la fiebre minera se apoderó de colombia
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La fiebre minera se apoderó de Colombia
Medio: Centro de Investigación Periodística de Chile, Ciper Autora: María Teresa Ronderos Tipo de publicación: digital Fecha de publicación: 5 de septiembre de 2011
La periodista colombiana María Teresa Ronderos realizó una investigación para la
fundación chilena Centro de Investigación Periodística –Ciper-, con el apoyo de la
Fundación Ford, en la que analiza las implicaciones para Colombia de la actual bonanza
minera, las dificultades que ya han desbordado a las instituciones y los riesgos de que
esta oportunidad de crecimiento se pierda en los mismos errores del pasado.
Las más grandes multinacionales del sector ya están en Colombia, empujadas
por la feroz alza en los precios del carbón y del oro. La inversión extranjera
también ha dado un salto, llegando a US$ 11.900 millones para el último
quinquenio. Se estima que las exportaciones alcanzarán los US$ 54 mil millones
en 2021. Esta fiebre minera llevó al gobierno anterior a otorgar casi 9.000
títulos sin respetar parques nacionales ni reservas indígenas. El crimen
organizado también encontró allí una vía para repatriar sus utilidades de la
droga y lavar dinero. Si Colombia aprovecha la bonanza que se inicia, puede
saltar al desarrollo. Pero no será tarea fácil. Durante agosto, el viceministro de
minería colombiano Tomas González visitó Chile para interiorizarse sobre cómo
lo hacemos, aunque en varios aspectos no seamos precisamente un ejemplo.
La fiebre minera llegó a Colombia. Si bien desde los tiempos de la Conquista, las
esmeraldas de Muso y de Coscuez han deslumbrado al mundo, el auge de hoy es inédito.
Los precios de sus principales minerales, carbón, níquel y oro, se han trepado al cielo.
Exploradores de toda índole y tamaño llegaron por miles a escarbar sus entrañas. Allí
donde el suelo promete riqueza súbita, los ánimos febriles despiertan la ambición, y los
viejos conflictos y violencias se exacerban.
Paradójicamente fue la mejoría en seguridad lo que hizo que el mundo descubriera a
Colombia como un interesante destino minero aún por explorar. Los precios subieron: de
US$ 90 por tonelada de carbón antracita en 2004, ahora pagan casi US$160, y por una
onza troy de oro, dieron en promedio más de US$1.200 en 2010, tres veces el precio de
un lustro atrás. Pero por atractivo que pudiera resultar este prometedor territorio andino,
hace una década pocos se animaban a invertir en un país donde secuestraban a diez
personas en promedio al día. La cifra cayó dramáticamente desde 2005, cuando el gobierno
Uribe puso a la guerrilla en retirada.
La combinación de mejores precios y menores riesgos resultó en una avalancha de
peticiones de concesiones mineras legales que puso en aprietos el limitado catastro
minero nacional. Aprovechando además una legislación flexible que se había aprobado en
2001, particulares y empresas pidieron títulos para 20 mil concesiones de exploración y
explotación de minas –un título sirve para las dos –que cubren 22 millones de hectáreas
de los 114 millones que tiene el país. Y el gobierno anterior les otorgó casi 9.000 títulos,
sin respetar páramos (el ecosistema de alturas que produce gran parte del agua
colombiana), ni parques nacionales, ni resguardos indígenas, ni territorios colectivos
afrodescendientes. (Un caos similar se vive aún en Chile en este tema.
