sistematizacion jornadas de discusión

Jornadas de DiscusinFundamentos para una Ley de Salud Mental

y Principales Derechos a Garantizar

SISTEMATIZACIN

Observatorio Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad Mental

Jornadas de Discusin Fundamentos para una Ley de Salud Mental y Principales Derechos a Garantizar

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INDICE

Presentacin

Introduccin

Sistematizacin primera Jornada de Discusin: Perspectiva de usuarios, ex usuarios, amigos, familiares y ciudadanos interesados en la temtica.

Salud Mental

Ley de Salud Mental

Mecanismos para cumplir la Ley de Salud Mental

Condiciones para el ejercicio de derechos

Sistematizacin segunda Jornada de Discusin: Perspectiva de profesionales y acadmicos.

Salud Mental

Ley de Salud Mental

Conclusiones del Observatorio

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PRESENTACIN

Los das 28 de octubre y 4 de noviembre del 2014 se desarrollaron las Jornadas de Discusin Fundamentos para una Ley de Salud Mental y Principales Derechos a Garantizar en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. En la primera jornada se convoc principalmente a la comunidad de usuarios y ex usuarios de servicios de salud mental as como a organizaciones de familiares, amigos y ciudadanos interesados en la temtica. En una segunda instancia, la invitacin estuvo orientada a acadmicos, profesionales y tcnicos de instituciones ligadas al campo de la salud mental. En la primera jornada se realiz una presentacin de la temtica y una metodologa de trabajo grupal sobre los temas abordados. En la segunda jornada a lo largo de la exposicin se desarroll una instancia de dilogo con los asistentes que fue enriqueciendo la propuesta inicial. El contenido de las discusiones se expone en la presente sistematizacin, considerando la opinin y punto de vista de los participantes de ambas jornadas. Esperamos que este material sea una herramienta incipiente para un amplio y participativo debate colectivo en la construccin de un movimiento social por los derechos en salud mental, iniciativa en que este Observatorio de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad Mental ayuda a visibilizar la realidad sobre los derechos y sus posibilidades de ejercerlos, pero cuya iniciativa debe ser liderada necesariamente por la comunidad de usuarios.

Un primordial objetivo de nuestro Observatorio es contribuir a perfeccionar la legislacin chilena sobre derechos humanos de las personas con discapacidad mental y promover el establecimiento de las mejores prcticas relativas a su plena inclusin social, conforme a las normas y estndares internacionales vigentes en la materia.


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La Estrategia Nacional de Salud correspondiente a esta dcada, establece como uno de sus principales objetivos el promover la calidad de atencin de salud en un marco de respeto de los derechos de las personas. El cumplimiento de esta iniciativa representa un claro desafo para los actores institucionales y sociales implicados en el campo de la salud mental. De acuerdo al Informe Diagnstico de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad mental publicado en Mayo del 2014 por nuestro Observatorio, se identifican importantes barreras institucionales, normativas legales y prcticas sociales del modelo de atencin en salud mental, que estaran actuando como obstculos para el reconocimiento y pleno ejercicio de los derechos de la comunidad de usuarios de salud mental en Chile.

La Organizacin Panamericana de la salud (OPS) y la Organizacin Mundial de la salud (OMS) a travs del Consenso de Brasilia (2013) definen que es fundamental que los usuarios de servicios de salud mental y sus familiares participen en la construccin de las polticas pblicas, en la gestin y evaluacin de los servicios, as como en la elaboracin de leyes que garanticen, promuevan y fortalezcan derechos humanos, destacando los espacios colectivos de toma de decisiones. A pesar de estas recomendaciones, la institucionalidad estatal de nuestro pas no posee mecanismos que posibiliten la participacin efectiva de la ciudadana en el proceso de formulacin, aplicacin, gestin y evaluacin de las polticas pblicas de salud mental. Los objetivos de planificacin en salud mental de los organismos de gobierno responden a los intereses y privilegios de un reducido comit de expertos, as como las indicaciones para mejorar las acciones programadas se definen en base a las sugerencias y recomendaciones de un crculo de asesores, sin considerar el rol de todos los actores involucrados, desestimando la participacin ciudadana en este proceso.

Como Observatorio tenemos el deber de poner de manifiesto que esta representa una forma ilegtima

de proceder. Desde nuestro posicionamiento crtico de la institucionalidad estatal, nos preguntamos si los funcionarios de gobierno, expertos en salud mental, han considerado preguntar la opinin a los propios individuos que afectarn directamente las polticas y normativas que estn desarrollando. Frente a esto, los fundamentos y principios de un Estado democrtico y una democracia participativa sealan la importancia de establecer mecanismos regulares para convocar consultas vinculantes con la ciudadana, garantizando que las opiniones de los colectivos y movimientos sociales sean consideradas, por ejemplo, en el desarrollo de la poltica pblica de Salud mental. Si asumimos los principios de la Convencin de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (CDPD) sta seala que las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de participar activamente en los procesos de adopcin de decisiones sobre polticas y programas, incluidos los que les afectan directamente (Prembulo, letra o). De esta manera, se hace necesario que los organismos de gobierno desarrollen un proceso abierto, inclusivo y participativo con la comunidad de usuarios y ex usuarios para definir los contenidos de una eventual Ley de salud mental y nuevo Plan nacional de salud mental.

