salteadores y cuadrillas de malhechores. una aproximación a la acción colectiva de la...

Editorial Universidad del Cauca2015

María CaMila DíaZ Casas

‘Trabajo realizado gracias al apoyo otorgado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República con ocasión de la conmemoración de los 50 años de la apertura de la biblioteca’

© Universidad del Cauca, 2015© De la autora: María Camila Díaz Casas

Primera edición: Editorial Universidad del Cauca, febrero de 2015

Diseño de la Serie: Editorial Universidad del CaucaCorrección de estilo: Luis Felipe Urrea, Elizabeth GómezDiagramación: Daian Alexa MuñozDiseño de carátula: Daian Alexa MuñozImagen de carátula: Grabado de viajeros franceses que visitaron Colombia, siglo XIX. Tomado de: Le tour du monde. Nouveau Journal des voyages. Librairie Hachette et C. París, 1879. Editor General de Publicaciones: Luis Guillermo Jaramillo E.

Editorial Universidad del CaucaCasa Mosquera Calle 3 No. 5-14. Popayán, ColombiaTeléfonos: (2) 8209900 Ext [email protected]

Copy Left: los contenidos de este libro pueden ser reproducidos en todo o en parte, siempre y cuando se cite la fuente y se haga con fines académicos y no comerciales.

Impreso en Samava Ediciones. Popayán, Cauca, Colombia.

Díaz Casas, María Camila Salteadores y cuadrillas de malhechores: Una aproximación a la acción colectiva de la ‘población negra’ en el suroccidente de la Nueva Granada, 1840–1851 / María Camila Díaz Casas – Popayán: Universidad del Cauca, 2015.

Bibliografía: p. 201-208. 278p.

1. ESCLAVITUD EN COLOMBIA - HISTORIA 1840-1851 2. AFROCOLOMBIANOS - ASPECTOS SOCIALES - COLOMBIA 1840-1851 3. HISTORIOGRAFÍA -COLOMBIA 1840-1851 4. COLOMBIA - HISTORIA - GUERRA 1840-1851 5. MOVIMIENTOS SOCIALES I. Título II. Universidad del Cauca.

306.362 D542 scdd 23 ISBN 978-958-732-162-3

Hecho el depósito legal que marca el Decreto 460 de 1995Catalogación en la fuente – Universidad del Cauca. Biblioteca

Contenido

Agradecimientos ................................................................................ 7

Presentación .................................................................................... 11

Introducción .................................................................................... 15Apuntes para la historiografía de la acción colectiva en el suroccidente de la Nueva Granada en la primera mitad del siglo XIX ....................................................................... 25Guerra de los Supremos en el suroccidente de la Nueva Granada .................................................................... 33Guerra de 1851 ............................................................................. 40Acción colectiva de la ‘población negra’ ..................................... 45

Capítulo I Espacio geográfico y relaciones económicas en el valle interandino del río Cauca ............................................ 63

1.1 Espacio geográfico ................................................................. 641.2 Mano de obra ......................................................................... 681.3 Guerras de independencia y República ................................ 77

Capítulo II Guerra de los Supremos y represión: La acción colectiva armada, 1840–1843 ...................................... 91

2.1 Consideraciones generales de la Guerra de los Supremos 1840–1841 ......................................................... 932.2 La acción colectiva violenta, 1841–1843 ............................. 1042.3 Represión y legislación de 1843 .......................................... 121

Capítulo III Acción colectiva legal: uso de las instituciones republicanas, 1844–1847 ...................................................................................... 135

3.1 La acción colectiva legal ..................................................... 1363.2 El resurgimiento de la exportación de esclavizados .......... 1503.3 El modelo de producción de tabaco y la ‘población negra’ ................................................................ 155

Capítulo IV ‘sociedades democráticas’, reanudación de la violencia y reacción de las élites ................................................................. 163

4.1 Las ‘sociedades democráticas’ y de ‘Amigos del pueblo’ ... 1644.2. La Guerra Civil de 1851: Reacción conservadora a la acción colectiva de la ‘población negra’ ............................ 185

Conclusiones .................................................................................. 193

Fuentes primarias .......................................................................... 197Biblioteca Luis Ángel Arango: .................................................... 197Archivo Central del Cauca ......................................................... 198Archivo General de la Nación ................................................... 199Biblioteca Nacional de Colombia .............................................. 199

Referencias citadas ........................................................................ 201

Anexo No.1: Cronología general de la Guerra de los Supremos .................. 209

Anexo No.2 .................................................................................... 211

Anexo No.3 .................................................................................... 225

Anexo No.4 .................................................................................... 247

Anexo No.5 .................................................................................... 269

Anexo No.6 .................................................................................... 271

Índice análitico ............................................................................. 275

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Agradecimientos

La realización de este libro fue posible gracias al apoyo de muchas personas e instituciones que intervinieron de una u

otra forma en distintas etapas de la investigación y la escritura.

Una versión parcial de este texto se presentó como tesis para obtener el título de Historiadora en la Universidad Javeriana. Desde entonces tengo una gratitud inmensa con Arístides Ramos por su apoyo y colaboración desde el inicio del planteamiento del proyecto, con Marcela Echeverri, quien desinteresadamente leyó con detenimiento el texto y realizó correcciones muy pertinentes, con Rigoberto Rueda quien dirigió la tesis que se presentó en su momento, con Silvia Cogollos por su confianza en mi trabajo y con Rafael Díaz por sus excelentes comentarios y observaciones. Así mismo, quiero agradecer especialmente a Amada Carolina Pérez y a Julio Arias por sus consejos y recomendaciones, por compartir conmigo muchos de sus conocimientos y por su invaluable amistad.

En el proceso de investigación, específicamente en la consulta de fuentes primarias, fue de gran utilidad la amable atención y orientación que recibí por parte del personal del Archivo Central del Cauca en Popayán, para ellos y para quienes me ayudaron en la transcripción de los documentos, un gran agradecimiento por hacer posible este trabajo.

Algunos contenidos de esta investigación se realizaron con la ayuda de la Beca 50 años de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Gracias al apoyo obtenido se logró consultar un gran número de fuentes primarias que reposan en la colección de la biblioteca, estas permitieron desarrollar

S a l t e a d o r e s y c u a d r i l l a s d e ma l h e c ho r e s

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nuevos argumentos con respecto a la versión inicial. Por estos motivos quiero hacer un reconocimiento a la Biblioteca Luis Ángel Arango y al Banco de la República por el apoyo que recibí y por la amable atención prestada por su personal.

Los profundos conocimientos sobre los estudios afrocolombianos, sobre la legislación abolicionista y los marcos teóricos para entender las concepciones de lo ‘negro’ en el pasado de Eduardo Restrepo han sido fundamentales para este texto, agradezco enormemente sus enseñanzas que han influenciado mi forma de ver y hacer historia. También quiero extender un agradecimiento especial a Axel Rojas por el tiempo, la confianza, la paciencia y el apoyo que invirtió para que esta publicación fuera posible.

En el último período de escritura y revisión de los contenidos de este libro fueron fundamentales los pertinentes comentarios de Luis Ervin Prado, con quien tengo una gratitud enorme por sus agudas observaciones y por su lectura cuidadosa, de gran ayuda para precisar y desarrollar algunos datos e ideas. Igualmente quiero agradecer a María Elisa Velázquez por su apoyo, su generosidad, su confianza en mí, sus aportes a mi trabajo académico y sus sabios consejos, a Tomás Pérez Vejo por las clases maravillosas que tuve con él y por compartir conmigo sus brillantes conocimientos sobre el siglo XIX y a María Cecilia Zuleta por sus recomendaciones, su entusiasmo en mis proyectos y por los aprendizajes que he tenido a su lado.

Del mismo modo, agradezco el apoyo, los consejos y la compañía de mis maravillosos amigos y familiares a lo largo del proceso de elaboración de este libro. Tengo una gratitud eterna con mis maravillosos padres Ruth Vivian Casas y Fernando Díaz que siempre han sido la luz que guía mi camino y quienes han hecho posible todos los logros alcanzados en mi vida y con mi esposo Camilo Andrés Correa quien ha sido mi gran compañía, mi alegría y mi asesor en la investigación y escritura del presente texto.

Ag r a d e c im i e n t o s

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Finalmente un agradecimiento especial a la editorial de la Universidad del Cauca que ha respaldado mi trabajo y ha hecho posible convertir un sueño en realidad.

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Presentación

Este libro constituye un sugerente estudio histórico de un período y una región nodales en la comprensión

de las dinámicas sociales y políticas que marcan la promulgación de la Ley de Abolición de la Esclavitud en la Nueva Granada. Como lo evidencia María Camila Díaz, la década del cuarenta del siglo XIX en las provincias de Cauca, Buenaventura y Popayán es clave para adentrarse en las heterogéneas estrategias desplegadas por esclavos y libertos que van desde la confrontación directa al orden social imperante hasta la apelación a la legislación vigente o a la participación en nacientes escenarios institucionales.

Este estudio problematiza las convencionales narrativas históricas que atribuyen la abolición jurídica de la esclavitud a un acto benevolente o de simple cálculo de los sectores dominantes. Al contrario de tales narrativas enmarcadas en una historia elitista, en este libro se resalta la decidida participación de esclavos y libres en las confrontaciones bélicas, en la instrumentalización de las leyes existentes o en espacios institucionales creados por las disputas partidistas como las ‘sociedades democráticas’. En el libro queda claro que esta participación no puede ser explicada por las narrativas nacionalistas que atribuyen a los grupos y clases subalternizadas un papel de meros convidados de piedra a las iniciativas de las élites ni tampoco se pueden subsumir las estrategias y móviles de estos grupos y clases al horizonte nacionalista.

Las figuras de salteadores y cuadrillas de malhechores, que son retomadas en el título del libro, evidencian no solo una angustia de ciertos sectores de la élite por lo que


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consideraban podría convertirse en una ‘guerra de castas’, sino también un pánico moral en estos sectores por los actos de esclavos y libres que subvertían las jerarquías derivadas del orden esclavista.

La ‘guerra de castas’ fue uno de los temores propios de sectores dominantes herederos de una lógica del despojo que garantizaba y reproducía sus prestigios económicos, sociales y políticos derivados de formaciones coloniales basadas en jerarquizaciones y discriminaciones raciales. En su investigación, María Camila Díaz muestra cómo operaba esta angustia en los imaginarios de miembros de la élite conservadora frente a los hechos derivados de la participación de esclavos y libres en la Guerra de los Supremos y en los grupos alzados en armas que se mantuvieron activos después de finalizada esta guerra. En el libro también se evidencia cómo la creciente acogida de las ‘sociedades democráticas’ entre la ‘población negra’ y algunas de sus expresiones como el movimiento de los zurriagos es otro de los escenarios donde este temor a la ‘guerra de castas’ se manifiesta en las interpretaciones y posiciones de destacadas figuras de las élites conservadoras.

Con respecto al pánico moral, el texto de María Camila Díaz ilustra cómo en ciertos sectores de la élite se desplegó una serie de narrativas que no solo criminalizaban los actos de acción colectiva violenta de esclavos y libres, sino que las consideraban expresión de un intolerable desorden moral y de valores que requería de castigos ejemplarizantes. La restauración del orden moral del cual se derivan los privilegios de los sectores de las élites esclavistas fue un imperativo que explica no solo los castigos ejemplares a individuos concretos, sino que también se lograron manifestar en la legislación de 1843 –que significó un claro revés en las medidas legislativas que se habían decretado desde 1821 con la liberación de vientres– y en la guerra de 1851.

Para el período y las provincias estudiadas en el libro, además de estas figuras de salteadores y malhechores, la acción colectiva pasó también por las disputas jurídicas

P r e s e n t a c i ó n

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que apelaban a la legislación vigente con la mediación del ‘protector de esclavos’. La Ley de Libertad de Vientres de 1821 así como la participación en los ejércitos del gobierno fueron referentes jurídicos a los que se recurría en los expedientes para argumentar los derechos de libertad que se les querían negar por parte de los esclavistas. El papel del ‘protector de esclavos’ y la relevancia e implicaciones de las disputas jurídicas de los esclavos constituyen sin duda un importante campo que requiere de futuros estudios.

Díaz contribuye con su libro a articular estas disputas a un modelo de la acción colectiva de la ‘población negra’ en las provincias trabajadas en el que se pueden diferenciar tres momentos: 1. –1840 y 1843– con la Guerra de los Supremos y otras acciones bélicas como sus características más notables, 2. –1844 y 1847– donde predomina el despliegue de los recursos y disputas legales, 3. –1848 y 1851– con la reactivación de la violencia mediada por los partidos. Uno de los aportes de este libro consiste, entonces, en ofrecernos un juicioso estudio de historia regional que evidencia la conexión entre los procesos económicos, sociales y políticos en las tres provincias estudiadas y los diferentes tipos de luchas desplegadas por esclavos y libres.

Un aspecto de la investigación para comentar se refiere a la noción de ‘población negra’. La autora es explícita en afirmar que es una noción que no se circunscribe a quienes eran considerados como ‘negros’ o de ‘raza africana’, sino que incluía también a un amplio espectro de mixturas que eran referidos como ‘castas’ o ‘libres de todos los colores’. No obstante, optar por el concepto de ‘población negra’ puede ser objeto cuestionamientos para quienes consideran que afrocolombianos, afrodescendientes o afros son los términos políticamente correctos.

No sería la primera ni la última vez que se esgriman razones de orden moral o político para demandar una purga de expresiones que son asumidas solo como reforzadores de viejos y nuevos racismos. Sin lugar a dudas las relaciones entre lenguaje, realidad y poder son bien estrechas como se


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ha indicado por las diferentes vertientes del giro discursivo como el postestructuralismo, la teoría de la performatividad o los estudios postcoloniales. Sin embargo, como lo ha planteado Stuart Hall, las verdaderas transformaciones no se derivan de una política de imposición totalizante y generalizadora de eufemismos dignificantes como si fuesen garantes de la superación de las relaciones de explotación, sujeción y dominación. Además, como la misma historia de las luchas subalternas lo ha demostrado, las articulaciones de significantes y significados no son estables, hasta el punto que significantes producidos para sujetar y oprimir han sido rearticulados por las luchas históricas concretas a significados que posicionan y revierten los sentidos inferiorizantes o degradantes. Black is beatiful o apropiación de lo queer son dos de los ejemplos más conocidos.

Toda esta digresión para resaltar la relevancia del concepto de ‘población negra’ trabajado en el libro en unos tiempos donde el lenguaje oenegero, el de la cooperación técnica internacional –como la USAID– y el de las entidades estatales unísonamente apelan a términos de afrocolombiano, afrodescendiente o afro que para el grueso de activistas, académicos y organizaciones constituye un innegable signo de grandes avances o, para una franca minoría, constituye un preocupante síntoma de nuevas sujeciones. Con estas reflexiones no estoy afirmando que en todos los estudios hay que recurrir al concepto de ‘población negra’ en vez de los de afrocolombianos, afrodescendientes o afro. Simplemente quiero resaltar que no hay que descartar de tajo los resultados de un estudio porque este no opera dentro de la ley tiene antecedentes en la lenguaje políticamente correcto con el cual nos identificamos.

Eduardo Restrepo Bogotá, diciembre de 2013

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Introducción

Los grandes relatos de la historiografía nacionalista que han cimentado la historia y la memoria histórica, han

generalizado entre los ciudadanos la percepción de las élites que lucharon en la independencia como ‘héroes de la patria’ y ‘próceres’. Así mismo, han consolidado la idea de que estos hombres, de la mano de los sectores populares, inauguraron una nueva era de libertad, progreso y democracia, contrastante con la ‘opresión’ y ‘tiranía’ propia de los tres siglos de dominio de la corona española en América.1

Con respecto a la esclavitud, parte de esos relatos han definido la Ley de Libertad de Vientres proclamada en 1821,2 como una

1 Entre los grandes relatos de la historiografía nacionalista cabe resaltar la obra de José Manuel Restrepo –1781–1863– Historia de la Revolución de las Repúblicas Colombianas, publicada en 1827 y 1858. Éste texto, escrito por un actor de la independencia que tuvo una visión muy particular de la historia de nuestro país, fue la base de gran parte de la historiografía colombiana de los siglos XIX y XX y de textos utilizados para la enseñanza de la historia como la Historia de Colombia para la enseñanza secundaria de Jesús María Henao y Gerardo Arrubla. Fue hasta mediados del siglo XX que esta forma de recordar otros tiempos, caracterizada por la exclusión de los sectores populares y la exaltación de ciertos ‘hombres de bronce’, fue cuestionada y empezaron a aparecer nuevas formas de aproximarse al pasado. Sobre este tema revisar: (Colmenares 2008 y Tovar 1997).

2 La Ley del 21 de Julio sobre: Libertad de Partos, Manumisión y Abolición del Tráfico de Esclavos fue aprobada en el Congreso de Cúcuta, se celebró en 1821. En esta se declaró que los hijos de esclavizados nacidos a partir de la promulgación de dicha ley quedaban en condición de libres, aunque debían permanecer bajo la tutela de sus amos hasta los 18 años. Adicionalmente se prohibió la introducción y exportación de estos y se crearon


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evidencia del temprano compromiso de las élites ‘patriotas’ con la libertad de la población esclavizada.3 Por consiguiente, han argumentado que el proceso de libertad de los esclavizados en América Latina se desarrolló de manera pacífica, a diferencia de lo ocurrido en Estados Unidos, donde una Guerra Civil fue necesaria para poner fin a la esclavitud (Lohse 2001).

Realizar un acercamiento a la historia política y social colombiana, hace necesario reconsiderar estas apreciaciones. En primer lugar, cabe recordar que una de las primeras leyes para liberar a los esclavizados se promulgó en 1821, sin embargo, la libertad de los mismos se sancionó treinta años después, hasta 1851. Segundo, la abolición de la esclavitud fue un elemento de división política entre las élites neogranadinas, manifestado en ámbitos como la legislación, las guerras civiles y la conformación de los partidos políticos. En consecuencia, la liberación de los esclavizados en el siglo XIX estuvo mediada por la violencia, la guerra y los enfrentamientos legales.

Las controversias sobre la emancipación de los esclavizados y los ámbitos en los que se presentaron las divisiones

juntas de manumisión para otorgar la libertad anualmente a la población esclavizada (Castellanos 1980). Es importante recordar que con algunas variaciones, esta ley tiene antecedentes en la Ley de Libertad de Vientres sancionada por el Estado de Antioquia en Abril de 1814 y en el Decreto del 22 de Enero de 1820 sancionado en el Congreso de Angostura. Así mismo, es muy relevante subrayar la posición de Eduardo Restrepo, compartida ampliamente en este texto, quien explica que estas medidas, más otras aprobadas en la primera mitad del siglo XIX, hicieron énfasis en garantizarle las indemnizaciones a los esclavistas y en profundizar los dispositivos de control para sumar a la población afrodescendiente, libre y esclavizada, a: “un estado de distribución de la riqueza y del prestigio que los mantenía en las márgenes”, en vez de producir ciudadanos y otorgar libertad real a los esclavizados (Restrepo 2012).

3 Algunos de los primeros estudios históricos sobre la ‘población negra’ en Colombia reprodujeron esta idea, entre ellos se puede contar la publicación de Eduardo Posada y Carlos Restrepo Canal La Esclavitud en Colombia y Leyes de Manumisión en 1933 y la de Gregorio Hernández de Alba Libertad de los esclavos en Colombia, publicada en 1956.

I n t r o du c c i ó n

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políticas al respecto, no solo contaron con la presencia de las élites y sus clientelas, por el contrario, la ‘población negra’ en su calidad de agente histórico, participó de varias maneras en los conflictivos eventos de la historia de Colombia.4 Como nos muestran los testimonios legados por quienes vivenciaron las guerras civiles,5 la conformación

4 Es importante aclarar que con la expresión ‘población negra’ no solo hago referencia a la población fenotípicamente ‘negra’ o a la población esclavizada de origen africano, sino también a un sector producto del mestizaje entre indígenas, europeos y africanos que en su tiempo fue clasificado como ‘castas’, ‘libertos’, ‘manumitidos’ y de ‘raza africana’. Dicho sector estuvo diferenciado de la población indígena en términos derivados de la administración colonial como la capacidad de poseer tierras y de formar ayuntamientos y estuvo conformado por manumitidos, huidos o antiguos esclavizados que de una u otra forma alcanzaron la libertad. Lo anterior fue posible gracias a que en los dominios de la monarquía católica en América fue frecuente el mestizaje, la obtención de libertad por parte de los esclavizados por varias vías y el establecimiento, en los márgenes de las ciudades y las haciendas, de pueblos que se escaparon del poder de las autoridades coloniales. Aun así, con el establecimiento del orden republicano, estas diferenciaciones fueron conservadas hasta bien entrado el siglo XIX y aunque, en teoría, parte de este sector podía acceder a la ciudadanía, la realidad fue muy diferente. Así mismo es importante aclarar que con la elección del término ‘población negra’ no estoy desconociendo los debates que se han dado acerca del uso de términos como afrodescendientes o afrocolombianos, por el contrario, debido a que estos términos responden a debates y reivindicaciones más contemporáneas prefiero utilizar el término señalado, aunque entre comillas para relativizar su utilización con la carga negativa que implicó en el período colonial y en los siglos XIX y XX.

5 En el período de este estudio, 1840 y 1851, se desarrollaron dos de las nueve guerras civiles que vivió Colombia durante el siglo XIX. Después de las guerras de independencia, la primera contienda que estalló en la República de la Nueva Granada fue la Guerra de los Supremos que se libró entre 1840 y 1841. Una década después, como respuesta a las medidas liberales del presidente José Hilario López, los sectores conservadores se levantaron contra el gobierno dando lugar a la guerra de 1851. Como se verá posteriormente, estas guerras tuvieron características especiales en el suroccidente de la República e involucraron sectores muy diferentes a los que entraron en conflicto en otras zonas del país.


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de los partidos políticos6 y los acontecimientos que se desencadenaron en el período de estudio, los esclavizados y libres fueron miembros de la Guardia Nacional, lucharon en los bandos en conflicto durante las confrontaciones armadas, apoyaron al partido liberal en el suroccidente e hicieron uso de las herramientas jurídicas del orden republicano para lograr sus intereses.

Después de las guerras de independencia, de la creación y desaparición de la República de Colombia y de la formación de la República de la Nueva Granada, las élites políticas y económicas enfrentaron diversos desafíos heredados del período colonial. Entre estos, se destacan la historia de fragmentación, las luchas entre las ciudades, la ausencia de vías de comunicación, la consolidación del territorio de la República, la lucha para revertir la recesión económica, el afianzamiento de las instituciones y la necesidad de expandir el comercio exterior basado en la exportación de oro.

Desde tiempos coloniales y hasta mediados del siglo XIX, el pilar económico de la Nueva Granada fue la exportación de oro, cuya producción se concentró en la Costa Pacífica y en los actuales departamentos del Chocó, Cauca, valle del Cauca y Antioquia. Específicamente en regiones como la Gobernación de Popayán, esta actividad generó el dinamismo de la producción agropecuaria dando como resultado el establecimiento de la ciudad de Popayán como la capital eclesiástica, económica y política de occidente y la consolidación de una aristocracia cuya riqueza dependió, en gran medida, de la mano de obra esclavizada (Safford y Palacios 2002).

6 A pesar de las discusiones existentes en torno a la aparición de los partidos políticos, en este texto se asume que es en la mitad del siglo XIX que empiezan a configurarse los partidos políticos tradicionales en la Nueva Granada. Primero apareció el partido liberal con el programa elaborado por José Ezequiel Rojas en 1848 y un año después Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro publicaron el programa correspondiente al Conservador.


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En los territorios del suroccidente del virreinato, las guerras de independencia fueron especialmente largas y complejas. Estas afectaron la población y las riquezas materiales, deterioraron la producción aurífera y devastaron los campos, además, debilitaron el sistema esclavista y quebrantaron los mecanismos de sujeción de la mano de obra de las minas y haciendas, mayoritariamente compuesta por ‘población negra’ libre y esclavizada. De esta manera, los llamados a participar en los ejércitos de ambos bandos a cambio de la libertad, el cimarronaje y los problemas en el abastecimiento de alimentos, afectaron la economía de la gobernación y provocaron una desarticulación de los mecanismos de control social sobre la fuerza laboral (Colmenares 1986).

La consumación de la independencia y la instauración de un nuevo régimen, pusieron en evidencia las diferencias existentes entre los proyectos de los diferentes sectores dominantes de la República. Mientras los representantes de varias provincias colombianas discutían en el Congreso de Cúcuta de 1821 la aprobación de una Ley de Libertad de Vientres que pusiera fin a la esclavitud de forma paulatina,7 en los años veinte y treinta del siglo XIX las élites de la Gobernación de Popayán buscaban restablecer los controles sobre la población campesina y esclavizada. La contradicción que representaba la esclavización de cara a la instauración de los ideales republicanos de igualdad, se enfrentaba a los intereses de las élites del suroccidente que buscaban construir un modelo de República de corte aristocrático en el que se preservara la esclavitud y las prerrogativas de los sectores dominantes (Almario 2003).

Dada la aprobación de la Ley de 1821 y la importancia de la mano de obra esclavizada en la producción agropecuaria y en la extracción de oro en el suroccidente de la

7 Sobre las discusiones y los argumentos de los participantes en el Congreso de Cúcuta de 1821 a favor o en contra de la aprobación de la Ley de Libertad de Vientres, ver Restrepo (2012: 244).


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República,8 las élites de la zona incrementaron las acciones dirigidas a controlar la fuerza laboral, siguiendo juicios por ‘vagancia’ y buscando la adhesión de los jefes naturales de las localidades caracterizadas por ‘sediciosas’. Estas políticas estuvieron enmarcadas en la confrontación entre dos grupos de la región, liderados por José María Obando y Tomás Cipriano de Mosquera quienes se enfrentaron por el poder político y por disminuir la autoridad de su contrario (Prado 2007).

La competencia por el poder, cuya expresión más álgida se dio en el desarrollo de la Guerra de los Supremos, se entrelazó con un aspecto concerniente a gran parte de la población del suroccidente. En 1839 había llegado el plazo para liberar a los hijos de los esclavizados que eran cobijados por la Ley de 1821, sin embargo, el estallido de la Guerra Civil en 1840 y las continuas estrategias de los esclavistas para no cumplir con las disposiciones de libertad, generaron una coyuntura muy específica en la zona de estudio.

En las provincias de Cauca, Buenaventura y Popayán, creadas tras la desaparición de la Gobernación de Popayán como unidad administrativa, el desarrollo de la Guerra de los Supremos entre 1840 y 1841 adquirió: “visos de movimiento antiesclavista expresados en la adhesión de grupos de ‘población negra’ a los ejércitos de José María Obando” (Zuluaga 1998: 31). Con el final de la contienda, las contradicciones y tensiones en las provincias se hicieron más evidentes, dando lugar a acciones como el robo, el asesinato y la insurrección organizada como se verá más adelante.

En los primeros años de la década del cuarenta, fruto del temor que la movilización de la ‘población negra’ provocó en las élites esclavistas del valle del Cauca, se sancionaron leyes

8 En casi todas las zonas de extracción aurífera, la explotación se realizaba con mano de obra esclavizada, sin embargo, Antioquia constituía una excepción ya que allí se habían dado un número importante de manumisiones y el trabajo libre asalariado había aumentado considerablemente ( Jaramillo Uribe 1969).


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encaminadas a perpetuar la esclavitud y el poder de los amos sobre las personas esclavizadas. El 29 de Mayo de 1842 se aprobó la Ley de Aprendizaje que obligaba a los dueños de esclavos a presentarlos frente a las autoridades municipales cuando estos fueran candidatos a obtener la libertad de acuerdo a la Ley de 1821, de esta manera, los funcionarios designados determinaban si era conveniente continuar los lazos de sujeción con el amo hasta el cumplimiento de los 25 años o aprobar la manumisión.9 En la mayoría de los casos presentados en el suroccidente, los encargados se inclinaron por la primera opción, por consiguiente, la aplicación de estas disposiciones hizo visibles los malos tratos hacia los esclavizados, la corrupción de los empleados del gobierno y la alianza de las autoridades con los esclavistas (Tovar 1994).

Un año después, el gobierno central de la Nueva Granada, bajo la presión de las élites provinciales del suroccidente, proclamó la Ley del 22 de Junio de 1843 sobre Medidas Represivas de los Movimientos Sediciosos de los Esclavos, en la que se permitía nuevamente la exportación de los esclavizados prohibida en 1821, se ofrecía el amparo de la policía para el comercio de esclavizados con el fin de evitar disturbios con quienes fueran ‘perjudiciales’ y se imponía pena de muerte por acciones como la fuga, la sublevación y la incitación a levantamientos.10

La intersección de estas dos leyes produjo que los esclavistas más importantes del suroccidente reanudaran su participación en el comercio de esclavizados mediante varias transacciones hechas con Perú entre 1844 y 1847 (Tovar Pinzón 1994). Así mismo, estas medidas retardatarias con respecto a la Ley de 1821 motivaron a que la ‘población negra’ incrementara el uso de los recursos que el sistema republicano ofrecía para presionar por su libertad y mejores condiciones de vida. De esta manera, gran parte de los conflictos entre las élites y la

9 Véase Archivo General de la Nación, en adelante AGN, Recopilación de Leyes de la Nueva Granada. 1845.

10 Véase Archivo General de la Nación, en adelante AGN, Recopilación de Leyes de la Nueva Granada. 1845.


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‘población negra’ de las provincias de Cauca, Buenaventura y Popayán, iban a girar en torno al cultivo del tabaco y a las posibilidades de acceso a la propiedad de la tierra.

Después de muchos intentos realizados por las élites neogranadinas para expandir el comercio exterior y para diversificar los productos que se exportaban, a partir de 1845, la introducción al mercado internacional de la quina, el tabaco y el oro, generaron como resultados la consolidación de la navegación a vapor por el río Magdalena, la ampliación de la capacidad de importación y la bonanza económica, entre otros (Safford y Palacios 2002). De la mano de este auge exportador, empezaron a emerger a finales de la década del cuarenta ciertos sectores conformados por burócratas y comerciantes que pretendían eliminar los residuos del pasado en su beneficio. Estos se convirtieron en los líderes del partido liberal que accedió al poder en 1849 en cabeza del presidente José Hilario López, después de doce años en los que gobernaron José Ignacio Márquez, Pedro Alcántara Herrán y Tomás Cipriano de Mosquera (Colmenares 1997).

La elección de José Hilario López el 7 de Marzo estuvo condicionada por el apoyo de algunos sectores populares entre los que se resaltan los artesanos de Bogotá. En oposición a las medidas librecambistas aprobadas en la administración de Tomás Cipriano de Mosquera, desde Octubre de 1847 los artesanos de la capital se habían organizado en una sociedad que tenía como objetivo presionar por medidas proteccionistas y procurar el bienestar de sus miembros. En sus primeros años de existencia la sociedad no tenía compromisos políticos muy claros, sin embargo, a partir de 1848 varios artesanos se hicieron partidarios de López y participaron en su elección. Debido a lo anterior, después de 1849 la organización artesanal fue transformada en la Sociedad Democrática de Bogotá que se convirtió en el modelo de la política liberal basado en la movilización de los sectores populares (Safford y Palacios 2002).

Las acciones del nuevo gobierno estaban encaminadas a sellar la lenta ruptura con el pasado colonial que había


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caracterizado los primeros años de la vida republicana de la Nueva Granada, de este modo, en el primer año de la presidencia de López se aprobaron reformas al sistema fiscal, descentralizando los ingresos y gastos a las provincias, se crearon nuevas divisiones territoriales, se organizó la Guardia Nacional y se abolió la pena de muerte para delitos políticos. Específicamente en el suroccidente, la presidencia de López se tradujo en el nombramiento de nuevas autoridades partidarias del liberalismo que ejercieron sus cargos en un contexto hostil, determinado por la posición defensiva de la Iglesia Católica, la oposición de los hombres más poderosos y adinerados de la región, la guerra de opinión pública y una fuerza militar encabezada por comandantes contrarios al nuevo gobierno (Helguera 1970).

Así mismo, la fórmula política de la movilización popular se tradujo en el establecimiento de ‘sociedades democráticas’ en las ciudades más importantes del suroccidente. Estas pronto rivalizaron con las sociabilidades creadas por los conservadores para contrarrestar el apoyo de los sectores populares al partido liberal. Los conflictos particulares de la región, como la continuación de la esclavitud y el limitado acceso a la propiedad de la tierra, promovieron rápidamente la participación de la ‘población negra’, mayoritariamente del lado liberal.

Debido a la polarización generada por los partidos, la amplia movilización popular, las tensiones en torno a la libertad de los esclavizados y el acceso a las tierras ejidales, los miembros de las sociedades se enfrentaron continuamente, desarrollando en la región un clima de violencia y enfrentamientos. En este marco, gran parte de la ‘población negra’ emprendió acciones como el saqueo de propiedades, el ataque a las haciendas y las agresiones con látigos a los miembros de las élites de ciudades como Cali y Buga en lo que se denominó como el ‘movimiento de los zurriagos’.