Con los precios en alza, los grandes proyectos mineros, que habían empezado a producir
desde los años 80 y 90, también florecieron. El Cerrejón, una de las minas a cielo abierto
más grandes del mundo en el extremo nororiente en la Guajira, explotada por una
sociedad de las multinacionales europeas Xstrata plc, BHP Billiton y Anglo American,
vendió en 2010, casi US$2.500 millones en carbón. Y cerca de allí, explotando una franja
en el centro del Cesar, dos carboneras con varias minas, la estadounidense Drummond y
la suiza Glencore, vendieron respectivamente, US$2.000 y US$340 millones. El proyecto
de Cerro Matoso, de la gigante anglo-australiana BHP Billinton, al noroccidente, en
Córdoba, tuvo ventas el año pasado por US$556 millones en ferroníquel, la preciada
aleación con la que se fabrica el acero inoxidable.
Otros proyectos de considerable tamaño empezaron más recientemente su producción
industrial. La brasilera Vale Coal S.A. está explotando carbón también en el Cesar y otra
minera de ese país, Votoratim Metais, dueña de Acerías Paz del Río, la productora de acero
más grande del país, tiene explotaciones de hierro en Cundinamarca y exploraciones en
muchos otros lugares. La colombiana Mineros S.A. explota oro, principalmente en su mina
de El Bagre, Antioquia, y vendió US$126 millones en 2010.Medoro Resources y Gran
Colombia Gold, mineras canadienses que se fusionaron recientemente, explotan las minas
de oro de Marmato y Frontino, en el centro del país.
La inversión extranjera directa en minería casi se triplicó: pasó de US$3.800 millones en
el quinquenio 1999-2004 a US$11.900 millones en el quinquenio siguiente, pues además,
otras mega- mineras incluyeron a Colombia en el radar de sus planes.
Así, por ejemplo la gigante canadiense Barrick Gold compró una sociedad con títulos en el
Eje Cafetero, al centro del país. MPX Energía de Brasil, filial de EBX del magnate Eike
Batista, adquirió los derechos para explorar carbón en La Guajira, y tiene en sus planes
una gran expansión. Y por último, una jugadora de talla mundial en oro, la
surafricana Anglo Gold Asahanti, ya anunció dos hallazgos importantes: la mina La Colosa,
en el municipio de Cajamarca en Tolima, donde calcula hay 12 millones de onzas troy de
reservas estimadas, y, en llave con su socia B2- Gold, está desarrollando el proyecto
de Gramalote en Antioquia, donde encontró oro de veta con reservas de 2,39 millones de
onzas troy.
A la fecha, el Registro Minero Nacional reporta que 1717 empresas tienen títulos vigentes
de concesiones para explorar o explotar minas. Y los particulares tienen unos 7.200 títulos
más. Están buscando plata, platino, molibdeno, níquel, zinc, además de los minerales que
abastecen la construcción, como las calizas, arenas y arcillas.
Las minas de hecho también se esparcieron como hongos por todo el territorio, hasta
completar 3.600 este año, según investigó la Defensoría del Pueblo.
Hoy, Colombia es el primer productor de carbón en América Latina y el décimo en el
mundo. Y si las grandes y medianas mineras llevan a cabo sus proyectos, sin contar
posibles nuevos hallazgos, en una década el país puede llegar a duplicar su producción
actual de carbón de 74.000 toneladas métricas. Y podrá expandir en un 60% su
producción de oro, que el año pasado fue de más de 53 mil kilos.
Los cálculos optimistas están proyectando que el sector minero-energético que exportó en
2010, US$21.000 millones puede llegar a vender US$54 mil millones en 2021.
Según datos del Ministerio de Minas, las regalías mineras alcanzaron los US$647
millones el año pasado. No es un monto significativo del presupuesto nacional (de unos
US$76 mil millones para este año), pero es la única fuente de riqueza de muchos de los
municipios más pobres del país. Además, se proyecta que éstas van a crecer a un ritmo
exponencial, y que de ese crecimiento, que en 2010 fue del 11,1 %, está dependiendo
buena parte de la expansión de la economía nacional.