Al respecto, la comunidad de usuarios de servicios de salud mental posee una baja participacin en los programas de salud mental, un alto nivel de desercin a los planes de tratamiento, y una marcada tendencia a realizar evaluaciones ms negativas de la atencin recibida en comparacin a los familiares que viven con ellos y los profesionales que forman parte de los equipos de salud. Por lo tanto, promover acciones orientadas a reconocer y valorar las perspectivas y orientaciones de la comunidad de usuarios as como promover su participacin efectiva en la elaboracin de un diagnstico crtico, alternativo y propositivo de la realidad actual de la salud mental, constituye un paso fundamental para construir un modelo de salud mental comunitaria que tenga como base el reconocimiento, ejercicio y defensa de derechos de

INTRODUCCIN


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las personas que buscan apoyo y orientacin para sus dificultades en los servicios de salud mental de nuestro pas.

Desde nuestra perspectiva, para construir una realidad social que haga posible un modelo de salud mental comunitaria que tenga como fundamento los Derechos Humanos, deben confluir dos elementos: promocin de una conciencia de derechos, bajo el modelo de recuperacin/fortalecimiento que implica la promocin de capacidades y un poder al interior de la comunidad de usuarios con el objetivo de movilizar la propia percepcin sobre sus capacidades y potencialidades, para ejercer los derechos de que son titulares. Por otra parte, la construccin de una cultura de derechos en los establecimientos y equipos de salud mental, iniciativa que debe implicar la promocin de oportunidades institucionalmente reconocidas para la comunidad de usuarios que se expresen en el marco jurdico, las relaciones sociales y la distribucin de los recursos. Ambos procesos deben darse conjuntamente, ya que puede existir un marco legal en base a un vago reconocimiento formal, sin un sujeto que garantice y haga posible el ejercicio real de los derechos, as como puede haber una comunidad organizada y un movimiento social que tropiece con barreras materiales y marcos institucionales que nieguen constantemente la posibilidad real de ejercicio de derechos.

En este sentido, las limitaciones estructurales que restringen el desarrollo de un enfoque de derechos en salud mental son propias de un modelo de Estado neoliberal que no reconoce derechos y no posibilita las condiciones para su ejercicio en los dems mbitos de la vida en sociedad. Reconocer el valor de la participacin de los usuarios de servicios de salud mental es una premisa bsica para concebirlos como agentes de cambio y no slo como beneficiarios de polticas pblicas o cifras estadsticas de cuadros diagnsticos. Asumir que son protagonistas en este proceso, es una alternativa clave para transformar los desequilibrios en la distribucin del poder en nuestra sociedad. Para superar esta lgica carente de legitimidad, creemos que una ley de salud mental

no debe hacerse a espaldas de la ciudadana por un grupo de funcionarios de gobierno que determine unilateralmente qu es lo mejor para las personas a quienes afecta. En el debate sobre una Ley de salud mental el punto de vista de la comunidad de usuarios es fundamental, en la medida que los derechos sociales y recursos pblicos deben orientarse a promover su inclusin social y calidad de vida, bajo los principios de igualdad de oportunidades y autonoma en la toma de decisiones. Si ellos no estn presentes, gran parte del proceso podra estar bajo cuestionamiento o directamente considerarse invlido.

Considerando lo anterior, en la constitucin del grupo de trabajo Hacia una ley de salud mental de nuestro Observatorio desde el primer momento se consider la necesidad de valorar la voz y la experiencia de las personas que se atienden o se han atendido en los servicios de salud mental de nuestro pas para construir una propuesta en esta lnea. Sin embargo, al reconocer nuestra limitacin para hacer parte a la comunidad de usuarios de este proyecto renunciamos a desarrollar una iniciativa definida a partir de nuestros equipos limitando nuestras expectativas, aunque valoramos las fortalezas individuales que este grupo ha podido congregar hasta la fecha (principalmente profesionales). En este sentido, para ser coherentes con nuestros principios, creemos que desarrollar proyectos de construccin participativa y ampliar iniciativas donde la comunidad de usuarios tenga un rol clave y protagonista es un elemento crucial a considerar. Todos juntos, y cada uno cumpliendo sus roles, debemos enfrentar el desafo de desarrollar acciones y alternativas para democratizar la salud mental en Chile, asumiendo a la vez, que cualquier Ley de salud mental, por ms participativa que sea en su construccin, debe ser permanente revisada y actualizada, sobre todo si se enmarca en una Constitucin poltica y un modelo de Estado que no es democrtico en su origen y fundamento, en un modelo econmico que es profundamente desigual y excluyente en la distribucin de los recursos. De esta manera, consideramos que la presente realidad


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de los derechos humanos en salud mental ofrece un panorama tan desolador, que las polticas focalizadas y asistencialistas de los gobiernos de turno sern insuficientes para el cumplimiento de los derechos humanos y el ejercicio de ciudadana que se requiere en esta materia. Por ello, nuestra propuesta es que el propio movimiento social, conociendo y ejerciendo sus derechos, sea capaz de emprender un camino colectivo hacia la justicia social, en la construccin de un Estado que garantice derechos sociales para todos.


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SISTEMATIZACIN PRIMERA JORNADA DE DISCUSIN: PERSPECTIVA DE USUARIOS, EX USUARIOS, AMIGOS, FAMILIARES Y CIUDADANOS INTERESADOS EN LA TEMTICA

Salud mental

Ante la pregunta Qu es la salud mental? Los participantes sealan que sera la expresin del bienestar por parte de las personas. Dicho concepto de bienestar debe ser comprendido desde el mbito social, como tambin desde lo individual, es decir, debe involucrar tanto lo personal como lo colectivo. Al considerar las variables que afectan el bienestar de la poblacin se mencionan principalmente aspectos sociales y econmicos. Al respecto, un usuario seala: si uno se pone a recorrer las comunas del pas, para las personas con mayores problemas de salud mental, el tema econmico es muy importante.

