el desarrollo rural en méxico y colombia. problemas comunes y respuestas emergentes de los actores

El dEsarrollo rural En México y coloMbia ProblEMas coMunEs y rEsPuEstas EMErgEntEs dE los actorEs

El desarrollo rural en México y Colombia Problemas comunes y respuestas emergentes de los actores

carlos cortEz, ÁngElEs gaMa, adriana góMEz, ManuEl PérEz y carlos a. rodríguEz

(coordinadorEs)

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANAUNIDAD XOCHIMILCO División de Ciencias Sociales y Humanidades

Universidad Autónoma MetropolitanaRector general: Enrique Pablo Alfonso Fernández FassnachtSecretaria general: Iris Edith Santacruz Fabila

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad XochimilcoRector: Salvador Vega y LeónSecretaria de Unidad: Beatriz Araceli García Fernández

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Reservados todos los derechos© Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco© Pontificia Universidad Javeriana

Primera edición: Bogotá, D.C.,diciembre del 2011ISBN: 978-958-716-507-4Número de ejemplares: 500Impreso en ColombiaPrinted in Colombia

Fotografía de portada: Gloria Stella Barrera Jurado, “María Concepción Chicunque, maestra artesana: tejedora de la comunidad Kamsá (Colombia)”.

Diseño de cubierta: Miguel Ángel Leyva R.

Impresión: Javegraf

Prohibida la reproducción total o parcial de este material sin la autorización por escrito de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y de la Pontificia Universidad Javeriana.

El desarrollo rural en México y Colombia : problemas comunes y respuestas emergentes de los actores / coordi-nadores Carlos Cortez…[et al.]. -- 1a ed. -- Bogotá : Editorial Pontificia Universidad Javeriana ; [Coyoacán, México, D.F.] : Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, 2011.312 p. : ilustraciones, diagramas, mapas y tablas ; 24 cm.Incluye referencias bibliográficas.ISBN: 978-958-716-507-4 1. DESARROLLO RURAL - MÉXICO. 2. DESARROLLO RURAL - COLOMBIA. 3. PRODUCCIÓN AGROPECUARIA - MÉXICO. 4. PRODUCCIÓN AGROPECUARIA - COLOMBIA. 5. CIUDADANÍA - MÉXICO. 6. CIUDADANÍA - COLOMBIA. 7. MUJERES EN EL DESARROLLO RURAL - MÉXICO. 8. MUJERES EN EL DESARROLLO RURAL - COLOMBIA. 9. CONFLICTO ARMADO - ASPECTOS SO-CIALES - MÉXICO. 10. CONFLICTO ARMADO - ASPECTOS SOCIALES - COLOMBIA. I. Cortez, Carlos, Coor. II. Gama, Ángeles, Coor. III. Gómez, Adriana, Coor. IV. Pérez, Manuel, Coor. V. Rodríguez, Carlos A., Coor. VI. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. VII. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, División de Ciencias Sociales y Humanidades.CDD 307.1412 ed. 21Catalogación en la publicación - Pontificia Universidad Javeriana. Biblioteca Alfonso Borrero Cabal, S.J.________________________________________________________________________________________________ech. Diciembre 05 / 2011

Índice

introducción 9carlos cortez, Ángeles Gama, Adriana Gómez,Manuel Pérez y carlos Rodríguez

coloMbiA RuRAl: desPojo de TieRRAs-conflicTo ARMAdo-inequidAd 15Gabriel Tobón quintero

AcToRes y luchAs sociAles en el escenARio del desARRollo RuRAl en México 23carlos A. Rodríguez Wallenius

Primera Parte. actores rurales y P 33Roberto diego quintana

PRoducción de MezcAl en lA ReGión TRAdicionAl del esTAdo de oAxAcA. coexisTenciA y PolARizAción 37Graciela concepción Ángeles carreño

oRGAnizAción de Pequeños PRoducToRes APÍcolAs. escenARios en TRAnsfoRMAción 47Rosa isela beltrán huerta

¿es lo ARTesAnAl un AcToR locAl de desARRollo? Reflexiones en ToRno A lA PeRsisTenciA de lo ARTesAnAl 59juan carlos Pacheco contreras

¿MoneTizAción de lA PR MesTicA? unA MiRAdA desde el cAso de lA PRoducción de ARRAcAchA (ArrAcAciA xAnthorrhizA) en cAjAMARcA 69

Índice6

segunda Parte. territorio 77Manuel Pérez Martínez y carlos Rodríguez Wallenius

PRocesos de desPojo en TeRRiToRios indÍGenAs: su hisToRiA, su exPlicAción, su leGiTiMidAd y su ResisTenciA 81Violeta R. núñez Rodríguez

PensAR Al TeRRiToRio desde lA PeRsPecTiVA del desARRollo RuRAl 93Ramsés Arturo cruz Arenas, juana cruz Morales, Alejandra Meza Velarde, Martha Angélica olivares díaz y emiliano Palacios de los Reyes

confiGuRAción de los esPAcios de conuRbAción en lA ciudAd de boGoTÁ 119Manuel enrique Pérez Martínez

el conflicTo ARMAdo y el desPlAzAMienTo foRzAdo en PuTuMAyo y nARiño, coloMbiA 137Gloria stella barrera jurado

tercera Parte. genero y desarrollo rural 147Adriana Gómez bonilla

MujeR y seGuRidAd AliMenTARiA esTRATeGiAs y APoRTes A lA seGuRidAd AliMenTARiA fAMiliAR 151María Teresa barón cruz

GeneRo, AMbienTe y desARRollo. APRendizAjes desde lAs coMunidAdes AfRocoloMbiAnAs del PA MbiAno 161diana lucía Maya y Pablo Andrés Ramos

ARTesAnAs indÍGenAs y Acceso A los MeRcAdos: unA exPResión de discRiMinAción culTuRAl y lAboRAl en el conTexTo MexicAno 175Paloma bonfil sánchez

el MAnejo de los RecuRsos nATuRAles y los Roles de GéneRunA PRoPuesTA deRiVAdA de lA AuTonoMÍA zAPATisTA 187Adriana Gómez bonilla

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Índice 7

cuarta Parte. ciudadanía y autonomía 201carlos cortez Ruiz

el PRoyecTo PolÍTico de lA MinGA sociAl y coMuniTARiA 207carlos cortez Ruiz

MulTiculTuRAlidAd y ciudAdAnÍA: sus MúlTiPles RosTRos. iMPAcTos de lA PolÍTicA del ReconociMienTo en oAxAcA 219Víctor leonel juan Martínez

AuTonoMÍA y jusTiciA en un MuniciPio AuTónoMo en lA zonA noRTe de chiAPAs 231Ángeles Gama

consTRuyendo o disPuTAndo fuTuRo? lAs oRGAnizAciones ciViles y el desARRollo en chiAPAs 245Gerardo A. González figueroa

coMunAlidAd, GlobAlizAción y AlTeRnATiVA ciVilizAToRiA: sieRRA suR de oAxAcA, México 259cirilo julián caballero

Quinta Parte. intercambio de exPeriencias: una ventana a la realidad colombiana 275Ángeles Gama

VisiTA A lA uniVeRsidAd cenTRAl 279Ángeles Gama

desARRollo VeRsus lA VidA buenA, RuRAl VeRsus sociedAdes RuRAles 287Ramsés cruz Arenas

APoRTAciones A lA coMPResión de lA ReAlidAd RuRAl coloMbiAnA: lA lAboR de desARRollo solidARio, unA AsociAción ciVil 295Adriana Gómez bonilla

el nARcoTRÁfico en el cAMPo MexicAno: un ReTo en lA inVesTiGAción del desARRollo RuRAl 303jesús lópez estrada

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INTRODUCCIÓN

Carlos Cortez, Ángeles Gama, Adriana Gómez, Manuel Pérez

y Carlos Rodríguez

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El desarrollo rural es un concepto de múltiples definiciones, las cuales algunas veces llegan a ser tan diversas que terminan siendo contradictorias. Tradicio-nalmente, la discusión sobre el desarrollo rural ha tenido como base diferentes corrientes teóricas del pensamiento social y económico vinculadas con el dis-curso del desarrollo. De esta forma, el desarrollo se concebía como un proceso de crecimiento orgánico, objetivo y acumulativo que implicaba la idea de pro-greso, el cual sólo podía tener una dirección y pasaba por las mismas etapas sin importar el contexto (Ortiz, 2009).

Bajo esta lógica, el desarrollo se definía a partir del ingreso per cápita, lo cual permitía comparar la productividad de los diferentes países; de esta manera, éstos podían ser clasificados como desarrollados o no desarrollados. Después, este mismo concepto fue relacionado con aspectos como la industrialización, el crecimiento económico, la transferencia de tecnología, la modernización y, de forma más reciente, el cuidado del medio ambiente –hay que aclarar, sin embargo, que esto se dio siempre bajo una idea evolucionista, la cual implica progreso y es algo exógeno a los grupos sociales, por lo tanto, éstos únicamente tenían que aceptarlo.

Por otro lado, para algunos autores (Escobar, 1996) el desarrollo tiene tras de sí una compleja red de relaciones políticas, económicas y tecnológicas –aso-ciadas a partir de la década de los cincuenta– para generar mecanismos y argumentos que además de buscar dar sentido al concepto de desarrollo, crearon una nueva forma de relación entre los países y los pueblos; estamos hablando del surgimiento del “subdesarrollo”, idea que convirtió a todos aquellos pueblos diversos en tan “sólo un espejo de una minoría pequeña y homogeneizada” (Esteva, 2001:53), representada principalmente por Estados Unidos.

Debido a que cualquier propuesta de desarrollo tiene siempre un sustento político e ideológico, si se busca que la gente realmente tenga una vida con las necesidades básicas resueltas, sería necesario pensar en un desarrollo no sólo en términos de crecimiento económico, sino también a nivel político y social.

CORTEz, GAMA, GÓMEz, PÉREz y RODRÍGUEz10

Entonces, el reto es construir un desarrollo distinto, donde se busquen nuevas forma de relacionar los procesos sociales y las transformaciones tecnocientíficas, así como los mecanismos que permitan dejar atrás los problemas socioeconómi-cos que afectan a la población (Escobar, 1996:16). Sin embargo, a pesar de este intenso debate en torno al desarrollo, actualmente la mayoría de las propuestas de los especialistas, las instituciones gubernamentales y las agencias internaciona-les siguen sin tomar en cuenta a las personas como tales (Gama, 2007).

Bajo el escenario antes descrito, esta obra busca contribuir no sólo al debate sobre el desarrollo, sino también demostrar la existencia de múltiples formas de desarrollo en las comunidades rurales de dos países de América Latina: México y Colombia. De igual manera, se presenta la complejidad de estos procesos así como la gran diversidad de actores sociales que pueden verse involucrados, además de los mecanismos y las estrategias empleadas para lograr el desarrollo, los cuales la mayoría de las veces no representan un proceso lineal y su única constante –entre una experiencia y otra– es la búsqueda de una vida digna; es decir, resolver las necesidades básicas de subsistencia (alimentación, salud, vivienda, educación, acceso a los recursos naturales y a un medio ambiente sin deterioro) en un marco que respete las particularidades culturales, las tra-diciones y las creencias, y que no sea resultado de una imposición de agentes externos a las comunidades.

El libro es resultado del intercambio académico entre el posgrado en Desa-rrollo Rural de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (uaM-X), y la maestría en Desarrollo Rural y el doctorado en Estudios Ambien-tales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana.

El objetivo del encuentro fue reflexionar a partir de las experiencias sobre los problemas comunes y emergentes en los que viven los actores rurales en México y Colombia mediante el diálogo entre estudiantes y profesores de ambas instituciones. De esta manera, los participantes presentaron sus avances de inves-tigación y marcos de reflexión para tener una discusión comparada entre ambas casas de estudio. Esto permitió conocer las experiencias de trabajo en zonas rurales de Colombia, y establecer marcos comparativos con estudios realizados en México, así como documentar los resultados obtenidos a fin de identificar lecciones, alternativas y conclusiones respecto a los problemas comunes.

El libro se estructura siguiendo la organización que tuvo el intercambio académico. Primero, se presentan dos trabajos derivados de conferencias ma-gistrales, los cuales expusieron un panorama general de lo que ocurre tanto en México como en Colombia. Estos trabajos están a cargo de Gabriel Tobón Quintero, con la ponencia titulada “Colombia rural: Despojo de tierras, con-

INTRODUCCIÓN 11

flicto armado e inequidad”, y Carlos A. Rodríguez Wallenius, con “Actores y luchas sociales en el escenario del desarrollo rural en México”.

Estas dos contribuciones sirven de contexto a las experiencias de desarrollo que se muestran posteriormente. La discusión sobre los problemas comunes y las respuestas emergentes de los actores, en cuanto al desarrollo rural en ambos países, se aborda en cuatro partes a partir de las cuales se organizaron las mesas de trabajo: a) actores rurales y producción, b) territorio, c) género y desarrollo, y d) ciudadanía y autonomía. Además de presentar estudios de caso, cada uno de los apartados incluye un capítulo introductorio que rescata los puntos comu-nes y las particularidades de cada estudio de caso. Esta organización temática permite analizar la problemática del desarrollo rural desde la perspectiva de los actores, así como desde los diversos aspectos que puede presentar.

El primer apartado, “Actores rurales y producción”, es fundamental para entender los procesos de desarrollo, ya que es a través de la producción que se expresan las múltiples estrategias para alcanzar una vida digna. En este apartado, Graciela Concepción Ángeles Carreño presenta el panorama de la producción de mezcal en el sur de México, la cual se ha convertido en las últi-mas décadas en una posibilidad de desarrollo para las regiones productoras que se encuentran en zonas de alta marginación. Por su parte, Rosa Isela Beltrán Huerta muestra cómo la experiencia de organizaciones de pequeños produc-tores apícolas aporta lecciones para lograr una vida digna dentro de un mundo globalizado. En este tenor, Juan Carlos Pacheco Contreras analiza la persis-tencia de lo artesanal como un mecanismo fundamental en los procesos de desarrollo local y que forma parte de la vida de los campesinos, abarcando lo económico, cultural y social. Esta primera parte cierra con el trabajo de Álvaro Martín Gutiérrez Malaxechebarría, quien presenta las posibilidades económicas y ambientales del sistema de producción agropecuaria de la arrachaca, raíz que forma parte de la dieta tradicional de la región de Cajamarca, en Colombia.

La segunda mesa de trabajo corresponde al eje de territorio, el cual se consideró importante para analizar las particularidades que presentan las dife-rentes expresiones de desarrollo rural, ya que en los últimos años las luchas en defensa del territorio han adquirido relevancia como un espacio fundamental para proteger las formas de vida, trabajo y organización de comunidades y pueblos campesinos, indígenas y afrodescendientes. Estos procesos se refieren a las luchas por el derecho de los campesinos a tener tierra, las experiencias de organización que tienen como espacio la comunidad, el municipio, los pro-yectos de conservación ambiental y ordenamientos territoriales, la defensa de los recursos naturales como el agua, bosques o minerales, la conservación de


los bienes culturales comunitarios y étnicos, así como la conflictividad en las interfases urbanas y rurales.

El primer trabajo de esta segunda parte es presentado por Violeta R. Núñez Rodriguez, quien analiza cómo ocurren los procesos de despojo en territo-rios indígenas. Posteriormente, resultado de un trabajo colectivo elaborado por Ramsés Arturo Cruz Arenas, Juana Cruz Morales, Alejandra Meza Velarde, Martha Angélica Olivares Díaz y Emiliano Palacios de los Reyes, se discute la importancia del territorio en diferentes experiencias de desarrollo rural. En la tercera colaboración de esta parte, se presenta un trabajo de Manuel Enrique Pérez Martínez referente a la configuración de los espacios de conurbación en la ciudad de Bogotá. El último trabajo de este apartado es el de Gloria Stella Barrera Jurado, quien analiza las implicaciones del conflicto armado y el des-plazamiento forzado en Putumayo y Nariño, Colombia.

La tercera parte de la obra corresponde al eje de género y desarrollo rural. La razón de incorporar este eje se debió a que en los diferentes contextos de ambos países –indígena, campesino y afrodescendiente– se ubica la participa-ción diferenciada entre mujeres y hombres en el trabajo, la política y lo social. También están las relaciones que los hombres y mujeres tienen con los recursos naturales, a partir de las cuales se establecen sistemas productivos con particu-laridades y estrategias para su manejo y conservación, de forma que se pueda garantizar la subsistencia de las familias, las comunidades y los propios recursos. En este contexto, el acceso y control de espacios y recursos naturales sigue sien-do inequitativo para las mujeres campesinas, afrodescendientes o indígenas.

En el primer capítulo de este tercer apartado, a cargo de María Teresa Barón Cruz, y a partir de una metodología cualitativa, se presentan algunos datos sobre la alimentación y las condiciones de seguridad alimentaria de las familias, las ca-racterísticas de la producción, la disponibilidad, el acceso y el aprovechamiento de los alimentos, así como las estrategias de las mujeres para lograr la seguri-dad alimentaria de la familia. El segundo capítulo es una aportación de Diana Lucía Maya y Pablo Andrés Ramos. Estos autores analizan el problema de la conservación de los recursos naturales desde un enfoque de género, así como sus efectos en el desarrollo, partiendo de la acción colectiva y el establecimiento diferenciado genéricamente de normas y reglas para acceder a los recursos na-turales. En el siguiente capítulo, Paloma Bonfil Sánchez describe los mecanismos que conducen a que las artesanas indígenas se inserten en el mercado bajo con-diciones desventajosas, donde son discriminadas y enfrentan una transferencia desigual de valor, así como la invisibilización y la explotación. El trabajo que cierra esta parte es de Adriana Gómez Bonilla, y corresponde a una investiga-

INTRODUCCIÓN 13

ción realizada en un Municipio Autónomo Rebelde zapatista en el estado de Chiapas, al sur de México. La autora analiza cómo la autonomía zapatista es un escenario donde se reconfiguran los roles de género en el manejo de los recursos naturales; los resultados muestran que si bien las mujeres zapatistas han ganado espacios en el ejercicio de su derechos a partir de las leyes revolucionarias, éstos no se reflejan totalmente en el acceso y control de los recursos naturales ni en la toma de decisiones respecto a los sistemas productivos.

En la cuarta parte, “Ciudadanía y autonomía”, se presentan las experiencias de desarrollo rural que muestran no sólo la diversidad de opciones al respecto, sino también las contradicciones, dificultades, aciertos y formas de resistencias que se generan al tratar de lograr una vida digna.

En este apartado se presenta un trabajo referido a Colombia y cuatro a México. El trabajo sobre Colombia, a cargo de Carlos Cortez Ruiz, se refiere al movimiento del pueblo indígena Nasa del Norte del Cauca, el Departamento con mayor población indígena en Colombia –surgido a partir de la marcha que partió del Occidente para hacer una crítica al neoliberalismo y para ir constru-yendo alianzas con el sector urbano, impulsada por la asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. El trabajo de Víctor Leonel Juan Martínez señala que el estado de Oaxaca, en el sur de México, tiene aproximadamente un 35% de su población hablante de lenguas indígenas, con 16 grupos étnicos, y que el 75% de su territorio es de propiedad social (27% ejidal, 73% comu-nal). En la Constitución local, desde 1995 se reconocen los “usos y costumbres” como mecanismo para la elección de autoridades, lo que el autor considera como un reconocimiento a la ciudadanía diferenciada --una ciudadanía en el nivel comunitario está asociada al cumplimiento de determinadas obligaciones, como el trabajo colectivo o el cumplimiento por escalafón de servicios civiles y religiosos que tienen que ver con el funcionamiento de la comunidad a través del sistema de cargos.

María de los Ángeles Gama aborda el sentido de justicia que se aplica en co-munidades choles y tzeltales del Municipio Autónomo zapatista Benito Juárez, donde el concepto de autonomía aparece vinculado con el sujeto social indio que se construye como sujeto de derechos políticos colectivos a partir de enarbolar la demanda autonómica. En el caso de las autonomías zapatistas desarrolladas en el estado de Chiapas, éstas se concretan en el proyecto político de los mu-nicipios autónomos rebeldes zapatistas como un paso más en la formulación, desde la praxis, de las autonomías indígenas.

Gerardo A. González Figueroa busca aportar elementos para responder a la pregunta sobre cuál es el papel que desempeñan las Organizaciones de la


Sociedad Civil en la construcción de alternativas en un contexto complejo. Por otra parte, Cirilo Julián Caballero aborda las profundas transformaciones que se viven en la Sierra Sur de Oaxaca en la época neoliberal, con impactos que trascienden y afectan el mundo de la vida y la cotidianidad de los pueblos. La disputa entre el capital y el trabajo se centra ahora con mayor profundidad en la batalla por el espacio, el territorio, los recursos naturales y en la definición del presente y el futuro de las comunidades y de los pueblos.

Finalmente, el último apartado del libro se conforma por trabajos derivados de algunas visitas que los miembros del doctorado en Desarrollo Rural de la uaM-Xochimilco realizaron a algunas instituciones y organizaciones durante la estadía en Colombia. De ellos destacamos las actividades realizadas en el Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos de la Universidad Central de Bogotá a cargo de María de los Ángeles Gama, quien presenta una relatoría de los principales punto de trabajo de dicha universidad. El trabajo de Ramsés Cruz Arenas, derivado del encuentro con académicos de la Universidad de Caldas, en Manizales, presenta una reflexión acerca del concepto de desarrollo y las posibilidades de cambiarlo por el de la “buena vida”, igualmente, sobre las metodologías de trabajo y el entendimiento de lo rural. A continuación, Adria-na Gómez Bonilla presenta un acercamiento a la organización civil Desarrollo Solidario, la cual proporciona un acompañamiento total a los grupos campesi-nos y comunidades con las que se vincula, promoviendo procesos organizativos para una producción agroecológica y sustentable. Para terminar, Jesús López presenta una reflexión sobre los riesgos y las limitaciones que impone la pre-sencia del narcotráfico en las regiones donde se realizan las investigaciones de campo de los estudiantes del doctorado, a partir de su experiencia en el norteño estado de Sinaloa.

BIBLIOGRAFÍA

Escobar, Arturo (1996), La invención del tercer mundo: Construcción y decons-trucción del desarrollo, Grupo Editorial Norma, Santa Fé de Bogotá.

Esteva, Gustavo (2001), “Desarrollo”, en Wolfgang Sachs (ed.), Diccionario del desa-rrollo. Una guía del conocimiento como poder, Galileo, México.

Gama, Ángeles (2007), Es lo que soñamos que hay que hacer para ser, tesis de maestría en Desarrollo Rural, Universidad Autónoma Metropolitana, México.

Ortiz, Tonantzin (2009), Bordando paradigmas para el desarrollo, Universidad Autóno-ma Metropolitana, México.

Colombia RuRal: Despojo De TieRRas-ConfliCTo aRmaDo-inequiDaD

Gabriel Tobón Quintero*

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inTRoDuCCión

los temas que a continuación se tratan, se desarrollan en el marco de un his-tórico intercambio académico entre la universidad autónoma metropolitana, unidad Xochimilco (méxico) y la facultad de estudios ambientales y Rurales de la pontificia universidad javeriana de Colombia; se considera histórico por cuanto los programas de maestría en Desarrollo Rural de ambas universidades cumplen 25 y 30 años respectivamente, y además porque es el primer evento en su género que se realiza en Colombia en las últimas décadas.

la situación de las sociedades rurales colombianas se caracteriza por presen-tar un abrumador despojo de tierras de los pobladores rurales, la persistencia de un agudo conflicto interno sin poder resolverse y una abismal inequidad, tanto en la concentración de la tierra como en la distribución del ingreso. sin embargo, es mucho más compleja que los anteriores aspectos y cubre otros que no es el objetivo abordar en las presentes notas.

la Colombia rural no se reduce al despojo de tierras de que han sido y siguen siendo víctimas los pobres del campo, tampoco a la existencia de un conflicto armado interno que lleva ya casi 47 años y menos aún a la secular inequidad que ha tenido que mantener como una de sus más vergonzosas im-prontas, pero sí son los rasgos más característicos de su historia reciente.

en la historia rural de Colombia es conveniente destacar, además de lo dicho, la gran capacidad productiva y la resistencia a desaparecer de miles de pequeños productores campesinos que desde diferentes actividades aportan entre 50 y 60% de la producción de los alimentos que se consumen en el mer-cado interno. este aporte, por supuesto, no se reduce sólo a lo productivo, sino

* profesor-investigador del Departamento de Desarrollo Rural y Regional, facultad de estudios ambientales, pontificia universidad javeriana [[email protected]; [email protected]].

GABRIEL TOBÓN QUINTERO16

también a su conocimiento, experiencia, cultura y tecnología, contribuyendo a conservar nuestros recursos naturales.

En este mismo sentido, también cabe destacar el papel desempeñado por los sectores productivos de la agricultura moderna, la agroindustria, los grandes propietarios latifundistas y los rentistas del suelo rural, quienes a pesar de ser en parte responsables de las grandes tragedias del mundo rural, son actores llamados a participar en las soluciones que estas sociedades reclaman.

Los temas abordados permiten unas conclusiones generales: en primer lu-gar, Colombia no ha podido diseñar una política de tierras que resuelva los problemas estructurales que su alta concentración reclama; en segundo, las condiciones de pobreza e inequidad se mantienen y profundizan; y en tercer lugar, el conflicto armado interno sólo podrá resolverse si el conjunto de la sociedad colombiana resuelve favorablemente los problemas de concentración de la tierra, pobreza e inequidad.

Ahora bien, como antes fue dicho, los rasgos característicos de la Colom-bia rural son el despojo de tierras a los pobres del campo, el conflicto armado interno y la inequidad: a renglón seguido se presentará una descripción muy general de cada uno de éstos. Pero antes se hará una breve descripción de la localización geográfica de Colombia.

ASPECTOS GENERALES

Colombia está situada en una de las esquinas más estratégicas de Sudamérica: en la esquina noroccidental de América del Sur, sobre la línea ecuatorial, en plena zona tórrida. Tiene salida por dos mares (Atlántico y Pacífico), éstos co-nectan o podrían conectarla con la cuenca del Pacífico y del Atlántico, esto es, con el resto del continente asiático y americano-europeo, respectivamente. La mayor parte del territorio se localiza geográficamente en el hemisferio norte, sin embargo, es equidistante con el norte y sur del continente americano.

Colombia es un país que tiene una población de 44,050,548 habitantes, de los cuales 74.1% (32,637,782) se encuentra en áreas urbanas y 25.9% (11,412,794) en áreas rurales. Tiene una superficie total de 114,174,800 hectáreas, de las cuales, se estima que a lo agropecuario le corresponden 51,076,145 hectáreas, de acuerdo con estimaciones hechas por el Ministerio de Agricultura y De-sarrollo Rural y la Corporación Colombia Internacional (2008), según datos arrojados por la Encuesta Nacional Agropecuaria (Ena) realizada en 2008.

COLOMBIA RURAL: DESPOJO DE TIERRAS-CONFLICTO ARMADO-INEQUIDAD 17

La distribución de esta superficie según los usos del suelo es de la siguiente manera: agrícola 7%, pecuario 77%, bosques 14%, y otros 2%. Estos porcenta-jes equivalen a 3,570,024 hectáreas en uso agrícola, de éstas, 1,356,104 corres-ponden a cultivos transitorios y 2,054,025 a cultivos permanentes. La superficie en uso pecuario, básicamente ganadería, es de 38,866,386 hectáreas y el uso en bosques es de 7,572,758 hectáreas (Ena, 2008).

La Constitución Política de 1991 definió a Colombia como un país pluriét-nico y multicultural, caracterizado por una rica diversidad regional. Su carácter pluriétnico viene de la convivencia en el territorio nacional de una población indígena que asciende a 1,378,884 habitantes, que representan 3.4% del total de la población, una población afrodescendiente, estimada en 16% del total de la población, que podría estar compuesta por unos seis millones de afrocolom-bianos, y el resto de pobladores mestizos. Ambiental y biológicamente, Colom-bia se encuentra entre los primeros cinco países más megadiversos del mundo y es uno de más ricos del planeta en este campo.

Tiene una amplia diversidad de ecosistemas que comprende hábitats que van desde los páramos y laderas andinas hasta selvas tropicales, humedales, sa-banas, llanuras, altillanuras y desiertos. Dicha variedad de ecosistemas aumenta su riqueza biológica calculada en 10% del total de especies del planeta. Como antes fue dicho, tres de los rasgos más importantes, aunque no los únicos, que caracterizan la realidad rural colombiana son el despojo violento de tierras y bienes de que ha sido objeto la población rural, la persistencia del conflicto armado y la inequidad de la sociedad colombiana, particularmente del campo. Veamos entonces de manera sucinta cada uno de ellos.

EL DESPOJO DE TIERRAS

La propiedad sobre la tierra ha estado en el centro de los principales conflictos agrarios y del conflicto armado interno en la historia colombiana de fines del siglo xix, en el siglo xx y lo que llevamos del xxi.

Las formas de tenencia de la tierra y los conflictos asociados a ella continúan siendo uno de los componentes centrales que expresa las disparidades regionales, las desigualdades sociales, políticas y económicas entre los pobladores rurales.

Adicionalmente, dichos conflictos son fiel reflejo de la crisis humanitaria y productiva del sector rural, de la que aún no logra recuperarse, al contrario, ésta se profundizó como resultado de los efectos que produjeron las medidas de aper-tura económica y desregulación de los mercados aplicadas desde principios de


1990 y por la imposición de un modelo agroexportador que excluyó de sus polí-ticas los beneficios para los pequeños y medianos productores agropecuarios.

El fenómeno histórico más destacable en materia de tenencia de la tierra es la concentración de la propiedad de ésta en manos de muy pocos propietarios. Dicha concentración ocurrió y sigue ocurriendo como consecuencia de la secu-lar violencia política que ha vivido el campo colombiano desde mediados del siglo xx y ostensiblemente profundizada en los años corridos del xxi.

Esta concentración, vista como proceso, produjo, entre otros efectos, el es-tablecimiento de una estructura agraria bimodal caracterizada por dos formas de propiedad: el latifundio y el minifundio, con el absoluto predominio del primero sobre el segundo —esta afirmación fue corroborada por un importante académico y analista agrario colombiano cuando en uno de sus estudios señaló que la estructura agraria se caracteriza por “el avance de la gran propiedad, el deterioro de la mediana y la fragmentación de la pequeña, tres fenómenos acompañados de violencia, desplazamiento de pobladores rurales y masacres continuas” (Machado, 1998:55).

Esta bimodalidad se ha profundizado desde entonces al punto de la común aceptación, por parte de todos los analistas agrarios, de que el grado de con-centración de la tierra medido por el coeficiente de Gini se mantiene entre 0.84 y 0.86% y su tendencia es a aumentar, convirtiendo a Colombia en el primer país de América Latina en presentar mayor concentración de la propiedad y en uno de los que mayores desigualdades tiene en la materia.

La problemática de la concentración de la tierra se ha profundizado con la agudización del conflicto armado interno y la violencia que ejercen los actores armados sobre la población rural, desplazándola y despojándola de la tierra y sus bienes. Ello quedó evidenciado con el resultado de la II Encuesta Nacional de Verificación de los Derechos de la Población Desplazada (Env) realizada en 2008, cuando se encontró que la magnitud del despojo de tierras ascendió a 5,504,517 hectáreas, siendo las principales afectadas unas 385,000 familias con distintas formas de tenencia, principalmente de regiones como la costa atlánti-ca, la región andina, el choco biogeográfico, la orinoquia y la amazonia.

Esta situación expresa adicionalmente el rotundo fracaso de la política de tierras y de los programas de reforma agraria que se han implementado desde 1936 cuando fue expedida la primera ley de tierras en el país, conocida en Colombia como la Ley 200.

Desde entonces, este tipo de programas se ha planteado la democratización de la propiedad sobre la tierra por la vía de hacer propietarios a los campesinos sin tierra, a quienes tienen poca, a los jornaleros agrícolas o a quienes pueden


gozar de beneficios del Estado por ser parte de programas de reinserción, des-movilización o desplazamiento forzado.

Este propósito democratizador, como antes se mostró, no sólo fracasó sino que, más grave aún, desde 1970, en que se desmontaron oficialmente los in-tentos de hacer una reforma agraria por acuerdo de los partidos tradicionales liberal-conservador en la localidad de Chicoral, Departamento del Tolima, en 1973 y conocido como el “pacto de chicoral”, se han producido dos contrarre-formas agrarias a sangre y fuego cuyos protagonistas fueron los narcotraficantes entre 1980 y principios de 1990 y los grupos paramilitares desde entonces hasta nuestros días.

EL CONFLICTO ARMADO INTERNO

Colombia es uno de los pocos países en el mundo en el que aún persiste un conflicto armado interno, en el que se enfrentan la guerrilla, los grupos para-militares y la fuerza pública del Estado.

Las actuales guerrillas (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejér-cito del Pueblo, farc-EP, y Ejército de Liberación Nacional, Eln) son una la-mentable herencia y grave secuela del enfrentamiento y las guerras por el poder entre los partidos tradicionales colombianos liberal y conservador de mediados del siglo xx.

Del mismo modo, los denominados Grupos Paramilitares o Autodefensas Unidas de Colombia (auc) representan la respuesta contrainsurgente a la gue-rrilla, desde la década de los años ochenta, de algunos sectores sociales vincula-dos a las actividades ganaderas, agroindustriales, empresariales, al narcotráfico, la política y a sectores de la fuerza pública colombiana.

Interesa destacar que el conflicto armado interno ha estado estrechamente relacionado con las disputas por la tierra y como tal se convirtió en otra de las constantes históricas de nuestra vida como nación.

Para el historiador Gonzalo Sánchez (1989), uno de los procesos menos vi-sibles de la violencia política liberal-conservadora de 1950 y 1960 en Colombia fue el que tuvo que ver con los efectos sociales sobre las estructuras agrarias y en particular sobre la tenencia de la tierra.

En este sentido, Sánchez señala que

[...] la violencia, por donde se iba expandiendo, estaba sacudiendo las estructu-ras de la propiedad agraria. Precautelativamente, o bajo el chantaje, miles de


acosados campesinos del interior abandonaban sus parcelas, o en el mejor de los casos las vendían a compradores forzosos y a precios abismalmente inferiores a los normales. Tales tierras tenían múltiples destinos. A veces pasaban a un terra-teniente de la zona, otras a campesinos del bando contrario, y muchas veces a una nueva capa de comerciantes de ambos partidos –“los aprovechadores”– que se estaban formando como clase comerciante-terrateniente en los negocios tur-bios de la violencia (Sánchez, 1989:149).

Paradójicamente, casi 60 años después de los sucesos antes descritos, encon-tramos que el fenómeno sobre el despojo de la tierra como tal, como resultado de la violencia política y del conflicto, se repite, siendo responsables de tal des-pojo los actores armados principalmente.

En la I Encuesta Nacional de Verificación de los Derechos de la Población Desplazada de 2007, se encontró que los responsables del desplazamiento de la población eran los paramilitares en 37%, las farc-EP en 29.8%, el Eln en 3% y la fuerza pública en un 3% de éstos. Los responsables con mayor nivel de participación en el despojo de tierras y usurpación de los bienes de la población desplazada fueron los paramilitares, en asociación con los narcotraficantes vin-culados a sus estructuras de muerte y violencia (Env, 2007).

LA INEQUIDAD-POBREzA RURAL

La inequidad y la pobreza rural son otros indicadores que caracterizan la rea-lidad del mundo rural colombiano. Éstos no registran cambios significativos en los años recientes; a pesar de que la pobreza evolucionó más favorablemente, su nivel es demasiado alto.

En efecto, en 1991 la pobreza rural se situó en 66% y mantuvo una tra-yectoria ascendente hasta llegar a su pico más alto en 1999, cuando alcanzó el increíble porcentaje de 78.1, luego siguió un curso descendente que paró en 2005 para alcanzar esta vez 68.2%, lo que equivaldría, según el censo de 2005, a unos 7,817,764 pobres rurales (López y Núñez, 2007). Al parecer, de acuerdo con los últimos estimativos de la Comisión Económica para América Latina (2009), la tendencia de estas cifras va en aumento: la cifra aumentará en nueve millones de pobres como consecuencia de la crisis mundial.

Del mismo modo que los altos índices de la pobreza, Colombia registra uno de los más altos índices de concentración del ingreso, mismo que no ha tenido mayores variaciones en la última década, evidenciando una distribución muy inequitativa.


Al respecto, el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universi-dad Nacional de Colombia concluyó en un estudio realizado para la Contralo-ría General de la Nación (2006) que el 20% más rico del país recibe 60% o más del ingreso nacional, que el 40% no pobre recibe menos del 30% del ingreso, y que el 40% más pobre recibe menos del 10% del ingreso nacional. Lo an-terior fue corroborado por la Contraloría General de la República, organismo de control público que concluyó en su informe al Congreso de la República lo siguiente:

La alta desigualdad en los ingresos constituye una barrera para lograr rápida-mente las metas de la reducción de la pobreza en Colombia. Bien se ha dicho que cuanto más desigual es un país menos efectivo es el crecimiento para redu-cirla. La pobreza, al menos la de ingresos, que se deriva de la concentración del ingreso y la riqueza y de la ausencia de oportunidades, genera un círculo vicioso y perverso de menos oportunidades de salud, educación, esparcimiento, vivienda y crédito para los pobres, que a su vez los hace aún más pobres y prolonga su condición (Contraloría General de la Republica, 2008:3).

Los datos anteriores configuran una profunda inequidad en la sociedad co-lombiana para los más pobres y las capas medias de la población, que se acen-túa y agrava con los altos índices de pobreza, especialmente para los pobladores rurales. Además, si se tiene en cuenta el alto nivel de concentración de tierra en manos de unos pocos propietarios y la incidencia que en ésta tiene el conflicto armado interno, se podrá comprender que las posibles soluciones tendrán que darse asumiendo el tratamiento de los problemas estructurales que se expresan en los conflictos por la tierra, la estructura agraria, la distribución equitativa del ingreso y una solución política y dialogada del conflicto armado interno.

BIBLIOGRAFÍA

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Actores y luchAs sociAles en el escenArio del desArrollo rurAl en México

Carlos A. Rodríguez Wallenius*

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introducción

durante el primer semestre de 2009, México estuvo marcado por dos tipos de gripes. la primera fue la declarada por el secretario de hacienda, Agustín carstens, quien dijo que la crisis que afectaba al país no era más que un “ca-tarrito”1 para nuestra economía. unos meses después, supimos que estábamos en una situación de pulmonía crónica y terminal, con una economía que caía a pique (10.3% en el segundo trimestre2 ) y con un incremento en el desempleo y la pobreza, anadiéndose a esta realidad seis millones de nuevos pobres, según las mismas cifras oficiales.3

era una pulmonía producto de una larga serie de reformas y políticas eco-nómicas que se han aplicado fielmente por gobiernos neoliberales desde hace 25 años y que terminaron no sólo empobreciendo a amplios sectores de la población, sino también desarticulando la industria nacional, provocando la quiebra de miles de pequeñas, medianas y hasta grandes empresas: solamente en 2009, fueron 500,000 pymes las que desaparecieron.

lo otra gripe, la influenza ah1n1 que súbitamente apareció en México en el mes de abril, puso en evidencia la incapacidad, descoordinación y abandono del sistema de salud pública, pero además mostró algo más profundo: la sepa-ración entre los intereses de clase política y las necesidades de la población. los

* coordinador del posgrado en desarrollo rural y profesor-investigador del departa-mento de Producción económica de la uam-xochimilco.

1 “México tendrá un catarrito por la crisis en eu: carstens”, El Universal, 7 de febrero de 2008.

2 Juan Antonio Zúñiga y roberto González Amador, “se despeñó 10.3% el pib en abril-junio, reporta el inegi”, La Jornada, 21 de agosto de 2009, p. 24.

3 noemí Gutiérrez, “Ante pobreza, sedesol ajustará programas sociales”, El Universal, 20 de julio de 2009.

CARLOS A. RODRÍGUEz WALLENIUS24

discursos y las acciones de las autoridades, contradictorias y erráticas, paraliza-ron al país creando incertidumbre en la ciudadanía.

Las dos gripes mexicanas muestran, como en un espejo, que la situación para gran parte de la población, en esencia, no mejoró, a pesar del cambio de régimen político en el 2000, al ser derrotado el partido hegemónico (el Partido Revolucionario Institucional) que gobernó durante 70 años y que permitió el acceso al poder federal al partido de derecha (Partido Acción Nacional). Des-pués de nueve años de gobiernos panistas, nada ha cambiado en el sistema político y social.

Sin embargo, la situación actual es más grave, pues estamos en medio de una crisis que no sólo es económica, sino también es política, social, ambiental, alimentaria y de inseguridad, es decir, una crisis sistémica que pinta un panora-ma poco halagüeño. Entonces ¿qué caminos, qué alternativas se nos presentan en este difícil contexto?

Es aquí cuando los más excluidos y pobres de los mexicanos, los campesinos, indígenas, migrantes, jornaleros, mujeres del campo, nos dan nuevamente luces ante esta oscura situación.

LUCHAS CAMPESINAS y DESARROLLO RURAL

El sector rural ha resistido durante muchas décadas, pero especialmente duran-te el último cuarto de siglo, ante una verdadera ofensiva empresarial y guber-namental que ha querido desaparecer a 25 millones de personas que viven en zonas rurales, entre las cuales están 11 millones de indígenas, cinco millones de ejidatarios y comuneros y dos millones de jornaleros (Robles, 2008).

Todos ellos han resistido mediante diferentes acciones en la idea de man-tener sus mundos de vida campesinos, basados en prácticas sociales, saberes y solidaridades que trazan esperanzas y posibilidades.

y es que hay elementos centrales que plantean desde esa resistencia, pues indígenas y campesinos son herederos de una forma milenaria de producción basada en el maíz, el sistema de milpa4 y la organización comunitaria, así como la lucha social por el derecho a poseer tierra. Sobre esto podemos recordar per-sonajes campesinos como Emiliano zapata, quien defendió los derechos agra-

4 La milpa es un sistema que se basa en la roza-tumba-quema, que combina la produc-ción de varias clases de maíz con otros productos, principalmente el frijol y la calabaza, así como plantas y animales silvestres.

ACTORES y LUCHAS SOCIALES 25

rios de las comunidades, o gobiernos progresistas como el del general Lázaro Cárdenas, que vio en el campo un pilar fundamental para la construcción del país, o en los movimientos campesinos de la década de 1970 que enfrentaron la cerrazón del Estado hacia la población rural. En este largo proceso, las co-munidades indígenas y campesinas lograron que un poco más de la mitad del país (105 millones de hectáreas) estén bajo propiedad social, mediante cinco millones de ejidatarios y comuneros.

Pero la lucha agraria no sólo permitió que los campesinos tuvieran acceso a la tierra, también posibilitó que se convirtieran en guardianes de la diversidad cultural, pues en ese espacio viven 56 pueblos originarios, mestizos y afrodes-cendientes. Además, son guardianes de la diversidad ambiental, pues está bajo su resguardo una de las mayores variedades de fauna y flora que habita bos-ques, selvas, ríos y desiertos (Boege, 2009).

La relación de la producción maíz, milpa, organización comunitaria y pro-piedad social de la tierra fue el centro de la ofensiva neoliberal, su desbarata-miento se trató de hacer con reformas constitucionales que permitieron la venta de tierras, el desmantelamiento de la mayor parte de los apoyos e instituciones públicas al campo y la apertura del mercado interno a los productos agrope-cuarios del exterior.

El hecho de desarticular esta relación perseguía varios objetivos, pero uno de ellos era el fundamental: quitar el control social sobre la tierra y de los vastos recursos naturales, propiedad de campesinos e indígenas, y que esos recursos fueran insertados en el ámbito del mercado y la ganancia, lo que Harvey (2007) ha definido como “acumulación por desposesión”.

Esta intensión de los gobiernos y los empresarios se ha enfrentado en los últimos años con luchas y resistencias comunitarias por la defensa del territorio, que expresan no sólo la necesidad de que la tierra sea para los campesinos, sino que también se mantengan bajo su custodia los recursos y las culturas que existen en él.

Así, la tierra se mantiene como el elemento central para conservar la vida campesina, no obstante que a partir de 1992 se modificó la Constitución para permitir la venta de tierras de ejidos y comunidades que están en el ámbito de la propiedad social. A pesar de ello, hasta nuestros días sólo se ha dado un proceso marginal de compra y venta de tierras, que se realiza entre los propios ejidatarios. únicamente 1.5% de las tierras se ha vendido a personas no eji-datarias en los 16 años de existencia de la nueva ley agraria (Robles, 2008), y fundamentalmente en las periferias de las ciudades.


5 Para mayor información sobre la importancia del agua como negocio véase Rodríguez (2006) y Delgado (2005).

Otro eje fundamental en la defensa del territorio son las movilizaciones contra la construcción de grandes proyectos empresariales y de infraestructura, como clubes de golf, desarrollos inmobiliarios, presas hidroeléctricas, aeropuer-tos, sistemas de carreteras, centrales eólicas y minería, las cuales han tenido respuestas importantes de parte de las comunidades afectadas. Luchas emble-máticas como las de Tepoztlán en contra del club de golf en 1996; Tepeaca, en el oriente de la ciudad de Puebla, contra el proyecto inmobiliario y de servicios Milenium en 2002; San Salvador Atenco, contra el aeropuerto de la ciudad de México también en 2002; y presas hidroeléctricas como La Parota o Paso de la Reina, desarrollos mineros como en Mezacala, San Pedro u Oco-tlán, son muestras de esta oposición que ha detenido la implementación de los proyectos y, además, posibilitado a los campesinos implantar su hegemonía y soberanía sobre su territorio (zambrano, 2001).

Otro elemento de confrontación se refiere al tema del agua, que ahora re-sulta fundamental para las industrias y para el abastecimiento de las ciudades, sobre todo por su comercialización a una gran población que necesita de ella.5 Esto ha provocado varios conflictos con comunidades campesinas que tienen bajo su resguardo manantiales, arroyos o fuentes del líquido.

Las luchas en defensa del agua de Xoxocotla, Cocotitlán, Romita, Acuit-lapilco, Axocopa, en el centro del país, son muestra de esta conflictividad cre-ciente entre una pujante industria de la comercialización del agua y la defensa campesina de este recurso.

No podemos dejar fuera de la defensa territorial el eje referente al ejercicio de la autonomía, la cual deja claro que no hay construcción del territorio sin ejercicio de las capacidades soberanas sobre él, lo que implica la necesidad de construir el poder local desde los actores rurales, y que representen los intereses de la población, tal como lo muestran los municipios oaxaqueños, las luchas municipalistas de Tlalnepantla y Xochistlahuaca, y la remunicipalización en es-tados como Chiapas, Guerrero y Michoacán, que expresan la apropiación en la toma de decisiones sobre el territorio, en el sentido del ejercicio de su capacidad soberana y de autodeterminación.

Pero quizás el ejemplo más emblemático de las luchas autonomistas es el de los zapatistas chiapanecos con la creación, a partir de 1994, de los Municipios Autónomos Rebeldes zapatistas (Marez) y de las Juntas de Buen Gobierno (los Caracoles) en agosto de 2003, como entidades de coordinación regional de las


comunidades zapatistas, ambos espacios sin reconocimiento por parte del Esta-do mexicano, pero legitimados por su población.

Las luchas por los territorios, sus recursos naturales y su soberanía, no sólo son mecanismos que expresan una resistencia a los intentos de expoliar a los pueblos sus tierras, aguas, minerales y decisiones, sino también prácticas de re-sistencia que implican la existencia de un proyecto de sociedad desde los actores sociales y en el que retoman el mundo de vida campesino e indígena: es la lu-cha por el buen vivir donde la milpa, el maíz, la vida comunitaria, la propiedad social de la tierra y la autonomía política son elementos centrales.

MOVIMIENTOS RURALES y PROyECTO CAMPESINO

Las luchas por la defensa del territorio representan una parte importante de los procesos que están construyendo algunos de los sectores rurales del país; pero de forma paralela y en conexión con los impactos de las políticas neo-liberales, se han desarrollado otras formas de movilización que empujan a la articulación entre diferentes organizaciones de distinto signo político y que se vinculan en redes, frentes y movimientos amplios que tienen como centro la defensa de la vida y la producción campesina, que involucran a organizaciones indígenas, uniones de productores, productores, comercio justo, cooperativas de artesanas, mujeres eji datarias6 y asociaciones que defienden la producción orgá-nica, la comercialización de maíz criollo y están en contra de los transgénicos, entre otras.

Estos movimientos amplios, de carácter indígena y campesino, han tenido varias expresiones relevantes en los últimos años. Entre las acciones colectivas recientes debemos resaltar el levantamiento zapatista de indígenas chiapanecos en enero de 1994, el cual cuestionó los dos pilares de la modernización neolibe-ral en el campo: la reforma al artículo 27 constitucional y el carácter excluyente del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan), que entraba en vigor en esas mismas fechas. Semanas después, el zapatismo se convirtió en el centro aglutinador de la resistencia popular frente al régimen. En la Conven-ción Nacional Democrática en agosto de 1994, en la que participaron cerca de seis mil delegados de todo el país, se condenaron las políticas económicas neoliberales y el tlcan.

6 Las cuales tienen crecientemente una mayor presencia, pues ya suman unas 800,000 ejidatarias en el país


Después, en 1995, en los diálogos de paz entre el Ejército zapatista de Li-beración Nacional (Ezln) y el gobierno federal, se mantuvieron las demandas iniciales del movimiento indígena, aunque la parte gubernamental bloqueó cualquier intento de incorporar (en los acuerdos de la mesa I sobre “Cultura y derechos indígenas”) referencias a la política económica y a los tratados de comercio, proceso que culminó en 2001 cuando el Senado de la República rechazó los acuerdos sobre reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho.

La siguiente expresión social de rechazo provino de un sector del que no se esperaba una respuesta tan fuerte y menos aún tan organizada. En efecto, los impactos de la apertura comercial y la crisis financiera de 1994 se acentuaron en el sector de los pequeños y medianos agricultores, que estaban vinculados al mercado; ello generó un importante movimiento social, en la segunda mitad de la década de 1990, de pequeños y medianos productores del campo orga-nizados en El Barzón.7 Esta organización, de expresión nacional, aglutinó el descontento y desacuerdo de productores agropecuarios del sector privado con el modelo neoliberal.

El Barzón pasó en 1996 de la demanda de solución de la cartera vencida a la lucha por un nuevo modelo económico, expresado en el Acuerdo Nacional para la Reactivación Económica, el Rescate de la Planta Productiva y el Em-pleo, en el cual se reconoce, entre otros puntos, la importancia de la economía campesina como elemento primordial del desarrollo en el campo, así como la necesidad de renegociar el tlcan (De Grammont, 2001:197).

La transición del régimen de partido hegemónico en el 2000, permitió un incipiente proceso de acercamiento entre las distintas políticas sociales; en este contexto, en 2002 se gestó un importante proceso de movilizaciones y conver-gencia política que une a distintas organizaciones campesinas e indígenas de diferentes orígenes y orientaciones políticas, agrupadas en torno al Movimiento “El Campo No Aguanta Más” (MEcnaM), las cuales protagonizaron una de las movilizaciones más grandes de los últimos años (el 31 de enero de 2003) en rechazo al tlcan y exigiendo la renegociación del capítulo agropecuario.

Después de varios meses de movilizaciones, el MEcnaM obligó al gobierno a sentarse a negociar una agenda de política pública propuesta por el propio movimiento. A partir de este ejercicio inédito en la vida pública del país, las instituciones gubernamentales se vieron obligadas a elaborar, conjuntamente

7 Por su referencia al corrido revolucionario “El Barzón” que cuenta la vida de peones acasillados, siempre endeudados con los hacendados.


8 “i) Se exige la inmediata renegociación del capítulo agropecuario del tlcan para recuperar la soberanía agroalimentaria cedida en dicho Tratado, asegurar el derecho de México a la protección de sus productos básicos y estratégicos para la seguridad y sobera-nía agroalimentaria. ii) Restablecer la protección jurídica de la propiedad social y aprobar las bases normativas de la soberanía agroalimentaria, la defensa del territorio, la propiedad social y los recursos naturales de los campesinos e indígenas, mediante cambios legislativos que reviertan las reformas al artículo 27 constitucional y la ley agraria; restituyan el derecho a la tierra como un derecho al trabajo; restablezcan a la parcela ejidal como patrimonio familiar. iii) Establecer un mecanismo de administración del comercio exterior del maíz y frijol, y la creación de una reserva estratégica alimentaria nación con los campesinos organi-zados. iv) Que el gobierno federal y estatal ratifiquen el Acuerdo Nacional para el Campo. v) Reorientar, con la participación de las organizaciones campesinas, las políticas públicas agropecuarias, forestales, pesqueras y de desarrollo rural, y del presupuesto federal para el

con los campesinos, un Acuerdo Nacional para el Campo (anc) signado por el Ejecutivo Federal y diversas organizaciones en abril de 2003. Sin embargo, el gobierno federal no cumplió la mayoría de las propuestas convenidas en el anc, ya que, en parte, se aprovechó del pragmatismo y sectarismo de algunas de las organizaciones campesinas, de manera que las prácticas clientelares acabaron por imponerse.

Desde inicios de 2007 la situación en el país se tornaba difícil por el incre-mento en el precio de las tortillas y del maíz, con los ánimos caldeados ante las organizaciones campesinas por el incumplimiento del anc y con preocupacio-nes ante la inminente desgravación del maíz blanco y frijol estadounidense. En este contexto, varias organizaciones campesinas retomaron el incipiente proceso de convergencia generado en el MEcnaM e impulsaron una serie de acciones y movilizaciones para protestar por el incremento de los productos de la canasta básica y por un programa emergente para la producción sostenida de maíz y la renegociación del tlcan.

Por su parte, en junio de 2007 diversas organizaciones campesinas nacio-nales y regionales, en conjunto con algunas organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas, convocaron a la Campaña Nacional en Defensa de la Soberanía Alimentaria y la Reactivación del Campo Mexicano bajo el lema “Sin maíz no hay país... ¡Pon a México en tu boca!”.

Esta alianza de organizaciones propuso 10 medidas urgentes para la pro-tección del maíz mexicano, por la soberanía alimentaria y la reactivación del campo mexicano, lo que después de un proceso de convergencias permitió que en enero de 2008 se impulsara una movilización nacional, con un documento unitario denominado Manifiesto Campesino.8


Esta vez las protestas campesinas no tuvieron eco en el gobierno federal, ni siquiera por el hecho de revivir el moribundo Acuerdo Nacional para el Campo firmado en 2003. Ante ello, la estrategia de las centrales campesinas fue sumar alianzas con otros sectores, a manera de construir una fuerza social con mayor capacidad para enfrentar al gobierno, pero sobre todo para crear una fuerza contrahegemónica desde y con la sociedad.

CONCLUSIONES

Lejos de tener una sociedad pasiva ante las dificultades que ha provocado la crisis económica, las luchas sociales nos hablan de que los actores rurales en México han enfrentado la fase última de las políticas neoliberales de diversas maneras, ya sea organizándose contra las afectaciones directas que tratan de destruir sus formas de vida, al intentar las empresas y gobiernos quitarles sus tierras, agua, minerales y recursos naturales, o por las experiencias de articu-lación que han realizado las organizaciones campesinas y de agricultores para empujar políticas públicas incluyentes para el campo. Esta gama de acciones expresa que la resistencia está planteando una serie de prácticas sociales en tér-minos de proyectos de sociedad y alternativas de futuro, que tratan de remontar la crisis que actualmente vive el sistema capitalista.

Una crisis que no sólo es económica, sino sistémica, y que, como toda crisis de este tipo, es un periodo de oportunidad para que los grupos organizados de la sociedad puedan llevar a cabo cambios que retomen el proyecto de sociedad campesina, un proyecto que tiene como elementos fundamentales la milpa, el maíz, la comunidad, la propiedad social de la tierra y la autonomía política, lo que plantea una relación diferente con el Estado y un papel distinto de éste para impulsar el proyecto nacional.

En este sentido, los campesinos e indígenas han ido abonando con sus estra-tegias de resistencia y formas de organización elementos para la construcción de una alternativa popular, que puede dar algunas coordenadas a un proyecto de una sociedad más incluyente.

campo. vi) Se exige la prohibición a la siembra de maíz transgénico y el establecimiento de un programa multianual de fomento productivo y de mejoramiento tecnológico para la producción de maíces criollos, híbridos y orgánicos para proteger la riqueza genética, la economía campesina y satisfacer la demanda nacional”.


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primera parte Actores rurAles y producción

Roberto Diego Quintana*

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en el conversatorio del grupo Actores rurales y producción que formó parte de las actividades del intercambio académico del nivel de doctorado del posgrado en desarrollo rural de la uam-Xochimilco con la universidad Javeriana de colombia participaron, como moderadora, neidy clavijo, y como relatores, roberto diego y Jaime Forero.

entre los proyectos presentados en el seminario de intercambio entre estas dos instituciones cabe mencionar el de carmenza casiblanco titulada “Análisis de escenarios para la implementación de los biocombustibles en colombia en múltiples escalas”.

A quienes veníamos de México, debido a una de nuestras “perversiones” investigativas, nos sorprendió que en estas investigaciones no aparecieran los actores sociales de la región en estudio, y que el tema se refiriera solamente al cambio de uso de suelo y su impacto en el medio ambiente. Muy proba-blemente el hecho era que muchos de los actores sociales que habitaban esas tierras ya no estaban allí, y que habían pasado a engrosar la horda urbana de “desplazados” cuya presencia evidencia que más allá del narcotráfico, la rapiña desatada desde los poderes fácticos ha expulsado a cerca de cuatro millones de colombianos de sus comunidades, mismos que han dejado tras de sí unos 5.5 millones de hectáreas, cerca del 10% de la superficie agropecuaria del país.

este vaciamiento social, en algunas regiones de colombia, pareciera haber favorecido la reconfiguración del patrón de tenencia de la tierra hacia grandes extensiones aptas para el uso intensivo en capital, muchas de las cuales han caí-do en manos de grandes corporaciones transnacionales interesadas, entre otras cosas, en la producción de biocombustibles.

* profesor-investigador del departamento de producción económica y del posgrado en desarrollo rural de la universidad Autónoma Metropolitana-unidad Xochimilco.

ROBERTO DIEGO QUINTANA34

Es en este nuevo escenario en el que se generan investigaciones preocu-padas por el cuidado del medio ambiente, cual borrón y cuenta nueva, sin cuestionar la hecatombe social generada por este éxodo rural producto de la violencia, aceptándolo como una mera fatalidad social que no pareciera tener vuelta de hoja. A raíz del debate, Carmenza Casiblanco consideró fundamental responder a lo largo de la investigación “quiénes ganan y quiénes pierden con el cambio de uso del suelo”. Desafortunadamente, la autora no pudo enviar el trabajo por escrito para ser incluido en esta publicación.

Por su parte Álvaro Martín Gutiérrez Malaxechebarría, estudiante de docto-rado en Estudios Ambientales y Rurales, de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, presentó la ponencia: “Viabilidad económica y ambiental de sis-temas de producción agropecuaria con riego informal en ladera”, refiriéndose más concretamente a la producción de la arrachaca, una raíz que forma parte de la dieta tradicional de la región de Cajamarca.

Como en muchas otras partes de América Latina en Cajamarca está en proceso la apertura de una mina de oro a cielo abierto, “La Colosa”, por la transnacional sudafricana Anglo Gold Ashanti, con serias implicaciones para la ecología de una reserva natural que alimenta un milenario bosque de niebla, poniendo en riesgo la sobrevivencia de más de 160 manantiales que proveen de agua a las comunidades de la región, y contaminando al río Coello, que alimenta al sistema de irrigación.

Para este autor, un punto preocupante también es el impacto que la explo-tación de la mina va a tener en el mercado de mano de obra regional, dados los mejores salarios en la actividad minera —el autor vaticina un serio déficit de mano de obra para las actividades agropecuarias regionales y la virtual des-aparición de cultivos ancestrales como la arrachaca.

En el trabajo enviado para su publicación, Gutiérrez varió el tema y dejó de lado el impacto de la minera, y en “¿Monetización de la producción doméstica? Una mirada desde el caso de la producción de arracacha (Arracacia xanthorrhiza) en Cajamarca” presenta una descripción de la distribución del trabajo de las unidades domésticas y de los jornaleros temporales, acentuando los distintos arreglos entre el dueño de la tierra y los socios que aportan insumos y capital, así como la relevante labor de las mujeres encargadas de elaborar los alimentos para el ejército de jornaleros requeridos en diversas fases de la producción de este cultivo.

Juan Carlos Pacheco Contreras, también doctorante de la Universidad Jave-riana, presentó “Artesanismo. La persistencia de lo artesanal como un medio de vida rural sostenible clave para procesos de desarrollo local”, en el que mostró

ACTORES RURALES y PRODUCCIÓN 35

la actividad artesanal como parte de los medios de vida de los campesinos, desde lo económico, cultural y social, en relación con el desarrollo local. ya en su trabajo escrito titulado “¿Es lo artesanal un actor local de desarrollo? Re-flexiones en torno a la persistencia de lo artesanal”, este autor, por medio de un ensayo teórico conceptual, invita al lector a cuestionar el papel de lo artesanal en los procesos locales de desarrollo.

Pacheco plantea el interés por comprender “lo artesanal desde tres aspectos: a) su relación con un entorno local y global, b) el potencial de sostenibilidad en tanto su persistencia ante las dinámicas de mercado, y c) la estructura cultural que soporta la producción artesanal”.

Rosa Isela Beltrán Huerta, del posgrado en Desarrollo Rural de la uaM-Xo-chimilco de México, participó con el tema “Organización de pequeños produc-tores indígenas: Perspectiva de participación sociopolítica en la experiencia de apicultores mazatecos”. La autora debatió sobre la participación sociopolítica y la convivencia y construcción de acuerdos entre campesinos-indígenas miembros de una organización de apicultores. ya en su trabajo escrito, “Organización de pequeños productores apícolas. Escenarios en transformación”, Beltrán resalta la importancia de comprender la experiencia de pequeños productores tomando como ejemplos dos organizaciones apícolas, una de México, Miel Néctar Ma-zateco (MnM) y otra de Colombia, la Asociación de Productores Agropecuarios Ambientales Rurales, Empresa Sin Ánimo de Lucro (asoProaM Esal).

A partir de los problemas que ambas organizaciones enfrentan para poder sobrevivir en el aparente libre mercado global, la autora concluye que “nos estamos enfrentando a complejos escenarios donde las reglas del juego se im-ponen desde acuerdos políticos de poderes económicos que guían las formas de producir y consumir. Es una lucha por la reconfiguración de las estructuras desde diferentes niveles. El espacio de la organización productiva, visto como microespacios y microestructuras, es una de esas luchas”.

Graciela Concepción Ángeles Carreño, del posgrado en Desarrollo Rural de la uaM-Xochimilco de México, presentó la ponencia “Producción de mezcal en la región tradicional del estado de Oaxaca. Coexistencia y polarización”. En ella, la autora dilucidó las alternativas de los pequeños productores de mez-cal en un mercado competido, entre ellas lograr la Denominación de Origen de esta bebida. En su escrito, del mismo nombre, esta autora plantea que “la producción de mezcal en el sur de México ha sido considerada en las últimas décadas una posibilidad de desarrollo para las regiones productoras, las que a su vez se encuentran catalogadas en su mayoría como de muy alta y alta marginación.

ROBERTO DIEGO QUINTANA36

Para la autora, “el proyecto de desarrollo propuesto por el Estado ha gene-rado una marcada polarización entre pequeños productores y grandes empre-sarios, que conviven bajo un esquema legal representado por la Denominación de Origen y la Norma 070. Bajo este panorama, la posibilidad de competir entre estos sectores históricamente antagónicos representa para los primeros un reto de sobrevivencia, ante la cada vez más amenazante desaparición que enfrentan por la falta de condiciones para sobrevivir en un mercado cada vez más estandarizado.

De esta manera, la necesidad de reconocer los atributos que diferencien la producción tradicional resulta indispensable para que estos mezcales puedan competir en nichos de mercado diferenciado [...] lo que podría mantener viva la actividad de los productores de mezcal en las zonas rurales y permitiría re-cuperar la transmisión del conocimiento de su producción, la cual hoy en día se encuentra en peligro de desaparecer por la falta de expectativas que dicha actividad representa para las nuevas generaciones”.

Producción de mezcal en la región tradicional del estado de oaxaca. coexistencia y Polarización

Graciela Concepción Ángeles Carreño*

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introducción

la producción de mezcal en el sur de méxico ha sido considerada en las úl-timas décadas una posibilidad de desarrollo para las regiones productoras, las que a su vez se encuentran catalogadas en su mayoría como de muy alta y alta marginación. el proyecto de desarrollo propuesto por el estado ha generado una marcada polarización entre pequeños productores y grandes empresarios, que conviven bajo un esquema legal representado por la denominación de origen y la norma 070.1 Bajo este panorama, la posibilidad de competir entre estos sectores históricamente antagónicos representa para los primeros un reto de sobrevivencia ante la cada vez más amenazante desaparición que enfrentan por la falta de condiciones para sobrevivir en un mercado cada vez mas estan-darizado. de esta manera, la necesidad de reconocer los atributos que diferen-cien la producción tradicional resulta indispensable para que productos como el mezcal puedan competir en nichos de mercado diferenciado, tales como el de orgánicos o bien el gourmet, lo que podría mantener viva la actividad de los productores de mezcal en las zonas rurales y permitiría recuperar la transmisión del conocimiento de su producción, la cual hoy en día se encuentra en peligro

* estudiante de la cuarta generación del doctorado en desarrollo rural de la uam-x. correo electrónico: [[email protected]]

1 la denominación de origen es la protección legal de un producto agroalimentario, el cual presenta características específicas de calidad, además de provenir de un espacio geo-gráfico concreto reconociendo en él los factores naturales y los humanos, siendo su finalidad la de proteger la autenticidad de los mismos tanto dentro como fuera de su país de origen. asimismo, para el caso del mezcal, la nom 070 es el documento técnico en el cual se esta-blecen los criterios para la producción de la bebida, convirtiéndose en el instrumento para la certificación de la calidad de la bebida, el cual es ejecutado por el consejo mexicano regulador de la calidad del mezcal (comercam).

GRACIELA CONCEPCIÓN ÁNGELES CARREñO38

de desaparecer por la falta de expectativas que dicha actividad representa para las nuevas generaciones. El presente ensayo nos introduce en el análisis de la problemática que viven los pequeños productores de mezcal en el estado de Oaxaca, no sólo en el sentido del mercado en que se encuentran insertos, sino además de los problemas internos de las comunidades productoras, sus contra-dicciones, sus posibilidades de sobrevivencia, la importancia como una activi-dad que da identidad a dichas regiones, así como de la economía campesina que se sigue practicando en esta región de México.

ESPACIO DE COEXISTENCIA

La historia reciente de la producción de mezcal puede ser enmarcada en dos momentos históricos. El primero se refiere a la etapa conformada por la Ley de Alcoholes establecida en todo el país a finales de 1940 y que permaneció hasta principios de 1980, y el segundo establecido a partir de 2004 con la entrada en vigor de la Norma 070 (noM-070) a la fecha. Ambos momentos históricos se encuentran marcados por decisiones político-hacendarias que han afectado la producción de la bebida.

El mezcal ha sido por siglos una de las bebidas producidas y consumidas en el territorio nacional. Aunque no se tiene certeza sobre el momento en que comenzó a producirse, se ha popularizado la versión de que es resultado de la llegada de los españoles y con ellos de la difusión del método de destilación. En sentido estricto, llamamos mezcal a toda bebida obtenida a partir de la cocción, fermentación y destilación del agave. Sin embargo, por cuestiones de identidad la bebida recibe diferentes nombres según la región en que se produzca. A par-tir del siglo pasado, estas particularidades dieron la posibilidad de crear Deno-minaciones de Origen (do),2 que permiten distinguir los mezcales provenientes de las diferentes regiones y etnias del país; de esta manera surgió la do Tequila, la do Mezcal, la do Bacanora y, más recientemente, la do Raicilla.

2 La do se refiere a la regulación, certificación, legitimación y protección que se le otorga al nombre de un país, región o localidad que se utiliza para identificar un producto agroalimentario que en él se origine. Los organismo encargados de otorgar tal do son la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de la Organización de las Naciones Uni-das y el Acuerdo sobre Aspectos Comerciales de los Derechos de Propiedad Intelectual de la Organización Mundial de Comercio.

PRODUCCIÓN DE MEzCAL EN LA REGIÓN TRADICIONAL DEL ESTADO DE OAXACA 39

Después de haber sido aprobada la do Mezcal en 1994,3 fue creada la noM-070; sin embargo, ésta entró en vigor hasta febrero de 2004 debido a la inexistencia de un consejo regulador encargado de aplicar dicha norma. Una vez acreditado el Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal (Co-mercam) en el año 2003, la norma pudo ser aplicada.

La norma, como tal, es un documento técnico que requiere ser revisado a fondo, tal razonamiento ha sido compartido por la mayoría de los productores que desde 2003 han iniciado el proceso de certificación. Los principales incon-venientes a los que se han enfrentado, es la falta de reconocimiento sobre la diversidad de formas o estilos para producir mezcal, lo que ha ocasionado que los métodos de producción tradicional salgan de los parámetros establecidos por los sistemas de producción tecnificados, lo que crea la necesidad de generar criterios para dar solución a situaciones no consideradas en la actual norma. La elaboración de tales criterios se traduce en un trámite largo en el que el produc-tor para ser tomado en cuenta debe demostrar que otros productores presentan la misma situación, lo cual no siempre es posible en tanto que la gran mayoría aún no ha certificado sus procesos o simplemente por la ubicación geográfica no tienen relación alguna. Este par de ejemplos muestra la necesidad de hacer una revisión y modificación a ciertos aspectos dentro de la norma para hacerla inclusiva permitiendo que se respete la tradición de cada zona productora.4 Un segundo factor es la falta de canales de comercialización y la falta de conoci-miento sobre estrategias de venta, pero principalmente la falta de capital para poder cubrir la cadena completa, lo que ha dejado a los pequeños productores a merced de un grupo cada vez más grande de envasadores, quienes fijan el precio de la bebida5 además de ser quienes se quedan con la mayor ganancia.

3 La do Mezcal está conformada por los estados de Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Durango, zacatecas, Guanajuato y Tamaulipas.

4 En principio, la norma no considera elementos que puedan diferenciar a los pequeños de los grandes productores, lo cual les resta diferenciación en el mercado. Al mismo tiem-po, económicamente todos son tratados bajo los mismos criterios, lo que obviamente hace que la carga económica siga siendo mayor para el pequeño productor, lo que de alguna manera podría interpretarse como un mecanismo para controlar el mercado por medio de restricciones económicas.

5 Desde hace pocos años, la forma de operar de estos envasadores ha ido cambiando. Actualmente cada empresa envasadora ha incursionado en la producción, construyendo para ello fábricas de tamaño considerable, con lo que la producción de los pequeños pro-ductores ha sido desplazada.


La noM-070 se desprende de la do; dicha norma regula la producción de la bebida bajo criterios químicos y normas sanitarias que imperan en nuestro país y fuera de él. Sin embargo, un detalle de gran importancia como lo es la calidad de la bebida se encuentra en una especie de limbo en el que el concepto no considera la autenticidad de la bebida al tiempo que pone en entredicho los criterios bajo los que se funda la do.6

En este mismo orden de ideas, una de las inconsistencias de las do mexi-canas para bebidas alcohólicas es la permisividad de contar con dos tipos de bebidas: tipo I y tipo II, diferenciándose éstas por el porcentaje de agave que se emplea para la elaboración de la bebida. Como ya se mencionó, en el caso del mezcal el porcentaje de agave está distribuido de la siguiente manera: el tipo I es 100% agave, y el tipo II es 80% agave y 20% otra fuente; en el caso del tequila y el bacanora se acepta para el tipo I 100% agave y para el tipo II 51% agave y 49% otra fuente, mientras que sólo la raicilla considera exclusivamente el 100% agave. Dicha flexibilidad ha generado una opinión de desconfianza respecto a las do mexicanas en el exterior, principalmente en la Unipon Euro-pea donde las bebidas destiladas son exclusivamente 100% —dicho criterio es con la finalidad de proteger la autenticidad de un producto, sin embargo, en el caso mexicano, desde la creación de la primera do, en este caso la del tequila, se consideró un tequila tipo II que en un principio fue 60% agave y 40% otros azúcares, pero que en años recientes fue modificado a 51% y 49% respecti-vamente—. Aunado a esto, el hecho de que el tequila pueda ser exportado a granel y envasado fuera del país ha generado un serio descontrol en cuanto a la regulación de la calidad de la bebida, ocasionando su falsificación a discre-ción. Lo anterior dio como resultado que en 2007 un grupo de empresarios tequileros solicitara la intervención de las autoridades europeas para controlar la adulteración de la bebida, sin embargo, y contrario a lo esperado, las auto-ridades europeas manifestaron estar imposibilitadas para brindar dicho apoyo en tanto que la bebida era adulterada en su origen por permitirse la adición de otros azúcares para su producción.

En las condiciones actuales, la producción de mezcal se ve amenazada ante la falta de reconocimiento a su diversidad cultural; asimismo, el interés que presenta un grupo de productores y envasadores por seguir los pasos de la in-

6 Basándose exclusivamente en criterios físicoquímicos, dejando de lado el sustento cultural. Por otro lado, dicha norma se encuentra limitada en cuanto al reconocimiento y entendimiento de la diversidad biológica y cultural en la que se produce y reproduce la bebida.


dustria del tequila ha generado fuertes conflictos entre los productores de agave y mezcal, sobre todo por el interés de los envasadores y productores industriales por modificar la norma para permitir que el mezcal tipo II se elabore con 51% de agave y 49% de azúcares provenientes de otra fuente, como ocurre con el tequila tipo II, pues de llegarse a aprobar dicha modificación la demanda de agave disminuiría ya que los pequeños productores sólo pueden producir mezcal 100% agave y el consumidor no tiene la información suficiente para diferenciar entre un mezcal tipo I y uno tipo II.

La lógica en la que se desarrolla la “legalidad” de la bebida está relacionada con la política económica que el Estado genera, en tanto que es éste el princi-pal promotor de los recursos legales y humanos que sirven para desarrollar la industria en Oaxaca, buscando con ello mejorar los ingresos de los habitantes y por ende su calidad de vida.

LA POLARIzACIÓN

Desde hace un par de años, la “industria del mezcal” se encuentra claramente dividida en dos visiones: una que considera impostergable la industrialización de la bebida —muy al estilo tequila—, y una segunda guiada bajo el mante-nimiento de la tradición mezcalera, incluyendo en ésta el rescate cultural y la diversidad biológica de las bebidas en México.

En años recientes, esta postura local se ha visto a prueba ante la llegada de la empresa Armando Guillermo Prieto, la cual es propiedad de una empresaria del área de las bebidas embotelladas7 quien ha invertido grandes sumas de dinero para levantar en el distrito de Tlacolula la más grande fábrica de mezcal cons-truida hasta ahora, usando tecnología desarrollada en la industria tequilera.

Este nuevo viraje en la historia, ha replanteado la discusión sobre la nece-sidad de reconocer las características de producción para diferenciarse en el mercado. Sin embargo, estos nuevos embates no han logrado hacer que los locales se organicen y confluyan para protegerse de los intereses del exterior. Las pugnas internas y la larga historia de explotación a la que han sido some-tidos los pequeños productores por la élite local han impedido tender puentes de confianza y cooperación entre estos dos sectores.

7 Aunque nunca se le ha visto en público, se dice que es la concesionaria de la Coca-Cola en el sureste del país.


Así como ha llegado esta empresa a Oaxaca, también han llegado los “nue-vos conquistadores” encabezados por jóvenes sobre todo de la ciudad de Méxi-co o extranjeros8 que ven en el mezcal una nueva mina de oro para explotar. El negocio consiste en identificar zonas, ubicar productores y definir agaves para hacer mezcal. Compran a granel y envasan con su marca, definen precios en función a la escasez de la bebida pagando a los productores precios irrisorios a sabiendas de que los mismos desconocen el valor de su producto, y fijan el precio en función al complemento económico que requieren para vivir, pues no dependen de la producción de mezcal, sino que ésta sólo representa una de las tantas actividades económicas que realizan.