Así, el futuro se publicita fabuloso, pero la posibilidad de que, como en el pasado, cuando
se encontraron los grandes yacimientos petroleros, a los colombianos les quede poco de
esta irrepetible cosecha de minerales, es alta. Y ello porque la bonanza se eleva sobre
oscuros socavones de debilidad institucional, corrupción, daño ambiental, crimen
organizado y la exacerbación de conflictos sociales, de entre los más violentos del
planeta.
INSTITUCIONES EN RUINAS
El alud de solicitudes de exploración minera, muchísimas con afán meramente
especulativo, copó la capacidad delInstituto de Geología y Minería (Ingeominas), pues
aunque por casi cien años había sido un prestigioso centro de investigación del subsuelo
colombiano, le arrojaron improvisadamente la tarea de administrar el sector.
Según denunció públicamente en una rueda de prensa en junio pasado Carlos Rodado,
ministro de Minas y Energía ya bajo el gobierno actual de Juan Manuel Santos, desde que
se aprobó el Código de Minas en 2001, “hubo superposición de títulos mineros en áreas de
parques nacionales y páramos, juegos especulativos, expedición de títulos sin control y algunos de
manera sospechosa, violación de los derechos a las comunidades mineras indígenas y afro
descendientes y acaparamiento de títulos”.
Un solo ejemplo es revelador. Según relataron a CIPER, dos funcionarios que por años
han trabajado en Ingeominas, percibían una excesiva cercanía de algunos directivos con
la multinacional Anglo Gold Ashanti (AGA). De hecho, una de cada cinco hectáreas
concesionadas fue a dar a sus manos.
En 2009, voceros de la Anglo Gold Ashanti (AGA) dijeron a un medio local que habían
devuelto el 92% de las áreas pedidas originalmente y que entre las áreas que seguían
solicitando -y las que ya estaban tituladas a su nombre- apenas sumaban 166 mil
hectáreas. Sin embargo, y aún cuando la información del Registro Minero Nacional puede
estar desactualizada, la diferencia con lo que éste reporta hoy es enorme. A julio de 2011,
figuran 389 títulos de la AGA registrados en diversos municipios colombianos, de un
extremo al otro del país, los que suman más de 700 mil hectáreas.
¿Cómo logró AGA que le aprobaran el mayor número de títulos mineros del país
prácticamente en tres años, cuando otras empresas tuvieron que esperar en promedio
casi cinco años para conseguir los suyos?
Cabe destacar que dos funcionarios de Ingeominas, el ahora ex director Julián Villarruel y
Liliana Alvarado, quien era subdirectora de recursos del subsuelo de esa institución,
trabajan hoy para la AGA, según denunció La Silla Vacía.com.
Con el sucesor de Villaruel el ambiente denso en Ingeominas empeoró. El gobierno de
Uribe, según lo han denunciado varios artículos de prensa, le dio esta entidad para que
pusiera allí sus fichas al entonces congresista conservador Ciro Ramírez, quien después,
en marzo de 2011, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por concierto para
delinquir con los paramilitares. Un funcionario de la entidad cuenta, aún aterrado, cómo
unos mineros le ofrecieron dinero a cambio de que les diera el nombre del encargado de
darle el visto bueno final a los títulos. Y en una conversación casual, un empresario
extranjero que invirtió en el desarrollo de una mina de oro, dijo que pagó 34 millones de
pesos (unos US$15.000) de sobornos para conseguir el título.
Es verdad que el Código de 2001 había dejado abierta la posibilidad de que cualquiera
con un pago mínimo y un documento de identidad pudiera hacerse de una concesión
minera, pero el espíritu de la ley buscaba incentivar la promoción, no la especulación. Al
entregar áreas inviables por ser absurdas o microscópicas (una tenía 34 centímetros y
otra 19 metros por 16 kilómetros), Ingeominas creó el río revuelto donde pescaron
muchos avispados.
