sobre la tierra sino [también] la acep-tación del concepto de territorialidad indígena en la Constitución Política del Estado, hay un conjunto de candados en esta ley que van a ser difícilmente removibles por aquellos que, por ejemplo, quieren que la dotación de tierras fis-cales en el oriente boliviano se distribuya de otra manera, que no sea colectiva; además en conexión directa con una modificación en el concepto de recursos naturales, se habla más bien, desde el objeto de esta ley, de componen-tes de la Madre Tierra y sistemas de vida, lan-zando un objeto que incluye los derechos de

los pueblos indígenas, pero también del resto de la ciudadanía en Bolivia, incluso expresada de manera individual, pero siempre en armo-nía con estos componentes de la Madre Tierra y los sistemas de vida.

Es una ley orientadora, incluso, con respec-to a los planes de ordenamiento territorial de los municipios, pero también de los gobiernos departamentales, porque como saben hay un juego de competencias en relación al ordena-miento territorial y eso tiene que ver con asun-tos tan específicos como la modificación del uso del suelo, que no solamente es un asun-to de tierra agrícola versus suelo urbano, sino [es] al mismo tiempo, la carga mayor y la de-finición fundamental del tipo de tierra, de la que estamos hablando, si tiene un uso agríco-la, forestal, ganadero, pero con conceptos que hacen variar la relación entre la necesidad de desarrollo pero al mismo tiempo de armonía con los componentes del mundo de la vida, de preservación, ya no del medio ambiente, sino de componentes del mundo de la vida, que es un asunto totalmente distinto.

Además, la ventaja de esta ley es que, en su desarrollo normativo se van a expresar asun-tos aparentemente ajenos, cómo el pacto fis-cal financiero: normalmente cuando hablamos del pacto fiscal financiero estamos pensando en dinero y por población, sabemos que des-pués del censo esto va a ser un asunto urgente y quienes creen que los recursos fiscales se van a distribuir solo por población desde ahora ha-brá que decirles, [que] están equivocados. Por-que hay conceptos distintos ahí que se intro-ducen como paraguas. Nos toca en esta ley la


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distribución por población, por territorio, por grados de acceso a servicios básicos de necesi-dad y básicos insatisfechos. Lo que si se hace, es mencionar que los recursos fiscales, además, deben complementar objetos del uso de recur-sos que tengan que ver con la preservación de los componentes del mundo de la Madre Tie-rra. Este es un asunto, que normalmente no se lo discute, normalmente cuándo pensamos en [que] los recursos fiscales, sean transferidos directamente o indirectamente o sean condi-cionadas o no, entonces, sabemos que se usan en educación, infraestructura, salud, pero apa-rece este otro asunto, que habrá que discutir hacia adelante, pero fijan los términos de la discusión futura.

Incluso esto, quiere decir que debemos generar una nueva visión institucional de la aplicación de los planes de desarrollo, y ahí es cuando saltamos al eje territorial, es decir de las autonomías, eje territorial de la cons-titución, de la organización del Estado plu-rinacional, porque tienen que ver con: [las] competencias municipales, las autonomías indígenas, la autonomía regional y con las autonomías departamentales y también [con las] del nivel central. Debo señalar, que esto también impacta sobre los resortes institucio-nales de la construcción del nuevo Estado, por ejemplo, se avanza en la discusión de cuál de-bería ser la función de la Asamblea Legislativa en términos de la organización de estos planes; pero al mismo tiempo, [se] incorpora en el otro eje, en el eje de organizaciones funciona-les del Estado; las responsabilidades del ejecu-tivo en términos de éste necesario equilibrio

entre desarrollo y derechos de la Madre Tierra. Luego se avanza también sobre el tema de

los derechos, porque lo que está en la Consti-tución, por ejemplo, sobre el derecho al agua que es fundamentalísimo, no se agota allí. Entonces, hay otros elementos que también modifican la manera en que el Estado debe garantizar los derechos, entre ellos, aquellos relativos a lo que en la Constitución se llaman derechos respecto del medio ambiente, y final-mente están aquellos mecanismos e institucio-nes que en democracia – y esto tiene que ver con el primer eje de la constitución – garanti-zarían una nueva manera de construcción de institucionalidad, para ejecutar aquellos planes que expresarían de manera concreta, en térmi-nos de gestión pública, este equilibro entre el desarrollo integral y denso; y los derechos de la Madre Tierra pero orientados al vivir bien.

Ya ahí, no solamente es un tema central la discusión de la Ley Marco de Consulta, sino al mismo tiempo, los mecanismos de demo-cracia participativa y directa cómo el rol de las asambleas, el rol de los cabildos y el rol de todos estos institutos novedosos que aparecieron en el proceso constituyente para achicar la distan-cia entre representado y representante. No me va a dar tiempo, pero lo evidente es que todo esto indica algunos desafíos: en el caso del eje primero de bases fundamentales, el desarrollo de la Ley Marco de Consulta – en el caso del eje de derechos hay un mundo de discusión, un hueco allí, que debe ser llevado por un desarro-llo normativo en distintos niveles del Estado, para ver como el Estado garantiza derechos de última generación. En todos los artículos de la

Constitución, no en todos, pero en varios que se refieren al derecho, luego de establecerse el de-recho, dice: “el Estado garantizará (…)”, eso es lo que se necesita desarrollar como un desafío.

En el caso del tercer eje del desarrollo fun-cional del estado, pongo un ejemplo, es nece-sario rediscutir la Ley de Deslinde Jurisdiccio-nal por un lado y por otro darle más cuerpo a las atribuciones del Tribunal Agro-ambiental. Lo que toca a la Asamblea Legislativa Plu-rinacional, que ahora funciona como el viejo congreso todavía: es implementar mecanismos como los foros ciudadanos, las audiencias pú-blicas, los encuentros territoriales, es decir, un conjunto de mecanismos de democracia di-recta y participativa, para que todo lo que se pueda desarrollar en la combinación [de] eco-nomía plural, tierra, territorio tenga sentido en términos de representación, porque no solo se representan partidos políticos, sino se repre-sentan visones de la cosas, intereses y eso es lo que debería variar en el funcionamiento de la Asamblea Legislativa, a partir de la discusión de una Ley del Órgano Legislativo.

Otro ejemplo, en este eje: después del cen-so debemos discutir nuevamente la Ley del Régimen Electoral para resolver, no solo, los escaños en torno a la representación de los pueblos indígenas, con toda la limitación que tiene la Constitución, sino también, resolver la distribución de escaños a nivel departamen-tal; pero esto no puede discutirse al margen de la nueva Ley de Organización del Órgano Legislativo y las coordinaciones inter-legisla-tivas; [es] el gran desafío en el tema específico de la Ley Marco de la Madre Tierra. El gran

desafío es que, sobre la base de ese paraguas, se discuta, ahora sí, las leyes sobre minería, so-bre hidrocarburos, sobre recursos forestales y la nueva Ley de Tierras; pero sobre la base de ese paraguas. Esos son los desafíos rápidamen-te y esa es la situación actual de nuestra labor legislativa. Gracias.

Integrante del Centro de Estudios Constitu-cionales Farit RojasEn primer lugar, buenas tardes. Yo por lo me-nos [estoy] muy agradecido con las organiza-doras y los organizadores del evento, también feliz de ver amigos acá. Yo quisiera reflexionar acerca de tres elementos: primero, los supues-tos materiales de la Constitución porque una Constitución no es y no debería ser nunca un ejercicio de abogados o [de] técnica legislativa; yo creo, de lo que trata una Constitución es de supuestos materiales, que se ponen en juego en los proceso constituyentes, en última instancia trata de gestionar la Constitución porque la Constitución es un instrumento para gestionar conflictos materiales, para reconocer derechos materiales, derechos que se puedan vivenciar.

En ese sentido, partiría señalando algunas cosas, jurídicamente se reconoce a la Consti-tución de 1938 como la primera en visibilizar el debate respecto a la propiedad y los límites de la propiedad privada y en consecuencia, el debate respecto al régimen de tierras; la Con-vención de 1938 lograba dar cuenta de aquello, y eso es un elemento interesante, si bien eso no se va a empalmar en la Constitución de 1938, el régimen de tierras, el supuesto material del proceso constituyente de la Convención de


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1938, un proceso mucho más participativo que otros, no tan participativo como el que sucedió el año 2006, [pero] va a tener ese elemento de dialogar sobre la propiedad, sobre la fun-ción social de la propiedad, sobre las tierras y la ciudadanía.

En 1945 habrá una reforma constitucio-nal también, hay un punto interesante de eli-minación del “pongueaje”, en cierto sentido el imaginario que acompañaba la revolución de 1952 estaba presente. ¿Contra quienes se desarrolla la revolución de 1952? Contra los barones del estaño y contra los latifundistas, aparece el tema de la minería y de la tierra, el tema de la reforma agraria; en consecuencia la revolución del 1952 intenta responder a esto, con la reforma agraria, la nacionalización de las minas, empieza la diversificación económi-ca. A finales de los años de 1950 empieza la explotación de los hidrocarburos, durante los años ‘60 se incrementa lo producción sobre todo en el agro.

En los años de 1970, yo creo que, empieza gran parte de las discusiones sobre territoria-lidad y condición del territorio. En la tesis de la CSUTCB en 1982 aparece una de las pri-meras propuestas de Estado plurinacional, yo creo, que es uno de los orígenes interesantes a considerar respecto a la construcción del Es-tado actual. Durante los años de 1980 y 1990 empiezan las marchas por el territorio, por el derecho a la autodeterminación, finales de 1980 está el convenio 169 de la OIT y todo el multiculturalismo neoliberal. Es en este es-cenario de multiculturalismo neoliberal se le-vanta el derecho a la consulta, es un derecho

pensado dentro de las políticas del multicultu-ralismo liberal, es decir no sé hasta qué punto es suficiente el derecho a la consulta en esce-narios y condiciones de estatalidad distintas a las que se viven ahora.

Desde el año 2000, acá en Bolivia, empieza una larga lucha por el tema del agua, la guerra del agua, la guerra del gas, vuelve el tema de las tierras, las minas, todo el tema de los recur-sos naturales, que es lo que se pone en juego. Viene un proceso constituyente, [en el cual] el tema de recursos naturales fue central y según una investigación, una tesis pronto a salir – de Salvador Schavelzon, investigador que estuvo observando y atento al proceso constituyente – incluso gran parte de la discusión de la defini-ción de pueblo boliviano gira en torno a deter-minar quién va a ser el titular de los recursos naturales. Es decir, los recursos naturales en el proceso constituyente no van a ser de propie-dad del Estado, sino de propiedad del pueblo, pero de qué manera yo puedo concebir a un pueblo lo suficientemente complejo, plural cómo para trabar las posibilidades de que con los recursos naturales, una vez más, se intente lucrar a costa del pueblo.

Finalmente yo creo, que es muy impor-tante visibilizar el Pacto de Unidad, que logra proponer un texto, para mí, es muy importan-te porque muchos sectores no se lo esperaban, muchos sectores esperaban, que aquí se copie el constitucionalismo continental y que no haya la capacidad en los pueblos indígenas ni en las organizaciones, porque se los consideraba in-capaces de hacer una propuesta. Entonces, la propuesta del Pacto de Unidad fue un golpe

muy fuerte, porque se presentaba un tipo de constitucionalismo, que hoy en día, se lo em-pieza a estudiar, un tipo de constitucionalismo que tuvo su prorroga en la Constitución Ecua-toriana el 2008, que va a tener su prórroga en otro tipo de constituciones, es decir, yo creo, que el Pacto de Unidad fue el acontecimiento que llevó a delimitar, en parte, la identidad de la Constitución.

La constitución del 2009 trae un cambio verdaderamente interesante, si uno le presta atención a la historia constitucional de nues-tro país, desde 1826 hasta 1938, tenemos un constitucionalismo liberal dónde el tema cen-tral es la libertad del individuo, como el himno nacional “morir antes que esclavos vivir”. De 1938 en adelante se intenta, en este Estado, construir un Estado social, en 1938 aparecen los regímenes especiales, el ‘61 vamos a tener toda una narrativa de una Constitución, que plasma las reformas introducidas por la revo-lución del ‘52.

Yo creo, que la Constitución del año 2009 se concentra en la vida de los seres humanos pero no solo en eso, algunos artículos intere-santes llegan a descentrar la idea del ser hu-mano a la idea de, “vida de seres vivos”. Estos son el artículo 33.y el 108 de la Constitución, ambos artículos hablando de seres vivos. Esta prórroga se la va a encontrar en la Constitu-ción del Ecuador, que habla de derechos de la naturaleza, todo un capítulo sobre derechos de la naturaleza, yo todavía siento, en mis muy cortas visitas al Ecuador, en algunos debates a los que asistí, que esta situación, que la natu-raleza tiene derechos y de que es un sujeto – o

esta idea de re-conceptualizar la relación entre naturaleza y ser humano (…) es decir ¿por qué esta relación de dicotomía? Por un lado de los seres humanos por otra la naturaleza, [esto] es algo eminentemente occidental, por lo menos para los pueblos indígenas, ellos reconocen la idea de asumir, que la naturaleza es un sujeto con derechos. Es una lógica distinta.

Sin embargo, yo creo, que ese punto esta-rá en los debates. Lo otro que es interesante, [es que] está es una Constitución que plantea, por lo menos en la letra, una amplia partici-pación de la población al momento de definir las leyes. De acuerdo a la Constitución, existen los capítulos de control social y participación ciudadana dónde el órgano legislativo debe de construir colectivamente las leyes, es decir, el órgano legislativo no es solamente [es] un ór-gano de representantes, sino un espacio amplio de participación para construir colectivamente las leyes. Todo esto nos coloca delante de una serie de nuevas narrativas.

El artículo 1 de la Constitución nos habla de algo interesante, el Estado Plurinacional Boliviano se levanta y se funda en una plu-ralidad previa. Si ustedes leen con atención el artículo uno dice: “Bolivia se funda en la plu-ralidad”, esto quiere decir que se crea sobre algo y ese algo anterior a Bolivia es la plurali-dad. En el preámbulo de la constitución, igual se reconoce a la pluralidad; para enfatizar más el artículo 2 de la constitución, señala que esa pluralidad son los pueblos indígenas origi-narios campesinos porque son de existencia pre-colonial y pre-republicana. Entonces, hay una lógica que la Constitución intenta inte-


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grar, una lógica sobre la cual la Constitución se funda, dice: “Bolivia se funda en la plura-lidad”. El artículo 5, que a veces se ha discu-tido cómo el que señala donde existen treinta y pico naciones, habla de lenguas, si ustedes ponen atención, son más respecto a las lenguas (…) y hago una pequeña reflexión, tengo en-tendido que de acá a cinco años, por lo menos tres o cuatro de esas lenguas reconocidas en el artículo 5, se dejarán de hablar en el país., En consecuencia, muchas veces por [no] tener el tema plurinacional tan cerca, tan frente a la nariz, uno lo deja de ver.

O sea, si Bolivia es plurinacional, yo creo, que ya es interesante que los pueblos indígenas tengan derechos, pero que sea eso, únicamente a lo que se apunta con estas condiciones mate-riales de la Constitución, me parece muy po-bre y que eso está delante de nuestras narices. De aquí a cinco años, unas tres o cinco lenguas establecidas en el artículo 5 desaparecerán y no tenemos ninguna política al respecto, en el Estado plurinacional en el que estamos.

El artículo 30 nos habla de los derechos de los pueblos indígenas, yo creo, que este artícu-lo es mucho más extenso que el convenio 169 y mucho más rico porque trata de delinear una narrativa distinta. El artículo 33 es bastante interesante porque reconoce [los] derechos de otros seres vivos, no solamente los del hu-mano, sino también hay otros seres vivos que tienen que gozar de estos derechos, cómo un dato: la Constitución Boliviana sí habla de la Pachamama, pero solo en el preámbulo.

¿Acaso es interesante poner un capítulo destinado a los derechos de la Madre Tierra?

¿Qué puede tener esta discusión? En el caso de la Madre Tierra tiene que impregnarse [de] más conocimiento indígena, porque cuando a los abogados les pasan la pelota, los derechos de la Madre Tierra, lo primero que se les viene a la cabeza es Saffaroni y sus textos, o Locke, o Peter Single, los derechos del animal. Y creo que no va por esa lógica, el tema de los dere-chos de la Madre Tierra, porque ahí tiene que ingresar si o si el pensamiento indígena para re-direccionar estos temas.

Aquí viene uno de los puntos más impor-tantes de la Constitución, el artículo 104 es-tablece como delito de traición de a la patria, la violación del régimen constitucional sobre recursos naturales, eso significa que aquel le-gislador, presidente que legisle – que saque un decreto, una ley, que viole, vulnere el régimen constitucional sobre recursos naturales – co-mete un delito de traición a la patria, el pun-to más alto es el delito de traición a la patria y está castigado con la pena más alta. Creo que este punto les narra la tensión que hubo en la constituyente al resguardar los recursos naturales. A mí me llama la atención porque generalmente estudiamos a la Constitución y vemos qué pautas de derechos penales traen, porque la Constitución establece delitos, un ejemplo, los delitos ambientales son impres-criptibles, eso es súper interesante, general-mente los delitos prescriben al igual que las deudas, la presunción tiene su origen en el pueblo judío, cada siete años prescribían deu-das y se liberaban a esclavos, etc. De la misma manera, había un criterio de prescripción, pero de acuerdo al texto constitucional, los delitos

ambientales son imprescriptibles, de acuerdo al artículo 124 es un delito de traición a la pa-tria a quien viole el régimen constitucional so-bre recursos naturales.

Entonces ¿cuál es el régimen constitucio-nal de acuerdo a la misma hermenéutica de la Constitución? El título segundo de la cuarta parte de la Constitución tiene mandatos sus-tantivos, si una ley se vulnera, si se la viola etc. A mí por lo menos, no me agrada mu-cho la idea de avanzar en una lógica penalista de quién es el delincuente y cómo se le cae con patadas para meterlo a la cárcel. Ahí se tendrá que pensar un poco, hasta qué punto podemos reinventar el tema de los recursos naturales, pero es interesante el artículo 124, porque deben ser de las pocas constituciones latinoamericanas que establecen este castigo, pero este castigo también está vinculado a cualquier gobierno que venda los recursos de este país, que los ponga en subasta, entonces es un elemento interesante.

El artículo 135 plantea la acción popular, que viene a ser un recurso constitucional, aun-que no se llama al tema recursos y me parece bien porque tiene otro significado en materia procesal, es una acción que puede tener cual-quier persona y eso es interesante; la acción po-pular la puede plantear cualquier persona, tanto representación individual como representación de una colectividad para defender bienes e inte-reses colectivos, entre ellos el tema de recursos naturales. El artículo 158 le otorga al órgano legislativo la facultad de aprobar los contratos de interés público, de recursos naturales.

El [artículo] 172 le otorga al presidente,

el ser la máxima autoridad del Servicio Na-cional de Reforma Agraria, que es un resa-bio que tenemos del ‘52, porque [en] el ‘52 el presidente era quién otorgaba los títulos de reforma agraria y obviamente era una forma de propaganda política, porqu se acumulaban los títulos y viajaba el presidente y repartía los títulos a los campesinos, en consecuencia el presidente figura se hacía ver como figu-ra. Por eso se mantenía,, que la titularidad de quien va y reparte los títulos de reforma agraria, era del presidente, eso se mantiene en el artículo 172, que es [una] práctica para que el campesino lo mire al presidente dando el título, es una práctica política bien intere-sante, que tiene un lado malo porque en las demandas de los títulos de reforma agraria, ¿a quién se demanda?, pues al presidente, por-que él recibe demandas constantemente, una fila de demandas, porque es la máxima auto-ridad del Servicio de Reforma Agraria.

El artículo 189 es sobre el Tribunal Agro-Ambiental y es muy importante; se ha abierto una jurisdicción especial, con un tribunal es-pecial para tratar el tema de recursos naturales, es decir, yo creo, que es un camino muy inte-resante , que habrá que transitarlo, puesto que el Tribunal Agro-Ambiental tiene una serie de competencias, que si bien antes teníamos el Tribunal Agrario, esta vez es una jurisdicción constitucional y hemos votado recientemente por los miembros del Tribunal Agroambiental.

El artículo 132 establece que el control social, es decir que la sociedad civil organi-zada deberá apoyar al legislativo en la cons-trucción colectiva de las leyes. El artículo 298


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de la constitución establece que, el tema de recursos naturales es una competencia ex-clusiva del nivel central, eso significa que el tema de definición de políticas de legislación no corresponde a las autonomías, pero al ser una competencia exclusiva puede delegar la reglamentación y la ejecución.

Pero el tema de las discusiones no está en las autonomías, ni departamentales ni munici-pales, está a nivel central, como dice el artículo 8, a nivel del gobierno plurinacional. El artí-culo 311 nos habla de los recursos naturales y [que] tienen que ser considerado como parte de la economía plural, el artículo 346 habla de la imprescriptibilidad de delitos ambientales, el 349 habla de la propiedad de los recursos naturales por parte del pueblo boliviano, el 352, de la consulta previa, no solo a los pueblos indígenas, sino a toda la población que pueda ser damnificada por la explotación de recursos naturales; en el caso de los pueblos indígenas tendrá que seguir sus normas propias.

Yo quisiera acercarme a terminar con algo que me llama la atención cómo investigador en materia constitucional: la Constitución uti-liza 25 veces el término sustentable, y apenas 4 veces el de sostenible. Eso es bien interesante... y cuando usa el término sostenible lo hace para hablar de las auditorias médicas que no tienen nada que ver, para hablarnos de las Fuerzas Armadas, que tienen que ser sostenibles en las fronteras, sobre todo en lo que es la zona de seguridad fronteriza, 50 km de fronteras. Bo-livia señala que ningún extranjero puede te-ner propiedad privada salvo que lo utilice la Asamblea Legislativa Plurinacional a partir de

dos tercios de la totalidad de sus miembros. Es la única vez que se coloca como requisito que los dos tercios de la totalidad de la Asamblea tengan que decir sí para dar propiedad privada a un extranjero en los 50 km de frontera; des-pués es dos tercios de los presentes. También aparece el término sostenible para hablarnos de las fronteras y de industrialización.