Esta “fiebre” del mezcal es vista por algunos sectores como una buena señal, mientras que para otros no es más que una nueva etapa de explotación, si bien más sutil y menos violenta. El capital, entonces, ronda al mezcalero que sigue viviendo en su lógica campesina, sin embargo, surge una interrogante: ¿Qué ocurrirá cuando estos mezcales comiencen a tener demanda?, y en términos culturales: ¿Cuáles serán las afectaciones al momento de tener que producir en mayor volumen?, ¿quién se preocupará por la presión de que serán objeto estas especies, y la disminución del número de ejemplares?

POSIBILIDADES DE CONSTRUIR FUTURO

Pensar en el horizonte del mezcal nos lleva de manera inmediata a considerar el contexto, a identificar a los aliados y a pensar en el marco legal. Por lo que, considerando esos elementos, podemos decir que ante la posibilidad que abre la revisión de la norma y la propuesta surgida desde el Comercam de proponer una nueva categoría, la de Mezcal Artesanal, existe la posibilidad de que, una vez aprobada la propuesta, los mezcales provenientes de pequeños productores puedan diferenciarse en el mercado.

De igual manera, la paulatina presencia del mezcal en las principales ciuda-des del país ha permitido insertarse en nichos de mercado y con ello la deman-da de mezcal de los pequeños productores. Afortunadamente, el mezcal ha sido acogido como un producto exclusivo y escaso, altamente especializado y poco

8 Algunos de los jóvenes nacionales que podemos identificar son; Alan Ibarra (Mezcal Milagrito), Daniel Obadia (chef que creó su propia marca), y el extranjero Jonathan Barbieri (Mezcal Pierde Almas), entre otros.


tecnificado. Esta imagen, en gran medida, ha sido la proyectada principalmente por chefs, someliers, artistas y la élite que actualmente consume mezcal.

Este momento histórico pareciera ser el indicado para reescribir la historia del mezcal, para llenar de nuevo contenido la palabra ‘mezcal’ reconsideran-do en ella la carga cultural, geográfica y biológica para darle personalidad propia, carácter y presencia ante una diversidad de culturas que por años han experimentado con granos, frutas y plantas para producir bebidas alcohólicas; es decir, es el momento de permitir a los dueños de este conocimiento tener rostro.

Sólo de esta forma mezcales como el Minero, Tobala, Cenizo, Cupreata o de Pechuga podrán gozar de los beneficios de una norma, sin perder su identidad al cambiar de nombre o simplemente no ser considerados en la norma como hasta este momento ha ocurrido, sino al contrario, servirse de ese instrumento técnico y legal para potencializar la diferencia en un mundo donde la especiali-zación de las cosas pareciera ser una salida para los pequeños productores.

Cree, a estas alturas, después de todas las historias de fracaso, que la indus-trialización y la homogeneización es la salida para las pocas industrias del país resulta una locura. Es necesario recordar el pasado para identificar errores y evitar en lo futuro repetirlos, es impostergable virar en el camino y retomar la ruta de lo diverso, no sólo porque la historia lo demanda sino porque la com-plejidad del mundo reclama buscar alternativas para el desarrollo. Actualmente los modelos de desarrollo del viejo mundo han demostrado que no eliminan la pobreza ni las diferencias sociales, sino al contrario, las acentúan y provocan en el mediano plazo la manifestación de los desposeídos para exigir ese derecho a la igualdad de condiciones.

La producción del mezcal ocurre en medio de una red de relaciones sociales que establecen los actores a través de su actividad, retroalimentándose y adap-tándose a las nuevas condiciones. El maguey, como símbolo de los conquistados, refuerza la historia de los pueblos indígenas, pues al igual que aquellos, éstos aún sobreviven y cada día reclaman su espacio y el respeto a su sobrevivencia, igual que la tierra se manifiesta ante los efectos de la contaminación generada por el desarrollo industrial.

Por tanto, resulta necesario superar la idea de lo homogéneo como el mo-delo ideal. El mundo del mezcal es diverso, y es en esa diversidad en la que se recrea y se diferencia. Reconocer la diferencia y el derecho a ser diferente es una demanda de quienes han conservado este conocimiento, pero para ello es necesario utilizar las herramientas técnicas y políticas que permitan legitimar tal cosa; en este sentido, una Denominación de Origen resulta necesaria aunque


insuficiente, se requiere de denominaciones específicas que permitan atender las diferencias que puedan existir en un mismo territorio como resultado de la diversidad étnica y geográfica, pues en México la existencia de microclimas ofrece la posibilidad de producir cientos o miles de mezcales diferentes unos de otros.

Las opción que genera una do para los campesinos, al dar este tipo de reconocimiento a un producto que ellos elaboran, puede tener repercusiones altamente positivas para ellos, siempre y cuando sean ellos quienes elaboren los criterios para ser certificados, apropiándose así de la responsabilidad y los bene-ficios de dicho reconocimiento, pues una de las finalidades de la do es generar un beneficio económico a los productores, así como regular la circulación en el mercado de mercancías que pudieran tener cierto parecido.

Aunque la do no es la única herramienta que se puede emplear para prote-ger un producto como el mezcal, ésta ha sido la primera que se ha solicitado. Actualmente se han iniciado los trámites para solicitar la creación de una mar-ca colectiva9 de mezcal, la cual está siendo promovida por el Comercam con la finalidad de instalar otros mecanismos de protección para la bebida.

Ante la apertura de un mercado nacional para el mezcal durante los últimos años, las expectativas son altas, sin embargo, la promoción sigue siendo de bajo perfil por lo que la participación de aliados del sector restaurantero tendrá un papel preponderante en el desarrollo de este mercado incipiente. La “moda del mezcal” es un fenómeno que ha despertado cierto interés para los tequile-ros, quienes comienzan a mostrar interés por la industria. De igual manera, el surgimiento de nuevas marcas buscando la diferenciación como estrategia de venta ha resultado toda una innovación y un cambio de paradigma para una parte de la industria, después de que durante dos décadas la visión fuera la de la industrialización y por ende de la homogeneización.

Finalmente, el reto de los pequeños mezcaleros es resistir los nuevos embates con proyectos creativos de comercialización. Aprovechar su redescubrimiento y luchar por ser reconocidos en la norma. Establecer alianzas y mantener el conocimiento. Sin embargo, para lograr esto, se requiere la sensibilidad del Estado en tanto que es éste el que figura como dueño legítimo de la do.10 Así

9 Una marca colectiva es el reconocimiento legal de una marca empleada por una colecti-vidad. Dicho grupo es el que promueve tal reconocimiento y establece las reglas de uso así como el espacio geográfico que abarcará la marca colectiva.

10 A diferencia del resto del mundo donde existen denominaciones de origen, en México el titular de la do es el Estado, no los productores como ocurre en otras partes del mundo.


pues, no sólo se requiere de una estrategia para comercializar y reconocer las diferencias en la norma, sino también para establecer un diálogo en el que se permita escuchar la voz de los pequeños productores, pues son ellos con su trabajo los que dan sentido a la do —lo que deja claro que la coexistencia entre pequeños productores y productores industriales es posible y puede mejo-rarse en la medida en que existan reglas claras, consumidores conscientes y un marco legal que proteja el trabajo de los pequeños productores al momento de ingresar al mercado—. El futuro se construye de a poco, y no es un aconteci-miento aislado, es parte de los cambios en el mundo, por lo que a pesar de los presagios es posible la permanencia del mezcal tradicional, es posible que salga de su marginación para coexistir con la producción industrial en un mundo globalizado.

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Tal situación obstaculiza las modificaciones pues es el Estado el que media y determina los contenidos de la norma.

Organización de pequeñOs prOductOres apícOlas. escenariOs en transfOrmación

Rosa Isela Beltrán Huerta*

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presentación

el presente trabajo forma parte de la investigación de tesis doctoral. su hilo conductor se centra en la organización de pequeños productores1 en méxico, en específico de la organización productiva de base étnica en la experiencia de una organización de apicultores de la sierra mazateca, Oaxaca. pretende, por tanto, mostrar algunos espacios, perspectivas y necesidades que viven coti-dianamente los apicultores en un complejo contexto mundial actual. el apar-tado 1 aborda una propuesta de análisis de la construcción de organizaciones de pequeños productores. el apartado 2 presenta la experiencia de pequeños productores apícolas de la sociedad de producción rural de responsabilidad ilimitada (spr de ri), llamada miel néctar mazateco (mnm). el punto 3 se pre-senta a manera de conclusiones.

entretejiendO lO estructural, lO históricO, la cOyuntura y la cOtidianidad

los procesos de organización de pequeños productores en méxico2 se relacio-nan con un análisis entrelazado entre lo estructural, la historia, la coyuntura

* doctorado en desarrollo rural, uam-Xochimilco. correo electrónico. [[email protected]].

1 por ‘pequeños productores’ se hace referencia a aquellos que alternan su actividad productiva para el mercado con actividades de producción de autoconsumo campesino y otras actividades no agropecuarias. también se relaciona con algunas características de su actividad comercial: problemas de baja productividad, venta a intermediarios, desatención de los problemas de plagas y enfermedades, escasa inversión en el proceso de producción o de diversificación y transformación de la producción, entre otros.

2 cerca de 24.5 millones de personas viven en zonas rurales. de éstas, alrededor de 43.6% se concentra en los estados de chiapas, Oaxaca, guerrero, tabasco y Veracruz (La

ROSA ISELA BELTRÁN HUERTA48

y la cotidianidad de su práctica y su presencia como colectivo. Así, se pueden ubicar tres categorías de análisis3 que nos ayudan a comprender cómo estos aspectos concurren, se materializan y subjetivizan en la forma de representar a la organización como ejercicio y acción colectiva:

a) El análisis histórico-estructural.4 La existencia de procesos de organiza-ción de pequeños productores tiene una relación con las demandas de grandes movilizaciones campesinas de corte agropecuario en un entorno capitalista —referido este entorno a los modelos de desarrollo económico y las políticas macroeconómicas que han sido desventajosos para ellos—. Así también, la organización de los pequeños productores debe analizarse a partir de su relación con las organizaciones locales o microrregionales que eventualmente forman parte de las grandes organizaciones o movili-zaciones gremiales campesinas del país.

b) La coyuntura. Los logros de las grandes movilizaciones campesinas de carácter nacional desencadenan una respuesta organizada de los pro-ductores desde diferentes ámbitos espaciales (local, regional o estatal). Se generan ciertas coyunturas que permiten a los productores materializar su presencia en acción; por ejemplo, la motivación para organizarse después de un aumento al fomento de la producción o la generación de programas para la legalización de figuras asociativas; en estas coyuntu-ras se articulan alianzas y aprendizajes que motivan nuevas formas de organización. Otras coyunturas ajenas a la respuesta social también pue-den motivar o desmotivar a la organización. Podemos ver también que demandas o situaciones locales o regionales generalizadas en el país han dado impulso a grandes movilizaciones que exponen demandas ocultas del ámbito nacional.

c) El espacio de la organización productiva. Conocer y entender el tipo de acciones y estrategias que construyen las organizaciones para la solución de problemas de corte estructural, macroeconómicos y políticos que les

Jornada, 2007). Aproximadamente 11 millones son indígenas y 12 millones son productores agropecuarios (Rodríguez, 2009).

3 Cabe señalar que las tres categorías de análisis se interrelacionan entre sí y en ningún momento se intenta presentar como un análisis lineal.

4 Lo estructural también debe verse hacia futuro, es decir, la construcción de nuevas estructuras: escenarios de violencia, narcotráfico, poderes fácticos, cultivos ilícitos, nuevas formas de organización, instituciones, etcétera.

ORGANIzACIÓN DE PEQUEñOS PRODUCTORES APÍCOLAS 49

afectan como grupo social, productivo, económico y político. Así, los recursos, aprendizajes, experiencias y escenarios dan impulso a las ac-ciones, pero al mismo tiempo complejizan el propio proceso de organi-zación con la difícil tarea de construir un colectivo sociopolítico interno —y de acuerdos con otros fuera de la organización— para atender —y entender— los problemas por los cuales se organizaron.

LA ORGANIzACIÓN DE PEQUEñOS PRODUCTORES APÍCOLAS

Organizados o de manera individual, los pequeños productores apícolas5 se enfrentan a grandes retos y limitaciones para mantener, en primer lugar, los mercados a los que han logrado ingresar, ya sean locales, nacionales o de exportación; con intermediarios, en los mercados justos o al menudeo, entre otros tantos rubros. Otros retos y limitaciones por enfrentar son la insuficien-cia de recursos gubernamentales y de financiamiento para el fomento a la producción —y los complicados mecanismos de acceso a éstos—, los desas-tres climatológicos, el incremento de costos de producción, el proteccionismo comercial de otros países a favor de sus apicultores y las luchas políticas y de poder dentro y fuera del grupo. Si agregamos rezagos de infraestructura en los asentamientos donde se encuentran numerosos apicultores indígenas, excesiva burocracia gubernamental, desatención a zonas indígenas y escasas facilidades de asesoría profesional, los esfuerzos y retos se incrementan. El analfabetismo y monolingüismo de igual manera dificultan las gestiones con el gobierno y la participación en capacitaciones y cursos o la misma toma de decisiones.

Así, la organización se vuelve un medio, una forma, un mecanismo de los pequeños productores indígenas para gestionar recursos que ayuden a mante-ner y mejorar sus procesos de producción y comercialización frente a mercados cada vez más competidos. Para empezar a convertirlo en medio, los apicultores miran las formas legales de asociación propuestas por el gobierno federal (a

5 Según datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (siaP), en México existen cerca de 42,000 apicultores (http://www.congresoapicola.michoacan.gob.mx/articu-lo.php, 2009). Cabe recordar que de la apicultura también se benefician comercializadores, transformadores, proveedores, trabajadores eventuales y permanentes, así como investiga-dores y profesionistas.


partir de sus diferentes instituciones), pues éste ha sido su principal interlocutor e impulsor a lo largo de la lucha campesina.6

Todo ello conlleva una historia de las formas de relación establecidas por el gobierno con el sector de pequeños productores en diferentes contextos económicos, sociales y políticos7 dentro y fuera del país. Así, existe toda una historia organizativa de los productores para negociar con el gobierno y con diferentes actores (sociales, políticos, económicos) en diferentes contextos, pro-cesos y coyunturas; así como un aprendizaje organizativo heredado de padres a hijos transmitido a través de las relaciones sociales cotidianas de hombres y mujeres.

La organización no es sencilla, pues se tiene que llegar a acuerdos y crear es-trategias y acciones de trabajo colectivo en espacios de contradicciones internas. La organización además de ser un medio se vuelve una acción consciente, pues quienes la construyen deciden con quién y cómo organizarse, con sus propios recursos, objetivos y limitaciones.

Es precisamente en los procesos de gestión donde los integrantes de estas organizaciones van construyendo su propio espacio de trabajo colectivo social y político, por muy limitado que se pueda considerar, donde convergen dife-rentes actores sociales, individuos con formas propias de mirar y organizar el mundo en relación con los demás: se debaten acciones, se miden intereses, se crea un sentido de colectividad y de reconocimiento entre ellos. Pero así como

6 A grandes rasgos, el gobierno mexicano impulsó los grandes corporativos campesinos nacionales posrevolucionarios; después, el fomento de cooperativas y ejidos regionales; en la últimas dos décadas promueve las figuras asociativas mercantiles para el mercado dirigidas especialmente a pequeños productores.

7 El Estado mexicano se caracterizó como un Estado benefactor en sus funciones: a) económica: intervención directa del aparato estatal en la economía; b) formulación de pro-gramas sociales; y c) sistema competitivo en los partidos políticos (Medina, 1998:29-30). También se apoyó de un modelo de sustitución de importaciones que fue desplazado desde 1983 por un modelo de crecimiento hacia fuera “sustentado en la apertura e integración comercial y financiera con el resto del mundo, especialmente con Estados Unidos” (Váz-quez, 2005:53), privatización de empresas paraestatales, reducción del Estado: el llamado “modelo neoliberal”. Considerado también como un Estado paternalista, pues políticamente centralizaba sus funciones en todo el país a partir de instituciones del Estado y del Partido Revolucionario Institucional (Pri), sistemas corporativos y clientelares con organizaciones sociales, políticas y económicas, como los sindicatos, las asociaciones campesinas, etc. Estás prácticas siguen vigentes en México, aunque con sus adecuaciones de acuerdo al tiempo y espacio que se ejecutan y con las reformas estructurales de nuevos modelos de desarrollo.


se vuelve un espacio de negociación para mejorar su situación como pequeños productores, se puede volver un medio en beneficio de pocos y no del colectivo. Por ejemplo, las prácticas clientelares y la exclusión siguen siendo un recurso de apoyo político y económico dentro y fuera de las organizaciones: entre produc-tores, con políticos y representantes gubernamentales o con comercializadores.

La experiencia mazateca

Trayendo a cuestas sus complejas experiencias organizativas como cafeticulto-res8 y entrando en una etapa de crisis comercial del café a principios de los no-venta, una nueva etapa de mercado y de relaciones con un Estado reducido en sus funciones, varios indígenas mazatecos aprovecharon la coyuntura de apoyos apícolas que brindó el gobierno mexicano para comenzar su camino como api-cultores “modernos”,9 en atención de un mercado nacional y de exportación. En contraste, estos mazatecos se habían hecho apicultores con sus propios me-dios mucho antes de que llegaran los primeros recursos gubernamentales a la región10 (Fuente directa, Sierra Mazateca, 2002).

8 En la Sierra Mazateca hubo organizaciones locales de cafeticultores impulsadas por el gobierno y organizaciones locales y regionales independientes a éste con propuestas propias de organización y problemas regionales. Esto último motivado, en gran medida, por el auge de movilizaciones estatales y nacionales de finales de la década de 1970, que buscaban plu-ralidad organizativa; representatividad política, social y gremial; atención a sus demandas agropecuarias en procesos de ajustes macroeconómicos y reconocimiento de derechos indí-genas (Bartra, 1992; Hernández-Díaz, 2001; Martínez, 1991; Moguel, 1992).

9 Hasta hace 20 años se practicaba una apicultura “rústica” como parte de la economía campesina mexicana. Los apicultores usaban cajas de cartón, tenates, cestos y otros utensilios para criar las poblaciones de abejas. En la cosecha y extracción no se utilizaba ningún tipo de tecnificación. Con la entrada de la abeja africana como problema de sanidad nacional en 1986, el gobierno mexicano brindó recursos y asistencia técnica para su control, pero también dio importancia a la modernización de la actividad para el mercado. Los apicultores tuvieron que entrar en nuevas formas de especialización del trabajo apícola, adquirir materiales, insu-mos e infraestructura para manejar una producción en aumento (Beltrán, 2007:53-56).

10 Los apicultores recibieron orientación solidaria de técnicos o profesionistas sobre ma-nejo moderno (Fuente Directa, Sierra Mazateca, 2002). También se encontró registro de un “Estudio Ecológico-Apícola del estado de Oaxaca 1971-1973”, con el fin de formar diferen-tes cuencas apícolas que mejoraran el nivel de vida de las familias campesinas de Oaxaca “en donde predominan los núcleos indígenas más aislados, tanto del aspecto geográfico como lingüístico” (Piña, s/f:1). La Sierra Mazateca fue parte del proyecto.


El extinto Centro Coordinador Indigenista (cci) Huautla de Jiménez11 im-pulsó la primera capacitación regional mazateca para los apicultores e interesa-dos en la actividad. A partir de esa experiencia, en 1994 cerca de 50 indígenas mazatecos se integraron como Sociedad de Solidaridad Social (sss), la cual obtuvo materiales de trabajo que gestionó con otras instituciones de gobierno. Poco después, la sss se desintegró por problemas internos y se formaron algu-nos grupos de trabajo local en los diferentes municipios, mientras muchos otros trabajaron individualmente (Beltrán, 2007:53-56). Con este bagaje de experien-cias y con la necesidad de atender problemas de producción y alcanzar nuevos mercados, en 2003 tres apicultores que pertenecieron a la sss —y que al mismo tiempo contaban con experiencia social, política, organizativa y productiva—, convocaron a la integración de una organización regional. Así se formó la So-ciedad de Producción Rural de Responsabilidad Ilimitada (sPr de ri), llamada Miel Néctar Mazateco.12

Además de la experiencia como cafeticultores y apicultores, los socios de MnM cuentan con otro tipo de experiencias organizativas dentro de sus comu-nidades: cumplir cargos de representación política (cabildos municipales en sus diferentes niveles); representaciones sociales (comités de salud, educación); ac-tividades religiosas.13 Siguen produciendo maíz, frijol, hortalizas y criando ani-males para el autoconsumo, y tienen diferentes actividades que complementan sus ingresos familiares.14 Por ejemplo, la mayoría sigue produciendo café como un ingreso adicional y su producción se destina al autoconsumo y a la venta

11 El extinto Instituto Nacional indigenista (ini) fue, por más de 50 años, el responsable de la elaboración de la política indigenista en México y los cci fueron su órgano ejecutor regional en todo el país. En el año 2003, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ocupa el lugar del ini para reorientar la política indigenista. La historia de la política indigenista en México ha sido materia de un arduo debate sobre sus resultados cuando las luchas indígenas han exigido mejores condiciones sociales, económicas y educa-tivas, así como el reconocimiento de sus derechos colectivos políticos y culturales.

12 MnM, se integró con 22 socios de seis municipios mazatecos. Actualmente son 21 so-cios y de éstos sólo ocho son socios fundadores. También cabe decir que aproximadamente 15 socios asisten constantemente a las reuniones de trabajo. La falta de tiempo es el princi-pal factor de inasistencia, articulado a diversos factores.

13 Dentro del grupo hay diferencias de credo religioso y en sus respectivas iglesias parti-cipan en diferentes actividades. También existen diferencias de filiación a partidos políticos o no filiación a ellos.

14 La mayoría de los socios de MnM afirma que la apicultura es la fuente principal de sus ingresos.


con acopiadores regionales; sólo pocos de ellos pertenecen a una organización estatal de cafeticultores. Otros producen frutales o se dedican a actividades no agropecuarias. Todas estas actividades pueden ser consideradas de pequeña escala.

En general, podemos caracterizar a MnM como una organización de base ét-nica que cuenta con recursos sociales, culturales, económicos y con experiencia en la apicultura: la mayoría de sus socios tiene más de 15 años en la actividad, cuentan con diferentes capacitaciones sobre manejo, producción, diversificación apícola15 y cría de reinas; asistencia de algunos socios a congresos apícolas, y han recibido charlas de otros apicultores de Oaxaca. MnM ha participado en un proceso de producción y certificación de miel orgánica y ha gestionado proyectos para la adquisición de materiales de trabajo, cosecha, extracción y sedimentación de miel y estampado de cera y poco a poco van adquiriendo reconocimiento de su trabajo como grupo organizado y por la calidad de su miel (Fuente directa, Sierra Mazateca, 2002-2009).

Por otro lado, el espacio de trabajo que poco a poco han ido construyendo los apicultores ha permitido que éstos intercambien conocimientos de la activi-dad y brinden enseñanzas a los interesados en la apicultura; asimismo, generar propuestas de ayuda durante el trabajo de campo, difundir información sobre precios y mercados, articular relaciones con actores e instituciones de acuerdo a las capacidades de sus líderes e integrantes, y a mejorar la calidad y cantidad de su producción acordes con sus recursos económicos, tecnológicos y sociales.

A pesar de los avances técnico-productivos y organizativos, los apicultores de MnM siguen recurriendo al mercado de intermediarios. Sus problemas en éste se han reflejado en precios bajos, riesgos de transporte de la miel (ellos la llevan a los intermediarios), dificultades para reunir la producción como organización (cantidad-calidad-coordinación), desventajas de convenios o incumplimiento del precio acordado, entre otros. Recientemente, los apicultores de esta organiza-

15 Por producción apícola nos referimos a la producción de miel, polen y propóleo. La miel es el principal producto que venden los apicultores del mundo, sobre todo como miel con-vencional y en menor grado como miel orgánica. Encontramos también la producción de cera y reinas (mejoramiento genético). Esta última puede ser producida para autoconsumo por la mayoría de apicultores, sin embargo, esta rama la desarrollan especialmente profesio-nistas o centros de producción especializados. Otra rama comercial es la apiterapia (piquetes de abejas) para las personas que padecen algún mal en articulaciones. La polinización de hortalizas y frutas de exportación es un servicio que brindan los apicultores en menor me-dida. Éstos se ven beneficiados con el aumento de su cosecha al polinizar los cultivos y al tener un pago por el servicio.


ción han recibido propuestas de compradores que requieren miel orgánica16 y para ello deben cumplir ciertas reglas: comprobación de uso de material de trabajo, producción, extracción y sedimentación que no contamine la miel; uso de alimentos y medicamentos permitidos para la producción orgánica; pagar un certificado de producción orgánica; generar nuevas relaciones de compra-venta, emitir facturas, gastos de comercialización, etc. Los integrantes de MnM no consideran imposible estas adecuaciones, prácticas y gastos, y tampoco se niegan a nuevas posibilidades comerciales, pero piensan que ahora no es el me-jor momento para incursionar en este mercado, ya que están en un proceso de consolidación organizativa y aún con muchas necesidades básicas por atender, lo cual parece inalcanzable por diferentes obstáculos y situaciones.

Este breve acercamiento a MnM apenas nos muestra uno de sus problemas fundamentales en la búsqueda de mercados y posicionamiento comercial.17 Otro problema es la dificultad para crear estrategias que permitan a los pe-queños productores fortalecerse como organizaciones económicas y financie-ramente sólidas para cubrir sus costos de producción (compra de insumos, control de plagas y enfermedades, pagar asesorías técnicas y administrativas,

16 Hay una asociación de apicultores en Oaxaca que brinda alternativas de mercado justo y solidario a los pequeños apicultores del estado y con la cual MnM podría asociarse. El hecho es que en Oaxaca son pocas las alternativas de este tipo y no todos los apicultores pueden integrarse a estos procesos y mercados. En contraste, se han incrementado acopia-dores bajo diferentes formas: comercializadoras, asociaciones civiles, consultorías de comer-cialización, entre otras. Podemos ver entonces que se han modificado algunas relaciones de producción con la presencia de nuevos actores y medios de financiamiento (nacional, internacional, privado, gubernamental, transnacional o social). Por ello, estas relaciones se merecen un análisis especial para saber hasta qué punto se han vuelto alternativas favorables para productores y consumidores, o, por el contrario, son un medio donde se siguen repro-duciendo prácticas que desfavorecen a los pequeños apicultores (o suceden ambas cosas). Asimismo, es necesario cuestionar el papel, alcances y proyecciones de los mercados justos, solidarios y de producción orgánica en escenarios de libre mercado.

17 “En la economía campesina, la comercialización se ha convertido en uno de lo princi-pales cuellos de botella. La dispersión del mercado, el alto impacto de los costos de interme-diación, así como la ausencia de formas de organización y cooperación de los productores para afrontar este aspecto, se ha tornado en problemas estructurales” (Useche, 2008:289). También se han vuelto problemas estructurales la baja productividad, la alta marginación en regiones indígenas, las formas de participación excluyente, las prácticas clientelares y el poder caciquil, la poca transparencia en la ejecución de recursos, entre otros aspectos. Todo esto, visto desde los espacios de la organización, nos muestra un escenario que genera pro-cesos de cambio desde diferentes niveles, formas, medios y posibilidades.


etc.). Finalmente, otro problema que parece no preocupar a los gobiernos en el fomento de políticas públicas agropecuarias y del sector rural, es la creación de estrategias que no obstaculicen el fortalecimiento de los pequeños productores en sus procesos de construcción social y política interna; el de no obstaculizar el derecho a la organización social, al derecho de ser escuchados y lograr su participación como colectivos en las propuestas de modificación de las políticas agropecuarias actuales que parecen dar poca apertura de comercialización en mejores condiciones; o bien, la urgencia de la creación de nuevas instituciones capaces de escuchar, negociar y atender las demandas y problemas de los pe-queños productores. Efectivamente, es un compromiso social y civil, pero ¿los gobiernos estarán dispuestos fomentar y dar apertura cuando parece que se están guiando más por las reglas del mercado y por acuerdos políticos, que por compromisos con la sociedad?18

A MANERA DE CONCLUSIONES. EL DEVENIR DE LOS PEQUEñOS PRODUCTORES

Los integrantes de MnM nos dicen que quieren seguir creciendo como apicul-tores, tener buena calidad de vida y seguir siendo campesinos ¿Cómo cumplir esto?, ¿cómo seguir siendo apicultores con propias propuestas y no sólo donde las reglas del mercado o del gobierno los oriente?, ¿con qué elementos, bajo qué escenarios? El problema no es entrar o no en los mercados abiertos o jugar la reglas del mercado, pues la apicultura es una actividad de mercado (local, regional, nacional y extranjero). El problema es que el escenario actual de los pequeños apicultores ha sido, y sigue siendo, desventajoso para éstos: reglas del mercado, complicados mecanismos de comercialización, orientación y ejecu-ción de políticas y recursos públicos.

18 “El surgimiento de nuevos polos dinámicos de acumulación y crecimiento económico que tienden a modificar las estructura de las relaciones económicas y políticas internacio-nales y que, en particular, han puesto en entredicho la hegemonía de Estados Unidos de América” (Mariña, 2008:17). Cambios en la orientación alimenticia de la población, pérdida de suelos productivos, etc. Liberación del tráfico de capital, mercancías y servicios, ejecutado por los grupos financieros internacionales con influencia decisiva sobre la política monetaria (Contreras, 2008:137-138). Para Bartra, una consecuencia clara y vivencial de las transfor-maciones de paradigmas económicos y civilizatorios, se vislumbra en una crisis ambiental, financiera, energética y alimentaria, que “si bien no anuncian el fin del mundo, si muestran el agotamiento de un modelo civilizatorio” (Bartra, 2008:16).


Desventajosos porque se pone a competir comercialmente a los pequeños productores con las mínimas condiciones, bajo diferentes presiones, bajo pre-juicios de incapacidades personales y sociales, sin llegar a un análisis profundo de los escenarios. Es necesario entender el porqué de las dificultades de los pequeños productores para entrar a procesos organizativos consolidados, y por qué muchos apicultores optan por la venta a intermediarios y no a organizarse para ello. Por qué ven a la organización como un problema de acuerdos y no como una ventaja colectiva. Por qué optan —o se ven orillados a elegir— por una apicultura de autosubsistencia en lugar de una apicultura con mejores con-diciones en el mercado y con posibilidades de una consolidación financiera.

Cómo romper con esos problemas estructurales identificados dentro de los espacios organizativos, es otra tarea. El solo hecho de pensar en modificar estructuras de poder de líderes económicos dentro de las organizaciones, los municipios o las relaciones de producción, ya nos exige repensar en las pro-puestas para contrarrestarlas, para modificar y generar otras formas. Proponer y trabajar con los pequeños productores en la construcción de nuevas estructu-ras nos obliga a pensar en nuestro papel como acompañante en estos procesos. Por ello, es necesario retomar y repensar no sólo los resultados de los modelos de desarrollo, sino también el concepto y ejercicio de la política, del poder so-cial, de la intervención, de la inclusión, participación y pluralidad, de la inves-tigación, de la acción participativa, de la gobernabilidad y gobierno, así como mirar las políticas públicas y la cultura indígena desde otras perspectivas y su relación con las organizaciones de productores.

Es urgente crear estrategias políticas con los pequeños productores porque se sigue haciendo política desde los espacios de organización productiva —y porque se sigue construyendo la sociedad desde diferentes utopías— frente a escenarios cada vez más complejos, donde los recursos y mecanismos actuales parecen insuficientes para contrarrestar las desventajas sociales, políticas, eco-nómicas e ideológicas.

Los productores no son sólo apicultores, muchos de ellos forman parte de organizaciones sociales, económicas y políticas, y luchan por sus derechos indí-genas y formas de representación propia desde diferentes espacios, movimientos y organización. El reto compartido como sociedad es cómo articularlas, cómo crear alternativas, cómo mantener y dar un posicionamiento que pueda ir bus-cando esos cambios como ciudadanos, como sociedad. Quizá estamos descui-dando los procesos de estos espacios organizativos como pieza fundamental del entendimiento de lo estructural. Procesos que son muestra de escenarios cons-truidos de una presencia social heterogénea y sumamente compleja.


La autogestión social, económica y productiva es indispensable, pero tam-bién lo es la reconfiguración del ejercicio político, porque nos estamos enfren-tando a complejos escenarios donde las reglas del juego se imponen desde acuerdos políticos de poderes económicos y fácticos que guían las formas de producir y consumir. Es una lucha por la reconfiguración de las estructuras desde diferentes niveles. El espacio de la organización productiva, visto como microespacio y microestrutura, es una de esas luchas.

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¿Es lo artEsanal un actor local dE dEsarrollo? rEflExionEs En torno a la pErsistEncia dE lo artEsanal

Juan Carlos Pacheco Contreras*

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lo artEsanal local

Es importante cuestionarnos sobre el papel de lo artesanal en los procesos locales de desarrollo. para abordar dicho cuestionamiento, consideramos necesario describir tres matices sobre el papel de lo local respecto al desarrollo: en el primero lo local no participa en el escenario del desarrollo, al contrario, “debe dejar paso a una racionalidad globalizante” (arocena, 1997:1), y en este sentido de Mattos(1994) afirma que no hay actores locales, ni planteos de desarrollo local capaces de traspasar el modelo de acumulación basado en el desarrollo tecnológico ni la dimensión económica que desterritorializa el capital de forma contundente. En el segundo matiz, afirma arocena (1997), lo local se ubica con un rol antihegemónico y antiglobalización que emerge como una alternativa con carga ideológica y utópica por demás. En el tercer matiz, lo local se articula con lo global, en el sentido de superar la oposición de la relación globallocal; la dimensión de lo local aparece como un articulador entre la racionalidad de un desarrollo globalizante y las identidades locales capaces de apropiar procesos de globalización y potenciar beneficios en torno a lo local (arocena, 1997).

El desarrollo, desde el enfoque del desarrollo local: “es un desarrollo… estrechamente ligado a la constitución de cada identidad colectiva” (arocena, 1995:27), o también asumimos que el desarrollo es “la capacidad de una sociedad para dar desenvolvimiento a sus potencialidades, representadas en su patrimonio biofísico y cultural para garantizar su permanencia en el tiempo y en el espacio, satisfaciendo equitativamente las necesidades de su población” (González, 2006:33).

* Estudiante del doctorado unes del instituto de Estudios rurales de la pontificia universidad Javeriana.

JUAN CARLOS PACHECO CONTRERAS60

Por su parte, la artesanía ha tenido diversas definiciones en la literatura; por ejemplo, en Colombia la Ley 36 de 1984 la define cómo: “una actividad crea-tiva y permanente de producción de objetos, realizada con predominio manual y auxiliada en algunos casos con maquinarias simples obteniendo un resultado final individualizado, determinado por los patrones culturales, el medio am-biente y su desarrollo histórico” (Ley 36, 1984). En este sentido, la ley resalta las destrezas artesanales hacia los procesos de mano de obra regulados por la producción, evadiendo así el sentido de los oficios artesanales en su verdadera y original magnitud: una comunidad conformada por una memoria cultural.

Encontramos en el debate intelectual un vacío conceptual sobre lo artesanal, relacionado con dos aspectos: en el primero la literatura no da cuenta sobre la definición categórica de los elementos que determinan lo artesanal en lo local; algunos autores hablan indistintamente sobre el concepto de artesanía, producto artesanal, producción artesanal u oficio artesanal (Acha, 1990; Cardini, 2005; Herrera, 1992); otros distan de la diferenciación entre el concepto de artesano, comunidad artesanal, el artesanado o núcleo artesanal (Costin, 2008; Artesanías de Colombia, 1998; Novelo, 2004). El segundo aspecto se refiere a la falta de evidencia sobre los desafíos de lo artesanal en torno a la crisis de recursos naturales, la exclusión de sus derechos para usarlos y el reto de prevalecer como una organización productiva “familística” (Herrera, 1992:23) con arraigos tradicionales que par-ticipa en la dinámica de mercado, no sin mencionar los retos relacionados con la exclusión permanentemente de los planes de desarrollo municipal y regional y los relacionados con la migración, el relevo generacional y la degradación social causada por la pobreza.

En la revisión documental encontramos conceptos de artesanía desde el en-foque empresarial (organización productiva, producto artesanal y obtención de ingresos), el enfoque sociológico (gremios artesanales,1 núcleos artesanales,2 comunidad artesanal) y el enfoque antropológico (artesano y objeto artesanal

1 Herrera (1992) señala que en la década de los setenta Artesanías de Colombia en-contró la necesidad de organizar gremialmente a los artesanos del país para garantizar la participación en planes de fomento y apoyo; además para qué fuese reconocida la calidad de las artesanías. Sin embargo, no fue ésta la única iniciativa: en Pasto y Popayán también surgieron organizaciones gremiales que tenían por objetivo preservar los rasgos estructurales de las organizaciones artesanales que surgieron en la colonia.

2 Según Artesanías de Colombia, un núcleo artesanal contempla tres componentes: una área geográfica determinada, una comunidad y la artesanía como principal fuente de ingre-so (Artesanías de Colombia, 1998); este mismo concepto lo desarrolla Herrera (1992).

¿ES LO ARTESANAL UN ACTOR LOCAL DE DESARROLLO? 61

con contenidos simbólicos de tradición). Sin embargo, estos enfoques en su mayoría no distinguen claramente las categorías de lo artesanal y escasamente identifican la forma en cómo se configuran sus elementos en un ámbito local. Lo anterior lo podemos evidenciar en lo que la unEsco (1977) define como producto artesanal. Para esta organización un producto artesanal es aquel objeto elaborado por un individuo que ha utilizado sus manos o algún tipo de ayuda mecánica y del cual obtiene un beneficio económico para su subsistencia; éste es producido bajo ciertas restricciones de cantidad y utilizando materiales de origen natural. En otro sentido, Acha (1990) caracteriza a la artesanía como un objeto hecho por un individuo agremiado, de formación empírica que utiliza medios de producción tradicional para elaborar un producto en serie que es distribuido por encargo y está asociado en buena parte a la significación sim-bólica religiosa y cultural; mientras que Herrera (1992) define la artesanía como una actividad productiva especializada en oficios, basada en un trabajo que involucra energía humana (física y mental) complementada por herramientas manuales simples, condicionada por un ambiente físico e integrada a un con-texto sociocultural. Por su parte, Cardini (2005) señala que el trabajo artesanal es una producción preindustrial de bienes que se diferencia según el tipo de organización y de las decisiones del que ejecuta dicha producción (artesano); de igual forma, resalta el tipo de relaciones dadas entre el artesano con su espacio de trabajo, con sus herramientas, con su oficio y con otros artesanos.

Pero, entonces, ¿qué es lo artesanal? De acuerdo con nuestros avances de investigación y el trabajo con los artesanos de Galapa y Usiacurí,3 y con la ex-periencia en este campo de investigación, podemos referirnos a lo artesanal como un sistema de relaciones entre: a) un individuo artesano, que tiene algunos co-nocimientos empíricos y los expresa en habilidades para transformar materias primas, en su mayoría de origen natural; b) una artesanía, como un constructo cultural que contiene la memoria técnica y una memoria simbólica del artesano y se constituye como un elemento de intercambio; y c) una comunidad en la cual converge una identidad y un patrimonio local que se relaciona con los dos elementos anteriores (Pacheco, Vásquez y Barrero, 2007).

Sin embargo, esto aún no es suficiente para definir el concepto de lo artesa-nal, sino que es necesario analizarlo desde tres aspectos: a) su relación con un entorno local y global; b) el potencial de sostenibilidad en tanto su persistencia ante las dinámicas de mercado; y c) la estructura cultural que soporta la pro-

3 Municipios del Departamento del Atlántico en la Región Caribe de Colombia, en don-de hay presencia importante de organizaciones artesanales tradicionales.


ducción artesanal. Por esta razón, consideramos la relación entre la dimensión tecnológica, la dimensión sociocultural, la dimensión organizacional-producti-va, la dimensión política-institucional y la dimensión ambiental de lo artesanal. Lo anterior nos permite aportar al debate intelectual relacionado con la forma como lo artesanal se configura en el ámbito local y además nos permitirá identificar las diferentes formas en cómo se construyen o transforman las con-diciones de su propia realidad, en algunos casos, sin perder vigencia, identidad y capacidad para enfrentar desafíos y para persistir como organización produc-tiva tradicional, capaz de participar en la dinámica de mercado, manteniendo elementos estructurales originales.

DESARROLLO LOCAL, LO LOCAL y EL ACTOR LOCAL

¿Cómo lo artesanal persiste en lo local? ¿Qué es lo artesanal en una comunidad rural? ¿Cómo lo artesanal se integra a procesos endógenos y exógenos locales?

Responder estas preguntas sugiere un marco conceptual fundamentado en la comprensión del desarrollo local como un proceso en el que interactúa el sen-tido espiritual y material de los individuos con un espacio de relaciones en una dimensión político-administrativa; comprende también diferentes escalas de la vida de una comunidad, articula políticas y programas endógenos y exógenos, supone acuerdos e intereses entre distintos actores, establece reglas y normas de juego y es de carácter multidimensional y participativo (Di Pietro, 2001).

El desarrollo local es un mecanismo estratégico de emprendimiento de acto-res locales para afrontar situaciones económicas, políticas, sociales y culturales. Bucheli (2006) señala que “El desarrollo local es un proceso complejo de trans-formación de las condiciones de vida que ejecuta una comunidad con sentido de pertenencia a un territorio, así como el objetivo de mejorar su calidad de vida” (Bucheli, 2006:28).

Desde el enfoque económico encontramos autores como Gallicchio (2004), Alburqueque (1996), Coraggio (2004) y Enríquez (1997) que aportan a esta discusión; en el campo político y social encontramos a Arocena (1995), Boisier (2001, 2004 y 2005) y Cardona(2006); desde la perspectiva cultural encontra-mos a Álvarez (2006) y De la Cruz (2006), entre otros. En otro sentido, Arocena (1995) define una tendencia sobre el tema de lo local, como la “articulación local-global al interior de una compresión compleja de la sociedad contemporá-nea” (Arocena, 1995:15). Los temas asociados a los procesos de desarrollo local los referencia Prevóst (1996) como el fruto del comportamiento, del dinamismo


y de las acciones de hombres y mujeres que viven en un territorio dado (Pre-vóst, 1996:27).

Luís di Pietro (2001) relaciona la noción de desarrollo local con las políticas de desarrollo en América Latina y Arocena (2006) propone superar la crisis identitaria por dos vías: “Desarrollar un discurso de defensa de la identidad y llamar a la resistencia contra el Estado programador y centralizador…” y “Buscar en la historia colectiva elementos constitutivos de identidad capaces de impulsar otro modo de organización social” (Arocena, 2002, en Benalcázar, 2006:64).

Bajo este paraguas conceptual abordamos tres elementos de análisis: a) en-tender lo artesanal como actor local, b) identificar la forma en cómo lo artesa-nal construye permanentemente medios de vida para transformar su realidad, y c) entender las estrategias que construye lo artesanal para persistir, mantener o aumentar su capacidad de relación con procesos exógenos y endógenos sin sacrificar elementos claves de identidad cultural y productiva; esta relación analítica la ilustramos en la figura I.

figura i. Ejes de análisis del marco conceptual de desarrollo local en lo artesanal


El primer elemento de análisis lo ubicamos en (a). Aquí es importante ana-lizar las categorías de actor local que distingue Barreiro (1992), la conceptua-lización de actor como agente de desarrollo que explica Arocena (1995), y la propuesta de Carpio (2006) sobre los procesos que fortalecen al actor local para movilizarse en su territorio bajo un proyecto común.

En el segundo elemento de análisis, (b), exploraremos cómo se integran los medios de vida artesanal (Mvl) a una comunidad y cómo éstos logran conso-lidarse como sistema organizativo social productivo. Lo anterior se soporta en un análisis basado en el enfoque de medios de vida sustentables de Chambers y Conway (1992) quienes afirman que un medio de vida compromete las capa-cidades, activos y actividades que se requieren para vivir; en el mismo sentido, afirman los autores que un medio de vida sostenible es la manera de recobrarse de choques y estrés, manteniendo o mejorando esas capacidades y activos y además proveiendo de oportunidades para un medio de vida de la siguiente ge-neración (Chambers y Conway, 1992). Por su parte, Ellis (2006) define que un medio de vida compromete los activos (capital natural, físico, humano, finan-ciero y social), las actividades y el acceso a éstos (mediante la institucionalidad y las relaciones sociales), y que juntos determinan una manera de ganarse la vida, bien sea el individuo o el hogar. Se observa que en los medios de vida están en juego las capacitibilities (Sen, 2004) para ser activadas en un entorno local por un (unos) actor(es) local(les).

Para abordar el tercer elemento de análisis, (c), relacionado con la persis-tencia de lo artesanal, consideraremos las formas de organización artesanal que identificamos en Galapa y en Usiacurí, con el fin de observar cómo lo artesanal se integra al contexto local y se configura, tal como lo señala Arocena (1995), como un actor comprometido con procesos de transformación de su comunidad. Bajo otra perspectiva analizaremos las formas de respuesta ante los desafíos del contexto endógeno y exógeno de las organizaciones artesanales que Herrera (1992) denomina como naturales y jurídicas y que se manifiestan en las comunidades de Galapa y Usiacurí. También abordaremos los conceptos de capacidad adaptativa de sistemas sociales (Adger, 2003; Anderies, Janssen y Ostrom, 2004; Carpenter y Gunderson, 2001; Smit y Wandel, 2006) para analizar la forma en cómo las organizaciones productivas artesanales mantienen o aumen-tan sus capacidades de respuesta ante los desafíos propios de un contexto rural local.


CONCLUSIONES

Realizar un análisis sobre procesos locales en las comunidades de Galapa y Usiacurí exige entender la dimensión de lo local en tanto los valores de la identidad de una comunidad. En la definición más vaga de la artesanía rural, el tema de identidad local se deja ver como un mecanismo de supervivencia en torno al progreso de lo artesanal. Parte de nuestra base conceptual que se aso-cia a lo que Arocena (1995) señala como la “pequeña iniciativa local” (Arocena, 1995: 20), la cual es una forma de acción para establecer relaciones e integrar lugares de trabajo y de vida en un contexto local; tal puede ser el caso de lo artesanal. En el mismo sentido, debemos analizar el enfoque de Carpio (2006) que señala que para entender procesos de desarrollo local se deben conjugar cuatro dimensiones: la territorial, la cultural, la política y la económica.

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¿Monetización de la producción doMéstica? una Mirada desde el caso de la producción de arracacha (ArrAcAciA xAnthorrhizA) en cajaMarca

Álvaro Martín Gutiérrez Malaxechebarría*

[69]

introducción

este trabajo está enfocado al caso de la producción de arracacha en caja-marca, colombia. Busca exponer cómo algunas actividades del ámbito de la producción doméstica, en concreto la preparación de alimentos, generan be-neficios monetarios en los sistemas de producción agropecuarios; con ello se intenta mostrar un caso particular en el cual existe una imposibilidad práctica para separar el ámbito económico del doméstico, entendiendo éstos tal como los define claude Meillassoux. la información de base se obtuvo por encuestas en campo y de un artículo inédito realizado por el autor sobre nuevas formas de aparcería. este análisis se contrasta con algunos conceptos de Meillassoux (1999) y se soporta en otros autores.

para lo anterior es necesario antes describir las características de la zona de estudio y del sistema de producción de la arracacha.

contexto

la arracacha (Arracacia xanthorrhiza) pertenece a la familia apíaceae; su raíz es comestible. es originaria de los andes del norte y se le considera la primera raíz andina domesticada. pese a sus potencialidades de uso, es un producto agrícola poco estudiado. los países con mayor área reportada de cultivos son colombia, Brasil, ecuador y Venezuela. este producto recibe otros nombres, tales como apio criollo, racacha, virraca, zanahoria blanca o mandioquinha salsa.

colombia, con 8.342 ha cultivadas (Vásquez et al., 2004:166), es el país andi-no con mayor área cultivada; de este total, 3.830 ha se cultivan en cajamarca

* estudiante del doctorado en estudios ambientales y rurales de la pontificia univer-sidad javeriana.

ÁLVARO MARTÍN GUTIÉRREz MALAXECHEBARRÍA70

(Corporación Semillas de Agua, 2007:13), dicha área corresponde aproximada-mente a la mitad del área cultivada en el municipio. La buena productividad del cultivo en la zona y la consolidación de conocimientos específicos han ubi-cado al municipio como el principal productor de esta raíz en el país.

El municipio de Cajamarca pertenece al departamento del Tolima, en Co-lombia. Está situado en la cordillera central, en la cuenca alta del río Coello, con una extensión de 354 km2. Su topografía es montañosa. Ubicado aproxi-madamente entre los 1,500 y 3,500 m.s.n.m, tiene una gran variedad climá-tica debida al gradiente altitudinal. Los suelos son francos, franco-arenosos y arenosos ricos en materia orgánica, de alta erodabilidad. El régimen de lluvias es bimodal y se caracteriza por la ausencia de largos periodos secos. Estas ca-racterísticas, aunadas a la laboriosidad de sus habitantes, consolidan una fuerte vocación agropecuaria.

Ésta es una zona donde la tenencia de la tierra es muy variada. Por lo gene-ral, las fincas pequeñas son habitadas por sus propietarios y su producción está muy diversificada entre varios cultivos y algunos pocos animales que proveen la leche para la familia, o son lo que para otras zonas de estudio se denominó un “ahorro vivo” (Forero et al., 2002:127), es decir, el ahorro mediante la cría de un animal que se vende al obtener un peso aceptable. Estas fincas se encuen-tran en la parte baja de la montaña, cercanas a los ríos Anaime y Bermellón, razón por la cual sus temperaturas suelen ser superiores a las de las fincas de mayor tamaño ubicadas, por lo general, en las zonas altas donde se acostum-bra tener un administrador que es un empleado residente. Estas últimas tienen producción menos variada: generalmente se dedican a la ganadería de doble propósito y, en algunos casos, a algún cultivo particular que suele ser arracacha o papa en las zonas frías, o café y plátano en las zona cálidas.

En la mayoría de los casos acá analizados, el cultivo de la arracacha se realiza en propiedades medianas habitadas por sus propietarios y se trata de pequeñas producciones capitalistas, las cuales se han definido como una diversi-dad de formas productivas basadas en relaciones de trabajo entre el propietario, sus familiares y obreros asalariados que generan excedentes financieros (Llambí, 1998:13).

ÁMBITO REPRODUCTIVO y ÁMBITO PRODUCTIVO

Los hogares rurales se sustentan en dos grandes tipos de sistemas: 1) el ámbito doméstico o reproductivo, que se encuentra orientado a la reproducción bioló-

¿MONETIzACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DOMÉSTICA? 71

gica y social de la familia; y 2) un ámbito productivo orientado a la obtención de ingresos que pueden ser en dinero o en especie.

A este último, el sistema productivo o económico, pertenecen los sistemas de producción agropecuarios familiares, como los define Jaime Forero en varias de sus publicaciones, o las pequeñas producciones capitalista definidas por Luis Llambí en 1998; pertenecen también actividades realizadas por fuera de la fin-ca o parcela familiar tales como el jornaleo agrícola, y los trabajos por cuenta propia (o informales) en actividades no agropecuarias.

Sin desconocer que las estrategias reproductivas y productivas son insepara-bles para algunos autores, con el fin de estudiar la viabilidad de los sistemas de producción agropecuarios familiares los estudiosos de temas rurales han sosteni-do que se considera analíticamente necesario aislar la producción agropecuaria de la reproducción del hogar.

Bajo esta perspectiva, la familia se constituye en fuente de entradas al siste-ma de producción a través del empleo de su propia mano de obra en labores agropecuarias y es, al mismo tiempo, receptora de las salidas económicas (del sistema) mediante el consumo directo de bienes agropecuarios o mediante la venta de éstos.

Al respecto, Meillasoux (1999:18) afirma que el modo de reproducción do-méstico es un hecho económico crucial dentro de las estrategias de cualquier sociedad humana, y menciona que para Polanyi, los aspectos del modo de producción doméstica son:

•Divisiónsexualdeltrabajo.•Relacióndelhombreyelútildesuconstrucciónindividual.•Produccióndestinadaasatisfacernecesidadesdebase.•Derechosobrelascosas.•Circulacióninterna:predominiodelvalordeuso.

SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE ARRACACHA

El cultivo de la arracacha, salvo excepcionalísimos casos, se realiza a partir de arreglos entre dos socios: uno encargado de proveer la tierra y otro responsable de las actividades agrícolas. Para ambos, la producción se hace con la espe-ranza de recibir importantes beneficios económicos. En otras palabras, se trata de unidades o agregadamente formas de producción, capitalistas en pequeña


escala, insertas en procesos de acumulación en las que no se ha producido una completa salarización de las relaciones de trabajo (Llambí, 1998:13).

El cultivo de arracacha demanda de mucho trabajo (desde la preparación del terreno hasta la cosecha se requieren, en promedio, 95 días de trabajo por hectárea); por lo tanto, el socio agricultor deberá complementar su fuerza de trabajo y la de su familia mediante la contratación de obreros a quienes deberá alimentar.

Los ingresos derivados de la venta de la cosecha se dividen por partes iguales entre los dos socios, al igual que los costos de producción, salvo los relacionados con la alimentación de los obreros. El poseedor del terreno (por propiedad o arriendo) puede alimentar a los obreros o dar dinero al socio agricultor para que éste se encargue de su alimentación. Estos arreglos se llaman “en dere-cha” o “con ayuda”, respectivamente. Para los obreros este tipo de arreglo no tiene ninguna repercusión, pues las condiciones de trabajo son las mismas independientemente de que sean pagos por el dueño del terreno o por un socio agricultor.

En la producción de arracacha es fundamental poder alimentar a los traba-jadores, tal como lo demuestra el hecho de que este aspecto defina el tipo de sociedad, como se dijo en el párrafo anterior. Si no se alimenta a los obreros, éstos no trabajan en el cultivo, salvo los excepcionales casos en que lleven la comida desde su propia casa.

La alimentación que se da a los trabajadores corresponde a la totalidad de la que los obreros ingerirán durante todo el día de trabajo. Este paquete alimen-ticio se llama “lata”, la cual corresponde a: café, al iniciar la jornada; un poco más tarde, el desayuno; almuerzo a medio día; y la comida (cena) al terminar la jornada de trabajo.

Cajamarca es una zona con escasez relativa de mano de obra, razón por la cual la “lata” tiene especial importancia pues si ésta no cumple con las expecta-tivas del trabajador en cuanto a calidad y cantidad, se corre el riesgo de perder los trabajadores y, por lo tanto, la posibilidad de realizar el cultivo.

La producción de los alimentos diarios es centralizada por uno de los socios del cultivo, generalmente el dueño de la tierra en el caso de los productores pe-queños, o el socio agricultor en el caso de los cultivos que se realizan en fincas grandes. El valor de la “lata” es de $8,000 y se descuenta del jornal de trabajo, cuyo valor oscila entre $25,000 y $30,000 en la zona; es decir, el ingreso neto del obrero será de entre $17,000 y $22,000, según el caso.

Ahora bien, en los casos de la sociedad llamada “en derecha”, cuando el pro-pietario del terreno descuenta el valor de la “lata” recibe un ingreso no contabi-


lizado pues existe una sobrevaloración del paquete alimenticio diario.1 En el caso en que la sociedad sea “con ayuda”, el propietario del terreno debe reconocer al socio agricultor $1.000.000 por hectárea para la alimentación de los obreros, es decir, el equivalente a la valoración formal (no real) de la alimentación completa de 125 obreros, cuando en realidad se requieren 95 en promedio.

En otras palabras, el dueño del terreno tiene dos opciones: la opción 1 que consiste en alimentar a sus trabajadores, motivo por el cual les descontará $8,000 diarios; o la opción 2, que le implica pagar $1.000.000 al socio para que se encargue de esta labor.

En caso de inclinarse por la opción en la que asume la alimentación de los obreros, la producción de alimentos para los 95 obreros que requiere por hectárea le costará entre $380,000 y $760,000 por hectárea (el costo de pro-ducción de la “lata” puede variar entre $4,000 y $8,000 por obrero); es decir el propietario puede ganar 4,000 por “lata” o suministrar al obrero una “lata” cuyo costo efectivo de producción sea equivalente a $8,000 y no ganar nada, o todos los puntos intermedios posibles.

En el caso de que el dueño del terreno opte por la opción 2, que es aquella en que da al socio agricultor $1.000.000 para que se encargue de la alimen-tación de los obreros, estará pagando un sobrecosto que implica que el socio propietario del terreno reconoce un valor de la alimentación por encima de su costo de producción, razón por la cual el socio que se encargue de la prepara-ción de alimentos tendrá un ingreso adicional. Esta sobrevaloración es conocida por las dos partes y se motiva en el reconocimiento e incentivo al ámbito de reproducción, como ya se explicará.

Por otro lado, la función de cocinar recae sobre una mujer; es decir, sin cocinera no hay cultivo. Si la encargada de preparar los alimentos es socia del cultivo, podría recibir parte de los ingresos de la cosecha o una mensualidad; su ingreso depende del arreglo al que llegue con su cónyuge pues las sociedades del cultivo de arracacha normalmente, no siempre, se hacen entre hombres. No obstante, si es necesario contratar la cocinera por fuera del marco doméstico, se le paga un salario que implica un costo monetario, lo cual reduce el ingreso del socio responsable de la alimentación. La necesidad de contratar una cocinera surge cuando el socio que alimenta no tiene una mujer en su familia, o la(s) que hay no quiere(n) dedicarse a la cocina.

1 Según cálculos preliminares el paquete alimenticio está sobrevalorado entre un 30% y 50% respecto a su costo de producción (es decir que su costos de producción está entre el 50% y 70% del valor que se descuenta al obrero).


La jornada de la cocinera es superior a la de los obreros, pues su día de tra-bajo empieza antes de la llegada de los obreros y termina después de que éstos se han marchado; su trabajo, además de preparar los alimentos, incluye el aseo de los utensilios y de la cocina. A pesar de esto, la cocinera contratada recibe un pago inferior al de los obreros agrícolas. Sin embargo, recibe un salario indirecto que reproduce la fuerza de trabajo; dicho salario indirecto se expresa en su propia alimentación y la de sus hijos que no se encuentren en edad de trabajar y, en muchos casos, el alojamiento y servicios asociados, además de un estatus especial.

ANÁLISIS

En el sistema de producción de arracacha en Cajamarca, la preparación de ali-mentos es una función claramente diferenciada por sexo (aunque se presentan algunas excepciones). Esto corresponde con lo dicho por Polanyi (citado por Meillassoux, 1999:18) acerca de que la división sexual del trabajo es uno de los aspectos del modo de producción doméstica; asegurar la alimentación de los trabajadores permite el desarrollo de las fuerzas productivas.

De esta manera, la economía doméstica, de la cual una importante expresión es la preparación de alimentos, cumple una función trascendental en un sistema de producción capitalista en el que gran parte de los intercambios que permiten la producción de arracacha están mediados por el dinero: pago de jornales, compra de agroquímicos y presencia de asociaciones que buscan disminuir el riesgo de pérdida económica y aumentar la disponibilidad de capital.

Una agricultura de baja productividad debería aumentar el valor de la labor por requerir más tiempo de trabajo (Meillassoux, 1999:136, citando a Marx). Extendiendo este racionamiento a otras áreas, se esperaría que la valoración del trabajo de alimentar tuviera un gran valor. Este reconocimiento se hace evidente con la sobrevaloración que el dueño del terreno hace en la sociedad “con ayuda”, cuando es el socio el encargado de alimentar a los trabajadores, tal como se explicó anteriormente.

La reproducción de la fuerza de trabajo se realiza por la compra de ésta en su valor (el capital). El valor de ésta es el valor de los medios de subsistencia necesarios para la conservación del poseedor de aquella y de los sustitutos. Esto demuestra que, en este esquema, la capacidad reproductiva de un grupo dedicado a la producción de arracacha depende de la cantidad de mujeres disponibles para esta labor.


Se podría decir que las mujeres socias del sistema dedicadas a la prepara-ción de alimentos son explotadas por sus esposos al tener un trabajo subor-dinado que no es remunerado como tal. Sin embargo, ellas participan de los beneficios que una buena cosecha pueda ofrecer; es decir, reciben un salario indirecto que podría ser superior al directo, caso que no sucede en el escena-rio de una cosecha vendida a mal precio.

Tal como se ha descrito, en los grupos de productores de arracacha se rea-lizan alianzas que, a pesar de tener un fin económico, no tienen un carácter exclusivamente económico; dichas alianzas comprenden la construcción, entre obreros, obreras y socios, de una organización social de la comunidad agrícola doméstica alrededor de las relaciones de producción, de acuerdo con la espe-cialidad de cada miembro.

Meillassoux manifiesta que el capitalismo preserva el modo de producción familiar como modo de producción y lo destruye como organización social (Mei-llassoux, 1998:140). Sin embargo, en el caso de los productores de arracacha de Cajamarca, se observó que éstos están interesados en mantener el modo de producción familiar como organización social y como modo de producción eco-nómico, pues viven y se alimentan en él. Basado en lo anterior, podría afirmarse que el productor de arracacha vive en la que se ha denominado la “segunda paradoja del capitalismo”, que consiste en que éste se alimenta de la familia de trabajadores libres (Meillassoux, 1998:199); los productores de arracacha son capitalistas en cuanto sus relaciones son fuertemente monetizadas, pero a la vez viven del trabajo de su familia que son trabajadores libres, es decir, que ellos son al mismo tiempo propietarios de los medios de producción y vendedores de fuerza de trabajo.

El caso presentado pretende mostrar que en la práctica se hace muy difícil la separación del ámbito doméstico del económico, toda vez que el ámbito de reproducción y el de producción se encuentran íntimamente ligados.

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segunda parte IntroduccIón a la Mesa terrItorIo

Manuel Pérez Martínez* y Carlos Rodríguez Wallenius**

[77]

en la mesa “territorio” se presentaron tres trabajos muy sugerentes sobre la centralidad de los procesos territoriales en la disputa del desarrollo rural tanto en colombia como México.1 la exposición de las ponencias y el debate generado en la mesa pusieron en evidencia al territorio como un enfoque relevante para el análisis de los procesos que emergen en el espacio rural en ambos países.

la trascendencia de este enfoque analítico refleja los esfuerzos académicos que se han desarrollado en colombia en los últimos años, los cuales han per-mitido la constitución de equipos de investigadores sobre el tema en diferentes instituciones, como el Grupo de Investigación territorialidades de la univer-sidad de caldas, el Instituto de estudios regionales y la maestría en estudios-socioespaciales de la universidad de antioquia, así como la propia Pontificia universidad Javeriana con estudiosos aglutinados en el departamento de de-sarrollo rural y regional.

en tanto, en México también se han ido conformando los grupos de in-vestigación con aportes importantes, tal es el caso del Programa de Geografía Humana de la uam-Iztapalapa, el Programa de estudios Metropolitanos de la

* Profesor investigador del departamento de desarrollo rural y regional de la PuJ.** Profesor investigador del departamento de Producción económica de la uaM-Xochimilco.1 el primer trabajo fue “comunidades negras y afrodescendientes: territorialidades y

desafíos en un contexto de conflicto”, presentado por el equipo del observatorio de tie-rras y territorios, de la Pontificia universidad Javeriana. la segunda ponencia fue “cons-trucción de territorios ambientales desde los procesos de aprendizaje social. reserva de la Biosfera la sepultura (rebise), chiapas, México, expuesta por Juana cruz de la uam-Xo-chimilco. Por último, el tercer trabajo fue “territorio en tensión, entre lo rural y lo urbano, alternativas de desarrollo y permanencia en la montaña de Xochimilco”, presentado por Martha olivares de la uam-Xochimilco.

MANUEL PÉREz MARTÍNEz y CARLOS RODRÍGUEz WALLENIUS78

uaM-Xochimilco o el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autó-noma de México.

Las investigaciones que los grupos académicos de ambos países realizan, así como las presentados en este evento, ponen en relieve la emergencia de distintos movimientos y luchas sociales que tienen al territorio como un espa-cio fundamental para defender sus formas de vida, trabajo y organización, así como construir alternativas de desarrollo. Estos procesos se refieren a las luchas agrarias y al derecho de los campesinos a tener tierra, los procesos de organiza-ción que tienen como espacio la comunidad, las luchas municipalistas y por la remunicipalización, la construcción de autonomías indígenas, los proyectos de conservación ambiental y ordenamientos territoriales, la defensa de los recursos naturales como el agua, bosques o minerales, la conservación de los bienes culturales comunitarios y étnicos, y la conflictividad en las interfases urbanas y rurales, entre otros.

El conjunto diverso de respuestas sociales de los actores rurales ha permitido ubicar al territorio como una dimensión que posibilita analizar las prácticas y estrategias comunitarias para defender sus tierras y recurso naturales y las posi-bilidades para impulsar formas de desarrollo diferentes al modelo hedónico.

Con la emergencia de estos procesos sociales, los estudiosos de diferentes disciplinas han realizado un importante esfuerzo de vinculación de las ciencias sociales con la geografía, resultando de ello distintas propuestas conceptuales sobre el espacio y el territorio en diálogo con la sociología, la economía, la biología, la ciencia política y la psicología, entre otras.

Dicha amalgama de enfoques se expresó en las deliberaciones de la mesa, lo que permitió ubicar temas emergentes y convergentes entre ambos países, entre ellos:

a) La promesa del desarrollo rural es utilizada por los gobiernos como discurso legitimador del modelo económico que se impone en nuestros países, pero también es utilizada por las comunidades campesinas, in-dígenas y afrodescendientes como un discurso de reconocimiento de su autonomía y para reivindicar sus derechos colectivos.

b) La construcción del desarrollo se realiza mediante un proceso conflictivo entre los actores que inciden en el territorio. Como todo conflicto, éste puede estar en estado de latencia y parecer desvanecerse, incluso luego de los consensos entre los distintos actores que se acercan a una situación de estabilidad. Sin embargo, en tanto no se solucionan las condiciones de marginación y exclusión social, con el tiempo surgen nuevos conflictos.

INTRODUCCIÓN A LA MESA TERRITORIO 79

c) El conflicto territorial expresa la necesidad de actores sociales excluidos de poner en el escenario social sus demandas y proyectos, lo que también se presenta como una oportunidad para rehacer sus identidades, alianzas e intereses.

d) Hay que hacer énfasis en el papel que tienen los jóvenes en el campo, pues los cambios que produce el modelo económico hacen incierto el futuro de la posesión de las tierras, pues ya sea por el proceso de heren-cia, por la ausencia de una renovada reforma agraria o por las políticas rurales que excluyen a los campesinos, se ha generado un proceso de fragmentación y minifundización de la tierra, que entre otras cosas está propiciando la migración juvenil.

e) Con los procesos de lucha y defensa de los derechos al territorio, se está generando una nueva identidad y organización campesina, en la que además de la tierra, se incluyen los recursos naturales, los elementos cul-turales y el cuestionamiento a las relaciones de poder existentes.

f) Quedó pendiente avanzar en la reflexión de varios tópicos, si bien se reconoce la importancia del tema de la defensa del territorio en muchos procesos de nuestros países, sería importante considerar los mecanismos que permitan una mayor cooperación territorial entre los distintos acto-res con el fin de generar procesos de desarrollo incluyentes.

Éstos son algunos de los elementos que se rescataron de la discusión de la mesa, algunos de los cuales coinciden con los argumentos que se esgrimen en los trabajos presentados para la integración de este libro en el eje temático so-bre territorio. El primero es el presentado por Violeta R. Núñez Rodríguez ti-tulado “Procesos de despojo en territorios indígenas: Su historia, su explicación, su legitimidad y su resistencia”. El siguiente es un documento colectivo titulado “Pensar al territorio desde la perspectiva del desarrollo rural”, elaborado por Ramsés Arturo Cruz Arenas, Juana Cruz Morales, Alejandra Meza Velarde, Martha Angélica Olivares Díaz y Emiliano Palacios de los Reyes, alumnos de la cuarta generación del doctorado en Desarrollo Rural de la uaM. El tercer trabajo es “Configuración de los espacios de conurbación en la ciudad de Bogo-tá”, de Manuel Enrique Pérez Martínez, de la Pontificia Universidad Javeriana. El último trabajo de este apartado es “El conflicto armado y el desplazamiento forzado en Putumayo y Nariño, Colombia”, de Gloria Stella Barrera jurado.

Procesos de desPojo en territorios indígenas: su historia, su exPlicación, su legitimidad y su resistencia

Violeta R. Núñez Rodríguez*

[81]

introducción

¡un fantasma recorre el mundo! Pero en este caso ya no es el fantasma del co-munismo, sino el fantasma de los despojos. Pueblos, comunidades y ejidos son despojados de sus tierras, plantas, árboles, animales, minerales, agua, petróleo y de muchos otros recursos naturales presentes en sus territorios.

en muchos de estos despojos, autoridades gubernamentales o empresas tras-nacionales establecen “acuerdos” (permitidos en el marco legal) con los pueblos a fin de que sus tierras sean adquiridas a un precio determinado. Pero estos “acuerdos” se realizan, en gran número de casos, en un marco de alta pobreza y marginación, hecho que orilla a los pueblos a la venta de sus tierras a precios marcadamente injustos, lo que en la práctica, más que un “acuerdo”, se lleva a cabo un despojo justificado por la ley. en estos casos, los recursos que pertene-cían o que eran usufructuados por los pueblos, son “puestos” a disposición del mercado a fin de ser comprados y vendidos como cualquier otra mercancía.

en estos procesos, se argumenta a las poblaciones, que la venta de sus re-cursos (tierra, minerales, plantas, árboles, madera, entre otros) servirá al bien de la nación o a la llamada “causa de utilidad pública”. Pero además, se les dice que ellos serán beneficiarios directos, ya que podrán ser parte del desarrollo que se creará una vez vendidos sus recursos. en la gran mayoría de los casos, se les ofrece incorporarse como mano de obra (en los servicios, claro está) a los futuros “proyectos de desarrollo”, situación que les permitirá “superar su pobreza”.

Pero en otros casos no se estable un “acuerdo” para la compra-venta de los recursos, sino que simplemente éstos son arrebatados y despojados a las

* maestra en desarrollo rural de la uam-xochimilco.

VIOLETA R. NúñEz RODRÍGUEz82

poblaciones. Es probable que aunque el marco legal permita la compra-venta o la expropiación de dicho recurso, no exista un acuerdo entre las partes. O es factible que el despojo no esté “permitido” en la ley, pero de todos modos éste se lleve de manera ilegal y a la fuerza.

Sin embargo, el despojo no sólo contempla recursos tangibles como tierra, agua, plantas, etcétera. El caso extremo es el intento de legalizar el despojo del cocimiento tradicional de los pueblos, a fin de no tener obstáculos para apropiarse de los conocimientos ancestrales y milenarios, construidos de manera colectiva.

A partir de estos hechos, las grandes interrogantes es cuándo, en dónde y por qué ocurren estos procesos de despojo. Aunado a esto, cuáles han sido las respuestas de los pueblos. A estas preguntas pretende responder este breve escrito.

EL DESPOJO COMO CARACTERÍSTICA PERMANENTE DEL CAPITAL

Desde su nacimiento, el capital requirió despojar a los campesinos de sus tierras a fin de iniciar el proceso de valorización de capital. Este proceso de despojo de tierras, que es el punto de partida del capital, se conoce como la llamada “acumulación originaria de capital”. Al respecto, Carlos Marx indica que es preciso que “el trabajador sea separado de la tierra, de su laboratorio natural; en otras palabras, que sean disueltas la pequeña propiedad libre de la tierra así como la propiedad colectiva de la tierra” (Marx, 1970:361). Es decir, el punto de partida del capital precisa un proceso de enajenación entre el trabajador y la tierra. Así entonces, apunta Marx, es necesaria la disolución de los vínculos con la tierra y la disolución de las relaciones donde el hombre aparece como propietario del instrumento.

Pero la acumulación originaria da pauta a un segundo despojo, que es posi-ble una vez que a los campesinos se les ha arrebatado la tierra, lo cual representa la esencia y razón de ser del capital. Dado que han sido despojados de su medio directo de producción (la tierra), la única alternativa para sobrevivir es acudir con aquellos que los despojaron, a fin de venderles su fuerza de trabajo. A decir de Marx este proceso “trasforma naturalmente una masa de individuos de una nación en trabajadores asalariados virtualmente libres, es decir, en individuos obligados a vender su trabajo porque están privados de propiedad” (Marx, 1970:385).

En este marco de “libertad”, al ser retribuida la venta de la fuerza de traba-jo, a través de un salario, sólo se entrega una parte del valor producido durante

PROCESOS DE DESPOJO EN TERRITORIOS INDÍGENAS 83

la jornada laboral. El resto, conocido como “plusvalor”, es apropiado por el dueño de los medios de producción. y aunque el plusvalor es producido por el trabajador, no se le entrega a él, razón por la cual constituye un segundo des -pojo y “robo”, derivado de la acumulación originaria.

La apropiación del plusvalor, por alguien ajeno a quien lo produce, da pau-ta al proceso de reproducción ampliada o al proceso de valorización de capital. Este hecho ha permanecido a lo largo de toda la historia del capital, y como decíamos, es la esencia del mismo.

En cuanto a los despojos vividos durante la acumulación originaria, es im-portante decir que no terminaron con el origen e inicio del capital, sino que han permanecido, con características específicas y particulares, a lo largo de toda la historia de este sistema de producción. Si bien la acumulación origina-ria sólo se vivió al principio del capitalismo, siguieron presentándose procesos de despojo similares a éstos que han dado pauta a que algunos autores, como David Harvey, consideren a esta etapa como una fase de acumulación por desposesión (Harvey, 2003).

LA INTENSIFICACIÓN DEL DESPOJO EN LA ETAPA NEOLIBERAL DEL CAPITAL

El capital ha transitado por varias fases que responden a diferentes patrones de acumulación de capital (Valenzuela, 1990) o de extracción de plusvalor. Una de éstas es la fase neoliberal del capital, caracterizada, entre otras cosas, por el mercado como eje rector de la economía y por el abandono de la responsabili-dad del Estado social (alimentación, salud, educación), y derivado de éstas, por diversos procesos de privatización.

Los procesos de privatización se han presentado de manera acelerada en nuestro país a tal punto que la Organización para la Cooperación y el Desarro-llo Económicos (ocdE), en un estudio sobre México, indica que “desde el punto de vista tanto de los ingresos producidos por la desincorporación de empresas públicas como de la gama de industrias cuya propiedad fue transferida al sector privado, México se sitúa en los primeros lugares entre los países de la ocdE” (ocdE, 1995:191). En total, señala este organismo, “el número de empresas pro-piedad del Estado pasó de 1 155 a menos de 200. La venta de empresas públicas recaudó un ingreso acumulado de US$23 700 millones durante el período que va de 1988 a 1994 (como punto de referencia, el Pib fue de US$196 000 millo-nes en 1992)” (ocdE, 1995:192).


Estos procesos de privatización también han representado diversos despojos a la nación mexicana. Durante décadas, las empresas que fueron privatizadas se edificaron con recursos públicos que provenían del pueblo. Además, eran una fuente importante de empleos. Por esto, al ser vendidas las empresas, se oca-sionó un despojo de la construcción histórica de diversos elementos que fueron producto de la edificación de la población mexicana.