Además, como Ingeominas se demoraba tanto en registrar los títulos en el Registro
Minero Nacional, algunas empresas pedían y devolvían títulos permanentemente, para
evitarse así tener que pagar el canon superficiario que, según el Código, debían girar
apenas su concesión quedara inscrita. Aún hoy, que la norma apretó las condiciones,
Ingeominas no ha logrado meter en cintura a todos para que paguen.
Hace tiempo el país no realiza un censo minero nacional completo. El catastro es tan
caótico, que un experto Banco Mundial, contratado por el gobierno, ha recomendado
montar un sistema totalmente nuevo que pueda tramitar las solicitudes de títulos en poco
tiempo y velar porque quien tenga una concesión pague el canon debido por ella.
LA LEY DEL EMBUDO
Para los mineros artesanales el tratamiento fue bien distinto. Organizados en varias
asociaciones y sindicatos, ellos habían conseguido que el Código Minero de 2001 les
diera tres años para legalizar sus minas. De los 15 mil mineros de hecho que según la
Defensoría del Pueblo hay en el país, llegaron a Ingeominas 2.845 solicitudes de
formalización. Y de ellas apenas consiguieron formalizarse 23. ¿La razón? La norma les
exigía que presentaran mapas técnicos de sus minas y facturas comerciales de varias
décadas atrás.
La ley 1382 que reformó el Código en febrero de 2010, volvió a abrir la posibilidad de
legalizar minas artesanales. En un año llegaron otras 2.200 peticiones. De éstas, 719 ya
han sido evaluadas, pero como las normas son las mismas, sólo una pasó la prueba
documental y próximamente se le hará una visita técnica.
Echar a andar las peticiones de los mineros artesanales a paso de tortuga, y las de los
nuevos títulos a galope, cerró aún más la posibilidad de que los artesanales lograran
formalizar sus minas: cuando llegaban sus peticiones ya esas áreas habían sido
adjudicadas a nuevos mineros o a especuladores.
Los cambios de legislación terminaron agravando los conflictos. Por ejemplo, Medoro
Resourcesobtuvo una concesión en Marmato (Caldas), un pueblo de mineros artesanales
con 457 años de historia. Encontró reservas de 6,6 millones de onzas de oro y 37 millones
de onzas de plata y quiere desarrollar allí una mina a cielo abierto, pero muchos en el
pueblo se han opuesto porque esto implica desplazarlos y dejarlos sin trabajo.
Declaraciones recientes del vocero de Medoro a la cadena de televisión Al Jazeera, en el
sentido de que tenían varias maneras de sacar a la gente: ―presiones del gobierno, la
chequera…‖, causaron aún más escozor. Es de esperar que el debate arrecie cuando la
multinacional solicite los permisos de explotación.
MAFIAS Y DRAGAS
La ley 1381 también dejó abierto un agujero fatal: si un minero que declaraba ser informal
pedía un título, podía seguir explorando su mina hasta que no se regularizara su
situación. Muchas mafias asociadas al paramilitarismo y al narcotráfico aprovecharon este
hueco legal y fingieron ser mineros artesanales. Esto les dio carta abierta para meter
dragas y bombas costosas a explotar las minas a gran escala, causando un gran daño
ecológico y a la salud. Cuando el gobierno pretendió cerrarles las minas, alegaron que
tenían procesos de regularización en trámite.
Colocaron a mineros tradicionales a pedir títulos, y cuando tenían la solicitud registrada,
entraron con sus hombres armados y sus grandes equipos y los sacaron de sus minas o
los convirtieron en sus trabajadores, casi en condición de esclavitud.
En el río Dagua, en el sur del país, un minero que explotaba calizas y gravas en el río,
halló unas enormes pepas de oro. La noticia corrió veloz y miles de caza fortunas llegaron
en un santiamén. Algunos trajeron maquinaria pesada y en cuestión de meses habían
causado un desastre ambiental mayúsculo. A los pequeños los dejaban entrar por unas
horas al día. Después de varias denuncias periodísticas -y de cambiar una vez más la ley
para cerrarle el paso a este tipo de minería mediana altamente destructiva-, el gobierno
logró sacarlos. Así ha cerrado 21 minas entre febrero y mayo de este año.