Entonces, aparece muy poquitas veces el término sostenible y 25 veces el término sus-tentable. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Unos teóricos, Enrique Taylor que trabaja esto, señala que es una terminología que em-pezó a aparecer en las constituciones y legis-laciones de países latinoamericanos, y es un tipo de desarrollo local, en el cual no se intro-duce tecnología para sobre-producir, es decir no transgénicos, no se perturba los ciclos de regeneración de la naturaleza, dicho de otra manera: no se traen árboles que no crezcan en estos lugares, se trata de buscar un tipo de de-sarrollo sostenible.

Ahí vienen las tensiones, hay un desarro-llo sustentable; y la posibilidad de re-significar esta noción de desarrollo sustentable está en manos de la Constitución Política Boliviana. Existe una serie de mecanismos jurídicos para re-significar el tema de los recursos naturales, yo por lo menos, creo que es allí donde podría existir un marco de tensión.

Para cerrar creo que podríamos reconocer algunos elementos: hay una franca preocupa-ción en la Constitución sobre el tema de recur-sos naturales, sí. El tema de recursos naturales está siendo desplazado por el tema del derecho a la vida y el derecho a la vida de otros seres

vivos, sí. El tema indígena también ingresa en toda esta narrativa y el tema sustentable puede ser el elemento para resignificar el tema legis-lativo. La constitución tiene 214 reservas de ley, es decir hay 214 temáticas en las cuales tendrá que haber una ley, puede ser que sea la misma ley y pongo un ejemplo… Generalmente se te-nía una Ley del Tribunal Constitucional don-de estaban los procedimientos, pero también podemos tener dos leyes, un Código Procesal Constitucional donde están los procedimien-tos y una Ley del Tribunal; entonces se pue-de desdoblar, pero existen 214 de reservas de ley y 214 de posibilidades para replantear la gramática, por lo menos constitucional, y re-cuperar, para mí, algo que es muy importante: la voluntad constituyente y el sentido material que llevo a que tengamos una constituyente. Si tuvimos una constituyente fue en última ins-tancia, porque uno de los temas centrales era el agua, el gas, y los recursos naturales. Acá me quedo, gracias.

DebateBueno muchísimas gracias, mi nombre es Ze-nobio Quispe, a mí me pareció muy interesan-te la charla de esta tarde solo que hay que ir trabajando con más profundidad, cuando ha-blamos de territorio. Por ejemplo, todos habla-mos de territorio, pero de repente no estamos hablando de un territorio real, simplemente hablamos de recursos naturales, algunas cositas por ahí, desde diversas perspectivas. Por ejem-plo, desde el Estado, los legisladores, el gobier-no pero también desde la población, desde los pueblos indígenas, no lo entendemos todavía

bien, si el territorio parte de esos recursos na-turales, muchos dicen akhapacha, mankhapa-cha, el subsuelo, hasta por ahí se quedan.

Pero el tema del territorio, es el tema del autogobierno donde se ejerce el poder político administrativo; en este momento no hay una autonomía indígena funcionando de verdad, no hay autonomía plena. Por ejemplo, en Jesús de Machaca siguen los alcaldes, autoridades ajenas, sigue el colonialismo institucional. Au-tonomías indígenas significan que se gobier-nen a partir de sus propias autoridades. Los mallkus ejerciendo todo el poder político ad-ministrativo a plenitud, igualmente en el ori-gen, no lo entendemos, ese es el tema.

El TIPNIS es territorio indígena, pero no hay gobernando una autoridad propia ahí, tenemos que llegar a eso efectivamente, tene-mos que ser autogobierno, y de repente la Ley Marco que han aprobado no nos [lo] permite, más bien nos pone trabas. Goni cuando creó los municipios creyó que al día siguiente ya estarían implementándose… Entonces, hay una mentalidad burocrática para perjudicar-nos, para ponernos unas trabas, esa menta-lidad hay que cambiar; ahí tendríamos que trabajar el tema de desburocratización del Estado en todo orden. Vamos a los munici-pios, un desastre, para hacer sufrir a la gente; todo el aparato estatal está así, eso requiere un cambio de mentalidades, entonces, más bien, lo que se está haciendo es poner tra-bas en todo lado. Ley de Deslinde, igual, que desde la colonia no nos permite el ejercicio de la justicia indígena, simplemente la Cons-titución está muy bien, igualdad jerárquica,


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pero la Ley de Deslinde no, los indios su jus-ticia; todo [está] supeditado a la justicia or-dinaria. A mí me pareció interesante, cuando nuestra hermana senadora dijo que estamos para rectificar, entonces, empezaremos a rec-tificar, les daremos todas las facilidades para que los derechos indígenas puedan viailizar-se inmediatamente, no así en muchos años, [con] requisitos, perder tanta plata; entonces cambiaremos de mentalidad, eso nos falta y a la población también, porque estamos por ambos lados confundidos, no tenemos la fi-gura clara en muchos aspectos.

Terminando, en el tema de los derechos con el tema de Colquiri, a mí me parece que se da vía libre al saqueo, porque el decir arre-glen entre cooperativistas que son privados… Porque de cooperativas no tienen nada, yo co-nozco como se organizan las cooperativas de verdad, cuando estudie administración en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), ¿sabe cómo son estas instancias? Uno sabe que no son pues, no es así pues, entonces, es saqueo para unos. No es decir arréglense entre ambas, ¡no! Sino lo primero; son los intereses naciona-les, aquí no participan los dueños, [aquí inter-viene] el pueblo boliviano, no simplemente un sector privado versus trabajadores, el tema no es así pues, el Estado tiene que representar al pueblo, reclamar y recuperar para todos… No es para que unas tres o cinco familias saqueen para sus bolsillos y punto. Entonces estamos retrocediendo y confundidos de repente.

[Participante del taller:] Para comenzar, bue-nas tardes, yo creo que es importante remar-

car nuevamente lo que esta mañana habíamos discutido: el ejercicio real de los derechos, si bien lo que decía la hermana aquí, hay toda una estructura dentro de un territorio, si bien el núcleo central de discusión es el territorio, hay una estructura orgánica, hay toda una planificación – nosotros tenemos un plan de vida aprobado con resolución ministerial – está todo eso. Lo que pasa es que se hace una norma bien establecida, estructurada, pero a la hora de hacer el ejercicio real de los derechos para el aprovechamiento, se vulneran siempre el uso de estas normas,

Creo que lo que la hermana senadora decía: ¿dónde estamos, cómo estamos y qué hacemos? Cuando se trata de los derechos, ella decía hay que llegar a acuerdos y negociación, cuando se trata de derechos no se puede negociar porque la norma es clara, la norma está establecida, creo que lo único que hay que hacer es respe-tarla. Entonces es importante que se trabaje; creo que ya lo han mencionado: un indígena sin territorio es un indígena muerto. Nosotros tenemos toda una estructura que la ley misma ha creado, lo único que realmente se debe hacer, en esto, es hacer el ejercicio real de los derechos.

[Participante del taller:] Gracias, buenas tardes, más que plantear preguntas o una pregunta, quisiera precisar algunos aspectos en relación a esta mesa. Lo primero que quisiera remar-car, es que me parece sumamente sintomático el hecho de que tengamos cuatro expositores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, tres de los expositores de ascendencia indígena y uno de los expositores [de] ascendencia wils-

termannista4… Y este aspecto llama asom-brosamente la atención, porque casualmente de estas cuatro representaciones, tres están asumiendo posiciones críticas con respecto a la conducta del Estado Plurinacional y tan solamente una está exponiendo una conducta que es bastante parecida a la taza de leche, que estaríamos en una coyuntura no problemática y [que está] todo muy bien. Una coyuntura a la que le correspondería únicamente atender algunos desafíos, que desde el punto de vista de las culturas indígenas originarias, nosotros no podemos más que asumirlas como muy buenas intenciones, pero absolutamente nada más. Ejemplos tenemos de sobra, la represión en Chaparina, por ejemplo.

El segundo aspecto es que todo parece in-dicar que el lenguaje de las culturas indígenas no es el lenguaje que está asumiendo ni com-prendiendo en el Estado plurinacional. Tene-mos una Constitución, tenemos asambleístas que están hablando de recursos naturales, en la concepción de las culturas indígenas origi-narias eso no existe, no hablamos de recursos naturales, porque no tenemos una perspectiva capitalista extractivista, ni mucho menos, sino otros sistemas y otros modos de producción económica que son de la naturaleza, pero no comprenden a la naturaleza en términos de recursos naturales. Desde el punto de vista de las culturas andinas podemos hablar de Madre Tierra o Pachamama a lo mucho, pero no de recursos naturales.

4 No se comparte el contenido de este argumento por su carga discriminadora.

El tercer aspecto problemático es que la mayor parte de las leyes que se han aproba-do en el Estado plurinacional o por lo me-nos buena parte de ellas, no se han aprobado. Siguiendo más o menos la información que había expuesto el senador Adolfo Mendoza; Lo que ha pasado en el fondo con la Ley de la Madre Tierra es que todos sabemos que existe una Ley de la Madre Tierra consen-suada con las organizaciones indígenas, pero la Ley de la Madre Tierra que se ha aprobado en la Asamblea Legislativa Plurinacional no es esa ley, es otra ley desmantelada en algunos [de sus] contenidos, por cierta comisión, por ciertos senadores, esa es la Ley de la Madre Tierra que se ha aprobado; no se ha aprobado una ley de consenso con las organizaciones sociales indígenas.

Pero ahí también hay otro detalle, ¿a qué responde este tipo de conducta? Cuando noso-tros tenemos que vincular los recursos naturales o la Madre Tierra a la conducta de [los] asam-bleístas indígenas, que tienen que decir al res-pecto (…), porque ya no se trata de aprobar una ley de la Madre Tierra en consenso o que inclu-ya la perspectiva de los asambleístas indígenas, porque como suele ocurrir en la asamblea, y la famosa frasecita que siempre se escucha en los pasillos: “de lo que se trata es de aprobar las le-yes sin mover ni una coma” o aprobar ciertas leyes mientras ciertos asambleístas están de se-mana regional como ocurrió con alguna ley que vincula a YPFB con una empresa de carácter extractivista que es de China.

Entonces, estos cuatro o cinco aspectos que he mencionado, nos llevan a problemati-


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zar mucho más lo que estamos supuestamente exponiendo en la mesa y enfatizar el hecho, de que si el Estado Plurinacional no es capaz – como ha dicho el anterior hermano – de hacer cumplir y obedecer los derechos de las culturas indígenas originarias, entonces el Estado no tiene la capacidad de ser plurinacional.

[Mi nombre es Raúl Prada.] Me parece que vi-vimos una esquizofrenia, o sea unos viven una realidad, nosotros otra realidad; unos viven en un mundo, nosotros en otro mundo, yo creo que necesitamos una especie de sicoanálisis o terapia para arreglar estas cosas, porque no nos vamos a poder entender. Adolfo Mendoza ha pedido que pongamos ejemplos de lo que está ocurriendo y por qué decimos que las leyes que están aprobando son anti-constitucionales. Para empezar por la ley que acaba de mencio-nar y que han hecho propaganda, por la Ley de la Madre Tierra, y como bien ha dicho Víctor Hugo, esa ley no corresponde a la ley que ha trabajado el Pacto de Unidad, no corresponde a la ley consensuada con el gobierno y el Minis-terio de Medio Ambiente y Agua, no corres-ponde al consenso que hubo con la Comisión de Medioambiente y Tierras de la Asamblea.

Se ha llegado a un acuerdo en esa ley pre-cisamente. Han sacado la Ley Corta de los Derechos de la Madre Tierra que han aproba-do para que el presidente se la lleve a Cancún. Primero, ¿cómo van a llamarla Ley de Madre Tierra y Desarrollo Sostenible? ¡Qué contra-dicción, qué contrasentido! ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué hacen eso? [Lo] hacen sencillamente porque esa ley no la han aprobado durante dos

años porque chocaba con el modelo extracti-vista del capitalismo dependiente, un modelo colonial instaurado por el colonialismo, [que] no iba aceptar nunca la ley que han propues-to el Pacto de Unidad, las tres organizaciones campesinas y las organizaciones indígenas. Para empezar [como] dice [es una] contradic-ción no sostenible, aunque le pongan el tema de sostenible. Después va a leer ese documen-to y vuelven a la Madre Tierra como [la] ce-nicienta del desarrollo sostenible, ha perdido todo el peso que tenía el espíritu de la Ley de la Madre Tierra, del Pacto de Unidad.

Por otra parte, la Ley de la Madre Tierra habló muy claramente que no se puede hablar de recursos naturales porque no podría [ir con la] (…) concepción de la Madre Tierra, porque la Madre Tierra reconoce seres vivos, no solo los seres que son visibles, sino los ciclos vítales de los bosques, todo eso está en el documen-to del Pacto de Unidad, pero además está en el preámbulo – que lo han sacado obviamente porque no podían sostenerlo – qué iban a ha-cer con el preámbulo… Lo que han abierto son mecanismos precisamente para el extractivismo porque esta ley tiene que armonizar con el Có-digo Minero y con la Ley de Hidrocarburos, lo que han hecho es espantoso; han dejado enun-ciados generales, que además no están comple-tos sobre el sistema de vida, sin comprender lo que significaba, la forma en que está articulado [es] en una concepción de la Madre Tierra que tiene por lo menos tres estamentos teóricos: el de los ambientalistas, el ecologista y las cosmo-visiones indígenas, nada de eso está, hay una concepción desarrollista ahí.

Es decir, cómo puedes meter una concep-ción desarrollista y seguir hablando de la Ma-dre Tierra, es un contradicción profunda, pero obviamente nosotros sabemos que en estas co-sas no se ruborizan los asambleístas, ni los que han hecho estas modificaciones. Esta cirugía que han hecho de la ley que ha hecho el Pac-to de Unidad, porque no les interesa aceptar propuestas tal como prescriben [la] constitu-ción [y las] propuestas que vengan desde aba-jo, desde las organizaciones, obviamente con otro tipo de concepción, que respete el espíritu constituyente. Entonces, vamos revisando eso y está desencajado, han sacado temas que tie-nen que ver básicamente con la contabilidad, con la transferencia de los costos a la Madre Tierra y planteaban el tema de la necesidad de incorporar la contabilidad de los costos de la Madre Tierra, han sacado los elementos que afectaban a la Madre Tierra.

Sobre el tema institucional han dejado muy poco, lo han dejado muy pobre, el plantea-miento institucional era íntegro del Pacto de Unidad, donde decía: para construir el Estado plurinacional, además con la concepción de la Madre Tierra, tenemos que cambiar todos los ministerios, toda la concepción institucional, porque todo tiene que ver con la Madre Tie-rra, todo tiene que ver con la administración de las gestiones de la Madre Tierra y lo único que han dejado son unos dispositivos institu-cionales que van a simplemente legitimar el poder extractivista.

Lo que se ha hecho es un atentado contra la Madre Tierra, esa ley es un atentado con-tra la Madre Tierra y obviamente han hecho

lo mismo con otras leyes, la Ley 222 no tiene nada que ver con la consulta, con la estructura conceptual normativa de lo que es la consulta, tanto en los convenios internacionales como en la Constitución, y tienen el tupé de llamarle consulta sin ser previa, sin ser con consenti-miento, sin ser libre e informada, etc. Pueden haber hecho una Ley 222, pero habiendo una Ley 180 que la han aprobado también, como pueden venir a decirnos que lo que vamos a discutir [es] la intangibilidad, cuando el pro-blema del Estado no es la intangibilidad, [eso] ya estaba resuelto por el SERNAP, porque es una de la zonas más vulnerables, es ese tipo de trampas a las que está acostumbrado el gobier-no, son las trampas que caracterizan un per-fil político que sencillamente cree que aquí se puede poner por la fuerza. Después el discur-so y las leyes sirven para edulcorar. Entonces ahí está el problema, la Ley 222 es espantosa y más el protocolo, es una imposición de la ca-rretera, así de simple… La pregunta de la in-tangibilidad: todas las zonas tiene que romper la intangibilidad; ahí está el tema.

Ahí tenemos todas las leyes [que] precisa-mente adolecen de algo, de una descomunal violencia legal, administrativa, contra la Cons-titución Política del Estado. La Ley Marco de Autonomías es espantosa, primero es anti-in-dígena, no reconoce el territorio indígena, ni a los municipios, ni en las autonomías regionales, solamente [reconoce] a las TCOs, y es total-mente centralista; el sistema financiero no es autonómico, por favor, y le vamos a llamar Ley Marco de Autonomías, por qué le ponen nom-bres que no corresponden. La Ley de Deslin-


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de Jurídico es más colonial, estamos en peores condiciones que antes, ahora la ley ordinaria su-bordinada completamente a la justicia indígena comunitaria, les han quitado el tema de la ad-ministración de tierras, del deslinde de tierras; entonces, tenemos demasiados problemas. Así podemos hacer una larga lista de lo que han he-cho, es decir es el desarrollo… Es cualquier cosa, menos desarrollo legislativo consecuente con la Constitución, obviamente aquí lo preocupante es que en los hechos estamos… [en este punto, actualmente. Muchas Gracias.]

Gracias, mi nombre es Marco Rivera, coordi-nador de investigación en LIDEMA y creo que voy a continuar [con] lo que no pudo de-cir Chato, algo referente a lo que es la Madre Tierra y el aspecto técnico que se ha observado profundamente, que es una tendencia al con-cepto de regeneración y recuperación de la Ma-dre Tierra tan profusamente incorporada, que se podría decir que es la ley de la paliza de la Madre Tierra y a ver si la podemos recuperar después —porque es productivista y explotado-ra de los recursos de la Madre Tierra— y luego identificar los pasos, los lugares y las formas en las que se podría recuperar después del proceso. Inclusive ya ha sido manifestado por legislado-res en un momento; y está en la prensa.

Por otra parte ,el andamiaje jurídico que tiene que ver con el marco de la Madre Tierra, es un paraguas muy perforado, como estamos viendo, la Ley Minera, por ejemplo, hecha prácticamente a espaldas de las comunidades originarias campesinas que están afectadas por [la] minería, sea en la Chiquitanía [o] sea en

el Norte de Potosí; y eso tiene elementos am-bientales críticos, de esta forma, la licencia am-biental que antes daba la, depauperada, unidad de trabajo competente de la autoridad minera —solamente la pueden hacer los del Vicemi-nisterio de Medio Ambiente— y se convierte en un archivero; o sea la licencia ambiental se la pasa para que la archive… Lo mismo con la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Bosques, está comenzando a ser diseñada, precisamen-te, para favorecer la expansión de la frontera agrícola, asociada a los decretos destinados al perdón de los desmontes ilegales que se hicie-ron anteriormente y que ahora van a quedar en la nada y lo que decía el compañero Farit, constitucionalista: se está pasando por alto una situación penalizada que debería ser sanciona-da, pero se le dice, “chicos han desmontado 25 mil hectáreas de montes, no pasa nada”.

Y el tema de los cinco años más de la Fun-ción Económica Social para ir incorporando más tierras hacia el cambio del uso de suelo y con la destrucción de los bosques, y cuentan tanto áreas protegidas como territorios indí-genas, estos elementos son tremendamente críticos, comparto la opinión con Chato Prada y con la persona que me ha antecedido, en que estamos en un punto tan crítico para la nación, para este país, para el Estado plurinacional que realmente vale pena hacer un planteamiento a la esquizofrenia como ha dicho el Chato.

Respuesta del Diputado Pedro NunyCuando comencé mi alocución pensé que iba a tener o sea no iba a repercutir… no porque lo diga yo, sino porque eso es justamente lo que

estamos viviendo en ese Estado Plurinacional, no soy técnico, por eso es que seguramente no pude hacerme entender, pero lo que sí estamos viendo es que estos temas que hemos podido manifestar, realmente preocupan y son: los conflictos territoriales del presente y del futuro.

Manifesté, que la Ley de Hidrocarburos es un proyecto de ley que va a entrar en discu-sión posteriormente, igual que la Ley Minera, igual que Ley Forestal y Agraria, no dije que está aprobada. Cómo dice el senador: aquí se demuestra así como [con] los cachos. [Pues] justamente estamos demostrándole que la aprobación de la [Ley de la] Madre Tierra – consideramos nosotros, los pueblos indígenas de este país – que lleva a constituir una segun-da [paralela] Constitución Política del Estado, porque no solamente íbamos a legislar para los hombres y mujeres, los seres vivos, sino tam-bién para lo que realmente es el territorio. Por-que si hablamos de las plantas y los animales, también son seres vivos; lo que se ha legislado ahora con la Madre Tierra, y nos llenamos la boca en el contexto internacional, es que esta-mos defendiendo la Madre Tierra, cuando en el país la situación del TIPNIS, por ejemplo… No lo digo yo, están mis hermanos indígenas que están presentes acá y por supuesto nues-tros hermanos de Ecuador, esa es la triste rea-lidad de este Estado Plurinacional.

Y no hay que esconderse, no hay que te-ner miedo, porque seguramente van a justificar los que son fieles masistas [del partido MAS] como tal; ahí están todos reunidos todos los de la derecha, eso es lo primero que van a decir, no son autocríticos lastimosamente. Quiero

decirles que ya hemos pedido que se modifi-quen estas normativas, que se han aprobado, porque lamentablemente carecen de una legi-timidad —o las cambian o al contrario. Saben pues cómo están saliendo y definitivamente hay que poner en práctica la Constitución y no vulnerarla. Muchas gracias.

