UNIVERSIDAD CENTRO OCCIDENTAL “LISANDRO ALVARADO”

ANÁLISIS CRÍTICO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL ESTADO Y

EL DERECHO FISCAL EN VENEZUELA PERÍODO 2003-2004

Lcda. LEISLA LUNA

Barquisimeto, Mayo de 2007

UNIVERSIDAD CENTRO OCCIDENTAL “LISANDRO ALVARADO”

DECANATO DE ADMINISTRACION Y CONTADURIA POSTGRADO DE GERENCIA FINANCIERA

2

ANÁLISIS CRÍTICO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL ESTADO Y

EL DERECHO FISCAL EN VENEZUELA PERÍODO 2003-2004

Trabajo presentado para optar al grado de

Magíster Scientiarum en Gerencia Financiera

Por: Lcda. LEISLA LUNA

Barquisimeto, Mayo de 2007 ANÁLISIS CRÍTICO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL ESTADO Y

EL DERECHO FISCAL EN VENEZUELA PERÍODO 2003-2004.

Por: Lcda. LEISLA LUNA

3

Trabajo de grado aprobado

________________________ __________________________ Dra. Sigrid Anzola Prof. Giovanna Betty Tutor Jurado

_____________________________ Prof. Carlos Bello

Jurado

Barquisimeto, 07 de Mayo de 2007 UNIVERSIDAD CENTRO OCCIDENTAL “LISANDRO ALVARADO”

DECANATO DE ADMINISTRACION Y CONTADURIA POSTGRADO DE GERENCIA FINANCIERA

ANÁLISIS CRÍTICO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL ESTADO Y

EL DERECHO FISCAL EN VENEZUELA PERÍODO 2003-2004.

Autora: Lcda. Leisla Luna.

Tutora: Dra. Sigrid Anzola

RESUMEN

4

La presente investigación, es de naturaleza documental, apoyada en el método hermenéutico dialéctico en cuanto a interpretación de la realidad, con el sustento de fuentes bibliográficas y documentales. La originalidad del estudio se refleja en el enfoque, criterio, conceptualización, conclusiones, recomendaciones y el pensamiento de la investigadora. Su objetivo fue relacionar la actividad financiera del Estado y el Derecho Fiscal en el período 2003-2004 a fin de mostrar los cambios en los patrones fundamentales de la estructura económica venezolana. Para la recopilación de la información se utilizó como técnicas e instrumentos: la observación documental, presentación resumida de texto, resumen analítico y análisis crítico. En el análisis e interpretación de la información se dispuso del método deductivo inductivo, el análisis jurídico, histórico y gramatical de la información; para proceder a la interpretación, se realizaron matrices e ideografías, que se fueron diseñando en la medida que se efectuaron las reflexiones Entre las conclusiones se mencionan: a) Existen problemas estructurales en la economía venezolana producidos por las políticas monetaria, fiscal y cambiaria propuestas en el país, muy limitadas para la lucha contra la inflación y los desequilibrios macroeconómicos evidentes en el país; b) La política monetaria asumida por el Gobierno Nacional en el año 2002, impuso limitaciones para la inversión nacional, desabastecimiento y aumento en los precios de los productos básicos, así como la escasez de bienes y la aparición de un mercado paralelo con un bolívar depreciado. Las mediciones sobre pobreza se enfocan en el método de “pobreza de bajos ingresos”, que consiste en un cálculo indirecto de insatisfacción de necesidades a través de consumos potenciales de los hogares, determinados por el volumen de los ingresos totales, el poder adquisitivo para la compra de bienes y servicios y las decisiones adoptadas sobre los gastos.

5

INDICE

PÁG.

DEDICATORIA iv

RESUMEN v

INTRODUCCIÓN 1

CAPÍTULO

I EL PROBLEMA 3

Planteamiento del Problema 3

Objetivos de la Investigación 9

Generales 9

Específicos 9

Justificación e Importancia 9

Alcance del Estudio 11

II MARCO TEÓRICO 13

Antecedentes de la Investigación 13

Bases Teóricas 19

Bases Legales 48

Sistemas de Variables 53

Operacionalización de las Variables 54

III MARCO METODOLÓGICO 56

Aplicación del Método Científico 56

Naturaleza y Diseño de la Investigación 57

Técnicas e Instrumento de Recolección de Datos 58

Técnicas de Análisis de Datos 60

IV RESULTADOS 62

V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 80

Conclusiones 80

Recomendaciones 82

6

BIBLIOGRAFÍA 84

ANEXOS 92

INTRODUCCIÓN

Entre las variables económicas involucradas en los desequilibrios sociales

existentes en Venezuela se destacan: el control de cambios, la diferencia entre la tasa

de interés activa y pasiva, la regulación de las importaciones, la baja productividad

nacional en cuanto a los productos de primera necesidad en el rubro de alimentos que

incide en el encarecimiento de éstos, programas sociales dispersos y sin políticas

reales de continuidad para un mejor desarrollo de la sociedad, la inflación, entre otras;

son algunas de las consecuencias de los cambios en los patrones fundamentales de la

estructura económica venezolana, según datos del Informe del Primer Semestre del

Banco Provincial (2004)

En este sentido, Faría y Otros (2003) señalan que:

Desafortunadamente, no existen políticas económicas que generen puros beneficios sin costo alguno, es decir, sin incidir adversamente sobre los intereses económicos de algunos sectores sociales. …la existencia de estos costos explica la dificultad para generar un plan de nación que rompa con las políticas e instituciones que contribuyeron a nuestra incapacidad para crecer. (p. 18)

Aunado a lo expresado, según Riutort (2004), Venezuela atraviesa la peor crisis

política, social y económica de su historia republicana; aún cuando sus reservas

internacionales reflejen lo contrario y el gasto social dé una visión de crecimiento, el

aumento de casi 40% en los niveles de pobreza, demuestra lo contrario. Al decir de

Ugalde (1999), “…la pobreza de un país es la evidencia de que la sociedad y el

Estado no funcionan, al menos desde hace 25 años.” (p. 3). Por lo tanto plantea el

autor citado que la política social debe ir unida a las políticas económica y fiscal, para

8

atender prioritariamente los problemas de los sectores más desposeídos y alcanzar un

crecimiento sostenido de la economía social.

De allí, que se plantee la gerencia financiera como disciplina que se encarga

de la eficiente administración del capital de trabajo dentro de un equilibrio de los

criterios de riesgo y rentabilidad; además de orientar la estrategia financiera para

garantizar la disponibilidad de fuentes de financiación y proporcionar el debido

registro de las operaciones como herramientas de control de la gestión de la

administración pública y/o Empresa, tomando en consideración, que el objeto de la

Gerencia Financiera es el manejo óptimo de los recursos humanos, financieros y

físicos que posee el Estado a través de las áreas de Contabilidad, Presupuesto y

Tesorería, Servicios Administrativos y Recursos Humanos, de manera eficiente para

el alcance del crecimiento económico.

Por lo antes expuesto se plantea la presente investigación, la cual está

estructurada en cinco capítulos: El Capítulo I, versa sobre el problema e incluye el

planteamiento, y la formulación del mismo, el objetivo general y los específicos y la

justificación. El Capitulo II, marco teórico contiene los antecedentes de la

investigación, las bases teóricas, bases legales donde se fundamenta el proyecto,

definición de términos básicos, sistema de variables y la definición operacional, el

Capítulo III describe la metodología a seguir, especificando el tipo y diseño de la

investigación, la técnica e instrumento de recolección de datos, la validez, la técnica

de análisis de datos. El capítulo IV describe los resultados, el Capítulo V las

conclusiones y recomendaciones. Por último, se presentan las referencias

bibliográficas.

9

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Planteamiento del Problema

Las políticas fiscal, económica y monetaria implementadas en los últimos

cuatro años del Gobierno Nacional, constituyen un gran esfuerzo en la búsqueda del

equilibrio entre las variables macroeconómicas fundamentales como la determinación

del flujo de la renta circular, las oscilaciones en los precios, la relación política entre

el comercio nacional e internacional, entre otros, cuyos desequilibrios han agudizado

la crisis social que vive el país, determinada por los altos niveles de desempleo,

evidenciado en el año 2003- 2004 en 17%, bajo poder adquisitivo de la cesta básica y

por ende, el aumento del índice de pobreza en los sectores de la clase media y baja

del país, alcanzando una cifra según el Banco Central de Venezuela del 80%; es de

resaltar, que la economía venezolana se fundamenta principalmente en el ingreso

petrolero.

Dicho señalamiento, orienta a considerar el hecho de que la economía de este

país, se basa fundamentalmente en la explotación del petróleo y sus derivados,

observándose una tendencia en las últimas décadas, a diversificarse con exportaciones

de minerales de hierro, aluminio, carbón, cemento y productos no tradicionales, como

materias petroquímicas, manufacturas metálicas de acero y otras, sin obviar por

supuesto, que el petróleo es la base de la economía venezolana, generando en el 2003

61,8% de los ingresos por exportación, según el Informe Económico del Banco

Central de Venezuela (2003).

Dentro de este contexto, se ha de considerar una reflexión con respecto al hecho

de que el petróleo no es el resultado del trabajo venezolano, ni del sacrificio

10

productivo de la sociedad; es el crecimiento del sector manufacturero el que

primordialmente permite la expansión de la riqueza de cualquier nación, pues éste

desencadena un proceso acumulativo que incrementa la eficacia en el uso de los

recursos productivos y de esta manera, la sociedad obtiene mejores posibilidades de

mejorar su calidad de vida por el esfuerzo económico que realiza; más aún,

considerando la realidad expuesta por Josar y otros (2000), al manifestar su

preocupación ante el hecho de que el petróleo no abastece ni compensa en su

totalidad, las necesidades públicas, pues de ser así, el Estado no tendría la necesidad

de crear nuevos tributos.

De tal manera entonces, que necesariamente hay que acentuar y madurar las

bases productivas que habrán de crear los recursos financieros que el petróleo ha

generado hasta el presente, considerando además, que el petróleo no se produce, ya

que en los yacimientos donde se halla, no es un objetivo que resulta del proceso

productivo; valga decir, que no es la consecuencia de una tarea premeditada y

cumplida en la que concurren el esfuerzo humano, herramientas y aparatos que

auxilien el trabajo, la agencia del ingenio gerencial y tecnológico. En pocas palabras,

el petróleo en sus depósitos geológicos, es tan sólo un objeto natural, convirtiéndose

por tanto, en una materia singular para la Economía Política, tal y como lo explica

Baptista (2004)

Es así, por lo que resulta de una extrema incongruencia, que el punto de partida

de la economía política venezolana, lo constituya justamente la realidad del comercio

de un bien atípico como lo es el petróleo y no, el intercambio de objetos que salen de

fábricas o factorías antes que de yacimientos. Por tanto, el no comprender la

significación de lo hasta ahora explicado, en función de lo que es la vida económica

venezolana, lleva a resultados “desastrosos”, como lo es la pobreza extrema, a lo cual

Cornejo (2000) se refiere al manifestar, que no se entiende cómo un país tan rico

como lo es Venezuela, vive inmerso en la pobreza; a raíz de este comentario, emerge

entonces, la cuestión de la renta y se propone al mismo tiempo, según García y otros

(1995), incentivar a los inversionistas con el beneficio de la deducciones por nuevas

11

inversiones en actividades industriales, agroindustriales y turísticas, tal y como lo

estipula la Ley de Impuesto Sobre la Renta.

Es aquí justamente, donde se le da cabida al objeto o campo de estudio de las

Finanzas Públicas como la actividad financiera, explicado por Fariña (1986), al

señalar que es el proceso para obtener los medios económicos, donde el Estado,

mediante la recaudación por ingresos petroleros, además de lo percibido por

impuestos aplicados, permite cubrir los gastos de los servicios públicos, significando

con ello, que el producir bienes y servicios implica para éste, elevados gastos.

Es decir, que el único fin de la Actividad Financiera es percibir ingresos y

realizar gastos para la satisfacción de necesidades colectivas; en este sentido, las

necesidades del Estado son las de defensa exterior y seguridad interior entre sus

habitantes y mantener el orden jurídico interno de la Nación. Por consiguiente, éste

debe cubrir las necesidades de administración de justicia, servicios sanitarios y

hospitalarios, de educación en lo mínimo que pueda y estos servicios básicos según

Jarach (1993), deben ser adecuados a estas necesidades, señalando además:

…de infraestructuras, tales como: caminos con sus dimensiones apropiadas, conexiones, vías de acceso, pavimentos aptos para el volumen y el tipo de vehículos que han de transitar por ellos; puertos, diques y canales para la regulación de los recursos hídricos con fines de riego, fuerza motriz, defensa contra inundaciones, etcétera; obras sanitarias, para el suministro de agua potable, la red de cloacas y los desagües pluviales. (p.38)

Se tiene entonces, que “La ciencia de las Finanzas Públicas se relaciona con el

Derecho, porque la actividad económica del Estado debe estar regulada por normas

de Derecho; en este caso, por las que conforman el Derecho Financiero” (p.10), según

lo explica Fariña (op. cit). Desde esta óptica, la actividad financiera comienza desde

el momento en que el Estado percibe ingresos, ya sea por la renta petrolera o minera

de las empresas públicas o privadas o de los particulares mediante los impuestos. Más

sin embargo, la actividad financiera no se extingue allí; la misma, continua hasta el

proceso de gasto o inversión en las necesidades colectivas, por medio de los servicios

públicos, como lo son la educación, salud, vialidad, la creación de redes de

acueductos, vías de penetración, vigilancia o seguridad a la ciudadanía, salubridad,

12

creación de empleo, reglamentación jurídica y creación de todo tipo de servicios

públicos, como ya se explicó con anterioridad.

Al respecto el autor ya señalado, expone lo siguiente:

La actividad financiera tiene dos fases principales: la fase de los ingresos públicos, fase recaudatoria, de adquisición de medios económicos. En el presupuesto de Ingresos del Estado, se señalan y autorizan esos recursos, tales son los impuestos, las tasas, los empréstitos públicos y las rentas de su propio dominio como las rentas petroleras y las mineras; y la fase de inversión de los recursos obtenidos en la fase recaudatoria, para satisfacción de las necesidades públicas, o sea, la fase del gasto público. (p. 12)

Por su parte, Fariña (1986) expresa, que surge “el Derecho como fórmula para

regular las relaciones entre los gobernantes y los gobernados y entre estos mismos.”

(p.22); de allí justamente, nace el Derecho Financiero que regula la actividad

financiera del Estado, “mediante la cual el Estado utiliza los instrumentos financieros,

el gasto, los ingresos y el presupuesto, cualquiera sean los fines que persigue” (p.26).

En reacción a esto último, el Derecho Fiscal se relaciona con las actividades

financiera y económica; la primera, se mueve y persigue manifestaciones de la

segunda, de donde se obtienen los ingresos públicos, que principalmente son de la

economía privada.

Es por tanto, que en la Política Fiscal en Venezuela, se aplican instrumentos

para la recaudación impositiva y el gasto público, el cual, se ejecuta mediante los

presupuestos o programas económicos establecidos por los distintos gobiernos, a

sabiendas, de que los recursos públicos se destinan a cumplir y atender funciones;

como también, responsabilidades gubernamentales, y de igual forma, producir bienes

y prestar servicios.

Por lo antes expuesto, cabe considerar a la gestión tributaria como un elemento

importante de la política económica, ya que financia el presupuesto público y es la

herramienta más importante de la política fiscal, pues en él se especifica tanto los

recursos destinados a cada programa como su financiamiento.

Desde este punto de vista y para que el Estado cumpla con sus funciones de

proveer a sus ciudadanos de bienes y servicios, así como también, poner en marcha el

13

sistema socioeconómico de la nación, debe implementar una serie de normativas

ajustándolas al desenvolvimiento de la sociedad; todo ello, de acuerdo a lo que cita la

Carta Magna en su Artículo 299, donde se establece, que:

El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democratización, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. El Estado conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para garantizar una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática participativa y de consulta abierta.

Es así entonces, como el régimen socioeconómico, trata todo lo relacionado a la

sociedad en términos económicos, estando sus enunciados basados en los principios

elementales de la Justicia, lo que significa que va en función de un equilibrio u

Ordenamiento Jurídico que impera en Venezuela; de igual forma, rige para todos los

integrantes de la comunidad venezolana y para el propio Estado como tal; contiene a

su vez, un aspecto de democratización.

Por otra parte, el Estado como principal protagonista y obligado a la creación

de normas para el desenvolvimiento de la sociedad, implementa programas y políticas

económicas, con la finalidad de acrecentar las inversiones privadas manteniendo una

armónica relación, obteniendo como resultado la creación o generación de fuentes de

trabajo y alto valor agregado, elevando de esa manera, el nivel de vida a la

colectividad nacional. Así pues, con la obtención de ingresos, el Estado dispondrá de

recursos para satisfacer algunas de las diferentes necesidades requeridas por la

colectividad, tales como: seguridad de Estado, salud, educación, fortalecer la

soberanía económica, desarrollo económico, bienestar social, desarrollo de la ciencia,

la tecnología y como se dijo antes entre otras, elevar el nivel de vida de la población y

así como todas aquellas inherentes a su función como ente garante de satisfacer

necesidades públicas.

14

De esta manera, el Estado estima sus propios recursos e ingresos públicos,

estableciendo una previsión de los gastos a enfrentar, elaborando la Ley General de

los Presupuestos Anuales, donde figuran los ingresos previstos por los recursos

tributarios, sean estos impuestos, tasas o contribuciones; de igual forma los recursos

monetarios, como corresponde a la emisión de billetes y monedas; también, la

defensa de la moneda y del sistema financiero, recursos del crédito público contenida

en las deudas externa e interna, recursos de las empresas estatales, como lo son los

precios a los que facturan, disminución del gasto público, reducción de la deuda

pública, nuevas inversiones y expansión, aumento de la eficacia en la explotación, así

como todo el resto de tipo de recursos, significando concesiones y autorizaciones de

explotaciones, arriendos, donaciones, venta de bienes, multas y sanciones.

Dentro de este contexto, el artículo 316 de la Constitución de la República

Bolivariana de Venezuela habla del sistema tributario:

El sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del o la contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, así como la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población, y se sustentará para ello, en un sistema eficiente para la recaudación de los tributos.

En este sentido es conveniente resaltar, que se ha hecho una modificación al

Código Orgánico Tributario con el fin de dirigir recursos a la Administración

Tributaria en función de la recaudación no petrolera, la cual constituye un paso

fundamental en su proceso de modernización de la administración tributaria. Sin

embargo, plantea Guerrero (citado en Farías 2006) que la nueva estrategia petrolera

fundamentada en la maximización de la renta extiende una mayor dependencia fiscal

que consolida la “presión redistributivista” de esa renta por encima de los intereses

políticos y del dominio de esas estructuras, que paradójicamente corren el riesgo de

no ser sustentable a mediano plazo, es decir al disminuir el precio del petróleo.

Ahora bien, con base en todo lo aquí planteado surgió la inquietud por parte

del investigador, de realizar un estudio analítico que permita relacionar la Actividad

Financiera del Estado y el Derecho Fiscal a objeto de distinguir el conjunto de

operaciones que permitan satisfacer las necesidades públicas, tomando en cuenta la

15

relevancia que ha tenido el período 2003-2004; en tal sentido, se intenta dar respuesta

a la temática presentada y es por lo que surgen distintas interrogantes, entre las que

cabe señalar: ¿Cómo se aplica el Derecho Fiscal ante este potencial?, ¿Cómo llevar al

Estado a ser más productivo y menos paternalista?, ¿Cuáles son las necesidades

primarias de la sociedad que debe cubrir el Estado para su buen desempeño?; ¿Cómo

distinguir las distintas operaciones que permiten satisfacer las necesidades públicas?

Objetivos de la Investigación

General

Relacionar la actividad financiera del Estado y el Derecho Fiscal durante el

periodo 2003-2004 a fin de demostrar los cambios en los patrones fundamentales de

la estructura económica venezolana.

Específicos

1. Clasificar las necesidades públicas a objeto de conocer hasta qué punto el

Estado materializa su función.

2. Describir las políticas tendentes a la obtención, manejo y aplicación de los

recursos con que cuenta el Estado a fin de garantizar el bienestar colectivo.

3. Explicar el desenvolvimiento económico nacional en relación con el ingreso

total a fin de concertar los cambios necesarios dentro del contexto de las economías

capitalistas, como lo es el caso venezolano.

Justificación e Importancia del Estudio

Esta investigación se justifica, por la necesidad que tiene el Estado de

establecer procedimientos claros en lo concerniente a la actividad financiera y fiscal,

con el propósito de que sus administradores cumplan de manera eficiente sus

16

principales funciones. Es así, como por medio de esta investigación se visualiza cómo

el Estado cumple con sus funciones públicas y colectivas, ya que es el único

administrador y dispensador de la renta petrolera.

