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Máster Universitario en Acción Política, Fortalecimiento
Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho
Trabajo Final del Máster
Título del Trabajo: Análisis del grado de afectación del proceso de
negociación de La Habana sobre el régimen político colombiano
Alumno: Víctor Andrés Tovar Trujillo
Tutor: Rogelio Núñez Castellano
Curso Académico 2015-2016
Universidad Francisco de Vitoria
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Contenido
Introducción .................................................................................................................................................. 4
Compromiso .............................................................................................................................................. 6
1. Guerra en Colombia: Balance y perspectivas .......................................................................................... 10
Síntesis .................................................................................................................................................... 10
Sobre los estados de la cuestión .............................................................................................................. 11
Convecciones y consensos ...................................................................................................................... 12
El conflicto colombiano y su condición fenomenológica. ...................................................................... 15
Diversidad de visiones............................................................................................................................. 20
Negociaciones de paz. ............................................................................................................................. 23
Régimen político ..................................................................................................................................... 24
2. Fuerza y orden: el régimen político colombiano ..................................................................................... 26
Conceptos y enfoques .................................................................................................................................. 26
Síntesis .................................................................................................................................................... 26
Batería de conceptos ................................................................................................................................ 27
Violencia política y legitimidad .............................................................................................................. 31
Periodización, régimen político y ciclos de la guerra .............................................................................. 33
3. Violencia rural, paz urbana…violencia urbana ...................................................................................... 37
La génesis de la guerra ................................................................................................................................ 37
Síntesis .................................................................................................................................................... 37
Autodefensa y escalonamiento ................................................................................................................ 38
Reto estratégico y repliegue .................................................................................................................... 43
Conclusiones ........................................................................................................................................... 48
4. Régimen político: la caja fuerte y la caja menor ..................................................................................... 53
Grados de afectación y replicas estructurales .............................................................................................. 53
Síntesis .................................................................................................................................................... 53
El Caguán y La Habana ........................................................................................................................... 54
Salvar los muebles. Negociación en medio de la debilidad política. ...................................................... 56
Contexto regional .................................................................................................................................... 59
3
La Caja Fuerte y la Caja Menor .............................................................................................................. 62
Conclusiones ........................................................................................................................................... 70
5. Conclusiones generales ........................................................................................................................... 75
Bibliografía .................................................................................................................................................. 78
4
Introducción
Colombia padece un conflicto armado interno poco más de sesenta años. Con el transcurrir de los
años, la capacidad de afectación de éste al orden interno colombiano aumentó geométricamente.
Evidentemente, también en escala y capacidad destructiva. Se urbanizó, a pesar de mantener un
grado de fragor alto, prioritariamente en las zonas rurales.
El Estado y el régimen político que lo dirige, a la medida que las condiciones militares y las
coyunturas históricas cambiaban, adecuó sus estrategias militares de acuerdo a las prioridades de
cada momento, apelando a diversas combinaciones entre acciones de combate y fuerza física, y
otras de carácter social y político. Momentos de dialogo, momentos de combate. Sin embargo
existe un común denominador del periodo histórico que aún transcurre: la guerra
contrainsurgente como marco de desarrollo.
De común acuerdo en el campo académico, la guerra siempre contiene la movilización de
recursos e intereses, con ideas y sustentos legitimadores en bastidores. Política. Y en tanto
conflagración violenta de escala relevante, la guerra es un elemento de fuerza y determinante en
relación al régimen político. Es así que hechos mismos de esta guerra, en combinación con
distintas formas de violencia y cambios sociales, provocaron transformaciones y efectos más
profundos sobre el régimen político como lo fue la constitución de 1991. Con interpuestas
negociaciones y desmovilización de grupos insurgentes de diverso cuño ideológico -EPL y M19-.
El “conflicto madre” que estipula la agregación particular concreta del régimen político, en los
últimos cincuenta años, es el adelantado por el Estado central con los grupos insurgentes. En la
actualidad la confrontación determinante es la que se libra contras las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia -FARC-, ergo, su terminación o transformación sustantiva implica
la transformación del régimen político. El resultante de este proceso puede significar la
terminación de un ciclo de violencia histórico de larga duración del país, o al contrario, su
recurrencia con sus derivados de exclusión social, subdesarrollo y deterioro de las condiciones
económicas del país.
5
Ahora arribamos a un escenario de negociación y desmovilización de la insurgencia más fuerte
militarmente en la historia del país, y de mayor duración. Las FARC se encuentran en su punto
de negociación, y busca ingresar a la vida política oficial. El proceso de negociación presenta
señales de estar ya en un punto de no retorno. En tanto eso, los acuerdos celebrados en La
Habana se tornan operativos. Ante esta condición histórica ¿qué tanto de similar a coyunturas
históricas parecidas puede observarse en la resolución política del conflicto interno en un proceso
de negociación con un retador extra-sistémico en lo que respecta al régimen político?
¿Cuáles son los efectos con respecto a la correlación de fuerzas y los procedimientos y
legitimidad del régimen político de los acuerdos adelantados en La Habana? ¿Cuáles son las
posibles razones por las que el rival insurgente se sienta en La Mesa de Negociación? ¿En el
resultante final del eventual final exitoso del proceso de negociación, cuál será el terreno ganado
por las FARC en su objetivo estratégico y último de transformarlo?
Las preguntas anteriores dan medida para formular la pregunta central de investigación de esta
tesina: ¿Cuáles son los efectos de los diálogos en La Habana sobre el conjunto de
componentes del régimen político colombiano? Para ello es importante determinar las
características específicas de ese régimen, como el proceso histórico de formación de correlación
de fuerzas entre él y los actores que lo retan, le compiten y lo niegan.
Esta tesina realiza un análisis pormenorizado de los acuerdos de paz que se han firmado, en
conjunto con sus derivaciones de carácter político y social. Todo ello enmarcado en los cambios
geopolíticos que afectan el “clima interno” particular y exclusivo de la negociación, como del
régimen político nacional.
En consecuencia, esta tesina busca establecer respuestas sobre 1. ¿Cuál es el grado de cohesión
interna del cuadro de mando económico y político acerca de los acuerdos y productos
institucionales y sociales que se emanan de la mesa de negociación de La Habana? 2. ¿En qué
medida el ingreso de un nuevo actor político, de carácter antagónico, al sistema institucional
partidista y político, afecta y transforma la correlación de fuerzas sociales y política del país? ¿Y
la correlación interna en el cuadro de mando? 3. ¿De acuerdo al ritmo de negociación en que
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transcurre los diálogos, cual es el grado de institucionalización resultado del avance de los
acuerdos? 4. ¿El conflicto político armado perderá fuste en la medida que el otro actor insurgente
sigue en actividad? ¿Los grados de violencia social disminuirán? ¿La violencia política
terminará? 5. ¿El exitoso arribo y conclusión del proceso de paz con las Farc significará la
terminación del ciclo pendular de militarización de la política y politización de la guerra?
De hecho, las negociaciones en curso, son la estela de un proceso pendular de guerra y paz, que
han signado la realidad colombiana. Es la tercera vez que el gobierno de turno y las FARC
establecen una mesa de diálogos oficial, además de otros serios intentos abortados. Fenómeno
que algunos académicos han denominado –acertadamente- el ciclo sempiterno entre
militarización de la política y politización de la guerra. Fenómeno que atraviesa la historia
nacional, constituyéndose en la expresión de la “cuestión colombiana” por excelencia.
Compromiso
La tesina cuenta con puntos de partida axiológicos: la procura del análisis y el ejercicio
intelectual a favor del fortalecimiento de la democracia y los valores liberales. Tal determinación
no debe interpretarse como permisividad con la inclinación proselitista, y tanto ideológica, del
enfoque de trabajo. Debe hacerse como la delimitación de unos puntos de partida y un foco de
interés. Los que corresponden a las condiciones sociopolíticas de los regímenes políticos
democráticos. El tipo de régimen de Colombia.
El principio que corresponde en el marco de la formación profesional de alto nivel, es el de
formarse para enfrentar los problemas y retos contemporáneos. En nuestro subcontinente
latinoamericano las derivas autoritarias hacen carrera, con el soporte del populismo. Se reconoce
que los regímenes políticos cimentados en el populismo son proclives a la violencia social
difuminada, como producto de su concentración antidemocrática de poder. Ahora mi país se
encuentra ad portas de cerrar un periodo histórico de altos picos de violencia y de retraso en su
desarrollo y proceso de modernización. Después de ello se enfrentara a la recomposición del país
en un escenario de postconflicto. Los riesgos de retorno no son necesariamente bajos. Es de
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central importancia emprender análisis que aporten a escudriñar los posibles nuevos escenarios
de recomposición social y política en el país. De fortalecimiento de la democracia.
En esta línea de trabajo se orienta la tesina. Determinar un escenario concreto para la acción
política, en relación con el orden institucional colectivo y a su vez que responda a condiciones de
conflicto y disputa de intereses. La coyuntura histórica de Colombia es precisa. Relacionar
régimen político y culminación de la guerra contrainsurgente. Son ámbitos de trabajo y estudio
que se compadecen adecuadamente con los objetivos del Master, acción política, fortalecimiento
institucional y participación ciudadana en el estado de derecho.
Tres objetivos se persiguen en la totalidad de este texto:
Identificar el grado de afectación en el régimen político colombiano, de los acuerdos
establecidos por el gobierno nacional y las FARC en el proceso de paz en curso.
Establecer las posibilidades de institucionalización de los cambios que suceden en el régimen
político derivados del proceso de paz. También sus obstáculos.
Examinar las variables y ventanas de oportunidad para la culminación de los ciclos de
violencia en Colombia como efecto del proceso de negociación del conflicto.
La tesina se divide en cuatro capítulos:
El primero presenta una selección de bibliografía e investigaciones sobre distintos aspectos del
conflicto armado interno colombiano. El criterio para concentrarse en cierta literatura académica
es el que exige el ámbito de indagación: la guerra contrainsurgente colombiana y los estudio de
violencia relacionadas ella. A éste se suma uno de marca particular, lo que de pistas acerca de la
relación de dicho conflicto armado con el régimen político colombiano. Se logran agrupar
investigaciones y textos de todo tipo de enfoque académico, que contribuyen a crear un conjunto
de ideas y parámetros sobre el fenómeno de la guerra colombiana. Se concluye de esto que se
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asume un enfoque físico ampliado sobre la violencia, se comprende al conflicto colombiano
como propio de una guerra contrainsurgente.
En el segundo capítulo se abordan conceptos teóricos y marcos de análisis que rondan por todos
los asertos teóricos y corroboraciones empíricas de los objetos de indagación: el régimen político
y los acuerdos de paz en la guerra contrainsurgente. Se acota dicho conflicto y se delimita la
violencia y sus formas de expresión en el conflicto colombiano. Se abordan igualmente la noción
de legitimidad, sustantiva para la evaluación de elementos de los regímenes políticos: la cohesión
social y la contención de los conflictos internos.
El desarrollo histórico de la guerra contrainsurgente y su relación con el régimen político es algo
que debe tratar de reconocerse en el transcurso de la totalidad del periodo contrainsurgente. El
tercer capítulo se concentra en esta tarea. Identifica como la privatización de la violencia, que
logra pervivir, por la mediación de procedimientos híbridos entre informalidad e
institucionalidad, ha creado fronteras porosas donde asientan violencias difusas, que
posteriormente dan vida a violencia organizada insurreccional. Se establecen los cambios en las
condiciones militares y la correlación de fuerzas en los teatros de operaciones. Se contrasta la
actual experiencia con procesos de negociación previos. Se delimita las condiciones de partida y
llegada a la Mesa de La Habana, y las condiciones de negociación a favor y en contra con que
cuentan las partes
El cuarto capítulo se concentra en exponer los puntos concretos de negociación en La Habana, y
lo que estos implican para cada componente del régimen político. Se privilegia el enfoque
bidimensional para hacerlo, dividiendo la descripción de los posibles impactos en las
dimensiones procedimentales -de forma jurídica y estructura estatal-; y conductuales -relativos a
la cohesión social y la estabilidad política-. Se analizan las condiciones de partida de las FARC
para una eventual desmovilización e ingreso a la vida política legal. Se evalúan a la luz de la
prevalencia del régimen democrático liberal.
Cada capítulo hace uso de los hechos políticos de coyuntura más relevantes en relación al objeto
de estudio general de la tesina. Se vale de conceptos teóricos propios para las coyunturas de
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situaciones insurreccionales; utiliza el método histórico del contraste y la evaluación comparada
de los hechos empíricos. Cada uno se subdivide en una síntesis general de su totalidad, y al final
avisa con conclusiones parciales que contribuyen a las conclusiones generales, que se presentan
al final.
Esta investigación reporta contribuciones para el campo social y político. Igualmente lo hace en
el plano estrictamente académico. En éste, las investigaciones y producciones intelectuales que se
concentran en el conflicto colombiano, en su mayoría, se han enfocado en la descripción de
distintas aristas, en ese momento relevantes para la comprensión de un conflicto que no avizoraba
su resolución en corto plazo: Origen e inventario ideológico y social de los actores armados,
desarrollo particular de la relación política e institucional del Estado con algunos de ellos,
procesos de negociación y desmovilización de actores insurgentes y paramilitares, desarrollos
militares y estratégicos de la guerra, investigaciones testimoniales de víctimas y miembros del
establecimiento político, entre otras.
En cuanto al régimen político y sus transformaciones y relaciones con el conflicto armado son
pocas las producciones de este tipo. Desarrollarlas, profundizar en ellas, más ahora cuando se
avizora su finalización definitiva, es premisa intelectual y de responsabilidad social. De la
adecuada comprensión de este reto académico y político, depende en buena medida el éxito en el
cambio de época que el país quiere emprender: la terminación de la violencia política y su ciclo
de recrudecimiento, escalamiento y degradación; así como el fortalecimiento de la democracia y
las condiciones socio-políticas en el país.
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1. Guerra en Colombia: Balance y perspectivas
Síntesis
Ordenar bibliotecas es ejercer de un modo silencioso el arte de la crítica.
Jorge Luis Borges.
Este capítulo constituye el Estado de la cuestión de la tesina. Pretende desarrollar tres núcleos
argumentativos acerca de: 1. Identificar “la batería” de conceptos referentes para el pleno de sus
análisis; 2. Abordar los desarrollos de carácter investigativo y teórico acerca del conflicto
colombiano, que en sí mismos permiten describir y auscultar las derivas, cambios y permanencias
en el régimen político; y 3. En concordancia y suplemento con lo anterior, proponer ciertas
precisiones y debates acerca de las tesis fundamentadas en las distintas obras.
En este camino, se comienza compartiendo consideraciones de carácter general acerca de los
alcances de los estados de la cuestión, que para efectos particulares, se concentran en señalar la
materia prima, altamente divergente, sobre la que trata -la guerra interna colombiana-, ámbito
claramente de disputa política, y en tanto eso, argumentativa, y en consecuencia, académica. Se
enfatiza la relevancia de seleccionar textos e investigaciones que marcan referencia en el contexto
nacional de Colombia, pues están inscritas en contextos de movilización política, institucional y
discursiva que las influencia -y que ellas mismas representan-, en el objetivo de afectar los
criterios y nociones en el mundo público e institucional en una coyuntura o periodo determinado.
Posteriormente, se presentan obras académicas que definen y contrastan nociones acerca de la
violencia, la guerra y la violencia política. Igualmente sobre la guerra y el régimen político.
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Se continúa con las propuestas que buscan explicar las razones de la existencia de la violencia
colombiana, y particularmente de su conflicto político y armado (fenomenología). Se presentan
investigaciones de alto “peso específico” en el contexto social y académico, que durante distintos
periodos han servido como referente para los debates públicos y desarrollos posteriores en el
campo investigativo. De hecho muchas obras posteriores son respuestas críticas o solidarias con
las distintas perspectivas expresadas en ellas. El empate militar negativo, la respuesta crítica a
ello; las motivaciones económicas y rentísticas; la polisemia e imbricación de diversas violencias,
entre ellas la política; y la violencia como sustrato de conformación del régimen político, son
elementos de apoyo centrales para el análisis y conclusiones de esta tesina.
Para efectos de la concepción, el accionar y modos de organización y conglomeración de fuerzas
políticas y sociales, se consideran y revisan las posturas, visiones, posiciones e interpretaciones
de los actores sociales que participan directamente del conflicto. Para esto las obras de carácter
testimonial, ideológico y periodístico son de valiosa pertinencia. Se privilegian -en el extenso
campo de publicaciones que produce en el país en esta perspectiva- las de mayor impacto y grado
de incidencia en sectores sociales y políticos, procurando considerar las distintas partes en
conflicto.
La revisión documental termina con los textos de apoyo acerca de la relación violencia, guerra y
régimen político. Para ello se compendian producciones académicas que proponen teoría al
respecto y que se enfocan en la realidad colombiana.
Sobre los estados de la cuestión
El campo temático que aborda esta tesina es bastante amplio y complejo. En tanto ello es
menester acotar. Bajo esta consideración, los estados de la cuestión deben orientarse a fortalecer
los puntos de análisis, el ordenamiento expositivo, y la categorización conceptual y temática
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particular, de cada acción de conocimiento1. Es imposible, en casi todos los temas, recopilar la
totalidad de producción académica.
En el caso del conflicto político y armado colombiano la literatura académica e investigativa es
basta. Una tesis que arrojo es la que dicta la violencia política como sedimento de su desarrollo
territorial e institucional. Todos los sectores influyentes y en disputa, la han interpretado,
explicado. Últimamente -en términos históricos- el confuso panorama que reporta la estructura
criminal del narcotráfico oblitera las conclusiones analíticas.
A pesar de lo confuso y disímil que puede parecer el conflicto, las razones y motivaciones
políticas dictan su decurso histórico. Esto se halla en las expresiones públicas de los cuerpos
paramilitares, de los frentes insurgentes, obviamente en las fuerzas estatales, incluso en ciertos
aspectos de los cuerpos criminales relacionados con el narcotráfico. El proceso de paz parte, y se
nutre, de esta condición.
La recopilación documental que conforma este estado de la cuestión asume estas prerrogativas y
consideraciones. En tanto ello, se concentra en seleccionar las producciones académicas y la
información primaria con un carácter diverso, que contribuya a conjurar el reduccionismo
informativo o los limitantes interpretativos propios del acotamiento elegido por nuestro objeto de
indagación.
Convecciones y consensos
En la academia, los conceptos y nociones comportan expresiones de campos en disputa.
Democracia, justicia, destino, legitimidad, desarrollo, progreso, crecimiento, derechos, entre
otras, expresan esta condición. Por tanto su producción académica es incesante.
Para nuestro caso nos interesa asir algunas de ellas, centrales para nuestro tema de análisis. Son
estas: Violencia, guerra y el atributo político que cada una exprese.
1 Entenderemos acción de conocimiento en este texto a todas las distintas razones que existen para elaborar un estado
de la cuestión de un tema en particular. Pueden ser de carácter investigativo, de I+D, de elaboración de tesis
científicas o para procesos académicos -como una tesina-, o ya sea para consultorías del sector privado, por razones
de Estado; y de carácter estratégico y/o militar.
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Como partidor iniciemos con la literatura académica que estipula la violencia en su estatuto
constitutivo en sí. Acción de categorización a la luz del conflicto colombiano.
Existen dos conjuntos -en general- de definiciones sobre la violencia. Uno que asume -y limita-
como violencia todas sus manifestaciones físicas, materiales. El otro, que se concentra en sumar a
ésta, todas las expresiones intangibles que acontecen en el seno de las disputas por los intereses y
recursos en los colectivos sociales.
Responden a la primera vertiente la conocida obra de los dos Álvaros, Camacho y Guzmán,
Colombia; Ciudad y violencia2. La obra a dúo, Dos ensayos especulativos sobre la Violencia, del
historiador británico, Malcolm Deas y el fallecido economista Fernando Gaitán Daza3. Un
extenso y copioso esfuerzo, en igual perspectiva, representa la obra criminalística de Mauricio
Rubio, Crimen e Impunidad.4
El segundo enfoque, en contraste, produce importantes obras que se concentran en medir,
estipular, expresar y analizar otras expresiones de la violencia (violencia estructural). Desde este
punto de partida se desarrollan análisis condensados en obras como la canónica propuesta de esta
índole, de Johan Galtung. Distintas obras a la largo de su carrera ofrecen elementos valiosos para
el temario de la tesina.5
En particular, la reconocida propuesta de Galtung es más que útil para ejemplificar el carácter de
soporte analítico del discurso académico, para el marco interpretativo sobre el régimen político.