Aunado a esto, dado que el cambio de patrón de acumulación responde a un proceso crítico de la realización del capital que lleva a una crisis de sobre-acumulación del capitalismo (Harvey, 2003), el propio capital busca nuevos espacios de valorización en donde requiere, de manera similar al proceso de acumulación originaria, llevar a cabo despojos particulares que contribuyan a superar la crisis sistémica. Esto lleva a Harvey a señalar que “como en el caso de la oferta de fuerza de trabajo, el capitalismo siempre requiere un fondo ex-terior de activos para afrontar y superar las presiones de la sobreacumulación. Si tales activos, como una tierra vacía o nuevas fuentes de materias primas, no están disponibles, el capitalismo debe producirlos de algún modo” (Harvey, 2003:116). Así, señala Harvey, existe un “papel continuo y persistente de las prácticas depredadoras de la acumulación ‘primitiva’ y ‘originaria’ en la amplia geografía histórica de la acumulación de capital”. Por esto agrega: “dado que no parece muy adecuado llamar ‘primitivo’ u ‘originaria’ a un proceso que se halla vigente y se está desarrollando en la actualidad, en lo que sigue sustituiré estos términos por el concepto de acumulación por ‘desposesión’” (Harvey, 2003:116).

Con esta idea, el capital busca espacios de donde pueda obtener recursos para superar las crisis sistémicas. En esta “búsqueda” el capital despoja tierras y saquea recursos naturales, sin importar quién y dónde se encuentren los terri-torios, que para el proceso de valorización son vitales. Aquí los recursos de los pueblos indígenas, como veremos, son fundamentales.

LA RIQUEzA DE LOS TERRITORIOS INDÍGENAS COMO OBJETO DEL DESPOJO

En los procesos de acumulación por desposesión, los territorios indígenas son considerados como fundamentales debido a que son espacios que contienen una gran cantidad de recursos estratégicos para el capital, además de la riqueza cultural derivada de la diversidad de los pueblos.


Al respecto, los pueblos indígenas poseen una extensión que abarca la quin-ta parte de la superficie del territorio de la nación mexicana. Eckart Boege indica que en “alrededor de 24 millones de hectáreas del territorio nacional la presencia de los indígenas rebasa el 80%, lo que representa el 12.4% del terri-torio nacional” (Boege, 2006:241). Estos espacios contienen una gran riqueza en diversidad biológica y cultural. De acuerdo con el informe sobre el Estado de Desarrollo de los Pueblos indígenas, “el 70% de los recursos petroleros se extraen de yacimientos marinos y terrestres del trópico mexicano. Los más importantes corresponden a los estados de Campeche, Tabasco, Chiapas, en municipios con fuerte presencia indígena” (ordPi, s/f).

Aunado a esto, las principales presas hidroeléctricas del país, La Angos-tura, Malpaso, Chicoasén, Aguamilpa y Presidente Alemán, se abastecen de agua de los territorios indígenas. Al respecto, Boege indica que “una quinta parte de las aguas nacionales se genera en territorios indígenas. El 21.4 por ciento de los recursos hídricos del país, se genera en 12.4 por cierto del territo-rio nacional donde se asientan los pueblos indígenas” (Boege, 2006).

Además, “los ejidos y comunidades agrarias en municipios indígenas tienen en propiedad el 60% de la vegetación arbolada, principalmente de bosques templados y selvas húmedas y subhúmedas” (ordPi, s/f), lo cual significa que ellos poseen una gran parte de la flora y fauna de este país, que no está de más decir, es de las más ricas del mundo. En relación con esto, Boege indi-ca que en el territorio nacional que es indígena, en el 12.4% que ya hemos mencionado, “el 76% de la superficie conserva una cubierta vegetal natural”. En éste se encuentran presentes 45 tipos de vegetación. Aunado a ello, “estos territorios albergan 15 mil especies de plantas”. Además, las selvas y bosques “se encuentran en más de 50% en territorios de los pueblos indígenas” (Boege, 2006:257 y 258).

Derivado de esto, indica el Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, “la riqueza biológica de las zonas indígenas ha hecho que México ocupe el tercer lugar en importancia en el panorama ambiental mun-dial por su gran diversidad biológica”. Ejemplo de esto es que “de las 925 espe-cies animales registradas a nivel nacional según categorías especiales, 620 viven en regiones indígenas” (cdi, 2001), es decir, 67% de estas especies se encuentra en territorios indígenas.

Aunado a lo anterior, las principales áreas naturales protegidas se encuen-tran en municipios indígenas: reservas de la biosfera Pantanos de Centla, Ta-basco; Montes Azules (Selva Lacandona), Chiapas; Sian Ka’an, Quintana Roo; la reserva de la biosfera Sierra del Pinacate y el Gran Desierto de Altar, Sonora


(To’ono Ot’tham); la reserva especial de la biosfera Isla Tiburón, Sonora (de los seris); la reserva de la biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, entre otras” (cdi, 2001).

Así, los territorios de los pueblos indígenas son contenedores de una gran riqueza, además de biológica, cultural, hecho que los mantiene en amenaza permanente de ser despojados.

EL MARCO LEGAL COMO “INSTRUMENTO” JUSTIFICATORIO DEL DESPOJO

Para llevar a cabo los procesos de despojo, el capital elabora el marco jurídico necesario a fin de “legalizarlo” y eliminar los obstáculos que se presenten ante ellos. En la etapa de la acumulación originaria, que es el punto de partida del capital, se instrumentaron las leyes de cercamientos (Polany, 2003:83). Al respecto, Marx indica que este despojo o “limpieza” revistió una forma par-lamentaria, los Bills for inclosures of Commons, “decretos por medio de los cuales los terratenientes se regalan a sí mismos en propiedad privada las tierras del pueblo, decretos de expropiación del pueblo” (Marx, 1978:113).

En América, durante la época de la Colonia, proceso que contribuyó de manera importante en el desarrollo del capitalismo europeo, también se decre-taron diversas disposiciones que, a nombre de la corona española, “legaliza-ron” los despojos a los pueblos originarios. A decir de Rodolfo Stavenhagen, algunas posiciones afirmaban “el derecho de conquista por ser los indios […] bárbaros, pecadores, infieles y viciosos” (Stavenhagen, 2008:6). Este “derecho de conquista”, que llevó a que los pueblos fueran despojados, fue establecido en un aparato jurídico. Stavengahen indica que “una vez asegurada la ´toma de posesión’ de un territorio, acto ritual y formal a través del cual los reyes se arrogaban el derecho de disponer de tierras y poblaciones ajenas, la Corona autorizaba a quienes de hecho practicaba el descubrimiento y la conquista a realizar una serie de actividades económicas y obtener beneficios y privilegios, a cambio de determinadas obligaciones ante el rey. Esta autorización se concedía a través de las capitulaciones que constituían contratos o cartas mercedes entre la Corona y los particulares” (Stavenhagen, 2008:7).

Así, desde la Conquista y nacimiento del capital, se legitimaron las despose-siones de los pueblos. En el caso particular de México, los despojos, además de la época de la Conquista, se extendieron durante la Independencia, la Reforma,


el Porfiriato y la etapa posrevolucionaria. Algunos de ellos fueron legalizados por mandato constitucional (Montemayor, 2000:65).

En la historia reciente, en la fase neoliberal del capital, los despojos también han sido legitimados en diversos programas, planes y leyes. Una característica permanente de éstos, como se ha indicado en líneas anteriores, es el discurso de acceso al desarrollo.

Así tenemos, el Programa Nacional de Infraestructura, que entre uno de sus objetivos plantea, para posicionar a México como una plataforma logística a nivel mundial que permita un mayor desarrollo (a partir de la edificación de obras de infraestructura), acceder a los recursos necesarios para el capital y en particular, como lo establece su objetivo segundo, contar con insumos energé-ticos suficientes, de calidad y a precios competitivos (Ejecutivo Federal, 2007: 4). Recordemos que muchos de estos “insumos” se encuentran en territorios indígenas.

De igual modo, el Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas, operado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ha posibilitado acceder y sacar recursos naturales de los territorios indígenas mediante la construcción de obras de infraestructura. La edificación de caminos y carreteras ha propiciado, entre otros, el saqueo de madera, de plantas y de minerales. Es notable ver carreteras construidas supuestamente para el desarrollo de los pueblos indígenas, que se dirigen direc-tamente a estos recursos (ver los proyectos mineros de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía: www.economia-dgm.gob.mx). También es notable ver caminos y troceros repletos de madera o de minerales que utili-zan dichas carreteras como medio del saqueo.

Pero el caso extremo de este saqueo es la Ley de Protección al Conoci-miento Tradicional de los Pueblos Indígenas, que permite la apropiación y el despojo de los conocimientos históricos y colectivos de los pueblos. En particu-lar se establece “crear un marco regulatorio que posibilite la investigación, la negociación, la inversión en torno a los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas, que regule su protección en condiciones de equidad entre las partes, y que permita la conservación y aprovechamiento sustentable de la diversidad biológica” (Fraile, 2006). Establecer un marco regulatorio, se dice en la ley, “para proteger los conocimientos tradicionales está directamente relacionado a su innegable valor económico, como materia prima indispensable para elaborar productos de la industria alimentaría, la agrícola, farmacéutica, de alto valor comercial en el mercado” (Fraile, 2006).


Así, podríamos seguir enumerando diversas leyes que han contribuido o que contribuirán al despojo a los pueblos indígenas, como la Ley de Recursos Fito-genéticos, que permite el acceso de las empresas trasnacionales a los recursos genéticos de las plantas (principalmente, éstas también se encuentran en territo-rios de pueblos indígenas), o la Ley Minera, que permite depredar la naturaleza a través del saqueo de los recursos naturales.

LA COSMOVISIÓN DE LOS PUEBLOS: ESTRATEGIA DE RESISTENCIA ANTE EL DESPOJO

La “cosmovisión” se refiere a la forma de ver y percibir el mundo (Lenkersdorf, 1999:16 y 20). A diferencia del capital y de quienes legitiman su despojo, los pueblos indígenas tienen cosmovisiones diferentes. y a pesar de todo el proceso de intrusión hacia ellos desde la época de la Conquista, permanece una forma particular de los pueblos de ver y percibir el mundo cuyo origen data de la época prehispánica.

Aunque las cosmovisiones de los pueblos son distintas entre sí, en ellas per-vive la concepción de que todo en el mundo tiene vida y corazón, razón por la cual se establece una relación intersubjetiva (sujeto-sujeto). En esta idea, el territorio de algunos pueblos, como el tojolabal (uno de los aproximadamente 30 pueblos mayas), es una complejidad conformada por diferentes elementos con vida (ver figura 1). Para ellos, su territorio, su mundo, el K’inal, está con-formado por tres niveles: el satk’inal (espacio celeste), donde habita el sol y la luna (el Padre Sol y la Madre Luna), quienes además de guiar las cosechas, son consultados en diferentes actos de la vida; el lu’umk’inal (espacio terrestre), donde todos los elementos que habitan además de tener una razón de ser, son seres con vida; y el k’ik’inal (el inframundo), en donde se encuentran los que han deja-do de existir en el espacio terrestre, lo cual no significa que ya no estén, ya que a ellos se acude para resolver y tomar varias decisiones de la vida cotidiana.

Este hecho posiciona a estos pueblos como diferentes frente a la concepción capitalista, cuya idea se centra no en una relación sujeto-sujeto, sino sujeto-objeto y objeto-objeto, porque aun las personas, para el capital, se cosifican (se vuelven objetos).

Derivado de esto, para los pueblos es inconcebible comprar y vender a los diferentes seres que tienen vida y corazón, porque además de que a muchos de ellos les deben la vida, como a la tierra (a quien ven como la madre) o al agua, de quien además de depender el crecimiento del maíz, representa las venas de


la Madre Tierra, son fundamentales para su existencia. Por ejemplo, las plan-tas los alimentan y los curan; los árboles, además de que son los pulmones de la tierra, se utilizan para calentar los hogares (leña), construir herramientas y casas; los animales, además de que son sus compañeros de vida y de trabajo, también son su alimento.

Estas concepciones se han vuelto fundamentales en los procesos de defensa de los pueblos frente a los actos de despojo. Recordemos que a diferencia de esta concepción (que no ven como mercancías a todo aquello que los rodea), para el capital, además de que todo lo concibe como mercancía, su venta es fundamental, ya que es la única forma de realizar la plusvalía (obtener la ga-nancia).

Aunado a esto, algunos de los idiomas de los pueblos indígenas, que reflejan parte de sus cosmovisiones, carecen de palabras relacionadas con ‘posesión’ en o ‘propiedad’. Al respecto, Carlos Lenkersdorf indica que el tojolabal “no tiene un verbo que corresponda a poseer, tampoco sustantivos que correspondan a posesión o propiedad… Hoy por la influencia de la sociedad dominante, se han adoptado del español las palabras Propietario y propiedad” (Lenkersdorf, 2004:

figura 1. Concepción tierra-territorio tojolabal


170-170). Así, para los pueblos, además de que es inconcebible comprar y ven-der a un sujeto con vida y corazón, es ilógico, dentro de su estructura lingüís-tica, ser propietarios de cualquier elemento que existe en el mundo (claro que esto no escapa a que ellos sean poseedores, más no propietarios). En contraste, la filosofía y esencia del capital se basa en la propiedad privada.

Por supuesto que estas concepciones no implican que en la realidad no haya quienes por diversos motivos (económicos, de interés personal, por ambición, motivados por empresas nacionales y trasnacionales, entre otros) vendan, y des-truyan los diferentes elementos que hay a su alrededor. Pero en el fondo, mu-chas de estas motivaciones son ajenas (de origen) a la realidad de los pueblos. Además, es importante recordar que nadie ha depredado y destruido tanto la naturaleza y en tan poco tiempo como el capital.

COMENTARIO FINAL

Muchos son los procesos de despojo (o de intento de) que se han vivido en México y el mundo. Tan sólo recordemos los casos de Atenco, Tepeaca, Te-poztlán, Punta Diamante, La Vaquita, entre muchos otros que día con día encontramos documentados en la prensa. A nivel internacional no olvidemos recientemente la matanza de más de 22 indígenas en la región selvática del amazonas en Perú (El Universo, 2009), o las muertes ocurridas de los integrantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Agencia Infor-mativa Pulsar, 2009).

Estos procesos han sido una característica permanente del capital, pero en la etapa neoliberal se han intensificado. A fin de ser legitimados, se han elabo-rado diversas leyes, planes y programas, entre otros, que permiten eliminar al máximo cualquier tipo de obstáculo.

Pero lo grave es que derivado de la crisis de la fase neoliberal, no se vislum-bra el fin de dichos procesos. Por el contrario, como una forma de resarcir un poco la etapa crítica por la que atraviesa el capital, se buscan nuevos espacios de valorización que implican una intensificación del despojo (Harvey, 2003). Es probable que esto sea parte de la explicación del porqué de los 31,518 ejidos y comunidades que hay en el país, 20,999 han tenido actos de compraventa de tierras (inEgi, 2007).

Frente a esto, algunos de los pueblos han respondido con diversas manifesta-ciones que expresan el desacuerdo y rechazo a esto actos. En casi todas ellas, la característica ha sido la defensa de la tierra y de los recursos en ella contenidos,


que tiene su fundamento en las culturas y en las cosmovisiones de estos pueblos, y la expresión permanente de que ¡no conciben a quienes venden a la Madre, a la Madre Tierra!

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Pensar al territorio desde la PersPectiva del desarrollo rural

Ramsés Arturo Cruz Arenas, Juana Cruz Morales, Alejandra Meza Velarde, Martha Angélica Olivares Díaz y Emiliano Palacios de los Reyes*

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introducciÓn

el mundo rural mexicano y latinoamericano ha estado marcado históricamente por el proyecto de modernización y la lógica homogeneizante del mercado y la ideología imperante del modelo occidental. de manera tal que los espacios rurales se encuentran atravesados por hechos y procesos de desarrollo atados al funcionamiento del capitalismo contemporáneo, el cual está íntimamente ligado al uso y la producción del espacio geográfico desde la racionalidad ins-trumental. lo cual sin duda ha afectado a los territorios rurales, reconfigurando espacios, culturas, procesos, prácticas e identidades locales.

este documento es resultado de las reflexiones que hemos hecho en torno a las secuelas y consecuencias que ha dejado el modelo imperante de racionalidad instrumental y los procesos de acumulación económica del capital en el mundo rural de américa latina, sus actores, sus prácticas y sus identidades.

a partir de las experiencias en diversos espacios rurales con distintos actores sociales de México y de la reflexiones sobre territorio que nutrieron la discusión en el intercambio con académicos y actores rurales de colombia,1 este artículo pretende mostrar las tensiones y trasformaciones que se dan en los territorios a partir de las prácticas sociales, las cuales marcan el sentido y el significado del espacio local y global, fuera de las lógicas imperantes.

* estudiantes de doctorado de la cuarta generación del posgrado en desarrollo rural de la uam-Xochimilco.

1 este documento forma parte de los avances de las investigaciones que los integrantes del grupo de territorio realizan en el doctorado en desarrollo rural de la universidad au-tónoma Metropolitana, unidad Xochimilco, los cuales se han ido discerniendo y discutien-do durante un lapso de dos años, y se han nutrido del intercambio académico e investigativo con los académicos colombianos, en particular de la universidad Javeriana y la universidad de caldas, colombia.

RAMSÉS ARTURO CRUz ARENAS ET AL.94

Si bien existen diversos abordajes teóricos y conceptuales sobre el territorio, la perspectiva de este artículo parte de considerarlo desde la construcción social de los sujetos subalternos, para lo cual se exponen estudios de caso sobre expe-riencias territoriales específicas que acontecen en lo rural, como las relaciones urbano-rurales, la apropiación y disputa por los recursos naturales, las tensio-nes sociales en la vida cotidiana, la construcción de territorios ambientales y la importancia del territorio en la construcción de la autonomía de los pueblos indígenas.Desde el siglo xix, con la modernización industrial y con el desarrollo basado en el crecimiento económico, el mundo se encuentra dentro de una batalla implacable expresada en una reconfiguración territorial constante. Expresión que hace que los territorios se encuentren imbricados en un entramado que afecta los ámbitos social, político, económico, cultural y ambiental a nivel glo-bal, haciendo que todas las localidades rurales y urbanas se vean afectadas por estas lógicas.

Las lógicas globales basadas en el desarrollo económico han generado una sociedad polarizada excluyente, donde la acumulación y el consumo se con-centra solamente en 20% de la población mundial, lo cual se ve reflejado en desigualdad social, injusticia, exclusión y pobreza extrema, además de una crisis socioambiental expresada en el agotamiento de los recursos naturales y la dis-minución de bosques y selvas. Crisis llamada por algunos autores “sistémica” y “civilizatoria” (Bartra,2008; Leff, 2000; Toledo, 2009; Holloway, 2002; Porto-Gonçalves, 2009).

Los fenómenos territoriales en Colombia, han originado un nutrido debate y reflexión como por ejemplo los ensayos compilados en el libro (Des) territorialidades y (No) lugares: Procesos de configuración y transformación social del espacio de Diego Herrera Gómez y Carlos Emilio Piazzini, en el que se problematizan las nociones de territorio y lugar, nutriendo el debate y mostrando la validez de los conceptos que vinculan las espacialidades sociales con sustratos geofísicos donde están ancladas las soberanías, los sentidos de pertenencia y las identidades. Al mismo tiempo, cuestionan los enunciados que niegan los anclajes territo-riales aduciendo que los procesos globales ponen en crisis las espacialidades de los Estados y que abren o vuelven obsoletas las fronteras. Estos enfoques críticos de la idea del espa-cio como contenedor de lo social, producidos por especialistas de diferentes campos de las ciencias sociales, enuncian la reconceptualización de las categorías espaciales, enfatizan la desterritorialización de los saberes en el que el espacio deja de ser del dominio o territorio disciplinar para incorporarse a una frontera de lo transdisciplinar que se nutre de sociólogos, antropólogos, geógrafos, arqueólogos, economistas, politólogos o biólogos, en un proceso de reconfiguración de las cartografías del pensamiento.

PENSAR AL TERRITORIO DESDE LA PERSPECTIVA DEL DESARROLLO RURAL 95

Esta reconfiguración del mundo nos obliga a pensar que cualquier pro-blemática de la realidad social debe estar situada dentro de estos signos de la crisis de la civilización moderna y manifestaciones actuales del irracional modelo de desarrollo, entre las que destacan las crisis energética, alimentaria, migratoria, medioambiental, económica y financiera. Todas éstas asociadas o resultantes del proceso de globalización que potencia y generaliza un modo de producción que ejerce enormes presiones sobre los recursos naturales por las prácticas insostenibles de consumo, basadas en los vaivenes del mercado, lo cual afecta y degrada la naturaleza con consecuencias en la vida diaria de las sociedades.

En este contexto, es necesario reconocer que los límites de lo local se difu-minan pues han sido afectados por ideologías y prácticas transformadoras de la racionalidad instrumental y lógicas de dominación hegemónicas trastocando los mundos locales y las vidas cotidianas de los sujetos y su futuro (relocalización).

Esta imbricación ha hecho manifiesta la emergencia de la resistencia por parte de diversas comunidades en el mundo alzando banderas de la justicia social, la diferencia, la autonomía, el derecho a ser y estar y la defensa por los espacios y territorios, contradiciendo la hipótesis de que la globalización lo destruye todo. Pues esta fuerza globalizadora ha empujado transformaciones sociales, identitarias y formas de apropiación emergentes que dinamizan y re-configuran la historia de la sociedad contemporánea.

Por tanto, concebimos que no existen territorios determinados, ni un territo-rio global ni un territorio local, sino que el territorio es a la vez total y roto, global y fracturado, que no sólo pueden ser entendidos como dos escalas diferenciadas de procesos territoriales, sino más bien entendiendo la imbricación constante y contradictoria de ambos (Hiernaux, 2004).

Así, los cambios profundos de esta globalización en las relaciones locales y espaciales del mundo rural, se reflejan claramente en las nuevas relaciones campo-ciudad, en los procesos migratorios, en la feminización del campo, en la inserción de nuevas actividaes productivas, producción de nuevos saberes, nue-vos espacios de relaciones, diversas formas de apropiación privada y social de la naturaleza y movimientos sociales emergentes como los étnico-autonómicos, entre otros. Generando así relaciones más complejas que rebasan las tradiciona-les explicaciones teóricas de lo rural, produciendo expresiones territoriales que invitan a explorar nuevos abordajes.

En el presente artículo, los elementos territoriales en el estudio de lo rural contienen aspectos fundamentales como el análisis físico-espacial-temporal, la concepción del sujeto que se apropia del entorno y construye su identidad y


cultura, el conflicto que germina la defensa del territorio y las resistencias de los sujetos donde se vislumbran las posibilidades del desarrollo.

Estos elementos son importantes a considerar ya que los territorios, efectiva-mente, están constituidos en espacios que tienen que ver con la interpretación que sus pobladores tienen de éstos. Por ello, es fundamental comprender y ver al territorio en su complejidad, desde la espacialidad, la historia, el imaginario, los sueños y las desesperanzas sembrados en una tierra que ha visto nacer a un sinfín de narrativas, prácticas, aprendizajes y posibilidades que modifican patrones de conducta y modos de vida diversas en cada uno de los lugares.

Además de estos elementos, las coordenadas que orientarán nuestra discu-sión sobre lo territorial se sustentan en tres ejes :

1) Lo geográfico y concreto. Desde esta perspectiva del territorio, se nos permite mirar la realidad social en límites geográficos y sumergirnos en la comple-jidad histórico-espacial en que se hallan inmersos los sujetos, su memoria, sus vínculos, sus conflictos, las relaciones con los otros, sus deseos y sus proyectos de futuro que convergen con un espacio social más amplio.

Entendemos que existe un espacio primordial, un punto de partida que es el origen al que están atados los sentimientos básicos de pertenencia; de ubicación del sujeto en una comunidad y en un primer hogar, cuya base es soporte del sentido del devenir, sustrato de vida, magma inagota-ble de significaciones2 e identificación social que se traduce en formacio-nes simbólicas de colectividades particulares y objetivadas en las prácticas y paisajes materiales configurados por los grupos humanos.

Comprender el territorio geográfico concreto posibilita conocer las for-mas de relaciones sociales, las actividades productivas pasadas y vigentes, la diversidad de criterios y fuentes de legitimidad dentro de él, sus porta-voces visibles y no visibles, las relaciones de poder y los distintos actores sociales que se adhieren y trastocan el entramado espacial.

Las experiencias ligadas a la dimensión espacial son garantes de identi-dad y representan puntos de vista locales en los cuales los actores se in-volucran y participan, pero también se disputan el espacio y lo manejan en beneficio de sus intereses.

2) Lo simbólico, cuya principal contribución es entender al territorio como una construcción social en donde lo fundamental es distinguirlo de un simple espacio físico, como un referente representativo que marca las

2 Magma de significaciones, concepto utilizado por Castoriadis en Figuras de lo pensable.


formas de pensar y actuar en función de él, un espacio de aprendizaje que determina formas específicas de relacionarse, organizarse, producir, mirar y ser mirados; es el espacio de producción de cultura, de las iden-tidades, y se lleva a cuestas a cualquier lugar al que se vaya. El territorio permite la producción de la cultura, que se manifiesta como espacio y escenario de identidad que se recrea en la praxis comunitaria y es expre-sión territorial.

Con estas dos dimensiones geográfica y simbólica, la concepción de te-rritorio se amplia y complejiza; el territorio es de carácter instrumental-funcional o simbólico-expresivo. En el primero lo utilitario es lo importante; el segundo se perfila como soporte de identidades individuales y colectivas que incluyen las relaciones de poder (Giménez, 1998:5). El territorio tiene características naturales y específicas por basarse en un proceso de apropiación, es el resultado de dinámicas socio-espaciales de vivencias individuales y colectivas (Mazurek, 2006:49).

3) El desarrollo, nos permite comprender que lleva a los sujetos sociales a una apropiación, un poder y control sobre el territorio. El desarrollo desde el territorio hace referencia al proceso de apropiación donde los sujetos se organizan, utilizan los recursos materiales e inmateriales, producen e intercambian bienes, servicios y cultura. En estos procesos los sujetos es-tablecen relaciones económicas, políticas, sociales e institucionales que les permiten establecer vínculos de colaboración e interdependencia, y crear colectivamente aprendizajes que les posiblitan responder a los cambios que inciden en el territorio.

Entender el desarrollo en un territorio es dilucidar el dinamismo del mismo mediante el reconocimiento de las fracturas y los conflictos, en una dinámica histórica enraizada en el presente, a partir de lo cual se construye el desarrollo local desde los sujetos sociales. La resistencia, la defensa y las luchas por el te-rritorio no tienen sólo un carácter productivo-económico, no es sólo un pedazo de tierra lo que se defiende, sino un espacio cargado de historia y de relaciones construidas con la naturaleza y con lazos de parentesco. Es un territorio en donde se interactúa con los iguales, y donde se establecen relaciones sociales, culturales, políticas, religiosas y económicas.

Es ahí donde aparecen los sujetos sociales cuestionándose sobre alternativas distintas a las que el sistema los obliga planteándose una revalorización de sus espacios, recursos naturales, culturales, actividades productivas y relaciones sociales. Se trata entonces de un desarrollo basado en la recuperación de los


usos, las representaciones del territorio y la revitalización de estrategias, usos y apropiaciones en relación con el mundo y el mercado global, y frente a su realidad, con nuevas actividades que reactiven el uso del espacio.

Reinvención, negociación y trasformación son las consignas principales para entender el modo de relación que los sujetos establecen para recuperar el pasa-do, pensarse en el presente y proyectarse en el futuro. Entendemos al territorio no como espacio concreto, sino como práctica política y cotidiana; además de permitirnos entender las estrategias de lucha y de resistencia de sus habitantes, también nos muestra procesos de construcción del mismo y formas de elabora-ción de proyectos de desarrollo alternativos.

Es necesario incluir en la discusión del territorio al desarrollo, pues la instru-mentación de un proyecto de cualquier tipo marca sin duda la configuración, límites y dinámica, al entender que el territorio está conformado también por sujetos de carne y hueso actuantes, los cuales se involucran y enfrentan en la realidad social de múltiples maneras, haciendo que los proyectos de permanen-cia y desarrollo se conviertan en una verdadera reapropiación de su territorio en el sentido más amplio. Más allá de hacer producir la tierra, aprovechar los recursos naturales y obtener beneficios económicos, se ponen en juego los afectos, los vínculos y la posibilidad nuevamente de reafirmar o reconstruir lo comunitario en nuevos escenarios sociales y reconstruir el mundo rural desde novedosas formas de reproducción que recrean la realidad social.

CONCEPTUALIzACIÓN DEL TERRITORIO

Etimológicamente, se denomina territorio (del latín terra, que significa tierra), a su vez derivado de territorium) a toda extensión de la superficie terrestre que adquie-re tal significado en la medida que es habitada por grupos humanos; un área definida (incluyendo tierras y aguas) a menudo considerada posesión de una persona, grupo social, organización, institución, Estado o país subdividido.

Consideramos que el territorio trasciende al espacio, a la materialidad, y se dimensiona como un campo de posibilidades en el sentido de que implica una apropiación y un uso mediante la significación del mismo. De tal forma que el territorio nos obliga forzosamente a mirar el espacio, como la materia prima que se moldea, inventa y transforma de acuerdo a las diferentes concepciones de mundo de cada grupo social, así como a sus prácticas, intereses, deseos e ideas de futuro imaginadas. En este sentido, concebimos al territorio como el receptáculo con existencia propia e independiente, que representa contenedores


o escenarios inmóviles y permanentes de las relaciones sociales que dotan de sentido y pertenencia a los individuos, pues es en el territorio donde se tejen las relaciones sociales, códigos, normas, formas de ver el mundo y complicidades que generan dinámicas que permanecen en el tiempo.

Por tal razón, el territorio posibilita el anclaje a un grupo social, en donde pro-gresivamente se configuran identidades, culturas y proyectos de vida individuales y colectivos. La pertenencia territorial implica, por tanto, un espacio que da sentido a la vida misma, y por lo cual se considera propiedad, lo que pertenece al colecti-vo, lo nuestro y el nosotros, lo que nos define y sobre lo que tenemos dominio.

Por supuesto, no todo es armonioso, pues dentro de cada territorio hay diferentes matices y contradicciones que conviven en un mismo espacio; el conflicto constituye entonces un factor esencial para su comprensión, en donde se vislumbran relaciones de poder, jerarquías, diferencias, entre otros, lo cual le otorga una dimensión política al territorio (zambrano, 2002:20).

Estas relaciones de poder, producto de las distintas visiones, relaciones so-ciales, económicas, políticas, ambientales y culturales, así como las intencionali-dades de construcción, de orientación y de apropiación del territorio por parte de los actores sociales que comparten los espacios, producen las conflictualidades, en las que se da un enfrentamiento permanente en la comprensión y sentidos de durabilidad de los grupos e instituciones sociales. Tal como señala Fernandes, “el sentido de la disputa está en la esencia del concepto de territorio. El centro del conflicto es la disputa por los modelos de desarrollo en el que los territorios están marcados por la exclusión de las políticas neoliberales, productoras de desigual-dades, amenazando la consolidación de la democracia” (Fernandes, 2008:7).

Finalmente, entendemos que el territorio representa un espacio de formas creadas social y simbólicamente; no son meros vacíos sino que participan acti-vamente en la interacción de los grupos humanos, ampliando en este análisis no sólo la concepción del territorio sino su instrumentalidad referida a espacio/poder/saber, lo cual provee las bases para espacializar y temporalizar el funcio-namiento del territorio (Soja, 1989), entendido esto como territorialidad.

LA TERRITORIALIDAD: LA LUCHA POR LA TIERRA, LOS RECURSOS y LA VIDA

Se entiende por territorialidad “el grado de control de una determinada porción de espacio geográfico por una persona, un grupo social, un grupo étnico, una compañía multinacional, un Estado o un bloque de estados” (Montañez y Del-


gado, 1998:124), la cual se refiere al “conjunto de prácticas y sus expresiones materiales y simbólicas capaces de garantizar la apropiación y permanencia de un determinado territorio por un agente social, o Estado, los diferentes grupos sociales y las empresas” (Correa, 1996:252).

Así, la territorialidad se asocia con apropiación y ésta con identidad y afec-tividad espacial, que se combinan definiendo territorios apropiados frente a lo externo, frente a las amenazas que desdibujan sus peculiaridades locales. En el territorio se genera autonomía y por tanto formas de gobierno propias que incrementan las tensiones sociales en el mundo globalizado.

La territorialidad así entendida implica un proceso de espacialización de las relaciones de poder; y el territorio “un campo de fuerza, un tejido o red de relaciones sociales, que a la par de su complejidad interna, define un límite, una alteridad: la diferencia entre ‘nosotros’ (los miembros de una colectividad o comunidad, los insiders) de los ‘otros’ (los de afuera, los extraños, los outsiders) (Souza, citado por Piazzini, 2006:69).

Se trata finalmente de una representación social, una construcción de identi-dad sociocultural de un espacio apropiado, trazado y delimitado, “bajo control de un sujeto individual o colectivo, marcado por la identidad, por tanto indiso-ciable de las categorías de dominio y de poder” (Segato, 2006:76).

ALGUNAS EXPERIENCIAS SOBRE TERRITORIALIDADES y DESARROLLO RURAL

Territorios urbanos rurales. La permanencia de los originarios y su reinvención en el tiempo

La urbanización y su avance incesante en nuestra sociedad actual, en los últi-mos 30 años del siglo xx, ha incorporado en su mayoría al mundo rural, absor-biéndolo o integrándolo a su lógica y formas de vida. Sin embargo, dentro de este intenso proceso de urbanización, se han construido fenómenos interesantes y espacios de resistencia en donde no únicamente se ha logrado preservar for-mas de vida diferentes, sino que además, se han generado identidades, formas de vida y espacios específicos, resultados de la articulación de lo urbano-rural.

Tales resistencias se expresan en las formas de habitar los espacios, en la producción y reproducción de cultura, en las formas de relacionarse socialmen-te, en las actividades productivas, entre otras, lo que hace que los territorios


en donde se expresan estas situaciones, sean espacios complejos, difíciles de interpretar debido a la transformación intensa y constante, y a las novedosas expresiones identitarias que se producen dentro del mismo.

De manera tal que lo tradicional y lo moderno se complejizan, rebasando las tradicionales explicaciones de lo urbano y lo rural, produciendo situaciones, activi-dades y relaciones específicas derivadas de la mezcla de ambos, generando nuevas expresiones territoriales que nos llevan a pensar el territorio en estos intersticios.

Si bien el avance del espacio urbano sobre el espacio rural ha estado marca-do sin duda por una violencia simbólica que supedita al segundo sobre el primero, marca al mismo tiempo una relación de proximidad, en donde los modos de vida, los servicios y las actividades de cada zona se afectan mutuamente, haciendo difícil su separación y diferenciación.

Así, las zonas rurales próximas a la ciudad disminuyen en cierta medida algunas carencias del medio rural y afectan su desarrollo, por el acceso a los servicios (transporte, luz, teléfono, etc.), pero en ningún caso llega a cubrirlas por completo y a eliminar la subordinación, y viceversa, las zonas rurales próxi-mas a la ciudad se sirven también de los servicios ambientales y alimentarios que ésta ofrece.

Es en este plano donde se halla el nudo de las contradicciones territoria-les, en donde diversas realidades se desarrollan en un mismo territorio. Link menciona que las áreas rurales más próximas a las ciudades dejan de cumplir funciones de abasto relevantes, aunque la producción agrícola no desaparece del todo, combinándose con otras actividades y formas de ser modernizantes; por ejemplo, los jóvenes ayudan a la agricultura, la chinampa, la crianza de animales y participan de las fiestas, al mismo tiempo que visten a la moda y escuchan música urbana (Link, 2000).

Así, la ciudad se arma de diversos relatos, los cuales definen los múltiples espacios y formas de habitarla y construirla: entre lo tradicional y lo moderno, lo rural y lo urbano, y la gran diversidad de culturas que confluyen y se afectan mutuamente al compartir un espacio.

Por ello, en las grandes ciudades, como la ciudad de México, la apropia-ción y re-construcción del territorio se da en estas dimensiones (rural-urbanas), en donde se vislumbran las coordenadas por las cuales los sujetos sociales se posicionan y mueven reconfigurando sus saberes, prácticas e identidades den-tro de espacios específicos, en donde están las posibilidades de permanencia y desarrollo.

Los pueblos originarios de la ciudad de México están bajo esa lógica terri-torial, se resisten y se reinventan a pesar de que ya no ofertan ninguna con-


veniencia a la urbe en términos productivos, a pesar del avance de la mancha urbana que demanda cada día mayores espacios para habitación, a pesar de las brechas culturales que se abren con la llegada de nuevos vecinos, ante las lógicas mundiales que dictan un exterminio a sus formas de producción; resis-tencia que se expresa preservando sus tradiciones, sus fiestas, su vida religiosa y su cultura; al mismo tiempo que transformando y adaptando nuevas formas y prácticas para seguir siendo en un espacio determinado.

Históricamente, los pueblos originarios se han visto envueltos en estas diná-micas concretas, sacando provecho de su relación con la ciudad, afectándose mutuamente y logrando sobrevivir en el tiempo y en el espacio. Primeramente por pertenecer al espacio de ciudad y a las lógicas universalizantes que este modo de vida les impone, segundo por los recursos naturales y la vida produc-tiva agrícola y forestal con las que cuentan aún; han sido minados por políticas públicas que han hecho insostenible estos modos de vida; y tercero, la larga historia de tradiciones y culturas locales se han visto afectadas por el avance de la mancha urbana y el establecimiento de asentamientos irregulares, y por tanto, su consecuente consolidación se encuentra asociada al uso y sobreex-plotación de los recursos naturales y los nuevos vecinos que no comulgan con sus costumbres, lo que ha generado cambios significativos en el medio natural, social y territorial de estos pueblos.

Es así que las identidades y los territorios son reconfigurados en las interac-ciones de lo urbano y lo rural, por tanto habría que entender que el territorio en la actualidad está imbricado por lógicas urbanas y rurales al mismo tiempo que rompen con la tradicional visión espacial y de vida, pues lo rural existe en los escenarios urbanos y puede mantenerse o recrearse a través de la memoria de los sujetos, a pesar de la cercanía con la ciudad; más allá de pensarlos como núcleos cerrados, son parte de la misma y se diferencian contradictoriamente de su lógica mediante proyectos alternativos de desarrollo urbano, aportando así elementos al estudio de la relación campo-ciudad o a los estudios sobre lo urbano y lo rural.

Los territorios de los pobladores originarios evocan con orgullo su pasado, se enfrentan con diferentes disyuntivas al presente —que le es bastante amena-zante— y se sueñan en un futuro con posibilidades de seguir siendo. Un pasado que se niega a morir en el olvido y que cada vez que se recuerda, se extrae un fragmento de él para conservarlo en el presente. Un presente contradictorio, dinámico y cargado de dificultades, y un futuro aún incierto amalgamado de un sinfín de posibilidades, de anhelos, desesperanzas, vacilaciones, incertidumbres, voluntades, esfuerzos y luchas de todos.


De esta manera, podemos observar cómo la defensa del territorio no tiene sólo un carácter de productivo-económico o ambiental, no es sólo un pedazo de tierra o bosque o montaña, es un espacio cargado de historia y de relacio-nes construidas con la naturaleza y con lazos de parentesco: “en esos espacios interactúan con sus iguales, establecen redes de relaciones sociales, culturales, políticas, religiosas, económicas” (Salles: 1998:17).

Por ello, se dice que los pueblos viejos del Distrito Federal se cuecen aparte, pues su cercanía con la urbe les ha posibilitado continuar con algunas activida-des tradicionales y generar nuevas en el intercambio con la ciudad; así, en sus territorios se conjuga la herencia, la tradición, la innovación y la creatividad.

Territorio en disputa: Agua y montaña en los ejidos y comunidades del Iztaccíhuatl

En la montaña Iztaccíhuatl, al norte del municipio de Tlahuapan, en el estado de Puebla, habitan campesinos pertenecientes a ejidos forestales. Estos luga-res, de gran relevancia socio-natural, asociados a los excepcionales recursos hi-drológicos estratégicos que posee la Sierra Nevada (Popocatépetl e Iztaccíhuatl), cuya cubierta forestal, particularmente los árboles, tiene un papel trascendental en la distribución de las precipitaciones, y que por tanto su reemplazo por otro tipo de cubierta induce alteraciones en los componentes de la distribución, se han convertido en recursos disputados de distintas formas, mediante procesos e intenciones de apropiación de la naturaleza por parte de los diferentes actores sociales.

Las complejas dinámicas y tensiones surgidas por el usufructo del agua y del bosque contenidos en su espacio rural, lugar donde se concretizan las pro-ducciones y transformaciones de las sociedades, dan pertinencia al enfoque del estudio sobre territorio que implica los modos en que la sociedad mediante de-terminadas relaciones sociales y de poder se inserta en los procesos de apropia-ción de la naturaleza (Porto-Gonçalvez, 2006:132). Procesos que se producen por las políticas de acceso, de abasto e intenciones de privatizar el agua y por los mecanismos que propician el control y destino de los recursos boscosos.

Los campesinos de los ejidos La Preciosita Sangre de Cristo, Santa Cruz Moxolahuac, San Francisco La Unión, y San Juan Cuauhtémoc, ubicados en promedio a 2,700 msnm, mantienen una histórica relación con el bosque que poseen de forma colectiva y que rodean sus comunidades en las laderas del volcán Iztaccíhuatl; lugar que provee importantes volúmenes de agua a una


porción significativa de habitantes del país. Sus bosques de pino encino, bajo planes de manejo anual, proporcionan enormes beneficios por la relación que tienen con el agua, ya que las cubiertas vegetales están íntimamente relacio-nadas con la cantidad, distribución y posibilidades de aprovechamiento de los recursos hídricos. No obstante, la economía familiar basada en la agricultura de temporal para cubrir las necesidades familiares de autoconsumo no puede fortalecerse mediante la producción para el mercado por requerir de sistemas de riego, en esta zona en veda desde hace más de medio siglo. Para estas co-lectividades existe un sentimiento, una percepción simbólica compartida, en el sentido de que las aguas surgen en los lugares en los que tienen mermadas las posibilidades de aprovecharlas, mientras empresas trasnacionales se han apro-piado de un bien propiedad de la nación.

Al mismo tiempo, el manejo de sus bosques se encuentra sometido a la ló-gica de la política forestal del país, que fomenta el control y la administración por parte de los técnicos de servicios forestales convertidos en el instrumento que estructura las relaciones comerciales y el destino de la producción made-rera, lo que convierte a su espacio en un espacio apropiado y dominado por los externos.

De esta manera, el entendimiento del lugar no puede ser comprendido sin tener en cuenta el espacio y las formas en cómo es alterado de acuerdo a la lógica del capital y las políticas que estructuran sus realidades. Este pensamien-to se nutre con la perspectiva teórica de la geografía crítica, la cual concibe el territorio como una construcción social (Santos, 2000) resultado de la acción humana, el espacio practicado mediante las acciones de sujetos históricos (De Certeau, 2007:129), y que permite la comprensión de los diversos sentidos que los sujetos generan sobre el territorio; es así que al apropiarse del espacio, de manera concreta o abstracta (física, material y también inmaterial o simbóli-ca), el sujeto social lo “territorializa” (Raffestin,1993:143, citado por Bustos, 2009:8), lo que tiene relación con los conceptos de espacio apropiado y espacio dominado de Lefebvre.

Esta visión considera que la actividad espacial se produce de manera dife-renciada en cada lugar, en donde la organización del territorio y por lo tanto la territorialidad que implica un modo de comportamiento (Segato, 2006:76) origi-nan geografías de relaciones de poder, procesos de apropiación y desapropiación marcadas por la desigualdad, el conflicto, la fragmentación y exclusión; territo-rialidades de dominio que asimismo generan territorialidades de resistencia.

De esta suerte, en el contexto de múltiples crisis, asociado al severo deterio-ro de lo ambiental, las intenciones, políticas y procesos de privatización de los


recursos vitales que incorporan el agua al circuito del mercado como bien mer-cantil, promueven y auspician la extensión de la lógica y los espacios de acu-mulación capitalista, soportada por la expropiación y desposesión de un bien nacional, convirtiéndose en una amenaza para el futuro de la humanidad.

La construcción de territorios ambientales en reservas de la biosfera mexicanas: Necesidad y desafío del desarrollo rural

La construcción de territorios ambientales es la apropiación material, la crea-ción de normas sociales y la generación de representaciones simbólicas en un espacio en el que los procesos naturales son considerados como esenciales para su integridad y funcionalidad presente y futura. Hablar de un territorio ambiental implica que la población local y externa que lo construye considera realmente a la naturaleza en sí misma y por los recursos que les ofrece. Sig-nifica también que tienen claro que los procesos sociales y naturales que en él ocurren son inseparables, y que la robustez, vulnerabilidad, grado de resiliencia y capacidad de adaptación del conjunto dependen de la interacción entre estos dos tipos de procesos; dicho de manera más extensa:

a) El territorio es un resultado de interacciones socioambientales; es un proceso que incluye apropiar, conocer, manejar y transformar el espacio y construir identidades culturales; cada territorio tiene una historia. La condición actual de territorio depende en gran parte de sus configuracio-nes anteriores (Mazurek, 2006:41).

b) Hablar de territorios ambientales implica que la apropiación se haga considerando los diferentes componentes del espacio, y valorando y re-significando cada uno de los elementos y procesos de la naturaleza de manera individual y colectiva.

c) Dentro de un territorio ambiental los grupos sociales desarrollan nuevas prácticas e innovaciones (técnicas, sociales, económicas y políticas) para construir sistemas socioambientales y agroecosistemas que eviten la de-gradación irreversible de los procesos naturales, a la vez, que aspiran a construir agroecosistemas y paisajes agrosilvopastoriles diversificados que en sí mismos brinden hábitat para la flora y fauna silvestre y sirvan de conectores entre las áreas menos transformadas (Vandermeer y Perfecto, 2005).


d) Para construir territorios ambientales es fundamental que la población local desarrolle un sentido de ciudadanía ambiental, lo cual implica, entre otras cosas, que genere o fortalezca las instituciones necesarias para ges-tionar socialmente la apropiación, uso y manejo de los recursos y resolver adecuadamente los dilemas y conflictos que surgen en el proceso. Esta gestión requiere de reconocer y desarrollar las experiencias, conocimien-tos, saberes e innovaciones que surgen de la interacción de todos los actores sociales.

Construir territorios ambientales es una necesidad generalizada y un desafío para las sociedades contemporáneas: es urgente en las llamadas “reservas de la biosfera” que han sido decretadas por los gobiernos nacionales y reconocidas por la unEsco, pues en ellas comúnmente confluyen importantes grupos de población humana, recursos naturales estratégicos para la población local y la sociedad en su conjunto, e intereses políticos contrastantes.

El programa Mab de reservas de la biosfera es resultado de la intensa ne-gociación política de posiciones muy distintas respecto de cómo enfrentar la acelerada pérdida de biodiversidad a escala planetaria. Es un programa que pretende conciliar 1) la presión que ejercen algunos grupos de interés que plan-tean que es necesario excluir de la influencia humana los últimos relictos de ecosistemas poco alterados y concentrar toda la población y la producción en las áreas agroindustriales y urbanas (Grau y Aide, 2008); y 2) el hecho innegable de que la mayoría de estas áreas están ya habitadas por población rural que reclama derechos de propiedad o usufructo (Perfecto y Vandermeer, 2009:b; Perfecto y Vandermeer, 2009). El programa Mab pretende conciliar estos hechos al dividir las reservas en zonas núcleo de conservación estricta “zn ” y zonas de amortiguamiento habitadas “za”. En estas últimas el programa compromete a los gobiernos nacionales a apoyar a la población local para que se desarrolle realizando actividades silvoagropecuarias “de bajo impacto ambiental”. Desafor-tunadamente, los esfuerzos y logros en dichas za son escasos o nulos.

En México se han decretado 38 reservas de la biosfera (Rebi). Varias in-vestigaciones (Figueroa, 2008; Paz, 2005) señalan que bajo este esquema no se está logrando de manera significativa ni la conservación ni el desarrollo social en la mayoría de ellas, y que el ritmo de deterioro ambiental es similar al de áreas contiguas no reservadas. Cabe destacar que en estos territorios operan no sólo los programas de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a su cargo, sino prácticamente todos los programas productivos y asistencialistas del gobierno mexicano, y algunos de ellos contravienen los objetivos del programa


Mab. Debido a la compleja construcción histórica de estos territorios, en ellos coexisten hoy actores sociales con distintas culturas, intereses, perspectivas, ex-periencias y aprendizajes sociales. Quienes pretenden instrumentar en la prác-tica las políticas de conservación del esquema Mab comúnmente dan muy poca importancia a estas diferencias.

La visión que tiene el gobierno mexicano del programa Mab y las formas concretas en que se pone en práctica —en conjunto con otras políticas públi-cas— en las za, así como la historia y cultura de los actores locales llevan a desencuentros y conflictos que no están contribuyendo a construir ciudadanía ambiental y territorios ambientales. Ejemplificamos con lo que hemos observa-do en la Reserva de la Biosfera La Sepultura (Rebise) (167,310 has), localizada en la Sierra Madre de Chiapas, México, y decretada en 1995 (Cruz-Morales, en preparación).

1) El decreto de zonas núcleo fue visto como un despojo de tierras por los ejidatarios y pequeños propietarios puesto que hoy tienen vedado el uso de predios que les pertenecían.

2) El programa de manejo formulado por los actores externos (Conanp, organizaciones no gubernamentales, etc.) limita o modifica significati-vamente varias practicas de manejo (por ejemplo, uso del fuego, corte de árboles, etc.), en la za. No considera que algunas de estas prácticas campesinas pueden ser adaptadas, mejoradas y reconciliadas con los pro-pósitos de conservación. Los productores se sienten limitados y sin que se les ofrezcan opciones.

3) Los actores locales reciben señales contradictorias de distintos programas de gobierno que son expresión local de dos modelos de desarrollo social opuestos (el modelo convergente y el divergente de producción/conserva-ción) (García-Barrios et al., 2009). Por ejemplo, en tanto que la Conanp busca limitar o concentrar la ganadería, la Sagarpa y la Secretaría del Campo otorgan apoyos continuos para fomentar la ganadería extensiva.

4) La mayoría de los programas de producción y asistencia social tienen po-cos recursos, son efímeros y fomentan actitudes pasivas y de “clientelismo ambiental” (Cruz Morales, en preparación) en los actores sociales.

Estas y otras condiciones 1) polarizan a los actores locales, 2) causan confu-sión y apatía a nivel social e individual, 3) provocan un desarrollo excluyente, y 4) propician la desconfianza e incluso el repudio velado por parte de los eji-datarios y pequeños propietarios hacia la conservación de los recursos que en


última instancia constituyen parte de su patrimonio y estrategias de vida. Esto los aleja de la posibilidad de construir su ciudadanía ambiental y de aprovechar realmente para su propio desarrollo social las ventajas potenciales que les ofrece ser los dueños y gestores de estos territorios, que hoy son del interés de sectores mas amplios de la sociedad. Es urgente facilitar las condiciones que permitan a todos los actores sociales involucrados darse cuenta de esta necesidad.

Las diferencias y la vida cotidiana de los avecindados en el ejido El Calabozo 2ª Fracción, Michoacán3

El ejido El Calabozo 2ª Fracción, con 1966 hectáreas, se localiza en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. Colinda con la zona núcleo de la reserva, ésta ubicación hace que el ejido esté sujeto a las políticas de conservación res-trictivas aplicadas por decreto, por lo tanto cuenta con bosques en buen estado de conservación. Las zona urbana del ejido se encuentra alejada del bosque, condición que ha impedido el aprovechamiento del total de la superficie arbo-lada (544 hectáreas).

En este estudio de caso se discuten las nuevas conformaciones del territorio derivadas de un espacio definido e impuesto por el reparto agrario de la década de 1930, el cual históricamente solventó la problemática de la tenencia de la tierra desde el punto de vista patrimonial y productivo.

Al gestionar sus tierras los ejidatarios aseguraron sus modos de vida basados en estrategias productivas y en su patrimonio, entendido éste como el conjunto de elementos materiales e inmateriales que se unen para salvaguardar la auto-nomía y la identidad de una persona u organización, así como su capacidad de adaptación en el tiempo y en un ambiente cambiante (Márquez, 2002). Sin embargo, con la desigualdad aplicada durante el reparto agrario surgieron nue-vos problemas que ocasionaron conflictos sociales y concentración del poder en grupos específicos. Estos eventos marcaron el inicio de las diferencias sociales

3 Estudio realizado en la zona oriente del estado de Michoacán, específicamente en el ejido El Calabozo 2ª Fracción del municipio de Senguio. El trabajo tiene antecedentes desde diciembre del 2005 y en él se han podido observar cambios en la vida cotidiana en el territorio, representados por las familias de avecindados. La actividad productiva se ha mantenido igual desde la época de la Colonia pues se continúa sembrando granos como maíz, avena y sorgo. El ejido tiene tierra de riego usufructuada por ejidatarios con lo cual es posible tener dos ciclos de siembra al año.


contemporáneas entre ejidatarios y avecindados, generando que los procesos de apropiación se vuelvan cada vez más conflictivos al poner en el centro de la disputa el acceso al agua y a la tierra.

La estructura poblacional del ejido El Calabozo 2ª Fracción está integrada por 60 ejidatarios, 240 posesionarios y alrededor de 50 familias avecindadas. A pesar de ser menos los ejidatarios, en ellos se centra el poder, la organización social y la visión de desarrollo. Esta concentración de poder es el factor potencial de los conflictos sociales y de descontento de los posesionarios y avecindados. Es decir, “el territorio de un grupo humano no es estático sino que está sujeto a cambios, los cuales se originan a partir de los conflictos y contradicciones que todos los grupos sociales viven en su interior en relación con otros grupos, por lo tanto, la configuración territorial es un hecho político, fruto del ejercicio e impugnación del poder” (Velásquez, citado por Del Carpio, 2003:98).

La concentración del poder en grupos ejidales trastoca la vida cotidiana de la población, pues estos grupos restringen el acceso al agua para uso doméstico. Las relaciones de poder marcan diferencias sociales entre ejidatarios, posesio-narios y avecindados basadas en: 1) el acceso al agua para uso domestico, con-trolado por los grupos hegemónicos del ejido, y 2) la tierra es de los ejidatarios, condición que pone en desventaja a los avecindados, que no tienen derecho para usufructuarla.

Dado que la dinámica territorial se ha basado en estas dos diferencias socia-les, los avecindados han optado por diseñar nuevas estrategias de vida orien-tadas al empleo no agrícola, incorporándose principalmente al tercer sector económico. Hay avecindados que optan por la migración hacia Estado Unidos y Canadá como estrategia económica.

Con el crecimiento de la población y el cambio en las estrategias de vida y de las perspectivas de desarrollo de los ejidatarios, avecindados y posesionarios, el ejido se ha ido reconfigurando y los actores locales se han ido adaptando a la nueva dinámica territorial. Los impactos de ésta se observan en la resignifi-cación que los actores locales tienen hacia la tierra.

Con el decreto de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca (rbMM),4 el ejido está sujeto a las restricciones impuestas por la política ambiental, por lo

4 La rbMM (56,259 ha; zonas núcleo: 13,551 ha) fue declarada en 1986 y ampliada signifi-cativamente en 2000. Se encuentra en la región limítrofe del estado de Michoacán y del Estado de México y es mundialmente conocida porque es la principal zona de invernada de la maripo-sa monarca (Danaus plexippus),una especie que se caracteriza por su conducta migratoria notable, científicamente comprobada apenas a finales de la década de 1970 (Brenner, 2009:263).


que el bosque no se puede usar y manejar con las formas de apropiación tradi-cionales. Además, los ejidatarios conciben como patrimonio a la tierra y en los últimos años han decidido repartir ese patrimonio entre sus hijos por lo que el ejido está sufriendo el fenómeno del minifundio.

El cambio de uso del suelo está orientado a la construcción de áreas habita-cionales desplazando las zonas agrícolas y ganaderas, por lo que el paisaje rural está siendo transformado con construcciones hechas de cemento (tabicón, losas, etc.), sustituyendo con estas construcciones a los adobes, tejas y pisos de tierra. En muchos casos estas construcciones “antiguas” son utilizadas como lugares de bodega o cocina en las que aún se utiliza la leña.

Estos cambios, producto de la vida cotidiana5 y de las adaptaciones que la población rural de este ejido está haciendo, son el reflejo de la construcción del territorio en un marco de globalización, neoliberalismo y crisis ambiental, en el que los actores locales tienen pocas posibilidades de solucionar sus problemas de acceso a los recursos naturales; además, tienen la demanda de una pobla-ción global para convertirse en los guardianes del bosque, aunque con ello su territorio esté lleno de conflictos, al igual que su vida cotidiana, ya que en ella se entremezclan privaciones y frustraciones con goces de bienes, necesidades convertidas en deseos y capacidades constantes de placer o alegría (Lefevbre, 1978:88).

El movimiento indígena: Territorio y autonomía

La relación que guarda el territorio con las luchas por la autonomía ha sido una constante de largo aliento. No es para menos, ya que durante la larga noche de los 500 años, los pueblos indígenas han desarrollado un proceso de resistencia y han generado una persistente lucha por el reconocimiento de sus derechos propios. Así, la lucha por lograr autogobernarse, a regirse por sus propias leyes, a respetar y ser respetados, a comer, dormir, soñar y a ser tratados en igualdad de circunstancias que el resto de los ciudadanos del continente es una manifes-tación que hoy emerge con claridad, pero que ha estado presente desde iniciada la Colonia. Hace muchos años que, palabras más, palabras menos, se están

5 La vida cotidiana es heterogénea en los sentidos y aspectos más diversos. y ésta es la razón por la que su centro sólo puede ser el particular en el cual aquellas esferas, formas de actividad, etc., decididamente heterogéneas se articulan en una unidad (Heller, 1970:159).


haciendo fuertes reclamos para que se permita a los pueblos indígenas ejercer la libre determinación. Aquí y ahora, la lucha por la autonomía es quizás la expresión más clara de dicho ejercicio.

A todas luces es evidente que la autonomía, como ejercicio concreto de la libre determinación, considera al territorio como un eje fundamental, y el te-rritorio se torna más importante cuando consideramos que las diversas corrien-tes y propuestas autonómicas confluyen en él. No es para menos, pues en la concepción indígena la relación del ser humano con el medio es vital; en otras palabras, no hay autonomía sin territorio.

Gracias al complejo devenir histórico y la relación que guardan con el en-torno, para muchos indígenas el territorio es el lugar de donde se viene, ahí se nace y ahí es donde han crecido, se han desarrollado, en donde se trabaja y se forma una familia, una comunidad, un pueblo, una nación; es pues el lugar en donde se vive y se muere, en el que se es esclavo u hombre libre, ahí se es explotado o se resiste.

El territorio entendido como el sustrato de la vida, conformado por los elementos que posibilitan la reproducción y la sobrevivencia; caza, pesca, reco-lección y cultivo sólo son posibles por y en éste. Es la comunidad el espacio por excelencia de los pueblos indígenas, y su territorio es el mismo que marca la propia comunidad; por lo que el territorio de los pueblos indígenas no se reduce a la vida de los pueblos en el marco de la comunidad, tal como lo supone la contrarreforma indígena del 2001. Los municipios y regiones, los pueblos y las ciudades, también son los territorios indígenas y se disputan constantemente. Es además la representación de los lazos que unen con los ancestros, la herencia de la vida misma entre generaciones, es la expresión real y mística de cómo se organiza el mundo del trabajo, del goce, de la tradición y la cultura. Debemos recordar que, tal como señala Carl Jung (1997), el hombre es un animal simbó-lico y por ello no se relaciona entre sí y con la naturaleza de manera directa. Sus relaciones “son mediadas por los significados que crea y que dirige en sus prácticas” (Porto-Goncalves, 2001:16); por ello el territorio es un factor de im-portancia vital, pues a la vez que ha permitido que se conserven rasgos únicos, como la vida en comunidad o la lengua, también permite que permiten en él vivan los muertos y ancestros, la historia y el futuro. Dicho de otra manera, en el territorio, sea real o simbólico, existen los elementos que permiten la vida de los pueblos.

Los elementos comunes en los reclamos de autonomía permiten hablar de los puntos cardinales que orientan tal lucha, y que pueden ser comunes a todos sin importar la escala. Así las cosas, la autonomía, como ejercicio de


la autodeterminación, alude al menos a cuatro elementos esenciales siendo el territorio un eje central: 1) una base político-territorial; 2) jurisdicción propia, correspondiente al ámbito territorial indicado, en cuyos términos se ejercen gobierno y justicia; 3) un autogobierno (gobierno autónomo), definido como un orden de autoridad específica y constitutivo del sistema de poderes verticales que conforman la organización del Estado; 4) unas competencias o facultades propias, exclusivas o compartidas con otras instancias de gobierno, que configu-ran la descentralización política consustancial a cualquier régimen autonómico (Díaz-Polanco, 2007).

El derecho al territorio es uno de los temas que más generan debate porque, como bien se sabe, las diferentes propuestas tienen al territorio como principal requisito, sea éste la comunidad, el municipio o la región. El punto de conflicto para reconocer el derecho al territorio de los pueblos indígenas parecen ser los usos que se le dan a ese territorio y el aprovechamiento que de él se hace porque reconocer los territorios como parte de ciertas colectividades conlleva a que serán esas colectividades las que podrán usufructuar ese territorio y sus recursos.

¿Legalmente existe o no un derecho al territorio? El multicitado Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organi-zación Internacional del Trabajo (oit) llega a ser confuso en lo que respecta a este tema; si bien se menciona que existe un derecho a la protección de partes de los territorios indígenas cuando indica que “los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan”, no se define, más que de una forma rebuscada, que existe el derecho a tal territorio. De acuerdo con el apartado segundo, que compete a tierras, en sus artículos 14 y 15 menciona que “deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”, así como “los dere-chos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente”. Esto se complementa cuando menciona que “la utilización del término ‘tierras’ en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”[9]. Por tal motivo, el artículo 14 se deberá entender como “reconocer a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre los territorios que tradi-cionalmente ocupan”. En México, si bien se ratificó el convenio, éste cayó en letra muerta, a la vez que el sentido del territorio indígena fue deformado por la contrarreforma del 2001.


REFLEXIONES FINALES

Vivimos un periodo en que la globalización basada en el modelo neoliberal hegemónico amenaza con ocultar las múltiples experiencias y diferenciaciones culturales, económicas y sociales, al tiempo que prevalece una concepción de territorio limitada a una visión técnica del espacio geográfico que lo fragmenta y reduce al único referente de la disponibilidad de los recursos naturales. En este sentido, consideramos que complejizar el estudio del territorio, conceptua-lizado como el espacio histórico social creado por las colectividades humanas, permite visibilizar las distintas intencionalidades de la apropiación del espacio, las cuales se realizan por medio de prácticas y procesos que expresan las espe-cificidades culturales y los propósitos de desarrollo de los sujetos.

El territorio, por tanto, debe entenderse como un constructo histórico-so-cial, que si bien se ancla a un espacio físico y está determinado por dictados político-geográficos, se reconfigura a través de las interpretaciones simbólicas, resistencias y apropiaciones que se dan en la vida cotidiana. Así, adquiere otra dimensión que nos permite entenderlo como contenedor de prácticas y signifi-cantes culturales que cada grupo otorga a la relación con éste: paisajes, recursos naturales, vida productiva, relaciones intersubjetivas, etcétera.

Estas dos dimensiones de territorio, lo físico y lo simbólico, posibilitan en-tender entonces que los procesos de desarrollo no son lineales, sino que se constituyen en alternativos y desde abajo, lo cual incluye el permanente con-flicto que atraviesa los estudios de caso. El territorio, a la vez que es un espacio privilegiado para analizarlo y es definido por éste, su construcción deviene tensión permanente con otros actores y sujetos que tratan de apropiarse de esos espacios y construir sus territorios propios.

Por ello, el territorio nos permite comprender las dinámicas que se tejen entre los sujetos y sus espacios, así como los dinamismos y las transformaciones simbólicas que trascienden a la materialidad; entendido así, el territorio implica una apropiación y un uso de la materia prima que se moldea, inventa y trans-forma de acuerdo con las diferentes concepciones de mundo de cada grupo social.

Pensar entonces lo rural en la actualidad obliga a situarnos en el análisis de las territorialidades, pues éste nos ayuda a comprender cómo los sujetos se apropian desde lo local de sus espacios y procesos en relación con los otros. Además de posibilitarnos analizar la complejidad y transformación que el mun-do rural ha tenido en la sociedad actual (nuevas dinámicas campo-ciudad, nuevos modelos de producción-consumo, migración, feminización del campo,


reivindicaciones étnico-identitarias, diferencias de género y generacionales, di-versas formas de apropiación privada y social de la naturaleza, entre otras). Lo cual ha rebasado las tradicionales explicaciones teóricas y metodológicas de lo rural, en donde el territorio aparece como un posibilitador analítico que permite visibilizar los cambios en la vida cotidiana de las sociedades rurales, su presente y su futuro.

De esta manera, las discusiones vertidas en los estudios de caso dan cuenta de la complejidad y de la importancia de retomar el análisis territorial para comprender los procesos de desarrollo rural en espacios diversos: territorios im-bricados entre dos lógicas urbano-rurales; territorios en disputa por los recursos naturales; territorios marcados por las diferencias y la vida cotidiana entre los sujetos. Los territorios ambientales en reservas de la biosfera y el movimiento indígena en la lucha por la autonomía; nos muestran que el territorio es un espacio marcado con la praxis, producido, manejado y valorado en forma colectiva, en donde se aprecian las dinámicas de negociación, de fuerza, y las arenas en disputa y los conflictos que impactan las formas de apropiación, la vida cotidiana y la construcción de los territorios de resistencia.

Podemos decir que en el devenir histórico de las sociedades se inscribe un orden específico de significados, entre los que se encuentra el modo en que cada una marca la tierra, o vuelve propio al espacio en sus propias prácticas, en las actividades productivas y en las relaciones con el entorno, en las significaciones que se da a ello y en los proyectos de desarrollo rural que generan.

Finalmente, habrá que recordar que los territorios y las comunidades con las que trabajamos (campesinas e indígenas) tienen una profunda raíz de perte-nencia y memoria respecto a su territorio, lo cual los ha llevado a generar un conocimiento profundo sobre sus recursos y culturas. Condicionante indispen-sable en la formulación de estrategias de vida y de desarrollo.

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ConfiguraCión de los espaCios de ConurbaCión en la Ciudad de bogotá1

Manuel Enrique Pérez Martínez*

[119]

introduCCión

el presente texto expone los principales hallazgos y conclusiones obtenidos en razón del proyecto de investigación titulado Los procesos sociales de adaptabilidad de los espacios rurales en la ciudad de Bogotá. Retos y perspectivas para el desarrollo del territorio rural en áreas de conurbación. el interés que subyace a este trabajo es el de revelar el vacío que existe entre los procesos de adaptabilidad histórico-espacial, económico, social y ambiental, desde los cuales se manifiestan diversa formas de concentración/desagregación del medio rural en los espacios que bordean la periferia en la ciudad de bogotá. el trabajo sugiere la necesidad de valorar las unidades espaciales urbano-rurales, denominadas aquí “áreas de conurbación”, desde las cuales se propone definir zonas coherentes de ordenación territorial, interacción social, desarrollo y conservación de recursos naturales.

preCisiones ConCeptuales

Con el término conurbación nos referimos a franjas entre la periferia urbana y las áreas definidas como suburbanas en las que habitan comunidades propiamente rurales, donde todavía no hay una gran densificación y persiste un loteo inten-so de pequeñas parcelas, las cuales comparten sus medios de producción con residencias de recreo de habitantes urbanos, centros habitacionales de interés social o, incluso, sectores dormitorios de empleados urbanos.

1 documento preparado para la convocatoria del libro de intercambio llevado a cabo en marzo de 2009 entre los posgrados en desarrollo rural de la pontificia universidad Jave-riana y la universidad autónoma Metropolitana unidad Xochimilco.

* profesor investigador del departamento de desarrollo rural y regional de la pontificia universidad Javeriana.

MANUEL ENRIQUE PÉREz MARTÍNEz120

Por tanto, este estudio propone la revalorización de lo rural en la ciudad, basándonos para ello en las siguientes consideraciones: su contribución al espa-cio urbano es lugar de preservación, equilibrio ecológico, patrimonio cultural, depositario de actividades productivas no agrícolas, un modelo propio de co-munidad y desarrollo, una gestión del suelo basada en derechos y deberes, una economía incluyente a partir de cohesión social y territorial, una base ciudada-na que ha procurado representación e incidencia en las organizaciones públi-cas. Al respecto podemos considerar que nos encontramos frente a la urgente necesidad de redefinir aquellos espacios rurales que no pueden restringirse ni dejar de existir por el avance de la urbanización, como lo confirma Luis Llam-bi: “[…] en zonas anteriormente consideradas marginales para las tendencias del crecimiento y que por causas de la expansión urbana han terminado como espacios residenciales (2004)”.2

Por tanto, proponemos concebir estos lugares de cohesión rural-urbana como espacios de conurbación, caracterizados por la vocación agrícola y las formas de vida rural que en las periferias de una ciudad estarían definiendo un territorio, que a la vez es discontinuo y compuesto, marcado por una superpo-sición, no siempre congruente de los centros de decisión.

LA zONA DE ESTUDIO

La ciudad de Bogotá se encuentra ubicada en el departamento de Cundinamar-ca en el centro del país. Está dividida en 20 localidades las cuales ocupan un área total de 163,575,20 ha.3 Doce de las 20 localidades presentan vocación de suelo urbano y ocho con usos diversos, entre ellos: suelo rural, áreas protegidas y suelos de expansión urbana. Las zonas rurales y de protección, a las cuales hace referencia este estudio, son: “Usaquen (Área total 6.532.23 Ha. Área de protección 2.720 Ha. Suelo Urbano 3.522 ha); Chapinero (Área total: 3.899 Ha.

2 Ver Luis Llambi, “Nueva ruralidad, multifuncionalidad de los espacios rurales y desa-rrollo local endógeno”, en Edelmira Pérez y María Adelaida Farah (comps.) Desarrollo rural y nueva ruralidad en América Latina y la Unión Europea, cirad, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá Colombia, 2004.

3 1. Usaquen; 2. Chapinero; 3. Santa fe; 4. San Cristóbal; 5. Usme; 6. Tunjuelito; 7. Bosa; 8. Kennedy; 9. Fontibón; 10. Negativa; 11. Suba; 12. Barrios Unidos; 13. Teusaquillo; 14. Los Mártires; 15. Antonio Nariño; 16. Puente Aranda; 17. Candelaria; 18. Rafael Uribe; 19. Ciudad Bolívar, y 20. Sumapaz.

CONFIGURACIÓN DE LOS ESPACIOS DE CONURBACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 121

Suelo rural 2.664 Ha, Área de protección 198 Ha. Suelo Urbano 1.235 Ha); Santa Fe (Área total de 4.488 Ha, Suelo rural 3.803 Ha, Área protegida: 94 Ha, y Suelo Urbano 685 Ha); San Cristóbal (Área total 4.816 Ha. Suelo rural 3.187 Ha, Área protegida: 204 Ha y Suelo Urbano 1.629 Ha; Usme (Área Total de 21.556.34 Ha. Suelo Rural 9.293 Ha. Área Protegida 9.068 Ha y Suelo Urbano 2.064 Ha); Suba (Área Total 10.054.11 Ha. Suelo Rural 3.141 Ha. Área Prote-gida 465 Ha. Suelo Urbano 6.033 Ha); Ciudad Bolívar (Área Total 12.998.77 Ha. Suelo Rural 5.574 Ha. Áreas Protegidas 3.982 Ha. Suelo Urbano 3.238 Ha); Sumapaz (Área Total 78.096 Ha. Suelo Rural 31.284 Ha. Áreas Protegidas 46.812 Ha. No presenta suelo de uso urbano). Con estos datos se deduce que el espacio dedicado a actividades de tipo rural y áreas protegidas se concentra en 86.9% del territorio de la ciudad y su área urbana específica representa 13.03% del territorio. A su vez y aún detallando el área total del distrito capital: 163.575,20 ha, quiere decir que 87.07% de ésta equivale a zonas de vocación rural y de protección, frente a 12.92% de área urbanizada. Sin contar con las áreas de expansión que corresponden a 2.560.45 ha (tabla 1 y mapa).

Respecto al tema demográfico, según el Censo General 2006, elaborado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia (danE), Bogotá esta habitada por 6.776.009 personas, cifra dentro de la cual participan las localidades con vocación de uso rural y de conservación. En ellas se alber-gan 49.187 pobladores. Es decir, una población dispersa que corresponde al 0.73% del total de los habitantes de la capital y singularmente localizada en la parte oeste y suroeste de la ciudad, lugares en los que se delimita la más alta riqueza geológica y de biodiversidad de la ciudad (tabla 2). Allí nacen más de 100 quebradas y ríos como el Teusaca y San Francisco, en las localidades 2 de Chapinero y 3 de Santa Fe; Fucha y Tunjuelo en las localidades 5 de Usme y 20 de Sumapaz.4 De esta manera y corroborando los datos de uso específico

4 La altura de Bogotá sobre el nivel del mar y su ubicación estratégica cerca de los pára-mos circundantes de Sumapaz y Chingaza, lugares donde se generan procesos de recepción y distribución de agua, han jugado favorablemente en la conformación de la red hidrográ-fica de la ciudad. Ello ha dado lugar a vertimientos de aguas superficiales y subterráneas que proceden de la cuenca del río Bogotá que nace a 3.4000 msnm en el municipio de Villapinzón al noreste de Cundinamarca y desemboca a 280 m.s.n.m. en el río Magdalena en el municipio de Girardot, tras un recorrido aproximado de 370 km. La cuenca alta del río Bogotá demarca la sabana con un área total de 4.321 km y 15 subcuencas: los embalses de Sisga, Tominé, Muña y Tibito; Salto de Tequendama y los ríos Bogotá, Teusacá, Tibito, Negro, Frío, Chicu, Balsillas, Tunjuelito, Fucha y Soacha. El distrito cuenta con una gran oferta hídrica en la localidad de Sumapaz, pero con excepción del río Tunjuelo, el resto per-


tabla 1 y mapa. Localidades con áreas rurales y de conservación en Bogotá

tenece a la cuenca del río Sumapaz. Son innumerables los cuerpos de agua en esta localidad por lo cual es muy importante su protección; mientras se mantengan estas zonas de cierto modo se puede estar asegurando agua potable para la ciudad. Ver: http://www.redbogota.com/endatos/0100/0110/0112-hidro/index.htm


del suelo, aproximadamente, en las 18.402 ha de área urbana se concentran entonces 6.726.822 pobladores, mientras que en un área de 123.873 ha habitan 49.187 pobladores rurales que se encuentran fuertemente amenazados por la expansión de la ciudad y bajo una alta escala de pobreza en la cual su índice promedio de necesidades básicas insatisfechas llega al 49.9%.

ADAPTABILIDAD ECONÓMICA

En cuanto a usos productivos del suelo rural, según el Departamento Admi-nistrativo del Medio Ambiente (daMa), en la actualidad Secretaría Ambiental del Distrito, la situación es la siguiente: 70.7% lo constituye la cobertura de páramo; bosque alto andino y matorrales 9.1%; plantaciones forestales 1.6%; pastos 15.5%; mientras que en cultivos se usa sólo un 2.9% y otros usos 0.2%. Es decir, según fuentes de las Unidades Locales de Asistencia Técnica y el Plan Maestro de Abastecimiento de Bogotá, el territorio rural del Distrito Capital ofi-cialmente aporta menos de 1% del consumo de la ciudad, con una producción que se concentra principalmente en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y Sumapaz. El gran aporte de la ruralidad distrital a la producción alimentaria de la ciudad y del centro de país está en su oferta hídrica. Sin embargo, mediante el trabajo de campo realizado en esta investigación se logró definir de forma cualitativa que existe, de aquel 1% de producción agrícola, una gama variada de productos, entre los que se destacan: la producción de huevos, ganado y sus derivados, papa, madera, yerbas aromáticas, hortalizas, trucha, frutas, cereales y servicios ambientales.