Así se tiene, que los resultados de la investigación permitirán dentro del campo

macroeconómico, disponer de información actual y confiable respecto a las

actividades financieras que realiza el Estado objeto de estudio; así como determinar,

cuál es la orientación que le da a la inversión con base en lo recaudado.

También se tiene, que esta información ayudará a plasmar una caracterización

de lo que es el Estado venezolano y la misma podrá ser utilizada como referencia para

investigaciones futuras en áreas relacionadas a las Finanzas Públicas o Económicas.

Igualmente, la investigación pretende identificar los mecanismos aplicados por el

Estado para ejercer el control fiscal y cumplir de esa manera con los objetivos

sociales.

Cabe resaltar, que por ser una investigación de tipo documental, se utilizará la

hermenéutica que es un aspecto principal de la filosofía en cuanto a comprensión e

interpretación de la realidad, considerando lo señalado por Fariña (1986) al decir, que

“La ciencia de las Finanzas Públicas se relaciona con el Derecho, porque la actividad

económica del Estado debe estar regulada por normas de Derecho; en este caso por

las que conforman el Derecho Financiero” (p. 10)

Es así entonces, como la principal función del Estado es la Actividad Financiera

y para lograr desarrollarla, se requiere de una serie de actividades amplias y

complejas mediante los servicios públicos, por lo cual el producir bienes y servicios

implica para el Estado elevados gastos, siendo conveniente clasificarlas para conocer

hasta qué punto el Estado, materializa su función como tal.

Estos servicios públicos son las actividades que el Estado realiza para querer

satisfacer las principales necesidades de la colectividad, inclusive las individuales o

privadas, es decir, aquellas propias de cada individuo, como lo es el alimentarse o

tener una vivienda dónde dormir, tal como lo señala la Constitución en su Artículo 82,

el cual reza; “Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda e

17

higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las

relaciones familiares, vecinales y comunitarias”.

En cuanto a las necesidades de grupo o colectivas, son aquellas que tienen su

origen en la vida de sociedad que realiza un individuo, tales como, salud, educación,

comunicación y transporte. A este respecto, la Constitución en su Artículo 83

establece lo siguiente: “La salud es un derecho social fundamental, obligación del

Estado, que lo garantiza como parte del derecho a la vida”.

Por tanto, las necesidades públicas o de interés público, son aquellas

necesidades comunes a todos los miembros de una comunidad, como la seguridad

interior y la administración de justicia. De esta manera pues, el Estado, por medio de

sus niveles de recaudación, cuenta con los recursos económicos para satisfacer las

necesidades del colectivo, debiendo invertir en vivienda, educación, salud, transporte,

seguridad, justicia, entre otros.

Por otra parte, las conclusiones y recomendaciones que se generen una vez

concluido el estudio, podrán servir para valorar la importancia que tiene el Estado

como tal y su relación con el Derecho Fiscal; además de esto, las recomendaciones

que surjan de la presente investigación pudieran llegar a ser implantadas en la gestión

financiera del Estado con el fin de buscar un mejoramiento para lograr las metas

económicas y sociales que son la razón de ser del Estado.

Alcance del Estudio

La investigación se circunscribe a un análisis crítico de la Actividad Financiera

del Estado y el Derecho Fiscal durante el periodo 2003-2004 a fin de mostrar los

posibles cambios en los patrones fundamentales de la estructura económica

venezolana, resaltando que el objetivo de esta investigación está dado por la

necesidad de determinar con bases conceptuales, la relación existente entre la

Actividad Financiera y el Derecho Fiscal en Venezuela a fin de obtener una visión de

lo que significan y comprender, lo amplio y complejo de ser del Estado. Por otra parte,

18

se investiga en qué medida el Estado se limita para satisfacer las necesidades públicas

básicas de la colectividad, tales como, salud, educación, transporte, seguridad jurídica

y vialidad entre otras, que deberán ser financiadas con recursos públicos, bien sean

producto de la renta petrolera o por la recaudación tributaria.

Vale resaltar, que para el análisis e interpretación de la información se emplea

el método hermenéutico, tomando en consideración el aspecto exegético que

proporciona el mismo, para investigaciones de tipo documental.

19

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes de la Investigación

A objeto de ampliar la visión del investigador sobre la Actividad Financiera del

Estado y el Derecho Fiscal en Venezuela, se revisaron distintos estudios en referencia

realizados con antelación, que aunque no de forma directa, los mismos aportaron

información relevante al mostrar la posición crítica de diferentes investigadores sobre

la temática tratada. Es así, como en el estudio realizado por Morales y otros (2002),

sobre El Uso de la Unidad Tributaria como Marco de Referencia Económica en la

Legislación Nacional, concluyó que una de las más importantes funciones del Estado,

es aquella que se orienta a la organización de los recursos o ingresos que dispone para

realizar sus gastos y al combinar los elementos recursos-ingresos-negocio-finanzas,

deriva la existencia de relaciones entre el Estado y su población, de las cuales surgen

necesidades que demandan soluciones.

Asimismo señala, que con la creación de la Unidad Tributaria mediante la

reforma del Código Orgánico Tributario de 1994 se convierte en ésta, los montos

establecidos en las diferentes leyes y reglamentos tributarios. Este trabajo permite

conocer, tanto la base de los cálculos, como también aspectos importantes sobre los

ingresos provenientes de multas o sanciones por parte de los contribuyentes al fisco.

Por su parte, Medina y otros (2001), en su estudio sobre La Evasión Fiscal,

Tipificación, Definición y formas de Sanción en la Legislación Fiscal Venezolana,

señalan, que la mayoría de los autores han escrito que la Actividad Financiera data

de épocas muy remotas, donde manifiestan que se crean los impuestos para recaudar

ingresos y satisfacer las necesidades públicas, lo que indica que el Estado interviene

20

gravando la renta, estableciendo impuestos sobre la actividad económica y estos son

el principal instrumento que tiene el mismo para recaudar dinero y así, concebir sus

gastos y realizar sus inversiones. Asimismo, señalan que el Estado venezolano

requiere de un ambicioso esfuerzo para un eficiente servicio de formulación de

políticas impositivas y de administración tributaria, que permita reducir drásticamente

los elevados índices de evasión fiscal y consolidar un sistema de finanzas públicas,

fundamentados básicamente, en los impuestos derivados de las diversas actividades

productivas y ser menos dependientes del esquema rentista petrolero.

Su aporte a la presente investigación, consistió en recordar y recalcar, que el

Estado venezolano necesita de una Administración tributaria óptima para poder

cumplir con los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional y llevar a efecto la

cobertura efectiva de los servicios públicos. Es por ello, que todo intento por

modificar el sistema tributario actual debe considerar el empleo de mecanismos de

coacción y disuasión para cambiar tal percepción y crear conciencia respecto a la

necesidad que tiene el país de que todos los contribuyentes cumplan de manera

oportuna con sus obligaciones tributarias.

En cuanto a Mirabal y otros (2001), en el estudio denominado El Principio de la

Legalidad y Justicia Tributaria en la Creación y Aplicación de la Unidad Tributaria en

la Legislación Venezolana, exponen que la Constitución Venezolana impone el deber

a todos los ciudadanos de contribuir al gasto público y establece también, que dicha

obligación será distribuida de forma justa, según la capacidad económica del

contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, así como la protección de la

economía y el nivel de vida de la población. En ese sentido concluyeron, que el

principio de legalidad y justicia tributaria son incorporados al sistema tributario en

función de preservar los derechos y garantías del contribuyente. Así mismo,

constituyen un aval esencial en el derecho constitucional, en cuya virtud, se requiere

que todo tributo sea sancionado por una ley.

Quiere decir, que toda persona tiene el deber de coadyuvar los gastos públicos

mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones, desde el mismo momento que

se establecieron en la ley, y que no debe haber carencia de estos recursos en ningún

21

momento, de manera que el Estado logra satisfacer sus obligaciones colectivas. Es así,

como esta investigación ayuda a comprender que el principio de justicia tributaria no

puede ser entendido de manera aislada, sino que en el mismo, se encuentran inmersos

otros principios tributarios; entre ellos, la generalidad, la igualdad y la capacidad

contributiva.

Al respecto, Rodríguez y otros (2001), en su investigación sobre La

Armonización Tributaria en Venezuela como Garantía del Contribuyente y Forma de

Control de la Presión Fiscal para el Estimulo al Desarrollo Económico, plantean que

la violación de las garantías y principios que orientan la aplicación de tributos, tales

como la legalidad, igualdad y capacidad contributiva, propician la contracción de las

inversiones, las cuales estimulan el desarrollo económico. Del mismo modo

concluyeron, que la ausencia de una armonía tributaria y la falta de una coordinación

del sistema fiscal, ha traído como consecuencia la presencia de una alta presión fiscal

que recae sobre los contribuyentes. Ello se traduce en una doble tributación y altas

alícuotas tributarias; todo lo cual se contraponen a los fines constitucionales que

busca el sistema tributario como lo son, la protección de la economía y elevación del

nivel de vida de la población.

En lo que respecta al aporte presentado al actual estudio, el mismo consistió en

comprender que la armonización tributaria fomenta y promociona las inversiones de

capital al brindar un marco legal que le provea de la seguridad jurídica necesaria. Así

como también, el valor agregado que ella proporciona, lo que contribuye de manera

fundamental, al mejoramiento del nivel de vida de la población.

Por otro lado, García (2005) en su investigación titulada, El Papel del Estado en

la Implantación de la Cultura Tributaria para la Recaudación de Impuesto al Valor

Agregado e Impuesto Sobre La Renta en Microempresas de Insumos de Construcción,

señala la importancia del papel que juega el Estado en la implantación de la cultura

tributaria y su poca gestión en la misma, dando como resultado el poco conocimiento

en general de la población de los acontecimientos en materia tributaria y sus

respectivos efectos económicos. Además considera, el sistema tributario como

22

instrumento para lograr una distribución del gasto total sobre la economía en general;

tiene como finalidad, lograr óptimos niveles en la recaudación, los cuales serán

destinados a la cobertura de los gastos presupuestarios. A esto se suma el hecho, de

que están suministrando asesoría adecuada y oportuna para el conocimiento de los

contribuyentes, mediante charlas, visitas informativas a las empresas y jornadas

comunicacionales, ya que el verdadero sustento de la disposición del contribuyente se

encuentra en una sola motivación real, como lo es la cooperación.

Cabe resaltar, que los ingresos no deben derivar de una única fuente, como el

escenario venezolano mediante la renta petrolera, sino que en la generalidad de los

casos han de emanarse de los diversos impuestos sobre actividades económicas. Por

ello, es conveniente señalar, que los impuestos constituyen una fuente fundamental en

lo que a recursos del sector público se refieren; por tanto, deben ser establecidos,

recaudados y administrados siempre con plena conciencia de los fines que persigue la

actividad financiera del Estado y es él mismo, quien debe promover una cultura

tributaria en la sociedad, educándolos como partícipes de la actividad pública y

responsables del logro de sus objetivos, para alcanzar las metas de recaudación

deseada.

De allí, la razón por la cual, es de suma importancia el rol desempeñado por el

Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), al

utilizar mecanismos de información y facilitando las herramientas necesarias para

incentivar al colectivo a comprometerse a cubrir su cuota de recaudación y enseñarles

cuál es la utilidad principal de los tributos en el país, es decir, cómo sirven de medio

de contribución al gasto por servicio público de la nación y a razón de esto, están

distribuyendo volantes con la información, de que cada 100 Bolívares aportados por

concepto de tributos son distribuidos de la siguiente manera: Bs. 32,3 para educación,

cultura y deporte, Bs. 0,85 para ambiente, Bs. 1,85 para ciencia y tecnología, Bs. 2

para jueces y cárceles, Bs. 4 para seguridad, Bs. 7 para infraestructura, Bs. 15 FIDES.

Bs. 17 para salud y desarrollo social y Bs. 20 para gobernaciones y alcaldías; de

manera entonces, que con esta información y al tener conocimiento de la Actividad

Financiera, se requiere conocer el por qué del impuesto y tener siempre presente la

23

necesidad de incentivar el cumplimiento de la obligación tributaria.

Secuencialmente, López (2001), en su investigación sobre La Elusión Fiscal

como Ilícito Tributario, señala que la obtención de recursos económicos necesarios,

denominados ingresos públicos, coadyuvan mediante su empleo al gasto público

razonado en el desarrollo de la sociedad a aplicársele; consistiendo por tanto este

fenómeno, en un proceso caracterizado primordialmente en procurar obtener los

ingresos necesarios para su posterior utilización en las necesidades públicas.

En este orden de ideas, la Elusión Fiscal debe considerarse al momento de

cuantificar la recaudación proveniente de impuestos, ya que este elemento va en

perjuicio de las finanzas públicas, pues con esa disminución de la carga fiscal que el

contribuyente deja de enterar al fisco, el Estado estaría en capacidad de asegurar a la

población tener acceso a sus necesidades básicas, en el país y sobre todo en los

Municipios existe hoy día, una lucha latente contra este flagelo, debido al elevado

impacto que tiene en la economía.

En este sentido, García y otros (2000), en su investigación denominada El

Gasto Público y su efecto multiplicador en los últimos cuatro años (1995-1999),

concluyen que el gasto público es una variable fundamental para el proceso

económico y es necesario evaluar el comportamiento mismo de la economía, ya que

sólo representa un factor de redistribución del ingreso nacional y de consumo o

inversión que son indispensables por su proyección, en la producción de la Renta

Nacional.

Vale resaltar, que esta investigación indica que el Estado y todos los

organismos que conforman el sector público, de acuerdo a la Constitución y demás

leyes que rigen la materia, obligan a utilizar de manera óptima los recursos con los

que cuenta la nación; es decir, que los gastos deben estar ordenados y ajustados de

acuerdo a las necesidades y para ello, se fundamentan en los principios de justicia

social, distribución de la riqueza y solidaridad como en la eficiencia, productiva, libre

competencia e iniciativa privada, como pilares fundamentales para promover el

desarrollo económico estimado; todo esto, aún cuando el gasto público sea el origen

del sacrificio que se le impone al ciudadano que paga los tributos.

24

Por su parte, Manrique (2005), en su trabajo de investigación Tendencias

Modernas de la Administración Tributaria en Venezuela, concluye que los constantes

cambios que han surgido en el país, tanto en los ámbitos políticos, económicos como

sociales están estrechamente vinculados a lo concerniente al sistema tributario y muy

especialmente, hace hincapié al cumplimiento de la obligación tributaria, ya que por

su incidencia en las finanzas públicas del estado y observando las debilidades que la

han caracterizado a través de la historia, se busca implementar mecanismos que

permitan fortalecerla, para que el estado como principal protagonista en la evolución

económica del país y como ente responsable y garante de cubrir las necesidades

sociales, accione su función primordial, mediante el mejoramiento de las condiciones

económicas y la ampliación de una gama de oportunidades, al sector productivo.

Cabe destacar, que el mencionado estudio permite comprender la importancia

del rol que debe asumir la administración tributaria nacional, en el desempeño de sus

funciones, cuyo objetivo principal seria el de sufragar los gastos del Estado, a la vez,

que procura la justa distribución de las cargas, la protección de la economía nacional

y la elevación del nivel de vida de la población. En este sentido, el Servicio Nacional

Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), para aumentar la recaudación y

evitar la evasión de impuestos, ha puesto en marcha el Plan Evasión Cero, donde se

está aplicando una presión fiscal a los contribuyentes a fin de cancelar sus impuestos

al día, así como también la aplicación de una serie de instrumentos de recaudación

tales como la creación de portales en Internet, visitas de fiscales tributarios y

fiscalizaciones inesperadas a las empresas e incentivar a los compradores de exigir su

factura con todos los datos e impuesto que paga o de lo contrario serán multados;

todo ello, para reducir el déficit fiscal.

Igualmente, Mendoza (2005), en su investigación sobre La Tributación

Aplicada al Impuesto Sobre La Renta e Impuesto al Valor Agregado frente a las

Tendencias en la Economía Venezolana, señala que Venezuela, ha sido un país cuya

fuente principal de ingresos siempre ha derivado del petróleo, de los hidrocarburos y

de las explotaciones de sus recursos no renovables, por lo que ha sido considerado

como un país con baja carga impositiva, mas sin embargo, en las últimas décadas se

25

ha hecho cada vez más evidente el agotamiento de esos recursos, así como la

necesidad de financiar el gasto público mediante el pago de tributos por parte de toda

persona tanto jurídica como natural en función de la capacidad económica, y

atendiendo el principio de progresividad.

Esta investigación, destaca la importancia de conocer la actividad económica

del Estado, ya que el cobro de impuestos forma parte de su actividad, además de

señalar, que los instrumentos o herramientas básicas que utiliza el mismo para influir

en la actividad económica privada son los impuestos, los gastos y la regulación. Es

así, por lo que los impuestos se establecen sobre la renta, como también, sobre los

bienes y servicios; por tanto, reducen la renta y el gasto privado; a la vez, son fuente

de ingresos para el gasto público, pues tal y como se observa, los gastos del Estado en

cierto bien o servicio, como en sanidad, educación o defensa, junto con las

transferencias, proporcionan recursos a los individuos.

Bases Teóricas

Para plantearse el estudio de un Análisis Crítico de la Actividad Financiera del

Estado y el Derecho Fiscal en Venezuela, se requiere de fundamentos teóricos que

sirvan como herramienta para alcanzar el objetivo propuesto. En este sentido, es

necesario abordar diferentes aspectos que provean de un marco de referencia que

oriente la investigación. Por tal motivo, es conveniente iniciar el estudio

desarrollando las concepciones teóricas de cada una de las variables que intervienen y

sus relaciones, para lo cual se tomaron aquellos autores que sin menos preciar su data,

ofrecieron la información vigente y pertinente en referencia y de esta manera,

establecer el carácter gnoseológico que compete a este capitulo.

Necesidades Públicas y la Función del Estado

Para dar inicio al desarrollo de la temática en estudio, primeramente se tomó a

26

Moya (2004), quien expresa, el Estado es el único ente sujeto de la actividad

financiera, debiendo prever los gastos e ingresos futuros, materializados o reflejado

en un presupuesto; es por ello, que la actividad financiera comienza desde el

momento en que el Estado logra ingresos públicos por medio de la renta petrolera,

minera, de las industrias, empresas públicas o privadas, de los impuestos, tasas,

contribuciones y crédito público; además, enfatiza diciendo, que continúa con este rol,

cuando los recursos obtenidos los invierte o gasta para cubrir las necesidades

colectivas, mediante los servicios públicos. De allí, que la Actividad Financiera se

defina como aquella que realiza el propio Estado para obtener los medios económicos

como lo son los ingresos y efectuar los consecuentes egresos.

A este respecto, Moya (op. cit) señala, “las necesidades públicas nacen de la

vida colectiva y se solventan mediante la actuación del Estado” (p.32). En

consecuencia, necesidades como la salubridad, comida, vestido, transporte, seguridad

social y vivienda entres otras, son indispensables para la vida normal de la sociedad y

mediante ese bienestar social que brinda el Estado, se aprecia el progreso del país, es

decir, si no existieran necesidades públicas, el Estado no existiría.

A este respecto, Jarach (1993) opina, que:

El concepto de necesidades públicas proviene de los fines que el Estado persigue de acuerdo con las decisiones de quienes representan las fuerzas políticas dominantes… Los factores que determinan los fines del Estado son de carácter étnico, religioso, económico, social, cultura, demográficos y evolucionan a través del tiempo. Podemos pues afirmar que dichos factores son históricos. (p.42)

Cabe resaltar, que para este autor existen necesidades públicas por la propia

esencia del Estado y otras, que son asumidas por determinación del mismo a través

de la historia, sin que correspondan a sus funciones esenciales, como por ejemplo su

intervención en la banca y en empresas cien por ciento estatales.

Por otra parte, Villegas (2002), define las necesidades públicas “como aquellas

que nacen de la vida colectiva y se satisfacen mediante la actuación del Estado” (p.4),

es decir, el Estado por medio de su poder de imperio, será el garante de las

principales necesidades públicas que se originan dentro de una colectividad, ya que

27

sólo podrán ser satisfechas de esta forma y no individualmente, concluyendo así, el

Estado “es el mejor órgano constitucional para alcanzar el bienestar” (p.5)

En resumen, el Estado realiza su actividad en procura de la satisfacción de las

necesidades públicas como lo son: educación, salud, transporte, vivienda,

comunicaciones y seguridad social, entre otros, considerando además, que son las que

constituyen la razón de ser del Estado mismo.