Pero según dijeron fuentes de esa región a CIPER, en el caso del Dagua, como en otros
episodios en Chocó y el Bajo Cauca, muy pronto mudaron sus dragas a otro río. ―Los del
Dagua se fueron a la pobrísima población nariñense de Timbiquí,en el Pacífico caucano, y
ahora están allí explotando el oro sin control‖, dijo un líder social de la región.
El daño colateral de estas persecuciones a mineros criminales a veces se hace extensivo
a verdaderos mineros artesanales. Opositores al gobierno, como el senador de izquierda,
Jorge Robledo, sostienen que es deliberada la persecución a toda la minería con el objeto
de abrirle camino a la gran minería a gran escala. El director de Ingeominas, Oscar
Paredes y el viceministro de Minas, Tomás González, niegan absolutamente que esta sea
una política oficial, y sostienen que se creará una unidad que desarrolle créditos blandos
para que estas comunidades mejoren sus operaciones y las capacite para que no dañen
el ambiente y mejoren la seguridad laboral. También advierten que serán radicales contra
la minería que camufle a criminales y que destroce el ambiente.
Pero que los personajes que están manejando el negocio de mini-dragas y dragas son de
calibre mayor es también la opinión de las autoridades judiciales colombianas. Por
ejemplo, según le afirmaron a El Tiempo, han detectado que las minas que llegaron a
controlar el narco-paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias Macaco (extraditado a Estados
Unidos) y su segundo al mando del Bloque Central Bolívar, Rodrigo Pérez, en el Sur de Bolívar,
han sido heredadas por otros grupos armados que hoy las controlan.
―Hay evidencia –dice El Tiempo—de que reactivaron su dominio en ese sector en donde ya
habían reclutado menores y mujeres a quienes carnetizaron y trataban como esclavos al
servicio de la empresa minera Grifos, de la que era socia la esposa de Macaco‖. En el
registro minero nacional aparece una empresa -Sociedad Minera Grifos S.A.- con dos títulos
registrados en 2006 y aún vigentes, pero no en el Sur de Bolívar, sino en la población
cercana de Zaragoza en Antioquia.
La policía y la fiscalía, que ha creado una unidad especial para perseguir la minería ilegal,
también han detectado que las guerrillas de las FARC están explotando minas de aluvión
o están extorsionando a los mineros. Además, como las normas vigentes permiten
comprar la misma cantidad de explosivos para abrir una mina pequeña que una grande,
tener negocios de minería les resulta conveniente porque pueden obtener los explosivos
que quieran sin levantar sospechas.
El crimen organizado también ha encontrado en la importación de dragas un mecanismo
para repatriar sus utilidades de la droga y en las exportaciones ficticias de oro, una vía
para lavar dinero.
Un ex jefe paramilitar, Salvatore Mancuso, le confesó a la justicia una estratagema para
lavar dinero: recibir los pagos por la droga exportada en oro, traerlo clandestinamente a
Colombia, y venderlo a comercializadoras autorizadas, declarándolo como producido en el
país. Por cada onza de oro que le paga al productor, la comercializadora debe descontar
el 4 % de regalías que luego debe girar al gobierno, para que éste a su vez le gire al
municipio de dónde el productor declaró haber sacado el oro. De esta manera, los
paramilitares obtenían el pago por su oro, y después, hacían tratos con los alcaldes de los
pueblos que iban a recibir esas regalías para que se las devolvieran a través de contratos
ficticios.