Es notorio que en las localidades han existido estrategias de adaptabilidad económica, dentro de las cuales se destacan precisiones tales como:

[…] la gente lo que hizo fue implementar lo que institucionalmente les lleva-ban las entidades del Estado y del Distrito, desde los años 40 y 50. El modelo era de monocultivos y uso de químicos y producciones altas. Eso fue lo que se les vendió a la gente, ahora desde la institución se les vende otro modelo: el de conservar los recursos naturales, sin un mayor usufructo por parte de quienes habitamos la localidad […] se evidencia la falta de políticas institucionales frente al agro, estamos llevando a que los ecosistemas se acaben, así de sencillo y con tanta improvisación de las instituciones […] La culpa no es del campesino, no es del que labra la tierra, la culpa la tienen los grandes modelos económicos. Vea un modelo económico como el de la revolución verde, por ejemplo, lo que


vino a fortalecer fue la industria agroquímica estadounidense y destruyó de paso nuestro ecosistema. Nos metieron un modelo sin ninguna consideración […] y ahora, se trata de revertir el proceso de años atrás y se ha incorporado en la cul-tura campesina, pero bajo la amenaza constante y desastrosa de vernos obliga-dos a migrar a la ciudad […]” (Tomado de relatos de habitantes de localidades rurales en desarrollo del trabajo de campo de la investigación. Octubre, 2006).

Ante la incidencia de modelos de intervención, en la actualidad es clara para los habitantes la necesidad de adoptar un modelo de “sostenibilidad territorial”, en otras palabras, de “producción agrícola y no agrícola sostenible”. Con lo cual se espera la mitigación de los impactos causados por las tendencias de la productividad a gran escala, mediante la reducción de monocultivos, imple-mentando estrategias de planificación predial y procurando la transición hacia la agricultura orgánica, el turismo y los servicios ambientales. Sin embargo, consideran que uno de los campos que merece una mayor restricción y cambio es el de la ganadería sostenible, en contraposición a la ganadería extensiva. Para los funcionarios de la Unidad Local de Asistencias Técnica Agrícola (ulata) éste es un asunto de adopción lenta, ya que persiste la costumbre de la cultura ganadera traída por los colonos provenientes de las tierras llanas ubicadas al oriente del país. Al respecto se menciona:

(…) cuando el Sumapaz eran dos haciendas contaban con una base ganadera de 40.000 cabezas de ganado que en el páramo tienen un impacto muy alto y lo manejaban de manera extensiva como en el llano. La gente retomó las cos-tumbres y al pedir crédito se les preguntaban en que olla lo iban a tener, pero la olla es el verdadero reservorio de agua, en el momento que el ganado entra en las ollas, el reservorio se pierde porque el agua se escurre (Tomado de relatos de habitantes de localidades rurales en desarrollo del trabajo de campo de la investigación. Octubre, 2006).

Para las entidades que prestan la asistencia técnica es claro que no se pre-tende convertir al poblador en un “guarda bosques” o dar exclusividad para que se desarrollen servicios ambientales sugeridos por las entidades y organiza-ciones foráneas al territorio. Pero sí se considera dar claridad a los campesinos y revertir las inversiones de la nación, ya que como se menciona, por parte de habitantes locales,

“[…] han entrado millones de dólares por intermedio del Fondo de Patrimonio Natural o de Áreas Protegidas, a expensas de que se va a cuidar y a proteger el


territorio […] por otro lado, se dice que los mecanismos de Desarrollo Limpio y el intercambio del dióxido de carbono por oxígeno, argumentados por el Pro-tocolo de Kyoto, deben cumplirse […] y bueno, es plata que está entrando, ya existe, pero a los campesinos no les llega nada”.

Según los relatos de funcionarios y campesinos locales, éstos coinciden en afirmar que

[…] si a los campesinos se les retribuye para conservar y habitar, seguro que el impacto disminuirá y la preservación de páramo mejorará […] pero eso si, sólo mediante el mecanismo de dejar que las comunidades rurales participen, que los dejen incidir y que las entidades otorguen confianza a sus procesos históricos y organizativos […] asimismo veremos los beneficios, que nos vinculen con ese deseo global de proteger la tierra, pero que nos dejen mantener nuestra cultura campesina y dar a nuestras generaciones un sentido de armonía entre nosotros y la naturaleza. De esto, seguiremos hablando en el plano de las ilusiones.5

Un reciente estudio sobre el balance de los planes de manejo predial para la formulación de programas de asistencia técnica agropecuaria y ambiental en la localidad de Sumapaz reseña la experiencia que se viene implementando desde el año 2001 por parte de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica), el Fondo de Desarrollo Local (fdl) y el Departamen-to Administrativo Ambiental (Dama), los cuales impulsaron la conformación de la Escuela para el Desarrollo Sostenible de la Localidad de Sumapaz. Programa en cual se han realizado “esfuerzos con miras a construir modelos de plani-ficación y restauración de fincas en torno al manejo ordenado y concertado del territorio mediante escuelas para el desarrollo sostenible en la localidad de Sumapaz. Trabajo específico que se adelantó mediante un proceso de planifi-cación y ordenamiento predial.”6

La escuela se desarrolló entre julio de 2005 y diciembre de 2006, y sumada a las anteriores escuelas, se llevó un proceso de aproximadamente cinco años no continuos en la zona; los periodos intermitentes han estado en función de la vo-

5 op cit., varios relatos de habitantes de localidades rurales. Octubre de 2006. 6 Ver Natalia Judith Santana Medina (2007), Alcances de la planificación predial en la planifi-

cación local y regional: Los planes de manejo predial como punto de partida para formulación de programas de asistencia técnica agropecuaria y ambiental en la localidad de Sumapaz, trabajo de grado para op-tar al título de Magíster en desarrollo Rural, Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, Pontificia Universidad Javeriana.


luntad de las administraciones locales y demás entes distritales. Un objetivo de la escuela fue hacer partícipes a los habitantes de la localidad en la planificación y ordenamiento del territorio, empezando por sus fincas. Este enfoque permitió que el propietario identificara y reconociera las conexiones que existen entre el predio y el entorno y comprendiera la necesidad del diálogo con el vecino en torno a la región. Además, se asumió la premisa en la cual “el ordenamiento del territorio se construye con la unión y concertación de voluntades”. Las lecciones de este proceso están pendientes de ser socializadas por parte de la institución a la comunidad. Sin embargo, esta iniciativa podría generalizarse e implementarse sobre las zonas rurales de Bogotá, como una estrategia de mi-croplanificación ascendente y solidaria con las condiciones del medio ambiente, así como mediante la valoración y el bienestar de las formas de vida rural en la periferia de la ciudad.

ADAPTABILIDAD AMBIENTAL

Los procesos de adaptabilidad medioambiental en las zonas rurales han sido expresión de continuos conflictos de origen múltiple que trascienden la escala local, regional, nacional e internacional. En ese sentido, los usos del suelo rural de Bogotá manifiestan una serie de conflictos, dentro de los cuales se destacan:

1) Problemas de invasión de áreas rurales, ya sea por el establecimiento de ac-tividades no rurales, como lo es el área del relleno sanitario Doña Juana o la recepción de población vulnerable que reproduce el desarrollo de barrios subnormales no planificados.

2) Ingreso a la ciudad de población víctima del conflicto armado. En ese sentido, la guerra es un problema al cual Bogotá no es ajena.

3) El impacto de políticas regionales y nacionales que modifican el contexto local rural de la ciudad. Políticas como el tratado de libre comercio (tlc), los impactos de la reciente Ley Forestal y el proyecto de Ley de Agua (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2006) son ejemplos de esta incidencia global-local.

4) Los diferentes niveles de intervención de organización y jerarquías admi-nistrativas generan restricciones en la ejecución de acciones en beneficio de las zonas rurales.


5) De acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá (2006) existen conflictos de ordenamiento entre la nación y el distrito: “[...] en el manejo y nor-matividad de una porción significativa rural […] hay una desarticulación funcional entre el área rural y urbana del Distrito que crea una relación asimétrica que castiga a la zona rural, en particular en los temas de expan-sión urbana, ordenamiento de áreas de actividad minera y de usos para disposición final de residuos sólidos” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2006).

6) Intereses de conservación de entidades como la Corporación Autónoma Regional con ingerencia departamental en Cundinamarca (car) sobre los intereses de desarrollo agrícola de los campesinos e incluso de la pro-yección social de las alcaldías respectivas: “La importancia ambiental del conjunto del territorio rural ha sido priorizada en normas establecidas desde una perspectiva de conservación en áreas de reserva para la pres-tación de servicios a la zona urbana, en particular como área disponible para la expansión, lo cual impide el desarrollo sostenible y endógeno” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2006).

En ese orden de ideas, se puede afirmar que la mayor dificultad en equili-brar los procesos de adaptabilidad medioambiental obedece a las disparidades y desencuentros entre la producción y la conservación que promueven las insti-tuciones para hacer cumplir la política que establece como fundamento: “El or-denamiento del territorio rural del Distrito Capital basado en el fortalecimiento de sus dos funciones principales: la conservación de los valores y servicios am-bientales concentrados en sus ecosistemas estratégicos, y el mejoramiento de la productividad y sostenibilidad de la actividad agropecuaria” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2000) Por tanto, el punto clave es mantener una producción agro-pecuaria sostenible bajo niveles de productividad óptimos para el productor y a la vez que se conserven no solo áreas, sino funciones ecosistémicas de las que se beneficiaría todo el distrito.

A continuación se presenta un Diagrama Causal respecto a las relaciones entre los principales conflictos de uso del suelo a manera de explicación de la insostenibilidad de los sistemas productivos. Como se puede apreciar en el es-quema 1, existen tres ciclos de retroalimentación que funcionan como “trampas de pobreza” (Perrings, 1998), dirigiendo los sistemas productivos hacia el de-terioro por reducción de la productividad y daños a la estructura ecosistémica que los sostiene.

El punto central es la percepción de riesgo medioambiental de los campe-sinos, la cual genera dos efectos importantes: el uso intensivo de la tierra y la


expansión de la frontera agrícola. El uso intensivo de la tierra genera por un lado el incremento de agroquímicos, aumentando los costos de producción y por tanto diminuyendo la rentabilidad de la actividad agrícola; por el otro lado, el uso intensivo manifestado como siembras más frecuentes y menor tiempo de descanso de la tierra genera una disminución importante en la fertilidad del suelo y por tanto de la producción agrícola. Cuando se disminuye la produc-ción agrícola (en cantidad o calidad) y la rentabilidad se reduce, la percepción de riesgo del campesino aumenta por temor a la pérdida en los ciclos de pro-ducción.

Una alternativa es la de buscar nuevos terrenos para la producción. La expansión de la frontera agrícola hacia áreas de páramo (entre 2900 y 3100

Fuente: Estudio preliminar de las condiciones y conflictos ecológicos en las zonas rurales de Bogotá. Esquema elaborado por Juan Carlos Rocha Gordo. ecólogo, Universidad Javeriana, quien colaboró mediante asistencia profesional en esta investigación [[email protected]].

esquema 1. Diagrama causal de los conflictos de uso del suelo de Bogotá


msnm) genera a su vez nuevas áreas para la ganadería, actividad que termina siendo más rentable por los costos de transporte que implica cultivar en zonas lejanas. La expansión de la frontera agrícola implica la pérdida de cobertura vegetal, tanto de bosque alto andino como de páramo, generando efectos evidentes en la capacidad ecosistémica de almacenamiento e infiltración de agua. Este impacto en la regulación hídrica es el causante de inundaciones en épocas invernales sobre el casco urbano, y también de la reducción de cauces y oferta hídrica cuenca abajo, además de aumentar los procesos ero-sivos. Otro impacto generado por la reducción de la cobertura vegetal es el aumento de la circulación eólica que a su vez genera mayor erosión. Final-mente, esta aceleración de los procesos erosivos naturales provoca pérdida de la fertilidad del suelo e inestabilidad, por tanto aparecen zonas con riesgo alto de remoción de masa.

Este complejo de relaciones ha sido tema de análisis de instituciones como Corpoica, sin embargo, ha sido abordado como causa aislada para la que sólo se recomienda asesoría técnica, con el fin de mejorar la productividad de los cultivos y la ganadería (López y Pinzón, 1998e). Si bien la asistencia técnica es necesaria para optimizar los procesos productivos y reducir los impactos a los ecosistemas, vale la pena anotar que no se trata solamente de cambios tecno-lógicos, sino de cambios en las costumbres productivas arraigadas a la cultura campesina bogotana, por tanto, dichos cambios deben ser promovidos median-te la participación, la concertación y el diálogo permanente (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2006). Prueba de ello es que la causa principal de las elecciones de los campesinos es lo que aquí se ha denominado su “percepción de riesgo”.

ADAPTABILIDAD SOCIAL

Los procesos y capacidades de los pobladores rurales para desenvolverse eficaz-mente entre los distintos niveles institucionales, se han visto fuertemente afec-tados a consecuencia de la no resolución de los conflictos sobre la propiedad y el uso de la tierra. Asunto que se ha manifestado bajo un carácter impositivo, luego de declararse jurídicamente en varias localidades la disposición de ser catalogadas como áreas de conservación y protección de los recursos naturales, lo que revela un detrimento de los asentamientos humanos que históricamen-te han ocupado estos territorios. La naturaleza inconsulta de este hecho ha generado resentimiento de las poblaciones frente a las entidades nacionales especialmente, dado el cruce de intereses entre las instituciones que abogan por


la sola conservación sin las comunidades y aquellas que consideran alternativas técnicas que excluyan a los campesinos de los procesos de preservación y pro-ducción del medio ambiente. Lo anterior se ha debido a que en medio de las presiones legales y continuas declaraciones públicas de presionar para desocu-par estas zonas, las entidades distritales continúan proporcionando asistencia técnica y aportando recursos, a fin de contrarrestar las condiciones de pobreza de las poblaciones. Al respecto mencionan sus líderes:

[…] La gente siguió cumpliendo con sus créditos, esto desde el año de 1975. La gente pagó por las mejoras que se hicieron en los predios. Pero con la declara-ción de la zona como Parque Nacional Natural mediante Acuerdo No. 014 de 1977 del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente —indErEna—, que valga la pena aclarar jamás se consultó con las comunidades, la vocación del suelo pasó de ser de producción campesina a conservación de la flora y la fauna, las bellezas escénicas, complejos geomorfo-lógicos, manifestaciones históricas o culturales, con fines científicos, educativos, recreativos o estéticos.

Esta situación ha generado que desde hace más de 30 años los pobladores recuerden que “[…] una noche se acostaron como propietarios legítimos y a la mañana siguiente: amanecieron como ilegales”.

Se hace evidente un imaginario excluyente por parte de los pobladores ru-rales que se ven amenazados ante la declaratoria de estar habitando un área de conservación, a lo cual testimonian: “[…] Lo que para las disposiciones del Distrito y del Estado, mediante sus organismos de control, es una norma, para nosotros los campesinos es un robo que privilegia la protección de los recursos naturales, por sobre la vida y familias que hemos habitado estas tierras desde principios del siglo pasado” (testimonio de Luis Francisco Garzón R., Compro-misarios rurales, Vereda Verjón Alto-Localidad de Santa Fe).

El conflicto sobre el uso del territorio se ha agudizado ya que aún hoy no se han definido los límites internos de estas áreas y de su jurisdicción con las zonas urbanizadas. Esta situación es reconocida por los pobladores como una lucha por reivindicar su estado de vulnerabilidad sobre los derechos de pro-piedad que el Estado les impone y que aún siguen sin resolver. La otra opción que tienen los pobladores de las entidades que asisten las zonas rurales es la realización de programas que representan intereses esporádicos y son llevados a cabo en momentos de activismo electoral o cierres de procesos administra-tivos locales. Se implementan actividades de integración entre lo local y lo veredal, y se realizan conversatorios entre las poblaciones rurales y el Departa-


mento Administrativo de Bienestar Social del Distrito a fin de dar tratamiento a la problemática de la niñez, juventud y adultos mayores. Se toma nota de las actividades y se propician programas que según los habitantes, “son paliativos y asistenciales”. Entre ellos destacan: “las brigadas de salud y los comedores para los niños en la escuela. últimamente se programan visitas de colegios y universidades que se animan a conocer el sector, supervisados por funcionarios del distrito en el marco de las caminatas ambientales, que como decimos por aquí, poco y nada dejan a los habitantes” (Tomado de relatos de habitantes de localidades rurales en desarrollo del trabajo de campo de la investigación. Noviembre, 2006).

No obstante, el panorama que se proyecta en la actualidad implica nuevos retos para la inserción y adaptación de las poblaciones rurales en la ciudad; el hecho fundamental se produce a consecuencia de las disposiciones normativas del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá en el cual se indica “la cons-trucción de una política que integre el territorio rural al Sistema de Planeación del Distrito Capital y al sistema regional, mediante el fortalecimiento de la institucionalidad, el capital social, la programación y ejecución coordinada de la inversión para frenar las dinámicas de marginalidad y Exclusión social de la población campesina”.7 Por esta razón la administración distrital asumió la tarea de incorporar dicha iniciativa al Plan de Desarrollo 2004-2008 Bogotá sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la exclusión,8 con el compromiso de desarrollarla de manera concertada con un horizonte de largo plazo para los territorios rurales de Bogotá. Éste ha sido un proceso afortunado que inició en marzo del 2004 y que convocó a la institucionalidad pública de la ciudad, campesinos y campesinas, y líderes comprometidos con la ruralidad de Bogotá. El objetivo de la Política de Ruralidad Distrital es el de orientar la acción de la administración local y los acuerdos con otros entes territoriales, ac-tores económicos y sociales de la región, dirigidos a la integración urbano-rural y regional y a las demás acciones relacionadas con el medio rural del distrito. Plantea como uno de sus principales objetivos la protección del patrimonio am-biental donde se destaca el agua, la diversidad biológica, el oxígeno, la energía y los alimentos, que son indispensables y benefician a las poblaciones urbanas y rurales. Además de ser un instrumento para contener los procesos de expan-

7 Decreto 469 del 23 de diciembre del 2003, artículo 27 [Decreto por el cual se revisa el Pot]. El Decreto 190 de junio 22 de 2004, de nuevo en el artículo 27, consigna la “estruc-tura del territorio rural” y en el artículo 15 “políticas para el área rural”.

8 Acuerdo 119 de 2004. Artículo 15, Metas del Eje Urbano-Regional.


sión urbana desordenada.9 Esta política recientemente ha sido aprobada por el gobierno distrital mediante el Decreto 327 del 25 de julio de 2007, con lo cual se convierte en el instrumento que rige a todas aquellas áreas rurales contenidas dentro del límite administrativo del territorio distrital.

La estrategia es vista por los pobladores como una herramienta poderosa que proyecta su inclusión efectiva en el medio urbano, sin perder sus condicio-nes básicas de subsistencia, según los líderes y gestores de la iniciativa:

[…] A la política de ruralidad le metimos todo el empeño. Llegamos a pensar que el actual alcalde, Lucho Garzón (Luis Eduardo Garzón, 2004-2007), no se iba poner la camiseta de los campesinos en la ciudad […] es una oportunidad para reivindicar lo que queda de ruralidad y de recursos naturales en la ciu-dad […] Esta política nos conviene y nos sirve para proteger nuestras veredas y fomentar otros sistemas de producción más acordes con el medio ambiente. Somos conscientes que estamos frente a grandes intereses, mire por ejemplo el tema del agua, los bosques, la explotación minera para la construcción y por ahí mismito la expansión de la ciudad. Ahora que legislo la política hay que retomar los procesos con la comunidad y desarrollar la figura de zonas de reserva cam-pesina […] nos queda esperar que a la iniciativa le invierta recursos el próximo

9 En seguida se relacionan los aspectos programáticos de cada uno de los ejes que constituyen esta política: “Territorialidad. Consolidar para Bogotá un territorio que inte-gre funcional, ambiental, económica, social, política y culturalmente el área rural y la vida propia de su población con la ciudad, en correspondencia con las bases de ordenamiento, zonificación y definición de los sistemas estructurantes del Ordenamiento Territorial del Distrito Capital, a través de la orientación estratégica de los instrumentos de planificación y de inversión pública. Desarrollo Humano Sostenible, productividad y seguridad alimentaria. Alcanzar un equilibrio entre los logros de conservación ambiental, crecimiento económi-co productivo y bienestar y equidad social, que permita la transición hacia un modelo de gestión sostenible, participativo que garantice a los habitantes de las áreas rurales las capa-cidades, activos y oportunidades que ofrece la pertenencia a la región más dinámica y rica del país. Identidad y Culturas Campesinas. Garantizar las condiciones democráticas a todos los grupos sociales y poblacionales para el ejercicio de sus derechos y de sus expresiones culturales y patrimonio cultural, en la perspectiva de la interculturalidad. Institucionalidad Democrática. Generar una cultura de ciudadanía activa con efectiva participación de acto-res sociales e institucionales, en la planeación, gestión, seguimiento y control ciudadano al desarrollo rural, que garantice la integración de la ruralidad a la estructura institucional y de participación del distrito; avanzar en las transformaciones institucionales para una gestión adecuada a la nueva ruralidad”. Tomado de: Alcaldía Mayor de Bogotá. Política Pública de Ruralidad Distrital Capital, Bogotá.


alcalde de la ciudad [...] Esta herramienta se vuelve una oportunidad para llegar a acuerdos efectivos con la autoridad ambiental, de la cual esperamos respete lo que convenimos en la política y podamos permanecer en estos territorios por siempre y en beneficio de todos los habitantes de la ciudad […] Fíjese que esta reglamentación es única, ¿dónde se ha visto una ciudad en el mundo que proteja al mismo tiempos sus recurso naturales y convenga esta iniciativa con la misma comunidad rural? Este es un logro que debemos aprovechar al máximo (Toma-do de varios relatos de habitantes localidades rurales en desarrollo del trabajo de campo de la investigación. Julo 2007)

ADAPTABILIDAD AL CONTEXTO GLOBAL

Ante las limitaciones, fortalezas y oportunidades que los pobladores reconocen como evidencias de su capacidad para adaptarse a nuevos contextos, sus ini-ciativas demuestran el profundo interés por dar un sentido de sostenibilidad al entorno rural en la ciudad de Bogotá. Por tanto, y a manera de reflexión y recomendaciones, ilustramos a continuación los resultados de un ejercicio de prospectiva, realizado con los pobladores rurales, en el cual se destacan las principales percepciones y retos para afrontar su futuro en el contexto de la globalización y de las condiciones básicas para su desarrollo:

•Tantolospobladoresruralescomourbanosdebenreconocersecomoper-tenecientes a la ciudad y cada uno tiene un papel importante en los pro-cesos de sostenibilidad del ecosistema.

•Losprocesoseducativosydeformaciónconlascomunidadestienenquesensibilizar y concientizar a todos los pobladores que son habitantes de una ciudad y a la vez de un territorio.

•Deberedefinirse la legitimidadenelusode losecosistemasestratégicosa fin de instaurar en ellos usos no agrícolas que generen estabilidad para las comunidades y conservación de la biodiversidad, la cual incluye a la población humana y no humana.

•Nopuedeseguirsepropiciandoladesocupacióndelaszonasruralessobrela idea de vender las tierras sobre la amenaza de la expropiación. Esto refleja una falla del proceso de descentralización y autonomía local que se promulga pero no se aplica por la Constitución de los estados.

•Enriquecereintegrarnuevasvisionesparaeldesarrollodepolíticasderura-lidad y asimismo reglamentar su gestión en todas las ciudades del mundo.


•Declararzonasdereservacampesinaalasfranjasdeasentamientopobla-cional que se localizan en las periferias de las ciudades y definirlas como espacios destinados para la conservación de cuencas agrológicas mediante la elaboración de procesos de planificación predial que integren y legitimen a su vez las trayectorias históricas y socioeconómicas de sus pobladores.

•Debetransformarselaideaquesetienedeldesarrollorural,alparecerdelas comunidades y funcionarios que abogan por los temas de ruralidad; este proceso está mal entendido, la gente lo asocia con: “construcciones, vías, maquinaria, canalizar las quebradas, urbanizar”. El proceso del de-sarrollo rural debe entenderse como una posibilidad de conexión entre las comunidades rurales mediante relaciones económicas y sociales mucho más estables con el medio urbano.

•Eldesarrollodebepensarseprimordialmenteenarmoníaconelentornoypara las comunidades rurales asentadas en dichos lugares. Por lo tanto se sugiere:

•Propiciarprocesosdeproduccióndebajoimpactoambiental.•Capacitaciónenmanejosalternativosdelagua.•Compensacioneseconómicasespecialesa loshabitantesruralespor la

conservación de las fuentes hídricas.•Obligacióny sanciónparael cuidadode los recursosnaturales tanto

de los habitantes de los barrios aledaños, como de los habitantes de las veredas en las localidades.

CONCLUSIONES

Las formas de adaptabilidad de los espacios rurales en la periferia de las ciu-dades deben ser catalogadas como procesos microsociales de conurbación. Esto demanda respuestas cada vez más eficientes y legitimas, e implica el aumento de las capacidades locales en materia de previsión y pensamiento estratégico para el abordaje del desarrollo por parte de las instituciones y de su concre-ción ascendente en el desarrollo comunitario. Por tanto, de ello se sugiere la generación de escenarios en los que se reconozcan los intereses locales y se discuta la compensación del crecimiento económico de estas zonas, la equidad en la distribución de la riqueza, la sostenibilidad de los recursos naturales y el fomento a la participación ciudadana. Dicha perspectiva debe considerar aque-llas sinergias que promovidas desde lo local podrían: “aumentar la capacidad


colectiva para realizar acciones en común sobre la base de una misma inter-pretación de la realidad y de sus posibilidades de cambio. Estableciendo dicha premisa valorativa, entonces, naturalmente sí podríamos hablar de desarrollo en un territorio, ya que él configuraría aspectos tales como “libertad, demo-cracia, justicia, paz, solidaridad, igualdad, ética, heterogeneidad y alteridad, sin los cuales es impensable el desarrollo general, y otro numero de valores singulares, propios del territorio en cuestión, que son los valores que confieren una identidad, la que unifica hacia adentro y distingue y separa hacia afuera; sin este segundo conjunto no será posible conformar una fuerte cooperación y solidaridad interna” (Boisier, 2003).

Lo anterior sugiere reconocer que este tipo de juicios debe definir valores de singularidad en el contexto y en el lugar que se habita. Lo cual implica una definición rural territorial que debe involucrar y reconocer a “las personas y su subjetividad, no como un recurso adicional, sino como un requisito indispensa-ble; La subjetividad social, no construida desde refugios y defensas frente a la globalización, sino potenciar su capacidad de manejarla; La reivindicación de la subjetividad colectiva como objetivo y motor del desarrollo no debe derivar en un populismo voluntarista; y la toma de decisiones para el desarrollo, no puede ser tecnocrática, pues involucra incertidumbre, respecto a la diversidad y discernimiento publico” (Boisier, 2003).

Las evidencias encontradas en este estudio nos llevan a concluir que las áreas de conurbación tienen entonces una argumentación positiva, con lo cual podemos mencionar que se plantea una contradicción entre la postura científica tradicional, la cual defiende la existencia de un límite urbano más o menos rí-gido, condicionado por las regla del mercado, donde las actividades agrícolas y las formas de vida rural se presentan como marginales, y los hallazgos encontra-dos en este estudio, los cuales enfatizan en una nueva valoración de los espacios y pobladores rurales como agentes dinámicos del desarrollo y del ordenamiento territorial de las ciudades

BIBLIOGRAFÍA

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MANUEL ENRIQUE PÉREZ MARTÍNEZ136

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Internet:

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Normativa:

Decreto 469 del 23 de diciembre del 2003.Decreto 190 de junio 22 de 2004.Acuerdo 119 de 2004.

El conflicto armado y El dEsplazamiEnto forzado En putumayo y nariño, colombia

Gloria Stella Barrera Jurado*

[137]

introducción

El objetivo del presente trabajo es lograr una aproximación a la comprensión del tema del desplazamiento forzado por el conflicto armado en los departa-mentos colombianos de putumayo y nariño. para lo anterior, se plantean las siguientes preguntas: ¿cuáles son las dinámicas de la guerra en putumayo y nariño? ¿cuáles son los procesos que vinculan estos dos departamentos en el conflicto armado? ¿cuáles son los procesos de desplazamiento forzado en pu-tumayo y nariño?

El documento presentará en primera instancia las características de la gue-rra en los departamentos de putumayo y nariño. En una segunda parte, se pre-sentarán los procesos de desplazamiento forzado en estos dos departamentos. para finalizar con algunas conclusiones pertinentes al tema.

El conflicto armado En El putumayo y nariño

según la consultoría para los derechos Humanos y el desplazamiento (cod-hes)1, 4,075,580 personas han sido desplazadas por la violencia en colombia a partir de mediados de los años ochenta, por lo cual el alto comisionado de las naciones unidas para los refugiados afirma que actualmente ocupa el segundo lugar en el mundo en desplazamientos internos. podemos entender el

* pontificia universidad Javeriana. doctorado en Estudios ambientales y rurales. co-rreo electrónico: [[email protected]].

1 codhes es una entidad privada sin ánimo de lucro, conformada por personas de di-ferentes disciplinas, que promueve la realización integral de los derechos humanos a través de la incidencia en políticas de Estado que beneficien a las poblaciones afectadas por el conflicto armado interno.

gloria stElla barrEra Jurado138

desplazamiento forzado como la acción llevada a cabo por personas o grupos de personas que se han visto obligadas a escapar de su hogar para evitar efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de derechos humanos o catástrofes naturales o causadas por las mismas personas, y que no han cruzado la frontera estatal (mediosparalapaz, 2007).

actualmente en el sur de colombia se vive una guerra2 permanente que tiene raíces estructurales en la pobreza y el abandono del Estado, pero en las últimas décadas se ha encrudecido por las acciones de los grupos armados presentes, por los cultivos, procesamiento y economía de la coca y la amapola y por las acciones del plan colombia. El plan colombia es un proyecto de cooperación internacional de Estados unidos con colombia el cual se con-cibió en 1999. Este plan recibe aportes económicos del gobierno de Estados unidos para la erradicación de cultivos ilícitos, protección de la infraestruc-tura petrolera, desarrollo alternativo, fortalecimiento institucional y apoyo a la policía nacional. a partir del 2003, se dio inicio al plan patriota con la financiación del gobierno de Estados unidos, y se dio inicio a los programas “soldados campesinos”, “familias guardabosques”, “red de informantes y cooperantes”, entre otros. El objetivo de esta intervención que actualmente es denominada “plan consolidación”, es mostrar resultados medibles en materia de la reducción de la oferta mundial de drogas, generar acciones de lucha con-tra las finanzas de la guerrilla y cumplir con los indicadores frente a la “lucha antiterrorista”. Este plan tuvo su fase experimental y todo su desarrollo en el departamento del putumayo, aunque también presencia en otros departamen-

2 siendo los actores actuales de esta guerra en nariño, los grupos guerrilleros de las fuerzas armadas revolucionarias de colombia (farc), con los frentes 48, 29, Jacinto matallana, policarpa salavarrieta, el Ejército de liberación nacional (eln) y los grupos paramilitares denominados “nueva generación, “autodefensas campesinas de nueva ge-neración” y “los rastrojos”, con aumento de la presencia de las fuerzas armadas co-lombianas.

por su parte, el departamento del putumayo cuenta con la presencia de las farc, con el frente 32, que es el de mayor tradición en la región, y el Ejército popular de liberación, (epl). igualmente, en este departamento actúan los grupos paramilitares “bloque central bolívar” y el “bloque sur del putumayo”, “Águilas negras” y “los machos”; por su parte las fuerzas armadas tienen mayor presencia en putumayo, con la creación de múltiples batallones y brigadas.

las confrontaciones de estos grupos armados generan desplazamiento forzado, recluta-miento forzado para las guerrillas y los grupos paramilitares, secuestros y el uso indiscrimi-nado de minas antipersonales.

El conflicto armado y El dEsplazamiEnto forzado 139

tos como nariño, cauca, tolima, siendo uno de los principales factores que ha afectado las dinámicas de guerra en putumayo y nariño, que se describen a continuación.

El departamento de putumayo se extiende desde la cordillera andina hasta la llanura amazónica, entre los ríos caquetá al norte y putumayo al sur. Este departamento tiene 378,790 habitantes, su economía está basada en la produc-ción agropecuaria con cultivos de yuca, maíz, papa y ganadería de producción lechera, pero la explotación de recursos del petróleo, que se transporta por el oleoducto transandino, es el reglón más importante de los ingresos departa-mentales; finalmente, cuenta con numerosos grupos indígenas, siendo los más importantes los witotos, ingas, camëntsa, kofanes y sionas.

al departamento del putumayo llegaron las farc desde la década de los ochenta del siglo pasado, territorio que ya desde hacía algunos años estaba ocupado por el movimiento revolucionario m-19 y el Ejército popular de li-beración (epl). En este departamento actualmente tienen presencia frentes de gran tradición de las farc como el 32, que se incorporó en la región alrededor de la economía petrolera. las farc han actuado en este departamento con vo-laduras de torres de energía, de tramos del oleoducto y de puentes, ataques a la fuerza pública y con la presencia de retenes ilegales; de igual manera, realizan presión sobre la población civil con el cobro de cuotas, resultado de las fases del proceso de cultivo de coca, el establecimiento y cuidado de laboratorios para el procesamiento de la coca, el control de vías y el cuidado de aeronaves que transportan coca y precursores químicos. por más de 20 años este grupo gue-rrillero ha tenido el control militar, económico y social de este departamento, pues han impuesto las normas de funcionamiento en las diferentes poblaciones, a nivel organizativo y familiar.

de otra parte, el Estado ha tenido gran presencia a partir de 1998 con el aumento del pie de fuerza por parte de las fuerzas armadas, con la creación de múltiples batallones y brigadas. por lo anterior, hubo un avance significativo en recuperación de carreteras, desactivación de minas antipersonales, allana-mientos a campamentos y laboratorios de las farc, y bajas de guerrilleros, pero también con efectos perversos como la violación del principio de distinción de campesinos como informantes, señalamientos de campesinos como cola-boradores de los grupos guerrilleros, la utilización de espacios públicos como trincheras y múltiples abusos de autoridad. los anteriores son hechos notables que se presentan en las comunidades indígenas y en las recientes jornadas de erradicación manual de coca.


igualmente, las autodefensas unidas de colombia (auc)3 tienen presencia con el bloque sur putumayo y el bloque central bolívar, buscando el control militar en los territorios con presencia de las farc, actuando con múltiples combates, masacres y señalamientos de presuntos colaboradores de la guerrilla. luego de la desmovilización de estos grupos paramilitares, se ha identificado la presencia de grupos paramilitares de nueva generación, en los que continua-ron combatiendo algunos comandantes y grupos de base, tales como “Águilas negras”, “los machos” y “los rastrojos”. tras la creación de estos nuevos grupos emergentes de autodefensas se ha dado una serie de acciones de reaco-modamiento por el control territorial, el dominio de vías y los mercados de coca, afectando principalmente a la población civil.

En el ámbito económico el departamento de putumayo cuenta con más de 2,400 millones de barriles de petróleo, lo que equivale al 5.1% de la producción nacional, ubicados en orito, san miguel, santana y guayuyaco. actualmente existen 11 áreas de exploración con capitales nacionales y extranjeros. El gran problema con que cuenta esta producción es el de la cantidad de voladuras en la infraestructura petrolera, especialmente de oleoductos que con el derrama-miento de petróleo producen pérdidas económicas y contaminación ambiental en la región.

de otra parte, los departamentos que actualmente tienen mayores cultivos de coca son: nariño, putumayo, meta, guaviare, antioquia, Vichada y ca-quetá (oficina contra la droga y el delito, 2007:7). los aumentos más impor-tantes entre el 2005 y 2006 fueron justamente en nariño y putumayo, pues el departamento de putumayo, en el año 2000, contaba con 66,000 hectáreas, que constituían 40% de la producción nacional. En este departamento se disminu-yeron los cultivos a partir del año 2000 hasta el 2004, por el aumento de las fumigaciones lideradas por el plan colombia. a partir del 2004 estos cultivos han vuelto a fortalecerse, con un aumento del 105%. En el 2006 se erradicaron manualmente 5,118 hectáreas, siendo 12.4% de la erradicación total del país; este tipo de erradicación tiene mayor impacto que la aspersión aérea, pues la planta es arrancada desde la raíz, y requiere de una resiembra y de ocho meses para la siguiente cosecha.

3 las autodefensas unidas de colombia es una organización paramilitar ilegal, de ex-trema derecha, conformada desde 1977, que congrega diferentes grupos de autodefensas regionales, y combate las guerrillas de las farc y eln con recursos de terratenientes, gana-deros y el narcotráfico. a partir del 2003 firmaron con el gobierno colombiano acuerdos de desmovilización, en los cuales participaron más de 30,000 personas y que luego se han ido reincorporando en grupos autodenominados de “nueva generación paramilitar”.


los grupos armados ilegales controlan el cultivo y precios de la hoja y pasta de coca, aunque por su carácter ilegal no se conoce bien el control en la cadena productiva. la erradicación forzosa de cultivo se realiza con grupos móviles de Erradicación, conformados por campesinos o reinsertados de grupos armados ilegales, que dependen de la agencia presidencial para la acción social y son apoyados por el Ejército nacional y la policía antinarcóticos.

En síntesis, el departamento de putumayo tiene procesos sociales, económi-cos y militares arraigados y muy complejos, pues como ya se mencionó, tiene recursos petroleros, una importante actividad cocalera y megaproyectos ener-géticos y viales. además, cuenta con la posibilidad de transporte y movilización por los ríos amazonas, putumayo y caquetá, con una posición geoestratégica muy importante al tener frontera con Ecuador y perú. Estas características hacen que haya muchos intereses a nivel local, regional y global del control territorial de este departamento por parte de diferentes grupos económicos y armados, que será difícil que abandonen por algunas décadas futuras.

de otra parte, nariño es un departamento situado en el extremo suroeste del país, en la frontera con el Ecuador, y cuenta con llanura, costa pacífica, región andina y vertiente amazónica. Este departamento tiene 1,558,045 habi-tantes, entre pobladores urbanos, campesinos afrodescendientes y comunidades indígenas. la economía se basa en el sector primario, con cultivos de palma africana, papa, maíz, trigo, frijol, entre otros. la ganadería, la pesca y la in-dustria son menores, con preponderancia del sector artesanal. Esta región se caracteriza por sus altos niveles de pobreza y el abandono estatal.

nariño ha sido uno de los departamentos en que más se ha profundizado el conflicto armado y se evidencian más las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Esta situación ha empeorado desde diciembre del 2000, pues “el departamento de nariño ha sido escenario de una fase de intensificación y degradación del conflicto armado, ya que en este departamento confluyen múltiples dinámicas de la guerra” (codhes, 2006: 1).

las farc y el eln tienen presencia en nariño desde 1995, mientras los grupos paramilitares actúan en esta región desde el 2005. actualmente también tienen presencia algunos grupos paramilitares de nueva generación como son las autodefensas campesinas de nueva generación, rastrojos y mano negra, que se reorganizaron luego de la desmovilización de miembros de las autode-fensas unidas de colombia en este departamento. Estos grupos paramilitares han generado confrontaciones con los otros grupos armados para el control de áreas de cultivos ilícitos y su procesamiento, y de corredores para la moviliza-ción de armas, alcaloides y tropas. según la oficina para la coordinación de


asuntos Humanitarios de naciones unidas (ocha), el departamento de nariño se encuentra en el quinto lugar en relación con las acciones bélicas en el país, con el aumento porcentual más alto del país seguido por el departamento del putumayo entre el 2004 y el 2007.

respecto a los cultivos ilícitos en nariño, en el 2001 había 7,494 hectáreas y 15,606 en el 2006, con 20% del total de la producción nacional (undoc, 2006), pues las características geográficas como las diferencias de relieve de tierras y su ubicación de frontera con el Ecuador de este departamento contribuyen a la propagación de cultivos de coca y amapola. a partir del 2002 se fortalecieron los cultivos en nariño, al trasladarse del putumayo y caquetá por las aspersiones aé-reas aplicadas por el plan patriota. En nariño, entre el 2001 y el 2002 los cultivos de uso ilícito aumentaron en más de 7,000 hectáreas. Éste es un claro efecto de los resultados de las acciones del plan colombia, patriota y consolidación.

actualmente hay cultivos de coca en 21 de los 64 municipios del departa-mento de nariño con prácticas de agricultura minifundista. las fumigaciones entre el 2004 y 2005 superaron las 30,000 hectáreas, y en el 2006 llegaron a 59,900 hectáreas; “las fumigaciones especialmente en municipios pertenecientes a la costa pacífica nariñense produjeron crisis alimentaria y desplazamiento forzados” (laverde, 2008: 18). las fumigaciones de cultivos de uso ilícito son causa importante del desplazamiento y han agudizado la crisis humanitaria porque afectan los cultivos de pancoger y la salud de los campesinos, además han contaminado las fuentes de agua y los animales de consumo.

En nariño también es importante el cultivo de amapola, actividad que se da en las laderas de las montañas del norte del departamento entre los 1,700 y 3,000 metros sobre el nivel del mar. En el año 2002, en nariño se producían 1,230 hectáreas de amapola, en el 2006, esta cifra bajó a 316 hectáreas; sin embargo, actualmente se produce 31% del total nacional. los cultivos de ama-pola se desarrollan en áreas menores de una hectárea y se mezclan con cultivos lícitos de pancoger como arveja, maíz y habas. nariño es el departamento que presenta la mayor concentración de cultivos ilícitos, con 13,875 hectáreas culti-vadas de coca, de acuerdo a los cálculos de la oficina de las naciones unidas contra las drogas y el delito-unodc (2006).

nariño es parte del corredor del pacífico, que comprende desde tumaco, en el límite sur con Ecuador, hasta el municipio de Juradó, en la frontera con panamá. Esta situación geográfica es de gran interés para los diferentes grupos armados que están en constante disputa territorial, pues posibilita el control de los puertos para la distribución y comercialización de los estupefacientes, de precursores químicos y armas en la región.


El dEsplazamiEnto forzado En putumayo y nariño

desde 1999, en el departamento de putumayo se han expulsado más de 90.000 personas de municipios como puerto asís, Valle de guamuez y puerto guz-mán, y se han recepcionado 43,415 personas en mocoa, puerto asís y Villa garzón (codhes, 2007:47). En este departamento es característico el desplaza-miento “gota a gota”4 en el ámbito intraveredal, intermunicipal o intradeparta-mental, y tiene más personas expulsadas que recepcionadas.

la población indígena en este departamento está conformada por 43,000 personas en 157 comunidades, siendo 3% de esta población en el país. Estas comunidades tienen sus propias lenguas y modelos de organización social y económicos propios, se ubican en territorios con riquezas petroleras, minerales y biológicas, que son codiciadas por empresas nacionales e internacionales. por esta razón, se comenzó a dificultar el desarrollo de actividades propias de las comunidades como la visita a sus lugares sagrados, la caza, pesca, recolección de frutos y plantas sagradas (Kienzl, 2006:40). los cabildos indígenas han sido amenazados y perseguidos por los grupos paramilitares porque éstos consideran que las autoridades indígenas dificultan el acceso a estos territorios.

Entre los efectos de estas acciones está el confinamiento5 de las comunida-des indígenas que no pueden trasladarse de sus fincas hacia los pueblos por amenazas permanentes y muertes indiscriminadas por la desobediencia a las determinaciones de los grupos armados. las fumigaciones han generado tam-bién diferentes éxodos indígenas, pues quedan afectados sus alimentos tradicio-nales, por lo cual ha habido una pérdida de la cultura, pues con la salida de los médicos tradicionales, los rituales se han debilitado al no ser realizados en territorios adecuados.

por su parte, en nariño, entre el 2004 y el 2007, fueron desplazadas 54,323 personas, afectando 64 municipios. de acuerdo con la agencia presidencial para la acción social y la cooperación internacional, actualmente el departa-mento de nariño es el más afectado por el desplazamiento individual y colec-tivo del país. desde hace varios años se han observado diferentes modalidades

4 El desplazamiento “gota a gota” es un tipo de éxodo pequeño y permanente de una región, generado por la acción de diferentes actores armados.

5 El confinamiento es una modalidad de desplazamiento forzado que genera restriccio-nes de movilidad y de acceso de bienes necesarios para la supervivencia, para lo cual se imponen mecanismos de control territorial en aspectos económicos, políticos y culturales, vulnerando derechos y libertades a diferentes poblaciones.


de acoso a las diferentes poblaciones, en las que éstas no son desplazadas, sino obligadas a vincularse a sus procesos ilegales, siendo sitiadas o encajonadas. se ha acentuado la estrategia de confinar a la población civil mediante bloqueos, negación de atención humanitaria y restricción del tránsito de personas y de alimentos por parte de los grupos armados. En este departamento los despla-zamientos se caracterizan por frecuentes migraciones masivas que alejan a las personas de su sitio de habitación y a los cuales luego retornan.

son muchos los desplazados que buscan proteger su vida pasando al Ecua-dor, sin embargo, el problema es que hay un gran desconocimiento de los derechos de la población refugiada, por lo tanto esta situación ha generado que los desplazados se expongan a más situaciones de violencia e inseguridad, pues por las tensiones políticas entre Ecuador y colombia los colombianos inmigran-tes son víctimas de estigmatizaciones y discriminaciones y por ello muchos son deportados por no tener organizada legalmente su situación de refugiado.

algunas conclusionEs

nariño y putumayo son departamentos que han tenido en común problemas estructurales como la pobreza y el abandono del Estado durante décadas, pero a partir del desarrollo de los cultivos de uso ilícito, el gobierno ha concentrado esfuerzos con el plan colombia, patriota y consolidación, para la erradicación de estos cultivos y en la lucha contra el terrorismo, teniendo como consecuen-cia el aumento de las confrontaciones armadas, la violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. igualmente, los dos departa-mentos tienen ubicación geoestratégica importante como territorios de frontera con el Ecuador y perú, como corredores para el tránsito de tropas, armas y químicos para el procesamiento de la coca. por lo anterior, estos departamentos presentan gran interés para diferentes grupos armados y económicos.

los cultivos de coca, al ser fumigados y erradicados manualmente a partir del 2000 en el putumayo, se han ido trasladando hacia nariño, por lo cual actualmente este departamento es el principal productor en el país. Estas fumi-gaciones y las erradicaciones de cultivos de uso ilícito han propiciado un grave problema de desplazamiento forzado, pues estas víctimas no son consideradas desplazadas por el conflicto armado, por lo tanto no se les reconoce los dere-chos para la atención de emergencia, ni para otro tipo de beneficios que ofrece el Estado a estos migrantes.


igualmente, en el putumayo se fue generando un desplazamiento forzado por la guerra de miles de campesinos e indígenas, por ello han ido migrando para llegar a pasto o a otros municipios de nariño y ubicarse allí, o seguir tran-sitando hacia otros departamentos como cauca o Valle, o hacia bogotá como destino final. En nariño, las situación de desplazamiento forzado es muy com-plicada porque es receptor, pero también es importante expulsor de personas de su sitio de origen, por lo tanto la movilidad humana en este departamento es muy alta, y los municipios de este departamento no cuentan con infraestructu-ras, ni servicios adecuados para atender más población, pues escasamente logra suplir las necesidades de los propios habitantes del municipio.

por otra parte, en nariño y putumayo hay una importante presencia de organizaciones nacionales e internacionales que tienen como objetivo el trabajo con personas en situación de desplazamiento. sin embargo, esas acciones son desarticuladas y muchas veces realizadas sin la participación ni consenso de los beneficiarios, arrojando resultados relativos inmediatos pero sin el interés de lograr impactos a mediano o largo plazos. parecería más bien que hay un afán extraordinario de mostrar resultados y número de personas atendidas, con el fin de demostrar su capacidad organizativa y de gestión y garantizar con esto, la posibilidad de obtener nuevos recursos.

En estos departamentos se trabaja poco en la prevención del desplazamien-to, pues se cuenta con escasos mecanismos y herramientas, aunque se utilizan alertas tempranas en algunos municipios. sin embargo hay algunos avances en la consolidación de políticas departamentales para la atención integral a la po-blación desplazada, y en la atención humanitaria de emergencia que contempla alimentación, alojamiento transitorio, salud y educación. no obstante, siguen siendo escasos los desarrollos de acciones en la fase de estabilización y consoli-dación económica en temas de seguridad alimentaria, generación de ingresos y construcción de vivienda.

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tercera parte

Género y desarrollo rural

Adriana Gómez Bonilla*

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en este bloque se presenta un acercamiento desde el enfoque de género, res-pecto a las formas en que algunos actores en el contexto rural construyen un proyecto de futuro, así como los obstáculos que enfrentan cotidianamente para lograrlo. estos ensayos se originaron a partir de la discusión realizada en la mesa “Género y desarrollo rural”, realizada dentro del intercambio académico entre la universidad Javeriana (Colombia) y el posgrado en desarrollo rural de la universidad autónoma Metropolitana (México). este encuentro permitió identificar algunos temas emergentes de lo que ocurre en el mundo rural de ambos países, también puso en evidencia la necesidad de hacer transversal la perspectiva de género en las investigaciones y en las reflexiones sobre desarrollo rural, ya que el género es un elemento que forma parte de las relaciones sociales, que implican poder, donde culturalmente se asignan roles diferentes a mujeres y hombres (scott, 1996), lo cual constituye uno de los elementos que dan comple-jidad a las sociedades rurales, por lo tanto su entendimiento es importante.

los ensayos enfocan el análisis en las relaciones de género, en diversos contextos (indígena, campesino y afrodescendiente), y toman en cuenta las implicaciones individuales, familiares, comunitarias y sociales que ocasiona la participación diferenciada entre mujeres y hombres en ámbitos como el pro-ductivo y el comunitario. Presentan cómo es la subsistencia de las familias y las comunidades rurales tanto en Colombia como México, su estrecha relación con los recursos naturales, a partir de los cuales se establecen sistemas productivos con particularidades y las estrategias para su manejo o conservación, de forma que se pueda garantizar la continuidad de las familias, las comunidades y los recursos que conjuntamente abren la posibilidad de un futuro.

* doctorante en desarrollo rural por la universidad autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco.

ADRIANA GÓMEz BONILLA148

El análisis de género que se hace en los ensayos retoma conceptos como la seguridad alimentaria, el trabajo productivo y reproductivo, la conservación de recursos, la acción colectiva, la identidad, el género, la biocolonialidad, la autonomía zapatista y la resistencia, los cuales permiten la compresión de los procesos sociales que están ocurriendo. Se encuentra que tanto en México como en Colombia el acceso y control de los recursos naturales para las mujeres campesinas, afrodescendientes o indígenas, siguen siendo inequitativos: si bien las mujeres en diferente grado han ganado algunos espacios en la toma de decisiones, todavía falta mucho. Por otro lado, la situación de pobreza, crisis económica o los procesos de resistencia han posibilitado la participación de las mujeres en ámbitos como el productivo y el comunitario-político sin que esto garantice su reconocimiento, ya que como sugiere Marcela Lagarde (1996) el trabajo de las mujeres se “invisibiliza”.

El primer ensayo es de María Teresa Barón Cruz y se titula: “Mujer y se-guridad alimentaria: Estrategias y aportes a la seguridad alimentaria familiar”. Es un estudio realizado con familias de la vereda San Francisco, municipio de Tibacuy, en el departamento de Cundinamarca (Colombia). A partir de lo cual se analiza cómo las mujeres apoyan el trabajo productivo de los hombres, al mismo tiempo que son las encargadas de la reproducción del grupo social, lo cual las convierte en las responsables de garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la familia, papel que han desempeñando sin serles reconocido ni social ni económicamente. A partir de una metodología cualitativa, se obtuvie-ron datos sobre la alimentación y las condiciones de seguridad alimentaria de las familias, las características de la producción, disponibilidad, acceso y apro-vechamiento de alimentos; así como las estrategias que tenían las mujeres para lograr la seguridad alimentaria de la familia.

Los resultados mostraron que las familias obtenían sus ingresos de dos fuen-tes básicas. La primera, de la producción agrícola y pecuaria de la unidad pro-ductiva. La segunda, los jornales que realizaban tanto hombres como mujeres. En este sentido se encontraron tres tipos de familias: de economía doméstica precaria, de economía equilibrada o con pequeños excedentes, finalmente fa-milias que tienen una economía muy estable que les permite contar con segu-ridad alimentaria, ya que el total de sus ingresos monetarios están dados por la explotación de su unidad productiva.

El segundo ensayo, titulado “Género, ambiente y desarrollo. Aprendizajes desde las comunidades afrocolombianas del Pacífico colombiano”, de Diana Lucía Maya y Pablo Andrés Ramos, es un estudio realizado en la costa pacífica nariñese, el cual trata de entender el problema de la conservación de recursos naturales desde un enfoque de género, así como sus efectos en el desarrollo,

GÉNERO y DESARROLLO RURAL 149

partiendo de la acción colectiva y el establecimiento diferenciado genéricamen-te de normas y reglas para acceder a los recursos naturales. Parte de la premisa de que para que un proceso comunitario relacionado con la conservación de recursos naturales se realice y se obtengan buenos resultados, depende en gran medida de las relaciones sociales alrededor de éstos, donde la confianza y la reciprocidad son fundamentales; al igual que el conocimiento de los aspectos biológicos del recurso, de las condiciones locales del mercado y de las diferentes actividades económicas que existan alrededor de éste. Los resultados muestran que en la costa pacífica nariñense, en particular en el Parque Nacional Na-tural Sanquianga (Pnns), el acceso a los recursos naturales está diferenciado por género: los hombres se dedican a la actividad de la pesca en el mar, y las mujeres principalmente a recoger piangua (Anadara tuberculosa) en los manglares. Estas mujeres tienen mayor acceso y control sobre el recurso natural compa-rado con los hombres, lo que les permite satisfacer sus necesidades prácticas y las de su núcleo familiar y potenciar sus intereses estratégicos. Las posibilidades de tener mayor acceso y control sobre los recursos por parte de las mujeres están directamente relacionadas con las características del recurso y la forma de extraerlo.

El tercer ensayo, “Artesanas indígenas y acceso a los mercados: Una ex-presión de discriminación cultural y laboral en el contexto mexicano”, de Pa-loma Bonfil Sánchez, presenta, a partir de datos del contexto mexicano, las características de las artesanas indígenas como son mujeres que se integran a la producción de artesanías como forma de enfrentar la crisis de las sociedades rurales; De esta manera, la artesanía se vuelve una forma de diversificar las actividades de la unidad doméstica y así obtener ingresos adicionales.

Asimismo, se explica que el papel de la artesanía en la economía campesina y la subsistencia de estos pueblos indígenas, junto con lo que actualmente se consume como artesanía, derivan de una producción originalmente local para el autoconsumo y el intercambio a una escala reducida de artículos necesarios en la vida diaria, pero que ahora son una actividad productiva más.

Paralelamente, en este trabajo se analizan los mecanismos que conducen a que las artesanas se inserten en el mercado bajo condiciones desventajosas, condiciones bajo las cuales ellas son discriminadas, enfrentan una transferen-cia desigual de valor, así como la invisibilización y la explotación. Al mismo tiempo se reflexiona sobre la importancia de la experiencia de las artesanas indígenas como una forma de transformación de las sociedades y las economías indígenas contemporáneas, en las que las mujeres tienen un papel activo en la reproducción social de sus colectivos, Finalmente, este artículo se pregunta


sobre la función del Estado en la instauración de condiciones más equitativas para el desempeño de las artesanas, ya que se encuentra que las instituciones gubernamentales que tienen a su cargo la promoción y apoyo a la elaboración de artesanías, algunas veces han apoyado para legitimar la participación de las mujeres en los asuntos de la comunidad y la gestión institucional, pero en otras ocasiones también esto ha implicado la intervención en asuntos internos de las comunidades. Asimismo, la autora sugiere que a pesar de la oferta institucional, los apoyos a las artesanas son insuficientes debido a que no hay una articulación ni un eje rector en las instituciones.

Finalmente, este bloque cierra con el trabajo de Adriana Gómez Bonilla titulado “El manejo de los recursos naturales y los roles de género: Una pro-puesta derivada de la autonomía zapatista”. Este trabajo es una investigación realizada en un Municipio Autónomo Rebelde zapatista (Marez), en el estado de Chiapas al sur de México. Se analiza desde la perspectiva de la decolonia-lidad, cómo la autonomía zapatista es un escenario donde se reconfiguran los roles de género en el manejo de los recursos naturales.

El zapatismo y las relaciones de género son un tema muy analizado y discu-tido. No obstante, en relación con el tema ambiental, la información es escasa. Por lo tanto, lo que presenta este ensayo resulta novedoso, ya que combina el análisis sobre aspectos ambientales y género en el marco de la autonomía za-patista. Para lograrlo la atención se centra en los sistemas productivos que son milpa-huerto, huerto-milpa-cafetal, huerto-milpa-cafetal-montaña, huerto-mil-pa-ganadería y huerto-milpa-cafetal-ganadería-montaña. Los hallazgos mues-tran que si bien las mujeres zapatistas han ganado espacios en el ejercicio de su derechos a partir de las leyes revolucionarias, éstos no se reflejan totalmente en el acceso y control de los recursos naturales o en la toma de decisiones que se relacionen con los sistemas productivos. Lograr lo anterior implica que aún falta mayor reconocimiento de los derechos de las mujeres en niveles que van desde el familiar hasta el Estado.

BIBLIOGRAFÍA

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Scott, Joan (1996), “El género: Una categoría útil para el análisis histórico”, en Marta Lamas (comp.), El género: La construcción cultural de la diferencia sexual, PuEg, México.

Mujer y seguridad aliMentaria: estrategias y aportes a la seguridad aliMentaria faMiliar

*

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introducción

las mujeres campesinas colombianas han desempeñado un papel importante como garantes de la reproducción de la fuerza de trabajo familiar. junto con sus esposos e hijos realizan actividades agrícolas y pecuarias en sus unidades productivas familiares que garantizan su sobrevivencia y les posibilitan cierta estabilidad frente al conflicto por el que atraviesa el sector rural colombiano. sin embargo, todas estas actividades pasan “invisibles” para el conjunto de la sociedad, y en muchas oportunidades no son ni siquiera objeto de conciencia en los entornos cotidiano en donde se desarrollan, y menos en el ámbito de las entidades políticas.

las mujeres contribuyen con sus trabajos cotidianos-domésticos en la valo-rización del trabajo productivo para el mercado que realizan los hombres, y en algunos casos se ven obligadas a aportar como asalariadas, fuera de la unidad familiar, en procesos productivos para el mercado que les generan ingresos, contribuyendo en la sobrevivencia de sus unidades productivas. pero también son ellas quienes la vida y la cultura les han asignado la reproducción biológica y social del grupo familiar, “responsabilizándolas” de garantizar la alimentación y del mantenimiento de la seguridad alimentaria y nutricional de la familia, papel que han desempeñado sin serles reconocido social y económicamente su aporte. es así como el trabajo realizado con 10 familias de la vereda san fran-cisco, municipio de tibacuy, en el departamento de cundinamarca (colom-bia),1 permitió visibilizar esa situación desde un escenario microlocal y como un estudio de caso.

* pontificia universidad javeriana, facultad de estudios ambientales y rurales, depar-tamento de desarrollo rural y regional. correo electrónico: [[email protected]].

1 esta reflexión constituye parte del trabajo de base realizado en años anteriores. en este escrito se recogen algunos hallazgos con otros análisis a partir de nuevas reflexiones.

MARÍA TERESA BARÓN CRUz152

GÉNERO y TRABAJO

Cuando hablamos de género, hacemos referencia a “las relaciones que se esta-blecen entre hombres y mujeres de una sociedad particular, con base en las características, los roles, y las oportunidades que el grupo social asigna a cada uno de aquellas y aquellos” (dnP, 2009). En este sentido, la categoría de género conlleva diferencias y relaciones construidas social y culturalmente que implican la asignación de roles específicos para las mujeres y para los hombres, los cuales son modificables, ya que no es una determinación biológica (Scott, 1996).

El concepto de trabajo, en el contexto rural tradicional, tiene como referente el trabajo masculino y comprende todas aquellas actividades visibles que se de-sarrollan dentro de la producción para el intercambio en el mercado, descono-ciendo las domésticas que no entran en una relación directa con el marcado

El trabajo productivo se define como aquellas actividades destinadas a produ-cir bienes y servicios destinados al consumo y/o la venta en el mercado, que generalmente, pero no siempre, es remunerado. En la economía campesina, el concepto engloba a aquel sector de la actividad agropecuaria donde el proceso productivo es desarrollado por unidades de tipo familiar con el objeto de ase-gurar, ciclo a ciclo, la reproducción de sus condiciones de vida y de trabajo, o si se prefiere, la reproducción de los productores y de la propia unidad de producción (Schejtman, 1980).

El trabajo reproductivo consiste en aquellas actividades que proveen y generan bienes y servicios para el bienestar familiar y comunica cómo son la adminis-tración de la casa, el trabajo doméstico y el cuidado de los hijos, actividades que no son remuneradas cuando las realiza algún miembro de la familia, por lo general la mujer. Las actividades productivas de las mujeres y niños en la parcela, la huerta o con los animales son consideradas como de “ayudas domés-ticas” y se registran como “trabajo familiar” sin remuneración. La participación de la mujer en la producción no es considerada como su responsabilidad social más importante. Se ve como transitoria y secundaria, al quedar supeditada a su papel de reproducción biológica y social de la familia (Campaña, 1994). En consecuencia, el espacio natural y único de la mujer es el hogar.

SEGURIDAD ALIMENTARIA y FAMILIAR

Hoy, el concepto más común y universalmente aceptado por todos los países es el de la fao, según la cual “existe seguridad alimentaria cuando todas las

MUJER y SEGURIDAD ALIMENTARIA 153

personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes ali-mentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana” (fao, 2006). La seguridad alimentaria familiar se refiere a la capacidad de las familias para obtener por producción o compra alimentos suficientes para cu-brir las necesidades dietéticas de sus miembros (Machado, 1998).

La definición de seguridad alimentaria y nutricional tiene en cuenta además “el consumo oportuno y permanente de los [alimentos] en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que permitan su ade-cuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa” (icbf, 2009).

Para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional deben ser satisfechas las condiciones de suficiencia, estabilidad y acceso a los suministros de alimentos. La suficiencia de los suministros de alimentos está determinada por los volú-menes de la producción: volúmenes de las importaciones y exportaciones. La estabilidad en los suministros de alimentos está determinada por las pérdidas poscosechas, la capacidad de almacenaje, las fuentes estables de divisas y las variaciones estacionales de la producción de alimentos. El acceso está determi-nado por los ingresos suficientes, el empleo, la estabilidad en los precios de los alimentos, la infraestructura de mercadeo y las preferencias culturales. Existen cuatro factores determinantes en la seguridad alimentaria: la disponibilidad es-table y adecuada de alimentos; el acceso a los mismos; el consumo de alimentos adecuados e inocuos; y el aprovechamiento biológico de los alimentos.

Es por eso que el nivel de satisfacción de los requerimientos alimentarios es uno de los indicadores de bienestar individual y colectivo. Además, el es-tado nutricional de una población y su riesgo de inseguridad alimentaria son indicadores del grado de desarrollo social. Son los campesinos, indígenas y afrodescendientes los grupos con mayor riesgos de inseguridad alimentaría en condiciones de inequidad y exclusión social. Igualmente, los hogares pobres; pequeños agricultores con escasa diversificación de los ingresos y acceso limi-tado a tecnologías; mujeres sin acceso a la educación y mujeres jefas de hogar; agricultores y hogares rurales que dependen de la producción agrícola pecuaria son los que tienen mayor riesgo de inseguridad alimentaría.

METODOLOGÍA

En el desarrollo de la investigación se utilizó el método de análisis cualitativo (Lincoln y Guba, 2000), el cual a partir de un estudio de caso posibilitó ob-


tener un conocimiento amplio y detallado de la alimentación, las condiciones de seguridad alimentaria de las familias a partir de analizar la producción, disponibilidad, acceso, consumo y aprovechamiento de alimentos. Igualmente, se determinaron las actividades que realizaban las mujeres como estrategias de seguridad alimentaria de la familia.

Se aplicaron herramientas metodológicas como la encuesta, la entrevista semiestructurada, la observación directa y la revisión de fuentes secundarias. La información tomada de primera fuente se obtuvo a partir del diálogo con la familia y específicamente con la mujer responsable de cada unidad productiva agrícola con la colaboración de las demás personas de la familia: cónyuge, hijos e hijas.

ECONOMÍA FAMILIAR y CONTRIBUCIÓN DE LA MUJER EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA y NUTRICIONAL

Los resultados obtenidos en la investigación mostraron cómo las familias obte-nían sus ingresos de dos fuentes básicas. La primera, de la producción agrícola y pecuaria de la unidad productiva o finca. La segunda, de los jornales que realizaban tanto hombres como mujeres. A partir de lo anterior se realizó el análisis de sus economías y se agruparon las familias en tres tipos de economía familiar teniendo en cuenta la tenencia de la tierra y su dedicación agrícola, la fuente de ingresos y las condiciones de seguridad alimentaria:

1) Familias de economía doméstica precaria, caracterizadas por ser familias sin dotación o con una dotación pequeña de tierra (menos de 2 ha), ver-daderos microminifundios, donde su seguridad alimentaria depende de sus ingresos, provenientes en 90% o más de los jornales. Estas familias mantienen su economía a través de estrategias de supervivencia, como los ingresos obtenidos por el hombre como jornalero, los cuales disminuyen en las épocas de baja producción agrícola en la zona, lo que conlleva a la migración temporal. El aporte monetario de la mujer es vital (entre 28 y 57%y hasta 100% cuando es jefa de hogar). El autoconsumo de productos de abundante y fácil producción, como la guatila, el balú, aves de corral. Algunas familias adicionan plátano, yuca, naranja, mora, guayaba y productos de las huertas caseras. La seguridad alimentaria es frágil y dependiente de las coyunturas de empleo local. Sus estrategias de seguridad alimentaria se basan en la cría de pollos y gallinas y escalona


los ingresos monetarios engordando cerdos. En momentos muy críticos de muy pocos ingresos monetarios venden huevos pero su principal uti-lización es la de reserva alimenticia. Las condiciones de saneamiento ambiental y de la vivienda son precarias. Debido a su pobreza estas familias muestran una gran fragilidad económica que conlleva a la dis-minución drástica de la ingesta y al hambre estacional, determinadas por los periodos de alta o baja actividad agrícola e ingresos monetarios. En estos lapsos de hambre estacional se reduce la compra de alimentos y se acude al autoconsumo de los productos de la finca. En esta economía la mujer (y en algunos casos los demás familiares) cumple una labor muy importante en las actividades agrícolas y pecuarias que contribuyen al mantenimiento de la economía doméstica. Así, estos micros o minifun-dios no garantizan la reproducción de la unidad familiar conllevando a una obligada semiproletarización de uno o más miembros de la familia y a su endeudamiento progresivo. Son asimilables a la denominada “re-producción incompleta”.2

2) Familias de economía equilibrada o con pequeños excedentes que combinan pro-ducción agropecuaria y jornales. Son minifundios estables que sustentan la reproducción de la unidad familiar. En estas familias se presenta una economía más equilibrada y menos frágil, con mayores posibilidades de mantener su seguridad alimentaria, teniendo la mujer un papel muy im-portante en la reproducción de la fuerza de trabajo y en la contribución en los ingresos monetarios de la familia. Son unidades agrícolas estables que producen para el autoconsumo y algunos pequeños excedentes. Las familias con pequeños excedentes cuentan con una economía más esta-ble y equilibrada, y con mayores posibilidades de mantener su seguridad

2 Luis Llambi (1981) sintetiza conceptualmente las unidades de producción en reproduc-ción “simple”, “incompleta” y “ampliada”. La reproducción incompleta, entendida como la imposibilidad de reposición de los medios de producción desgastados en el proceso pro-ductivo por medio de los recursos generados en el mismo, puede darse asociada tanto a un aumento como a una disminución de los niveles de consumo de sus agentes. A corto o mediano plazo, y en situaciones desfavorables los agentes productivos implementan dos estrategias de supervivencia: a) una disminución de los “costos de reproducción de la fuerza de trabajo (mediante una disminución de los patrones tradicionales de consumo o un incre-mento en la producción de autoconsumo) y b) una diversificación de la producción para el mercado con miras a minimizar los riesgos inherentes en una mayor especialización. Otras estrategias son la migración “selectiva” de parte de los miembros del núcleo familiar, la “semiproletarización, el endeudamiento progresivo, etcétera.


alimentaria por el autoconsumo; donde la mujer tiene un papel muy importante en la reproducción de la fuerza de trabajo y contribuye con ingresos monetarios.

3) Economía sustentada en la producción agropecuaria de la unidad productiva. Es una familia que posee una dotación de tierra de 17.5 hectáreas dedicada bási-camente al cultivo del café, y del plátano, yuca y algunos árboles frutales: naranjas, guayabas y mandarinas. El 100% de sus ingresos monetarios está dado por la explotación de su unidad productiva agrícola, combinando la producción agrícola con la producción pecuaria (ganado vacuno de engorde y leche, y aves de corral en menor escala). Esta familia tiene una economía muy estable que le permite contar con seguridad alimentaria, en la que el autoconsumo y la actividad productiva ejercida por la mujer des-empeñan un papel muy importante en los ingresos de la familia. Generan excedentes que superan las necesidades de consumo de la unidad familiar lo que le permite estrategias de ahorro monetario e inversión productiva. Esta economía la podemos asimilar a la “reproducción ampliada”.3

En este contexto, la contribución de la mujer en la seguridad alimentaria, por una parte, va definiendo de manera muy sutil los hábitos alimentarios es-tableciendo no sólo las preparaciones y formas de consumirlos, sino definiendo su compra. Igualmente, son ellas las que conocen, mantienen o desisten de los gustos y costumbres de los diferentes miembros del hogar. Realizan el cuidado y mantenimiento de las especies menores como aves y conejos (alimentación, aseo, cuidado, recolección de huevos, venta y compra, etc.). Con el manteni-miento de aves de corral, garantizan el consumo de huevos y carne de pollo y el consumo de proteína de alto valor biológico, especialmente para los niños, siendo una de las estrategias más importantes en la seguridad alimentaria de la familia. Junto a esto, son las responsables de la alimentación y cuidado de los animales domésticos, básicamente perros y gatos. Además, son las encargadas de mantener, cultivar y cuidar la huerta casera, al igual que su cosecha, prepa-ración y/o venta de los productos de la huerta. Así dan variedad al consumo

3 La reproducción ampliada permite la obtención de ingresos que superen las necesi-dades de consumo de los miembros de la unidad de producción; es decir, la generación de excedentes monetarios en uno o varios ciclos productivos puede dar origen a alguna de las estrategias o alternativas de atesoramiento o ahorro, inversiones en otra unidad de produc-ción o inversión en la unidad productiva en medios de producción adicionales, con una consecuente ampliación en la escala de producción (Llambi, 1981).


de alimentos y nutrientes, especialmente vitaminas y minerales, a partir de la ingesta de verduras producidas en la huerta. Todo lo anterior es parte de las diversas formas de mantener estrategias de seguridad alimentaria para épocas de baja productividad.

Pero además, realizan intercambios solidarios con las demás familias, bási-camente de plátano, yuca, naranja, guayaba y productos de la huerta casera. Igualmente, han mantenido las plantas de productos tradicionales como guatila, calabaza, árbol de balú o chachafruto. Esto ha permitido el consumo de vitami-nas, minerales y proteínas de origen vegetal. También contribuyen en los ingresos monetarios de la economía familiar a través de jornales o actividades productivas dentro y fuera de la unidad productiva, lo que les conlleva la extensión de sus jor-nadas diaria de trabajo: se levantan más temprano, se acuestan más tarde, traba-jan sábados y domingos, no tienen vacaciones, ahorran o valorizan su tiempo en la medida que lo “estiran”. Con este trabajo “invisible”, las mujeres aportan in-gresos monetarios que en la mayoría de los casos se destinan básicamente para la alimentación, en primer lugar, y la educación de los hijos, en segundo.

La contribución de la mujer en estas economías no sólo se da en la segu-ridad alimentaria, haciendo que se mejore el consumo familiar en cuanto a cantidad y calidad a partir de mantener la diversidad en la producción agro-pecuaria y variedad en el consumo familiar, sino que aportan en la generación de ingresos monetarios y no monetarios que se van traduciendo en una mejor alimentación.

En las manos hacendosas de estas mujeres están no sólo las estrategias para asegurar alimentos sino actividades para escalonar posibles ingresos monetarios, para mantener una reserva tanto alimenticia como en términos de una fuente alternativa de ingresos para cualquier caso de crisis coyuntural de entradas monetarias. Estas actividades hechas para la seguridad alimentaria pueden con-vertirse en ingresos monetarios a partir de su venta. Las actividades agrícolas y pecuarias, muchas veces “invisibles”, que realizan las mujeres están dirigidas de una u otra manera a mantener la seguridad alimentaria de la familia. ¿Pero cuándo se hacen visibles? La visibilidad de las actividades agrícolas está en el trabajo como jornaleras que ellas realizan, haciendo un aporte monetario significativo en los ingresos familiares, que van desde un 28 hasta un 57% del ingreso. Junto a esta gran responsabilidad está su trabajo productivo con el cual aportan generando ingresos monetarios y no monetarios para asegurar la subsistencia familiar a corto, mediano y largo plazos. Su fuerza productiva es, en muchos casos, la reserva de fuerza de trabajo para los momentos de crisis coyuntural.


El trabajo del hombre en el cultivo puede considerarse más pesado, pero el trabajo de la mujer distribuido en las diferentes actividades reproductivas y productivas demanda gran parte de las energías de ella a lo largo del día, trabajando en función de todos los demás, extendiendo horarios y haciéndose “invisible” una gran parte de su trabajo.

Por otra parte, se evidenció una marcada división frente a la toma de al-gunas decisiones, donde hay preponderancia del hombre o la mujer. La toma de decisiones sobre asuntos que implican de una manera u otra el bienestar de la familia se hace de manera conjunta. Igualmente, en las familias jóvenes, o donde el hombre debe migrar temporalmente, la mujer debe asumir no sólo la responsabilidad de la casa sino la toma de decisiones de la mayoría de las actividades. Pero también se observa una evolución en la toma de decisiones, dejándose entrever la posibilidad de consulta, el aporte y/o decisión con la mu-jer, pero donde finalmente es el hombre quien termina decidiendo. Existe una actividad y decisión “invisible” que la mujer ha venido cumpliendo referida al consumo y hábitos alimentarios familiares, determinadas en el tipo de alimentos que se compra, formas de preparaciones, consumo y rituales de los mismos; por ejemplo, la cría de gallinas para mantener el consumo permanente de huevos. Se consume un pollo o gallina para celebraciones especiales: visitas, cumplea-ños, épocas decembrinas o Semana Santa.

ALGUNAS REFLEXIONES FINALES

Este estudio nos muestra que las mujeres de la vereda San Francisco en el mu-nicipio de Tibacuy, Cundinamarca —de producción cafetera— , como muchas otras mujeres rurales del país, cumplen no sólo actividades reproductivas dentro de la familia sino diferentes actividades agropecuarias en la unidad productiva, garantizando, por un lado, la reproducción biológica y social de la familia y, por otro, el funcionamiento de la unidad productiva agrícola familiar, contribu-yendo de esta manera a la seguridad alimentaria familiar. Pero las actividades reproductivas y productivas que realizan las mujeres son “invisibles”, además de ser un trabajo de “autoexplotación” de la mujer “estirando el tiempo repro-ductivo” para hacer posible su aporte productivo.

Igualmente, este estudio nos indica que la seguridad alimentaria no sólo está determinada por la disponibilidad de alimentos, sino por el acceso a ellos, y por las condiciones socioeconómicas y ambientales que posibiliten el mejor aprovechamiento de los mismos. Así, no siempre es suficiente tener tierra para


decir que se tiene seguridad alimentaria, sino es necesario ver la cantidad, la calidad, la vocación agrícola, el capital para su explotación, la capacitación y acceso a la tecnología, la comercialización y posibilidades de mercadeo dentro de una economía local, regional y nacional junto a toda la cultural del agro. Igualmente, no sólo con ingresos se garantiza la seguridad alimentaria, pues no siempre se puede disponer de alimentos en cantidad, calidad y variedad y culturalmente aceptables.