Es así, como Villegas (2002) y Moya (2004), por su parte, coinciden sobre la

clasificación de las necesidades en absolutas y relativas; específicamente Moya (op.

cit) explica además, que “Las necesidades públicas relativas son contingentes y no

vinculadas a la existencia del Estado; en cuanto a las públicas absolutas, son

elementales, constantes, vinculadas existencialmente al Estado y de satisfacción

exclusiva por él.”(p.7). Cabe señalar, que las necesidades públicas relativas son de

interés estatal porque atañen a la adecuación comunitaria y los progresos emergentes

como salubridad, transporte, seguridad social y comunicaciones, es decir, son

vinculadas al progreso y bienestar social. Mientras que las absolutas son esenciales,

constantes, vinculadas existencialmente al estado y de satisfacción exclusiva de este,

mediante los entes gubernamentales que deben atenderlas.

Gasto Público y su Clasificación

El gasto público, es aquel en que el Estado incurre para sostener las

instituciones y financiar servicios públicos prioritarios que permanecen en manos

estatales; es decir, la cantidad de recursos con que consigue actuar el Estado para el

ejercicio de sus diversas funciones. A este respecto, Jarach (1993) señala, “el gasto

público consiste en la erogación que el Estado efectúa para adquirir bienes

intermedios y factores de la producción” (p.52), como por ejemplo, equipos, muebles,

edificios, campañas de vacunación totalmente gratis, comedores escolares,

medicamentos entre otros.

En referencia se tiene, que el Estado actúa en protección del interés general de

la población, es decir, satisface las necesidades básicas de la población mediante el

28

gasto público; es así, como para la actividad financiera del Estado, éste es la

adquisición de bienes y servicios para la satisfacción de necesidades públicas.

Tal señalamiento indica, que esta erogación estatal es para cumplir con los

servicios y bienes públicos; enfatiza el autor citado, que el mismo, lo “constituye una

parte de la demanda global de bienes y servicios en el mercado” (p.52); en otras

palabras, el Estado obtiene los bienes o servicios necesarios para cumplir sus

funciones mediante una contraprestación o pago por aquellos. Esta erogación

monetaria, única y exclusivamente la puede hacer el Estado, porque cuenta con los

medios o recursos monetarios, que obtiene por medio de su poder de imperio.

Dentro de este contexto, se encuentra un comentario en Univerxity (2005), que

dice: el gasto público es la “repartición dineraria que realiza el estado en virtud de la

ley para cumplir sus fines consistentes en la satisfacción de necesidades públicas” (p.

s/n); indicando con ello, que no sólo considera la necesidad pública, sino que también

se debe evaluar la capacidad contributiva de la población, para así darle prioridad a

los gastos. Según, Econouba (2004), la realización de los gastos públicos, tiende a

incrementar la actividad económica, sea operando en el consumo o en la inversión

global; es por ello, señala, que el Estado, primero capta recursos mediante la renta

petrolera o la tributación, y luego los transfiere de un sector de la economía a otro por

la vía del gasto. Al respecto, Ríos (1992) expresa, para el Estado Moderno, los

ingresos y egresos son el “motor vital del proceso de desarrollo de la Nación” (p.13).

Cabe resaltar, la realidad del Estado moderno, donde las necesidades

financieras siempre son más exigentes, buscando mayormente, nuevos hechos

imponibles que consigan satisfacer tales requerimientos. Ramírez (2004) por su parte,

enfatiza en la “búsqueda y logros de nuevos hechos que puedan surgir de la relación

tributaria; no obstante, es netamente económica o financiera” (p.55). Seguidamente,

Villegas (2002) manifiesta, para que se mantengan las funciones y servicios públicos,

el gobierno ha de desprenderse del dinero. Queriendo decir con ello, que “debe

realizar las erogaciones denominadas “gastos públicos”” (p.13). Estos gastos se ven

reflejados en la adquisición de uniformes y armas para los soldados, con el fin de

resguardar la seguridad, defensa y justicia de la Nación; el pago de sueldos y salarios

29

a empleados públicos para ser prestados con eficiencia los servicios públicos,

cubriendo las necesidades de la colectividad; los subsidios otorgados como

protección de aquellas personas de escasos recursos, con la finalidad de luchar contra

la pobreza y así mismo, promover el desarrollo económico de la Nación.

De igual forma, la inversión en infraestructuras básicas como lo son la

construcción de puentes, presas hidroeléctricas, escuelas y hospitales son un requisito

indispensable del crecimiento económico; es así, por lo que a fin de que el Estado

planifique los gastos que efectúa, debe coordinarlos con los impuestos que recauda y

el uso del crédito público, para que produzca efectos positivos en la economía. No

obstante, se han realizado críticas por algunos sectores de la opinión pública en torno

al aumento del gasto fiscal en el presupuesto de 2004, a lo que el presidente de la

Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Rodrigo Cabezas (2005), dijo que

esto fue incentivado por el crecimiento de la economía venezolana durante este

período, pues de no aumentarse el nivel de gasto se corría el riesgo de llegar a una

recesión económica.

Ahora bien, dentro de la línea desarrollada, se debe tener en cuenta la

clasificación moderna que tiene el gasto público de acuerdo a las prioridades

consideradas por el Estado, tal como lo señala La ley Orgánica de Régimen

Presupuestario en su artículo Nº 5, el cual reza “El Presupuesto de Gastos se

clasificará por organismos ejecutores y por sectores, conforme se establezca en el

Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación”, considerando pues, que el

presupuesto es la expresión cuantitativa y formal de los objetivos que se propone

alcanzar la administración en un periodo específico, con la adopción de las estrategias

necesarias para lograrlo, para lo que se tomó el criterio de clasificación del gasto

citado por Ramírez (1998):

Gastos de contrapartida directa y personal 1) Funcionamiento - de consumo durable - de consumo semidurable - de consumo perecedero - de servicios personales

30

2) Inversión - intermedios - finales 3) Servicios de la Deuda - reembolso de capital - pago de intereses

Gastos sin contrapartida directa y personal

1) Transferencias con fines - subvenciones económicos y financieros - subsidios - auxilios regionales 2) Transferencias con fines - seguros y prestaciones sociales sociales - asistencia pública - auxilios por calamidad pública 3) Gastos consuntivos - gastos reproductivos - gastos improductivos” (p.339-340)

Gastos para el desarrollo económico

Con base en el análisis y desarrollo que se viene realizando sobre la Actividad

Financiera del Estado y el Derecho Fiscal en Venezuela, se evidencia la necesidad

imperiosa que ha de asumir el Estado como tal, para utilizar el Gasto Público como

una herramienta de la política económica del gobierno, es decir, utilizar el gasto

público a objeto de desarrollar el área de infraestructura nacional, estimulando la

política de producción industrial; para ello, el endeudamiento que adquiera el país,

debe estar enmarcado en los lineamientos de la ley de crédito público. Es así, como el

gasto por ser una de las variables macroeconómicas más importantes en el desarrollo

económico- social, está sustentado por ciertas leyes que le dan el basamento legal

correspondiente, como lo son: (a) Ley Orgánica del Régimen Presupuestario; (b) Ley

de Crédito Público; (c) Ley Orgánica de Hacienda Publica; y (d) La Asamblea

Nacional.

Ahora bien, la productividad del gasto público debe medirse por sus efectos o

resultados, considerando que el beneficio creado para la colectividad depende de los

31

deseos y de la elección de los mismos, frente a otros postergados. De manera pues,

que los individuos son productores y consumidores de riqueza, y el gasto público

actúa sobre el equilibrio general del mercado; los afecta tanto por los efectos que

genera, bien sea, por el origen de los fondos que han servido para sufragar gastos,

como lo son los servicios de seguridad y asistencia social, defensa interna y externa

del orden público, de sanidad, educación, vías terrestres entre otras, los cuales han de

ser prestados en la medida en que los deseos de la comunidad lo exijan.

Para el buen funcionamiento del Estado, debe cumplirse con lo establecido en

la Carta Magna, en cuanto a derechos económicos y sociales como salud, educación,

pensión, desempleo y viviendas, ya que los mismos constituyen obligaciones

esenciales adquiridas por el mismo y que pueden ser financiados con contribuciones

de la masa trabajadora por medio de los ingresos parafiscales, debido al elevado costo

fiscal que significaría si se financia con ingresos ordinarios. Es así, como el bienestar

de un país depende en buena medida, de su capacidad para producir bienes y servicios;

por tal razón, el tratamiento de las inversiones es una pieza clave de todo sistema

tributario. Cabe señalar, que el Estado venezolano ha utilizado sus actividades

financieras como una herramienta primordial en la promoción del crecimiento, tanto

por la participación directa en los procesos económicos de producción, como por

medio de la promoción, orientación y fomento de las actividades que efectúan los

sectores sociales y privados. Es así, por lo que cabe resaltar, que al inducir al

desarrollo mediante la administración de los recursos públicos de acuerdo con las

políticas, planes y programas estatales de desenvolvimiento, la administración

financiera estatal se convierte en el principal motor del progreso nacional.

Producción de Bienes y Servicios Públicos

La provisión de bienes y servicios le corresponde al Estado para cumplir la

prestación de servicios públicos, porque es su naturaleza y fines; para ello, debe

sujetarse a condiciones de eficiencia, igualdad, transparencia, oportunidad y

economía, pues el Estado está al servicio de la comunidad. Al respecto, Griziotti

32

(citado por Amatucci (2004)) señala que:

El Estado es productor de riqueza con la organización de los servicios públicos, porque estos aumentan la posibilidad de ganancia, disminuyen los costos de producción de los particulares productores e incrementan el poder de adquisición del dinero destinado por los consumidores a gastar (P.161).

Al facilitar las condiciones generales para la producción de riqueza, el Estado

incrementa la capacidad contributiva de los particulares; por consiguiente, la riqueza

y la capacidad contributiva son estrictamente dependientes de los servicios públicos y

constituyen un indicio indirecto de las ventajas generales o particulares derivadas por

el contribuyente por el hecho de ser parte del Estado.

De manera entonces, los servicios públicos son todos aquellos que tienden a

satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua, realizándolo el

Estado o personas privadas, directa o indirectamente; además deben cumplir con los

principios fundamentales de obligatoriedad, versatilidad, continuidad y de igualdad,

comenta Moya (2004) (p.36). Estos servicios son esenciales y no esenciales; los

primero son aquellos que la comunidad requiere con mayor intensidad y urgencia,

tales como, seguridad social, educación, la salud individual, una vivienda digna y

adecuada; y los segundos, son aquellos que el mismo Estado requiere como lo es la

defensa nacional o la seguridad interior del país.

Igualmente, hay servicios públicos esenciales inherentes a la soberanía del

Estado, puesto que sólo son prestados en forma exclusiva e indelegable haciendo uso

de su prerrogativa de su poder de imperio; los servicios públicos no esenciales,

tienden a satisfacer necesidades públicas vinculadas al progreso y bienestar social, no

se consideran inherentes a la soberanía por cuanto para su prestación tampoco es

necesaria la utilización de las prerrogativas emanadas del poder de imperio, lograr ser

atendidos en forma indirecta y mediante la intervención de particulares intermediarios

o concesionarios bajo control estatal. Al respecto, Villegas (2002) señala, que a fin de

cumplir con los servicios esenciales el “Gobierno brindará escuelas gratuitas, y nada

impide que coexistan con escuelas privadas pagadas por quienes puedan y quieran

hacerlo. Deberán funcionar hospitales no remunerables, pero el servicio de salud

33

también podrá ser prestado por entidades privadas” (p.9)

Tanto los servicios públicos esenciales como los no esenciales son a su vez,

divisibles e indivisibles, por lo que Moya (op. cit) los define de la siguiente manera:

Son divisibles aquellos servicios que aun siendo útiles para la colectividad en general, se prestan concretamente a particulares que los requieren por determinadas circunstancias (administración de justicia, instrucción pública, servicios postales, emisión de documentos de identidad). Indivisibles son aquellos servicios cuya naturaleza es tal que, favoreciendo a numerosos componentes de la comunidad, existe la imposibilidad práctica de efectuar su particularización con respecto a personas determinadas (p. ej., defensa exterior, seguridad, control ciudadano). (p.10).

Al respecto, Ramírez (2004) expresa, “hay servicios que producen un beneficio

a toda la población, sin que consiga determinarse con precisión, cuál es la porción

que pueda corresponder a parte de la población, considerada individualmente”. (p57).

Es así, como el rol del Estado en la provisión de bienes y servicios, ha de ser una

actividad proyectada desde el Estado o los particulares, con la finalidad inmutable de

obtener el bienestar humano mejorando su calidad de vida. Vale resaltar, que el

suministro de bienes y servicios públicos, es una tarea que le compete al Estado

porque es su naturaleza y fin cumplir con las necesidades públicas. Lo anterior quiere

decir, que para efectuar sus fines el Estado ha de ejercer funciones y prestar servicios,

enfatizándose, que la prestación de éstos y el suministro de los bienes requeridos por

la comunidad y sólo pueden llevarse a cabo, aplicando políticas fiscales eficaces.

En realidad, los bienes y servicios públicos existen allí donde la empresa

privada no ha llegado por medio de la competencia, pues ésta no puede abarcar todas

las esferas de la vida humana y justamente es el Estado, la institución encargada de

brindar a la sociedad los Bienes y Servicios que la empresa privada normalmente no

ofrece, es decir, que el Estado sustituye a la empresa privada en muchas actividades

propias de la sociedad. Al respecto Schwartz (2005) comenta, que:

Hay ciertos bienes y servicios, como son la defensa nacional, la justicia, los museos nacionales, la investigación científica fundamental, que es posible no puedan alcanzarse óptimamente por empresas o asociación y que los ciudadanos de un país acuerdan financiar coactivamente con impuestos. (p. s/n)

34

Cuantificación de los Efectos del Gasto Público

Los efectos varían de acuerdo a los recursos que utilice el Estado; al respecto,

Villegas (2002) señala, que “sólo se podrá incurrir en gastos que hayan sido previstos

y calculados presupuestariamente” (p.18); esta actividad requiere apegarse a las

normas que rigen la materia, así como también, elementos de tipo sociológico,

estadístico, administrativo.

Es decir, la incidencia o efectos del gasto afectan el precio de los productos, en

los factores de producción y en la mano de obra del sector público, puesto que se

requiere de mayor uso que en el sector privado; en el caso de este país, las inversiones

realizadas por el Estado, han seguido el patrón de la industria petrolera, basadas en el

capital usado intensivamente, que incorpora una alta tecnología y es elaborada en el

exterior; esto trae como consecuencia, rigidez en la absorción de mano de obra en un

país donde la población laboral crece en un 3% anual, tal y como lo comenta

Colmenárez (2005); además de ello, se experimenta una fuerte migración del campo a

la ciudad en busca del sustento. Este tipo de industrias de capital intensivo, no sólo

generan un empleo escaso, sino que hace más visible la falta de preparación técnica

de la población.

Razón ésta por la cual el artículo 102 de la Constitución de la Republica

Bolivariana de Venezuela señala, que:

La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. La educación es un servicio público y está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social consustanciados con los valores de la identidad nacional, y con una visión latinoamericana y universal.

A este respecto, se debe considerar lo que al Estado le corresponde invertir en

35

educación a objeto de formar profesionales con capacidad de afrontar los retos que le

impone la economía, pues no basta conocer cuál es el costo académico anual de un

estudiante o si la educación es obligatoria o si se financia por medio de los fondos

públicos, sino también la remuneración a pagar a los profesores para alcanzar tal fin.

Esto es parte de lo que constituye la enorme expansión de las actividades del

Estado y su creciente intervención en la vida económica social del país. Es así, por lo

que Cusguen (2000) señala lo siguiente:

A través del gasto público el Estado debe estimular el crecimiento económico y la inversión publica productiva, ofreciendo un sistema tributario plenamente eficaz equipado con mecanismos encaminados a brindar y mejorar servicios de salud, educación, vivienda y seguridad social. El gasto público debe buscar el logro de un equilibrio global de la economía debido a que el ahorro y la inversión son fundamentales para esta. (p.15)

Dentro de este contexto, vale resaltar lo expuesto por Baptista (2004), al

manifestar, que el rol del Estado en la economía venezolana se vio grandemente

fortalecido como consecuencia del cambio de la base agropecuaria a la petrolera, ya

que los recursos captados por el país, pasaron a ser administrados por el Estado, el

cual tiene como función, transferirlos a las diferentes áreas de la actividad económica

mediante el gasto público; es así, como el Estado venezolano participa decisivamente

en la economía y tal intervención, resulta de la percepción de una elevada renta

internacional con ocasión de la producción de petróleo, y de la misma forma que los

ingresos percibidos por el Estado han venido incrementándose; dicha situación,

también ha ocurrido con los gastos que realiza el mismo, y que constituyen uno de los

pilares fundamentales de la actividad económica y social.

En referencia, Moya (2004) señala, que:

“Los Gastos para la producción de bienes y servicios, financiados con recursos del crédito público, puede tener efectos redistributivos, haciendo difícil la determinación de la incidencia en el endeudamiento. Incrementa el ingreso nacional, el empleo y la inflación. (p72)

En conclusión sobre este punto se tiene, que este aumento relativo en el gasto

público, crea una situación en la cual el Estado es cada vez más responsable acerca de

36

las desigualdades entre la población, por ser un instrumento poderoso de

redistribución de la renta nacional; además, le corresponde incentivar a los

inversionistas y a la producción, crear un clima de confianza política, establecer una

estabilidad legal, disminuir la tasa de inflación entre otras, ya que estas variables

generan empleo e incentivan el crecimiento del aparato productivo; por esta razón, se

encuentra en un proceso de aumento de la producción petrolera para usarla como

movilizador del resto de la economía, al mismo tiempo, que se incrementa la presión

fiscal como medio de captación de ingresos, así también, la diversificación de la

actividad económica.

Actividad financiera del Estado y las Necesidades Públicas

Dentro de la actividad financiera del Estado se logra comprender el

ordenamiento jurídico y la importancia de los tributos, pues son indispensables para

la captación de medios económicos para el Estado; además existe una estrecha

relación con los gastos que cubren las erogaciones propias de las necesidades

públicas. Es así, como el Estado presta sus servicios a la sociedad, explota y produce

bienes prioritarios garantizando el bienestar constitucional; por ello, la Actividad

Financiera del Estado se encuentra presente siempre cuando ocurran necesidades

deseadas por la colectividad y cualquier recurso percibido está destinado a la

realización de sus fines. Cabe señalar, según la Teoría Política de Grizioti (citado por

Moya 2004), que la Actividad Financiera “es un medio para el cumplimiento de los

fines generales del Estado” (p.41).

En este orden de ideas, Bujanda, (citado por Moya 2004) expresa, la “Actividad

Financiera del Estado se traduce en entradas y salidas de dinero, por esta vía se

disponen de medios de pago para materializar su principal función con gastos

públicos que satisfagan necesidades que sólo el Estado puede cubrir” (p.27). Cabe

destacar, según el Artículo Nº 3 de la Constitución de la República Bolivariana de

Venezuela, que en los fines esenciales del Estado, se incluye la defensa y el

desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad; en general, la garantía del

37

cumplimiento de los principios, derechos y deberes consagrados en la constitución,

como valor fundamental del Estado.

Por su parte, Moya (2004) señala, “El Estado es el único ente sujeto de la

actividad financiera, es el que debe prever los gastos e ingresos futuros” (p.28), y

esto lo hace en los presupuestos anuales donde se presentan la medición de ingresos y

gastos en los que se va ha incurrir. Al respecto, Villegas (2002) resalta la idea, sobre

“el presupuesto, como instrumento jurídico, el cual contiene cálculo y autorización de

gastos y la previsión de ingresos, suele estudiarse una vez explicados sus elementos

componentes” (p.18)

Ahora bien, Olivieri (1998) (citado por Morales, 2002), definió la Actividad

Financiera del Estado, como:

El proceso económico que comienza en el momento en que éste, en su condición de administrador se apropia de las riquezas o bienes producidos por las demás economías y los convierte en ingresos para atender los gastos que le causará cumplir su deber de atender las necesidades publicas y termina cuando el ingreso público o medio para satisfacer las necesidades se materializa. (p22).

En tal sentido se ha de destacar, que las finanzas representan la organización de

los medios económicos requeridos para cubrir las necesidades de la población y del

Estado, y por medio de la política financiera, procura mediante los recursos,

equilibrar los ingresos y los gastos públicos, conforme a las normas constitucionales

vigentes, una de las más importantes funciones realizadas por el Estado, pues se

orienta a la organización de los recursos o ingresos disponibles en la satisfacción de

sus gastos, de lo cual deriva la existencia de relaciones entre el Estado y los

individuos.