Esta fórmula de lavar dinero vía regalías sigue operando. A los municipios antioqueños de
Segovia y Remedios, por ejemplo, el gobierno les suspendió el giro de regalías, pues
encontró que tenían sospechosos contratos con particulares para promover la minería y
los pagaban con dinero de las regalías. En el municipio chocoano de Itsmina, la
suspensión de los giros se dio por un súbito e inexplicable crecimiento de la producción
de oro declarada: un aumento de 2.031 % en sus regalías entre 2008 y 2010. Más raro
fue que, apenas Itsmina recibió las enormes regalías, salió a pagar una deuda ―sin
saberse si era real o ficticia‖, dijo a CIPER un funcionario que conoció el caso.
Los vínculos de la minería con grupos armados no sólo se dan en las minas de hecho. En
diversos puntos de la geografía, organizaciones sociales han denunciado que algunas
mineras han financiado a grupos paramilitares para protegerse o para forzar el desalojo
de comunidades de las minas que quieren explotar. Quizás la empresa más cuestionada
en esta materia ha sido la multinacional estadounidense Drummond.
Drummond es objeto de varias acusaciones en Colombia por posible complicidad con los
paramilitares que infiltraron la política y aterrorizaron a la gente del Cesar, desde
mediados de los años 90, justo cuando esta empresa arrancó allí su producción de
carbón. Dos ex paramilitares han asegurado de que la empresa ayudó a crear y financió
el frente Juan Álvarez de las Autodefensas Campesinas de Colombia (AUC), para que
cuidara la operación y la línea del ferrocarril que transporta el carbón hasta el puerto cerca
de Santa Marta. Asimismo, según lo investigó VerdadAbierta.com, Drummond compró
tierras a testaferros del paramilitarismo para desarrollar su mina El Descanso.
Y hay más. En abril de este año, la Fiscalía acusó a un contratista que les proveía la
comida a los trabajadores de la Drummond, de complicidad con los paramilitares en el
asesinato de dos líderes sindicales de la empresa minera, Valmore Locarno y Víctor Hugo
Orcasita, en marzo de 2001. Por estos hechos organizaciones sindicales y de derechos
humanos han entablado tres demandas civiles contra la Drummond en Alabama. Alegan
que los directivos de la carbonera sabían de estos crímenes y los cohonestaron. La
empresa, que ya logró que la justicia estadounidense desestimara una primera demanda,
ha reiterado en avisos de prensa, que las acusaciones son falsas.
MINAS QUE MATAN
Los miles de mineros informales que buscan explotar el oro de los ríos están
contaminando el agua con metales pesados como el mercurio y al cianuro. Además, como
la amalgama que se forma con estos metales se quema para extraer el oro, el aire
también se envenena. La Defensoría encontró que en el aire de los pueblos mineros de
Segovia, Zaragoza y Remedios, el nivel de mercurio puede ser hasta mil veces más alto
que el permitido. En Remedios se descubrió que 15 personas han pedido trasplante de
riñón por intoxicación con mercurio.
Grandes proyectos mineros también han sido cuestionados por sus posibles efectos
nocivos a los ecosistemas. El gobierno de Santos, presionado por la movilización de los
habitantes de Bucaramanga, una de las principales ciudades colombianas, puso en
entredicho la licencia ambiental otorgada a la minera canadiense GreyStar para explotar
un área en el páramo de San Turbán, donde nace el agua que abastece a los
bumangueses y la minera debió retirar su proyecto y tendrá que reformularlo.
Asimismo, el pasado 6 de julio el gobierno ordenó el cese absoluto de actividades mineras
en el Parque Nacional Yaigoje Apaporis, que es además área de resguardo indígena. Allí la
empresa canadiense Cosigo hizo varias visitas intentando ganarse el visto bueno de la
comunidad para poder explotar el oro, y había conseguido que le dieran un título minero.
-De los otros 37 casos de títulos mineros que se superponían con parques naturales, en
12 encontramos superposiciones de menos del 1% de área y estamos ajustándolas de
oficio, y en los demás estamos trabajando con las compañías para resolver el tema -dijo a
CIPER, Oscar Paredes, actual director del Ingeominas.