Hacia 1851 las medidas del gobierno central sobre la expulsión de los jesuitas y la abolición de la esclavitud, mezcladas con la participación de la ‘población negra’ en


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las sociedades liberales y en los ‘zurriagos’, generaron una resistencia armada que conllevó a la rebelión conservadora encabezada por el esclavista Julio Arboleda (Valencia Llano 1998). Esta fue rápidamente derrotada por el gobierno liberal que tras la victoria se afianzó en el poder hasta 1854, cuando las tropas José María Melo derrocaron al presidente José María Obando. En defensa del gobierno de José Hilario López, la ‘población negra’ se enlistó en la Guardia Nacional y participó en los ejércitos que defendían una de las grandes conquistas decimonónicas: la abolición de la esclavitud.

A partir de los complejos sucesos de la historia de Colombia en la primera mitad del siglo XIX, el problema de investigación que guía este texto es cómo se caracterizó la participación política de la ‘población negra’ en el suroccidente de la Nueva Granada entre 1840 y 1851 y cómo influyeron en esta las “oportunidades políticas” que se presentaron en el período.11 Dicha participación política fue analizada bajo el concepto de acción colectiva que será explicado más adelante.

De esta manera, se entiende a la ‘población negra’ como un agente histórico que utilizó la acción colectiva violenta y no violenta en las provincias de Cauca, Popayán y Buenaventura para presionar sus propios intereses, como la obtención de la libertad y de mejores condiciones de vida y el acceso a tierras. Así mismo, se identifican la Guerra de los Supremos, la Guerra Civil de 1851 y la conformación de los partidos políticos como oportunidades políticas de las que parte la acción colectiva violenta, y la Ley Represiva de 1843, como motivo del incremento de la acción colectiva legal.

De acuerdo a lo anterior, en este estudio se expone que la acción colectiva de la ‘población negra’ tomó formas violentas y no violentas caracterizadas por ritmos de presencia diferentes entre 1840 y 1851. Estos ritmos fueron definidos por las

11 El concepto de oportunidad política será retomado y explicado en páginas posteriores de esta introducción.


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oportunidades políticas propias del período. En consecuencia, es posible identificar tres momentos en la acción colectiva, que se definieron por la alternancia entre la violencia y los usos del sistema jurídico republicano. El primero, entre 1840 y 1843, se caracterizó por la participación de la ‘población negra’ en la Guerra de los Supremos y las acciones bélicas posteriores a la contienda; en el segundo, entre 1844 y 1847, se manifestó el incremento del uso de los recursos legales para presionar los intereses de los ‘negros’ esclavizados y libres y el último, entre 1848 y 1851, se definió a partir de la reanudación de la violencia a través de las sociabilidades de los partidos políticos y los sucesos de ‘los zurriagos’.

Apuntes para la historiografía de la acción colectiva en el suroccidente de la Nueva Granada en la primera mitad del siglo XIX

El estudio de la ‘población negra’ en la historia nacional ha ocupado un lugar importante en las producciones de las ciencias sociales desde los últimos quince años. Desde la antropología, la historia, la sociología y los estudios culturales se han realizado varias investigaciones que han cubierto temas como la importancia de la mano de obra esclavizada en la economía colonial, el tráfico de esclavizados, las rebeliones coloniales, la presencia de ‘población negra’ en ciudades como Cartagena, Popayán y Cali, las guerras de independencia, la manumisión, la ciudadanía en los siglos XIX y XX, la eugenesia, las manifestaciones culturales, la constitución de 1991, la Ley 70 de 1993, las organizaciones sociales, las migraciones, las acciones afirmativas y el multiculturalismo.

El número de textos sobre los temas mencionados ha sido grande, sobre todo a partir de la década del noventa, por este motivo, es necesario realizar una breve aproximación a las publicaciones y al contexto al que responden, con el objetivo de establecer un panorama sobre los períodos, los temas y problemas que se han


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estudiado. En este sentido, se retomará la periodización planteada por Jaime Jaramillo Uribe quien dividió en dos etapas el desarrollo de lo que él denominó los ‘estudios afroamericanos y afrocolombianos’.

La primera etapa, transcurrió entre finales del siglo XIX y el final de la primera Guerra Mundial, aunque su extensión se puede observar hasta la década del treinta del siglo XX. La segunda, se ubicó después de la segunda Guerra Mundial como producto de los cambios sociales y políticos producidos por esta, especialmente en lo que tiene que ver con las relaciones de algunos países de Europa con sus colonias de Asia y África ( Jaramillo Uribe 1986).

Dentro de la primera etapa, Jaramillo Uribe ubica a Fernando Ortiz con su obra Hampa Afrocubana y los Negros Brujos que apareció en 1906, acompañada de otros estudios también en Cuba, en Uruguay y especialmente en Brasil con Gilberto Freyre y su Casa Grande y Senzala, aparecido en 1933 y Arturo Ramos con Las Culturas Negras del Nuevo Mundo de 1926 ( Jaramillo 1986). Adicionalmente, factores como la creación del Journal of Negro History en 1916 y del Hispanic America Historial Review en 1918, fomentaron el estudio de la población de ascendencia africana en el continente Americano (Vinson III y Vaughn 2004). En décadas anteriores, en el final de la segunda guerra mundial, aparecieron en distintos países americanos obras sobre ‘poblaciones negras’ como el texto de Gonzalo Aguirre Beltrán La Población negra en México. Un estudio etnohistórico y la de autores venezolanos que investigaron la esclavitud y su abolición en ese país.

Durante la segunda etapa de los estudios afroamericanos señalada por Jaramillo Uribe, surgió el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos que logró visibilizar a la ‘población negra’ como sujeto político e histórico. En consecuencia, varias universidades crearon cátedras especiales para su estudio y se multiplicaron las publicaciones sobre el tema. En este período también apareció el texto de Frank Tannenbaum Slaves and citizens. The negro in the Americas,


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que incentivó el debate sobre la diferencia entre el sistema esclavista anglosajón y el ibérico, concluyendo que el primero fue más rígido que el segundo debido a que en Hispanoamérica hubo una matriz moral, legal y religiosa que permitió a los esclavizados ser tratados como ‘humanos’ (De la Serna 1997).

A partir de la publicación de Tannenbaum se inició una corriente de estudios sobre la esclavitud en el sur de Estados Unidos, que a su vez motivó las investigaciones cuantitativas sobre el impacto del trabajo de los esclavizados en el desarrollo de la economía. Frente a una historiografía tradicional que mostraba a la esclavitud en ese país como una institución antieconómica, argumentando que el esclavizado en ausencia del salario, no tenía un incentivo para ser más productivo que un trabajador libre, emergió la ‘Nueva Historia Económica’ cuestionando los paradigmas existentes. De esta manera, las ideas sobre la baja productividad de los esclavos y la desaparición de la esclavitud a causa de su falta de rentabilidad económica, fueron reemplazadas por estudios que demostraban su alto beneficio económico para los esclavistas, como cualquiera de las inversiones del mercado de capitales de la época (Jaramillo Uribe 1986).

También dentro de esta segunda etapa desarrollada en las décadas de los setenta y ochenta, las guerras de liberación nacional en África provocaron una alta movilización política, así como la multiplicación de estudios sobre la ‘población negra’. A lo anterior debe sumarse que, para el caso de dichos estudios en nuestro continente, la guerra fría y particularmente la crisis de los misiles con Cuba provocaron la canalización de recursos a la financiación de investigaciones sobre las poblaciones de origen africano en América Latina (Vinson III y Vaughn, 2004).

Además de las dos etapas señaladas por Jaramillo Uribe en su texto de 1986, La participación del negro en la formación de las sociedades latinoamericanas, habría que señalar un último período que comprenda la década del noventa y las primeras del 2000. En estos últimos años las migraciones, la pluralidad étnica y cultural en el mundo, la vigencia de


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la discriminación y los ataques a las minorías étnicas han cobrado una renovada importancia (Velázquez y Hoffmann 2007), de ahí que las instituciones transnacionales hayan diseñado varios mecanismos para afrontar estas situaciones. En este contexto surgieron la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia en el 2001 realizada por la Organización de Naciones Unidas –ONU–, en la creación de la Relatoría Especial sobre los derechos de las personas afrodescendientes y sobre la discriminación racial en el 2005 de la Organización de Estados Americanos –OEA– y en el lanzamiento en 1994 el Proyecto la Ruta del Esclavo de la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura –UNESCO–, entre otros (Lechini 2008).

A nivel nacional, Eduardo Restrepo y Axel Rojas en su libro Afrodescendientes en Colombia: compilación bibliográfica (2008), indicaron ciertas tendencias centrales para definir la última etapa de los estudios sobre las ‘poblaciones negras’ en el país. Los autores señalaron que en los años noventa se desarrolló el auge de este campo de estudios, presentando un énfasis en la región del Pacífico como se puede observar en el 60% de los registros recopilados en su texto. Lo anterior se puede explicar debido a la construcción de representaciones sobre la región, realizadas gracias al modelo de grupo étnico afrocolombiano consolidado en los noventa. Dichas representaciones implicaron la caracterización de las ‘poblaciones negras’ como comunidades ribereñas del Pacífico, con prácticas tradicionales de producción armónicas con la naturaleza y con una cultura diferente a la del resto de los colombianos (Restrepo y Rojas 2008).

Así mismo, los autores plantearon que en la década del noventa hubo un posicionamiento de los afrocolombianos como sujetos políticos y del Pacífico convirtíendose así en un referente en contextos nacionales e internacionales, producto del reconocimiento de Colombia como país multicultural y de las poblaciones afrocolombianas e indígenas como parte de la diversidad étnica de la nación en la Constitución Nacional de 1991. En consecuencia, Rojas y Restrepo señalaron


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que la concentración de investigaciones sobre el Pacífico contrasta con lo sucedido en las décadas siguientes, cuando inició el trabajo sobre nuevas temáticas como los estudios urbanos, el desplazamiento forzado, la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y las acciones afirmativas.

En cuanto a lo conceptual, Restrepo y Rojas dejan ver como para los años cincuenta y setenta los estudios realizados se enmarcaban en algunas vertientes del positivismo, por ejemplo los modelos afroamericanistas elaborados a partir de Melville Herskovits, el funcionalismo y la ecología cultural. Los autores afirman que estas corrientes permanecieron en los años ochenta sumadas a la influencia del estructuralismo y del estructuralismo funcionalismo, mientras que en la última parte de esta década y en la de los noventa se logra observar una presencia del marxismo y la consolidación de una visión criolla del afroamericanismo. Paralelamente se posicionaron corrientes de teoría crítica y posestructuralistas que coexistían con los análisis positivistas y afroamericanistas.

La variedad, la complejidad teórica y la temática surgida en los ochentas e inicios de los noventas, es un elemento para resaltar en esta aproximación a los estudios sobre ‘población negra’ en Colombia ya que, como indica Carlos Agudelo, las publicaciones de estos años se han constituido en antecedentes que aún ejercen una fuerte influencia en la producción más reciente, ya sea porque se ha continuado con el uso de los referentes conceptuales establecidos en dichos estudios, o porque las investigaciones más nuevas han generado una ruptura crítica con los marcos teóricos y metodológicos allí establecidos (Agudelo 2010).

Restrepo y Rojas (2008) identificaron que en décadas más recientes persiste el uso de categorías y enfoques convencionales, junto a la utilización de herramientas teóricas más contemporáneas, que aunque son muy diversas, coinciden en la crítica al positivismo, al afroamericanismo y a los modelos conceptuales funcionalistas y estructuralistas. Así mismo, explicaron las diferencias entre las producciones realizadas desde la academia, caracterizadas por su


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sofisticación teórica, así como por su distancia con los problemas inmediatos de las poblaciones locales, y las realizadas por las organizaciones sociales, las ONG –Organizaciones no gubernamentales–, las instituciones gubernamentales y las consultorías, en las que predomina el tono celebratorio del discurso multiculturalista y una mayor preocupación por las necesidades concretas de la gente.

Específicamente sobre los estudios históricos en Colombia, Jaime Jaramillo Uribe (1986) afirmó que los estudios afrocolombianos empezaron a surgir sistemáticamente después de la aparición en 1952 de la obra Nuevas Investigaciones afrocolombianas, publicada en la Revista Javeriana por el padre José Rafael Arboleda. Antes de este texto hubo antecedentes elaborados por Eduardo Posada, Carlos Restrepo Canal y Gregorio Hernández de Alba que, junto con publicaciones del Boletín de Historia y Antigüedades de la Academia colombiana de Historia, se concentraron en la emancipación de los esclavos en el plano legislativo. No obstante su importancia, para Jaramillo Uribe ofrecieron poca información sobre los aspectos económicos, culturales y sociales de la sociedad esclavista.

El mismo autor señala que en la década siguiente empezaron a aparecer los estudios afrocolombianos ‘propiamente dichos’, de la mano de antropólogos, lingüistas e historiadores nacionales y extranjeros. A partir de entonces Jaramillo Uribe identificó seis grandes temas trabajados por la historiografía de este período: la trata de esclavos, la función económica de la ‘población negra’ y la institución de la esclavitud, las relaciones sociales –especialmente las de conflicto–, la abolición de la esclavitud, los aspectos culturales y otras de carácter general. Dentro de los autores de esta etapa Jaramillo Uribe destaca a: Jorge Palacios Preciado,12

12 Jorge Palacios Preciado (1930–2003) fue uno de los pioneros en la investigación histórica sobre la esclavitud en Colombia, a partir de fuentes documentales encontradas en el Archivo General de Indias, su texto La Trata de Ne gros por Cartagena de Indias, 1650–1750, le concedió el título de doctor en Historia de


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Germán Colmenares,13 William Sharp,14 y Aquiles Escalante,15 ( Jaramillo 1986).

El mismo Jaime Jaramillo Uribe desarrolló varios trabajos en las décadas de los sesenta y setenta que han influenciado

la Universidad de Sevilla en 1973. Posteriormente publicó otros textos como Cartagena de Indias, gran factoría de mano de obra esclava, La esclavitud y la sociedad esclavista y la esclavitud y la sociedad de castas, de los que se puede deducir que, en la misma vía de Colmenares, Palacios vinculó la existencia de mano de obra esclavizada con otras dinámicas económicas, políticas y sociales más amplias. En la larga trayectoria de Palacios se destaca su labor al frente de la transformación del Archivo Nacional al Archivo General de la Nación.

13 Germán Colmenares (1938–1990) fue uno de los historiadores más influyentes de los años setenta. Con un grupo de investigadores como Álvaro Tirado Mejía, entre otros, formó parte de la “Nueva Historia de Colombia” que bajo la orientación de Jaime Jaramillo Uribe, planteó una nueva metodología que se oponía al enfoque academicista, positivista y nacionalista que dominaba la historia de Colombia (Torres 1997). Sus obras se concentraron en el estudio de las sociedades esclavistas de Cali y Popayán mostrando la relación entre estas y las dinámicas económicas y sociales. Fue un historiador muy influyente en toda Colombia, sin embargo, el impacto de su trabajo en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, fue central para el desarrollo de las investigaciones históricas en las universidades de la zona.

14 William Sharp, investigador de la Universidad de North Carolina Chapel Hill, se destacó por la aplicación de los métodos cuantitativos estadounidenses, mencionados en líneas anteriores, al estudio de la minería en el Chocó. A partir de estas investigaciones concluyó que contrario a lo que afirmaban los esclavistas caucanos, el trabajo esclavo si era rentable. Dichas conclusiones, explica Jaramillo Uribe, fueron refutadas por Germán Colmenares quien señaló que el autor había desestimado las altas cifras de inversión que hacían los propietarios en las sociedades esclavistas de los actuales Cauca, Valle del Cauca y Chocó.

15 Aquiles Escalante (1923–2002), antropólogo colombiano, fue autor del trabajo pionero sobre el palenque de San Basilio en 1954 titulado El Palenque de San Basilio, una comunidad de descendientes de negros cimarrones y de El Negro en Colombia una década después. Sus investigaciones fueron de las primeras en tratar el tema de las sociedades cimarronas en Colombia y algunas de ellas fueron publicadas posteriormente en colaboración con el especialista mundial sobre el tema Richard Price.


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la producción académica en todo el país, sus análisis, junto a los de Germán Colmenares, han sido continuados por otras generaciones de historiadores a través de los estudios regionales. De esta manera, surgieron varios trabajos entre los que cabe resaltar el de Francisco Zuluaga –quien estudia el suroccidente, específicamente la región del Patía en los siglos XVIII y XIX–, e incluso, algunas reflexiones de la esclavitud en contextos urbanos como el texto de Rafael Díaz titulado Esclavitud, región y ciudad: el sistema esclavista urbano–regional en Santafé de Bogotá, 1700–1750 (Agudelo 2010).

Los estudios regionales han hecho que, para el caso del suroccidente de Colombia, se haya desarrollado una producción muy importante que involucra autores nacionales como Guido Barona, Alonso Valencia Llano, de nuevo Francisco Zuluaga, Luis Ervin Prado, Zamira Díaz, Pablo Rodríguez, Marcela Echeverri –esta última específicamente para el caso del actual departamento de Nariño–, José Escorcia, José León Helguera y algunos internacionales como Michael Taussig, Jorge Castellanos y James Sanders, entre otros.

Los estudios históricos que se han publicado sobre el suroccidente del actual territorio de Colombia, se han concentrado sobre todo en el período colonial, especialmente en los siglos XVII y XVIII, y han abordado temáticas como el establecimiento de las haciendas, la explotación aurífera en veta o aluvión, los aspectos culturales de los esclavizados, su vida cotidiana, la sociedad esclavista y el circuito económico de la mina–hacienda establecido en esta zona. Sobre el siglo XIX, período que se aborda en este estudio, se han realizado investigaciones sobre la abolición de la esclavitud en el ámbito legislativo, la participación de la ‘población negra’ en las guerras de independencia, la situación que vivieron los antiguos esclavizados después de la promulgación de la abolición definitiva de la esclavitud en 1851 y la creación del campesinado libre en el valle geográfico del Cauca.

Como se puede observar, los estudios sobre la ‘población negra’ en la región han tenido un volumen importante y han aportado datos fundamentales para entender varios


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aspectos de la sociedad decimonónica. A partir de estos datos y de las hipótesis que se han planteado, es posible resaltar algunos temas de investigación que quedan abiertos por profundizar, así como otros enfoques y fuentes que aún falta explorar. De esta manera, es notorio que las guerras civiles, la formación de los partidos políticos y la acción colectiva de la ‘población negra’, han sido temas poco abordados, no obstante su importancia en la zona.

En este sentido, a continuación se reseñan algunos escritos relacionados con las preguntas que se desarrollarán en este texto. Es importante reiterar que solamente se trabajan aquí las publicaciones que están vinculadas con los temas de este libro, ya que considerar la historiografía sobre las guerras civiles en general y sobre la acción colectiva de la ‘población negra’ en otras regiones y períodos, sería una labor que implicaría otra investigación dedicada exclusivamente a la producción historiográfica.

Guerra de los Supremos en el suroccidente de la Nueva Granada

La Guerra de los Supremos, como la primera Guerra Civil del siglo XIX después de las guerras de independencia, ha ocupado un lugar importante en la historiografía colombiana debido a su alcance en varias regiones de la naciente República y a sus consecuencias en la frágil vida institucional del Estado en construcción. Sin embargo, teniendo en cuenta el contexto de fragmentación que vivía la Nueva Granada para la primera mitad del siglo XIX, es pertinente retomar algunos estudios regionales que permitan entender los efectos de dicha contienda en la acción colectiva de la ‘población negra’ del suroccidente del país.

El argumento de la importancia de los estudios regionales en el estudio de las guerras civiles de la primera mitad del siglo XIX, es respaldado en Las palabras de la guerra de María Teresa Uribe y Liliana López. En este libro las autoras realizan un estudio de las guerras civiles en la historia de Colombia a


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partir de las palabras y la retórica, teniendo en cuenta cómo los discursos que se enunciaron en las contiendas bélicas, incidieron en la configuración de la nación colombiana y en la conformación de sentidos de pertenencia e identidad de sujetos sociales. Con respecto al problema de investigación de este texto, Uribe y López afirman que la Guerra de los Supremos no puede ser entendida como un evento que aconteció igualmente en el territorio neogranadino, por el contrario, la nación estaba tan fragmentada que los reclamos, reivindicaciones, movimientos, lideres, formas de represión y tiempos de la guerra fueron totalmente diferentes en todas las regiones (Uribe y López 2006).

El Museo Nacional de Colombia, dedicó en la II Cátedra Anual ‘Ernesto Restrepo Tirado’, un importante espacio a las guerras civiles del siglo XIX a través de diferentes autores especialistas en dichos temas. A pesar de que el propósito del libro publicado posteriormente fue mostrar la continuidad de las guerras civiles a partir de 1830 con la violencia del siglo XX, autores como Francisco Zuluaga y Alonso Valencia Llano realizaron aportes muy importantes a la historiografía del tema, trabajando la Guerra de los Supremos y la de 1851 respectivamente.

El artículo de Francisco Zuluaga La Guerra de los Supremos en el suroccidente de la Nueva Granada (1998) sostiene que la contienda en el valle del río Cauca manifestó el deseo de los esclavizados de alcanzar la libertad, de esta manera, la conflagración iniciada como un acto de defensa personal de Obando llegó a adquirir: “visos de movimiento antiesclavista y, en esa medida, de guerra de razas, quizá el fantasma que más aterraba a los sectores criollos y a los señores esclavistas” (Zuluaga 1998: 31).

A este planteamiento Zuluaga añade que la guerra en sí misma no fue la oportunidad de los esclavizados de emanciparse, ni fue una causa de represión sistemática para dicha población, pero fue la excusa para que se adoptaran medidas legales para retrasar la obtención de la libertad. En consecuencia, los esclavizados vieron estas leyes como una


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amenaza para el proceso de abolición de la esclavitud e incrementaron el cimarronaje y las actitudes hostiles frente a los amos. Del mismo modo, este enfoque sostiene que la Guerra de los Supremos no inició con el levantamiento de Pasto en 1839, sino que su primer suceso fue el levantamiento de Obando en 1840 en el que se declara: “Supremo director de la guerra en Pasto” (Zuluaga 1998: 32).

El argumento de Zuluaga justifica la necesidad de emplear enfoques regionales para estudiar las guerras civiles en el período que se está trabajando, entre muchas razones, por las características diferenciadas que la contienda tomó en varias zonas de la República. Las peculiaridades del ‘movimiento antiesclavista y de guerra de razas’ que señaló el autor para el suroccidente de la Nueva Granada van a ser determinantes en la acción colectiva de la ‘población negra’, ya que como se verá más adelante, los ‘negros’ esclavizados y libres participaron en los ejércitos que se enfrentaron en la disputa y después de ella y emprendieron una serie de acciones violentas para presionar sus intereses.

De este modo, el texto de Zuluaga, aunque con un enfoque teórico distinto, es central para identificar el enfrentamiento de los Supremos como un punto de partida de una serie de acontecimientos que se desenvolverían en la zona, por consiguiente, con una pequeña variación de lo planteado por el autor, en este trabajo se entenderá la Guerra de los Supremos como una oportunidad política que catalizó la acción colectiva de la ‘población negra’ que continuaría durante años posteriores.

En este libro se retoma el argumento de Zuluaga sobre la periodización de la guerra, es decir, se entiende que la contienda inició con el levantamiento de Obando en 1840 y no con los sucesos de Pasto en 1839, debido a que los segundos están relacionados con otros fenómenos que no se evidencian en el transcurso del enfrentamiento. Con lo anterior, no se quiere argumentar que lo ocurrido más al sur haya pasado desapercibido en la zona de estudio, por el contrario, a pesar de que los sucesos de Pasto no


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afectaron directamente el orden político en Popayán, Cauca y Buenaventura, estas provincias tuvieron que afrontar la manutención de las campañas militares de la división del sur en los altiplanos del actual departamento de Nariño, de hecho Popayán, en detrimento de su economía, se convirtió en el centro de abastecimiento de los ejércitos, de la manutención de las tropas y de la consecución de otros elementos necesarios para la guerra.

El historiador Luis Ervin Prado en su texto Rebeliones en la provincia. La Guerra de los Supremos en las provincias suroccidentales y nororientales granadinas 1839–1842 (2012) realiza un estudio comparativo entre las provincias de Cauca, Buenaventura y Popayán, frente a las de Socorro, Pamplona y Vélez concentrándose en aspectos como las relaciones entre las unidades territoriales mencionadas y el Estado Central, la fragmentación e irregularidad de los movimientos provinciales y el significado de la contienda bélica para los granadinos del siglo XIX (Prado 2007).

Para argumentar sus hipótesis, Prado utiliza el concepto de John Murra archipiélago regional que ya había sido aplicado por Guido Barona,16 para la Gobernación de Popayán, aludiendo a que dicha unidad estaba caracterizada por las relaciones de producción y distribución que configuraron la aparición de la hacienda y de las minas de veta y aluvión y del circuito que se estableció entre estas no solo a partir de los mercados, sino también de las relaciones de parentesco. Debido a lo anterior y a otros factores que se explicarán más adelante, la Gobernación estuvo configurada por islotes autónomos económicamente, como muchas otras unidades territoriales de la Nueva Granada (Prado 2007)

Así mismo, el autor realiza un balance historiográfico sobre lo publicado al respecto de la contienda bélica en cuestión, útil

16 Para el desarrollo de ese concepto ver Murra (1975). Para la aplicación del concepto de Archipiélago regional en la Gobernación de Popayán ver Barona (1995).


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para contextualizar en este apartado cómo se ha abordado en diferentes producciones historiográficas la Guerra de los Supremos. A partir de su revisión, Prado explica que existe una ‘prisión historiográfica’, al estilo del concepto utilizado por Germán Colmenares, cuyo origen se encuentra en la obra de José Manuel Restrepo Historia de la Nueva Granada, poco superada por gran parte de la historiografía.17

Según Prado, en el texto de Restrepo, observa que se narraban los acontecimientos de tipo político transcurridos después de la independencia, mientras que las fuerzas sociales surgidas después de ella y las perturbaciones nacidas en el marco del Estado en construcción, eran vistas como anomalías cometidas en nombre de la ambición, de las ‘pasiones políticas’ y de la falta de civilización. En este sentido, la guerra acontecida entre 1840 y 1841 fue abordada como una insurrección iniciada por “rebeldes que se enfrentaron al gobierno legítimo”, seguidos por ignorantes, ‘sin Dios ni ley’, solo en busca del botín de guerra. En contraste, en el bando contrario, los ejércitos eran descritos como caballeros que prestaban un servicio a la patria desinteresadamente. Esta perspectiva fue heredada por muchos historiadores, especialmente los de principios del siglo XX que imbuidos en la regeneración, rescataban la tradición hispanista y la importancia histórica de los héroes de la independencia (Prado 2007).

De acuerdo a lo anterior, Luis Ervin Prado explica que las obras producidas bajo estas miradas contribuyeron a la formación de ‘prisiones historiográficas’, conservadas por muchos historiadores actuales. Dichas prisiones, consisten en el rechazo a todo movimiento social que cuestione el Estado Nación y el statu quo establecido por las élites y en la defensa del centralismo político como la única agenda posible para el Estado Colombiano. Así mismo, el autor señala investigaciones más recientes, que no han superado del todo la narración cronológica y la aplicación de nuevas

17 Existen importantes estudios que han profundizado sobre la obra de Restrepo y su papel en la historiografía colombiana sobre el siglo XIX. Véase Colmenares (1986) y Múnera (2005) entre otros.


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perspectivas al problema de investigación. De esta manera Prado identifica algunos textos sobre las guerras civiles en general y otros sobre diferentes regiones del país como la Costa Atlántica y el suroccidente. Sobre el segundo reporta que se han investigado personajes sobresalientes como Francisco Villota, José María Obando y su contrincante Tomás Cipriano de Mosquera (Prado 2007).

El texto de Prado proporciona algunos datos e hipótesis que son centrales para entender el problema de investigación que aquí se aborda. Por un lado, el autor aporta información sobre los sucesos específicos del desarrollo de la guerra en las provincias en cuestión que permiten aclarar el contexto en el que la ‘población negra’ fue involucrada en la contienda bélica. Así mismo, reconoce que después del enfrentamiento las hostilidades continuaron, involucrando grupos de ‘población negra’ e incrementando el fantasma de la ‘guerra de castas’ que tanto temían las élites del suroccidente. El planteamiento de Prado sobre los sucesos postbélicos es muy útil para este estudio, debido a que aquí se plantea la Guerra de los Supremos como una oportunidad política, que no solo involucró a la población de la zona, sino que también fue catalizadora de la acción colectiva de la misma, como se verá en el segundo capítulo.

El texto de Luis Ervin Prado trasciende los estudios regionales sobre la Guerra de los Supremos a pesar del uso del concepto de ‘archipiélago regional’ para abordar este período. La comparación que realiza entre las provincias suroccidentales y nororientales dejan ver las continuidades y rupturas en dos puntos de la nación que tenían contextos específicos muy diferentes. De esta manera, fue posible confirmar la excepcionalidad de la acción colectiva de la población en las provincias de Buenaventura, Cauca y Popayán ya que fue especialmente en esta región que se manifestaron paralelamente a la contienda, movimientos de protesta contra formas de sujeción laboral como se puede observar en el levantamiento de los esclavizados en el valle del río Cauca, donde la conflagración tomó forma de ‘guerras de castas’ (Prado 2007).


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Los textos mencionados han permitido identificar algunas miradas sobre la guerra que determinaron la visión que aquí se trabajó sobre ella. El texto de Zuluaga nutrió la percepción que en este trabajo se sostiene de la Guerra de los Supremos como un acontecimiento que inició hasta 1840, a pesar de las implicaciones que tuvieron los levantamientos de Pasto de 1839 en la zona. Por otra parte, este autor señala, al igual que Prado, la participación de la ‘población negra’ durante el enfrentamiento y después del mismo, hecho que es central en el planteamiento de este escrito que no solo se centra en la intervención de dicha población en el conflicto, sino que percibe la Guerra de los Supremos como una oportunidad política que catalizó la acción colectiva de la misma.

Por su parte, el texto de Prado, gracias a la documentación que realiza acerca de la llegada de la guerra mencionada al valle del río Cauca, precisó información más enfocada en la región de estudio, a la contienda en sí misma y a un contexto más específico en el que la ‘población negra’ hizo parte de las acciones bélicas, por esta razón, este trabajo permitió entender ciertas coyunturas que se desarrollaron durante la contienda y después de ella. A través de la comparación realizada por el autor, fue posible entender las peculiaridades de la situación en las provincias del suroccidente, así como ubicar las fuentes consultadas en un contexto histórico específico y contrastar la documentación primaria, con la que se trabaja en este libro.

Es importante recordar que tanto Zuluaga como Prado, incluso Uribe y López, resaltaron la importancia de examinar lo sucedido en la Guerra de los Supremos con una escala espacial regional. Los autores consultados coincidieron en la situación de fragmentación en varios ámbitos de la sociedad neogranadina para el período de interés, por lo tanto, fueron muy útiles para delimitar la zona de estudio que se trabaja en este texto. Aun así, es relevante reiterar el aporte especial del trabajo de Prado, en el que se realiza un ejercicio comparativo entre varias provincias, lo que constituye una aproximación interesante a la realización de una historia más general sobre la naciente República de la Nueva Granada.


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Debido a que las preguntas y temáticas planteadas en estas publicaciones difieren en parte de las preocupaciones de este escrito, existen algunas variaciones entre lo propuesto por los autores mencionados y lo que se intenta demostrar en este texto. El interés general de este trabajo es por la participación de la ‘población negra’ en los eventos políticos del siglo XIX, por consiguiente, los marcos de análisis utilizados son diferentes a los mencionados. En este escrito el problema de investigación conllevó a la utilización de los conceptos acción colectiva y oportunidad política, cuya aplicación al caso de estudio posibilita entender la Guerra de los Supremos como la oportunidad política que catalizó la acción colectiva violenta de la ‘población negra’, durante y después de la contienda.

Las variaciones mencionadas en los enfoques conceptuales marcan diferencias en las fuentes que se trabajan. Por este motivo, los casos judiciales seguidos a algunos ‘negros’ por los delitos de robo, rebelión y asesinato que aquí se analizan, no fueron estudiados en las demás publicaciones. Gracias a esas fuentes, en este libro se logró observar cómo después de la guerra, la ‘población negra’ continuó presionando para alcanzar sus intereses por la vía violenta encontrando una fuerte respuesta por parte de las élites de la región. Estas élites a su vez presionaron al gobierno central para sancionar medidas represivas, que en 1843 desmontaron algunos mecanismos para la obtención de la libertad que se habían señalado en la Ley de Libertad de Vientres de 1821. En suma, las diferencias entre el presente texto y los otros reseñados, están constituidas por el enfoque teórico y las fuentes consultadas que permitieron explicar la participación política de la ‘población negra’ en el siglo XIX, en términos de acción colectiva, como se verá más adelante.