Sus variadas interpretaciones del fenómeno que nos atañe y sus consecuencias en forma de
réplicas y resonancias sobre aquél. -Aspecto que se desarrolla más completamente en el marco
teórico-. Las tesis subjetivas y objetivas de la violencia en general son una reformulación de la
violencia estructural. Éstas últimas, constitutivas del inventario de argumentos públicos del
2 Camacho G, Álvaro y Guzmán B; Álvaro. Colombia; Ciudad y Violencia. Ed Foro Nacional por Colombia,
Bogotá.1990 3 Deas, Malcom y Gaitán D; Fernando, Dos Ensayos Especulativos Sobre la Violencia, Fonade- DNP. Bogotá, 1995
4 Rubio, Mauricio. Crimen e Impunidad, Tercer Mundo- Uniandes. Bogotá. 1999.
5 Cfr. Galtung, Johan. Violence, Peace and Peace Research. Journal of Peace Research # , 1 9 6 9 ; T a m b i é n :
G a l t u n g , J o h a n . V i o l e n c i a C u l t u r a l ; Gernika-Lumo (Bizkaia) : Gernika Gogoratuz. 2003.
14
gobierno de Belisario Betancur. El primero en establecer una negociación política claramente
definida con la insurgencia -1982-.
Como obras representantes tributarias de estos hechos, podemos señalar La estructura del
conflicto y su resolución de Pedro Valenzuela6. Podríamos decir que en este texto la condición
legataria de la original tesis de Galtung es claramente expresa. Ésta es una producción icónica de
ello. Tesis propiamente hechas contexto explicativo en la convulsa década de los años ochenta.
Un buen texto, publicado en el último año de ésta -1989- sirve de síntesis de estos años de
intenso debate público y de difíciles momentos militares y sociales. Replanteamiento del origen
de la violencia: estructura o Actores políticos7 es una publicación que se convierte en referente
para el debate político que emerge en los años noventa. El politólogo e historiador jesuita Fernán
Gonzalez, y el sociólogo Eduardo Pizarro Leongómez -hermano del entonces comandante del M-
19, y posteriormente asesinado como candidato presidencial, Carlos Pizarro Leongómez- logran
replantear tesis de otras producciones académicas, que atendiendo a la creciente polisemia de
violencias ya consideradas en el seno de lo social, diluyen aspectos relevantes de las
contradicciones nacionales, que proseguían estructuradas en un conflicto político, como lo es la
inequidad social. Producciones que son auspiciadas por el propio Estado central, para enmarcar el
debate ideológico y público sobre el conflicto en terreno aceptado y controlado por el régimen
político. No por ello, dichos esfuerzos carecen de fundamento académico o rigor metodológico.
El ejemplo central de estos es el informe de la Comisión de Estudios Sobre la violencia:
Colombia: Violencia y Democracia8. Comisión constituida bajo iniciativa del gobierno de
Virgilio Barco. Gobierno que adelanta un replanteo de la negociación política del conflicto -en
ese momento impopular-, con una de las insurgencias más mediáticas del país: el M-19.
El abrumador ascenso social del narcotráfico, y en tanto eso, político, transformó una buena parte
de las relaciones de fuerza que estructuraban el conflicto colombiano. Entre ello la imagen
pública. Relación comunicativa e imaginativa que tomaba forma con ayuda del inmenso poder de
fuego de los carteles de la droga en la ciudad, lo que daba otra tonalidad al conflicto. Se urbaniza
6 Valenzuela, Pedro. La Estructura del Conflicto y su Resolución. En: Varios. Democracia y Conflicto en la Escuela.
Instituto Luis Carlos Galán. Bogotá, 1994. 7 González Fernán y Pizarro L, Eduardo. Replanteamiento del Origen de la Violencia: Estructura o Actores Políticos.
Revista de la Universidad Nacional. #21, Bogotá. 1989. 8 Comisión de Estudios Sobre la violencia. Colombia: Violencia y Democracia. Universidad Nacional. Bogotá.1987.
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definitivamente. En esta medida el relato político sobre la violencia perdía presencia, fenecía. Y
las violencias en cuanto a su imagen pública, ambas, tanto las que detentaban el estatuto de
violencia legítima, como las que se hallaban en su búsqueda expresa y prioritaria, devenían en
violencia difusa, antisocial. Anomia.
Para abordar el tema central de la tesina es inapelable acotar el campo de sucesos y acciones de
los actores en conflicto que mantienen o persiguen su legitimidad. Que otorgan a su violencia
carácter político. Constituir el campo de la violencia política. Buen fundamento para ello es el
texto del filósofo de la Universidad del Valle, Angelo Papacchini. Los derechos humanos, Un
Desafío a la Violencia9 es una obra que se concentra en disertar sobre los estatutos de la
violencia, en clave de su legitimidad. Fuerza y violencia es su principal tándem analítico.
La legitimidad de las violencias se constituye gracias a su carácter productivo de orden. A sus
capacidades especificas en ello. La violencia que produce orden deviene en orden sociopolítico.
El estado donde la violencia prima sobre otra posibilidad o forma para la transacción es la guerra.
Según esto, es central identificar cuando se asiste a condiciones de guerra, y cuando ésta se
encuentra subordinada, o en momentos de hibernación, dando paso a los momentos políticos y
discursivos. En esta perspectiva cobra importancia la propuesta analítica -ya canónica- de
Clausewitz. Arte y Ciencia de la Guerra10
, es bibliografía obligada para cualquier tesina cercana
a ésta.
El conflicto colombiano y su condición fenomenológica.
La tesina requiere para una comprensión más aproximada sobre el régimen político, abordar, en
general, las distintas fases históricas del conflicto. Se comprende que no es prudente afrontar toda
la literatura sobre un fenómeno social de tan larga extensión cronológica, para el sustento de una
tesina que se concentra en lo que estrictamente se reconoce como estudio de coyuntura. Sin
embargo, el desarrollo histórico del régimen político es aspecto muy significativo para el análisis
de los efectos de los procesos de paz en él mismo. Los cambios en los enfoques de explicación y
9 Papacchini, Angelo. Los Derechos Humanos, Un Desafío a la Violencia. Ed. Altamir. Bogotá 1997.
10 Clausewitz; Claus Von, Arte y Ciencia de la Guerra, Grijalbo, México, 1972.
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auscultación de los hechos de cada momento nos reportan buenas pistas en este sentido. Los
regímenes políticos buscan establecer las fuerzas, reglas de juego y escenarios para el desarrollo
del poder. Uno de los ámbitos de este despliegue siempre lo es la razón explicativa. La razón
argumentativa. El discurso formal. Académico.
En la segunda mitad de los años sesenta, cuando el Frente Nacional ya comienza a comportar
visos de consolidación; a su vez que el tipo de conflicto, sus alcances, conformación de actores y
tipos de estrategias militares cambian, aparece una obra que es considerada “bisagra” en el
análisis el conflicto colombiano. La Violencia en Colombia11
inaugura la escuela consuetudinaria
conocida en el mundo académico doméstico como “los violentólogos”. En un contexto discursivo
organizado básicamente en posiciones manifiestamente partidistas o ideológicas, emerge una
obra con método y rigor académico e investigativo. A su vez que cuenta con una “batería” de
conceptos analíticos y cotejos empíricos y estadísticos solventes. El efecto es su irrupción general
en el contexto político y universitario local.
Esta investigación dirigida por dos sociólogos12
y un abogado aportan dos elementos inéditos
hasta ese momento en materia del análisis de la guerra de baja intensidad. 1. Marca un rigor
académico sobre el tema antes inexistente. 2. Aporta dos elementos de análisis: la dimensión
social de la violencia política, y la delicada “línea roja” de fragilidad de la institucionalidad
colombiana.
Durante la década de los años setenta se puede afirmar que se asiste a un comportamiento inercial
en materia del conflicto armado. Este aún no se hace muy presente en su aspecto militar en las
zonas urbanas. Sin embargo la aparición de dos actores socio-políticos y militares evidencian los
cambios sociales en ciernes que se desarrollaban en el país.
El Frente Nacional representaba para buena parte de las fuerzas políticas no bipartidistas un
régimen excluyente, del cual no podían participar. Esta consigna fue enarbolada por distintas
11
Guzmán, Campo, Germán; Fals Borda, Orlando; Umaña L., Eduardo. La Violencia en Colombia. 2 Vol. Tercer
Mundo. Bogotá 1964. 12
Al momento de su publicación, la sociología se encontraba en sus años fundacionales en Colombia.
17
propuestas del espectro ideológico. Fue la razón primaria del MRL13
, y el mayor catalizador a
favor del único movimiento que logró poner en riesgo el control férreo del bipartidismo: La
Alianza Nacional Popular -Anapo-, en cabeza del ex dictador Rojas Pinilla14
.
La derrota del Rojas Pinilla, a manos del conservador Misael Pastrana Borrero representó el
quiebre institucional con buena parte de las mayorías de clase media y popular con la vía
electoral. De los reclamos de fraude electoral surgen las bases dirigentes de la guerrilla más
mediática que existió en Colombia: el M-19. Las condiciones del M-19, de base
mayoritariamente urbana, expresan el país en ciernes que ya arribaba para las dos últimas décadas
del siglo XX. Es el M-19 quien protagoniza los hechos militares de mayor impacto público del
momento, como lo son la toma de la Embajada de la República Dominicana en 198015
, el robo de
armas del Cantón Norte en 197816
o la toma del Palacio de Justicia en 198517
.
El narcotráfico crecía. Tanto en su capacidad operativa, el volumen económico de sus ganancias,
como en su sedimentación social y política. Transformó el conflicto armado, influyendo y
cooptando elementos de todos los actores armados en contienda. Incluso sus bases logísticas, sus
intereses coyunturales y su capacidad de agregación social popular fueron elementos de partida
13
Movimiento Revolucionario Liberal. Disidencia liberal, liderada por Alfonso López Michelsen, hijo del ex
presidente Liberal Alfonso López Pumarejo, icono de la hegemonía liberal de la década de los treinta. Dicha
disidencia mantuvo su existencia durante un lustro. Posteriormente López Michelsen regresa al Partido Liberal, para
ser electo presidente en 1974. El primer gobierno que técnicamente daba fin al Frente Nacional, aspecto solo formal,
pues en los hechos el acuerdo de un gabinete bipartidista se mantuvo hasta finales de la década de los años ochenta. 14
De hecho, en la contienda electoral de 1970, la cual por alternancia correspondía a un presidente conservador, la
Anapo enfrentó con altas posibilidades de victoria al candidato oficialista. 15
La toma de la Embajada Dominicana representa hecho militar de carácter político que irrumpe en la realidad
nacional y otorga a las fuerzas insurgentes el carácter de interlocutores políticos. El objetivo del M-19 es la
liberación de sus presos políticos por el gobierno de Turbay Ayala, lo que posteriormente riposta en la amnistía
política otorgada por el gobierno de Betancur en 1982 para dar inicios al primer proceso de paz propiamente dicho en
el país. 16
El robo de armas del Cantón Norte -instalación militar- dio inició a la estatuto de seguridad del gobierno de
Turbay Ayala. Política de Estado de sitio que arreció la guerra y la represión estatal. 17
Hecho “parte aguas” del conflicto colombiano, que representa la ruptura definitiva del proceso de paz con el
gobierno de Betancur y que significa un acto de guerra estatal e insurgente que aún mantiene las heridas abiertas y la
polémica nacional por excesos militares y crímenes de lesa humanidad de ambas partes. En esta toma fueron
asesinados la mayoría de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, máximo tribunal del país en el momento.
Recientemente -diciembre de 2015- el coronel Plazas Vega, comandante de las fuerzas del ejército en este evento, y
condenado por la desaparición y tortura de tres personas, fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia. Hecho que se
inscribe en el marco del desarrollo del proceso de paz en ciernes y que entre uno de sus puntos neurálgicos está la
constitución de una comisión de la verdad y la reparación.
18
para la conformación de nuevos actores armados con alta capacidad de fuego y daño colectivo
como lo son los cuerpos paramilitares.
La llegada de estos dos nuevos elementos, en conjunto con el paramilitarismo, provoca que en la
década de los ochenta la condición articuladora omnicomprensiva de la violencia política sobre
las demás violencias pierda relevancia. Ya hemos mencionado el esfuerzo del gobierno Barco
para afianzar esta perspectiva con el informe de la Comisión de Estudios Sobre la Violencia18
. El
esfuerzo de esta obra por categorizar y describir distintas expresiones de violencia, presenta la
idea de un inventario de violencias polisémicas y en cierto grado promiscuas. A pesar de esto, su
aportación es sustancial por el arduo trabajo de recolección de información. Esta obra marca la
pauta para el debate nacional durante buena parte de los años noventa. Un elemento de referencia
que influye en debates posteriores es su caracterización de la violencia como un instrumento y
vehículo para el ascenso social y la consecución de intereses. Es decir, un reconocimiento tácito
de la debilidad institucional para monopolizarla.
Existe otra obra, que sin emular aspectos de subestimación de la violencia política como
fenómeno articulador de la historia colombiana y de sus hechos de violencia contemporáneos,
reconoce el escalamiento de la conflictividad social y la anomia. Se trata de los textos del
historiador francés y experto en historia colombiana, Daniel Pécaut Pasado, Presente y Futuro de
la Violencia19
; y Orden y Violencia, Evolución sociopolítica de Colombia entre 1930 y 1953.
Dos textos de Pizarro León Gómez -adicionales al ya mencionado publicado a dos voces20
- son
centrales para esto: Insurgencia sin Revolución21
y Una Democracia Asediada: Balance y
Perspectivas del Conflicto Armado Colombiano22
. En el primero se acuña la tesis de la
insurgencia crónica -desarrollo más elaborado del empate militar-. En el segundo, más reciente,
18
Op. Cit. En esta obra se percibe un tono de morigeración de la violencia política, a la cual se le otorga una
aportación de hechos de menos del 15%, de lo que se podría concluir un peso específico más relevante para acciones
del narcotráfico o de la delincuencia común. Aspecto que no riñe con los hechos facticos. Sin embargo, en
concordancia con la exhortación de las tesis de esta tesina, es una visión limitada y coyuntural. 19
Pécaut, Daniel. “pasado, Presente y Futuro de la violencia. Revista Análisis Político #30. Instituto de estudios
políticos e internacionales. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.1997 20
González Fernán y Pizarro L, Eduardo. Op. Cit. 21
Pizarro Leongómez, Eduardo: Insurgencia sin Revolución. Ed. Tercer Mundo-IEPRI. Universidad Nacional de
Colombia. Bogotá 1996. 22
Pizarro Leongómez, Una Democracia Asediada: Balance y Perspectivas del Conflicto Armado Colombiano.
Bogotá. Grupo empresarial Norma. 2004.
19
ya se consideran los cambios geopolíticos regionales, el Plan Colombia, las transformaciones en
las matrices de producción y acumulación, y se arriesga a avizorar un punto de inflexión para la
negociación definitiva.
El empate militar negativo gozaba de popularidad académica. Y por ello mismo contaba con
acérrimos críticos que destacaban la abierta posibilidad de la victoria militar del Estado. En este
enfoque se resalta información cuantitativa y táctica, que bebe de la escuela economicista del
conflicto; la cual tiene al profesor de economía y política pública Paul Collier23
uno de sus
representantes más conocidos. Es el caso de Alfredo Rangel24
, economista, y hoy Senador de la
República en representación de los sectores adversos al proceso de negociación.
Otros pasajes útiles son los que aducen el traslapo de las distintas violencias, que si bien
singulares y diferenciadas, fluyen al ritmo de los sucesos y desarrollos de la violencia política.
Describen acontecimientos y hechos que inicialmente emanan como una acción de coyuntura,
posteriormente sedimentan en razones de peso histórico que condicionan y transforman el
conflicto en general y el mismo régimen político y social. Se pueden enumerar las aportaciones,
nuevamente, de Pécaut: Crónica de Dos Décadas de Política Colombiana (1968-1988)25
; la
completa compilación de Francisco leal Buitrago y León Zamosc Al Filo del Caos26
, proveniente
de un seminario realizado en USA al final de la década de los ochenta, donde académicos
colombianos y extranjeros, reflexionan sobre la condición del conflicto y sus aristas -para
entonces- más relevantes. Con similares orígenes -un seminario de expertos nacionales y
foráneos- se produce la compilación La Irrupción del Paraestado27
, compilación importante para
caracterizar el arribo de uno del paramilitarismo. Uno de los actores más influyentes en los
cambios de la guerra colombiana.
Para la línea de indagación que se propone en este trabajo, las tesis desarrolladas por Pizarro
Leongómez en su publicación más reciente, complementadas por elementos racionales sobre los
23
Para mayor detalle Cfr. Collier, Paul. Causas Económicas de las Guerras Civiles y su Implicación para Diseño de
Política. En: Planeación y Desarrollo. Vol. 31, No. 01-02, Ene.-Jun. 2000. Departamento Nacional de Planeación.
Bogotá. 24
Rangel, Alfredo. Colombia: Guerra de Fin de Siglo. Ed. Tercer Mundo.- Uniandes.. Bogotá.1998. 25
Pécaut, Daniel. Crónica de Dos Décadas de Política Colombiana (1968-1988). Ed. Siglo XXI. Bogotá.1988 26
Leal, Buitrago y Zamosc, León (editores). Al Filo del caos. Ed. Tercer Mundo- IEPRI. Universidad Nacional de
Colombia. Bogotá.1990. 27
Palacio, Germán (comp.) La irrupción del Paraestado. Ed Cerec- ILSA. Bogotá.1990.
20
fundamentos socioeconómicos de las guerras planteados por Collier, son la mejor mixtura
interpretativa que se compagina con la afectación del régimen político colombiano por su
conflagración interna.
Diversidad de visiones
La guerra colombiana de mitad de siglo XX en adelante se ha transformado constantemente. Ello
incluye el abordaje académico y discursivo. Durante la década inicial del proceso de formación
del conflicto político y armado vigente, el fenómeno era un asunto del “mundo rural
semisalvaje”. Por supuesto que no era lo real, si no, en tanto el estado de formación de su imagen
pública nacional. Derivados de la violencia política partidista oficial, previa a la dictadura de
Rojas Pinilla28
, la violencia resultante, propia del bandolerismo, y de poca o escasa concentración
organizativa, difuminaba sus acciones de manera polivalente, reportando estados de
incertidumbre explicativa para mucha parte de la población. Antes todo era codificable en el
binomio liberal-conservador. Era el eje estructurador de los picos de violencia recurrentes, e
incluso, de las violencias domésticas, como lo eran las riñas de familiares y de vecinos por su
ideología política.
Durante estos años -postdictadura y primera mitad de la década de los sesenta-, que podemos
denotarlos como de transición y génesis, era estratégico explicar el caos difuso. Tanto para
mantener la iniciativa ideológica-política, como para el control social. Los cuatro textos más
representativos sobre el conflicto en desarrollo en ese momento son de clara confesión política.
De La República a la Dictadura29
, del dirigente y pensador liberal, y ex presidente del Frente
Nacional, Carlos Lleras Restrepo, recoge sus discursos e intervenciones desde 1941 a 1954.
Aportaciones de clara influencia en los núcleos dirigentes e ideologizados del mayoritario partido
liberal. La contra parte conservadora, en la misma dirección, publica sus criterios e
interpretaciones del conflicto. En cabeza del secretario de la presidencia de Mariano Ospina
28
Gustavo Rojas Pinilla. General colombiano. Único dictador oficial en Colombia en el siglo XX. Gobernó desde
1953 a 1957. Una tesis fuerte sobre su ascenso al gobierno, que ha hecho carrera, es la que lo afirma como producto
de un consenso de las elites dirigentes del bipartidismo -liberales y conservadores-, en aras de pacificar el país,
sumido en una cruda guerra social motivada por la confrontación bipartidista de las tres décadas previas.
Posteriormente, los mismos sectores dirigentes aúnan esfuerzos para su cesación, el acuerdo bilateral y al
constitución del periodo histórico de conciliación llamado el Frente Nacional. 29
Lleras Restrepo, Carlos. De la República a la dictadura. Ed Argra. Bogotá. 1955
21
Pérez30
, Rafael Azula, el ideario conservador estipula sus más acidas apreciaciones sobre la
guerra social y los picos de violencia que se desarrollaron en su último gobierno pre-dictadura.
De la revolución al Orden Nuevo: Proceso y Drama de un Pueblo31
es una obra claramente
confesional e ideológica.
Para mayor aproximación a la realidad se requiere triangular la información. En esta perspectiva,
se deben considerar las voces de los actores y las versiones de las distintas partes del conflicto.
Eduardo Franco Isaza, comandante de las guerrillas liberales, nos arroja elementos a forma de
calidoscopio de estos convulsos e inconclusos momentos de la historia colombiana. Las
Guerrillas del Llano32
fue un libro prohibido durante muchos años en Colombia.