Respecto a los imaginarios en torno al concepto de salud mental, una usuaria seala que la discriminacin afecta directamente el bienestar de las personas: el estigma no permite sentirse parte de la comunidad, y este factor es muy relevante para promover nuestro bienestar. La temtica del estigma es una problemtica compartida por lo que se reconoce la importancia de desarrollar una campaa contra el estigma para superar prejuicios y formas de discriminacin hacia las personas con problemas de salud mental. Sin embargo, esta iniciativa no se condice con el modelo tradicional de educar a la poblacin sobre los trastornos mentales, en la medida que se reconoce que esta campaa debe ir ms all del tema del diagnstico psiquitrico. Al respecto, se seala que toda etiqueta puede cambiar con el tiempo, por lo tanto, desde el punto de vista de los participantes es ms relevante generar una conciencia desde lo cvico para una menor discriminacin, sensibilizando a las personas sobre la salud mental, en la perspectiva de validar las diferencias y reconocer nuestra igualdad de derechos. En este caso, la dificultad principal sera la manera de comprender la problemtica que afecta a la persona, en la medida que si se hace desde una etiqueta diagnstica, que define la identidad de la persona y eso por s mismo genera estigma, conlleva

una concepcin negativa que como una bola de nieve arrastra otros problemas a nivel social, generando mayor discriminacin.

En este punto, el campo de la salud mental se relaciona al concepto de discapacidad, y en relacin a ello tambin se reconoce el origen social de la discapacidad. Al respecto, un usuario refiere: es fundamental comprender que la persona no es discapacitada en s misma, sino que la falta de oportunidades impide que las personas puedan desarrollarse de forma digna y humana. En este sentido, podemos comprender que tener una discapacidad que no se ve, como es la discapacidad mental, sumado a la discriminacin en base al estigma, permite que muchas personas tiendan a esconderse y no asumir sus problemas, sintindose excluidas de la sociedad como refiere una usuaria. De esta forma, seran las barreras sociales las que generan la discapacidad debido a la poca tolerancia, reconociendo a su vez que estas barreras tambin las ponemos nosotros mismos, no slo la sociedad, seala un profesional acompaante de una agrupacin de usuarios.

Por otra parte, se realiza una evaluacin crtica del modelo de atencin en salud mental. Al respecto, un usuario seala que muchas veces la atencin psiquitrica se centra en dar licencia y no se garantizan derechos, otro usuario agrega que incluso muchas personas mueren por tratamientos inadecuados, en este sentido, una manera de garantizar una mejor atencin de salud mental sera movilizar esfuerzos para evitar estas malas prcticas. Sobre este punto, no queda claro si ese esfuerzo debe ser desarrollado principalmente por parte las autoridades, de los profesionales de la salud mental o por parte de la comunidad de usuarios en la defensa de sus propios derechos. En este sentido, resuenan las palabras de una participante que se pregunta Cmo hacer para


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que las personas que no estn aqu participen?, Cmo hacer para que la voz de esas personas sea escuchada?.

En definitiva, dentro de las propuestas para construir una mejor salud mental, se seala que debe existir mayor respeto hacia los usuarios, mejor cobertura para atender las necesidades de las personas y ms recursos para garantizar la inclusin social. Para hacer eso es fundamental educar a los profesionales y a la ciudadana, entregar ms informacin, que las personas puedan participar en los establecimientos de salud mental, no hay salud mental sin participacin y que puedan denunciar situaciones de abuso y discriminacin, como recibir ms recursos para vivienda y trabajo.

Ley de salud mental

Se reconoce que la ley de salud mental permitira resguardar el respeto de los derechos humanos de las personas. Sobre este tema un usuario seala que vendra una revolucin en salud mental, vendra un gran cambio, otro usuario seala que ser un desahogo, porque Chile es un pas oprimido. Al abordarse ms concretamente qu contenidos debera contemplar una ley de salud mental se seala la importancia de una mirada intersectorial, coordinacin entre los distintos ministerios, acciones conjuntas para resolver necesidades de las personas, en la medida que solamente una ley de salud mental que considere el punto de vista de la comunidad ser una ley ms justa y amplia.

Respecto a este tema, nos preguntamos Cmo se puede cambiar desde una ley una cultura que atropella derechos? Con qu herramientas podemos cambiar esa cultura ms all de la ley de salud mental? Al respecto, se destaca la importancia de realizar un nuevo plan nacional de salud mental donde no puede quedar fuera el tema presupuestario y la participacin de las personas directamente afectadas por aquella poltica: los usuarios de salud mental. Al respecto, el punto de vista de un usuario expresa que se necesita un 15% del presupuesto de salud para la salud mental en la medida que slo as se podr ayudar a la gente

a encontrar su poder individual y promover una confianza en s mismos, generar las condiciones para que las personas puedan sentirse bien y as recuperen su confianza para salir adelante.