Guerra de 1851

La Guerra Civil de 1851 es una de las contiendas menos investigadas por la historiografía colombiana, su desarrollo fue fundamentalmente en las provincias de Antioquia y Cauca, por lo tanto, su estudio se ha limitado en gran parte a


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estas dos zonas. Existen muy pocos textos publicados sobre este tema, sin embargo, los que fueron consultados coinciden en explicar esta guerra como una reacción conservadora a las nuevas medidas implantadas por los liberales en el poder, encabezados por el presidente José Hilario López.

En el mencionado trabajo de María Teresa Uribe y Liliana López (2006), se aborda parcialmente la guerra de 1851 desde el enfoque que se explicó anteriormente: a partir de las palabras y la retórica. En este sentido, las autoras argumentan que la contienda estuvo caracterizada por pocas batallas importantes, por la ausencia de caudillos sobresalientes y la baja intensidad del conflicto armado, en consecuencia, las confrontaciones más intensas se desenvolvieron en otros campos que le dieron a esta guerra un carácter de revolución política retórica (Valencia Llano 1998).

El historiador José León Helguera publicó en 1970 el artículo titulado: “antecedentes sociales de la revolución de 1851 en el sur de Colombia (1848–1849)”, que fue uno de los textos pioneros en el estudio de esta contienda. El autor en las primeras líneas explica que el único escrito antecesor al suyo es la Historia Contemporánea de Colombia (1930) de Gustavo Arboleda cuyas ediciones datan de las primeras décadas del siglo XX, por lo tanto, son elaboradas a partir de la visión nacionalista y positivista que predominaba en el quehacer histórico del momento.

Por su parte, Helguera explica que la confrontación de 1851 fue, como varias de las rebeliones del siglo XIX, un gesto de frustración armada ante un Estado que al parecer vulneraba los intereses y derechos económicos de dos grupos de la élite neogranadina: los propietarios del valle del Cauca y de la provincia de Popayán y los terratenientes de Pasto. Adicionalmente, el autor explica que con el ascenso al poder del presidente liberal José Hilario López, se adoptaron medidas que no encontraron buena respuesta en los territorios mencionados, por factores como el fuerte arraigo de la esclavitud en el sistema económico y social (Helguera 1970).


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Este autor realiza un contexto sobre las condiciones políticas y sociales que precedieron la guerra de 1851, en el que involucra aspectos como los conflictos sobre las tierras ejidales en Cali, el ascenso al poder del liberalismo en cabeza del presidente José Hilario López, las elecciones, la necesidad del cambio de funcionarios públicos por miembros del partido en el poder, la urgencia de depurar el ejército legado del mandato de Tomás Cipriano de Mosquera, la lucha en los periódicos entre los dos partidos políticos y la formación de sociabilidades por parte de los mismos. De este modo, Helguera expone cómo los nuevos mandatarios del sur en los meses posteriores a Abril de 1849, se enfrentaron a un sector opositor adinerado y poderoso, se vieron privados de una prensa efectiva, dirigían una fuerza militar comandada por jefes de poca confianza, dependían de una mayoría de empleados públicos hostiles y de una iglesia que se encontraba en actitud defensiva. De esta manera, el autor señala la urgencia del liberalismo por fortalecerse, bajo la amenaza de perder el poder (Helguera 1970).

En este sentido, Helguera expone que la estrategia utilizada por los liberales para llevar a cabo su programa, fue establecer una alianza con los sectores populares. Por motivos como la inexistencia de un sector intermedio entre las élites y los grupos subordinados en Cali, Helguera afirmó que esta alianza entre el ‘pueblo’ y los liberales, produjo varios episodios violentos. Dicha situación es contrastada con la de Popayán, que poseía una mayor cohesión social para articular un programa liberal más ordenado (Helguera 1970).

Finalmente, después de explicar los aspectos precedentes de la guerra de 1851, Helguera concluye que más tarde, tanto liberales como conservadores, comprobarían que la movilización del pueblo iba a convertirse en manifestaciones destructivas como los ‘retozos democráticos’18 entre 1850

18 El término ‘retozos democráticos’ hace referencia a la reacción que tuvo el gobernador de la provincia de Buenaventura Ramón Mercado, cuando se le cuestionó por las acciones violentas


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y 1851 a los que quería poner límite el levantamiento conservador comandado por Julio Arboleda (Helguera 1970).

En el texto resultante de la II Cátedra Anual Ernesto Restrepo Tirado mencionado anteriormente, Alonso Valencia Llano (1998) explica que la guerra de 1851 no fue muy interesante desde el punto de vista militar, debido a que no participaron en ella caudillos importantes, ni hubo grandes acciones armadas. Por el contrario, siguiendo la línea de Helguera, el autor señala que esta contienda fue resultado del levantamiento de algunos miembros de las élites tradicionales, que se sintieron amenazados por las medidas del gobierno de José Hilario López. No obstante, este grupo, aliado con algunos sectores de la Iglesia, no logró enfrentarse del todo a los cambios que estaban transformando los esquemas coloniales, que habían permanecido casi iguales a los del siglo XVIII.

A pesar de la similitud de los argumentos de Valencia con los del Helguera, el primero sostiene que aunque la guerra haya sido catalogada como poco importante, no se puede perder de vista que durante su desarrollo el ‘pueblo’ apareció como un agente político con mucha autonomía. Esta apreciación es central en el desarrollo del presente libro, pues aquí la contienda bélica es vista como parte de la acción colectiva de la ‘población negra’ y producto de la alta participación política que tuvo dicha población en las sociabilidades de los partidos políticos.

De nuevo, los argumentos de los dos autores coinciden debido a que Valencia retoma la llegada de los liberales al poder, la expulsión de los jesuitas, los ‘retozos democráticos’ y la abolición de la esclavitud como los motivos que condujeron a la guerra de 1851, sin embargo, en el artículo de la cátedra Ernesto Restrepo Tirado se

que estaban llevando a cabo algunos miembros de la Sociedad Democrática de Cali, este respondió a los argumentos en contra de la actividad de sus copartidarios, que era retozos democráticos del pueblo Mercado (1996).


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introduce una nueva variable para entender el conflicto. De este modo, Valencia expone que el gobierno ecuatoriano apoyó el levantamiento de los conservadores, debido a que veía la contienda como una oportunidad para ocupar las provincias del sur de Nueva Granada, mientras el débil gobierno neogranadino y sus opositores se enfrascaban en un enfrentamiento (Valencia Llano 1998).

Así mismo, el autor incorpora en su análisis el desarrollo de la guerra en la provincia de Antioquia, a pesar de que allí la lucha tuvo como fundamento la autonomía federal y no la conservación de la esclavitud, de ahí que Valencia argumente que la contienda se compuso de dos movimientos con intereses muy diferentes que solamente coincidieron en el tiempo.

Los artículos de Helguera y Valencia consultados en este apartado, constituyeron grandes aportes para la presente investigación en cuanto al contexto anterior a la guerra de 1851. En el presente texto se argumenta que la acción colectiva de la ‘población negra’ tuvo tres períodos diferenciados entre 1840 y 1851, entre estos se identifican las acciones de 1848 a 1851 como parte de la reanudación de la acción colectiva violenta. Por este motivo, la información expuesta por los autores sobre la importancia de los conflictos en torno a las tierras ejidales y a la permanencia de la esclavitud, unidos a los ‘retozos democráticos’ y la inconformidad de ciertos sectores con las medidas sancionadas por el gobierno liberal, ha sido fundamental para trazar la acción colectiva en cuestión, más allá de la confrontación bélica de 1851.

Las investigaciones que se reseñaron sobre la guerra de 1851, además de otorgar herramientas para comprender el período de 1848 a 1851, permitieron identificar temas que quedan pendientes por profundizar. Entre ellos, cabe señalar la participación de la ‘población negra’ durante la guerra en las Guardias Nacionales para la defensa del gobierno liberal que apoyó algunos de sus intereses como la obtención de la libertad.


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Acción colectiva de la ‘población negra’

Los textos que se incluyen en este apartado han abordado la participación de la ‘población negra’ en el período de estudio a partir de enfoques diferentes a los que se plantean en este libro. Los autores aquí reseñados, a partir de otras fuentes, preguntas de investigación y marcos teóricos, han expuesto argumentos muy similares a los que se proponen en este documento, sin embargo, las variaciones que se han manifestado entre las fuentes consultadas, la periodización propuesta y las herramientas conceptuales, han producido diferencias en las hipótesis y conclusiones que forman parte de este escrito.

Uno de los primeros trabajos publicados en Colombia en torno a la participación de los sectores populares en la abolición de la esclavitud fue el del historiador cubano Jorge Castellanos (1980). Como se mencionó en líneas anteriores, gran parte de las investigaciones realizadas antes de la década del ochenta se habían limitado a un examen de la legislación abolicionista, por consiguiente, Castellanos es uno de los pioneros en estudiar a los sectores populares como agentes históricos, en lugar de privilegiar las acciones de las élites.

A partir del estudio de los aspectos concernientes a la abolición de la esclavitud en el suroccidente, el autor explica cuáles fueron las acciones emprendidas por los ‘negros’ libres y esclavizados en busca de la libertad, desde la creación de la República de la Nueva Granada hasta la expedición de la Ley del 21 de Mayo de 1851. En este sentido, sostiene que la abolición de la esclavitud en la Nueva Granada no fue un movimiento impulsado desde arriba ni el producto del funcionamiento de las nuevas fuerzas económicas, por el contrario, el esfuerzo, lucha y sacrificio de los esclavos mismos y de hombres de estratos populares fueron los factores que determinaron la emancipación definitiva de los esclavizados en la República (Castellanos 1980).


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De acuerdo a lo anterior, Castellanos fue uno de los pioneros en manifestar la participación de la ‘población negra’ en la Guerra de los Supremos, en las acciones violentas que se desarrollaron después de esta y en los enfrentamientos entre las sociabilidades creadas por los partidos políticos en construcción, así mismo, fue uno de los pocos investigadores que se concentran en la provincia de Popayán a diferencia de otros autores que trabajan sobre todo las provincias de Cauca y Buenaventura.

La hipótesis de Castellanos puede ser discutible debido a que la abolición de la esclavitud no puede reducirse a las luchas de los sectores populares, por el contrario, su alcance implicó la coexistencia de otros elementos. Aunque las constantes acciones de la ‘población negra’ son centrales para entender el período de estudio, es importante reconocer la mediación de la construcción del orden republicano, las guerras civiles, las acciones de las élites para evitar la libertad de los esclavizados, la construcción de los partidos políticos y las dinámicas económicas.

Finalmente, para Castellanos las acciones emprendidas por la ‘población negra’ estuvieron dirigidas a obtener la libertad de los esclavizados, sin embargo, el énfasis en la liberación deja de lado los demás intereses defendidos por los mismos, como el acceso a la tenencia de la tierra y la obtención de mejores condiciones de vida, expresadas en los juicios sobre cambio de amo que se trabajarán en el capítulo tercero.

Las reformas liberales de medio siglo han sido un tema ampliamente abordado por la historiografía colombiana que, a su vez, ha relacionado el estudio del liberalismo decimonónico con la participación de sectores populares en la esfera política como los artesanos y la ‘población negra’. En este marco se encuentra el texto La fiesta liberal en Cali (1992) de Margarita Pacheco en el que se explica la aplicación de dichas reformas en la provincia de Buenaventura entre 1845 y 1854.


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En este sentido, la autora utiliza el concepto de ‘cultura política popular’ para estudiar la forma en la que los sectores populares entendieron y participaron en la esfera pública en alianza con los liberales, específicamente en los sucesos de los ‘zurriagos’ en Cali. Para el desarrollo de sus argumentos, Pacheco involucra variables como los conflictos en torno a las tierras ejidales, el establecimiento de las ‘sociedades democráticas’, la consolidación de la opinión pública y el monopolio del tabaco y el aguardiente. Lo anterior le permite identificar las características de las acciones emprendidas por los grupos subordinados de la ciudad y sus alrededores, como expresión de una cultura política popular que se manifestó con fuerza.

Margarita Pacheco utiliza herramientas metodológicas provenientes de la historia social como el concepto de ‘economía moral’ y las preguntas sobre los blancos de la acción colectiva, la represión y las formas que tomaron las acciones de los sectores que se estudian. Debido a que estas sugerencias para aproximarse a las fuentes son pertinentes para el estudio de la acción colectiva de la ‘población negra’, algunas de las categorías propuestas por la autora son retomadas en el presente libro, con el propósito de interrogar las causas criminales, los juicios por libertad y cambio de amo, la legislación, las memorias de los burócratas provinciales y la prensa.

Derivado del interés de Pacheco por las medidas liberales de medio siglo, la periodización que la autora propone inicia en 1845 y finaliza en 1854 cuando el golpe de José María Melo conduce a la presidencia a ciertos sectores que fueron tradicionalmente excluidos de la esfera pública. En contraste, en este estudio, la pregunta por la acción colectiva de la ‘población negra’ motivó a plantear una periodización diferente que inicia un lustro antes con el estallido de la Guerra de los Supremos y finaliza con la abolición de la esclavitud en 1851. Aun así, el texto de Pacheco permite pensar en la posibilidad de realizar nuevas investigaciones más adelante en el siglo XIX, debido a que después de la liberación de los esclavizados, continuó la alianza entre la ‘población negra’ y el liberalismo.


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El historiador estadounidense James Sanders en sus textos Contentious republicans. Popular politics, race and class in the nineteenth–century Colombia y Ciudadanos de un pueblo libre: liberalismo popular y raza en el suroccidente de Colombia en el siglo XIX publicados en 2004 y 2009 respectivamente, estudia cómo en el marco de la construcción del orden republicano, los partidos políticos constituyeron alianzas con los sectores populares que, a su vez, aprovecharon esta situación para conquistar sus propias demandas.

El autor, partiendo de una pregunta muy similar a la de Pacheco sobre la relación entre el liberalismo y los grupos subalternos en el suroccidente de Colombia, estudia el período entre 1848 y 1886 caracterizado por la hegemonía del partido liberal en el poder, salvo algunas pocas excepciones. De este modo Sanders plantea que en el valle del Cauca, las relaciones entre los líderes de los partidos políticos y sus aliados subalternos estuvieron marcadas por una negociación constante, que produjo la irrupción de los mismos en la esfera pública, después de una larga lucha que había iniciado con el final de las guerras de independencia (Sanders 2004).

En este sentido, Sanders identifica las ceremonias públicas de manumisión, la Guardia Nacional y las ‘sociedades democráticas’ como los mecanismos utilizados por los liberales para movilizar la ‘plebe’ de la región. Dentro de los mismos, el autor explica que los ‘afrocaucanos’ negociaron su participación en las elecciones y sus servicios como soldados en las guerras civiles a cambio de beneficios sociales, económicos y políticos que incluían la abolición de la esclavitud, el acceso a los ejidos, la reducción de los monopolios de aguardiente y la obtención de la ciudadanía. Igualmente estos sectores redefinieron el sentido de la ciudadanía creando una visión de liberalismo popular que daba mayor énfasis en las nociones de libertad e igualdad, diferente al proclamado por las élites del partido (Sanders 2009).

A pesar de que el período trabajado por Sanders inicia en 1848, el autor realiza un recorrido histórico a partir de la independencia en el que explica que la esclavitud había


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entrado en decadencia debido a la manumisión de muchos esclavos que habían combatido en la guerra, a la prohibición de la trata por parte del nuevo Estado y a la Ley de Libertad de Vientres de 1821. Así mismo, afirma que a lo largo de la Guerra de los Supremos, José María Obando ofreció la libertad a los esclavizados por participar en sus ejércitos, sin embargo, tras su derrota los conservadores volvieron a controlar el Cauca. Finalmente señala que hasta finales de la década de 1840, la élite y los sectores medios del liberalismo se concienciaron sobre las necesidades de los afrocolombianos en su búsqueda por aliados en la lucha contra los conservadores.

Con respecto a este contexto histórico realizado por el autor, existen algunas diferencias frente a lo que se expone en este texto. Mientras el autor considera que entre la derrota de Obando y la aparición de los partidos políticos y sus sociabilidades no aconteció nada importante relacionado con la ‘población negra’, en esta investigación se retoman las acciones violentas realizadas por dicho sector después del final de la contienda y la acción colectiva legal que se incrementó entre 1844 y 1847.

Del mismo modo, para Sanders la manumisión de quienes habían combatido en las guerras de independencia, sumada a la prohibición de la trata de esclavizados y a la sanción de la Ley de Libertad de Vientres, habían marcado el declive de la esclavitud, sin embargo, es importante recordar que el cumplimiento de la Ley de 1821 se vio alterado por las estrategias de los esclavistas para no liberar a la mano de obra esclavizada, por la legislación de 1842 y 1843 que alargó la edad para acceder a la libertad y permitió nuevamente el comercio esclavista, y por el pobre papel desempeñado por las juntas de manumisión.

El argumento central de Sanders, sobre cómo los sectores subalternos presionaron sus propios intereses a través de negociaciones con las élites es en parte apoyado por esta investigación; sin embargo, el período de estudio que aquí se trabaja hace que los espacios en los que se manifestaron


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las acciones de los sectores populares para lograr sus intereses se identifiquen en la Guerra de los Supremos, las acciones de robo, saqueo y asesinato en el postconflicto, el uso de los recursos jurídicos republicanos y finalmente las sociabilidades de los partidos políticos.

A pesar de que las obras de Alonso Valencia Llano fueron consultadas únicamente durante la última etapa de elaboración de este texto, a excepción de las dedicadas a la guerra de 1851 y otras de contexto, sin duda son las más cercanas temáticamente. Especialmente su libro ‘Dentro de la ley y fuera de la ley’. Resistencias sociales y políticas en el valle del río Cauca. 1830–1855 publicado por la Universidad del Valle en el 2008 aborda varios aspectos que son tratados en este texto, con variaciones sobre algunos aspectos.

En el libro señalado, el autor expone el proceso de insurgencia social desarrollado por los habitantes de las provincias del sur de la actual Colombia durante la primera mitad del siglo XIX, a través del estudio del ciclo de resistencias sociales, culturales y políticas desarrolladas colectiva o individualmente por los sectores populares de las provincias de Cauca y Buenaventura. De acuerdo a lo anterior, en este texto se estudia la acción política de la élite que detentó el poder en la República y la región entre 1810 y 1854, y la de los sectores populares que aprovecharon las reformas políticas republicanas para liberarse de las formas tradicionales de dominio e insertarse en la sociedad nacional.

Durante un período más largo que el trabajado por los demás autores reseñados, Valencia Llano (2008) explica la acción política de los campesinos del valle del Cauca en el marco de la formación republicana a partir de los procesos desarrollados por los campesinos libres y esclavizados, como la vinculación a los ejércitos enfrentados en las guerras civiles para mejorar su condición económica y social, la huida a los montes para construir sociedades libres y la lucha por alcanzar espacios sociales en los cuales insertarse en la sociedad republicana.


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Las resistencias sociales y políticas de los campesinos vallecaucanos son trabajadas por este autor, desde la disolución de la República de Colombia hasta la caída de José María Melo. De esta manera, Valencia Llano aborda la creación de la sociedad republicana, los reclutamientos, las movilizaciones, las formas en las que los esclavizados accedieron a la libertad, la tensión social entre los esclavizados y sus propietarios, las guerras civiles, la insurgencia social y participación política de los sectores populares, su relación con los liberales, las conquistas sociales que se alcanzaron, la formación ideológica construida desde las ‘sociedades democráticas’, la radicalidad ideológica, el apoyo de los grupos subalternos a la dictadura de Melo y la represión a los golpistas en las provincias de Cauca y Buenaventura.

En cuanto a los referentes teóricos, Valencia Llano (2008) utiliza los conceptos de ‘Insurgencia’ y ‘Bandidos’ trabajados principalmente por Eric Hobsbawm, sin embargo, expresa que en la región y la época estudiada no se presentó un bandolerismo similar al de España, México o Europa. Más exactamente el propósito del autor, al utilizar estas perspectivas, es indicar que los campesinos que son estudiados muchas veces fueron calificados como ‘delincuentes’ y ‘bandidos’ por vivir en choque permanente con las élites tradicionales y con los funcionarios republicanos.

Del mismo modo, en Dentro de la ley y fuera de la ley (2008)el mismo autor hace uso del concepto de ‘Resistencia’, sobre todo a partir de la aplicación que Anthony McFarlane hizo del mismo en el estudio de los desórdenes civiles y las protestas populares en el virreinato de la Nueva Granada. En su texto, McFarlane (1991) concluye que los desórdenes civiles y las protestas populares de finales del siglo XVIII, relacionadas con la implantación de nuevos tributos, no cuestionaban la potestad de los funcionarios coloniales para cobrar impuestos, es decir, no desafiaban el sistema político en general. Al respecto, Valencia Llano señala que si bien este era el caso para los procesos coloniales, en el siglo XIX los campesinos vallecaucanos


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habían vivido un proceso de evolución política que los llevó a cuestionar al Estado, al gobierno y a la sociedad republicana en su conjunto.

Si bien la participación política de los sectores populares en la primera mitad del siglo XIX es el común denominador entre la obra de Valencia Llano y el presente libro, existen algunas diferencias que determinan la diversidad en las conclusiones de ambos textos. Dentro de las hipótesis y preguntas aquí planteadas, se incluye a la provincia de Popayán en el análisis de la acción colectiva de la ‘población negra’ a pesar de que es en Buga, Cali entre otras ciudades y pueblos de las provincias de Cauca y Buenaventura, que se desarrollaron con más fuerza los enfrentamientos entre las sociabilidades de los partidos políticos. En Popayán se desarrollaron sucesos importantes de la Guerra de los Supremos, se imprimieron muchos de los periódicos en los que las élites expresaban sus temores sobre las acciones de los ‘negros’ y sus sugerencias para la represión, se crearon sociedades de ambos partidos y se planeó la rebelión conservadora de 1851, por ello, su inserción en la región estudiada permite abordar nuevos datos.

Aunque en este texto se utilicen las estrategias metodológicas y los referentes teóricos de la historia social, el enfoque conceptual con respecto a Valencia Llano varía debido al uso de los conceptos de ‘bandidos’, ‘insurgencia’ y ‘resistencia’ frente al de acción colectiva que se emplea en este libro. Por un lado, tener como referente acción colectiva permite involucrar otras prácticas de la ‘población negra’ en cuanto a su participación política, como son el uso de las herramientas que el sistema jurídico republicano permitía a ciertos sectores sociales para alcanzar ciertas conquistas como el cambio de amo o la libertad.

En segundo lugar, y en relación con lo anterior, dicho uso del sistema jurídico republicano que en este texto se ha denominado como acción colectiva legal, permite poner en discusión la noción de ‘resistencia’ que se utiliza en el texto de Valencia Llano. Debido a la Ley de Libertad de Vientres de


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1821, a las convocatorias realizadas por los ejércitos que se enfrentaron en las diferentes confrontaciones del período de estudio y a la legislación heredada de la colonia, que permitía el cambio de amo en caso de maltrato, los esclavizados o sus familiares tenían la posibilidad de aprovechar estos intersticios para presionar por sus intereses. En este sentido, las acciones que dichos sectores emprendieron para lograr sus propósitos no siempre fueron resistencia, por el contrario, incluyeron la negociación y el aprovechamiento de cierta legislación y de ciertas coyunturas que jugaron a favor de sus intereses.

En suma, a pesar de que en este libro algunas de las estrategias metodológicas y argumentos de los autores reseñados son retomados, existen diferencias en cuanto al uso del concepto de acción colectiva para denominar la participación política de la ‘población negra’ en el suroccidente de la Nueva Granada. De acuerdo al mismo, se reconocieron los acontecimientos violentos y el uso de los recursos jurídicos como parte de las formas de acción los negros, mulatos, pardos, libertos y manumitidos y se establecieron diferencias entre las etapas identificadas en el período de estudio.

* * *

La pregunta de investigación sobre la participación política de la ‘población negra’ en la coyuntura de 1840 y 1851 en las provincias de Cauca, Popayán y Buenaventura, condujo a la definición del concepto acción colectiva como herramienta analítica pertinente para entender y explicar la información que ofrecen las fuentes primarias y la bibliografía consultadas. Este concepto ha tenido un peso importante como categoría en las ciencias sociales desde la década del sesenta y ha sido teorizada desde diferentes ángulos como la relación con la lógica, la vinculación con los bienes públicos, la teoría del juego y las motivaciones individuales de quienes participan en ella.

La teorización de Charles Tilly acerca de la acción colectiva ha sido muy útil para la realización de este trabajo, junto con lo que aporta al tema el libro de Sidney Tarrow, El poder


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en movimiento: Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política. En cuanto al siglo XIX el enfoque de Charles Tilly fue traído a América Latina por investigadores como Fernando López–Alves, en su estudio sobre la formación del Estado, La formación del Estado en América Latina (2003), Eric Van Young en su estudio sobre la participación popular en la independencia de México, La otra rebelión. La lucha por la independencia de México, 1810-1821 (2006) y en el caso colombiano por Margarita Pacheco en su estudio sobre el movimiento de los ‘zurriagos’ en Cali, La fiesta liberal en Cali (1992) entre otros.19

De acuerdo a lo anterior, en este texto se entiende la acción colectiva como el medio por el cual los sectores de la sociedad ejercen su poder, plantean sus intereses y los presionan contra sus oponentes (Pardo 2001). Esta acción puede ser breve o mantenida en el tiempo, institucionalizada o subversiva, puede tener fases violentas e igualmente no violentas (Tarrow 1991) y puede comprender un carácter regional, local, nacional y hasta internacional. Así mismo, la acción colectiva en su carácter no permanente ni sostenido, presenta flujos que muchas veces son influidos por la represión, es decir, los altos niveles de represión producen bajos niveles de acción colectiva violenta, por consiguiente, una escalada en la represión hace que disminuya la movilización (Tilly 1997) y que a partir de este fenómeno aumente la acción colectiva no violenta.

La participación en la acción colectiva está motivada por un cambio en las oportunidades y restricciones políticas (Tarrow 1991), es decir, cuando las personas adquieren acceso a recursos necesarios para escapar de la pasividad, o encuentran oportunidades para acceder a espacios políticos que tradicionalmente les han sido negados, se desarrolla un móvil para la acción colectiva que se desenvuelve por medio

19 Referirse a: Fernando López-Alves (2003), La formación del Estado en América Latina. Eric Van Young (2006), La otra rebelión. La lucha por la independencia de México, 1810-1821. Margarita Pacheco (1992), La fiesta liberal en Cali.


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de repertorios de enfrentamiento que pueden ser violentos o no violentos. De esta manera, la categoría acción colectiva no debe ser trabajada en lo abstracto, por el contrario, como medio que confronta a la gente común contra las élites y las autoridades, debe ser entendida en un marco geográfico definido y en un momento histórico determinado.

En este texto, el concepto de acción colectiva se aplica al estudio de la participación política de la ‘población negra’ en el marco de las guerras civiles acontecidas en la Nueva Granada entre 1840 y 1851, la conformación de los partidos políticos y sus sociabilidades, y el uso de los recursos que el régimen republicano otorgaba a los esclavizados y a la ‘población negra’ en general para presionar por sus intereses. En este sentido la Guerra de los Supremos será vista como un oportunidad política que tuvo la ‘población negra’ para presionar por sus derechos y su libertad, posteriormente, tras una escalada de represión legal y de castigos penales a los sublevados, se estudiará cómo la acción colectiva disminuyó su ritmo violento y se concentró en las acciones legales que los esclavizados emprendieron como peticiones para cambio de amo u obtención de la libertad, entre otros. Finalmente, se expondrá cómo la ‘población negra’ empezó a relacionarse con un discurso político mediante la instauración en el suroccidente de las ‘sociedades democráticas’ y cómo esta nueva oportunidad política intensificó nuevamente la acción colectiva en su fase violenta.

En este estudio, la noción de acción colectiva no hace referencia a un grupo de personas organizado que planeó en conjunto sus acciones y actividades, por el contrario, el aislamiento de los grupos de esclavizados dado por las características de la producción económica y las condiciones geográficas de la Nueva Granada en la primera mitad del siglo XIX, no favoreció la formación de un movimiento que cuestionara el orden establecido, como ocurrió en Haití en los inicios del siglo XIX. Por el contrario, se utiliza esta categoría teniendo en cuenta que la ‘población negra’ no se organizó en su totalidad para llevar a cabo la acción colectiva. De este modo, bajo dicha


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noción también se examinan casos como los asesinatos ocurridos en las haciendas de Caloto y Buga después de la Guerra de los Supremos, los recursos jurídicos utilizados por la ‘población negra’ y las movilizaciones que ocurrieron a partir de la creación de las ‘sociedades democráticas’ en el valle del río Cauca.

También es importante aclarar que bajo esta categoría tampoco se quiere hacer ver que la participación política de la ‘población negra’, en estas coyunturas, expresara una conciencia de clase entre dicho grupo o una voluntad autónoma que proclamara un nuevo proyecto social. Como se explicó anteriormente, lo que en este libro se denomina ‘población negra’ no es un sector homogéneo que buscaba revertir sociedad esclavista, más bien era un grupo heterogéneo que tenía intereses no solo en la libertad de los esclavizados, sino también en el acceso a la tierra y a mejores condiciones de vida.

Como se ha explicado en líneas anteriores, tanto las guerras civiles, como la conformación de los partidos políticos y sus sociabilidades adquirieron características diferentes en la región que generan la imposibilidad de extrapolar estos fenómenos a una escala nacional, por consiguiente, la acción colectiva de la ‘población negra’ en las provincias de Cauca, Buenaventura y Popayán entre 1840 y 1851 tuvo un carácter enteramente local, en parte debido a la fragmentación en la que se encontraba la Nueva Granada en el período de estudio, que distanciaba la realidad económica, política y social de las provincias del suroccidente, de la de otros lugares de la República.

* * *

Las diferentes fuentes que fueron utilizadas para el desarrollo de este texto se consultaron en el Archivo Central del Cauca, el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional y la Biblioteca Luis Ángel Arango. En el archivo ubicado en Popayán se estudiaron los documentos del Fondo República del cual se seleccionaron las causas criminales contra la


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‘población negra’ y los juicios emprendidos por esta, para lograr su libertad o mejores condiciones de vida. Dichas fuentes fueron utilizadas para el trabajo de los capítulos 2 y 3 en los que se abordaron las formas violentas y no violentas de la acción colectiva.

En la Sala de libros raros y manuscritos y la Hemeroteca de la Biblioteca Luis Ángel Arango se trabajó con los documentos del Fondo Julio Arboleda, las misceláneas y con el gran número de periódicos de las provincias del Cauca, Popayán y Buenaventura que allí se encuentran. Gracias a los datos proporcionados por estas fuentes fue posible establecer algunas características de la acción colectiva violenta de la ‘población negra’, se profundizó en el contexto histórico de la misma, pero sobre todo, se identificaron las actitudes que tomaron las élites del suroccidente para combatirla.

La mayoría de las fuentes trabajadas –la prensa, las causas criminales y los escritos de las élites del suroccidente– no fueron producidas directamente por los sectores subalternos de la sociedad decimonónica, por el contrario, fueron mediadas por los grupos de poder que controlaban la justicia y otros estamentos políticos en las provincias de Cauca, Buenaventura y Popayán. En este sentido, la metodología sugerida por autores como George Rudé, Edward Thompson, Mario Aguilera y Margarita Pacheco fue muy útil para establecer ciertas categorías de análisis que permitieran analizar la información concerniente a la acción colectiva de la ‘población negra’.

Las categorías que se establecieron para leer y organizar la información incluyeron la pregunta por el contexto histórico determinado en el que se ubicó la acción colectiva, por quiénes la llevaron a cabo, cuáles fueron las formas que tomó, quiénes –o qué– fueron el objetivo social y político, el blanco, o las víctimas de la acción colectiva, cuáles eran los objetivos o motivaciones de estas actividades y cuál fue la eficacia que tuvieron las fuerzas de represión para someter las acciones desarrolladas.