A este respecto, Villegas (2002) considera, que la Actividad Financiera del

Estado es “el conjunto de operaciones del Estado, el cual tiene por objeto tanto la

obtención de recursos, como la realización de gastos públicos necesarios para

movilizar las funciones y servicios que satisfagan las necesidades de la comunidad”

(p.14), lo que refleja transacciones constitucionales en la cobertura de erogaciones a

fin de lograr su funcionamiento. Es decir, el Estado desarrolla una actividad de

38

carácter económico, encaminada a la obtención de medios con la finalidad de

satisfacer necesidades colectivas mediante la realización de los servicios públicos y

no se justifica que el Estado utilice los ingresos públicos para otro fin.

Finanzas Públicas y su relación con la Economía

Las finanzas públicas comprenden todo el aspecto económico del Estado y se

manifiesta en la actividad tendente a la obtención, manejo y aplicación de los

recursos con que cuenta para la consecución de sus fines; es evidente, que el Estado

debe intervenir para garantizar la igualdad de hecho y evitar que la actividad de los

particulares incida negativamente en los intereses colectivos. Por lo antes expuesto es

de considerar, el ámbito de intervención del Estado en la economía en muchos casos

es útil y de gran interés, ya que promueve las actividades de los particulares quienes

coadyuvan con la realización de los fines colectivos en áreas como salud, cultura,

educación o ambiente. Al respecto, Amatucci (2004) señala, que las “Constituciones

suelen reclamar del Estado una acción eficaz en procura de la consolidación de una

sociedad en condiciones de progresar y evolucionar permanentemente y ofrecer a sus

integrantes una vida digna” (p.35).

Por su parte, Ríos (1992), define las Finanzas Públicas como la “ciencia sobre

el estudio de la Actividad Financiera del Estado” (p.45) y su relación con la economía,

el efecto que causa positiva o negativamente en las variables macroeconómicas como

el consumo, la inversión, las importaciones y exportaciones y por el efecto, que

arrojan las políticas financieras aplicadas en el país.

Dentro de esta línea se ha de señalar, que el consumo es el mayor componente

de la demanda agregada y presenta un comportamiento estable a lo largo del tiempo;

por su parte, la inversión en toda economía es importante, pues se producen bienes de

capital contribuyendo a la producción futura, bien sea por inversión privada en planta

y equipos destinados a las empresas, construcción habitacional y variación en los

inventarios entre otros; las importaciones, aún cuando están netamente reguladas por

medio del control de cambio implantado por el gobierno nacional, lo cual permite una

39

salida de dinero y también la adquisición de bienes y servicios aprovechando las

ventajas comparativas y competitivas del país; las exportaciones de bienes y servicios

enviados al extranjero, trae consigo la entrada al país de divisas y crecimiento en su

economía.

En lo referente, Villegas (2002) señala, que la vinculación entre las finanzas y

la economía es muy estrecha, pues considera que todas las medidas financieras están

relacionadas con hechos económicos, tal como lo reflejan los indicadores

macroeconómicos de producto, precio, consumo e inversión, es decir, implican

movimiento de fondos obtenidos del propio patrimonio estatal o recurriendo a los

particulares, por lo que los servicios y bienes públicos prestados por el Estado, en

algunos casos son ineludibles para el funcionamiento de la economía por lo que

Jarach (1993) señala:

No es concebible la economía de mercado sin la existencia de un marco ambiental donde la sociedad y todos sus componentes disfruten de la defensa exterior, de la seguridad interior, de la organización de un sistema de justicia, de servicios sanitarios y hospitalarios y de servicios educaciones (p.38)

Es decir, sin todos aquellos beneficios que sólo el Estado por medio de su poder

de imperio otorga en beneficio de la colectividad mediante su política económica,

sería imposible el buen desenvolvimiento de la economía de mercado, dado que es el

Estado quien fija mediante los convenios firmados, los pasos para permanecer en el

mercado.

Financiamiento con Recursos Tributarios

Sobre este particular, Jarach (1993) menciona, que “financiar gastos para la

producción de bienes y servicios con recursos tributarios, produce la satisfacción de

necesidades públicas y permite al Estado comparar la utilidad del gasto con el

sacrificio del recurso” (p.185). Es de resaltar, que la imposición de los tributos,

consiste en la necesidad del Estado, de hacerse de medios para su existencia y para el

cumplimiento de los servicios públicos a prestar en beneficio de la colectividad,

40

puesto que el Estado moderno justifica los tributos en la medida que tenga en cuenta

los límites necesarios para el cumplimiento de los fines del Estado.

Al respecto, Ramírez (2004) explica, que los tributos son prestaciones exigidas

en dinero por el Estado en ejercicio de su poder de imperio en virtud de una ley y

para cubrir los gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines (p.59). En tal

sentido, los tributos tienen objetivo fiscales, como es la obtención de recursos

(ingresos) y fines extrafiscales, ajenos a la obtención de recursos, tal como es el caso

de los tributos aduaneros destinados a incentivar o proteger a la economía, a la salud,

fitosanitarios y ambientales.

Dentro del contexto analizado, se tiene que los impuestos se caracterizan por

ser una obligación con carácter pecuniario, emanada del poder de imperio estatal,

establecido por la ley y aplicables a personas individuales y colectivas. Cuando esta

financiación fiscal es abusiva por el poder de imperio del Estado, conviene para su

mejor producción privatizarlos, tal como es el caso de las empresas de

telecomunicaciones.

Así mismo, Jarach (1993) señala:

Los gastos públicos que consisten en erogaciones con el fin de redistribuir ingresos, financiados con recursos tributarios surten los efectos redistributivos deseados, si los tributos elegidos inciden sobre categorías de personas diferentes de los beneficiarios del gasto, según los propósitos del Estado y la idoneidad de los medios empleados. (p.188)

Es conveniente señalar, la tributación es la fuente fundamental de

financiamiento del presupuesto nacional, reduciendo la dependencia del ingreso fiscal

petrolero y contando con utilizar la devaluación como fuente de fondos para cubrir

necesidades de recursos; desde la perspectiva de los ingresos, representa la mejor vía,

obteniendo recursos de manera permanente e incluso, es capaz de aumentar o reducir

su magnitud de acuerdo con las necesidades y características de cada situación.

En referencia, Giannini (citado por Amatucci 2004), enfatiza al decir:

Aunque el impuesto sea idealmente destinado en la economía financiera del Estado a financiar el conjunto de los gastos necesarios para la prestación de los servicios públicos denominados indivisibles, no sería contrario a su esencial estructura jurídica el hecho de que se disponga que

41

determinado impuesto sea, por disposición del legislador, específicamente destinado a financiar los medios que se requieran para un determinados servicio público. (p. 34)

En estos momentos, con las presiones inflacionarias y de recesión económica,

la política tributaria es fundamental para otorgar un margen de acción a la política

fiscal mediante el incremento o rebaja de los impuestos. En consecuencia, es el

sistema tributario el llamado a constituir la fuente de financiamiento de las

actividades públicas, reduciendo la inestabilidad de la dependencia petrolera y de los

peligros de endeudamiento excesivo y la inflación. Vale recalcar, la dependencia de

los ingresos petroleros, devaluación monetaria y endeudamiento trae como

consecuencia que el desarrollo del país siga encaminado sobre la base de los ingresos

fiscales provenientes del petróleo, contribuyendo al progresivo subdesarrollo del resto

del Sistema Tributario.

Al respecto Jarach (1993) señala, la “financiación con impuestos incide sobre

los sectores de altas rentas afectando la formación de ahorros o sustrayéndolos de las

inversiones del sector privado” (p.192). Es decir, la financiación de los gastos

públicos para la estabilización mediante recursos tributarios, implica una disminución

de la renta disponible para los gastos del sector privado. En el caso de la elección de

los recursos tributarios para la financiación del desarrollo económico, consiste en la

elección de impuestos que reduzcan la demanda de bienes de consumo para financiar

las inversiones públicas y dé lugar a la sustitución de consumos por inversiones.

Financiamiento con Recursos de Créditos

El Estado venezolano, ante la acumulación del elevado déficit presupuestario,

producto del excesivo gasto público y de la brecha abierta entre los ingresos fiscales

petroleros y no petroleros, recurre a la figura del financiamiento por la vía del crédito,

el cual consiste en utilizar este instrumento para financiar bienes y servicios públicos

a efectos de satisfacer necesidades públicas consideradas por el Estado como

prioritarias comenta Jarach (1993). Así mismo, recalca:

42

Los gastos públicos como instrumentos para la producción de bienes y servicios públicos, financiados con recursos del crédito, promoverán el desarrollo, siempre que dicho gasto asegure la producción de bienes de inversión o de servicios públicos de alta influencia en la productividad de las actividades tanto en el sector público como en el privado y siempre que la suscripción de la deuda pública no provoque una disminución de inversiones privadas de mayor productividad que la de las inversiones y servicios públicos. (p.187)

Se ha de señalar, en el caso de que el crédito público sirva para financiar gastos

de transferencia, arrojará un efecto redistributivo lográndose en la misma medida en

que los beneficiarios de ésta sean diferentes de aquellos que soportan la carga de la

deuda pública, sobre lo que Jarach (op.cit) señala, “en una época de depresión y

desocupación, la redistribución progresiva favorecerá la reactivación económica,

mientras que la redistribución regresiva tenderá a neutralizarla” (p.189).

Asimismo, con recursos del crédito público suelen ser financiados los gastos

para el desarrollo económico social y gastos en la estabilización del nivel de precios.

Financiamiento con recursos de Emisión de Moneda

En referencia, todo gasto del gobierno será financiado mediante el cobro de

impuestos; sin embargo, si al gobierno le es imposible endeudarse, sólo financiará su

exceso de gasto con la emisión de nuevas monedas y billetes, que al ser gastados por

el gobierno generan inflación. Entre los objetivos de las políticas tributarias ha de

contemplarse lo atinente a la retribución en bienes y servicios por lo recaudado a la

ciudadanía. En tal sentido, Ríos (1992) señala, el gobierno prevé financiar sus gastos

con los ingresos a recaudar, cuando esto no ocurre resuelve:

Por la vía del crédito público (interno) por medio del cual el Estado sustrae una masa de circulante en poder de los bancos con lo cual reduce los medios de pago en poder de los particulares afectando su liquidez. Por la vía de las emisiones, aumenta la masa monetaria acrecentado la liquidez por la inyección de nuevos medios de pago. (p19)

En esta perspectiva, Jarach (1993) agrega además, que el gasto público como

instrumento de producción de bienes y servicios públicos, financiado con emisión

43

monetaria, produce su efecto de satisfacción de la necesidad pública que motiva la

producción del bien o servicio correspondiente; esta emisión de moneda, produce

variaciones del nivel general de los precios y dislocaciones de los procesos

económicos. (p.187). La emisión de moneda servirá por tanto, para la reactivación de

la economía y el crecimiento de la renta nacional, puesto que será un estimulo y un

efecto reactivante. En cuanto a los gastos de transferencia realizados con emisión

monetaria, surtirá efectos favorables para el desarrollo económico del país.

La Tributación y la Integración Económica

Dentro de este contexto, al no existir un orden armónico de los tributos

existentes en Venezuela, se vulneran las garantías de los contribuyentes,

contemplados en los principios constitucionales, tales como: legalidad, igualdad,

capacidad contributiva, la no confiscatoriedad y el desarrollo económico entre otros,

por lo que Rodríguez y otros (2001), hacen énfasis en que la armonización del

Sistema Tributario, es una imperiosa necesidad para coordinar las potestades

tributarias del Estado venezolano, buscando establecer mecanismos de armonización

y coordinación necesarios; igualmente, garantizando la obtención de los fines

planteados dentro del Sistema Tributario, es decir, en función de las políticas públicas

en beneficio del interés nacional.

En cuanto a las intenciones de la armonización tributaria, están inspirados los

propósitos meta-fiscales, como el logro de una mayor inversión extranjera, el uso de

la tecnología, incentivo a las exportaciones y la competitividad de las empresas. En

este mismo orden, el sistema tributario tiene como objeto fundamental y común a

otros muchos sistemas tributarios, sufragar los gastos del Estado a la vez, que procura

la justa distribución de las cargas, la protección de la economía nacional, elevando

consecuentemente, el nivel de vida de la población.

En efecto, Moya (2004) expresa, la “integración económica mundial ha sido de

un gran avance, se logra mediante acuerdos bilaterales o multilaterales y sin limitar

la capacidad de los países de establecer acuerdos de integración económica o formar

44

zonas de libre comercio”. (p.537) Asimismo, considera la doble imposición

internacional, como aquella por la cual un mismo bien es sujeto a imposición de dos o

más países por la totalidad o parte de su importe, durante un mismo período

imponible y por una igual causa. Para evitar la doble tributación, ha de surgir de

tratados bilaterales o multilaterales donde se señalen las pautas a seguir, ya que como

consecuencia de la doble tributación llega a convertirse en un serio obstáculo en el

desarrollo económico y en particular, a las inversiones extranjeras, impidiendo las

posibilidades de desarrollo de un país.

Desenvolvimiento Económico Nacional en Relación con el Ingreso Total en la

Concertación de los Cambios en el Contexto de las Economías Capitalistas

Durante la última década, Venezuela ha sufrido una crisis estructural y la

economía venezolana ha estado sujeta a dos tipos de cambios que han determinado su

comportamiento; en lo interno, ha estado inmersa en una fuerte tensión e

incertidumbre en el plano político; en lo externo, a la dinámica del mercado petrolero,

afectado por una importante expansión de la demanda, lo que ha contribuido a

provocar un alza en los precios del petróleo, trayendo consigo una repercusión

favorable en el desempeño del sector externo, permitiendo al Estado cubrir parte de

las necesidades de financiamiento público, según el Informe del Primer Semestre

Banco Provincial (2004).

Cabe señalar, que a fines de que la economía venezolana se estabilice y cumpla

con las necesidades reales de la población, el Estado como administrador debe

aprovechar los elevados ingresos petroleros, destinándolos a la inversión productiva y

no incurrir en un gasto público exagerado como lo viene haciendo, lo que trae como

consecuencia una elevada deuda interna para el país, resaltándose, que la fortaleza del

Estado se encuentra en sus funciones básicas como regulador, garante y financista de

proyectos de envergadura y protector de los más débiles y necesitados, así como

también, proveedor de bienes y servicios que no puedan ser producidos por la

empresa privada; de esa manera, organiza la economía, realizando y ejecutando el

45

presupuesto, donde de forma responsable los gastos no excedan los ingresos y en el

que el gasto público sea llevado a su mínima expresión y se incremente tanto el

ahorro como la inversión.

Contrastación de diferentes pensamientos financieros

Sobre este particular, Moya (2004) presenta un resumen de los diferentes

pensamientos financieros, los cuales clasifica primeramente en cuanto a la Teoría

Económica, existen posiciones encontradas que tienden a definir la Actividad

Financiera Estatal como un fenómeno económico. Para autores como Smith, Ricardo,

Mill, MacCulloch, (citados por Moya, 2004) “la acción del Estado se traduce en un

consumo improductivo, pues al intensificar la presión tributaria, sustrae a los

particulares una porción de renta que podría utilizarse en nueva producción de bienes.

Un autor francés llamado Juan Bautista Say, (citado por Moya 2004) consideró la

Actividad Financiera como perteneciente a la etapa económica del consumo colectivo

y público, por lo cual los gastos enmarcados en éste, deben considerarse consumos

improductivos de riqueza y han de compararse como el granizo por sus efectos

destructores. No obstante, Griziotti (citado por Moya 2004) niega la identificación de

la actividad económica y financiera, al proveer a las necesidades públicas, el Estado

toma en cuenta las necesidades de cada individuo y la apreciación que ésta haga de

los servios públicos; al contrario, el Estado debe tornar homogénea la voluntad de la

colectividad y sujetas dichas voluntades individuales, que ocasionalmente discrepen

de la voluntad del Estado.

Asimismo, la Teoría de la Utilidad Relativa o Marginal creada por Sax, ha sido

la más aceptada; la misma pretende lo mismo que en la economía privada, donde se

procura la máxima utilidad posible; es decir, mayor beneficio con el menor sacrificio.

Señala, además, que los habitantes distribuyen su riqueza por intermedio de sus

representantes políticos, satisfaciendo en primer término las necesidades públicas y

privadas de mayor importancia, y luego las de menor intensidad, en forma tal, que

los fondos insumidos por el impuesto no hubiera tenido un destino más remunerativo

46

en manos de particulares, por lo que toda economía debe tener un rendimiento útil

con una menor inversión y un gran rendimiento.

Algunos autores como Villegas (2002) mencionan, que estas tesis responden a

las ideas del liberalismo clásico ya perimido y plantean, cuestiones superadas por las

doctrinas y los hechos posteriores, ya que fueron elaboradas bajo las premisas de una

concepción individualista que veía un Estado restringido a satisfacer necesidades

públicas primarias de la población.

Igualmente Moya (2004), señala a la Teoría Sociológica creada por Pareto,

manifestando la forma general de la sociedad, la cual se determina por los distintos

elementos que en ella actúan, distinguiéndose las siguientes categorías: (a) Los

elementos de la naturaleza; (b) La acción ejercida sobre una sociedad por otros

anteriores en el tiempo o exteriores en el espacio; (c) Los elementos internos, tales

como la raza y que le da el nombre de “residuos” que son la calidad de los

sentimientos, de las inclinaciones, de los conocimientos de la inteligencia y de los

intereses predominantes de toda sociedad.

Por su parte, Amircare Puviane (citado por Moya 2004) en su teoría de la

ilusión financiera expresa, que la elite dominante impone a los ciudadanos las

elecciones financieras convenientes a su interés de clase y que el comportamiento de

la clase gobernante, minoría dominante, busca siempre la línea de la menor

resistencia opuesta por la clase dominada; trata, mediante la creación de ilusiones

financieras, ocultar a los ciudadanos una verdadera carga tributaria que sobre ellos

recae, y al mismo tiempo, de exagerar los beneficios ofrecidos mediante la prestación

de servicios públicos.

No obstante, Del Vecchio (citado por Moya 2004) rechaza la teoría sociológica

porque niega su categoría científica a la sociología, que a su juicio es de orden

filosófico y sólo revela síntesis correspondientes a determinados modos de ver

individuales. Según el criterio de Villegas (2002), estos teóricos, más que ocuparse de

la actividad financiera, discutieron un tema de ciencia política, o de sociología, la

cual es la realidad de la existencia del Estado, escondida bajo sus atributos de mando.

(p.22)

47

En cuanto a la Teoría Política, Griziotti (op. cit), fue su autor, considerando a

la actividad financiera como un medio para el cumplimiento de los fines generales del

Estado, en concurso y coordinación con toda la actividad del Estado, la cual para la

consecución de sus fines, desarrolla una acción eminente y necesariamente política.

Tivaroni (citado por Moya 2004), por su parte dice, que la cree incompleta y superada

la teoría sociológica; estima que la actividad financiera tiene indudablemente,

carácter político, y que esto no basta para calificarla en forma tan absoluta como se

pretende; considera, que “la actividad económica del Estado tiene naturaleza política,

calificada por Principios Sociales que predominan en todo Estado y en toda época”

(p.42). Para Griziotti (citado por Moya 2004) la teoría política, es una expresión

abreviada indicativa de la naturaleza de las selecciones y de la directiva de la

actividad financiera, y como preludio a la verdadera síntesis, que es la síntesis

integral político-jurídico-económico-técnica de las finanzas. Considera este mismo

autor, que la loable preocupación de hallar en la economía un límite a los hechos

financieros, no se ajusta a la realidad, que día a día muestra el predominio de las

directivas políticas condicionantes de la actividad financiera. Naturalmente, esto

conduce al absolutismo estatal y a la ciega admisión de los regímenes dictatoriales.

Con respecto a esta teoría, menciona Villegas (2002), el mejor expositor de esta

tesis es Griziotti, quien señala que el problema referente a la naturaleza de la

actividad financiera, sólo puede ser resuelto partiendo de su sujeto activo, o sea del

Estado y de los fines que persigue.

Actividad Financiera del Estado y el Derecho Fiscal como Patrón Fundamental

de la Estructura Económica Venezolana.

En Venezuela, se ha desarrollado un modelo de crecimiento atado al devenir de

la industria petrolera que convencionalmente se le ha denominado economía

rentística, donde el Estado actúa como intermediario entre la renta petrolera y las

necesidades de consumo e inversión del sector no petrolero de la economía nacional.

