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1 El sentido de comunidad étnica y la conservación de los recursos naturales en Jalapa Claudia Dary F. 1 FLACSO, Guatemala Prepared for delivery at the 2003 meeting of the Latin American Studies Association, Dallas, Texas. March 27-29, 2003 “Hay terrenos comunales pero en las aldeas, en el pueblo había antes, pero como los ricos vinieron en aquel tiempo, se quedó sin comunal el pueblo. Como le vuelvo a repetir: aquí el que tiene más tierra es el rico. ¡Eso téngalo por historia! Ustedes no van a decir que el campesino natural indígena tiene tierra. Aquí apenas tenemos la puerta de la casa” (Don Venancio, San Pedro Pinula, abril 2002) Introducción La presente ponencia 2 aborda a grandes rasgos el proceso histórico de formación de algunas comunidades indígenas y ladinas-pardas del actual departamento de Jalapa (región oriental de Guatemala) en la medida en que esto nos es útil para comprender y explicar los hechos que condujeron a la actual situación de tierras del departamento. Tal situación es peculiar en comparación a otras regiones del país, ya que existe en varios municipios extensiones bastante grandes de terreno comunal. Para comprender la persistencia de esta forma de tenencia, también se observará la autoadscripción étnica, las relaciones interétnicas y de clase en torno a las mismas. Asimismo se analiza la estructura, organización y normas internas de las comunidades rurales con relación al mantenimiento de la unidad de las tierras comunales, de las estrategias en torno a la conservación y uso de los recursos naturales (particularmente los bosques) poseídos en común. Es decir, me pareció que no podía estudiar la concepción que los sujetos sociales tienen sobre sus bosques ni las acciones que emprenden en torno a los mismos, si no se comprende el proceso histórico que explica la situación de tierras sobre las que crecen dichos bosques. La narrativa económica neoliberal sostiene que la propiedad privada es económicamente más eficaz que la comunal porque dada a su pobreza, los campesinos tienden a deforestar grandes áreas para sembrar por lo que son directamente responsables del deterioro de los recursos. Varios autores 3 , sin embargo, sostienen que las organizaciones sólidas en donde sus miembros conocen sus derechos y obligaciones pueden ser eficaces para la conservación y uso sostenible de los recursos. Yo creo que si bien eso es cierto, no basta con tener agrupaciones fuertes ni con contemplar la gestión colectiva indígena de manera idealizada al estilo del “buen salvaje ecológico” sino también considerar que tales grupos sociales deben reconocerse y respetarse por parte del Estado, siempre y cuando las mismas 1 Guatemalteca, antropóloga social. Actualmente trabaja en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales –FLACSO-Sede Guatemala, así como en el Instituto de Estudios Étnicos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 2 Esta ponencia constituye un resumen de una investigación llevada a cabo en 2002 bajo el nombre de “Tierras y Bosques Comunales en Mesoamérica” dirigida por la autora y con el apoyo de la Ingeniera Agrónoma Violeta Reyna, investigadora asistente. No obstante, el presente artículo es responsabilidad de C.Dary. La investigación fue posible gracias a los auspicios de la F. Ford. 3 Elinor Ostrom. El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de acción colectiva. México, UNAM, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y Fondo de Cultura Económica, 2000.

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El sentido de comunidad étnica y la conservación de los recursos naturales en Jalapa

Claudia Dary F.1 FLACSO, Guatemala

Prepared for delivery at the 2003 meeting of the Latin American Studies Association, Dallas, Texas. March 27-29, 2003

“Hay terrenos comunales pero en las aldeas, en el pueblo había antes, pero como los ricos vinieron en aquel tiempo, se quedó sin comunal el pueblo. Como le vuelvo a repetir: aquí el que tiene más tierra es el rico. ¡Eso téngalo por historia! Ustedes no van a decir que el campesino natural indígena tiene tierra. Aquí apenas tenemos la puerta de la casa” (Don Venancio, San Pedro Pinula, abril 2002) Introducción La presente ponencia2 aborda a grandes rasgos el proceso histórico de formación de algunas comunidades indígenas y ladinas-pardas del actual departamento de Jalapa (región oriental de Guatemala) en la medida en que esto nos es útil para comprender y explicar los hechos que condujeron a la actual situación de tierras del departamento. Tal situación es peculiar en comparación a otras regiones del país, ya que existe en varios municipios extensiones bastante grandes de terreno comunal. Para comprender la persistencia de esta forma de tenencia, también se observará la autoadscripción étnica, las relaciones interétnicas y de clase en torno a las mismas. Asimismo se analiza la estructura, organización y normas internas de las comunidades rurales con relación al mantenimiento de la unidad de las tierras comunales, de las estrategias en torno a la conservación y uso de los recursos naturales (particularmente los bosques) poseídos en común. Es decir, me pareció que no podía estudiar la concepción que los sujetos sociales tienen sobre sus bosques ni las acciones que emprenden en torno a los mismos, si no se comprende el proceso histórico que explica la situación de tierras sobre las que crecen dichos bosques. La narrativa económica neoliberal sostiene que la propiedad privada es económicamente más eficaz que la comunal porque dada a su pobreza, los campesinos tienden a deforestar grandes áreas para sembrar por lo que son directamente responsables del deterioro de los recursos. Varios autores3, sin embargo, sostienen que las organizaciones sólidas en donde sus miembros conocen sus derechos y obligaciones pueden ser eficaces para la conservación y uso sostenible de los recursos. Yo creo que si bien eso es cierto, no basta con tener agrupaciones fuertes ni con contemplar la gestión colectiva indígena de manera idealizada al estilo del “buen salvaje ecológico” sino también considerar que tales grupos sociales deben reconocerse y respetarse por parte del Estado, siempre y cuando las mismas 1 Guatemalteca, antropóloga social. Actualmente trabaja en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales –FLACSO-Sede Guatemala, así como en el Instituto de Estudios Étnicos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 2 Esta ponencia constituye un resumen de una investigación llevada a cabo en 2002 bajo el nombre de “Tierras y Bosques Comunales en Mesoamérica” dirigida por la autora y con el apoyo de la Ingeniera Agrónoma Violeta Reyna, investigadora asistente. No obstante, el presente artículo es responsabilidad de C.Dary. La investigación fue posible gracias a los auspicios de la F. Ford. 3 Elinor Ostrom. El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de acción colectiva. México, UNAM, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y Fondo de Cultura Económica, 2000.