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En este sentido, es relevante para este y otros análisis resaltar la importancia de poner en diálogo diferentes tipos de fuentes con el conocimiento del contexto histórico. Gran parte de las fuentes, escritas por miembros de las élites del suroccidente, se refieren continuamente a la ‘población negra’ como ‘salteadores’, ‘criminales’ y ‘malhechores’, así mismo, en algunos casos judiciales se explica que los procesados “no tubieron motivación alguna particular, ni se propusieron otro objeto que librarse del amo para que no les hisiera trabajar” o que fueron guiados por una ‘intención deparavada’ que era inherente a ellos, cuando se hace referencia a los motivos por los cuales estos asesinaron a los esclavistas y se movilizaron en forma de guerrillas.20

No obstante, debido al conocimiento del contexto se puede inferir que las medidas retardatarias de 1842 y 1843, el incumplimiento de las disposiciones de 1821 para la obtención de la libertad de los esclavizados, los problemas en torno al acceso de la tierra y la exaltación promovida por los partidos políticos, fueron motivos que impulsaron a la ‘población negra’ para participar de manera activa en los sucesos ocurridos en el suroccidente entre 1840 y 1851. De la misma manera, las categorías planteadas por los autores mencionados, permiten desdibujar a los sujetos que se estudian como ‘criminales’ y ‘salteadores’, para analizarlos y comprenderlos como agentes históricos con características muy diversas que utilizan ciertas formas de acción para presionar por sus intereses.

Con lo anterior, no se quiere afirmar que todas las acciones emprendidas por la ‘población negra’ en el período estuvieran motivadas por una conciencia de grupo contestataria que quisiera revertir el orden republicano, si no que la vinculación de varios tipos de fuentes primarias con un contexto histórico específico, nos permite acercarnos

20 Archivo Central del Cauca, en adelante ACC, Fondo República, Causa criminal contra Seferino, Timoteo, Tomás, Féliz y Manuel, esclavos de Pedro Gómez, por haber dado muerte a dicho Gómez, 1841.


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a la comprensión de cómo actuaron en la historia de Colombia los sectores populares, que tradicionalmente han sido olvidados por los relatos historiográficos nacionalistas.

La legislación sancionada en el período también fue entrecruzada con las causas criminales, los juicios y la prensa consultada. De esta manera, en la Biblioteca Nacional se trabajó La Gaceta del Cauca, el diario oficial del ‘cuarto Estado’ proclamado por José María Obando en 1841, de allí se consultó la legislación sobre los esclavizados en la que se ofrecía la libertad, a cambio de la participación en los ejércitos que se enfrentaban al gobierno central. En el Archivo General de la Nación se consultaron documentos que permitieron ver la evolución administrativa de la región estudiada, que empezó el siglo XIX siendo la provincia de Popayán y hacia 1835 se dividió en tres nuevas provincias. Así mismo, se revisó la Recopilación de leyes de la Nueva Granada en la que se encontró la Ley de Aprendizaje de 1842 y la Ley del 22 de Junio de 1843, sobre Medidas Represivas de los Movimientos Sediciosos de los Esclavos .

Finalmente, dentro de estas consideraciones metodológicas es conveniente anotar la importancia de la categoría acción colectiva para el desarrollo de este trabajo, ya que las nociones de oportunidad política, de los ritmos diferenciados de acción colectiva influidos por la represión y de las diferentes formas que esta toma, permitieron articular prácticas tan diversas como la participación en una Guerra Civil, la petición de libertad o cambio de amo por medio del sistema judicial republicano y la militancia en las sociabilidades establecidas por los partidos políticos en emergencia. Así, fue posible identificar tres períodos caracterizados por las diferentes dinámicas que tomó la acción de la ‘población negra’.

Del mismo modo, el uso del concepto acción colectiva hizo posible entender la participación política de ciertos sectores con un matiz importante, ya que con este no se quiere afirmar la existencia de una conciencia grupal de la ‘población negra’ en el siglo XIX, ni de un movimiento


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social organizado que pretendiera restituir el orden social establecido, por el contrario, en este caso de estudio, se quieren designar acciones de carácter local que no tuvieron efectos significativos sobre el poder político y económico.

* * *

Este texto se encuentra dividido en cuatro capítulos que responden al problema general de investigación a partir de la pregunta ¿Qué características e influencias tuvo la acción colectiva de la ‘población negra’ entre 1840 y 1851? Tras una primera contextualización, se intentan responder en los capítulos las preguntas en torno a la influencia de la Guerra de los Supremos en dicha acción colectiva, al impacto de la represión de 1843 en esta y a los efectos que causaron en la misma la creación de los partidos políticos.

En el primer capítulo, con la intención de situar la acción colectiva en unas relaciones económicas, políticas, geográficas y sociales determinadas, se describen las características de la región de estudio, especialmente después de la independencia, incluyendo los tipos de mano de obra que se utilizaban para la explotación, las unidades económicas como las minas y las haciendas, y la ubicación geográfica de las ciudades y cantones en el valle del río Cauca. Con este contexto histórico se pretende reflexionar sobre la importancia de la esclavitud en la economía del suroccidente y sus transformaciones a partir de las coyunturas políticas, propias de las primeras décadas del siglo XIX.

En el segundo capítulo se trabajará la alta movilización de la ‘población negra’ durante la Guerra de los Supremos y la forma violenta que tomó la acción colectiva después de esta. Dentro del capítulo se consideran el asesinato de los propietarios en las haciendas de Caloto y Buga y la insurrección organizada de 1843 que operó en las provincias de Cauca, Buenaventura y Popayán, analizando el saqueo y robo de haciendas como forma de acción.


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En el tercer capítulo se expondrá cómo la Ley del 22 de Junio de 1843 sobre Medidas Represivas de los Movimientos Sediciosos de los Esclavos hizo que la violencia disminuyera, casi hasta desaparecer, y el peso de la acción colectiva recayera sobre la utilización de recursos jurídicos. Lo anterior no significa que la acción colectiva legal se haya empezado a utilizar después de 1843, por el contrario, esta existió desde la colonia y fue el camino más utilizado por la ‘población negra’ para presionar por sus intereses; sin embargo, después del flujo de represión a la acción colectiva violenta esta se incrementó.

En el cuarto capítulo se tratará el papel de los partidos políticos y las ‘sociedades democráticas’ en la movilización violenta de la ‘población negra’ que dio lugar a la formación de ‘los zurriagos’. En este tercer momento la acción colectiva violenta vuelve a incrementarse y encuentra una respuesta en las élites conservadoras con la guerra de 1851.

Finalmente, en la última parte del texto, se anexan las transcripciones de varios documentos de los Fondos República y Manumisiones del Archivo Central del Cauca, consultados en el año 2006. La intención de incluir en la publicación parte de las fuentes trabajadas, es fomentar el interés de futuros investigadores en los casos estudiados y en la acción colectiva de la ‘población negra’ en general. Debido a la extensión de los documentos, se prefirió incluirlos con la ortografía modificada para mayor comprensión de los lectores.

A lo largo de estos cuatro capítulos, se realiza una aproximación a la acción colectiva de la ‘población negra’ en el suroccidente de la Nueva Granada, a partir de las formas violentas y no violentas que tomó entre 1840 y 1851. Dichas acciones estuvieron condicionadas por las oportunidades políticas que se presentaron en el período como las guerras civiles, las medidas represivas y la conformación de los partidos políticos. En este sentido, el propósito de este libro es analizar el lugar en la Historia de los sectores sociales que no han sido incluidos en algunos relatos históricos y en parte de la historiografía,


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especialmente en su relación con acontecimientos importantes para la vida nacional, como las guerras civiles y la creación de los partidos liberal y conservador.

Por esta razón, a partir de las preguntas que motivaron este libro, se espera contribuir a la construcción de una historia cada vez más crítica de los relatos nacionalistas, los cuales reproducen ideas que exaltan o excluyen a determinados grupos sociales. La apuesta por dicha forma de hacer historia, implica involucrar en las narrativas la participación en el pasado de diversos sectores sociales y hacer justicia a la compleja construcción del Estado Nación que atravesaba Colombia en las primeras décadas del siglo XIX.

En este sentido, con el estudio sobre la acción colectiva de la ‘población negra’ no se quiere relegar a un plano secundario la deshumanización que sufrieron los esclavizados africanos y afrodescendientes y las relaciones de poder que involucró la sociedad esclavista del suroccidente, incluso en el siglo XIX. Por el contrario, abordando este problema de investigación se busca demostrar que en el presente y en el pasado, así sea en contextos de opresión y represión, los sujetos sociales emplean diferentes formas de acción para alcanzar sus intereses, es decir, son agentes de la historia y no víctimas pasivas que enfrentan con abnegación su ‘suerte’.

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Capítulo I Espacio geográfico y relaciones

económicas en el valle interandino del río Cauca

En este capítulo se busca situar la acción colectiva de la ‘población negra’ en las relaciones económicas,

políticas y sociales que se desarrollaron en las provincias del valle interandino del río Cauca. Se aborda el complejo mina–hacienda como la unidad productiva predominante en la zona de estudio y se observa que, aunque las actividades auríferas se concentraron en su mayoría en espacios de frontera como el Chocó, el centro de explotación de oro más importante de la región de estudio fue el cantón de Caloto. En el resto del Valle del Cauca predominaron las haciendas ganaderas y de cultivo de caña de azúcar.

Así mismo, se explican las características y los efectos que tuvo en la zona la llegada de las guerras de independencia y el establecimiento del orden republicano. Se exponen los conflictos derivados de la lucha armada y se resalta que en las provincias del suroccidente, la caída del dominio de la corona española, produjo el debilitamiento de los lazos de sujeción y de los mecanismos de control social de la fuerza laboral, entre otros efectos.

Finalmente, con el propósito de explicar a quiénes se denomina como ‘población negra’, se presentan aspectos relacionados con la mano de obra que se ocupaba en las explotaciones económicas del valle y se describen los oficios en los que se desempeñaban los trabajadores libres y los esclavizados.


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Adicionalmente, se expone la presencia indígena en zonas como la provincia de Popayán, a pesar de que en el valle interandino del río Cauca la población predominante fue la de mulatos, negros, pardos, libertos y manumitidos.

La historiografía del suroccidente, como se discutió en la introducción, ha sido numerosa y ha hecho grandes aportes sobre cómo entender las dinámicas de la zona en la primera mitad del siglo XIX y en períodos anteriores. En este sentido, el contenido del primer capítulo se elaboró a partir de la revisión de las obras más importantes sobre la zona de estudio y no sobre fuentes primarias particulares. A partir de la revisión aquí realizada, en capítulos posteriores se entenderá la importancia de conocer el desarrollo político, económico y social de la región, para leer las fuentes primarias y para comprender y explicar la acción colectiva de la ‘población negra’.

1.1 Espacio geográfico

La Gobernación de Popayán era la unidad político–administrativa de la colonia por la cual se dividía la zona de estudio que actualmente comprende parte de los departamentos del Cauca y valle del Cauca. Después de la disolución de la República de Colombia y de la conformación de la República de la Nueva Granada, esta fue dividida en 1835 en las provincias de Cauca, Popayán, Buenaventura y Pasto. La provincia de Buenaventura quedó conformada por los cantones de Cali– capital–, Iscuandé, Micai, Raposo y Roldanillo; la del Cauca por Buga –capital–, Anserma, Cartago, Palmira, Supía, Toro y Tuluá; la de Popayán por Almaguer, Caloto y Popayán –capital– y la de Pasto por Pasto –capital–, Túquerres, Tumaco y Barbacoas.1

A nivel geográfico, la antigua Gobernación ha sido subdividida en tres regiones completamente diferenciadas entre sí por

1 Cuadro de la actual división territorial 1835. Hoja suelta. Impresa por J.A. Cualla, Bogotá, Diciembre 9 de 1839.

E s p a c i o g e o g r á f i c o y r e l a c i o n e s e c o nóm i c a s . . .

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las formas de explotación que en ellas predominaron y por algunos aspectos geográficos. La primera, que corresponde al centro, comprende la meseta de Popayán y su prolongación hacia el norte por el valle del río Cauca. La segunda se sitúa en el sur y separa las ciudades de Pasto y Popayán por el valle del Patía, finalmente, la tercera se encuentra en el occidente, sobre las costas del Océano Pacífico (Colmenares 1986). El presente estudio se concentra en la primera región descrita, que comprendía las ciudades de Popayán, Cali y Buga, los cantones de Caloto y Palmira y sus respectivas parroquias y distritos, por consiguiente, cuando se hace referencia al valle del Cauca o valle Interandino del río Cauca, se trata específicamente de esta zona.

Desde el siglo XVI, el valle se caracterizó por la disponibilidad de tierras para la explotación, en relación a una baja densidad demográfica. Por esta razón, se establecieron haciendas muy extensas, con pocos cultivos, grandes espacios inexplorados y una ocupación significativa de ganado cimarrón. Estas propiedades fueron acaparadas por pocas familias que tuvieron el control de la mano de obra disponible, primero a través de la encomienda y después mediante la compra de esclavizados africanos (Colmenares 1975).

Entre 1550 y 1620 se desarrolló en la Nueva Granada el primer ciclo del oro, concentrado en los asentamientos de Santa Fe, Tunja, Vélez, Pamplona, la gobernación de Popayán y la provincia de Antioquia. Específicamente en Popayán, la producción aurífera en las regiones mineras de Almaguer, Caloto y Cartago se integró con la explotación agropecuaria de las haciendas, dando lugar a las formas de producción complementaria denominadas por la historiografía como el complejo mina–hacienda (Colmenares 1987).

La explotación agropecuaria del suroccidente dependía directamente de la producción minera, su desvinculación con el mercado internacional y la inexistencia de un mercado nacional, provocaron que su producción se destinara a su autoabastecimiento y al abastecimiento de los reales de minas. Así, las tierras anteriormente ocupadas por ganados


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cimarrones, se transformaron para el siglo XVII en haciendas ganaderas y de trapiche que vendían sus productos a los mercados más distantes pero más rentables, es decir, a los centros mineros (Colmenares 1975).

Hacia la tercera década del siglo XVII, la minería estaba viviendo una situación de crisis producida por el agotamiento de las minas de Cartago y la disminución de la fuerza de trabajo indígena, factores que motivaron a los terratenientes, mineros y comerciantes a buscar soluciones en la búsqueda de nuevos yacimientos mineros y la introducción de esclavizados africanos como fuerza de trabajo (Valencia Llano y Zuluaga 1992). Esta crisis, con la que finalizó el primer ciclo del oro, afectó con fuerza a las haciendas que se formaron gracias al auge minero, se produjo escasez de mano de obra y una disminución en la producción, de manera que algunas formas de colonato se convirtieron en el sustento del funcionamiento de la hacienda en tiempos de recesión minera.

Después de 60 años de declive, el segundo ciclo del oro inició en 1680 con la apertura de la frontera minera hacía el Chocó. Después de repetidos intentos, los vecinos de varias ciudades de la gobernación de Popayán lograron dominar territorios más cercanos a las costas del Pacífico y allí establecer una explotación minera con numerosas cuadrillas de esclavizados africanos. De este modo, los terratenientes, mineros y comerciantes de la gobernación, se convirtieron en compradores importantes de mano de obra esclavizada (Colmenares 1987).

Así mismo, el inicio del segundo ciclo ––1680–1810–– en el suroccidente, desarrolló una mayor complementariedad entre minas y haciendas. Lo anterior fue posible dado el dominio de los yacimientos de la Costa Pacífica por parte de los mismos terratenientes, mineros y comerciantes que vendían allí los productos de sus haciendas.2 De esta manera,

2 Las explotaciones mineras de la Costa del Pacífico, de norte a sur, estaban distribuidas en la jurisdicción de varias ciudades del interior. Por ejemplo, Barbacoas estaba bajo la jurisdicción de Pasto, Raposo bajo Cali y Nóvita y Citará bajo Popayán. Así,


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se consolidó el complejo mina–hacienda como la unidad productiva complementaria, propia del valle Interandino del Cauca, desarrollada principalmente por mano de obra de esclavizados de origen africano.

A mediados del siglo XVIII el esquema de acaparamiento de la tierra por parte de unas pocas familias, empieza a quebrantarse. La extensión de muchas haciendas era tal, que existían territorios inexplorados dentro de ellas, en otros casos, en los terrenos ‘vacíos’ existían arrendatarios, clientela de los terratenientes, que tenían ganado o empleaban pocos esclavos en las tierras de los vecinos propietarios. Esta clientela también estaba compuesta por sectores de libertos que se convirtieron en agregados, arrendatarios y cosecheros de las haciendas. En este sentido, aunque existía la hacienda esclavista, la población de blancos pobres, ‘mestizos’ y ‘mulatos’ constituyó comunidades campesinas y núcleos urbanos frente a las unidades tradicionales de explotación, que a su vez se perfilaban como centro de la nueva economía (Colmenares 1975 y 1987).

Con la llegada del siglo XIX, la situación económica del valle del río Cauca sufrió grandes cambios, derivados de los procesos económicos y políticos que alteraron la productividad y el control social de los esclavistas sobre su mano de obra. La independencia y las guerras civiles sucesivas, dividieron los circuitos mercantiles que se habían construido entre las haciendas y las minas, mientras que el cimarronaje y la participación de la fuerza laboral de los ejércitos en conflicto despoblaron los campos. De esta manera, la zona de estudio se enfrentó a una crisis doble en la producción de las haciendas y las minas, que se vio agravada a lo largo del siglo XIX por la falta de alternativas de exportación, el aislamiento de mercados internos y externos y la ausencia de vías de comunicación (Almario 2003).

los vecinos de cada una de estas ciudades mantenía un cuidoso control sobre los reales de minas dependientes de su jurisdicción, para allí enviar la producción de sus haciendas (Colmenares 1987).


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1.2 Mano de obra

La explotación del complejo mina–hacienda en el valle del río Cauca involucró diversos tipos de mano de obra que incluyeron esclavizados de procedencia africana, sus descendientes, indígenas, blancos pobres, ‘mulatos’, ‘zambos’, ‘pardos’ y otros grupos que en calidad de libres, se establecieron en los márgenes de las haciendas como campesinos.

Aunque la población predominante en la zona de estudio fue la de negros, pardos y mulatos tanto en calidad de libres como de esclavizados, fueron los pueblos de indios encomendados a los conquistadores del valle quienes se convirtieron, en un principio, en la fuerza laboral de las haciendas ganaderas y de trapiche que abastecía a las cuadrillas de esclavizados de las minas del Chocó, Raposo, Barbacoas y Tumaco, como se observó en el apartado anterior (Valencia Llano 2003).

La temprana disminución de la población indígena estuvo determinada por la pérdida de sus territorios. Estos fueron desmembrados y entregados a los conquistadores en forma de encomiendas o fueron ocupados por los mestizos, quienes se estaban constituyendo como un grupo poblacional en ascenso. Aun así, en Popayán los indígenas que sobrevivieron a los cambios, explotaban las haciendas como aparceros y recibían su pago por medio de un salario o de hojas de coca, eran trabajadores permanentes que se vieron obligados a quedarse en la hacienda para ganar su sustento. En dichas haciendas también existía mano de obra esclavizada; sin embargo, en las que no contaban con trapiches, especialmente en Popayán, la población indígena era mayoritaria (Díaz 1983).

Los indígenas del campo en la región de Popayán y sus alrededores, continuaron vinculados a la hacienda a pesar de las crisis económicas que la afectaron durante las guerras de independencia, incluso el número de indígenas trabajando en los latifundios payanéses se incrementó a partir de la Ley de Disolución de los Resguardos de 1821, que produjo expropiación de los territorios y desarraigo de la vida comunal (Colmenares 1986).


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El acelerado descenso demográfico experimentado en el siglo XVI por la población indígena, generó la necesidad de emplear otro tipo de mano de obra que se desempeñara en las minas y haciendas, por esta razón, la introducción de esclavizados de procedencia africana se inició rápidamente, coincidiendo con el auge del oro en el suroccidente entre 1680 y 1810. Como se verá más adelante, el tráfico esclavista tuvo algunas variaciones en el tiempo, determinadas por las dinámicas económicas, sociales y políticas de la región.

A pesar de la existencia en el campo de indígenas, blancos pobres, mestizos y libres de procedencia africana, la fuerza de trabajo más importante en el valle del río Cauca fueron los esclavizados. A través de ellos se consolidaron las grandes ciudades de la gobernación, se fundamentó el poderío de los grandes aristócratas terratenientes, mineros y comerciantes, y se cimentaron las relaciones sociales y el sistema económico del complejo mina–hacienda.

La prosperidad producida a finales del siglo XVII por el auge económico del complejo mina–hacienda, coincidió con el apogeo del tráfico esclavista en el valle. Tanto las minas de la Costa Pacífica, propiedad de payanéses y caleños, como las haciendas y explotaciones auríferas del interior, estuvieron bien abastecidas de esclavizados traídos a Cartagena desde África, o introducidos desde Jamaica por compañías inglesas y francesas. Así mismo, la ciudad de Popayán se convirtió en un importante centro de compraventa de esclavos, donde los mineros y hacendados del valle acudían a adquirir a dicha fuerza de trabajo (Colmenares 1987).

La explotación aurífera, de mina y aluvión, fue realizada casi exclusivamente por mano de obra esclavizada, tanto en el interior, como en la costa del Pacífico. Allí se destinaron los excedentes de mano de obra esclavizada de las haciendas, correspondiendo a la circulación de bienes y productos del complejo mina–hacienda. Los propietarios, en su triple carácter de terratenientes, mineros y comerciantes, diversificaban las tareas de los esclavizados entre las minas y las haciendas; así fundamentaban un sistema donde la minería que era


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dinámica, sustentaba el crecimiento de las haciendas, el comercio de los esclavos y de los productos agropecuarios que se comercializaban en los centros mineros (Colmenares 1987).

Las haciendas ganaderas y de trapiche incorporaron fuertes contingentes de mano de obra esclava, destinados a incrementar la producción. Allí, los esclavizados se desempeñaban en laboreo, en la siembra de caña de azúcar y su corte, realizaban las labores de fabricación de mieles, panela, azúcar, aguardiente y eran empleados en las actividades ganaderas. En general, los sistemas de producción de las haciendas, tenían características esclavistas, pero también patriarcales, por esta razón, al parecer las labores de los esclavizados en ellas eran más bien rutinarias e implicaban que los esclavizados tuvieran, cerca de la casa del amo, sus labranzas para enriquecer su dieta básica (Colmenares 1975).

En contraste, el procesamiento de la caña de azúcar era una de las labores más exigentes para realizar. Los esclavizados debían cumplir turnos de veinte horas, con altas temperaturas y graves riesgos para la salud. Así mismo, la producción de las haciendas de trapiche no paraba y los esclavizados, después de una ardua tarea, tenían muy poco tiempo para descansar (Colmenares 1999). De acuerdo a lo anterior, hacia 1856 un escritor bajo el seudónimo de Manuel Joaquín Bosch describió estas condiciones de trabajo:

¿En qué consisten nuestras riquezas? En un pedazo de tierra de origen impuro, que fertilizábamos con el sudor de nuestros hermanos, sin otra recompensa que el látigo i el terror […] en un trapiche en que robábamos a nuestros esclavos infelices hasta el tiempo en que reposa toda la naturaleza, obligándolos cruelmente a trabajar en las horas más entradas de la noche, en que muchos, vencidos del sueño se molían los brazos.3

3 La obra consultada para esta cita fue: Manuel Joaquín Bosch (1856), Reseña histórica de los principales acontecimientos políticos de la ciudad de Cali desde 1848 hasta 1855 inclusive. Imprenta de


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Además de las labores en el complejo mina–hacienda, la mano de obra esclavizada se desempeñaba en menor medida en algunos oficios en las ciudades como el servicio doméstico y, excepcionalmente, el trabajo artesanal. Hacia mediados del siglo XIX se puede observar un cambio en esta situación ya que la ‘población negra’, libre y esclavizada, empezó a desplazarse hacia las ciudades conformando en ellas sociabilidades como las denominadas ‘sociedades democráticas’.

En términos generales, en las ciudades la fuerza de trabajo fundamental la constituía el artesanado conformado por carpinteros, sastres, plateros y zapateros, lo que indicaba un nivel de especialización en la mano de obra. Los herreros eran el gremio más solicitados para trabajar en los trapiches, y en las haciendas en general para realizar y reparar rejas y cerraduras, también los carpinteros eran apreciados sobre todo por familias prestigiosas para la fabricación de balcones y del mobiliario.

Para ejercer como artesanos era obligatorio matricularse en un gremio como maestros y pagar una fianza, sin embargo, para que los esclavizados hicieran parte de los gremios el amo pagaba un maestro para que les enseñara el oficio que, en la mayoría de casos era herrería, y para desempeñarlo el pago de la fianza y la matrícula debía realizarse con un permiso del propietario. En algunos casos el amo capacitaba a la mano de obra esclavizada para tenerla al servicio de las haciendas de trapiche, no obstante en ciudades como Cali, Buga, Popayán y Cartago el mayor número de artesanos fueron blancos pobres, pocos mestizos, muy rara vez ‘negros’ y excepcionalmente ‘indios’ (Díaz 1983).

La importancia económica de la esclavitud en el valle interandino del río Cauca se manifestaba en la constante

Echevarría hermanos. Cali, 1856. p. 26. Sin embargo en el curso de la investigación se consultó igualmente la misma obra reeditada por el Centro de Estudios históricos y sociales “Santiago de Cali” y la Gerencia cultural de la gobernación del Valle en 1996.


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fuerza de trabajo esclavizada que laboraba en las minas, haciendas y ciudades aprovechó, para su conveniencia, algunos intersticios en el sistema esclavista. Por un lado, el conocimiento de un oficio les otorgaba cierta independencia económica, que ocasionalmente se podia lograr también gracias a ganancias producidas por auto alquilarse cuando las minas no se podían explotar, por ejemplo, por razones meteorológicas (Díaz 1983). Así mismo, fruto de las relaciones personales con sus amos, muchos eran sujetos de juicios penales y civiles que incluyeron las manumisiones voluntarias (Colmenares 1999). En suma, muchos esclavizados lograron obtener la libertad por diferentes vías o gozar de mayor idependencia frente al poder de sus propietarios.

De lo anterior se puede notar que el tratamiento a los esclavizados no era uniforme y dependía en mayor medida del tipo de trabajo que realizaran (Castellanos 1980). En las minas y haciendas podía ocurrir que los propietarios vivieran en la ciudad y nombraran administradores criollos o mestizos para dirigir la producción, por lo tanto, se hacía más dificil el otorgamiento de la libertad por lazos afectivos creados entre amos y esclavizados, sin embargo, quienes trabajaban en las ciudades o en el servicio doméstico, lograron cultivar relaciones personales con sus dueños, lo que les permitió gozar de libertad o de mejores tratos.

Las manumisiones tuvieron un impacto importante en la formación de un sector de pardos, negros libres y mulatos, que aunque conservaban lazos de clientela con sus antiguos amos, anticipaban un modelo de dominación que se había establecido en los márgenes de las haciendas y que no presentaba semejanzas ni con la esclavitud ni con las formas de dominación sobre las comunidades indígenas (Colmenares 1999). De este modo, la fuerza de trabajo libre estaba conformada por antiguos esclavizados, castas, indios y blancos pobres. En la mayoría de casos, los negros libres y mulatos seguían trabajando en las haciendas donde habían sido esclavizados en otro momento, recibían un salario parcial complementado con las raciones alimenticias y eran sometidos a condiciones de arrendatarios o aparceros.


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Las fuentes consultadas indican que, a pesar de la existencia de esclavos en el suroccidente hasta mediados del siglo XIX, la esclavitud en la región había entrado en decadencia a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. Desde 1780 las transacciones con esclavizados ‘bozales’ –traídos de África o las Antillas– cesaron por completo. El precio de los mismos declinó de forma considerable y su escasa demanda coincidió con la reducción de las cuadrillas empleadas en las minas de Raposo, Nóvita y Citará, que se vendieron o trasladaron a las minas de Caloto. Con lo anterior no se quiere afirmar que la compra–venta de esclavizados desapareció, por el contrario, la introducción de estos por tráfico trasatlántico a la Nueva Granada disminuyó, y la demanda interna se cubrió con los esclavizados neogranadinos, es decir, esclavos ‘criollos’ (Colmenares 1987).

Como se enunció anteriormente, el establecimiento de las grandes haciendas que se consolidaron en la Gobernación de Popayán generó dinámicas muy particulares, derivadas del asentamiento de varios sectores de libres y mestizos en los márgenes de los extensos territorios. El creciente mestizaje produjo la aparición de un sector de libres mulatos, pardos y zambos que no estaban en el régimen de comunidades y para subsistir invadieron las tierras desaprovechadas de las haciendas. Frente a este fenómeno, los terratenientes poco pudieron hacer a través de sus títulos de propiedad, ya que estos eran tan precarios, que no bastaban para justificar la expulsión de otros ocupantes (Valencia Llano 2003).

Así mismo, el asentamiento de estos ‘libres’ en los espacios sin explotar de las haciendas, fue favorecido por las características de las tierras, ya que como indican autores como José Escorcia y Eduardo Mejía, parte del terreno de las propiedades se encontraba como zona de reserva, ocupada por ganado cimarrón. Este sector de la población se asentó en zonas lacustres y bosques húmedos marginales que les garantizó cierta autonomía de los hacendados y de las ciudades. Gran parte del campesinado del valle del río Cauca surgió de este proceso, que además se profundizó por la


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legalización de pequeñas propiedades en manos de blancos pobres y mestizos, mediante títulos de herencia o vínculos con títulos de mayorazgo, de obras pías y las compraventas y donaciones de minifundios (Valencia Llano 2003).

Hacia el final del siglo XVIII, la población campesina se incrementó y estableció una economía, desarrollada en los márgenes de las haciendas, que era en general de autosubsistencia. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta también generaba excedentes de cacao, aguardiente y tabaco, que podían ser comercializados en las fronteras mineras.

La generación de excedentes y la posibilidad de su comercialización, permitieron a la economía campesina competir con la producción de las grandes haciendas de manera ventajosa, ya que la segunda se encontraba gravada con las rentas decimales, las alcabalas, y los estancos. Las autoridades coloniales, que en el suroccidente no percibían un tributo indígena significativo, intentaron a lo largo del siglo XVIII gravar la producción campesina, sin embargo, cada vez que se ponían en marcha las contribuciones y los controles, estallaban levantamientos. Producto de estas diferencias, se optó por el pago de ‘encabezonamiento’ que era calculado sobre la producción global, por consiguiente, era dividido entre todos los productores del pueblo con el fin de evitar la abolición de los estancos (Valencia Llano 2003).

El paulatino descenso de los precios, la demanda y cantidades de esclavizados introducidos a la Nueva Granada, sumado a la emergencia de una población libre, establecida en los márgenes de las haciendas, fue determinante en la transformación de las relaciones entre los comerciantes, mineros y terratenientes y la fuerza de trabajo que se desempeñaba en el complejo mina–hacienda del suroccidente. No obstante, los cambios políticos y económicos, producidos con la llegada del siglo XIX, iban a transformar de manera irreversible dichas relaciones, como se verá más adelante.


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A manera de síntesis es importante recordar que el sistema económico de mina–hacienda que se estableció en el valle interandino del río Cauca, involucraba mayoritariamente mano de obra esclavizada que laboraba en las haciendas de trapiche, en la extracción de oro, en la explotación extensiva de grandes latifundios ganaderos, pero también en menor medida en el servicio doméstico y las actividades artesanales de las ciudades. Del mismo modo la población indígena, sobre todo en Popayán y sus alrededores se desempeñó en el trabajo de las haciendas. Finalmente, un sector configurado a partir de antiguos esclavizados, de blancos pobres y mestizos sin tierra, se erigió como mano de obra libre que se ocupó en los oficios artesanales, pero también en el establecimiento en los márgenes de las haciendas de una economía alternativa que competía con la productividad de las haciendas.

A partir del contexto que se ha realizado sobre la mano de obra que laboraba en el sistema económico de mina–hacienda, predominante en ciertas zonas de la antigua Gobernación de Popayán, se construyó la categoría de ‘población negra’ que se trabaja en este libro. Como se aclaró en la introducción, con dicha categoría no se hace referencia únicamente a la población fenotípicamente ‘negra’, por el contrario, dada la situación de mestizaje, las formas ambiguas y variables que utilizaban las élites para clasificar a la población y el establecimiento de grupos libres en los márgenes de las haciendas, es muy difícil establecer una categorización que se cumpla cabalmente.

En este sentido, con ‘población negra’ se quiere designar a un sector heterogéneo producto del mestizaje entre indígenas, europeos y africanos que en su tiempo fue clasificado como castas, libertos, manumitidos y negros. Este sector estuvo diferenciado de la población indígena en términos derivados de la administración colonial como el tributo, la capacidad de poseer tierras y de formar ayuntamientos y se fue conformando paulatinamente a partir de antiguos esclavizados que de una u otra forma alcanzaron la libertad. A pesar del derrocamiento del orden político colonial, estas


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diferenciaciones fueron conservadas hasta bien entrado el siglo XIX, debido a que en teoría parte de este sector podía acceder a la ciudadanía, no obstante en la práctica la realidad fue diferente.

Para el siglo XVIII las dinámicas económicas y sociales del suroccidente se encontraban dominadas por la esclavitud y la sociedad señorial; sin embargo, este sistema enfrentó sus propias contradicciones. Factores como el mestizaje, la disminución de la trata de esclavizados, las relaciones que se fueron estableciendo con el tiempo entre amos y esclavos y la dificultad en establecer plantaciones, fueron causales de nuevas formas de colonato y de explotaciones agrícolas familiares que fueron afectando la esclavitud y las haciendas.