Estas familias han creado una serie de estrategias para mantener su segu-ridad alimentaria escalonando sus ingresos monetarios y combinándolos con la producción agropecuaria, los jornales y el autoconsumo, en donde la mujer cumple un rol vital importante. Es de resaltar la práctica de mantener espe-cies menores para la producción de huevos y carne, garantizando el aporte de proteínas de alto valor biológico, así como el rescate de alimentos tradicionales como la guatila y el balú. Sin embargo, la situación nutricional de todas estas familias se encuentra desequilibrada por defecto o exceso, lo que demuestra las fragilidades e inseguridades alimentarias a través del tiempo y las debilidades en cuanto a necesidades de educación y capacitación nutricional que les permita reforzar las prácticas adecuadas y manejar nuevas.

Por otra parte, estas economías inmersas en la dinámica cafetera local y el contexto de crisis nacional generalizada son cada día más frágiles, arrastrando una mayor dependencia de los jornales como trabajadores agrícolas en un proceso de proletarización creciente para hombres y mujeres. Se puede afir-mar que sólo en las condiciones de solidaridad económica familiar dadas entre hombres y mujeres y mostradas por las familias objeto de estudio, con un alto grado de autoexplotación (medido en el tiempo de sus jornadas de trabajo), es explicable su posibilidad de sobrevivencia. Sin embargo, sus esfuerzos no logran ser suficientes para lograr una vida humanamente digna, llevando esta condi-ción a que la mujer con su trabajo “invisible” sea aún más explotada.

Con base en lo anterior, este trabajo concluye enunciando una hipótesis general, según la cual, las anteriores características son el estado propio de la mayoría de las pequeñas y en parte medianas unidades económicas campesinas colombianas, independientemente del carácter básico de sus procesos produc-tivos (café, papa, pancoger etc.), a pesar de ser el café un sector que por sus características de gremio y peso en la economía nacional les ha permitido unas condiciones más favorables frente al resto de campesinos pequeños y medianos productores.

Finalmente, estudios de este nivel micro son de gran utilidad para enten-der las relaciones entre hombres y mujeres en el ámbito rural y su relación


con muchos aspectos socioculturales de nuestras familias campesinas. En este sentido, se puede enmarcar en las reflexiones sobre género y el análisis de la transformación de los territorios rurales (Farah, 2008).

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Género, ambiente y desarrollo. aprendizajes desde las comunidades afrocolombianas del pacífico colombiano

Diana Lucía Maya* y Pablo Andrés Ramos**

[161]

introducción

a medida que pasa el tiempo se hace más evidente el nivel de dependencia que muchas comunidades rurales tienen de los recursos naturales. esta dependencia está mediada por la existencia de bienes ambientales en buen estado para la producción o por los servicios que prestan los diferentes recursos a comunida-des en diferentes escalas. es así como encontramos grupos sociales dedicados a la producción de alimentos o a la extracción de recursos que sirven de alimento o pueden ser transformados para su uso.

las situaciones comunes de pobreza presentes en muchas comunidades se refuerzan en la medida en que la amplia oferta natural de la que antes se abastecían ha disminuido. la disminución de la oferta natural aumenta las situaciones de vulnerabilidad y así continúa el proceso de pobreza-aumento o diversificación de extracción natural. como resultado de esta situación, está la motivación de promover el desarrollo para todos los habitantes del planeta, como resultado de muchos tratados contra la pobreza, en pro de la educación, de la equidad, del hambre, etc. es por esto que a lo largo de la última década se han elaborado y puesto en marcha proyectos de investigación y cooperación tendientes a proponer soluciones y ayuda a los problemas de pobreza en co-munidades rurales.

* msc en desarrollo rural. socióloga, profesora asistente del departamento de desarro-llo rural y regional, facultad de estudios ambientales y rurales. coordinadora del Grupo Género y desarrollo, línea Género y conservación, e investigadora del Grupo instituciona-lidad y desarrollo rural, línea cooperación y comunidades.

** msc en desarrollo rural. ecólogo, profesor instructor del departamento de desarrollo rural y regional, facultad de estudios ambientales y rurales. investigador del Grupo Gé-nero y desarrollo, línea Género y conservación, y del Grupo institucionalidad y desarrollo rural, línea cooperación y comunidades.

DIANA LUCÍA MAyA y PABLO ANDRÉS RAMOS162

Esos proyectos se enfrentan a diferentes niveles de complejidad que no han sido clasificados de manera adecuada por las llamadas “estrategias con-tra la pobreza”. Por una parte se asume una comunidad homogénea y un recurso natural infinito. Es en este punto en que las variables género y con-servación de recursos naturales se vuelven aspectos transversales de todas estas propuestas.

Estos aspectos transversales (género y conservación) derivan en una cantidad de situaciones que en definitiva son relacionales (niveles de confianza, de par-ticipación, de identidad, de objetivos comunes, de conocimiento del estado del recurso, de historia de uso de los recursos) y es lo que se conoce normalmente como “acción colectiva para la conservación de recursos naturales” (un grupo de personas que establece un objetivo y la forma en la que se puede alcanzar) o “capital social” (el resultado de usar ciertos bienes en las redes sociales), sin las cuales la posibilidad de que un proyecto que involucre a la comunidad se lleve a cabo con éxito son muy limitadas.

Las condiciones necesarias para que un proceso comunitario relacionado con la conservación de recursos naturales se realice y se obtengan buenos resul-tados dependen en gran medida de las relaciones sociales alrededor de éstos en las cuales la confianza y la reciprocidad son unos de sus factores estructuran-tes. También por el conocimiento que se tenga de los aspectos biológicos del recurso, de las condiciones locales del mercado y de las diferentes actividades económicas que existan alrededor de éste. Es así como el objetivo de este escrito es ofrecer una mirada desde diferentes posiciones teóricas y metodológicas al problema de la conservación de recursos naturales desde el género, y sus efectos en el desarrollo. Se identifica una relación compleja entre la dependencia de un recurso, la disminución de la oferta o calidad de éste, y las diferentes rela-ciones sociales a partir de las cuales se hace uso de dicho recurso y se pueden promover acciones que mejoren sus condiciones. Lo que nuevamente lleva a sistemas sociales dependientes de recursos naturales que se organizan, en los cuales resulta prioritario mirar la variable género como una posibilidad de ge-nerar acciones coordinadas acordes con las formas de relacionamiento sociales y el efecto de éstas sobre los sistemas naturales.

Como insumo para la demostración de esta fuerte relación entre el género, el ambiente y el desarrollo, se presentará la aproximación metodológica de eco-nomía experimental y herramientas participativas para el análisis de las relacio-nes entre los grupos sociales y el capital natural en la costa pacífica nariñense; así, esperamos ofrecer lecciones y avances en términos teóricos y descriptivos por medio del uso de metodologías innovadoras para estudios sociales.

GÉNERO, AMBIENTE y DESARROLLO 163

ANTECEDENTES

En el año 2002 se inició un proceso de investigación por parte de un equipo interdisciplinario del Departamento de Desarrollo Rural y Regional sobre el análisis de la acción colectiva para el manejo de recursos naturales por parte de comunidades rurales en Colombia.1 En estos procesos de investigación se realizaron 15 estudios de caso que hacen referencia a distintos recursos natu-rales y a diferentes comunidades rurales (campesinos, colonos y afrocolombia-nos), en diferentes zonas de Colombia (Costa Pacífica; Costa Caribe y Región Andina).

cuadro 1

Estudio de casoRecurso natural

extraído Estudio de caso Recurso natural

Sanquianga I Piangua (Anadara tuberculosa)

Providencia C Cangrejo

Sanquianga P. II Pescado Tumaco PescaSanquianga C. II Camarón Bahía Málaga Bosque, pesca,

pianguaNuesa I Trucha Cuenca

de la Laguna de Fúquene

Agua

Nuesa II TruchaBarichara Agua

Cane Iguaque (Chaina)

Agua

Gaira PescaTabio Agua

Estos proyectos permitieron recoger información en campo a través de la combinación metodológica de ejercicios económicos (juegos-economía expe-rimental) y herramientas participativas provenientes del Diagnóstico Rural

1 El equipo de investigación está conformado por Juan Camilo Cárdenas, Diana Lucía Maya, María Claudia López, Pablo Ramos, Daniel Castillo, Ana María Roldán y Liliana Mosquera.


Participativo sobre el comportamiento económico de las personas en dilemas sociales o de cooperación.2 El abordaje de estos dilemas y de la acción colec-tiva desde la perspectiva de género se ha realizado tomado como referencia y estudios de caso la Costa Pacífica Colombiana. (Ramos 2004) y (Maya-Ramos 2006)

APROXIMACIONES CONCEPTUALES

Acción colectiva

Una de las lógicas de la acción colectiva o de la cooperación consiste principal-mente en el estudio formal del problema de la acción colectiva y sus posibles soluciones, mediante el análisis costo-beneficio, la teoría de juegos, la teoría de la elección racional, etc. (Aguiar, 1991:3).

La acción colectiva se puede entender como una de las partes asociadas al capital social (Meinzen-Dick et al., 2004), y tiene diferentes expresiones como los movimientos de resistencia, las movilizaciones sociales, la coordinación entre actores, la creación de grupos, etc. (Taylor, 1991). Para abarcar el concepto de la acción colectiva es necesario aclarar qué se entiende por ‘acción individual’, la cual se refiere a un individuo independiente que tiene la capacidad mental y física para diseñar sus objetivos, alcanzarlos y/o modificarlos en la medida en que reconoce sus nuevas necesidades y las posibilidades que tiene para alcan-zarlas. Bajo esta descripción entonces se podría hablar de la acción colectiva como un grupo de personas que se relacionan entre sí porque comparten algunos objetivos y la intención de alcanzarlos. De acuerdo con los planteamientos de Olson (1965), y que han sido presentados anteriormente, la idea de la acción colectiva para la conservación de recursos naturales no resulta tan clara ni po-sible si los grupos no presentan ciertas características especiales como tamaño del grupo e intereses selectivos, reconociendo también que resulta más efectivo para individuos racionales disfrutar de los beneficios colectivos sin trabajar por ellos (free rider).

2 La descripción metodológica de estos instrumentos puede encontrarse en Cárdenas et al., Manual de juegos económicos y drp, 2006, disponible en www.prgaprogram.org, y en Cárde-nas et al., “Economía experimental y drP: Análisis de cooperación en comunidades rurales”, Revista Cuadernos de Desarrollo Rural, núm. 50, fEar, 2006.


En este caso hablamos de “acción colectiva” tendiente a la conservación o uso sostenible de recursos naturales —sin que eso necesariamente excluya las otras expresiones de la acción colectiva—; ésta puede ser explicada no como una situación netamente diseñada para lograr beneficios económicos individua-les obtenidos sólo por el camino de la colectividad, sino como la respuesta de actores a diferentes incentivos que motivan el interés propio basado no sola-mente en intereses materiales (Oliver, 1993).

Sumado a la acción colectiva y a los conceptos asociados a ésta como son confianza y reciprocidad, resulta relevante para la temática que estamos abordando hablar acerca de la noción de “identidad” en los grupos de acción colectiva. identidad se refiere a las características de las personas, a la configuración de ideas del individuo que tienen relación con sus campos de acción, algunos de éstos pueden ser el familiar, el económico, el sentimental y el de preferencias acerca de la sexualidad, gustos y prácticas (Anderson 1991). El concepto de identidad resulta importante en este trabajo ya que el género se considera como una identidad, ya sea adquirida, practicada u obligada. La discusión acerca del género, la sexualidad y la identidad es amplia y genera constantemente debates acerca de los sesgos en su conceptualización y el impacto de esto en la realidad social de las personas. Como resultado general de esta discusión se tiene que hay gran diversidad de opciones sexuales asociadas o no al género y a los roles sociales que esto tiene. Para este análisis se hará una abstracción de lo que se considera identidad a partir del género (hombres y mujeres) sin pretender obviar o eliminar otras expresiones de género e identidad. Esta abstracción se hace con el fin de facilitar el análisis acerca de las preferencias, motivaciones e intenciones de las personas a partir del género.

Desde la perspectiva de género, Agrawal (1994, 2000, 2001, 2002) ha estu-diado el papel del género, la identidad y la desigualdad en asuntos económicos y de desarrollo en el sur de Asia, estableciendo la necesidad de incorporar las características propias de las mujeres y los hombres dentro de los planes de desarrollo económico con el fin de diseñar políticas de acción. En América Latina, Molinas (1998) realizó estudios del impacto de diferencias de género en la cooperación a nivel local. Estableció que los niveles de cooperación no están linealmente relacionados con los niveles de desigualdad en la dotación de recursos de la comunidad ni con el nivel de asistencia externa, y que la co-operación aumenta a medida que el nivel de participación de las mujeres y el capital social se incrementan.


LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES y SUS IMPLICACIONES EN EL DESARROLLO

La conservación o conservación biológica se define como “la manutención de la biodiversidad y los recursos biológicos a través de la protección, restauración/recuperación y el uso sustentable de los ecosistemas naturales y comunidades ecológicas y las especies silvestres y su diversidad genética” (iucn, 1980). De acuerdo con la anterior definición, la conservación es la manutención de los espacios naturales por medio de la continuación de sus procesos ecológicos y evolutivos. A partir de las propuestas de la biología de la conservación para el cumplimiento del objetivo de la conservación, se identifican principalmente tres mecanismos que difieren en su forma de aplicación, su escala y las condiciones necesarias para ser llevados a cabo.

Los tres mecanismos son los siguientes:

1) La protección, con un objetivo más preservacionista, cercano a la idea de mantener intactas las poblaciones de vida silvestre y su entorno ecológico.

2) Las restauración o recuperación, que tiene como objetivo el restableci-miento de las condiciones naturales de ambientes, comunidades y siste-mas ecológicos que se encuentren degradados o alterados por condiciones naturales o de manera directa o indirecta por actividades humanas.

3) El uso sustentable, con el objetivo del uso y aprovechamiento de los re-cursos biológicos bajo el principio de sustentabilidad ecológica.

Cada uno de los tres mecanismos responde al objetivo último de la conser-vación: el primer mecanismo excluye la participación comunitaria y el segundo y tercero podrían involucrar de diferentes maneras el trabajo e integración de la comunidad —es posible que no se lleguen a resultados exitosos si no se in-volucra a la comunidad en sus fases de planeación, ejecución y evaluación—. Los tres mecanismos son incluyentes, pueden ser fases diferentes de un mismo proyecto o pueden ser ejecutados al mismo tiempo; en la mayoría de los casos son mecanismos complementarios.

Es así como en este escrito se pretende abordar las relaciones sociales locales que se tejen alrededor de los recursos de uso comunitario y que pueden tener una influencia a partir del género de sus actores, y su traducción en situaciones de “desarrollo”. La relevancia de este caso radica en que la descripción de que sean recursos naturales comunitarios es el resultado de la conceptualización


social que se hace a un recurso natural; en este caso se define el recurso de acuerdo a los servicios que presta como sustento, espacio y territorio de comu-nidades rurales.

GÉNERO EN EL DESARROLLO3

Los modelos de desarrollo han ido asumiendo de diferente manera las inequida-des de género en general y el papel de las mujeres en particular. En la evolución de los diferentes enfoques desde el movimiento feminista “Género y Desarrollo” hay un paso desde una visión paternalista, en la cual las mujeres eran receptoras pasivas de programas y acciones, a un enfoque en el cual las mujeres y los hom-bres son o deben ser promotores dinámicos de transformaciones sociales para sus propias vidas y las de los demás. La propuesta de género en el desarrollo es la creación de un modelo alternativo en el cual se tengan motivaciones más allá del crecimiento económico y se incluyan criterios como sostenibilidad ambiental, desarrollo personal y generación de capital social (Ramos, 2007).

En este sentido, resulta pertinente la concepción de desarrollo como liber-tad, planteada por Amartya Sen (2000), en la que el desarrollo es un proceso de expansión de las capacidades y de las libertades reales de que disfrutan los individuos. “El desarrollo consiste en la eliminación de algunos tipos de falta de libertad que dejan a los individuos pocas opciones y escasas oportunidades para ejercer su agencia razonada” (Sen, 2000). Algunas faltas de libertad son pobreza, tiranía, escasez de oportunidades económicas, privaciones sociales, abandono de servicios públicos, intolerancia y exceso de intervención de los Estados represivos. En este sentido, los esfuerzos del desarrollo deben ocuparse de mejorar la vida que lleva la gente y las libertades de que disfrutan todos. En este contexto, aunque el objetivo del bienestar sigue siendo pertinente y nece-sario, dada las condiciones desfavorables de muchos seres humanos en diversas regiones del mundo, el enfoque que trata a las personas como agentes activos de cambio es más relevante hoy, entendiendo la palabra ‘agente’ en el sentido trabajado por Sen (2000) como “la persona que actúa y provoca cambios y cuyos logros pueden juzgarse en función de sus propios valores y objetivos, independientemente de que los evaluemos o no también en función de algunos criterios externos”.

3 Parte de este apartado se basa en Farah (2005b).


Bajo el enfoque de las personas como agentes de cambio es importante llevar a cabo análisis sobre el papel que ellas han desempeñado en la vida política, social y económica y cómo se puede potenciar. En esto es relevante ver las posi-bilidades de acceso y control a recursos económicos y políticos que han tenido y tienen las diversas personas de diferente sexo, raza, edad y condición económica, y cómo el fortalecimiento de dichas posibilidades puede ser un factor de desarro-llo personal y social. Por ejemplo, vale la pena estudiar el trabajo para eliminar la discriminación de género a nivel económico y político que hacen diversas instituciones como los diversos emprendimientos locales con el fin de conocer y entender los efectos reales sobre las condiciones y las relaciones de poder que se dan entre las mujeres y hombres en una sociedad. Este conocimiento debe ofre-cer elementos para determinar acciones en búsqueda de la equidad de género, en donde se asuma el aumento de poder de las mujeres sin que esto signifique que los hombres se queden sin poder y en donde el anhelo de un mayor poder sea visto desde la perspectiva del desarrollo como la expansión de las capacida-des y las libertades. Junto al enfoque de “agente” o de “agencia” está también el reconocimiento de que los individuos desarrollan múltiples identidades, “lo que le permite al enfoque de género no sólo integrar los conceptos de clase y raza, educación, diferencias generacionales y otras categorías analíticas, sino también reconocer que hombres y mujeres presentan múltiples y fragmentadas identida-des que facilitan alianzas estratégicas para el cambio” (Pineda, 2004).

GÉNERO y CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES

Anteriormente en este texto se mencionaron los tres mecanismos tradicionales de la conservación, los cuales involucran de manera diferenciada la participa-ción comunitaria. La protección, la restauración o recuperación, y el uso sus-tentable. La relación entre los mecanismos de conservación y la participación comunitaria es confusa, muchos de los trabajos de conservación tienen como supuesto que se debe trabajar en espacios a los cuales no tenga acceso la comu-nidad, aunque a medida que avanzan estos proyectos se ha ido reconociendo que es necesaria la participación comunitaria en cualquiera de los tres meca-nismos de conservación. Los mecanismos de conservación más cercanos a esta manera de abordar la situación son: la restauración o recuperación y el uso sostenible o sustentable y aunque actualmente la participación de la comunidad en éstos es muy baja, sí se reconoce en sus fundamentos y objetivos la necesidad de la concertación y participación comunitaria.


Estos dos mecanismos se podrían asociar de distinta manera al término de “conservación con base comunitaria” (Schmink, 1999), ya que se hace énfasis en la importancia del trabajo de la comunidad en el cumplimiento del objetivo de la conservación y no se responde solamente a una fase de un proyecto sino a modificaciones en la forma en la que se acceden, usan y manejan los recur-sos naturales. Esto con la intención de continuar con el uso de los recursos por medio del manejo, gestión o planificación de actividades comunitarias que estimulen el mejoramiento de las condiciones sociales y ambientales, para lo cual es necesaria la integración de la investigación científica, la instituciona-lidad local y cambios en la política de manejo y conservación de los recursos naturales.

A partir de estas definiciones y desde distintas disciplinas, en las últimas dos décadas se ha venido discutiendo la necesidad de crear nuevas formas de traba-jo con las comunidades locales sobre el uso y manejo de los recursos naturales que permitan la conservación de estos recursos (Schmink, 1999). Estas nuevas formas de trabajo local incluyen aparte de intensivos análisis biológicos, el aná-lisis de reglas y normas, internas y externas, para el manejo de los recursos, la eficiencia de dichas normas para la sostenibilidad de los recursos, las acciones individuales y colectivas y la cooperación. Los planes de conservación de re-cursos naturales afrontan grandes retos dada la multiplicidad de actores y por ende de intereses que interactúan en el manejo de los recursos naturales. Las comunidades locales usuarias directas de los recursos (de los cuales dependen económicamente y para su supervivencia, y en la mayoría de los casos) deben enfrentar no sólo los intereses del Estado (regulador del recurso) sino tratar también con intereses, perspectivas y grados de poder diferentes al interior de sus propias comunidades. Estos intereses, perspectivas, grados de poder, y la heterogeneidad de los grupos han sido analizados desde distintas disciplinas y desde diferentes categorías y perspectivas de análisis. Sin embargo, el análisis desde la perspectiva de género en la conservación de recursos naturales ha sido más reciente.

El análisis de género aborda las relaciones entre hombres y mujeres, y con-sidera aspectos como las posibilidades (para hombres y mujeres) de acceso y control sobre los recursos y beneficios del bien ambiental (Meinzen-Dick, 1997). Este análisis aporta elementos para la definición de estrategias y políticas para el manejo y uso de recursos naturales por parte de comunidades rurales ya que permite probar el efecto de las relaciones de género en las actividades para la conservación de los recursos naturales, así como identificar acciones focalizadas por género que posibiliten la acción colectiva.


ASPECTOS METODOLÓGICOS

Con la utilización de la economía experimental y el diagnóstico rural parti-cipativo se han explorado a nivel conceptual las posibilidades que tienen las comunidades rurales para generar procesos de cooperación desde la racionali-dad individual y a partir de procesos de acción colectiva. Asimismo, desde la perspectiva de género se han identificado intereses y percepciones que sobre el manejo de los recursos naturales tienen hombres y mujeres:

1) La combinación de la economía experimental y los instrumentos de diag-nóstico rural participativo permiten realizar un acercamiento tanto a los procesos sociales (grupales) como a los intereses individuales que permi-ten el análisis de la acción colectiva y la cooperación de las comunidades para el manejo de recursos naturales.

2) La triangulación (control cruzado) de la información obtenida tanto a partir de los ejercicios para la toma de decisiones económicas como de los instrumentos de diagnóstico rural participativo permite cualificar la información obtenida e identificar algunos elementos que pueden expli-car las motivaciones sociales y económicas que posibilitan o no la coope-ración comunitaria para el manejo de recursos naturales.

3) El análisis de los factores que posibilitan o no la cooperación para el ma-nejo de recursos naturales permite diseñar estrategias de política pública que acercándose a la racionalidad individual y colectiva de las comuni-dades sean más efectivas en términos del manejo de los recursos de uso común.

CONCLUSIONES

Como se mencionó al iniciar este artículo, el análisis de la acción colectiva para el manejo de recurso naturales desde la perspectiva de género se ha realizado en la costa pacífica colombiana, aquí se presentan algunas de las conclusiones más significativas.

1) En la costa pacífica nariñense, y particularmente en el Parque Nacional Natural Sanquianga (Pnns), el acceso a los recursos naturales está dife-renciado por género: los hombres se dedican a la actividad de la pesca


y las mujeres principalmente a recoger piangua (Anadara tuberculosa). Las mujeres en la costa pacífica nariñense tienen mayor acceso y control so-bre el recurso natural comparado con los hombres, dedicados a la pesca, lo que les permite satisfacer sus necesidades prácticas y las de su núcleo familiar y potenciar sus intereses estratégicos.

2) Las posibilidades de tener mayor acceso y control sobre los recursos por parte de las mujeres están directamente relacionadas con las característi-cas del recurso y la forma de extraerlo; éstas son: la posibilidad de mejo-rar las condiciones del recurso a partir de planes de vedas o reforestación del manglar; y la posibilidad de establecer indicadores que les permitan identificar el estado del recurso y las áreas delimitadas establecidas por los grupos para la extracción.

3) Las diferencias en las artes de pesca usadas por los hombres, el alto riesgo en la inversión, así como la baja posibilidad de establecer reglas que per-mitan el mejoramiento del recurso y la baja predictibilidad que se tiene sobre la cantidad que se puede extraer, hacen que las posibilidades de generar acciones que posibiliten el aumento del control por parte de los hombres sobre el recurso para su conservación sean menores que las de los grupos de mujeres.

4) La posibilidad de generar normas dentro de los grupos de mujeres está influenciada por la capacidad que tienen los miembros dentro del grupo de monitorear a los otros, generando la forma de establecer sanciones o aumentar la confianza en los miembros del grupo que cumplen las normas.

5) La actividad pesquera (actividad económica masculina) tiene menor in-cidencia sobre la satisfacción de las necesidades prácticas del grupo fa-miliar y tiene poca incidencia en el logro de intereses estratégicos. Las estrategias de conservación (reglas y normas internas) generadas por los grupos de mujeres se cumplen (tienen mayor control social) y tienen ma-yor nivel de eficiencia sin que exista regulación externa.

6) Para los grupos de hombres (pescadores) la existencia de reglas y normas externas es alta pero con bajo nivel de eficiencia y las reglas internas son casi inexistentes. Esto implica que las reglas y normas impuestas desde el Estado para la regulación de los recursos están mal diseñadas y en particular no son cumplidas.

7) Dado que el recurso pesquero ha disminuido en la zona, los hombres han empezado a dedicarse a la extracción de la piangua, articulándose


a los grupos de mujeres, cumpliendo con sus reglas y normas internas y dejando a las mujeres el manejo de los ingresos que genera el recurso; aunque esto debe ser un motivo de revisión y de establecer nuevas acti-vidades porque así las intenciones y planes de conservación por parte de los grupos sean buenos y cumplidos la sobreexplotación puede acabar el recurso.

8) A medida que se satisfacen las necesidades prácticas de las mujeres y sus familias, aumenta la posibilidad de crear intereses estratégicos que tien-dan a la conservación de los recursos de uso comunitario.

9) Para los grupos organizados por hombres principalmente, las intenciones de asociación y organización son diferentes (recursos, nuevas artes de pesca, etc.) a la conservación de los recursos de uso comunitario.

10). Las relaciones de género y las acciones colectivas para el manejo de los recursos dependen del tipo de recurso extraído, del nivel de dependencia económica del mismo y de las dinámicas de extracción, no dependen únicamente de la condición de género.

Para finalizar, como hemos presentado a lo largo de este escrito, recono-cemos una fuerte relación entre el género, el ambiente y el desarrollo. Para generar lecciones a partir de esta relación nos enfocamos en la relación entre género y ambiente. La relevancia, y quizás lo mas importante en esta relación, es el reconocimiento de diferentes formas de relacionamiento y percepciones que tienen los géneros acerca de la oferta ambiental y las formas en las que se accede a ella y se usa. Estas formas y percepciones están principalmente influenciadas por las posibilidades de acceso que se tienen a los recursos, y la forma en que se usan, así como la distribución que se hace al interior de la familia de los beneficios percibidos por el uso de estos recursos.

Asimismo, la relación entre ambiente y desarrollo nos permite identificar las posibilidades que se generan para diferentes grupos sociales en términos econó-micos del uso del capital natural, y cómo la disminución de la oferta o la calidad de los bienes ambientales usados se traduce en mayores índices de pobreza y riesgo de las comunidades. Como resultado de esta diversidad de relaciones interdependientes el género tiene un papel fundamental por la necesidad de reconocer las diferentes dimensiones que abarca el relacionamiento de hombres y mujeres con su entorno natural y las posibilidades que esto genera en el me-joramiento de las condiciones de vida.


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ArtesAnAs indígenAs y Acceso A los mercAdos: unA expresión de discriminAción culturAl y lAborAl en el contexto mexicAno

Paloma Bonfil Sánchez*

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Ésta es una reflexión sobre la artesanía indígena como representación mate-rial y simbólica de la identidad; oficio en el que se despliegan conocimientos, destrezas y habilidades propios y heredados; y actividad económica para miles de mujeres indígenas de áreas rurales y entornos urbanos que la asumen como estrategia familiar para elevar sus ingresos y para acceder a apoyos productivos. este análisis aborda los mecanismos que reproduce la inserción desventajosa de las artesanas indígenas a los mercados, resultado de la organización de esta acti-vidad, así como de las relaciones de poder que enfrentan las artesanas indígenas y que se reflejan en su actividad. con base en datos del contexto mexicano y una revisión de la literatura para otros países, se puede afirmar que hay discri-minación, transferencia desigual de valor, invisibilización y explotación de las artesanas indígenas mexicanas. este artículo reflexiona sobre la importancia de la experiencia de las artesanas indígenas como una de las transformaciones en las sociedades y economías indígenas contemporáneas, en las que las mujeres tienen un papel activo en la reproducción social de sus colectivos, mientras los cambios en las estructuras patriarcales de poder son más lentos. Finalmente, el trabajo se pregunta sobre el papel y la función del estado en la instauración de condiciones más equitativas para el desempeño profesionalizado, económico y laboral de este sector productivo de la población indígena femenina.

lA ArtesAníA como producto comerciAl cAmpesino

las artesanías indígenas forman parte de la economía campesina y la subsisten-cia que estos pueblos mantienen; lo que actualmente se conoce y consume como artesanía, deriva de una producción originalmente local para el autoconsumo y

* posgrado de desarrollo rural, universidad Autónoma metropolitana-xochimilco.

PALOMA BONFIL SÁNCHEz176

el intercambio a una escala reducida de artículos necesarios en la vida diaria: enseres domésticos, ropa, herramientas de trabajo y artículos ceremoniales y rituales, confeccionados con materias primas de la región, a partir de diseños tradicionales transmitidos por generaciones y de la aplicación de criterios esté-ticos y prácticos de la creatividad y la memoria populares.

Las artesanías son instrumentos que las sociedades indígenas y campesinas han manufacturado dentro de sus actividades para transformar y aprovechar los recursos naturales de su entorno; se trata de productos a veces intercambia-dos, cuyos excedentes se llevan al mercado para generar ingresos adicionales. El surgimiento de artesanos y artesanas como categoría de productores resulta de su inserción en el mercado y de políticas de desarrollo de las dependencias gubernamentales, más que de un proceso propio de vocación productiva en la organización económica y del trabajo de las comunidades rurales indígenas.

La producción de artesanías constituye una fuente de ingresos relevante para las mujeres indígenas: desde la perspectiva productiva, las ramas artesanales a que ellas se dedican (las textiles en telar y bordado; alfarería, cestería y fibras textiles; y madera, principalmente) comparten algunas características de elabo-ración, origen y destino: suelen realizarse en espacios y tiempos domésticos —si bien la masificación y especialización de algunos procesos productivos ha lleva-do el lugar de trabajo fuera de la casa, a los talleres y otros establecimientos—; la producción se organiza dentro de las dinámicas de la unidad doméstica, ya sea individual o colectivamente —aunque cada vez es más frecuente la partici-pación de fuerza de trabajo contratada, no familiar—; el artículo se produce a partir de procesos intensivos en mano de obra y no mecanizados que resultan en la producción de piezas únicas y en cuotas fluctuantes de producción, di-rectamente relacionadas con la habilidad y el oficio de quien las realiza; y por último, la elaboración de artesanías permite distribuir y adecuar los tiempos de trabajo según las necesidades de cada artesana.

Estos factores, si bien inhiben la producción masiva y en serie de las artesa-nas, les permiten controlar tiempos y espacios de trabajo, así como los volúme-nes de producción, adecuándolos a sus posibilidades y obligaciones domésticas. Esto es especialmente importante para las productoras indígenas que encuentran en la artesanía una ocupación generadora de ingresos, cierto reconocimiento y prestigio como sabedoras de un oficio; y una manera de insertarse en el merca-do. En este sentido, la artesanía constituye una estrategia de visibilización de la actividad y la aportación económica de las mujeres de los pueblos indios.

Desde el trabajo familiar indígena para la subsistencia y dentro de las estrate-gias de reproducción social, la artesanía forma parte de las actividades económi-

ARTESANAS INDÍGENAS y ACCESO A LOS MERCADOS 177

cas no agrícolas que convierten al grupo doméstico en una unidad de producción diversificada y con posibilidades de hacer un uso complejo de los recursos de su entorno. En la actualidad, las economías indígenas campesinas orientan la producción artesanal tanto al autoconsumo como a la comercialización, a partir del uso adaptativo de los recursos naturales, de los conocimientos tradicionales, las destrezas aprendidas y desarrolladas por cada artesana, y la racionalización de la fuerza y el tiempo de trabajo domésticos de las mujeres indígenas.

En la medida en que los productos artesanales han perdido parte de sus funciones utilitarias de origen para convertirse en mercancías, dado que la arte-sanía se ha transformado en producción de artículos relativamente suntuarios, puede considerarse una actividad que no compite con la producción industrial, pero que ha sido desplazada por ésta en ciertos nichos de mercado, obligando a las artesanas a competir comercialmente, lo cual trastoca el sentido de su activi-dad y la organización social en que se fundamenta. Así, la producción artesanal es también una transferencia desigual de valor de las economías indígenas ru-rales hacia el mercado. Desde la perspectiva cultural, las artesanías constituyen representaciones del mundo y conforman expresiones de la apropiación de los grupos humanos del medio que los rodea, y un sentido estético único como ex-presión cultural de quien las elabora; las artesanías indígenas tradicionales son también símbolo de identidad puesto a prueba en el mercado.

LAS ARTESANÍAS COMO POLÍTICA DE FOMENTO AL DESARROLLO

En México, la importancia de la artesanía como actividad generadora de ingre-sos para gran número de mujeres indígenas responde en buena medida a los programas que el Estado mexicano ha impulsado durante varias décadas dirigi-dos a las mujeres del medio rural. La dependencia financiera y clientelar de las artesanas indígenas, especialmente las organizadas respecto a las dependencias gubernamentales, responde entre otras cosas a:

a) La necesidad de diversificar sus actividades económicas y sus fuentes potenciales de ingresos, especialmente ante la desincentivación de la pro-ducción de autoconsumo y la desregulación de los mercados agrícolas internos en el país, incorporando, para la sobrevivencia, el trabajo remu-nerado de mujeres, niños y niñas.

b) La riqueza y diversidad culturales de los pueblos indígenas cuyas expre-siones artísticas se han instituido en símbolos de un nacionalismo que,


paradójicamente, ni reconoce ni retribuye el valor del trabajo y el oficio plasmado en la artesanía indígena.

c) La promoción artesanal del Estado mexicano como estrategia de desarro-llo productivo para mujeres rurales e indígenas.

El impulso institucional de la artesanía como desarrollo productivo es un factor externo de transformación de las estructuras organizativas sociales y productivas indígenas y de sus unidades domésticas. Esta intervención se da bajo distintas modalidades: desde la intervención autoritaria en asuntos inter-nos de las comunidades, hasta la posibilidad de gestión de recursos y servicios en beneficio de los colectivos indígenas: escuelas, centros de salud, apoyos eco-nómicos diversos o infraestructura productiva, entre otros. En este contexto, la organización productiva de artesanas indígenas promovida institucional-mente ha abierto un espacio de inserción “pública” de las mujeres indígenas, legitimando su participación en los asuntos de la comunidad y la gestión institucional.

Hasta la administración de Vicente Fox, existían en México 18 depen-dencias federales dedicadas a promover la producción artesanal a través de la oferta de créditos y financiamiento para la compra de materia prima y la comercialización; la capacitación para mejorar las fases del proceso artesanal (nuevos diseños, diversificación de ramas productivas; nuevas técnicas y tecno-logías; sistemas de costeo y comercialización; etc.); la promoción artesanal (fe-rias, concursos, convocatorias, canales de venta, publicación de catálogos, etc.); y el fomento organizativo y productivo de los artesanos y artesanas indígenas (dado que muchos de estos recursos sólo se entregan a figuras asociativas y no a título individual).

Las instituciones de fomento artesanal no tienen una cabeza que articule los apoyos institucionales, mida sus resultados, diseñe estrategias de potenciación de los recursos públicos disponibles, atienda la demanda de las productoras y forme recursos humanos especializados dentro de las dependencias de gobierno, y pese a la aparente abundancia de oferta institucional en apoyo a la produc-ción artesanal de mujeres indígenas y campesinas, los recursos son insuficientes para la demanda generada, y se ejercen de manera discrecional con impactos limitados. Así, los programas gubernamentales de fomento artesanal no han po-dido resolver la problemática del acceso a los mercados de las artesanas indíge-nas; y las estrategias de comercialización han quedado sujetas a las condiciones y la capacidad adaptativa de las propias artesanas, así como a las coyunturas en que producen e intercambian sus productos.


Las artesanas indígenas con cierto control sobre su proceso productivo man-tienen una dependencia con el Estado en términos de comercialización bajo la que se establece la relación clientelar entre las instituciones y las artesanas indígenas, especialmente las organizadas, a través de proyectos productivos y concursos. Este proceso ha enfrentado varios obstáculos para articular las formas productivas tradicionales con aquellas impuestas por las instituciones, especialmente en las modificaciones a la organización del proceso productivo: trabajo colectivo, integración en talleres, producción en serie y formas de aso-ciación (cooperativas, grupos solidarios, asociaciones de productoras) reconoci-das y/o legalmente constituidas, que se exigen a las artesanas para acceder a los recursos públicos. De este modo, la manufactura de productos apegados a la tradición, y la existencia y formación de especialistas artesanos reoconocidos/as en sus propios colectivos, son fenómenos inducidos desde el exterior de las co-munidades y organizaciones indígenas.

Entre los factores que han permitido la emergencia de las mujeres indígenas como artesanas comerciales caben destacar: a) el desplome de los mercados tradicionales por la modernización de las sociedades indígenas —abaratamiento de los productos industrializados que resultaron en la caída de las ventas de artesanía para consumo propio en los mercados locales y regionales—; b) la apertura de mercados que permitió el surgimiento de nichos diversificados para la artesanía indígena para el turismo y los consumidores urbanos de artículos decorativos; c) la falta de opciones de ingresos en las regiones indígenas am-plió el sector informal, ante lo cual las artesanas readaptaron la producción independiente; y d) la crisis económica campesina que fomentó la migración e hizo que más mujeres se dedicaran a actividades no agrícolas generadoras de ingresos, como la artesanía.

Las condiciones externas de transformación de la vida rural indígena en México en las últimas décadas obligó a las unidades domésticas a reorganizar su producción en una variedad de actividades económicas basada en la flexibilidad de sus integrantes para dedicarse a la multiactividad. Así, las artesanas indígenas tienen una experiencia de más de cinco décadas de adaptación de sus condicio-nes personales, familiares y laborales, a la oferta y las directivas institucionales, para captar recursos institucionales en beneficio de sus familias, en un proceso bajo el que se transformaron en agentes económicos de la comunidad y la fami-lia, y ante el mercado y el Estado. La interlocución entre organizaciones de arte-sanas indígenas y las instituciones ha abierto oportunidades y vicios organizativos y productivos vinculados a la intervención institucional, como la dificultad para consolidar organizaciones productivas, dado que los procesos de trabajo no se


han modificado y representan un espacio de resistencia cultural y de género que no ha podido transformarse, ni siquiera bajo la presión de los programas insti-tucionales y los imperativos del mercado. La producción artesanal sigue siendo esencialmente un proceso doméstico, individual o familiar, organizado alrededor de los recursos, los tiempos y las capacidades de cada artesana, lo cual incide en los volúmenes de producción y en las relaciones de las artesanas organizadas. En cualquier caso, las artesanas organizadas conforman un actor social identificable en las comunidades indígenas y en la interlocución con el Estado.

A partir del trabajo institucional con artesanas indígenas bajo las modali-dades propuestas por el Estado, puede observarse que las mejores condiciones para la producción artesanal organizada y colectiva de las mujeres indígenas aparecen en contextos en los que la vocación agrícola de las comunidades indí-genas ha perdido importancia o ha sido desplazada por estrategias productivas combinadas. Cuando las artesanas indígenas están insertas en contextos donde la agricultura es preponderante en la vida social y familiar, la artesanía queda relegada a actividad complementaria; y el espacio organizativo de las mujeres tampoco es fácilmente validado por los colectivos en los que se inserta.

En un diagnóstico con organizaciones de artesanas indígenas, se exploró la importancia de la producción de maíz en sus economías domésticas y se observó que prácticamente la mitad del maíz que se consume en el hogar debe comprarse, lo cual muestra la gran dependencia de los hogares indí-genas de recursos monetarios para su subsistencia; e ilustra una importante transformación económica y social en las sociedades indígenas de hoy. En ese contexto, la necesidad de incorporar ingresos a la unidad doméstico familiar es mucho más alta que lo que era apenas hace dos décadas (Terán y Contre-ras, 2006:13).1

Por otro lado, pese a que los programas institucionales de fomento artesanal han aumentado su importancia económica para las economías indígenas, las ar-tesanas indígenas organizadas representan una forma de resistencia cultural que se expresa en la consideración de la artesanía como estrategia subordinada al carácter campesino de sus culturas y que determina los parámetros de rentabi-lidad, eficiencia y éxito para las propias artesanas. La intervención institucional funciona como intermediación entre las unidades domésticas y los mercados, induciendo en las artesanas indígenas actividades productivas y formas de or-

1 En este diagnóstico (2004-2005) participaron representantes de más de cien organi-zaciones de artesanas indígenas de los estados de Michoacán, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Puebla y Veracruz, que aglutinaban a un estimado de 3,000 artesanas indígenas.


ganización y asociación que cuestionan los sistemas de gestión, representación y toma de decisiones comunitarias respecto a las políticas de desarrollo, lo cual representa cambios profundos en las relaciones de poder, de cooperación y conflicto entre varones y mujeres al interior de los colectivos indígenas.

LAS ARTESANAS ORGANIzADAS: UN ESPACIO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LAS MUJERES INDÍGENAS

Por un lado, las mujeres indígenas conforman poco más de la tercera parte que los varones de la población económicamente activa indígena. Por otra parte, la agricultura intensiva y de temporal no produce ingresos para buena parte de las unidades familiares campesinas que la practican (37%); y otras actividades productivas generan bajos ingresos para las unidades domésticas. Por ello, las artesanas enfrentan un contexto de actividad económica remunerada restrin-gida, en el que sus capacidades, habilidades y conocimientos no se valoran ni retribuyen en los mercados. Así, el éxito relativo de la artesanía como actividad productiva la convierte en recurso estratégico para las mujeres indígenas, es-pecialmente cuando ellas estructuran y mantienen su organización productiva y su comercialización. Así, la dimensión productiva permite recuperar y refun-cionalizar la tradición cultural en la artesanía, pero otras ocasiones, el mercado desvirtúa esa producción al comercializarla, despojándola de sus contenidos culturales hasta el punto de dejar apenas las formas que recuerdan su origen y función primera.

La confección propia y doméstica de artículos bajo técnicas y diseños tra-dicionales es un elemento de identidad para las artesanas indígenas, quienes desde pequeñas aprenden a ser tejedoras, alfareras o cesteras por imitación o por enseñanza, como parte constitutiva de su femineidad y de los roles cultural-mente asignados por género. Este aprendizaje se da en los tiempos y espacios en que las mujeres atienden sus responsabilidades domésticas. La transforma-ción artesanal en mercancía ha implicado la reorganización no tradicional de las artesanas y ha convertido una actividad doméstica y complementaria en recurso económico de gran importancia para las familias, comunidades, organi-zaciones y las propias artesanas indígenas. Esto ha resultado de la intervención institucional, pero sobre todo, de la inserción de las artesanas indígenas organi-zadas en el mercado y de su articulación con otros procesos organizativos, de adaptación, lucha y resistencia, tanto femeninos como indígenas.


El mercado se constituye así en un referente para las relaciones desiguales de género, clase y pertenencia étnica que subordinan a las mujeres dedicadas a la producción artesanal, y constituye también un elemento dinamizador de esa producción, pues a partir del conocimiento empírico de la demanda comercial, las artesanas organizadas desarrollan estrategias como el diseño constante de nuevos productos y estilos; o la adopción de innovaciones tecnológicas que arti-culan la organización económica-social-política indígena con el cambio técnico en un proceso a un tiempo, insumo y producto, generado en espacios domésti-cos y directamente relacionado con la demanda, las políticas y acciones del Es-tado y las organizaciones no gubernamentales involucradas en la transferencia de tecnología, las acciones comunitarias para la producción y el uso de recursos naturales y las decisiones individuales de las artesanas respecto a su actividad (Ramos y Tuñón, 2001:419).

La importancia económica de la actividad artesanal para las mujeres in-dígenas puede considerarse bajo distintos aspectos: por un lado, las artesanas indígenas tienen un acceso restringido a los recursos productivos, económicos y financieros de sus colectivos inmediatos (familia y comunidad), tales como tierras, crédito o tecnología. Por otra parte, la artesanía representa para las mujeres indígenas una actividad conocida, incorporada a sus destrezas, co-nocimientos y tradiciones, que les permite producir bienes con habilidades y recursos que están a su disposición y no les exigen esfuerzos excesivos. Las prin-cipales ramas de producción de las artesanas indígenas en México son la textil —en telar y bordado—, la alfarería, la cestería, el tejido de fibras vegetales y, en menor medida, el trabajo en madera.

Si bien existen diferencias regionales, puede señalarse que en el medio in-dígena se observa el aumento de la incorporación femenina a actividades ge-neradoras de ingresos por la pérdida de recursos productivos en las regiones indígenas y el crecimiento de la pobreza en los pueblos indios. Existen regiones donde las mujeres tienen altos índices de participación económica, como en la Mixteca de Oaxaca, donde alcanzan hasta 82%, y otras, como la región Tenek en San Luis Potosí, donde las mujeres constituyen apenas 25.1% de la Pobla-ción económicamente activa (PEa).

PROBLEMÁTICAS DE LAS ARTESANAS ANTE LOS MERCADOS: EXPRESIONES DE LA DESIGUALDAD

Las artesanas indígenas son productoras en un sector empobrecido de la so-ciedad, y si bien pueden allegarse algunos ingresos adicionales a través de un


trabajo realizado en sus hogares y en sus tiempos disponibles, son altamente vulnerables ante los mercados ya que, en su propio análisis: a) dentro de las comunidades todavía se espera que las mujeres dependan de los varones y no se reconoce la necesidad de proveerles de apoyos económicos, tales como he-rencia, tierra, propiedad de animales, instrumentos de trabajo y conocimientos; b) el trabajo de las mujeres se considera un apoyo a la familia y al varón, no una necesidad propia, aun cuando cada vez hay más mujeres cabeza de familia; c) los derechos colectivos reconocen a los jefes de familia y sólo las viudas o quienes suplen a sus maridos acceden a los recursos económicos y productivos y a la toma de decisiones de la comunidad; y d) las mujeres no son educadas para ser independientes económicamente y les cuesta mucho acceder al recurso económico y conservarlo para sí mismas.

La actividad generadora de ingresos de las mujeres se realiza en la casa, en la comunidad o en las cercanías; y el intercambio en el mercado depende de que la demanda llegue a la comunidad. En estas condiciones, las artesanas no tienen fácil acceso a mercados diversificados, pues tienen pocas oportunidades para escoger a su clientela, buscar una competencia ventajosa, costear adecua-damente sus productos y sostener sus precios. Estas desventajas se acrecientan debido a que no cuentan con información adecuada para comercializar direc-tamente sus productos, o al menos hacerlo con intermediarios justos. Como artesanas, las productoras indígenas trabajan en actividades al alcance de su conocimiento, experiencia, medios y tiempos disponibles; y finalmente, como el trabajo artesanal de las mujeres está limitado por sus responsabilidades fami-liares y domésticas, acotan sus tiempos de trabajo, posibilidades de movilidad personal y oportunidades de capacitación.

En este sentido, las artesanas indígenas ubican los obstáculos para su desa-rrollo económico como grupo y organización, en cuatro ejes principales:

•Pobreza y necesidad: “En la comunidad, el primer problema es la necesidad. Tenemos la necesidad de sacar adelante a nuestro hijos”. En distintos foros e intercambios, las artesanas indígenas han hecho referencia a sus carencias y necesidades en salud, vivienda, educación; a su expectativa de mejorar su calidad de vida.

•Relaciones de género, familiares y comunitarias: Con frecuencia, las artesanas han mencionado la necesidad de “quitarse el miedo”; y de contar con el apoyo de sus esposos y familias para resolver su dilema de trabajar y descuidar su casa y su familia y enfrentar las críticas, bastante comunes, de la comu-nidad “por ir y venir cuando salen a vender sus cosas”.


•Problemáticas de la producción, gestión y comercialización de sus artesanías: Estos problemas derivan de la falta de apoyo institucional para la compra de ma-teriales y del “incumplimiento de los compromisos por parte de las depen-dencias” a nivel federal, estatal y municipal (suele registrarse, por ejemplo, la falta de apoyo a las organizaciones de artesanas por razones políticas y partidistas). Respecto a la producción y comercialización de artesanías, se menciona también la falta de mercados seguros, pues a sus casas y comuni-dades “se presentan intermediarios que quieren ser compradores exclusivos y que imponen sus precios y condiciones”.

•De índole organizativa: Las artesanas indígenas suelen señalar la falta de inte-rés y compromiso individual y grupal de muchas de sus compañeras para sacar adelante su producción, que estallan en envidias, deficiencias en el trabajo y conflictos interpersonales como la falta de respeto entre ellas. Por otro lado, se ha señalado la falta de transparencia por parte de represen-tantes de grupos en el manejo de información y la rendición de cuentas, la deserción de compañeras integrantes de los grupos de artesanas, y el que no exista una formación de dirigentas artesanas que les permita fortalecer sus estrategias comerciales y productivas. (Solano, 2005).

Si se añade que la mayoría de las artesanas no cuenta con herramientas para realizar un análisis de los costos de producción, la comercialización de los productos de las artesanas indígenas se realiza la mayor parte del tiempo con pérdidas, pues no se contabilizan el tiempo invertido en su trabajo ni el valor de su mano de obra y la de sus familias. Así, para muchas alfareras esta actividad es cada día menos sustentable, ya que deben comprar el barro, las pinturas y la leña, que ya no se consiguen localmente o que, en muchas ocasiones, cuando forman parte de los recursos colectivos de la comunidad, tampoco se les permi-te su aprovechamiento. Hoy, cada vez es más frecuente que los recursos de la localidad se exploten comercialmente y que las artesanas paguen por ellos.

Ante las diversas barreras comerciales, las artesanas indígenas han impulsado estrategias de venta en tres sentidos principales: a título individual, en procesos en los que cada una define sus precios y condiciones; en colectivo; o por inter-mediación de algunas representantes que se especializan en la comercialización de los productos y cuya función permite reducir los costos de comercialización, tanto económicos (viáticos y pasajes para desplazarse a puntos de venta fuera de la comunidad) como sociales (resistencia conyugal y familiar a la salida de las artesanas de la casa y la comunidad, control social expresado en el chisme y la descalificación; y temor a salir solas fuera de la comunidad).


RESPUESTAS, ESTRATEGIAS y DEMANDAS DE LAS ARTESANAS INDÍGENAS

La artesanía ha sido definida por las propias artesanas2 como “un producto he-cho a mano, elaborado con materiales naturales con diseños tradicionales que forman parte de lo que nos han dejado nuestros antepasados”. Las artesanas indígenas también han caracterizado su oficio como una actividad transmitida entre mujeres, que se aprende desde la infancia por observación y práctica, y que les da sentido de identidad cultural: “si dejáramos de trabajar las artesanías, perderíamos nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestras costumbres”.

Como expresión de identidad, indígena y femenina, como alternativa de ocu-pación y estrategia económica validada culturalmente, la producción artesanal es una opción muy importante para las mujeres indígenas. Ante las dificultades del intercambio mercantil de esta producción femenina indígena campesina, las artesanas de los pueblos indios en México han desarrollado estrategias de orga-nización que conforman un amplio rango de relación con los mercados, en las que algunas veces —todavía contadas— las artesanas han logrado ganar cierto terreno a la exclusión. Una de esas estrategias ha sido la conformación de grupos organizados para producir y, sobre todo, comercializar las artesanías. Estas or-ganizaciones se han conformado en interlocutoras reconocidas dentro y fuera de la comunidad y se ha observado que las más consolidadas (con mayor número de integrantes, con mercados diversificados, con estructuras propias de decisión, con diversificación de fuentes de financiamiento, y con capacidades de gestión, dentro y fuera de la comunidad) suelen coincidir con las regiones donde se han dado movilizaciones políticas indígenas. Es decir, las organizaciones de artesa-nas indígenas responden a las relaciones políticas de sus pueblos, si bien hay casos (Puebla, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo y Chiapas, principalmente) en que estos procesos han derivado en reivindicaciones de género ante las estructuras comunitarias, ante las dependencias del Estado, en exigencia de participación en los recursos colectivos y en el respeto y reconocimiento a las demandas y los aportes de las mujeres a la familia y la comunidad.

2 Entre 2004 y 2005 se realizaron seis diagnósticos estatales sobre la problemática de producción, comercialización y organización de las artesanas indígenas en Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero, promovidos por la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades Indígenas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos In-dígenas (cdi).


Estas experiencias organizativas de las artesanas conforman una demanda ante el Estado a partir de su reivindicación como agentes económicos y como sujetas de derecho que reta los marcos institucionales de fomento artesanal, tradicionalmente concebido como extensión del trabajo doméstico y familiar de las mujeres, y que no reconoce las especificidades ni las necesidades concretas de artesanas indígenas, mientras no logran estructurar apoyos más allá de una visión productivista ni aprovechar el espacio productivo para impulsar la orga-nización y la autogestión, el desarrollo de capacidades y su participación en la toma de decisiones.

Según los planteamientos de los grupos de artesanas, una respuesta pertinen-te sería la coordinación entre instituciones y organizaciones no gubernamenta-les para el impulso de una estrategia integral que incluya, junto a los aspectos técnicos para el desarrollo productivo de las artesanas, la formación en equidad y derechos de las mujeres indígenas, entre otros aspectos relevantes, a partir de los tiempos y necesidades de las artesanas; así como de la dinámica local como reconocimiento a la diversidad de situaciones que responden a una subjetividad y una historia distintas para cada etnia y comunidad (Solano, 2005).

Como actividad colectiva, la producción artesanal también ha permitido a las organizaciones de mujeres indígenas ampliar sus redes sociales de reci-procidad, fortalecer su seguridad personal y su autoestima, reconocerse como productoras y agentes del bienestar en sus familias y comunidades, y en esa medida, saberse acreedoras de derechos y construir las condiciones para exi-girlos, dentro y fuera de sus familias y comunidades. El trabajo y el mercado han pasado a ser, en este contexto, herramientas de construcción y ejercicio de ciudadanía.

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El manEjo dE los rEcursos naturalEs y los rolEs dE génEro: una propuEsta dErivada dE la autonomía zapatista1


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El 1 de enero de 1994, en el estado de chiapas al sur de méxico, el Ejercito za-patista de liberación nacional (ezln) hace su aparición pública a partir de un levantamiento armado que puso en evidencia las condiciones de marginación y pobreza en que viven la mayoría de los indígenas en el país. En poco tiempo, el ezln incluyó la participación de la sociedad civil y de las redes internacionales de apoyo, lo que lo llevó a transformarse en un movimiento social. El zapatismo se ubica dentro del grupo de movimientos sociales latinoamericanos que han surgido en los últimos 20 años, entre los que se encuentran los sin-tierras del mst en Brasil, las luchas campesinas en paraguay y los levantamientos indíge-nas en Ecuador y Bolivia, o algunos de corte urbano como los piqueteros en argentina (stahler-sholk et al., 2008). Estos movimientos son expresiones del rechazo a la implantación del neoliberalismo y sus consecuencias económicas, políticas y sociales (seoane et al., 2006).

Estos movimientos sociales latinoamericanos se caracterizan por tener una base territorial y una inscripción identitaria, así como por sus formas de lucha y organización, su entendimiento de la acción colectiva y su relación con el poder y el Estado. En el caso zapatista, surge la exigencia por la autonomía, la cual cuestiona las bases del Estado-nación y hace un reclamo por la democrati-zación. de igual forma, la autonomía implica que los pueblos indígenas puedan ejercer la libre determinación, es decir, que tengan derechos específicos que les permitan tomar decisiones sobre lo que los afecta, aunque, siempre dentro

1 Este ensayo está basado en información obtenida a través de trabajo de campo durante 2008 y 2009; se utilizó una metodología participativa con técnicas de entrevistas, talleres de grupos focales y observación participante. la zona de estudio es el municipio autónomo zapatista ricardo Flores magón ubicado en la selva lacandona en el estado de chiapas, al sur de méxico. a petición de las personas involucradas sus nombres se cambiaron.

* doctorado en desarrollo rural por la universidad autónoma metropolitana, unidad Xochimilco. correo electrónico [[email protected]].


de los marcos del Estado-nación (Gabriel y López y Rivas, 2005; Seoane et al., 2006; Gutiérrez, 2008).

Al mismo tiempo que el zapatismo genera propuestas con eco a nivel glo-bal, a nivel local se enfoca en la construcción de la autonomía, a través de formas innovadoras de autogobierno en el ámbito de la comunidad, el muni-cipio autónomo y, a partir de 2003, en las Juntas de Buen Gobierno (Gonzá-lez-Casanova, 2003). Estas nuevas formas van creando sistemas alternativos de educación, salud y justicia, así como proyectos de agroecología, producción, comercialización y comunicación (Mattiace et al., 2002; Stahler-Sholk, 2007); tratan de resolver las necesidades básicas para la subsistencia y enfrentar la pobreza extrema que hay en la zona, de esta manera realizan una tarea que le correspondería al Estado, pero que éste no ha cumplido. Como resultado, se generan nuevas relaciones sociales que dan legitimidad política a las pro-puestas zapatistas a nivel local, lo cual facilita la concreción de acuerdos con posiciones diferentes al zapatismo, creando un espacio donde día con día se experimentan maneras de convivir y planear un futuro conjunto dentro de la diversidad.

Si bien el zapatismo no tiene como eje principal la defensa del medio am-biente, la construcción de autonomía implica nuevas formas de entender lo am-biental; conlleva la exigencia “de poder organizar y decidir” sobre el territorio y los recursos naturales que posee. Esto implica una visión y prácticas distintas a las que provienen de los intereses hegemónicos conservacionistas o aquellos que buscan transformar el ecosistema para fines económicos, como en el caso de la explotación minera, petrolera, hidroeléctrica o la construcción de carreteras.

Paralelamente, dentro de la organización zapatista se replantean las relacio-nes y los roles de género en distinto ámbitos de la vida, se visualizan nuevos derechos, rupturas con lo tradicional o resignificación de algunos aspectos de ser indígena. En el caso de las mujeres, el proceso de construcción de autono-mía representa la posibilidad de concretar los derechos plasmados en las Leyes Revolucionarias de las mujeres, los cuales son vividos de formas diferentes se-gún la comunidad, la edad de las mujeres, su formación política, la familia, etc. Si bien dichas leyes no tienen que ver directamente con el manejo de recursos naturales, sí lo hacen con la participación política y la toma de decisiones, que es un punto importante en el manejo de los recursos naturales.

De igual forma, el reconocimiento de la autonomía sería un mecanismo para que las mujeres zapatistas puedan lograr que se cumplan sus derechos y exigencias que van desde el nivel familiar hasta el Estado. Dichas exigencias y derechos incluyen aspectos relacionados con el acceso, el control y el manejo

EL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES y LOS ROLES DE GÉNERO 189

de los recursos naturales;2 sin lo anterior no se lograra plenamente la equidad de género, un ejemplo es que en contextos tradicionales, las mujeres no tienen acceso a algunos recursos como la propiedad de la tierra, ni pueden decidir sobre las formas de control y manejo de la selva. No obstante, en el marco de la construcción de la autonomía zapatistas, esto comienza a debatirse.

Este ensayo busca analizar desde la perspectiva de la decolonialidad cómo la autonomía zapatista es un escenario donde surgen nuevas formas de manejo de los recursos naturales, se toma en cuenta la influencia que tiene el género. Se eligió hacer un análisis desde la decolonialidad3 ya que permite identificar visio-nes no únicas y se pueden explorar concepciones no dicotómicas tanto del medio ambiente y sus recursos naturales como del género. Respecto a los dos primeros, surgen posibilidades, más allá de aquellas que consideran que el medio ambiente sólo se puede considerar como conservado o no conservado, lo cual conlleva a replantear cambios en las ideas extremas de las relaciones sociedad-naturaleza,4 por una visión donde exista cabida a la diversidad, la equidad y la autonomía en el manejo de los recursos naturales. Sobre el género se exploran concepciones variadas y se deja atrás la idea de que las mujeres indígenas están en la innova-ción o en la tradición si no se considera que es una mezcla, y que no todas las mujeres indígenas son iguales, sino que tienen una gran diversidad y que es a ellas a quienes les toca decidir sobre cómo quieren que sea su vida.

Un proceso descolonizante respecto al manejo de los recursos naturales im-plica el reconocimiento del derecho a la autonomía para los pueblos indígenas,

2 El término control se refiere al poder de decisión. En algunas circunstancias, las mujeres pueden llegar a tener el acceso (la posibilidad de utilizar) a un recurso, por ejemplo la tie-rra, y tener limitado control sobre éste —no puede decidir si se vende o se alquila (Alfaro, 1999). El término manejo se utiliza para hacer referencia principalmente al aprovechamiento de recursos y a la conservación del ecosistema (Grumbine, 1997).

3 El pensamiento decolonial plantea que para romper con la colonialidad es necesario dejar las implicaciones racializadas y capitalistas provenientes del pensamiento occidental eurocéntrico. Busca construir un proyecto desde la visión de los pueblos colonizados, y com-pletar la descolonización iniciada con los procesos de independencia, logrando visibilidad y respeto para formas de pensamiento no eurocéntricas. Asimismo, esto no implica sustituir lo occidental por lo indígena o lo latinoamericano de manera fundamentalista, sino permitir la diversidad (Dussel, 2000; Grosfoguel, 2007).

4 Durante mucho tiempo se manejó la idea de que la relación sociedad-naturaleza sólo podía ser donde la primera dominaba la segunda, posteriormente esta idea se invirtió por una visión más egocéntrica, donde la sociedad debe construirse sin alterar a la naturaleza, estas dos visiones resultan extremas, es necesario encontrar el punto medio.


lo cual se reflejaría en que éstos puedan manejar los recursos naturales que existen en sus territorios como consideren adecuado, sin necesidad de ser “tuto-reados” por un experto, ni que tengan que responsabilizarse inequitativamente de cuidar el medio ambiente.5

Cajigas (2007) propone el término de biocolonialidad para referirse a los pro-cesos de la colonialidad relacionados con el medio ambiente; al respecto, en la región de las cañadas en la Selva Lacandona, esto se expresa como la introduc-ción de cultivos exóticos, la bioprospección, la promoción de los transgénicos, el ecoturismo o el pago por servicios ambientales. En este sentido se puede considerar que hay una imposición de un modelo donde no se consideran los intereses de los actores locales; aunque en algunas opciones se toman en cuen-ta aspectos de sustentabilidad ecológica, se está lejos de lograr sustentabilidad económica o social, ya que no se ven mejoras sustanciales en la calidad de vida de las comunidades de la zona.

En las comunidades zapatistas, como parte de la construcción de la auto-nomía, se comienzan a generar prácticas descolonizantes que son resultado de un proceso político y organizativo que les permite una nueva identidad como zapatistas. Respecto al medio ambiente, han surgido formas particulares de manejar los recursos naturales, las cuales son una mezcla entre la tradición y la innovación. Cabe resaltar que lo anterior incluye cambios en el papel que tradicionalmente se asignaba a las mujeres, pues ahora hay mayores espacios de participación y derechos para este grupo.

En este sentido, se encuentran las Leyes Revolucionarias que son una pla-taforma básica de derechos para ellas; aunque dichas leyes no mencionan di-rectamente ningún aspecto relacionado con los recursos naturales, sí hablan del derecho a la tierra para las mujeres, lo que en la práctica incluye el territorio y sus recursos. Lo relevante respecto a que las mujeres zapatistas puedan acceder a la tierra no es sólo que esté en una ley, sino que se lleve a la práctica, ya que autores como Vázquez (2001), y Deere y León (2002), han documentado que la posesión de la tierra no depende de las leyes constitucionales, pues a pesar de que éstas dicen que las mujeres pueden acceder a la tierra no ocurre así,

5 Las inequidades en el cuidado del medio ambiente tienen que ver con la idea de res-ponsabilizar a quienes viven en zonas rurales insertas en sitios de gran importancia ecoló-gica, de conservarlos sin importar que esto disminuya o ponga en peligro su subsistencia o calidad de vida, al prohibirles el uso de los recursos naturales o imponerles una forma de hacerlo, mientras que a quienes habitan en países desarrollados no se les exige que dismi-nuyan su nivel de consumo.


sino que predominan las formas tradicionales de tenencia, donde las mujeres sólo tienen una posesión de forma temporal como custodia para un hijo menor, los casos donde obtienen derechos agrarios es al morir; el esposo, pero no por una petición independiente. En el caso de las comunidades zapatistas, existen algunas mujeres que adquieren derechos sobre la tierra independientemente del marido o el padre. Sin embargo, aún siguen presentes las costumbres: algunas mujeres mencionaron que aunque ellas consideraban que necesitan una peda-zo de tierra y que las respaldaban las Leyes Revolucionarias, no se atrevían a solicitarla ante la asamblea por pena, por miedo o simplemente porque consi-deraban que eso no era “cosa de mujeres”.

RESISTENCIA COMO PRÁCTICA DESCOLONIzANTE

La resistencia es una expresión que engloba varias prácticas descolonizantes.6 Para las mujeres y los hombres zapatistas del Municipio Autónomo Ricardo Flores Magón, la resistencia trae consigo soportar, al mismo tiempo que re-chazar todo aquello que provenga del Estado, el cual no ha cumplido con los Acuerdos de San Andrés.

En los Municipios Autónomos no se acepta a las autoridades oficiales que representan al gobierno mexicano, sus instituciones ni sus proyectos de desa-rrollo. La resistencia es ante todo un acto político que replantea el proyecto de futuro y que implica hacer sacrificios hoy, con la esperanza de que el mañana será mejor; de igual forma, se dejan de lado los intereses individuales a favor de una construcción colectiva, la cual no siempre es armónica, sino al contrario, es contradictoria e implica procesos de negociación constantes entre las bases de apoyo zapatistas.

En el escenario de la resistencia, los recursos naturales y las propuestas para manejarlos adquieren relevancia, ya que al no contar con apoyos guber-namentales que ayuden a la subsistencia, se tienen que construir alternativas. En este sentido, es necesario aclarar que no todas las propuestas derivadas de la resistencia están enfocadas en la subsistencia, ni tienen que ver con aspectos ambientales, pues hay algunas acciones que comenzaron como parte de la re-sistencia y han tenido consecuencias sobre el medio ambiente. Un ejemplo es

6 Es importante aclarar que la propuesta de autonomía zapatista conlleva la resistencia, práctica en la que las comunidades zapatistas no reciben ningún tipo de apoyo proveniente del gobierno mexicano ni de sus instituciones o proyectos.


el acuerdo para no usar agroquímicos, el cual inició como parte de los actos de resistencia, ya que éstos eran proporcionados por dependencias gubernamenta-les. Sin embargo, es un hecho que tiene consecuencias ambientales y modificó algunas de las divisiones de trabajo a partir del género.

Dejar de usar agroquímicos impulsó la búsqueda de alternativas y cambios en los sistemas de producción, sobre todo en la milpa y los cafetales. Asimismo, ayudó a crear conciencia del daño que causaban y que era posible obtener bue-nas cosechas sin utilizarlos. Se empezaron a retomar conocimientos olvidados y a incorporar ideas nuevas, eso permitió combatir algunas plagas, así como el man-tenimiento de suelos fértiles. En cuanto a los roles de género implicó que las mu-jeres trabajaran más en las tareas agrícolas, no porque antes no lo hicieran, sino porque se volvió una constante, ya que la agricultura sin agroquímicos requiere mayor trabajo. No obstante, esto, junto con las Leyes Revolucionarias y la pro-moción de la participación de las mujeres en los proyectos autónomos, condujo a que algunas de ellas comenzaran a ganar espacios para decidir y participar.

CAMBIOS DE ROLES DE GÉNERO RESPECTO AL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES

Los cambios en los roles de género respecto al manejo de los recursos naturales se visualizan fácilmente en los sistemas productivos. Las mujeres se incorporan, pero no siempre hay un apoyo en el trabajo doméstico por parte de los hom-bres. Ellas consideran que se beneficiaron respecto a las decisiones y al trato que reciben por parte de sus esposos, consideran que ahora cuenta su opinión sobre lo que se hace con las cosechas, sobre todo las de café, sin que eso pro-voque conflictos o violencia, así como lo expresa el siguiente testimonio.

Los zapatistas no maltratan a las mujeres porque hay reglamento, cuando van a vender café, van juntos [hombre y mujeres] para comprar cosas para la familia o si no las mujeres le encargan lo que necesitan, porque en Ocosingo es más barato… Los zapatistas no toman trago, por eso no se gastan el dinero del café en el trago, y es para la familia, no como los prijistas que llegan borrachos, sin dinero y a golpear a su mujer (Entrevista Lucía, mujer base de apoyo zapatista, noviembre de 2008).7

7 Corresponde a los pueblos y comunidades indígenas que pertenecen a la organización zapatista.


Para entender cómo es la subsistencia se analizan los sistemas producti-vos, los cuales se clasifican de acuerdo con las combinaciones que presentan según las comunidades de estudio. Se encontró que hay milpa-huerto, huerto-milpa-cafetal, huerto-milpa-cafetal-montaña, huerto-milpa-ganadería y huerto-milpa-cafetal-ganadería-montaña.8 Algunos son más complejos que otros, esto depende de la historia y las características ambientales de las comunidades.

En todas las comunidades hay milpa y huerto, la primera está a cargo de los hombres con apoyo de las mujeres, mientras que el huerto es responsabilidad de las mujeres; obtienen frutos, hortalizas, plantas comestibles, aromáticas y medi-cinales, una parte es para consumo de la familia y otra para vender en la misma comunidad o fuera en sitios cercanos como Palenque u Ocosingo. La tarea de salir a vender a estos sitios es de los hombres, mientras las mujeres lo hacen en la comunidad o preparan productos a partir de lo que obtienen del huerto, como mermeladas, conservas o chocolates (quienes tienen cacao), que por lo general lo compran los no-zapatistas, que no están en resistencia y reciben apoyos guberna-mentales. Algunas mujeres comentaron que ellas podían hacerlo porque habían recibido capacitación a través de los proyectos autónomos de educación o salud. Lo importante de estas prácticas es que además de representar un ingreso que ayuda a la subsistencia, forman parte de las estrategias desarrolladas para poder mantenerse en resistencia y no recibir nada proveniente del Estado. Esto signifi-ca que la autonomía implica cambiar la lógica de la subsistencia.

En algunas comunidades además hay cafetales, esto es un punto relevante, ya que el café es un cultivo de interés comercial, lo que genera tensiones, pues puede ser una forma de lograr una vida digna para las comunidades, pero también puede conducir a formas de explotación y desigualdad. Por lo tanto, en el Municipio Autónomo Ricardo Flores Magón se planteó un proyecto para comercializar café, el cual trata de lograr a largo plazo la consolidación de una cooperativa de café orgánico y de comercio justo. La idea no es úni-camente obtener mayores recursos económicos, sino la forma de hacerlo, ya que si bien esto implica entrar al mercado, es bajo reglas distintas, buscando generar relaciones donde se rompa con la subordinación y la colonialidad.

8 La milpa es el sistema productivo principal. Cada familia cultiva aproximadamente dos hectáreas. Se siembra maíz, frijol, calabaza, chaya y yuca, principalmente. También se obtienen algunas plantas como la yerbamora, el mumun y algunos hongos. Se siembra dos veces por año, en mayo y noviembre. La milpa básicamente es para autoconsumo, es poco lo que se vende. El huerto en algunos casos incluye animales domésticos como pollos, patos y guajolotes, útiles para la subsistencia familiar.


Hasta el momento, el proyecto ha funcionado a partir de la compra solidaria de algunos colectivos de Estados Unidos, los cuales pagan mejores precios a los productores en el momento que entregan el café, pero se plantea regresar las ganancias obtenidas por la venta del producto al Municipio Autónomo para que con ese dinero se puedan financiar otros proyectos. Es decir, no sólo se beneficia el productor, sino quienes no lo son también se ven favorecidos en el momento en que se fortalecen los proyectos autónomos de salud o educación, principalmente. El proceso es lento, sin embargo, abre posibilidades de lograr fortalecer la autonomía y un cambio en las relaciones comerciales, al mismo tiempo que se convierte en una opción que puede tener consecuencias positivas para el medio ambiente, sobretodo si se entra en un esquema de producción orgánica. No obstante, la participación de las mujeres no ha sido muy notoria; aunque ellas realizan algunas tareas en la recolección y procesamiento del café, no hay ninguna que se haya capacitado como “promotora o técnica de café”, ya que esto se considera un espacio masculino. Lograr la incorporación de las mujeres a proyectos como éstos es un reto en la construcción de la autonomía, ya que aquí se siguen presentando algunos aspectos de la colonialidad, bajo la cual las mujeres no suelen participar; sin embargo, se comienza a discutir sobre la necesidad de que ellas estén presentes en proyectos como éste.

Otro sistema productivo que poseen algunas comunidades es la ganadería bovina de tipo extensiva; por lo general se trata de pocas vacas, no más de 10. Se considera que las vacas son una forma de ahorro que permite disponer de dinero en caso de una emergencia —pocas veces generan un beneficio di-recto y cotidiano—. Sin embargo, en algunas comunidades han modificado la dinámica familiar y los roles de género debido a que la ganadería en la zona de estudio implica trabajo adicional al que normalmente realiza una familia para subsistir, por lo que las mujeres y los niños se tienen que involucrar en el cuidado de las vacas; cuando no lo hacen y esta tarea sigue en manos de los hombres, entonces las mujeres tienen que hacer más labores en la milpa o el cafetal, además del trabajo doméstico. Las razones por las cuales hay vacas en algunas comunidades, probablemente tiene que ver con que la mayoría prove-nía de fincas que en algún momento fueron ganaderas, por lo tanto, al trabajar como peones, aprendieron algunas cosas sobre cría y cuidado del ganado, lo cual se conjugó con que durante la década de los setenta y ochenta el Estado promovió la ganadería. Respecto a la ganadería, comienza a surgir una discu-sión y contradicciones entre los zapatistas acerca de si ésta es una opción que realmente favorezca la construcción de la autonomía, aunque la práctica de la cría de vacas tiene todavía varios simpatizantes.


Otra fuente de recursos es la montaña, la cual está conformada por zonas donde el ecosistema está conservado o por acahuales que son sitios con vege-tación secundaria;9 en los dos hay plantas y animales silvestres. De aquí las co-munidades obtienen leña, materiales para construcción, alimentos, medicinas, además de que los procesos ecológicos generan beneficios indirectos como la regulación del ciclo del agua. En las zonas conservadas, la mayoría de las veces son los hombres quienes pueden acceder a los recursos; básicamente se trata de madera para construcción, leña, plantas medicinales o comestibles y animales para alimento, como venado, jabalí, mono, tepezcuintle, y algunas aves y ser-pientes. Mientras que es más común que las mujeres accedan a los acahuales. La división de espacios tiene entre otras causas el esfuerzo físico que implica ir hasta las zonas conservadas.