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discutan y actualicen al interior de las mismas sus normas, las formas de participación con equidad de género que se adapten al nuevo contexto económico, ecológico y también político. Además de lo anterior, en este lugar sostengo que las personas asociadas como comunidad insisten en denominarse como tal como una estrategia étnica que hace posible no solo el mantenimiento de su identidad, su territorio histórico y sus tierras sino además como manera de captar y mantener cuotas importantes de poder local en la región. En este sentido, tales comunidades desean presentarse como homogéneas y coherentes, aunque en realidad no lo sean tanto. Esto es así porque algunas comunidades como ladinos pardos, están integradas por campesinos de subsistencia, maestros, comerciantes, negociantes de madera, todos con diferente status económico y distintos intereses aunque se reconozcan todos ellos como parte de “la comunidad”. El manejo de esa imagen es instrumental para las organizaciones con el fin de evitar injerencia de personas foráneas a las mismas y del mismo Estado. Actualmente se presentan algunos problemas institucionales al interior de estas comunidades que hacen imposible el total cumplimiento de ciertas normas de acceso y uso de los recursos naturales. Ello explica, en parte, el deterioro ecológico de la zona. Pero esa explicación es insuficiente. Agregado a ello, deberá apuntarse como motivos causales de tal desgaste la insuficiente e ineficiente presencia estatal en la zona, la corrupción en el manejo de los recursos de uso público y el conflicto permanente entre la institución estatal encargada de velar por los recursos y las mismas comunidades. Creo que ninguno de estos temas puede ser explicado sin una perspectiva histórica. En la presente ponencia voy a aludir a grandes rasgos al caso de las comunidades indígenas y ladinas del departamento de Jalapa. Sostengo que, inicialmente tales comunidades se han organizado para la defensa de sus tierras comunales –valorando más sus usos agrícolas sobre los forestales- y para regular el acceso a los recursos. Si bien esto funciona así como un aspecto puramente práctico, creo que en el fondo, lo que la gente defiende es un modo de organización con arraigo histórico, así como una identidad cultural que no es estática. La identidad étnica debe referirse a situaciones concretas y en este caso, he tomado la tierra, las relaciones de poder en torno a la misma como centro de atención.

En el oriente de Guatemala y, particularmente en Jalapa, existen tierras comunales desde la época colonial. En esta zona la población indígena es menor y está constituida por poblaciones que, a modo de bolsones, se insertan en un área mayoritariamente mestiza. Salvo pocas excepciones, estas comunidades indígenas jalapanecas están poco desarrolladas –sobre todo si las comparamos con el protagonismo político y económico de organizaciones del altiplano occidental, bocacosta y verapaces-. Se escogió Jalapa porque ni en lo sociocultural ni en lo económico-ambiental el departamento ha sido suficientemente estudiado ni atendido. Los historiadores por su parte, se han ocupado más por el movimiento de la Montaña del siglo XIX, así como por la contienda entre conservadores y liberales que en tal siglo logró manipular y movilizar por determinados periodos, a las poblaciones campesinas de Jalapa. Pero el descuido en el estudio y consideración de la zona no es privativo de los académicos. También los políticos se han olvidado bastante del departamento a no ser cuando se acerca una campaña electoral.

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Los deficientes caminos y veredas, el escaso servicio eléctrico y la falta de agua en muchas aldeas evidencian este abandono.

Me voy a referir aquí particularmente a la comunidad de Guisiltepeque (San Pedro Pinula), a la de Santa María Jalapa y a la de ladinos – pardos (Jalapa). También se hará alusión a las comunidades indígenas de San Carlos Alzatate, San Luis Jilotepeque y San Pedro Pinula. Importancia y significado social de la noción de “comunidad” Las comunidades se organizan sobre la base de su constitución histórica sobre determinado territorio, lo cual es importante a la hora de definir su pertenencia étnica, la que no se fundamenta necesariamente en los rasgos diacríticos como la práctica de un idioma y un traje común. Aunque ha caído en desuso, el concepto de “comunidad’ es todavía de interés para entender la relación histórica y cultural de un grupo humano con su territorio, con los mismos individuos de su grupo étnico, con los que no pertenecen a éste y con su entorno natural y la manera en que éste ha sido utilizado por dicha comunidad a través del tiempo. Tradicionalmente (F.Tonnies) la palabra “comunidad” implicaba relaciones de solidaridad, reciprocidad, respeto e identidad cultural. Algunas de estas características podrían aún sostenerse, sin embargo, la comunidad implica más que todo, mecanismos de control y acceso a la tierra, al poder y supervisión de las relaciones de parentesco.

Pero también el término comunidad alude a tipos ideales de redes sociales en donde sus miembros comparten características similares aparte de una identificación local específica, tal sería el caso de la etnicidad.4 La noción de comunidad no implica necesariamente que estemos aludiendo a comunidades congeladas en el tiempo, sino a grupos sociales que pese a que han cambiado desde el punto de vista, económico y cultural, siguen concibiéndose como comunidad. Descripción general de la zona y de las comunidades Jalapa es un departamento de 270,055 habitantes (2000)5 que se encuentra en la región centro oriental de Guatemala, a 100 kilómetros de la ciudad de Guatemala y cuenta con 7 municipios. Su topografía es quebrada y presenta zonas de regular altura, desde valles ubicados a 600 msnm6- hasta montañas a 3,000 msnm con bosques de encinos y confieras.7

4 Gordon Marshall. The Concise Oxford Dictionary of Sociology. Oxford University Press, 1994. p. 73. Según Rasnake, la etnicidad es una estrategia que se adopta cuando grupos sociales entran en interacción. Con ello, el autor se refería a la capacidad de un grupo constituido social e históricamente para actuar colectivamente contra otros o en defensa de los otros. La etnicidad se refiere a la identidad colectiva que “puede dar cohesión, continuidad y legitimidad a la acción estratégica.” En, Baud, Koonings, et. al. 1996. Etnicidad como estrategia en América Latina y el Caribe. Quito, Ecuador, Abya-Yala. 5 PNUD, Informe de Desarrollo Humano 2001. Guatemala: el financiamiento del desarrollo humano. Guatemala, Sistema de Naciones Unidas, 2001. p. A40 6 msnm= metros sobre el nivel del mar 7 Base de Datos Digital de la República de Guatemala a escala 1:250,000. MAGA. 2001.