Pérez (2003) comenta, el petróleo incide en la conformación de una economía

48

caracterizada en esta área y el descuido de otras áreas de la producción que son más

enriquecedoras en cuanto a la generación de mayores puestos de trabajo y de

aprovechamiento de las capacidades de los venezolanos en la industria, la agricultura

y el turismo. De manera pues, dejar áreas productivas sin atención suele generar

problemas en el futuro, como quedarse atrasados en tecnología y haber desperdiciado

los ingresos del petróleo sin mirar la inversión a largo plazo. Por tanto, se ha de

volcar el país hacia la tecnificación de las áreas de producción y la conciencia

tributaria, para generar un futuro de inversión en áreas que incentiven el empleo, el

bienestar y la riqueza de la Nación.

La Economía Política del Capitalismo Rentístico

El factor principal como punto de partida es el petróleo, el cual es muy singular

en la economía política, ya que en el mercado mundial, apenas hay unas pocas

mercancías de verdadera importancia con la singularidad del petróleo, según comenta

Baptista (2004). Ahora bien, en cuanto al capitalismo rentístico, es la distribución de

la renta donde el único dueño es el Estado; al respecto, Baptista (op. cit) señala, la

renta del petróleo no se produce sino que se capta, y dada su cuantía y su

significación para la economía, se inicia con los mecanismos y prácticas por medio de

las cuales se la hace circular en el organismo económico para que de esa manera, se

distribuya la renta por una parte y por la otra, los ingresos normales, es decir, aquellos

generados en la producción nacional.

Es así, por lo que considerando el hecho de que el Estado es el único dueño de

los yacimientos petroleros, generadores de riqueza, trae consigo que tras la

distribución de la renta exista una necesidad y una visión política del desarrollo del

país. El capitalismo rentístico, en resumidas cuentas, deberá generar un pensamiento

económico propio, expresado por medio de visiones de la sociedad, de la formulación

de planes contentivos de aspiraciones de progreso y desarrollo, de las concepciones

sobre la mejor manera de emplear la renta para acrecentar y fortalecer la base

productiva del país, recordando lo dicho por Baptista (op. cit) al señalar, que la

49

expresión doctrinaria del “capitalismo rentístico provino de hombres inmersos en la

acción política, desde cuya plataforma fueron capaces de dotar de contenido

ideológico y programático a las prácticas y usos de la estructura en cuestión”. (p.21)

La Distribución de la Renta Petrolera

En medio de la situación de deterioro de la economía nacional, el sector

petrolero surge como único generador de riqueza, donde se concentran todas las

esperanzas para salir de la crisis en que se encuentra sumido el país a finales de siglo

y desde que Venezuela emprendió el camino de convertirse en un país petrolero; por

ende, se hizo más vulnerable a los altibajos del mercado internacional, pues más del

60% de las exportaciones corresponden a petróleo y sus productos derivados,

comenta Baena (1998); es así, como el sector petrolero sigue siendo el mayor

aportador a las finanzas del Estado y en la medida en que los recursos provenientes de

esta renta son gastados en el país, la economía sufre transformaciones estructurales y

el sector petrolero se convierte en el principal polo de atracción produciendo un

desequilibrio al resto del aparato productivo.

Al respecto Baena (op. cit) señala, el ingreso resultante de la bonanza genera

presión sobre el nivel de gasto del Estado en servicios y subsidios; todo esto

acompañado por un contexto inflacionario, así como también, crecimiento del aparato

del Estado, gastos gubernamentales crecientes, subsidios masivos, tendencia al

endeudamiento y poca competitividad de los demás sectores económicos; además de

ello, una regulación excesiva de la economía.

Vale resaltar, que en la actividad productiva los excedentes generados por la

renta petrolera habrán de distribuirse entre los individuos participantes en la

producción; en el caso de la economía venezolana, donde a la par de los excedentes

propios de su actividad productiva existen los excedentes rentísticos internacionales,

y cuya distribución interna se propuso siempre como gran objetivo su primigenio y

legítimo propietario, deben por necesidad, darse dos procesos de distribución

simultáneos, la de los excedentes internos y la de los excedentes rentísticos. Puede

50

decirse, la distribución de la renta es el proceso de transferencia a manos privadas de

la renta petrolera del Estado y los mecanismos mediante los cuales se causa tal

proceso de transferencia; es en primer lugar, el mecanismo de distribución de la renta

petrolera del Estado, llamado gasto corriente, ya que a lo largo de las primeras

décadas de la explotación del petróleo, el Estado aprovechó su participación en los

inicios del negocio para conformar una infraestructura administrativa y física, por

demás largamente requerida, acorde con las orientaciones de la modernización en

marcha.

El segundo mecanismo para distribuir la renta, es la sobrevaluación del Bolívar,

la racionalidad tras el mecanismo en cuestión ha de verse en los términos siguientes

el Estado propietario, recibe unos dólares del resto de mundo, no precisados de su

contrapartida en esfuerzo productivo, por lo que su decisión de hacerlos privados por

medio del mercado puede cumplirse a cualquier tasa de cambio. El límite inferior

para esta última, viene determinado por los requerimientos fiscales del Estado; esto es,

por sus necesidades en Bolívares, toda vez que los ingresos públicos, como habrá de

verse en un momento, no tienen por qué extraerse ya de su fuente natural, que son los

impuestos, y han de financiarse antes bien, con la renta petrolera. Anteriormente, los

recursos rentísticos fueron extremadamente suficientes para permitir el

financiamiento del gasto público a una tasa de cambio, que al aplicarse a la compra -

venta de dólares por bolívares, significaba para los particulares recibir, en términos

netos, más poder de compra del entregado, y por causa de presiones fiscales, surge la

devaluación del Bolívar.

El Tercer mecanismo de distribución de la renta, se alude a las rebajas

impositivas concedidas por el Estado, dado que ya no precisa de los impuestos para

financiar su gasto normal, es así, como a medida que la sociedad logre su desarrollo,

también aumentará la presión impositiva sobre los ingresos privados. Además, se

requiere que se incluyan políticas sociales compensatorias en los casos más agudos y

políticas redistributivas permanentes, por medio de servicios públicos eficientes que

se traduzcan en renta social para la población y en especial para los más pobres.

51

Política, Petróleo y Proyectos Nacionales.

Dentro de este contexto, se debe considerar el tránsito de una economía rentista

a una productiva, la explotación del petróleo debe contribuir con un rol de relevante

importancia en el desarrollo de otras actividades productivas. Según el programa

económico 1999-2000, la nueva política comprende:

Un vasto desarrollo de los procesos de industrialización de la petroquímica y el gas, con la misma jerarquía que la industrialización petrolera. Asimismo, el desarrollo de los planes y proyectos de PDVSA y sus filiales deben maximizar sus beneficios económicos, en términos de darle viabilidad económica y financiera a una producción industrial no petrolera vinculada a la demanda de bienes y servicios que generará el plan de inversiones en el área petrolera (p s/n).

Cabe resaltar, que desarrollar un intenso proceso de industrialización de los

hidrocarburos en el país permitirá la agregación de valor, la diversificación de la

economía de los ingresos fiscales, así como también, la generación de empleos

productivos. Además de ello, este programa señala que después del sector petrolero,

el sector eléctrico es el principal mercado de consumo de gas natural en el país y el

sector eléctrico en la industria del gas será más acentuado en el futuro; dadas las

necesidades de expansión de generación eléctrica, se tiene en el uso del gas natural

una opción económicamente competitiva.

Según Uslar Pietri (citado por Baptista 2004), se debe “sembrar el petróleo” y

puso la responsabilidad al Estado, de construir mercados para Venezuela, creando

una vida económica propia y creciente para la sociedad; así mismo señaló, “El Estado

interviene, y esta interviniendo en nuestra vida económica, porque nuestra vida

económica no es sino un reflejo de la riqueza del Estado” (p.248).

El Relevo del Capitalismo Rentístico

La experiencia que arroja la crisis de los últimos 20 años, impone una aguda

reflexión sobre la planificación del desarrollo que debe plantearse, para lograr la

recuperación de la calidad de vida de la población, rompiendo las limitaciones

52

impuestas por la cultura del consumismo, la improductividad, el despilfarro y la

corrupción. En este orden de ideas se plantea, ante el decrecimiento e inestabilidad, el

escaso desenvolvimiento de los sectores productivos, generador de inflación,

desempleo y consecuentemente de pobreza, se requiere un cambio estructural,

transformador de lo negativo en virtuoso, caracterizado por el crecimiento económico,

baja inflación y generación de empleo; en síntesis, mejor calidad de vida mediante

una reorganización profunda del modo de producción, distribución y consumo,

impulsado por una expectativa de refundar la Nación, tal y como lo comenta Baptista

(2004).

Por tanto, la economía ha de reactivarse con bases sólidas, construyendo una

avanzada estructura agrícola, industrial, comercial y de servicios, capaz de convertir a

Venezuela en un país de moderno desarrollo; es decir, que el Estado venezolano

cumpla un rol proactivo en la dinamización y diversificación del aparato productivo

nacional por medio de estrategias, diseño de políticas de promoción y apoyo, para

propiciar la iniciativa privada y el ingreso de inversión extranjera. En cuanto al sector

agrícola, según lo expresa el programa económico 1999-2000, se debe considerar la

implementación de políticas fundamentadas en el rescate y relanzamiento de la base

productiva del país, adecuadas a la realidad existente, para enfrentar con éxito los

retos y desafíos exigidos por la misma economía. En lo referente al sector industrial,

ha de fundamentarse en la búsqueda de la transformación del aparato productivo en

condiciones de equidad y competitividad, fortaleciendo las pequeñas y medianas

industrias, microempresas, cooperativas, como dinamizadoras del sector industrial y

de la economía en general, despertando el estimulo a la inversión privada, la cual

tiene como finalidad, generar una amplia diversificación, especialización, valor

agregado nacional y mayor capacidad de empleo.

Cabe resaltar, que a objeto de que la economía venezolana reduzca la

dependencia de las exportaciones básicas, el programa económico 1999-2000 señala

la dependencia de la captación de inversión privada y tecnológica alcanzable, cosa

que logrará con la normativa legal orientada a proteger y promocional las inversiones,

especialmente las destinadas al desarrollo del aparato productivo, estableciendo la

53

obligatoriedad del registro de los capitales que ingresan al país, dar garantías de igual

trato, tanto al inversionista nacional como al extranjero, respetar los acuerdos que en

esta materia haya suscrito Venezuela de manera bilateral o multilateral y determinar

los incentivos pertinentes para el desarrollo de la inversión productiva, como por

ejemplo, la armonización tributaria.

Por tanto y según Domingo (2005), cambiar el capitalismo rentístico no se

consigue lograr si no se consideran los recursos humanos y por ello, se debe capacitar

a la población en todos los niveles, orientado al mejoramiento de la competitividad de

las empresas y el fomento de una nueva cultura empresarial con criterio de

responsabilidad social en el desarrollo industrial.

En esta perspectiva, el relevo del capitalismo rentístico, es un asunto de poder,

el colapso del modo de vida basado en la renta petrolera, anunciado hacia 1977 -

1978, hizo así propicia la emergencia de un fascinante temario donde Venezuela

recibió, desde esa década, un inmenso caudal de recursos, producto de la renta

petrolera que no sólo la dirigencia nacional no supo aprovechar, sino que provocó un

proceso de descomposición social que se refleja en el marcado deterioro de los

valores éticos y morales en la vida nacional. De esta manera, El modelo rentista

petrolero es insostenible, porque ya el petróleo no puede mantener su preponderancia

en la generación de los recursos que el país exige para un crecimiento estable, y

porque a juzgar por los pobres resultados, ha quedado plenamente demostrado que el

esquema rentista es incapaz de impulsar la modernización y la competitividad

necesarias para que el país logre participar con éxito en la economía global.

De manera entonces, que el rentismo, no sólo ha sido fuente de corrupción y de

enajenación de las posibilidades competitivas de la industria y de la economía, sino

también ha provocado un alarmante deterioro de la capacidad gerencial del estado

venezolano, cuya burocracia, organizaciones y sistemas administrativos, han sufrido

el nefasto impacto del clientelismo político y más recientemente de ideas neoliberales

de gobierno mal interpretadas y peor implementadas, con lo cual, la eficiencia

gubernamental en el cumplimiento de sus funciones básicas se ha visto reducida a su

mínima expresión. Por ello, se ha desbordado el gasto público y su manejo se ha

54

hecho cada vez más errático e ineficiente, envolviéndose cada día más, el gran flagelo

que agobia a todos los venezolanos, como es la corrupción en la gestión

gubernamental, por lo que Baptista (2004) señala, Venezuela refleja uno de los

indicadores más elevados del mundo, en materia de evasión tributaria.

Bases Legales

La Actividad Financiera del Estado y el Derecho Fiscal, como se ha venido

señalando, tienen su fundamentación en la organización jurídica del Estado

venezolano y a partir de la promulgación de la Constitución de 1999, el sistema

tributario en Venezuela ocupa un lugar destacado en los presupuestos de la República,

es decir, para que el Estado logre establecer contribuciones orientadas a atender las

necesidades publicas, está sometido a límites jurídicos, políticos y económicos. Por

tal razón, se realizará un breve bosquejo de algunas leyes que se deben considerar

para el objeto de estudio de esta investigación.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

La Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela (1999), contiene

estatutos que rigen el funcionamiento del país y, en su artículo 136 establece que toda

persona tiene el deber de coadyuvar a los gastos públicos y para hacer efectiva esa

contribución o colaboración recurre a la figura de los tributos; valga decir, impuestos,

tasas y contribuciones, que concatenado a el artículo 316 ejusdem, señala:

El sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del o la contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, así como la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población, y se sustentará para ello en un sistema eficiente para la recaudación de los tributos.

En aplicación de esta disposición constitucional, el sistema tributario y no un

determinado impuesto establecerá la obligación de contribuir en atención a la

capacidad económica del sujeto pasivo; con tal fin, los tributos no pueden ser

55

calculados sobre una base proporcional sino atendiendo al principio de progresividad,

mecanismo que debe respetarse para que el Estado cumpla con la obligación de

proteger la economía nacional y logre un adecuado nivel de vida para el pueblo.

Asimismo, el artículo 317 menciona que no se cobrará impuestos que no estén

establecidos en la ley.

Cabe destacar que la Competencia del Poder Público Nacional se encuentra

establecido, de conformidad con el artículo 156, ordinales 12, 13 y 14:

12. La creación, organización, recaudación, administración y control de los impuestos sobre la renta, sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, el capital, la producción, el valor agregado, los hidrocarburos y minas, de los gravámenes a la importación y exportación de bienes y servicios, los impuestos que recaigan sobre el consumo de licores, alcoholes, y demás especies alcohólicas, cigarrillos y demás manufacturas del tabaco, y los demás impuestos, tasas y rentas no atribuidas a los Estados y Municipios por esta Constitución y la Ley. 13. La legislación para garantizar la coordinación y armonización de las distintas potestades tributarias, definir principios, parámetros y limitaciones, especialmente para la determinación de los tipos impositivos o alícuotas de los tributos estadales y municipales, así como para crear fondos específicos que aseguren la solidaridad inter-territorial. 14. La creación y organización de impuestos territoriales o sobre predios rurales y sobre transacciones inmobiliarias, cuya recaudación y control correspondan a los Municipios, de conformidad con la Constitución.

La Constitución, también tiene previsto de manera expresa un régimen de

ingresos municipal, estadal y nacional, por lo que el artículo 167 menciona cuáles son

los ingresos de los Estados del país, entre los que destaca el ordinal 2: lo percibido

por “Las tasas por el uso de sus bienes y servicios, multas y sanciones, y las que le

sean atribuidas” Asimismo, la constitución señala cuáles son los ingresos que podrán

percibir los municipios según el artículo 179 el 180 menciona la potestad tributaria y

la autonomía de los municipios.

Código Orgánico Tributario

El Código Orgánico Tributario es una categoría especial de ley intermedia entre

la Constitución y las leyes especiales, donde se derogan disposiciones que se refieren

56

a la organización de ciertos poderes o a las formalidades que deben reunir

determinadas leyes. Fue creado por las limitaciones que experimentó el presupuesto

nacional ante la inestabilidad del precio del petróleo, para sustituir la ley anterior

fundamentada en tarifas sobre bases salariales en perjuicio de las necesidades fiscales

del país.

Este instrumento legal fue publicado en la Gaceta Oficial Número 38.305 el 17

de Octubre del año 2001, el cual contiene la unificación de las leyes fundamentales

para la creación de distintos tipos de tributos e impuestos diferenciales. En este

Código se consideran los tributos e impuestos diferenciales a todos los impuestos, las

tasas, las contribuciones de mejoras, de seguridad social y especial. Es así, como en el

artículo 13 del mencionado código, se expresa que “la obligación tributaria surge

entre el Estado en las distintas expresiones del Poder Público y los sujetos pasivos en

cuanto ocurra el presupuesto de hecho previsto en la ley”.

El Código Orgánico Tributario, señala cuáles son las facultades, atribuciones,

funciones y deberes de la Administración Tributaria, específicamente en los artículos

121 al 126. Las facultades generales de esta administración, poseen carácter preciso y

reglan una diversidad de materias impositivas.

Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria

Con la ley del SENIAT, se le otorga una mayor categoría al ente recaudador

expresando de forma exhaustiva y detallada las funciones de la Administración

Tributaria en su artículo Nº 4, el cual señala:

Corresponde al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) la aplicación de la legislación aduanera y tributaria nacional, así como el ejercicio, gestión y desarrollo de las competencias relativas a la ejecución integrada de las políticas aduanera y tributaria fijadas por el Ejecutivo Nacional. En el ejercicio de sus funciones es de su competencia: 1. Administrar el sistema de los tributos de la competencia del Poder Público Nacional, en concordancia con la política definida por el Ejecutivo Nacional. 2. Administrar el sistema aduanero, en concordancia con la política definida por el Ejecutivo Nacional. 3. Elaborar propuestas

57

para la definición de las políticas tributaria y aduanera; evaluar su incidencia en el comercio exterior y proponer las directrices para su ejecución. 4. Ejecutar en forma integrada las políticas tributaria y aduanera establecidas por el Ejecutivo Nacional. 5. Elaborar y presentar al Ministerio de Finanzas anteproyectos de leyes tributarias y aduaneras y emitir criterio técnico sobre sus implicaciones. 6. Emitir criterio técnico sobre las implicaciones tributarias y aduaneras de las propuestas legales o reglamentarias que se le presenten…

Cabe destacar, que el SENIAT es un servicio autónomo sin personalidad

jurídica, con autonomía funcional, técnica y financiera, adscrito al Ministerio de

Finanzas; además, constituye un órgano de ejecución de la administración tributaria

nacional, al cual le corresponde la aplicación de la legislación aduanera y tributaria

nacional, así como el ejercicio, gestión y desarrollo de las competencias relativas a la

ejecución integrada de las poéticas aduaneras y tributarias fijadas por el Ejecutivo

Nacional.

Ley Orgánica del Régimen Presupuestario

La Ley Orgánica del Régimen Presupuestario en su artículo 1 establece los

principios y normas básicas que regirán el proceso presupuestario de los organismos

del Sector Público, así como también, señala cómo deben ser los presupuestos

públicos y la clasificación tanto de los ingresos como de los egresos de acuerdo al

Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación.

Cabe destacar, que los Estados, Municipios, institutos autónomos, fundaciones,

asociaciones civiles y todas aquellas sociedades que tengan participación igual o

mayor al cincuenta por ciento del capital social aportado por el Estado, estarán

regidos por esta ley y a los controles de la Oficina Central de Presupuesto. La

mencionada ley establece en el artículo 2 que “Los presupuestos públicos, deberán

expresar los planes nacionales, regionales y locales.

En su artículo 3 señala lo concerniente a los presupuestos, por lo que dice que

“Los presupuestos comprenderán los correspondientes ingresos y gastos”. Así como

también, indica este mismo artículo, que “El monto del presupuesto de Gastos no

58

podrá exceder el total del Presupuesto de Ingresos”.

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional

de Control Fiscal

La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema

Nacional de Control Fiscal, le corresponde el control, la vigilancia y la fiscalización

de los ingresos, gastos y bienes públicos, así como de las operaciones relativas a los

mismos, además, estará sujeta a las leyes y reglamentos sobre la elaboración y

ejecución del presupuesto, para fortalecer la capacidad del Estado en función de

ejecutar eficazmente su función de gobierno. En su articulo 9 señala, quiénes están

sujetos a las disposiciones de esta Ley, como lo son los órganos y entidades a los que

incumbe el ejercicio del Poder Público Nacional, Estadal, Municipal, institutos

autónomos, el Banco Central de Venezuela, las universidades públicas y las demás

personas de Derecho Público nacionales, estadales y municipales.

Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público

La Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público

comprende el conjunto de sistemas, órganos, normas y procedimientos que

intervienen en la captación de ingresos públicos y en su aplicación para los fines del

Estado, de acuerdo a los principios constitucionales de legalidad, eficiencia, solvencia,

transparencia, responsabilidad, equilibrio fiscal y coordinación macroeconómica,

según lo menciona su artículo 2.

Están sujetos a esta ley según lo menciona el artículo 6, todos los entes u

organismos que conforman el sector público, tales como la República, Los Estados,

Distritos, Municipios, Institutos autónomos, fundaciones y sociedades civiles cuando

la totalidad de los aportes presupuestarios o contribuciones en un ejercicio represente

el cincuenta por ciento o más de su presupuesto.

Cabe resaltar, que esta ley en su artículo 10 deja expreso:

59

Los presupuestos públicos expresan los planes nacionales, regionales y locales, elaborados dentro de las líneas generales del plan de desarrollo económico y social de la Nación aprobadas por la Asamblea Nacional, en aquellos aspectos que exigen, por parte del sector público, captar y asignar recursos reconducentes al cumplimiento de las metas de desarrollo económico, social e institucional del país.

Es decir, los presupuestos públicos comprenderán todos los ingresos y todos los

gastos, así como las operaciones de financiamiento sin compensaciones entre sí, para

el correspondiente ejercicio económico financiero.

Sistema de Variables

Para Balestrini (1998), la variable “es un aspecto o dimensión de un objeto o

una propiedad de estos aspectos o dimensiones que adquieren distintos valores y por

lo tanto varía” (Pág. 102). En otras palabras, es una característica cualitativa o

cuantitativa, la cual permite tanto reconocer diversos contextos, como medir los

mismos.

Así también, lo asevera Hernández (2003) al definir, la variable es como la

facultad de cambiar y cuya variación está propensa a la medición. En este sentido,

para el presente estudio se toma como variable de estudio la Actividad Financiera del

Estado y el Derecho Fiscal en Venezuela; cabe agregar, que el establecimiento de la

variable de la investigación tiene como propósito conocer cuál es el alcance del tema

en estudio; al mismo tiempo, ofrecer una visión integral de cada dimensión abarcable

para lograr una mayor comprensión y desarrollo de la variable de estudio. En relación

a este aspecto y luego de precisar conceptualmente el significado de ella, se procedió

a definir operacionalmente las mismas.

No obstante, vale resaltar, que a este tipo de variable, Hernández (op. cit) la

denomina univariable, ya que correlación y causalidad son conceptos asociados pero

distintos; por tanto, dos variables pueden estar correlacionadas sin que ello

necesariamente implique que una sea causa de la otra. A su vez Bunge, (1993), la

cataloga como variable paramétrica, la cual consiste en una cuyo valor no cambia

60

porque cambien los valores de las demás variables; quiere decir, que tales variables

quedan congeladas en un contexto dado.

Operacionalización de variables

La operacionalización de la variable, es el bosquejo de una variable principal,

con el fin de llevarla a su mínima expresión para medirla; según Balestrini (1998), es

la selección de los indicadores que integran la variable, dependiendo del significado

que se le ha dado por medio de sus dimensiones; éstas, actúan con cierta autonomía,

ya que de la misma se desprenden los indicadores que representan lo medible. Por

ello, Balestrini (op. cit) afirma, que la definición operacional de una variable “implica

seleccionar los indicadores contenidos, de acuerdo al significado que se ha otorgado

por medio de sus dimensiones, a la variable de estudio (p. 103).

Para efectos de esta investigación, se tomaron como dimensiones las

necesidades públicas, la actividad financiera del estado, el derecho fiscal y el

desenvolvimiento económico nacional.

VARIABLE OBJETIVOS DIMENSIONES INDICADORES FUENTE INSTRUMENTO

Clasificar las necesidades públicas a objeto de conocer hasta que punto el Estado materializa su función.

Necesidades Públicas

Salubridad Transporte Seguridad Comunicación Vialidad Redes de acueducto Salud Educación Vivienda Vestido Alimentación Defensa Nacional Administración de Justicia Empleo

Obtención de recursos

Emisión de moneda Devaluación monetaria Imposición de tributos Ingresos Petroleros Crédito Público

DocumentosLibros Revistas Tesis Periódicos Leyes Información electrónica Revistas

Describir las políticas tendentes a la obtención, manejo y aplicación de los recursos con que cuenta el Estado a fin de garantizar el bienestar colectivo.

Manejo y aplicación de recursos

Consumo Inversión Importación Exportación Beneficios a las comunidades Cumplimiento de los servicios públicos

Actividad Financiera

del Estado y el Derecho Fiscal en Venezuela

Explicar el desenvolvimiento económico nacional en relación con el ingreso total a fin de concertar los cambios necesarios dentro del contexto de las economías capitalistas, como lo es el caso venezolano.

Desenvolvimiento Económico Nacional

Áreas de producción Generación de puestos de trabajo Aprovechamiento de las capacidades Tecnificación Conciencia tributaria Distribución de la renta Visión política de desarrollo

Estudio y análisis de contenido. Realización de críticas tanto internas como externas.

Fuente: Luna (2006)

62

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

Aplicación del Método Científico

Según Álvarez (1990), la investigación de tipo documental “tiene por objeto el

estudio de fenómenos a través de documentos, libros, apuntes, elaborados por el

hombre a través del tiempo” y su importancia reside en que permite explorar la

naturaleza de los elementos en estudio (variables), sugerir y probar hipótesis y

verificar resultados según los principios y reglas del método científico

El método científico es una herramienta de trabajo que hace camino en el

proceso de investigación y en los distintos aconteceres; en referencia Suárez (1998)

dice que es un producto de la experiencia acumulada racionalizada y probada por la

humanidad a lo largo del desarrollo histórico; entendiendo también según el mismo

autor como el conjunto de procedimientos de carácter práctico y teórico para la

asimilación de una realidad determinada. Esto quiere decir que el método para

asimilar la realidad estudiada, se conjuntan procedimientos de los cuales se sirve el

científico para tales efectos, asimilando objetivamente la realidad. En tal sentido se

utilizó el método sociológico de la interpretación.

Del mismo modo, es importante destacar que esta tipología se apoya en el

método hermenéutico dialéctico en cuanto a interpretación de la realidad. Dicho

método es contractivo y comprensivo, que permite la interpretación en el

conocimiento de la teoría como un proceso de entender lo que unos textos o normas

quieren decir; en referencia Camilo y Suárez (1998) señalan, que la hermenéutica

designa la manera de interpretar los textos, concibiendo como una labor el descifrar

el sentido y alcance, al igual que el entendimiento de los hechos, al reproducir la

63

realidad estudiada.

En resumen, un estudio teórico, es donde no se pretende probar alguna hipótesis,

sino, tomar en cuenta la función que tiene una teoría en específico como lo es la

Actividad Financiera del Estado y el Derecho Fiscal en Venezuela; en tal sentido, se

trae acotación la afirmación que en referencia cita Martínez (1999), quien

textualmente dice:

Dado el desconocimiento reinante en todos los niveles de nuestros medios académicos sobre la importancia de la investigación teórica es conveniente darle fuerza, ya que la historia de la ciencia nos permite ver en la forma más palpable que sus avances más revolucionarios y significativos no provienen de investigaciones empíricas aisladas o de la acumulación de hechos, como es el caso de los estudios de campo, sino del discernir sobre teorías ya existentes, que sin duda, avanzan en la medida que se refutan, reestructuran o reformulan. (p.23)

Igualmente vale resaltar, lo que el autor ya antes mencionado señala:

En el marco de referencia conceptual propio de las ciencias humanas, son estas disciplinas de nuestro quehacer académico las que, debido a su naturaleza, continuo progreso y cambio, exigen que se estimule y promueva, en la reflexión teórica, la reconceptualización de sus bases y estructuras, y también que se propongan con audacia nuevos modelos teóricos y prácticos en la infinita gama de áreas de aplicación que la vida y la sociedad modernas han ido creando; de allí, la importancia de fomentar y ayudar a la reflexión creativa. (p.240)

Naturaleza y Diseño de la Investigación

El modelo de la presente investigación se ubica en las ciencias fácticas, por

cuanto se presenta la posibilidad de constatar la tentativa de respuestas ante una

situación expuesta, como lo es de manera específica las ciencias sociales, ya que se

encuentra acondicionada a una actividad humana. En tal sentido, Bavaresco (2002)

plantea, que aunque no se tenga la exactitud de las ciencias formales ante los

problemas existentes, las ciencias fácticas pueden confirmar las creencias ante una

situación dada en que el ser humano puede descubrir mediante su razonamiento

lógico e igualmente, con su pensamiento, logrando con ello, darle sentido a la ciencia.

64

Secuencialmente, el diseño del presente estudio, es decir, de la Actividad

Financiera del Estado y el Derecho Fiscal en Venezuela, se ubicó en el no

experimental transaccional, longitudinal ya que de alguna manera se indicaron

cambios a través del tiempo, tomando el criterio de Hernández (2003) quien explica,

que este tipo de estudio suele caracterizarse por observar situaciones que ya existen

sin adicionar alguna condición, pues tanto los hechos como sus efectos, han ocurrido

y por tanto, no es posible tener control directo sobre los mismos.

Dentro de esta línea, se estableció el tipo de estudio, el cual se ubicó de manera

central y única en documental, porque se tomaron como fuentes primarias datos e

información de textos especializados, tales como libros, revistas, folletos, consultas

en Internet e informes, entre otros. En este sentido, León y Moreno (1998) señalan,

que una investigación es documental “cuando se ocupa de un problema planteado a

nivel teórico” (p.21), encontrándose la información requerida para abordarlo

básicamente en materiales impresos y electrónicos, tales como textos especializados,

libros, revistas, folletos, informes e Internet.

Vale resaltar, que la investigación documental es una operación compleja, dada

la gran masa de documentos que suelen formar los fondos documentales y en estricta

correspondencia con la complejidad del proceso de catalogación, indagación y

clasificación que supone la organización de la memoria documental.

Cabe acotar, que una de las principales relevancias del estudio documental, es

el estudio de un tema con el propósito de ampliar profundizar el conocimiento de su

naturaleza, con apoyo principalmente, en fuentes bibliográficas y documentales. La

originalidad del estudio se refleja en el enfoque, criterios, conceptualizaciones,

conclusiones, recomendaciones y en general, en el pensamiento del investigador.

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

En lo que se refiere a las Técnicas e Instrumentos para la Recolección y

Presentación de la Información, considerando, que la investigación es de tipo

documental, se precisa de un plan coordinado de trabajo y actividades a desarrollar, lo

65

cual en este caso, se cumplió mediante la localización, selección y posterior registro

de la información inherente al fenómeno sometido a estudio como lo es la Actividad

Financiera del Estado y el Derecho Fiscal, para luego proceder a realizar el análisis

según el método previamente elegido.

En este sentido, se utilizaron las técnicas e instrumentos apropiados para la

realización de una investigación de tipo documental, a saber: observación documental,

presentación resumida de textos, resumen analítico y análisis crítico, según criterio de

Alfonzo (1994).

Es así, como la observación documental, fue cumplida a partir de la lectura

general y rigurosa de los textos consultados con el fin de extraer de los mismos la

información relevante y fidedigna considerada de utilidad para el desarrollo de la

investigación. La misma, se realizó en dos fases contempladas en lectura intelectual o

de estudio y lectura investigativas, tal y como lo señala Tamayo y Tamayo (2001).

Luego, se procedió a la presentación resumida de los textos, efectuándose con

la finalidad de facilitar la presentación de las ideas básicas contenidas en las fuentes

consultadas, a objeto de lograr una exposición detallada de las ideas centrales de las

mismas; manteniendo por supuesto, la estructura del texto y sin la emisión de juicios

o interpretaciones que alteren el enfoque asumido por el autor. Esta técnica se basa en

la capacidad de síntesis que posee el investigador para dar así una connotación de

seriedad y objetividad a la investigación, seguidamente, se desprenderá la

interpretación y análisis con base en el método hermenéutico.

De allí, el que se utilice el análisis de contenido, donde según Namelforoosh

(2000) se evalúa y estudia lo implícito en el texto en función de su causa y razón. Por

su parte Hernández (2003), lo explica como la develación de diferencias y la

descripción de tendencias, identificando las intenciones y características de los

indicios mostrados en el escrito, dándose mediante un proceso en virtud del cual se

transforma e interpreta el mensaje tácito de cualquier tipo de comunicación material,

donde se dan análisis de significados, expresiones, patrones y profundidad del

contenido. De manera pues, que como técnica se utilizó la recopilación de contenido

mediante el instrumento de análisis con base en el criterio del autor ya antes señalado.

66

Vale considerar su carácter de documentación con base en datos históricos,

desde el momento en que se entiende como “ciencia de la mediación”, permitiendo la

vinculación entre el acto y la estructura, tal y como lo define Peneff (1999)

Técnicas de Análisis de Datos

El análisis constituye un proceso que involucra la clasificación, procesamiento

e interpretación de la información obtenida durante la recopilación de datos, con el

fin de llegar a conclusiones específicas en relación al evento de estudio y para dar

repuesta a la pregunta de investigación.

Hurtado de Barrera expresa que esta información se manifiesta en forma de

palabras que intentan expresar el conjunto de preopciones del investigador, bajo los

criterios establecidos por el instrumento de recolección de datos: análisis de

contenido por cuanto se precisan los hechos como tales y en sentido denotativo, y

además se abordan los eventos en estudio y se realiza una descripción objetiva,

sistemática y cuantitativa del contenido para obtener una interpretación.

Para el análisis de la información cualitativa proveniente de fuentes

documentales, se utilizaron las técnicas de: observación documental, resumen

analítico y análisis crítico. A partir de la observación documental, mediante una

lectura general de los textos, se inicio la búsqueda y observación de hechos presentes

en los materiales escritos consultados. Esta lectura inicial, estuvo seguida de varias

lecturas más detenidas y rigurosas de los textos, a fin de captar planteamientos

esenciales y aspectos lógicos de los contenidos y propuestas, a propósito de extraer

los datos bibliográficos útiles para el estudio.

La técnica de resumen analítico, se incorporó para descubrir la estructura de

los textos consultados, y delimitar sus contenidos básicos en función de los datos que

se precisaban conocer. La técnica del análisis crítico de un texto, introduce la

evaluación interna, centrada en el desarrollo y delimitación del momento teórico de la

investigación. En cuanto al análisis de la información cuantitativa de procedencia

estadística, se recurrió al análisis crítico de datos emitidos por organismos confiables.

67

Según, Camilo y Suárez (1998) suponen el estudio del significado de las

palabras, como también se concede importancia a los antecedentes de la norma

interpretada, lo cual constituye una dimensión en el acto mental de interpretar los

sucesos; consiste además, en relacionar la ley con la situación de estudio, tomando

como plataforma los principios básicos sobre los cuales se asienta y el tipo de

resultado que aspira producir. Dentro de esta idea se tiene presente, que en el caso de

la Actividad Financiera del Estado y el Derecho Fiscal se fundamentan con bases

legales, es decir, no hay tributo sin ley y todo tributo debe estar tipificado en la

misma; además deben ajustarse a las relaciones sociales, o dinámica de los procesos

de la sociedad como lo es cubrir las necesidades básicas mediante la actividad

financiera del Estado.

Para ello, se organizó el material recopilado de acuerdo con una serie de

criterios como lo son, el cronológico, por unidad de análisis, por importancia para la

investigación.

Seguidamente, se comprende la profundidad del contexto que rodea los datos

para proceder a la interpretación, la cual se mostrará mediante la ideografía para su

análisis, que se fueron diseñando en la medida que se efectuaron las reflexiones, a

mostrar en el siguiente capítulo como corresponde.

68

CAPÍTULO IV

La Actividad Financiera del Estado y el Derecho Fiscal en el período 2003-2004

Luego de revisar la información cualitativa y cuantitativa proveniente de

fuentes documentales, y aplicar las diversas técnicas de análisis: observación

documental, resumen analítico, y análisis crítico se obtuvo: información exacta y

fidedigna, que permitió corroborar muchas de las hipótesis planteadas al comienzo de

la investigación, y que se creía tenían incidencia en la Actividad Financiera del

Estado y el Derecho Fiscal.

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos del análisis del material

impreso y audiovisual referida al área de las finanzas y la gerencia, para precisar los

datos estadísticos de cada una de las dimensiones e indicadores, los cuales están

relacionados con los objetivos planteados, para entrelazar la actividad financiera del

Estado y el Derecho Fiscal durante el período 2003-2004 a fin de mostrar los cambios

en los patrones fundamentales de la estructura económica venezolana.

De igual modo, se consolidó la información encontrada, estableciendo la

relación de las dimensiones con los indicadores, analizando cada uno de ellos; para

una mayor comprensión de los resultados, la información se presenta en matrices de

análisis y las ideografías que representan la dimensión con los indicadores a analizar.

A continuación se presentan los resultados encontrados:

69

Clasificación de las necesidades públicas a objeto de constatar las funciones del

Estado.

Dimensión: Necesidades Públicas.

Fuente: Luna (2006)

Salubridad:

En cuanto al sector salubridad, representado por el control de epidemias,

endemias, vacunación, dotación de hospitales, ambulatorios, laboratorios, y todos los

ámbitos que comprende este sector la inversión fue de 3.337.665.300.000 que

representó el 1,61% del Producto Interno Bruto, según datos encontrados en el

Sistema Integrado de Indicadores Sociales (SISOV, 2006). Es de resaltar que pese al

incremento significativo del presupuesto en esta área, han resurgido en el país

70

endemias y epidemias que se consideraban erradicadas, tal es el caso de la

tuberculosis, el paludismo, entre otras, lo que significa que la inversión no va en

correspondencia con la salubridad de la población, es de destacar que entre los

factores que se le atribuyen a los resultados son los niveles de pobreza que existe en

Venezuela, servicios deficientes de salud, carencia de viviendas con los servicios

básicos y bajos niveles de alimentación.

Transporte:

En referencia al transporte público, la inversión ha estado enfocada a

infraestructura y vehículos de transporte masivo como el Metro en Caracas, Valencia,

Maracaibo, Mérida y el Trolebús en Barquisimeto; ignorando la inversión en carros

por puesto, busetas y autobuses, que hoy lucen en mal estado. Por tanto la inversión

reflejada es poco notoria, por cuanto no beneficia a todo el colectivo de Venezuela

usuario del transporte. Al respecto la Cámara de Transporte (2003) que agrupa a los

chóferes de carros por puestos, busetas y autobuses en todo el país considera que la

bonanza petrolera y la recaudación fiscal no se han sentido en este rubro.

Seguridad:

En el sector de la seguridad la inversión no se desliga del rubro “Seguridad

Social”, por lo tanto es difícil cuantificarlo. Pero los señalamientos del Ministro de

Interior y Justicia, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas,

Policías estadales y municipales sobre los índices de delincuencia y delitos no

evidencian que la inversión haya alcanzado el objetivo de mejorar la calidad de vida

de los venezolanos; siendo uno de los países con el más alto índice de delincuencia en

América Latina. Con respecto a lo planteado Sabino (2003) señala que “…la

seguridad ciudadana resulta un requisito indispensable para que las personas puedan

conservar y acrecentar sus riquezas…” (p.207) lo expresado contribuiría a la

generación de riquezas y por ende al bienestar de la población.

71

Comunicación:

En el ámbito de la comunicación, el sector creció con la puesta en marcha de

varios canales de televisión y las emisoras de radio comunitarias, así como también la

implementación de los Infocentros instalados en instituciones educativas. No obstante,

los medios de comunicación tradicionales, se han visto afectados con la Ley de

Responsabilidad Social en Radio y Televisión que de acuerdo con Granier (2006) se

ha convertido en un “bozal” que coarta la libertad de expresión, un derecho

fundamental consagrado en la Constitución vigente, aunado a la disminución de la

inversión en los medios televisivos por “las constantes amenazas de cierre por parte

de quien dirige el Estado.” (p. D-4)

Vialidad:

En referencia a la vialidad rural y urbana los índices de inversión están

incluidos en el rubro financiero de bienestar social, lo que impide en términos reales

cuantificarla; por su parte el gobernador Reyes (2006) expresa que “la vialidad ha

sido uno de los servicios donde se han realizado más inversiones”, pero, la realidad,

vista por la sociedad, recogida en los medios de comunicación impresos, radiales y

televisivo, señala lo contrario por lo que el parque automotor y los ciudadanos no ven

en esta área señales de crecimiento significativo durante el año 2003.