Respuesta de la Senadora Carmen GarcíaGracias, reiterando también el punto de vista de nuestro hermano que antecede, es eviden-te, no se tiene que personificar en un sentido peyorativo, y somos muy respetuosos al menos los indígenas y toda la sociedad civil; en ese marco no se trata de personas, sino de una si-tuación de política de Estado, de una realidad indígena, de los pueblos, de las tantas naciona-lidades que tiene nuestro Estado Plurinacio-nal. En ese marco yo estoy… Me he anotado todos los puntos que han dicho los hermanos, y bueno, siempre vamos a ser nosotros los portadores —en un espacio colectivo, tam-bién del legislativo— para poder hacer notar donde estamos fallando. Esta referencia para nosotros es muy positiva; sugerencias y críti-cas constructivas que consideramos nos van a fortalecer dichos criterios. Vamos a retomarlo desde ese punto de vista constructivo y no te-nemos por qué resentirnos, ni sentirnos aludi-dos. Desde ese punto de vista estamos abiertos a todo tipo de diálogo, para eso hemos venido. Entonces, yo siempre voy a reiterar ese punto de vista que tenemos, [que es] amplio, somos abiertos y bueno…

Para no seguir redundando en lo mismo. Que vamos a hacer nosotros, en el mismo tex-


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to constitucional está, en esos términos, re-dactado, “recursos naturales”, es una construc-ción colectiva. Ahí claro, es evidente que hay una contradicción total, no se dice desde un punto de vista indígena “recursos naturales”, comprendemos [que] es la Madre Tierra, la Pachamama. Pero nosotros tenemos para sus-tentar nuestros criterios cómo base, a la nor-ma vigente, que es el texto constitucional; en que terminó vamos a decir, nomás, nos toca decir cómo está explícito y redactado en el texto constitucional; y eso queridos hermanos quisiéramos que nos comprendan, nosotros estamos conscientes de que la Madre Tierra tiene esa concepción; con naturalidad a la mu-jer, porque su inagotable capacidad de fruto es para la vida, de todo ser humano, de todo ser viviente, no solo humano… Ahí están toda la biodiversidad, desde ese punto de vista esta-mos también claros de que la cultura occiden-tal concibe desde otro punto de vista, más una concepción antropocéntrica y nos ubicamos. Tampoco estamos en la nebulosa, con esto es mejor aclarar y compartir un poco este tipo de criterios porque la tierra constituye para todo ser humano además desde un punto de vista andino, desde un punto de vista de concepción cósmica, es el cimiento del mismo cosmos… Y la tierra… Por eso nosotros tenemos que ir quizás diferenciando.

Estas dos concepciones axiológicas, tanto desde el punto de vista de los indígenas como desde el punto de vista de la sociedad occi-dental… Que al final de cuentas ha habido, no más, esa degradación de la naturaleza; ahora más bien se trata de contribuir en el control…

Antes en los anteriores gobiernos, un poco que, esto estaba desequilibrado, ni los indígenas te-níamos acceso a decir [nuestras visiones]; por lo menos, como ahora, tenemos este espacio abierto para decir lo que sentimos, lo que pen-samos; entonces, eso yo creo que debe ir un poco [en la dirección de] tomándose también criterios constructivos que van a ayudar a me-jorar la misma política que opera con todas sus limitaciones y fortalezas. Tampoco podríamos ser totalmente negativos, sino quizás hay algo por ahí positivo, yo tampoco voy a exigirles a que digan lo positivo, pero el pueblo es el que dice la última palabra, por ahí quizás también estamos aplazados totalmente, pero si nosotros estamos para, un poco, tomar en cuenta estas direcciones políticas que manda el pueblo.

Con esto yo quiero, un poco, hacer un re-dondeo de cierre de ideas, que a nosotros nos cuesta – reiteradas veces voy a repetir herma-nos – nos cuesta llegar a un consenso; la Ley de la Madre Tierra surge como cámara de ori-gen de la cámara de diputados, luego llega a la cámara de senadores, debatimos y decimos que se incluya esto y el otro – pero qué me-jor si coincidimos, qué [mejor] si a [nivel de] las bases se tiene un consenso ya determinado (…). Entonces, por ahí podríamos también tener algunas limitaciones en las que hay, no me va a dejar mentir, estaba en la realidad [en los debates sobre la Ley] de Deslinde Jurisdic-cional la hermana Viceministra Isabel Ortega. “Hermana tienes que venir a defender, her-mana Carmen porque aquí ya están querien-do cortar el cuello. Todo lo que he trabajado en mis bases con los nueve Departamentos…

— ¡Cuánto tiempo me ha costado trabajar!— todo esto ahora me lo están cambiando”. He tenido que ir – no recuerdo que estaba ahí el hermano Adolfo, pero ahí surge el debate en-tre oficialistas, los que no viven esa realidad, ese contexto, esa realidad del mundo andino. Entonces nos cuesta pelear, ahí adentro.

Se imaginan, así es, sinceramente no qui-siera tampoco decir cosas que son fuera de la realidad; son realidades que tenemos que vivir y que tenemos algunas veces que ponernos a debatir, que implica confrontación. Única-mente hermanos, si nosotros persistimos, nos dicen “que la violencia ahí adentro” nos hace-mos decir que “es de la oposición” y no sé qué. ¡Cuán duro es para nosotros asumir y trabajar en estas líneas! Por eso, es fácil tirar piedras desde afuera, pero también ahí adentro es muy dificultoso debatir y afirmar todo lo que man-de el pueblo, pero lo único que nosotros no de-bemos perder de vista es que siempre debemos estar interactuando, conectados; entonces eso no va a hacer de que cometamos errores.

Y el presidente tiene tanta tarea, yo no voy a dejar aquí de decir cosas que ahí afue-ra también dicen. El hermano presidente está rodeado de gente que no tiene otra visión, eso es la realidad, así dicen, y nosotros, estando el hermano Adolfo ahí, no me va a dejar mentir, no podemos sostener diálogo con el hermano presidente, está muy atareado, evidentemente habrá personas que no nos dejan acercarnos, tampoco puedo ahora acusar falsamente, y a este camino se asemeja… Ahí adentro esta-mos peleando, debatiendo, pero siempre con la esperanza de fortalecernos. Reitero una vez

más: necesitamos integrarnos hermanos, si hay limitaciones, errores, tenemos el deber de rectificar también, eso es nuestro único obje-tivo como asambleístas y tenemos el deber de cumplir el mandato del pueblo. Gracias.

Respuesta del Senador Adolfo MendozaRecuerdo que, en la Asamblea Constituyente con los dirigentes de las organizaciones indí-genas y el equipo técnico, definimos que para tener una mayor incidencia la estrategia era utilizar la guerra de posiciones. Dar la ba-talla de las ideas, dar la batalla en los espa-cios, incluso adversos. Pero eso requiere una dosis de actitud ética, y quienes estamos in-mersos en una posición, en este caso [en] la Asamblea Legislativa Plurinacional, damos la batalla a nuestra manera, en el marco de esa estrategia de guerra de posiciones, pero la damos dando la cara, afirmando nuestras posiciones y en ningún caso entrando en sis-temas de descalificación.

Cuando se indicó y se me obligó a señalar esto… Porque lo primero que tenemos que ha-cer es reponer la típica en la discusión, cuando vimos la ronda de preguntas, se mencionó que tres de los cuatro legisladores eran indígenas y uno wilstermanista y tal vez, como no es in-dígena, no puede hablar; pero sí puede hablar, está defendiendo una posición que se la crítica: eso no es ético, mucho más —estimado ciuda-dano— cuando hay que dar la cara y usted lo sabe cómo asesor de una de las comisiones de la Asamblea Legislativa.

Yo voy a redondear algo que se ha discu-tido acá y que ha formado parte de la expo-


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sición, que tiene que ver con la problemática de los pueblos indígenas, el asunto de los “re-cursos naturales” —por eso me concentré en la Ley Marco de la Madre Tierra y el Desarro-llo Integral. Tal vez mañana se discuta la Ley 222, pero esquizofrenia es saltar de un lugar a otro sin sentido, eso es esquizofrenia; sí lo que nos ha convocado es discutir en esta mesa, es a discutir este tema específico, entonces hinqué-mosle el diente a ese tema concreto porque si no, no hay autoridad intelectual para hablar de estos temas.

Yo quisiera que, en este momento de ma-nera muy concreta, se me muestre un solo artículo, un solo artículo de la Ley Marco de la Madre Tierra que afirme una postura ex-tractivista, un solo artículo. Si no, no estamos actuando con honestidad intelectual, si no tie-nen la ley a mano pues luego podemos discutir aquello, pero les lanzo ese desafío, porque es muy facilito recurrir a la retórica y no demos-trar las cosas, un solo artículo, les desafío. Pero además con una aclaración, para ubicarnos en el contexto, porque de todo se puede hablar y al mismo tiempo de nada; una cosa fue el evento en Cancún y ahí no estaba lista la Ley Marco de la Madre Tierra, y otra cosa es lo que Bolivia llevó en parte por aprobación del senado a Rio +20, ahí si estaba la Ley Marco de la Madre Tierra. Lo otro es no contar con información.

Quisiera que sostengamos, ahora sí, un debate en serio con actitud ética y honestidad intelectual para desmenuzar esta Ley Marco de los Derechos de la Madre Tierra y el De-sarrollo Integral para el Vivir Bien. Quisiera

que hagamos eso, es cierto; sin embargo, —entre paréntesis— que hay un conjunto de elementos de manera estructural (…) que no están bien en la marcha de este proceso, pero descalificar cosas que no se pueden demostrar, eso ya no es honesto intelectualmente. Obvia-mente podemos criticar mucho y desde el le-gislativo lo hacemos, no confundir la posición de la que estamos hablando además.

El proceso de transformación tiene al mis-mo tiempo una trampa decía Boaventura de Sousa, por eso hablaba del Estado experimen-tal. Este Estado, lamentablemente, en este momento de transición se obliga a operar con leyes heredadas y todavía no se tiene la capa-cidad para reformarlas y en algunos casos para botarlas al basurero. Se podría decir, que ese es un asunto que le toca al gobierno y a al Asam-blea Legislativa, y que se entiendan… Sin em-bargo, se apela a la participación; deberíamos tener una capacidad inaudita para haber gene-rado esa cantidad de leyes [solo como ejecu-tivo y legislativo] (…), humanamente, eso es imposible. Pero sí hay que desarrollarlas en el marco de la crítica, en el marco de superar este periodo de transición… Por supuesto, ese es un asunto contextual totalmente distinto; sin embargo, para verificar lo que se está haciendo en la labor legislativa, les invito a sostener de manera inmediata: y si demuestra que algún artículo de la ley de referencia es extractivista, entonces, me comeré mis palabras y les acep-taré de una manera sincera, no solamente la crítica sino también su molestia. De lo con-trario habrá que cargar la pesada maleta de la deshonestidad intelectual.

Respuesta Farit RojasSolamente un par de reflexiones me parecen interesantes: primera, la Constitución tiene cinco partes: la primera y la quinta son consi-deradas rígidas, es decir su modificación debe-ría ser mediante una Asamblea Constituyente. La actualidad del Estado como plurinacional, los derechos indígenas, todo lo que debería ser sustantivamente importante al momento de definir lo plurinacional está en la primera parte de la constitución. La segunda trata de la división de órganos del estado. La tercera del régimen de autonomías y la cuarta del ré-gimen de recursos naturales. Esas tres podrían ser modificadas mediante una ley de la Asam-blea Legislativa y posterior referéndum.

En cambio, toda la ley secundaria —Ley Marco de Autonomía, de Deslinde, de la Ma-dre Tierra… — puede ser modificada por la misma Asamblea Legislativa. En el caso de la Ley Marco de las Autonomías se necesita dos tercios de los presentes, en caso de las otras leyes que mencioné, básicamente, se precisa seguir el procedimiento de los artículos 162 al 164, que establecen un tratamiento de le-gislación normal, común y corriente, y eso me parece importante porque las leyes no están escritas en piedra.

Y en consecuencia, yo creo que gran parte de lo que se tiene que trabajar con la Constitu-ción como un punto de referencia para avan-zar, tiene que ver con toda la política cons-titucional y la política legislativa que venga a futuro, yo creo que es bastante saludable y democrático que se pueda observar cuales son las normas o leyes que tienen vicios de incons-

titucionalidad o no tengan visión de conexión con la realidad. Yo creo que la Ley de Deslinde no tiene aplicación práctica, trata de decir que los pueblos indígenas no conocerán “x” o “z” materia. [Eso] ya estaba en la Constitución de 1994 que establecía, básicamente, que los pue-blos indígenas podrán administrar justicia en tanto no violente la Constitución; y adminis-traban justicia de una u otra manera, porque la norma no se aplicaba a la realidad.

Es un buen momento para repensar el or-den de la producción legislativa, yo creo que es un punto importante, las leyes no están hechas en piedra. El otro elemento: el órga-no legislativo sanciona las leyes; el ejecutivo tiene el poder de vetarlas porque puede en-contrar alguna inconsistencia en las mismas; tras el veto que pueda hacer el ejecutivo —el presidente y sus ministros— la norma pue-de retornar al legislativo y continuar su tra-tamiento. Cuando hablamos de normas que tienen plazo… Porque también eso es algo que tuvo la Asamblea Legislativa, tuvo plazo para sacar normas y plazos para sancionar la ley. Por lo menos, siempre pensaba que des-pués de la sanción, el ejecutivo podría ob-servar la norma, por algo el ejecutivo tiene una plana de ministros que pueden observar la norma, porque son cabezas de sector, que pueden estar con mayor contacto con la reali-dad sobre la cual se va a aplicar la norma.

Todavía creo yo, que es necesario una crí-tica a la legislación secundaria de la Consti-tución y en el caso de obstáculos y conflictos sobre todo en el tema de autonomías. Yo sien-to que en el tema de autonomías la normativa


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todavía no es del todo clara y – como bien in-dicaron algunos de ustedes – el tema de la au-tonomía indígena originario campesina, dudo mucho de que se adecue a las condiciones de aplicabilidad reales. Pues bueno, yo creo que también es necesario ponerse a pensar en un ajuste a la Constitución, un ajuste, porque una reforma parcial de la constitución, no creo que sea un buen momento para otro proceso cons-tituyente, peor si [sería] una reforma parcial de la segunda y cuarta parte de la Constitución en aquello que corresponda al acontecimiento [en el] que nace el proceso constituyente. La última aclaración, el artículo 196 de la consti-tución señala que para interpretar la misma es posible retomar la voluntad del constituyente, esa voluntad del constituyente uno la va a en-contrar en los actos y las resoluciones del cons-tituyente, que son los informes de comisión, la Constitución de Chuquisaca y Oruro.

Si uno retorna a esos archivos, uno ve que no hay Ley de Deslinde, y básicamente la ju-risdicción indígena conocía las mismas mate-rias que la jurisdicción ordinaria; que el Tri-bunal Constitucional se iba a encargar de ir construyendo una especie de inter-legalidad entre ambas jurisdicciones, tal vez sea útil volver a esos diseños, donde trabajaban de manera armónica, por ejemplo, tanto el Cha-to Prada y su comisión Visión de País, como también Adolfo [Mendoza], que fue una de las personas que participó bastante en todo lo que es el diálogo del Pacto de Unidad y del proceso constituyente. Tal vez sería bueno re-tornar a algunos de los momentos donde las personas caminábamos juntas y si ahora hay

divergencias, fantástico, ¿por qué no volvemos al origen del proceso constituyente? donde yo creo que hay muchas respuestas a un montón de preguntas.

volver p. 45

Transcripción del debate en

el panel ‘Territorio y derechos

indígenas: organizaciones de

Ecuador’

Con la participación de Carlos Mena

(Universidad San Francisco de Quito),

Manari Ushigua (CONAIE) y Belén

Paez (Organización Pachamama)5

[Participante del taller:] Buenos días, muchas gracias. Primero felicito a los compañeros del Ecuador. Tengo la siguiente reflexión para to-dos. Creo que frente a todas estas luchas y este discurso que se ha asentado por el Vivir Bien, acerca de los derechos de la Madre Tierra y los derechos de la Pachamama, existe un gran contrincante, que creo que es el discurso del desarrollo, el discurso de superación y de lucha contra la pobreza. Parece una confrontación, porque se nos dice que si uno quiere desarro-llo, si uno quiere carretera, si uno quiere edu-cación, si uno quiere acceder y consumir todos los bienes de la modernidad y de las socieda-des modernas tiene que sacrificar la Amazo-nía, es decir, si quieres celular, carretera y edu-cación… Suena a chantaje ¿no? Entonces, hay que explotar petróleo, hay que explotar mine-rales, hay que abrir carreteras, etcétera.

Creo que este discurso no solo está asenta-do en el Estado a través de sus políticas post-extractivistas, que a pesar de los discursos pro-gresistas que existen, por ejemplo, en Ecuador, Bolivia y Perú siguen implementando en los


hechos políticos, que van a, no más defores-tar, la Amazonía, que están apuntando, no más sobre la base de proyectos dudosos en térmi-nos geopolíticos y también económicos, van a apuntalar a futuro lo que se dice, posiblemen-te es la desaparición de la Amazonía y también de los compañeros, de los pueblos indígenas que están ahí. Entonces, me gustaría que re-flexionemos sobre esta idea de desarrollo que no solamente está en el Estado, sino que está presente también en los sectores populares de la sociedad civil, porque hay algunos que están muy fuertemente agarrados a esta ideología del progreso; para muchos de ellos progreso y desarrollo es precisamente eso ¿no? Volver estos territorios entre comillas salvajes en te-rritorios civilizados. Gracias.

Mi nombre es Zenobio Quispe, bueno, cuando hablamos del Suma Kamaña, del buen vivir, yo creo que tenemos, antes que empezar a reponer y reconstruir nuestras institucionalidades, nues-tros sistemas económicos, políticos, sociales, culturales, etcétera, eso es lo central. Sin em-bargo, ¿que estamos haciendo desde el Ecuador, México y todos los pueblos indígenas? Segui-mos fortaleciendo las instituciones coloniales, por ejemplo, los alcaldes, los concejales, los municipios, o sea seguimos fortaleciendo. Lo primero que deberíamos hacer es empezar por ahí: eliminarlos y empezar a autogobernarnos a partir de nuestras autoridades, nuestros propios modelos políticos, administrativos, económicos, eso es lo que nos está faltando.

Entonces, primerito cuando hablamos de territorio: territorio implica autogobierno, ha-


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blamos simplemente de territorio y no nos go-bernamos, nos olvidamos de que en ese territo-rio debemos gobernarnos, ese es el tema central. Entonces, a partir de eso estamos desubicados ¿no ve? Empezaremos a reconstituir desde aba-jo, ese es el tema central, recién entonces, el Suma Kamaña se va a poder efectivizar, porque el Suma Kamaña no se da a partir de modelos institucionales coloniales. Un ejemplo, el mu-nicipio, la experiencia en Bolivia no más en el área rural: el resultado es desastroso, el munici-pio nos da el mal vivir, no nos da el buen vivir, lo mismo las gobernaciones, este modelo de go-bierno central, etcétera. Entonces, ese es el tema que tenemos que apuntar.

En el tema de la información de repente es interesante en Bolivia, por ejemplo, de re-pente no lo trabajamos mucho el tema de la radio Aymara, la radio Quechua, los medios de comunicación, a partir de locutores, radia-listas Aymaras, han empezado a concientizar en la ideología, en política. Muchos, claro, simplemente han entrado en la parte comer-cial religiosa, un buen trabajo que se ha hecho en concientización y política que no se toma en cuenta ¿no? Los radialistas Aymaras en la política han apuntalado, han trabajado el tema de gobiernos indígenas, es un trabajo de mu-chísimos años, el tema de la conservación de la lengua, la cultura, una serie de elementos que a partir de la radio… La gente, por ejemplo, en la propia ciudad de La Paz, si nos vamos toda la avenida Buenos Aires, escucha la radio Aymara, todas las señoras que venden, miles y miles, millones de personas escuchan radio Aymara en el área rural como en las ciudades.

Buenos días mi nombre es Evelin Prieto, y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo hacer respetar los derechos, sobre todo los del indígena?, no tenemos mecanismos, estrategias porque todo lo que se ha hecho hasta el momento el gobier-no lo ha debilitado; en el caso de la explotación de recursos dicen se debe respetar los derechos de los indígenas, ¿pero cómo se hace esto? Si el mismo gobierno es el que mella y viola todo lo que son nuestros derechos. Cuando se ha-bla de explotación, ¿qué estamos ganando?, ¿el buen vivir o el mal vivir? Para nosotros cómo indígenas el mal vivir, ¿por qué? Porque el daño que se está haciendo es mucho, es mayor a los beneficios que nos va a dejar este trabajo de explotación y perforación, o los beneficios que supuestamente nos van a dar las empresas ¿cómo hacemos todo esto? ¿Qué mecanismos tomar? ¿Qué estrategias tomar sobre esto?

Muy buenos días, mi nombre es Marcelino Chariquibozo, soy de la TCO Mosetén, en primer lugar agradecer por este taller que tam-bién nos abre un espacio para poder debatir distintos problemas que tenemos, y agradecer a los hermanos del Ecuador que están compar-tiendo con nosotros en este taller. Me gustaría también aquí tomarlos en cuenta a los herma-nos asambleístas, ustedes que son legisladores, también tomen en cuenta esta reflexión que hace Ecuador, cuando dice el derecho a la na-turaleza, cuando ellos ponen en su exposición que cualquiera persona puede denunciar si algo está pasando con nuestra naturaleza, por-que puede pasar con este gobierno y con los otros posteriores también.

Por esta razón, no simplemente velar una organización, estamos nosotros como pueblos indígenas, estamos ya organizados, constitui-dos, reconocidos, pero también creo que como pueblos indígenas hemos sido quizás vulne-rados estructuralmente. Estamos muy débiles en estos momentos, pero sería necesario [in-dagar] cómo poder llegar con los hermanos asambleístas [a] poner uno de estos derechos a la naturaleza para poder defender. Por ejem-plo, el pueblo Mosetén ha sido atropellado con hidrocarburos y ahora frescamente, el 7 de septiembre con la minería que son 33 cuadri-llas. Nosotros no lo sabíamos, sale en la publi-cación de la Gaceta simplemente, aquí en la ciudad de La Paz, que está a más de 11 horas de viaje en bus, por esa razón, esa es mi pre-gunta, también a los asambleístas hermanos, tomar en cuenta si es posible, esto, para forta-lecer la Constitución.