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Según el último Censo de Población los pueblos con mayor población indígena de Jalapa son San Carlos Alzatate (85.6 %), San Luis Jilotepeque (70.3 %) y San Pedro Pinula (68.9 %) (Ver Cuadro No. 1 en el Anexo). En términos generales el Instituto Nacional de Estadística ha tomado la etnicidad en base al traje e idioma como marcador étnico fundamental, sin embargo, al visitar aldeas y caseríos del departamento de Jalapa se logra constatar que la gente se autoidentifica como natural, lo que nos haría suponer que la población indígena de San Pedro Pinula, por ejemplo, es mucho más alta. También se observó que la autodientificación en base a los aspectos de clase es muy fuerte: “aquí somos campesinos”, o bien “naturales-campesinos”. Las comunidades estudiadas viven de las siembras de subsistencia básicas en Guatemala: maíz y frijol. En algunas partes más altas y frescas se siembran frutales (como el melocotón y el jocote) y café, dos cultivos que logran producir ciertos excedentes que se venden internamente. No obstante, es obvio que la tierra ya no produce lo suficiente y que faltan fuentes de trabajo. Por eso, mucha gente se ve en la necesidad de migrar hacia Petén, para arrendar tierras más fértiles y donde llueve más, mientras que otros prefieren irse a los Estados Unidos o a la capital. El factor migratorio es de extrema importancia, sin embargo, su introducción en este lugar excede los límites del estudio. En todo caso, la migración interna como externa no logra frenar la presión sobre los recursos. En los municipios estudiados los porcentajes de pobreza8 y extrema pobreza son bastante altos. Se ha considerado que gran parte de la población vive con menos de $1.00 diarios. Esta situación ocurre por factores de origen histórico que han determinado una desigual distribución de la tierra y a procesos agudos de exclusión y discriminación étnica y racial. En Jalapa el porcentaje de pobreza general es del 72.59 % (dato para todo el departamento en el año 2000) uno de los más altos del país9 y el de pobreza extrema del 20.23 %. Mientras que el índice de desarrollo humano fue de 0.57 para 1999.10

Las personas de las clases altas de Jalapa, son usualmente ladinos, que viven de la crianza de ganado en fincas grandes y medianas, de la venta de madera, de sus profesiones en la capital y del comercio a mediana y gran escala. Actualmente se evidencia la concentración de las tierras fértiles en determinado segmento social (clase alta) mientras que el 89 % de

8 De acuerdo con la Estrategia Nacional de Reducción de la Pobreza , ser pobre significa tener limitaciones para ejercer plenamente los derechos cívicos y políticos, en especial, el derecho a la alimentación, salud, educación y previsión social de acuerdo a los artículos 51, 99 y 100 de la Constitución. Asimismo, el pobre no se beneficia del derecho a los progresos científicos ni tecnológicos de la nación, ni de la educación. Sus ingresos tampoco le permiten cubrir los gastos de consumo de bienes culturales. Una persona pobre es además aquella que no puede ejercer su derecho a un trabajo en “condiciones económicas satisfactorias que garanticen el trabajador y a su familia una existencia digna”, y que sea equitativamente remunerado (Artículo 102, incisos a y b), 9 Porcentajes de pobreza en Guatemala por departamento: San Marcos (86.66%), Huehuetenango (77.85%) Totonicapán (85.62%), Quiché (81%), Alta Verapaz (77.85%). Fuente: Estrategia Nacional para la Reducción de la Pobreza. PNUD e Informe de Desarrollo Humano 2001 citado en la nota al pie anterior, pág. A33. 10 Como datos comparativos pueden citarse los siguientes: el índice de desarrollo human (idh) para Chimaltenango es de O.59, Totonicapán= 0.49, Gutemala=0.74, Jutiapa=0-61, San Marcos=0.54. En. Informe de Desarrollo Humano 2001. p. A28 y A29.

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los propietarios de predios o fincas poseen terrenos menores a 10 manzanas (7 hectáreas).11 Cabe señalar que la ocupación de tierras irrigables por parte de estas familias criollas (locales) y ladinas acomodadas durante la colonial (especialmente durante el siglo XVIII) prácticamente arrinconó a los indígenas a las laderas y cumbres montañosas en donde los rendimientos agrícolas son más bajos y por consiguiente esto explica, en parte, su pobreza y exclusión. Muchas de estas familias de clase media y alta viven en la ciudad capital o en la cabecera municipal. La gran mayoría de la población jalapaneca es rural. Jalapa se caracteriza por tener municipios con alta población rural (72.3 % de ruralidad en el departamento, según INE, 1,996), tal es el caso del municipio de Jalapa, San Pedro Pinula y Mataquescuintla.

En el área rural de Jalapa predominan relaciones de trabajo de tipo semi-feudal pues ocurre un sistema de arrendamiento de la tierra por medio del cual un agricultor que arrienda 10 tareas (o cuerdas) de 15 brazadas debe pagar al dueño con trabajo al que se llama localmente “faina” (faena) o “tareas de mano”, las cuales consisten en dar un día de trabajo arreglando cercos y otro día deshojando maíz en tierras del dueño de los terrenos. De esta forma, el terrateniente logra obtener gran cantidad de mejoras en sus terrenos sin pagar ni un centavo pues todos los arrendatarios están obligados a realizar alguna tarea específica asignada por el patrón. Además, luego de que los campesinos cosechan su maíz, el ganado de los dueños del terreno entra a comer el rastrojo de la milpa, hecho del que obtienen gran beneficio. Esta situación ha dado lugar a mucho descontento entre el campesinado. En Jalapa hay una dependencia muy alta de la leña como principal energético. De modo tal que más del 97 % de los hogares rurales jalapanecos cocinan con leña que se extrae de los bosques de los alrededores.12 A nivel nacional, un 78% de los hogares consumen leña en las cocinas y en la fabricación de artesanías.13 Como resulta obvio, este hecho impacta en la disminución de las zonas boscosas. Sin embargo, el consumo de leña no es lo que per se termina con los bosques, sino la tala inmoderada e ilícita –aspecto que por sus mismas características es difícil de cuantificar- así como la falta de normas claras sobre las formas de acceso y uso del recurso. En el departamento hay bosques privados, comunales y municipales. Se encontró que aquellos en mejores condiciones son los privados y también se ha determinado que los comunales se deterioran a costa de mantener intactos los bosques privados. El régimen de tenencia y posesión de tierras comunales Es importante diferenciar entre el régimen de propiedad de un recurso (es decir a nombre de quién está el título de propiedad legalmente registrado), que puede ser comunal, municipal o privado y, el tipo de administración de tal recurso que puede ser comunal, estatal, por cooperativa, etc. En nuestro estudio nos encontramos con regímenes de propiedad comunales con administración comunal y con regímenes de propiedad 11 Censo Agropecuario de 1979, INE. 12 En 1994, de un total de 25,928 hogares rurales, 25,177 cocinan con leña. X Censo Nacional de Población y V de Habitación. Departamento de Jalapa. Guatemala, Instituto Nacional de Estadística, 1996. p. 96. 13 César Sandoval. Estudio de casos sobre combustibles forestales. Guatemala. Santiago, Chile: Proyecto sobre información y manejo forestal sostenible: Integrando esfuerzos nacionales e internacionales en 13 países tropicales en América Latina (CEE-FAO), Mayo 2001. p. 8