Las mujeres van a los acahuales por plantas comestibles, medicinales, aro-máticas o de ornato, algunas veces se las llevan y las siembran en el huerto, así las tienen a la mano. Aunque no todas las mujeres lo hacen, algunas, cuando van a los acahuales, si encuentran algún animal pequeño, como el armadillo o el tepezcuintle, lo cazan. Esto se relaciona con la historia de la colonización de la selva, ya que cuando llegaron a formar las comunidades, el lugar estaba rodeado por vegetación primaria, lo cual implicaba la presencia de animales silvestres; mientras los hombres salían a trabajar, si los animales se acercaban a la casa, las mujeres los mataban utilizando un machete. En la actualidad, aun-que ya no llegan los animales cerca de las casas, algunas mujeres no les tienen miedo y los cazan, aunque lo hacen con machete y no con escopeta como los hombres. El siguiente testimonio expresa lo anterior:

Sí, las compañeras sí saben cazar, luego cuando no estaban los compañeros, las compañeras cazaban y cuando llegaban encontraban que había carne. Ahora cazan en el acahual, si hay un buen perro que le ayude, usan el machete para matarlos […]Ellas no esperan a que nosotros vayamos a cazar, ellas pueden, son fuertes, son valientes, por eso son zapatistas (Entrevista, Juan, base de apoyo, febrero de 2008).

Un punto que es importante mencionar es la leña, ya que en este trabajo se encontró que las mujeres no la recolectan: esa tarea es exclusiva de los hom-bres. A diferencia de lo que reportan autores como Daltabuit et al. (1993), esto

9 Es la vegetación que hay desde que se abandona un terreno agrícola o ganadero has-ta que termina por re-convertirse en una selva madura o montaña que también se conoce como vegetación primaria.


probablemente tiene que ver con que ahora hay que ir más lejos para traer la leña. Aunque las mujeres no recolectan leña, sí le especifican al marido o a los hijos de que árboles debe ser ésta, ya que algunas producen mucho humo; cuando los hombres tienen que salir de la comunidad traen una cantidad de leña más grande para que alcance mientras ellos no están.

El acceso a los recursos y la división de tareas por género respecto a la mon-taña no es nueva ni resultado de la autonomía, sino del proceso histórico. Sin embargo, desde el momento que los zapatista iniciaron la resistencia, esto ha llevado a buscar alternativas de subsistencia, las cuales incluyen retomar prácti-cas o conocimientos que en otras circunstancias no usarían, como el hecho de que las mujeres cacen animales. Asimismo, la montaña representa una zona en disputa: ya que para los zapatista es una fuente de recursos para sobrevivir, ellos mismos buscan formas para no terminárselos, y han creado reglas y acuerdos para lograrlo. Lo anterior es un ejemplo de ruptura con la biocolonialidad, que se manifiesta a través de los planes gubernamentales que buscan establecer pro-yectos ecológicos (ecoturismo o bioprospección) en las zonas conservadas, lo cual es rechazado por los zapatista por considerar éstos que no tienen nada que ver con la forma en la que ellos quieren vivir. De igual manera, resalta que aunque las mujeres no acudan a las zonas conservadas, comienzan a participan en la toma de decisiones respecto a su manejo, ya sea a nivel familiar, comunitario y municipal a través de las asambleas, como muestra la siguiente entrevista:

Las compañeras fuimos a la asamblea y dijimos que ya no se diera permiso para sacar tanta madera, porque se la iban a acabar, y luego qué les íbamos a dejar a nuestros hijos y nietos, nada, si seguían así, ya sólo iban a conocer a la montaña en foto (Entrevista colectiva con mujeres bases de apoyo, septiembre de 2008).

CONCLUSIONES

El zapatismo es un movimiento social que lucha por la autonomía indígena y por nuevas formas de hacer política que conduzcan a un mundo diferente. En-tre sus demandas no tienen ninguna que específicamente mencione la defensa del medio ambiente, sin embargo, el tema ambiental resulta transversal, ya que se encuentra en todas sus demandas, las cuales son requisitos mínimos para una vida digna (salud, educación, alimentación, tierra, trabajo, techo, libertad, autonomía, justicia, democracia, paz). Por lo tanto, los sistemas productivos y el manejo de recursos naturales adquieren importancia dentro del contexto


de la autonomía zapatista, ya que de esto depende que se obtengan resultados exitosos a largo plazo.

Los zapatistas exigen poder decidir sobre su territorio y sus recursos na-turales, dentro de lo cual, se incluye definir el tipo de sistemas productivos que consideran más convenientes; esto no es sinónimo de que estén pensando destruir las selvas, aunque tampoco consideran justo que a las comunidades indígenas se les prohíba aprovecharlas, mientras que en otros sitios no dismi-nuyen los niveles de consumo. La lucha por el reconocimiento y el poder de decisión implica una disputa entre dos proyectos de futuro o de desarrollo: el de los intereses hegemónicos neoliberales, el cual considera que la naturaleza es un bien comercializable, en oposición con el de los zapatistas, que parte de la idea de que la naturaleza se puede usar, pero no comercializar, además de conferirle un valor simbólico.

El manejo, la conservación o el deterioro de los recursos naturales son el reflejo de las relaciones sociales, al igual que los roles de género; éstos tradi-cionalmente limitan a las mujeres para participar en el manejo de los recursos naturales. Sin embargo, las Leyes Revolucionarias de las Mujeres, impulsadas por los zapatistas, incorporan derechos para éstas que si bien no se enfocan directamente en los recursos naturales ni el medio ambiente, sí lo hacen en la participación y en los derechos para tomar decisiones por parte de ellas, así como en la búsqueda de relaciones de género equitativas, lo cual puede ser una base para que en un futuro las mujeres tomen decisiones sobre el manejo de los recursos naturales, al mismo tiempo que se construye una visión con equidad de los sistemas productivos derivados del proceso autonómico zapatista.

Después de 16 años del levantamiento zapatista, no se tiene la certeza de lo que ocurrirá, pero la autonomía zapatista es un escenario donde empiezan a surgir prácticas que rompen con la colonialidad en general y en particular respecto al medio ambiente (biocolonialidad). Asimismo, parte de los cambios incluye aspectos de género, y se muestra una tendencia a la equidad, y aunque falta un gran camino por recorrer, esto resulta alentador y representa mucho más de lo que el Estado logró en 40 años que lleva el proceso de poblamiento de la Selva Lacandona.

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Colectiva, 2008. Equipo de locución del MarEz Ricardo Flores Magón.Colectiva, 2008. Mujeres bases de apoyo MarEz Ricardo Flores Magón.Juan, 2008. Base de apoyo zapatista del MarEz Ricardo Flores Magón.Lucía, 2008. Base de apoyo zapatista del MarEz Ricardo Flores Magón.María, 2007. Promotora de educación del MarEz Ricardo Flores Magón.Paco, 2007. Promotor de educación del MarEz Ricardo Flores Magón.Taller de grupo focal (2007). Mujeres del MarEz Ricardo Flores Magón.Taller de grupo focal (2008). Técnicos de café del MarEz Ricardo Flores Magón.

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Ley Revolucionaria de Mujeres. Publicada en El Despertador Mexicano, órgano infor-mativo del Ezln, 1 de diciembre de 1993.

II Ley Revolucionaria de Mujeres. Propuesta de ampliación de la Ley Revolucio-naria de Mujeres acordada, en algún lugar de la selva, el 4 de marzo de 1996, durante una asamblea preparatoria para las actividades del Día Internacional de la Mujer. Publicada en el suplemento Doblejornada del diario La Jornada, 6 de mayo de 1996.

cuarta parte

Ciudadanía y autonomía

Carlos Cortez Ruiz*

[201]

En este apartado se presentan cinco trabajos agrupados en el eje Ciudadanía y autonomía, uno referido a Colombia “El sentido político de la minga social y comunitaria”, y cuatro a méxico: “multiculturalidad y ciudadanía: Sus múlti-ples rostros. impactos de la política del reconocimiento en oaxaca”, de Víctor Leonel Juan martínez; “autonomía y justicia en un municipio autónomo en la Zona norte de Chiapas”, de maría de los Ángeles Gama”; “¿Construyendo o disputando futuro?: Las organizaciones civiles y el desarrollo en Chiapas”, de Gerardo a. González Figueroa; y “Comunalidad, globalización y alternativa civilizatoria: Sierra Sur de oaxaca, méxico”, de Cirilo Julián Caballero.

El trabajo sobre el sentido político de la minga social y comunitaria se refiere al movimiento del pueblo indígena nasa del norte del Cauca, el de-partamento con mayor población indígena en Colombia. Surgido partir de la marcha que partió del occidente para hacer una crítica al neoliberalismo y para ir construyendo alianzas con el sector urbano, impulsado por la asociación de Cabildos indígenas del norte (acin) del Cauca.

En este trabajo se hace referencia al proyecto político detrás de la minga, entendido como un verdadero proceso revolucionario desde la perspectiva del pueblo nasa: un proceso participativo, cultural y social, integral, civil, sin el uso de armas y sin derramamiento de sangre, de base popular que incluye la recuperación de tierras y el reconocimiento de Colombia como país pluriétni-co. Este proyecto no busca el poder sino un cambio radical para enfrentar la injusticia de Colombia, asumiendo un papel protagonista y no reconociendo la hegemonía de ninguna organización, sino la unidad en la diversidad. El mo-vimiento es parte de la lucha por la autonomía de los nasa frente al Estado y frente a otros actores, basada en la construcción de formas de autogobierno.

* Posgrado en desarrollo Rural, uam-x.

CARLOS CORTEz RUIz202

En Colombia existen diversas formas de resistencia y de constituir procesos que buscan democratizar la vida local así como contribuir a la solución del conflicto mediante el diálogo. Pero los Nasa tienen una propuesta que implica la transformación de la sociedad colombiana toda, lo que los ha convertido en un movimiento estratégico y referente para muchas organizaciones en el país.

En el trabajo “Multiculturalidad y ciudadanía: sus múltiples rostros. Im-pactos de la política del reconocimiento en Oaxaca”, de Víctor Leonel Juan Martínez, se señala que el estado de Oaxaca, en el sur de México, tiene aproximadamente un 35% de su población hablante de lenguas indígenas, con 16 grupos étnicos y que el 75% de su territorio es de propiedad social (27% ejidal, 73% comunal). En la constitución local, desde 1995, se reconocen los “usos y costumbres” como mecanismo para la elección de autoridades, lo que el autor considera como un reconocimiento a la ciudadanía diferenciada. Una ciudadanía en el nivel comunitario está asociada al cumplimiento de determi-nadas obligaciones, como el trabajo colectivo o el cumplimiento por escalafón de servicios civiles y religiosos que tienen que ver con el funcionamiento de la comunidad a través del sistema de cargos.

Antes de 1995 no se aceptaba el modelo de nombramiento de autoridades mediante los usos y costumbres, sino que debían ser nombrados mediante el sistema de partidos. Entre los factores que hicieron posibles las reformas el au-tor señala: la influencia del contexto internacional (Convenio 169), las medidas preventivas del gobierno para disminuir la influencia del movimiento zapatista, así como la historia de movimientos y formas de resistencia locales.

Las reformas significan el reconocimiento la autonomía política de las co-munidades. Actualmente 418 municipios eligen a sus autoridades por usos y costumbres, 152 a tarvés de los partidos políticos. Esto va impactando los pro-cesos sociopolíticos a nivel regional y estatal. Sin embargo, el autor considera que esta ciudadanía diferenciada es un proceso frágil. Entre los factores que en su opinión inciden “negativamente” en el avance de este proceso están: la migración, la lucha por equidad de género, la disputa por el poder local, los conflictos generacionales y la emergencia de nuevos actores, así como la crisis del sistema político que se ha vivido en el estado durante los últimos años.

En el trabajo “Autonomía y justicia en un municipio autónomo en la zona Norte de Chiapas”, María de los Ángeles Gama aborda el sentido de justi-cia que se aplica en comunidades choles y tzeltales del Municipio Autónomo zapatista Benito Juárez. El trabajo se refiere a una región principalmente in-dígena y busca responder a las siguientes preguntas: ¿Por qué autonomías en la zona norte de Chiapas? ¿Qué es la autonomía? ¿Qué factores incidieron

CIUDADANÍA y AUTONOMÍA 203

en la formación de un municipio autónomo en la zona Norte de Chiapas? y específicamente, ¿cuál es el marco en el que se desarrolla el sistema de justicia autónomo?

Para la autora, la autonomía indígena remite específicamente al derecho a la autodeterminación que ha sido formulado en las instancias internacionales de derechos humanos del sistema de las Naciones Unidas. En referencia a los di-versos procesos autonómicos que se están desarrollando en México, el concepto aparece vinculado con el sujeto social indio que se construye como sujeto de derechos políticos colectivos a partir de enarbolar la demanda autonómica. En el caso de las autonomías zapatistas que se desarrollan en el estado de Chiapas, éstas se concretan en el proyecto político de los municipios autónomos rebel-des zapatistas como un paso más en la formulación —desde la praxis— de las autonomías indígenas.

En este sentido, hay un desarrollo del concepto de autonomía que va desde las demandas concretas enarboladas por organizaciones y pueblos indígenas en las décadas de los años setenta y ochenta, a las luchas y desarrollo discursivo que desplegaron estos colectivos indígenas durante los noventas, pasando por el fortalecimiento por la vía de los hechos de los proyectos autonómicos que se gestaron en los últimos 15 años. De esta manera, el concepto de autonomía se ha dotado de un contenido enriquecido por la praxis autonómica que se despliega en diferentes zonas indígenas de México. En opinión de la autora, la mirada de largo alcance ayuda a entender por qué estos pueblos luchan por la autonomía como una forma de enfrentar una historia de racismo, saqueo y explotación. Una historia de despojo que se prolonga por siglos y que incluye el impacto de las Leyes de Reforma y la desamortización de bienes comunes, la apropiación de tierras y la creación de un sistema de fincas por migrantes de diferentes paises. El despojo de las tierras indígenas fragmentó las relaciones sociales, y la posterior política agraria de colonización mantuvo la estructura agraria y a la finca como unidad de producción y relaciones sociales que impidieron el proceso de modernización.

La autora aborda los antecedentes de las formas organizativas desde las cuales se ha enfrentado esa situación de explotación, saqueo y racismo, parti-cularmente el desarrollo de la producción campesina de café y el proceso de organización de los productores. En los ochenta, algunas de estas organizacio-nes cooperativas de carácter regional incursionaron en el mercado del café. Estos procesos fueron antecedentes para la creación del Municipio Autónomo Rebelde zapatista por indígenas choles y tzeltales, los cuales han desarrollado una identidad como base de la construcción autonómica.


En el trabajo “Construyendo y disputando futuro: las organizaciones civiles y el desarrollo en Chiapas”, Gerardo González busca aportar elementos para responder a la pregunta sobre cuál es el papel que desempeñan las organiza-ciones de la sociedad civil (osc) en el seno de la sociedad y en la construcción de alternativas en un contexto complejo. El autor reflexiona sobre la relación entre los movimientos sociales y la sociedad en las últimas décadas. Se refiere al complejo proceso de alianzas, rupturas y, específicamente, al papel fundamental que el movimiento indígena cumple desde antes de 1994.

El autor aborda la temática señalada desde una perspectiva crítica sobre el discurso del desarrollo, con una perspectiva histórica y desde los actores. Entre las capacidades de las osc señala: democratizar el desarrollo, reconstruir o construir la sociedad civil, promover la movilización social, prestar servicios en forma más eficiente que el Estado, ser más flexibles y demostrar capacidad para innovar. Las formas de organización a que se refiere el autor son muy diversas e incluyen: asociaciones civiles, consultarías, cooperativas, asociaciones rurales de interés colectivo, sociedades de solidaridad social.

En el trabajo “Comunalidad, globalización y alternativa civilizatoria: Sierra Sur de Oaxaca, México”, Cirilo Julián Caballero aborda las profundas transfor-maciones que se viven en la Sierra Sur de Oaxaca en la época neoliberal, con impactos que trascienden y afectan el mundo de la vida y la cotidianidad de los pueblos. La disputa entre el capital y el trabajo se centra ahora con mayor profundidad en la disputa por el espacio, el territorio, los recursos naturales y en la definición del presente y el futuro de las comunidades y de los pueblos. Hay intereses hegemónicos que se derivan de relaciones de poder de domina-ción y subordinación, y también de resistencia y rebeldía indígena contra las nuevas formas de despojo capitalista neoliberal. El autor señala que en la época neoliberal se acentúa la dominación, la explotación y la acumulación como los principales motores de las transformaciones en el contexto del modo de pro-ducción capitalista dominante. Considera que frente al desarrollismo y moder-nismo capitalista, en Oaxaca la comunidad y la comunalidad resisten y tienen sus propias estrategias, moviéndose con sus propias lógicas de reproducción y sobrevivencia. De esta forma, se conjugan importantes esfuerzos para la transfor-mación social, a partir de la autoconstrucción de sujetos y actores involucrados en la construcción de proyectos, y en la construcción del poder popular que reivindica la comunidad y la comunalidad como una forma de vida más justa y más humana.

De los temas abordados en estos trabajos y del debate realizado, se identifica un conjunto de problemáticas emergentes:

CIUDADANÍA y AUTONOMÍA 205

I) LA RELACIÓN ENTRE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES INDÍGENAS y LOS PARTIDOS POLÍTICOS, y EL SISTEMA POLÍTICO EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN y REPRESENTACIÓN

En general, en los trabajos se señala la desconfianza en los partidos, en el siste-ma político y en el carácter de los Estados. Se problematiza sobre lo que pasa en los procesos de nombramiento de autoridades locales a través de formas de participación directa como la asamblea comunitaria o mediante los sistemas de usos y costumbres. Mientras que para los partidos políticos el nombramiento de autoridades se trata sólo de una cuestión electoral, para los pueblos origi-narios el problema de la representación y del nombramiento de autoridades se refiere al establecimiento de formas de gestión y de toma de decisiones para el buen vivir. Sin embargo, los procedimientos basados en los usos y costumbres sólo funcionan para el nombramiento de autoridades locales y se enfrentan a limitaciones. En el caso de diputados y gobernadores, la elección es mediante el sistema de partidos.

En el Cauca, en Oaxaca y en Chiapas los pueblos indios han creado un sistema alternativo a los partidos políticos. Sin embargo, respecto a estos nue-vos procesos, es pronto para saber hasta dónde se abren posibilidades para transformaciones más amplias y en qué medida se puede hablar de que surgen la posibilidad de un diálogo intercultural que permita avanzar hacia nuevas formas de convivencia que se reflejen en el bienestar común.

II) LAS AUTONOMÍAS CIUDADANAS y SU SIGNIFICADO DESDE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS COMO FORMA DE RELACIÓN CON EL ESTADO y CON LA SOCIEDAD

En los casos presentados, se habla de una idea de ciudadanía que expresa un choque con la visión liberal basada en los derechos individuales y que apela a los derechos colectivos. En los casos presentados, la autonomía aparece como praxis. Los avances en la autonomía que han venido realizando los pueblos y que se expresan en formas diferentes de enfrentar problemas como la educa-ción, la salud o en el establecimiento de sistemas de justicia, van ampliando la capacidad de gestión. Tanto para los zapatistas como para los Nasa, la autogestión requiere la recuperación del control del territorio. Finalmente, un tema de debate es el papel de los movimientos armados en la construcción de la autonomía.


III) EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL DESARROLLO DE NUEVAS FORMAS DE RELACIÓN ENTRE LA CIUDADANÍA y EL ESTADO

Un tema central es el que se refiere al papel de diferentes actores en la cons-trucción de una agenda desde la sociedad. Esto incluye el tema del estableci-miento de alianzas entre diferentes sectores y el papel de movimientos como el zapatista o el del pueblo Nasa en estos procesos.

Sobre el papel de las osc en el impulso a cierto tipo de ciudadanía y hacia cierto tipo de derechos en particular, hay diferentes posiciones: mientras algu-nas siguen buscando formas de cooperación y participación, en algunos casos se ha avanzado en la generación de espacios y formas para la rendición de cuentas y la transparencia.

Respecto a la complejidad de generar e impulsar procesos de ciudadanía y autonomía desde los pueblos originarios, las osc y la “sociedad civil”, en el caso de Colombia este labor es muy difícil porque cualquiera que lucha por sus derechos es muy perseguido. Así las posibilidades de impulsar procesos de autonomía y gestión son muy limitadas así como la participación alrededor de otro tipo de ciudadanía y por la reivindicación de derechos.

Los Nasa no discuten mucho sobre ciudadanía, hablan más sobre participa-ción comunitaria y sobre exigir sus derechos y hacerlos valer.

El proyEcto político dE la minga social y comunitaria1

Carlos Cortez Ruiz*

[207]

introducción

a lo largo de las últimas décadas, el pueblo nasa ha realizado un verdadero proceso revolucionario desde su perspectiva, que incluye la recuperación de tierras y el reconocimiento de colombia como país pluriétnico. los nasa en-tienden el término revolución como un proceso participativo, cultural y social, integral, civil, sin armas y sin derramamiento de sangre, de base popular y que no busca el poder político sino otro tipo de poder que posibilite un cambio radical frente a la injusticia que se vive en colombia. Quieren ser protagonis-tas de esas transformaciones apoyándose en sus propias fuerzas y buscando la unidad en la diversidad.

El contexto en el que se desarrolla el movimiento del pueblo nasa es la lucha por la autonomía frente al Estado (y los paramilitares) y frente a otros actores como las farc. los nasa tuvieron su propio movimiento armado hace varios lustros y se salieron de la lógica de la guerra para ir consolidando su autonomía.

En colombia existen diversas formas de resistencia y de búsqueda para constituir procesos que democraticen la vida local que contribuyan a la solución del conflicto mediante el dialogo. los nasa tienen una propuesta que implica la transformación de toda la sociedad colombiana; su movimiento tiene un carác-ter emancipatorio que definen como un movimiento por la paz. no están por la toma del poder, pero tampoco aceptan que les impongan la visión del proyecto

1 El presente trabajo fue elaborado con el objetivo de presentar en forma sintética la importante experiencia de la minga social y comunitaria. la información presentada se basa en entrevistas realizadas a algunos jóvenes participantes de la minga social y comunitaria, así como en fuentes indirectas.

* posgrado en desarrollo rural, uam-Xochimilco.


hegemónico ni de ninguna organización. El proyecto de los Nasa tiene como base el tema de la autonomía entendida como construcción de autogobierno, por lo que más que contra hegemónico, tiene un carácter antihegemónico.

El movimiento indígena es un referente fundamental en el contexto colom-biano actual ya que, a diferencia de otros movimientos como el campesino, que se encuentra dividido y reprimido, se ha constituido en una forma de resistencia con legitimidad para muchas organizaciones del país que reconocen su capacidad de movilización política y de crítica tanto al modelo estatal como al modelo guerrillero. En este sentido, el movimiento indígena ha descuadrado los argumentos y la lógica de la guerra, en tanto plantea la construcción de otro modelo de sociedad, de lucha por la justicia a través de vías pacíficas y mediante la movilización social.

En este trabajo nos referimos en términos generales a las luchas del pueblo Nasa por su autonomía y específicamente a la experiencia de la minga social y Comunitaria.2

LA HISTORIA RECIENTE

Quintín Lame dirigió desde comienzos del siglo xx la lucha por la recupe-ración de los Resguardos indígenas en el Cauca. Perseguido y exiliado en él Tolima, él movimiento indígena del Cauca fue sostenido por sus seguidores, quienes enfrentaron un periodo de gran violencia contra los Nasa en el que perdieron parte de las tierras de los Resguardos y vieron destruidas sus orga-nizaciones.

En 1970, los Nasa y otros pueblos indígenas organizaron el Consejo Regio-nal Indígena del Cauca (cric), la primera de las organizaciones indígenas de Colombia, con los objetivos de recuperar la tierra, defender la cultura y con-quistar la autonomía. Las luchas por el territorio marcaron esta nueva época. Guillermo Tenorio, líder cofundador del Proyecto Nasa, recuerda: “Llegába-mos de noche a picar la tierra y a sembrar. Al otro día llegaba el ejército y la

2 La palabra minga se usa para referirse a la convocatoria, a la reunión o al sistema de trabajo comunitario (generalmente agrícola) realizado para beneficio general. En la cultura indígena guambiana y paez, minga significa unión, solidaridad, encuentro, trabajo comunita-rio, reciprocidad. En Colombia los pueblos originarios le dan a la minga un sentido político al referirse a ella como la organización social para la reivindicación de derechos, la denuncia y la reflexión sobre la situación en que viven.

EL PROyECTO POLÍTICO DE LA MINGA SOCIAL y COMUNITARIA 209

policía, a veces nos teníamos que ir en medio de los gritos y de la sangre, pero por la noche regresábamos y otra vez a picar y a sembrar: era nuestra tierra”. En treinta años recuperaron cerca de 50 mil hectáreas, empeño por el que fueron asesinados cientos de indígenas.3

A partir de la experiencia del cric, en 1971 se crean las Asociaciones por zona, que integran a varios Cabidos y son reconocidas como autoridad oficial. Aunque estas asociaciones pertenecen al cric, algunos cabildos se co-munican directamente con la Organización Nacional Indígena de Colombia (onic).

La recuperación de la tierra de los Resguardos surgida en los años 70 se apoyaba en el argumento de que “[…]expusieron siempre los abuelos cuan-do decían esta tierra es nuestra, de ustedes, y para eso Juan Tama logró en 1700 la cédula real que nos acredita como dueños”. El proceso de recupera-ción de la tierra, en el marco de la demanda “la tierra era nuestra”, siempre estuvo asociado a la construcción de autonomía y resistencia. Esta larga lucha, difícil por la represión, los asesinatos de los líderes y las masacres, ha permitido que 544 mil hectáreas sean reconocidas como territorio indígena en Cauca.4

Algunos representantes de pueblos indígenas, incluyendo a los Nasa, partici-paron en la Asamblea Constituyente para la elaboración de la Constitución Co-lombiana de 1991, en la que demandaron garantías para que se reconocieran sus derechos. Con la Constitución de 1991 los pueblos indígenas tuvieron una base para cambiar las relaciones con el Estado. El reconocimiento de Colom-bia como nación pluriétnica y multicultural significó el cambio de las leyes que desde 1886 habían consagrado la exclusión como norma. El proyecto ya estaba trazado, era la hora de empezar a realizarlo.5

De esta forma lograron el reconocimiento constitucional de derechos funda-mentales de los pueblos indígenas, como la autonomía y la inalienabilidad de los Resguardos.

Sin embargo, apenas cuatro meses después de ese reconocimiento fueron masacrados por paramilitares 24 indígenas Nasa, entre ellos varios niños.

Esta situación expresa la contradicción vigente en Colombia: por un parte se avanza en el reconocimiento de derechos y la recuperación del territorio, por

3 M. Beltrán, El proyecto nasa: resistencia y esperanza la experiencia de toribio, cauca, www.urbared.ungs.edu.ar/textos/Toribio.pdf

4 http://es.wikipedia.org/wiki/Nasa 5 “Minga del pensamiento” en palabras de Feliciano Valencia.


la otra se agrava la situación de violencia y represión que enfrentan los pueblos originarios, así como amplios sectores de la población del país.6

AUTONOMÍA

El cric está formado por 115 Cabildos y 11 Asociaciones de Cabildos de los pueblos Nasa, Guambiano, Totoró, Guanaco, Coconuco, yanacona, Inga y Eperara, agrupados en nueve zonas. Este consejo fue cofundador de la Orga-nización Nacional Indígena de Colombia (onic). La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte (acin) del Cauca forma parte del cric-onic.

Para los Nasa la máxima autoridad es la asamblea general que en cada Res-guardo o comunidad elige un Cabildo, el cual tiene su respectivo Gobernador. Éste ejerce la autoridad escuchando principalmente a los mayores (personas más ancianas de la comunidad, consideradas guías del pueblo). El derecho mayor basado en la tradición histórica del pueblo Nasa tiene gran relevancia en el proceso de participación y organización indígena. Mediante este derecho la comunidad toma decisiones y delega en los jueces indígenas el cumplimiento de la ley indígena, constituyendo una de las bases para ir armando una idea de territorio.7

[…] normalmente uno participa en la asamblea con su mamá o su papá, y uno empieza a participar en la asamblea en las reuniones y uno se va vinculando y participando[…] yo hice parte de eso desde que tenía 16 años y desde ahí par-ticipaba y he continuado[…] cuando empecé a fungir como coordinador juvenil y empecé a relacionarme más[…] Hay que considerar la escuela de jóvenes, un programa donde normalmente hay 600 jóvenes que están de tiempo completo, aunque hay muchos más que llegan y salen […] hay una obligación, una pasión por estar en el centro juvenil y tiene que estar avalado […] y tiene que llegar a colaborar en la comunidad y llegar a hacer trabajos comunitarios y tiene que participar en la comunidad[…]

6 http://es.wikipedia.org/wiki/Nasa 7 De las Asociaciones de Cabildos Nasa del departamento del Cauca destaca por su

nivel de organización la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte —acin—, que agrupa a los Nasa de municipios del norte del departamento del Cauca, como Toribio, Caloto y Jambaló. Otras son las de la región de Tierradentro, como la Asociación de Cabildos Nasa Cxhâçxha que agrupa los 19 cabildos del municipio de Páez y la Asociación de Cabildos Juan Tama, que agrupa los nueve cabildos indígenas del municipio de Inzá. La Asociación de Cabildos de Caldono se llama Ukawe’s’ Nasa C’hab.


La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (acin) establece una relación directa de participación entre los cabildos, como autoridades pro-pias, con el conjunto de las organizaciones sociales de la región, centros acadé-micos, ong y entidades gubernamentales y privadas que tengan que ver con sus proyectos de vida. Se han dividido en cinco componentes: jurídico, educativo, económico, de salud y ambiental.

Desde las asambleas van surgiendo los planes de vida de las comunidades que incluyen lo territorial, lo productivo y el gobierno, que es la base del si-guiente proceso de autonomía. En cada nivel existen comités y programas de educación, salud, cultura, territorio, economía y justicia. Su definición se apoya en un espacio teórico operativo que incluye diferentes tejidos:

•Tejidoeconómico-ambiental(tierra).• Tejidopuebloycultura(educación,salud,movimientogeneral)(árbol).• Tejidojusticiayarmonía(mano).• TejidodeComunicaciónyrelacionesexternasporlaverdadylavida

(comunicación transversal y ancestral) (agua).

La guardia indígena, cuya arma es un bastón, es una de las formas de control y de la seguridad del territorio. Por ejemplo, la seguridad de la minga estuvo en manos de unos siete mil efectivos de la guardia indígena.

CONSTRUyENDO ALTERNATIVAS

En 1998 el movimiento indígena hizo un paro y bloqueó la vía panamericana. Como respuesta al movimiento, el gobierno se comprometió a que la educa-ción de los indígenas sería manejada por ellos mismos, desde la contratación de los maestros y la creación de escuelas indígenas, hasta la regulación admi-nistrativa de la educación, como efectivamente ha sucedido hasta ahora. Don-de no se ha avanzado es en la creación de entidades de salud que respondan a la problemática indígena. En el tema del territorio el gobierno prometió la entrega de la tierra, pero cumplió sólo con la mitad.

Ante esta situación se realizó una gran marcha que partió del occidente para hacer una fuerte crítica a las leyes de despojo y al neoliberalismo, así como para ir construyendo alianzas con el sector urbano.

Se llevó a cabo entonces la gran minga por la vida y la dignidad de los pueblos indígenas de Colombia. “En esta minga participan unos 50 mil indíge-


nas de 18 departamentos que le exigen al gobierno el cumplimiento de pactos sobre tierras, respeto a los resguardos históricos, acceso digno a la salud y a la educación y cese de la violencia contra las comunidades y sus líderes”, señaló Aída Quilqué, consejera del cric, quien agregó: “[…]esa fue la marcha más grande que tuvimos nosotros, y entonces hubo un proceso de construcción de diálogos y redes sociales de los campesinos de los afros[…] después de la mar-cha del 2004 ya no podría ser una isla…entonces eso se empieza a debatir en la minga[…]”.8

En septiembre de 2004 se llevó a cabo el Congreso Indígena, en el que se analizó el contexto y el modelo económico transnacional. Frente a ese modelo se planteó que las demandas de los Nasa y de los pueblos originarios no son solo por educación y salud ni por proyectos, sino por la construcción de una alternativa diferente a ese modelo.

Las principales posiciones del Congreso fueron:

• Noaltlc.• Noaceptamosquesiganasesinandoanuestroscompañeros.• Rechazoalasreformasconstitucionales.• Llamadoalademocracia.

Se acordó llevar a cabo acciones colectivas para impulsar ese programa. El reto está en fortalecer la autonomía desde la soberanía alimentaria y la resisten-cia pacífica con propuestas políticas.

En 2005 inició la liberación de la madre Tierra. Primero se recupera para des-pués liberarla del modelo económico transnacional que la explota, mediante acciones contra el monocultivo y el impulso a la producción diversa[…]en 2006 se establece la Comisión Indígena Itinerante. Hay una respuesta represiva del gobierno que acusa al movimiento de estar aliado a las farc[…]en 2007, em-pezamos a escucharnos entre pueblos, para despertar la conciencia para que la gente reflexione. Un aspecto central es ¿cuál es la propuesta de resistencia de cada grupo o actor?

8 Participante juvenil en la minga. De aquí en adelante todos los testimonios forman parte de los planteamientos realizados por jóvenes miembros de la minga en una mesa redonda. No fue posible consultarlos acerca de la publicación de este artículo, por lo que, considerando el carácter de sus opiniones y la situación prevaleciente en Colombia, se creyó conveniente no citar sus nombres.


El 21 de noviembre de 2008 se constituye la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, que nació con diferentes puntos reivindicativos y políticos. La minga del 2008 se dio por la presión de la comunidad, resultado del trabajo que se había realizado desde el 2004. En la marcha había mucho más gente que en 1994, alrededor de noventa mil personas. Llegaron los afros, los cortadores de caña que también estaban en paro, y otros grupos sociales pacíficos de diferen-tes regiones de Colombia.

Alrededor de quince mil personas salimos y en el camino paramos por ciudades importantes [como] Cali, Talgenia y luego aquí en Bogotá y entonces íbamos parando de ciudad en ciudad y cada vez que íbamos parando más gente y cada vez que se iba sumando más gente no solo para solidarizarse sino que salían a formar parte de la minga[…] Estamos viendo que la gente venga acá a la minga y que vea parte de ella solidaria si no parte cuando llegamos a Bogotá ya habían otras ochenta mil personas y ya habían indígenas del todo el país no solo del Cauca[…]Entonces todos los que nos estábamos reuniendo hicimos el lanzamiento oficial de la Minga que fue en la Plaza de Oliva de Bogotá, eso fue como a finales de noviembre y la plaza estaba llena, eran como doscientas mil personas[...] Entonces aquí a todos los actores sociales, la minga los puso a trabajar [antes de eso] ya no querían trabajar y ahorita se están uniendo y a ver cómo nos encontramos este año en octubre y un gran número que participó en la minga está proponiendo avanzar en las demandas.

Tales demandas son:

• Nos oponemos al modelo económico transnacional que somete a lospueblos.

• NosoponemosalterrorylaguerradelPlanColombiaII.• Noestamosdeacuerdoconlalegislacióndedespojo(leyesquevancon-

tra las comunidades y responden a intereses particulares).• Partereivindicativadelaagenda,quesecumplanlosacuerdosycon-

venios.• Crearunaa’endadeunidadnacionalentrelospueblos.Todavíanohay

una agenda de unidad popular.• Pasar de un país con dueños y sin pueblos a un país sin dueños y con

pueblos.


LOS RETOS

Entonces [lo que se vive ahora] es resultado de pensar todo el tema territorial, lo productivo, el gobierno, la justicia y de todo aquello que es la base para crear un plan de vida. Ese es el proceso de transformación, estos procesos de vida se empiezan a desarrollar en todos estos territorios [….] y esto lleva entonces a otro resultado de vida para el indígena, es un proceso de autonomía[…] entonces va a continuar la resistencia, luego la recuperación y al último la autonomía […]

Enfrentando el modelo trasnacional

Hay una alianza narcotráfico con paramilitarismo, que es lo mismo, y corpora-ciones transnacionales […] este es el modelo Colombia, esa es la alianza para repartir el país en pedazos […] [en esta perspectiva la lógica dominante es que] no me producen nada en las tierras porque en realidad lo que yo quiero para ser un transnacional es agua, oxígeno, petróleo y biodiversidad […] mientras tanto es del gobierno y se hacen modificaciones legales y tratados para que yo tenga acceso a eso […] [todo esto impuesto] por la vía del terror […] lo que hacen es despojar [a las comunidades de las tieras] para dárselas a las transnacionales y ese es el plan. A cambio, se convierten en los mayores terratenientes del país y son dueños del territorio y entonces le entregan el país a los transnacionales, permiten el narcotráfico […]Desde Canadá y desde la Unión Europea, se imponen esas leyes y normas que el gobierno está manejando. El código minero está por encima de todas las normas ya que, por ejemplo, si bien un pueblo es dueño de la tierra, el código minero dice que el subsuelo es propiedad del Estado y asegura que los recursos que están en el subsuelo, petróleo, oro, carbón o lo que sea, son propiedad de las compañías mineras […] así que pueden sacar el oro porque está en el sub-suelo. Nosotros no estamos peleando por puestos en el gobierno sino por una transformación dentro de éste, según nuestro informe que evidencia nuestras contradicciones con la fuerza armada porque no compartimos el proyecto, te-nemos diferencias éticas y estratégicas. Hay reivindicaciones que no reconoce el gobierno […] y usa cualquier pretexto para reprimir […] [por ejemplo] dentro de la minga, capturaron a un soldado vestido de civil, aparentando que era de la minga […] se identificó directamente y se le acusó según sus derechos, se le hizo un juicio público. A pesar de que el soldado cometió un delito y se le capturó, por eso han demandado a los líderes de la minga […]Estos son ejemplos del terror y de la guerra que se viven al norte del Cauca para entender el magnitud de problemas que se viven en las comunidades […]


es palpable la presencia de grandes empresas [que buscan apropiarse de] made-ras, de agua y combustible. Ante esta agresión el pueblo Nasa decide liberar la madre Tierra para el descenso de la vida y el territorio indígena y la respuesta del gobierno fue la siguiente: ni un centímetro más de tierra para los indíge-nas, el Estado en vez de proteger[…]busca desmantelar los derechos […] y la resistencia […] actúa en contra de la soberanía del país […] y a favor [de las empresas trasnacionales].

Continuando la lucha por el territorio

[…] aun yo diría que el pueblo Nasa no tiene la tierra que debería tener ya que lo ha despojado. Hay cabildos que tienen legítimamente territorio. Una lucha que incluye a otros sectores […] los afros convivieron en este continente con los indios con el mismo territorio[…] los afros intentaron[…]un reconocimento como los indígenas […] tienen una riqueza enorme y resulta que en el momen-to que se aprueba que los afros tienen derecho al territorio, el paramilitarismo entra con fuerza. La diferencia entre los afros y los indígenas es el nivel de orga-nización […] los afros son entre el 20 y el 25% de la población […] lo impre-sionante es que los han logrado disminuir fragmentándolos […].Se requiere un proceso para seguir fortaleciendo y creciendo la tierra y con el tiempo fortalecer más […] entonces la importancia de recuperar la conciencia […] el Cauca nace de ese proceso de resistencia y de recuperación y por un lado seguir recuperando a los territorios de los pueblos indígenas con apropiación obviamente de los medios […][…]un pueblo indígena para poder resistir su base es el territorio […] ya llega una etapa de recuperación de autonomía porque realmente hay procesos de au-tonomía y recuperación de los pueblos pero […] entonces la etapa que nosotros llamamos autonomía. Hemos recuperado territorio pero como hemos recupera-do autonomía, llega un actor muy fuerte de los pueblos indígenas que se retoma hoy como el derecho de los pueblos indígenas […] entonces empezamos a crear estructura de territorio para ver cómo iba a quedar el territorio propio […]Cuando las comunidades indígenas llevaron a cabo la recuperación de sus tie-rras, se enfrentaron los terratenientes y la policía con un costo de muchas vidas. El pacto de recuperación de la tierra no era visto sólo como un proyecto para que la gente obtuviera tierra para la producción agrícola, sino para poder cons-truir territorios de los pueblos indígenas […][…] entonces tenemos los que defienden con su vida el territorio, eso es, los que pelean la paz indígena, los que fundaron el territorio […] pero hay miles de personas, mujeres, hombres, adultos […] todos están alerta de lo que pasa, lo que hace un pueblo indígena es cuidar el territorio […]


El tema ambiental

Esto incluye el surgimiento de procesos comunitarios [...] por todo el manejo del medio ambiente, del agua, de todo lo que normalmente tiene que ver con (la vida) […] en seguida nos ponemos a pensar cómo está eso de lo productivo y para poder alimentarnos [es necesario] estar cuidando la naturaleza […] verla como nuestra madre y la respetamos […]

El tema ambiental constituye capítulo aparte, pues es claro que la vida y el territorio son el eje de este pueblo. Los resultados alcanzados en menos de una década de trabajo son alentadores y permiten ver consecuencias positivas en el manejo del recurso hídrico, la soberanía alimentaria, la protección de la biodiversidad y la defensa del “Nasa Kiwe”.

La lucha por la soberanía alimentaria

Hay dos tendencias: por un lado está la gente que quiere mantener el sistema de producción tradicional, cómo se siembra, cómo se produce, qué se siembra y qué no. Pero esas comunidades han ido recapacitando[…] porque lo único que antes tenían sembrado era coca [...] el tema de la coca es muy complejo. Uno no debe callarse y las comunidades han destruido laboratorios de coca, las comunidades que pueden enfrentan y desmantelan todo […] [Las comunidades] quemaban los laboratorios, pero entonces quién defiende a la gente, si no hay respaldo de nadie. Entonces se hace un trabajo de comunicación, nosotros salimos y hacemos un análisis más amplio […] Hay una violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas que reclamamos en la lucha contra la coca [...]

[En el tema productivo] hay otra propuesta de que hay que ir un poquito más allá […] uno de los productos importantes es el maíz para la materia prima y otro la caña para la transformación […] esto es un arma de doble filo porque por un lado está bien, digamos, la apropiación de otros sistemas […]Ahí es donde un grupo de gente se ha visto muy visionaria desde el punto de vista económico, ya no tanto producido sino cómo bajar un sistema que se le puede llamar la economía propia del indígena […] empezó a meterse en el cuento de capitalismo, llega a movernos con estrategias […] llega un día y nos dicen que como la economía propia es de nosotros que quiere competir con el mercado internacional[…]no hablan quizás de capitalismo, hablan de áreas de desarrollo [...]


En cuanto a lo económico, es parte de irte informando […] creemos que es absolutamente indispensable identificar contradicciones y debilidades para abor-darlas, para enfrentarlas y para poder resistir.[…] el proceso de resistencia ha sido un proceso de comunicación, por ejemplo cuando [se dio] el proceso de resistencia y la recuperación se requirió un mundo de comunicación […] ahora estamos entrando en la etapa que necesita com-plementarse [con el] análisis del contexto el modelo económico, […] de nuestra realidad […][…] desde la autoridad […] que habla de tres pasos fundamentales […] como fortalecer la autonomía […] que es la resistencia pacífica de la comunidad […] la decisión de la comunidad es resistencia pacífica con la palabra […] entonces esa etapa es como una de las características de desarrollo.[...] estas estrategias son: control del territorio, las luchas contra las drogas y el crimen organizado[…]la reactivación económica impulsa la generación de in-gresos legales para el desarrollo social.

La importancia de la minga

Pues para finalizar, la minga es fundamental como proceso de organización for-taleciendo a las comunidades, no solo informar las cuatro acciones, sino hacer para que la gente reflexione, para que la gente tome decisiones y actué […] una comunidad informada […]

[…] la idea de un proyecto civil ha tenido que enfrentar señalamientos de los distintos bandos, crímenes de sus líderes y reclutamiento de sus jóvenes. Traba-jar en medio del conflicto no diferencia al Proyecto Nasa de cientos de proyec-tos comunitarios en Colombia, lo que sí le distingue es su particular forma de enfrentarlo: mientras casi todos deben soportarlo en silencio, ellos han definido con claridad su independencia.Es la comunidad y el cabildo quien delega la vocería o representación y somos nosotros quienes mediante las asambleas públicas analizamos la realidad, pensa-mos en nuestro propio futuro y definimos estrategias de acción.”[…] Los debates son largos: días y noches de discusión van perfilando a los nue-vos líderes que aprenden el arte de la argumentación…

Para el Nasa una idea no resulta cierta ni falsa y su defensa no depende de la simple capacidad de oratoria o de convencimiento. Quien expone una idea la somete a la prueba del examen público, la somete a la duda, incluso tratarán de reducirla al absurdo, la cuestionarán desde todos los ángulos posibles. Al


final, la conclusión se vuelve colectiva, deja de pertenecer al orador y es pro-piedad común. El consenso suele ser el resultado. Para ello, los Nasas suelen tener gran paciencia y acostumbran a volver sobre las ideas una y otra vez. En cada cabildo las normas de votación varían o se ajustan. Una vez logrado el consenso, hay una votación que tiene por objeto ratificar su identidad y sentido de pertenencia. Así votaron recuperaciones de tierras y marchas multitudinarias para reclamar sus derechos. El hecho de ser elegido mediante asamblea le da un carácter de delegación más real y profundo que aquel emanado de la llama-da “democracia representativa”.

La minga no es solo el trabajo para la tierra, también es un mecanismo de participación en los cambios y en el mejoramiento de la comunidad.

El insumo principal del trabajo político lo constituye la organización. Esta organización tiene sentido en tanto plantea un plan de vida y con él unas metas ambiciosas que obedecen a sus aspiraciones como pueblo. Para lograrlo, desde 1980, el plan incluyó tres elementos metodológicos:

1. La concientización a través de la educación y capacitación.2. La participación comunitaria y la organización.3. El desarrollo integral a través de programas que abarquen la totalidad de

la vida y de la comunidad.

Estos tres ejes conducen a un fin más amplio y tienen consecuencias políticas que rebasan el ámbito de los Nasas. Se trata de construir unas nuevas relacio-nes entre la comunidad y el Estado, de hacer un plan de vida.

Multiculturalidad y ciudadanía: sus Múltiples rostros. iMpactos de la política del reconociMiento en oaxaca

Víctor Leonel Juan Martínez*

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“es necesario conciliar el ejercicio de los derechos colectivos con la defensa de los individuales”. la anterior es una frase que se ha convertido en un lugar común en la literatura sobre los sistemas y prácticas normativas de los pueblos indios y su articulación con los marcos jurídicos estatales. la empleamos lo mismo para el conflicto que se presenta en la aplicación de la justicia indígena que se enfrenta con la defensa de los derechos humanos; en el cumplimiento de obligaciones comunitarias como el tequio (trabajo gratuito en beneficio de la comunidad); o en la gratuidad en la prestación de cargos en las institucio-nes internas (ayuntamiento, comités,), que choca con la garantía constitucional de percibir un salario a cambio de una actividad laboral; también cuando se defiende la libertad de culto, ante la presión de la comunidad para prestar ser-vicios en la estructura y actividades de la iglesia católica.

en la realidad este dilema teórico deriva en graves problemas. la defensa de unos y otros derechos, ha provocado expulsiones de personas de una comu-nidad, como en san Juan Bosco chuxnaban, en la región mixe de oaxaca, en donde una veintena de pobladores fueron expulsados de la población al negarse a cumplir con los cargos en la estructura religiosa pues se habían convertido al protestantismo, que generó incluso serios enfrentamientos; situación similar se presentó en capulalpan de Méndez, si bien finalmente hubo arreglos para el retorno de los expulsados.

también se han presentado recomendaciones de instituciones defensoras de los derechos humanos. en el municipio zapoteca de san andrés solaga, con el fin de detener la emigración de sus pobladores, la asamblea comunitaria determinó que los adolescentes que cursaran la secundaria lo hicieran en la comunidad; algunos padres de familia que hicieron caso omiso de tal determi-nación fueron encarcelados y sancionados. al ser denunciados tales hechos, la

* doctorado en desarrollo rural-uam-xochimilco. correo electrónico: [[email protected]].

VÍCTOR LEONEL JUAN MARTÍNEz220

Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca (cEddho), si bien en su determinación considera la autonomía municipal y la existencia de un orden jurídico diferenciado, señala que las autoridades municipales han violado los derechos humanos de los quejosos. O en Tlahuiltoltepec, Mixes, en donde fueron aprehendidos tres individuos que habían asaltado a un taxista y a la caja de ahorros de la localidad, y fueron juzgados conforme a las reglas internas de la comunidad, lo que derivara en una recomendación de la cEddho, que incluso establecía que la Legislatura debería desaparecer los poderes municipales y en la que se señalaba la comisión de delitos como la privación ilegal de la libertad.

En el caso de las elecciones por los llamados “usos y costumbres”, esta situa-ción ha derivado incluso en enfrentamientos violentos en diversos municipios (Hernández y Juan, 2007; Recondo, 2007; Hernández y Juan, 2007); en la denuncia de exclusiones de sectores de la población: avecindados, pobladores de las comunidades subordinadas a la cabecera, migrantes, jóvenes, mujeres, entre otros. En 2007 se mediatizó el caso de Eufrosina Cruz, joven mujer de Santa María Guiegolani quien denunció que habían desconocido su triunfo en la elección. Si bien no fue ése el caso, es un ejemplo de la desigualdad de género que se da en estas comunidades. Los efectos fueron diversos: hacia el exterior derivaron en recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la cEddho, en defensa de los derechos de Eufrosina; pero en la vida interna de Guiegolani, su activismo fue considerado una agresión a la comunidad, que atentaba contra sus principios e instituciones, por lo cual la asamblea le quitó la categoría de ciudadana.

Ejemplos que parecen confirmar lo que la teoría dicta: la imposibilidad de armonizar ambos principios normativos. Sin embargo, la lectura en blanco y negro poco ayuda a comprender la realidad. Hay espacios, intersticios en los cuales lo irresoluble teóricamente encuentra salidas prácticas. La colaboración entre los órdenes normativos comunitario y liberal no es cosa nueva, por más que uno se base en la defensa de los derechos colectivos y el otro, siendo li-beral, en los derechos del individuo. Para entender cómo se está atendiendo o agravando esta problemática, el análisis de la construcción y ejercicio de la ciudadanía en municipios de Oaxaca, en el cual está reconocida legalmente su autonomía política para dotarse de sus reglas y procedimientos en la elección de sus gobiernos locales (lo que se ha popularizado como “elección por usos y costumbres”), nos puede dar indicadores de esta situación.

La experiencia de Oaxaca, que abordamos en este texto, nos permite apre-ciar tres aspectos fundamentales en la lucha por el reconocimiento a la diferen-cia: 1) como concreción práctica de la política del reconocimiento; 2) el ejercicio

MULTICULTURALIDAD y CIUDADANÍA 221

del derecho de autodeterminación a partir de instituciones subnacionales, como la región, el municipio o la comunidad; 3) la resolución de conflictos derivados de la tensión entre principios normativos y éticos contradictorios: derechos co-lectivos versus derechos individuales. Ejes que nos sirven de base también para comparar otros procesos similares, como los que se presentan tanto en distintas entidades de México como en los países de América Latina.

LA POLÍTICA DEL RECONOCIMIENTO EN OAXACA

En Oaxaca la demanda por el reconocimiento jurídico a la diversidad cultural tiene una larga historia; las respuestas del Estado regional y sus referentes legis-lativos también se han dado en distintos momentos (Bailón, 1999; Juan, 2005). Desde la primera Constitución local de 1824, al reconocer la existencia con las mismas facultades y atribuciones a los Ayuntamientos y a las repúblicas de indios (categoría heredada de la legislación colonial), se reconocían estas formas diferentes de organización política social; a pesar de los continuos embates del liberalismo en contra de sus componentes básicos, como la propiedad colectiva de la tierra y las formas de elección distintas a la democracia electoral, en las diversas legislaciones a lo largo de la historia local, el reconocimiento continua-ba con distintos altibajos.

En parte esto se explica porque en la historia estatal el reconocimiento no ha estado desprovisto de pragmatismo político. En el siglo xix se presentaron paradojas como que en la cuna de algunos de los más influyentes liberales, con Benito Juárez a la cabeza, se continuara, de facto e incluso con base en la propia legislación, en el reconocimiento de derechos colectivos. Por ejemplo, la dispo-sición de que las autoridades municipales habrían de administrar, entre otros, “los bienes del común”, establecido en la Constitución local de 1857, lejos de ser un anacronismo o un error del Constituyente estatal, era el reconocimiento a una realidad que permitía la estabilidad del sistema político regional. Como ese ejemplo hay muchos.

La tensión que se vive entre el ejercicio de los derechos individuales y los colectivos, han supuesto una apropiación del discurso del otro de los distintos actores; han elaborado mecanismos que permiten una coexistencia y una se-paración de distintos órdenes de gobierno y organización. En los municipios oaxaqueños existe una frontera porosa entre uno y otro sistema, lo que ha derivado en particulares formas de ejercicio del liberalismo, que impera en la concepción y estructura del Estado mexicano y el regional hacia las comunida-


des oaxaqueñas; por otro lado, las comunidades también han cedido espacios y apropiado de esos elementos ajenos para coexistir dentro de un espacio mayor que es la nación.

En la historia reciente en 1990 inició en Oaxaca una nueva etapa en la política del reconocimiento. En las últimas dos décadas se han realizado por lo menos siete reformas constitucionales y creado o modificado por lo menos 35 leyes, entre ellas la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas en 1998 (Juan, 2005).

En 1995 el reconocimiento alcanza su punto máximo con la reforma constitucional que establece que “la ley protegerá las tradiciones y prácticas democráticas de las comunidades indígenas que hasta ahora han utilizado para la elección de sus Ayuntamientos”; lo que el código electoral denomina “elección por Usos y costumbres”. Fueron múltiples los factores que hicieron posible esas reformas: el contexto internacional; su uso como medida preven-tiva para evitar la propagación de la rebelión zapatista; la reforma electoral que se discutía a nivel nacional; la búsqueda de mecanismos para garantizar la gobernabilidad en la entidad, dado el aumento de la conflictividad electoral y agraria; las demandas del movimiento indígena; su empleo para garantizar la continuación de la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (Pri); la búsqueda de legitimidad gubernamental y la continuación de meca-nismos de mediación clientelista; inocular a los municipios contra la presencia de partidos de oposición; y las características histórico-culturales del quehacer político oaxaqueño (Recondo, 2007; Anaya, 2005; Morales, 2007; Hernández y Juan, 2007).

En la práctica lo que se aprobó es la existencia de reglas de organización político-social y de construcción de ciudadanías diferenciadas. El reconocimien-to implica aceptar la existencia de un sistema jurídico-normativo similar al derecho positivo, pero propio y diferenciado. Sin embargo, hay una confusión por el nombre con que se ha popularizado: Usos y costumbres, pues la “cos-tumbre”, si bien puede tener un papel importante, no necesariamente es la base de estos sistemas, ni remite a prácticas añejas o reminiscencias de un idílico pasado, mucho menos apela al milenarismo bucólico tan común para defender ese régimen.

De esta forma, la reforma electoral del 95 en Oaxaca trascendió el nivel meramente declarativo que ha caracterizado a la política del reconocimiento en México y la mayor parte de los países latinoamericanos, al tocar uno de los andamiajes institucionales operativos más importante para cualquier Estado democrático: el sistema electoral (Anaya, 2005).


EL MUNICIPIO: PISO y TECHO DE LA AUTONOMÍA

Al analizar a los gobiernos indígenas, si consideramos los espacios subnacionales a los que son constreñidos —comunidad, municipio, región—, surge el dilema si constituyen el ejercicio del derecho a la autodeterminación o por el contrario corresponde a una nueva forma del control estatal. y es que el reconocimiento a la autonomía tiene varias aristas. Desde el Estado las políticas multiculturales se han utilizado como estrategia para “domesticar la diferencia”, como meca-nismo despolitizador de las luchas autonómicas indígenas (Leyva et al., 2008). Por otro lado, constituyen, como en el caso de Oaxaca, efectivamente un reco-nocimiento legal a la existencia y permanencia de prácticas y reglas diferencia-das, que deriva de una situación histórica de facto, mantenida al margen y en los márgenes de la legalidad por pueblos indígenas y el Estado-regional.

Desde los espacios subnacionales, las instituciones multiculturalistas también representan intersticios sujetos a la etnización por comunidades y municipios, y son usadas para generar nuevas formas de articulación con el Estado, e incluso, actuando dentro de los espacios de la institucionalidad estatal disputan espa-cios y generan otros mecanismos de representación política (como asociaciones de municipios, en el caso de Oaxaca, o la incursión en la política partidaria a partir de la definición de candidatos de los partidos políticos a diputados al Congreso estatal y federal). Este doble juego en que las comunidades se re-constituyen, al tiempo que inciden en la reconfiguración del Estado, a lo que Souza llama “interlegalidad”, se crea a partir precisamente de las instituciones subnacionales (Leyva et al., 2008).

Una categoría que nos permite seguir este proceso es la ciudadanía, la cual no sólo ayuda a entender las formas de organización de los municipios de Oaxaca, dado que ésta y los derechos hablan de la estructura formal de una sociedad, sino también indica el estado de la lucha por el reconocimiento de los otros como sujetos de intereses válidos, valores pertinentes y demandas legítimas (Sojo, 2004).

Más aún porque una crítica que se hace a la visión convencional de la ciu-dadanía es que la pertenencia al Estado-nación con frecuencia significa poco para sus miembros, en comparación con otras formas de comunidades subna-cionales con las cuales se identifican y por medio de las cuales pueden ejercer sus derechos y obligaciones (Kabeer, 2007). Por eso es necesario situar la dis-cusión sobre ciudadanía en contextos específicos, puesto que si bien hay con-vergencias en las preocupaciones analíticas, hay diferencias regionales notables en su orientación teórica y el referente empírico que reflejan diferente historias


y la particularidad de los contextos en los cuales se enmarcan estos procesos (Mukhopadhyay y Singh, 2008).

y es que si bien la idea de ciudadanía es prácticamente universal, su sig-nificado y manera en que se vive, no lo es. Una de las limitantes del debate teórico es que en mucho se da en ausencia de las opiniones y perspectivas de los ciudadanos “comunes” un vacío empírico en el que no se sabe qué significa la ciudadanía para la gente o lo que estos significados dicen acerca de construir sociedades incluyentes (Kabeer, 2007). De ahí la relevancia de la experiencia oaxaqueña. Sobre todo porque la legislación reconoce el derecho a la autode-terminación de los pueblos indios, pero acota su ejercicio a una delimitación específica: el municipio. En Oaxaca existen 570 municipios, de ellos 418 (73% del total) eligen a sus autoridades locales por ese régimen electoral. Un doble proceso que ha impactado de distintas maneras. Por un lado, relevando las anteriores lealtades con el Pri, que puede verse en su descenso en los resultados electorales en estas dos décadas, lo que ha permitido la expresión de una mayor pluralidad política. Además, ha generado la constitución y consolidación de nuevos mecanismos de articulación y representación política: asociaciones in-termunicipales, organizaciones sociales y participación en los partidos políticos. Por otra parte, ha permitido mostrar que la defensa de la comunidad, como base para el ejercicio del derecho de autodeterminación, no sólo no impide, sino que fortalece procesos de construcción de espacios de gobierno y repre-sentación política más amplios, como las intermunicipalidades, por lo que la discusión sobre la preeminencia de la región o la comunidad como ámbito de gobierno no tiene sustento práctico, al menos en Oaxaca.

En sentido contrario, el reconocimiento ha derivado en diversas prácticas para recuperar el control y la sujeción política, que van desde el condiciona-miento de los recursos públicos que corresponde a los municipios, un aumento en las estrategias de corporativización de nuevos sujetos—mujeres, jóvenes, tercera edad, grupos productivos— mediante prácticas clientelares empleadas por gobiernos y partidos políticos; una estructura paralela a la oficial que deriva en procesos de corrupción, bien para beneficios personales o de grupo, bien para desvío de fondos de la hacienda municipal para campañas políticas, o la combinación de ambas; hasta cambios legislativos para disminuir o violentar abiertamente la autonomía. Hechos que derivan que la defensa de la autode-terminación se convierta en una ínsula municipal, con poca articulación hacia procesos externos, que forma parte de los factores que han permitido la per-manencia de las prácticas autoritarias que se han dado en la última década, así como el retraimiento del movimiento indígena.


Estos procesos, si bien no son homogéneos y habría que apreciarlos en toda su diversidad, marcan cómo el municipio se ha convertido en el piso y el techo para el ejercicio de la autonomía.

DE LA CIUDADANÍA DIFERENCIADA A LA MúLTIPLE CIUDADANÍA

En los sistemas diferenciados de organización sociopolítica que abordamos, los ciudadanos concurren al espacio público, no como individuos sujetos a derechos y obligaciones en un plano de igualdad, sino como miembros de una comunidad política (el municipio, la comunidad), regida por criterios de identi-dad étnica o cultural; por tanto, se encuentran regidos por mecanismos de legi-timación a partir de lo colectivo, en los cuales el cumplimiento de obligaciones antecede al ejercicio de derechos. Ejes rectores que se están transformando en la actualidad por una serie de factores externos e internos, que genera cambios internos y en su relación con el Estado.

Hasta hace algunos años no había mayor problema para cumplir con esos principios: los sujetos vivían en una comunidad rural, dedicados a actividades productivas (agrícolas, pecuarias o forestales); si bien podían tener identidades subalternas (campesino, mujer, comunero, joven, anciano), éstas no generaban graves contradicciones y se privilegiaba su carácter de miembro de la colectivi-dad. No sucede lo mismo ahora, pues la realidad se ha complejizado y, depen-diendo de los espacios socioculturales en que se desenvuelvan, pueden existir dos o más posiciones identitarias al mismo tiempo que la jerarquía entre ellas es equivalente o va en detrimento de ser miembro de la colectividad. Situación que genera diversas tensiones

El reconocimiento genera impactos en la vida interna de los municipios. Por una parte, salir de la clandestinidad jurídica los dota de mecanismos para ejercer su autonomía, pero, al mismo tiempo, crea condiciones distintas para la disputa por el poder local, dado que las diferencias, antes reprimidas por sus propios mecanismos de control, ahora se discuten abiertamente. Si bien esas diferencias y contradicciones convergen sobre todo en los procesos electorales, estos sistemas de organización no se reducen a ellos, sino que abarcan prácti-camente la totalidad de la vida en comunidad.

Aunado a ello, una serie de problemas estructurales, como la exclusión de sectores de la población, se visibiliza con el reconocimiento. Situación que coin-cide con otros procesos, tanto internos —relevo generacional, cambio de activi-dades productivas, profesionalización de sus integrantes, tránsito rural-urbano,


etcétera—, como externos —migración, políticas estatales de descentralización, globalización, movimiento por la equidad de género y los derechos humanos, aparición de nuevas religiones, etcétera.

Si bien los municipios y comunidades indígenas siempre han tenido que adaptarse a los nuevos contextos, nunca como ahora se han visto atravesadas por tantas variables a la vez que exigen respuestas concretas que al mismo tiempo les permitan conservar los principios esenciales de sus sistemas diferen-ciados. Además, hay que considerar que se encuentran insertos en comunidades más amplias (la estatal y la nacional), e incluso por el fenómeno migratorio, algunos de sus integrantes son a la vez ciudadanos de otra nación (como los migrantes que han adquirido la ciudadanía estadounidense). Entonces se han de desenvolver en distintos espacios y temporalidades, y responder a distintas concepciones de ciudadanía (la diferenciada en la comunitaria y la liberal en los otros espacios), lo que genera tensiones en la vida comunitaria, que lo mismo origina graves conflictos como los señalados al principio del texto, como inédi-tas respuestas pragmáticas ante las situaciones conflictivas.

Es por eso que a fin de dar forma al disenso sobre la interpretación de los principios en que se movilizan los sujetos, lo más adecuado para proporcionar polos de identificación son las concepciones diferentes de ciudadanía (Mouffe, 1993:22).

Un ejemplo es que en estos municipios se transita del cumplimiento de las obligaciones comunitarias, base de su ciudadanía diferenciada, al ejercicio de atributos de la ciudadanía liberal. El caso más evidente lo constituye el hecho de que el mismo día se realicen elecciones municipales por “usos y costum-bres” y, paralelamente, comicios estatales o federales; ambos casos difieren no sólo en el procedimiento y mecanismo electoral, sino en su concepción cultural y política. Así, el ciudadano puede salir de una asamblea comunitaria, para ir a las urnas a depositar su voto como ciudadano mexicano. O viceversa, asistir a una elección de autoridades municipales por partidos políticos, que refleja posturas irreconciliables e incluso puede derivar en confrontaciones, para pasar a una asamblea de comuneros y/o ejidatarios, en donde la defensa del territorio permite hacer a un lado las diferencias y generar consensos.

Se han presentado otras situaciones que hablan de estos mecanismos de articulación/colaboración entre dos órdenes normativos distintos. En las elec-ciones estatales o federales, la participación como funcionario de casilla es considerada en algunas poblaciones como un tequio comunitario, por ejemplo. En el 2006 las asociaciones intermunicipales Asamblea de Autoridades Muni-cipales del Sector zoogocho (agrupa a 19 comunidades) y la Unión Liberal de


Ayuntamientos (ula, que aglutina a 26 municipios), junto con intelectuales y dirigentes indígenas de la Sierra Norte, impulsaron y condicionaron a los par-tidos políticos a que sus candidatos a la diputación del distrito electoral federal 04 tendrían que surgir de una consulta con la población indígena, conforme a sus mecanismos y reglas, derivadas de la región; sólo el Partido de la Revo-lución Democrática hizo caso a este llamado, su candidato resultó el entonces presidente municipal de Guelatao de Juárez: en los comicios el apoyo de las comunidades y autoridades fue visible, por lo que resultó el triunfador.

Ambas asociaciones se han convertido en un espacio de representación e in-termediación política fundamental entre los pueblos de la región y las autorida-des estatales y federales. Su capacidad y legitimidad los dota de gran fortaleza para la negociación. Un hecho lo muestra: tras la ausencia del gobernador del estado en el 2005 a la ceremonia luctuosa a Benito Juárez (18 de julio) quien naciera en Guelatao, municipio ubicado en la región, los reclamos de la ula fueron severos, lo que motivó que en los meses subsecuentes el mandatario visi-tara en cuatro ocasiones la zona, y que una visita del presidente de la república se programara en la región; acciones acompañadas de entrega de recursos, programas sociales y obra pública.

Estos espacios, sin embargo, no son novedosos. Hemos mencionado cómo históricamente los pueblos indígenas mantuvieron sus sistemas normativos en los márgenes de la legislación liberal, e incluso aprovecharon ésta para exigir derechos comunitarios, como en las disputas por el territorio contra otras co-munidades pero también contra la Iglesia, terratenientes y particulares.

Hasta antes de la reforma del 95, un cargo que se había incorporado a la estructura comunitaria era el del Comité Municipal del Pri, muestra de este do-ble juego para, paradójicamente, mantener su autonomía política. Las ligas con ese partido permitían el ulterior reconocimiento legal a autoridades electas con sus reglas internas, que contradecían al marco jurídico vigente. Actualmente, si bien ha desaparecido esta figura, cada vez más municipios se están apropiando de instrumentos de ingeniería electoral de la democracia representativa: urnas, casillas, voto secreto, planillas, árbitro electoral, entre otros, que sustituyen a la anterior votación abierta a mano alzada en asambleas comunitarias. Como estos hay múltiples ejemplos de generación de nuevas reglas y acuerdos que permiten la manutención de los principios de la colectividad (Juan, 2004; Her-nández y Juan, 2007, Recondo, 2007): sustitución de tequios por otras obliga-ciones; posibilidad de que los migrantes designen a un familiar o contraten a una persona para que los supla cuando son nombrados en algún cargo; sepa-ración de las anteriormente imbricadas estructuras religiosa y civil, para que


los practicantes de una religión distintas a la católica puedan cumplir con sus deberes comunitarios, ejercer sus derechos ciudadanos y garantizar la libertad de culto; incorporación de actores excluidos al ejercicio de su ciudadanía.

No es sólo el ámbito electoral donde se dan estas transformaciones. En lo que se refiere a la aplicación de la justicia, síndicos y alcaldes manifiestan que hay un mayor cuidado en que los acuerdos o sanciones a los que lleguen se cumplan cuando menos en las formalidades legales (citatorios, actas), así como en que sus sanciones no transgredan los derechos humanos (dPlf, 2007).

Incluso en un ámbito tan liberal como es el mercado, hay empresas comu-nales, sustentadas en la propiedad colectiva, con un manejo que dista de lo que las reglas empresariales dictan, pero que han incursionado con empresas sólidas y exitosas, como los casos de las comunidades forestales de Ixtlán de Juárez, San Pedro El Alto y Textitlán, en Oaxaca; o San Juan Pueblo Nuevo, en Michoacán (Garibay, 2007).

Por supuesto, es éste un doble proceso. Desde la perspectiva estatal también se hacen adecuaciones: a la anterior tolerancia hacia las prácticas diferencia-das se han promovido reformas legales para reconocerlas. Existen situaciones de facto que tienen que ser acomodadas por los agentes gubernamentales a los formalismos normativos; hay nuevos actores políticos cuya interlocución es re-conocida y respetada. En muchos casos, como las concesiones de transportes, éstas sólo se autorizan si cuentan con la aprobación de las comunidades; o bien se permiten los servicios de autotransportes propiedad de los municipios.

De esta forma, si el primer requisito para iniciar un proceso con sentido pluralista es la disposición al diálogo y a la cooperación entre culturas, para lo cual se requiere construir espacios y mecanismos que permitan esa coexistencia de identidades diferenciadas (Díaz, 2007), habría de cuestionarse entonces si la política del reconocimiento oaxaqueña no es parte de estos mecanismos.

REFLEXIÓN FINAL

La política del reconocimiento en Oaxaca reconoció la existencia de órdenes con principios éticos y normativos diferenciados a los de la legislación nacional. A contracorriente de los cambios en el marco jurídico nacional, e incluso en el de otros países, sus reformas pasaron al terreno de la práctica, motivando una serie de transformaciones tanto al interior de los municipios con mayoría de población indígena o que han etnizado sus sistemas de organización político-social, como en el sistema regional de dominio.


Una característica de este reconocimiento es el ámbito en el cual puede ejercerse la autodeterminación: el municipio y la comunidad. Estas instituciones y espacios subnacionales se han convertido así en la posibilidad de avanzar en el reconocimiento a la diferencia; en una salida que posibilita la coexistencia de culturas diferenciadas y la posibilidad de que, en ese ámbito, ejerzan las prácticas que los hacen distintos. Pero también posibilita el constreñir el ejer-cicio autonómico y reestablecer el control estatal mediante otras vías, tanto institucionales (como las políticas públicas) como las prácticas informales de cooptación y corporativización. Aunado a ello, ni la política del reconocimiento ni el derecho a la autodeterminación están exentos del uso maniqueo por inte-reses políticos cortoplacistas; pese a ello, lo cierto es que se han convertido en intersticios desde los cuales se puede avanzar.

En los municipios y comunidades el reconocimiento coincide con otros pro-cesos internos y externos que generan una serie de dinámicas que obligan a la transformación de reglas de sus sistemas organizativos así como de la cons-trucción y ejercicio de la ciudadanía. De ahí la multiplicidad de conflictos que surgen en su historia reciente; la visibilidad de sus problemas estructurales; y los nuevos acuerdos internos que están permitiendo la permanencia de estos sistemas diferenciados.

En la realidad la coexistencia de dos órdenes normativos de orígenes diame-tralmente opuestos e irresolubles teóricamente (derechos colectivos contra los individuales), obliga a salidas pragmáticas que muestran que es posible encontrar mecanismos e instrumentos para que puedan convivir. Una de ellas es la posibili-dad del ejercicio de ciudadanías múltiples, que corresponden a espacios y tempo-ralidades distintas, pero que logran ajustarse para compatibilizar la pertenencia a la comunidad, con la actuación como miembro de la comunidad nacional. Ac-ciones que son un indicio empírico de que, tanto los ajustes legislativos como las prácticas concretas, pueden estar construyendo las bases para un diálogo entre culturas diferentes en un plano de igualdad, como lo postula la interculturalidad. De encontrar o no las salidas a sus diferencias y contradicciones internas, al tiempo de responder a los nuevos contextos en que se desenvuelven, dependerá la consolidación o no de la autonomía de los municipios de Oaxaca.

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AutonomíA y justiciA en un municipio Autónomo en lA ZonA norte de chiApAs

Ángeles Gama*

[231]

introducción

¿Qué es la autonomía? ¿Qué factores incidieron en la formación de un municipio autónomo en la Zona norte de chiapas? ¿cuál es el marco en el que se desa-rrolla el sistema de justicia autónomo? son algunos de los temas sobre los que propongo reflexionar en este artículo.

para tal efecto, a fin de definir el significado de autonomía al cual me referiré, apunto que si bien el enunciado autonomía indígena puede remitirnos al concepto de autonomía como contenido específico del derecho a la autodeterminación que ha sido formulado en las instancias internacionales de derechos humanos del sistema de las naciones unidas (lópez, 2006; stavenhagen, 1997; cunning-ham, 1999), el desarrollo de dicho concepto también se vincula con el sujeto social indio que se construye como sujeto de derechos políticos colectivos a partir de enarbolar la demanda autonómica. con ello, me refiero a los diversos procesos autonómicos que se están desarrollando en méxico, entre los cuales se puede mencionar: la serie de esfuerzos por construir un sistema de justicia propia, impulsados en la región de la costa-montaña de Guerrero por la po-licía y autoridades comunitarias de los pueblos nahuas, tlapanecos, mixtecos y mestizos1 —ejercicio que ha sido realizado más recientemente en ejidos de la costa nahua de michoacán—;2 la constitución del municipio autónomo de san

* estudiante de doctorado en desarrollo rural, posgrado en desarrollo rural de la uni-versidad Autónoma metropolitana-unidad Xochimilco.

1 para mayor información consultar la página web http://www.policiacomunitaria.org/ 2 destacan los esfuerzos de la comisión por la defensa de los Bienes comunales de la

comunidad indígena de santa maría de ostula, michoacán, que ha encabezado una lucha por la defensa de su territorio y autonomía, estructurando su autodefensa indígena sobre la base de la policía comunitaria y su guardia comunal.

ÁNGELES GAMA232

Juan Copala, Oaxaca; los procesos de reconstitución del pueblo huichol; las declaraciones de espacios autónomos en Michoacán, en el estado de Morelos y las autonomías de los pueblos yaquis, entre otros.

También se encuentra el caso de las autonomías zapatistas que se desarro-llan en el estado de Chiapas y que emergieron como producto del levantamien-to del Ejército zapatista de Liberación Nacional (Ezln), dadas a conocer en el mes de diciembre de 1994 y concretadas en el proyecto político de los Munici-pios Autónomos Rebeldes zapatistas (Marez). En efecto, con el levantamiento del Ejército zapatista de Liberación Nacional en Chiapas en el año de 1994, la creación de los municipios autónomos anunciada el 19 de diciembre de ese año, sus estrategias de resistencia al gobierno y el anuncio en 2003 del fortale-cimiento de las diversas estructuras de gobierno autónomo zapatista y su inte-gración regional, se da un paso más en la formulación —desde la praxis— de las autonomías indígenas.

Hay un desarrollo del concepto de autonomía que va de las demandas con-cretas enarboladas por organizaciones y pueblos indígenas en las décadas de los años setenta y ochenta, a las luchas y desarrollo discursivo que desplegaron estos colectivos indígenas durante los noventas, pasando por el fortalecimiento por la vía de los hechos de los proyectos autonómicos que se gestaron en los últimos 15 años. Con lo cual, el concepto autonomía se ha dotado de un conte-nido enriquecido por la praxis autonómica que se despliega en diferentes zonas indígenas de México.

Las prácticas indígenas autonómicas actuales difieren de las costumbres y tradiciones que se venían ejerciendo históricamente en las comunidades indíge-nas3 porque entre otras cosas se caracterizan por surgir con proclamas públicas en las que enfatizan su voluntad de constituirse autónomamente frente al poder del Estado.

UN CASO DE ANÁLISIS

Con la finalidad de recabar más elementos que aporten a la reflexión sobre la autonomía, me propongo utilizar como caso paradigmático el establecimiento

3 Por ejemplo, Díaz Polanco se refiere a la presencia de una autonomía relativa que se caracteriza como la “del dejar hacer”, cuyo caso representativo es la experiencia del Istmo de Tehuantepec durante la Colonia y el México independiente y revolucionario (Díaz-Po-lanco 1991:211).