Buenos días para todos, soy Edwin Miro, fe-licitar a los hermanos del Ecuador por las po-nencias que han hecho; creo que es importante el tema de monitoreo, nosotros como comu-nidad el año 2000, entre 1999 y el 2001 hici-mos el monitoreo de cacería, justamente, para hacer una valoración de cuán importante es, cuando uno ve por el lado económico y sabe justificarlo. Nosotros, por ejemplo, esa vez la comunidad cazaba, cuando pesábamos y me-díamos cuánta cantidad de animales se cazaba, eso – convirtiéndolo en recursos económicos – era alto para poder justificar, si se lo hacía, [en] dinero para cada familia, salía bastante alto el monto, entonces, eso ayudaba también

a la conservación en ese lugar, la comunidad podía hacer su propia conservación y tener su propia carne.

Ahí, esa vez en el tema de pesca —igual aho-ra en la región de Rurrenabaque y Yucumo— se ha hecho un Comité de Monitoreo Local Am-biental por el mejoramiento del camino que se está haciendo del tramo Yucumo – Rurre-nabaque y por el otro lado San Buena Ventura – Ixiamas que están en el departamento de La Paz y en el departamento del Beni. Justamen-te son organizaciones sociales, municipios (…) Viendo sobre todo, nadie está en contra del de-sarrollo del país, pero sabemos también los im-pactos que se generan a raíz del mejoramiento de caminos. Ahí hemos visto que los impactos que se generan: ambientales, sociales, económi-cos, inclusive, son fuertes ¿no?

Y generalmente las empresas que hacen el mejoramiento no toman en cuenta todos estos temas y como comité nosotros hemos elevado denuncias al gobierno, justamente a las insti-tuciones donde corresponde, haciendo notar los impactos, o sea la obligación que tienen ellos de cumplir los procedimientos legales, las normas establecidas. No lo hacen porque no hay la voluntad. Entonces, es importante lo que nos han expuesto. También hemos visto que han dado pasos gigantes con el tema del derecho de la naturaleza y hay un caso bien in-teresante, que ustedes tienen ahí en el parque Yasuní, y creo que es el único todavía como ejemplo a nivel de Sudamérica. Quisiéramos también ver como ustedes lo están llevando adelante, el tema de REDD+, si es que hay, y también el tema de la economía verde, enton-


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ces son temas que están en discusión a nivel de Sudamérica, el mundo globalizado —ya lo han dicho— y en Bolivia también hay todo ese proceso que se está llevando adelante.

Mi nombre David, soy de la nación Mosetén, simplemente, tal vez para reflexionar para to-dos nosotros, tocando el tema de la globaliza-ción ¿no? Es difícil viéndolo desde ese pun-to de vista, porque yo utilizo ya una camisa, un celular y todas las cosas tecnológicas que estamos utilizando, y vivimos en ese mundo y yo simplemente quería mencionar a Zyg-munt Bauman que es un filósofo sociólogo polaco que trata de buscar esta problemática a nivel mundial. Y pues yo, como indígena, no puedo salir del margen de lo que es el mun-do global, de toda esta modernidad, y yo creo que tenemos esa visión los pueblos indígenas, de vivir equilibradamente con la naturaleza y estos escenarios nos ayudan a reflexionar por donde queremos llegar, por donde queremos encaminar, lo que es nuestro mundo., Según este señor, el mundo no está conducido por nadie, en el siglo XVIII los científicos, o los países que han desarrollado, [que] hoy for-man el G8, miraban desde ese siglo… Pues, como en el siglo dieciocho miraban el futuro con una visión de esperanza, pero ahora, se ve más, como que no hay esa visión de espe-ranza, más es una visión de destrucción. Yo creo que es difícil nuestra tarea de vivir, de plasmar nuestra filosofía como pueblos indí-genas, pero creo que cómo mencionaba nues-tro compañero, de implementar, de tratar de mostrar nuestras cosmovisiones, como que

volcando la situación ¿no? Otra globaliza-ción. Simplemente eso, muchas gracias.

Respuesta Manari UshiguaBueno compañera, está tu pregunta sobre cómo hacemos respetar a los gobiernos los de-rechos de los pueblos indígenas: nosotros, en Ecuador, hemos implementado, aunque nues-tro gobierno está dividiendo a nuestras bases, y [sobre] eso hemos hecho rueda de prensa, ex-plicando públicamente, también hemos hecho una estrategia de contratar nuestros abogados con ayuda de la compañera que está aquí sen-tada, más o menos tenemos ocho abogados, cuando los compañeros hacen marchas y di-cen que son terroristas y los meten presos, con todo estos abogados [nos] hemos sentado cara a cara, Estado y pueblos indígenas y he-mos sacado de presos a los compañeros; y si el [gobierno] hace una estrategia para que ten-gamos miedo de hacer nuestras luchas, pero nosotros también hacemos otra estrategia para ver como enfrentamos su política.

Esas son las forma, cómo estamos, cómo [nos] hacemos ver nosotros en frente del Esta-do, [por]que nuestros derechos tienen que ser respetado, porque si no hacemos así compañe-ros, los gobernantes se van a reír de nosotros y van a seguir haciendo lo que como ellos pien-san, que es bueno… Y por ahí tienen que se-guir el camino de nuestro país – ayer el doctor Mario estaba explicando el caso Sarayaku, eso también es una cosa [importante], a nivel in-ternacional se ganó esa demanda. Eso también es hacer ver que nosotros no [tenemos miedo] – a nuestros mayores si hacían tener miedo –

pero ahora a nosotros no… ¡No compañeros! Nosotros somos de otra generación, conoce-mos el sistema de vida de ellos [gobernantes], conocemos: cómo implementan las políticas en cada uno de nuestros países, de derechos y también la justicia.

Y pues, cómo sabemos muy bien compañe-ros, pues hay que dar [la] cara, pero debemos estar unidos y con una organización fuerte. Entonces eso es lo que estamos haciendo en Ecuador. De otra pregunta, el compañero ha-blaba de un científico, yo pienso que el cono-cimiento científico de ellos, para la manera en como ellos van analizando y [la forma] como están orientando por donde debe caminar el mundo, ya no está sirviendo mucho, porque es demasiado materializado; pero desde la visión del mundo indígena es más espiritual, nosotros con nuestros espíritus conocemos muy bien la manera por dónde estamos llevando nuestro mundo compañeros. Entonces, eso en cada una de las culturas conocemos [a] nuestros es-píritus, [a] nuestros mayores, nuestros “shima-nos” – decimos a los chamanes – [el] mensaje de ellos es importante para proponer [ideas] este… Porque el sistema, el conocimiento científico ahora están en problemas pues. Si es-tán en problemas, alguien tiene que proponer, compañeros, para que el mundo sostenga, por-que nuestra visión es no destruir la naturaleza sino mantener y convivir conjuntamente, eso es nuestra política en cada uno de los espacios de vida que hacemos. Entonces, yo pienso que podemos valorar su conocimiento científico, es interesante, es bueno, técnicamente analizarlo todo; pero de nosotros [conocimiento] tam-

bién es lo mismo compañeros, hay que valorar nuestro conocimiento para orientar el futuro de nuestros niños y nuestras familias que esta-mos viviendo en nuestro espacios territoriales.

Respuesta de Belén PaezYo quería partir diciendo que este es un mo-mento bien importante en la época de la huma-nidad porque creo que las oportunidades son más grandes que las crisis. A pesar de que nos hablan de las crisis civilizatorias, de las crisis climáticas, económicas, estas crisis se pueden convertir en grandes oportunidades. A partir de lo que decía Carlos, de todo lo que he es-cuchado aquí estos días, lo único que veo aquí son oportunidades, en tanto los movimientos sociales han logrado tantas luchas, tantas con-quistas y lo siguen haciendo, véase el caso del TIPNIS en este momento, la resistencia del centro sur de la Amazonía, así podríamos en este momento comenzar a mencionar los cientos de movimientos sociales indígenas, de sociedad civil, de estudiantes, de científicos, que cada momento y cada minuto, [ que] en este momento, en el planeta están en acción.

Son ciudadanos que están en acción, agen-tes de cambio global y a esa oportunidad me quiero referir en este momento. Creo que las oportunidades de las que hemos hablado aquí, del reconocimiento de los derechos de la na-turaleza, de la implementación y del reconoci-miento de lo que es el buen vivir o bien vivir, en nuestra región hay grandes oportunidades. No creo que nuestros presidentes deban ver-nos a nosotros, como terroristas, o como los anti desarrollistas o como los anti todo, noso-


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tros que podríamos ser tachados de minorías o tal vez no, somos los defensores de derechos humanos, los defensores de derechos de la na-turaleza, hoy por hoy, somos visto por nuestros gobiernos, a quienes hemos apoyado en algún momento, como retractores, como los revolu-cionarios, como los terroristas, esto no es así; este mensaje tenemos que hacer llegar a estas autoridades, tenemos que elevar el discurso de quiénes somos, quienes son los movimientos sociales de Latinoamérica y que es lo que es-tamos pidiendo, no creo que el tema de con-frontación… Decir que Evo es malo, Correa es Malo, tal vez están haciendo muchas cosas que están mal, si, lo reconozco, pero tal vez hay que elevar estas propuestas que nos han llevado a un reconocimiento global.

Si ustedes ven periódicos de Francia, de Grecia o de España, ustedes pueden ver la cantidad de artículos a favor y en reconoci-miento del Buen Vivir, del reconocimiento de los derechos de la naturaleza y la implementa-ción de derechos colectivos por parte de Evo Morales y Correa, cuando yo hago lecturas de todos los periódicos en el mundo y digo, ¿por qué la gente alrededor del mundo hace que Correa y Evo tengan tantos fans?, ellos están vistos como héroes en el mundo, por crear estas reivindicaciones sociales; nosotros que estamos aquí sabemos que hay mucho que desear y que eso no está pasando. Entonces, yo creo que es momento en que la comunicación, la información, la resistencia, la parte mediá-tica [nos ayuden a] visibilizarnos bien ante el mundo a través de campañas internacionales, [hay que] buscar solidaridad internacional de

países, de aliados que están en otros lugares, para que pidan y nos apoyen en nuestros pro-cesos de resistencia, [eso] es bien importante en este momento.

No debemos olvidar también, que es abso-lutamente importante revisar qué tipo de eco-nomías nos están motivando al crecimiento, en este desarrollo sostenible que llaman nues-tros presidentes, el cual no es así. Necesitamos definitivamente replantear el tema de econo-mías solidarias y equitativas dentro de nues-tros estados. Mientras Bolivia y Ecuador ne-cesiten divisas extranjeras, dólares, para crear capitales, para importación principalmente de bienes y servicios de afuera; lo que creamos es una dependencia definitiva y permanente y la única solución para esta dependencia es la extracción de nuestros recursos naturales. Entonces, yo creo que es bien importante que reconozcamos que en nuestras constituciones hay artículos que hablan sobre el tema de las economías solidarias, equitativas; necesitamos crear monedas complementarias, no estoy ha-blando paralelas a las monedas centrales como el Dólar o el Sucre, pero realmente necesita-mos crear un sistema de monedas comple-mentarias y economías complementarias para que podamos tener economías que puedan resistir ante este sistema capitalista, que tiene tanta relación con el tema de la extracción de petróleo y minería.

Por último pensar juntos cuáles son los pasos hacia esa nueva matriz energética, [de la] que estamos hablando, cuando estamos hablando de la civilización post petrolera, post minera. Muy bien, todos estamos en

contra del maltrato de la naturaleza, pensa-mos en que otro desarrollo es posible, cómo lo estamos logrando, [a] qué estamos apun-tando, qué son esas metas, esos hitos de aquí 2012 al 2020, Ecuador, Bolivia habrán pa-rado su deforestación, habrán generado una nueva matriz energética, como movimientos sociales estamos pensando a ese nivel y dis-cutiendo sobre los temas de la economía ver-de, REDD+ y todo lo que el compañero nos mencionaba. Es un tiempo para implementar los derechos y para conectarse. Creo que es el momento más importante en la historia por-que la comunicación y la globalización nos dan la oportunidad maravillosa de estar co-nectado y de actuar, de ser agentes de acción de una manera más conectada como nunca antes en la humanidad, entonces estoy muy optimista de muchas de las cosas que se pue-den lograr a partir de hoy. Gracias.

Respuesta de Carlos MenaMuchas gracias, bueno yo quería mencionar algo acerca de la radio, es súper importante, también en Ecuador la radio en la zona ama-zónica, es un método tradicional de comuni-cación y se tiene que potenciar y respaldarse. Estoy totalmente de acuerdo en que, ese es un método por el cual nosotros podemos comu-nicarnos y difundir mejor, ahora incluso la ra-dio puede ser escuchada en internet; entonces podemos hacer pruebas para ver si sus radios también puedan ser escuchadas en Ecuador y tener una manera de comunicarse también. El uso de pequeños documentales y videos que ustedes tengan, y que necesiten que sean

difundidos, eso es muy importante. Simple-mente, para terminar, yo quisiera hacer eco de lo que nos dijo el compañero Quispe acerca de los territorios; los territorios son el equivalen-te del autogobierno y eso yo creo que es muy importante, rescatar el territorio como un es-pacio ecológico, como un espacio social, pero más que eso como un espacio donde nosotros podamos tomar nuestras propias decisiones. Muchas gracias.

Respuesta de Manari UshiguaBueno compañeros, en Ecuador la aplicación de derechos colectivos, más que todo en la sie-rra, los compañeros ya han hecho su autogo-bierno y tienen su gobierno comunitario que se llama… Tienen su propia justicia, aplican…También están planteando al mismo Estado un presupuesto, eso han hecho… Pero [fue] declarado la manera en una Asamblea, y re-conocida a través del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador CODENPE. En la Amazonía, para sentir lo que se está avanzando nos han dado tres re-quisitos: uno es hacer el Plan de Vida, el otro es el ordenamiento territorial y el otro es el Estatuto. Son tres documentos, con estos tres documentos ahorita los compañeros Que-chuas de Paspasa y los compañeros Jillar es-tán avanzando, están elaborando, [me] parece que están en la última fase. Últimamente nos hicieron llegar los estatutos, porque ahí en el estatuto tenían problema…

Nosotros los de CONAIE estábamos di-ciendo que no tenemos que hacer un estatuto, sino una Constitución, entonces, con eso no


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coincidimos con nuestras bases y lo que nos dijeron es que hagamos un modelo de Cons-titución como CONAIE y de acuerdo a eso nosotros también vamos a hacer. Entonces, en ese discurso estamos, pero las cosas no están avanzando mucho porque el gobierno no tie-ne claridad al final [de] que va a pasar. Ellos piensan que si hacemos eso vamos a querer un nuevo Estado, entonces hay miedo, pero noso-tros estamos diciendo que este autogobierno lo queremos hacer dentro del Estado plurina-cional, sin salir, sin desconocer la constitución del Ecuador, y [la] de los municipios.

Por ejemplo, la mayoría son comunida-des indígenas Quechuas, ellos también están haciendo un proceso de ese cantón, declarar con circunscripción territorial, pero que ten-ga la función de un cantón. Entonces también ahí están discutiendo y nuestro abogado está ayudando a analizar los documentos que ellos han hecho, pero hasta ahora, en la Amazonía ninguna nación se ha declarado como auto-gobierno. De los otros compañeros, ellos tam-bién han avanzado muchísimo, pero yo pienso que hasta ahora no está reconocido, la forma de reconocimiento es esta, hay que presen-tar a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES y SENPLADES revisa los documentos, porque ellos tienen un modelo de planificación. Si están de acuerdo con eso, ellos pasan a la Asamblea Nacional y ahí deben aprobar. Entonces, es un proceso súper difícil y complicado. Entonces, para que no pase eso, los compañeros de la Sierra direc-tamente han declarado, cogiendo los artícu-los que los amparan tanto en la Constitución

como en la Declaración de los Derechos de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y la OIT. Entonces, ese es el procedimiento que estamos haciendo en el Ecuador como movi-miento indígena.

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Transcripción de la exposición de

la APG6

(…) [La CPE] en el artículo 115 sobre el tema de la consulta, ahí, en concordancia con los ar-tículos 6 hasta el 15 del Convenio 169 [de la OIT] no habla específicamente sobre el tema de la consulta y el tema de procedimientos. Entonces, yo creo que en este tema: procedi-miento apropiado de acuerdo a las circunstan-cias y características de cada pueblo indígenas, la consulta tiene carácter obligatorio y aquí la ley es bien clara para nosotros: es obligatoria en la ejecución de la consulta en el tema pe-trolero y en el tema hidrocarburífero. En la na-ción Guaraní [sin embargo] no se [lo] respeta, [en] eso hay que ser claro (…).

¿Cómo sabemos quién elabora el EEIA, el Estudio de Evaluación de Impacto Ambien-tal? Solo aparecen con el documento hecho, después quieren empezar la consulta y en rea-lidad [en] Bolivia, el tema de la consulta tiene dos fases: la primera fase y la segunda fase, para que podamos entender… Previamente [está] la licitación y la utilización, la contra-tación, la convocatoria, la aprobación de me-didas, obras o proyectos —que es la actividad de obras y proyectos.

Y nosotros como nación Guaraní en rea-lidad estamos descontentos con toda la ejecu-

6 Texto editado por Marxa Chávez e Isabella Radhuber. Marxa Chávez es socióloga, y está terminando su maes-tría en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado, entre otros “‘Movimientos Sociales’ en Bolivia: autonomía/autoorganización y su relación con el Estado”, en “Sujetos y formas de la transformación política en Bolivia” (Editora Tercera Piel, 2006).

ción que se hace en el tema de consulta. ¿Por qué? En primer lugar, en primer momento, no sabemos en qué tiempo lo hacen; para noso-tros el primer momento de la consulta es la contratación, la licitación —ese es el primer momento para nosotros como nación Guara-ní. Y en el segundo momento entraría ya el proceso de consulta para empezar a ejecutar la consulta, para empezar a ver el tema del es-tudio de evaluación y del impacto ambiental, el Documento de Información Pública (DIP). Aquí directamente entra el tema del estudio. Entonces, nosotros, por ese lado, como nación Guaraní… en realidad el tema de la consul-ta no se está cumpliendo y no se ejecuta tal cual y, como dice el tema del reglamento de la consulta, [en el] artículo 116: responsabi-lidad estatal, dice… “la resolución y consen-so de la autoridad competente como proceso de consulta…” Aquí también, en realidad, la autoridad competente es el Ministro de Hi-drocarburos [y Energía], tiene una dirección: la Dirección General Socioambiental, esa es la autoridad competente que ejecuta la consulta.

(…) Investigando como nación Guaraní, la consulta tiene un presupuesto de 35 a 45 mil dólares, que no lo sabíamos pero de tan-to bregar y hurgar, de buscar informaciones, sí lo hemos encontrado. Entonces, por eso es que las empresas petroleras dicen: no, noso-tros ponemos la plata y el ministerio ejecuta la consulta, pero en realidad no es así. Si nos ponemos a analizar: la empresa pone la plata pero son costos recuperables, en realidad de-bíamos pagar todos nosotros los bolivianos, las empresas no pierden ni un centavo cuan-


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do empiezan a ejecutar la consulta, cuando empiezan a ejecutar el proyecto, porque todo el financiamiento es con costos recuperables: todo; y así hay que decirlo.

El Capítulo 3: Intangibilidad del sitio sa-grado en el área de especial valor natural y cul-tural, exclusión del procedimiento de expro-piación de tierra… En este tema aquí nosotros estamos un poco preocupados sobre la expro-piación: a pesar de que la ley expresa todo lo que dice ahí, lo que estamos viendo ahorita [es contrario]. La ley expresa…, declara la utilidad y necesidad publica; dice “La activi-dad, obra o proyecto hidrocarburífero” ¿Qué queremos apuntar con esto? En este último tiempo, con lo que está pasando en el tema de la elaboración de ‘proyectos para todos’ —hi-drocarburíferos en la nación Guaraní— [es que] la nación Guaraní ha venido planteando de empezar a ser parte de la elaboración de la línea base del DIP y luego de la elabora-ción de la guía y estudio, y también ser parte de la consulta y participación. Pero, ¿qué hace el gobierno para no entrar en esa línea? direc-tamente declaran la tierra no disponible, e in-gresan directamente para empezar la actividad hidrocarburífera y son preocupaciones para la nación Guaraní, lo dejamos en manos de uste-des, para que vayan analizando.

El tema del Comité de Monitoreo Socio-ambiental: este tema el pueblo Guaraní sí lo ha venido trabajando porque es una necesi-dad para la nación Guaraní hacer monitoreo en toda la actividad en el tema de perforación, tendido del gasoducto, perforación sísmica… Pero en realidad no funcionó a nivel nacional,

está el Reglamento y el Decreto ya está des-fasado, pero la nación Guaraní ha empezado a trabajar haciendo convenios con las mismas empresas petroleras, firmando convenios para hacer monitoreos socio-ambientales indígenas [así que] lo tenemos bien fortalecido ahorita. Y sobre esa base la nación Guaraní empieza a hacer su propuesta de descentralización del fondo del 0,5% para hacer monitoreo a nivel regional – toda la nación Guaraní que están en 34 departamentos.

[El tema de] áreas protegidas también es una preocupación para la nación Guaraní, una cosa es área protegida y otra cosa es parque. Para nosotros, área protegida es [la] que tiene su plan de manejo, define las cosas que tiene que hacer dentro del área protegida. Pero el problema en este último tiempo es que las em-presas petroleras están actuando más dentro de los parques, y dentro de los parques dicen que no se puede hacer actividades hidrocar-buríferas; tiene tres…, dos cosas puntuales: investigación, turísticos y un punto más. [En cambio] si es área protegida se puede —de acuerdo al plan de manejo— empezar a regu-larizar su plan de manejo, el cómo se puede trabajar dentro de áreas protegidas, pero eso no se está respetando por las empresas petroleras y es una preocupación para la nación Guaraní.