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municipales con administración comunal. También tenemos casos de terrenos con administración mixta, es decir que se negocia entre la comunidad y la municipalidad. Decidí concentrarme en aquellos regímenes de tenencia y administración, ambas comunales. En el municipio de Jalapa (Jal.) existen dos comunidades que tienen tierras comunales y bosques comunales: 1. Comunidad de los “xalapanes” o “comunidad indígena de Santa María Jalapa”14, la cual se autodefine como indígena o como natural pero en donde ya no se habla el idioma poqomam. Esta comunidad tiene 397 caballerías15 de terreno (17,865 ha) dividida en tres partes, esta compuesta por 12 aldeas y de alrededor de más 60,000 habitantes (en total). De ese número de caballerías, aproximadamente 5 están constituidas por bosque, lo de más es tierra agrícola. Su sede u oficina esta en la ciudad de Jalapa.16 2. La “Comunidad de Ladinos Pardos”17. Posee 95 caballerías 18 (4,320 ha.), de las que solo una o media es de bosque.19 La comunidad incluye 8 aldeas y más de 30, 000 habitantes. Se ubica al occidente de la cabecera departamental. Su sede esta en la ciudad de Jalapa. 3. Comunidad Indígena de San Pedro Pinula tiene registradas legalmente 796 caballerías20 y teóricamente comprendería casi la totalidad de aldeas del municipio (más de 30). La sede de la Junta Directiva de la Comunidad se ubica en las afueras del pueblo de Pinula y es allí en donde se guarda una copia del título de tierras.

14 Esta comunidad está compuesta por tres lotes: 1) Alutate (204 caballerías), 2) Tatasire, Portezuela, Sachico (185 cab) y 3) Arloroma (8 cab.). cfr. Segura Lorenzana, 2001. Según Callejas, la comunidad de Santa Ma. Xalapán cuenta con más de 65,000 miembros. Según el citado profesional esta comunidad no ha sufrido de desmembración de tierras. Entrevista hecha en CONTIERRA el 5 de abril de 2002. 15 La caballería es una medida española antigua. Originalmente la caballería era una parcela de tierra que después de la conquista de un país se repartía a los soldados de a caballo. Su extensión varió según épocas, países y regiones. En la actualidad equivale a 64 manzanas (o a 450,000 metros cuadrados). Historia General de Guatemala. Tomo II. Guatemala, Asociación de Amigos del País y Fundación para la Cultura y El Desarrollo, 1994. p. 834. Otras equivalencias: 1 caballería= de 43 a 45 hectáreas (ha.); 1 cab= 64 manzanas (mz.); 1 manzana=0.69 ha. 16 También véase Jorge E. Molina L. Crecimiento demográfico versus recursos naturales: los bosques comunales en el oriente de Guatemala. El caso de las comunidades de Ladinos Pardos, Santa María Xalapán y Suchitán. Guatemala, FLACSO. Informe de Consultoría. 17 Severo Martínez Peláez explicaba que en la época colonial, la sociedad estaba dividida en “dos clases sociales” bien definidas: los indios y los criollos. En medio de ambas se encontraban los mestizos, mulatos, zambos, pardos y otros grupos que denotaban mezclas raciales y culturales. Uno de tales grupos, los pardos, abarcaban a otros: “…la plebe estaba constituida por mestizos, mulatos, zambos, negros libres y multitud de combinaciones que se englobaban en la designación de “pardos”; pero había pardos acomodados –artesanos, tenderos, artistas- que a nadie se le hubiera ocurrido decir que pertenecían a la plebe. Eran pardos de otro nivel económico y social. Así, también, había artesanos, tenderos y artistas arruinados, no acomodados, que pertenecían a la plebe. Eran pardos de otro nivel económico y social (…). La plebe era la masa pobre de la ciudad” En, La Patria del Criollo. Guatemala, Ed. Universitaria, 1970: p. 289). 19 Entrevista con el ex vicepresidente de la comunidad de ladinos pardos, Profesor Carlos Guzmán, Ciudad de Jalapa, abril de 2002. p. 18. 20 Finca Rústica No. 5622, 5623. Folios 237 y 239. Libro 34 de Jalapa. Registro de la Propiedad Inmueble. Ciudad de Guatemala.

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4. La comunidad de Guisiltepeque, está constituida por los habitantes de una aldea -y sus cuatro caseríos- propietaria de 26 caballerías legalizadas en la segunda década del siglo XX. Tiene cuatro pequeños bosques comunales. La oficina de la comunidad se encuentra en el centro de la aldea.21 5. La comunidad de San Luis Jilotepeque no tiene un titulo legal de tierras comunales, sino que este fue absorbido por la municipalidad. Sí hay evidencia histórica de que antiguamente hubo bastante tierra en manos de la comunidad22 y en poder de cofradías. Hay un área muy pequeña que todavía se conoce como “El Común”, cuyas tierras son usufructuadas por habitantes de algunos barrios del casco urbano quienes reconocen derechos familiares antiguos sobre las mismas.23 Además del “Común”, se encuentra el bosque El Pinar es administrado formalmente por la municipalidad con el apoyo de un comité local formado por indígenas y que se denomina “Guardianes del Bosque”. En este caso se trataría de una administración municipal- comunal. Se ha calculado que más del 90% de la tierra de este municipio pertenece a pocos propietarios, muchos de los cuales viven o en la capital o en Estados Unidos.24 Es interesante mencionar que la comunidad de San Luis es mas activa a en los aspectos de promoción cultural que en las demás comunidades. 6. Comunidad de San Carlos Alzate, con 98 caballerías compartidas por 4 aldeas y más de 15, 000 habitantes. Es interesante indicar que la totalidad de tierras del municipio corresponden a las tierras comunales. La sede se encuentra en el centro de la cabecera municipal. La organización de esta comunidad se percibe como la más sólida de la zona, la más activa. No obstante, merecería un estudio posterior más detenido. Como se ha mencionado en la actualidad cada una de estas “comunidades” está compuesta por varios núcleos poblacionales conocidos como aldeas y caseríos, pero antiguamente las mismas formaron parcialidades y hermandades representadas por mayordomos, alcaldes indígenas y principales. En términos generales, todos los habitantes de las comunidades comparten el uso de la tierra siempre y cuando hayan nacido dentro del límite territorial de tales tierras. Es decir que las personas son usufructuarias de la tierra pudiendo comprar y vender terrenos entre la gente de su misma comunidad y no a foráneos (claro que se dan excepciones la regla).25