AUTONOMÍA y JUSTICIA EN UN MUNICIPIO AUTÓNOMO 233

de un municipio autónomo rebelde zapatista en la llamada zona Norte del estado de Chiapas.

Antes del acercamiento, considero importante señalar —aun someramen-te—, que si bien la existencia de los Marez fue anunciada el 19 de diciembre de 1994, posteriormente se difundió la formación de los Aguascalientes —además del que fueran sede de la Convención Nacional Democrática en Guadalupe Tepeyac—, centros que fungirían como puntos de comunicación y contacto con las comunidades zapatistas, alrededor de los cuales se fueron conformando regiones autónomas. Los Aguascalientes de la Realidad (que sustituyó al de Gua-dalupe Tepeyac después de su desmantelamiento durante la incursión militar de febrero de 1995), Morelia, la Garrucha, Oventic y de Roberto Barrios.

En el año 2003 fue hecho otro anuncio: se avanzaba en la consolidación de las instancias de gobierno autonómico, con la transformación de los cinco Aguascalientes en igual número de Caracoles, que serían la sede de los gobiernos autónomos zapatistas regionales, conocidos como Juntas de Buen Gobierno. Cada una de las Juntas de Buen Gobierno abarca a un conjunto de Marez, cuyo número ha sido relativamente cambiante, pues ésta es una característica de la geografía política autónoma, su constante transformación; un ejemplo de ello es la Junta de Buen Gobierno de la zona Norte que desde su establecimiento ha estado conformada por un promedio de entre siete y nueve municipios, aproximadamente.4

En este sentido, podemos referirnos a las autonomías zapatistas como un proceso vivo de conformación y reconformación territorial, con gran movilidad, que atiende a las condiciones cambiantes. También es un proceso que permite recuperar el derecho de los pueblos a nombrarse a sí mismos. La nomenclatura de los Marez que se organizan en la Junta de Buen Gobierno de la zona Norte

4 La constitución de los Municipios Autónomos zapatistas en la zona Norte chiapaneca implica una re-construcción de la percepción de los pueblos indígenas sobre el espacio, una re-constitución de su territorio histórico. Además, con el surgimiento de los Marez se con-figura otro mapa de división política —diferente al constituido por el Estado mexicano—, que nos habla de la otra geografía, la de los pueblos; este mapa de los pueblos zapatistas, es un mapa dinámico que se encuentra en permanente construcción, a diferencia del mapa oficial. Pero además, la vivencia cotidiana de esa nueva geografía con centros alternativos a los centros de poder constituidos en las cabeceras municipales oficiales crean un circuito de movimientos que les permiten sustraerse de espacios que les son adversos. Al mismo tiempo, esta reapropiación del territorio favorece la vivencia de un territorio ampliado y la construc-ción y fortalecimiento de relaciones intercomunitarias (Gama, 2007:17-18).

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nos transmite el imaginario5 de estos pueblos, en el que asoman a través de los nombres de próceres de nuestra historia como Vicente Guerrero, Benito Juárez y Francisco Villa —que así se llaman tres de los municipios autónomos de la re-gión—, los periodos de la historia en que se ha forjado la nación mexicana: la guerra de Independencia, la lucha contra el extranjero invasor y la revolución contra el opresor interno. Nombres que también aluden a aspiraciones, valores propios e identidades de los pueblos tzeltal y ch’ol que se coordinan en la zona, como El Trabajo, La Montaña, La Paz, Campesinos, San José en Rebeldía, entre otros, y el municipio autónomo de Ak’abal Na, nombre de un cerro que es un referente geográfico e histórico de la región.6

El municipio autónomo en el cual realizo mi investigación se encuentra en la zona Norte de Chiapas. Es un municipio pluricultural, constituido por comunidades ch’oles, comunidades tzeltales y algunos asentamientos con po-blación de ambas etnias. Surgió públicamente en el año de 1994. Pero ¿cuáles fueron los procesos que se conjuntaron para su constitución? En la búsqueda de indicios que aporten a esta interrogante contribuye un abordaje histórico de largo aliento.

5 “Para Glissant ‘el imaginario’ es la construcción simbólica mediante la cual una comu-nidad (racial, nacional, imperial, sexual, etc.) se define a sí misma. En Glissant, el término no tiene ni la acepción común de una imagen mental, ni tampoco el sentido más técnico que tiene en el discurso analítico contemporáneo, en el cual el imaginario forma una estruc-tura de diferenciación con lo Simbólico y lo Real” (Mignolo, 2003:55).

6 Dice la población local que el cerro de Ak’abal Na’ quiere decir muchas cosas. Significa “Casa de Noche”. Pero en una de sus variaciones significa “Basura de Casa”, o sea aquellas cosas que están estorbando o se encuentran mal puestas y se guardan —consideran algunos—; en ese sentido hace pensar en una bodega o un almacén. Para algunas personas Ak’abal Na’ remite a la “casa común”, a la que se referían antes los viejos: el universo, el espacio. A esa “casa común” se refiere el nombre del cerro Ak’abal Na’, aunque ahora los jóvenes no lo entienden así. Al respecto, cuentan las historias que por 1965 o 1970 salió una manada de animales raros por el lado del cerro (al parecer tapires) y el pueblo se organizó para ir a matarlos para comérselos, pero cuando llega-ron no encontraron nada, sólo estaban sus huellas y nunca más los vieron; ahí la gente se acordó de los viejos y se dio cuenta que el cerro los había guardado, no los daba a mostrar para que los mataran, porque los estaba cuidando. El cerro es el guardián de los animales en extinción, así que por eso se debe cuidar, respetar. En tzeltal le decían al cerro “nuestro abuelito”, no lo nombraban con su nombre verdadero por respeto (Gama, 2008).


ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Hay dos aspectos importantes que rescatar de la historia de los pueblos indios para entender al sujeto constructor de la autonomía. La relación de estos pueblos con el Estado ha sido marcada desde la Conquista y durante la Co-lonia por el fenómeno del racismo —la discriminación basada en el origen racial— (Quijano 2000), que dio lugar a una estructura social fragmentada en estamentos estrictamente diferenciados. Conjuntamente con procesos de despojo y saqueo de los recursos naturales de los territorios en el nuevo con-tinente y la explotación de la mano de obra por la metrópoli española, que configuró una geografía política caracterizada por una relación de domina-ción y dependencia entre las regiones hegemónicas mundiales y los países latinoamericanos.

Esta matriz colonial de dimensiones económica, social, política y de co-nocimientos (Mignolo 2010) continuó durante el México independiente.7 En la segunda mitad del siglo xix, las medidas liberales del Estado mexicano se expresaron en reformas legales —impulsadas en el estado de Chiapas por el gobernador Ángel Albino Corzo— que propiciaron las condiciones para la apropiación privada de terrenos baldíos que dio lugar al despojo de comunida-des indígenas. Durante la última década de ese siglo el gobernador de Chiapas, Emilio Rabasa, impulsó fuertemente las plantaciones cafetaleras y apoyó la implantación de la inversión extranjera a partir de los deslindes ejecutados por las compañías deslindadoras (Harvey, 2001), que en muchas ocasiones recibie-ron como pago por sus trabajos la entrega de terrenos que registraban baldíos,8 favoreciendo con ello la concentración de la tierra en la entidad.9 En este con-texto, familias alemanas se adueñaron de grandes extensiones de terrenos en la región del Soconusco y hacia finales del siglo xix se extendieron hacia la zona Norte del estado, donde establecieron fincas de café cuyo cultivo se extendió

7 La primera Constitución mexicana de 1824 estableció la posibilidad de entablar tra-tados comerciales con las “tribus indígenas”, al estilo del contenido de la Constitución nor-teamericana (Madrazo, 1993:2-3). Mención que distaba de reconocer la diversidad de los pueblos indígenas existentes y tampoco reconocía sus derechos.

8 Por ejemplo, 1,907,369 hectáreas fueron vendidas en su mayoría a extranjeros a tra-vés de la Compañía de Tierras y Colonización de Chiapas, México, Limitada (Concheiro y Tarrío, 2006).

9 Se incrementó el número de haciendas que existían en Chiapas al doble (946) entre 1855 y 1877, cifra que llegó a 3,149 en 1889 y 6,800 hacia 1909 (Harvey, 2001).

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hacia la región que actualmente abarcan los municipios de Simojovel, Huitiu-pán, Tila, yajalón y Tumbalá.

Éste fue el proceso por el cual la población indígena de la zona tuvo su primer acercamiento al cultivo de café, en medio del despojo de las tierras indí-genas, la fragmentación de la vida cotidiana de las comunidades y su estructura y organización, liberando mano de obra que fue arraigada en las unidades productivas organizadas por los terratenientes en las fincas, haciendas y ranchos que se establecieron en las regiones chiapanecas.

Después de la Revolución mexicana, el establecimiento de la propiedad social de la tierra vía la constitución de ejidos permitió el acceso a este recurso a los campesinos indígenas. En Chiapas la dotación de tierras inició en el año de 1919, pero fue a partir de 1934 —al inicio del periodo cardenista— que se efectuaron los primeros repartos en la zona Norte. Una característica de la política agraria impulsada en Chiapas fue que no afectó las grandes propie-dades finqueras pues recurrió a la entrega de terrenos nacionales en la Selva Lacandona (política de colonización) y no modificó la distribución del recurso y de los beneficios del mismo, lo que produjo un nuevo ordenamiento territorial que reforzó los cacicazgos locales y regionales: a los finqueros se sumaron los cacicazgos indígenas (Reyes, 1992). Sin embargo, la reforma agraria es im-portante para la organización de los productores indígenas en Chiapas, pues incidió en la conformación de una identidad basada en el trabajo cotidiano y en la construcción de proyectos productivos que sirvieran de base material a las formas de vida y a la cultura propias; todos ellos elementos que confluyen en la construcción de los territorios que emergen con el zapatismo en la zona. La experiencia sobre el cultivo de productos existentes en las fincas fue llevada a las nuevas unidades de producción ejidal; así, junto al maíz y el frijol, se implantó el café y la caña de azúcar.

Hasta la década de los años setenta se mantuvo en los ejidos la producción de café en pequeña escala, pero la coyuntura internacional de precios favora-bles impulsó al Estado mexicano a apoyar a los productores de café a través de las políticas instrumentadas por el Instituto Mexicano del Café (Inmecafe).10 Para la década de los años ochenta la experiencia acumulada les permitió a los

10 Consistentes en la extensión de paquetes tecnológicos, financieros, comerciales y or-ganizacionales que redundaron en el incremento de la producción cafetalera en la mayoría de los ejidos de la zona. Inicialmente la organización del sector social de la producción de café se ligó a las Unidades Económicas de Producción y Comercialización fomentadas por Inmecafé en el ámbito local.


productores incursionar en la autoorganización y constituir cooperativas cafe-taleras como la yaxté, la Ch’ol-tseltal y la Pajal, que tuvieron fuerza regional, pero que por problemas de organización, de administración y de fluctuación del precio del café, se debilitaron hasta desaparecer. Así, cuando el Estado mexica-no adoptó medidas neoliberales y desestructuró el Inmecafé, los cafeticultores del sector social en el estado de Chiapas y en la zona Norte contaban con un cúmulo de conocimientos —respecto a la producción y comercialización del café— y una experiencia organizativa y de conformación de redes intercomu-nitarias que les permitió avanzar de la autogestión económica a planteamientos de autonomía política. De manera que la historia de la lucha de las organiza-ciones de productores de café, así como la realización del Congreso Indígena de Chiapas11 en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas —en el año de 1974—, nos permite comprender la formación del municipio autónomo zapatista.

EL SISTEMA DE JUSTICIA AUTÓNOMO

En el marco que acabamos de delinear se constituyó el municipio autónomo zapatista objeto de la presente investigación y recientemente se dio comienzo al establecimiento del sistema de justicia local autónomo. De inicio, podemos señalar la existencia de dos órdenes dentro del sistema de justicia autónomo zapatista: uno regional que es aplicado a nivel de las Juntas de Buen Gobierno, como es el caso de la jbg “Nueva semilla que va a producir”, con sede en el Caracol V, en la comunidad de Roberto Barrios. Entre las funciones de las Juntas se encuentra la resolución de conflictos, pues como fue señalado en la serie de comunicados que el Ezln emitió con motivo de la celebración del pri-mer año de labores de las Juntas de Buen Gobierno en el año 2004, titulados Leer un video, “tardó un tiempo, pero ahora las personas y organizaciones no zapatistas y antizapatistas saben que pueden acudir a las jbg a tratar cualquier

11 “‘Los herederos de zapata’ volvieron a despertar. Si la década de los 70 fue la de ellos, la de los 80 alumbró a multitud de ‘organizaciones’ civiles, de productores, de ‘uniones’, ‘bloques’, ‘convergencias’, ‘alianzas’ que dieron tanta nota a los periodistas de los 80 en que nacieron y en la de los 90. ya es lugar común de los analistas que, de alguna manera, to-das las siglas que disparó la actualidad social campesino-indígena brotaron de la órbita del congreso. Aun en el zapatismo. Anónimamente, los más viejos (aludiendo tanto a su larga preparación como al evento final) confiesan: ‘allí es cuando se nos nació la conciencia’” (Aubry, 2004).

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problema, que no se les detendrá (las jbg son instancias de diálogo, no de pe-nalización), que se valorará su caso y se hará justicia. Si alguien quiere castigo por algo, acude a un municipio oficial o a un autónomo, pero si alguien quiere solución por diálogo y acuerdo, acude a la Junta de Buen Gobierno” (Marcos, 2004). El sistema regional de justicia abarca los siguientes ámbitos que fueron definidos a nivel general por las Juntas durante su primer año de funcionamien-to: la conservación de los bosques, el narcotráfico, el tráfico de indocumentados, el tránsito de vehículos en las zonas y las elecciones estatales para presidentes municipales y Congreso local —señala el informe— (Marcos, 2004); y aunque la redacción de las leyes correspondientes varía de una zona a otra, la esencia es la misma para todas las Juntas de Buen Gobierno.

Los otros ámbitos están reservados al sistema municipal autónomo. Por ejemplo, en el municipio de estudio, lo civil, familiar, agrario y las reglas de convivencia local, son de competencia de las autoridades autónomas munici-pales y algunos de los asuntos de tipo penal pueden ser manejados localmente, pero cuando se trata de los denominados delitos graves —como homicidio—, se considera que deben ser transferidos para la solución frente a la Junta de Buen Gobierno.

Una característica del sistema de justicia autónomo es que se encuentra en construcción, es un proceso paulatino que implica una reflexión amplia de la población respecto a la naturaleza y alcances de la justicia. En dicha reflexión afloran los sentidos de la justicia provistos por la cultura propia, profundos cuestionamientos al sistema de justicia estatal y la búsqueda de mecanismos y procedimientos alternativos en la aplicación de la justicia.

Las nuevas formas de justicia se basan en principios que pretenden evitar las prácticas de la justicia estatal que han vulnerado a los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de los individuos. Por ejemplo, no se aplican multas en ninguno de los casos de conflicto, pues se considera que las autoridades que reciben este tipo de pagos corren el riesgo de corromperse, lo que posibilita la parcialidad en la justicia con graves consecuencias. En el sistema de justicia autónomo se privilegia la prevención de la conducta no deseada, en vez de la imposición de sanciones penales Al parecer, el principio que se encuentra tras el mecanismo que prohíbe la aplicación de multas se relaciona con los principios sobre el “buen gobierno”, en particular con la rendición de cuentas y el control y prevención de actos de corrupción.

No se sanciona con prisión, debido a la dificultad de contar con esas insta-laciones en cada una de las comunidades, y la resolución de conflictos se rea-liza principalmente en el nivel local, así es que la sanción a las faltas y delitos


menores es la ejecución de tareas comunales, que sirvan al colectivo (Gama, 2009);12 pues la falta que se comete a una persona o familia también afecta a la comunidad; además, existe la idea de que la prisión es una sanción que se impone no nada más al delincuente, sino que perjudica a la familia del mismo, dejando indefensos a los hijos y demás personas que dependen del trabajo del responsable.

Si se cometen faltas menores, se habla con la persona que incurrió en el “error” y se le reconviene, se le habla y se le orienta, como lo hacían antes los abuelos —comentan integrantes del Marez—, lo cual indica cómo interviene el sentido de justicia que provee su propia cultura. Si reincide en la conducta sancionable, se le vuelve a llamar para una nueva plática de reconvención; y si en una tercera ocasión comete falta, entonces se le sanciona suspendien-do su participación, lo que implica una separación temporal de los trabajos colectivos. Tomando en cuenta que la pertenencia al colectivo se basa en la realización de los trabajos comunales, tal suspensión afecta esa obligación-derecho.

Por lo general existen autoridades agrarias y administrativas oficiales en cada comunidad, como el representante agrario (ejidal) y el agente rural, que colaboran uno con el comisariado ejidal y el otro con el presidente del munici-pio constitucional. De la misma manera existe un representante agrario autóno-mo y un agente rural autónomo en aquellas comunidades donde hay presencia de población zapatista.

El representante agrario de la comunidad arregla los problemas leves que se suscitan entre dos ejidatarios. Por otra parte, corresponde al agente rural solucionar los asuntos penales o aquellas conductas que son consideradas faltas, como peleas (por ebriedad), lesiones, daños en propiedad, robos, etc., así como los problemas familiares y civiles.

El agente rural oficial dura en funciones un periodo mínimo de tres años, aunque puede renunciar a su cargo. Cuando los problemas no pueden ser solu-cionados en la comunidad, entonces se transfieren al Juez Municipal. Por otra parte, los problemas agrarios sencillos los arregla el representante agrario de la comunidad. Por ejemplo, si son dos hermanos que llegan a pelear un pedazo

12 Información recabada mediante entrevistas realizadas a población del municipio au-tónomo durante 2009, que se confirma al revisar las participaciones en la mesa sobre auto-nomía del Encuentro de Pueblos efectuado en 2007 (Encuentro de Pueblos, 2007, palabras de l@s compañer@s de Roberto Barrios en la Mesa sobre Autonomía, transcripción de audio).

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de tierra de la parcela familiar, el representante oficial agrario tiene la facultad de citar a los dos para que entre los dos contrincantes empiecen a discutir o a dialogar qué acuerdos pueden tomar para evitar el problema y si llegan a un acuerdo el representante levanta un acta donde quedan escritas las palabras de las dos partes; por lo regular, el representante agrario junto con las dos partes en conflicto van al sitio para medir la tierra y repartirla, para que queden en partes iguales para que no haya problema. Pero si el problema se agranda pasa a la comisaría y el comisariado ejidal busca resolverlo, pero si no lo puede resolver pasa a la Asamblea General del Ejido que es la máxima autoridad agraria en el ejido.

En el caso del agente rural autónomo, no se han presentado casos para resolver entre los compañeros —dice un miembro del municipio autónomo en una comunidad—, “pero si en caso de que si hay algún compañero que comete un error, sería que aquí se determina en una reunión qué se le va a hacer a aquel compañero que comete un error, si habrá que aplicarle algún trabajo, pues acá esa es la diferencia, de que aquí no le vamos a cobrar ni una multa… aquí el único castigo que se le puede aplicar a un compañero es darle algún trabajo o ya depende lo que se decide en alguna reunión”.13 El responsable de la comunidad o el agente rural autónomo tiene que informar cuando un miem-bro del municipio autónomo cometió un delito o un error y el castigo que se le aplica depende de la gravedad del problema.

Los principios de justicia autónoma que se han mencionado son formas generales que se aplican en todo el municipio autónomo zapatista, pero cabe señalar que existen diferencias locales en cómo son tratados los asuntos que implican a integrantes del municipio autónomo y a personas que no participan de la autonomía. Al preguntar sobre cómo se actúa en dichos casos, señalaron que entre la autoridad autónoma y la autoridad oficial —si es consciente la autoridad oficial—, tienen que ponerse de acuerdo sobre el tipo de castigo que le van a dar; si no son autónomos, pues la misma autoridad oficial tiene que castigar a su gente (multar o meter a la cárcel), depende del problema que ha cometido. Lo mismo debe buscarse el acuerdo entre ambas autoridades (oficia-les y autónomas) cuando un vecino que no pertenece a la organización autó-noma sea afectado por otro que sí es autónomo; en caso de que eso sucediera tendrían que ponerse de acuerdo las dos autoridades para pensar cómo se va a actuar y primero investigar qué tan grande es el problema, qué fue lo que causó ese problema o cuál fue el motivo. ya todo depende de la gravedad del

13 ibidem.


problema, pero tiene que ponerse de acuerdo con la autoridad oficial sobre el castigo que hay que aplicar. “Porque si no se llega a un buen acuerdo entre la autoridad oficial y la autoridad autónoma, pues es difícil que haya una solución de este tipo de problemas ¿no?”14

CONCLUSIONES

En el proceso de justicia autónomo destaca la importancia de la palabra, el diálogo, ya que se trata de un procedimiento en donde el discurso oral es el eje. Este procedimiento corresponde al sentido de justicia que es reconocido en los pueblos de origen maya en Chiapas y que en tzeltal denominan schahpanel c’op (wocolil), y en español “la palabra que arregla”.

Uno de los sentidos de justicia que afloró durante la investigación implica un sentido del tiempo diferente al que priva en el sistema de justicia estatal, puesto que para alcanzar una solución futura de un problema que existe en el presente, se remontan a un pasado —no inmediato— que busca el origen de las causas que provocaron el problema. Las soluciones posibles son construidas a través de un ejercicio que vivifica la memoria colectiva, que la actualiza para encontrar el acuerdo necesario. La justicia es un proceso en el que se entretejen el presente, el pasado y el futuro.

La situación que he narrado hasta aquí y que aparece como si fuera un tramado de relaciones tersas, en realidad constituye un campo de controver-sias, aunque menores. Las dificultades y contradicciones se manifiestan de ma-nera ostensible cuando una de las partes en conflicto pertenece al municipio autónomo y la otra parte no, ya que ahí surge la discusión en torno a qué tipo de derecho se recurrirá, ante cuáles instancias de impartición de justicia se presentará el caso. Sin embargo, debido a lo reciente del establecimiento todavía es muy pronto para contar con suficientes casos que vayan mostrando el rumbo que tomará la relación entre los diferentes sistemas jurídicos inte-ractuantes.

14 ibidem.

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Entrevistas

Gama, Ángeles (diciembre 2008). Entrevista con integrante del municipio autóno-mo. Grabación en audio.

Gama, Ángeles (diciembre 2009). Entrevista con integrantes del municipio autóno-mo. Grabación en audio.

¿Construyendo o disputando futuro?: Las organizaCiones CiviLes y eL desarroLLo en Chiapas1

Gerardo A. González Figueroa*

[245]

introduCCión

La presencia de las organizaciones no gubernamentales internacionales (ongi) ha sido importante no sólo por el dinero que otorgan a sus contrapartes nacio-nales, y lo que representan en la economía mundial, sino por el fortalecimiento en los procesos sociales que implicaron mayor participación y una incipiente democracia.

en Chiapas, las ong que hoy conocemos como organizaciones de la socie-dad Civil (osc), o simplemente organizaciones Civiles (oc), han florecido por la complejidad de una entidad que se ha caracterizado por diversos conflictos como la lucha por la tierra, los derechos humanos y la democratización. en los últimos años, varias de estas organizaciones han tenido un papel importante en las luchas antisistémicas de diversos actores, en donde la sociedad civil, como espacio de conflicto, tiene un papel muy importante que jugar.

uno de los ejes, además de los derechos humanos, ha sido el de buscar al-ternativas al modelo neoliberal que se impone en el mundo. el desarrollo, como propósito y razón de ser, que motiva el hacer y la presencia de estas organiza-ciones, y que hoy en día está marcado ya no sólo por los problemas económicos y sociales de las últimas décadas, sino por la creciente militarización del conti-nente a causa de movimientos sociales armados, que parecía que llegaba a feliz término por la aparente ganancia de la democracia en la región.

esta militarización no es sólo por los movimientos armados, sino que ahora responden a la estrategia de seguridad nacional de estados unidos en su lucha

1 presentación en la universidad Javeriana de Bogotá, Colombia el día 8 de junio de 2009.

* estudiante del posgrado en desarrollo rural de la uam-Xochimilco a nivel doctora-do. trabaja en Chiapas en el Colegio de la frontera sur (ecosur), unidad san Cristóbal.

GERARDO A. GONzÁLEz FIGUEROA246

contra el “terrorismo”, la creciente migración y el avance de los carteles de narcotráfico que se fortalecen desde Colombia a México.

Las organizaciones civiles tienen en ese escenario complejidades que aten-der, en una tensión constante en las relaciones sociedad civil-Estado y las complejas perspectivas sociales que hoy en día atraviesan actores como pueblos indígenas, campesinos, sectores urbanos empobrecidos.

El presente trabajo es un acercamiento general, desde Chiapas, al papel que las osc desempeñan en un escenario complejo y las posibilidades que hoy se configuran en el presente y futuro de las mismas osc.

LAS ORGANIzACIONES NO GUBERNAMENTALES INTERNACIONALES

El interés por estudiar a las llamadas Organizaciones No Gubernamentales (ong) ha crecido en los últimos años. Este interés ha sido político, social, y también lo es desde el punto de vista académico.

Las ong cobran importancia por el número de ellas y el papel que desem-peñan en la escena mundial. Aunque los números no son precisos, en la Orga-nización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocdE) se reconocen más de 4,000 de ellas —en los países miembros— y con dinero circulando por ejemplo en los Estados Unidos de alrededor de tres mil millones de dólares. Para el Pnud (2005:2) las ong tienen un valor superior al billón de dólares al año en todo el mundo, pero además lo importante es que intervienen en la vida de “otros”, o sea en más de 100 millones de personas, lo que habla de su importancia numérica (Gaventa, 2002:256).

Además de los números, las ong son importantes en los procesos de demo-cratización —entendiendo que no es sólo participando, sino que no pocas se han convertido en actores políticos—, al buscar algunas respuestas ante el fra-caso de las políticas económicas, en particular de aquellas derivadas de la etapa de estabilización económica y de ajuste estructural y que han sido impuestas por los organismos supranacionales como El Banco Mundial (bM), el Fondo Monetario Internacional (fMi), el Banco Interamericano de Desarrollo (bid) y, de manera reciente, la Organización Mundial de Comercio (oMc):

Desde comienzos de los años ochenta, casi todos los países del “Tercer Mundo” han puesto en marcha programas de ajuste económico estructural, que impli-can la liberalización de las fuerzas del mercado (como la abolición del control

¿CONSTRUyENDO O DISPUTANDO FUTURO? 247

de precios y las barreras comerciales), devaluación de la moneda, reforma ins-titucional (como la privatización y la promoción de la inversión extranjera) y estabilización (como la reducción del déficit público). Las fuerzas dominantes en la elaboración de estos programas de ajuste han sido el Banco Mundial y, en el caso de las políticas de estabilización, el Fondo Monetario Internacional (fMi) (Storey, 2004:131).

Las ong del norte,2 como se les nombra (se presentan como agencias de cooperación y/o fundaciones), han crecido en la medida en que la cooperación lo ha hecho dedicando mayor financiamiento a las ong o a proyectos ligados a iglesias, o incluso a movimientos sociales y partidos políticos. En los países ricos o del norte se dedica dinero para lo que consideran (una agenda del norte) “tercer mundo” o pobre y que requiere de la ayuda para temas que tienen que ver con el desarrollo y/o la pobreza.

Por esa forma de intervenir, las ong del sur se han incrementado en los últimos años,3 sus miembros provenían de luchas concretas, o incluso de orga-nizaciones político-militares que vieron en las organizaciones ciudadanas espa-cios de participación social y popular, por ello se explica la importancia de la sociedad civil como espacio autónomo.

Las ong se han involucrado en el supuesto de intentar resolver la pobreza y la exclusión. Además de que han servido de espacios de resistencia en la com-plicada lucha por los derechos humanos reconociendo sus formas asociativas como parte de esta lucha en la perspectiva del cambio social.

La democracia y el desarrollo han sido los ejes de su razón de ser que las ha llevado a tener protagonismo más allá del ámbito local. Las ong del norte reciben donaciones, acceden a financiamientos, tienen causas a las cuales “los donantes”, o sea quienes dan dinero, tienen como interés la ayuda y coopera-ción fuera de sus fronteras. Las del sur (las organizaciones civiles) realizan acti-vidades en la mayoría de las veces se traducen en proyectos que son apoyados

2 Las más importantes son: Greenpeace, Amnistía Internacional, oxfaM, Cáritas. En los Estados Unidos sobresalen: Ford, Interamericana, Cuerpos de Paz, MacArthur, Kellog, Ford.

3 En 1996 diversos líderes de osc mexicanas fundaron Vamos, fundación de la sociedad civil mexicana; en 2005 cambió su nombre a Rostros y Voces y desde 2007 inició su trans-formación a oxfaM México, primero como observadora y a partir de 2009 como parte de la familia oxfaM Internacional, siendo la primera osc mexicana del “sur” que ingresa al selecto grupo de ong internacionales. Como país miembro de la ocdE, México está casi obligado a constituir una agencia de cooperación para el desarrollo.


y financiados para poder darle alternativas a la “causa”. Los proyectos tienen que ver con la vida de comunidades o colonias en donde habitan solicitantes de vivienda, o indígenas o campesinos que requieren capacitación, servicios de salud y alimentación.

Las ong del norte realizan actividades en “ultramar” y dan la impresión de que sólo en el sur hay pobres y excluidos, y que en el norte hay un mundo sin necesidades. Edwards y Hulme (2002) nos dicen que nada de eso es real: el norte también tiene sus propios problemas y éstos no están lejos de la pobreza y la exclusión y que en el sur existe una riqueza mal distribuida (Edward y Hulme, 2002; Gaventa, 2002).

También, hay que decirlo, existe desconfianza sobre sus logros, en particular en cuanto al desarrollo. En el escenario de la participación, la generación de co-nocimientos y de la toma de decisiones, hay una percepción sobre el papel que tienen las ong, no sólo por la reducida presencia del Estado en el campo social, sino también porque el campo de referencia en donde actúan es la sociedad civil, espacio de disputa por su representación, fortalecimiento y la perspectiva del cambio. En este sentido, debe subrayarse la escala limitada del quehacer de las ong, dado la creencia en el discurso de que “hacen mucho con poco”, y que deben permanecer en cierto “limbo” político.

El impacto de las ong sobre la pobreza es muy localizado y transitorio (Edwards y Fowler, 2002), a pesar de contar con diversas estrategias y metodo-logías, como la educación popular o de forma participativa; si bien fortalecen a líderes y comunidades como actores sociales, esto no es suficiente en un esce-nario de globalización y neoliberalismo.

En países como México y Colombia, su papel puede estar marcado por el creciente papel que juega el narcotráfico ya no sólo en la producción, comercia-lización y consumo, sino también en el terreno de la economía, de la influencia política y el drama social que impacta a razón del incremento de sus actividades delictivas y de desafío a los Estados nacionales.

En el boletín informativo de la Embajada de Estados Unidos en Panamá (mayo, 2005) se escribe sobre el papel de las ong:

En las democracias, los ciudadanos ordinarios se pueden organizar en grupos independientes para atender las necesidades de la comunidad o de la nación en la que viven y complementar, suplementar o incluso impugnar las actividades del gobierno. Estas agrupaciones se designan a menudo como organizaciones no gubernamentales u ong porque no son una extensión de las oficinas del gobier-no (Americana, Boletín, 2005:1).


Esta visión desdeñosa ejemplifica la idea del concepto de ong4 para agru-parse e incluso “impugnar” al gobierno. Se trata de grupos organizados de la sociedad civil que tienen capacidades de intervención y por lo tanto de influir en la vida de otros. No es sólo tener esa capacidad: intervenir significa una práctica y una postura tan simple como el no estar de acuerdo, o tan compleja que implica comprometerse en una red que vigila a los gobiernos y denuncia al Estado porque reprime o desaparece ciudadanos (Moreno, 2008).

Con esta perspectiva, el financiamiento en los últimos años, a partir de 1994 como consecuencia del levantamiento armado en Chiapas, lo que era un hecho, el retiro de las ong del norte contribuyó a que aparecieran nuevos interlocutores, como la Unión Europea (uE), grupos ligados a los autonomías municipales del Estado español, o sindicatos como la Unión General de Tra-bajadores (ugt) de España, y en particular los colectivos civiles, que vieron en la lucha zapatista y en la de las ong la oportunidad de construir alternativas desde la solidaridad y el financiamiento a los proyectos. Esta presencia fue en contraposición de quienes vieron como una realidad el ingreso de México al primer mundo mediante la firma e implementación del Tratado de Libre Co-mercio para América del Norte (tlcan).

Esta relación, que abarca áreas como la de la promoción y defensa de los de-rechos humanos, la cooperación tecnológica, la ayuda humanitaria, la asesoría para proyectos de autogestión y el apoyo a instituciones dedicadas a la inves-tigación en diversas ramas del conocimiento, el intercambio de experiencias entre sindicatos y organizaciones gremiales […] Los últimos 5 años los países que integran la Unión Europea (uE) han apoyado a un ‘centenar de proyectos’ de ong mexicanas a las que, hasta 1993, canalizaron recursos por 8.6 millones de ecus (moneda oficial de la uE, que equivalen a poca más de 9 millones de dólares [cerca de 75 millones de pesos] (El Universal, 30 de marzo de 1998)

Conforme fueron cambiando las cosas, a fines del siglo xx, las ong han desarrollado estrategias de sobrevivencia en conflicto; ahora, al igual que en otras regiones del mundo, enfrentan emergencias políticas complejas, esto es, conflictos internos, huracanes, conflictividad social, militarización, como ha su-cedido en Centroamérica o el sur del continente, así como expresiones nuevas

4 El término ong es más conocido, sin embargo, dado el espacio civil en que actúan, su composición y de que en los últimos años su identidad es uno de sus logros identitarios, estamos hablando de organizaciones civiles o de la sociedad civil.


de violencia desenfrenada, como la que se da en contra de las mujeres en ciu-dades maquila (Ciudad Juárez, Chihuahua).

Hoy es muy claro que cada vez hay mayor especialización en el manejo de los conflictos y de las situaciones que reflejan la exclusión. Mi visión de todo ello es que se aprendió de la lucha compleja por la democracia y en contra de la represión, pero hoy en día también se puede ver en el tiempo una tensión constante entre la construcción del presente y una disputa de futuro como pro-yecto con alto contenido ideológico que rebasa el ámbito de la representación de la sociedad civil, porque esa es la realidad de las ong.

CHIAPAS: LA SOCIEDAD CIVIL, LAS OSC y EL DESARROLLO

En la actualidad las ong trabajan en situaciones de alta complejidad. ya no sólo es la “protesta”, pues en el campo de las iniciativas se promueve la crea-ción de redes temáticas o multi-temáticas;5 esto es, redes que igual trabajan en la perspectiva de los derechos económicos, sociales y culturales, como en temas como la deuda externa, o el creciente mundo biotecnológico que afecta a las comunidades productoras de semillas llamadas “criollas” o nativas y que se en-cuentran en desventaja respecto a las empresas transnacionales como Monsanto y que influyen en las políticas públicas y la investigación.

Las prácticas de estas ong apelan no sólo a la toma de decisiones basadas en la consulta o bajo formas que tienden a ser de forma más horizontal, sino que el eje de sus demandas es cada vez más politizado y construido desde la realidad social compleja, en donde influye el pensamiento neozapatista.6 Otras, quizá las más numerosas, en el mejor de los casos acceden al recurso público, privado y no gubernamental.

Estas ong han sido criticadas por su relación con el “príncipe”; también como espacios que detienen el desarrollo natural de la “lucha de clases” o de

5 Las redes nacionales en México son temáticas, como la Red de Organizaciones Civiles “Todos los Derechos para todos”; la Red Mexicana de Acción contra el Libre Comercio; otras son las que agrupan a las redes, como lo fue Convergencia de Organismos Civiles por la De-mocracia, que aglutinó a 11 redes temáticas. En las entidades se agrupan de manera similar.

6 No es sólo la ahora llamada “Otra Campaña”, que agrupa a organizaciones civiles, políticas y sociales, sino también grupos que se mueven alrededor del movimiento de López Obrador y que tienen una membresía cercana al Partido de la Revolución Democrática (Prd).


las contradicciones entre capital y trabajo, obstaculizando el desarrollo de una conciencia revolucionaria ante la falta de un Estado preocupado por las necesi-dades esenciales de sus ciudadanos pero que en lo social ha sido sustituido por el trabajo de las ong.

Algunas pocas se vinculan a los movimientos sociales que emergen desde la acción colectiva, otras libran sus batallas en el financiamiento público, crean-do por un lado despachos de consultorías y por otro, consultorías en el sector privado.

Además del debate teórico sobre las ong desde la perspectiva de la sociedad civil y los movimientos sociales, hay en el escenario otros enfoques que pueden ayudarnos a entender sus procesos en la construcción de redes, y en la manera en que construyen sus conocimientos y capacidades (Long, 2007). Esta perspec-tiva desde el actor social es la que reflexionamos como un aporte teórico. La agencia de los actores es vista como esa capacidad de procesar la experiencia social. Es una noción de prácticas y procesar organizaciones porque está en-carnada en relaciones sociales y la agencia es efectiva a través de ellas por su influencia en otros, algo que de entrada le da identidad al actor ong. Otro aspecto importante es que implica la generación y uso de redes y relaciones sociales y la canalización de elementos específicos a través de puntos nodales de interpretación e interacción.

Los actores generan medios discursivos que son construcciones culturales implicadas en la expresión de los puntos de vista o perspectiva de valor, verbal o a través de su misma práctica social.

Las ong en Chiapas (ver mapa al final del artículo), como actores sociales, aparecen en el escenario desde la década de los años sesenta del siglo pasado (gráfica 1):

La gráfica nos muestra que la tendencia de las ong es ascendente. En una primera etapa, las ong tienen como inspiración, por un lado, la llegada de an-tropólogos a la entidad (con la creación del ini en 1954 y la llegada a Chiapas de las universidades de Stanford y Harvard), y por el otro, la que más influirá, la del nuevo obispo de Chiapas, Samuel Ruiz García, oriundo de Guanajuato quien en enero de 1960 es nombrado como alta jerarca en la entidad desarrollando con el pueblo indígena diversos procesos que alentaron la organización civil y social.

En la década de 19607 se crearon organizaciones como Desarrollo Econó-mico Social de los Mexicanos Indígenas (dEsMi), el Hospital de Altamirano, La

7 Existen pocos trabajos que dan elementos de esta historia de las osc en Chiapas, so-bresalen los de González (2002) y García (1998).


Nueva Primavera, etc. En el ámbito social, se da el proyecto Ash Lecubtesel, que a su vez dio origen a la primera Unión de Ejidos, la Quiptik Lecubtesel, en el terreno económico-político.

En la década de los años setenta, el proceso que alentó la defensa y la lucha por la tierra fue la celebración del Congreso Indígena (realizado en 1974), que preparó a decenas de catequistas que con el tiempo darían forma a diversos procesos que van desde las Comunidades Eclesiales de Base, hasta organizacio-nes como la Unión de Uniones que a principios de los ochenta, se divide que-dando la Pajal ya Kactik y la naciente Asociación Rural de Interés Colectivo (aric) Unión de Uniones (udEu).

La década de los años ochenta se conoce como la “década perdida”, pues se vive el impacto de la caída de los precios del café y la desaparición del Institu-to Mexicano del Café (Inmecafe); la política de ajuste estructural dinamiza en sí mismo los procesos organizativos y en el contexto internacional, Nicaragua hace la última revolución armada y triunfante con el Frente Sandinista de Li-beración Nacional (fsln), por lo que la región toca las puertas del imperio y de la frontera sur (la más grande es la que tienen Guatemala y Chiapas).

En 1982 llega al poder Absalón Castellanos, general de división y con un gobierno decidido a enfrentar la creciente movilización social que considera como principal acompañante a la diócesis de San Cristóbal. Sobresale en esta década la lucha del magisterio (1979-1988) con la presencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (cntE) y un movimiento indígena

gráfica 1. Años de fundación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en Chiapas

Fuente: Elaborado a partir de encuesta 2007-2008.


campesino que tiene como eje principal la lucha por la tierra (ocEz, cioac, Unión de Uniones), quienes además son parte de redes o alianzas nacionales como la Coordinadora Nacional “Plan de Ayala” (cnPa) o la Unión Nacional de Organizaciones Campesinas Autónomas (Unorca), que además impulsa una siguiente etapa: la lucha por la apropiación del proceso productivo.

En 1982 y hasta 1993, los refugiados guatemaltecos serán un foco impor-tante de tensión, por un lado por la presencia de más de 100,000 de ellos y la creación y apoyo de ong de la ciudad de México, Chiapas y el exterior.8 Nacen en este contexto de refugio y represión gubernamental: Bejaltik, Chil-tak, Centro de Capacitación Ecológica para Campesinos (ccEsc), además de la Organización de Médicos Indígenas del Estado de Chiapas (oMiEch), el Centro de Información y Análisis de Chiapas (ciach), el grupo de Mujeres de San Cristóbal, después conocido como colEm, y el de mayor trascendencia internacional: el Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas (cdh fbc), mejor conocido como el “Frayba”.

Todas estas experiencias se agrupan en derechos humanos, salud, ecología, desarrollo, pero inspirados en algunos elementos como la coyuntura por la irrupción del actor Pueblos Indios, en un escenario que se tradujo en relaciones con otros actores como las osc, la cooperación internacional y la Iglesia —la de la Teología de la Liberación—, además de la irrupción del Ejército zapatista de Liberación Nacional (Ezln) en 19949 y el cambio de poder político (el Pan ocupa la presidencia) por las elecciones del año 2000.

La presencia de las ong conforme se ha venido incrementando está relacio-nada con tres aspectos importantes:

a) La lucha por los derechos humanos y la ciudadanía.b) La lucha por los recursos naturales.c) La lucha de género.

Bajo estos tres aspectos, en Tuxtla Gutiérrez y en Tapachula existe un número importante de ong que trabajan una gran diversidad de temas como niños de la calle, bandas juveniles, alcohólicos y también organizaciones socia-les con diversas figuras jurídicas. En la región Altos, con sede en la ciudad de

8 Las ongi que sobresalen son: oxfaM uk, Pan para el Mundo, Médico Internacional; Save The Children, Misereror.

9 El Ezln dinamizó en el contexto internacional y nacional a la sociedad civil, pero en particular a las ong.


San Cristóbal, hay más de 100 ong cuyo trabajo se lleva a cabo en las regiones Altos (predomina el trabajo en dos municipios: Chenalhó y Sn Andrés Larráin-zar); en la Selva con predominio en los municipios de Ocosingo y Altamirano, la región Fronteriza en los municipios de Las Margaritas, y en la Sierra, funda-mentalmente en Motozintla de Mendoza.

Recientemente el tema de los migrantes ha cobrado mayor fuerza, incre-mentándose el trabajo en derechos humanos con el Centro de Derechos Hu-manos “Fray Matías de Córdoba”, la Casa del Migrante, y la participación de instituciones académicas como El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) y el Centro de Estudios Sociales sobre México y Centroamérica (cEsMEca) de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

Hoy las ong trabajan en diversos temas, agrupadas en intereses regionales; por ejemplo, las organizaciones civiles de la Sierra están ligadas a temas como la agroecología y la capacitación (ver mapa 2); en los Altos, la resolución de

211

N

EW

S

30000 0 30000 60000 Kilometers

mapa 2. Actividades


conflictos, paz, educación, salud, investigación, asuntos de la mujer; y en la re-gión Centro hay experiencias de empleo, capacitación, asistencia y desarrollo.

Los temas de actualidad pasan no sólo por la influencia de los movimientos sociales o las capacidades y habilidades de los actores, sino por el involucra-miento directo en redes sociales que se expresan en diversas manifestaciones de temas que tienen que ver con la disputa de espacios y territorios (la defensa de la biodiversidad, las áreas naturales protegidas). Además luchan por derechos elementales de la vida cotidiana como la salud y la educación.

En México se vive la incertidumbre de un sistema económico que no puede resolver problemas primarios como el empleo, ingreso y otras condiciones de vida ya mencionadas, como la salud, educación y alimentación. En esos espa-cios intervienen las osc, pero además en otros más se involucran en la observa-ción electoral, el acceso a la información, la transparencia gubernamental.

CONCLUSIONES

Las ong conocidas en la actualidad como Organizaciones de la Sociedad Organizaciones Civiles han crecido a pesar de las dificultades de su propio desarrollo. En el mundo, México, Chiapas, las razones de su existencia siguen vigentes.

El papel de estas organizaciones en el seno de la sociedad civil ha sido el de trabajar en diversos campos de la vida social, tratando de construir alternativas, algunas de ellas de largo aliento, pero otras de forma fugaz. En este sentido, el papel de apoyo y promoción de las ong internacionales ha sido fundamental por el aporte financiero y de conocimientos que con el tiempo ha permitido que existan estas organizaciones.

Es claro que existen tensiones entre el papel que tiene el Estado con los diversos actores en el escenario complejo de la realidad social, y que las formas en que se expresan estas organizaciones se deriva de lo que hemos dado en llamar “emergencias políticas complejas”, que hacen que los diversos movi-mientos sociales estén ideando la construcción de alternativas que pueden ser importantes.

El levantamiento armado del Ezln de 1994 fue promotor de una mayor participación de la sociedad civil mexicana que estuvo en la sintonía de los procesos que se vivieron en la Europa del Este a fines de los años ochenta, pero a diferencia de éstos, en América Latina y otras regiones del mundo se constru-yeron redes y colectivos sociales que demandaron “otro mundo posible”, como


Mapa de México y Chiapas.

los diversos imaginarios sociales como forma de construcción social, tomando en cuenta las disputas del futuro.

Las osc tienen diversas apuestas, desde lo local, regional, nacional e inter-nacional, las capacidades que desarrollan como actores es la contribución de su acontecer cotidiano, complejo y diverso en donde todavía hay mucho que abundar.

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Comunalidad, globalizaCión y alternativa Civilizatoria: sierra sur de oaxaCa, méxiCo

Cirilo Julián Caballero*

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introduCCión

en el mundo global y en la época neoliberal, se agudiza la relación conflictiva entre la comunalidad y el capitalismo, entre lo local y lo global, entre lo pro-pio y lo ajeno. existe una gran crisis mundial con múltiples impactos a nivel regional y local. se hace más evidente el conflicto de intereses entre el capital y el trabajo, la contradicción entre la imposición y resistencia, la confrontación permanente entre formas de vida, culturas diferentes y proyectos civilizatorios distintos.

en su afán de fortalecer sus estrategias de reproducción ampliada, el capi-tal promueve en el mundo las nuevas formas de colonización. Pero también el mundo de hoy está marcado en buena medida por otros procesos sociales diferentes, hay movilizaciones y movimientos sociales que resisten contra el poder hegemónico, se rebelan y construyen alternativas. en el mundo actual, hay procesos de emancipación y liberación anticapitalista, y también procesos de integración regional en la perspectiva de la construcción de otro mundo mejor posible, como el caso de sudamérica (venezuela, bolivia, ecuador y otros). en el mundo de hoy, hay tendencias y contratendencias regionales e incertidumbres.

en la época neoliberal, la sierra sur de oaxaca sufre profundas transfor-maciones con impactos que trascienden y afectan la vida y la cotidianidad de los pueblos. la lucha entre el capital y el trabajo se centra ahora con mayor profundidad en la disputa por el espacio, el territorio y los recursos naturales, y en la definición del presente y el futuro de las comunidades y de los pueblos. Hay intereses hegemónicos que se derivan de relaciones de poder de domi-

* uam-xochimilco, división de Ciencias sociales y Humanidades.

CIRILO JULIÁN CABALLERO260

nación y subordinación, y también de resistencia y rebeldía indígena contra las nuevas formas de despojo capitalista neoliberal. En la época neoliberal se acentúa la dominación, la explotación y la acumulación como los principales motores de las transformaciones en el contexto del modo de producción capi-talista dominante.

Pero lo global tiene graves problemas en su relación con lo local, porque lo que se hace llamar ahora la globalización neoliberal no implica el dominio to-tal, y por lo tanto, no existe tampoco la destrucción total. Frente a las nuevas y distintas formas de intervencionismo con fines de dominación y destrucción, hay resistencias locales. Los sujetos y actores sociales tienen margen de maniobra, éstos construyen y reconstruyen sus resistencias e identidades culturales ante los intereses hegemónicos y procesos sociales de dominación, explotación y despojo neoliberal. La comunidad y la comunalidad se construyen y se reconstruyen permanentemente ante los procesos globales, hay cambios y adecuaciones, pero se mantienen y se fortalecen sus rasgos fundamentales.

LO GLOBAL, LO LOCAL y LA CRISIS PLANETARIA

Desde la antigüedad, el mundo no es homogéneo, por el contrario, existe una gran diversidad de culturas, proyectos civilizatorios y formas distintas de cons-truir humanidad. Hay también diferentes cosmovisiones, religiones, espiritua-lidades, jerarquías de valores y aspiraciones genuinas para la realización plena del ser humano.

En el mundo de hoy, lo global se presenta como el capitalismo, imperia-lismo, neoliberalismo, colonialismo, poder hegemónico, exterminio humano y destrucción permanente de la humanidad. En cambio, lo local se presenta, en-tre otras formas como barrios, colonias, comunidad, resistencia cultural, actores y sujetos en movilización permanente contra el poder hegemónico, movimien-tos sociales anticapitalistas y acciones múltiples de relocalización, procesos de emancipación y liberación nacional, integración regional y construcción de otro mundo mejor posible.

La diferencia entre el capitalismo y la comunalidad como construcción so-cial e histórica distintas radica en la forma de la propiedad de los medios de producción y en el carácter de las relaciones sociales. Estos elementos esenciales de la sociedad trascienden y permean la cosmovisión, la espiritualidad y las formas distintas de concebir e interpretar el mundo material: la sociedad, la naturaleza y la existencia del hombre mismo. Lo que marca la diferencia fun-

COMUNIDAD, GLOBALIzACIÓN y ALTERNATIVA CIVILIzATORIA 261

damental entre la cultura basada en la comunalidad y la cultura occidental es la forma de vida colectiva con reciprocidad, la ayuda mutua entre sujetos con derechos iguales y la defensa de la identidad cultural.

El capitalismo mundial, en su afán por mantenerse como modelo civiliza-torio dominante y también como poder hegemónico en el mundo, aplica la guerra de rapiña en casi todo el planeta y es el responsable de la destrucción creciente de la humanidad. John Holloway (2006) plantea que la existencia del capital es un ataque contra la humanidad, un ataque de tanta ferocidad que no solamente crea condiciones intolerables en todo el mundo, sino que amenaza con la destrucción total de la vida humana.

Este permanente ataque del capitalismo mundial contra la humanidad se muestra a nivel local como una profunda crisis social con expresiones múlti-ples. En la Sierra Sur de Oaxaca, las principales manifestaciones de la crisis se centran en el agudo despoblamiento con la migración rural, la disputa y el reordenamiento del territorio, el despojo y el saqueo de los recursos naturales (agua, bosque y minerales), la destrucción y la reconstrucción social de acuerdo con las necesidades del capital. Autores como Fernando Braudel (1994) y Ar-mando Bartra (2008), coinciden en señalar que lo que se presenta ahora como crisis, no es una crisis cualquiera, sino una crisis capitalista mundial y, al mismo tiempo, una crisis de proyecto civilizatorio.

En la articulación entre lo local y lo global, y como parte de la crisis de la so-ciedad rural, existe desde la Conquista y la Colonia una relación conflictiva en-tre la comunalidad y el capitalismo, entre lo propio y lo ajeno, y la coexistencia entre ambos proyectos civilizatorios no ha sido de ninguna forma pacífica. Los cambios y las adecuaciones que se presentan en la comunalidad como forma de vida son parte de la resistencia cultural y son una necesidad ineludible para sobrevivir y permanecer en el mundo como cultura y también como proyecto civilizatorio. En la época neoliberal, esta relación conflictiva se agudiza a partir de la instrumentación de las nuevas formas de dominio, explotación, control social y despojo capitalista.

El sur y sureste del país conforman una región de enorme potencial de re-cursos naturales y de biodiversidad, y son una zona de carácter estratégico para un proyecto de integración económica regional en la perspectiva del capital transnacional. Harvey (2008) plantea que la acumulación es el motor que mue-ve el crecimiento bajo el modo de producción capitalista. En este caso, para resolver su crisis, el capital tiene la posibilidad de expandirse geográficamente hacia nuevas regiones del mundo, exportar capital y crear nuevos espacios para la acumulación. Para América Latina y México, el Área de Libre Comercio


de las Américas (alca), el Tratado de Libre Comercio (tlc) y el Plan Puebla Panamá (PPP) son distintas iniciativas empleadas por el capital para expandirse geográficamente y construir sus propios espacios de acumulación.

Para hacer posible esta nueva forma de integración económica regional, y en respuesta a los intereses y necesidades del capital, el Estado promueve con cuantiosos recursos de inversión la construcción de las súper carreteras en el sur y sureste del país, autoriza las concesiones y establece la alianza estratégica con las empresas transnacionales para explorar y explotar los yacimientos mi-nerales, el agua y el viento, en forma de proyectos hidroeléctricos, mineros y eólicos en el Istmo de Tehuantepec, Sierra Sur y en la Costa de Oaxaca. Pero el capital transnacional se enfrenta a las múltiples resistencias de los pueblos y comunidades que defienden su territorio ancestral y sus recursos naturales. Las comunidades y pueblos inconformes se agrupan ahora en el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder) y en la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), con una incidencia regional y nacional.

El desarrollo y la modernidad capitalista se presentan en Oaxaca como exclusión social, abandono del campo y nuevas formas de despojo para hacer posible la instrumentación de los proyectos capitalistas. Este nuevo rostro del capitalismo neoliberal construye y reconstruye sus propias relaciones de poder; construye una estructura de poder que es fiel a sus intereses. El capitalismo lo-gra convertir al Estado y su gobierno en turno en un gobierno antidemocrático, autoritario y represivo contra movimientos y luchadores sociales, porque así lo requiere y lo exige el capital para garantizar su necesaria reproducción. Por órdenes del Estado y del gobierno, la Policía Estatal y la Policía Federal Preven-tiva realizaron un operativo de desalojo y reprimieron en forma violenta a los comuneros y ciudadanos de la localidad de San José del Progreso, Miahuatlán, Oaxaca, y de otras comunidades, quienes se oponen al despojo y la contami-nación que las mineras Fortuna Silver Inc. y Continuum Resource Ltd., y la empresa subsidiaria prestanombres mexicana Compañía Minera Cuzcatlán, S. C. de C. V., están realizando en sus tierras (denuncia hecha por Voces Oaxa-queñas construyendo Autonomía y Libertad, 6 de mayo de 2009).

De acuerdo con las definiciones clásicas, el Estado es un aparato especial de poder de dominación de clase, una estructura de poder que sirve a los intereses de la clase dominante. El Estado Mexicano es un modelo de Estado burgués importado de Europa, trabaja y sirve a los intereses del capitalismo, reestruc-tura y resuelve la crisis del capitalismo nacional, somete la voluntad ajena por medio de la fuerza y la violencia. De acuerdo con Rhina Roux (2005), el Estado


es una relación social de mando-obediencia, forma de vida y relación de poder, aunque el Estado como relación de dominación no es eterno, ya que depende de la subjetividad del mundo subalterno. Por lo tanto, el Estado es también insubordinación, resistencia y luchas de liberación nacional.

En la época neoliberal, el Estado cambia de forma pero mantiene su esencia clasista: deja de atender al pueblo para atender a los empresarios (“el gobierno de empresarios para empresarios”); modifica la Constitución y las leyes en favor del capital; privatiza los bienes públicos; favorece el despojo y el saqueo de los recursos naturales; favorece la conquista de territorios y el control de los espa-cios económicos a favor de las transnacionales; fortalece su aparato de represión y militariza el país para evitar resistencias, rebeliones y luchas de liberación na-cional. En este caso, el mundo subalterno —la clase dominada y oprimida por el capital, que incluye a los indígenas y a todos los trabajadores del campo y la ciudad—, actúa permanentemente con sus resistencias y rebeliones y construye actos de subalternidad desde el periodo de la Conquista, durante la Colonia, la Independencia, la Revolución de 1910, y está presente en el momento actual. En México, el verdadero mundo subalterno lucha permanentemente contra la socialidad del capital, reivindica la socialidad comunitaria y promueve la cons-trucción de una sociedad más digna y más justa, sin explotación de clase.

Frente al desarrollismo y modernismo capitalista, la comunidad y la comu-nalidad resisten y además tienen sus propias estrategias y se mueven con sus propias lógicas de reproducción y sobrevivencia. Norman Long (2007) advierte que la globalización no es un fenómeno nuevo, su impacto tampoco es ho-mogéneo y no debe verse como un fenómeno avasallante, ya que los cambios globales cambiantes son relocalizados, implican reacciones locales y existe el surgimiento de nuevas identidades, alianzas y luchas por el espacio y por el poder en los niveles locales y regionales. En Oaxaca se conjugan importantes esfuerzos para la transformación social a partir de la autoconstrucción de suje-tos y actores involucrados en la construcción de proyectos y en la construcción del poder popular que reivindica la comunidad y la comunalidad como una forma de vida más justa y más humana frente a la destrucción y la muerte que construye la sociedad del capital.

Ante la crisis y destrucción capitalista de la humanidad, hace falta entonces un nuevo proyecto civilizatorio en todo el mundo y en particular en América Latina, otro modelo civilizatorio y otro mundo mejor posible en México, que no debe ser producto de importación, sino tiene que partir necesariamente de los patrones históricos culturales propios. Es decir, en la construcción de la nue-va sociedad, se debe tomar en cuenta el mundo de la vida ya existente, basada


en la comunidad y la comunalidad como lo propio, que es la historia de nuestra sociedad milenaria y la cultura ancestral que proviene del denominado México Profundo, una cultura que es ignorada y negada por el capitalismo, tal como lo identifica en forma acertada Bonfil Batalla.

COMUNALIDAD, RESISTENCIA E IDENTIDAD CULTURAL: ELEMENTOS BÁSICOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL OTRO MUNDO POSIBLE

Sobre la comunalidad indígena, que se asume continentalmente como forma de vida milenaria en América y con vigencia actual, se impuso en forma violenta el capitalismo como otra forma de vida, otra cultura y otro proyecto civilizatorio muy distinto. La comunalidad y el capitalismo son culturas y proyectos civiliza-torios diferentes que coexisten en el espacio y en el tiempo en América desde el periodo de la Conquista. Desde el punto de vista geográfico, el capitalismo tiene su nacimiento en Europa, mientras que la comunalidad tiene su origen en América.

La comunalidad es una forma particular de reproducción social que repre-senta las formas iniciales de vida y organización humana en Mesoamérica, y también es producto del colonialismo que tuvo lugar en América hace más de 500 años. La comunalidad es el resultado de la construcción histórica del México prehispánico, pero es también producto de la Conquista y la Colonia, y de las luchas de resistencia y de rebelión indígena que tuvieron lugar durante la Independencia de 1810, la Revolución mexicana en 1910 y del México con-temporáneo. Como construcción social e histórica tiene un pasado y un presen-te, y se pretende mantenerse en el futuro como proyecto civilizatorio y como forma de vida que tiene existencia material y espiritual, y una forma particular de reproducción social que se perfecciona en forma permanente en América.

La comunalidad es parte esencial de la identidad cultural americana y es lo propio como forma de vida, es lo profundo y fuente de resistencia cultural ante la destrucción y muerte que promueve e impone el capitalismo y el co-lonialismo histórico. Maldonado advierte que la comunalidad es la clave de la resistencia y transformación social, y es también incubadora de la emancipación y liberación. En México, la nueva sociedad que habrá de surgir en el presente y en el futuro debe reconocer, respetar y fortalecer a la comunalidad como proyecto civilizatorio y como una forma de vida ancestral y vigente.

En la revista proceso (núm. 926,1 de agosto de 1994) aparece una entrevista del periodista Enrique Maza al jesuita Mardonio Morales, que lleva 30 años


trabajando con los tzeltales de Chiapas. Morales señaló que existe una oposi-ción frontal entre las culturas indígenas y la cultura occidental y que es el pro-blema de fondo del conflicto chiapaneco. Advierte además que hay una enorme diferencia en la concepción de la vida, reflejada en las formas de concebir la economía, la organización, la política y la democracia.

Vivimos y conformamos nuestra vida dentro del modo de ser capitalista, profun-damente individualista, con su inmensa necesidad de acumular, de poseer, de dominar en provecho propio. Por eso chocamos con las culturas indígenas, que tienen y son otra concepción de la vida[…]el indígena no acumula, sólo usa las cosas[…]culturalmente, los indígenas se organizan por su impulso comunitario. Tienden a formar asambleas y a llegar al acuerdo, que no es resolución por votación, sino aceptación por consenso, y hay quienes saben manejarlas[…]la mentalidad indígena es profundamente democrática, pero parte de otra concep-ción del ser humano: su dimensión comunitaria. Arranca de la conciencia de pertenecer a un grupo humano que no niega a la persona, pero que la integra en la búsqueda de un bien común[…]el servicio que prestan a la comunidad buscan el bien de todos y se van constituyendo en personas de experiencia y méritos[…]el servidor está a las órdenes de la comunidad[…]para que los servi-dores cumplan correctamente, es necesario que la comunidad les señale el cami-no que debe seguir. Lo hace a través de la asamblea y del acuerdo (Macedonio Morales, citado por E. Maza en revista Proceso).

Acerca de la comunidad, ésta no es solo un espacio físico, conjunto de ca-sas o simple agregado de personas, comunidad abstracta o algo que no tiene importancia de acuerdo con la interpretación de occidente. Floriberto Díaz (2004) ubica una interpretación que es propia y más cercana a la realidad, y señala que la comunidad es algo concreto, en ella hay un conjunto de personas con historia (pasado, presente y futuro), es un espacio de creación, recreación y relación simbólica con la naturaleza, no solo es espacio físico, no solo es exis-tencia material sino también inmaterial. En el comportamiento humano hay un código ético e ideológico, hay sueños y esperanzas, hay una organización comunitaria, hay reglas y principios, hay una conducta política, social, jurídica, económica y civil. Es un proyecto civilizatorio que no es acabado ni perfecto, es un modelo de sociedad que está en permanente construcción y reconstrucción, y es una forma de vida que presenta cambios y modificaciones importantes como estrategia de resistencia y desarrollo para permanecer y sobrevivir frente al mundo cambiante y destructor del capital.

La comunalidad concreta reúne las siguientes características: el territorio comunal, el trabajo colectivo (tequio), el disfrute colectivo (fiesta del pueblo), el


poder del pueblo (expresado como asamblea comunitaria y el sistema de car-gos), y otros elementos culturales como lengua, cosmovisión, religiosidad, sabe-res locales que integran los conocimientos tradicionales con la tecnología. A lo largo de la historia, el rostro de la comunalidad presenta profundos cambios a partir de su interacción con otras formas de vida, cambios que se presentan en los ámbitos individual, familiar, comunitario y regional, cambios en las esferas del trabajo, producción, comercio, música, fiesta, comida y vestimenta, etc. Sin embargo, se mantienen los rasgos esenciales de la comunalidad: el poder del pueblo que construye y reconstruye la democracia participativa, y las prácticas y las relaciones sociales de cooperación y de solidaridad para construir las trans-formaciones posibles a nivel local y regional.

Enrique Galeano (2000) señala que la comunidad es la más americana de las tradiciones, la más antigua y obstinada tradición de las Américas. Nuestra raíz más profunda viene de la comunidad, la propiedad comunitaria, el tra-bajo comunitario, la vida compartida, los cuales tienen como el centro de la vida la solidaridad humana. En cambio, la propiedad privada, vida y trabajo centrados en la codicia, el individualismo y el egoísmo, fueron producto de im-portación que los conquistadores impusieron en América a partir de 1492. En la comunalidad, el ser comunitario no solo aspira a su bien personal sino al de la comunidad, el ser humano solo adquiere su plena identidad en la dimensión del grupo comunal. Por su parte, Lenkersdorf (1996) plantea que la comunidad está predominando en la vida de los tojolobales, los rodea y orienta, los sostiene y dirige, los condiciona en sus trabajos y comportamientos.

En la comunalidad, el territorio es comunal o propiedad colectiva de los comuneros y con prácticas cotidianas de relaciones sociales de cooperación, expresado en el trabajo comunal o colectivo. En cambio, el capitalismo significa la hegemonía de la propiedad privada e individual sobre los medios de produc-ción en general y, a su vez, con prácticas de relaciones sociales basadas en la explotación, el racismo, la discriminación y la exclusión social. El origen de la comunidad y comunalidad indígena en América, y en particular en la Sierra Sur de Oaxaca, se encuentra estrechamente relacionado a las formas iniciales de vida colectiva y organización comunal que son propias y particulares de la civilización cultural mesoamericana.

En el sur de México, la comunidad se asienta sobre un espacio territorial de tipo comunal o propiedad colectiva, existe una labor permanente de valoración, revaloración, apropiación y reapropiación del territorio por parte de los comu-neros como los sujetos sociales propietarios. En la comunidad hay una historia local y una lengua común que es compartida por todos sus integrantes; existe


también un sistema de aplicación de justicia propia y una organización comu-nitaria, hay una cosmovisión muy antigua que es vigente, cuyo centro está la madre tierra y el territorio. La comunidad tiene una dinámica interna que es la comunalidad en movimiento. La comunalidad es entonces parte esencial de la identidad cultural de los pueblos y comunidades en el sur de México, es lo propio como forma de vida, es lo profundo como fuente de resistencia cultural y transformación social posible ante la destrucción capitalista.

SUJETOS INDIVIDUALES y COLECTIVOS, ACTORES y LA CONSTRUCCIÓN DE ALTERNATIVA CIVILIzATORIA

Hablar del sujeto social es hablar del comunero y el ciudadano oaxaqueño, pero es hablar también del sujeto colectivo como pueblos y comunidades, y de la sociedad civil organizada. Hablar del sujeto social es hablar de la Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo (uciri), la Unión de Co-munidades Indígenas de la zona Norte del Istmo (ucizoni), la Coordinadora Estatal de Productores de Café de Oaxaca (cEPco), pero también es hablar de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (aPPo) que integra a diversas organizaciones sociales del estado. ¿Cómo se puede explicar la emergencia del movimiento social en Oaxaca, en el año 2006, denunciando el autoritarismo gubernamental, reclamando democracia participativa, justicia, y reivindicando la comunalidad y la autonomía como principio de lucha de la aPPo?

Es importante reconocer el papel determinante de los sujetos individuales y colectivos en los procesos de transformación social. Sin sujetos no hay cambios en la realidad y no hay tampoco transformación posible. Hace falta reconocer que no hay sujetos sin subjetividades, sin sus conciencias, sus identidades, sus aspiraciones, sus modos vivenciales en el medio social. Isabel Rauber (2001) destaca que la subjetividad existe objetivamente y se expresa materialmente en la sociedad, en el mundo de vida material, mediante la actividad y la conducta social de los grupos sociales. La subjetividad es un elemento muy valioso que hay que considerar en los estudios de la realidad, en la construcción de proyec-tos y en los procesos de transformación social. En este caso, ¿cuál es entonces la subjetividad de los comuneros, ciudadanos y grupos sociales de Oaxaca, y por qué se reclama y se reivindica la comunalidad y la autonomía en sus procesos de lucha social?

La subjetividad social en Oaxaca es vivir en comunidad y practicar la co-munalidad como forma de vida, es mantener la tradición cultural y la relación


simbólica con la naturaleza, mantener y fortalecer la asamblea comunitaria, practicar la democracia participativa y directa, defender el territorio comunal y los recursos naturales (agua, bosque y minerales), y construir un mejor fu-turo e insertarse en el mundo global con base en sus necesidades e intereses colectivos. El mundo de la vida comunal que identifica a la sociedad rural oaxaqueña es el resultado de un largo proceso de construcción histórica, de articulación entre lo local y lo global, de la negación y destrucción que pro-viene de la cultura occidental, producto de la colonización del poder, saber, ser y de la naturaleza; producto del desarrollo y la modernidad capitalista que los excluye, y también producto de la conciencia social de resistencia, rebeldía y acciones de relocalización frente a lo global. Hablar de la transformación social es hablar de proyectos, de relaciones de poder, de la posibilidad o no de construir un mundo diferente, pero sobre todo es hablar de los encargados de construirlo: los sujetos de transformación social.

Para la permanencia y continuidad histórica de la comunidad y la comuna-lidad como proyecto social a pesar de la violencia y la destrucción capitalista, existe un sujeto social que las defiende y las proyecta, existe además un poder local que construye y reconstruye este mundo de la vida comunal, que las ac-tualiza y las mantiene vigentes. Este sujeto es el comunero, es el sujeto social defensor de la comunidad y la comunalidad como proyecto social, es el mismo sujeto social que en coyunturas especiales se transforma en sujetos políticos que reclama sus derechos al territorio y los derechos a la vida. El comunero como sujeto social tiene una identidad individual y colectiva, tiene una subjetividad social y experiencia común, tiene utopías colectivas, despliega prácticas y ne-cesidades en torno a un proyecto común, es un sujeto social capaz de incidir sobre su propio destino y en la sociedad a la que pertenece. Los comuneros son históricamente constructores de pueblos y comunidades.

Los comuneros tienen una necesidad colectiva, que es la necesidad común de resistencia, la defensa cultural y la aspiración colectiva de reproducción so-cial permanente, la apropiación individual y colectiva del contexto regional y global, la transformación consciente de la realidad y la inserción adecuada al mundo global con diálogo intercultural. Las utopías, entendidas como sueños y esperanzas colectivas, tienen que ver con la necesidad de fortalecer la comu-nalidad y la comunidad como formas de vida propios, resolver sus problemas agrarios con diálogos y la conciliación política interna entre los pueblos, ejercer el control sobre los espacios de vida: construir autonomía, construir un desa-rrollo local y regional que mejore las condiciones de vida, y también construir alternativas al desarrollo y a la modernidad. Construir la autonomía comuni-


taria significa ejercer el control sobre todos los espacios de vida: en lo social, imaginario, territorial, político, económico, cultural y espiritual. La aautonomía comunitaria es una forma de compartir la visión y la identidad común, es una posición política y colectiva ante el capital (lo global) y el Estado (lo nacional) desde la base (lo local).

La autonomía y el desarrollo desde el sujeto social significa tener un pro-yecto de vida y además tener, al mismo tiempo, un proyecto político. Como proyecto de vida, implica tener autosuficiencia, practicar la sostenibilidad cul-tural y ecológica, una multiactividad productiva, organización permanente y solidaridad, una estrategia económica micro regional y regional, y soberanía alimentaria desde lo local. Como proyecto político, implica la apropiación y control social sobre el territorio, instrumentar un modelo de desarrollo basado en la visión cultural de la comunidad, tener un ordenamiento del territorio ba-sado en la cultura propia, una definición colectiva de relación con la sociedad de mercado y el exterior, y la construcción de la autonomía como eje central para el desarrollo desde el sujeto social. En este caso, el desarrollo desde lo local y desde los sujetos sociales es la defensa de la dignidad, identidad cultural y al mismo tiempo, la construcción de autonomía económica y política.

La defensa de la comunalidad como forma de vida se presenta ahora como resistencia, apropiación del territorio comunal, promoción del desarrollo desde el sujeto local y como poder popular de base con acciones de creciente movili-zación y construcción del movimiento social. Entre las estrategias de resistencia está la defensa cultural, las diferentes formas de apropiación del territorio, la defensa del territorio contra el Plan Puebla Panamá (Proyecto Mesoamericano) y contra los proyectos capitalistas vinculados a las trasnacionales, y la cons-trucción de alternativas de desarrollo con dignidad, identidad y autonomía. En las estrategias de desarrollo local y comunitario en la Sierra Sur de Oaxaca se encuentra el manejo y la explotación comunal del bosque en San Pedro el Alto, la industria comunal de muebles en Santiago Textitlán, la producción de café orgánico en Santa Catarina Juquila, mezcal orgánico en Sola de Vega, la Jamaica orgánica en Santa Cruz zenzontepec, y el turismo rural comunitario en San Antonio Huitepec. En lo que se refiere a la construcción del movimiento social, éste consiste en la autoconstrucción del comunero como sujeto político (subjetividad) y la organización política para la defensa de la comunalidad como proyecto social.

Como parte de la construcción de la autonomía comunitaria, existen di-versas formas de apropiación del espacio y el territorio comunal que coincide con el estudio realizado por Burguete, Cal y Mayor (2008). Existe la dimensión


agraria, que tiene que ver con la apropiación del territorio desde los orígenes en la época prehispánica, la intensa gestión y lucha que realizan los comune-ros para la obtención de su carpeta básica que formaliza el reconocimiento legal del núcleo agrario, y la acción conciliatoria permanente que realizan las autoridades agrarias para resolver el conflicto agrario entre los pueblos colin-dantes. Existe una dimensión simbólica de apropiación, y se refiere al espacio y al territorio como constructo social y cultural en donde se pone en juego una cosmovisión que se traduce en sus prácticas rituales, y la construcción de la intersubjetividad entre sujetos.

La dimensión organizacional y cultural de la apropiación del espacio y el territorio derivado del mundo mesoamericano se refiere a la forma de vida comunitaria como la base constitutiva de la organización de los pueblos con derechos colectivos en torno al espacio y territorio colectivo. La dimensión re-gulatoria se refiere a la organización comunal con base en el estatuto comunal y el reconocimiento de la asamblea de comuneros como el máximo órgano de gobierno para la regulación del patrimonio colectivo. La dimensión productiva remite a la importancia que tiene la apropiación del espacio y el territorio para los fines productivos, integrados en unidades de producción de tipo comunal y familiar para la supervivencia y el desarrollo. y por último, la dimensión jurídi-co-político se refiere a la disputa por el espacio y el territorio comunal a partir de los intentos de privatización y despojo promovidos por el Estado con sus reformas al 27 Constitucional y el rechazo a las imposiciones de los proyectos capitalistas para la explotación privada de los recursos naturales (el agua, el viento y los recursos minerales).

En el Encuentro de Autoridades Comunales e Indígenas de Oaxaca, efec-tuado en la ciudad de Oaxaca en noviembre de 2008, organizado por Servicios Mixes A. C., se abordó el tema de los maíces transgénicos y los maíces crio-llos como maíces propios, y el problema de la contaminación del maíz en la Sierra Norte. Se habló de la diversidad y de la riqueza de los maíces criollos que aún se mantienen en los pueblos y comunidades, y de la necesidad de protegerlos ante la amenaza de contaminación por los maíces transgénicos, que se introducen en las comunidades por medio de la compra de los maíces de la Conasupo. Se habló también de que en Oaxaca, debido al abandono total del campo por parte del gobierno y también por el alto costo de producción, no existe la autosuficiencia en la producción de los alimentos básicos (maíz y frijol), y por lo tanto no existe tampoco la soberanía alimentaria. La falta de soberanía alimentaria en Oaxaca y en el país es parte de la crisis estructural de la sociedad rural en el contexto del neoliberalismo, y buscar alcanzarla debe ser


parte de la subjetividad de los sujetos sociales y parte también del proyecto de transformación social del país.

La transformación social del país depende de la constitución de los sujetos sociales y políticos, de la construcción de proyectos y de la construcción del poder popular. Estos tres elementos son estructuralmente interdependientes y articulados, no existe sujeto social sin proyecto y viceversa, y ninguno de ellos existe sin la estrategia de poder político. En la autoconstitución de sujetos es importante superar la alienación y la enajenación económica y política, es ne-cesario afianzar alianzas y construir el poder más allá de lo local, ser parte de un proyecto nacional de transformación social. La lucha es por la soberanía alimentaria y por la humanidad desde lo local.