Redes de Acueducto:

En el sistema de redes de acueductos, no se encontraron datos sobre la

inversión realizada, sin embargo, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS)

realizó el empotramiento de aguas negras y blancas en la mayoría de las zonas

urbanas donde no existían y en el 50% del medio rural. Según Piñango (2005), “…la

desarticulación y debilidad institucional que se viene arrastrando desde 1999 hizo que

se perdiera la experiencia acumulada en co-responsabilidad de las actividades

sociales destinadas a consolidar la participación y la organización de las comunidades

de bajos recursos”. Lo planteado de acuerdo con el autor no muestra la evidencia de

72

un crecimiento en la consolidación de servicios entre los que destaca las aguas

servidas.

Salud:

En el sector salud la inversión durante el período 2003-2004 fue de

3.337.665.300.000 que representó el 1,61% del Producto Interno Bruto. Según

Bianco(2005), pese a la cantidad invertida refiere que en Venezuela la “precaria

calidad de los hospitales y de los servicios que en ellos se presta, está asociada a la

falta de liderazgo de quienes manejan estos centros de salud, por cuanto los recursos

destinados a este sector son cuantiosos”, se refiere al director quien funge de gerente

de estas organizaciones públicas, evidenciada en la poca planificación estratégica, el

inadecuado entrenamiento y desarrollo de los recursos humanos, la fragilidad de los

sistemas de información clínica y gerencial, el deficiente control de cumplimiento, la

falta de procesos gerenciales y de protocolo clínico, la limitación para medir

resultados alcanzados y procesos presupuestarios que no fomentan la rendición de

cuentas; así como también, la carencia de destrezas gerenciales para tomar decisiones

administrativas y presupuestarias para establecer o mantener la calidad y eficiencia

del servicio de salud en Venezuela. Sin embargo, los directores de hospitales y

ambulatorios urbanos y rurales manifiestan que los recursos son insuficientes, y los

usuarios por su parte se quejan del mal servicio, pese a los altos precios del petróleo,

la recaudación en impuestos que realiza el SENIAT y el presupuesto asignado, lo que

no se refleja en beneficios reales en el sector en estudio.

Educación:

El gasto social en educación para el período 2003-2004 fue de

10.136.805.300.000 bolívares que significa el 4,88% del Producto Interno Bruto,

según cifras oficiales del Banco Central de Venezuela y la Oficina Nacional de

Presupuesto (2004). Es de resaltar que el sector educación ha presentado mejorías

puntuales: ha aumentado el promedio de años de escolaridad en adolescentes mayores

73

de 15 años por la implementación de las misiones Ribas y Robinson, la matrícula

escolar creció 4,1% y la tasa de deserción bajó de 11,5% a 3,3%, en este período.

Vivienda:

El gasto público en materia de vivienda, durante el lapso en estudio, fue de

bolívares 1.292.505.500.000; sin embargo, Parra y La Cruz (2006) en su

investigación sobre el seguimiento de los programas sociales plantean que, no se

alcanzaron los logros concretos en esta materia, debido al desmantelamiento de las

instituciones establecidas para tal fin; en la práctica se está haciendo uso del criterio

de acciones desarticuladas como cooperativas y la figura de la autoconstrucción, lo

que ha incrementado el déficit de las viviendas en Venezuela.

Vestido:

En el sector vestido y alimentación el crecimiento ha sido bajo en

comparación del gasto social invertido. Los programas como Mercal, comedores

populares, casas del barrio, el incremento de los comedores escolares, entre otras

medidas de corte político dan una visión de crecimiento, el cual según Guendel (2006)

no ha superado los niveles de pobreza extrema presentes en el país, señalando que

Venezuela es uno de los países que muestran mayores niveles de pobreza en

comparación con Nicaragua, Colombia, Ecuador, Brasil, México y Ecuador en

Latinoamérica.

Defensa Nacional:

En el ámbito de defensa nacional la inversión no se pudo cuantificar, tomando

como base que la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) lo engloba en el Gasto

Público en Seguridad Social, que para el año 2004 alcanzó la suma en bolívares de

6.592.109.300.000. Para D’ Elia (2005) El concepto de seguridad de la nación tiene

nuevas amenazas generadas por la pobreza, desigualdad social y desequilibrio

74

económico existentes aún en el país. Por lo tanto, debe plantearse un nuevo régimen

de seguridad que no puede ser ambiguo ni diferenciado; tiene que tener características

particulares que llene el vacío derivado de la carencia de políticas sociales

consustanciadas con las necesidades de la población y que brinde a sus componentes

una verdadera sensación de seguridad. En consecuencia, la constitución de un

régimen de seguridad de la nación, deberá estar íntimamente ligada a las dimensiones

políticas, sociales, económicas, ambientales y militares.

Administración de Justicia:

En cuanto a la administración de justicia, la Constitución de 1999 garantiza en

sus Artículos 26 y 27 el acceso a la justicia. En este sentido, en el año 2004 recibió

2,5% de los ingresos ordinarios del Estado, el número de defensores públicos se

incrementó, el número de jueces aumento en 9% y se ha producido cierta celeridad

procesal. Sin embargo, las cifras muestran que 7% de la población tiene acceso a la

justicia, suelen transcurrir 566 días entre el hecho punible y el inicio del juicio, hay 1

juez por cada 13.000 habitantes, un juicio civil o penal puede demorar 5 años y más

del 80% de los jueces son provisorios (Casal en Provea, 2005). Desde 1990 se llevó a

cabo la reforma del Poder Judicial en el país con la asistencia del Banco Mundial, la

cual se encontraba en su segunda etapa y tenía como fin principal que la ciudadanía

se acercase a este poder hasta que fue suspendida a inicios de 2005, debido a la

creciente politización del Poder Judicial; sin embargo, se aprecia que no se han

generado adelantos significativos.

Empleo:

La tasa de desempleo en el año 2003 aumentó hasta un 16,20%, ubicándose la

economía informal en el 53%, de acuerdo a informaciones reseñadas en la prensa

nacional, aportadas por Cova (2004) producto del cierre de empresas por la alta

politización existente en el país. Es de resaltar que el sector que ha absorbió más

75

desempleados es el sector público, quien por medio de las cooperativas y los créditos

de los bancos recién establecidos creó una forma de disminuir el desempleo.

Políticas tendentes a la obtención, manejo y aplicación de los recursos con que

cuenta el Estado.

Dimensión: Obtención y manejo de recursos.

Fuente: Luna (2006)

76

Emisión de monedas:

De acuerdo con Guerrero citado en Sabino (2003), la emisión de la moneda

dentro de la política monetaria del año 2003 estuvo dirigida a crear condiciones

monetarias y financieras que permitieran la consolidación del proceso de

recuperación de la actividad económica; para ello, el Banco Central decidió financiar

al Estado mediante la creación de dinero inorgánico, sustentado “en la generación de

ganancias cambiarias”. A pesar de los inmensos recursos percibidos por el gobierno

venezolano el déficit fiscal ha aumentado, mientras la economía decreció en un

promedio del 3%, durante el período 2003-2004. Es de resaltar, que la emisión de

bolívares por parte del Banco Central de Venezuela se realiza a través de la

adquisición de títulos públicos, redescuento, anticipo, entre otros, dinero que no

necesariamente tiene respaldo de las reservas monetarias internacionales y cuyo fin

político, es dar visos de un crecimiento económico que no existe.

Devaluación monetaria:

En opinión de Días y otros (2004), la devaluación monetaria es la intervención

oficial del mercado de divisas; de tal manera, que los mecanismos normales de oferta

y demanda quedan total o parcialmente fuera de operación y en su lugar se aplica una

reglamentación administrativa sobre compra y venta de divisas, que restringe

cuantitativamente la salida o entrada del dólar. Durante el año 2003, el Gobierno

Nacional emite el decreto 37.625 de fecha 5 de febrero donde se estableció la

creación de CADIVI y el régimen para la administración de divisas, posterior a ello,

se publican dos nuevos decretos en gaceta 37.626 y 37.627 donde se establece la

fijación del tipo de cambio en bolívares 1596 por dólar para la compra y 1600 para la

venta y el pago de la deuda pública externa. Esto tuvo como consecuencia una

profundización de la crisis económica que vive Venezuela, creando

desabastecimiento, desempleo y desinversión en importantes rubros de consumo.

77

Imposición de Tributos:

En el caso venezolano el sistema impositivo según Mondolfi (2003), estuvo

representado en un 35% de los ingresos fiscales totales y un 50% por la recaudación

de impuestos no petroleros, los niveles de ésta disminución de la dependencia fiscal

con respecto al petróleo es producto de la implementación al Impuesto al Valor

Agregado (IVA), Impuesto Sobre las Ventas (ISV), Impuesto Sobre las Ventas al

Mayor y al Consumo Suntuario (ISVM), Impuesto a los Activos Empresariales (IAE)

y al Impuesto al Débito Bancario (IDB).

Ingresos petroleros:

Las exportaciones petroleras en el año 2003, generaron unos ingresos de

31.917.000.000 millones de dólares, de acuerdo con Ramírez (2005), permitió volcar

sobre la economía venezolana recursos financieros cuyo efectos directos impulsaron

el aumento de la disponibilidad financiera del sector público, mayor capacidad para el

gasto en importaciones y un efecto de riqueza expresados en la revalorización de los

activos internos. Es de resaltar que el alza de los precios del petróleo, contribuyeron

al mejoramiento del nivel de reservas internacionales.

Crédito público:

A pesar de que Venezuela en el año 2003 recibió por concepto de recaudación

fiscal e ingresos petroleros 51.076.310 millones de bolívares, su crédito público

aumentó en 1.043.155 millones, por tanto los niveles de deuda del Estado venezolano

excede los 30 millardos de dólares entre la deuda pública interna y externa lo que

representa el 30% del Producto interno Bruto y es un factor importante de

perturbación del equilibrio fiscal del país. En consecuencia, Giordani (2004) no tiene

sentido que un porcentaje tan alto del presupuesto se destine a los acreedores del

Gobierno, considerando que Venezuela posee suficientes activos que podrían

venderse y solventar la deuda pública.

78

Consumo:

Plantea Maza Zabala (2005) que durante el período 2003-2004 a pesar del

incremento de la oferta de bienes y servicios, el consumo de alimentos se redujo en

un 19,3%; vestidos 16,8%; servicios públicos en un 9,1% y los bienes agrícolas en un

7,5%, disminución de consumo producto de los altos niveles de desempleo que llegó

a generar una disminución del 30,4% del empleo formal. Esto generó el crecimiento

desmedido de la economía informal, la emigración de venezolanos al exterior en

búsqueda de fuentes de trabajo y el aumento de la pobreza.

Inversión:

Con respecto a este rubro, el Servicio Integrado de Indicadores Sociales de

Venezuela (SISOV, 2006) los sectores de la construcción, vehículos,

electrodomésticos y bienes muebles tuvieron un repunte del 12,8% debido a la

demanda y producción existente en el mercado. Sin embargo es criterio de la autora,

que el repunte se debe al control de cambios existente en el país, aunado a los altos

sueldos devengado por los altos funcionarios públicos y el dinero de las misiones;

todo ello ha dado visos de un crecimiento económico.

Importación:

La paralización de la industria y el comercio durante el mes de diciembre del

año 2002, según informe del SISOV (2006) produjo la escasez de bienes con la

consecuente inflación medida a través del índice de precios al consumidor, lo que

produjo el aumento de importaciones de alimentos, calzados, vestidos, entre otros.

Exportación:

Se mantuvieron las exportaciones tradicionales de petróleo y sus derivados.

La obtención de un nivel precio para la cesta petrolera venezolana superior al

79

establecido como referencia en la Ley de Presupuesto 2003 aunado a la recuperación

de los niveles de producción y exportación sustentaron la expansión del gasto total

del gobierno central, y a su vez en la gestión de las finanzas públicas por medio del

registro de un menor déficit financiero con relación a la meta establecida para el año,

señaló Ebert (2003).

Beneficios a las comunidades:

De acuerdo con el informe social de ILDIS y la Fundación Friedrich Ebert

(2003), el porcentaje de hogares en situación de pobreza en el año 2003 se ubicaba en

45 puntos porcentuales; asimismo el sector informal de la economía se incrementó

del 41% en 1994 al 53% finalizando 2003; y la tasa de desempleo se ubicó en el 18%,

con un índice de gastos del sector social de un 40% del PIB manteniéndose los

niveles de mortalidad infantil y materna. Por su parte, el índice de desarrollo humano

registró un leve aumento pasando de 0,770 a 0,775 debido al incremento en la

esperanza de vida a 73,5 años y del mantenimiento relativo de la tasa de la matrícula

combinada de Educación Primaria.

Es de destacar, que el concepto de “equilibrio social” establecido en la

Constitución venezolana se fundamenta en la universalización y equidad de los

derechos sociales, garantizando el acceso a la educación, derecho a la salud,

seguridad social, seguridad ciudadana y jurídica, acceso pleno a la cultura, fortalecer

el deporte, información veraz y oportuna, recreación y el pleno disfrute de un

ambiente sano entre otro; concepción que no se ha logrado consolidad pese a las

medidas económicas, fiscales, jurídicas, educativas, entre otras que ha tomado el

Gobierno Nacional.

Cumplimiento de los servicios públicos:

La actual política social, se caracteriza por ofrecer servicios básicos a un contingente

numeroso de la población de más bajos recursos, donde la universalización de los

derechos sociales está limitada por la capacidad financiera y las restricciones

80

institucionales del Estado. En este sentido, Alvarado (2003) refiere, que el poco

cumplimiento de los servicios públicos lo ha logrado el Ministerio de Salud y

Desarrollo Social con la política de aumento de la cobertura de la Educación Básica,

las misiones aunadas a una política de recuperación de la gratuidad de los servicios

médico asistenciales, por lo demás en el sector vivienda, vialidad, construcción de

servicios básicos como cloacas y suministro de aguas blancas han tenido poco

desarrollo y le ha dado pocos beneficios a las comunidades más desprotegidas.

El desenvolvimiento económico nacional en relación con el ingreso total a fin de

concertar los cambios necesarios dentro del contexto de las economías

capitalistas, como lo es el caso venezolano.

Dimensión: Desenvolvimiento económico nacional.

Fuente: Luna (2006)

81

Área de producción:

En el sector de las áreas de producción Álvarez (2003), señala que no hubo

una reactivación real en el sector industrial y comercial en Venezuela evidenciado en

el cierre de empresas y la desocupación de galpones industriales en la mayoría de los

Estados en Venezuela; de allí, el aumento de importaciones no tradicionales, en un

50%, durante el período fiscal 2003-2004.

Generación de puestos de trabajo:

La situación económica experimentada durante el año fiscal 2003-2004 y la

ampliación del tamaño del sector público permitieron la creación de nuevas plazas de

trabajos formales, que hizo crecer en 4,1 por persona la tasa de ocupación formal, con

lo cual éste sector pasó a tener el mayor peso dentro de la población ocupada en

ubicarse en 51,4%. Esto representa según el Instituto Nacional de Estadística (INE,

2003) una reducción de 199.582 empleos en el sector formal de la economía. Por su

parte, el sector privado redujo 64.500 empleos a pesar del aparente crecimiento

económico de ese año, lo que generó un incremento en el índice de desempleados que

alcanzó un porcentaje del 16% de la población activa, así como también el alza de

trabajadores en la economía informal.

Aprovechamiento de las capacidades:

Con respecto a este indicador, Sabino (2003) refiere que el problema de la

educación radica en la reorientación del gasto público hacia la parte funcional del

sistema, concentrando el gasto en las edificaciones, materiales y pago de nóminas, y

no tanto en el componente central del conocimiento. Sin embargo, reconoce que la

inclusión de la tecnología en el sector educación aumentará el desempeño y el

aprovechamiento de las capacidades futuras en el país.

82

Tecnificación:

En líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación

2001-2007, aparte 1, literal 1.1 sobre alcanzar un crecimiento económico sostenido,

incorporando y adaptando nuevas tecnologías donde se plantea la masificación de los

programas de formación científica y tecnológica para impulsar el crecimiento de la

producción y la productividad, vinculando los centros de investigación con centros de

alto nivel en países avanzados y estimular la capacitación de sectores regionales con

fuente de financiamiento permanente, tanto por parte del Estado como por parte de

los sectores empresariales en el presupuesto del año 2003, no se reflejó ninguna

inversión en éste ámbito.

Conciencia tributaria:

El objeto de la reforma tributaria según Farias (2003) es implantar una estructura y

cultura tributaria que genere ingresos para el Estado, minimizando las distorsiones,

cambio de comportamiento en los contribuyentes. Además, acota el autor, es deseable

que la política tributaria le permita al Estado recabar impuestos incurriendo en bajos

costos de recolección; para ello, el Estado venezolano instituyó un programa dirigido

a la reducción de la evasión en el pago de impuestos mediante mejoras en la

administración y fiscalización; este programa “Plan Evasión Cero” incidió

positivamente en el cumplimiento de la meta de recaudación tributaria interna, lo que

significó un cumplimiento equivalente al 141,4% con respecto a la meta establecida,

incidiendo en la reducción del 1% de la alícuota del impuesto al valor agregado e

igualmente el 0,5% de la alícuota del impuesto al débito bancario.

Distribución de la renta:

El Ministro Giordani (2004) manifestó que el próximo reto es lograr una justa

distribución de la renta, por lo que expresa “que Venezuela traduzca una economía

rentística en una sociedad productiva y lograr la mayor distribución de esa renta entre

83

quines no la tienen.” De esta manera, aseveró que el gasto en las misiones, no es

gasto sino inversión social y se traduce en educación y salud. Tratar de cancelar la

deuda social acumulada con criterios de inclusión social es una de las estrategias más

significativas de la propuesta de desarrollo actual, lograr un equilibrio social justo,

creación de igualdad de oportunidades reales para la mayoría de la población excluida

de los bienes y servicios esenciales para la existencia. Desde Barrio Adentro, hasta

todas las misiones que tocan lo educativo desde Simoncito hasta la Sucre, pasando

por Robinson I y II, y Ribas han resultado un éxito contra el clientelismo. Mientras la

población cada vez adquiera más conciencia de sus derechos ciudadanos

especificados en la Constitución, y mientras la defensa de los mismos se haga patente

en la conciencia de cada quién se podrá pensar que este proceso de transición política

pueda continuar de manera permanente, para lograr estadios superiores representado

en una transformación que logre superar los límites de un aparato rentístico y permita

hacerlo realmente productivo. Sin embargo, a criterio de la autora, estas misiones sin

un plan de evaluación permanente que mida la efectividad en términos de crecimiento

educativo, social, cultural y financiero, no podrá conocerse sus alcances.

Visión política de desarrollo:

La política de desarrollo social, económico, cultural y educativo de Venezuela

está contenido en el documento “Lineamientos Generales del Plan de Desarrollo

Económico y Social de la Nación 2001-2007”; donde se expresan los planes y

programas del Gobierno Nacional para lograr el equilibrio económico, social, político,

territorial e internacional para posicionar a Venezuela entre uno de los países con

bajos índices de inflación, con mayor inversión y menor desequilibrio social.

84

Relación de la actividad financiera del Estado y el Derecho Fiscal durante el período 2003-2004 y los cambios en los patrones fundamentales de la estructura

económica venezolana.

En Venezuela la situación de pobreza y de exclusión social que vive la

mayoría de la sociedad, es producto de un proceso inconcluso, de un desarrollo no

alcanzado, de la apatía de los que viven en estado de pobreza, lo que evidencie de que

la sociedad y el Estado no funcionan; de esta manera, enfrentar y reducir los niveles

de pobreza son los retos para lograr el desarrollo del país.

De acuerdo con Riutort (1999), la desigualdad social es consecuencia de la

mala distribución de los ingresos de la renta petrolera y la recaudación fiscal,

discordancia que se constata en la carencia de vivienda, altos índices de desempleo,

bajos niveles educativos, poco acceso al sistema de salud, entre otros problemas que

reflejan un estado de indefensión de las clases más desposeídas. En resumen, desde el

punto de vista pragmático, la desigualdad compromete severamente el crecimiento

económico y por ende la estructura económica venezolana, reflejo de un manejo

abusivo e inadecuado de la actividad financiera.

Tomando en cuenta que al gobierno le corresponde la rectoría de la política

social, es grave la existencia del monopolio que hay para el cumplimiento de su rol,

prestador de servicios y agencia de seguimiento y evaluación, lo que no permite la

consolidación de los planes y proyectos que se establecen; es por ello, que se debe

delegar en la empresa privada, la comunidad y asociaciones organizadas el rol de

prestador del servicio, como también, la vigilancia y control. Lo planteado ha

generado la concentración de funciones en pocas manos con las consecuencias de un

país con graves signos de desestabilización política, social y económica, que pueden

terminar socavando las bases de la sociedad y por ende, de la economía venezolana.