En páramos encontraron 630 casos de superposiciones con títulos mineros, algunos en
áreas tan estratégicas como el Macizo colombiano donde nacen los dos ríos más
importantes del país, el Magdalena y el Cauca. Paredes explicó que están negociando
con las empresas titulares para corregir esta situación. Con la AGA, que tiene 40 títulos
en páramos, ya están en conversaciones.
Anglo Gold Ashanti (AGA) , está preparándose para pedir la licencia ambiental para la gran
mina de oro de La Colosa, en el municipio de Cajamarca, en Tolima. El proyecto ha sido
cuestionado por organizaciones ambientales de la región y algunas autoridades,
principalmente por el posible impacto que puede tener la actividad minera sobre la vecina
área de Reserva Forestal Central y sobre el Río Coello que abastece a los habitantes de
varios municipios.
Algunas explotaciones de carbón no se quedan atrás en cuanto a problemas ambientales.
En 2008, a raíz de una airada protesta de las comunidades en el centro del Cesar por el
estado de contaminación y de abandono en que estaba este distrito minero de carbón, en
dónde operan varias empresas multinacionales y nacionales, los funcionarios ambientales
fueron a verificar in situ qué sucedía.
Al constatar la grave contaminación por partículas y polvo en el aire, abrieron una
investigación a la Drummond. Y a pesar de las presiones, incluso dentro del mismo
gobierno para que la frenaran, el ministerio se llevó a Bogotá todos los expedientes que
estaban congelados en la corporación local de control ambiental. Por tratarse de una zona
de alto impacto ambiental, se decidió que era la entidad nacional y no la local la que debía
intervenir.
Las empresas finalmente se comprometieron a mejorar las condiciones de la zona y a
reubicar a cuatro poblaciones (Plan Bonito, El Prado, El Hatillo y Boquerón), las más
afectadas por la contaminación por el polvillo de carbón. Pero hasta ahora, todo sigue
igual.
Quizás lo más preocupante del daño ambiental es que, como lo ha demostrado el experto
Guillermo Rudas, con el auge minero los gobiernos no han cumplido la norma que les
indica que deben invertir al menos 17 % de la regalías en la preservación y mejoramiento
ambiental. Apenas destinaron el 3,2% en promedio entre 2004 y 2009. Además, mientras
la producción minero-energética pesa cada vez más en la producción nacional, el
presupuesto ambiental como porcentaje del PIB ha sido cada vez menor.
SIN PREVENCION
Tampoco están bajo control de las autoridades los accidentes laborales del sector que a
mayo de este año había dejado ya 62 mineros muertos. La mayoría de estos accidentes
suceden en las pequeñas minas artesanales en cuatro departamentos que producen
carbón de socavón: Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Norte de Santander. La mayoría
se produce cuando el gas metano atrapado en la mina estalla con una chispa de una
lámpara o una cerilla o cuando los rudimentarios soportes de la mina se desploman.
Hasta ahora los sucesivos gobiernos han anunciado apoyo para mejorar las condiciones
de seguridad de los mineros, pero como sucedió en la mina San Fernando, en Amagá
(Antioquia), en junio de 2010, donde perecieron 73 trabajadores, la respuesta más
frecuente es cerrar la mina después de la tragedia. Al poco tiempo la gente se las ingenia
para volver a trabajar porque no tienen otro medio de ganarse la vida. Así lo documentó
en detalle la televisión local en un programa desgarrador sobre el caso.
RETOS Y MEDIDAS
Para que la minería en Colombia pueda institucionalmente ser medianamente
administrada y fiscalizada, es necesario reforzar el sector.