21 Archivo General de Centro América (AGCA) Paquete 16, Expediente 11. Año 1930. 22 En cuanto a tierras comunales de S. Luis exige un documento fechado en 1757 en el que se hace constar que las tierras de los indios lindaban con el volcán de Ipala y terrenos privados. En esa época se quejaban los indígenas que algunas personas se les habían introducido en sus ejidos, entre ellas, curas locales. AGCA A1 Leg.6002. Exp.52852. 23 Mario Sosa y Benneditha Cantanhede. Perfil de pobreza en San Luis Jilotepeque, Jalapa. Guatemala, FLACSO-SEGEPLAN. Inédito. Original en Biblioteca de FLACSO. 24 Ibidem 25 Las relaciones de parentesco y los derechos sobre las tierras comunales adquieren particular importancia para el caso de la Comunidad de Ladinos Pardos en donde solamente los nacidos en alguna de las ocho aldeas que integran la Comunidad pueden tener derecho a heredar, comprar y vender tierras. Si un hombre de esa comunidad se casa con una mujer foránea, ella puede usar esa tierra y heredarla a sus hijos, pero no la puede vender ni tampoco puede comprar. Pero si la mujer es de la comunidad, si está autorizada para vender y comprar y para titular pequeñas parcelas de esa tierra a su nombre. Esto también tiende a ocurrir entre los de Sta. Ma. Xalapán

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Esto es así solo para los casos de las dos comunidades del municipio de Jalapa y la de San Carlos Alzatate. La mayor parte las tierras comunales de estas comunidades se emplea en la agricultura, quedando pocas caballerías de bosque que son administradas por las mismas comunidades con relativa poca ingerencia del Instituto Nacional de Bosques (INAB) y muy poca de la municipalidad.

Todas las comunidades, salvo la de San Luis, tienen títulos antiguos (coloniales) de sus tierras. Hay una diferencia bastante grande en cuanto a la certeza jurídica de las tierras y el conocimiento actual de los límites físicos reales de la propiedad entre las dos comunidades de Jalapa (tanto la de indígenas o xalapanes como la del ladinos pardos) y las de San Pedro y San Luis Jilotepeque. Como se ha dicho las dos primeras tienen sus títulos de tierra en su poder y logran controlar la venta y compra de sus tierras entre ellos mismos garantizando un acceso bastante seguro a las mismas. Por contraste, la de San Pedro, existe el título de tierras pero este hecho no implica que la junta directiva ni mucho menos los pobladores de las más de 30 aldeas que en teoría son las copropietarias de las tierras conozcan los límites reales ni que pueda tener ningún control de compra, venta o mejoramiento de esas tierras y bosques. Esto se debe a que el poder de decisión sobre las mismas está a cargo de la municipalidad regida por ladinos y que usualmente favorece a este sector bajo redes de clientelismo. Es decir, probablemente en época de Ubico o poco después, los pinulenses perdieron el control sobre sus tierras. Lo mismo sucede con las tierras de San Luis que de hecho ya no existen como comunales sino como municipales y están siendo administradas por la misma municipalidad también a cargo de ladinos pero en este caso con alguna participación indígena a través del comité mencionado antes. Hasta donde hemos podido ver la Comunidad de San Pedro Pinula existe más de nombre que en la realidad. Tiene una junta directiva que está en proceso de recomposición. Sin embargo, es en este pueblo en donde el número de habitantes indígenas es mucho mayor y en donde el título de tierras legalizado en 1910 asegura que éstos son propietarios de casi 800 caballerías.26 ¿Qué pudo pasar entonces para que los indígenas perdieran el control sobre sus propias tierras? y ¿qué significa esto hoy para la dignidad y economía indígena?

En San Luis y San Pedro lo que sucedió fue que cuando la población ladina comenzó a crecer, demandó y progresivamente ocupó más tierras. Sin embargo, como la legislación Indiana de la época de la colonia, no previó tierras para los no indígenas, se dio la invasión de tierras comunales ya que “una estrategia favorita de los ladinos fue la de reclamar tierras comunales en nombre del municipio, pues ellos generalmente manejaban los gobiernos municipales y esto les permitía manipular las tierras a su antojo. A veces, el gobierno se movilizaba para proteger las tierras. Por ejemplo, en octubre de 1910, Estrada Cabrera emitió un decreto para proteger las tierras ejidales de San Pedro Pinula, y prohibió

26 Concretamente el título dice que la Comunidad Indígena de San Pedro Pinula es propietaria de 795 caballerías, 22 manzanas y 3,496 varas cuadradas.26

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cualquier acción legal que las amenazara.” 27 No obstante, desde el siglo anterior, más de 40 ladinos vecinos de San Pedro Pinula protestaban porque el medidor había comprendido todos sus potreros dentro del terreno de “los pinulas”28, lo cual quiere decir que se concedió un título a los indígenas pero la invasión de tierras por parte de vecinos mestizos ya se había dado y desde varios años atrás.

Parece ser que la Comunidad Indígena de San Pedro Pinula conservó cierto poder sobre sus tierras comunales hasta los años 40, cuando la alcaldía dejó de ser administrada por indígenas y los mestizos comienzan a llegar al poder por la vía de las elecciones. Lo que sucedió que “después de la revolución de 1944, el poder público se separó de la participación ritual. A partir de esa fecha, la principal vía para llegar a los cargos municipales fue la participación en los partidos políticos y no en el servicio ritual tradicional”. Pero como dice Ramírez, “no fue ése el único factor que afectó la jerarquía tradicional: el costo económico, la injerencia de la iglesia católica y últimamente de la protestante han hecho desaparecer este sistema en algunas comunidades.”29 La propiedad total de los indígenas de San Pedro ha sufrido pocas desmembraciones legales, es decir, parcelas de terreno fueron separadas y pasaron a manos de la nación o de particulares. Muy pocas desmembraciones –alrededor de unas seis- fueron legalizadas e inscritas en el Registro de la Propiedad Inmueble de la ciudad capital en los años 80. No obstante, muchas desmembraciones son en realidad ilegales y se amparan únicamente con documentos conocidos como “titulaciones supletorias” sobre la propiedad privada, lo cual es ilegal pues la ley establece que no se puede titular supletoriamente sobre propiedad privada (individual o comunal). En San Pedro Pinula son relativamente escasas las desmembraciones legales y las que se han dado, han ocurrido en terrenos cerca del casco urbano.30 Entonces lo que se ha hecho es que sobre el primer piso, o sea que es la finca original comunal de San Pedro Pinula, se han montado estas otras fincas. Esto ha creado una doble inscripción de tierra. Eso se ha dado mucho en Jalapa y Jutiapa.31 Las comunidades: estructura interna y normas en torno a los recursos Cada comunidad tiene una junta directiva que se dedica a dirimir problemas de tierra pero que también, tiende a ver y analizar problemas domésticos. Además se celebran asambleas generales para aprobar decisiones tomadas en común.