Ante estas circunstancias al Estado se le plantean tres funciones

fundamentales: la primera y más significante para el crecimiento económico y el

aumento del ingreso por tributos es, contribuir al desarrollo de la empresa privada y

con ello incrementar la tributación, tomando en cuenta que con ello se financia el

gasto público, es decir, entre más rentable logre ser el sector privado mayor es la

85

recaudación fiscal. De este modo, consustanciaría la dicotomía entre la actividad

financiera del Estado y el derecho fiscal.

En segundo lugar, regular la acción de la empresa privada en defensa de los

intereses colectivos y, tercero, incorporar a los sectores de mayor pobreza al proceso

de crecimiento con oportunidades efectivas de progreso individual y social con el

incremento de matrícula escolar, mejores servicios públicos e impulsando la

productividad y con ello el empleo como fuente generadora de recursos, estabilidad

económica e ingresos fiscales.

Es de resaltar que en el caso venezolano, el sistema impositivo, normado por

el derecho fiscal, es de donde el gobierno nacional obtiene recursos para la gestión

pública, siendo éste un elemento importante de la política económica. En

consecuencia, para el logro de una economía estable y de provecho para la sociedad

venezolana; el Estado debe armonizar la política fiscal con la actividad financiera que

contiene en si misma inversión y gasto público, de lo contrario la economía se torna

frágil, elevando los índices de desempleo, pobreza, disminuyendo el consumo y

afectando la inversión, lo que se traduce en menos recaudación fiscal y por ende un

desequilibrio en la actividad financiera del Estado.

De allí la necesidad de que el Derecho fiscal debe ir consustanciado con la

actividad financiera del Estado, por cuanto el primero esta sometido a cambios

permanentes de acuerdo a las necesidades y reformulaciones que ocurran en el ámbito

económico, es por ello, que reduciendo el gasto público e incentivando la producción

de bienes y servicios es como se lograría disminuir lo desniveles macroeconómicos y

los índices de pobreza social.

86

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

De la revisión bibliográfica realizada, el análisis de las variables, dimensiones

e indicadores y tomando en consideración el objetivo general de la investigación,

enfocado a relacionar la actividad financiera del Estado y el Derecho Fiscal durante el

período 2003-2004 a fin de mostrar los cambios en los patrones fundamentales de la

estructura económica venezolana se llegó a las siguientes conclusiones de acuerdo a

los objetivos de la investigación:

En referencia al primer objetivo, se concluye que las necesidades públicas

durante el período 2003-2004 no fueron en su totalidad materializadas por el Estado,

de esta manera se evidenció que:

1. La política social implementada durante el período 2003-2004 no logró

impulsar procesos de transformaciones estructurales que condujeran a la superación

de la pobreza y de las desigualdades que ella genera en todos y cada uno de los

ámbitos de la sociedad, asimismo, no se crearon espacios que contribuyeran al

ejercicio pleno de la ciudadanía.

2. La política social se caracterizó por ofrecer servicios básicos de salud,

transporte, seguridad, comunicación entre otros de una manera deficiente a un

contingente numeroso de la población de más bajos recursos donde, la

universalización de los derechos sociales está limitada por la capacidad financiera y

las restricciones institucionales del Estado.

3. La mayoría de las mediciones sobre pobreza se enfocaron en el método de

“pobreza de bajos ingresos”, que consiste en un cálculo indirecto de insatisfacción de

87

necesidades a través de consumos potenciales de los hogares, determinados por el

volumen de los ingresos totales, el poder adquisitivo de estos ingresos para la compra

de bienes y servicios esenciales y las decisiones adoptadas sobre los gastos.

4. Los aspectos más críticos del gasto social en Venezuela no estuvieron en su

cuantía, ni en su distribución a los sectores sociales más bajos, sino en la evaluación

de la racionalidad del gasto, prioridades y distribución de los recursos dentro de cada

sector y la efectividad en el uso de las partidas asignadas a los rubros: salud,

seguridad, educación, vialidad, vivienda, comunicaciones, entre otros; evidenciadas

en el deterioro de éstos.

De igual modo, al describir las políticas tendentes a la obtención, manejo y

aplicación de los recursos con que cuenta el Estado a fin de garantizar el bienestar

colectivo, se encontró que:

1. Existen problemas estructurales en la economía venezolana producidos por

las políticas monetaria, fiscal y cambiaria propuestas en el país, muy limitadas para la

lucha contra la inflación y los desequilibrios macroeconómicos evidentes en el país.

2. La política monetaria asumida por el Gobierno Nacional en febrero del año

2002, impuso limitaciones para la inversión nacional, desabastecimiento y aumento

en los precios de los productos básicos, así como la escasez de bienes y la aparición

de un mercado paralelo con un bolívar más depreciado.

3. La política fiscal no ha propiciado la aplicación de una economía productiva,

evidenciada con el cierre de empresas, controles innecesarios, como el de precios y

salarios, lo que ha establecido límites al crecimiento monetario.

4. Permanece la devaluación monetaria, la restricción en la entrega de divisas

para la importación de bienes y servicios, con las correspondientes consecuencias en

el sector productivo, lo que impacta en la economía del país, por cuanto al no haber

inversión, disminuye el gasto, la recaudación tributaria, las fuentes de empleo y el

desarrollo social, político y económico.

Por otra parte, en el desenvolvimiento económico nacional en relación con el

ingreso total a fin de concertar los cambios necesarios dentro del contexto de las

88

economías capitalistas, como lo es el caso venezolano se evidenció que:

1. Existió una disminución en las áreas de producción, originada por la

inestabilidad política, social y económica del país. De acuerdo con el análisis

realizado un gran número de empresas cerraron sus puertas aumentando el número de

desempleados y por ende, disminuyendo el desarrollo social y económico de

Venezuela.

2. Se acrecentó el desempleo y la pobreza durante el período 2003-2004 a cifras

alarmantes, lo que influyó en el deterioro en la calidad de vida del venezolano.

3. No existe conciencia tributaria en la sociedad venezolana, a pesar de que la

recaudación fiscal alcanzó en el período 2003-2004 las metas establecidas. En este

sentido del análisis se desprende que el sector empresarial y en la sociedad se concibe

al SENIAT, órgano responsable de la recaudación de los tributos como un organismo

represivo y controlador, lo que en muchos casos los convierte en evasores de

impuesto.

4. El Estado venezolano no tiene una política de desarrollo social donde se

encuentre inmerso el sector productivo, la sociedad y el gobierno, sino que cada día

trata de concentrar funciones y hacer del Estado el único ente proveedor de bienes y

servicios.

RECOMENDACIONES

Basados en las conclusiones expuestas, se recomienda:

1. Reducir el déficit fiscal mediante la sinceración del tamaño de la

infraestructura del Estado, con la fusión de ministerios, disminución del personal y de

los gastos lujosos del gobierno.

2. Flexibilizar el control de cambios existente en el país para incentivar la

inversión e importación en Venezuela.

3. Implementar políticas públicas que desarrollen el comercio, la construcción,

89

la industria y por ende, aumenten las fuentes de empleo.

4. Orientar las políticas públicas para que respondan a las necesidades sociales

de calidad de vida y salud, con universalidad y equidad.

5. La consolidación de un sistema intergubernamental de salud con políticas

de criterios de asignación vinculados con aspectos poblacionales y epidemiológicos

para poder incorporar las diferencias de cada sector, estado y municipio.

6. Reformar el sistema educativo como vía para disminuir la inequidad

distributiva de los ingresos del Estado, construir un nuevo sistema educativo que

aporte conocimientos, destrezas, valores, habilidades e información que les permita

su acceso al sector productivo del país.

7. Construir una nueva institucionalidad pública con capacidad rectora, de

conducción y liderazgo dentro de una estructura intergubernamental descentralizada y

participativa, comprometida con la transformación de los patrones de calidad de vida

y salud de la sociedad.

8. Efectuar una política comunicacional e informativa sobre la importancia de

la recaudación tributaria, con la finalidad de concienciar a los contribuyentes de la

importancia que ésta tiene para el desarrollo social y económico del país.

90

BIBLIOGRAFÍA

Referencias de Fuentes Impresas

Libros

Alfonzo, I. (1994). Técnicas de Investigación Bibliográfica. Caracas, Venezuela.

Álvarez, Álvaro J. (1990) Metodología de la Investigación en Ciencia y Tecnología.

Venezuela.

Amatucci, A. (2004). Historia del Derecho de la Hacienda Pública y del Derecho

Tributario en Italia. Editorial Temis S.A.

Balestrini, M. (1998). Cómo Se Elabora El Proyecto De Investigación Editorial:

Consultores Asociados, Servicio Editorial, Caracas, Venezuela.

Baptista, A. (2004). El Relevo del Capitalismo Rentístico Hacia un Nuevo Balance

de Poder. Fundación Polar.

Barrera, M. (1999). Holística, Comunicación y Cosmovisión. Fundacite.

Anzoátegui.

Bavaresco de Prieto, A.(2002). Las Técnicas de Investigación Manual para la

elaboración de Tesis. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.

Bunge, M, (1993). La Investigación Científica. Editorial Ariel S.A. España

Barcelona.

Cusguen , E. (2000). Manual de Derecho Tributario. Grupo Editorial Leyer.

91

Faría, H y Otros. (2003). 10 autores y 7 propuestas para rehacer a Venezuela.

Caracas: Editorial Panapo de Venezuela.

Fariñas, G., (1986). Temas de Finanzas Públicas, Derecho Tributario e Impuesto

Sobre la Renta. 3ª Edición.

Hernández y otros (2003). Metodología de la Investigación. Editorial McGraw Hill

3ª Edición.

Hochman, E. y Montero, M. (1983). Técnicas de Investigación Documental.

Editorial Trillas, México.

Jarach, D., 1993. Finanzas Públicas y Derecho Tributario. 2ª Reimpresión.

Editorial Cangallo S.A.C.I.

León O. y Moreno I. (1998). Diseño de Investigaciones. 2ª Edición. Mc Graw Hill

Interamericana de España.

Martínez, Miguel (1999) Comportamiento Humano Nuevos Métodos de

investigación. Editorial Trillas. México.

Moya, E., (2004). Elementos de Finanzas Públicas y Derecho Tributario. 4ª

Edición. Mobilibros, Caracas.

Pérez, M. (2003). Revista Arbitrada Venezolana de Ciencias Tributarias UCAT.

Tributum. XII/2001-2003.

Ramírez, A. (1998). Hacienda Pública. Editorial Temis S.A. 4ª Edición.

92

Ramírez, V. (2004) Manual de Derecho Tributario Venezolano. Editado por

Tipografía y Litografía Horizonte C.A. Barquisimeto Estado Lara.

Ríos, M. (1992) Finanzas Públicas. 2ª Edición. Editorial MAR.

Riutort, M. (1999). El costo de erradicar la pobreza. En: Pobreza un mal posible

de erradicar. Caracas: ACPES- UCAB

Sabino, C. (2003). 10 autores y 7 propuestas para rehacer a Venezuela. Caracas:

Editorial PANAPO.

Riutort, M. (2004) Estadísticas de pobreza en Venezuela. Mimeografiado

Suárez de la Cruz., A. (1998) Metodología y Hermenéutica para el Estudio, la

Investigación y la Supervisión. 2ª Edición.

Ugalde, L. (1999). Pobreza un mal posible de superar. Caracas: ACPES-UCAB

Villegas, H. (2002). Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. 8va.

Edición. Editorial Astrea, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Tamayo, M. (2000). El Proceso de la Investigación Científica. 3ª Edición. Limusa

Noriega Editores, México.

Tamayo, M. (2001). Metodología Formal de la Investigación Científica. 2ª Edición.

Limusa Noriega Editores, México.

Informes

D´Elia, Y. (2002). Cambiando la orientación de las políticas públicas hacia el

93

impacto en la calidad de vida desde una perspectiva de derechos y equidad,

Informe Social, n° 7, pp. 10-14, Ildis-Fundación Friedrich Ebert.

Informe Primer Semestre (2004). Banco Provincial.

Informe Económico (2003). Banco Central de Venezuela.

República Bolivariana de Venezuela (2000). Lineamientos Generales del Plan de

Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007. Mimeografiado.

Tesis

Colmenárez, A. (2005) Tendencias y realidades del comportamiento del Gasto

Público en los Sectores Sociales de Venezuela en un Escenario de Desequilibrios

Macroeconómicos. Trabajo de grado presentado como requisito para optar al titulo

de Licenciada en Contaduría Pública. Universidad Yacambú.

García, I. (2005) El Papel del Estado en la Implantación de la Cultura Tributaria

para la Recaudación de Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Sobre La

Renta en Microempresas de Insumos de Construcción. Trabajo de grado

presentado como requisito para optar al titulo de Licenciada en Contaduría Pública.

Universidad Yacambú.

García, O. y otros. (2000) El Gasto Público y su efecto Multiplicador en los

últimos cuatro años 1995-1999. Trabajo de investigación para optar al titulo de

Licenciadas en Administración Comercial y Licenciada en Contaduría Pública.

Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado.

López, J. (2001) La Elusión Fiscal como Ilícito Tributario. Trabajo de Grado para

optar la titulo de Abogado. Universidad Fermín Toro Barquisimeto.

94

Manrique, Y. (2005) Tendencias Modernas de la Administración Tributaria en

Venezuela. Proyecto de trabajo de grado como requisito parcial para optar al título de

licenciado en Contaduría Pública. Universidad Yacambú.

Medina, N. y otros. (2001) La Evasión Fiscal, tipificación, definición y formas de

Sanción en la Legislación Fiscal venezolana. Trabajo de Grado para optar la titulo

de Abogado. Universidad Fermín Toro Barquisimeto.

Mendoza, Y. (2005) La Tributación Aplicada al Impuesto Sobre La Renta e

Impuesto al Valor Agregado frente a las Tendencias en la Economía Venezolana.

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de licenciado

Contaduría Pública. Universidad Yacambú.

Mirabal, S. y otros. (2001) El Principio de la Legalidad y Justicia Tributaria en la

creación y aplicación de la Unidad Tributaria en la Legislación Venezolana.

Trabajo de Grado para optar la titulo de Abogado. Universidad Fermín Toro

Barquisimeto.

Morales, F. y otros. (2002) El uso de la Unidad Tributaria como marco de

referencia Económica en la Legislación Nacional. Trabajo de Grado para optar la

titulo de Abogado. Universidad Fermín Toro Barquisimeto.

Rodríguez, Y. y otros. (2001) La Armonización Tributaria en Venezuela como

garantía del contribuyente y forma de Control de la Presión Fiscal para el

estimulo al desarrollo Económico. Trabajo de Grado para optar la titulo de

Abogado. Universidad Fermín Toro Barquisimeto.

Diccionario y enciclopedias

Rosenberg. J.M. Diccionario de Administración y Finanzas. Océano Grupo

Editorial S.A.

95

Ponencias

Cornejo, M. (2002). La excelencia. Congreso Nacional Ciudad de México.

Fuentes Legales

Código Orgánico Tributario. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de

Venezuela, 37.305, Octubre 17, 2001.

Constitución 1999. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 36.860,

Diciembre 30, 1999.

Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria.

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 37.320, Noviembre 08,

2001.

Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. Gaceta Oficial

de la República Bolivariana de Venezuela, 37.606, Enero 09, 2003.

Ley Orgánica de Régimen Presupuestario. Gaceta Oficial de la República

Bolivariana de Venezuela, 36.916, Marzo 22, 2000.

Referencia de Fuentes Electrónicas

Domingo, C. (2005).http://webdelprofesor.ula.ve/economia/carlosd/LaEconomiade

Venezuela (Consulta Agosto 26, 2005)

De Caires, J. y Otros. (2005) Efectos de las variaciones del gasto público.

http://www.monografias.com (Consulta Agosto 22, 2005)

96

García y otros. 1995 http://www.ucab.edu.ve/investigacion (Consulta Octubre 25,

2004)

Josar y otros. 2000 http://www.monografias.com/trabajos (Consulta Octubre 27, 2004)

Instituto Nacional de Estadística (INE, 2003). El desempleo en Venezuela.

http://www.unionradio.com.ve/Noticias (Consulta noviembre 30, 2006)

Rodrigo Cabezas 2005 http://www.unionradio.com.ve/Noticias (Consulta Agosto 31,

2005)

Schwartz, Pedro. Bienes y servicios públicos. http://www.monografias.com

(Consulta Agosto 25, 2005)

Sistema Integrado de Indicadores Sociales (SISOV). Realidad de la Economía

Venenezolana. www.sisov.mpd.gob.ve/queessisov/24k. (Consultado diciembre 11

2006)

www.econouba.com.ar (Consulta Octubre 25, 2004)

www.univerxity (Consulta Julio 20, 2005)

www.analitica.com/va/economia7opinion (Consulta Agosto 26, 2005)

Revistas

Alvarado, N. (2003). Pobreza y asistencialismo en Venezuela, Revista de Ciencias

Sociales, nº 3, pp. 431-458, Maracaibo.

Baena A. Cesar 1998. Una bendición El grifo petrolero. Revista IESA.

97

Banco Central de Venezuela (BCV, 2004). Informe Financiero 2003. Revista BCV

Nº 2. Febrero 2004.

Peneff L. (1999) Autobiographies de Militants Pouriers. Revue Francaise de Science

Politique.

Periódicos

Cámara de Transporte de Venezuela. (2003). No existe inversión en el sector

Transporte. El Impulso. (D-5)

Cova, M. (2004). El desempleo en Venezuela es producto de la poca inversión en el

país. El Nacional. (A-2).

Granier, M. (2006). La libertad de expresión esta amenazada. El Nacional. (A-2)

Giordani, A. (2004). La Renta Petrolera del pueblo. El Nacional. (p. A-2)

Maza Zabala, D. (2005). La Economía Venezolana en tiempos de crisis. El Universal.

(D-4)

Reyes, L. (2006). La vialidad en Venezuela: Deuda social cancelada. El Impulso. ( p.

B-5)

98

99

Definición de Términos Básicos

Actividad Financiera: Se traduce en una entrada y salida de dinero de la Caja del

Estado, para procurar la satisfacción de necesidades públicas.

Crédito Público: Es un recurso del Estado que implica una gestión política,

económica, jurídica y moral para obtener dinero en préstamo para cumplir

compromisos asumidos en forma excepcional o para cubrir déficit monetarios o para

la prestación de servicios públicos.

Déficit Fiscal: Es el exceso de los gastos sobre los ingresos.

Derecho Financiero: Serie ordenada de normas positivas referente ala organización

económica, a los gastos e ingresos del Estado. Regula la actividad del Estado en

cuanto a los órganos encargados de la recaudación y aplicación de impuestos,

presupuesto, crédito público y en general, de todo lo relacionado directamente con el

patrimonio del Estado y su utilización.

Estado: Entidad política que preside los destinos colectivos de una sociedad y que

ejerce por esta razón, el poder legal.

Finanzas: Constituyen los ingresos y gastos del Estado, mediante los cuales lleva a

cabo sus propósitos y satisface las necesidades de la población.

Gastos Públicos: Comprende las erogaciones del Gobierno, dedicado a proyectos

públicos que se promueven por el bien de la comunidad.

Ingresos Públicos: Son transferencias monetarias coactivas o voluntarias realizadas a

favor de los organismos públicos del Estado, que constituyen los medios para realizar

100

los fines del Estado.

Impuesto: Son el tributo exigido por el Estado a los particulares con el fin de cubrir

los gastos públicos.

Necesidades Públicas: Son aquellas que nacen de la vida colectiva y se satisfacen

mediante la actuación del Estado.

Presupuesto Público: Es un plan general de la administración pública, en la cual los

ingresos y los gastos totales del presupuesto del Estado deberían ser iguales o

equilibrarse cada año.

Recaudación: Es la actividad llevada a cabo por el Gobierno para proporcionar

liquidez a los Fondos Públicos.

Recursos Públicos: Medios con los que cuenta el Estado para sufragar los gastos

públicos.

Servicios Públicos: Son las actividades publicas que el Estado, representado por el

gobierno, realiza en procura de satisfacer las necesidades públicas.

Tasa: Es el tributo cuya obligación está vinculada jurídicamente a determinadas

actividades del Estado, relacionadas directamente con el contribuyente.

Tributo: Son prestaciones pecuniarias que el Estado exige en ejercicio de su poder de

imperio.

101

Wxw|vtàÉÜ|tM A Díos todopoderoso por ser el guía de todo lo que emprendo. A mi Madre por el apoyo y confianza que me brinda. A la memoria de Michi, porque se que hoy y siempre estará feliz y orgulloso de mis triunfos. A todos aquellos que creyeron en mi y me brindaron su apoyo, gracias.

`âv{tá ZÜtv|táA