En el año de gobierno ya se consiguió aprobar un Sistema Nacional de Regalías para
administrar mejor las compensaciones. Ahora ya no irán sólo a los territorios de dónde
salen los minerales, sino también para financiar el desarrollo social, económico y
ambiental de los municipios más pobres, entre otras modificaciones. Además, el 2 % irá a
fortalecer la capacidad estatal de fiscalización, el conocimiento y la cartografía geológica
del subsuelo; dos tareas que el Estado ha desempeñado pobremente.
Por ahora, además, se congeló la recepción de nuevas solicitudes de títulos mineros a la
espera de que se terminen de procesar las cerca de 19 mil acumuladas. En lo que va de
2011 tan sólo han emitido 187 títulos. Otro de los anuncios del nuevo gobierno es que
Ingeominas volverá a concentrarse en investigar el territorio nacional, ampliamente
desconocido a los niveles de detalle que requiere la minería. La administración correrá por
cuenta de la Agencia Nacional de Minería.
También deberá reformularse el Código Minero ya que la Corte Constitucional tumbó la
ley que lo reformó en 2010, y sólo para dejar vigente la prohibición tajante de permitir
minería en páramos, aplazó su término por dos años más, hasta que el gobierno apruebe
una nueva ley. Se deberá normar además, la entrega de áreas de concesiones en
cuadrícula, y no las irregulares que se han prestado para tantos juegos especulativos.
Desde la industria minera los anuncios se reciben con sentimientos mezclados. Volver a
abrir la caja de Pandora de intereses que significa cada reforma al Código Minero puede
tener un final impredecible. El más temido es que les arruine la rentabilidad de sus
inversiones. Aunque evidentemente, les será más fácil operar con instituciones más
transparentes y menos arbitrarias, como por ejemplo, un nuevo catastro minero.
El gobierno está buscando también cómo mejorar su pobre capacidad de fiscalización.
Según un informe de mayo de la Contraloría, varias compañías mineras, entre
ellas Drummond, Cerro Matoso y Prodeco, subsidiaria de Glencore, pagaron cercan de
US$150 millones menos en regalías al Estado en 2007 y en 2008 de lo que debieron
pagar.
El gobierno cree que la mejor manera de fiscalizar la producción y el cumplimiento de las
normas de seguridad, es delegar la tarea al sector privado. Una idea que despierta todo
tipo de temores ya que otra iniciativa similar para controlar la inversión de regalías en los
territorios, terminó contratando firmas privadas interesadas más en bajar costos que en
realizar la difícil y peligrosa tarea de vigilar el buen uso de las regalías.
Por último, Colombia está considerando si mantiene las tarifas impositivas y de regalías
actuales, que según varios estudios le dejan al gobierno proporcionalmente menos
recursos que a otros países productores.
No es exagerado decir que si Colombia aprovecha bien su bonanza minera, puede saltar
al desarrollo. El auge minero y petrolero es una oportunidad única para darle un empujón
al país en materia de infraestructura y sacar de la pobreza a gran parte del 46 % de los
colombianos que aún no tiene los ingresos suficientes para tener una vida digna. Pero
para ello debe haber conciencia de que cada peso que se obtenga es un patrimonio que
ya no se podrá recuperar.
El camino para ello no es fácil. El gobierno deberá crear fórmulas para desterrar las
mafias y darles espacio a los mineros artesanales. Además, deberá imponer ante las
empresas que corrompieron las instituciones y violaron la ley, una nueva ética de
desarrollo sostenible. Una vez creados los mecanismos institucionales adecuados, tendrá
que hacer valer la protección del medio ambiente colombiano como un tesoro más valioso
que el oro y el carbón.
Para esa gran transformación pendiente los tiempos políticos son cortos. Mientras la
locomotora minera va a toda máquina cruzando la vía de un negocio de miles de millones
de dólares, el temor de que la promesa de prosperidad termine en un mero espejismo
sigue vigente para la gran mayoría de los colombianos.
http://ciperchile.cl/wp-content/uploads/Cuadro-10-mineras-de-colombia.pdf
http://ciperchile.cl/multimedia/29980/