Por otra parte, se seala que una ley de salud mental debiera basarse en el respeto de los derechos de ciudadana de las personas con problemas de salud mental, por lo tanto, ellas deben participar de su elaboracin y ejecucin. La ley de salud mental debe garantizar el ejercicio de la capacidad jurdica de las personas en todos los niveles bajo el modelo de asistencia en la toma de decisiones, asegurando recursos para que aquello sea posible y armonizando la legislacin nacional para que sea coherente con ese modelo. A su vez, las leyes deben ser complementarias, siendo necesario revisar el conjunto de leyes para ver cmo se armonizan con el espritu de la ley de salud mental. Aquello implica la derogacin de normas que vulneran los derechos de personas en situacin de discapacidad mental, tal como la ley 18.600 que seala que una persona con discapacidad mental puede recibir menos del salario mnimo. En este sentido, se seala que es necesaria la vinculacin de la ley de salud mental a marcos normativos e instrumentos jurdicos que estn en coherencia con dicha ley, as como el desarrollo de polticas pblicas en las reas de vivienda, trabajo, transporte y educacin, para as mejorar las condiciones de vida de las personas. Al respecto, tambin se menciona que, adems de la elaboracin de una ley de salud mental se requiere cambiar la Constitucin para as garantizar los derechos sociales bajo las caractersticas del sistema poltico y econmico diferente al actual.

Se menciona que la ley de salud mental debiera garantizar una atencin integral, multidisciplinaria y de calidad, desde el momento del ingreso de la persona hasta el fin de la entrega de apoyos psicosociales, incluyendo un seguimiento y supervisin del proceso. Sin embargo, se seala que los recursos disponibles no debieran centrarse solamente en la atencin y el tratamiento con frmacos, ms bien en la promocin y prevencin en la comunidad, es decir antes que se generen los problemas, como seala un usuario.


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Al respecto, se da el ejemplo que los expertos relacionan el tema presupuestario con aumentar las camas psiquitricas. Sobre este tema, una familiar de usuario, participante de la jornada seala: lo que necesitamos es un soporte comunitario que d contencin a la persona y las familias, mostrando que hay diferencias significativas en la manera de orientar las acciones para mejorar la atencin de salud mental en la comunidad desde lo que piensan las personas y lo que definen los organismos de gobierno.

Por otra parte, la ley de salud mental se reconoce como un instrumento importante para que se respete la Convencin de los Derechos Humanos de las personas con Discapacidad (CDPD) de la ONU, ignorada, por lo general, tanto por los profesionales de la salud mental, como tambin por parte de la polica local, corte suprema, jueces y fiscales (el sistema judicial en general). Este reconocimiento se puede alcanzar a travs de la eliminacin de las leyes antagnicas a los principios de la CDPD y la adecuacin de las normativas que no cumplen sus orientaciones a nivel nacional. Al respecto, se alude al cumplimiento efectivo de la Ley 20.422, mostrando la importancia que SENADIS dicte los reglamentos que falten. Por otra parte, se seala que el prrafo 8 de la Ley 20.584, en relacin a las personas con discapacidad mental, se basa en un modelo de sustitucin de la voluntad de la persona en relacin a su atencin de salud (negando el derecho al acceso a la ficha clnica, al consentimiento informado para recibir un tratamiento y al alta voluntaria), lo que contraviene los principios de la CDPD. Al respecto, se menciona que debe revisarse en profundidad la prctica de internacin administrativa, sin la voluntad del usuario, porque se vulnera su derecho a la libertad y autonoma. Si bien se menciona que la finalidad de la internacin administrativa se encarga de proteger a la persona, aquello no puede contravenir su capacidad de decidir, y tampoco puede restringir la libertad de la persona sin una orden judicial. Por lo tanto, si la persona no se encuentra en condiciones para decidir sobre su tratamiento no se le puede privar de su libertad, es necesario promover apoyos para prevenir este tipo de abusos a travs de las declaraciones de voluntad anticipada, por ejemplo.

Mecanismos para cumplir la Ley de salud mental

Se menciona que una Ley de salud mental en el pas es una alternativa para garantizar los derechos humanos de las personas, sin embargo, el espritu de la ley no basta, existen muchas leyes que en la prctica no se cumplen, por lo tanto, se debe contar con mecanismos que permiten asegurar los derechos sobre los que la ley se pronunciara. No basta con tener una ley escrita en un papel, sino que lo ms importante es que se cumpla, ya que sin esos mecanismos no se pueden garantizar los derechos estipulados previamente.

En este sentido, toma importancia el desarrollo de la poltica pblica de salud mental para reducir la desigualdad social y superar inequidades de la atencin en el rea pblica y privada. En esta perspectiva, se seala que el Plan nacional de salud mental debe ser actualizado y puesto en marcha en base a la colaboracin, negociacin y dilogo con todos los actores sociales involucrados en la materia. A su vez, se seala la importancia de la creacin de un organismo que se dedique a la fiscalizacin tanto en instituciones, como tambin a los mismos funcionarios y profesionales, entidad que permitira denunciar actos en contra de los derechos humanos de las personas en situacin de discapacidad mental, con autonoma del gobierno, la cual se puede lograr con la colaboracin de los abogados que podran aportar con asesoras socio jurdicas a las personas vulneradas en sus derechos por parte de las instituciones.

Se seala que es muy probable que a pesar de tener la mejor ley de salud mental, la estigmatizacin seguir estando presente, en la medida que ms all de la ley, es necesario cambiar una cultura. En este caso, se seala la sancin de toda forma de discriminacin en todos los mbitos, incluyendo principalmente a los medios de comunicacin, en la medida que tienen especial influencia para generar imaginarios sociales negativos sobre las personas que han sido diagnosticadas con trastornos psiquitricos.