Para la segunda mitad del siglo XVIII las fugas de los esclavizados se hicieron más frecuentes y aunque nunca lograron convertirse en un movimiento que cuestionara la esclavitud, sí provocaron un ambiente de intranquilidad entre los blancos y mestizos que temían continuamente una ‘guerra de castas’. Este ambiente de inseguridad se veía incrementado por los reclamos sobre las cargas tributarias hechos por los sectores denominados como ‘castas’ ante los cabildos, por el crecimiento de un grupo de población libre y el decrecimiento del número de personas sujetas a la esclavitud (Valencia Llano y Zuluaga 1992).

Los cambios que llegaron con el siglo XIX y el establecimiento de un nuevo orden político vinieron acompañados del debilitamiento de los mecanismos de sujeción de la mano de obra. Las guerras de independencia y después las numerosas contiendas civiles del siglo XIX, proporcionarían a los esclavizados oportunidades políticas para presionar por sus intereses, por lo cual el desmoronamiento del sistema esclavista era inevitable. Del mismo modo, las transformaciones políticas del período no solo hicieron posible que los esclavizados alcanzaran su libertad, estas causaron adicionalmente, la crisis de la producción esclavista del complejo mina-hacienda y de las condiciones sociales que esta implicaba (Almario 2003: 148).


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1.3 Guerras de independencia y República

La Gobernación de Popayán, en los inicios del siglo XIX, se vio afectada por los procesos autonomistas de Quito y Santa Fe y por las opciones tomadas por las élites payanésas en este marco. Las diferencias entre varias ciudades y villas, producidas por la preeminencia de estas en el orden colonial, había motivado conflictos entre varios sectores de las élites del suroccidente que se verían agravados por los sucesos que se desenvolvieron a partir de 1810.

Mientras Popayán, hasta ahora la ciudad más importante de la Gobernación, se mantuvo fiel a Fernando VII y proclamó su apoyo a las autoridades coloniales, las élites caleñas decidieron declarar su autonomía del dominio de la corona española el 3 de Julio de 1810. De esta manera se dio inicio a la denominada ‘guerra de ciudades’ entre Popayán y las ‘ciudades confederadas del valle del Cauca’.

La participación de los sectores populares en las guerras de independencia es un tema muy complejo que se ha discutido ampliamente en la historiografía.4. Los relatos nacionalistas han construido una versión de la independencia definida por el deseo de libertad de los americanos frente a la opresión de los españoles, por lo tanto, automáticamente han alineado a los grupos subordinados en la causa de los criollos. En el caso contrario, en el que los indígenas, negros, mulatos y mestizos se aliaron con los grupos realistas, sus acciones son explicadas a partir de su ‘ignorancia’, su ‘naturaleza’ y su ‘condición servil’.

Las perspectivas historiográficas más recientes han llegado a conclusiones muy diferentes a partir de estudios de caso regionales, en una temporalidad muy acotada y apartándose de los relatos nacionalistas. Gracias al uso de nuevas metodologías y preguntas de investigación, se han logrado explicar las acciones de los sectores populares a partir de

4 Ver Pérez Vejo (2010) y Van Young (2007).


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motivaciones que no responden al espíritu nacionalista, sino a aspectos específicos, como su relación con las élites, la defensa de los propios intereses y la garantía de ciertas prerrogativas.5

En este sentido, Alonso Valencia Llano (2003) explica que en el valle del río Cauca existieron cuatro casos importantes, que permiten explorar la complejidad de la participación de los grupos subalternos en la contienda. En primer lugar, muchos esclavizados de Popayán se unieron a los ejércitos realistas por la promesa de libertad hecha por el gobernador Miguel Tacón y Rosique. Esta se realizó con apoyo de los terratenientes, mineros y comerciantes esclavistas, quienes estaban estrechamente vinculados con la administración colonial.

El segundo caso fue el apoyo de los ‘negros’ del Patía a los ejércitos realistas.6 Este estuvo motivado por la acción de ciertos miembros del clero de Popayán que organizaron guerrillas en la zona. Adicionalmente, otros autores como Francisco Zuluaga (1993) y Luis Ervin Prado (2012), explican cómo los vínculos clientelistas establecidos por familias payanésas como los Diago, con los ‘jefes naturales’ del Patía, son uno de los motivos fundamentales para entender la actuación de los patianos.7

5 Para el estudio de la independencia en la Nueva Granada, existe el caso emblemático de la oposición de los indígenas pastusos al orden republicano, expresado en los enfrentamientos que sus fuerzas tuvieron con los ejércitos de Bolívar. El texto de Jairo Gutiérrez Ramos (2007) por ejemplo, muestra cómo el apoyo a las fuerzas realistas por parte de los indígenas, estuvo motivado por la defensa de la comunidad que a pesar de que era explotada, se sentía protegida por las posibilidades que ofrecía la administración colonial para que los indígenas presionaran por la protección del resguardo y su extensión. Adicionalmente la creación de redes clientelares entre los diferentes actores sociales justifican estas acciones.

6 La ‘población negra’ del valle del río Patía se conformó por el asentamiento de algunos palenques de huidos de las haciendas del valle y de las minas del Pacífico.

7 Sobre los jefes naturales en el valle del Patía ver Prado (2012). Gutiérrez Ramos: Acción política y redes de solidaridad


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En tercer lugar, los mestizos e indígenas de Pasto apoyaron a los ejércitos realistas, como resultado de su unión con las élites locales para defender la autonomía regional frente a los políticos quiteños y vallecaucanos. En este caso, las motivaciones de los pastusos también deben buscarse en el decidido apoyo del clero, liderado por el obispo Salvador Jiménez de Padilla y en la oferta de rebaja al tributo indígena ofrecida por Tacón a los pastusos, por su participación en las fuerzas que apoyaban a las autoridades coloniales.8 En el caso de Pasto habría que recordar que la resistencia al régimen republicano se prolongó hasta después de 1819, debido a las acciones de retaliación que ordenó Bolívar y fueron ejecutadas por Juan José Flórez y Antonio José de Sucre.

Finalmente, Valencia señala las acciones de los mestizos del valle del río Cauca, quienes no tomaron una posición definida ni a favor ni en contra de las tropas en confrontación. Las élites de esta zona organizaron unas fuerzas conformadas por sectores cercanos a las mismas, sin incluir directamente a la población apta para participar en las milicias. Al parecer, lo anterior se puede explicar a partir de la rebelión de ‘pardos’ en Llanogrande en 1778, que demostró la inconveniencia de armar a los grupos subalternos (Valencia Llano 2003).

Los relatos nacionalistas han construido una visión dualista y maniquea de los bandos que se enfrentaron en las guerras de independencia, dibujando una falsa imagen de una contienda en la que dos ejércitos consolidados se enfrentaron entre sí. Los casos enunciados en líneas anteriores, son una muestra de las contradicciones que implica abordar las guerras de independencia como conflagraciones entre dos ejércitos perfectamente delineados y con causas homogéneas. Por el contrario, para comprender las diversas adscripciones durante las batallas, es necesario revisar el complejo y

étnicaentre los indios de Pasto en tiempos de la independencia..8 Valencia Llano señala que es Brian Hammet quien explica que

este es un elemento a tener en cuenta, sin embargo no señala que esta fuera una motivación para participar en las tropas realistas (Valencia Llano 2003: 243-265).


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duradero proceso por el que se construyen los bandos en conflicto (Pérez Vejo 2010) y recordar que, como lo advierte también Valencia Llano (2003), en algunos contextos locales, los sectores populares identificaron determinados enemigos a los que se enfrentaron de manera espontánea, independientemente de su filiación en la guerra.

A partir de 1819 las guerras de independencia en la región implicaron una gran participación popular acompañada por el temor de las élites a la misma. De esta manera, los esclavizados participaron en los ejércitos de ambos bandos en conflicto a partir del reclutamiento, aunque en ocasiones formaban guerrillas o bandas armadas, atacaban las propiedades de los amos que ya habían sido diezmados por la represión española y organizaban movimientos de resistencia. El más conocido de ellos fue el asociado al inglés John Runnel, caracterizado por saqueos y asaltos acompañados de mueras a los blancos y a los godos (Colmenares 1986).

Los esclavizados del valle interandino del río Cauca desarrollaron durante las guerras de independencia un gran proceso de cimarronaje que se concentró en las montañas de Tuluá, Caloto, Llanogrande y Supía, teniendo características muy diferentes a sus antecedentes coloniales. Estas fugas y huidas del siglo XIX no estaban orientadas a construir nuevas formas de vida al margen de los opresores como en el orden anterior, en la nueva situación, los cimarrones se establecieron en zonas poco controladas por las élites, abrieron parcelas para la producción de tabaco, de aguardiente, de carnes secas, y comercializaron sus productos en las zonas de explotación minera, e incluso en las ciudades del valle, mediante el contrabando (Valencia Llano 2003).

Las guerras de independencia fueron especialmente largas y complejas en el suroccidente; los sectores realistas y patriotas se enfrentaron con crudeza en la región e involucraron a todos los actores sociales de la zona incluidos los indígenas, los esclavizados, los negros, mulatos, los blancos pobres, los mestizos, e incluso las familias de las élites más tradicionales. La alta participación popular,


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la conscripción, el reclutamiento a cambio de promesas de libertad, la confiscación de propiedades, entre otros, tuvieron efectos que se pueden observar en la historia del valle durante todo el siglo XIX.

Las haciendas que en el siglo XVIII habían sustentado, y se habían beneficiado del auge minero, en el siglo XIX entraron en una situación de decadencia provocada por el arrasamiento de los campos, la desconexión entre el circuito comercial de minas y haciendas y otros resultados producidos por la guerra. Así mismo, esta situación fue agravada por el incremento de la economía campesina, explicada anteriormente, en los márgenes de las haciendas que se intensificó a propósito de la confusión provocada por la guerra.

Las regiones de la Gobernación de Popayán fueron afectadas por las guerras de independencia de manera diferenciada. En las haciendas del valle, la pérdida de la mano de obra que en ella se desempeñaba fue más clara debido a que estas eran explotadas en su mayoría con de mano de obra esclavizada, por esta razón, los propietarios tuvieron que acudir a formas de arriendo y de contrato para reactivar la productividad. Esto modificó las relaciones laborales y las formas de uso de la tierra.

Después de las guerras de independencia en el valle del río Cauca, la venta de caña de azúcar y sus derivados se mantuvo y se introdujo el cultivo del tabaco que se expandió rápidamente en las propiedades sin embargo, la producción en la mayoría de haciendas solamente era suficiente para la autosubsistencia y estaba ahora orientada a las ventas en pequeños mercados del ámbito local. En contraste, –en lo que después se convertiría en la provincia de Popayán–, la tradicional estructura hacendaria trató de permanecer inalterada y para 1830 había cambiado en menor medida que la del valle geográfico del Cauca (Colmenares 1986).

La decadencia de la hacienda es una muestra del impacto negativo de las guerras de independencia en la producción agrícola, no solo por los conflictos con la mano de obra,


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sino también por los robos de herramientas y ganado, la destrucción de cultivos y el acuartelamiento de tropas de ambos bandos en las tierras productivas durante el conflicto.

Debido a que el sistema económico y social de la Gobernación de Popayán reposaba en el circuito comercial de la mina–hacienda, la decadencia de la producción de las haciendas involucró la disminución de la producción de oro, y el mercado de muchos terratenientes que abastecían las explotaciones con mano de obra esclavizada. De esta manera, se creó un ambiente de recesión en las dos actividades más rentables en antigua Gobernación de Popayán (Colmenares 1986).

Específicamente la explotación de oro y la esclavitud sufrieron fuertes alteraciones que no pudieron ser solucionadas en el nuevo orden, si bien su desarrollo en el período colonial fue viable, bajo condiciones republicanas, los niveles de producción no volvieron a ser como los anteriores, ni los esclavizados volvieron a estar sujetos a sus amos, a pesar de los grandes esfuerzos que hicieron las élites para que así fuera (Almario 2003).

Para los habitantes de la Gobernación de Popayán las guerras de independencia trajeron igualmente efectos diversos. Por un lado, los enfrentamientos armados generaron mayor movilidad entre la población del valle, hubo más posibilidades de fuga que derivaron en un proceso de cimarronaje, como se manifestó en el asentamiento de antiguos esclavizados en los márgenes de las haciendas. Así mismo, muchos habitantes del campo pasaron de ser campesinos libres a convertirse en reclutas forzosos que debieron marchar hacia lugares lejanos de su sitio de residencia, incluso tan distantes como Quito y Perú.

Por otro lado, los asentamientos que se establecieron en los territorios desaprovechados de las haciendas, permitieron la recreación de las prácticas económicas de los campesinos del valle del río Cauca, con base en el contrabando de productos como el tabaco, el aguardiente y la carne seca y en salmuera, esta última con grandes utilidades ya que la


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materia prima provenía del abigeato (Valencia Llano 2003). Estas actividades generaban ganancias que hicieron posible a estos individuos vivir de manera relativamente autónoma de la sociedad republicana que se empezaba a construir.

Finalmente, de acuerdo a los intereses de este estudio, el efecto más visible de las guerras de independencia en la región, fue el debilitamiento notable de los mecanismos de sujeción sobre la mano de obra de haciendas y minas (Escorcia 1983). Este hecho se puede explicar si se observa que durante la contienda bélica, muchos esclavizados de la Gobernación de Popayán ingresaron a los ejércitos realistas motivados por la promesa de libertad de Tacón en 1811, años después los patriotas harían el mismo ofrecimiento atrayendo aproximadamente 5000 esclavizados a sus ejércitos (Valencia Llano 2003).

Del mismo modo, varios propietarios del suroccidente de cualquiera de los dos bandos, se quejaron continuamente de que los esclavizados sacaron provecho del caos producido por la guerra para huir, hecho que marcó una diferencia con el cimarronaje de la colonia. Como indica Valencia Llano (2003) en esta ocasión no solamente se buscaba establecer sociedades independientes del domino de las élites coloniales, sino que se establecieron parcelas que permitieron la recreación de una economía campesina.

Con la consumación de la independencia, muchos de los conflictos que se habían desarrollado en la contienda quedaron en manos de las élites que ahora detentaban el poder en el nuevo orden republicano. La guerra de ciudades que se dio durante las batallas de la independencia, sumada a la necesidad de reorganizar administrativamente el territorio en concordancia con el establecimiento de la República, provocó la alteración de la jerarquía de las ciudades en cuanto a lo territorial y lo patrimonial (Valencia Llano 2003).

La ciudad más importante durante la vida colonial y los primeros años de la vida republicana fue Popayán, cuyo título de capital administrativa la convirtió en un lugar obligatorio


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para los viajeros y las cargas que transitaban por el camino de Guanacas, y en la ciudad principal del suroccidente por sus estrechos vínculos con los yacimientos mineros del norte (Barona 1985). No obstante, después de las guerras de independencia, la hegemonía de las viejas ciudades coloniales se resquebrajó e iniciaron los conflictos entre las élites para elevar ciertas villas a categoría de ciudades o para posicionar algunas ciudades por encima de otras.

En esa medida, la instauración del régimen republicano trastocó el orden espacial y político de la Gobernación, desplazando el eje de poder tradicional colonial payanés hacia Cali que mientras se acercaba la mitad del siglo XIX, se empezaba a consolidar como la ciudad más importante del suroccidente de la Nueva Granada (Almario 2003). En contraste, a lo largo de la vida republicana Popayán se convirtió en el epicentro de conflictos como la Guerra de los Supremos, la de 1851 y la de 1863 (Colmenares 1986).

En cuanto a la economía, la antigua Gobernación de Popayán empezó a enfrentar los mismos problemas que otras economías neogranadinas. A nivel nacional, uno de los inconvenientes era la inexistencia del mercado, condicionada por la dificultad de comunicación entre las provincias de la nueva República y por las limitaciones del comercio interregional. Las regiones producían alimentos primarios y bienes de consumo manufacturado similares, por consiguiente, su comercio no era muy viable hacia otras zonas, adicionalmente los altos costos del transporte hacían más complicado el comercio entre territorios. Por estas razones, el verdadero comercio activo se dio entre productos complementarios de zonas altas y frías y de zonas bajas y cálidas a nivel intrarregional (Safford y Palacios 2002).

A nivel internacional, una de las prioridades de las élites republicanas era la inserción de sus productos al comercio exterior, de esta manera, en los primeros años de la República se hicieron grandes esfuerzos para lograr este propósito. Los intentos que se hicieron con diversos productos fueron infructuosos por lo que se desarrolló


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en mayor proporción el consumo de bienes importados que la exportación de productos neogranadinos, situación fomentada también por el contrabando y la liberalización del comercio en la República (Safford y Palacios 2002).

En la región se puede apreciar que durante la República se empezó a vivir un proceso de marginalización de las actividades mineras coloniales, que continuaron siendo artesanales y de aluvión, por consiguiente, en palabras de Oscar Almario:

Esta gran región histórica entró en un marasmo económico y social, al desestructurarse el sistema agrominero colonial, fracasar las tentativas agrícolas exportadoras y mantenerse aislada de los mercados internos y externos a lo largo del siglo XIX” (Almario 2003: 171).

Al final de las guerras de independencia, entre 1825 y 1829 aproximadamente, las condiciones del valle interandino del Cauca habían llevado a la región a una situación de depresión de la economía rural, que promovió la exploración de nuevos cultivos como el tabaco. En el caso de Popayán específicamente, se preservaron las extensas propiedades, las familias criollas fortalecieron su control sobre la tierra y empezaron a utilizar a indios y mestizos alquilados como peones (Díaz 1983).

Así mismo, la producción de oro que continuó haciendo parte del comercio exterior de la República, entró en declive a diferencia de las cantidades que se explotaban en el orden colonial, en gran parte por la huida de los esclavizados o su alistamiento a los ejércitos. Estas condiciones obstruyeron las posibilidades de recuperación de la minería aurífera en la antigua Gobernación de Popayán, que a su vez afectó las dinámicas productivas de la haciendas (Safford y Palacios 2002).

En el contexto internacional a partir del siglo XVIII la discusión sobre la esclavitud cobró mayor importancia y las posiciones sobre la prohibición de la trata trasatlántica


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de esclavizados se habían puesto sobre la mesa. En la Nueva Granada, estos dos factores se expresaron en los tribunales del virreinato, donde se intensificaron los pleitos para alcanzar la libertad o para cambiar de amo por parte de los esclavizados. En estos también es posible observar en los alegatos de los procuradores y las sentencias de los jueces algunas de las ideas sobre la esclavitud que en este entonces estaban tomando bases humanísticas, ideas de padres de la iglesia, filósofos estoicos y textos del antiguo derecho español ( Jaramillo Uribe 1969).9

En el nuevo orden republicano muchos de los esclavizados que participaron en los ejércitos patriotas esperaban que se cumplieran las promesas de libertad que se les habían hecho durante las guerras de independencia, por consiguiente, las nuevas élites en el poder iniciaron las discusiones sobre la Ley de Libertad de Vientres en el Congreso de Cúcuta en 1821. Un elemento determinante en los debates que se suscitaron, radicaba en que para las primeras décadas del siglo XIX, a pesar del debilitamiento de los lazos de sujeción, la mano de obra esclavizada aún era fundamental para las actividades económicas de la Nueva Granada.

La situación económica, además de la pérdida de fuerza laboral, no tuvo grandes variaciones con respecto al siglo XVIII, por consiguiente, el oro continuaba siendo el producto de mayor exportación y su extracción aún dependía de la mano de obra esclavizada a excepción del caso de Antioquia.10 Así mismo, otros sectores de la

9 En 1772 se realiza una acusación a dos esclavos por ‘lesa majestad’ en Cali y el procurador Lorenzo Hurtado y Pontón argumenta a favor de los mismos que los hombres aman la libertad por naturaleza: “que les es lícito desear y amar la libertad como amiga de la naturaleza, que la amarán no solo los hombres sino todos los otros animales que quieran sacudir la servidumbre que es cosa que aborrecen los hombres naturalmente”. (Citado por Jaramillo Uribe 1969: 73).

10 En Antioquia se presentaron dos excepciones con respecto a la posición sobre la esclavitud en el resto de la Nueva Granada. Por un lado, allí se habían dado un número importante de


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economía como la producción de azúcar y sus derivados y la ganadería en la Costa Atlántica y en el valle del Cauca, empleaban a los esclavizados en gran medida, sin contar que muchos propietarios tenían rentas comprometidas en el comercio o en las actividades artesanales ( Jaramillo Uribe 1969).

Durante el congreso que se reunió en Cúcuta el 30 de Julio de 1821, las discusiones en torno a la abolición de la esclavitud fueron muy complejas. Por un lado, diputados como José Félix Restrepo fueron acérrimos defensores de la libertad, sin embargo, otros diputados que en su mayoría representaban los intereses esclavistas, argumentaron la ruina de la economía de Colombia si se abolía la esclavitud, dada la dependencia de la mano de obra esclavizada ( Jaramillo Uribe 1969). Finalmente el 21 de Julio de 1821 se sancionó la Ley: sobre Libertad de Partos, Manumisión y Abolición de Tráfico de Esclavos en la que se prohibía la compra y venta de esclavizados, se establecía que los hijos de madres esclavizadas que nacieran a partir de la expedición de la ley serían libres al cumplir los 18 años. Se establecían juntas de manumisión para conformadas por el juez del lugar, el cura, dos vecinos y un tesorero para recaudar fondos y liberar a los esclavizados (Tovar Pinzón 1994).

A partir de la expedición de la ley, las peticiones de libertad de los esclavizados se incrementaron del mismo modo que se aceleró el cimarronaje, los procesos manumitorios y los reclamos a los tribunales. Esta situación acrecentó la oposición de los propietarios que estaban preocupados por un contexto en el que los esclavizados huían, otros entablaban procesos de manumisión y otros serían liberados por la Ley de Libertad de Vientres de 1821 (Valencia Llano 2008).

manumisiones y el trabajo libre asalariado había aumentado considerablemente ( Jaramillo Uribe 1969). Por otro, se aprobó la primera Ley de Libertad de Vientres en 1814, aunque esta solamente entró en vigencia hasta 1816 debido al ingreso del ejército de reconquista en la región (Restrepo 2012).


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Aunque la Ley del 21 de Julio produciría estos efectos sobre la ‘población negra’, pocos años después es posible observar su camino al fracaso, en cuanto a la abolición gradual de la esclavitud. La oposición de los esclavistas, a los escasos recursos que tenían las juntas de manumisión y sobre todo por la incapacidad del Estado en construcción para poner en práctica la normativa vigente, fueron grandes barreras que truncaron la libertad paulatina de los esclavizados (Tovar 2010). El nuevo Estado tenía grandes problemas con su presupuesto, los escasos ingresos no eran suficientes para cubrir la extensa nómina que tenía a su cargo, y la imposición de sostener a las fuerzas militares durante la guerra de independencia que aún se libraba en el Caribe, Pasto, Ecuador y Perú, afectaba fuertemente el erario público (Safford y Palacios 2002).

Después de 18 años de expedida la Ley de 1821, había llegado el momento en el que los hijos de los esclavizados alcanzaron la edad estipulada para obtener la libertad. Al respecto, el presidente José Ignacio Márquez expidió el 27 de Julio de 1839 un decreto para verificar el cumplimiento de la Ley de 1821, con el que establecía que los curas debían presentar un listado de los niños bautizados entre Julio de ese año y Diciembre de 1824 a las Juntas de manumisión, estas después de un examen los remitirían a los jefes políticos y se determinaría quiénes se convertirían en libres (Tovar 2010).

La disposición de 1839 coincidió con el estallido de la Guerra de los Supremos, en consecuencia, no fue aplicada cabalmente; sin embargo, su mayor obstáculo fueron los esclavistas, quienes manipularon a los párrocos para cambiar los registros de nacimiento de los esclavizados como mecanismo para retardar la libertad, además retuvieron a muchos de ellos bajo su control argumentando que se les debía devolver lo que invirtieron en la manutención de los mismos (Safford y Palacios 2002).

Como se verá en el siguiente capítulo, los conflictos en torno a la abolición de la esclavitud encontraron su expresión en la acción colectiva violenta que emprendió la ‘población negra’


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a partir de 1840 con el desarrollo en el suroccidente de la Guerra de los Supremos. A partir de este período, la acción colectiva incluyó otros intereses como la obtención de tierras, de mejor calidad de vida y la liberalización de los cultivos.

* * *

El valle interandino del río Cauca, conformado desde 1835 por las provincias de Cauca, Buenaventura y Popayán, es el espacio geográfico en el que se sitúa la acción colectiva de la ‘población negra’ en este libro. Desde Popayán hasta Cartago, el circuito mercantil de la mina–hacienda fue la unidad económica predominante en la que se incluyen la extracción de oro en cantones como Caloto y las actividades agropecuarias concentradas sobre todo en la ganadería, en el cultivo de caña de azúcar y en la fabricación de derivados de la misma.

La mano de obra esclavizada fue fundamental en la explotación económica de la zona, sin embargo, la población indígena, los blancos pobres, los mestizos y los antiguos esclavizados que habían obtenido su libertad de diferentes maneras, se desempeñaron en oficios como el trabajo en las haciendas y el trabajo artesanal. Aun así, el fenómeno más complejo que se desarrolló en la antigua Gobernación de Popayán fue el establecimiento en los márgenes de las haciendas de un sector de libres que cultivó para su autoabastecimiento, pero también generó excedentes que pudo comercializar en las zonas mineras o incluso en las ciudades del valle.

A partir de la llegada de las guerras de independencia a la región, la incorporación de los esclavizados a los ejércitos de ambos bandos generó el debilitamiento de los lazos de sujeción de la mano de obra. Por consiguiente, la relajación en el control de la fuerza de trabajo esclavizada incrementó el cimarronaje y las peticiones de libertad, además generaron una escasez de brazos en la producción de minas y haciendas, hundiendo a la zona en una crisis económica que difícilmente superaría entrado el siglo XIX.


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Así mismo, estos fenómenos produjeron en las élites fuertes preocupaciones por cómo controlar a una población libre, que ya no se encontraba sujeta a los dispositivos de control de las minas y haciendas.

Con la instauración del nuevo orden republicano, se sancionó la Ley de Libertad de Vientres del 21 de Julio de 1821 que constituía una forma de abolir la esclavitud gradualmente, sin entrar en confrontación directa con los esclavistas. Dicha ley tuvo dificultades en su aplicación, sin embargo, después de varios años en vigencia, hacia 1839 se harían más visibles las dificultades para liberar a los esclavizados, producto de las presiones de los propietarios, pero sobre todo, de la debilidad del Estado en construcción, para ejecutar las leyes en la práctica.

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Capítulo II Guerra de los Supremos y represión:

La acción colectiva armada, 1840–1843

En el capítulo anterior se abordaron las características económicas, geográficas, políticas y sociales de las

provincias de Cauca, Buenaventura y Popayán, con el propósito de explicar que a partir de la categoría ‘población negra’ se hace referencia a un grupo heterogéneo tanto de libres como de esclavizados, producto del mestizaje entre indígenas, europeos y africanos que en su tiempo fue clasificado como castas, libertos, manumitidos y negros. Este se desempeñó en las haciendas ganaderas y agrícolas, en las minas y en las ciudades de la zona de estudio junto a grupos indígenas y de blancos pobres.

Así mismo, debido a que la acción colectiva no se desarrolla en lo abstracto, sino en contextos históricos concretos, el primer capítulo respondió a un intento por explicar cuáles eran las relaciones políticas, sociales y económicas en la que se enmarcó la actuación de la ‘población negra’ en la primera mitad del siglo XIX en el suroccidente de la Nueva Granada. De esta manera, se explicó la importancia económica del circuito mina–hacienda, se caracterizó la diversidad de la mano de obra que allí laboraba y se expusieron las características y consecuencias de las guerras de independencia en la zona.

Finalmente se trataron algunos aspectos relacionados con la instauración del nuevo régimen republicano, especialmente en lo concerniente a la Ley sobre Libertad de Partos, Manumisión y Abolición de Tráfico de Esclavos de 1821,


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y su difícil aplicación. Así mismo, se explicó la dilación de la libertad de los esclavizados y como esta se manifestó especialmente hacia el año 1839, en el marco de la pugna entre las élites esclavistas y un Estado que no tenía la fortaleza institucional suficiente para poner en práctica las leyes sancionadas.

Después de realizar el contexto histórico sobre las provincias de Cauca, Buenaventura y Popayán, en este capítulo se aborda la forma violenta o directa que tomó la acción colectiva de la ‘población negra’ entre 1840 y 1843, a partir de su incorporación a la Guerra de los Supremos que en el suroccidente tomó características de ‘guerra racial’.1 Adicionalmente, se trabajan las acciones de la posguerra caracterizadas por una amplia movilización de los sectores populares de la región, cuyas operaciones armadas continuaron hasta el año de 1843.

Después de exponer las dificultades para la libertad de los esclavizados que trajo consigo la expedición en 1842 de la Ley de Aprendizaje, se examina el contexto de represión a la movilización de la ‘población negra’ a partir de la sanción de la Ley sobre Medidas Represivas de los Movimientos Sediciosos de los Esclavos y de las penas impuestas a quienes asesinaron a sus amos. Estas fueron aplicadas a modo de ejemplo y como amenaza a quienes se atrevieran a confrontar el orden establecido, por ende, se ejecutaron en las plazas públicas, frente a los ojos de los habitantes de las ciudades y cantones del valle.

1 En este capítulo no serán narrados cronológicamente los eventos de la Guerra de los Supremos, sin embargo, para aclarar cualquier duda del lector se adjuntará en los anexos una cronología con datos más específicos.

Gue r r a d e l o s S up r emo s y r e p r e s i ó n . . .

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2.1 Consideraciones generales de la Guerra de los Supremos 1840–1841

La Guerra de los Supremos tiene un lugar importante en la historiografía colombiana2 como la primera contienda que se dio en el orden republicano instaurado después de la independencia. Como se expuso en la introducción, Luis Ervin Prado (2007) denuncia la existencia de ‘prisiones historiográficas’ sobre este tema, explicando cómo los relatos cronológicos o la concentración en grandes personajes de la guerra como Francisco Villota, José María Obando y Tomás Cipriano de Mosquera siguen siendo los ejes centrales de las investigaciones.

Al respecto de las interpretaciones sobre la guerra, es importante recordar los planteamientos sobre la fragmentación que explican la tendencia a las economías locales y la autarquía propias del territorio de la Nueva Granada en los inicios del siglo XIX. Este marco de nación desarticulada por las dificultades geográficas, la escasez de vías de comunicación, el comercio intrarregional y la inexistencia de un mercado nacional, condicionó el desigual desarrollo de la contienda a pesar de que esta trascendió la escala provincial.

En este sentido, la Guerra de los Supremos se desarrolló de manera diferente en todos los territorios donde hubo levantamientos, de ahí que las provincias insurrectas iniciaran y terminaran las hostilidades en momentos distintos y jamás consolidaran un pronunciamiento común y general. Por el contrario, los Supremos de cada región plantearon intereses muy diversos a pesar de que tuvieron un enemigo común, constituido por el Estado central en cabeza del presidente José Ignacio Márquez (Prado 2003).

2 Para conocer más datos sobre la Guerra de los Supremos a nivel nacional ver Uribe y López (2006), Ponce (2003), Helguera (1979) y González (2006).


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Particularmente el suroccidente de la Nueva Granada se encontraba en una situación muy compleja después de la instauración del régimen republicano. Hundidas en una fuerte depresión económica producto del colapso del circuito comercial mina–hacienda, y con el reto de restablecer la productividad minera, las provincias de Cauca, Buenaventura y Popayán se vieron involucradas además en el enfrentamiento entre los grupos de poder locales después del regreso al país de Tomás Cipriano de Mosquera en 1833.

De esta manera, se dio inició en el suroccidente a una pugna de poder que enfrentó al caudillo José María Obando, quien gozaba de un amplio apoyo popular, y a Tomás Cipriano de Mosquera, quien contaba con la adhesión de las familias más notables de Popayán. La política de Mosquera se basó en la disminución de la influencia regional de Obando mediante el ofrecimiento de favores y privilegios a sus seguidores para garantizar la adhesión a su bando de los jefes naturales de varias localidades, no obstante, la máxima expresión de este enfrentamiento iba a manifestarse en el estallido de la Guerra de los Supremos (Prado 2007).

De acuerdo a lo anterior, este trabajo adopta el enfoque planteado por Francisco Zuluaga (1998) en el que se sostiene que el levantamiento de Pasto de 1839 en defensa de los conventos, no fue el primer episodio de la Guerra de los Supremos, como lo sostiene gran parte de la historiografía sobre las guerras civiles en Colombia.3 Para este autor, la contienda inició con la declaración de Obando en 1840 como: “El supremo director de la guerra, general en jefe del ejército restaurador y protector de la religión del crucificado para devolver a la Nueva Granada su libertad e integridad”, pronunciamiento que tenía una fuerte relación con los conflictos por el poder político que se estaban desarrollando entre las élites de la región.