Las guerrillas liberales, al distanciarse de la dirigencia partidista y obtener un mando operativo y
político autónomo, reductos de ellas, son influenciadas por el Partido Comunista, de carácter
clandestino en buena parte de su historia hasta ese momento. Incluso con la constitución del
Frente Nacional, esta condición se profundiza durante buena parte de la segunda mitad del siglo
XX. Aun así, los militantes y la dirigencia comunista se las arreglan para participar en las
contiendas electorales, en listas y movimientos no proscritos, como el MRL (en la década de los
sesenta). Treinta años de Lucha del Partido Comunista en Colombia33
es una obra adecuada para
aproximarse a ello.
Si bien el informe periodístico no es estrictamente un ámbito privilegiado para la producción
académica de teoría política, ciertas obras de este tipo son bastantes valiosas para la investigación
de fenómenos políticos. Se comprenden dichos trabajos periodísticos y testimoniales como apoyo
para abordar aspectos del régimen político que no son fáciles de entrever en las versiones
oficiales y provistas de importancia para el debate público.
30
Presidente del corto periodo conservador previo al golpe de Estado concertado con Rojas Pinilla. Durante su
mandato acontecieron distintos eventos de violencia social y política que dieron inicio al periodo conocido como La
Violencia. Su ascenso del poder sucede después de que el partido liberal se niega ir a elecciones aduciendo falta de
garantías al observar la violencia exterminadora, dirigida mayoritariamente hacia la militancia liberal (mayoritaria)
que durante finales de la década de los cuarenta asoló al país. En su gobierno es asesinado Jorge Eliecer Gaitán y
sucede El Bogotazo. Acontecimiento que divide la historia del país. 31
Azula Barrera, Rafael, De la Revolución al Orden Nuevo: Proceso y Drama de un Pueblo. Ed. Kelly. Bogotá. 1956 32
Franco Isaza, Eduardo. Las Guerrillas del Llano. Ed Hombre Nuevo. Bogotá 1976. 33
Comisión del Comité Central del Partido Comunista. Treinta años de Lucha del Partido Comunista en Colombia.
Ed paz y Socialismo. Bogotá.1960
22
Con estas características se cuenta con la entrevista de Ramón Jimeno al icono insurgente del M-
19, Jaime Bateman Cayón, Oiga Hermano34
. De singular interés ya que en ella, es cuando esta
organización armada expresa a la luz pública por primera vez sus raíces políticas, su visión del
conflicto y sus propuestas y posiciones en la coyuntura al que asiste el país al inicio del gobierno
de Belisario Betancur -1982-. Por la similar vera transitan Siembra Vientos y Recogerás
Tempestades35
, de la periodista Patricia Lara; y Las Guerras de la Paz36
, de la condecorada
periodista Olga Behar; esta última desarrollando similar papel, pero con el Ejército de Liberación
Nacional -ELN- y el Ejército Popular de Liberación -EPL- .
Especial interés representa La paz, La Violencia: Testigos de Excepción37
, de Arturo Álape. Las
voces que se leen en esta obra periodística no son solo la de la insurgencia o una exclusiva parte
del conflicto. Personajes del establecimiento, de la política y la academia hablan y explicitan su
visión del país y la violencia. De ahí su riqueza.
Sobre el actor insurgente que constituye temario central de esta investigación: Las FARC, se opta
por dos apoyos acerca de su visión y perspectivas de la política y sociedad colombiana. El
primero se halla en la excelente obra testimonial del sociólogo Alfredo Molano, Trochas y
Fusiles38
, que a modo de relato etnográfico nos reporta la visión y perspectivas de los dirigentes
de la organización subversiva, al tenor de la descripción de sucesos icónicos del conflicto
colombiano; el segundo proviene de la incesante producción de declaraciones, hechos y
documentos del bando insurgente propios de la coyuntura y que se encuentran en distintos
medios de prensa masivos y alternativos, así como en el sitio web de la organización.39
34
Jimeno, Ramón. Oiga Hermano. Ed Macondo. Bogotá.1984. 35
Lara, Patricia. Siembra Vientos y Recogerás Tempestades. Ed. Planeta. Bogotá.1982. 36
Behar, Olga. Las Guerras de la Paz. Ed. Planeta. Bogotá.1985. 37
Álape, Arturo. La paz, La Violencia: Testigos de Excepción. Bogotá. Ed. Planeta. 1987 38
Molano Bravo, Alfredo. Trochas y Fusiles. Ancora Editores. Bogotá. 1994. 39
http://farc-ep.co/
23
Negociaciones de paz.
Gracias a la extensión del conflicto armado colombiano, se han desarrollado distintos momentos
históricos de picos de violencia y de negociación política. Aun así, los años de escalamiento del
conflicto, y su clara urbanización, se reconocen más claramente en las tres décadas y media
anteriores. Siendo la década de los ochenta el periodo cronológico de recrudecimiento y
propulsión geométrica. En medio de esos momentos aparecen procesos de negociación, unos
llevados a fin de término, otros abortados.
En esta dirección, a guisa de modelo comparativo, la obra de la historiadora Socorro Ramírez y
Luis Alberto Restrepo Actores en conflicto por la paz40
, se concentra en explorar los distintos
ámbitos, sucesos y posiciones de los actores sumidos en el fracasado proceso de paz adelantado
por el gobierno de Belisario Betancur. En buena parte es una crítica a la tesis sobre la
minimización de la violencia política emanada por el texto de la Comisión de Estudios Sobre la
Violencia -ya descrito-. Es el primer texto que expone los límites del régimen político para el
proceso de paz, y la relación posible entre guerrilla y establecimiento, entendido este último
como algo más allá del gobierno.
La panoplia de procesos de negociación es nutrida. De la Uribe a Tlaxcala41
, síntesis solida por
su abordaje, método y lapso histórico, recopila los procesos de negociación de los gobiernos de
Betancur, Barco y Gaviria, es decir, la casi totalidad de los ochenta, y mitad de los noventa
(1982-1994). Durante estos años, donde la negociación política y los frentes militares eran
múltiples, tesis de carácter militar y sociopolítico que argüían, el empate negativo en lo primero,
y el aislamiento público, en lo segundo, eran las más populares y divulgadas. La compilación de
Iván Abad Orozco, Negociaciones de Paz. Los casos de Colombia y El Salvador42
, representa
una publicación de esa vertiente.
40
Ramírez, Socorro y Restrepo, Luis Alberto. Actores en conflicto por la paz. Ed. Siglo XXI y Cinep. Bogotá.1988 41
García Duran, Mauricio. De la Uribe a Tlaxcala. Procesos de Paz. Ed. Cinep. Bogotá. 1992. 42
Orozco Abad, Iván (Comp.). Negociaciones de paz. Los Casos de Colombia y El Salvador. Documentos
Ocasionales # 67. Bogotá. Cinep. 1993.
24
Sobre el periodo de negociación del gobierno Pastrana una importante obra es Guerra y Paz en
Colombia 1998-200143
, de los sociólogos Jaime Rafael Nieto y Luis Javier Robledo. El más
mediático y militarmente implicado de la historia, que permitió a ambas partes del conflicto
atemperar sus fuerzas y prepararse para más de una década de confrontación armada de gran
escala, periodo donde se crea el Plan Colombia y sirve de preámbulo para los años de guerra
abierta encarnada en el gobierno del presidente Uribe Vélez.
Régimen político
Para efectos de nuestro campo de indagación, la producción académica más útil y oportuna es
aquella que propone estudios de larga duración de las invariantes del régimen político
colombiano. También su afectación y relación con la violencia política.
Una obra muy completa y bien lograda reúne esas condiciones. El Orangután con Sacoleva: Cien
Años de Democracia y Represión en Colombia (1910-2010)44
, del antropólogo Francisco
Gutiérrez Sanín, se destaca por su amplio espectro de recopilación de información, con un
contraste de datos cualitativos y cuantitativos pocas veces consolidado con tal gracia y capacidad
explicativa. La expresión que intitula la obra, proviene de un destacado dirigente liberal de la
primera mitad del siglo XX, Darío Echandía45
, cuando se refería al régimen democrático
colombiano.
Gutiérrez Sanín, como eje conductor de su tesis, describe la coexistencia de altos picos de
violencia constante, con dos de ellos que se pueden caracterizar como ciclos de violencia
exterminadora46
, con una democracia consolidada e intensamente normada. Ambos periodos
43
López Nieto, Jaime R; Robledo Ruíz, Luis Javier. Guerra y Paz en Colombia 1998-2001. Universidad Autónoma
Latinoamericana. Medellín. 2002. 44
Gutiérrez Sanín, Francisco. El Orangután con Sacoleva: Cien Años de Democracia y Represión en Colombia
(1910-2010). Bogotá. Debate-IEPRI, Universidad Nacional de Colombia. 2014. 45
Dirigente liberal. Figura descollante en materia ideológica y jurídica. Presidente del país por delegación
provisional, cuando el repitiente López Pumarejo, se suspende de su cargo, impelido por la intentona de asonada
militar que lo mantuvo cautivo en la ciudad de pasto en 1944 y la crisis política que desgastaba a su gobierno. 46
1. La Violencia: segunda mitad de los cuarenta a comienzos de la década de los sesenta. 2. Periodo de la guerra
contrainsurgente: inicios de los años ochenta hasta ahora.
25
conjurados con fases de represión cruenta y periodos de negociación. Condiciones que para el
autor le otorgan al caso colombiano carácter sui generis.
La tesis doctoral Estrategias contrainsurgentes en Colombia (1953-2010): Sistema de
Evaluación, Desempeño Militar y dinámica política47
, ofrece elementos de alto valor en materia
de la relación del régimen político con la violencia. Despliega una evaluación de la estrategia
contrainsurgente del Estado colombiano con ayuda de la identificación de los resultados
operacionales, la cual se desarrolla de acuerdo a los cambios ascensos y descensos de la
intensidad de las acciones insurgentes, de la cual su repliegue táctico ha sido el último periodo
considerado.
El autor adelanta tesis sobre la caracterización el régimen político, en el marco del área de los
estudios estratégicos, la cual considera el ejercicio de la fuerza y la violencia como instrumentos
políticos -donde la contrainsurgencia es una de sus tipologías-, propios de los regímenes políticos
liberales. Esta última -la contrainsurgencia-, la perfila bajo tres modalidades: 1. Tutela militar; 2.
Reparto de funciones, con dos sub-modalidades (libertad de acción funcional, autonomía
territorial); y 3. Dirección civil de la estrategia y la política de seguridad, como su foco de
intervención directa (enemigo-céntricas, población-céntricas).
Estos dos constructos teóricos: 1. Convivencia del régimen democrático colombiano y altas tasas
de violencia; y 2. Régimen colombiano y contrainsurgencia, son los marcos interpretativos
seleccionados para dar cabida a los análisis de la coyuntura política y militar que atraviesa el país
y que conforman el núcleo central de la indagación que adelanto.
47
Ortiz Marina, Román D. Estrategias contrainsurgentes en Colombia (1953-2010): Sistema de Evaluación,
Desempeño Militar y Dinámica Política. Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid Instituto- Universitario
de Investigación Ortega Y Gasset. 2015.
26
2. Fuerza y orden: el régimen político colombiano
Conceptos y enfoques
Síntesis
Este capítulo cumple las veces de marco teórico48
. En él se estipulan los conceptos centrales para
la interpretación de los distintos sucesos, hechos empíricos e interpretaciones académicas de los
fenómenos que expresan la violencia política colombiana, y su relación con el régimen político
interno. Ejercicio que se desarrolla con dos premisas: primero, delimitar claramente sus
significados, en aras de establecer la forma en que se va a usar en adelante. Segundo, plantear
algunos debates claves sobre la vigencia, interpretación o alcance de los términos señalados. La
selección de la batería de conceptos y marcos interpretativos para la guerra contrainsurgente en
Colombia, responden al objeto de estudio directo: la afectación sobre el régimen político de los
acuerdos de paz entre el Estado colombiano y la insurgencia de las Farc.
Inicialmente, de acuerdo a las obligaciones conceptuales que estipulan este punto de partida, se
definen y contrastan nociones acerca de la violencia, la guerra y la violencia política. Para esto se
presenta el debate acerca de la extensión, cualidad y tipología de las acciones y eventos que se
pueden definir como violencia, donde destacan el enfoque físico, proclive a la sustentación
factual y cuantitativa, afable para el procesamiento y acotación de la información; en contraste
con el enfoque de carácter tanto más cualitativo, que apela al demarcador de la dignidad humana
como criterio para su definición. Postura que le implica una mayor capacidad de espectro en tanto
los hechos y acciones que dan expresión a la violencia, pero que a su vez hacen más difusa y
profunda su medición e indagación. La tesina opta por el primer enfoque de manera
ampliada, Esto es: privilegiar los resultados materiales de la guerra colombiana (acciones
48
Cabe advertir que el grueso de la bibliografía relacionada con las indagaciones teóricas acá expuesta de forma
sucinta, se encuentra debidamente presentada y categorizada en el capítulo uno -el estado de la cuestión- de la
primera parte de la tesina.
27
militares, bajas de combate, atentados, entre otras), destacando otro tipo de acciones violentas
relacionadas con ella, pero no necesariamente de efectos en la dimensión física (guerra
psicológica, cautiverio, normatividad, entre otras).
Posteriormente, partiendo de la tesis que dicta y presume la relación entre la violencia política -de
largo aliento como fenómeno de gran escala social en gran parte de la historia nacional- y el
régimen político -entendiéndose como la confección particular e histórica del sistema político y el
Estado colombiano-, se establecen las acotaciones conceptuales debidas para este ámbito de
reflexión. Es así que se estipulan las condiciones particulares de la violencia política y su relación
con otros tipos de violencia -la criminal-. De seguido se presenta la definición de una forma de
violencia estrictamente política, la insurgencia, que a su vez permite dar cuenta de tal relación al
demarcar la insurgencia criminal y preservacionista como modalidades de ésta.
Finalmente se establecen los puntos de encuentro, relación y desempeño de la guerra y el
conflicto armado interno y el régimen político. Para lograrlo se exponen los campos conceptuales
que comprenden cada uno. Este marco de conceptos permiten desarrollar dos elaboraciones
analíticas que fungen de instrumentos de categorización del extenso periodo del conflicto armado
colombiano: politización de la guerra y militarización de la política. Todo esto en el contexto de
un análisis de coyuntura -que es estrictamente la periodización de esta tesina- que se relaciona,
como episodio, con un proceso menos acelerado, más estático en cuanto a los ritmos temporales:
los cambios y recomposiciones en el régimen político.
Finalmente se expone condiciones singulares del régimen político colombiano: una democracia
liberal con aperturas progresivas en la participación y acceso al Estado, conjugada con ciclos de
violencia exterminadora anómala para contextos democráticos.
Batería de conceptos
Los primeros que deben ser definidos, necesarios para acometer la posterior indagación por el
régimen político, son: Violencia, guerra y su atributo político. Tan vital es la claridad que se
28
requiere al respecto, que constituyen parte del almendrón filosófico de la teoría jurídica penal49
.
Castigar implica anclar bastidores de acotación moral y política. Porque castigar en sí mismo es
la expresión de la violencia normada. Hecha institución50
. Prosigue de esto que la violencia
contiene un carácter procreativo, de ordenamiento social e institucional, tanto por presencia
manifiesta, como por su ausencia -preámbulo de lo primero-. Regímenes de orden y de cambio,
según ésta migre de lugar y actores, según eclosione con intensidad o con sordina. En el caso
colombiano esta condición es superlativa.
Buena parte de la violencia ejercida y constitutiva de ordenamientos fácticos persiste por fuera de
los canales institucionales. Lo cotidiano es la coordinación de éstos con los de carácter
institucional, para el ejercicio de la violencia. También su confrontación en distintos tipos de
combinaciones. Igualmente sucede entre poderes fácticos.
Cuando se habla de violencia en general se evidencian dos grandes conjuntos de enfoques. El
primero de ellos se concentra en la definición de violencia de una forma tangible. Medible,
cuantificable. Demarcada. De datos discretos51
. La suma de estos atributos remite a la dimensión
física.
Se puede definir este enfoque de la violencia como aquellas acciones de todo tipo suscritas
exclusivamente a la afectación física, cometidas por algún actor o actores, sobre uno o varios
sujetos, con el objetivo de daño físico de distinta intensidad, desde lesionar, inhabilitar o la
muerte. Sobre este supuesto epistemológico, se erige un sistema de argumentación analítica y
factual. El cual aporta valiosos hallazgos y procedimientos para el acercamiento a la realidad
social. Es intensivo en datos, fechas, cantidades, lugares, periodos históricos y correlaciones
49
Sobra extenderse en argumentaciones que refrenden la directa y categórica relación que existe entre el sistema
jurídico de una comunidad y los caracteres específicos de su régimen político. 50
Al respecto revisar las tesis del filósofo y crítico literario alemán, Walter Benjamín, condensadas magistralmente
en su ensayo Para una Crítica de la Violencia publicado en 1921. Cfr. Benjamín, Walter. Para una crítica de la
violencia. Ed. Leviatán. Buenos Aires. 1978. 51
En la definición topológica sobre elementos y la extensión de sus cuerpos se entiende como datos discretos
aquellos que tienen un límite claramente definido y conocido. Que es sencillo establecer con precisión donde
comienzan y donde terminan. En contraparte, los datos continuos representan objetos y fenómenos en los que cada
dato concreto indica la medida-parte de un dato mucho más amplio, de mayor escala. Cada uno de ellos es el
resultante de un nivel de concentración o de su relación a partir de un punto fijo en el espacio o de una fuente de
emisión. Como son los casos de medidas de altitud de una colina o el comportamiento dinámico de los líquidos. No
son datos definitivos.
29
cuantitativas generales. Insumos significativos para el análisis de las condiciones materiales y
fenomenológicas de los acontecimientos y objetos de estudio del campo de las ciencias sociales.
No significa ello que sean producciones de burdo reduccionismo positivista u objetivista. En los
desarrollos temáticos sobre los procesos de generación de la violencia, apelan a consideraciones
subjetivas y de carácter político. Sin embargo, al explicitar y exponer los hechos de violencia, se
concentran en los que su acotada definición le permiten. Obviando otras tantas formas de
violencia que se estipulan y permanecen en letargo en los distintos niveles de escala social y
alcance territorial que la guerra colombiana y la violencia social -de muy alta intensidad-
producen. Violencia psicológica, emocional, moral, cultural, entre otras. Lo que para trabajos con
objetivos de constituir un inventario o acopio analítico amplio, es un limitante no menor.
El otro enfoque sobre la violencia cuenta con un importante contingente de partidarios en el
mundo académico y político nacional. Su popularidad radica en lo oportuno de sus
planteamientos para los intereses y la visión macrosocial del conflicto colombiano de sectores
políticos y la insurgencia misma. No significa que sus tesis sean deletéreas y que observen la
condición de relato ideológico. Significa que este tema -la violencia colombiana y su conflicto- es
un franco terreno en disputa que anima la producción intelectual y política del campo del poder,
en el cual se inscriben su sistema político y su campo académico.
En contraparte de la acotada definición y campo de reflexión de la definición de violencia
anterior, apela al referente ético y político de la dignidad humana. Ésta entiende la violencia
como toda acción con intención de daño -al igual que la anterior-, pero no solo en la dimensión
física o material exclusivamente. Es todo aquello que dañe intencionalmente al sujeto en
dimensión corpórea, pero también, emocional, sicológica, afectiva, económica, social, política y
culturalmente.
A primera vista es un campo de cobertura mucho más correcto políticamente. Sus críticos señalan
su carácter inasible en cuanto a su determinación fáctica. Al riesgo de su “manipulación política”.
A su carácter difuso. En cierto grado productora de “datos continuos”. Contingentes. Lo cierto,
establecido por polémicas públicas desarrolladas en concreto, es que esta tesis es la que ha
30
animado la emergencia en el discurso social y público52
durante los años de desarrollo de los
procesos de paz -cuando menos cuatro décadas-, condensadas en las reconocidas razones
objetivas y subjetivas de la violencia.
Sin embargo esto no es nuevo -para entonces-. O exclusivo de la nación colombiana. En 1969, el
sociólogo y matemático noruego, y fundador de la disciplina de estudios del conflicto, Johan
Galtung, publica su reconocido triangulo de la violencia (Galtung, 1969). Constituido por tres
ángulos: la violencia directa (física), la violencia cultural y la violencia estructural. Presentándose
ante el discernimiento a modo de iceberg, donde solo el extremo que representa la violencia
directa es visible y tangible en primer momento. La violencia estructural puede comprenderse
como el “partidor de época” para los estudios sociales que buscan profundizar y precisar aún más
su objeto de estudio, apelando a exclusivas características de su campo de indagación. Su ánimo
es superar la dominación de campo53
que habían ejercido las ciencias exactas y naturales.
Condicionante contextual de época.