Referente a la consulta, la participación en la actividad [está inscrita en las] disposiciones generales, en el ámbito de aplicación – cómo se ejecuta la consulta – y ese es el ámbito de la aplicación del proceso: la consulta se apli-cará de manera previa, obligatoria, oportuna y de buena fe, que no se hace, no se hace…

Nosotros tenemos buenas experiencias: están los hermanos de Yacuiba, sacan los estudios, Categoría 1 y luego, porque tienen problemas con el tema de la consulta, [porque] la hacen Categoría 2, y eso [es lo que] se hace… No es de buena fe. Primero hacen sus estudios con Categoría 1 y es Categoría 1 cuando [el proyecto] se hace dentro del territorio de la nación Guaraní; y lo llaman ellos categoría 2 cuando está dentro de una propiedad privada. Pero igual le buscan la forma, si no lo hacen así con Categoría 2, lo declaran igual tierra fiscal no disponible e ingresan y no hay que pregun-tar a nadie. Yo sé la experiencia que vivimos como nación Guaraní, son preocupaciones y aun así seguimos peleando con las empresas petroleras; a pesar de que el gobierno dice que estamos contra el desarrollo del país; no es eso, sino que queremos que se respete el derecho de nosotros los indígenas.

Ahí dice bien clarito: se plantea desarrollar toda la actividad de hidrocarburos detallada en el artículo 31 de la ley 3058, eso (…) está escrito pero no se cumple. El artículo 4, base, principios… los principios, los que sujetan el proceso de consulta y participación [son] res-peto y garantía. Yo creo que no existe respeto ni garantías. A nosotros como nación Guaraní, en dos partes que nos han avasallado fuerte-mente: la planta de Río Grande, una planta separadora de líquidos, y ahora la Planta Gran Chaco que está en la frontera con Argentina y otro país – en Yacuiba – no hay ninguno de eso[s principios]. Hay que discutir para que pueda estar escrito dentro del estudio el de-recho de los indígenas, porque en realidad la

consultora hace lo que le da la gana, porque en realidad se contrata la consultora para elaborar el estudio y nosotros estamos peleando fuerte-mente como nación Guaraní, para ser parte de esa consulta y hasta ahorita no nos permiten.

Algunas empresas sí, pero nuestra empre-sa —que es YPFB— es más cerrado que las otras empresas que son socias también de no-sotros. Entonces como nación Guaraní, ¡cuán-tas veces les hemos dicho que somos parte de YPFB, que es boliviana, [que] queremos ser parte, queremos ser también aportadores de ese documento! Porque sí lo sabemos cómo debe hacerse la consulta, cómo debe hacerse el monitoreo socio ambiental, [es] porque vivi-mos como nación en nuestro territorio, hemos nacido en medio de los campos petroleros y lo sabemos bien, y hay que vivirlo, o, para decir: sí, así debe hacerse.

Para nosotros el tema de consulta aún fal-ta y por eso la nación Guaraní se ha atrevi-do a trabajar fuerte la Ley de Hidrocarburos para poder delinear cómo nos va —y lo pongo en mesa de discusión también eso. La última [parte] sobre la fase de la consulta y la partici-pación; dice: “el proceso de consulta cumplirá el artículo 15, 3, 58 (…) cada momento de la consulta contemplara las siguientes fases: coor-dinación, información, organización y planifi-cación de la consulta, ejecución de la consulta y concertación”. Estos puntos son claves para nosotros como exigencias de la nación Guara-ní, [que] se cumplan y si no se plantean, no se hacen… Nosotros tenemos listas cómo nación Guaraní – con [la experiencia de] seis procesos de consulta – el tema de tendido de ductos,


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de perforación de pozos, el tema de plantas y estamos en esta situación ahorita, y por eso es que hemos dicho que la coordinación es muy poca. [Estamos] con la exigencia: la coordina-ción e información, el tema de organización, tenemos que ver primero el tema de la infor-mación; la coordinación para poder cumplir los restantes y, si no, es difícil. Yasurupay.

Transcripción de las las mesas

de trabajo ‘Derechos indígenas’,

‘Medio-ambiente y desarrollo’ e

‘Industrialización de empresas’

Coordinadas y presentadas por

Lorena Terrazas, Pedro Pachaguay y

Marcelo Guzmán7

“Mesa sobre industrialización de

empresas”

Pedro Pachaguaya

Me ha tocado trabajar el tema de empresas e industrialización. Éramos unas 5 personas no más, y es un dato que hay que reflexionar de-bido a que las otras dos mesas tenían harto in-terés. Por otro lado, la mesa estaba compuesta por hartas naciones: había la nación Takana, Guaraní, la nación Aymara que soy yo y, por tanto, se ha dado un lugar y hay cosas intere-santes… ¿Por qué quiero resaltar que éramos solamente cinco personas? Porque creo que la industrialización no se lo ve como parte de los pueblos indígenas todavía: solamente se está viendo la parte de derechos, de cosmovisión —lo cual es importante— pero no se está tra-tando de ver la parte estructura, que sería la parte económica y esto es lo que daría lugar a este tipo de reflexiones.

Hemos llegado a la conclusión de que hay una división de la economía o de la dinámi-ca económica actual en Bolivia. Por ejemplo


los indígenas: hay un discurso —y el discurso que existe en la sociedad boliviana, indepen-dientemente sean indígenas o no, sean ONG o no— que “deben vivir de su cultura”, músi-ca, artesanía, danza y tradición, que esas son las oportunidades económicas para los pue-blos actualmente. Por otro lado está la otra sociedad, la otra parte de Bolivia que sería la [que] denominamos criollos citadinos —por decir algún nombre— pero seríamos nosotros también en este caso. Y ¿dónde está la dife-rencia? Ellos pueden tener empresas madere-ras, empresas mineras, petroleras, agrícolas y ganaderas, ellos pueden acceder a préstamos económicos, a semillas, a maquinaria… Es im-portante recalcar aquí también que inclusive el hecho de tener una Tierra Comunitaria de Origen es una desventaja, pues esta no se la puede hipotecar: no puedes acceder a un prés-tamo y todo eso y por este lado, si tienes una tierra privada, como la van a tener los ganade-ros: ellos sí lo pueden hipotecar y obtener un tipo de subsidios económicos.

Llegamos a la conclusión en éste primer punto que existe una desigualdad, en el otro punto: si bien estas industrias o empresas tie-nen un tipo de facilidades en este Estado ac-tual – sea plurinacional o lo que sea – están causando efectos en los territorios indígenas, o en las áreas rurales, y ¿qué está pasando? Por ejemplo, lo que se identificó: estas empresas o formas económicas existen, no tienen una responsabilidad social como pueblo, introdu-cen diferentes expectativas de vida y [esto] es lo más importante para mí, debido a que está surgiendo un cambio en la forma de consumir

las cosas inclusive y en las expectativas de vida de los jóvenes. Por lo tanto, las culturas que eran pescadoras, agricultoras o cultivadoras, la próxima generación ya va a acceder o tener un conocimiento de que hay una forma de vida en la ciudades que es bien difícil llegar y por lo tanto todo se desconfigura.

En el ámbito ambiental estamos en la contaminación de bosques y ríos, finalmente se señala también que no miden el impacto ambiental en estos espacios, por lo tanto sola-mente se va a cambiar el territorio y volverlo desierto y ahí estaremos. El tercer punto era ¿qué estrategias de solución podríamos tener ante las empresas y las industrias? Hay que apropiarse tal vez —creo que sí— pero habría que apropiarse sobre los siguientes puntos: hay que crear normas legítimas a partir de la or-ganización del lugar, hay que hacer convenios para exigir porcentajes de las ganancias de es-tas empresas, hay que crear planes de mane-jo forestal para que la parte económica y las comunidades sean parte de esto. Finalmente, tal vez esto es un sueño, pero hay que crear un fondo empresarial desde la visión indígena que sea menos burocrático y, tal vez, esto es [lo] más difícil. Es a lo que hemos llegado.

“Mesa sobre derechos indígenas”

Lorena Terrazas

Mi nombre es Lorena Terrazas, la mesa donde estábamos trabajando es la Mesa de Derechos Indígenas, tuvimos una diversidad de parti-cipantes, nacionalidades, Moseténes, Guara-


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níes, habían Lecos, diferentes integrantes del grupo y a través de eso lo primero que hici-mos fue analizar el contexto local donde nos encontramos, para luego dar algunas líneas y acciones y estrategias que creemos puedan ayudar a solucionar este tema de los conflic-tos eco-territoriales que estamos viendo a raíz de hidrocarburos y otros, según el territorio. Lo que hicimos primero es iniciar el debate, porque teníamos en nuestro grupo también asambleístas indígenas, y se empezó a plantear el tema de las leyes, de que las leyes…

De por sí ya hay leyes que nos protegen pero el problema está en la aplicación y la in-terpretación de las mismas. Primero se habló del tema forestal y la Ley Marco de Autono-mías. [En] referencia a los conflictos que exis-ten y los temas a los que le dimos más énfasis fueron los temas de tierras, hidrocarburos, fo-restal y minería, que son ahora por los cuales tenemos conflictos por las diferentes TCO. Por otro lado se mencionó también en el gru-po que es muy importante respetar la cosmo-visión de cada pueblo, si bien hay conflicto de hidrocarburos, tanto en la APG como en la CPILAP, no es el mismo contexto, siempre tiene particularidades, entonces por eso habla-mos de respetar esa cosmovisión.

Otros de los integrantes del grupo tam-bién hizo mención al tema de autogobierno, territorio, y cómo está actualmente el avance del tema de las autonomías indígenas, luego también de crear y animar a crear modelos propios de gobierno. Y un debate que tam-bién salió dentro de la mesa de trabajo es el tema de los derechos indígenas versus otros

derechos: derechos campesinos, intercultura-les… pero [con respecto al] tema de tierra y territorio. Se dio varios ejemplos, entre ellos resaltaron el caso del Pilcomayo, también de Charagua y otros casos específicos donde hay también problemas ambientales relacionados al tema del agua, el tema de los ríos… Se hizo [además] una mención en relación al tema del fortalecimiento de la justicia comunitaria en la TCO, porque (…) todo deriva en la justicia ordinaria y ahí nadie nos salva porque hay que tener dinero….

Y el cumplimiento de la ley también se volvió… al finalizar de toda esta etapa de con-texto, hablamos de que sí existe protección a los recursos naturales pero no se está cum-pliendo… y se habla de los derechos constitu-cionales… Luego de la visión de que se men-cionó también mucho —si bien los pueblos indígenas, han luchado y siguen luchando por el tema de territorio, también— por qué no pensar y por qué no buscar avanzar en el tema de derechos, no solamente en torno al terri-torio, sino [también] educación, salud, otros derechos que también se ven vulnerados en las TCO y la visión de pobreza.

Ya en las estrategias y acciones también se entró en otro debate más específico; luego de criticar, quejarnos y sentirnos mal, dijimos: que vamos a hacer, tal vez podamos proponer algo, hay una interrogante a partir de esto, todavía tenemos que seguir pensando sobre el tema de continuidad territorial, se habló mucho de tierras fiscales y cómo se puede hacer la devo-lución de estas tierras ancestrales, el respeto a los derechos. Se hablaba mucho del tema de li-

bertad de expresión de los pueblos indígenas, y hay varias propuestas, pero una que salió y que fue apoyada es el tema de una conformación de un equipo nacional para el seguimiento en el tema de tierra y territorio con los secreta-rios de cada organización indígena, sea a nivel local, regional, departamental o la nacional, porque hay un plazo que se va a vencer con el tema de saneamiento territorial y todavía se sigue en curso.

Por otro lado se habla de fortalecer las or-ganizaciones indígenas, si bien se está atrave-sando un momento muy difícil ahora por las divisiones internas, pero justamente [esto]es un llamamiento a fortalecer las organizaciones y reunificar. También se habló sobre el tema de la formación y del fortalecimiento de los líderes actuales y de la formación de nuevos líderes dentro de las comunidades que puedan representar. Y de que las mujeres deberían asu-mir un rol de unidad y unificación dentro de toda esta división interna que se está viviendo ahora, que las mujeres deberían asumir un rol más estratégico y más específico. Todo esto en torno al ejercicio de derechos indígenas, dere-chos colectivos, eso fue el debate que nos llevó bastante tiempo.

Para finalizar quería mostrarles que hici-mos un pequeño ejercicio de todos los inte-grantes, porque les quería mostrar la diver-sidad que hay en el grupo: cada uno hizo un dibujo que representa tanto a su TCO o a su creencia – o se representa. Hay desde pesca-dos, flechas, árboles… eso para ver la diversi-dad del grupo, gracias.

“Mesa medio ambiente y

desarrollo”

Marcelo Guzmán

Bueno, nuestro grupo ha trabajado la mesa de “Medio Ambiente y Desarrollo” y al ser un tema tan complejo y tan amplio, el debate ha surgido un poco. Se ha manejado testimonial-mente para saber testimonios de casos espe-cíficos. Entonces, había representación bien variada, había compañeros de Ecuador que se han inscrito a la mesa, ha sido bien importante su participación y sus comentarios. La mesa se ha planteado la problemática del desarrollo en relación al medio ambiente – y la conflictivi-dad que genera esta relación. Hemos trabaja-do pensando básicamente, preguntando expe-riencias locales y habíamos determinado que existe una similitud en la conflictividad, o sea, nos ha ayudado esto con los testimonios de la CPILAP, la CABI, eso… veíamos un ele-mento común en todos, que tienen territorios indígenas, áreas protegidas y al mismo tiempo explotación minera o bloques de explotación hidrocarburífera, a base de frontera agrícola y ganadera, y que existe una debilidad de los procesos de consulta.

Entonces a partir de eso habíamos pen-sado unificar qué tipo de resistencia y lucha habían planteado frente a estos conflictos. Lo que podemos sintetizar de lo que han contado los compañeros, es que hay una vi-sión de ilegalidad frente a esta lucha. No se ha hablado tanto de criminalizar la protesta, pero sí —al poner como ilegal la lucha— ya


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se puede pensar en que se puede recurrir al sistema legal, a fin de militar en el movimien-to indígena. También veíamos que era muy evidente que había fragmentación al interior de las organizaciones. Al final, como la solu-ción básica después de debatir frente a estos temas de conflictividad, habíamos pensado que en realidad ya existen mecanismos que se podían utilizar, pero reconociendo las fallas que estos tienen, y las limitaciones, o sea la Constituyente y las nuevas leyes que se están proponiendo, y pensábamos que una posible solución era profundizar el diálogo en primer sentido más amplio; o sea, empezar a debatir justo los mecanismos que existen, porque los compañeros hablaban de la mitigación de las empresas petroleras que en realidad no era muy efectiva, porque no había mucho control sobre el alcance real de esta mitigación.

Contaban el caso de que plantan, se refo-restan a veces al lado de los gasoductos, pero no se hace control y seguimiento del crecimien-to de esos árboles; en realidad plantan 100 árboles y no se sabe cuántos nacen: ese tipo de control es el que falta. Otro tema que salía alrededor de esto, es que al estar relacionadas áreas protegidas, también había la posibilidad de gestión compartida, y los compañeros de-cían que existía una visión muy hegemónica de parte del Estado porque es la misma institu-ción estatal la que coordina la gestión compar-tida. Entonces hay una especie de minoría real y efectiva al momento de aplicar esta gestión. Además, algo que fue muy interesante en la Mesa era que se puntualizó la visión que se tiene sobre recursos naturales a partir de los

pueblos indígenas y que [esta] no se limita al recurso natural, al recurso que puede ser ex-plotado, sino que hay una visión de ‘conjunto’.

Y a partir de esa visión de conjunto (..) empezamos a debatir en las posibles solu-ciones, algo que al final al revisar las graba-ciones que habíamos hecho, que me llamó la atención es que nos había faltado discutir elementos de crítica al interior de los mismos movimientos, o sea… y yo había pensado al redactar el informe para los compañeros, y acotando un poco lo que decían los compañe-ros del Ecuador: la información es clave para todo y en este sentido creo que el rescate de la memoria puede ser importante para profun-dizar muchos aspectos de lucha.

Por ejemplo, el pueblo Guaraní tiene una larga tradición de lucha frente al Estado co-lonial y ahora se está hablando de neo colo-nialismo y todos estos procesos, entonces ha-bría que intentar indagar cuáles han sido los mecanismos de supervivencia que han permi-tido que las naciones de tierras bajas puedan pervivir hasta ahora frente [a] un Estado —ya en la Colonia, el Estado español, ya tiene las mismas lógicas de explotación y ocupación del territorio, aunque no en la magnitud que se hace en la actualidad. Pero digamos que es bastante claro que la figura de licitación de te-rritorio o de explotación minera ya se hacía en la colonia, el Estado español otorgaba licen-cias de explotación a privados, era el Estado el que explotaba. Hay una continuidad enton-ces, tanto en la forma de apropiación de parte del Estado, pero también hay una continuidad en la estrategia de lucha planteada desde los

pueblos indígenas. Entonces ese rescate de la memoria tiene que ser bastante efectivo para conocer cuáles han sido los mecanismos que se han utilizado y ver también cuáles han sido los errores que se han cometido. En eso puedo sintetizar, gracias.

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panel ‘Consulta previa – lecciones

y perspectivas’

Con la participación de Gonzalo

Gozálvez (Director de Participación

Ciudadana de la Vicepresidencia del

Estado Plurinacional de Bolivia), Juan

Carlos Pinto (Servicio Intercultural

de Fortalecimiento Democratico-Sifde

del Órgano Electoral Plurinacional), y

Sarela Paz (Plataforma Boliviana Frente

al Cambio Climático)8

Buenos días. Mi nombre es Zenobio Quispe, soy miembro del Foro Indígena. Bueno hay un tema que nosotros lo hemos ido trabajando, el tema del sujeto indígena, y allí hay una gran confusión, no de ahora sino de los gobiernos liberales hasta llegar al MAS. Bueno, ahí no se sabe quiénes son, con precisión. Se cree que los indígenas son los que viven en el área rural nada más; y no han leído el Censo del 2001, por lo menos, donde el 62%, dice, somos indí-genas aquí en la ciudad de La Paz —Aymaras, Quechuas—, El Alto: 81%… Entonces, hasta ahora no lo han leído, ese tema es fundamen-tal y cuando hablamos de consulta, nosotros hemos estado trabajando el tema de consulta en las urbes con los gremiales, artesanos, los vecinos, porque la consulta tiene que ser para todos los indígenas, entonces, cuando no se define el tema del sujeto indígena con preci-sión, cuando no se sabe y estamos desubicados,



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entonces, es un grave problema, porque se ha-cen presupuestos, políticas, leyes, etcétera, con crasos errores.

Ahora, por ejemplo, la Ley de Deslinde Jurisdiccional en el tema de la justicia indí-gena está proscrito al área rural, millones de indígenas no tienen derecho a ejercer su jus-ticia en áreas urbanas. Ese tipo de problemas nos traen, [también] en el tema del Fondo Indígena, [ya que] la plata para el área rural, debería ser para todos los indígenas urbanos y rurales, es la plata para los indígenas ¿no? Entonces, ese tipo de crasos errores que se van cometiendo ahora y antes, tenemos que ir trabajando en esta problemática, leer el Cen-so 2001 para que se ubiquen o leer después el nuevo censo que se viene, que nos va a dar resultados importantes.

Gracias, buenas tardes, mi nombre es Her-nán Ruiz, por si no se nota, vengo de Tarija, compañero de lucha de los pueblos indí-genas del Chaco especialmente, del pueblo Guaraní. Realmente nos hubiera gustado mucho tener una mirada plural y crítica del tema concreto al que nos ha convocado en este momento este panel, más bien, y yo qui-siera preguntarle con todo respeto a nuestro amigo, estimado Juan Carlos, en su mirada crítica y objetiva, desde su punto de vista personal: ¿en qué medida realmente esta-mos avanzando a materializar los principios fundamentales que nos plantea la Nueva Constitución Política del Estado en relación a este nuevo sistema político que se plasma en la democracia intercultural?

Digo esto, porque a lo largo de estos dos días y a lo largo de los últimos meses hemos ido constatando realmente contradicciones fundamentales y no tensiones creativas y para poner solamente un ejemplo que es quizás el más polémico y creo que [a eso] hizo referen-cia Sarela [Paz]. Al margen de que valoremos si la consulta del TIPNIS es legal o es ilegal; en ese sentido del respeto a este principio fun-damental de este nuevo sistema político, debe-ría haberse partido quizás de la construcción y de la participación de las decisiones de los involucrados en la elaboración de las reglas del proceso de consulta. A mí me llama mucho la atención algo que yo vi la semana pasada en Tarija, que es un reglamento para el desarro-llo de las consultas para iniciar los procesos de autonomía indígena que ha evacuado el Ór-gano Electoral recientemente. He visto esto con mucha sorpresa porque en definitiva este es otro ejemplo más de cómo estamos saltando este principio fundamental del Estado Pluri-nacional y de la democracia intercultural que nos manda a precisamente establecer las reglas del juego, incluyendo a los pueblos y naciones que están directamente involucrados con las decisiones que se vayan a tomar como Estado, por una parte eso.

Y por otro [lado] me permito hacer tal vez una complementación [a lo] que decía Sarela que parece que el esencialismo del tema de de-bate que es esta noción, o este principio funda-mental que la consulta no es un mero trámite administrativo, ni es un mero procedimiento para saber si al pueblo le gusta o no le gusta que le metan tubos por el medio de su casa,

sino que en definitiva es la expresión misma del carácter de la plurinacionalidad del Esta-do, del carácter de esta convivencia armónica e igualitaria que debería existir entre los pueblos y naciones, pero más allá (…).

Aún la Ley 3760 avanza un paso más – yo diría – en este concepto de la consulta, porque incluye el tema de la participación y la deci-sión. Es decir, en otras palabras, se reconoce el derecho de los pueblos a sentarse en la mesa con los que administran el Estado, a tomar de-cisiones y no simplemente recibir pasivamente una consulta que puede llevar o no a un con-sentimiento. (…) En nuestra Constitución o en la mismas leyes es muy ambigua porque no sabemos si tiene carácter vinculante, pero yo creo que esta Ley, la 3760, recoge precisamen-te el espíritu de este gran avance que se dio con la Ley de Hidrocarburos, porque la Ley de Hidrocarburos es justamente el producto y la materialización de toda una experiencia vasta de los pueblos indígenas, especialmente de tierras bajas; en el Chaco concretamente, el pueblo guaraní, en esta disputa y en esta resis-tencia permanente a ese sistema o ese modelo extractivista, que en la legislación anterior era totalmente desfavorable.