3 Para una mayor información de los sucesos de los conventos de Pasto en 1839 y su relación con la Guerra de los Supremos ver entre otros Prado (2003 y 2007).


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Para Francisco Zuluaga, los levantamientos ocurridos en Pasto en defensa de los conventos, y el pronunciamiento de Obando en 1840, fueron acontecimientos diferentes debido a que tuvieron motivaciones, personajes y escenarios desiguales. Por un lado, los levantamientos de Pasto en 1839 buscaban evitar la publicación del decreto del gobierno central que suprimía los conventos con menos de ocho religiosos, mientras que por otro, las declaraciones de los Supremos que se sublevaron a lo largo de la República, iban desde el federalismo hasta la independencia de las diversas provincias que conformaban la Nueva Granada (Zuluaga 1998).

No obstante, estos acontecimientos tuvieron un común denominador determinado por la inconformidad frente al gobierno central de la población del suroccidente, que se manifestó en contra de la situación de inconsistencia entre las instituciones republicanas, las ideologías promulgadas y las realidades sociales y económicas que se habían proclamado con la constitución de 1832.

A pesar de considerar que en el marco de la Guerra de los Supremos los levantamientos de Pasto y el pronunciamiento de Obando tuvieron características diferenciadas, en este texto tampoco se quiere argumentar completa desconexión entre los dos acontecimientos. Por el contrario, es importante recordar que aunque la rebelión de Pasto no afectó el orden político de Cauca, Popayán y Buenaventura, sí alteró parcialmente la economía de las provincias debido a que estas tuvieron que costear las campañas de los militares de la división del sur, aportar hombres para sus filas y abastecer a los ejércitos de alimentos, transportes y otros implementos (Prado 2007).

En este sentido, aunque la insurrección de los conventos haya tenido influencia en la situación de las provincias de la zona de estudio, la articulación entre las luchas de los grupos de poder y el pronunciamiento de Obando hace posible entender que el levantamiento de los conventos en Pasto tenía otras reivindicaciones y propósitos, mientras que la explosión de la guerra en el cuarenta iba de la mano de la rivalidad entre Mosquera y Obando por el poder político.


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2.1.1 Incorporación de la ‘población negra’ en la Guerra de los Supremos

Después de los levantamientos de Pasto en 1839 y de la persecución que se había desenvuelto contra José María Obando por el asesinato de Antonio José de Sucre, en 1840 Juan Gregorio Sarria4 y José María Obando con apoyo de la ‘población negra’ del valle del Patía, iniciaron una sublevación en Timbío en la que el segundo se declaró en rebelión contra el Estado central y se proclamó como Supremo director de la guerra.

Desde los inicios de la contienda, en 1840 el periódico caleño El amigo del orden denunció que, tanto Obando como Sarria, reclutaron numerosa población esclavizada en regiones como el valle del Patía, Popayán, Almaguer, Trapiche, Cali, Buga y Palmira, entre otros. En este sentido, a partir del comienzo de la guerra, es claro el carácter de ‘guerra de castas’ que había adquirido la contienda en el suroccidente de la Nueva Granada, no solo por la participación de esclavizados y libres, sino por las promesas de libertad, las fugas y el cimarronaje que se incrementaron en la contienda.

Para Enero de 1841 las fuerzas de Obando y Sarria habían reclutado los soldados suficientes para atacar Popayán, sin embargo, después de algunos enfrentamientos en las tierras ejidales y en las zonas periféricas de la ciudad, las tropas de Obando decidieron enfrentarse al ejército del gobierno comandado por el hacendado caleño Eusebio Borrero, quien volvía después de una campaña militar fallida en Antioquia (Prado 2007).

4 Era un mulato de Timbío que empezó su carrera militar en las fuerzas realistas al igual que José María Obando, a quien siguió en su deserción de los ejércitos de la corona española para empezar a luchar del lado patriota. Fue también combatiente a su lado en la Guerra de los Supremos en que la fue apresado después de la batalla de la Chanca (Cordovez 2006).


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Los enfrentamientos entre las tropas gobiernistas de Eusebio Borrero y las de Obando, condujeron la guerra hacía al cantón de Caloto donde residía una cantidad considerable de mano de obra esclavizada, dada la actividad minera y de explotación ganadera en las haciendas de la zona. El 12 de Marzo de 1841 se iniciaron los enfrentamientos entre los dos bandos, no obstante, al parecer el hecho que marcó la diferencia fue la convocatoria lanzada por José María Obando a la población esclavizada de la zona, prometiendo libertad a cambio de apoyo en la confrontación.

El llamado de Obando fue ampliamente respondido por la ‘población negra’ de la zona, cuya libertad se había dilatado por las débiles acciones de las juntas de manumisión, las estrategias de los esclavistas para bloquear la liberación de los esclavizados y la prórroga al cumplimiento de la Ley de Libertad de Vientres de 1821 que se había dado con el estallido de la guerra, como se explicó en el capítulo anterior.

Las fuentes del período nos dan una idea de la participación de la ‘población negra’ en los ejércitos de Obando. En el Archivo Central del Cauca, más específicamente en el Fondo Mosquera, reposan documentos relativos a las acciones de represión después de la guerra que estuvieron a cargo de Tomás Cipriano de Mosquera, general en jefe de los ejércitos gobiernistas en el suroccidente. En uno de ellos se sostiene que un total de 116 ‘negros’, 1 liberto y 115 esclavizados participaron en la guerra del lado de los rebeldes.5

Así mismo, en una lista de prisioneros afirma como culpables: “Al mulato liberto Luis Racines que anda en la ciudad, i debe vivir en casa de la Señora Josefa Arboleda i oficial de García que perteneció altivamente al llamado escuadrón Sagrado insolente i energúmeno que se gloriaba en público de haber mojado la lanza en García”. A este mulato lo describen en el documento como un liberto:

5 Archivo Central del Cauca, en adelante ACC. Fondo Mosquera. Listas de los prisioneros de la Chanca: de los esclavos devueltos a sus amos; i de los oficiales destinados al ejercito del norte, 1841.


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“insurgente i chispero atrevido, insultante, lancero de García i, la Plata, i Cali”, que además se ufanaba de haber asesinado y de haber servido de correo de Obando hacia Cartago.6 Entre otros, también se incluye a una mulata llamada María Josefa Mosquera, quien era descrita como “desaforada, insultante i delatora terrible”.7

De este modo, con ayuda de la ‘población negra’ las fuerzas de Obando derrotaron al ejército de Eusebio Borrero en Caloto y así aseguraron el dominio de la provincia de Buenaventura que se consolidó con la toma de Cali el 13 de Marzo de 1841. Por otra parte, el sometimiento de la provincia de Popayán, había sido encargado a Juan Gregorio Sarria, quien el 23 de Marzo del mismo año firmó un acuerdo con las élites locales en el que se pactó que la ciudad se sometía a los ejércitos de Obando a cambio de que las tropas no saquearan la ciudad (Prado 2007).

El llamado de José María Obando en el valle del río Cauca no solo fue correspondido por la ‘población negra’ en los combates, este también tuvo como efecto fugas masivas de esclavos, saqueos a las haciendas, robos, entre otros, que proporcionaron a la guerra características de un movimiento socio–racial que amenazaba el orden tradicional (Prado 2003). El futuro Gobernador liberal de la provincia de Buenaventura Ramón Mercado, quien en los años cuarenta declaraba contra Obando, describió así la incorporación de la mano de obra esclavizada a la Guerra de los Supremos:

[Obando] entonces apuró los medios de desmoralización, porque asaltando por sí, i por medio de sus cómplices algunas de las haciendas i minas de la provincia de Popayán, puso en

6 ACC. Fondo Mosquera. Filiación y demás detalles de las personas pertenecientes a la facción de José María Obando, 1841.

7 ACC. Fondo Mosquera. Listas de los prisioneros de la Chanca: de los esclavos devueltos a sus amos; i de los oficiales destinados al ejercito del norte, 1841..


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rebelión los esclavos de dichos establecimientos, dándoles libertad i después de un saqueo casi general de dichas haciendas i desmoralización de las cuadrillas de esclavos consiguió reunir más de ochocientos hombres, la mayor parte de negros esclavos.8

Después de la derrota de las ciudades más importantes del suroccidente, el 28 y 29 de marzo de 1841 se firmaron entre José María Obando y las élites locales las actas de la rendición en las que se reconoció a Obando como la máxima autoridad de las provincias del valle del río Cauca, se proclamó su independencia y se anunció la formación de un ‘cuarto Estado’ independiente de Nueva Granada.

De esta manera se proclamó en Popayán, en La Gaceta del Cauca, que Obando en su calidad de General de los ejércitos de la Nueva Granada Director civil y militar y en uso de sus amplias facultades decretaba que quedaban en libertad los esclavos de la provincia de Popayán que hubiesen participado en sus ejércitos, y los que en adelante lo hicieran. Además, sancionaba que los dueños de los esclavizados liberados serían indemnizados con los fondos de manumisión, aunque si estos no fueren suficientes, se destinarían otros fondos para efectuar el pago.9

A partir de la publicación realizada en el órgano de difusión del ‘cuarto Estado’ en 1841, es posible observar cómo desde la proclamación de este nuevo proyecto, los esclavizados ocuparon un lugar importante en los planes de Obando, quien materializó mediante estas medidas las promesas de libertad proclamadas durante los combates, no solo otorgando la libertad a los esclavizados que ya se habían incorporado en sus ejércitos, sino a quienes lo hicieran en lo subsecuente.

8 El escrito de Mercado fue realizado en Bogotá el 20 de Junio de 1842 y fue publicado nuevamente por este periódico bajo el título de: “Variedades. Lo que va de ayer i hoy”. El Ariete, 1850, p.177.

9 La Gaceta del Cauca. 1841. 1 (1-4, 6-8). Imprenta de la Universidad. Biblioteca Nacional. Popayán.


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La creación del nuevo Estado conformado por las provincias de Pasto, Cauca, Buenaventura y Popayán fue una expresión del rechazo al gobierno central que era compartido por las élites locales, en este sentido, tanto los partidarios de Obando, como los sectores de terratenientes, mineros y comerciantes de la región, empezaron a trabajar en organizar la administración de justicia, el Concejo Municipal, la administración de rentas y demás elementos para dotar al territorio de un orden estatal (Prado 2003).

A pesar de que la oposición al gobierno central convocara a las élites del suroccidente, tanto como a José María Obando y sus partidarios, el carácter de ‘guerra de castas’ que tomó la contienda afectó las relaciones entre estos dos grupos. Los terratenientes, mineros y esclavistas, que hacían parte de las autoridades locales, rechazaban el levantamiento de los sectores populares y protestaban contra los empréstitos forzosos que imponía el ‘cuarto Estado’ para la manutención de las campañas militares que se encontraban en curso (Prado 2007).

Por esta razón, al cabo de unos días, el peso político, económico y social de las élites esclavistas del suroccidente se hizo evidente en las políticas de Obando frente a los esclavizados, tal como se puede observar en su pronunciamiento en Buga del 1 de Abril de 1841, en el que el Supremo estipuló políticas contrarias a las proclamadas para Popayán días anteriores, con el objetivo de recuperar la adhesión de los esclavistas de Cauca y Buenaventura. En este sentido, con el propósito de frenar las acciones de la ‘población negra’ y obtener el apoyo de las élites del suroccidente, Obando proclamó que para: “contener el desorden que se ha introducido en las haciendas y casas particulares, a causa de la alarma en que han entrado los esclavos que desean tomar servicio en el ejército” (Valencia Llano 2008: 92), para evitar las fugas y el abandono de las tareas encomendadas por los amos y para combatir el: “irrespeto e insubordinación a sus amos y el desamor al trabajo que traen tan funestos resultados a


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la sociedad”, se decreta que queda suspendida la admisión de esclavizados a sus ejércitos en las provincias de Cauca y Buenaventura.10

Con todo, la expedición de este decreto no pudo contener el malestar causado por la combinación de la insurrección de la ‘población negra’ y las fuertes contribuciones que se le imponían a los sectores privilegiados. En consecuencia, las élites se levantarán contra el Estado de Obando a mediados de 1841, tiempo después ocuparán Cali y expulsarán de la ciudad a los representantes del nuevo gobierno. A partir de entonces se empezó a desmoronar el proyecto del ‘cuarto Estado’ y el dominio del caudillo payanés sobre los territorios de la antigua Gobernación de Popayán.

El Supremo de Antioquia Salvador Córdova y José María Obando establecieron en Abril de 1841 una alianza que amenazaba con marchar al centro del país, después de la ocupación de Cartago que finalizó el 13 del mismo mes, sin embargo, el 22 de Mayo las tropas del gobierno avanzaron hacia el norte del valle y derrotaron a Córdova en la misma ciudad que había tomado. Así mismo, en días anteriores Pedro Antonio Sánchez, quien había sido enviado por Obando a ocupar la provincia de Neiva, fue derrotado, marcando el inició de la reconquista, por parte del Estado, de las ciudades del valle interandino del río Cauca (Prado 2007).

La última batalla de la Guerra de los Supremos en el suroccidente se desarrolló en la Chanca el 11 de Julio de 1841, donde los rebeldes fueron expulsados y obligados a diseminarse en grupos de guerrillas que cubrieron la retirada de Obando a Pasto, hasta que finalmente el general se exilió en Perú. No obstante, los caudillos locales de muchas de las regiones sublevadas continuaron sus

10 Este texto fue tomado de la cita que hace Alonso Valencia Llano del libro editado por la Cámara de Representantes de Colombia en 1982 sobre las obras selectas y los escritos civiles y militares de José María Obando (2008: 92).


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operaciones y la contienda se prolongó hasta el 24 de Marzo de 1842, con la entrega de Francisco Carmona a las tropas del gobierno de Barranquilla.

Los simpatizantes y colaboradores de Obando fueron fuertemente castigados en manos de Tomás Cipriano de Mosquera que, a pesar de los indultos que se expidieron, condenó a muerte a los jefes guerrilleros de Caloto y persiguió a Juan Gregorio Sarria quien fue condenado a trabajos forzados en Cartagena, posteriormente se exilió en Venezuela y finalmente murió en 1849 a causa de las enfermedades adquiridas durante su estancia en las prisiones cartageneras.

Así mismo, muchos de los esclavizados que participaron en la contienda fueron devueltos a sus propietarios. Por ejemplo, en una carta que Josefa Arboleda dirigió el 11 de Agosto de 1841 a Tomás Cipriano de Mosquera, se puede observar esta práctica. Arboleda solicita que le fuera devuelto el mulato Luis Racines, de quien se había hablado en líneas anteriores, ya que este fue capturado y se encontraba enfermo en el cuartel del colegio. Arboleda explica que en público, Racines es considerado libre, sin embargo, este se ofreció a servirle como esclavo, por esa razón, la propietaria solicita que le sea devuelto para castigarlo y despacharlo a su hacienda con su esposa, o que le sea entregado después del castigo. Finalmente, Arboleda hace una adición a su nota explicando que realiza: “el reclamo de este criado en virtud de que he visto que los esclavos se los han devuelto a sus amos”, lo cual permite deducir que muchos propietarios recuperaron de vuelta a sus esclavizados.11

A pesar de la mano dura que emprendió Mosquera para castigar a quienes participaron en el bando de Obando en la Guerra de los Supremos, especialmente a los esclavizados

11 ACC. Fondo Mosquera. Carta de Josefa Arboleda a Tomás Cipriano de Mosquera. Agosto 11 de 1841. Carpeta Varios 114 1841 D15291.


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que a cambio de las promesas de libertad lucharon del lado de los ‘facciosos’, la acción colectiva de la ‘población negra’ entre 1841 y 1843 no se redujo a la colaboración en las tropas sublevadas contra el gobierno central. Por el contrario, como se verá a continuación, a partir del final de la guerra la ‘población negra’ emprendió una serie de saqueos, asesinatos y de acciones en grupos armados organizados que atemorizaron a las élites del suroccidente.

En este sentido, en el valle del río Cauca la Guerra de los Supremos tuvo características diferentes a las del resto de las regiones que se involucraron en el conflicto, 1dadas por los enfrentamientos por el poder político de las élites locales que se entremezclaron con las dilaciones en la liberación de los esclavizados de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Libertad de Vientres en 1821. De este modo, en el suroccidente, la guerra iniciada como un acto de defensa personal de Obando, llegó al adquirir: “visos de movimiento antiesclavista y, en esa medida, de guerra de razas, quizá el fantasma que más aterraba a los sectores criollos y a los señores esclavistas” (Zuluaga 1998:31).

Aun así, la contienda bélica iniciada en 1840 no fue en sí misma la expresión de la acción colectiva de la ‘población negra’, por el contrario, esta se constituyó en una oportunidad política que catalizó la movilización de dicha población que a partir de saqueos, robos y asesinatos, atemorizó durante un par de años a los esclavistas y a las élites del suroccidente en general. Durante el desarrollo de la confrontación armada, la ‘población negra’ tuvo una participación notable, como se pudo observar en los documentos citados, sin embargo, la acción colectiva violenta no iba a terminar con la derrota de José María Obando, ni con la batalla de la Chanca. Por el contrario, dicha población después de la oportunidad política, que la participación en la Guerra de los Supremos constituyó, continuó un camino de acción colectiva violenta, como se verá a continuación.


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2.2 La acción colectiva violenta, 1841–1843

Desde la colonia es posible hablar de acciones emprendidas por los esclavizados para lograr su libertad o para mejorar sus condiciones de vida ya que:

El negro esclavo siempre se resistió a la esclavitud, para ello adoptó múltiples formas, tanto de resistencia activa como de resistencia pasiva, o la utilización de los recursos legales que el sistema esclavista le brindaba. […] Para los negros la interiorización de la libertad los condujo a posturas radicales que se expresaron en el deseo de construir palenques, en el amotinamiento y el uso de la violencia (Bermúdez y Zuluaga 1997: 18).

Durante el período de estudio, la ‘población negra’ desarrolló una acción colectiva que, al igual que en el siglo anterior, incluyó formas no violentas como el uso de recursos legales que se habían prescrito en las instituciones republicanas y formas violentas como la participación en la Guerra de los Supremos, los asesinatos a los propietarios, los robos a las haciendas, el cimarronaje y la formación de guerrillas como la que operó desde Caloto hacia el resto del valle del Cauca en 1843.

A pesar de la derrota de los ejércitos rebeldes comandados por José María Obando y Juan Gregorio Sarria y de la represión ejercida por Tomás Cipriano de Mosquera a los participantes en la contienda, la Guerra de los Supremos movilizó diversos sectores que continuarían sus acciones en los años posteriores al final del conflicto. Lo anterior se puede observar en la documentación que reposa en el Archivo Central del Cauca, especialmente en las causas criminales por asesinatos, robo y rebelión que se desarrollaron entre 1841 y 1843. A partir de estos, como se verá más adelante, los funcionarios públicos y las élites esclavistas establecieron relaciones entre los asesinos y el llamado de libertad de Obando, determinando que


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algunos acusados de asesinato y rebelión habían tenido relación directa con el caudillo o habían participado en sus tropas en la Guerra de los Supremos.

2.2.1 Causas criminales por asesinato, 1841 y 1843

Entre Enero 21 de 1840 y Julio 11 de 1841, lapso de tiempo en el que transcurrió la Guerra de los Supremos en el suroccidente, en la documentación que reposa en el Archivo Central del Cauca, no se registró ningún juicio contra la ‘población negra’ por robo, asesinato y rebelión; incluso no se reporta ningún juicio seguido por otros delitos. Lo anterior quizás responde a factores como los desórdenes administrativos provocados por la guerra y el establecimiento del ‘cuarto Estado’ en Popayán, sin embargo, la razón más importante podría ser que los participantes en la contienda bélica solo se juzgaron después de esta y especialmente los esclavizados, fueron castigados siendo devueltos a sus amos tal como se puede apreciar en otros documentos trabajados en el Fondo Mosquera del mismo Archivo.12

En dichos documentos se relacionan un total de 116 negros, 1 liberto y 115 esclavizados que participaron junto a Obando en la insurrección del suroccidente. Lo anterior demuestra que entre Enerodel 40 y Julio del 41 la acción colectiva violenta por parte de esta población se desarrolló en el marco de la Guerra de los Supremos, así no exista registro de ello en las causas criminales. Con todo, la forma violenta de la acción colectiva no finalizó totalmente con la derrota de Obando y el final de la contienda, por el contrario, esta continuó y se intensificó hasta llegar a su punto más alto en el año de 1843, en el que el periódico El Payanés de Julio Arboleda fue indispensable para suministrar información sobre el proceso.

12 ACC. Fondo Mosquera. Listas de los prisioneros de la Chanca: de los esclavos devueltos a sus amos; i de los oficiales destinados al ejercito del norte, 1841.


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Después de la batalla de la Chanca y del final de la Guerra de los Supremos, se registraron cinco juicios en total a la ‘población negra’ por delitos de robo, asesinato y rebelión a sus amos, en 1841 se reportó uno, en 1842 otro y en 1843 el año más álgido en la acción colectiva armada, se reportaron tres.13 La mayoría de estos casos se siguieron por rebelión, mientras que dos de ellos se siguieron por el asesinato a algunos terratenientes por parte de sus propios esclavizados.

El primer caso trabajado se desarrolló entre el 16 de Septiembre de 1841 y el 6 de Octubre del mismo año en la jurisdicción del cantón de Palmira, fueron juzgados algunos esclavizados que asesinaron a su propietario en la hacienda donde él vivía y en la que ellos trabajaban. En la causa se narra el episodio diciendo que el día 2 de Agosto estando los esclavizados trabajando por la mañana en un potrero de la hacienda Santa Rita, llegó Pedro Gómez a inspeccionar las labores montado en un caballo, allí, el esclavo Seferino tomó el cabestro del caballo de Gómez quien se bajó del mismo y salió a correr. Después, el esclavo Félix lo siguió y alcanzó, unido con Timoteo lo derribaron, en el suelo Tomás y Manuel le dieron cada uno un golpe en la cabeza con el ojo de una hacha y condujeron el cadáver a media cuadra, allí lo enterraron en una sepultura, que habían preparado desde el 1º de Agosto por la tarde.14

Todos los esclavizados que participaron en el crimen confesaron la premeditación de sus acciones, por ello, el fiscal del caso afirmaba que: “no solo perpetraron el homicidio en la persona de su amo voluntariamente y a sangre fría, sino con alevosía, o a traición y sobre seguro sorprendiendo descuidado, indefenso y desapercibido el

13 Para este período se registraron otros casos de asesinatos perpetrados por esclavizados, sin embargo, son casos de muerte a otros esclavizados o a vecinos que no son muy claros en los hechos, no tienen mucha información y terminaron con la absolución de los implicados.

14 ACC. Fondo República. Causa criminal contra Seferino, Timoteo, Tomás, Féliz y Manuel, esclavos de Pedro Gómez, por haber dado muerte a dicho Gómez. 1841, Folio 6.


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finado Pedro Antonio Gómez”.15 En el mismo documento se cita que el propietario de los esclavizados fue enterrado en una sepultura cavada con anterioridad en la misma hacienda.

El segundo caso trabajado se desarrolló entre el 17 de Agosto de 1843 y el 28 de Septiembre, en la parroquia de Cerrito jurisdicción de Palmira, contra un colectivo de esclavizados y un manumitido que asesinaron a su propietario Salvador Holguín en la casa donde vivía. La causa afirma que:

Se dirijieron al dormitorio de Holguín i habiéndolo tomado justo por el pescueso Juan María conocido también con el sobrenombre de guaneño le dio una puñalada con la cual cayó boca abajo i en seguida otra, las que presenciaron Claudio i Juan que se hallaban al lado de adentro de la puerta, hecho lo cual el expresado Juan María dio parte i la esclava María Antonia quien se puso a llorar al oír esta noticia.16

En la narración de los hechos que se realiza en este documento, se expone que Juan, uno de los esclavizados que participó en el crimen, confesó que ya desde la noche del domingo 2 de Agosto, había tenido una reunión con Genaro, Claudio y Juan María, para planear el asesinato de Holguín. De esta manera, se afirma que los esclavizados y el manumitido asesinaron a Holguín, lo hicieron “con ánimo deliberado”, ejecutaron el crimen a “sangre fría” y de forma “premeditada”, por lo cual no existe “la menor causa o motivo que pueda disculpar de algún modo a los agresores lo que prueba una intención deprabada de parte de estos”.17


16 ACC. Fondo República. Causa criminal contra Claudio, Juan María, Luis, Juan y María, esclavos de Salvador Holguín por homicidio perpetrado a dicho Holguín. 1843, Folio 5.

17 ACC. Fondo República. Causa criminal contra Claudio, Juan María, Luis, Juan y María, esclavos de Salvador Holguín por homicidio perpetrado a dicho Holguín. 1843, Folio 5.


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En las dos causas se pudo apreciar que los asesinatos no ocurrieron espontáneamente, ambos fueron planeados con anterioridad por parte de los esclavizados, quienes días antes de lo ocurrido habían cavado la sepultura donde iba a ser enterrado el cuerpo o planeado la forma y el lugar donde iba a ser ejecutado el homicidio. Así mismo, en las dos causas se apreció que algunos esclavizados y un manumitido que trabajaban en las haciendas participaron en los asesinatos.

Aparentemente estos casos se encuentran desvinculados a la participación de la ‘población negra’ en la Guerra de los Supremos, sin embargo, en la argumentación hecha por las partes que intervinieron en las causas criminales se afirma que los asesinatos hacían parte de las consecuencias que había dejado la contienda bélica en la zona.18 Adicionalmente, en el asesinato de Pedro Gómez algunos de los participantes habían estado en los ejércitos de Obando durante la confrontación armada.

En el primer caso, a su llegada a manos del juez de Popayán el 16 de Septiembre de 1841, el fiscal establece una relación entre la Guerra de los Supremos y el asesinato de Pedro Gómez afirmando que:

Semejante horroroso crimen solo ha podido verse en esta época amarga de escándalo i barbarie, en que han estado para romperse todos los vínculos de la moral, bajo el imperio abominable de los antropófagos del vsur. Un castigo pronto, ejemplar i solemne, es lo único, Excelentísimo Señor, que puede atajar este mal que nos dejó la

18 En este punto es importante aclarar que cuando se hace referencia a las conexiones establecidas entre la Guerra de los Supremos y los asesinatos por parte de las instancias que intervienen en los casos, no se quiere decir que las explicaciones sobre los daños a la moral causados por la ‘revolución’ sean retomados en esta investigación. Por el contrario, lo que se busca, es resaltar la referencia que tanto los fiscales como los protectores de esclavos hicieron al clima de violencia que se desenvolvió después del final de la contienda bélica.


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revolución, i restablecer algún tanto la confianza, no solo por la atrocidad del delito, sino también por las consecuencias que hubiera de producir en el estado presente de las cosas públicas.19

En esta causa criminal, el fiscal afirmó que el asesinato al propietario Gómez es producto de la ‘ruptura de la moral’ que produjo en la zona la Guerra de los Supremos, además, solicita al juez de Popayán que se establezca una pena fuerte a los acusados ya que esta era la única manera de ‘atajar’ los males que dejó la ‘revolución’ entre los que se contaban no solo los delitos, sino otros aspectos de la vida pública. Con el final de la contienda bélica, fue posible observar la fuerte represión llevada a cabo en la zona por Mosquera, especialmente contra los esclavizados; sin embargo, como expresa el fiscal en este caso, los asesinatos a los propietarios iban a requerir fuertes castigos que terminaran con las supuestas consecuencias de la guerra.

Este mismo expediente es remitido al procurador de Popayán y se asigna a Francisco Antonio Gallo como defensor de los esclavizados. Este afirma que sin el propósito de negar las acciones cometidas por los esclavizados, ni de desvirtuar sus declaraciones, se propone: “examinar [lo que] me parece es la fuente de cuanto mal hayamos visto en la presente época”. En su intervención Gallo argumenta que la situación de la Nueva Granada se puede resumir en que: “una facción en el exceso de su delirio jura hacer una guerra al gobierno con el objeto de destruirlo de cualquier modo, declara al pobre en guerra contra el rico, al negro contra el amo, sume en fin la nación en la anarquía”, además, las acciones de esta facción tienen repercusión en la población que está sujeta a la esclavitud: “esta condición la más violenta en que puede hallarse el hombre”.20


20 ACC. Fondo República. Causa criminal contra Seferino, Timoteo, Tomás, Féliz y Manuel, esclavos de Pedro Gómez, por haber


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Por este motivo, los ‘facciosos’ se levantan diciendo a los esclavos que el resultado de su rebelión va a ser la libertad y estos en su ignorancia: “impelen a quitar la vida aquel que pretende dominarlos”.21 Con estas declaraciones Gallo pretendía explicar que el levantamiento de los ejércitos de Obando era el causante de los problemas de su época, no obstante, va más allá aludiendo a que dichos ejércitos aprovecharon las condiciones violentas en las que se hallaban sometidos los esclavizados para lograr su apoyo prometiendo la libertad. De esta manera Gallo quería explicar que la muerte de Pedro Gómez se debía entender en este marco, es decir, en un contexto en el que los esclavos, por las promesas de libertad de los ‘facciosos’, asesinaban a quienes los sometían.

Así pues, Gallo justifica la muerte de Gómez por el hecho de que: “la revolución ha roto todo freno” y explica el vínculo entre los asesinos y la Guerra de los Supremos afirmando que Félix, uno de los esclavizados que participó en las acciones de la causa, también había estado en los ejércitos de Obando. De esta manera, manifiesta que la muerte de Gallo se debió a la guerra, pero también a que “los negros se hallan descontentos”, por ello, a diferencia del fiscal, afirma que es necesaria una “política diferente a la que se ha adoptado”, ya que no se puede seguir creyendo que las ejecuciones contengan este tipo de delitos porque desde el pronunciamiento de Obando en Timbío, solamente ha habido asesinatos en el valle, que no se han podido frenar con los fuertes castigos impuestos a los individuos participantes.22

Después de desarrollar estos argumentos, Gallo solicita al juez de instancia en Popayán que se reconsidere la sentencia que se ha sugerido a los esclavizados, quienes desde el

dado muerte a dicho Gómez. 1841, Folio 6.21 ACC. Fondo República. Causa criminal contra Seferino, Timoteo,

Tomás, Féliz y Manuel, esclavos de Pedro Gómez, por haber dado muerte a dicho Gómez. 1841, Folio 6.



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cantón de Palmira fueron condenados a infamia, pago de los costos procesales y pena de muerte en las plazas públicas de Palmira y Tuluá.

Lo que busca explicar Gallo es que la Guerra de los Supremos, que tomó características de ‘guerra de castas’ con su llegada al valle interandino del río Cauca, movilizó los sectores esclavizados y libres de la ‘población negra’ en contra del orden esclavista establecido, no solo en el tiempo que duró esta, sino después de ella. La conexión entre la contienda y los asesinatos se hace evidente en el hecho de que el esclavizado Féliz, quien fue uno de los condenados por el asesinato de su propietario Pedro Gómez, había participado en los ejércitos de Obando recibiendo como castigo ser devuelto a su amo con quien trabajaba hasta el momento de su muerte.

A partir de este caso, es interesante contrastar las opiniones sobre la acción colectiva de la ‘población negra’ que expusieron el fiscal y el defensor. Si bien, para ambos, la razón de la situación de violencia que estaba viviendo la zona de estudio era consecuencia de la Guerra de los Supremos, especialmente de las promesas de libertad que Obando extendió a los esclavizados que participaran en sus ejércitos, los dos tenían una visión diferente sobre cómo hacer justicia. Por un lado, el fiscal afirmaba que debido a la deliberada actuación de los esclavizados, estos no merecían ninguna consideración en su castigo, por el otro, Gallo explicaba que, como la culpa de la muerte de Gómez la tenían la guerra y la esclavitud, había que adoptar políticas diferentes a ejecutar a los esclavizados que habían participado en la acción.

En el segundo caso acontecido, cuando el expediente pasa al tribunal de Popayán el 4 de Septiembre de 1843, el fiscal del caso afirmó que el delito que se estaba tratando, asesinato de un propietario por parte de sus esclavizados, era particularmente alarmante entre la sociedad debido a que producía sobresalto y terror al: “ciudadano pacífico cuyo principal anhelo se reduce a gozar de seguridad en su


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persona e intereses bajo la protección que le dan para ello las leyes”. Por este motivo, al igual que el fiscal del caso de Gómez, llama a un castigo fuerte como la ejecución, para que haya una lección de escarmiento entre la población y así disminuyan los delitos que se volvieron muy frecuentes en las provincias: “por consecuencia de la última rebelión que amenazó a toda la República”, que además ha hecho “escandalosa la inmoralización de los pueblos estos”.23

En este apartado se ha tratado de mostrar cómo una de las formas violentas que tomó la acción colectiva fue el asesinato de los esclavistas por parte de los mismos esclavizados, y en el caso de la causa criminal de 1843 un manumitido. Estos asesinatos generalmente contaron con una planeación anticipada que se manifestó en el hecho de que los procesados hubieran cavado el lugar de sepultura del muerto con anterioridad o se hubieran reunido previamente a los hechos para planear su actuación.