Finalmente, se seala que la creacin de una ley de salud mental debe ir de la mano con una educacin de


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la ciudadana para los derechos humanos. El trabajo de educar a la poblacin acerca de sus derechos es un mecanismo fundamental para asegurar que la ley de salud mental cumpla con lo estipulado. Esto incluye no slo a los usuarios, se debe realizar junto a los equipos de salud mental y todas las instituciones implicadas en la materia. Se sugiere que los actores sociales deben conocer los contenidos que se encuentra en la ley, un usuario refiere que no puede existir un dilogo si el profesional de la salud mental no est informado sobre los derechos de las personas que atiende. De esta manera, surge la necesidad de desarrollar un cambio social, siendo este cambio el fundamento para una posible ley de salud mental, tal como se puede comprender a partir de la siguiente opinin de un usuario: Los profesionales en vez de andar diagnosticando deberan informar a la poblacin acerca de los derechos, mucho del malestar pasa porque somos violentados en distintos mbitos y no sabemos como proceder frente a las vulneraciones pero a eso le llaman depresin.

Condiciones para el ejercicio de derechos

Al sealarse los prejuicios y las discriminaciones a las que se enfrentan las personas con diagnsticos psiquitricos, se mencionan situaciones de discriminacin que van desde la forma de hablar por efecto de los medicamentos hasta las restricciones para asumir el diagnstico en pblico o dar una licencia por salud mental. En este sentido, se mencionan situaciones de discriminacin que van desde la interdiccin por un diagnostico psiquitrico perdiendo derechos fundamentales a nivel jurdico, hasta los comentarios de las personas que tildan de locos a los que aceptan en pblico tener un problema de salud mental.

Se destaca el derecho de recibir un diagnstico claro, el derecho a una atencin de salud mental basada en un consentimiento libre e informado, el derecho a la continuidad de cuidados para no sobrecargar a las familias y el derecho a la inclusin social de todas las personas, independiente de su condicin socioeconmica, en la medida que no es necesaria

la institucionalizacin y el abandono por falta de recursos, expresa una participante. Debe garantizarse el derecho a vivir en la comunidad, tener ms soportes comunitarios, as como mayor insercin laboral, por lo que es necesario que los usuarios tambin reclamen sus derechos laborales, junto al acceso a la vivienda, a la educacin, a la participacin social y a la cultura. Se plantea que si bien los hogares protegidos no cumplen con todo lo necesario para que las personas obtengan mayor autonoma e independencia, siguen siendo una opcin para muchos usuarios que no tienen hogar y otro tipo de apoyo social, por lo que es fundamental que se encuentren en un mejor estado, con mayor participacin por parte de los residentes en los hogares. Existe una indignacin general en torno a la normativa legal que permite que las personas con discapacidad mental puedan recibir una remuneracin menor al sueldo mnimo al igual que todos los dems. Dicha situacin debe cambiar. A la vez se resalta la necesidad de comenzar a discutir ms sobre la vulneracin a los derechos humanos que implica el uso de procedimientos tales como la esterilizacin, la psicociruga y la terapia electroconvulsiva.

Un usuario seala sabemos que muchas personas han sufrido diversas formas de maltrato psiquitrico en los hospitales, ahora con el apoyo comunitario se ha demostrado que uno puede desarrollar su personalidad, obtener un trabajo, convivir con su familia. En ese sentido, los Centros de Salud Mental Comunitaria (COSAM) en las comunas son valorados por su marco territorial e interdisciplinario para comprender y atender los problemas de salud mental de la poblacin. En torno a una atencin de salud mental de calidad una usuaria menciona que las personas necesitan una atencin integral, no tanto medicamento, deben tener acceso a medicina alternativa porque no todos los pacientes necesitan frmacos, sino contencin y empata. Al respecto, se seala que el tratamiento farmacolgico no basta, en este sentido, se seala que la terapia psicolgica es un buen complemento o alternativa durante el proceso de rehabilitacin, as lo seala un usuario cuando hay psicoterapia hay una mejora en los pacientes. Por otra parte, se resalta que no slo los profesionales pueden


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ayudar a las personas a sentirse mejor, los amigos y la familia tambin son muy importantes destaca una usuaria. En este sentido, una usuaria refiere el contexto social en que se desarrollan nuestras problemticas de salud mental: nos falta conocimiento, no es una enfermedad, es falta de comprensin, de aceptacin, de solidaridad. Otro usuario refiere que una revolucin en salud mental implica una mejor autoestima lo que debe traducirse en mayores posibilidades de inclusin social. Tambin se menciona que es necesaria la organizacin y movilizacin social para cumplir con estos objetivos, es la nica manera de generar las transformaciones que necesitamos.


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SISTEMATIZACIN PRIMERA JORNADA DE DISCUSIN: PERSPECTIVA DE PROFESIONALES Y ACADMICOS

Salud mental

La salud mental se encuentra relacionada al desarrollo de las potencialidades de las personas, as como a los conceptos de bienestar y autorrealizacin, valoracin y respeto de los intereses individuales y colectivos bajo los principios de la democracia, solidaridad, respeto y diversidad. La salud mental es un estado de bienestar que puede definirse desde lo individual, sin embargo, el enfoque biopsicosocial tambin considera la interaccin de la persona con el contexto social y cultural. Lo comunitario tambin est presente, a su vez que aquel nivel individual est unido a las necesidades impuestas por la sociedad. Si es que comprendemos salud mental como un bienestar, cmo lo podemos promover?, Cmo podemos alcanzar un estado de bienestar en una sociedad desigual como la nuestra? Para responder estas preguntas se debe problematizar qu tipo de sociedad queremos construir. Siempre que hablamos de determinantes sociales finalmente se termina dentro de un box de consulta clnica individual, por lo tanto, es necesario ampliar la mirada y pensar que sociedad tenemos y que sociedad queremos.