Si bien ahora se han establecido los prin-cipios, sabemos que en la práctica ese proce-dimiento —o ese derecho a la consulta y a la participación— tampoco están siendo cum-plidos, entonces creo que hay elementos que están profundizando aún más y nos dan un marco bastante favorable para el ejercicio de derecho, pero nos estamos estrellando contra una administración que ignora abiertamente

estos elementos que son fundamentales y yo creo que esas no son tensiones; yo creo que son contradicciones fundamentales.

[Participante del taller:] Gracias, simplemente me voy a permitir puntualizar algo que ya se vino remarcando antes, y es que la ejecución de la consulta tal como se viene realizando hasta ahora, en primer lugar no es coherente con el mandato del artículo 30 de nuestra Cons-titución Política del Estado —menos con las bases, principios, valores y fines del Estado es-tablecidos en ella misma y consiguientemente no goza de legalidad ni de legitimidad contra-viniendo todo principio de derecho, es lo que quería decir, muchas gracias.

[Participante del taller:] Muchísimas gracias, quiero agradecer en primera oportunidad a los analistas por su exposición. A las dos prime-ras personas que han expuestos para nosotros nos sirven como cultura general. No siempre hemos estado en este marco de charla porque nosotros venimos de lejos, casi de la fronte-ra del Paraguay, entonces no hemos tenido esa oportunidad de compartir disertaciones o plenarias de parte de personeros y más aún de las personas o intelectuales. Y entonces en ese marco, como el señor dijo o mencionó hace rato, de que tenía que hablar desde su criterio propio, entonces yo me permito preguntarle para que me pueda responder desde su criterio sin que comprometa a su institución, nosotros desearíamos saber, somos jóvenes aún, si es la forma adecuada la consulta que hoy se está realizando en el TIPNIS, solamente esa pre-


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gunta, si es adecuada o es legal —no sé yo— pero creo que ustedes sí lo saben.

[Participante del taller:] Para Juan Carlos: a partir de ese encuentro entre diversos, hemos visto que de esta parte como hemos ido avan-zando en toda la dinámica del país, lo que más se ve en estos días son los conflictos de enfren-tamiento sobre todo ‘pobre entre pobres’, he-mos visto ‘indígenas entre indígenas’, ‘mineros entre mineros’, y para todo esto como base en la coyuntura actual. ¿Cómo se puede tener el consentimiento para una consulta? Claro, por ejemplo en el TIPNIS, entonces muchas ve-ces está escrito… Pero para llevar la coyuntura actual que está viviendo el país, hasta creo que nosotros quisiéramos ver cuál sería la estrate-gia o el punto clave para llegar a un consenso, porque hasta ahora —con esta coyuntura que tenemos— para nosotros la consulta queda muy lejos, muy inalcanzable, porque no se res-peta las decisiones que tienen los pueblos que viven en los lugares.

Bueno muy buenas tardes mi nombre es Jo-hnson Jiménez Cobo del pueblo Leco y tam-bién Asambleísta Departamental de La Paz y yo más que todo quisiera, en un contexto… tal vez una pregunta de la consulta previa infor-mada, a ver quisiera que me saquen de la duda, los dos panelistas, ¿qué es una consulta previa del territorio indígena? y ¿qué es una consulta en el territorio campesino? ¿Por qué hace rato el hermano decía la consulta se tiene que hacer a los hermanos del área urbana, a los gremia-les? Pero, sin embargo, ¿cómo y cuándo se debe

hacer la consulta previa e informada? Porque a mi manera de ver, para hacer una consulta pre-via e informada, al menos en territorios indí-genas, hace rato se lo ha explicado al hermano Bartolo, aunque ese es un concepto general de lo que debería ser una consulta, pero aquí hay hermanos que están confundidos y eso quisie-ra que me saquen de la duda sobre la consulta previa e informada, simplemente eso.

[Mi nombre es Raúl Prada] (…) Bueno, re-sumiendo algunas cosas de manera rápida, en primer lugar hay que entender que las cosas hay que evaluarlas no tanto por lo que se dice sino por lo que se hace, no tanto por lo que se pretende que sea, sino por lo que efectiva-mente se practica. Nuevamente, lo que ocurre con la consulta es muy grave. ¿Qué es la con-sulta que efectúa el gobierno? Es una viola-ción sistemática de la estructura conceptual y normativa de la consulta establecida en los modelos internacionales y en la Constitución Política del Estado; es un desmoronamien-to del valor ético de la Constitución Política del Estado y del Estado Plurinacional, como he dicho ayer: en el TIPNIS estamos enfren-tando una guerra entre el Estado-nación, los defensores del Estado-nación y los territorios indígenas, que son los territorios del Estado Plurinacional.

Es una guerra declarada, además es una guerra con todos los mecanismos de la guerra: invasión de la armada para hacer regalos, para comprometer a las comunidades para que no vayan a la novena marcha, para comprometer a las comunidades a las divisiones atentando

con lo más elemental de la consulta que no solamente es el consentimiento libre previo e informado, [sino] que además tiene todo un conjunto de estructuras y requisitos. Informa-do quiere decir informado en las propias len-guas, información sobre los efectos medioam-bientales y destructivos de la cuestión social territorial indígena, pero además que quiere decir todo esto…

El ser libre es lo que obviamente muy cla-ramente ha explicado Sarela, respetando la libre determinación ¿qué implica?, desde el segundo de la Constitución, implica autono-mía, autogobierno, gestión territorial propia, respeto a sus instituciones. Pero lo que se ha hecho desde el 2008 es la violación sistemática de estos derechos, estamos hablando de un te-rritorio que cuenta con su título comunitario, estamos hablando de un territorio zonifica-do en 3 partes para el desarrollo comunitario, para otro tipo de desarrollo económico; y en la zona vulnerable que es el núcleo, estos te-mas ya estaban resueltos, pero el 2008 hay un compromiso con el gobierno brasilero (…) y sin licitación —arrasando con las normas de contratación de bienes y servicios— se entrega la construcción de la carretera a Organization of American States (OAS), ya el 2008 era una violación y lo sabían. La prueba clara de que no hay buena fe… lo sabían e hicieron dos tra-zos: uno al norte, otro al sur y en el medio lo dejan, eso se llama trampa, trampa… Lo que ha hecho este gobierno es constantemente trampa, es decir un discurso, un simbolismo, el oropel del Estado Plurinacional para demoler el Estado Plurinacional y para reconstituir el

Estado colonial en las condiciones.¿Qué es lo que está haciendo? ¿Y dónde

hemos llegado? No solamente hemos llegado a la violación en Chaparina, a una marcha pací-fica, hemos llegado a la desfachatez de ocupar militarmente el TIPNIS, hemos llegado a la desfachatez de desconocer sus organizaciones representativas y un General –ex General – un Ministro de la Presidencia ha decidido quie-nes son los representantes indígenas ¿eso no es una violación? Ahí está el problema, y aho-ra hemos llegado a la desfachatez, porque no es otra cosa, hay que hablar de las cosas como son. Piensan hacer la consulta, como no pu-dieron entrar en Trinidad, A modo de chiste yo decía el día de ayer: “Bueno, que nos hagan el censo a los bolivianos en Buenos Aires”.

Eso es no solamente una violación, no so-lamente es un delito constitucional, sino es… no solo se han quitado los derechos constitu-cionales sino es una guerra declarada al Esta-do Plurinacional.

Lo que está ocurriendo con la consulta es muy grave, aquí no hay tensiones creati-vas salvo en la cabeza del jacobino, hay con-tradicciones profundas, contradicciones que están llevando al barranco al propio proceso, contradicciones que están atentando contra el destino y el porvenir de este proceso, los titulares son los movimientos sociales, son los pueblos indígenas, y no los burócratas que están en el gobierno, ese es el tema. Nosotros tenemos la responsabilidad, no solamente de no eludir la discusión como se ha hecho esta tarde sino la gran responsabilidad —como bolivianos— de defender nuestro proceso,


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nuestra Constitución, nuestros pueblos indí-genas, contra un gobierno que está contra el proceso y contra la Constitución. [Participante del taller:] Yo quiero ser más puntual de acuerdo a la invitación de los pane-listas. A mí me preocupa mucho… estábamos en las esperas sobre el tema de consulta previa, yo quiero recordar sobre la Ley de Hidrocar-buros 3058, este título específico sobre tema de consulta y nosotros como nación Guaraní seguimos hablando de esta ley porque sigue vigente. En toda la actividad hidrocarburífe-ra están trabajando sobre esta ley. Entonces, yo quisiera con todo respeto, de acuerdo a la presentación que se hace de los dos panelis-tas, que más enfocan a nivel internacional y nacional, pero no hay enfoque a nivel indíge-na, así se lo digo de frente a los panelistas y la compañera que empezó a tocar una parte sobre el tema del proceso de la consulta por-que para mí todavía ni la estamos practicando la consulta previa, para nosotros es consulta y participación a pueblos indígenas y comuni-dades campesinas, así lo seguimos manejando porque sigue vigente.

Cambiaremos cuando salga la nueva Ley de Hidrocarburos, entonces en el artículo 14 [está el] ámbito de aplicación, en cumplimien-to al artículo 4, 5, 6, 15 y 18 en el convenio 169, (…) luego habla de artículo 115, especí-ficamente la consulta, y ahí lo dice bien claro, para que vayamos entrando en este tema, yo quiero que me entiendan y los demás que es-tamos haciendo preguntas, aquí dice: en con-cordancia con los artículos 15 y 16, Convenio 169, la consulta se efectuará de buena fe, – lo

dice la ley, y que no se cumple – con princi-pio de veracidad, transparencia, información y oportunidad deberá ser realizada con la auto-ridad competente del gobierno boliviano, con procedimientos apropiados, de acuerdo a las circunstancias y características de cada pue-blo indígena, para determinar en qué medida serían afectados, para ir a preguntar, eso nos está diciendo la ley, con finalidad de llegar a un acuerdo o lograr consentimiento de las comu-nidades y de los pueblos indígenas, dice la ley.

Y la consulta es de carácter obligatorio: es obligatorio hacer consulta, y las decisiones re-sultantes del proceso de consulta deberán ser respetadas en todos los casos de la consulta; se realizará en dos momentos, debería ser en dos momentos: en primer momento —dice la ley— previamente la licitación, la contratación, lo dice todo, la convocatoria, la aprobación de proyectos [en el] tema hidrocarburífero. Ahí viene el segundo momento: previamente la aprobación de estudio de evaluación de im-pacto ambiental, que es una bendita ley que es un tomo de este tamaño, eso nos lo dice, para actividades de proyectos de hidrocarbu-ros a desarrollarse —en el lugar de [que fue-ra] preocupación de las comunidades, pueblos campesinos indígenas, originarios en áreas de alto valor de biodiversidad— dice, necesaria-mente, tendrán que ser de Categoría 1, todo lo que tiene valor en tema biodiversidad, en tema de recursos naturales, socioeconómico, sociocultural, tiene mucho valor y eso lo dice, eso es el segundo momento, pero debería estar aprobado dentro del estudio inmediato.

[En el] artículo 16, [que habla de] respon-

sabilidad estatal, la responsabilidad que debe-ría tener el Estado, la resolución y el consen-so registrado por la autoridad competente y como producto del proceso de la consulta y sus dos momentos, tiene validez para la actividad hidrocarburifera, del proyecto objeto de con-sulta. En caso de tener la consulta reconocida en el artículo 115 cuyo resultado sea negativo, el Estado deberá buscar la conciliación (…) [aunque] si es que se hace el procedimiento como siempre, se hace los procedimientos ma-los el gobierno (…). Artículo 117 habla de la autoridad competente para ejecutar el proceso de consulta. A nosotros como nación Guara-ní nos preocupa, la autoridad competente es el Ministerio de Hidrocarburos [y Energía], tie-ne una dirección que es la Dirección General Socioambiental, pero en este último momen-to en todas las consultas va el Ministerio de Gobierno, se ha pasado por encima esta ley, y siempre nos preguntamos nosotros la [Ley] 3058, ¿será que se ha fenecido? ¿No está vi-gente? Pero cuando se empieza a discutir los impactos empiezan a agarran la [Ley] 3058, la [Ley] 1333, el de medio-ambiente, se agarran de todo lado, pero no lo respetan.

El otro tema, el artículo 118: ‘Represen-tación’, los procesos de la consulta estableci-dos en el presente capítulo se realizarán con instancias representativas de las comunidades organizaciones matrices, regionales. Eso nos lo dice pero la autoridad no lo hace eso, no lo respeta, (…) [desconocen a] las organizaciones matrices, se van directamente por las comuni-dades haciendo divisiones, haciéndonos pelear, pelea interno, [entre] capitanías, comunidades,

concejo, regional, nacional, en confederación, no hay respeto. Eso yo lo pongo en mesa, [que es nuestra] preocupación si es que vamos a empezar a hablar sobre el tema de la consulta, ya que está aquí el panelista, parte de la Presi-dencia [Vicepresidencia] y el otro compañero, ellos nos lo dirán, yo creo que habríamos que tener más información y dónde… más respon-sabilidad de esta situación.

Porque yo entiendo su preocupación a nivel de lo que ha expuesto el compañero Gonzalo, me empieza a hablar del Estado indígena, si está bien, es su enfoque, pero en realidad aquí en Bolivia, a nosotros, las empresas petroleras nos están acabando compañero, y sobre ese tema ¿qué hay que hacer…? La ley que existe no se respeta, ¿qué hay que hacer? La actividad hidrocarburífera continúa en todo El Chaco, y soy guaraní, vengo del Chaco, actualmente seguimos peleando con todas las empresas pe-troleras, [por] la actividad sísmica, que el ducto que es continuo, sobre esa base ¿qué hacemos?

También es tema de economía, el tema petrolero es ahorita es el pulmón en Bolivia, de ahí sale plata. Yo creo que el tema de la consulta es un instrumento muy fundamen-tal para el gobierno y para nosotros. Pero no como se está haciendo ahora, me da pena del TIPNIS, porque el tema hidrocarburífero es una base en el tema de la consulta – es el mis-mo sistema – el tema ambiental, es el mismo tema carretero… Porque las empresas pe-troleras también hacen apertura, planchado de 5 hectáreas, si va a ser una planta le tiran 150 a 220 hectáreas, es lo mismo como una carretera, o sea que no hay diferencia [entre


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el] tema de obra civil y el tema de obra ca-rretero, nosotros lo tenemos bien claro estas situaciones (…) Solo eso… para que vayamos reflexionando y bueno, lo que yo quiero dejar en mesa es claro para que tenga más informa-ción sobre el tema de consulta.

[Participante del taller:] Bien, estamos ha-blando del tema de la consulta, ya se ha visto de que de ninguna manera se está cumplien-do, no se está respetando lo que es la consul-ta libre e informada, así sea en el ámbito de minería, hidrocarburos, incluso en esto de la boleta censal no se los ha tomado en cuenta a los indígenas, de repente algunos sectores han estado para plantear como se va a realizar la boleta censal pero nosotros como indígenas de la zona norte de La Paz no hemos sido toma-dos en cuenta.

Ahora hay una Ley de Auditoría [de] Tierras que se ha aprobado… [Y] ¿con este censo que se pretende hacer? Se pretende sa-ber cuántos indígenas hay, si hay una mayoría o una minoría, qué se pretende hacer exacta-mente con esta ley que se ha aprobado en la auditoría de tierras, a nuestro parecer yo lo veo, ¿qué es lo que quieren hacer? Ver si real-mente hay una cantidad de indígenas, si son mayoría, y si no lo son pues, esa tierra habrá que revertirla o poner de repente a gente de las tierras altas, (…); mi pregunta bien direc-ta: ¿qué se pretende hacer con la nueva Ley de Auditoría de Tierras?

[Participante del taller:] Gracias. Creo que este aspecto ya lo han mirado de la consulta de

participación o consulta previa, no tiene nada de buena fe, todo es de mala fe, aunque sería el compañero con todo respeto (…)

Nosotros venimos de lejos y no estamos jugando, con nuestros derechos no se juega, hemos sido claros el día de ayer, es que he-mos sido parte de este proceso y conocemos el proceso de cambio, yo lo conozco mejor, pero todo lo que se está haciendo por parte del go-bierno es una brutal violación al derecho del pueblo indígena, no podemos seguir jugando así, como decía la compañera, esto del censo es para aniquilar a los pueblos indígenas, estoy casi seguro que en este nuevo censo va a salir capaz 30 o 40% de indígenas, pero hacia afue-ra más del 60% del pueblo indígena, Bolivia [es] considerada una nación o Estado indígena pluricultural y todas esas cosas…

Pero ahora póngale eso del Estado, va a salir menos, vamos a salir capaz menos indí-genas, porque simplemente se ha pretendido censar ya solamente en el área rural, el hecho de llevar a la gente al Beni a nuestros herma-nos indígenas que están allá en el TIPNIS Isiboro Sécure no son pues ovejas para [que] los lleven y pongan su marca el Estado. Somos seres humanos, tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos dignidad.

Nosotros, por ejemplo, en el caso de Yacui-ba no vamos a permitir que sigan vulnerando nuestros derechos, le hemos dicho bien claro al Ministro, ya le hemos advertido, y nosotros lo que decimos lo hacemos. Si nos quieren eli-minar que nos eliminen, vamos a pelear, si hay que derramar sangre lo vamos a hacer, así que no nos vengan a tomar el pelo, no nos vengan

a reírse en nuestra cara, a hacerse la burla, por-que nosotros no somos su burla compañero, gracias a nosotros [los pueblos indígenas y los movimientos sociales campesinos] están en el poder, están ganando sueldo, gracias a noso-tros y a nuestra lucha.

Y no hay que ser ingrato con la gente hu-milde, no hay que jugar con los sentimien-tos de la gente humilde y de la gente pobre, seremos indígenas y todo, pero gracias a la lucha conocemos nuestros derechos y sabe-mos cuáles son nuestros deberes y sabemos hacia donde estamos yendo. Pero creo que este gobierno si bien hemos sido parte de este proceso, hemos dado como siempre nuestro pecho por este proceso en los momentos más difíciles, para que este gobierno salga adelan-te, nos represente, pero a partir en su primera gestión estaba yendo bien, pero ya en la se-gunda gestión de gobierno, el actual gobierno ha hecho un giro de 180 grados: ahora noso-tros somos los enemigos, nos tienen a noso-tros como enemigos a los pueblos indígenas, y eso no debe ser así, no hay que ser ingratos con los pueblos indígenas.

[Participante del taller:] Primeramente muy buenas tardes a todos los presentes, agradecer por la información que nos están dando. De todas maneras como pueblos indígenas noso-tros estamos muy indignados: a pesar que nos informan de la buena fe por mediante uste-des, nosotros realmente lo que vivimos en los pueblos indígenas —como pueblos indíge-nas, como organización— estamos totalmen-te indignados, estamos totalmente utilizados

por nuestro gobierno que es actual… – así de frente yo digo – porque ante las Naciones Unidas el pueblo indígena, la persona indí-gena está bien elevada, pero en su realidad, en su totalidad, en las comunidades indígenas lamentablemente estamos sufriendo la crisis económica, de crisis en todo ámbito. ¿El go-bierno por qué no dice a las Naciones Unidas: “Esta es la petición de los pueblos indígenas”? Pero lamentablemente en su discurso nos ele-van de grandes, que nosotros como pueblos indígenas estamos ejecutando proyectos, pero lamentablemente esos proyectos no llegan a su destino simplemente están trancados en los Ministerios. Por eso nosotros, y si bien tiene que hacerse la consulta, si tiene que ha-cerse desde la organizaciones que involucra a lo que es el límite departamental de La Paz…

Yo soy de CPILAP, por eso nosotros recla-mamos y más bien está viéndose una contra-dicción, en el ámbito de lo que es la división a los pueblos indígenas; y nosotros no vamos a permitir esa división que se está manejando en todas las regionales, en todo lo que es La Paz, en todo lo que es Bolivia. El pueblo indígena como sabe vivir, como sabe luchar, está unido, aquí no nos van a meter la mano en donde que nosotros (…)

Pareciera que no sabemos hablar, pero he-mos aprendido mucho con este movimiento, con este proceso que nosotros hemos sido en todo ámbito, pero lamentablemente – y si no-sotros hemos sabido luchar por este proceso de cambio ahora estamos siendo utilizados, ahora estamos siendo manejados, eso es la lucha. Por eso, hermanos indígenas, tienen que ser bien


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claros. Si bien nosotros queremos algo, tiene que nacer desde la base hacia las regionales, hacia la departamental y hacia la nacional. Gracias.

Respuesta de Sarela PazYo voy a responder tres preguntas de las va-rias que se han hecho en las intervenciones. El compañero —no recuerdo su nombre— decía “¿Qué se está entendiendo por sujeto indíge-na?, ¿se está entendiendo por sujeto indígena aquel del área rural? También entre los gre-miales, entre los fabriles habemos indígenas” O sea, hay indígenas en las ciudades Esa pre-gunta voy a responderla con la pregunta que también nos hizo el asambleísta de La Paz, cuando decía yo quisiera que a mí me aclaren qué es una consulta en un territorio indíge-na en un territorio campesino, creo que ambas preguntas se pueden juntar y me parece que son muy buenas para entrar a una deliberación que no la hemos abordado a profundidad con todas sus aristas y con todas las dificultades y que contiene en esta definición de lo que es el sujeto, en este caso el sujeto indígena.