Las tesis subjetivas y objetivas de la violencia en general son una reformulación de la violencia
estructural. Matriz explicativa general, cimentada en el carácter de estructura productora -es decir
habría sociedades más o menos violentas, en conjunto, no solamente elementos o sectores de
cada una de ellas-, en mixtura con expresiones de violencia política. Las causas subjetivas son
aquellas que emergen de las ideologías y cosmovisiones políticas de los actores en conflicto. Las
causas objetivas radicarían en las condiciones de inequidad y defectos del sistema social para la
salvaguarda de mejores condiciones de vida de las mayorías de la población. Este planteamiento
fue el núcleo argumentativo para que tomara forma el primer proceso de paz contrainsurgente
claramente definido en la historia colombiana. Adelantado por el gobierno conservador de
52
Según el teórico social, crítico literario e historiador belga Marc Angenot, podemos comprender el discurso social
como: “todo lo que se dice y se escribe en un estado de sociedad, todo lo que se imprime, todo lo que se habla
públicamente o se representa hoy en los medios electrónicos. Todo lo que se narra y argumenta. (…) O más bien
(…) a los sistemas genéricos, los repertorios tópicos, las reglas de encadenamiento de enunciados que, en una
sociedad dada, organizan lo decible- lo narrable y opinable- y aseguran la división del trabajo discursivo. Se trata
entonces de hacer aparecer un sistema regulador global cuya naturaleza no se ofrece inmediatamente a la
observación, reglas de producción y circulación, así como un cuadro de productos”. Cfr. Angenot, Marc. El
discurso Social: los Límites Históricos de los pensable y lo decible. Siglo XXI Editores. Buenos Aires. 2010. pp. 21-
22. 53
Sobre la noción de campo académico como constitución de lugar de encuentro y reflujo de fuerzas, y constitutivos
de micropoderes y del orden social, es importante consultar la producción investigativa del sociólogo francés Pierre
Bordieu. Por ejemplo Cfr. Bordieu, Pierre. Capital Cultural, Escuela y Espacio Social. Ed. Siglo XXI. México. 1998.
31
Belisario Betancur, las mayorías de las insurgencias de ese momento -1982- se sumaron a la
iniciativa.
Era evidente que dichas tesis y enfoques tomaban fuerza en el ámbito intelectual y, por
consecuencia en los procesos de irradiación, en componentes del régimen político54
; como en los
efectos de reflujo de los discursos emergentes de los actores subordinados, con su propia batería
de producciones; en general, afectaron la coyuntura, el decurso de la guerra y, por supuesto, la
producción académica.
Violencia política y legitimidad
Hacemos uso, como punto de partida, las tesis de Papacchini (Papacchini, 1997). En ellas asume
la existencia ineludible de la violencia como elemento de fuerza constitutiva en la sociedad. Es
una tesis estructuralista que se combina con desarrollos fenomenológicos. La violencia acontece
cotidianamente. Es un fenómeno social. Si esto es establecido, un desarrollo ulterior inobjetable
es que la violencia asume parámetros institucionales para poder ser direccionada hacia la
conservación del orden social. Sino sería destructiva por completo y ningún orden existiría.
Parámetros que deben ser consensuados por las distintas fuerzas que constituyen el conjunto de
sectores con grados de poder en una sociedad determinada. Es decir, para poder comprender y
delimitar el campo político -el campo de la constitución, lucha y transformación del poder social-
es absolutamente determinante considerar estas relaciones. Luego, a la violencia no normada,
mucho menos pro-sistémica, el primer camino que se le intentará imponer es el de su
despolitización.
Papacchini nos ofrece en su disertación categorial claras luces al respecto. Propone la distinción
entre fuerza y violencia. Lo característico de este planteo es que disloca la división binaria entre
violencia política y no política. Por lo menos en tanto costumbre e instituido-convencional del
establecimiento académico. A ambas, fuerza y violencia, no se les sustrae su condición
constitutiva del poder y lo real, su comportamiento político. Más bien se determinan según
54
Institutos de pensamiento político partidistas, facultades de ciencias sociales de universidades privadas con clara
proveniencia política o de carácter confesional.
32
características posicionales con respecto al orden social y legitimador que opera en cada
sociedad. Papacchini comprende la fuerza como toda acción violenta, sin importar los gradientes
de su intención y condición cualitativa, que se cubre de la legitimidad política y social. En este
orden de ideas, el referente jurídico y ético es ineludible. Luego, el ideario de justicia. Fuerza, por
ejemplo, son los muertos en operaciones adelantadas legalmente por el Estado contra cuerpos
criminales o enemigos; O la conformación de cuerpos legales de seguridad privada; también lo es
la separación de familias por acciones de la protección social familiar estatal en beneficio de los
menores de edad. Violencia es todo lo contrario. Lo que no es legítimo.
Del planteo de Papacchini se coligen derivados lógicos-empíricos de alta capacidad explicativa.
Así es que toda violencia persigue el estatuto de fuerza. Y algunas lo logran. Incluso aquellas que
parecen más inverosímiles a la luz de nuestros anteojos históricos55
.
Al reconocer la solidez de estas tesis, no se está entregando patente de corso para que se
caractericen todas las expresiones de violencia como candidatas a la calidad política. La violencia
política debe acometer cuando menos dos criterios: 1. A pesar de expresarse en distintas aristas
de la existencia humana (sexual, económica, cultural, psicológica, entre otras), su ordenador
central, su materia primaria, es la afectación explicita -direccionamiento, erosión, transformación,
control- sobre el direccionamiento del orden social y del Estado. 2. Ser conscientemente política,
esto es, perseguir objetivos más amplios relacionados con el orden social colectivo, que los
estrictamente acotados para los beneficios mediatos de la acción violenta -rentas criminales,
poderes territoriales-. Así tal conciencia provenga de un tercero que direcciona a sus autores
directos.
Es así que todas las acciones violentas no pueden categorizarse como políticas de forma
preliminar. La delincuencia común es buen ejemplo. Pero a medida que estos cuerpos criminales
se articulan y fungen de musculo operativo por actores políticos y armados del conflicto, como ha
sucedido en el colombiano con todas sus partes, su carácter cambia.
55
Hasta hace poco más de una centuria, en Latinoamérica se mantenía la manutención y el derecho de pernada.
Incluso en sus códigos jurídicos. De esto no puede abjurar ni el porfiriato mexicano o las andanzas del dictador
dominicano Trujillo. Violencia sexual y cultural que hoy es considerada violencia a secas.
33
Claro ejemplo de violencia política es la insurgencia. El conjunto de definiciones teóricas sobre
ella es amplio. Aun así, todas ellas reúnen características comunes. En gracia a esto, se puede
conciliar una aproximación a ella: como método estratégico adelantado por grupos organizados
no estatales, ni progubernamentales, que combina movilización social y violencia de todo tipo,
con el objetivo de modificar, reemplazar, obtener el poder político, a través del debilitamiento,
control, o la destrucción parcial o total del aparato estatal vigente.
Se identifica que distintas organizaciones criminales han echado mano de formas de violencia
armada irregular, corrupción institucional de diversa índole y movilización social intensa con el
objetivo de deslegitimar y debilitar la autoridad estatal, y establecer de forma fáctica un orden
alternativo. Proceder de distintas agrupaciones colombianas constitutivas de la red criminal
organizada conocida como la oficina de Envigado -otrora santuario del Cartel de Medellín-, el
Clan Usuga y los Urabeños. Para abordar este comportamiento en particular acuñaremos el
concepto de insurgencia criminal.56
Otro cariz de esta tipología de insurgencia es la que se
acompaña del adjetivo preservacionista.57
Con el mismo carácter, estructura y funcionamiento
que la insurgencia criminal, solo que su desarrollo posicional es anverso -conservación del statuo
quo-: es el caso de grupos paramilitares que hacen uso del “músculo operativo” propiedad de las
bandas criminales en distintos barrios populares, para sus acciones militares contra la guerrilla en
los contextos urbanos.
Periodización, régimen político y ciclos de la guerra
Por último, sobre la guerra contrainsurgente y las relaciones particulares de ésta con el régimen
político colombiano, se deben establecer varios asertos conceptuales y analíticos:
1. Comprenderemos Guerra, como el evento más general, intenso, destructivo, socialmente
masivo, y manifiesto de la violencia. Al comportar este grado de escala y capacidad de
movilización colectiva, toda guerra contiene motivaciones políticas, incluso las de menor tamaño.
56
Para observar la génesis de éste concepto, enmarcado en su contexto temático -teoría militar y estratégica- cfr.
Ortiz Marina, Román D. Op.Cit. pp. 36-37. 57
Ibíd. p. 37.
34
Por lo que, en el caso colombiano, para la comprensión de los cambios e invariancias en el campo
político-militar durante su desarrollo histórico, es adecuado definir los conceptos
complementarios militarización de la política y politización de la guerra.
Ambas combinaciones de la relación política y violencia legitima remiten a la condición
imperante en el comportamiento y desarrollo del régimen político. En el primero las coordenadas
de la guerra y las razones militares y estratégicas priman como horizonte de mediano plazo. En el
segundo es lo anverso. La política determina los objetivos centrales de la acción militar y el
Estado. Como sucede en este momento.
2. Debe recordarse que la coyuntura y sus análisis, implican una intensa revisión de la
documentación que se produce en periodos de tiempo muy cortos, como la serie de hechos y
cambios de dirección de los acontecimientos. Las coyunturas se caracterizan por la concentración
paulatina y creciente de los recursos y esfuerzos de todo tipo de los distintos actores en un
momento histórico particular. Periodo de tiempo que funge de bisagra para el desarrollo de
nuevos acuerdos institucionales o deterioro el orden social imperante. Sin embargo las coyunturas
son puntos de confluencia de distintas variables y campos que vienen transformándose en el
tiempo. Que son consecuencia de un proceso. Acumulaciones que tienen resonancia directa en el
régimen político. Por ello no es prudente, menos riguroso, obviar los contextos históricos de larga
y mediana duración que las producen.
En esta medida describir y analizar las distintas fases históricas de la guerra contrainsurgente con
las nociones militarización de la política y politización de la guerra, permite concentrarse en el
momento político actual, sin perder de vista la relación con el desarrollo histórico y el
comportamiento del régimen político en éste.
3. De esta tesis, que se fundamenta en derivaciones analíticas del modelo realista sobre la política
y la teoría militar58
, se desprende su directa relación con el régimen político, que al estar
sustentado y confeccionado con, y por, su relación con la violencia, hace mucho más estrecha las
58
Clausewitz; Claus Von, Arte y Ciencia de la Guerra, Op. Cit.
35
relaciones mutuamente determinantes y la capacidad de resonancia de las variaciones internas de
uno de los campos sobre el otro (guerra-régimen político). En tanto esto, la guerra y sus
expresiones territoriales y operativas, y el comportamiento del régimen político consecuente,
observa aspectos particulares para distintas coyunturas.
4. Caracterizaremos la conflagración armada, propia de la guerra contrainsurgente colombiana,
como conflicto armado, subcategoría del conflicto Interno: Acepción “sombrilla” para las
distintas posibilidades de confrontación, según intensidad de fuego y capacidad colectiva
englobante de la mayoría de la población y el territorio; esto es: desde disturbios -violencia de
masas organizada-, terrorismo, conflicto armado hasta la guerra civil. Para el conflicto armado, la
guerra de guerrillas y la contrainsurgencia son parte de su espectro. Conllevan la existencia de
aparatos bélicos con grados importantes de sofisticación, disciplina, capacidad de fuego y
recurrencia en el tiempo. Igualmente de un patrón de acciones armadas, con blancos de carácter
militar.
5. Entenderemos como régimen político a la específica correlación de fuerzas, grados de
institucionalización, comportamientos consuetudinarios, normatividad y mecanismos de
participación y acceso al direccionamiento del Estado y el orden social.
6. Se establece la caracterización del régimen político colombiano como una multitud de
componentes institucionales y comportamientos colectivos, que se han desarrollado
históricamente alrededor de un núcleo estatal y político de carácter liberal, democrático y en
derecho; que a su vez convive con altos picos de violencia social y política; condición que riñe
con las tesis y planteos de la teoría de la paz democrática.59
59
Se concibe la paz democrática como la disminución progresiva de la violencia política y la represión, gracias a la
acumulación progresiva de condiciones, producto de la profundización y sostenibilidad de los regímenes
democráticos. Son estas: a. Mecanismo educativo, que significa la convivencia con, y mayor grado de conocimiento
y tolerancia por, las distintas posiciones e ideologías políticas. b. Mecanismo electoral, el cual otorga poder de
decisión y afectación sobre la elite política y dirigente, a las mayorías sociales, impeliendo a las distintas propuestas
electorales progresivamente eludir posiciones extremistas y tender hacia el centro político. c. Mecanismo
comunicativo. En democracia y con libertad de prensa, los costos sociales y políticos para ejercer la violencia
política son muchos más onerosos. d. División de poderes. En democracia existe un delicado sistema de pesos y
contrapesos para evitar la concentración y arbitrariedad proclives a la represión política. e. Distribución social del
poder. La diferenciación y diversificación de las elites que acceden al poder político es creciente, lo que implica que
ninguna de ellas logra la concentración del poder absoluto. f. Factores internacionales. Los costos de la presión
internacional sobre regímenes represivos aumenta en la medida que se desarrollan en democracia. g. Punto de
36
7. Si bien el régimen político colombiano comparte características propias de los regímenes
democráticos liberales; también comporta condiciones particulares, son estas:
A. Presenta procesos de apertura democrática (terminación del bipartidismo, descentralización de
la gestión de los aparatos políticos, mejora en las reglas de acceso al poder) que se acompañan
con altos picos de violencia exterminadora, desarrollándose ambos fenómenos de manera
constante, sin que uno ralentice u obture al otro60
; procesos que no parten de periodos
excepcionales de dictadura o cesación de la democracia, todo lo contrario, se adelantan en
escenarios democráticos establecidos y consolidados.
B. El conflicto armado interno vigente si bien explica crispaciones y buena parte de hechos de
alto grado de violencia, no explica en su totalidad la convivencia no excluyente de ambos
elementos. De hecho, a ciertos conflictos armados internos, les precede -ante la indagación
histórica de mediana y larga duración- episodios de alto grado de violencia política y represión.
consolidación -la fórmula mágica-. En la medida que una sociedad transcurre más tiempo en democracia, las
posibilidades de abortarla o resquebrajarla son menores. Es decir, se conforma un acervo cultural. Para mayor
desarrollo de este relevante enfoque de peso en el contexto internacional cfr. Davenport, Christian, Paths to State
Repression: Human Rights Violations and Contentious Politics. Lanham, MD: Rowman and Littlefield. 2000. 60
Buen ejemplo son la emergencia de la República liberal en la primera mitad del siglo pasado o el proceso
constituyente en 1991, que se acompañan de escalamientos de la violencia política de alta intensidad.
37
3. Violencia rural, paz urbana…violencia urbana
La génesis de la guerra
Síntesis
Desde esta parte, nos encontramos en el cuerpo central de la tesina. En esta sesión se presenta el
desarrollo sociopolítico, militar e histórico de la guerra contrainsurgente colombiana, en miras de
establecer la relación de este devenir con los cambios y afectaciones sobre el régimen político
colombiano. No en tanto en aspectos exclusivos de éste -objetivo que se emprende en el capítulo
cuarto “Régimen político: la caja fuerte y la caja menor. Grados de afectación y replicas
estructurales”-, si no, en la medida que permiten concebir el arribo del proceso de negociación
actual en su forma dada, de acuerdo a unas condiciones resultantes de la disputa militar, política y
económica que las fuerzas insurgentes adelantan con el Estado colombiano en el transcurso del
tiempo.
De acuerdo a este imperativo, para lograr disponer de tal inventario de hechos y desarrollos
socio-históricos, se presentan dos bloques temáticos:
Primero la descripción de los cambios operativos y políticos de la guerra contrainsurgente en
su totalidad, descrita en periodos diferenciados, de acuerdo a las transformaciones de las
estrategias militares y políticas que los actores armados privilegiaron durante distintos
momentos, y de las condiciones sociales del país de entonces; en conjunto con las
condiciones particulares de los elementos estructurales de un régimen político, como es la
estabilidad institucional, y su capacidad la monopolio de la fuerza institucional (policía); esto
a la vista de la necesidad de un ámbito de indagación preciso, para no perder de vista en dicho
proceso la mutua afectación en la relación régimen político-conflicto interno.
38
Segundo, en gracia del recorrido de las transformaciones del conflicto interno en el devenir
histórico, se hace énfasis en el periodo de escalonamiento y crecimiento geométrico de la
conflagración que toma forma desde finales de la década los setenta hasta el momento en
curso. Ello se corresponde a los cambios demográficos y socio-territoriales del país, donde el
proceso de urbanización acelerado se hace prevalente, tanto como efecto mismo del conflicto
armado -desplazamiento forzado, deterioro de las condiciones de vida en el mundo rural-,
como hecho determinante para la conformación de la opinión pública y el tipo de puja política
y social entre las mayorías de la población. También, y muy especialmente, como escenario
de confrontación militar, lo que lo denominaremos urbanización y escalamiento de la guerra.
Para lograr apercibir estos fenómenos, se refieren, sintéticamente, los distintos procesos de
negociación implementados por gobiernos anteriores, como expresiones de los tipos de
comportamientos del régimen político y sus condicionamientos con el clima interno de cada
coyuntura. Las nociones mutuamente complementarias, militarización de la política y la
politización de la guerra, se usan para lograr un esquema de periodización.
Se concluyen reconociendo parámetros invariantes de las formas como el régimen político es
afectado por los cambios políticos y militares que arroja la guerra contrainsurgente en la
segunda mitad del siglo XX en adelante.
Autodefensa y escalonamiento
La guerra interna colombiana contrainsurgente aunque es un fenómeno diferenciado, con sus
propios cimientos históricos y particularidades sociales y políticas, incluso con partidores
cronológicos claros, no puede afirmarse que sea totalmente inédita o que sus factores
desencadenantes emergieron como hechos fundacionales. Existe un trasunto. Que si bien no
cuenta con las propiedades plenas para caracterizar uniformemente el conflicto interno
colombiano, si le otorga condiciones genealógicas que dan cuenta de un comportamiento social y
político e histórico común. Elementos invariantes que comportan una estructura, un marco
categorial.
39
Uno de ellos es la confrontación bélica irregular. Violencias de baja intensidad, que han sido
constante en el desarrollo de las fuerzas políticas nacionales y en la misma conformación del
régimen político institucional y consuetudinario. Como dicientes claros se pueden enumerar la
Guerra de lo Mil Días (1899-1902) que asentó la hegemonía conservadora durante 30 años más.
La Violencia liberal de la década de los 30 -“la Pequeña Violencia”-, que si bien no fue tan
crispada y masiva como el periodo conocido como La Violencia (1946-primera mitad de la
década de los sesenta)61
, sentó un precedente inmediato de ésta. Es tal esta característica, que se
pueden remontar comportamiento similares hasta la Guerra de los Supremos (1839-1842), donde
se confrontaron distintos caudillos regionales por el control del país, cuyas consecuencias
posteriormente permiten la criba sociopolítica para la conformación de los dos partidos
históricos: liberal y conservador62
. No es coincidencia que los alzados en armas del periodo de La
Violencia establecieran sus nichos geográficos de influencia y asentamiento en las mismas zonas
donde acontecieron insurrecciones en el siglo XIX (Tolima, Santander, Sumapaz).
Los puntos de partida del marco teórico acerca de la relación entre violencia y régimen político
colombiano nos estipulan en cuanto a la violencia la siguiente relación: 1. El segundo integra
claramente el conjunto de las democracias liberales de forma definida; 2. La primera acontece
con altas tasas, anómalas en la mayoría de democracias -salvo situaciones excepcionales como
las guerras declaradas-, llegando a picos que se pueden catalogar como exterminadores, sin que
ello signifique el derrumbe del Estado o su sistema político.
Al proseguir con dicho marco, debemos describir aspectos de la realidad social que permitan
entrever dicho proceso. Al seleccionar componentes centrales de un régimen político, como son
su grado de solidez institucional -unidad política-, y el grado de desarrollo del monopolio y
control de la fuerza -unidad de mando y de dirección-, en el caso colombiano nos encontramos
con estos hechos empíricos:
61
Sobre la periodización de este episodio histórico existen diversas posturas, diferenciadas básicamente en el
momento de su terminación. Algunas lo ubican al arribo de la dictadura de Rojas Pinilla y su negociación con las
guerrillas liberales en 1953-1954; otras lo extienden hasta el inicio de los gobiernos del Frente Nacional, otras tantas
hasta la aparición clara de las guerrillas comunistas e insurgentes a mediados de los sesenta. Para efectos de la tesina,
el último enfoque es el privilegiado, gracias a la importancia de dicha conexión con un elemento de nuestro objeto de
estudio: la guerra contrainsurgente. 62
Para profundizar en esta característica -la capacidad reproductiva y productiva del régimen político e institucional
de la violencia en Colombia-, Cfr. Valencia Villa; Hernando, Cartas de Batalla, una Crítica del Constitucionalismo
Colombiano. Bogotá, Panamericana, 2010.