27 Esta adjudicación de tierras aparece en la copia certificada de las medidas de los ejidos de San Pedro Pinula (Jalapa), en el Asiento No. 10, Folio 6, Tomo 8. Jalapa, 10 de enero de 1911. También, Cfr Richard Adams en su artículo publicado en la Historia General de Guatemala, Tomo V está citando a Jorge Skinner-Klée, 1954, p. 92 y 96-103 para ambos casos Legislación Indigenista de Guatemala. México: Instituto Indigenista Interamericano. 28 Mismo documento citado en la nota a pie de página anterior. 29 Margarita Ramírez y Luisa M. Mazariegos. Tradición y Modernidad. Lecturas sobre la Cultura Maya Actual. Guatemala, Universidad Rafael Landívar, Instituto de Lingüística, 1993. p. 277. 30 Las titulaciones supletorias son un documento por el cual una persona declara tener en posesión una parcela de tierra ante un Tribunal, por la vía civil, se pide el consentimiento de la municipalidad y si no hay oposición se inscribe una nueva finca., 31 Información de acuerdo con Callejas. CONTIERRA.

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La junta directiva de todas las comunidades se rige por acuerdos orales trasmitidos por generaciones, pero principalmente por estatutos y reglamentos aprobados por el Ministerio de Gobernación. De éstos, unos son más antiguos –como el de Santa María que data de 1923 y otros mucho más actualizados, como el de San Carlos Alzatate cuyos reglamentos y estatutos originales datan de 1930 pero que ha hecho actualizaciones en 1946, 1956, 1971 y 1990.32

Con la aprobación estatal de tales estatutos y reglamentos, las actividades de las comunidades persiguen adaptarse al marco legal vigente en el país y sus representantes buscan que se reconozca la personalidad jurídica de dichas comunidades. Al mismo tiempo, la comunidad desea que se reconozca que la misma es poseedora de las tierras y que tiene un derecho histórico sobre las mismas.

De acuerdo con Taracena Arriola, los acuerdos de aprobación de tales comunidades son interesantes porque “reflejan la pervivencia del significado ancestral del término comunidad en el universo legal guatemalteco del siglo XX” y porque el Estado al mismo tiempo está en ese momento aceptando formas tradicionales de convivencia. Sin embargo, según esta postura la aprobación de tales estatutos implica la continuación del tipo de legislación tutelar. 33

Apoyo la tesis de Taracena pero agrego que las comunidades se ven compelidas a inscribirse como tales en el marco del Estado como una forma de mantener su organización ancestral y sus tierras, pero en el fondo ellas mantienen una autonomía relativa frente a la injerencia del Estado y de personas particulares. Es decir, la legalización es una manera que formalmente cumple con los requisitos del Estado pero que les permite a los comunitarios seguir haciendo las cosas a su manera. Esto se refleja en la insistencia de los comunitarios cuando dicen que los problemas personales, de tierras, agrícolas y de otro tipo deben resolverse primero al interior de la junta directiva y de la asamblea de la comunidad y, sólo en caso de no llegar a un acuerdo, se recurre al alcalde auxiliar o al municipal. Como expresó el ex presidente de la comunidad indígena de Guisiltepeque “es que la comunidad tiene su poder”. Claro está que a lo largo del siglo XX se han dado muchos intentos por parte del Estado para desestructurar tales comunidades y para intervenir en viarias facetas de la vida de las mismas: la regulación sobre la extracción de los recursos naturales es un aspecto y otro, la administración de justicia. La actividad de los partidos políticos se hace sentir hasta mediados de los años 50 y la aparición de cooperativas, comités y otras instancias aparecen en Jalapa hasta los 70.34

En los acuerdos gubernativos que aprueban tanto a las comunidades mismas como sus estatutos y reglamentos se especifica que los mismos "no contienen disposiciones contrarias a las leyes del país”. Esto, por supuesto, es sujeto de un minucioso análisis crítico en cuanto a algunas disposiciones, por ejemplo, la expulsión de la comunidad que está contemplada en los regímenes disciplinarios y que puede ocurrir si la junta directiva o la 32 Estatutos de la Comunidad Indígena de San Carlos Alzatate. Jalapa: Imprenta Jumay, 1999. 46 p. 33 Arturo Taracena Arriola. Etnicidad, estado y nación en Guatemala, 1808-1944. Vol. 1. Antigua Guatemala: CIRMA, 2002. págs 380 y 381 (Colección ¿Por qué estamos como estamos?). 34 Orlando Segura Lorenzana. Memorias de un condueño. Jalapa: Imprenta Jumay, 2001. 59 y 115. .

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asamblea general lo determinan. En la actualidad esta disposición podría ir en contra de los derechos humanos. Hay también disposiciones orales y escritas que podrían atentar contra algunos derechos de la mujer a heredar tierras que ha trabajado junto al marido por muchos años.