Un primer aspecto que a mí me parece fundamental es distinguir en todo proceso de consulta libre, previa e informada: cuando estamos hablando de consulta libre, previa e informada, no estamos hablando de consulta en general, a mí me parece que esto es funda-mental distinguirlo, porque si no lo distingui-mos, vamos a cometer en mi opinión el error que comete la Ley del Régimen Electoral en su artículo 35, la Ley del Régimen Electoral en su artículo 35 habla de consulta previa y habla de consulta como si fuera lo mismo, y

no es lo mismo. El procedimiento de consulta en gene-

ral —no estoy hablando de la consulta libre, previa e informada— el procedimiento de la consulta en general es un procedimiento, es un mecanismo mediante el cual yo me per-mito consultar a los ciudadanos acerca de un tema y fíjense que ese mecanismo es un me-canismo que se puede expresar de varias ma-neras y que en el país ya se expresó mediante, por ejemplo, en este mecanismo del Referén-dum, eso atañe a una democracia participa-tiva. O sea, el Referéndum es un mecanismo de democracia participativa pero la consulta libre previa e informada es un derecho para los pueblos indígenas, no es un derecho que se aplica a todos los ciudadanos, esa es una distinción fundamental.

¿Qué quiere decir esto, que los pueblos in-dígenas no son ciudadanos? No señores, son ciudadanos y en un procedimiento de consul-ta, por ejemplo, un referéndum, los pueblos indígenas participan como ciudadanos. Pero si la consulta libre, previa e informada es un derecho para los pueblos indígenas, ¿qué de-recho está protegiendo? El derecho colectivo, no está protegiendo los derechos ciudadanos que tienen una categoría de derechos indivi-duales —la condición y la categoría ciudada-no se basan y se fundamentan en los derechos individuales. Entonces yo, Sarela Paz, que soy ciudadana boliviana, que vivo en la ciudad de Cochabamba, por supuesto no puedo reclamar el derecho a la consulta libre, previa e infor-mada porque no he nacido en el seno de un pueblo indígena, en eso consiste el debate, en

eso consiste la distinción. Y el artículo 35 de la Ley del Régimen

Electoral, combina esto, lo junta y por eso es que concluye en dicho artículo que la con-sulta no es vinculante. Eso forma parte del debate, porque una consulta libre previa e in-formada que sobre todo está pensada, identi-ficada como una forma política para defender derechos colectivos, se liga al ejercicio de la libre determinación, que es un ejercicio de decisión. Por tanto su fundamento es por su-puesto la vinculación en su decisión, o sea, es vinculante, tiene un carácter vinculante y se lo puede también decir: obtener el consenti-miento, también de esa palabra se está refle-jando el carácter vinculante.

Entonces, cuando el compañero de allá, que no recuerdo su nombre, dice: “también se tiene que aplicar a gremiales y obreros”, yo le digo compañero: en tanto pueblo indígena y en tanto derecho colectivo… porque si las de-mandas que se están poniendo en juego o la afectación de derecho que se está poniendo en juego, es en condición de ciudadanos, de per-sonas, de sujetos, no podemos aplicar este de-recho. Es un derecho de carácter colectivo, se le aplica por tanto solo al pueblo, el derecho de la libre determinación es un derecho político del pueblo, por tanto es un derecho colectivo y esta distinción a mí me parece fundamental, porque la democracia moderna consiste justa-mente en esta relación compleja, que ya se ha abierto hace varios años atrás entre derechos individuales y derechos colectivos. Pero no es lo mismo, no podemos poner todo en un mis-mo saco, en un mismo bolso, porque confun-

dimos y podemos aplicar a todo y a nada, y eso no nos ayuda en términos de debate y no nos ayuda en términos de la construcción del Estado Plurinacional.

En ese sentido, cuando hablamos de pue-blo indígena estamos hablando de varias cosas compañero, estamos hablando, por ejemplo, de ocupación territorial, estamos hablando, por ejemplo, de usos y costumbres, modos distin-tos, específicos de ese pueblo que se reconoce y que por eso el derecho colectivo tiene la ca-racterística de defender esas condiciones, esas formas de usos y costumbres que han sido en muchos casos marginadas o desterradas por el Estado tradicional que conocemos. Este es un debate viejo en el país, no es nuevo, no lo esta-mos haciendo recién y no lo estamos hacien-do solamente al calor de la consulta. Pero la gran diferencia es que la consulta forma parte de la vida institucional del Estado Plurina-cional; por tanto, es ineludible. Entonces, un aspecto fundamental a entender en este tema es lo siguiente: cuando decimos el Estado, la presencia del Estado y sus instituciones en un territorio, un aspecto que atañe efectivamente a la soberanía y cuando estamos pensando en Estado plurinacional, ¿de qué instituciones es-tamos hablando?

Si estamos reconociendo que el conteni-do y el eje de la plurinacionalidad está en un Estado que está conformado institucional y políticamente por los pueblos indígenas, ¿de qué institución estamos hablando?, ¿de qué instituciones estamos hablando? Estamos ha-blando de las instituciones de los pueblos in-dígenas, entonces no podemos decir: en ese lu-


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gar, en ese territorio tiene que haber presencia del Estado; cuando es un pueblo indígena, las propias instituciones de los pueblos indíge-nas están expresando al Estado Plurinacional, no necesitamos que vayan ahí las institucio-nes que normalmente las hemos identificado como Estado —por decirles, que el INRA esté presente en ese territorio, que el ejército esté presente en ese territorio…— No, porque en la perspectiva de un Estado Plurinacional las propias instituciones de los pueblos indígenas son el Estado Plurinacional en ese territorio, a mi ese razonamiento me parece como base en lo que es el Estado Plurinacional y nos ayuda justamente a identificar ese tema del sujeto.

La segunda cosa que quiero mencionar es la siguiente —y sobre todo para tomar en cuenta la intervención del compañero guaraní, que su nombre no me acuerdo— el compañero guara-ní nos dice: “la mayor experiencia que nosotros tenemos en consulta es la aplicación de la Ley de Hidrocarburos”, esa ley que la habíamos dis-cutido y se la había aprobado en el 2005.

Pero, en ese razonamiento, no podemos quedarnos con esa ley, es parte, pero no pode-mos quedarnos con esa ley, ¿por qué?, porque está la Constitución y por supuesto la Cons-titución la manda esa ley y la Constitución tiene un artículo especifico referido a la con-sulta. Entonces, en materia de derecho, noso-tros, cuando tenemos que defender un derecho tenemos que usar todos los recursos jurídicos que están en juego. Por tanto si bien la Ley de Hidrocarburos ha servido para avanzar y les ha servido de amplia experiencia en términos de lo que es la consulta, la Constitución Política

del Estado boliviano en su artículo 30 habla de la consulta libre, previa e informada, no solo de la consulta y entonces es importante conside-rar esto. Pero también es importante conside-rar que está la Declaración de Naciones Uni-das y eso también tiene que formar parte de lo que es la defensa de este derecho. Pero además, también está lo que son tratados internacio-nales y en los tratado internacionales no sola-mente está el Convenio 169 y la Declaración de las Naciones Unidas, está esto que la propia Constitución reconoce: la jurisprudencia in-ternacional. Entonces no podemos pasarnos por alto, a la hora de defender este derecho, la jurisprudencia internacional, las sentencias de la Corte Constitucional, por ejemplo, que son muy importantes a la hora de definir temas que tienen que ver con el derecho colectivo, el derecho de los pueblos.

Y ahí, por ejemplo, tenemos que considerar como parte de este contexto jurídico, por ejem-plo, esta famosa sentencia constitucional entre el pueblo de Saramaka versus el Estado de Su-rinam que define los alcances de la consulta y que además fue retomada por el anterior Tri-bunal Constitucional en Bolivia para sacar un sentencia que tiene que ver con el Itika Gua-zu; y por ejemplo no podemos pasarnos por alto lo que el compañero del Ecuador el día de ayer nos ha contado, como el caso de Sarayaku, porque esa sentencia que ha salido hace dos meses —si mal no estoy en la fecha— es una sentencia donde define un aspecto que él mis-mo lo decía fundamental: por primera vez la Corte en esta jurisprudencia internacional está reconociendo el titular pueblo indígena como

un titular colectivo y esa sentencia también se aplica en nuestro país, si no estoy mal, y es el artículo 403 o 410 de nuestra Constitución donde se nos plantea el bloque de constitu-cionalidad, ese bloque está conformado por la Constitución, está conformado por los trata-dos internacionales y la jurisprudencia inter-nacional. Todos estos elementos hoy día hacen al balance de la consulta en Bolivia.

Entonces, no solamente podemos analizar en el caso boliviano; no podemos solamente tener como referencia —mejor dicho— en el caso boliviano, lo que es la Ley de Hidrocar-buros: necesitamos por estrategia, por ampli-tud y por mirar la consulta más allá de la Ley de Hidrocarburos, justamente necesitamos retomar la Constitución, la jurisprudencia in-ternacional a partir de estas sentencias de la Corte Constitucional o de la Corte Interame-ricana, y necesitamos nuevamente retomar la declaración de las Naciones Unidas del 2007 que es ley en nuestro país y el Convenio 169 que también es ley en nuestro país, todo eso hace al contexto jurídico de la consulta.

Respuesta Juan Carlos PintoEn primera instancia, pedir disculpas, com-pañeros, si han malinterpretado alguna expre-sión mía y entrar al tema en definitiva. Una aclaración general: cuando se me invitó a mi particularmente, yo insistí en que venía como persona, porque yo represento una institución, que está en proceso de consulta marcado por la ley y, a través de esa ley, es que institucio-nalmente estamos cumpliendo la función. Los resultados que vemos al final de ese proceso

se supone que son parte de un órgano distin-to al de gobierno; por tanto, no puedo inferir una opinión en este momento cuando estamos procesando —justamente— quizás muchas de las ideas que ustedes han vertido, pero la ley marca claramente el papel institucional que nosotros debemos cumplir. Entonces, creo que nos hemos sentido interpelados mucho asu-miendo que somos el gobierno.

Y yo personalmente estoy como alguien que es parte del proceso de transformación y que quiere compartir con ustedes también sus propias inquietudes en relación a eso (…) El proceso no es blanco y negro, los malos están allá y los buenos de un lado: creo que existen matices importantes, y habrá que decir, las fa-llas del gobierno… también tienen fallas en las propias organizaciones cuando ceden su vo-luntad justamente al Estado en relación a mu-chas decisiones. Entonces, creo que hay dos partes que reflexionar en este contexto. Y en esta perspectiva quisiera abordar el hecho de (…) este gran reto que nos propone la Consti-tución en un proceso que se construye, decía-mos, paso a paso.

Y en esta confrontación interna, ideológica, que existe dentro del propio Estado, se ponen énfasis en determinados momentos por una tendencia y otra —es más neoliberal cuando el Estado se asume a sí mismo como Estado, como único portador del poder y vuelve a ser Estado nacional y deja de ser Estado Plurina-cional. ¿[Pero] quiénes van a jalar a que equi-libre? ¿A que busque una equidad propia? Si no son las propias organizaciones sociales —y no solamente a través de reivindicaciones bá-


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sicas, fundamentales, sino a través de proyec-tos de poder— … Y eso es un poco lo que yo he intentado reflexionar con ustedes también, en el sentido de decir, no es solamente decir: “esto no hace el Estado”, sino también ver qué cosa no están haciendo las organizaciones que permita justamente construir o retomar el ori-gen de este proceso de transformación. Creo que no basta criticar desde el balcón, sino: ¿en qué medida estamos discutiendo con la gente precisamente y construyendo con la gente ese proyecto alternativo?

El tema, retomando un poco al compañe-ro Viaña, el tema de democracia intercultural, creo que no se puede construir intercultura-lidad entre desiguales. La interculturalidad que se ha propuesto en la Constitución tiene la obligación —en democracia— de construir condiciones de equidad. En esa perspectiva es que quizás miradas más neoliberales ponen énfasis en otras cosas que no son justamente una mayor participación de las organizaciones indígenas, ¿pero eso corresponde sólo al go-bierno?, ¿o también a las organizaciones? Una vez más, porque la Constitución nos pone ante esa dualidad: Estado Plurinacional y organi-zaciones sociales son el puntal fundamental de la transformación, ¿si uno crece demasiado el otro se achica? Cuando debería ser al revés, cuando este Estado ha sido definido como Es-tado de las organizaciones sociales.

Segundo, cuando se referían al tema, sim-plemente tocando algunos aspectos del tema de la consulta. Estamos hablando de que el proceso en grande, como les decía, está en camino, creo que varias de las organizacio-

nes presentes han estado presentes en las reuniones previas a un gran debate que es la Ley Marco, y la Ley Marco va a tener ese contenido, el contenido que ustedes discu-tan finalmente. Y esa Ley Marco va a otorgar también un papel definitivamente distinto al propio Órgano electoral, habrá que discutir: ¿cuál es el papel del Estado en esta situación, cuál es la relación que se va a tener? ¿Va a ser diferente al contexto latinoamericano?

Es decir, en ninguna parte de los países la-tinoamericanos el Órgano Electoral tiene una función en la consulta, es más bien el ejecuti-vo, y en este caso, en la Ley 222 le otorgan el papel de observación y supervisión, perdón… observación y acompañamiento. La ley mar-co le dará un papel más preponderante, y creo que es parte del debate, es la discusión: ¿qué papel tendría un órgano distinto al ejecutivo en relación a este proceso de consulta? Y qui-zás retomar lo que decía Sarela [Paz]: en ese sentido necesitamos realizar un marco propio de un Estado Plurinacional, creo que el marco —incluso la Ley 169 que ha sido creada ini-cialmente para minorías en un país de mayo-rías— tiene esta suerte de debates, es decir, los que son interculturales también están entran-do al debate porque son parte de una identi-dad. ¿Cuál es el marco de decisión? ¿Cuál es el marco de participación? Yo creo que es un debate que debemos tener y no solamente un tema de confrontación o de negación del otro, sino de decir, cual es la parte que me corres-ponde y cuál es la parte que les corresponde a los otros. No estamos hablando solo de las minorías, de los grupos indígenas del oriente,

sino de mayorías indígenas originarias Ayma-ras y Quechuas que están en este otro lado del país: ¿cuál es su parte? La Constitución da un marco general, pero es parte del debate. Respuesta Gonzalo Gozálvez Bueno, nosotros hemos planteado todo este contexto porque es muy importante creo —en la experiencia que se está viviendo en Amé-rica Latina, en Bolivia— tener todos los ele-mentos para ver qué es lo que vamos a hacer, de qué forma vamos a construir este Estado… Ya esos tiempos en que habían ciudadanos de segunda, de primera, minorías y toda un ins-titucionalidad para minorías, adecuadas para no cuestionar al sistema, para someternos a ese sistema —creo que eso es lo que se está tratando de revertir.

No es lo mismo hablar desde este contexto de consulta como hablar desde la concepción de extractivismo de la consulta. Esta concep-ción de extractivismo, neoextractivismo está recargando sobre nuestros países y sobre nues-tros pueblos toda la carga colonial y capitalis-ta de la historia, sin cuestionar los verdaderos orígenes y causas justamente de la crisis que hablábamos, y por eso es importante plantear-se esas crisis, ¿quiénes van a proyectar para adelante? No los servidores públicos, deberían ser sólo servidores, pero intelectuales que tie-nen ideologías muy orientadas políticamente tampoco, sino los pueblos indígenas, y en esa medida, en esta construcción que se está lle-vando a cabo, adelante, hay una gran compleji-dad que no se la está abordado como debe ser.

Se deben discutir todos los temas y pro-blemas en sus aspectos positivos, negativos, li-

mitaciones, etcétera. Yo escucho fundamentar bastante en la crítica que se hace de la situa-ción actual en términos de consulta, apoyarse en la ONU, apoyarse en la OIT, apoyarse en el Tribunal Internacional, no recuerdo el nom-bre… Pero estas instancias tienen una norma-tiva configurada justamente para países capi-talistas donde se contemplan ciertos derechos y ciertos mecanismos para pueblos indígenas, se rescata un discurso general pero no se ven las limitaciones de estos instrumentos. En la ONU no se plantea en muchos sectores, por ejemplo, el tema de carreteras, ni la ONU, ni en el Convenio de la OIT el tema de la con-sulta y los temas están declarados específica-mente; en estos dos instrumentos no se plan-tea el derecho a veto por ejemplo, sí se habla de un consenso en términos generales, pero los pueblos indígenas no pueden vetar ningún proyecto y está planteado ahí —yo no estoy de acuerdo ni estoy en contra de esto— pero creo que estos elementos debemos discutirlos.

Yo creo que la experiencia boliviana rebasa por demás lo que la ONU contempla en es-tos instrumentos que son muy restringidos, por eso el compañero Zenobio está plantean-do algo que es fundamental: Hay una consul-ta en general y hay una consulta específica de los derechos de los pueblos indígenas. Ambas consultas tienen que llegar al mismo lugar, que es [donde] los derechos humanos que son por igual a todos, ¿por qué es específica la consulta de los pueblos indígenas? No es porque tengan más derechos, es porque se tienen que gene-rar mecanismos para garantizar sus derechos al igual que todos los derechos humanos, pero


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ese es un tema real que aquí es una contradic-ción efectiva, ¿quiénes son indígenas? ¿Cómo se va a establecer la consulta específica y la consulta general? Eso en nuestra normativa no está planteado y eso es porque este proceso es así, así de novedoso, no es porque no se haya discutido ni nada.

Yo creo que esos temas en la Ley Marco, en la Ley General de Consulta deben estar plan-teados con mucha claridad, esos temas hay que discutirlos, porque este no es un país de minorías, como decía Juan Carlos: es un país de mayorías indígenas que se están plantean-do construir todo un país. Esa concepción de que los pueblos indígenas solo están en deter-minados territorios es la forma más colonial en que estas instituciones internacionales han concebido a los pueblos indígenas, porque no son eso, son mucho más y están justamente demostrando [eso] en esta construcción que se está llevando adelante.

Entonces yo pienso que hay un vacío muy grande en términos de la normativa nacional y en términos de la normativa internacional. Creo que Bolivia rebasa por demás su proble-mática, los problemas concretos, los temas, el tema de la plurinacionalidad… Yo estoy de acuerdo con Sarela [Paz], pero eso no está has-ta ahora planteado ni siquiera en las Nacio-nes Unidas. En la declaración de las Naciones Unidas te dice en el último artículo – dice – se respetan todos los derechos de los pueblos in-dígenas y toda esta declaración tiene validez siempre y cuando no afecte la unidad del de-recho de un Estado. Es decir, lo plurinacional como lo plantea Sarela y como se ha plantea-

do con mucha fuerza desde la Constitución, rebasa pues esos límites que el mismo docu-mento que Naciones Unidas tiene. Entonces creo que hay que recuperar discursos de esos instrumentos… pero también ver limites, ver elementos que se van a rebasar en el tema, en el debate y en la construcción de instrumentos como esta Ley Marco.

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panel ‘perspectivas’ con YPFB

Con la participación de las funcionarias

de la empresa pública Yacimientos

Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB):

Isabel Ortiz, Viviana Mendieta

(Asesoras Legales, Dirección Nacional

de Medio Ambiente DNMA) y Adriana

Aguirre (Asesora Legal, Gerencia

Nacional de Seguridad, Salud,

Ambiente y Social GNSSAS)9

[Participante del taller:] En cuanto a la exposi-ción, por ahí han hablado del decreto supremo en cuanto a la compensación a los pueblos indí-genas. Está bien por un lado, estamos de acuer-do por una parte y todos tenemos que rendir cuentas; pero al mismo tiempo para nosotros nos da —por suerte yo conozco parte de ese de-creto supremo, que salió casi a la movilización de este de Tacovo Mora— pero lamentable-mente por ahí el gobierno ha puesto otra traba. Con este decreto supremo, una traba que no va a favorecer a los pueblos indígenas sino, de al-guna manera, va a entorpecer —tal vez pueda decir con este término— el tema de la aplica-ción, la ejecución o el tema de la compensación, ¿no es cierto? (…) por una parte el decreto dice que se respeten nuestros derechos y sus costum-bres, pero en ese artículo, específicamente, don-de… automáticamente nos están sometiendo a rendir cuentas, digamos, al sistema financiero, ¿o estoy equivocado? Porque hay que rendir


cuenta mediante la ley Ley de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO), ¿no es cierto?, ¿por qué? Porque son recursos estatales, yo lo entiendo perfectamente, estoy estudiando contaduría pública, por eso es de que digo es una traba para los pueblos indígenas.

Si bien nosotros tenemos la compensa-ción que se da a cambio por el daño que se está haciendo o se está cometiendo por el impacto ambiental por lo cual [son] los pue-blos indígenas quienes son beneficiados por ese pequeño monto, porque tampoco es una gran cantidad a comparación de las necesi-dades del pueblo indígena… Nosotros eso lo manejamos como pueblo indígena en asam-blea, eso… se decide cómo y con quién o qué trabajo se va a hacer, o en qué se van a inver-tir esos recursos y por ende el dirigente —yo también he sido dirigente— está sometido a rendir cuentas a su pueblo, porque el pueblo es fiscalizador, el pueblo indígena de acuerdo a sus costumbres. Pero aquí ya estamos en-trando, en este caso, con este decreto supre-mo, ya nos están obligando a rendir cuentas al Estado. O sea, no hay, [de] ese ejercicio pleno, todavía —si estamos queriendo hablar de autonomías indígenas— estamos lejos; si el gobierno tuviera la intención tal vez de po-ner en práctica o más que todo viabilizar las autonomías o los derechos de los pueblos in-dígenas sería otro el mecanismo.

Yo creo que está nomas ya, aquí lo tenemos al Presidente [del área de recursos naturales] de la Asamblea del Pueblo Guaraní (…), [que deberíamos] empezar a plantear una nueva Ley de Hidrocarburos, porque en realidad no


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se respetan [los derechos indígenas], a pesar de que los pueblos indígenas estamos queriendo hacer prevalecer esta ley que está ya un poco antigua, es anterior a la Nueva Constitución Política del Estado… Yo creo que debemos trabajar en una nueva ley de proyecto de hi-drocarburos, el planteamiento es serio y fuerte yo creo que lo vamos a hacer como pueblos indígenas, porque no podemos seguir, noso-tros, admitiendo de que el gobierno saque sus decretos supremos. Claro que tiene la autori-dad ¿no?, pero ni siquiera favorece, no hay la consulta en este caso… se aprueba la ley y a continuación dicen que toda ley que esté en plenarias – en instancias en este caso de la Asamblea Legislativa Plurinacional – debe de ser concertada con los pueblos indígenas; cualquier ley que llegue a afectar o que esté, con que esté con esa intención de afectar al pueblo indígena, debe ser consultada. Pero en este caso los pueblos indígenas no [son con-sultados], simplemente se somete a votación al 51% o dos tercios, y como el gobierno tiene todo diputados y asambleístas, en este caso se-nadores, por mayoría se aprueba una ley. Así nuestros diputados, nuestros asambleístas in-dígenas tienen que levantar la mano, no pue-den hacer casi nada, o sea en la práctica, no hay ese ejercicio pleno, de respetar o poner en práctica los derechos de los pueblos indígenas.