40
1. La función de policía apenas fue nacionalizada al comienzo del Frente Nacional (1958)63
, esto
es, como prioridad militar y política del acuerdo de pacificación social del país, posterior a los
intensos años de La Violencia y la dictadura. Antes era potestad de los alcaldes locales, que de
facto, en medio de un país profundamente polarizado en sus bases campesinas y populares, entre
la confrontación de las dos organizaciones políticas mayoritarias -liberal y conservadora-,
fungían como brazo operativo armado de la facción a cargo. Esta descentralización de la policía
atizó el conflicto de baja intensidad, pues además de comportarse como un actor armado irregular
en diversas ocasiones, minaba la capacidad -y credibilidad- institucional de regulación y control
de la fuerza.
2. Colombia, como país en desarrollo, donde el pacto liberal-socialdemócrata no existió de forma
sólida, la función de control social de la policía se ha visto deteriorada por tres mecanismos:
A. En un sistema social con altos niveles de desigualdad, que no solo económica, se permite a
las elites “disparar hacia abajo” sin mayores costos significativos. Si esto progresivamente
conlleva la radicalización de los sectores subalternos, aumenta igualmente la confrontación
con la policía, encargada de la preservación del orden social. Si no existen otros mecanismos
de regulación alternativos, y que contenga la espiral de confrontación, la crispación,
escalonamiento y degradación de la violencia se hacen manifiestas. Más si el ente regulador de
fuerza contribuye a la polarización en curso.
B. La condición territorial fracturada de Colombia, mucho más expresa en la primera mitad
del siglo XX, en combinación con la presencia de elites rurales locales y localistas, con control
político y policial, comportaron el papel de atizadores de la violencia ideológica. La capacidad
nacional de control de estos conflictos era muy reducida por estos obstáculos sociopolíticos y
geográficos.
C. En materia de esta “desnaturalización” de la función policial, de diversas formas y
ocasiones, se opera la fuerza institucional en beneficio de intereses de todo tipo, que resultan
63
Es celebre la doctrina de no deliberación que se establece en el país paras las fuerzas armadas, en cabeza del líder
liberal Alberto Lleras Camargo, primer presidente del Frente Nacional.
41
en la asimetría para el acceso a las garantías institucionales de la ciudadanía, y en ciertos
casos, la acción predatoria sobre los derechos privados -propiedad, derechos políticos- de las
personas. La respuesta consecuente para tramitar los conflictos y acceder a la participación
política es la violencia.
Dicha debilidad institucional, afectan todas las capas sociales. Las subalternas gracias a que sus
derechos y propia integridad se mantienen en vilo. Para los sectores dirigentes, la débil cadena de
mando y de eficiencia en el control social y gestión de los conflictos hacen más proclive al
sistema político para pervivir en crisis y en riesgos de defección.
Es así que en la tradición colombiana, los conflictos se tramitan con altas tasas de violencia.
Como efecto consecuente, de la debilidad institucional, conlleva como discurso, ideario y
práctica popular la noción de autodefensa64
. Otra tradición. En particular esta génesis es de
especial atención para el ámbito de la tesina.
Es de esta manera que se arriba a la época insurgente, con un preámbulo de violencia partidista y
difusa que paulatinamente deviene en violencia criminal y bandolera. Se hace necesario destacar
ciertos mojones relevantes en materia histórica y en relación con la presencia de las guerrillas:
3. El eje estructurador del conflicto social y armado hasta bien entrada la década de los cincuenta
es la diada liberalismo-conservatismo. Además del evidente sigma militar y societal que generó
el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán en 1948, hecho que se desarrolla en medio de una crispación
social en curso desde mitad de la década de los cuarenta, se encuentran acontecimientos
posteriores que grafican sin atenuantes tal tendencia: en septiembre de 1949, son asesinados dos
congresistas liberales en plena sesión de la cámara de representantes por colegas, lo que
posteriormente, en medio de un ambiente de alta inestabilidad nacional, conduce al cierre del
64
Buena cuenta de ello se puede encontrar en las declaraciones de oficiales militares de la época, como el general
Matallana, comandante de distintas operaciones contra los insurgentes: “ La población respondió porque entendía
que el gobierno volvería para quitarles las tierras que habían recuperado desde el tiempo de López Pumarejo (…)
La gente se defendió con escopetas, fusiles, machetes, con todo lo que tuvieran (…) toda la población de la región
estaba comprometida en la defensa, y si no tenían arma a la mano, estaban dispuestos a pelear y apoyar a los que
tenían armas (…) hubo numerosas bajas en el ejército”. Cfr. Álape, Arturo, Op. Cit.
42
congreso en noviembre del mismo año. En las elecciones presidenciales el partido mayoritario
(liberal) se abstiene de participar.
4. Con la degradación de la vía institucional para la confrontación ideológica y política, la
violencia aumenta su peso específico como regulador de intereses y se expresa en la deriva de las
guerrillas liberales de comienzos de la década de los cincuenta. Una de ellas, las de los llanos
orientales, tiene especial éxito militar y golpea fuertemente al ejército. Durante esta época se
realizan varias conferencias guerrilleras como la adelantada en Boyacá en 1952. Las más
radicales, la de los Llanos, emanan la “ley del Llano” en 1953, que asume la lucha armada como
la vía para acceder a los avances políticos y sociales y al gobierno. Lo que se diferencia de la
confrontación armada conducida por la dirección liberal oficial. Se expresa pues, la ruptura con el
régimen político institucional vigente y se apela a la violencia para su transformación y acceso65
.
La respuesta de la contraparte ideológica es la creación de cuerpos irregulares paramilitares que
haciendo uso de iguales formas de violencia confrontan sus contradictores con violencias de alta
intensidad y grado de degradación. En general se desarrolla una violencia altamente
exterminadora, de dirección y responsabilidad difusa, con desencadenamientos en bandolerismo
y anomia.
5. Desde este momento, hasta la constitución de las fuerzas insurgentes comunistas, el
tratamiento que se le da a la violencia degradada y escalonada -interpuesta dictadura de cuatro
años- es el de preservación del orden público. Las negociaciones adelantadas con los grupos
alzados en armas son para su desmovilización y la implementación de programas sociales en sus
zonas de influencia. Sin que ello implique su ingreso al gobierno o a sectores del Estado.
6. Esto no quiere decir que el régimen político, a pesar de su blindaje contra las intenciones sobre
su derogación y cambio de los subversivos de entonces, no haya sido afectado por tales sucesos.
Todo lo contrario. La situación de ingobernabilidad militar y social en que se encontraba buena
parte del país, conllevó la aparición de una dictadura militar, en algún grado concertada con la
65
Sobre el apoyo esperado de la dirigencia liberal, son dicientes las palabras del líder guerrillero Eduardo Franco
Isaza: “fuimos a pedirlo humildemente, luego a gritos. En vano. Se nos recomendó prudencia y se nos dijo, el poder
¿para qué? (…) tocamos todas las puertas y solo escuchamos negativas. Comprendimos muy bien que la doctrina y
los programas que tanto buscábamos no estaban contenidos en ninguna de nuestras directivas del partido, ni
escritos en libro alguno, ni en otra parte distinta que en la esencia de nuestra lucha”. Ibíd.
43
clase política y regularizada institucionalmente66
, y la creación de un acuerdo bipartidista de
gobernabilidad (Frente Nacional), otrora inviable por más de un siglo.
Las transformaciones de las distintas agrupaciones armadas, derivadas de la confrontación
partidista, se concentran en dos conjuntos: Las francamente sumidas en el crimen común, sin
conducción política y con objetivos económicos y militares particulares (bandoleros). Se puede
denominar esto como anomia extrema, más no insurgencia criminal67
. Por otro lado, las que
condujeron la aparición de las guerrillas actuales, producto de su posicionamiento territorial
estratégico de retaguardia, en el devenir propio de la política de autodefensa violenta
consuetudinaria ya descrita -en la mayoría de los casos-, y la influencia de las facciones
comunistas y radicales que tomaron su mando en adelante.
Desde este momento las formas y tácticas para la acción política y militar de los grupos
guerrilleros cambian. Y se conforma la guerra contrainsurgente en el país. Asistimos a una fase
creciente de militarización de la política.
Reto estratégico y repliegue
Durante la primera década de la guerra contrainsurgente (mitad de los años sesenta a mitad de los
años setenta) el comportamiento militar de la insurgencia es básicamente de crecimiento y
repliegue. Si bien este periodo es el de emergencia de diversas organizaciones guerrilleras de
distintas vertientes ideológicas: FARC (estalinista), EPL (leninista-maoísta), ELN (guevarista),
M-19 (nacionalista), entre las más significativas; su crecimiento es lento y sus tácticas militares
eran dominadas por la conservación de sus exiguas fuerzas y la consolidación de retaguardias
estratégicas. Su debilidad era manifiesta y la actitud y objetivo del Estado fue su erradicación,
considerándolo un reto exclusivamente militar, de condiciones políticas minoritarias. Varias
operaciones militares lo confirman, inicialmente contra las FARC: Marquetalia (1964),
Riochiquito y El Pato (1965). Todas constitutivas del plan general llamado Operación Lasso
66
Poco después del golpe militar, una Asamblea Constituyente (1954), emite un acto legislativo que le da legalidad
al título presidencial de Rojas Pinilla. 67
Para precisión conceptual revisar el marco teórico.
44
(Latin American Security Operation). El ELN corrió suerte similar, con efectos más catastróficos,
en la operación Anorí en el noroccidente del país, donde casi desaparece por completo (1973).
Entre tanto, el país cambia aceleradamente en su condición sociodemográfica. Las ciudades
presentan un crecimiento exponencial, y buena parte de la población rural, por presión de las
transformaciones de los modelos productivos regionales, acompasados con los desarrollos de la
industria liviana, y diversificación de las inversiones de capital, liderados desde políticas
nacionales; y la guerra misma, casi exclusivamente, hasta entonces, desplegada en el campo,
migran masivamente.68
En el marco del conflicto interno, esto no tarda en hacerse patente al irrumpir la primera guerrilla
de carácter urbano: el M-19. Guerrilla que se conforma mayoritariamente por personas de clase
media y de origen urbano -emulando las experiencias de los Montoneros y Tupamaros, en el cono
sur-. En su plataforma política enrostran la directa relación de sus acciones con las condiciones
del régimen político, catalogadas como excluyentes y antidemocráticas. Buena parte de su
dirigencia se desprende de las bases políticas de la ANAPO, proyecto político éste del otrora
dictador Rojas Pinilla, que disputa la presidencia en 1970 con el último delegado del Frente
Nacional, Misael Pastrana, que a la postre pierde, a pesar de un masivo apoyo popular. Como
consecuencia, se desarrolla un clima de ilegitimidad, en medio de denuncias y sospechas de
fraude electoral. Sumado al estado de sitio declarado por el gobierno nacional dos días después
de elecciones.
En 1974 este actor insurgente roba la Espada de Bolívar y emerge en la política nacional. Su
carácter audaz, centrados en los golpes de opinión política como herramienta privilegiada de
lucha ideológica, lo convierten en el actor insurgente de mayor ímpetu durante la década de los
setenta y la plenitud de los ochenta. Acciones como el robo de armas del Cantón Norte (1979), la
68
En 1938 en 70 % de la población residía en el campo y sólo el 15 % en núcleos de más de 10.000 habitantes. En el
transcurso de cinco décadas (1940-1990) se ha cumplido en lo fundamental el proceso de urbanización de la
población, de la economía y de la cultura del país. Las tasas de crecimiento urbano se duplican en este período,
alcanzando entre 1951 y 1964 su máximo nivel histórico. La población urbana se incrementó en 21.3 millones,
pasando de 2.7 a 24 millones en el período. Al finalizar el siglo XX, más del 70 % de la población nacional,
equivalente a 40 millones de colombianos, está residiendo en las áreas urbanas. Para mayor información Cfr. Revista
Credencial Historia. Bogotá, No. 119, Noviembre de 1999.
45
toma de la embajada de la República Dominicana (1980), incluso la toma del Palacio de Justicia
(1985), lo corroboran.
El régimen político, que si bien, había distendido sus corsés institucionales al terminar
oficialmente el Frente Nacional, proseguía percibiéndose como cerrado y excluyente. La mayoría
de las proclamas políticas de los grupos insurgentes se centraban en ello, cada uno con sus
particulares visiones ideológicas. Ello contrastado con las medidas militares con que el conflicto
interno -en franco crecimiento- era enfrentado: en septiembre de 1977, las fuerzas armadas en
carta abierta, exigen al gobierno medidas de emergencia al gobierno de López Michelsen,
revirtiendo su carácter no deliberante; el posterior gobierno de Turbay Ayala (1978-1982) emana
el estatuto de seguridad, que permite entregar a los mandos militares mayor margen de maniobra
jurídica, al poder procesar judicialmente a civiles, y poner en vilo las garantías constitucionales
penales.
La violencia insurgente, ya en ese momento en expansión, no era estrictamente la única que
conformaba la atención prioritaria de las fuerzas de seguridad. El narcotráfico, para entonces,
inicios de la década de los ochenta, había ya sedimentado como actor ilegal consolidado, con una
creciente base social urbana. La mixtura, hibridación, e intereses conjuntos de estos variados
actores, produjo el grado de escalonamiento y desarrollo geométrico de la guerra en el país. Los
recursos que este negocio ilegal proveían se convirtieron en el fuelle de mayor peso para las
proyecciones militares estratégicas de la insurgencia.
Ello combinado con un país urbanizado joven, que evidencia el conflicto político y la guerra
contrainsurgente ya en las ciudades, donde las medidas de control militar no son percibidas
positivamente, con pocos resultados prácticos, produce un remezón en el régimen político y
desde acá se establece un ciclo intermitente de negociaciones políticas del conflicto con los
actores insurgentes, haciendo mucho más imbricado, y difícil de determinar palmariamente, el
momento exacto donde se halla una determinada coyuntura, en el espectro que conforma el
movimiento pendular entre politización de la guerra y militarización de la política. Proceso que
inicia claramente con el gobierno de Belisario Betancur.
46
En aras de síntesis podemos catalogar y periodizar los distintos momentos cronológicos, y sus
mojones políticos, de la siguiente manera:
1. Como primer momento de diálogos y negociaciones -es decir reconocimiento político- de los
actores insurgentes de izquierda, se halla la “comisión de negociación” constituida por el
gobierno de Julio César Turbay Ayala para la liberación de distintas delegaciones diplomáticas
que fueron secuestradas en la Toma de la Embajada de República Dominicana en Bogotá, en
1980. Como ya se ha señalado, dicho proceso fue adelantado por un gobierno para nada afecto a
la negociación política con los actores armados insurgentes. La militarización de la política se
encontraba en su cenit estratégico, donde los actores armados presionaban, por razones de escala
y recursos, en suma al narcotráfico ya “adulto”, la emergencia de la politización de la guerra.
2. Un segundo momento, y el primero de carácter permanente y representativo de la politización
de la guerra, fue el proceso de paz iniciado por el gobierno de Belisario Betancur con las
guerrillas de las FARC, Ejército popular de liberación (EPL), el M-19, el ELN y la autodefensa
obrera (ADO), entre 1982 y 1985. De este momento emergen resultados significativos sobre la
institucionalidad colombiana como lo son las elecciones populares de gobernadores y alcaldes, la
creación de un partido político, la Unión Patriótica69
, y las primeras deliberaciones sobre la
propiedad de la tierra y el modelo de participación política. Sin embargo este ciclo se cierra por el
quiebre del fuego unilateral por ambos bandos, la incredulidad de varios grupos insurgentes que
se retiran de la mesa de negociación como el ELN, y termina trágicamente con el holocausto en
la toma del Palacio de Justicia en 1985 por el M-19, acción armada que todavía mantiene las
heridas abiertas y la polémica nacional entre distintos sectores políticos.
3. Un tercer momento constituyen las desmovilizaciones de distintos grupos insurgentes a
finales de los años ochenta y principio de la década de los noventa, a cargo de sucesivos
gobiernos liberales (Barco y Gaviria), principalmente del M-19 y el EPL. También lo hicieron el
movimiento guerrillero indígena Quintín Lame, y el PRT. De ello se reconoce la participación de
estos sectores en la confección y emanación de la constitución política de 1991, aún vigente.
69
Partido que posteriormente fue masacrado en su totalidad, constituyendo un crimen de lesa humanidad de tamaño
mayor en Colombia, que entre otras cosas representa un lastre para la credibilidad en la negociación política, por los
sectores opositores.
47
Posteriormente se desarrollan desmovilizaciones de grupos insurgentes menores como lo es la
Corriente de Renovación Socialista (desprendimiento del ELN), el frente Garnica (reducto del
EPL) y las milicias urbanas en Medellín conocidas como MIR y COAR.
Consideremos este momento con comportamiento mixto. Quiere decir que si bien el régimen
político se afecta ostensiblemente, es el colofón de la negociación en debilidad que deben
adelantar las insurgencias (M-19, EPL, fraccionamientos del ELN) gracias a la victoria
estratégica militar del Estado sobre ellas, que de facto prosigue con la ofensiva sobre las demás
fuerzas insurgentes (FARC, ELN). Una fase mixta donde la militarización de la política prima
sobre la politización de la guerra.
4. Un cuarto momento se identifica en el proceso de negociación liderado por el gobierno de
Andrés Pastrana, entre 1999-2002. Proceso que se adelantó en medio del combate, sin cese al
fuego, y con el despeje militar del Caguán, en la zona oriental del país. En gracia de discusión, se
puede considerar este momento como el que mayor despliegue de participación e implicancia de
la sociedad colombiana en los diálogos ha incorporado. Un centenar de audiencias públicas con
más de 30.000 colombianos lo confirman. También fue el proceso donde se estableció por
primera vez, ante el país, una agenda de negociación conocida como la Agenda Común por el
Cambio para una Nueva Colombia, que contaba con diez puntos70
. Ninguno de ellos se discutió
en la mesa. Al parecer este proceso fungió más como tregua provisional entre las partes
beligerantes, para luego, con el gobierno de Uribe Vélez, profundizar la guerra.
Acá se identifica un momento de bisagra, puesto que al ser un proceso de negociación que se
hace para “el descanso militar” de las fuerzas insurgentes y del Estado71
, la politización de la
guerra toma el frente, sobre todo por el grado de participación social con que contaron los
diálogos. A su vez, la militarización de la política no pierde protagonismo, y se prepara con
70
1. Acuerdos de paz. 2. La doctrina Militar. 3. Las reformas democráticas al sistema político. 4. El modelo de
desarrollo económico. 5. El régimen tributario. 6. El empleo y la atención social. 7. La tierra. 8. La política de
explotación de los recursos naturales. 9. Las relaciones internacionales. 10. El tratamiento social del problema de
narcotráfico. 71
La zona de despeje del Caguán permite a las FARC una retaguardia amplia y segura. En ella lograba el
avituallamiento de sus tropas, el entrenamiento de sus nuevas fuerzas y la protección de sus mandos. Para el Estado
significó la reducción del grado fragor de los combates con el cuerpo insurgente y el debilitamiento de sus posiciones
territoriales al disminuir la cantidad de emboscadas y ataques a sus bases militares en el teatro de operaciones del
sur.
48
criterio. No cejan pues ni los combates intensos fuera de la zona de despeje, como tampoco la
mejora en la capacidad de fuego de las fuerzas armadas, y de la inteligencia militar sobre el
Caguán. La insurgencia hizo lo propio.
5. También existieron otros momentos, que se pueden clasificar como exploraciones y procesos
truncados. En el gobierno de César Gaviria (1990-1994) se adelantaron los diálogos de Caracas
y Tlaxcala (México) con el ELN y Las FARC, que sin previo aviso fueron cesados por el estado
(1992). Durante el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998) se exploró intensamente una
negociación con el ELN, conocido como los diálogos de Maguncia. Proceso abortado por la
terminación del periodo del gobierno de turno, y las acciones paramilitares contra el grupo
insurgente. Y durante los dos periodos del gobierno de Uribe Vélez se exploraron
conversaciones con las FARC, las que fueron desechadas luego de un atentado con explosivos a
una instalación militar (2005); de igual manera con el ELN, los que también fracasaron (2005), y
como asunto no menor, logró la desmovilización de la mayoría de facciones paramilitares con lo
que se conoce como el Acuerdo de Santa Fé o de Ralito en 2003. Sin embargo este actor armado
persiste funcionando, al recomponer sus contingentes militares, en distintas zonas del país a
través de la figura de bandas criminales (Bacrim).