En los estatutos se estipulan los derechos y las responsabilidades de los miembros activos de las comunidades; también se indican los requisitos para formar parte de la junta directiva. En los reglamentos se especifican las cualidades de las personas para formar parte de la comunidad, cómo acceder a las tierras y tener derechos de uso, posesión, venta y herencia de las mismas. Asimismo se establece cuánta cantidad de leña se puede recoger del suelo o cortar, cuántos árboles por familia (“tala de consumo familiar”) al año se conceden y para cuáles usos (solo para la vivienda y nunca para la venta), quienes son los encargados de supervisar o verificar la cantidad de árboles cortados, las sanciones para quien infringe la norma, cómo deben cuidarse los manantiales y cuándo debe dejarse ingresar al ganado al bosque, cómo debe ser la participación de los asociados en trabajos de infraestructura, de conservación de suelos y otras en torno a la reforestación y cuidado de los bosques o astilleros comunales. En muchos casos, tales reglamentos solo han colocado por escrito lo que ya se sabía y se practicaba de manera consuetudinaria o “por costumbre”. Los problemas Los problemas detectados hasta ahora han sido varios, entre ellos, que los reglamentos son obsoletos, no se han modificado desde los años 20 para el caso de la comunidad de Santa María. Y para el de ladinos pardos y San Pedro Pinula, se siguen rigiendo por los aprobados a mediados de los años 50. Muchos cambios deberían hacerse, por ejemplo, el pago de cuotas, de cinco centavos anuales a otra cantidad acorde con las necesidades del siglo XXI. Otro problema es que el periodo en que una junta debe permanecer en el poder debería sacarse nuevamente a votación, pues se detectó que muchos no están de acuerdo, por ejemplo en Santa Ma. Xalapán, en donde la Junta debe permanecer cuatro años y unas veces se queda hasta ocho. Otro dilema es que a veces se acepta a personas foráneas como miembros de la comunidad y, algunos de ellos, violan las reglas y cortan los árboles. Sin embargo, también al interior de las comunidades hay problemas a la hora de establecer la categoría de membresía (ser o no “derechoso”= con derecho a..) y los derechos sobre las tierras principalmente cuando el ( o la) cónyuge no ha nacido en tierras de la comunidad pero sin embargo ha trabajado en la zona toda su vida y reclama un derecho de herencia sobre las mismas. Pero el principal problema en torno a la toma de decisiones sobre los recursos naturales es el de los límites entre el poder de la comunidad y el Estado. Es decir, en muchas ocasiones los comunitarios establecen que no debe autorizarse la tala de determinado número de árboles en terrenos de su territorio cuando no se justifique la acción plenamente. Sin embargo, al poco rato el INAB ha autorizado la tala a personas de afuera o de dentro de la comunidad. Varios indicaron que se han dado sobornos a las instituciones del Estado de manera tal que la institución encargada de velar por los bosques se ha corrompido y suele también amparar el negocio ilícito de la madera. Como nos dijo un miembro de la comunidad de ladinos pardos: “ese fue el lío que tuvimos con el INAB porque de acuerdo

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con la ley, el INAB es quien tiene que autorizar (…) pero los comuneros exigen que no se les vete su reglamento porque dicen ‘nosotros cuidamos el bosque, nosotros tenemos derecho, no tenemos que ir a pedir licencias…” Al final de cuentas se pactó un acuerdo en el que la tala de árboles para consumo familiar es autorizada por comuneros dentro de los límites territoriales de su comunidad, pero cuando la madera debe salir fuera de esos límites y excede del número de tres árboles, hay que solicitar permiso al gobierno. A pesar de eso, los problemas continúan. En todo caso, con este breve ejemplo vemos que no se respeta la decisión de una comunidad siendo que de acuerdo con Ostrom y McKean35, para que el manejo comunal de los recursos naturales de propiedad común sea exitoso, los grupos usuarios deben tener el derecho a organizarse libremente, o al menos, que no sean intervenidos o molestados en su intento de hacerlo. Además, hay que fijarse muy bien en la historia jurídica particular de cada caso

Reflexiones finales En Jalapa asistimos a un escenario en donde la extensión total de tierras comunales en manos de las comunidades es bastante grande pero los llamados bosques comunales –como los que Sta. María Xalapán- son pequeños y están muy degradados con lo cual si consideramos únicamente la variable de administración comunal, diríamos que esta no está funcionando. Tendremos pues, que poner nuestra atención sobre otros factores que inciden en la salud del bosque como la tala ilícita, la falta de intervención del Estado, la corrupción de instituciones locales y otros factores.

Algunas normas tradicionales para el uso de los recursos están en desuso. Sin embargo, el principal problema es la falta de actualización de algunas de ellas y del reconocimiento general de dichas normas por parte del Estado. Han existido intensos procesos de discriminación y exclusión de la población indígena, la cual es extremadamente pobre y con altos índices de analfabetismo. Esta situación ha hecho que sus instituciones sociales hayan sido afectadas por los gobiernos locales muchas veces a manos de población ladina de la clase alta local, quien la ve como un grupo de analfabetas incapaces de autogestionarse. Además varias administraciones municipales ladinas han visto los bosques de estas comunidades como un recurso infinito y que está a la mano, del cual aprovecharse en cualquier momento. Se comprobó de varios casos en que los mismos alcaldes ordenaban la tala de árboles de propiedad de comunidades pobres En las comunidades de San Luis y de San Pedro la gestión local es pobre. En ambas comunidades la gente ha actuado con sumisión frente a los sectores blancos y poderosos y aún hay intimidación por parte de algunos sectores reaccionarios y terratenientes. A finales de los años 50 o inicios de los 60, el presidente de la Comunidad Indígena de San Pedro Pinula fue asesinado, presuntamente y de acuerdo a opiniones vertidas localmente, por haber querido organizar a los vecinos y luchar por mantener y recuperar tierras comunales.

35 . Bosques en régimen de propiedad común: ¿sólo un vestigio del pasado? M. McKean y E. Ostrom www.fao.org/docrep/v3960s/v3960s03.htm#TopOfPage