Se considera a la salud mental como un horizonte deseable para un bienestar bio-psico-social, lo que no implica utilizar como nico referente la definicin de la OMS. Es necesario analizar las definiciones que existen para poder saber qu es lo que entendemos por salud mental y rescatar la parte histrica de la discusin al reconocer que an no hay un consenso al respecto. A su vez, no basta con preocuparse slo de las definiciones, sino que es necesario centrarse ms bien en las dimensiones de la salud mental, como se desarrolla en los distintos contextos sociales y culturales.

Al entender al bienestar (salud mental) como un concepto contrario al malestar no se tratara entonces de resolver un problema de salud mental, sino que la

salud mental es un antnimo al concepto de malestar como enfermedad mental. No obstante, este modelo de comprender la salud mental no debiera ser dicotmico, sino dar cuenta de un continuo donde podemos encontrar condiciones subjetivas diversas. En este sentido, los padecimientos mentales estn mediados culturalmente y muchas veces se produce una situacin de discapacidad mental cuando hay una internacin contra su voluntad, en ese caso la discapacidad es previa a la consulta de salud mental e impuesta desde el exterior, por lo tanto, el concepto de salud mental depende del contexto social determinado donde adquiere sentido y significado.

Si bien es necesario tomar en cuenta todos los puntos mencionados, debemos considerar la existencia de un contexto mayor para comprender la salud mental. Un contexto complejo que tendemos a simplificar al creer que slo se encuentra compuesto por profesionales y los usuarios. Sin embargo, ellos no son los nicos actores sociales que son importantes en esta rea, sino que debemos incluir a las personas que han sido diagnosticadas, pero que no asisten a los servicios de salud mental, por ejemplo, as como a todos los ciudadanos que tengan su propia definicin de salud mental en torno a un concepto de bienestar amplio.

Actualmente, se reconocen los avances del modelo de salud mental comunitaria desde la poltica pblica. Sin embargo, es cuestionado el rol de los profesionales de la salud mental en la medida que su funcin social sera contener y escuchar a las personas que sufren a causa de una problemtica social de inequidad y desigualdad, lo que va ms all de su campo de accin. A su vez los profesionales se quejan que la mirada bajo la cual se debe orientar su trabajo segn los protocolos de atencin es individualista, perdiendo el componente comunitario en la prctica de intervencin. Al respecto se propone que debe


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profundizarse la interrelacin entre los servicios de salud mental e instituciones de apoyo para la inclusin social, ya que al ser excluyente el modelo de atencin de salud mental se produce un mayor aislamiento del usuario respecto a su comunidad (individualizacin de sus problemas), y por ende, ms posibilidades de que se encuentre en una situacin de discapacidad mental o psicosocial.

A pesar de lo dicho anteriormente con respecto a los profesionales, se destac el trabajo comunitario de intervencin por parte del equipo de personas que trabajan en los servicios de salud mental comprometidos con la comunidad y muchas veces haciendo trabajo en terreno fuera del horario laboral. A su vez, se mencionan los avances del modelo de atencin en la zona sur de Santiago, en particular el Hospital Barros Luco, donde se realiza un mayor trabajo en salud mental con un enfoque comunitario.

Se valoran los avances del modelo comunitario en salud mental pero tambin se cuestionan las limitaciones que lo restringen. El modelo comunitario ha disminuido la tasa de hospitalizaciones, sin embargo, ha coexistido con un modelo asilar inaceptable desde los principios de los derechos humanos. Al respecto, se plantea que el modelo comunitario ha combatido el modelo asilar pero hay muchos intereses involucrados que es necesario superar, por lo tanto, es importante sumar fuerzas para cambiar esta lamentable situacin y profundizar el modelo comunitario, sobre todo con la participacin de la comunidad de usuarios.

Ley de salud mental

Chile se encuentra entre el 25% de los pases sin una legislacin especfica en salud mental, por lo que se seala que una ley de salud mental no debiera postergarse, sin embargo, es importante considerar algunas preguntas bsicas como: para qu, para quin y cundo. Debemos problematizarlo y a la vez, debe existir un acuerdo general sobre su contenido.

Se seala la importancia de dar mayor nfasis a los aspectos de prevencin y promocin en salud mental,

las cuales deben incorporarse dentro de una ley de salud mental y a la vez, pensarse como una poltica intersectorial. Esto necesariamente implica una salud mental que se inscriba en el horizonte de la prevencin de nuestros problemas, ms que limitarnos a entregar atencin a lo que est dado. Lo ideal es que se tenga una ley que vincule la responsabilidad del Estado y de la sociedad, que favorezca el desarrollo y la vida en la comunidad, para mejorar las relaciones con las familias, el trabajo, la educacin y dems mbitos de nuestra vida cotidiana, que estos derechos se encuentren reconocidos en el sistema jurdico para as poder generar una accin legal y la persona violentada pueda hacerlos exigibles, cualquier sea su condicin. A su vez, el marco legal no se restringe a la normativa, conlleva una responsabilidad social donde todos debemos hacernos cargos de no vulnerar los derechos de las personas, construir una cultura de derechos.

Se seala que una ley de salud mental debe asegurar la inclusin laboral, equitativa y justa de las personas en situacin de discapacidad mental. En la medida que en nuestra sociedad la plata es un igualador social y el acceso al trabajo es muy relevante en las posibilidades de recuperacin de las personas y en el campo de la salud mental debieran ser mucho ms importantes que las necesidades de contencin farmacolgica, por ejemplo.