Breves interregnos de exploraciones, que parecen ser más testeos de ambas partes para evaluar
las fuerzas y condiciones del rival, en condiciones generales de intensificación en la
militarización de la política. Ahora, en los actuales diálogos (2016), arribamos a la fase de
politización de la guerra (2010-en curso) que cierra el proceso de debilitamiento militar
estratégico de la insurgencia. Y es en estas fases cuando los regímenes políticos se recomponen.
Conclusiones
En síntesis, se pueden reconocer los siguientes elementos analíticos sobre la relación de
violencia-régimen político durante en el horizonte de marco que expresa la guerra
contrainsurgente colombiana:
49
1. En materia militar, se observa que los periodos de negociación claramente definidos, todos
presentes a partir de la década de los ochenta en adelante, acontecen, en buena parte, por los
cambios en las correlaciones de fuerza militar y el asentamiento de la política ideológica de
sectores opositores en las bases populares, ya para entonces, mayoritariamente urbanas. Lo que
conlleva el crecimiento de la guerra contrainsurgente y sus conexiones con otros tipos de
violencias -narcotráfico, insurgencia criminal- en las ciudades.
2. Los cambios correlaciones de fuerza comportan fases de distensión y negociación, posteriores
a picos álgidos de deterioro del orden público y de la confrontación militar. Se observa en los
previos del primer proceso de negociación en 1982, donde un actor urbano en particular imprime
el ritmo de cambio (M-19); también en la negociación a finales de la década de los ochenta con el
M-19 y el EPL, producto de su progresivo debilitamiento militar, y de lo que podemos designar
como acumulación de masa crítica política, que presiona las estructuras organizativas e
institucionales del régimen político. Sumado a la situación de inestabilidad que el narcotráfico
representa en ese momento. El producto de esto es la nueva constitución política en 1991.72
3. Prosiguiendo con esta línea de análisis, se identifica que la negociación con mayor grado de
afectación sobre el régimen político hasta ahora, entendido este más allá de las condiciones
jurídicas institucionales, sucede al terminar la última década del siglo XX. El reciente gobierno -
para entonces- de Andrés Pastrana asume un osado acuerdo de despeje militar de más de 42.000
kilómetros cuadrados para que las FARC se asienten sin operaciones militares en su contra. Lo
particular de esto es que durante la mitad de la década, el actor insurgente más fuerte, alcanza su
techo militar al lograr hacer efectiva la estrategia adoptada desde su VII conferencia en 1982,
donde asume los lineamientos de la guerra móvil, más cercana a la guerra de posiciones, con
retaguardias claramente definidas, lo que llamó su Nuevo Modo de Operar (NMO). Esto,
apoyado en la ingente cantidad de recursos que el negocio del narcotráfico empieza a proveer;
con el plus estratégico que le reporta la guerra criminal, que simultáneamente, asumen las bandas
narcotraficantes contra el Estado.73
72
Es reconocido como elemento fuerte de génesis de la Asamblea Constituyente, al movimiento por la Séptima
Papeleta, conformado por sectores de clase media, que impulsan una séptima papeleta electoral en las elecciones
presidenciales y del congreso en 1990, lo que logra hacer ceder al gobierno, resistente a su realización inicialmente. 73
El Cartel de Medellín es finalmente desmembrado en 1993 con la muerte de Pablo Escobar, el cartel de Cali en
1995.
50
Ya a mitad de los noventa cuentan con la suficiente capacidad militar, tecnológica y de tropa,
para emprender tomas a posiciones establecidas del ejército74
, lo que sume al gobierno nacional
en una profunda crisis de seguridad. Entre tanto que se le permite al actor insurgente acantonarse
y contar con una retaguardia sólida -la zona de despeje-, al igual que contactar con la sociedad
civil, el gobierno moderniza sus fuerzas armadas, profesionalizándolas. Las dota de mayor
capacidad de fuego y tecnología. Por ejemplo, como respuesta a las fuerzas especiales tipo
comando de la guerrilla, crea el FUDRA (fuerza de despliegue y reacción rápida). Ello conjugado
con el escalonamiento de las fuerzas paramilitares75
, que a la postre, es un actor clave para el
debilitamiento paulatino de la insurgencia, siendo totalmente preciso en el caso del ELN. Lo que
parece una fase de politización de la guerra, es más bien un micro ciclo epifenómeno de una fase
larga de militarización de la política. Esta década, se puede decir, es el momento de mayor fragor
de la guerra contrainsurgente por el equilibrio militar expresado entre los distintos actores del
conflicto.
4. Posterior al aborto de la negociación en el Caguán en 2002, con la llegada del gobierno de
Uribe Vélez, se implementa la Política de Defensa y Seguridad Democrática. Que en síntesis es
un plan de profundización de la vía militar de la guerra contrainsurgente. En respuesta, como
resultado de una clara urbanización del conflicto,76
las FARC busca trasladar el peso estratégico
a la capital del país. Y paulatinamente se concentra en este frente de batalla, en detrimento de la
guerra rural -por presión militar y la asimetría en la capacidad de fuego que empieza a padecer-.
Buena cuenta de ello son los atentados terroristas en el Club el Nogal (2003), o el mismo día de
posesión presidencial de Uribe Vélez al atentar contra el palacio de gobierno con cilindros bomba
(2002).
74
Sus emboscadas y victorias más significativas son: Puerres (Nariño). Luego vendrían golpes como La Delicias
(Putumayo, agosto, 1996), La Carpa (Guaviare, septiembre, 1996), Cerro Patascoy (Nariño, diciembre, 1997), El
Billar (Caquetá, marzo, 1998) o Miraflores (Guaviare, agosto, 1998). 75
Un momento mojón en materia del desarrollo de estas fuerzas de “insurgencia preservacionista” es la aprobación
del Decreto 356 de febrero 1994 por la administración Gaviria, que autoriza la creación de las llamadas Cooperativas
de Vigilancia y Seguridad Privada (CONVIVIR), entendidas como grupos privados armados encargados de proteger
negocios o comunidades. El punto de arranque fue la constitución de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)
en 1997. 76
Suceso cumbre de este nuevo escenario es la Operación Orión (2002) adelantada por las fuerzas armadas en la
Comuna 13 de la ciudad de Medellín. En este caso contra las milicias populares del ELN.
51
Paralelamente, la capacidad de influencia sobre las condiciones del régimen político de las
FARC, se debilitan ostensiblemente. Al contrario de la fase previa, donde ella capitalizaba los
resultados de sus victorias militares y recuperaba el contacto y dialogo con la sociedad civil, en
este momento, su aislamiento con las mayorías se hacía evidente, el cual se profundizaba por la
campaña terrorista que emprende.77
5. Si se corrobora la tesis sobre la irrupción sobre el régimen político de la insurgencia, gracias a
sus réditos militares, en un contexto previo alta confrontación militar, al arribo al proceso de
negociación actual se puede estipularse como la fase de arribo de un proceso de desgaste militar
de la insurgencia, liderado por las dos últimas administraciones -Uribe y Santos-78
, en
combinación de una desconexión paulatina de los actores insurgentes con la sociedad civil.
También cambios en la estrategia militar donde de una fase de guerra móvil, de movimientos, con
ejércitos regulares, se regresa al repliegue y la conformación en redes clandestinas en el contexto
urbano -clave- y de guerrillas en los teatros de operaciones rurales79
.
Como conclusión general del capítulo podemos arrojar:
Colombia comporta un régimen político liberal democrático que convive con altas tasas de
violencia, siendo la relación mutuamente determinante entre ambas, la variable más influyente
para la conformación histórica precisa del primero y de su devenir. Si esto es así, entonces la
forma concreta histórica de la violencia masiva debe comprenderse como la matriz productora de
cambios y recomposiciones en dicho régimen. Durante el tiempo transcurrido desde la mitad del
siglo XX hasta el momento, dicha forma de violencia hegemónica en su conflicto interno es la
guerra contrainsurgente.
77
El cenit en el desgaste político público de las FARC sucede en 2008, cuando en más de 193 ciudades de Colombia
y el mundo se manifiestan en su contra en movilizaciones masivas, donde más de 12 millones de personas se
manifiestan. 78
Distintos golpes militares, de alto efecto mediático y público, han debilitado a las FARC en la última década:
Muerte de Raúl Reyes e Iván Ríos en 2008, muerte del “Mono Jojoy” en 2010, Muerte de Alfonso Cano -máximo
comandante- en 2011. 79
En este proceso se logran diferenciar cuatro fases: A. Crecimiento y fortalecimiento (década de los ochenta-
primera mitad de los noventa). B. Techo militar, reto estratégico al Estado (segunda mitad de los noventa). C. Tregua
(Proceso de paz del Cáguan). D. Profundización de la guerra contrainsurgente y debilitamiento estratégico de la
insurgencia. Nuevo repliegue y conformación de redes clandestinas de terrorismo.
52
Tipo de guerra que nos expresa las siguientes invariancias, que son claramente, parámetros de
afectación del régimen político:
A. Los distintos procesos de negociación, incluyendo el actual, responden a una de dos
condiciones particulares: O son producto del aumento de la capacidad estratégica y militar de la
insurgencia, gracias a distintas variables según la coyuntura, y son estos los que permiten
mayores grados de resonancia en la estructura del régimen; como es el caso del proceso de paz de
1982 o el proceso del Caguán en sus inicios -puesto que luego fue terminado gracias a la
repotenciación de las fuerzas armadas-; o son producto de un repliegue estratégico obligado de la
insurgencia por su debilitamiento militar que permite al régimen político ser recompuesto y
fortalecido, y los cambios expresados son menores, reflejo de su consolidación, como es el caso
de finales de la década de los ochenta y comienzos de la de los noventa; o al parecer el actual
proceso.
B. Observando estos parámetros, en la medida que en el desarrollo de la guerra contrainsurgente
se ha simplificado la cantidad de teatros de operaciones y de actores rebeldes, gracias a las
victorias militares paulatinas del Estado sobre distintos actores, conjugándose con distensiones en
el régimen político; el grado de posteriores afectaciones de otros momentos de cierre de derrotas
de actores insurgentes es progresivamente menor. Lo que antes, con actores francamente más
débiles en el momento de negociación, como el M-19, concluyó en una Asamblea Constituyente,
ahora se decanta con la negociación política y militar para la desmovilización de la insurgencia:
La agenda de La Habana. Substancialmente alejada, menos ambiciosa, mucho menos, de los
puntos y aspiraciones de la Mesa del Caguán -en el momento de su cenit militar-. También,
substancialmente distante, en materia del grado de implicación de la sociedad civil, del obtenido
en la segunda.
53
4. Régimen político: la caja fuerte y la caja menor
Grados de afectación y replicas estructurales
Síntesis
El cuarto y último capítulo de la tesina se concentra en reconocer los elementos más
significativos de los efectos del proceso de paz en La Habana sobre el régimen político
colombiano, hasta el momento en curso. Para tal objetivo se subdivide en dos secciones:
Una primera que expone los términos generales de los puntos de negociación que se adelantan
en La Habana. Se hace un análisis de los puntos concretos y acuerdos alcanzados hasta el
momento, en relación a las decisiones, actitudes y recomposiciones que las fuerzas y actores
socio políticos han comportado; y las implicaciones que éstos pueden tener en el futuro
inmediato, como en el tiempo presente de coyuntura. Para los intereses de la tesina el énfasis se
coloca sobre:
La descripción general de la particularidad del proceso de negociación en desarrollo, tanto en
sus reglas de juego inéditas, en contraste del inmediatamente anterior que la misma
insurgencia emprendió poco más de una década atrás, en lo que se conoció como la Mesa del
Caguán (1998-2002). Esto para efectos de la demostración de la pérdida de iniciativa política-
y militar- de la guerrilla. Esto es: negociación ante una derrota estratégica en ciernes.
Exposición de los elementos más significativos de los acuerdos finiquitados -hasta el
momento80
- en la Mesa de Negociación, y su proyección y posibilidades en el marco del
régimen político colombiano. Esto es: la reluctancia e interdicción de su geografía particular
de correlación de fuerzas ante ellos. También se establece especial análisis sobre la
ralentización para lograr el acuerdo en el quinto punto (la dejación de las armas y el fin de la
80
El periodo de desarrollo académico de la tesina ha terminado antes del desenlace definitivo de este procesos de
paz, por lo que sus conclusiones si bien buscan desarrollar una mirada general y estructural de éste, no corresponden
al producto analítico propios de coyunturas políticas ya consumadas plenamente.
54
confrontación armada), lo cual expresa el estado de vaivén entre la correlación de fuerzas
militar y política en que aún pugnan las partes.
La segunda sección pretende analizar los efectos pormenorizados sobre los distintos
componentes del régimen político de los acuerdos de Paz, y el grado de modificación o
imperturbabilidad que comportan ante los cambios y grados de tensión que reportan los puntos de
negociación descritos.
Para esto haremos uso de herramientas conceptuales que remiten a la observancia de las
características del régimen político desde un enfoque bidimensional, a su saber, la dimensión
procedimental del mismo (reglas para la construcción y tomas de las decisiones políticas, los
métodos de acceso a la dirección del Estado, y los tipos y número de actores que cuentan con
acceso); como también, la dimensión conductual, que comprende, en términos generales, el grado
de consenso central consolidado y de estabilidad. Para efectos del carácter directamente
definitorio del tipo de fenómeno que estudia esta tesina, este aspecto -la reducción de la
complejidad conflictiva- cobra especial interés. En esto, comprender la modernización de las
sociedades liberales como sustento de esta función, es sustancial.
Como guía pedagógica de la dinámica política interna colombiana, se apoyará la línea de
reflexión y argumentación con algunos acontecimientos y hechos políticos relevantes.
A guisa de conclusión se expondrán los hallazgos y posibles escenarios que provocan los
acuerdos de paz, en la siguiente revisión estructural de régimen: Afectación en su dirección, en la
forma política concreta; y en el sistema institucional.
El Caguán y La Habana
En el capítulo anterior se ha logrado pormenorizar el devenir político-militar de las FARC en el
marco de la guerra contrainsurgente de los últimos treinta años. La conclusión referida es la
derrota estrategia de la insurgencia -más no definitiva-, que toma forma claramente desde un
punto de inflexión geopolítico y militar, ubicado desde la terminación del proceso del Caguán.
55
Ya hemos mencionado los puntos que se estipularon como agenda de negociación de entonces, a
su saber: 1. Acuerdos de paz. 2. La doctrina Militar. 3. Las reformas democráticas al sistema
político. 4. El modelo de desarrollo económico. 5. El régimen tributario. 6. El empleo y la
atención social. 7. La tierra. 8. La política de explotación de los recursos naturales. 9. Las
relaciones internacionales. 10. El tratamiento social del problema del narcotráfico.
Agenda, como se observa, que no tiene reservas en tratar de afectar puntos neurálgicos de lo que
hemos acotado como régimen político -el objetivo de subrayarlo es el énfasis-. Por supuesto que
si definimos con rigor el régimen político, comprenderemos que éste es un condensado político
de la correlación de fuerzas sociales que discurren, donde los elementos económicos cuentan con
peso específico significativo. Aun así, al atreverse señalar al régimen político concreto como
objetivo de negociación, para la terminación del conflicto armado, las FARC permitían entrever
que se encontraban en el momento de mayor capacidad de presión militar y política de su
historia. Lo que sucede posteriormente es que ningún punto se adelanta o desarrolla en algún
grado, y la agenda es más una declaración política de la insurgencia, que una negociación real.
Como se ha concluido igualmente, este proceso fue más una tregua entre las partes -que ambas
requerían acuciosamente-, para luego dirimir con mayor capacidad de fuego la guerra
contrainsurgente en la próxima década.
El actual proceso de paz se diferencia de su antecesor en varias cosas: 1. Se negocia fuera del
territorio nacional. 2. No hay despeje de territorio81
. 3. La participación de la sociedad civil es
minoritaria, y cuando se da es bastante acotada82
. 4. Se han reducido la cantidad de puntos de la
agenda -cinco en total-. 5. Se discuten y acuerdan los puntos sobre la agenda planteada. 6. Se
parte del principio que nada está acordado hasta que todo este acordado.
81
De los aspectos más impopulares en la opinión pública nacional durante la época del Caguán, que poco a poco
devino en Leitmotiv central para su desprestigio, fue los poco más de 42.000 km2 de la zona de despeje, que se
percibía como una concesión estrambótica del gobierno central, convirtiendo este territorio en una república
independiente. Luego se comprendería que también era una estrategia de inteligencia militar para lograr obtener
información y evaluación de la capacidad de fuego y de tropas del actor insurgente. Comportamientos en plena regla
propios de los periodos de tregua. 82
Lo más relevante en la materia ha sido la ronda de conferencias entre delegaciones de actores de la sociedad civil
(víctimas, representantes empresariales y de la Iglesia Católica, miembros parlamentarios y de la mayoría de los
partidos políticos), que consisten en varias sesiones de diálogos e intercambio de visiones y propuestas. Con escuetas
ruedas de prensa finales. Muy distinto a las cerca de 30.000 personas que interlocutaron en las rondas de
conferencias con la insurgencia en los tiempos del Caguán.
56
Salvar los muebles. Negociación en medio de la debilidad política.
Los puntos de negociación de este acuerdo de paz entre FARC y gobierno son:
1. Desarrollo agrario integral: “Hacia un Nuevo Campo Colombiano”. Acuerdo ya firmado
y que incluye la restitución de tierras a víctimas. Como también la creación de un fondo de
tierras y la formalización masiva de la pequeña y mediana propiedad. En particular este
acuerdo ha levantado la resistencia de alguna parte de los grandes propietarios y sectores
políticos agrarios consolidados. El proceso más dispendioso es la formalización de la
restitución de tierras paras las víctimas del conflicto.
2. Participación política: “Apertura Democrática para Construir la Paz”. Acuerdo firmado.
Incluye entre otras cosas a la facilidad para la creación de nuevos partidos políticos sin contar
-transitoriamente- con los requisitos formales para ello. También la creación de las
circunscripciones especiales en las zonas más golpeadas por el conflicto. También la garantía
de la protección de las vidas de quienes han dejado las armas e ingresan a la vida política
nacional institucional.
3. Víctimas: “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”. Acuerdo
firmado. De crispada sensibilidad y de posible condición desestabilizadora, ya que se refiere a
las responsabilidades directas ante los crímenes de guerra de todos los actores implicados en
ella.
Se cimienta en dos pilares:
A. El sistema de justicia que incluye la verdad, la justicia, la reparación.
B. La jurisdicción especial para la paz, lo que significa un régimen transicional de justicia
para el fin del conflicto. Se encargará de investigar, perseguir, juzgar y sancionar las
violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario (DIH). También
podrá anular o extinguir la responsabilidad o las sanciones impuestas, así como revisarlas.
57
Contará con salas de justicia y un Tribunal para la Paz, y estará integrada por magistrados
mayoritariamente colombianos y algunos extranjeros que cumplan los más altos requisitos.
Mantendrá un régimen de reclusión diferenciado con las siguientes directrices: Para quienes
reconozcan su responsabilidad de manera temprana, las sanciones serán de restricción
efectiva de la libertad de cinco a ocho años. Quienes reconozcan su responsabilidad
tardíamente, recibirán una pena privativa de la libertad de entre cinco y ocho años, que
deberán cumplir en el régimen de reclusión ordinario. Quienes no reconozcan su
responsabilidad y sean declarados culpables por el Tribunal para la Paz serán condenados
hasta 20 años
4. Solución al problema de drogas ilícitas. Acuerdo firmado, donde el punto más relevante
consiste en el programa para la sustitución y erradicación de cultivos ilícitos, de los cuales
buena parte de la base social campesina de las FARC hace parte.
Sobre el quinto punto, la desmovilización armada definitiva, existen actualmente los
siguientes puntos de pugna política, que son la expresión insigne del escaso margen de maniobra
posible que tiene las FARC ante una debilidad militar estratégica83
y una representación política
y social más que minoritaria84
:
Primero, la diferencia entre la concepción del inicio del postconflicto. Para la insurgencia
representa en la dejación de armas progresiva y no simultanea de distintos contingentes armados,
que se harán poco a poco85
. El objetivo de las FARC es poder conservar hasta el último momento
la presión militar que representa la capacidad de fuego para evitar -a su entender- el
incumplimiento de los acuerdos, siendo los de su mayor interés, su representación política. Ergo,
maximizar lo más posible la afectación sobre el régimen político en medio de una situación de
83
“El Ejército Nacional es victorioso, su sacrificio ha sido valioso, reconocido por la sociedad y la comunidad
internacional, tiene muy clara su misión y es la que nos ha determinado la Constitución Nacional, en eso estamos
empeñados y a eso nos debemos. Las decisiones que corresponden al gobierno nacional serán siempre acatadas
como corresponde a nuestra institución democrática”. Declaraciones del comandante general del Ejército nacional
Colombiano. Mejía Ferrero, Alberto José. Veo un Ejército Preparado para la Consolidación de la Paz, de
http://www.semana.com/nacion/articulo/comandante-del-ejercito-alberto-jose-mejia-revela-futuro-de-la-
institucion/470667, obtenido el 3 de mayo de 2016. 84
Al momento de redactarse este capítulo no se ha logrado “luz verde” en materia de este neurálgico punto. 85
Se avizoran cerca de 20 contingentes ubicados en distintas zonas del país.