Así mismo, en los dos casos consultados es posible observar cómo los funcionarios públicos que intervienen en los procedimientos judiciales, continuamente hacen referencia a la conexión existente entre la Guerra de los Supremos y los procesos en cuestión, explicando cómo la contienda desató un clima de violencia en las provincias del suroccidente y exponiendo la participación de algunos esclavizados involucrados en las muertes juzgadas con las tropas de Obando.

2.2.2 Guerra irregular de 1843

De los cinco casos registrados en el fondo de República en el Archivo Central del Cauca, tres fueron seguidos contra personas esclavizadas y libres por los delitos de rebelión y robo. El primero de ellos está asociado a las

23 ACC. Fondo República. Causa criminal contra Claudio, Juan María, Luis, Juan y María, esclavos de Salvador Holguín por homicidio perpetrado a dicho Holguín, 1843. Folios 7 y 8.


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guerrillas de Obando durante la Guerra de los Supremos y los segundos lo están a la guerrilla de Obando liderada por José Antonio Tascón en 1843. Esta guerrilla estuvo igualmente ligada a la contienda bélica de 1840 ya que muchos de sus integrantes, incluyendo su líder, lucharon del lado de Obando en ese contexto.

La primera causa trabajada para el desarrollo de este apartado tuvo lugar entre el 4 de Julio de 1842 y el 8 de Julio del mismo año en el cantón de Popayán, contra el libre Juan José Fernández de Artunduaga por su participación en los ejércitos de Obando y los asesinatos y saqueos que cometió mientras luchaba en los mismos; entre los asesinatos cometidos por el procesado se incluye el del esclavista Bernabé Solarte y su familia.24

Como se había explicado en líneas anteriores, los levantamientos y las insurrecciones en el suroccidente no cesaron con la derrota de Obando. Varios grupos continuaron sus actividades, sobre todo de esclavizados que habían gozado de la libertad y se rehusaban a volver bajo el poder de sus amos, en formas de guerrillas denominadas ‘Cuadrillas de malhechores’ por los miembros de las élites provinciales. A este hecho se refiere Julio Arboleda en su periódico El Payanés, en el que afirma:

Restablecido el orden legal en estas provincias por la victoria de La Chanca, creímos que se trataría de cortar el mal, que nos hizo la benéfica lei de manumisión, i se pondría un freno a los esclavos sublevados por el gran salteador i sus agentes ¿I qué sucedió? Que los esclavos infieles a sus amos i traidores e ingratos a un gobierno que los ha favorecido constantemente, aún con perjuicio de sí mismo, i de tantos ciudadanos honrados, patriotas i leales, han seguido después

24 ACC. Fondo República. Causa criminal contra Juan José Fernández de Artunduaga por los delitos de asesinato y traición contra el gobierno supremo, 1842.


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de tantos crímenes como cometieron […] a mano salva están destruyendo los pocos bienes que dejaron en la pasada revolución i cometiendo toda clase de atentados.25

Uno de los movimientos más sobresalientes, continuación de la insurrección obandista fue el liderado por el sastre de Cartago José Antonio Tascón y el campesino de Santa Ana Bernabé Rincón, también libre, quienes realizaron varias acciones bélicas en la Provincia de Popayán. Este grupo, conformado por campesinos, por libres y esclavizados constituyó una rebelión abierta en el valle, que utilizó como forma de acción el robo, el saqueo de haciendas y el asesinato a los propietarios y a las fuerzas que los querían detener.

La lucha abierta estalló en Abril de 1843 cuando las fuerzas de Tascón y Rincón se unieron. El 11 de Abril se enfrentaron con el ejército en Quebrada Seca y el 15 se tomaron la hacienda del Japio y la del Potrerillo donde se aprovisionaron de armas, ropas, comida, medicinas, e instaban a los esclavos a unirse a ellos (Castellanos 1980).

La causa criminal seguida contra Tascón y Rincón se desarrolló entre el 31 de Octubre de 1843 y el 14 de Septiembre del mismo año en el cantón de Caloto e incluyó 27 individuos vecinos de los cantones de Santa Ana y Cartago, entre ellos José Antonio Hoyos y Apolinar Castro por los delitos de rebelión, robo y asesinato. Los guerrilleros fueron derrotados y apresados gracias al despliegue militar del gobierno, que hizo que se trasladara al cantón de Caloto el de primera línea de Popayán y algunos hombres desde Cali. Finalmente acorralados los hombres de Tascón, entraron en contacto directo con la Guardia Nacional de Palmira que obtuvo el triunfo (Castellanos 1980).

25 El Payanés. Nº.10. Mayo 4 de 1843. p.4. Las cursivas son de la autora.


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De acuerdo al desarrollo de los hechos, podemos deducir que las acciones de Tascón y Rincón fueron más allá de saquear haciendas y asesinar a propietarios. Por el contrario, estas dos personas libres comandaron un ejército que tomó las haciendas de los terratenientes, mineros y comerciantes más importantes de la región, se movilizaron por varios cantones, villas y parroquias del valle, convocaron a unirse a sus tropas a los esclavizados de la zona y además, se enfrentaron abiertamente con las tropas de la Guardia Nacional y otras divisiones que las élites enviaron para combatirlos.

Entre el 25 de Octubre de 1843 y el 25 de Noviembre del mismo año, se desarrolló en el cantón de Caloto una causa criminal contra el esclavizado Antonino Arboleda por rebelión, ya que este participó primero en las tropas de Obando durante la Guerra de los Supremos y luego en las lideradas por José Antonio Tascón. Sumado a lo anterior, Arboleda fue procesado por los delitos de robo y asesinato como indica el documento: “se encuentra probado por la primitiva confesión del encausado que este fue el autor de la heridas de Anguel Diago; que sirvió voluntariamente en las filas del mal hechor [sic] Obando, presentándosele desde antes que este ocupase la plaza de este lugar, marchando a la acción de armas”.26

Así mismo, Arboleda es acusado de haber asesinado a unos soldados “defensores del gobierno”, de haber combatido en Quebradeseca: “acostumbrado a la matanza i a los crímenes, instigado por el asesino Tascón salió de los bosques i con una sed insaciable i rabiosa de sangre”, además se enfrentó a los ejércitos gobiernistas en el Fraile comandados por José María Gonzales.27 Adicionalmente en la causa criminal en su contra se consigna:

26 ACC. Fondo República. Causa criminal contra José Antonio Tascón, José Antonio Hoyos, Bernabé Rincón, Apolinar Castro i otros por homicidio, robo i rebelión. 1843, Folios 2 y 3.



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No contento con este hecho, marcha en unión de sus compañero a robar i saquear a la hacienda de Japio, en donde por orden de Tascón hace un tiro por la chapa de la puerta de la casa del mayordomo, con el que causo a este las heridas graves, i de allí regresa asociado siempre de otros tan perversos como el, con el objeto de continuar en sus depredaciones, i asesinatos implorando el nombre de su antiguo jefe y compañero de armas José María Obando.28

Después de que se narran estos sucesos, se explica que en el combate del El Fraile, Arboleda huyó a: “bosques de Cocoroco refugio único de sus maldades”. Todo lo anterior, fue confesado por su autor, que además “confiesa haber sido uno de los autores de la rebelión bajo los auspicios de Tascón, cuyo hecho se corrobora más con su tenaz, i fuerte resistencia en el llano del Fraile”.29

El esclavizado Antonino Arboleda es un personaje muy interesante para este estudio debido a que hizo parte de los dos grupos armados que ocuparon las provincias del suroccidente entre 1840 y 1843, las tropas de Obando y la guerrilla de José Antonio Tascón. En este sentido, Arboleda participó en acciones como el saqueo de las haciendas de algunos de los grandes esclavistas de la región, asesinó soldados de los ejércitos gobiernistas, y participó en uno de los ataques más sobresalientes que la guerrilla de Tascón cometió, es decir, el asalto al Japio, la propiedad más importante de Julio Arboleda.30 Del mismo modo, su caso



30 Escritor y poeta nacido en Popayán. Era quizás uno de los esclavistas más importantes del suroccidente debido al nombre y fortuna de su familia, sus numerosas haciendas y una gran cantidad de esclavizados bajo su poder. Fue uno de los


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nos da una idea de cómo hubo esclavizados y libres que circularon por los ejércitos de Obando y de Tascón en la coyuntura de 1841 y 1843.

Los hechos ocurridos en los años posteriores a la Guerra de los Supremos sumieron en un estado de alarma a los miembros de la élite de las provincias de Cauca, Popayán y Buenaventura, quienes ejercieron una fuerte represión legal contra quienes se atrevieran a tratar de alterar el orden social establecido. El periódico El Payanés escrito por el esclavista Julio Arboleda fue determinante en este estado de alarma difundido por las élites, con constantes publicaciones sobre los asesinatos, robos y saqueos de haciendas que realizó la ‘población negra’ en este período, y con editoriales como la siguiente:

El miércoles supimos del robo de un considerable número de ganados en el cantón de Caloto. El jueves supimos del asesinato de dos soldados i un paisano en el mismo cantón. El viernes tuvimos noticias que pronosticaban una próxima guerra de castas.

El sábado i el domingo estuvimos en expectativa. No tuvimos descanso ni dolor: solo ansia tuvimos en esos dos días. Y llegó el lunes i nos halló en vela, pensando en lo pasado, i contemplando en el porvenir. Deseábamos que el tiempo volase pero no andaba siquiera. Más llegó una hora en que hubiéramos dado la vida porque hubiese vuelto el tiempo atrás porque llego la posta. […] ¡Nuestras casas saqueadas en plena paz! Pero ¿Para qué quiere casa el que no tiene la vida por suya? Una porción de individuos que acaban de entrar a la sociedad a beneficio de nuestras leyes, son los autores de estos hechos: –30 libertos– Eso no nos causa sorpresa tampoco, porque estamos ya acostumbrados a sufrirlos: conocemos que son

fundadores del Partido Conservador en el suroccidente, por ende, uno de los peores enemigos del gobierno de José Hilario López contra quien se sublevó en 1851.


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libres. […] Ayer [martes] otra noticia funesta del Cauca ¡Y hoy también! Han desaparecido sin causa los esclavos varones de una quinta próxima a esta ciudad. ¡Oh! ¿Qué significa esto? Una semana hace que los oídos solo nos sirvan de tormento.31

Así mismo, El Payanés contribuyó a difundir la conexión entre la Guerra de los Supremos y los sucesos armados que se desarrollaron después de la misma como se puede ver en estas noticias publicadas en los números 9 y 10 del periódico en 1843. En la primera edición, Arboleda expone que desde hace tres años hay violencia en la zona y que sus habitantes, además de las consecuencias de la guerra, se enfrentan a un mal peor que es el de la sublevación de los esclavizados contra sus amos. En ese sentido, el autor explica que los ‘revolucionarios’ arruinaron las propiedades de los esclavistas de la zona, entre los que se contaban a los esclavos, por ello, se puede observar que estos no tenían: “objeto alguno político, solo anhelaban robo i matanza”.

Julio Arboleda explica que los ejércitos obandistas de 1841 estaban compuestos en su mayoría por esclavizados que:

En García desplegaron su feroz carácter, i después en esta ciudad gritaron en la plaza i en las calles, que solo querían ver las cabezas de los blancos en las puntas de sus lanzas; ellos fueron los que pelearon en Rio Frio i la Chanca, i el considerable número de los que murieron allí, da un testimonio de esta verdad; ellos fueron los que saquearon las propiedades de sus amos, los que cometieron los mayores crímenes.32

31 El Payanés. Nº.8. Abril 20 de 1843. El periódico, ubicado en la Hemeroteca de la Biblioteca Luis Ángel Arango, fue consultado en su totalidad y cada número proporcionó información indispensable para responder las preguntas de investigación planteadas en este capítulo por lo que se recomienda al lector consultar todos los números disponibles, especialmente los 2, 8, 9, 10, 12, 19, 22 y 23.

32 El Payanés, No 9, 1843, p1.


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En El Payanés, el autor de sus editoriales difunde un clima de violencia extrema, en el que los “blancos” estaban amenazados por los anhelos de robo y matanza de los esclavizados armados; no obstante, subraya en sus relatos que así Obando, Sarria y sus ejércitos hayan cometido delitos contra las élites de la región, fueron los esclavizados quienes “cometieron los mayores crímenes”.

En el número siguiente Arboleda escribía que los llamados de Obando habían alterado a “las cuadrillas de las haciendas i minas del cantón de Caloto, i parte de los de Palmira i Popayán”, afirmaba que la guerra despertó en “los esclavos el espíritu de rebelión”, pero que este solo se había adormecido con el final de la contienda. Por ese motivo, después de la batalla de la Chanca, los esclavizados “engrosaron el tumulto de los bandidos, en tales términos que las autoridades locales no teniendo tiempo para reunir a los ciudadanos ni con que armarlos, se han visto obligados a abandonar las poblaciones i caseríos dejándolos enfrentados al pillaje más desenfrenado”. Además de los saqueos a las casas, a las haciendas i del robo de ganado, Arboleda narra que los esclavizados movilizados atacaron a “los ciudadanos pacíficos que no han podido huir [y] han tenido que sufrir ultraje, heridas i quien sabe que otros males”.33

A partir de la lectura de los textos de Arboleda, y de las demás fuentes consultadas, se pueden identificar distintos fenómenos a partir de la acción colectiva violenta de la ‘población negra’. En primer lugar, muchos de los esclavizados y manumitidos del valle del Cauca participaron en los ejércitos de José María Obando durante la Guerra de los Supremos, desde donde enfrentaron a las tropas del gobierno, tomaron haciendas y cometieron robos y asesinatos. Sin embargo, después de la contienda, esta población continuó realizando robos, saqueos y rebeliones abiertas en la región. En casos como el de Antonio Arboleda,

33 El Payanés, No 10, 1843, p2.


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además, se pudo observar como algunos esclavizados circularon por los ejércitos de Obando, posteriormente en las acciones de robo y saqueo de las haciendas y finalmente en los ejércitos de Tascón.

Por otro lado, los sectores privilegiados de la zona, como Julio Arboleda y los fiscales de las causas criminales, compartían la explicación de que las acciones de los esclavos que se estaban cuestionando entre 1841 y 1843, eran producto de los llamados de Obando a participar en los ejércitos. Solamente contamos con un testimonio disidente, el del defensor Francisco Gallo, quien estaba de acuerdo con la explicación de la ‘sedición’ de Obando a los esclavizados del suroccidente, pero afirmaba que esta fue acogida por ellos por la crueldad de la esclavitud a la que estaban sometidos.

Con el estudio de las causas criminales que reposan en el Archivo Central del Cauca y de uno de los medios de comunicación más importante de los esclavistas del suroccidente, el semanario El Payanés, se explora la acción colectiva violenta ocurrida en las provincias de Cauca, Buenaventura y Popayán entre 1840 y 1843 durante la Guerra de los Supremos y después de la misma. Así mismo, es posible apreciar el temor que estas movilizaciones produjeron en los terratenientes, mineros y propietarios del suroccidente de la Nueva Granada.

A partir de las fuentes trabajadas se ha logrado establecer cómo la participación de la ‘población negra’ en la contienda de 1840 no fue la única forma en la que se manifestó la acción colectiva violenta, por el contrario, la Guerra de los Supremos fue una oportunidad política que además de movilizar amplios sectores de esclavizados, catalizó las acciones de los ‘negros’ como se puede observar en los asesinatos a los esclavistas, los robos y saqueos a las haciendas y la formación de la guerrilla de José Antonio Tascón en 1843.


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2.3 Represión y legislación de 1843

El gobierno central delegó en manos de los generales Tomás Cipriano de Mosquera y Pedro Alcántara Herrán la tarea de derrocar del ‘cuarto Estado’ de Obando y de restaurar el orden político y social que reinaba antes de la guerra en las provincias de Buenaventura, Cauca y Popayán. Debido a la alta movilización de la ‘población negra’ las élites temían la reanudación de la ‘guerra de castas’ en la que se había tornado la Guerra de los Supremos en el suroccidente, por consiguiente, emprendieron una serie de acciones represivas para imponer sus propias condiciones (Helguera 1970).

La fuerza represiva que se empleó contra la acción colectiva de la ‘población negra’ ha sido trabajada en este texto a partir de las sentencias que se profirieron a los acusados en las causas criminales consultadas en el Fondo de República del Archivo Central del Cauca y a través de los proyectos de ley que los vecinos de Popayán y Buga enviaron al gobierno central para solicitar leyes que castigaran a los esclavizados y libres que participaron en los eventos violentos del suroccidente entre 1840 y 1843. Estas propuestas enviadas por las élites de las ciudades más importantes de la zona, fueron publicadas en el periódico El Payanés y más tarde se convertirían en la base de la ley que aprobó el Congreso neogranadino el 22 de Junio de 1843 Medidas Represivas de los Movimientos Sediciosos de los Esclavos.

Las acciones de Tomás Cipriano de Mosquera para devolver la tranquilidad a las provincias de Cauca, Popayán y Buenaventura después de la Guerra de los Supremos, incluyeron fuertes acciones armadas contra las poblaciones campesinas y de negros cimarrones en las inmediaciones de Caloto, Quilichao, Río Palo, el Cauca y Timbío. El general empleó ataques a la población civil que total o parcialmente había estado implicada en las acciones armadas durante y después de la contienda. De este modo las casas, terrenos y poblaciones enteras fueron incendiadas, algunos de sus habitantes fusilados sin juicio previo, otros enviados a


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prisión o expatriados y quienes eran esclavizados fugitivos se entregaron a las autoridades para ser devueltos a sus antiguos amos” (Prado 2007).

Así mismo, las fuertes penas que se impusieron a los condenados en las causas criminales hicieron parte de la represión que iba encaminada a amedrentar a la ‘población negra’. Por esta razón, se sancionó que todas las ejecuciones fijadas se realizaran en la plaza pública como se estipulaba en el código penal de la Nueva Granada, elaborado en 1837.

2.3.1 Sentencias a los acusados de 1841 y 1843

La gravedad de los delitos expresados en las causas criminales estudiadas fue directamente proporcional a la de los fuertes castigos impuestos a quienes fueron procesados. Con estos se buscaba ejemplarizar a quienes quisieran continuar rebelándose contra el poder de las fuertes élites regionales, tal como lo manifiesta uno de los procesos abordados en el que el fiscal reclamaba: “Un castigo pronto, ejemplar i solemne, i lo único como señor, que puede alejar este mal que nos dejó la revolución, i restablecer a algún santo la confianza , no solo por la atrocidad del delito mismo, sino también por las consecuencias que hubiera de producir en el estado presente de las cosas públicas”.34 En el total de los casos trabajados, los acusados fueron condenados a la pena de muerte en la plaza pública con la excepción de los que tuvieron una participación colectiva, ya que algunos miembros de los grupos fueron condenados a penas como infamia, el pago de multas, trabajos forzados en Cartagena y la presencia en la ejecución de los compañeros sentenciados a pena de muerte. En la causa criminal seguida contra Claudio, Juan María, Luis, Juan y María, esclavos de Salvador Holguín por homicidio perpetrado a dicho Holguín en 1843 se puede apreciar una amplia gama de castigos dependiendo de la participación en el delito:

34 ACC. Fondo República. Causa criminal contra Seferino, Timoteo, Tomás, Féliz y Manuel, esclavos de Pedro Gómez, por haber dado muerte a dicho Gómez. 1841. Folio 6.


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Trabajos forzados en Cartagena al esclavo Juan alias guaneño i al manumitido Jenaro al pago de los costos procesales de los autores principales i a que presencie la ejecución de la pena a estos, volviendo dicho esclavo Juan al poder de los herederos de Salvador Holguín cumplida queda la condena. Se absuelven de la instancia a los esclavos Luis y María Antonia i se declaran culpables y se condenan a la pena de muerte a Claudio i Juan María alias [sic.] la que se ejecutará en la cabecera del distrito parroquial donde se cometió el delito, i si esto no fuere por alguna circunstancia en la del cantón al que aquel pertenece en un día de semana que no sea un feriado, previos los auxilios i en los términos que disponen los artículos 33, 34, 35, 36 y 38 de dicho código.35

En este caso y en los restantes se puede apreciar la importancia de que las ejecuciones se anunciaran por medio de carteles y pregones y se realizaran en las plazas públicas de los cantones y distritos donde los autores de los delitos hubieran operado o en los que residieran. En varias de las sentencias se aclara la importancia de que la ejecución no se realice en días festivos, con el fin de convocar más testigos en días ordinarios, que observaran las condenas, además se disponía que el cuerpo fuera exhibido después de la pena capital. Como se había explicado en líneas anteriores, para las autoridades, y en gran medida, para muchos de los terratenientes, mineros y comerciantes del Valle, era prioritario que los castigos fueran observados por la población, y así cumplieran una función de escarmiento y amenaza a quienes quisieran seguir el ejemplo de los ejecutados.

Por ejemplo, al dictar sentencia en el caso de Antonino Arboleda se afirma:

35 ACC. Fondo República. Causa criminal contra Claudio, Juan María, Luis, Juan y María, esclavos de Salvador Holguín por homicidio perpetrado a dicho Holguín. 1843.


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Que se ejecute la pena de muerte en el día más concurrido que no sea festivo, i en la cabecera del Distrito Parroquial en donde se cometió el delito, que es el pueblo de Celandia i Quilichao […] La ejecución se hará el día veinticinco del corriente a las once de la mañana. Usted cuidará se ponga el cartelón i se publiquen los pregones conforme a lo mandado por los artículos 33 i 35 del Código Penal, i que el cadáver quede expuesto al público por dos horas.36

En los casos grupales se aplicaron diversas penas, dependiendo de la participación de cada acusado en el delito que se juzgaba. Así se puede observar en el caso contra José Antonio Tascón y sus partidarios, en el que la infamia, la vejación pública y el pago de una multa igual a la quinta parte del valor libre de los bienes de los sentenciados fueron algunas de las penas aplicadas para castigar a los procesados. En el documento se especifica que se siguió una causa a 27 individuos por los delitos de asesinato, robo y rebelión, entre ellos, quienes comandaron los ejércitos: José Antonio Tascón, José Antonio Hoyos Romero, Bernabé Rincón y Apolinar Castro, primero vecino de Cartago y los tres últimos de Santa Ana, fueron condenados en última instancia a muerte, a una multa igual a la quinta parte del costo de sus bienes y al pago de las costas procesales.37

Otros imputados como: Juan Arboleda, Leandro Ortis, José Toribio Vergara, Silvestre Patiño, Pascacio Salguilo, y José Ramón Castillo, Baltasar Vinasco, Rafael Ramírez y Lucas Caicedo Diago, quienes no tuvieron un protagonismo tan marcado como el de los anteriores, fueron condenados: “a vergüenza publica [sic], a doce años de trabajos en Chagres y al pago de costas procesales”. La sentencia advierte que los

36 ACC. Causa criminal contra Antonino Arboleda, esclavo de Manuel Esteban Arboleda, por traición. Asesinato y heridas. 1843.

37 Archivo Central del Cauca. Fondo República. Causa criminal contra José Antonio Tascón, José Antonio Hoyos, Bernabé Rincón, Apolinar Castro y otros por homicidio, robo y rebelión. 1843. Folio 1.


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costos procesales son altos, ya que solo la última instancia se avaluó en 2.034.00 pesos, y se informa que se hace esta advertencia para que los reos, vecinos de Caloto: “no se hagan ilusorias las costas”. Finalmente, se menciona a vista del letrado de Caloto que después de recibir la sentencia, se proceda al: “embargo, valuó [sic], depósito y remate de los bienes” de los reos y se remita al juzgado el importe correspondiente a los mismos.38

Sobre este caso, es importante señalar que, como se explicó en líneas anteriores, los esclavizados del valle no fueron los únicos que emprendieron la acción colectiva violenta, por el contrario, los manumitidos y otros libres participaron en ella. En el caso del asesinato de Salvador Holguín, un manumitido, que después de su liberación continuó viviendo y trabajando en la hacienda, participó en los hechos. Igualmente, en las narraciones de Arboleda, es posible leer que uno de los grupos que señala como ladrones y saqueadores, está compuestos por hombres que recientemente adquirieron su libertad.

Así mismo, en el caso contra Tascón y sus partidarios se pudo notar que los 27 procesados eran vecinos de los cantones de Caloto, Cartago y Santa Ana, es decir, eran sujetos libres que se encontraban avecindados en algunas cabeceras. Específicamente el líder de la insurrección –José Antonio Tascón– era un sastre, dato interesante ya que como vimos en el primer capítulo, tener un oficio artesanal implicaba cierto grado de especialización que requería pagos por la instrucción y las licencias para ejercer.

En el proceso contra los participantes en las guerrillas de Caloto, se incluyó entre otros castigos, el pago de multas, de los costos procesales y de la quinta parte del valor de los bienes de los acusados, sin embargo, en el mismo documento se informa que el cumplimiento de estas penas no se pudo

38 ACC. Fondo República. Causa criminal contra José Antonio Tascón, José Antonio Hoyos, Bernabé Rincón, Apolinar Castro y otros por homicidio, robo y rebelión. 1843, Folio 1.


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realizar a cabalidad, ya que no se logró determinar la residencia de los implicados y muchos de los sentenciados no poseían bienes por haber permanecido prófugos durante mucho tiempo.39 Estos datos son muy sugerentes ya que nos muestran que a pesar de que los procesados estaban avecindados en las villas y pueblos mencionados, llevaban muchos años huyendo, desarraigados de sus comunidades, sin bienes y sin nada que perder a la hora de emprender una insurrección contra las élites del suroccidente.

En la totalidad de los casos se puede apreciar una eficiente represión que se realizaba frente a los ojos de los habitantes de las provincias de Cauca, Popayán y Buenaventura para tratar de frenar la situación ‘alarmante’ en la que se encontraban los terratenientes, mineros, comerciantes y propietarios de esclavos que vieron tanto en la Guerra de los Supremos, como en las acciones violentas posteriores a esta, una amenaza para el orden social que legitimaba una jerarquización conveniente para ellos.

2.3.2 Ley del 22 de Junio de 1843

Las medidas que las élites tomaron para aplacar la acción colectiva violenta de la ‘población negra’ que se estaba presentando en la región, no se volcaron únicamente en severos castigos públicos a quienes la promovieran, por el contrario, su preocupación alcanzó niveles tan altos que hizo que la represión se consolidara en proyectos de ley firmados por los vecinos de Cali, Buga y Popayán, que a su vez dieron paso a la creación de la ley sobre Medidas Represivas de los Movimientos Sediciosos de los Esclavos del 22 de Junio de 1843. Es decir, los proyectos de represión de las élites de las provincias de Cauca, Buenaventura y Popayán, trascendieron la escala local y regional y se convirtieron en una ley nacional, sancionada dentro de una constitución.

39 ACC. Fondo República. Causa criminal contra José Antonio Tascón, José Antonio Hoyos, Bernabé Rincón, Apolinar Castro y otros por homicidio, robo y rebelión. 1843, Folio 1.


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Como se pudo observar en el periódico El Payanés de Julio Arboleda, las élites del suroccidente constantemente difundían su preocupación sobre los robos, saqueos y asesinatos cometidos por la ‘población negra’. Además de los medios de comunicación, algunos grupos dirigieron proyectos de ley contra la acción colectiva violenta de la ‘población negra’. El primero de ellos se publicó en Popayán en 1843, su contenido, después de resumir los acontecimientos de la región, especifica que, con el fin de atacar “la creciente desmoralización de los esclavos”, se debían erigir como delitos “la seducción de los esclavos, su amparo y protección cuando han cometido algún delito o culpa –cuando son vagos o prófugos, imponiendo penas proporcionadas para corregir a los que especulan con los esclavos viciosos”. En este sentido, los firmantes del proyecto solicitaron que se derogara la prohibición de exportar a los esclavos, establecida con la Ley de 1821, así mismo requirieron que los funcionarios del poder ejecutivo dieran protección a los “amos que quiera exportar a su costa esclavos viciosos o criminales; y autorizarlos para desterrar a los esclavos sediciosos, que puedan levantar a sus compañeros, aun cuando los amos no lo hagan espontáneamente”.40

Además de hacer estas peticiones al gobierno central, los vecinos payanéses afirmaban que la abolición de la esclavitud no se debía realizar de la manera que estipulaba la ley de Libertad de Partos, sino que la manumisión debía darse por familias, ya que hacerlo de acuerdo a la legislación de 1821, “produce celos pésimos hasta con sus padres, que quedando en la esclavitud sufren impulsos que lo arrastran al crimen i a la depuración, con ultraje de la naturaleza”.41

Finalmente, los vecinos de Popayán exigieron ciertas resoluciones sobre quienes después de haber sido esclavizados, alcanzaron la libertad y sobre las maneras de obtención de la misma, como recompensa o castigo. En el

40 El Payanés, No 10, 1843, p.4.41 El Payanés, No 10, 1843, p.4.


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proyecto de ley se señala que los “manumitidos vagos sean destinados al ejército y a los presidios de las islas, haciendo efectiva la responsabilidad de las autoridades omisas en el cumplimiento de este deber”, y se recomienda que “los esclavos sediciosos, homicidas o salteadores deberían perder el beneficio de la manumisión, ellos i sus hijos”. Sobre cómo adquirir la libertad afirman que esta debería ser un premio para el “esclavo que denunciase y probase los delitos de rebelión, sedición o seducción de esclavos”.42

La propuesta de los vecinos de Popayán iba encaminada a castigar a los esclavizados que se fugaban y a quienes robaban o saqueaban, sin embargo, como consecuencia de los levantamientos motivados por José María Obando durante la Guerra de los Supremos, también se buscaba castigar a quienes ‘sedujeran’ y protegieran a los esclavizados. De la misma manera, se buscaba controlar a los manumitidos destinando a los ‘vagos’ a los ejércitos o al presidio en las islas y quitarles su posibilidad de libertad en caso de haber saqueado o asesinado. Finalmente, los terratenientes, mineros y comerciantes payanéses dirigieron su atención a la reanudación del comercio de esclavos en la Nueva Granada.

Las propuestas de los vecinos de Buga y Cali utilizaron exactamente el mismo tono de la de Popayán y proclamaron las mismas exigencias con el propósito de reprimir el levantamiento de los esclavizados y reprimir los beneficios que la Ley de 1821 ‘le quitó a los esclavistas’, como la posibilidad de exportar e introducir esclavos en el territorio neogranadino. En este sentido se reclamó la necesidad de que el Congreso de 1843 diera un “remedio pronto y eficaz que contenga y reprima el mal un mal que nos está amenazando”, argumentando que los problemas con la ‘población negra’ empezaron desde 1840, cuando supuestamente se empezaron a manumitir a los hijos de esclavizados mayores de edad según la ley del 21.43



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Del mismo modo, en la proclama de las élites de Cali y Buga se exigían leyes fuertes para evitar la ‘guerra de castas’ en la región. Al respecto se afirmaba:

Hablamos de la guerra de castas, vaticinada por los ilustrados europeos que han visitado esta parte de América, i temida por todos los hombres pensadores y previsivos que han meditado sobre nuestra posición respecto a la raza africana, de que se compone una gran parte de las provincias que formaban el antiguo departamento del Cauca. Es regular que el congreso este instruido de los sucesos que han tenido lugar en estos últimos días en el cantón de Caloto. Sucesos que por ahora no presentan un carácter desesperado; pero que por sí mismo están anunciando lo que debe esperarse en lo sucesivo, si por medio de leyes fuertes y vigorosas no se trata de atajar este cáncer político, que ya ha comenzado a pronunciarse en esta parte de la República.44

En este sentido, además de declarar el estado de alarma en la zona, de anunciar una ‘guerra de castas’ y de exigir al Congreso frenar el ‘cáncer político’ de la acción colectiva de la ‘población negra’, los vecinos bugueños y caleños solicitaron que se establecieron leyes penales severas para “castigar a los asesinos, ladrones, esclavos sublevados, y manumitidos, que no estén sujetos al trabajo bajo la vigilancia de ciudadanos de probidad”. Así mismo, reiteraron de acuerdo a la petición de Popayán, que se controlaran a los manumitidos enviándolos a confinamiento en Gorgona, Providencia o San Andrés, en caso de ser ‘vagos’.45

A diferencia de los payanéses, los vecinos de estas ciudades solicitaban a los funcionarios del gobierno central, alargar la edad en que los esclavizados podían adquirir la libertad,



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de los 18 a los 25 años, con este fin argumentaban que a los 25 años “ya se habían habituado al trabajo y a la sujeción, y tendrán ideas más exactas sobre la utilidad que les resulta de vivir sometidos a las leyes y autoridades, y dedicándose a alguna ocupación que les de la subsistencia y otros goces”. Finalmente, con un afán coercitivo sugieren establecer una gendarmería en cada provincia “que no tengas más ocupaciones que perseguir a los malhechores, prestar brazo fuerte a las autoridades y celar el contrabando”.46

De las representaciones enviadas por las élites del valle al Congreso Central se pueden deducir varios aspectos. En primer lugar, es notorio el parecido de las quejas y las solicitudes que se realizaron en los documentos firmados en cada ciudad, a excepción de unas ligeras variaciones, los argumentos y las exigencias eran casi exactas. La similitud en los textos no es una casualidad, por el contrario, nos da una idea de cómo las élites de la zona acordaron el contenido de estas representaciones. El hecho de que los terratenientes, mineros y comerciantes, estuvieran unidos para enfrentarse a la acción colectiva de la ‘población negra’, no debe sorprender, como se explicó en el capítulo primero, las minas, las haciendas y el comercio se encontraban en manos de muy pocas familias que estaban conectadas entre sí y que dominaban la producción económica de la región.