[Participante del taller:] Bien, yo solo quiero ser puntual, agradecemos a las compañeras que están ahí de panelistas, en realidad el tra-bajo de la presentación es en conjunto con la nación guaraní y eso tienen que reconocer los

panelistas. Yo lo único que les planteo a us-tedes es que este temas deberíamos ir sociali-zando con otro pueblos ¿sí? Quizás no están sus jefes acá, pero vamos a hablar con los otros porque – como empresa YPFB Corporación – debe ir socializando este tema, con todo el bloque donde va tener la actividad, qué es la consulta. Muy bueno, y estoy viendo que es un trabajo de la APG juntamente con el Ministe-rio de Hidrocarburos, de lograr(… ) este tema de los técnicos especializados(…) Lo hace el pueblo guaraní, actualmente el tema de la eje-cución de la consulta, ustedes lo saben muy bien por discusiones que hacemos. Entonces, yo lo único que pongo en mesa es la sociali-zación, si les podemos facilitar documentos, facilitémoslo porqué estos documentos son públicos, no creo que tengamos miedo de po-nerlo en mesa para que los hermanos vayan socializando, vayan conociendo, cómo se hace, cómo es el inicio, quién elabora el EIA, cómo entra la metodología. Es bonita la presenta-ción que han hecho, me gustó mucho, y bueno pues estamos acá nosotros como Asamblea del Pueblo Guaraní, solo eso.

Ahora, el tema ‘decreto’ eso también hay que ir socializando, porque en realidad era ne-cesidad de YPFB Corporación, es una empresa petrolera que debe pagar compensaciones, in-demnizaciones, servidumbre y para eso necesi-taba ese decreto. Eso nos lo han explicado no sé cuántas veces, eso lo entendemos muy bien nosotros como nación guaraní, como pueblo guaraní, lo entendemos muy bien; siempre lo hemos dicho, ese decreto es parte de ustedes, si como empresa petrolera va a afectar, va a ha-

cer su actividad, tiene que compensar y cuan-do esa compensación es plata, para viabilizar justamente han sacado ese decreto y eso hay que socializar también. Nosotros hemos dicho [con respecto al] (…) tema de la plata de com-pensación, al recibir el pueblo indígena tiene la libertad de gastarlo de acuerdo a sus usos y cos-tumbres y de acuerdo a la necesidad que tiene el pueblo indígena. No lo pueden direccionar y eso no sé cuántas veces lo hemos discutido, los sabe muy bien la compañera, [que] ha estado en Charagua peleando sobre temas así.

Entonces yo lo único [que quiero] es agra-decer mucho, y con todo respeto también soli-citamos que nos facilite esos documentos para ir socializando con los demás hermanos para que no tengamos problemas en la continuidad de la actividad, porque la actividad va a conti-nuar hasta que haya una nueva Ley de Hidro-carburos; el pueblo guaraní tiene su propuesta de Ley de Hidrocarburos también. Entonces, yo creo, mientras la ley este vigente (…) y eso preocupa un poco(…) y eso dice(…) ¿no? Consulta previa(…), pero bueno nos confunde un poco, pero para no salir del tema, nosotros siempre hablamos de [las] consulta y participa-ción que se enmarca sobre temas de hidrocar-buros, seguramente vamos a cambiar en algún momento, pero cuando salga una nueva Ley de Hidrocarburos, porque mientras[tanto] yo creo que no podemos empezar a plantearnos lo que decía la compañera hace rato, ¿de qué se agarra?, no puedo agarrar, puedo hablar de consulta previa, pero entonces, que se separe toda la actividad hidrocarburífera, ¿en qué se agarra? Entonces, para nosotros está bien cla-

ro, clarísimo, por eso yo pongo en mesa este tema, entonces, con todo respeto [pido] nos faciliten la información que tienen, para poder ir socializando con el resto de los compañeros y toda la área de influencia que van a tener. Solo eso. Gracias.

Buenas tardes a todos los compañeros, mi nombre es Osvaldo López, soy representante del pueblo Weenhayek del gran Chaco, y bue-no, como dijo la compañera, voy a ser un poco puntual en preguntar. Yo solamente quiero preguntar [sobre] el tema de las compensa-ciones que se hacen a los pueblos indígenas, porqué en el 2011 nosotros tuvimos la primera consulta con la empresa BG que trabaja en el campo del Palo Marcado, en el primer mo-mento cuando entregaron el DIP, nos decían que solamente eran dos pozos los que tenían que perforar, pero cuando nosotros nos fija-mos en los mapas, en las imágenes satelitales, aparecían cuatro pozos, de esos cuatro pozos, habían tres o cuatro más, en total eran ocho pozos que se tenían que perforar, y esos pozos estaban dentro de la TCO del pueblo.

Sin embargo, la empresa nos salió con que los nuevos pozos que se tenían que perforar – supuestamente eran dos – los habian metido en una sola bolsa [para] la compensación, eso es lo que yo no llego a entender; si la compensa-ción se hace de un solo pozo y después de otro pozo o ¿se mete una compensación en una sola bolsa?, aquí hablamos de cuatro pozos; esa es mi pregunta a las compañeras de Yacimientos y eso es algo muy [importante]… —no sé para mí— hasta me molesta un poco cuando em-


ANEXOSANEXOS

pezó la compañera diciendo que Yacimientos [YPFB], la empresa, es el motor del desarro-llo. Nosotros tenemos en la actualidad, cómo le digo ocho pozos en nuestro territorio y ¿qué desarrollo tenemos?, ¿qué desarrollo tenemos en nuestras comunidades? [no hay desarrollo en] nuestras comunidades del área rural, [ni en las] otras comunidades que están más ale-jadas del pueblo, yo creo que antes de hablar e incentivar algo, tienen que pensar antes, o sea, en nosotros; como pueblos indígenas no podemos lanzar un criterio así nomás, esa es mi pregunta hacia las compañeras.

RespuestasPara aclarar la exposición al respecto – el li-cenciamiento ambiental, la identificación de impactos y el procedimiento que está en el re-glamento interno (en el decreto supremo que nos manda a hacer el reglamento) – del proce-dimiento en sí, ha sido expuesto en función de YPFB Casa Matriz; no nos olvidemos que la Corporación YPFB está formada por empre-sas subsidiarias y la Casa Matriz, [YPFB] es una unidad de negocio aparte, pero es empre-sa pública, es la ex YPFB Residual… El caso de BG, está es una empresa privada que ha suscrito con el Estado boliviano un contrato de operación, en el cual se establecen cláusu-las – cláusulas en el contrato que establecen cómo se van a manejar el tema de indemni-zación, compensación y servidumbres para cumplir precisamente con el título séptimo de la Ley de Hidrocarburos. La negociación por impacto socioambiental de las empresas privadas es absolutamente autónoma, con las

comunidades directamente, influenciadas por el proyecto que ellas manejan. Nosotros aquí, solamente, hemos hecho mención a lo que nos compete, que es el tema de la Casa Matriz. El tratamiento particular que cada empresa – re-pito – tiene que ver con políticas que derivan de sus propias casas matrices y ya tienen una política de relacionamiento comunitario parti-cular y propio, para desarrollar con las comu-nidades, en base tal levantamiento de líneas base de información, de políticas de inversión social, etcétera, por eso con respecto al tema puntual a BG yo no podría dar una respuesta.

RespuestasBueno, viendo un poco la parte que nos ha-bía comentado el señor Nelson Bartolo tiene toda la razón tiene que ser socializado, noso-tros como YPFB para eso estamos acá, que-remos hacer conocer cómo trabaja la empre-sa respecto a todas sus actividades, nosotros no teníamos previsto dejarles el documento, pero tenemos la presentación, si quieren esa se las podemos dejar, si nos hubieran avisado nosotros se las hubiéramos traído ya impresa, pero de todas manera para conocimiento ¿está bien?, o podemos mandar el documento, de-pende de ustedes.

Hermanos, ya que creo que estamos conclu-yendo, ya con las últimas intervenciones, y hermanos pedirles de qué forma [podemos trabajar] – [respecto] a lo que yo estaba vien-do, a lo que estaba exponiendo sobre la li-cencia ambiental, a mi modo de ver es muy cerrado, debería ser un poquito más abierto,

en otras palabras, ¿por qué digo esto herma-nos? [todo] está en un solo documento donde indica cómo debe de ser… Si una comunidad quiere desarrollar su proyecto, necesariamen-te, tiene que hacer su propia ficha ambiental, pero para hacer su ficha ambiental, la comu-nidad o la organización no cuentan con re-cursos económicos, antes de ejecutar el pro-yecto, creo que tiene que ser un poquito más “desarrollativo”, más amplio en dar curso; si una comunidad, si una organización quiere desarrollar temas en cualquier proyecto, no deberían ser tan exigente como las empresas privadas. Entonces, eso yo considero que de-bemos tener en cuenta hermanos, de qué ma-nera se está trabajando, trabajaremos todos conjuntamente compañeros. Gracias.

Buenas tardes, yo me llamo Simón Velásquez, soy de un pueblo indígena Apache que es de los Estados Unidos, soy doctor también de las ciencias políticas; mi pregunta era para las téc-nicas, pero creo que se ha pasado el momen-to, voy a tratar de ponerle un punto final y no alargarme mucho, también pedir disculpas de antemano que si se me tranca el castellano es porque no es mi primera lengua. Mi pre-gunta para las técnicas es: que yo no estaba de acuerdo con la compensación que se les da a las comunidades por la consulta o el proyecto, específicamente cuando dicen que van a haber recursos para salud y para educación; en Es-tados Unidos reconocemos bien lo que es el neoliberal, quieren poner en manos privadas muchas cosas como la salud, la educación, el agua, incluso Bolivia ha tenido una Guerra del

Agua por esos temas, han botado, han tum-bado a esos gobiernos neoliberales, cuando en esos gobiernos los que se encargaban de ejercer los proyectos eran los técnicos, era un círculo bien cerrado, pero los movimientos sociales quisieron abrir ese círculo, tener influencia en el ejercicio de esos proyectos y en la elabora-ción de proyectos alternativos.

Cada ciudadano en Bolivia debe entender que por ser boliviano y al aceptar una identi-dad boliviana, aceptó también deberes y privi-legios, un deber es de pagar impuestos al Es-tado, según ya vimos, [el Estado] los usa no sé para qué tanto, pero el Estado también asume sus deberes y tiene sus privilegios: el privilegio de usar los impuestos, acabo de dar un ejem-plo; pero los deberes [del Estado] son de que cada ciudadano boliviano tenga un nivel de vida digna, educación, salud; esas cosas no se dan a cambio de un proyecto, son derecho de cada ciudadano por ser ciudadano, o sea, es el deber del Estado que ya no es neoliberal, pero que pretende ser plurinacional, especialmente, en esta etapa de dar esos servicios, de salud, educación, agua potable, etcétera, ya no es a cambio de proyectos…

Y mi pregunta para las técnicas era: ¿si acaso la cultura de los técnicos y técnicas ha cambiado tanto de la etapa neoliberal a lo que es ahora plurinacional? Y con el documento que nos están enseñando se ve claramente que no, ahí nomás es un ejemplo pequeño de cómo sigue la misma cultura y no estamos peleando solamente con un gobierno que mete los mili-tares y que trata de dividir a las comunidades y todo eso, pero como que la mente de los que


ANEXOSANEXOS

están a diario en el gobierno viendo el agua correr,, todavía no cambian de mentalidad y por ser técnicas o técnicos en un Estado Pluri-nacional también deben tener un conocimien-to más amplio, de lo que era en los tiempos neoliberales, o sea un conocimiento de qué se trata un Estado Plurinacional y además cuales son los deberes del Estado, no son los privile-gios, pero los deberes del Estado que pretende ser de izquierda también, o sea antineoliberal, cuando la educación y la salud no se deben dar como compensación de un proyecto.

Gracias, no son las personas [presentes de YPFB] a las cuales tenemos que darle este escenario, pero lamentablemente así es el go-bierno, hermanos ecuatorianos, este Estado plurinacional manda a sus técnicos, ni siquiera a sus directores, ese es el escenario del Esta-do plurinacional para empezar ¿no? Lo que yo quería remarcar, mira nosotros como pueblos indígenas a nivel nacional tenemos un plan estratégico que le llamamos PGPI, algunos le llaman plan de vida, donde en nuestro terri-torio lo zonificamos en: potencial turístico, potencial de producción productiva, potencial agroecológico, reservas forestales, cacería, todo lo que es concerniente a ese tema [lo zonifi-camos] dentro de nuestro territorio ¿ cómo estamos organizados? Orgánicamente, un presidente y sus secretarías, tenemos nuestros brazos operativos que están trabajando con diferentes proyectos ahí por ejemplo, tenemos técnicos, el coordinador, técnicos externos y también tenemos técnicos indígenas o coordi-nadores indígenas ¿con qué objetivo? Uno con

el objetivo de que ese técnico indígena conoce nuestro territorio, conoce nuestra cosmovi-sión, conoce nuestros usos y costumbres, nues-tra tradiciones, todo eso. Entonces, nosotros pensábamos que este Estado plurinacional, cuando un hermano indígena aymara de tie-rras altas (…) Pensaban que en ese iba a ser ese Estado Plurinacional, que quiero decir (…).

Ver a un representante de la CIDOB como ministro en un escenario, porque dentro de este contexto – no nos olvidemos – tene-mos cinco organizaciones, fuerzas sociales de base, territoriales(…), podemos decir, que uno todavía(…) no tiene territorio aún. ¿Qué es la Bartolina Sisa?, ¿por qué Bartolina Sisa? Con todo respeto es la esposa de Tupak Katari, en-tonces Tupak Katari es una organización – los interculturales mal llamados, antes colonos, ahora interculturales – es una organización que también tiene su territorio. Entonces, en ese entendido, en ese nivel, yo pensé que en este Estado Plurinacional los interculturales iban a agarrar un ministerio, los indígenas re-presentados por la CIDOB iban a agarrar otro ministerio, así sucesivamente, y esos ministe-rios, no viéndoles como [los] técnicos que han salido. Yo lo digo así (…) porqué [los técnicos] del campo no saben nada hasta el momento, por eso no hay un Estado Plurinacional En-tonces, en ese contexto qué nos puede decir un hermano que ha estudiado en la ciudad, que es de la ciudad, ¿qué nos puede decir cuando ya es ministro?¿nos puede decir nuestros conoci-mientos? ¿cómo puede haber esa lógica?

Entonces, eso tenemos que analizar, yo pensé que el Estado Plurinacional iba a ser

pues, ver un ministro indígena con su abogado, tal vez indígena también, o sea, bien relacio-nado, eso yo pensaba, pero lamentablemente ahora vemos ministros que antes les gusta-ba(…) Por ejemplo, voy a hablar de Romero, Ministro de Gobierno, trabajaba, pues, en el tema ambiental con pueblos indígenas, habla-ba de la Madre Tierra, de la biodiversidad.

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192 FORO RECURSOS NATURALES Y DERECHOS INDÍGENAS • MEMORIA

ANEXOS

Información adicional

Sistematización del taller en línea, ver en http://www.proyecto-nebe.org/posts/viewAll/73

Convocatoria, ver en http://www.proyecto-nebe.org/upload/books/61/Convocatoria_Taller_Derechos_indigenas_y_recur-sos_naturales_viejos_y_nuevos_conflictos_eco_territoria-les_original.pdf

Programa, ver en http://www.proyecto-nebe.org/upload/books/60/Programa_Taller_Derechos_indigenas_y_recur-sos_naturales_viejos_y_nuevos_conflictos_eco_territoria-les_original.pdf

Galería de fotos, ver en http://www.proyecto-nebe.org/galle-ries/viewCover/13

Texto de fondo: “Vivir bien - Buen vivir y su relación con el avance de las industrias extractivas” de Marco Octavio Ribera Arismendi ver en http://www.proyecto-nebe.org/books/viewAll/56

Texto de fondo: “El Caso Sarayaku: una lucha por la Naturaleza y los derechos humanos” de Mario Melo (7p.) ver en http://www.proyecto-nebe.org/books/view/73

Presentación PP del Viceministerio de Desarrollo Energé-tico, ver en http://www.proyecto-nebe.org/books/view/94

Presentación PP de Mario Melo, ver en http://www.proyecto-nebe.org/books/view/95

Textos de fondo: “Diagrama de poder trasnacional. Fuerzas, instituciones, empresa y monopolio” de Raúl Prada (24p.), ver en http://www.proyecto-nebe.org/upload/books/66/Diagrama_de_poder_trasnacional_Raul_Pra-da_original.pdf

“Las diferencias conceptuales entre el anterior y el actual régimen de hidrocarburos” de Roxana Azeñas (13p.), ver en http://www.proyecto-nebe.org/books/view/78

El documento en cuatro partes, “1- Marco conceptual de la nacionalización de hidrocarburos en Bolivia” (49p.); “2- Diagnóstico del sector de hidrocarburos en Bolivia” (52p.); “3- Estratégia de gestión del sector de hidrocarburos” (30p.) y “4- Lineamientos para una nueva ley y una política estatal de hidrocar-buros” (33p.), de Roxana Azeñas y Manuel Morales ver en http://www.proyecto-nebe.org/books/view/79, http://www.proyecto-nebe.org/books/view/80, http://www.proyecto-nebe.org/books/view/81, http://www.proyecto-nebe.org/books/view/82

Presentaciones PP de Carlos Mena, ver en http://www.proyecto-nebe.org/books/view/98

Presentación PP de Belén Paez, ver en http://www.proyecto-nebe.org/books/view/96

Presentación PP de Manari Ushigua, ver en http://www.proyecto-nebe.org/books/view/97

Texto de fondo: “Vivir bien - Buen vivir y su relación con el avance de las industrias extractivas” de Marco Octavio Ribera Arismendi (36p.), ver en http://www.proyecto-nebe.org/books/viewAll/56

Texto de fondo: “Un balance de la consulta previa en el TIPNIS. La consulta como un hecho democrático” de Sarela Paz (5p.), ver en http://www.proyecto-nebe.org/books/view/75

Texto de fondo: “TIPNIS: Una mirada desde la Bolivia que somos” de Juan Carlos Pinto Quintanilla (8p.), ver en http://www.proyecto-nebe.org/books/view/74

Presentación PP de YPFB, ver en http://www.proyecto-nebe.org/books/view/93

Video completo del evento público, ver en http://www.youtube.com/watch?v=ZAUYdWa5cQs

Siglas

ADA: Asociación Departamental de Antropólogos de La Paz

ANH: Agencia Nacional de Hidrocarburos

APG: Asamblea del Pueblo Guaraní

CABI: Capitanía del Alto y Bajo Izozog

CCCH: Concejo de Capitanes Guaranís de Chuquisaca

CGC: Compañía General de Combustibles

CIDH: Corte Interamericana de Derechos Humanos

CIDOB: Central Indígena del Oriente Boliviano

TIPNIS: Territorio Indígena y Parque Natural Isiboro Sécure

CMILAP: Central de Mujeres Indígenas de La Paz

CODENPE: Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador

COMIBOL: Corporación Minera de Bolivia

CONAIE: Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador

CPE: Constitución Política del Estado

CPEMB: Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni

CPILAP: Central de Pueblos Indígenas de La Paz

CRTM: Consejo Regional Tsimané Mosetene – Pilon Lajas

CSUTCB: Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia

DIA: Declaratoria de Impacto Ambiental

DIP: Documento de Información Pública

DNMA: Dirección Nacional de Medio Ambiente

EAE: Evaluación Ambiental Estratégica

EEIA: Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental

FES-ILDIS: Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung en Bolivia

FUNDESNAP: Fundación para el Desarrollo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas

GNSSAS: Gerencia Nacional de Seguridad, Salud, Ambiente y Social

GTI: Gestión Territorial Indígena

INE: Instituto Nacional de Estadísticas

INRA: Instituto Nacional de Reforma Agraria

ISS: International Institute of Social Studies

LIDEMA: Liga de Defensa del Medio Ambiente

MAS-IPSP: Movimiento al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos

MAS: Movimiento al Socialismo

MSM: Movimiento Sin Miedo

MUSEF: Museo de Etnografía y Folklore

NCPE: Nueva Constitución Política del Estado

NEBE: Nacionalización de la Extracción en Bolivia y Ecuador

OAS: Organization of American States

OEA: Organización de Estados Americanos

OEP: Órgano Electoral Plurinacional

OIT: Organización Internacional del Trabajo

OMIM: Organización de Mujeres Indígenas Mosetén

ONE: Organización de Naciones Unidas

ONG: Organización No Gubernamental

OPIM: Organización del Pueblo Indígena Mosetén

PDVSA: Petróleos de Venezuela S. A.

PILCOL: Pueblo Indígena Leco y Comunidades Originarias de

REDD+: Reducing Emissions from Deforestation and forest degradation in Developing countries

SAFCO: Ley de Administración y Control Gubernamentales

SENPLADES: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo

SERNAP: Servicio Nacional de Áreas Protegidas

SIFDE: Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático

TCO: Tierra Comunitaria de Origen

TIPNIS: Territorio Indígena y Parque Natural Isiboro Sécure

UAGRM: Universidad Autónoma Gabriel René Moreno

UCB: Universidad Católica Boliviana

UMSA: Universidad Mayor de San Andrés

UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México

USFQ: Universidad San Francisco de Quito

WCS: Wildlife Conservation Society

YPFB: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos












































194 FORO RECURSOS NATURALES Y DERECHOS INDÍGENAS • MEMORIA

isabella m. radhuber javier salinas, marxa chávez,...

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