Al respecto, tambin se problematizan las implicancias de la pensin de invalidez y su relacin con el trabajo. La pensin de invalidez disminuye en funcin del tiempo que la persona lleva trabajando y lo que va ganando la persona en su trabajo, sin embargo, muchas personas deciden no trabajar por miedo a perder esa fuente segura de dinero lo que disminuye las posibilidades de inclusin social de las personas en base a sus propias potencialidades, que permitira garantizar una mejor calidad de vida de acuerdo a sus posibilidades. De esta manera, la pensin de invalidez puede promover una condicin de pasividad y resignacin, limitando las posibilidades de acceso al empleo remunerado o un trabajo significativo por parte de la persona en situacin de discapacidad mental.


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En este sentido, se plantea que el Estado debe garantizar el acceso al trabajo para que las personas se empleen y generen valor social, ms all de la seguridad social que debe estar garantizada de todas maneras. No obstante, se seala que no se puede obligar a las empresas a contratar personas en situacin de discapacidad, pero si generar cuotas segn cantidad de trabajadores o cooperativas sociales donde se asegure el derecho al trabajo, sin embargo, nos rige una Constitucin que no garantiza derechos sociales para ninguno de sus ciudadanos. Por lo tanto, se seala que el debate por una ley de salud mental tambin debe inscribirse en una lucha por una nueva Constitucin.

Finalmente, en el mbito especfico de la salud mental, se seala que no slo encontramos vulneracin de derechos en el mbito social, sino que tambin al momento de internarse en un hospital de manera involuntaria. Si bien se debe evitar que el entorno o el mismo contexto social produzcan situaciones de vulneracin de derechos, generando as, la discapacidad, se debe prevenir la vulneracin de derechos por parte de las instituciones. Finalmente, respecto al reconocimiento y ejercicio de derechos, se seala que no se debe reducir el problema solamente a las garantas constitucionales, cuando a su vez, es necesario promover el goce de derechos sociales que no existen en ese mbito. De esta manera, es necesario construir un nuevo modelo poltico que garantice derechos sociales para todos y para ello, es necesaria una nueva Constitucin


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CONCLUSIONES DEL OBSERVATORIO

La propuesta de una Ley de salud mental se valora en la medida que representa una herramienta para garantizar el pleno respeto y reconocimiento de los derechos humanos en el campo de la salud mental. Chile est en deuda, mientras no hace compatible la legislacin interna con el marco dado por los Tratados y Convenios internacionales en esta materia, que ha suscrito o ratificado.

Dicho esto, se establece que su construccin slo puede realizarse considerando el punto de vista de todos los actores involucrados, en particular de sus verdaderos protagonistas: la comunidad de usuarios de salud mental. A su vez, se plantea que el marco de la institucionalidad actual es insuficiente para dar cabida a los requerimientos de la ciudadana, siendo necesario un cambio a la Constitucin.

Es necesario resguardar el derecho al reconocimiento de la capacidad jurdica de las personas con padecimientos subjetivos, en igualdad de condiciones con las dems en todos los aspectos de la vida, as como promover medidas pertinentes para proporcionar apoyo en la toma de decisiones para el ejercicio de su capacidad jurdica. Se debe garantizar que las personas en situacin de discapacidad mental sean titulares de derechos y resguardar su capacidad de ejercerlos bajo los principios de autonoma individual, derecho de igualdad y libertad para tomar decisiones. Para hacer efectivos estos principios debe promoverse un modelo de apoyo en la toma de decisiones basado en la igualdad y la dignidad intrnseca de todas las personas, reconociendo que en determinados casos, de acuerdo a situaciones especficas, pueden ser asistidas, mas no sustituidas, por un representante para la toma de decisiones considerando las garantas judiciales en la promocin de su autonoma.

Por otra parte, es necesario resguardar el derecho a la prevencin del abuso en base a la supervisin de los establecimientos de salud mental por parte de una autoridad independiente con el objetivo de detectar y prevenir violaciones de derechos en contra de los

usuarios, as como para promover buenas prcticas y establecer sanciones legales y administrativas. En este sentido, se proponer desarrollar un rgano de revisin de la atencin de la salud mental de supervisin y monitoreo con absoluta independencia y autonoma para definir sus orientaciones y lneas de accin, con el objetivo de proteger los derechos de las personas con padecimientos mentales, asegurando entre otros elementos la capacitacin continua con cursos de formacin en derechos humanos para tcnicos y profesionales de salud mental contratando para esta labor de manera preferencial a usuarios, ex usuarios y participantes de organizaciones no gubernamentales de apoyo al ejercicio de derechos.

Es necesario que se focalicen los recursos pblicos en salud mental en las reas de prevencin y promocin, as como tambin construir una institucionalidad, o fortalecer la existente, encargada de resguardar las vulneraciones a los derechos humanos de las personas en su atencin de salud mental. En este sentido, se debe dar nfasis en garantizar una atencin de salud mental de calidad, respetuosa de los derechos humanos, siendo el eje principal para ello, una evaluacin peridica de los servicios de salud mental. A su vez, el concepto de atencin de salud mental de calidad debe centrarse principalmente en la capacidad de la institucin para entregar herramientas y apoyos a los usuarios para vivir de manera independiente en la comunidad y acceso a derechos sociales (vivienda, trabajo, educacin), en la medida que el derecho a la inclusin en la comunidad es lo primordial en salud mental.