La comunidad y la comunalidad se construyen y se reconstruyen ante los procesos globales. Los sujetos y actores locales tienen margen de maniobra y tie-nen la posibilidad real de construir y reconstruir las resistencias y las identidades culturales. En las últimas décadas, en México y América Latina se presentan varios procesos sociales que se articulan y actúan en forma simultánea: la cons-trucción de sujetos políticos indígenas y no indígenas, la activación y el desarro-llo de movimientos sociales revolucionarios, el poder popular y la construcción de proyectos sociales vinculados con los procesos de emancipación y liberación.

Estamos ante la posibilidad real de construir una concepción diferente del desarrollo y del progreso a partir de la comunalidad y del concepto del buen vivir, que es reivindicado por los pueblos originarios del Ecuador y de Bolivia. El buen vivir es una alternativa civilizatoria que tiene como punto de partida considerar que la supervivencia humana es inseparable de la naturaleza porque la naturaleza es el centro de la vida. El buen vivir es un modo de vida que pri-vilegia construir un mundo de producción y reproducción de la vida social y al mismo tiempo para la vida de la naturaleza, pues somos parte de la naturaleza (Rauber, 2010). Un nuevo modo de vida con una perspectiva intercultural del desarrollo donde se privilegie la construcción del conocimiento y de los saberes enriquecidos a partir de la diversidad de pensamientos, saberes y cosmovisiones de la vida, una interculturalidad liberadora que sea capaz de descolonizar el poder, saber, ser y la naturaleza. Atender el desarrollo y la democracia parti-cipativa en forma simultánea apoyando el empoderamiento de los pueblos y comunidades. El buen vivir es una alternativa al desarrollo y a la modernidad capitalista, y solo es posible con un nuevo Estado nacional de carácter plurina-cional descolonizado.

La lucha antisistémica y el proceso de transformación social que tienen lugar en el Caribe y en los distintos países de Sudamérica en las últimas décadas solo


han sido posibles mediante la acción consciente de sujetos políticos. El proceso revolucionario cubano, la lucha indígena en el Ecuador, Bolivia, y el neozapa-tismo en México, por citar algunos ejemplos, representan en los hechos la trans-formación social como expresión concreta de la construcción y reconstrucción de la comunalidad como forma de vida superior, a partir de la autogestión, la autonomía, la construcción de movimientos políticos revolucionarios, y la cons-trucción del poder popular desde el sujeto político indígena y no indígena.

Es una tarea pendiente hacer realidad las ideas y los sueños de los grandes libertadores de América, que es la imperiosa necesidad de tener una América unida y libre del colonialismo y del imperialismo. La construcción de otro mundo mejor posible tiene como un referente necesario a la comunidad y la comunalidad como proyecto civilizatorio. El socialismo del siglo xxi, que es reivindicado y llevado a la práctica por varios países de Sudamérica como pro-yecto alternativo de sociedad, tiene como un cimiento firme a la comunalidad como una forma de vida más humana y más digna frente al capitalismo des-tructor e inhumano. El buen vivir es una alternativa al desarrollo y a la moder-nidad capitalista y tiene a la comunalidad en América como punto de partida.

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quinta parte

IntercambIo de experIencIas: una ventana a la realIdad colombIana

Ángeles Gama*

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en esta sección se presenta en síntesis la sistematización de las reflexiones de-rivadas de los eventos realizados con el Instituto de estudios sociales contem-poráneos (iesco) de la universidad central, ubicado en santa Fe de bogotá; la visita a ciudad bolívar y el acercamiento a algunos procesos que se desarrollan en el perímetro de este asentamiento en las inmediaciones de la capital colom-biana; una entrevista con directivos del Instituto colombiano de antropología e Historia (icanh); un encuentro con académicos de la universidad de caldas en la ciudad de manizales; una reunión con una organización del pueblo indígena paez; y por último, una entrevista con una organización civil en cartagena. todo ello en el marco del intercambio de experiencias académicas con la uni-versidad Javeriana, el cual se aborda a profundidad en esta obra.

la reunión con parte del cuerpo académico del iesco de la universidad central sirvió para identificar los intereses y las problemáticas que centran la atención de ambas instituciones académicas, encontrándose que situaciones análogas en ambos países han conducido a la construcción de líneas de trabajo académico comunes, tales como estudios de género; educación y comunicación; ciudadanía y autonomía con enfoques desde la cotidianidad y lo local; procesos de violencia; y la proximidad de los posicionamientos del posgrado en desarro-llo rural y el iesco en torno a la producción del conocimiento y la vinculación universidad-sociedad. se compartieron también reflexiones respecto a algunas problemáticas que se presentan en las zonas rurales de méxico y colombia como la acción de empresas trasnacionales, organizaciones sociales y políticas, gobiernos locales y regionales frente a los intereses de las comunidades rurales; una disputa por los recursos naturales como el agua, los bosques y minera-

* estudiante de doctorado en desarrollo rural, posgrado en desarrollo rural por la universidad autónoma metropolitana-unidad xochimilco.

ÁNGELES GAMA276

les que se encuentran en zonas de comunidades campesinas e indígenas, que remite a la disputa de diversos actores por el territorio. Otras problemáticas comunes identificadas se refieren a la violencia generada por el narcotráfico, la militarización y paramilitarización de extensas zonas y los consecuentes despla-zamientos de población y otros movimientos migratorios.

Se tuvo un encuentro con la Universidad de Caldas, a partir del interés de un grupo de los estudiantes del doctorado en Desarrollo Rural de la uaM-x por los enfoques territoriales pertinentes para el análisis de los procesos sociales vinculados con su investigación de tesis y el previo acercamiento con autores (algunos colombianos) especialistas en el tema. El equipo académico de Caldas trabaja la perspectiva territorial en el análisis de los procesos comunitarios cam-pesinos, visión que se imprime en la Maestría en Sociedades Rurales de la Fa-cultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Caldas, lo que permitió compartir visiones y experiencias comunes. De igual manera, se detectaron una serie de temas, inquietudes y enfoques innovadores entre ambos grupos, que apuntan a contribuciones en la concepción del territorio. También se reflexionó en torno a metodologías de trabajo, conceptualizaciones sobre el desarrollo y el entendimiento de lo rural, que se deriva del análisis de problemáticas concretas —que además se identifican comunes a las realidades de ambos países— como los fenómenos migratorios y de desplazamiento de poblaciones, deterioro am-biental, soberanía alimentaria, narcotráfico, género y autonomías indígenas, entre otros.

Se suscitó otro acercamiento con la organización civil Desarrollo Solidario (ds), ubicada en Cartagena, que fue fundada hace 17 años con el propósito de trabajar con sectores campesinos de cuatro municipios del norte de Bolívar en la costa caribeña de Colombia. Esta organización proporciona un acom-pañamiento total a los grupos campesinos y comunidades con las que se vin-cula, promoviendo procesos organizativos para una producción agroecológica y sustentable, con tendencia a una agricultura orgánica. Encontramos visiones comunes respecto a la participación activa del sujeto en su desarrollo, coliga-do con el uso de metodologías participativas, y por lo tanto, con respeto a la diversidad cultural (creencias y visión de mundo). Entre las áreas de trabajo que impulsa ds se encuentra la producción agrícola, pecuaria y piscícola; la organización de jóvenes y niños; la producción artesanal de grupos de mujeres con enfoque de género y la última área de trabajo se relaciona con la organiza-ción y el fomento de la producción con los grupos de población desplazada, así como su atención psicosocial a nivel colectivo. También tramita financiamiento con agencias internacionales para la obtención de tierras, pues considera que

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 277

la tenencia de la tierra es un elemento central en el éxito de los proyectos. La mayor parte de su labor la realiza a partir de la organización en redes. Emer-gen, asimismo, condiciones comunes, como la biodiversidad presente en ambos países, que hace surgir la disputa por los territorios entre diversos actores como el Estado, las empresas, las organizaciones sociales y políticas y el narcotráfico, entre otros.

Por último, se incluye una reflexión en torno a las dificultades a las que se enfrentan las investigaciones sociales en el sector rural, debido a que en las zo-nas campesinas e indígenas —como se menciona en los diferentes espacios de contacto que se tuvieron durante la visita en Colombia— se expresan conflictos y contradicciones pues los espacios de poder se hacen presentes con mayor crudeza. Contextos en cuyo seno descollan caciques, acaparadores, latifundistas o grandes propietarios concentradores de la tierra y más recientemente los se-ñores que dominan regiones cada vez más extensas: los narcos. Los efectos del narcotráfico en el medio rural se suman a los efectos causados por otros actores como el ejército y los paramilitares que generan violencia y desplazamiento de la población, que provocan la pérdida de sus territorios, de su historia y cultura. En torno a esta problemática, la asociación de cabildos indígenas del norte del Cauca, Colombia, compartió las estrategias y formas de resistencia que ha desa-rrollado en su lucha contra los narcotraficantes y los terratenientes. A partir de estas reflexiones un estudiante del Doctorado en Desarrollo Rural de la uaM-x revisa los riesgos y las limitaciones que impone la presencia del narcotráfico en las regiones donde se realizan las investigaciones de campo de los estudiantes del doctorado a partir de su experiencia en el norteño estado de Sinaloa.

Sirva esta panorámica de introducción a los artículos que integran esta sec-ción, a cuya lectura invitamos.

Visita a la uniVersidad central

Ángeles Gama*

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en el marco de un intercambio de experiencias académicas con diversas insti-tuciones de educación superior en colombia que realizó el Posgrado en desa-rrollo rural de la universidad autónoma Metropolitana-unidad Xochimilco (uam-x), durante el mes de junio de 2009, celebró un encuentro con el instituto de estudios sociales contemporáneos (iesco) de la universidad central con sede en Bogotá, colombia.

el instituto nació hace 20 años como departamento de investigaciones en ciencias sociales dentro de una universidad de formación técnica (económico-financiera). de inicio el iesco realizó pequeños estudios sobre la profesionali-zación de los contadores; después efectuó una investigación sobre identidades culturales a raíz de la conmemoración de los 500 años del descubrimiento. Pos-teriormente se construyeron cuatro líneas de investigación: jóvenes, identidades culturales, violencia y socialización, y por último, comunicación y educación, de donde se desprenden algunos ejes que trabaja actualmente el instituto. sus ac-ciones se concentran en tres áreas: investigación y difusión, docencia (maestría en problemas sociales contemporáneos), y organización de encuentros interna-cionales relacionados con los temas de investigación.

ejes de análisis coMPartidos

como producto del intercambio entre ambas instituciones se identificaron una serie de temáticas y líneas de trabajo de interés común, entre los que destacaron los estudios con perspectiva de género y las investigaciones sobre la violencia y los procesos de socialización. destacaron asimismo los temas en

* estudiante de doctorado en desarrollo rural, posgrado en desarrollo rural por la universidad autónoma Metropolitana-unidad Xochimilco.

ÁNGELES GAMA280

torno a la construcción de nuevas ciudadanías y el desarrollo desde lo local y lo cotidiano.

Estudios de género

El doctorado en desarrollo rural de la uaM-x mantiene una línea de análisis con enfoque de género que se retoma en estudios sobre fenómenos como la mi-gración, el desarrollo de proyectos productivos, el manejo de recursos naturales en procesos autonómicos indígenas, y el papel de la formación de líderes en la conformación de sujetos sociales, entre otros.

El iEsco ha realizado estudios sobre educación y equidad de género den-tro del Proyecto Arcoíris, donde analizaron las relaciones de poder y la discriminación entre docentes y estudiantes. Han abordado el estudio de la equidad de género en las recientes reformas educativas en América Latina, analizando las políticas educativas en cuatro países: Argentina, Chile, Colom-bia y Perú. Asimismo han observado la situación en diferentes campos como el currículum, la formación docente, los indicadores de acceso, la matrícula y deserción escolar, y el grado de escolaridad, cuyos resultados se publicaron en la Revista nómadas.

Educación

Las líneas de comunicación y educación fueron compartidas entre los equipos de ambas instituciones educativas, revisando los modelos y las dinámicas comu-nicativas en el escenario del aula de clase en relación con la formación ciuda-dana. Los procesos educativos no solo se concentran en la institución escolar, hay un tipo de descentramiento de las dinámicas de educación y se contemplan actualmente otros escenarios distintos a la institución escolar. Un tema de inte-rés se centra en el análisis de los procesos comunicativos y educativos a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación (tic) por parte de los movimientos sociales en Colombia.

Ambas instituciones parten del enfoque de que el proceso educativo no se restringe al aula, a los ámbitos escolares, sino que lo educativo y lo comunicati-vo se construye afuera, en las comunidades, en los barrios y en las regiones.

VISITA A LA UNIVERSIDAD CENTRAL 281

Ciudadanía

Dos temas abordados por el iEsco desde la gestión comunicativa educativa son: la ciudadanía y el desarrollo local, también temas de análisis relevantes dentro del Posgrado de la uaM-x; en ese campo la construcción de nuevas ciudadanías, las ciudadanías étnicas, es un tema que se discute actualmente.

Asimismo, otro eje presente es la discusión en torno a las acciones desde lo local y lo cotidiano en la construcción de alternativas al desarrollo, en el cual subyacen temas como la construcción de conocimiento local y prácticas locales. Conectado entre ambos temas (ciudadanía, cotidianidad y acciones locales), en el Posgrado se están realizando investigaciones en torno a formas de ciudadanía en municipios oaxaqueños y autonomías indígenas en Chiapas.

Investigadores del Posgrado en Desarrollo Rural (México) han realizado estudios coordinados con el Instituto de Estudios de Desarrollo (Development Research Center on Citizenship Participation and Accountability) de la Univer-sidad de Sussex, Inglaterra, que ha formado una comunidad de investigación en 16 países de África, Asia, América Latina, Europa y Norteamérica, organi-zados en grupos temáticos que realizan investigaciones sobre cómo se construye la ciudadanía en sociedades diversas, cómo se generan y aprovechan diferentes tipos de espacios de participación —tanto los generados institucionalmente como los generados desde la sociedad— y cómo inciden en las formas de rela-ción entre la sociedad y el Estado. Existe una serie de publicaciones realizadas por el ids que dan muestra de las diversas realidades y de la diversidad cultural de los integrantes del grupo, que se expresa en una amplitud de ideas de inves-tigación. Existe un grupo de trabajo constituido alrededor del tema Enseñando y aprendiendo ciudadanía, que aborda —desde diferentes universidades y organiza-ciones no gubernamentales— el problema de cómo se aprenden o construyen las ciudadanías y los procesos de demanda de derechos.

En ese sentido, un tema central del Posgrado en Desarrollo Rural de la uaM-x es la vinculación de la universidad con la sociedad, particularmente cómo relacionar los procesos de formación académica con los de investigación y servicio universitario preocupación que da lugar al modelo educativo modu-lar de aprendizaje-enseñanza y a los criterios que alternan periodos de trabajo intensivos en el aula con periodos de trabajo de campo a fin de mantener las condiciones de vinculación de los estudiantes con los procesos de desarrollo rural en los que ellos participan.

El Programa de Investigación Interdisciplinario de Desarrollo Humano en Chiapas de la uaM-x tiene como propósito desarrollar metodologías, enfoques

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y formas de trabajo que posibiliten una vinculación de la universidad con la sociedad, particularmente con los sectores excluidos, más pobres, con menor desarrollo humano, etc., pero que están actuando en la construcción de alter-nativas para enfrentar su problemática en diferentes áreas.

Violencia

El Programa Chiapas ha permitido reflexionar y trabajar sobre las formas de acción social, en general y alrededor de diferentes problemáticas. Una proble-mática que se ha reflexionado de manera particular es la participación y acción social alrededor de la reivindicación de derechos en situaciones de violencia crónica, a partir de metodologías como el uso del video participativo. Estos ejercicios contribuyen a la reflexión metodológica, epistemológica y teórica so-bre la investigación-acción y el uso de recursos como las nuevas tecnologías de comunicación en situaciones de violencia.

Tanto en México como en Colombia existen investigadores que se especiali-zan en temas relativos a la violencia. En Colombia un equipo de investigadores aborda la línea de socialización y violencia a partir de tres ámbitos: la relación entre la guerra y la política; la relación entre conocimiento y sociedad y la relación entre moral y verdad. Esta línea da soporte a tres proyectos que se encuentran en desarrollo, una genealogía de las ciencias sociales en Colombia, la historia de los movimientos insurgentes en Colombia en la década de los años setenta, y el análisis de las tecnologías de guerra y administración de poblacio-nes en los procesos de postconflicto y justicia transicional.

En la construcción de estrategias para enfrentar la violencia se entretejen dos ejes, el de comunicación y educación, por un lado, y el eje que analiza la violencia en la sociedad colombiana. En ese sentido se llevó a cabo una investi-gación sobre las políticas del lugar —que es un concepto de Arturo Escobar—, tratando de mirar dos casos particulares. En dos escenarios completamente dis-tintos en la región norte del país en los departamentos de Bolívar y Sucre, don-de se analiza cómo un colectivo de comunicación desarrolló algunas estrategias para hacer alfabetización audiovisual y atención de poblaciones desplazadas por el conflicto armado. Cómo abrir un espacio distinto a las fuerzas del para-militarismo y a las fuerzas de la guerrilla para conseguir un desarrollo distinto en la zona, a partir de construir un espacio para esos colectivos y posicionar en el imaginario que ellos están protegiendo con sus comunicadores en la región.


Otras investigaciones se hacen en Bogotá con colectivos que incursionan en la comunicación y cultura, analizando cómo se organizan y tratan de resistir lógicas armadas que también hay en la ciudad.

PROBLEMÁTICAS y ENFOQUES COMPARTIDOS

Algunas problemáticas compartidas son las relativas al manejo de recursos na-turales como el agua y las áreas naturales protegidas, los cuales se relacionan con la construcción del territorio.

Desde la perspectiva social, los estudios se dirigen a comprender los procesos y las dificultades que hay hoy en las comunidades rurales sobre el acceso al agua, cómo esta dificultad de tener acceso al agua impacta en la vida cotidiana de las familias y cuáles son los elementos que han restringido o que restringen hoy la vida cotidiana de la población avecindada en esas localidades. La dis-puta por el agua es una problemática que remite a la disputa por el territorio. Por ejemplo, las comunidades viven problemáticas en las que se enfrentan a empresas que se llevan el agua en otra lógica, con otros propósitos como acu-mular, mientras que esos pueblos utilizan el agua la para sus necesidades, para el desarrollo: para comer, para producir, para vivir, para mantenerse en este lugar. Inclusive existen casos en los que algunas comunidades se encuentran enconadas entre ellas, aún cuando son familiares y han vivido juntos todo el tiempo en esos lugares.

En el análisis de las problemáticas locales a partir del eje del territorio, el concepto de lugar se alza de manera que enfatiza cómo se construyen social-mente los territorios y la disputa que por ellos emprenden distintos sujetos. Por ejemplo, en México la trasnacional Nestlé, que está en las montañas más altas del Valle de México donde se encuentran los volcanes tutelares de la capital mexicana, el Popo y el Iztlacihuatl, mantiene una disputa con otros actores sociales —como los pueblos—, caso que muestra la conflictividad presente y las relaciones de poder.

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Otros temas estudiados son sobre participación, sobre formas de intervención, sobre desarrollo de la comunidad, sobre el papel de los agentes del cambio.

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Otra problemática presente en los estudios sobre el desarrollo local es la cues-tión del narcotráfico. Éste es uno de los temas comunes a ambas latitudes y apunta a pensar en la posibilidad de realizar algún tipo de intercambios, tal vez metodológicamente, que permita establecer una línea común de análisis y comprensión de los procesos.

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Otro tema es el tratamiento jurídico penal a los indígenas, es decir, la justicia en el ámbito del derecho en donde se dirimen los conflictos. En ese sentido se puso énfasis en los conflictos en los cuales interviene el tema territorial, que en el caso de las comunidades indígenas se remite a su relación con el mundo de afuera. Desde Colombia se abordó la situación generada por la legislación terri-torial en relación con los pueblos indígenas (las limitaciones de resguardo).1

También se encuentra el tema sobre la justicia en sentido amplio. Recono-cer el concepto de justicia que existe en cada uno de los pueblos indígenas en los que hay problemas relacionados es un tema fundamental para la construc-ción de una nueva concepción de las relaciones entre los pueblos indígenas y el Estado, su reconocimiento como sujetos históricos y sujetos de derecho. En ese sentido, Colombia tiene un desarrollo constitucional muy interesante; una jurisprudencia que le da reconocimiento a realidades no hegemónicas, situación que no se dio en México.

Se destacó la importancia de que el Estado conozca los sentidos y significa-dos de las concepciones propias de los pueblos indígenas sobre recursos natu-rales como el petróleo, los bosques, el agua; la mayoría de edad; los derechos y obligaciones de las personas; la justicia, etcétera.

1 En Colombia se llaman resguardos unos territorios que fueron definidos para que los indígenas pudieran hacer su vida allí. Son territorios con características normativas específi-cas; propiedades colectivas como las que existen en México (ejidos y bienes comunales). Lo característico actualmente es que se enfrentan a concepciones del territorio no establecidas en el derecho estatal.


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Relacionado con la problemática de la relación de los pueblos indígenas con las sociedades nacionales y el Estado, emergió el tema de las políticas públicas multiculturalistas que se han impulsado en las últimas décadas. Sobre este par-ticular se expresaron posicionamientos muy interesantes desde la experiencia colombiana y latinoamericana, respecto a que los cambios constitucionales en América Latina que le otorgan competencia jurisdiccional a los pueblos indíge-nas y que le reconocen sus derechos, constituyen otra estrategia hegemónica y colonialista para cooptar a favor de las empresas y corporaciones internaciona-les —con la imposición de megaproyectos en ámbitos de la minería, la explota-ción forestal y de recursos acuíferos, entre otros—, los posibles acuerdos sobre su intervención en territorios indígenas, a partir de impulsar la coordinación entre los derechos indígenas y el derecho nacional, jurisdicciones que no son coordinables. Es decir, sujetar la jurisdicción indígena a las reglas del derecho nacional e internacional de los negocios.

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Por último, un rubro de interés común fue el relativo a la producción del cono-cimiento. La Universidad Central propone una polémica a nivel internacional a partir de reflexionar en torno a la ecuación ciencia, tecnología y sociedad con un enfoque crítico a esa visión lineal, a manera de pensar otros modos de conocimiento que afecten la realidad y que interactúen con colectivos sociales, otros modos de producción de conocimiento que no sean los universitarios. Por ejemplo, revisar los impactos que tienen en la sociedad algunas corrientes de pensamiento en América Latina, como estudios postcoloniales, estudios sobre la subalternidad y los marxistas, así como recuperar las experiencias de uso de tecnologías de la información y de la comunicación en procesos sociales que estén reivindicando otras formas educativas, otra manera de hacer política por fuera de los ámbitos tradicionales de ejercicio de lo político y de la educación. La relación entre actores sociales y autores académicos para producir saberes y desbordar las formas tradicionales en que siempre se ha pensado este tipo de problemas.

En esta discusión enfatizaron cómo en América Latina se han generado muchas propuestas de trabajo participativo, pero también se tiene la posibili-

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dad de interpelar los mismos sistemas de producción de conocimiento que nos regulan y que incluso son la base de los financiamientos de las investigaciones académicas y que poco a poco nos han venido encasillando en una manera de producir —como dice Daniel Mato— documentos e investigaciones como si no hubieran otras maneras de hacerlo. Es muy interesante cómo la gente en la misma participación, en las luchas de resistencia y en otras estrategias que pue-den ocurrir alrededor de los medios de comunicación, ha encontrado formas innovadoras para crear conocimiento.

REFLEXIONES FINALES

El intercambio entre el iEsc y el posgrado en desarrollo rural resultó una experiencia muy enriquecedora que permitió identificar ejes y problemáticas comunes, que en el caso de México algunas son de reciente visualización desde la investigación social, como la violencia y el desplazamiento de poblaciones. A partir de este encuentro se compartieron estrategias diversificadas e innovado-ras para abordar problemáticas.

Para los estudiantes del Doctorado en Desarrollo Rural confrontar otros enfoques para analizar las problemáticas que investigamos ha sido provechoso. De igual manera, ha resultado enriquecedor el acercamiento al enfoque de la decolonialidad (estudios postcoloniales desde América Latina), la subalternidad y el marxismo como categorías de análisis adecuadas para comprender los sistemas jurídicos indígenas, las propuestas de manejo de recursos naturales y la construcción de equidad de género dentro de los procesos autonómicos indígenas.

Destacó también la cuestión sobre el papel del académico y del investigador social qué tipo de intervención se realiza cuando se multiplican las metodo-logías participativas en las que los actores construyen sus propias agendas y estrategias para la acción social. y en ese sentido, surge el planteamiento sobre el papel de las universidades en América Latina y la generación de alternativas a la realidad social, la valoración sobre su capacidad transformadora.

Desarrollo e la viDa buena,rural socieDaDes rurales1

ramsés Cruz Arenas*

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introDucción

con motivo del viaje de estudios del posgrado en Desarrollo rural, estudiantes del Grupo de territorio de la cuarta generación y académicos del establecieron un programa que permitiera conocer los trabajos y procesos que investigadores, académicos y especialistas realizan en su vinculación académica con los actores sociales de las comunidades campesinas e indígenas de colombia.

el objetivo se centró en el fortalecimiento de la discusión en torno a las temáticas y conceptos que contribuyen a la comprensión del desarrollo rural, mediante espacios de encuentro entre instituciones que plantean discusiones afines a estos tópicos.

en particular se buscó promover el encuentro, el intercambio y la dis-cusión de conocimientos y experiencias, motivados por el interés suscitado entre académicos y estudiantes del posgrado luego de tener la oportunidad de conocer algunos trabajos publicados por los especialistas colombianos carlos vladimir Zambrano y carlo emilio Piazzini suárez, entre otros. nos animaba conocer de manera más intensa las iniciativas y propuestas que para el análisis y reflexión de la problemática implica el territorio, construida desde la perspec-tiva social —socioespacial—, cuyo enfoque no sólo nos parece pertinente e ins-crito en la corriente del pensamiento crítico, si no novedoso para el continente, y que ofrece la posibilidad de acercarse a la interpretación interdisciplinar de las relaciones que el espacio social abarca y sustenta.

De tal suerte se estableció el encuentro entre profesores y estudiantes de la universidad autónoma Metropolitana y la universidad de caldas, para com-

1 encuentro universidad de caldas, colombia, con el Grupo territorio y académicos del doctorado en Desarrollo rural uam-x.

* estudiante del doctorado en Desarrollo rural de la uaM-Xochimilco.

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RAMSÉS CRUz ARENAS288

partir la metodología pedagógica empleada por ambas instituciones, debatir el concepto de territorio y los abordajes en las experiencias de caso, así como presentar nuevos temas y enfoques innovadores que permitan contribuir a la construcción del concepto de territorio.

Al mismo tiempo fomentar la búsqueda y el desarrollo de métodos de en-señanza-aprendizaje renovados que mejoren la docencia y los resultados del aprendizaje en ambas instituciones; de este modo, constituir a largo plazo un espacio para compartir la información y los resultados de los aprendizajes derivados de la discusión de experiencias e investigaciones de estudiantes y profesores.

Los ejes sobre los cuales se articuló la propuesta de discusión, se definieron en torno a estas nociones, las cuales fueron ensanchándose hacia unas temáticas que surgen de esta reflexión. De tal manera que en la sesión plenaria formal y las reuniones informales posteriores emergieron debates en relación no sólo con el concepto mismo de desarrollo, sino del entendimiento de lo rural, así como los asiduos problemas comunes que entraman el desarrollo rural en ambos países: fenómenos de migración y desplazados, deterioro ambiental y ambientalismo, vul-nerabilidad y soberanía alimentaria, y narcotráfico, género y familia, entre otros.

DESARROLLO RURAL: SU SIGNIFICACIÓN, DEBATE CONCEPTUAL, OTRAS DEFINICIONES y ALTERNATIVAS

La reflexión sobre la conceptualización del desarrollo rural fue medular durante el encuentro, en el que se inquirió sobre su significado, su pertinencia y aporte en el abordaje teórico para la comprensión de la realidad y los fenómenos sociales, ambientales, culturales, políticos y económicos de las sociedades que habitan el campo en nuestros países; una discusión primordial para nutrir los procesos de enseñanza aprendizaje de estudiantes así como para profundizar en las investi-gaciones de académicos, sectores y organizaciones sociales.

En el debate destacaron no sólo la renovada discusión reciente surgida en el pensamiento crítico2 enfatizada a partir de las experiencias sociales que vuelven pertinente el debate. Este pensamiento propone tamizar el concepto fundamen-

Destacaron los análisis publicados en el Diccionario del Desarrollo, editado por Wolfgang Sachs, Una guía del conocimiento como poder, PratEc, Perú, 1996 (primera edición en inglés en 1992).

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tado en una perspectiva dominante ajustada a la economía, que le atribuye a la noción particularidades de la idea de progreso, de evolución. Además de otras dificultades que entrañan por tanto los conceptos del desarrollo sustentable o del desarrollo sostenible.

En este sentido se mencionaron las discusiones entre especialistas de la Universidad de Caldas, que les han hecho considerar que las sociedades, en particular las comunidades —campesinas e indígenas—, tienen diferentes vías para desarrollarse, para potencializarse, entendido

[...] como la capacidad que tiene los individuos y las sociedades de desplegar potencialidades para alcanzar un nivel de bienestar —que no es— el nivel de bienestar que tiene la onu, con el índice de desarrollo humano sino las propias de cada individuo y de cada sociedad; entonces habría tantos desarrollos como sociedades o como individuos, porque lo que está en juego es el despliegue de capacidades y en eso la educación potencializa las capacidades.

La noción de desarrollo se ha convertido en “un valor para las sociedades” que juzga otras propuestas dificultando la comprensión de otros discursos y procesos que ponen en el centro la acción y la reflexión de la vida, así como los ordenamientos humanos en función de la vida, que coevolucionan en forma distinta al desarrollo. Por tanto, el debate hay que hacerlo en función de cuá-les son los “factores o los puntos de referencia a partir de los cuales es posible volver a pensar el mundo y volver a pensar la vida y que no necesariamente tiene que ser el desarrollo.

Dentro de esta perspectiva se ubica lo rural,3 que es un contexto de vida que responde a ordenamientos funcionales a una sociedad como la colombiana, que subvalora lo rural y los asientos, ya que obviamente es muy difícil pensar en el desarrollo rural allegado al contexto del país que la sociedad está aplicando en el otro ámbito urbano; y que es influido por lo que se está pensando a nivel

3 En Colombia se hace énfasis al denominar sociedades rurales, que implica entender más allá de lo rural, que permite un desplazamiento frente al objeto, en tanto si bien el desarrollo rural puede tener una resignificación actual, sin embrago tiene un sesgo históri-co muy reducido al considerar sólo al sector agropecuario, o simplemente las actividades productivas. Pero todas las dinámicas, las articulaciones, los procesos sociales que generan o promueven muchas de las actividades productivas no han sido objeto de reflexión, de intervención ni de política. En México es común entender por sociedades rurales a las figu-ras legales consideradas en la Ley Agraria (las Uniones de Ejidos; las Asociaciones Rurales de Interés Colectivo; las Sociedades de Producción Rural y las Uniones de Sociedades de Producción Rural).

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internacional, lo que se está reflexionando acerca de lo agrícola, de lo primario, de los sujetos y cuáles son las tendencias y los intereses de unos pocos.

En la discusión también se planteó que los conceptos deben usarse y darles uno sentido que exprese con claridad una manera de pensar los procesos de cambio que permiten potenciar las capacidades, las organizaciones y la digni-dad de los sujetos, distinto a enajenarlos en función de los estereotipos del Ban-co Mundial. Hay que definir los conceptos, “tener cuidado de no estar tirando conceptos por la borda sólo porque los han desvirtuado. Hay que definirlos, en el Posgrado de la uaM-X se discute el desarrollo desde los actores”.

Sin embargo, en México también las sociedades rurales, sobre todo entre los pueblos indígenas de municipios autónomos, identifican ideas diferentes que se explican a partir de las acciones, prácticas, propuestas y programas, que les permiten continuar siendo lo que son sin buscar “tener”, sin pretender presentarse ante otros sino frente a ellos mismos. Por eso se requiere ubicar la diversidad de enfoques, que se plantean de manera distinta a la idea de desa-rrollo. En Chiapas y en Oaxaca, por ejemplo, se hacen esfuerzos que permitan definir concepciones afines a las ideas de “vida buena” o “vida correcta” de los tzeltales, ligadas a deseos que se quieren impulsar y que se confrontan con otras vidas y formas de ver el desarrollo, y por tanto existe un conflicto por distintos proyecto de vida.

Estos proyectos diferentes hacen que el discurso dominante coloque a las sociedades denominado Tercer Mundo, incluida América Latina, en la con-dición de atrasadas o subdesarrolladas. Un discurso que no sólo es praxis sino que adquiere la forma de dominación, que es parte también de la colonialidad del saber. Proceso en el que las especificidades culturales, las prácticas, las re-laciones, los procesos, sean sancionadas desde otras culturas, por lo que en el continente ha emergido un debate para poder reflexionar si los conceptos son útiles, si son neutrales o si necesitamos construir otros nuevos para explicar nuestras realidades.

TERRITORIO

En esta discusión, el concepto de territorio adquiere notoriedad puesto que el espacio adquiere una forma de ser analizado para visualizar esas diferencias; esas heterogéneas visiones, prácticas, estrategias que tienen las sociedades para impulsar lo que ellas consideran bueno. Como ejemplo claro del debate sobre el territorio se plantea la zona conocida como el “Triángulo de Oro”

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(Bogotá-Medellín y Cali al sur), las megalópolis del país. Es la zona que ha dado paso a la construcción y el fortalecimiento del modelo de desarrollo y la visión de país que hay frente a un modelo de exportación: la zona del país en cultivos lícitos que punteó el país, en este caso el café.

En el marco de la conflictividad militar de Colombia, la zona del Eje Ca-fetero ha sido muy resguardada por estar en pleno corazón del país, que al desplegar una fuerte presencia político-militar presenta una movilización social, una propuesta de construcción de país diferenciada respecto a otras zonas. En este sentido, la presencia de militares en la región se ha convertido en una forma muy pelada de construcción y mantenimiento territorial; frente a eso también se ha instaurado un modelo de fascismo social, donde no solamente es el impacto de lo militar sino una construcción social de repudio frente al otro y al diferente; así surge una inquietud frente a las formas de colocarse ante el conflicto en muchas zonas del país, donde existe un absoluto desmembramiento del tejido social, como son los casos del Chocó o del sur de Ciudad Bolívar, que es fundamentalmente una construcción donde el actor violento entra a rasgar la construcción territorial preexistente en las comunidades, provocando la invi-sibilización del proceso y suplantando otra concepción territorial.

En Caldas, en el llamado Eje Cafetero, ha funcionado de manera diferente la acción de acabar al otro: acá no se terminó con el otro sino que se olvidó de él. Caldas es el segundo departamento con población indígena en Colombia, la autoridad no tiene idea de la existencia de esta población indígena. La usanza en el territorio del Eje Cafetero es homogeneizar a los indígenas, campesinos y a las pequeñas “manchitas” de afrocolombianos que se encuentran ahí, lo que podría llamarse un modelo evidente de blanquear a la sociedad, que siempre ha estado desde el auge de la modernización. Las maneras distintas de construir lo campesino en el Eje Cafetero se distingue de otras zonas del país, por eso ha habido tanta fuerza en el debate sobre la forma de construir suelo, tierra y construir territorio.

En relación con el ambientalismo, se planteó que hay tantos como ambien-talistas, es como un río, fluyen de todas las corrientes de las extremas derechas hasta las extremas izquierdas.

En este sentido, el ambientalismo en la Universidad de Caldas se trabaja sobre un cuerpo de conocimientos y se ha convertido en un proyecto de inves-tigación sobre la economía ecológica: cómo tener instrumentos e indicadores desde una visión diferente a la economía convencional para analizar la sosteni-bilidad de las sociedades y no sólo los sistemas vivos. Se trabaja la perspectiva del territorio, la cultura y el poder a partir de un concepto denominado el

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“metabolismo social rural”; en esa línea también se trabaja en otros conceptos en términos de la huella ecológica y el espacio ambiental.

De esta manera, se consideró necesario mirar al territorio como parte fun-damental de la vida de las comunidades, y en este sentido, uno de los temas principales a reflexionar y atender es la soberanía alimentaria, pues se con-sidera fundamental para garantizar cualquier soberanía; si no hay alimentos los países serán dependientes de las multinacionales, modelo que actualmente Colombia tiene y que en México se presenta con fuerza pues no se produce internamente lo que se consume, y con esto se está frente a los caprichos del mercado. Se deja de ser países independientes alimentarios para pasar a un esquema impuesto que ha ido en contra de la cultura y concepción territorial presente en las culturas del continente desde mucho tiempo atrás. Como nacio-nes se está en una tácita vulnerabilidad alimentaria que cruza transversalmente todas las posibilidades de un desarrollo posible en el marco de la cultura del consumo.

GÉNERO y FAMILIA

Respecto a lo rural, hay un significativo interés en relación con la familia desde la perspectiva de género y de generación, que incluye tres grupos o tres sujetos colectivos muy subvalorados desde la cultura colombiana, muy invisibilizados en las estadísticas colombianas, vilipendiados inclusive dentro del mismo cuerpo de personas formadas en la ciencias agropecuarias en Colombia.

El tema ha sido difícil por las limitaciones no solamente del orden político sino del orden institucional, de orden académico, incluso de posición política, porque trabajar en la academia implica que se asumen posiciones políticas al determinar hacia dónde, para quiénes, con quiénes, y en función de qué se trabaja.

PROPUESTAS DE ACERCAMIENTO y CONCLUSIONES

Los convenios o acuerdos académicos entre las universidades mexicanas y co-lombianas surge de la idea de poseer una vida en común, es decir, con situacio-nes y problemáticas similares; pero además la cercanía entre las universidades de ambos países, comparada con universidades europeas, presenta una correla-ción directa y se puede discutir en el mismo paralelismo.

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Por esta razón se deben rescatar las posibilidades de encuentros y debates como el dado en estos días, y promover un acercamiento que pudiera darse entre universidades de manera recíproca entre los centros de trabajo e investi-gación de cada una. Se sabe que la cercanía debe ser más explicita, más cerca-na teniendo en cuenta que el Internet acerca las fronteras, pero es importante contar con estas cercanía para poder trabajar en el futuro.

Los acercamientos entre las universidades en términos de la temática especí-fica del territorio es una propuesta de trabajo a futuro y esto podría ser posible alimentarlo con convenios de colaboración más expeditos para formar grupos de trabajo y posibles intercambios de investigadores, académicos y alumnos.

Las experiencias en cuanto a las formas de financiamiento de los alumnos a nivel posgrado es un tema por trabajar ya que los esquemas educativos en México y Colombia son diferenciados, por lo cual se tendría que trabajar fuer-temente para las posibilidades de colaboración posterior.

DESARROLLO LA VIDA BUENAe

AportAciones A lA comprensión de lA reAlidAd rurAl colombiAnA: lA lAbor de desArrollo solidArio, unA AsociAción civil


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como doctorante de un programa en desarrollo rural, parto de la idea de que el desarrollo no se puede reducir a una cuestión de crecimiento económico y tampoco es lineal ni evolutivo, sino que debe ser un proceso que se construye desde el sujeto y su visión sobre un proyecto de futuro. la experiencia deri-vada del intercambio académico con el posgrado de la Facultad de estudios Ambientales y rurales de la pontificia universidad Javeriana, en colombia, sirvió para tener un acercamiento a la realidad del medio rural de ese país. una forma de enriquecer el ejercicio fue ir más allá del ámbito universitario, y por lo tanto, se exploraron opciones con otros actores. es así como surge este trabajo, que aborda la labor de una asociación civil que se ubica en la ciudad de cartagena y se llama desarrollo solidario (ds). ds fue fundada hace 17 años por un ex sacerdote que estaba interesado en promover proyectos con grupos campesinos, ya que él tenía experiencia trabajando con este sector. Actualmente, ds trabaja en cuatro municipios del norte de bolívar que son maríalabaja, matehes, Arjona y san Juan, todos ellos ubicados en la costa caribeña de colombia.

FormAs de trAbAJo de desArrollo solidArio

esta ong tiene como ejes de trabajo promover la organización y una produc-ción ambientalmente sana, es decir, de corte agroecológico y sustentable, con la meta a largo plazo de que todos los proyectos productivos sean orgánicos, esto es, sin agroquímicos, lo cual actualmente no es así ya que hay grupos campesinos que todavía los usan, pero confían en que el cambio hacia una agri-

* doctorado en desarrollo rural en la universidad Autónoma metropolitana, unidad Xochimilco: correo electrónico: [[email protected]].


cultura diferente será exitoso. En forma paralela, buscan que las comunidades recuperen o fortalezcan el sentido de pertenencia a un territorio, ya que eso da identidad y ayuda a construir propuestas de desarrollo a largo plazo.

La directora de ds comenta que como corporación tienen algunos principios básicos. La decisión de iniciar un proyecto tiene que surgir de la inquietud y necesidades de las comunidades, parten de que no se pueden imponer proyec-tos, sino que éstos se tienen que construir junto con los actores. De igual forma, sólo toman los proyectos con los que realmente se pueden comprometer, ya que hacen un acompañamiento total —“desde lo personal hasta lo organizativo”—, les ayudan a definir qué es lo más adecuado, cómo lograrlo, hasta la parte jurí-dica y de legalización, esto último especialmente, en los casos de organizaciones que optan por producir y comercializar algo, siempre promoviendo el trabajo colectivo y organizado.

Para cumplir estos principios se retoman algunos elementos de la pedagogía popular: para ellos, el enfoque participativo es fundamental, así como un respe-to por la cultura, las creencias y la forma de ver el mundo desde los actores con quienes desarrollan proyectos. Sin embargo, reconocen que tienen un reto muy grande, que es lograr no ser indispensables en ningún proyecto, es decir, que las organizaciones se vuelvan independientes; en este sentido, algunos de los grupos con lo que trabajan ya lo están logrando, aunque es un proceso lento.

Lo anterior muestra que no solo pueden existir múltiples ideas de desa-rrollo, sino que también, cuando se parte de que éste tiene que ser desde los actores, ello implica desafíos y procesos en los que los agentes externos dejan el papel protagónico y paternalista que suelen asumir en algunos casos para convertirse en acompañantes y facilitadores, lo cual es una situación similar entre lo que pasa en Colombia y México. De igual forma, conduce a una reflexión de la importancia que tiene permitir que los actores se empoderen y apoderen de su proceso, ya que ellos pueden identificar con claridad qué les resulta mejor.

ÁREAS DE TRABAJO

ds tiene varias áreas de trabajo: productos agrícolas, pecuarios y piscícolas; jóvenes y niños; género y desplazados. La mayor parte de su labor la realizan a partir de la organización en redes, lo cual funciona como explica la directora de la corporación en el siguiente testimonio:

APORTACIONES A LA COMPRENSIÓN DE LA REALIDAD RURAL COLOMBIANA 297

Les hablamos que trabajamos en redes, porque además de la red piscícola, te-nemos una red pecuaria y una red frutícola que se encarga de transformar la fruta[…] La estrategia es la de cadenas de vida, la cadena tiene varios eslabo-nes, donde una organización produce primariamente, la producción del maíz, la yuca, el plátano. Otra se encarga de transformarla, de darle valor agregado y otra se encarga de la comercialización. Un ejemplo es la red frutícola, esta red ya es una empresa, una empresa pequeña, tienen su maquinaria para la transformación de la fruta, así tienen producción de pulpa, mermelada, lácteos también producen arequipes (dulce de leche). Ahí una forma de empacar, una forma de sellar, ahí mismo tienen un punto de venta, en el lugar donde están ellos viviendo, es en Matuye, una comunidad rural al norte de Bolívar, también funciona que de repente hacen un contacto con un hotel, con el mercado local de Cartagena traen los productos, en los colegios, pero sobre todo la producción es local, pero en el momento en que se promueva más en los almacenes será mayor, pero estamos como en eso. Hay socios, pero la comunidad se beneficia porque hay productos de bajo costo, calidad y sanos.

El trabajo con las redes de producción es el que lleva más tiempo, por lo que está más consolidado y con mayores resultados hasta este momento. El interés en el aspecto productivo obedece a que en las condiciones de abandono del campo por parte del Estado, se vuelve urgente buscar mecanismos que garanti-cen que por lo menos la alimentación esté resuelta. Un aspecto compartido con la realidad mexicana, ya que como parte de las políticas neoliberales, el sector rural ha sido de los más marginados.1

La labor en otras áreas, como la de los jóvenes, consiste en la creación de consejos municipales de juventud, que es la política dirigida a este sector en Co-lombia. A través de esta red, los jóvenes han comenzado a desarrollar proyectos en dos municipios. Para ds, los jóvenes son un tema urgente e importante, ya que ellos están abandonando el campo para irse a las ciudades donde tampoco tienen opciones y viven en condiciones de extrema precariedad y violencia. Aunque no es el caso de las comunidades donde trabaja esta corporación, las opciones para los jóvenes son integrarse al ejército, a los paramilitares o a los grupos armados, lo cual genera una fractura en las comunidades.

Otra área de trabajo es la de género. Hay una red de mujeres del norte de Bolívar que tiene alrededor de cuatro años, se trata de una red de mujeres que produce artesanías con materiales naturales y bajo procesos ecológicamente, sustentables, pues utilizan la palma de irasa y la enea. También hacen tejido en

1 Para más detalles, véase el trabajo de Rodríguez en este mismo libro.


telar. En este momento, las mujeres están comercializando a nivel nacional prin-cipalmente, pero han mandado muestras a nivel internacional. Ellas han legali-zado la organización y tienen ya una marca registrada que se llama Pilandera. En todo el proceso ds las ha acompañado, se trabaja el tema de género desde una perspectiva productiva, ya que la idea es que ellas tengan acceso a recursos económicos por la venta de las artesanías, permitiendo que se empoderen.

Aunque se trabaja mucho el tema de los derechos de las mujeres, para ds es importante ser cuidadosos y no ocasionar confrontaciones al interior de las comunidades, ni imponer un modelo respecto a la distribución de tareas según el género, ya que están convencidos de que tienen que ser las mujeres quienes de acuerdo con su proceso de reflexión deben ir construyendo las relaciones de género que consideren más adecuadas para su contexto. En este sentido, se bus-ca evitar lo que se ha documentado para México: el desencuentro de las mujeres rurales y las visiones derivadas de un feminismo liberal urbano, que tiende a ser etnocéntrico e impone una idea única de equidad, la cual muchas veces no es compatible con los contextos rurales, campesinos e indígenas (Espinosa, 2009).

ds comenta que recientemente iniciaron un trabajo en doce comunidades de desplazados, con quienes se enfocan en aspectos organizativos, productivos y de atención psicosocial a nivel colectivo, llevándola en algunos casos, como la red frutícola, a ser empresas. Con los desplazados están en una fase inicial, con el establecimiento de propuestas productivas hacen una planeación y a partir de métodos participativos las comunidades van decidiendo qué quieren, ya sea porque es lo que saben, porque lo hacían tradicionalmente o porque creen que tiene futuro esa opción.

LA TENENCIA DE LA TIERRA EN COLOMBIA

La mayoría de los campesinos con quienes trabaja ds no son dueños de la tierra, a pesar de que llevan mucho tiempo utilizándola. Casi todos la rentan y pagan con una parte de sus cosechas. Solo hay una comunidad que tiene tierra adicional, por lo que está en condiciones de prestarla a otras comunidades, pero eso es una excepción. Entre las acciones de ds se encuentra la gestión de financiamientos con agencias internacionales para la compra de tierra, ya que consideran que el éxito de los proyectos productivos depende de la posesión de la tierra; de lo contrario, aunque los campesinos obtengan insumos para el cul-tivo, no los utilizan porque no tienen dónde. Por lo general, ds apoya con los trámites jurídicos. La parcela queda a nombre de la organización. La agencia aporta el dinero y la organización pone el trabajo.


A pesar de contar con financiamientos para su compra, la obtención de tierras es difícil. ya no hay tierras debido a que se encuentran ocupadas por la palma africana o aceitera, que sirve para elaborar biocombustibles. ds conside-ra que este tipo de cultivos son un problema porque ocupan la tierra y tienen consecuencias severas, afectan el territorio, dañan el medio ambiente y rompen con la identidad, ya que es un cultivo al que no están acostumbradas las co-munidades. Asimismo, pone en riesgo la soberanía alimentaria debido que los campesinos dejan la producción diversificada con cultivos intercalados de yuca, maíz y plátano a la que están acostumbrados.

EN BUSCA DE LA SUSTENTABILIDAD

Colombia, al igual que México, es un país con una gran biodiversidad y junto con ésta, ecosistemas que generan beneficios a los humanos. Sin embargo, esto lejos de garantizar el bienestar de las comunidades rurales que viven cerca de los sitios que albergan dicha biodiversidad, contribuye a generar disputas por estos territorios entre diversos actores como el Estado, las empresas, las orga-nizaciones sociales y políticas y el narcotráfico, entre otros. ds está convenci-do de que bajo un escenario con estas características, los ejes organizativo y agroecológico son el componente que puede hacer la diferencia para lograr un desarrollo que se traduzca en una mejora en la calidad de vida de las comuni-dades rurales, debido a que no implica una idea aislada de conservación, sino que parte de reforzar la identidad y el sentido de pertenencia a ese territorio, al mismo tiempo que garantiza la resolución de una necesidad básica como la ali-mentación, la cual, a pesar de su importancia, no es preocupación del Estado.

A través de opciones agroecológicas, ds busca garantizar que los cultivos se-rán sanos a largo plazo y que las tierras seguirán produciendo. Pero lo principal es que no se generará ningún tipo de dependencia hacia insumos externos o de difícil acceso para las comunidades; lo anterior se refuerza al partir de la idea de que se tiene que promover la organización y el trabajo colectivo.

La propuesta es retomar algunos elementos de los cultivos tradicionales combinándolos con innovaciones que puedan estar fácilmente al alcance de las comunidades.2 En este sentido, es importante que sean las mismas comu-

2 Cuando se habla de innovaciones se hace referencia a algunas técnicas que no requie-ran de una inversión económica. No se habla de transferencia de tecnología a menos que ésta pueda ser elaborada por las mismas comunidades.


nidades los que colectivamente decidan cómo quieren que sean sus proyectos productivos, aunque siempre se busca que tengan la mayor diversidad de es-pecies posible, ya que ello tiene consecuencias para el agroecosistema debido a que aumentan las interacciones y complejidad del sistema, garantizando que será exitoso y tendrá resistencia ante fenómenos como las plagas y clima. De igual forma, la diversidad permite variación en la alimentación, mejorando la nutrición de las comunidades. Respecto a esto, resulta útil recordar que autores como Toledo et al. (2003) proponen que retomar sistemas de cultivos tradi-cionales diversificados es una buena opción para la subsistencia de los grupos campesinos.

En el caso de la red de mujeres se ha logrado que todos los materiales que utilizan para la elaboración de las artesanías sean ecológicos, es decir, que no solo no se utilizan agroquímicos en su cultivo, sino que tampoco se hagan mo-nocultivos de las especies con las que se fabrican, ni que se pongan en riesgo de extinción dichas especies por una extracción excesiva.

RETOS y TENSIONES

En un país como Colombia, donde está presente un conflicto armado, las co-orporaciones como ds tienen que enfrentar algunos retos particulares derivados del ambiente de tensión que existe. A pesar de que ds se consideran princi-palmente promotores de proyectos agroecológicos, se han visto afectados por la violencia que existe en la zona donde trabajan, como muestra el siguiente testimonio.

En un momento del conflicto llegaron a vacunarnos, a pedirnos dinero para poder estar en la zona, y la estrategia fue decir que no, resistiendo, los tuvimos cerca, tres meses ahí en la sede nuestra, dormían, comían, un grupo de pa-ramilitares. Eso cambió el trabajo, lo transformó, pero no lo acabó. La gente dejó de asistir a la sede, el equipo nuestro muy atemorizado, unos compañeros salieron, otros decidieron bajarle al perfil, pero continuamos (entrevista con ds, junio de 2009).

Bajo condiciones de conflicto armado, el trabajo se limita, pero su conti-nuidad es fundamental. De igual forma, ds comentó que algo que ayudaba para su seguridad era que trabaja con enfoques participativos, lo cual le da el respaldo de las comunidades y que en momentos de tensión los protegían. Sin


embargo, también las formas para desarticular el trabajo, así como los ataques a las comunidades continúan, agudizándose recientemente, como nos explica-ron durante la siguiente entrevista:

En este momento nos han asesinado varios líderes de las comunidades, les con-taba, la semana pasada nos asesinaron una mujer, una líder. En Maríalabaja están asesinando a las mujeres, la transformación del conflicto, el accionar de los actores viene con mucha fuerza, controlando a las comunidades, pero se han ensañado en este momento con el tema de las mujeres, de alguna manera se desestabiliza mucho la comunidad. Hay amenazas contra mujeres con las que trabajamos, ya nos paso, asesinaron a una, el panorama es perverso, las ame-nazan porque son brujas, porque tienen amantes, porque tienen embrujados a los maridos, porque tienen que estar en la casa cuidando a los hijos, porque no tienen que salir, porque no pueden estar con otros y ellos van a tomar venganza en nombre de los maridos. Hay panfletos circulando por ahí donde acusan a las mujeres de brujas (entrevista con ds, junio de 2009).

El testimonio anterior refleja la gravedad de la violencia derivada del con-flicto armado. Al enfocarse en las mujeres y la forma en que lo hacen podría llevar a recordar al antropólogo Marvin Harris (1991), quien considera que la idea de las brujas ha sido utilizada en distintos momentos para justificar la vio-lencia; lo preocupante es que esto ocurra en el siglo xxi, cuando se promueven avances respecto a los derechos humanos en general y de las mujeres en par-ticular. También se puede retomar a la feminista mexicana Mercedes Olivera (2008), que sugiere que este tipo de la violencia hacia las mujeres deja claro que hay una crisis de gobernabilidad, así como una incapacidad del Estado para sancionar a quienes la cometen, al mismo tiempo que “evidencian el fracaso del sistema neoliberal como paradigma de desarrollo y democracia”.

CONCLUSIONES

Conocer el trabajo de un grupo como ds permite un acercamiento a la realidad rural de una zona de Colombia (norte de Bolivar). Dentro de un intercambio sobre estudios en desarrollo rural, lo que se presenta en este ensayo conduce a la reflexión respecto a la forma en que se pueden presentar conceptos como el de desarrollo en contextos donde está presente un conflicto armado, la violencia y el narcotráfico, así como la forma en que se puede abordar el tema.


Si bien en México existe un gran aprendizaje en el tema de desarrollo rural desde los sujetos, recientemente se han presentado cambios en el contexto rural (o que hasta ahora comienzan a visualizarse), sobre los cuales la experiencia no alcanza a dar herramientas que den certeza y garanticen resultados exitosos (desde realizar contribuciones al bienestar de comunidades rurales hasta garan-tizar la seguridad de quienes se vinculan a estos procesos). En este sentido, la experiencia colombiana permite visualizar formas de abordar temas que antes no habían sido tan inquietantes como el deterioro ambiental, la disputa por el territorio, la violencia extrema, el autoritarismo o el narcotráfico.

BIBLIOGRAFÍA

Espinosa, Gisela (2009), Cuatro vertientes del feminismo en México. Diversidad de rutas y cruce de caminos, Colección Teoría y Análisis, Universidad Autónoma Metro-politana, México.

Harris, Marvin, (1991), Vacas, cerdos, guerras y brujas, Alianza, Madrid.Olivera, Mercedes. (2008), “Violencia feminicida en México: Expresión de la crisis

estructural”, en Mercedes Olivera, Violencia feminicida en Chiapas. Razones visibles e invisibles de nuestras luchas, resistencias y rebeldías, unicach. México.

Toledo, Víctor, Benjamín, Ortiz, Leni Cortés, Patricia Moguel y María de Je-sús Ordóñez, (2003), “The Multiple-use of Tropical Forests by Indigenous Peoples in México: A Case of Adaptative Management”, Conservation Ecology, vol. 7, núm. 3, p. 9

El narcotráfico En El campo mExicano: un rEto En la invEstigación dEl dEsarrollo rural

Jesús López Estrada*

[303]

introducción

En este trabajo se aborda el narcotráfico en el campo mexicano como un reto en la investigación del desarrollo rural. su análisis forma parte de las experien-cias que vivimos alumnos y docentes del doctorado en desarrollo rural (ddr) durante el intercambio académico con docentes y alumnos de la pontificia universidad Javeriana (puj) y con actores sociales en la republica de colombia. Entre otros aprendizajes, resultó relevante el vinculado al narcotráfico, dado que este fenómeno ha afectado profundamente a la sociedad colombiana. a partir de la comparación se deduce que existen semejanzas con el proceso que a su vez está sufriendo la sociedad mexicana.

El narcotráfico afecta los procesos de investigación que se desarrollan en el campo mexicano; sin embargo, es un tema que solo se comenta a profundidad de manera informal. alumnos y docentes somos conscientes de que existe nar-cotráfico en las regiones donde se desarrollan los proyectos de investigación, y prácticamente éste es un tema excluido en nuestros avances de tesis, aunque no sabemos con certeza hasta qué grado ha influido en ellos, ya que por los riesgos que representa inhibe los esfuerzos que pudiera haber para estudiar los efectos de su presencia en el campo mexicano, por lo que se ha constituido en un nuevo reto en la investigación sobre el desarrollo rural.

dEl intErcambio académico a los proyEctos dE invEstigación

En el panel inaugural del intercambio académico realizado en colombia del ocho al once de junio de 2009, en el que participamos la maestría en desarro-

* alumno del doctorado en desarrollo rural en la uam-x y profesor de la Escuela de ciencias Económicas y administrativas de la universidad autónoma de sinaloa. correo electrónico: [[email protected]]

JESúS LÓPEz ESTRADA304

llo Rural (Mdr) y el Doctorado de Estudios Ambientales y Rurales (dEar) de la Pontificia Universidad Javeriana y el Posgrado en Desarrollo Rural (Pdr) de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco (uaM-X), expusie-ron sus ponencias por la Puj Gabriel Tobón —“El estatuto de desarrollo rural: tierras-proyectos productivos e institucionalidad agraria en Colombia”— por la uaM-X Carlos Andrés Rodríguez Wallenius —“Actores y procesos sociales en el escenario del desarrollo rural mexicano”.

En el transcurso del evento, en las participaciones de los compañeros co-lombianos fue constante el análisis de la gravedad de los diferentes efectos que han causado a la población del medio rural tanto el abuso y la represión de los narcotraficantes, como del ejército colombiano y los grupos paramilitares que sostienen los terratenientes, aunque también dicen que, así sea involunta-riamente, también los han afectado algunas acciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc). Todos ellos, ya sea en conjunto o por separado, son los causantes de provocar, en mayor o menor medida, que los campesinos continúen sufriendo represión, violencia, muertes, y finalmente el desplazamiento de familias enteras a otras regiones del país, con la consecuente perdida de sus territorios y de parte de su historia.

En ese sentido giró parte de la discusión en el conversatorio “El pueblo indígena nasa”, con Gustavo Adolfo Ulcué, indígena de Canoa, miembro del tejido de comunicación y relaciones externas para la verdad y la vida de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, quien además abordó las estrategias y formas de resistencia que han utilizado los grupos indígenas campesinos en su lucha contra narcotraficantes y terratenientes que pretenden despojarlos de sus territorios.

En los debates que sostuvimos con los compañeros colombianos, tuvimos la oportunidad de profundizar sobre los riesgos a que nos exponemos, tanto en Colombia como en México, quienes realizamos proyectos de investigación sobre el desarrollo rural, ya que desde el momento en que tenemos que trasla-darnos por caminos vecinales y veredas para llegar a las comunidades en donde hacemos el trabajo de campo, entramos a zonas en conflicto. La mayor parte de las veces en esas comunidades están presentes fuertes conflictos entre, por una parte, los campesinos, y por la otra, los terratenientes y caciques; nosotros nos solidarizamos de manera natural con los campesinos, lo que no pasa des-apercibido a sus adversarios, quienes nos ubican como un posible estorbo para sus fines.

Generalmente, entre caciques y terratenientes existen diferentes niveles de relación con los narcotraficantes; esa relación puede ser de amistad, compadraz-

EL NARCOTRÁFICO EN EL CAMPO MEXICANO 305

go, complicidades en la represión a grupos campesinos, o hasta de asociación con algún cártel del narcotráfico, por lo que nuestra presencia en esos lugares resulta incómoda, además de que recorremos espacios que seguramente algún cártel considera parte de su territorio o bien puede ser parte de un territorio en disputa con otro cártel, por lo que se vuelve constante el riesgo de encontrarnos “en el momento equivocado, en el lugar equivocado”, es decir, estar en cierto momento en un lugar cuando ocurra un enfrentamiento entre diferentes grupos de narcotraficantes, o de narcotraficantes con alguna de las corporaciones poli-ciacas, con el consecuente riesgo de sufrir agresiones. Finalmente concluíamos que el nivel de violencia es el mismo en todas las regiones de ambos países, ya sea en el medio urbano o en el medio rural, y que bien vale la pena enfrentar los posibles riesgos continuando con los compromisos con los más desprotegidos del medio rural, a la vez que realizamos los proyectos de investigación generan-do nuevos conocimientos sobre el desarrollo rural.

El conocimiento que manifestaron en sus exposiciones docentes y dirigentes sociales de Colombia sobre cómo ha sido afectada la sociedad por la lucha del Estado contra los cárteles de la droga, así como la violencia de los paramilitares en contra de los campesinos, es resultado de un arduo proceso de vinculación e investigación de las diferentes realidades que se construyen en el medio rural colombiano, por lo que es pertinente establecer algunos niveles de comparación con la situación que se está viviendo en México, en donde, por un lado, el Esta-do enfrenta frontalmente desde diciembre de 2006 a los narcotraficantes, y por el otro, se da una fuerte disputa entre los diferentes cárteles del narcotráfico por los mejores territorios, ocasionando nuevas formas de violencia que en conjunto afectan a gran parte de la sociedad mexicana, particularmente a quienes viven en el campo mexicano y a quienes realizamos tareas de investigación en ese medio.

Según Eduardo Guerrero Gutiérrez, quien fue profesor e investigador de El Colegio de México y del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la unaM, los resultados de la guerra que libra el gobierno mexicano contra el narcotráfico son paradójicos: una batalla planeada para dar mayor seguridad a los ciudadanos se ha convertido, después de casi tres años, en una fuente permanente de violencia e inestabilidad en varios puntos del país (Guerrero, 2009). El número de personas asesinadas por presuntos vínculos con el crimen organizado durante el gobierno de Felipe Calderón hasta octubre de 2009 superaba los 15,400, mientras que en el sexenio de Vicente Fox Quezada se contabilizaron 13,000 homicidios de este tipo (La Jornada, 11/10/2009). Una vertiente que se empieza a discutir de la lucha del Estado contra el narcotráfico


es la de los homicidios de personas inocentes, que lo mismo mueren a manos de sicarios que de elementos del ejército, donde figuran lo mismo jóvenes estu-diantes asesinados en pequeñas fiestas particulares o en recintos universitarios que familias enteras del medio rural.

Según Luis Hernández Navarro, analista del periódico La Jornada, la rela-ción del narcotráfico y la sociedad rural es estrecha y se ha intensificado aún más en los últimos 15 años, ya que desde hace mucho se siembra marihuana y amapola en Chihuahua, Durango, Sonora, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Morelos; en el país se siembran 7.2 millones de hectáreas, es decir, casi la tercera parte de las 27,300 hectáreas arables y de cultivo permanente que existen en el territorio nacional, son utilizadas para producir cultivos ilícitos (Hernández, 2009). Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Estado de México, Sonora y Sinaloa son estados de la Republica donde algunos de los alumnos de la cuarta generación del ddr realizamos tareas de investigación en el medio rural, pero en las discusiones generales o de subgrupos en las semanas de concentración, cuando presentamos avances de tesis en los coloquios de in-vestigación, no hemos tocado el narcotráfico como un elemento que afecta nuestros contenidos y avances de tesis, aun cuando está presente y ausente a la vez, porque sabemos por dónde no transitar, o qué nombres, financia-mientos y actividades no podemos escribir. Esto aún no lo hemos discutido, hemos eludido tocar formalmente el tema, aunque de manera informal sí lo hacemos los doctorantes entre nosotros y con algunos de los docentes, y es ahí donde reconocemos que los procesos de investigación en que estamos inmersos van a continuar siendo afectados por algunas de las formas en que se presenta el narcotráfico. Cómo enfrentaremos este problema es en sí un problema. Algunas posibilidades son las siguientes: 1) continuar ignorando que nos afecta, 2) resolverlo en lo individual conforme a las circunstancias y capacidades de cada alumno, 3) discutirlo y resolverlo como colectivo, 4) dar por hecho que es un problema de la autoridad: agentes del ministerio públi-co, policías ministeriales del estado y la federación y el ejercito, y que a ellos les corresponde resolverlo y garantizar nuestra seguridad. Cualquiera de esas posibilidades, además de otras que pueden incorporarse, son válidas y cada una de ellas tiene argumentos a su favor, independientemente del nivel de discusión, de las circunstancias existentes en las regiones y de las transformaciones que ahí se están dando.

El narcotráfico ha transformado profundamente a la sociedad rural; la des-composición del tejido social que ha provocado en varias regiones es significativa y muy probablemente irreversible (Hernández, 2009). En sus enfrentamientos


los cárteles reclutan jóvenes en ejidos y comunidades para diversas actividades como sicarios, informantes, etcétera. Existen casos donde algunos jóvenes de un mismo ejido trabajan para un cártel y otros jóvenes para el cártel rival, lo que ha ocasionado que en esa disputa las relaciones familiares se deterioren, que la gen-te se vuelva cada vez más desconfiada, que por el temor eviten salir de sus casas y ya no participen en actividades comunitarias. Todo ello dificulta el proceso que como investigadores debemos cursar de ganarnos la confianza de nuestros informantes clave, quienes en ocasiones nos dicen que nos están observando los narcotraficantes que ejercen hegemonía en el territorio. Nos dicen que les pre-guntan. ¿Qué andamos haciendo, si es verdad que en realidad venimos de la universidad, si no seremos parte de otro de los cárteles u “oreja” de alguna de las policías. Así nos damos cuenta de que es común en algunas regiones que en las entradas y salidas de los pueblos haya un “checador”, que con sofisticados instrumentos de comunicación o sin ellos, informe sobre quién entra y quién sale del pueblo, cuál es el motivo de la visita, el tipo de vehículo en que nos movemos y si vamos solos o acompañados. Este es un tipo de reten “informal”, pero efectivo, que en muchos pueblos del país han establecido los cárteles para defender sus territorios de sus adversarios.

En los retenes que de manera repentina establecen en Sinaloa las corpora-ciones policíacas en las diversas carreteras y caminos vecinales, ya sea de día o de noche, los ciudadanos nos vemos obligados a informar a los diversos agen-tes a qué lugar nos dirigimos, qué actividad vamos a realizar, a qué personas buscamos, además de mostrar los documentos que demuestren que el vehículo que traemos es de nosotros, etcétera. Este proceso de revisión puede llevarse por lo menos de una a dos o tres horas, dependiendo lo mismo del estado de ánimo en que se encuentren los agentes, que de la hora del día o la percepción que se formen de nosotros los agentes que revisan los vehículos. La rigurosidad en la revisión que apliquen los agentes de una corporación puede facilitar o empeorar el interrogatorio con los siguientes oficiales, ya que más que coordi-nación entre las diferentes corporaciones policíacas, lo que parece que existe es desconfianza, resultando afectados con nuestro tiempo y estado de ánimo los usuarios que transitamos por la carreteras.

Resulta difícil moverse en busca de información en un ambiente como el que ha existido en Sinaloa, donde la población prácticamente está entre la es-pada y la pared: entre narcotraficantes y policías, ya que ambos grupos tienen elementos con altos grados de peligrosidad, representando riesgos para quienes realizamos investigación de campo, ya que al entrar en contacto con grupos de ciudadanos e informantes clave nos damos cuenta de que enfrentamos una


realidad sumamente compleja, en continuo proceso de cambio, lo mismo de una región a otra, que de un momento a otro.

En esa realidad están presentes, por un lado, las diferentes policías y sus propios informantes, y por el otro, los diferentes cárteles del narcotráfico; para todos ellos somos intrusos, no están del todo conscientes de la importancia de la investigación social, por lo que, con las diferentes formas de presión y chan-taje que ejercen sobre los informantes clave, obstaculizan nuestras investigacio-nes, particularmente la que estoy realizando en dos regiones de Sinaloa: norte y centro. En la norte está el proceso de remunicipalización de la sindicatura de Juan José Ríos, municipio de Guasave, donde me conocen y conozco a los actores sociales, grupos ciudadanos y élites. Aquí las dificultades para obtener información han sido mínimas, se presentaron con elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal adscritos a la sindicatura municipal, quienes presionaron a un informante para que cancelara una entrevista, ya que les resulté “sospechoso”, por lo que me presenté ante el comandante y le informé de mis actividades, cambiando por completo de actitud inmediatamente los agentes de la policía. En la región centro el estudio gira en torno del proceso de remunicipalización de las sindicaturas de Eldorado, Baila y Emiliano za-pata, del municipio de Culiacán. En esta región apenas hace dos años empecé a tratar de construir relaciones con grupos ciudadanos e informantes clave, siendo obstaculizada esta tarea por presuntos narcotraficantes que presionaron a algunos informantes, quienes resolvieron no aportar información que pudo ser valiosa en mi tesis.

Al ir recopilando y ordenando la información sobre el surgimiento y con-solidación de las elites regionales, surge un elemento constante: el narcotráfico como fuente inicial de la riqueza de una parte de los empresarios que tienen re-lación con la élite política. Así lo expresan en forma confidencial algunos de mis entrevistados, quienes en ocasiones aportan datos precisos y en otras muy vagos de esta parte de la vida de las élites. Sin embargo, conforme avanza el proceso, al intentar profundizar sobre la relación entre las élites regionales y el narco-tráfico, la actitud de los informantes clave va cambiando, algunos desmienten lo dicho o bien matizan la información, otros se retractan definitivamente; en algunos casos surgen pretextos como: “ya no puedo echar la platicada con us-ted, un amigo me dijo que no me conviene”, “te doy la información, los datos que quieras, pero nunca estuve contigo, ni te conozco y menos puede aparecer mi nombre”. Lo anterior forma parte de la serie de dificultades a las que uno se enfrenta cuando quiere obtener información para comprender las diferentes facetas que tienen las élites.


En mi proyecto es necesario analizar las élites del narcotráfico ya que la relación de éstas con las élites regionales no es nueva ni fruto de la casualidad, más bien han compartido proyectos, espacios, territorios y complicidades. Los narcotraficantes en Sinaloa construyen obras en sus pueblos de origen que van desde carreteras, rehabilitación de caminos vecinales y electrificación, hasta hasta aportaciones para la reconstrucción de centros de salud o mantenimiento a los panteones donde reposan sus familiares y amigos, en otras palabras, sus-tituyen parcialmente a los ayuntamientos en algunas de sus funciones, de ello están conscientes los funcionarios en turno, ya sean síndicos o presidentes mu-nicipales, quienes no pueden competir en recursos económicos con esta élite.

En la élite del narcotráfico a nivel nacional han figurado sinaloenses como Rafael Caro Quintero, Miguel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo, de Badiraguato; Amado Carrillo Fuentes, de Navolato. Continúan vigentes: Vi-cente Carrillo Fuentes, de Navolato; Ismael zambada García, de Culiacán; los hermanos Benjamín, Enedina y Francisco Arellano Félix, de Badiraguato; Héctor Beltrán Leyva, de Badiraguato y Joaquín Guzmán Loera, de Culiacán. Todos ellos se disputan entre sí tenazmente sus territorios en Sinaloa y en otras regiones del país, para lo cual sobornan policías municipales, ministeriales y federales; sus conflictos los dirimen de manera cotidiana matándose entre ellos, aunque ya es común que mueran inocentes. Además participan en los procesos electorales financiando las campañas políticas de comisarios municipales, sín-dicos, presidentes municipales y diputados, por lo que han logrado una fuerte presencia en diferentes niveles de gobierno. El semanario ríodoce publicó recien-temente lo siguiente:

Ni siquiera el estigma que tiene Jesús Vizcarra Calderón de lavar dinero del narcotráfico sería impedimento para asumir la candidatura a gobernador en 2010. Ahora mismo forman parte de la administración de Aguilar Padilla varios funcionarios de alto nivel a los cuales se les ha relacionado con el narcotráfico, ya sea en la modalidad de “lavado” de activos, como en labores de protección de narcotraficantes. La cercanía del gobernador con el empresario Antonio Sosa, cuya súbita fortuna medio mundo fundamenta en el narcotráfico (Bojorquez, 2009).

Esta información puede servir para corroborar la relación entre la élite política y el narcotráfico. Sin embargo, también es necesario conocer de la influencia del narcotráfico entre los campesinos.

Una parte nada despreciable de camellos, gatilleros y operadores del narco son jóvenes hijos de labriegos. Montos elevados de dinero provenientes de la


droga son lavados en actividades rurales (Hernández, 2009). El desempleo, la falta de expectativas y la drogadicción han ocasionado que cada vez más jóve-nes se integren a los cárteles del narcotráfico. Algunos lo hacen por el sueldo y la garantía de contar con droga suficiente, su función es obedecer ordenes, no se cuestionan si está mal o bien lo que hacen, solo lo hacen. Para ellos la diferencia económica entre asesinar una persona y vigilar o amedrentar a otra, puede ser de dos mil o tres mil pesos, por lo que se debe ser cuidadoso y no divulgar nombres de narcotraficantes de abajo, de los que “lavan” dinero, pues aunque es posible que ellos nunca lean nuestros escritos, sí lo pueden hacer las autoridades, quienes nos pueden implicar en procesos legales. Por lo que estamos en el dilema de que investigar y divulgar información sobre cualquiera de las vertientes del fenómeno del narcotráfico implica riesgos, y no tocar el tema implica no reconocerlo como un nuevo reto en la investigación sobre el desarrollo rural.

CONCLUSIONES

En un México con múltiples realidades, cambiantes de una región a otra y de un momento a otro, resulta complicado sugerir cómo puede cada uno de nosotros enfrentar, como investigadores del desarrollo rural, el fenómeno del narcotráfico. Cada caso es diferente, es particular, es único, y por ello no se puede generalizar, ya que cuanta más información tengamos y divulguemos del narcotráfico, más riesgos enfrentamos, pero también existe el interés profesional de cuestionar esa realidad, de enfrentarla desde la trinchera de la investigación social, por ello, es pertinente aprovechar la visión crítica que existe en el docto-rado en desarrollo rural para que lo discutamos como colectivo.

Debemos nutrirnos de las experiencias de nuestros compañeros y aportar las propias, no para escribir un decálogo o un recetario, sino para comprender este nuevo reto con el que habremos de interactuar en los próximos años y aprender a tratarlo como un problema relevante, cuyos alcances aún están en proceso de construcción, pero que ya afectan los resultados de nuestras investigaciones, así como también afectan a campesinos y sociedad en general.

Nos corresponde como investigadores del campo mexicano asumir conscien-temente los riesgos inherentes a nuestra actividad cuando tratamos de cumplir algunos de los objetivos del proyecto de investigación, por lo que debemos comprender e interpretar una realidad en constante cambio, cada vez más afectada por el narcotráfico. Somos parte de esa realidad, que a la vez que


estudiamos, pretendemos transformar; en ella el narcotráfico se ha constituido en un elemento que nos afecta, y en ese sentido como parte de un posgrado que ha logrado construir una visión crítica de la realidad, debemos abordar el narcotráfico como un nuevo reto de la investigación sobre el desarrollo rural, que superaremos en la medida en que lo conozcamos más a fondo.

BIBLIOGRAFÍA

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Hernández Navarro, Luis (2009), “El narcotráfico y la sociedad rural”, La Jornada, México, 6 de octubre.

El desarrollo rural en México y Colombia. Problemas comunes y respuestas emergentes de los actores, se terminó de imprimir en diciembre del 2011, en los talleres de Javegraf, Bogotá, D.C., Colombia.

el desarrollo rural en méxico y colombia. problemas comunes y respuestas emergentes de los actores

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