58
hermetismo y alta reluctancia de éste gracias a la derrota estratégica ya descrita. Las FARC
quieren incidir directamente en la reglamentación jurídico-institucional de estos acuerdos.
Segundo, en materia de la reglamentación -quid del asunto- las FARC buscan afectar el bloque
constitucional del país al perseguir que sean asumidos como tratado internacional. El gobierno ha
optado por conservar el control de la iniciativa política y acotar las posibilidades de maniobra de
la insurgencia criminal en el marco del régimen político vigente -sus fuerzas y su capacidad de
determinación-. Imponerle sordina: quién reglamenta es el Congreso de la República. Las FARC
apuestan que dicha reglamentación se adelante entre tanto una buena parte de sus contingentes no
han logrado la dejación de las armas, que será progresiva. Igualmente, durante la celebración de
un plebiscito que refrendaría popularmente dicha reglamentación.
Las FARC buscan en esta medida lograr los mayores réditos posibles desde una posición de
debilidad, que trate de suplantar la evidente desventaja militar que padecen, por una hábil y
fructífera negociación política. Otros aspectos que enarbolan para la consecución del quinto
punto son: Cambio de la doctrina en las fuerzas militares, que pasa por eliminar las estrategias
contrainsurgentes y el retorno de la Policía Nacional al mando del Ministerio del Interior -
ministerio político-. También la dejación de las armas, pero su resguardo y depósito en lugares
específicos entre termina el cese bilateral; como la creación de las “terrapaz”: áreas definidas
donde la insurgencia puede movilizarse libremente y realizar proselitismo político con la
población civil. Ante esto es imperativo destacar que las condiciones de popularidad y arraigo de
las FARC es, cuando menos, mínima. Caso insigne de esto es la presencia de comandantes
guerrilleros que son considerados figuras más que negativas, son rechazadas masivamente, por su
grado de violencia y arbitrariedad86
. Lo que le representa para las FARC un alto grado de
desafección para engrosar su cauda política.
86
Caso reconocido es el de Hernán Darío Velásquez, más conocido como “el Paisa”, comandante de la columna
Teófilo Forero. Perpetradora de actos terroristas de alto impacto en la guerra contrainsurgente como lo fueron el
atentado al Club El Nogal (2003) o el asesinato de nueve concejales municipales de Rivera en el departamento del
Huila (2006). Recientemente -abril 2016- este insurgente engrosó las filas de la comisión de las FARC en La
Habana, lo que desató la polémica nacional.
59
De igual manera, la insurgencia señala el riego que supone para el proceso de paz y su propia
seguridad la persistencia de los grupos paramilitares que el gobierno combate. De nuevo: la
violencia y el régimen político conviven y mutuamente se determinan.
En vista del grado de avance de los diálogos, se ha establecido un sexto punto: el mecanismo de
refrendación y verificación de los acuerdos alcanzados en el proceso de paz que iniciaron en
noviembre de 2012. Básicamente, de acuerdo al esquema de dejación progresiva de las armas por
contingentes distintos, sumen a la verificación en un extenso periodo de seis meses iniciales en
cabeza de la ONU, que pueden prolongarse a seis meses más. Sin embargo en este punto aún su
diseño definitivo está en desarrollo.
Contexto regional
Es ilustrativo retomar el contraste entre el proceso del Caguán y el actual, en clave de las
condiciones de contexto geopolítico que los acompañan, y que, a la postre, influyen en sus
derivas y resoluciones distintas. Ejercicio necesario para poder arrojar conclusiones concernientes
al temario de éste capítulo:
A finales del siglo XX y comienzos del XXI -época del proceso del Caguán- el contexto
geopolítico para las FARC era altamente negativo, gracias a la emergencia de la lucha
internacional contra el terrorismo. Es cuando el Plan Colombia es diseñado e implementado -
como ya se ha señalado-. Mientras que la Tregua -como hemos caracterizado este proceso de
negociación- se desarrollaba, distintas delegaciones diplomáticas interactuaron con los líderes
insurgentes. Paralelamente, y en contravía a lo anterior, el escenario internacional era
gestionado de forma estratégica para que en la fase posterior de guerra abierta, las FARC
quedara aislada para su agitación y propaganda política. Dicha estrategia fue exitosa y
determinante para la derrota estratégica que hemos señalado. Derrota que contribuyó
copiosamente para la pérdida paulatina de los escasos apoyos sociales internos con que aún
contaba y que había aumentado en algún grado desde el proselitismo adelantado en El
Caguán. Ello facilitó la ofensiva militar que luego padeció.
60
En el marco de la negociación actual, las FARC se enfrentan a un escenario internacional
contraproducente. Además de ver debilitados los apoyos diplomáticos en la región que tienen
algún grado de identificación ideológica con sus tesis, por su fracaso en la gestión interna de
sus naciones -como el populismo bolivariano-, en tanto eso como proyectos políticos viables,
se observa el énfasis de distintos gobiernos democráticos liberales que propenden por la
estabilidad en la región, para lo que la guerra contrainsurgente motivada por la presencia de
las FARC se presenta como un factor negativo. Ergo, la presión internacional por el cese del
conflicto interno colombiano es mayor. A lo que las FARC se ve abocada a atender su
aislamiento cada vez mayor. Paradójicamente, a pesar del cambio de orientación política del
gobierno de USA -de Bush a Obama-, que pareciere propiciar para las FARC un supuesto
escenario de beneficio y distensión en sus relaciones internacionales, éstas se han deteriorado
mucho más ya que la propuesta de integración regional y fortalecimiento de la democracia
liberal las remite al ostracismo del anacronismo político.
La región tiende a la integración y cooperación económica cada vez más definida e intensa. Y
ello es posible sólo en la medida que los mercados se liberan cada vez más y el modelo
democrático para la gestión y resolución de los conflictos sociales se hace más fuerte, es
decir, los sistemas de representación democráticos liberales. Y en ello la insurgencia queda al
margen. Además de su derrota militar y política estratégica, estas condiciones de contexto la
impelen sin rodeo a asumir dicho paradigma como el campo donde dirimen y tramitan sus
objetivos políticos. Dejar las armas y engrosar el sistema democrático liberal, donde están en
franca debilidad.
De acuerdo a esto, podemos concluir, con respecto a los puntos de negociación de la Mesa de
La Habana en relación al régimen político y el margen de maniobra de la insurgencia criminal
(FARC):
Los puntos relativos a la tierra, la reparación de los crímenes de guerra, la gestión de los
delitos del narcotráfico y la participación política-electoral, fueron acordados, relativamente,
de forma ágil y sin mayores contratiempos. Se corresponde esto a que dichos puntos y sus
alcances son propios de las prioridades de un régimen político democrático y liberal, el cual,
61
de fondo, era el objetivo militar de las FARC. Lo que determina que, a lo sumo, lo que logra
la insurgencia criminal es la posibilidad y reconocimiento para participar en él, ciñéndose a
sus reglas de juego y a los principios republicanos cimentados en los derechos civiles y
políticos, la propiedad privada y la participación política democrática y electoral. En
definitiva una victoria militar y política estratégica contra el autoritarismo armado.
Los contratiempos en la consecución del quinto punto, que ha sido el escollo de mayor
duración temporal, radica en que en una situación debilidad, el actor en franca derrota
estratégica intenta maniobrar en el campo de la negociación política para obtener la mayor
cantidad de réditos posibles en el marco del régimen democrático liberal, esperando prolongar
el mayor tiempo posible la preeminencia de la guerra contrainsurgente, que como ya se ha
evidenciado es la forma concreta de la violencia masiva en el marco de coexistencia y mutua
determinación entre violencia de alta intensidad y el régimen democrático colombiano. Dicha
guerra es el mecanismo, en deterioro, y en franca disolución como periodo histórico, que ha
permitido a las FARC tratar de afectar el régimen político. Y los escollos que exponen para
resistirse a su desmovilización armada se corresponden a tal comportamiento. Son el ejemplo
patente de que tal terminación adviene. Sus últimos estertores.
El quinto punto, su consecución final, y lo que se ha acuñado en el argot político nacional
como postconflicto, más que una fecha puntual de inicio, se debe comprender como una
transición histórica. En tanto ello, en la cual se pueden presentar reflujos y retrocesos, pero
que se caracteriza, sin duda, la victoria estratégica del régimen político liberal y la escasa
afectación que padece por los agentes contra-sistémicos, que al contrario han tenido que
apelar a su ingreso en él, como es el caso. Y que posiblemente, de forma progresiva, al
término de la guerra contrainsurgente, y la neutralización de sus actores más representativos -
como la insurgencia criminal- se transforme esa relación inextricable entre altos picos de
violencia y régimen liberal democrático, en beneficio del segundo.
62
La Caja Fuerte y la Caja Menor
Es prerrequisito para establecer el marco del análisis, refrendar nuevamente al régimen político
colombiano como democrático, liberal y con alto grado de cohesión social, que debido a
insuficiencias de carácter representativo, y relativas a los grados de modernización en su
estructura y funcionamiento87
, conlleva altos picos de violencia, a modo de anomia política. La
cual ha generado fisuras no estructuralmente determinantes, pero si con capacidad importante
para producir inestabilidad. La guerra contrainsurgente es el efecto y mecanismo mediador de tal
entronque. Violencia aguda y democracia sólida.
Tres ámbitos de interacción social son determinantes en el proceso de diferenciación en la
modernidad88
, en lo que refiere a la complejidad general de las sociedades. El ámbito -o sistema-
económico, el social y el político. La complejidad en que permanente aumenta la realidad social,
impone mantener un espacio y mecanismo regulador de dicha complejidad. Y para eso es
necesario que se concentre en la función regulatoria.
La complejidad social, que se corresponde a la complejidad en el tipo, sentido y dimensión de los
grupos de agregación de intereses y expectativas de las sociedades plurales y de mercados
abiertos, obliga a complejizar aún más el tipo de composición de su ámbito regulador que es el
régimen político y sus formas de regulación concretas-históricas. Todo ello concluyente en las
decisiones que cobran consenso o mayoría política. En la medida que la complejidad obtenida se
corresponda con las características y formas de expresión concretas de las tensiones de intereses
y conflictos de aquellas, el régimen político se fortalece y aumenta su capacidad de regulación.
En síntesis, de estabilidad.
Cualquier régimen político cuenta como objetivo prioritario, estructural, su estabilidad. Su
perduración. Para esto debe poder regular sus conflictos internos de manera neutralizante y que le
permitan inclusive “refaccionarse”, solidificar sus cimientos y aumentar su complejidad de
acople, esto es, de legitimidad y contención.
87
Modernización no como mera adecuación técnica; sino como proceso jurídico-político e histórico 88
Entiéndase la correspondencia de una particular especificación funcional y de criterio racional. Al respecto Cfr.
Parsons, Talcott, El Sistema de las Sociedades Modernas (México, Editorial Trillas, 1974).
63
Este objetivo, constitutivo de un régimen político, se conforma de dos dimensiones,
concernientes a los énfasis estructurales, procedimentales; y comportamentales, conductuales,
es decir, referentes a la correlación de fuerzas determinada89
.
La procedimental. Que es en la que se reduce la mayoría de veces al régimen político. En ésta se
ubican los acuerdo jurídicos -constitucionales-, como gran norma que regula y sustenta las
demás, como también el espectro innombrado de las normas no formales y no explícitas -terreno
donde la violencia es el vehículo agregado más fuerte-; también los mecanismos de acceso a la
dirección del núcleo director -el Estado-, como quien lo hace y en qué cantidad -actores y sus
grados de peso específico-; y las reglas para el acceso e influencia en las decisiones definitivas de
carácter colectivo -participación, derechos políticos-.
La comportamental, o estrictamente relacionada a las fuerzas sociopolíticas y su capacidad de
movilización de recursos. Correlación que se puede analizar y abstraer en dos aspectos:
identificación de los actores relevantes para la agregación de fuerzas y su conducción; y los
grados de aceptación de las decisiones colectivas mayoritarias y los grados de lealtad con ellas,
como también la capacidad de ruptura subsecuente. (Consenso político).
Con ayuda de estas dos dimensiones, describimos los grados afectación de los acuerdos de paz y
del proceso de recomposición social-política adyacente a ellos, sobre el régimen político.
En la vera de la dimensión procedimental debemos auscultar como primero medida el tipo de
actores y su presión para acceder a cargos de dirección del núcleo estatal. En el momento que las
FARC pretende ingresar a la competencia liberal democrática con este objetivo, es evidente que
los grados de afectación sobre dicho núcleo son inexistentes, o cuando menos irrelevantes. No
existe ninguna concesión en cuanto a un acceso directo. Algún atajo. A lo sumo constituirse en
fuerza política organizada y legal para competir con los sectores con que se confronta
ideológicamente90
. Y la cantidad de espacios que hipotéticamente pueden obtener para un
89
Para mayor desarrollo, consúltese: Morlino, Leonardo, Cómo Cambian los Regímenes Políticos -Instrumentos de
Análisis- (Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1985). 90
Segundo acuerdo: participación Política
64
eventual acceso es en el mejor de los casos, minoritaria. Al contrario, que los insurgentes
engrosen y diversifiquen el conjunto de actores capacitados y autorizados para ello, solidifican el
régimen político, al aumentar su capacidad de cohesión social, de regulación democrática del
conflicto y de contención no disipativa91
. Ergo, las formas fácticas inveteradas de acceso que han
asentado en la cultura política hasta el momento, cobran la suerte de formas en declive, pues la
violencia, como vehículo para la acción política, en razón de su acendramiento territorial local,
pierde legitimidad, al difuminarse el actor de este orden con mayor capacidad de presión -FARC,
consecuencia de su aceptación de ingreso en el sistema político y de partidos legal. En tanto eso,
este ítem se puede diagnosticar como un elemento que se consolida y refuerza con mínimo
desgaste ante los acuerdos de paz.
Con respecto a las reglas de juego y mecanismos para las decisiones colectivas, en ningún
momento se ha puesto como punto de negociación el orden democrático liberal y las reglas
sustanciales para su funcionamiento. Tampoco el cimiento constitucional. La insurgencia ha
intentado adelantar un pulso con el gobierno para que se permita iniciar un proceso constituyente.
El cual ha perdido consistentemente, lo que se apareja con el hallazgo de la tesina sobre la
debilidad socio política de las FARC. Es sabido que los cambios constituyentes implican, y
surgen de, cambios en las correlaciones de fuerzas sociales y políticas de cada país. Reflujo. La
insurgencia, muy al contrario, ha visto como su cenit político y militar ya ha pasado y su apoyo
popular es muy minoritario. El reflujo concreto ha sido para su desventaja. En contravía de sus
aspiraciones, lo que se establece para ofrecer legitimidad popular a lo que se adelanta en La
Habana es la figura de consulta pública denominada plebiscito. Lo cual conlleva: 1. Una
refrendación popular que se afinca en el orden político jurídico establecido y su estructura
político-social (régimen), es decir, la legitimidad resultante alrededor de los resultados
beneficiosos para las FARC emana de la capacidad de agregación social del régimen político
actual y no de la capacidad de movilización propia. 2. El plebiscito implica el afianzamiento del
régimen político en la medida que las fuerzas mayoritarias en su dirección y estructura -liberales
democráticas- son las que dirigen el procesos de acople y gestión pública de la diversificación
91
Se entiende contención disipativa como las acciones de fuerza tanto jurídica como militar, que se ejercen ante los
retos y amenazas que ponen en riesgo la estabilidad del sistema político y su régimen; y que no buscan ingresar en él
o hacer uso de sus mecanismos de resolución de conflictos y toma de decisiones, como es el caso de una guerrilla
marxista que busca acceder al poder erradicando el orden jurídico-estatal establecido.
65
política al permitir que propuestas radicales marxistas ingresen al debate democrático sin lograr
convulsionar las reglas de juego generales. Mucho menos la composición del poder social92
.
Las reglas de juego que son susceptibles de caracterizar como proclives a transformarse por
presión de los alcances de los acuerdos de paz, son francamente, epifenómenos. Subsidiarias,
procedimentales strictu sensu93
, y no contienen ninguna replica estructural. Dos básicamente: 1.
La creación de las circunscripciones transitorias de paz, que busca de forma transitoria incentivar
la participación electoral al destinar curules en la Cámara de Representantes especiales,
evidentemente en zonas de influencia histórica de la insurgencia. Sin embargo, aunque todavía no
se han acordado periodos electorales, número de curules y las regiones específicas, no hay
impedimento para que otras fuerzas políticas compitan por dichos espacios de representación.
2. Flexibilización en la normatividad para el funcionamiento de fuerzas políticas y sus partidos.
Básicamente en materia de la obtención y conservación de la personería jurídica por medio del
mecanismo del umbral electoral. Esto para contribuir a que la insurgencia pueda rápidamente
desarrollar su formación política.
En cuanto a las normas o procedimientos no explícitos, consuetudinarios y no formales, que son
tan constitutivos del régimen político como la legalidad y oficialidad jurídica, comienzan a
transformarse, en gracia a sus posibilidades para el aumento de la cohesión social, como se puede
evidenciar en el interés porque los grupos sociales y comunidades bajo la férula de las FARC
regresen al sistema democrático incentivando su participación en las circunscripciones
transitorias de paz; o a neutralizarse, como lo es la violencia anti-sistémica. Por ello la poca o
nula legitimidad adquirida de episodios de proselitismo armado que las FARC ha emprendido en
zonas apartadas del país94
.
Estos puntos se relacionan directamente con el otro elemento de la dimensión procedimental de
los regímenes políticos: Los mecanismos de tomas de decisiones y el acceso al direccionamiento
de ellas. Un objetivo estratégico del pensamiento marxista es la erosión progresiva de la
92
Para mayor desarrollo: Mann, Michael, Las Fuentes del Poder Social. (Madrid, Alianza Editorial, 1997). 93
En contraste a las procedimentales de características más constitutivas, como lo es, por ejemplo, el sufragio
universal, o la libertad de expresión ideológica a través del mecanismo mediador denominado partido político. 94
El 18 de febrero del año en curso comandantes de las FARC abordaron el caserío El Conejo, en el departamento de
La Guajira, al norte del país. Impusieron un retén militar, hicieron uso de una escuela pública y ejercieron un mitin
político para la población. Lo que suscito el rechazo de la mayoría de las fuerzas políticas de distintas vertientes
ideológicas y de la gran mayoría de la opinión pública.
66
democracia liberal, en procura de un régimen centralizado y autoritario. El hecho mismo que las
FARC apelen a su acceso al régimen democrático liberal colombiano para posibilitar su
pervivencia y la agencia de sus ideas y visión es una prueba misma de la nula afectación sobre
este central elemento de la vida política colectiva. Para incidir en las decisiones colectivas en
democracia hay que lograr la representación de fuerzas sociales con capacidad de movilización
considerable. La violencia es proscrita y centralizada en el ente regulador. En otras palabras, el
plan y estrategia histórica de la insurgencia ha sido llamado a su finalización, y ésta ha aceptado
las reglas de juego vigentes. No se puede llegar a otra inferencia distinta que identifica la
afectación, cuando máximo simbólica, sobre este tercer elemento procedimental.
Como se ve, nada de estos puntos acordados convulsionan ni el sistema de partidos, ni las reglas
electorales, mucho menos los cimientos constitucionales. Es acá cuando cobra vigencia el
término con que la tesina acuña esta situación de transición limitada y menor en el régimen
político: se ha accedido a cambios en la caja menor del régimen, en procura de salvaguarda de la
caja fuerte. Y los gastos de dicha caja menor son menos que residuales.
Abordemos ahora los elementos propios de un régimen que se aduce político: la política. La
dimensión conductual nos remite a los criterios y comportamientos de los actores políticos y sus
fuerzas. E incide directamente sobre la estabilidad del mismo. En tanto esto, afirma o debilita los
conflictos en ciernes y en desarrollo de cada clima interno de los sistemas políticos y sus
regímenes.
Los regímenes políticos propenden a reducir y contener la complejidad conflictiva inherente a las
sociedades cada vez más especializadas y plurales. Con respecto a lo comportamental se debe
hacer revisión de sus dos elementos. Ante el primero, que refiere a la capacidad de los actores
relevantes en materia de la competencia política, que en el caso de las democracias liberales,
significa capacidad electoral y de ascendencia popular, la gran mayoría de las fuerzas del país
están en el grupo de apoyo al Proceso de Paz. No obsta esto para afirmar que existen constantes
críticas y distanciamientos ante aspectos particulares del mismo por cada fuerza política a
discrecionalidad de sus consideraciones coyunturales, pero en general asumen que los acuerdos
de La Habana no afectan el funcionamiento del sistema político y de partidos, ni del régimen.