Tambin puede inferirse de las intervenciones en las dos Jornadas aqu resumidas, que la atencin de salud mental no debe centrarse en el modelo biomdico, sino en un modelo psicosocial, basado en la construccin de una cultura institucional que valore la atencin integral y apunte a la reconstruccin de los lazos sociales para la inclusin en la comunidad, por lo tanto, se requiere un trabajo interministerial e interinstitucional en la perspectiva de garantizar


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derechos sociales que posibiliten la inclusin en la comunidad como eje prioritario. Esto podra plasmarse en el nuevo Plan Nacional de Salud mental, que se dicta finalmente por el Ministerio de Salud. En este sentido, un modelo de salud mental integral debe intervenir en los determinantes sociales de la salud mental con coordinacin intersectorial, construyendo puentes y redes entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, as como con organizaciones de la sociedad civil. De acuerdo a los principios del modelo comunitario en salud mental, se requiere el desarrollo de servicios y programas de rehabilitacin psicosocial generados desde los intereses de las personas y que estn orientados a potenciar su nivel de inclusin social, familiar, laboral y comunitaria. Esto considera el desarrollo de iniciativas para mejorar la calidad de vida por parte de personas que se encuentren en las mismas circunstancias a partir de agrupaciones de apoyo mutuo y el fortalecimiento de organizaciones de usuarios.

Las personas en situacin de discapacidad mental pueden producir valor social si se les da igualdad de condiciones que los dems; slo deben eliminarse las limitaciones y obstculos construidos por la misma sociedad. Al respecto, la seguridad social y la insercin laboral representan las principales aspiraciones de las personas que han tenido problemas de salud mental y viven en situaciones de vulnerabilidad socioeconmica. En este sentido, se requiere un mayor nmero de proyectos FOSIS, u otros similares, para personas en situacin de discapacidad mental en la perspectiva de obtener ms apoyo y recursos para desarrollar empleabilidad y emprendimiento a partir de empresas sociales y cooperativas de trabajo (panaderas, cafeteras, talleres, etc.), formadas y administradas por usuarios con la finalidad de dotarse de un ingreso econmico que permita mejorar su calidad de vida e inclusin social.

En base a una poltica de igualdad e inclusin social, debe asegurarse el acceso al mercado de trabajo, bajo los principios de respeto a la diferencia y el derecho a la no discriminacin, acompaado de ajustes razonables para adaptar los espacios de trabajo a las necesidades

especficas de las personas.

En el mbito pblico y privado, debiera existir incentivos para la contratacin de personas en situacin de discapacidad mental. Por ejemplo, una proporcin o porcentaje del puntaje que se entrega para evaluar licitaciones a empresas, debiera considerar la inclusin de personas con discapacidad mental. Para garantizar el derecho al trabajo, se puede crear cuotas en los centros de capacitacin laboral que tambin incluyan un acompaamiento y seguimiento a las personas en su proceso de formacin. Asimismo, es necesario realizar capacitaciones con empleadores y equipos de trabajo para que las personas en situacin de discapacidad mental puedan tener una mejor adaptacin al contexto laboral y garantizar su inclusin en un trabajo de calidad, con proyeccin en el tiempo y que contemple una capacidad de crecimiento laboral.

La discapacidad mental es una situacin que puede cambiar en el tiempo y al eliminarse las barreras sociales aquella condicin puede dejar de existir. Por lo tanto, respecto a la evaluacin en discapacidad hecha por la COMPIN, se seala que se debieran incluir criterios de modificacin y reversibilidad de la condicin de discapacidad, evaluada en base a un enfoque cualitativo y social, no basado en taxonomas rgidas propias de un modelo biomdico de salud-enfermedad.

Es necesario promover espacios de encuentro, dialogo y conversacin sobre lo que comprendemos y queremos hacer en el campo de la salud mental. Se deben instalar todos estos temas en la opinin pblica para que la ciudadana tambin pueda dar su opinin y ser partcipe de esta temtica, sobre todo desde el punto de vista de sus protagonistas, los usuarios de salud mental. La comunidad de usuarios de salud mental debe tener mayor visibilidad, siendo necesario promover su participacin en la difusin de informacin, utilizando los espacios de los medios de comunicacin, como la radio y la televisin.

Se debe garantizar el derecho de la participacin de la


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comunidad de usuarios en el proceso de formulacin, aplicacin, gestin y evaluacin de las polticas pblicas de salud mental a nivel nacional, regional, provincial y local.

Es necesario promover mediante recursos econmicos y materiales instancias de encuentro y colaboracin mutua de la comunidad de usuarios con organizaciones sociales e instituciones de la sociedad civil como juntas de vecinos, radios comunitarias, clubes deportivos, agencias de empleo, instituciones de capacitacin laboral, comits de vivienda, en la perspectiva de promover el vnculo intersectorial y las redes de apoyo comunitario a nivel local. En este sentido, una aspiracin sera que desde el gasto pblico de salud se destinen recursos para que estos espacios participativos se construyan de acuerdo a las orientaciones definidas por los mismos usuarios para resolver sus necesidades, con el apoyo de tcnicos y profesionales (ya sea desde equipos de salud mental, programas de apoyo social u ONGs). Esta iniciativa de fortalecimiento comunitario con administracin de recursos en forma autnoma por las organizaciones de usuarios, sera un aporte relevante para aumentar los niveles de participacin pblica y poltica de las personas en situacin de discapacidad.

Observatorio DDHHDiscapacidad Mental

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