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La debilidad en la organización social se nota además en que hay pocos comités y en los que ya existen, las funciones de cada uno de sus integrantes no están claras o no es asumida totalmente por la persona, sucediendo que los presidentes de cada comité asumen la mayoría de las responsabilidades. Otro problema detectado es que si bien, varias comunidades, como la de Ladinos Pardos, la de Santa María Xalapán y la de San Pedro Pinula tienen estatutos que presuntamente deberían dirigirlos estableciendo normas y responsabilidades de sus miembros, en realidad ocurre que varios de los artículos establecidos en los documentos son ya inoperantes. Asimismo, en muchos casos se violan las estipulaciones. Una fuente de conflicto serio para el caso de Santa María Xalapán lo ha sido el número de años que un comité debe permanecer en la dirección de la comunidad sucediendo que en varios casos algunos permanecen más o menos tiempo del originalmente establecido.36 Como se ve, se hace necesario que los estatutos de tales comunidades sean reformados y que se adapten a las condiciones actuales. Sobre todo, sería importante que los reglamentos fueran distribuidos entre todos los habitantes de las comunidades y no solo entre los miembros de la Junta Directiva o entre quienes suelen asistir a las asambleas. (En Alzatate notamos que había entre los campesinos mayor conocimiento de reglamentos y estatutos). Carencia de la Presencia del Estado en Materia de Control y Regulación Forestal: La institución gubernamental, el Instituto Nacional de Bosques (el INAB) que tiene oficinas en Jalapa desde mediados de los años 90, es la supuesta encargada de velar por los bosques. La misma es poco conocida por los campesinos de la región y su influencia en varias áreas es casi inexistente. Asimismo, la percepción que tienen los campesinos del INAB es bastante mala. Se aduce que ésta favorece a los madereros quienes cortan grandes cantidades de madera y que es una institución corrupta que extiende licencias si se les cancela determinada cantidad de dinero. Independientemente de estas aseveraciones, lo que sí es cierto es que la representación de la institución es precaria, pues sólo existen tres o cuatro representantes para todo el departamento que cuenta con 2,063 kilómetros cuadrados.37 Por eso, algunos comunitarios nos dijeron: “para que regirse por nuestros estatutos si después allí viene el INAB a extender licencias?” (licencias o permiso para corte de árboles”). Falta de compromiso social y degradación: Los procesos de conservación y degradación de los recursos solo pueden ser entendidos analizando la situación histórica de pobreza, exclusión, baja productividad y opresión existente en la región y tratando de entender la capacidad que han tenido algunas comunidades en desarrollar procesos organizativos y de institucionalidad local.

Incertidumbre sobre la tenencia de la tierra: La incertidumbre sobre la tenencia de la tierra en San Pedro y San Luis, tanto en la definición de las tierras municipales o comunales como en los terrenos privados ha provocado un marcado conflicto de intereses. En algunos 36 Segura indica que ha habido comités que permanecen por más de diez años, otros por dos años, cuando lo que reza en los estatutos es que el periodo es de cinco años. Orlando Segura Lorenzana. Memorias de un Condueño. Jalapa, Imprenta Jumay, 2001. p. 145. 37 Sólo el municipio de Jalapa tiene 544 km2. Diccionario Geográfico. Tomo I. Guatemala, Tipografía nacional, 1961. p. 344.

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casos, los terrenos municipales son aprovechados por particulares para ampliar fincas ganaderas.

Falta de valoración económica de los árboles y sus derivados: En las comunidades como la de Ladinos-pardos de Jalapa los madereros sobornan a las autoridades y seducen a los campesinos pagándoles Q1000.00 por su silencio y por dejarles cortar los árboles de pino. Aquí se nota que no se ha valorado económicamente los árboles, ya que cada uno se vende a Q10.00 y de él se saca cantidad de tablas que el maderero vende mucho más caro, con lo cual su margen de ganancias es exageradamente alto. Degradación del bosque por la actividad ganadera: los ganaderos han aprovechado (y en algunos casos provocado) la degradación de tierras municipales boscosas para ir ampliando la frontera agrícola y corriendo los cercos de las fincas que poseen en forma aledaña a las tierras municipales (casos reportados en El Pinalón y el Pinal, bosques correspondientes a San Pedro y San Luis). Procesos de degradación de la cobertura boscosa: en general, los procesos de degradación de la cobertura boscosa municipal –comunal pueden seguir estas etapas: extracción de madera para cercas y construcción de casas que la misma municipalidad autoriza, incendios forestales provocados (por algunas personas que viven en forma aledaña al bosque municipal y que hacen carbón, utilizan los árboles dañados para leña y de esta forma se les autoriza mas fácilmente o por los mismos ganaderos que utilizan el rebrote del pasto en los bosques semiabiertos), finalmente cuando el bosque esta más deteriorado, las personas sin tierra solicitan a la municipalidad una porción de la misma, a los campesinos pobres se les da en usufructo tierras municipales para agricultura. Falta de interés e iniciativa municipal Las municipalidades de San Pedro y San Luis -principalmente- no se interesan de manera convincente por el mantenimiento de la cobertura forestal en tierras municipales. Su modelo de gestión municipal es autoritativo y vertical. La mayoría de alcaldes ladinos (propios del casco urbano y algunas veces ganaderos también) tienen una percepción de las tierras municipales como tierras sin ningún uso que pueden ser productivas para la gente habilitándolas para ganadería o bien favoreciendo a los pobres, dándoselas para agricultura, pero de manera sumamente parcelada. Como la municipalidad no capta ingresos significativos de las tierras municipales con cobertura forestal, asume que estas no le son rentables. La pobreza y la degradación de los recursos: los comunitarios saben que no se deben cortar árboles sin autorización, que solo se debe recoger leña. Sin embargo, dada la pobreza y la falta de medios de empleo, muchas familias se dedican a la venta ilícita de leña –caso típico de la aldea y comunidad de Guisiltepeque-la cual recogen o cortan en la madrugada o en la noche y, en ello, las mujeres resultan ser cómplices por necesidad. La punga por el poder: En San Pedro y San Luis no existe un poder local real en donde las comunidades rurales y la gente que vive en el pueblo pueda hacer presión para que se mantenga ciertos recursos forestales. A pesar de los problemas, las comunidades de Alzatate, Guisiltepeque, Santa María y de ladinos- pardos continúan insistiendo en hacer valer sus derechos sobre sus territorios y enfatizan que debe respetarse su autoridad. Estos

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aspectos deben ser entendidos como estrategias étnicas para mantener su unidad y para reclamar importantes cuotas de poder local que se perciben en constante negociación y conflicto con las instancias representadas por el Estado. No obstante, en la práctica, esta estrategia comunitaria no logra traducirse aún en un mecanismo eficaz para el mantenimiento de sus recursos naturales, los cuales continúan degradándose como resultado de la misma pugna de poderes político-económicos. Anexo

Cuadro 1. Densidad poblacional, porcentajes de indígenas y pobreza general en los municipios del departamento de

Jalapa.

MUNICIPIO Densidad poblacional

Porcentaje de indígenas

Porcentaje pobreza general

San Carlos Alzatate 50 84.6 93.14 San Luis Jilotepeque 62 70.3 87.89 San Pedro Pinula 90 68.9 81.96 Jalapa 150 30.2 67.67 San Manuel Chaparrón 52 17.6 76.13 Monjas 76 15.4 66.74 Mataquescuintla 95 3.0 60.89 General 72.59

Elaborado a partir del X Censo de población y V de Habitación. INE, 1,994 y Base de datos digital de los % de pobreza general y extrema en los municipios de Guatemala. SEGEPLAN, 2,000. Realizado por la Ing. Agr. Violeta Reyna/FLACSO, 2002.