67
Paradójicamente el reflujo de actores y su recomposición para la competencia electoral y política
ha sido más intenso entre las fuerzas legales, los actores políticos oficiales; que de derivación del
ingreso de un nuevo actor político, otrora anti sistémico y rival estructural. Esto último se
compadece con un reforzamiento del régimen político liberal, atendiendo a los hallazgos ya
descritos sobre los tipos de afectaciones, en los siguientes aspectos:
Se fortalece el sufragio y su universalización como mecanismo de neutralización de los
conflictos. Que si no suficiente, si evidentemente necesario. Al ser asumido como mecanismo
de confrontación y disputa política por el antes rival anti sistémico, implica su consolidación.
Sufragio que es correlato de la provisión de un sistema de representación de las demandas
sociales que supuestamente dan sustento a la acción insurgente. Que si bien puede parecer
sustrato perteneciente a la dimensión procedimental de los regímenes, en el caso particular
del proceso de paz es importante ubicarlo en la orilla de los comportamientos, pues es el
advenimiento de la adecuación política del rival a estas formas de disputa política lo que hace
excepcional este momento histórico. En este orden de ideas, el régimen político, con los
alcances y resultados de la negociación en La Habana, logra aumentar su capacidad de
unificación colectiva sobre sus decisiones y los mecanismos para tomarlas.
Sin embargo, un reclamo a guisa de bandera histórica de agitación que la insurgencia ha
levantado, el derecho de oposición y las garantías para ejercerlo, ha sido punto de mejora
producto del proceso. El estatuto de oposición es un elemento que blinda el grado de
consenso alrededor del régimen político. Buen ejemplo es la vehemente critica que sectores
opositores de centro derecha -Centro Democrático- han hecho al proceso, pero que apelan a
todos las vías institucionales para evidenciarlo; y a forma de conclusión preliminar, en vista
de las altas posibilidades de su finalización exitosa, y acople al régimen político vigente sin
mayores efectos de cambio, tales prevenciones y oposición se han atemperado
progresivamente.95
95
En las marchas lideradas por el Centro Democrático para la crítica del proceso de paz en La Habana -4 de febrero
de 2016- no rindieron los efectos sociopolíticos de antes, a lo sumo la concentración más importante se desempeñó
en la ciudad de Medellín, lugar de mayor audiencia y retaguardia electoral del liderazgo del ex presidente Uribe. En
el resto del país fueron bastante menores. El expresidente marchó en Medellín.
68
Otros actores políticos de peso específico que han mantenido su respaldo al proceso de paz y
sus resultantes, son los sectores económicos y productivos96
. Que si bien no responden
directamente a los condicionamientos y procedimientos estrictos del ámbito político y su
régimen, si son influyentes en lo que respecta a la conformación de fuerzas y sus
correlaciones. En tanto esto no hay riesgo de ruptura o reflujo interno que impida la
consolidación de cambio en el régimen político necesario -que reiterativamente se ha
sustentado es mínimo- para la neutralización del enemigo sistémico97
.
La aceptación de las normas y tipo de régimen por todos los actores políticos, es lo que da
sustento al consenso, la estabilidad y la legitimidad del mismo. Este segundo grupo de elementos
de la dimensión conductual podemos evaluarlos con los siguientes análisis:
El consenso político requiere de dos aspectos: atemperación y contención del conflicto
por medio de los mecanismos y procedimientos ya descritos; también la capacidad e
intención de ruptura de los distintos actores. El proceso de Paz mismo es un preámbulo
para la suspensión de tal ruptura por los grupos sociales que engrosan la insurgencia.
Como de neutralización para que otros sectores puedan sumarse a tales iniciativas
disruptivas. Y en eso el proceso logra que el actor relevante en esta perspectiva cese de tal
pretensión y se integre al régimen vigente.
La capacidad de ruptura de las FARC se cimienta en dos recursos: movilización y agencia
colectiva; y capacidad de fuego y de uso de mecanismos violentos. Ya se ha señalado que
lo segundo está en franco declive gracias a la acción legítima de la fuerza estatal y en
96
Recientemente el presidente de la Asociación de Agricultores de Colombia (SAC), afirmó su respaldo a los pactos
agrarios adelantados en La Habana, incuso adelantando gestiones y adecuaciones antes de la firma definitiva de los
mismos. Igualmente lo han expresado otros sectores dirigentes en la economía nacional como lo es la Asociación
Nacional de Industriales (ANDI). Cfr. Revista Semana, Cinco Temas en la Agenda Agrícola, Acceso el 2 de mayo de
2016, http://www.semana.com/economia/articulo/cinco-temas-en-la-agenda-agricola/470644. También: El Tiempo,
Gremios Respaldan Proceso de Paz, pero Piden Claridad en lo Pactado. Consultado en 20 de abril de 2016.
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/proceso-de-paz-empresarios-respaldan-dialogo-pero-piden-claridad-en-
acuerdos/16407961 97
Fenómeno que si se percibió en el primer proceso de paz oficial con este grupo insurgente en el gobierno de
Betancur -1982-, como ya se ha señalado en capítulos anteriores.
69
tanto ello, del mismo régimen político. Lo primero es bastante incipiente y la insurgencia
apela a ello ahora, en su momento de mayor debilidad política. Pero lo hace en el marco
de reglas y escenarios del régimen político que pretendía derrumbar. Se concluye que sus
posibilidades de ruptura son menores que antes. Que conlleva mayor estabilidad del
régimen político vigente. Proseguir en la mesa de negociaciones, con menores
capacidades de presión que antes, y a toda costa, a pesar de cruentos contratiempos en el
campo militar, es prueba diciente.
Algunas posiciones provenientes del propio régimen político, han manifestado reservas
acerca de las prebendas para la participación política que se les ha brindado a la
insurgencia. Sin embargo por las características societales de la base colectiva de ésta, y
de sus formas de ejercicio de la política, que promueven la adhesión a referentes
simbólicos excluyentes, como lo son convicciones ideológicas sectarias o determinados
cálculos de ventajas económicas, favorece la capacidad de reconocimiento puntual de los
contextos locales; proyecta formulaciones de alto contenido simbólico que fortalecen los
nexos de solidaridad en campos restringidos, con el costo de pérdida de capacidad de
agregación de consensos y de voluntades colectivas más amplias, requisito que en cambio
es fundamental para ingresar al campo decisional. Lo que avizora para las FARC una muy
posible condición de minoría política.
En el aspecto de la legitimidad del régimen, asignatura más que central para la capacidad
de gestión del mismo, los resultados del proceso son beneficiosos. El solo hecho que las
FARC asuma el carácter legitimador del orden político y de la forma de acceso a él, para
comportar la función del “espacio de la oposición” para las decisiones administrativas y
políticas, es esclarecedor. Ejercicio de la oposición que requiere el respeto de los “tiempos
políticos”; lo cual significa procurarse, a través de procedimientos específicos, el tiempo
necesario para responder a las demandas sociales, para articular el proceso complejo de
cognición, dimensionamiento de las mismas en el contexto global, acuerdo y
recomposición de las fuerzas político-sociales interesadas, y la predisposición y
elaboración de decisiones congruentes con la especificidad y alcance de la demanda
70
social. Tiempos políticos que conjuran la violencia como vía expedita. Y que -se repite de
nuevo- se logra a un muy bajo costo para el régimen político.
Se suma, además, que todo régimen busca expresar legitimidad diversificada. Esto es que
no puede apoyarse o hacer referencia a motivaciones excluyentemente individuales o de
determinados grupos sociales; debe combinar de forma flexible motivaciones de distinta
procedencia, y remitirse, a diversos referentes materiales o simbólicos. Es decir, expresar
pluralidad y reglas de juego democráticas. Eso es precisamente es lo que se identifica en
el acuerdo sobre participación política. Ni más, ni menos. En cierta medida, el proceso de
paz responde a estas demandas y necesidades del régimen político y del sistema que lo
sustenta. El carácter del proceso en La Habana es así que puede comprenderse como
estrategia de integración y estabilidad, más no de ruptura o transición a otro estadio. En
síntesis: buscará orientar el campo de comportamientos y modificar sus propias
estructuras de integración y de canalización de demandas, perfeccionando el proceso de
traducción de expectativas y demandas en decisiones políticas legítimas.
Conclusiones
El régimen político colombiano se mantiene sólido, y muy al contrario de lo que podría
esperarse de una mesa de negociación con un rival contra sistémico, los efectos sobre él
son beneficiosos en un balance general. En lo respectivo a la dirección del mismo, un
componente sustancial, no se evidencia ninguna característica o cesión de soberanía tan
solo parcial. En tanto que la insurgencia adscribe las reglas de juego para acceder a un
eventual control de la dirección central del Estado, podría derivarse cierto riesgo potencial
al poder ser consumado. Pero lo que traduce este acuerdo en concreto es la posibilidad de
la insurgencia para competir democráticamente por ello, para lo que se evidencia una
escasa capacidad real para la consecución de tales objetivos, y la condición del régimen
político de hacerlo en compañía de proyectos políticos con mucho mayor legitimidad,
ascendencia popular y capacidad de movilización de recursos de todo tipo como lo son los
partidos democráticos liberales, hegemónicos en el régimen colombiano.
71
Dirección que contiene entre sus componentes los modos de representación, las formas de
elección, la amplitud ideológica, la relación entre gobierno y ciudadanía, entre otros,
Todos ellos objetivo militar otrora de las FARC, ahora objetivo político, no para su
desmonte, sino para su integración -se deduce una renuncia a lo primero-. En este punto
se hace expreso el carácter esterilizado de las exigencias de la insurgencia. El régimen
político ha asumido los costos menores propios de una caja menor, manteniendo los
fundamentos fuertes y estructurales -caja fuerte- intactos. Es una victoria política.
Sobre la forma política. Ni se asiste a una transición democrática, ni a un replanteo de
aspectos estructurales del régimen político, mucho menos a su desmonte por otro tipo de
régimen. Es en específico, la recomposición del régimen democrático liberal que
observaba a la violencia insurreccional como uno de los factores con mayor capacidad de
desestabilización. Si bien se cuenta entre las concesiones a la insurgencia la posibilidad de
promover su posición ideológica de carácter marxista, esta actividad la puede adelantar en
el marco del pluralismo democrático y lo principios liberales de los derechos políticos y la
deliberación. Es decir, la conducción ideológica del régimen se fortalece y consolida.
También su forma concreta. Es así que las FARC emprenden un nuevo comportamiento
de carácter liberal en sus prácticas políticas, en tanto honren el acuerdo de participación
política que han suscrito. Y las concesiones de las que gozan no riñen, ni se distancian, de
las obligaciones sistemáticas de un régimen liberal -promover la participación política,
facilitar las posibilidades de asociación política, creación de partidos-, mejorar las formas
y mecanismos de representación de la ciudadanía -circunscripciones electorales
especiales-, sin que ello signifique la vulneración o detrimento de los derechos de otros
sectores ciudadanos.
La estructura institucional del régimen político no se transforma o deteriora en ninguna
grado. Solo los pequeños y limitados cambios -en materia temporal- que se adelantan en
la Cámara baja del Congreso de la República -Cámara de Representantes- y en beneficios
para la facilitación de la creación de partidos políticos para la insurgencia. Tampoco se
observa una ruptura interna entre las fuerzas sociopolíticas relevantes del régimen político
72
y su núcleo central directivo. Más allá de diferencias propias del reacomodo y nuevos
liderazgos, pero que no ponen en riesgo la estabilidad general.
Este éxito sobre la estabilidad institucional se hace patente ante la escasa o nula capacidad
de las FARC para liderar la instalación de un proceso constituyente. Para lo que tiene que
plegarse al desarrollo de un plebiscito, del cual dependen para contar con grados de
legitimidad política para su nuevo escenario post acuerdos. Legitimidad que depende de la
capacidad de movilización ciudadana y de recursos de las fuerzas fines y que conforman
el régimen. Paradójicamente.
También se observa, al fracasar la insurgencia en materia de modificación de las fuerzas
armadas y su estructura institucional, como de su conformación y cadena de mando, que
no existe ninguna replica institucional significativa.
Y en cuanto a la justicia transicional producto de los acuerdos para el trámite legal de los
delitos y violaciones cometidas en la fase de la guerra contrainsurgente, los cambios en la
institucionalidad de justicia son contenidos en una jurisdicción especial y transicional sin
ningún efecto permanente.
Lo que se observa, en definitiva, es mejoría de la función cohesionadora del régimen y un
aumento de su complejidad y capacidad de contención de los conflictos, al lograr integrar
un sector que se expresaba por fuera, y en contra, de él. Para lo que ha combinado
adecuadamente el uso de la fuerza legítima, la constitución de legitimidad y consenso
político; y la preservación de los procedimientos y formas del régimen liberal, al cual el
principal adversario se ha visto impelido a integrarse. Todo ello a muy bajo costo. A costo
de caja menor.
Existe, a pesar de la estabilidad estructural del régimen político resultante, riesgos propios
del postconflicto que pueden disminuir los alcances obtenidos en la reducción de la
complejidad conflictiva. Al igual que otros procesos de negociación similares, como lo
fueron en El Salvador o Guatemala, si bien el rival contra sistémico ha sido neutralizado,
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puede derivarse una escalada de violencia de alta intensidad que trasladen el foco de
violencia anómala de un escenario político, a uno más propio de la anomia criminal.
Riesgos que cobran mayor factibilidad en gracia de la relación entre régimen democrático
y violencia intensa propia ya descrita como singularidad de la condición histórica
colombiana.
Para evitarlo es necesario, entre otras medidas generales:
A. De acuerdo a los cambios en los factores desencadenantes de inestabilidad del régimen
político que se derivan de la disminución -y terminación paulatina98
- de la guerra
contrainsurgente, el orden interno, progresivamente, transformará sus focos de
conflictividad y tipos de violencia, por lo que se requiere una adecuación de las fuerzas
estatales para hacer frente a otros tipos de violencia organizada de alta intensidad, como
lo es el crimen organizado. En particular éste último debe ser neutralizado rápidamente,
para que no absorba los remanentes de combatientes renegados o no satisfechos con el
proceso en negociación en ciernes. Fenómeno que se presentó en El Salvador Post-
Farabundo Martí.
B. En el campo de la integración del rival contra-sistémico al régimen político, es central
que la violencia política no acontezca -como ha sucedido en décadas anteriores, como el
caso de la Unión patriótica-, y permita el desarrollo de su diversificación, como elemento
de estabilidad y capacidad de contención del conflicto ideológico y de intereses. Para esto
la neutralización de los remanentes de cuerpos paramilitares y su entronque con rentas
criminales es más que sustancial.
C. Además de la manifiesta capacidad de contención e integración de los conflictos de
alta capacidad de desestabilización, el régimen político debe aumentar su capacidad de
resolución de las demandas sociales, ya su vez que la reducción de los “tiempos políticos”
para ello, es decir, debe mejorar su eficiencia política y de gestión. Los conflictos de esta
98
El proceso de negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) aún no comienza, y los combates
militares prosiguen. Si bien es cierto, que este grupo insurgente representa un reto en este campo mucho menor para
las fuerzas estatales.
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estirpe -propios de la confrontación contrainsurgente- se larvan estructuralmente y no son
solo producto de la iniciativa sectorial o subjetiva. Como también, generalmente,
posterior a una fase o periodo de cruenta confrontación violenta, los focos de violencia
subsidiarios, y la misma violencia inveterada, a modo de vehículo para la movilidad
social, no se diluyen inmediatamente. Es ahí cuando la presencia institucional y la gestión
fluida del régimen político deben aumentar ostensiblemente.
D. Con similar punto de partida se debe contar para promover el fortalecimiento del
régimen político y su sistema de representación. La polarización ideológica en Colombia
se ha correspondido al fraccionamiento social y la disputa violenta y criminal. Erradicar
esta vía de competencia política y social es el objetivo de carácter sistémico más
acuciante para el escenario de postconflicto. Proceso que cuando menos debe tomar una
generación. La maduración política de la sociedad colombiana. Desarrollar a plena
cabalidad su modernización política y su diversificación socio política. Apuntalar el
pluralismo liberal.
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5. Conclusiones generales
El objeto principal de la tesina es indagar por el grado de afectación que los acuerdos adelantados
en los Diálogos de La Habana ejercen en el régimen político colombiano. Para ello fue menester
apearse de nociones y conceptos académicos sobre el conflicto colombiano y la caracterización
precisa de éste como conflicto interno. Se estableció que los conflictos internos se desempeñan
como expresión condensada de la configuración de contradicciones sociales propias que le
ofrecen sustento, la historia militar de los mismos; e intensidad y tipo de relación con el régimen
político.
Se determinaron dos relaciones dominantes:
1. La coexistencia de un régimen democrático liberal sólido con altos picos de violencia
polisémica, que en deriva histórica particular, habían consolidado una vertiente insurgente
criminal con alta capacidad de fuego y de desestabilización del orden interno. Esta forma de
violencia organizada fue transformándose paulatinamente, en respuesta a dos aspectos, la presión
de la fuerza estatal y los cambios sociopolíticos de la sociedad colombiana. Y la emergencia del
fenómeno más efectivo como atizador -y proveedor de recursos- del conflicto: el narcotráfico.
Esto, en combinación de otras condiciones propias del escenario político y el teatro de
operaciones militar, brindó condiciones privilegiadas a las FARC para desarrollar mayor
capacidad de fuego, y grado de organización; y emprendió una guerra móvil que fue su cenit.
Posteriormente la transformación de la estrategia militar de la Fuerzas Armadas las forzó,
sistemáticamente, a sentarse en la Mesa de Negociación.
2. La caracterización del periodo posterior a mitad del siglo XX en adelante como guerra
contrainsurgente, que cobra mayor fragor con respecto a implicación de las mayorías sociales y el
escalamiento después de la década de los ochenta. La Guerra contrainsurgente, se comprende
inscrita en relación con el régimen político, pues éste, en la historia política nacional, habría
mantenido control sobre las fuerzas armadas. Y que, en conjunto con los mandos militares, ha
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conducido la estrategia: mezcla variada de fases de negociación y distensión y fases de ofensiva
militar ardua. Politización de la guerra y militarización de la política. Los Diálogos en La Habana
se comprenden como momento de la fase definitiva de ésta. Enmarcado en un proceso de
negociación y desmovilización. Consecuencia de la derrota estratégica de la insurgencia criminal.
Con respecto a los grados de afectación de los acuerdos en desarrollo con las FARC, podemos
concluir:
Las FARC no ha logrado afectar o propiciar cambios en el régimen político colombiano. Su
salida negociada final -pues parece que ya no tienen punto de retorno viable- es barata para el
Estado y su liderazgo republicano liberal. En materia de modificaciones de las reglas
políticas, las concesiones son menores a una reforma moderada. Son mínimas. Tampoco
eluden a la justicia y las obligaciones penales. Simplemente las moderan. Sus intenciones de
modificar la capacidad de fuerza del Estado interviniendo la doctrina y organización de sus
fuerzas militares es inexistente.
En materia de modificación de las correlaciones de fuerzas socio políticas y la agregación de
vínculos de representación -fuerzas políticas-; el actor contra-sistémico observa su rotunda
debilidad. Y desprestigio público. Las FARC para lograr el grado de acople inicial necesario,
y la velocidad adecuada de integración con el régimen político, depende de la gestión de la
dirección del núcleo central estatal y político. El régimen democrático liberal se fortalece y
decanta aún más la noción de deliberación y democracia, en el seno de lo social y político. La
noción de pluralidad. El régimen político se fortalece tanto en su dimensión procedimental,
como en su grado de cohesión social, en su dimensión conductual.
El régimen político disminuye así la complejidad conflictiva que surtía amenaza sobre su
estabilidad. A la par aumenta su capacidad de gestión interna, y de acceso social al modelo
democrático liberal. En consecuencia, el escenario posterior al que se enfrenta le obliga,
rápidamente, a tomar medidas, para evitar la recomposición de las violencias polisémicas en
que generalmente desembocan los reflujos resultantes de la modificación de la correlación de
fuerzas y violencias. Persiste un remanente tendencial de violencias degradadas y anómicas
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de alta intensidad, violencias criminales, que si no son neutralizadas, pueden devenir en caldo
de cultivo de nuevos procesos insurgentes, que ciertamente serían ahora improbables de
determinar. Las actuales Bandas Criminales (BACRIM), y su dominio territorial en zonas del
noroeste del país dan visos al respecto. Lo positivo es que el régimen político se consolida y
ofrece una relación de coaliciones sectoriales y políticas fuertes. Con la capacidad inicial para
llevarlo a cabo.
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