Así mismo, las exigencias de cada grupo de vecinos nos permiten observar las posibles variaciones de los hechos en las tres provincias. En Cali y Buga, por ejemplo, los firmantes solicitan una gendarmería que vigile el contrabando, dándonos idea de que en estas zonas, era una práctica común. Como referimos anteriormente, en estas ciudades, y en menor medida en Popayán, en los márgenes de las haciendas se establecieron grupos de libres que pusieron en marcha el cultivo y la ganadería, estas actividades les proporcionaron excedentes que se comercializaban, al igual que las haciendas en zonas mineras. Al constituirse en una

46 El Payanés, No 10, 1843, p.4.


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competencia para los terratenientes, esta economía se volvió peligrosa para las élites, que desde 1843, buscaban establecer un regimiento militar en la zona, que se ocupara al respecto.

En cuanto a la existencia de la esclavitud como institución, es posible identificar otra gran diferencia entre los pronunciamientos de las élites de las ciudades. Mientras en Popayán se recomienda otorgar la libertad a los esclavizados en familias, en Cali y Buga se establecía la necesidad de que los hijos ‘libres’ desde la Ley de 1821 permanecieran bajo el control de los amos hasta los 25 años y no hasta los 18 como se sancionó en el Congreso de Cúcuta. Anteriormente, se hizo referencia a la existencia de una mano de obra indígena, sobre todo en Popayán, que laboraba en algunas haciendas a partir de figuras como el colonato o la aparcería, sin embargo, en las haciendas y minas del resto del valle, esta fuerza de trabajo indígena era menor y había una dependencia económica mayor a la mano de obra esclavizada. Quizás por este motivo, las élites payanésas no buscaban perpetuar el dominio de los propietarios sobre los esclavizados unos años más, como lo solicitaban los caleños y bugueños, es decir, con una presencia indígena existía en la zona una alternativa de fuerza de trabajo que hizo que la necesidad de conservar la esclavitud por unos años más fuera menor.

Producto de los continuos reclamos y manifestaciones de las élites de Cauca, Popayán y Buenaventura, los senadores caucanos Tomás Fernández y José Rafael Mosquera presentaron la iniciativa en las discusiones del Congreso neogranadino para aprobar una ley que tuviera en cuenta lo planteado en los documentos referidos. Para el año de 1843, el Congreso de la Nueva Granda se encontraba en proceso de creación de una constitución, cuya versión final contempló las solicitudes de las élites del valle.

El proyecto de ley se presentó al Congreso del 29 de Mayo de 1843 y la ley fue sancionada menos de un mes después, es decir el 22 de Junio de 1843. A partir de la revisión de la versión definitiva se puede notar que es una ley regresiva a


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lo sancionado en 1821 cuando se aprobó la Ley de Libertad de Vientres en el Congreso de Cúcuta, que se explicó en el primer capítulo. Con esta nueva legislación, se fijaron penas para los que indujeran a los esclavos a rebelarse, se autorizó la venta de esclavos fuera de la Nueva Granada, se ordenó el apoyo de las autoridades a los amos para expulsar del territorio nacional a los esclavos perjudiciales, y se autorizó la concesión de la libertad a los esclavos delatores (Hernández de Alba 1956).

La ley fue denominada sobre Medidas Represivas de los Movimientos Sediciosos de los Esclavos y tuvo en cuenta muchos de los argumentos y recomendaciones realizadas por las élites de las provincias de Popayán, Buenaventura y Cauca. En este sentido se decretó que quienes a partir de discursos, sugestiones o consejos “provocaren o incitaren a la fuga de algún esclavo” y los que les den asilo, los oculten o protejan, serán juzgados y castigados como encubridores de robo por el valor del esclavo. Quienes dieran motivo a que los esclavizados se sublevaran o se sustrajeran “de la obediencia de sus amos” serían juzgados como cómplices y promotores de sedición a partir de las penas señaladas en el código penal. Los esclavizados que denunciaran la seducción de tres esclavos o más obtendrían su libertad y se indemnizaría al propietario con fondos de manumisión.47

Por último se sancionó la derogación del artículo 6º de la Ley de 21 del Julio de 1821 –Ley 7–, revocando la prohibición de venta de esclavos fuera de la Nueva Granada. La posibilidad de reanudar la venta estaba condicionada a que no se dividieran los matrimonios y a que los hijos que hubieran nacido libres por la misma ley, no se vendieran contra la voluntad de sus padres. Adicionalmente, cuando un propietario quisiera: “extraer de la Nueva Granada o de remitir a otro lugar algún esclavo por perjudicial, las autoridades gubernativas y de policía le prestarán el auxilio y protección necesaria para ello”.48

47 AGN, Recopilación de Leyes de la Nueva Granada, 1845, p.108.48 AGN, Recopilación de Leyes de la Nueva Granada, 1845, p.108.


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De esta manera, no solamente eran sujetos de castigo los esclavizados, sino quienes los motivaran a sublevarse o los auxiliaran en las fugas o robos, se premiaba a quienes delataran tales acciones con la libertad, aunque el propietario era indemnizado con los fondos de las juntas de manumisión, se permitió restablecer la venta de esclavizados prohibida desde la Ley de 1821 y se ofrecía el auxilio de las autoridades y la policía para proteger a los amos que trataran con esclavos ‘perjudiciales’.

Esta ley provocó que durante la década de 1840 el tráfico negrero resurgiera y se beneficiara del auge de esta actividad a nivel internacional, a pesar de la oposición de Inglaterra (González 1974). Así mismo, la Ley del 22 de Junio de 1843 tuvo un impacto muy significativo en cuanto a la forma de la acción colectiva que disminuyó la violencia, para multiplicarse en el uso de recursos legales y jurídicos con los que la ‘población negra’ presionó a favor de la libertad y de mejores condiciones de vida.

* * *

En este capítulo se abordó la acción colectiva violenta de la ‘población negra’ que tuvo como características la participación de los esclavizados en los ejércitos de José María Obando en la Guerra de los Supremos, los asesinatos, robos y saqueos de haciendas que se desarrollaron después del final de la contienda e incluso, la organización de un grupo armado que operó desde el cantón de Caloto en 1843.

Del mismo modo, se abordaron las causas criminales que reposan en el Fondo República del Archivo Central del Cauca, en los que se siguieron procesos contra la ‘población negra’ acusada por robo, asesinato y rebelión. En consecuencia, se estableció cómo las autoridades que mediaban las acciones judiciales intervinieron para explicar los asesinatos a partir de la movilización que había producido José María Obando en la población de la zona y para establecer conexiones entre la Guerra de los Supremos y los crímenes que se estaban castigando.


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La represión de parte de las élites del suroccidente a la acción colectiva de la ‘población negra’ se manifestó en dos direcciones. La primera, fue la severidad con la que se castigaron los esclavizados y libres que se procesaron en las causas criminales, expresada en que todas las condenas incluyeron pena capital, pago de los costos del proceso, confiscación de propiedades e infamia. En el caso de las condenas a muerte, estas se realizaron en las plazas públicas a los ojos de los vecinos, con el fin de generar temor entre los pobladores.

La segunda, estuvo relacionada con los pronunciamientos y reclamos que dirigieron las élites de las provincias de Buenaventura, Cauca y Popayán al Congreso de la Nueva Granada, exigiendo fuertes medidas para castigar a la ‘población negra’ que había participado en la Guerra de los Supremos y en los grupos armados, asesinatos, robos y saqueos que se desarrollaron posteriormente. Por consiguiente, se solicitaban castigos a los esclavizados, a quienes los motivaran a sublevarse o los auxiliaran en las fugas o robos y se exigía restablecer la venta de esclavizados prohibida desde la Ley de 1821.

El Congreso neogranadino reunido en Bogotá en 1843, aprobó las peticiones de las élites del suroccidente y el 22 de Junio de 1843 expidió la ley sobre Medidas Represivas de los Movimientos Sediciosos de los Esclavos. Como consecuencias de su aplicación se pueden contar el resurgimiento del tráfico esclavista y la transformación de la acción colectiva que disminuyó en la intensidad de la violencia, para multiplicarse en el uso de recursos legales y jurídicos con los que la ‘población negra’ presionó por sus intereses.

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Capítulo III Acción colectiva legal: uso de las

instituciones republicanas, 1844–1847

En el capítulo anterior se exploró la acción colectiva violenta que emprendió la ‘población negra’ entre 1840

y 1843, enmarcada en la participación en los ejércitos de José María Obando durante la Guerra de los Supremos y en los robos, saqueos y asesinatos que se desarrollaron después de la contienda bélica. Así mismo, se abordó la represión emprendida contra quienes participaron en la contienda bélica y en las acciones que se desenvolvieron después de esta, incluyendo la expedición de la ley Represiva de 1843.

En este sentido, a lo largo de este capítulo se estudia la forma legal que tomó la acción colectiva de la ‘población negra’, que a partir de la figura del ‘protector o defensor de esclavos’ emprendió procesos legales para la obtención de la libertad y el cambio de amo. De este modo realiza una comparación entre la acción colectiva violenta y la legal para determinar que la segunda fue la más utilizada por la ‘población negra’ para presionar por sus intereses.

Finalmente, en la última parte de este capítulo se incluyeron otros aspectos relacionados con la situación de la ‘población negra’ entre 1844 y 1847. El primero es la reanudación del tráfico de esclavizados que se había aprobado nuevamente con la Ley de 1843 y el segundo es el conflicto en torno a la libertad del cultivo del tabaco que incluía la discusión del acceso a la tierra por parte de los manumitidos.


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3.1 La acción colectiva legal

Durante el período colonial los reclamos y las representaciones fueron las formas jurídicas que utilizaron los esclavizados para presionar por sus intereses. A partir de los casos del siglo XVIII es posible observar cómo la mano de obra esclavizada buscaba: “mejorar sus condiciones de vida dentro del mismo sistema político, sin modificar la estructura social” (Bermúdez y Zuluaga 1997: 9). Por consiguiente, con la negociación por ciertas condiciones que permitía el sistema jurídico colonial: “el esclavo luchó por su libertad individual pero no contra la esclavitud como sistema” (Bermúdez y Zuluaga 1997: 9).

La situación no sería muy diferente a partir de la independencia y la instauración de la República. Bajo este nuevo orden los esclavizados se valieron de las instituciones republicanas, continuando con la tradición colonial, para reclamar ‘cambio de amo’, su libertad o la de sus familiares. En contraste, la opción jurídica también fue adoptada por los miembros de las élites que muchas veces se enfrentaron a las instituciones y a la figura del ‘protector de esclavos’ para recuperar sus derechos sobre la mano de obra.

Se explicó en el capítulo anterior, la acción colectiva violenta fue la forma más utilizada por la ‘población negra’ para presionar por sus intereses entre 1840 y 1843; sin embargo, también la acción colectiva legal permaneció vigente durante estos años y, a causa de la eficiente represión de las élites a la movilización de la ‘población negra’, esclavizada y libre, se intensificó a partir de la expedición de la Ley del 22 de Junio de 1843.

Dicha ley, aprobada a partir de los proyectos enviados por los más prominentes vecinos de Cali, Buga y Popayán, fue celebrada con gran ‘júbilo’ por la editorial de Julio Arboleda en el periódico El Payanés, que consideraba que con esta llegaría el fin de las movilizaciones de la ‘población negra’:

Con júbilo se ha sabido en esta ciudad que el congreso ha aprobado el proyecto de reformas constitucionales acordado por la legislatura del

A c c i ó n c o l e c t i v a l e g a l . . .

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año pasado, que es ya constitución del Estado. Felicitamos a nuestros representantes que por el bien que han hecho a la República, libertándola de los males que amenazaban si el proyecto de reformas no hubiera sido aprobado. Destruida queda a los trastornadores del orden público, a los que con miras ambiciosas deseo constituirnos a su amaño, la esperanza de que la convención realice sus planes.1

Efectivamente, la ley castigaba con rigidez a quienes se sublevaran o instigaran levantamientos, permitía de nuevo la exportación de esclavos e incluso ordenaba a las autoridades apoyar a los propietarios con el traslado de los esclavizados ‘perjudiciales’, en consecuencia, hubo un estrepitoso descenso en el número de formas de acción colectiva violentas registradas en las causas judiciales. Mientras dichas formas de acción colectiva disminuían, la utilización de recursos jurídicos por parte de la ‘población negra’ se incrementó alcanzando el punto más alto en el año de 1844, según se puede observar en el Fondo República del Archivo Central del Cauca.

Al parecer, los efectos de la ley sobre la acción colectiva violenta fueron muy veloces como se puede apreciar en los informes que el gobernador de la provincia de Cauca enviaba a la Cámara Provincial de Bogotá a finales de 1843. Por su parte el gobernador caucano afirmaba:

La paz y el orden han restablecido su imperio en la provincia. Todo ha vuelto a tomar el curso que la naturaleza, nuestras instituciones y nuestras leyes exigen. Dejó de oírse el ruido confuso de la guerra, y la voz apacible del magistrado impera ya. No se ha conseguido este bien, sino a fuerza de sacrificios y de continuas luchas.2

1 El Payanés, No 10, 1843, p2.2 Memoria del Gobernador del Cauca a la Cámara Provincial de

1843 en sus sesiones de 1843. Fondo Pineda. Biblioteca Nacional de Colombia.


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También Julio Arboleda, quien había sido muy activo en los años anteriores denunciando la acción colectiva violenta de la ‘población negra’, escribía a su tío Tomás Cipriano de Mosquera sobre Caloto: “[hay] robos parciales, aunque frecuentes, son los únicos males que en él se sienten ahora. La efervescencia que en días pasados se notó en Candelaria y Buchitolo que siguiendo nos había constipado ha cesado enteramente”.3

De acuerdo a lo anterior, entre 1844 y 1847 no se encontraron registros sobre acción colectiva violenta de la ‘población negra’. Las causas criminales del Archivo Central del Cauca no registran ningún caso y la prensa, las memorias y otras fuentes primarias consultadas tampoco presentan información al respecto. De hecho, casi toda la historiografía consultada pasa este período de largo, únicamente haciendo referencia a que durante estos años la trata de esclavizados resurgió.

En este sentido, después de la expedición de la Ley de 1843 la acción colectiva legal de la ‘población negra’ se incrementó con respecto a los años inmediatamente anteriores, no obstante el uso de los recursos jurídicos para presionar por reivindicaciones se había desarrollado frecuentemente desde tiempos coloniales por los ‘negros’ esclavizados y libres, y en general fue el mecanismo más utilizado durante el período de estudio.

Entre 1846 y 1847 no se presentaron casos de ningún tipo de acción colectiva; sin embargo, temas como el resurgimiento del tráfico esclavista y los debates en torno al cultivo del tabaco y al acceso a la tierra por parte de los manumitidos fueron incluidos en este capítulo, debido a que son fundamentales para entender la acción colectiva de la ‘población negra’ y sus reivindicaciones.

En el Fondo República del Archivo Central del Cauca, específicamente en la división de manumisiones, reposan varios documentos que dan cuenta de los procesos

3 ACC. Fondo Mosquera. Carta de Julio Arboleda a Tomás Cipriano de Mosquera Octubre 14 de 1845.


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judiciales emprendidos por la ‘población negra’ entre 1840 y 1847. En total fueron hallados 21 casos que contrastan con los cinco de acción colectiva violenta que se registraron a lo largo del período. En este sentido, la acción colectiva legal predominó sobre la violenta aunque, al igual que esta, presentó variaciones en el número de solicitudes por año de acuerdo a los eventos políticos que estaban transcurriendo en las provincias de Cauca, Popayán y Buenaventura.

Según la tabla Nº.1 y su gráfico, se puede apreciar en términos generales que la mayoría de los esclavizados optó por formas legales de lucha al utilizar los recursos jurídicos que regulaban su relación con la de los amos. Evidentemente la ‘población negra’ corría menos riesgos al emprender estas acciones, a diferencia de las consecuencias de participar en grupos armados, robos o saqueos, sobre todo después de la expedición de la Ley de 1843.

Tabla Nº.1: Casos de acción colectiva. Archivo Central del Cauca entre 1840 y 1847.

Año Violenta* No violenta**

1840 0 2

1841 1 0

1842 1 2

1843 3 4

1844 0 6

1845 0 3

1846 0 0

1847 0 0

* Asesinatos a esclavistas, saqueos de haciendas, robos, participación en la insurrección de 1843.** Utilización de los recursos jurídicos del sistema republicano.Fuente: Elaboración de la autora a partir del Fondo República del Archivo Central del Cauca, los documentos se encuentran reseñados al final del libro.


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Gráfico Nº.1: Comparación entre el número de casos de acción colectiva violenta y de acción colectiva legal registrados en el Archivo Central del Cauca entre 1840 y 1847. (Datos en la Tabla Nº.1)

Específicamente en 1841 no se presentó ningún caso de acción colectiva legal, al igual que en 1846 y 1847, mientras que el año en el que más acciones legales se libraron por parte de la ‘población negra’ a través de la figura del ‘protector de esclavos’ fue el de 1844 con 6 casos. Esta dinámica de número de casos se encuentra relacionada con los convulsivos hechos políticos de las provincias de Popayán, Cauca y Buenaventura, que como vimos en capítulos anteriores, incluyeron el paso por una Guerra Civil, acciones de robo, saqueo y asesinato y medidas represivas dirigidas a la ‘población negra’.

Es probable que en el marco de la Guerra de los Supremos y del ‘cuarto Estado’ las instituciones republicanas de las que hacían uso los esclavizados y su protector, tuvieran dificultades para atender las peticiones hechas en torno al tema de la libertad o del cambio de propietario en razón a las agitaciones políticas del momento y a los cambios administrativos que se pudieran haber establecido con el nuevo orden que quería imponer José María Obando.


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Así mismo, para los últimos años del período tratado, es posible que el aceleramiento de las liberaciones en las juntas de manumisión entre 1846 y 1851, disminuyeran el ritmo de uso de los recursos jurídicos para obtener la libertad. El incremento en el número de esclavizados manumitidos en las juntas que tenían este propósito, es apreciable en la base de datos construida por Jorge Tovar (2010) en la que se puede notar que aunque en 1846 se liberaron solamente 22 esclavizados, en el año inmediatamente anterior no hubo ninguna liberación y en los anteriores la cantidad fue mínima.

En cuanto al contenido de los casos consultados, es posible reconocer que la mayoría de los mismos responden a peticiones que invocan la Ley de Libertad de Vientres de 1821 y en su nombre solicitan adquirir la manumisión. Por ejemplo, en el caso de los Autos seguidos entre Maria Antonia Pino i el ministerio sobre libertad de Domingo Ramos (1844), existía una disputa entre la propietaria –María Antonia Pino– del esclavo Domingo o Manuel Ramos y la instancia legal a la que él recurrió por la aplicación de ley. El caso inició en el juzgado del circuito de Atrato el 30 de Noviembre de 1844 y tuvo su primera instancia en Quibdó, allí se especificó que Domingo Ramos, aunque se hallaba en poder María Antonia Pino, hacía parte de los esclavizados que iban a ser manumitidos, a los registros desarrollados por el párroco; así mismo, Ramos recibió la aprobación de su manumisión en las juntas dispuestas para ello de acuerdo a la ley de 1839, por lo tanto, invocaba la Ley de Libertad de Vientres de 1821 para reclamar su libertad.4

En esta primera instancia se invocó la Ley de Libertad de Vientres y la expedida en 1839 con disposiciones para el cumplimiento de la primera, por consiguiente, el punto de debate entre la propietaria y el esclavizado es la fecha de nacimiento del segundo, de acuerdo a la cual este podría

4 ACC. Fondo República. Manumisiones. Autos seguidos entre Maria Antonia Pino i el ministerio sobre libertad de Domingo Ramos. 1844, folios 1 y 2.


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ser sujeto de la legislación. Después de que María Antonia Pino apeló la sentencia, el caso fue remitido a Popayán en Octubre de 1844 donde Rafael Valdez, apoderado de la propietaria afirmaba:

Que aun cuando la libertad su preciso derecho debe protegerse siempre, esta protección no es tal que deba dispensarse a todo trance aun con perjuicio de tercero como se pretende hacer en la sentencia que ha ocacionado el recurso: no dispone la ley del año de 1821 que concede la libertad a los partos de esclavas verificados después de su publicación, el que este beneficio se estienda a aquellos que nacieron antes de que ella estuviera en observancia, y esto es lo que se pretende hacer con el esclavo de mi parte, cometiendo una injusticia monstruosa como voy a demostrarlo brevemente. 5

De acuerdo a estos argumentos Pino especifica que ella no está en contra de la ley, por el contrario, afirma que el punto de discusión es la fecha de nacimiento de Ramos, ya que la legislación de 1821 cobija solo a los niños nacidos después de su expedición. Pino explica que la fe de bautismo, documento que para el momento es la única prueba del nacimiento de un niño, muestra que Ramos fue bautizado en 1822 y que el cura que llevó a cabo el sacramento puso una nota en el documento afirmando que la partida corresponde a 1821, informando que el individuo nació en ese año. De este modo, la propietaria afirma que Ramos nació en 1821 antes de la expedición de le ley, por lo tanto esta no lo cobija por no tener carácter retroactivo. Con este argumento Pino solicita que revoque la petición de libertad de Ramos.6

5 ACC. Fondo República. Manumisiones. Autos seguidos entre Maria Antonia Pino i el ministerio sobre libertad de Domingo Ramos. 1844, folios 1 y 2.

6 ACC. Fondo República. Manumisiones. Autos seguidos entre Maria Antonia Pino i el ministerio sobre libertad de Domingo Ramos. 1844, folio 7.


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Por su parte, el fiscal en calidad de ‘protector de esclavos’ de Popayán argumentó que en la partida de bautismo que se presentó en el caso, aparecía que Ramos fue bautizado como libre, por ende Pino no había podido comprobar su propiedad sobre el esclavizado. De esta manera el ‘protector de esclavos’ solicitaba que se confirmara la sentencia proferida en la primera instancia. Finalmente, el juez de Popayán apoyó lo expresado por el fiscal, agregando que la partida de bautismo de Ramos correspondía a 1821 siendo la única prueba de que esta era de 1822 una anotación al margen que “no puede enervar la fuerza que produce el contenido de dicha partida”. De acuerdo a lo anterior el juez ordenó “expedir ahora el documento de libertad por la autoridad a quien corresponda”.7

Como se había explicado en líneas anteriores, muchos de los esclavistas del suroccidente trataron de evitar que los esclavizados obtuvieran la libertad, de diferentes maneras. Aunque no podemos decirlo sobre el caso de Ramos y Pino, es conocido por otras fuentes que los esclavistas muchas veces alteraron los registros de nacimiento de los hijos de esclavos para que la Ley de Libertad de Vientres no los cobijara, o para alargar el tiempo que el hijo ‘libre’ iba a permanecer bajo concierto del amo de sus padres.

En el caso de Ramos, a pesar de la insistencia de su propietaria, la ley cobijaba su petición de libertad debido a su fecha de nacimiento, sin embargo, también existieron casos donde los resultados fueron contrarios. El 19 de Septiembre de 1845, el personero municipal de Popayán Antonino Olano, solicitó la libertad de la esclava María Agapita, propiedad de Mariano Tejada. Olano informó que María Agapita acudió a él argumentando que era libre por haber nacido después de la expedición de la Ley de Libertad de Vientres de 1821, con dos testigos que afirmaron la fecha de su nacimiento en

7 ACC. Fondo República. Manumisiones. Autos seguidos entre María Antonia Pino y el ministerio sobre libertad de Domingo Ramos. 1844, folio 8.


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1822. De esta manera, el personero demandaba a Mariano Tejada que declarara libre a la esclavizada.

Después de realizar los trámites correspondientes a la notificación, el expediente contiene información enviada por el presbítero, cura y vicario de Timbío, Rafael Negret que informa que la esclavizada María Agapita nació “en esta Santa Iglesia parroquial de San Pedro de Timbío a los doce días del mes de Agosto de mil ochocientos diez y nueve”. Por este motivo, la esclavizada no quedaba cubierta por la Ley de 1821. Después de algunas diligencias en las que se discutió la validez de lo dicho por los testigos y la confiabilidad de los documentos relativos al bautismo, finalmente se sentenció que “Agapita hija de María Ventura Tejada no goza del beneficio de la ley sobre libertad de partos, porque ella fue publicada mucho tiempo después del nacimiento de la esclava. En su virtud nada tiene que objetar el que habla sobre dicha servidumbre”.8

Con el estudio del siguiente caso es posible poner en discusión la pregunta sobre cuál era el conocimiento de las leyes por parte de los esclavizados y cómo las utilizaban para presionar por sus intereses. Es importante reconocer que en la mayoría de las causas seguidas, las reivindicaciones de los esclavizados son planteadas por un ‘protector de esclavos’ que a su vez hace parte de fiscal y explica las razones legales de la libertad, sin embargo, en el caso de Hilario Hurtado no se manifiesta la presencia del ‘protector de esclavos’ a lo largo del juicio.

El expediente abierto por Hurtado expresa que la calidad de libre se adquirió por participar en el ejército y haberse incapacitado en él, de modo que era necesario el conocimiento de las leyes para seguir el caso. Específicamente en un fragmento del juicio, Hilario después de la argumentación de su propietario declara ante el juez:

8 ACC. Fondo República. Manumisiones. Autos seguidos entre María Antonia Pino y el ministerio sobre libertad de Domingo Ramos, 1844, folio 8.


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La razón alegada por el Señor Hurtado acerca de la necesidad de seis años en el servicio de las armas para adquirir la libertad es inconducente, pues la ley señala en termino para los que no se hayan inutilizado y puedan seguir en el servicio y sino pregunto yo ¿Cómo se podrá obligar a un hombre a continuar en las fatigas militares si se ha inutilizado? de ninguna manera porque justamente este es el caso por el cual se licencian designándoles una pensión /si/ son acreedores.9

En ausencia del protector de esclavos no se puede saber con certeza de dónde proviene el conocimiento de las leyes expresado en el juicio, aunque no es del todo desdeñable que las circunstancias de la vida de Hilario le otorgaron herramientas para desarrollar el proceso de su libertad.

El esclavo Hilario Hurtado ante el juez letrado de Hacienda de Popayán el 16 de Diciembre de 1845 solicitaba se le diera la libertad por haber participado en los ejércitos gobiernistas en la Guerra de los Supremos de esta manera:

Ante usted con el respeto debido paresco y digo que en el año de 1841 fui tomado como continjente y destinado al ejército en clase de soldado, desde cuyo tiempo serví en el Escuadron número 39 de línea, hasta que se me declaro inútil para el servicio de las armas por haberme quebrado de las ingles: Se me ha expedido mi licencia absoluta y hoy que he vuelto a mi país, me sorprende el Señor Rafael Hurtado Carrejo, queriéndome hacer su esclavo contra la ley – Yo serví dos años en el ejército veterano y desde el momento que fui filiado y me inutilizé en el servicio adquirí mi libertad; y como se me quiere privar de este bien

9 ACC. Fondo República. Manumisiones. El personero municipal de Popayán solicita se le dé la libertad a María Agapita esclava de Mariano Tejada. 1845, 7 folios.


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inestimable, yo ocurro al recto juzgado de Usted para que en vista de la licencia y pasaporte que acompaño solemnemente se sirva declararme que he obtenido mi libertad, y que no pertenesco a la propiedad del Señor Hurtado.10

El supuesto propietario Rafael Hurtado el 3 de Enero de 1846 respondía a los argumentos de Hilario que aunque “no es estraño el que un hombre haga lo que le paresca conveniente, siempre que sea racional, por salir de la abyecta, de la detestable condición de esclavo, y pasar al rango de los hombres libres: lo estraño es que para conseguirlo se empleen medios tan injustos como el de que pretende valerse mi esclavo Hilario”. En este sentido afirma que Hilario huyó de su hacienda en 1841, después huyó a la parroquia de Tambo donde se escondió hasta que “llegado el tiempo de remitir el contingente de hombres correspondientes a aquella Parroquia fue aprendido y remitido a este lugar con destino al ejercito permanente, y con tal objeto fue conducido a la Capital de la Republica”.11

Rafael Hurtado afirmaba en su declaración que pasado el tiempo, encontró un día a Hilario en el tejar de una cantera y allí acordaron que, como el esclavizado había sido licenciado del ejército por incapacidad, este se presentaría a las juntas de manumisión para que le fuera pagado su valor al propietario. Mientras esperaba que esto sucediera dio permiso a Hilario para trabajar en la cantera donde lo encontró; sin embargo, Rafael argumentaba que el esclavizado trató de casarse para obtener su licencia de liberto, no obstante, como estaba bajo el dominio de Rafael este le extendió el permiso para que contrajera matrimonio.

10 ACC. Fondo República. Manumisiones. Hilario Hurtado pide su libertad en virtud de haber servido en el ejército granadino. 1845, folios 3 y 4.

11 ACC. Fondo República. Manumisiones. Hilario Hurtado pide su libertad en virtud de haber servido en el ejército granadino, 1845, folio 9.


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Después fue requerido Rafael para la causa que se está reseñando, por lo tanto, finalmente el propietario solicitaba que el juez tomara la decisión del caso.12

Finalmente, el juez de Popayán decidió declarar “libre a Hilario Hurtado debiéndose indemnizar de su valor a Rafael Hurtado de los fondos de manumisión con calidad de preferencia”.13 Este veredicto nos muestra cómo en algunos casos la libertad que se otorgaba a los esclavizados, por vía de las instituciones republicanas, finalizaba también con la indemnización al propietario del manumitido, de esta manera, los esclavistas se veían beneficiados también con el veredicto de manumisión que hicieran los jueces.

Además de solicitar la libertad por la Ley de Libertad de Vientres, por la participación en los ejércitos o por incapacidad física, hubo esclavizados que solicitaron ser avaluados para comprar su libertad. Este es el caso de la esclava Gabriela, quien acudió el 25 de Septiembre de 1845 al ‘protector de esclavos’, solicitando que se le realizara un avalúo para liberarse, ya que su propietaria estableció un costo demasiado alto para otorgarle la libertad.14

Es posible que en este caso estemos observando una esclavizada que, por medio de diferentes actividades económicas, poseía un ingreso extraordinario, que le había permitido ahorrar para comprar su libertad. Como vimos en líneas anteriores, el ejercer un oficio artesanal, el producir en los márgenes de las haciendas ciertos productos y venderlos, o el comerciar productos en general, fue la manera en la que muchos esclavizados o manumitidos de

12 ACC. Fondo República. Manumisiones. Hilario Hurtado pide su libertad en virtud de haber servido en el ejército granadino. 1845, folio 10.

13 ACC. Fondo República. Manumisiones. Hilario Hurtado pide su libertad en virtud de haber servido en el ejército granadino. 1845, folio 14.

14 ACC. Fondo República. Judicial. El protector de esclavos pide se le avalúe a la esclava Gabriela de Agustina del Campo para obtener su libertad. 1845, 7 folios.


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la zona, lograron obtener ingresos económicos. Quizás ese fue el caso de Gabriela, quien a la edad de 50 años, logró ahorrar para pagar a su propietaria por su libertad.

En el expediente se puede observar, que las instancias pertinentes envían peritos a avaluar a la esclava quien manifiesta poseer diversas enfermedades, seguramente con el interés de disminuir su precio. Después de la revisión, un doctor argumenta que la esclavizada se quejaba de muchas enfermedades que eran imposibles de comprobar, así que solo registra un dolor de cabeza y una herida en un pie, como las debilidades físicas de Gabriela. De este modo, Gabriela queda avaluada en 150 pesos, que el personero dispuso pagar a su propietaria, probablemente de los fondos de manumisión, para que esta extendiera la carta de ahorro a su ex esclava.15

En vista de los numerosos y extensos casos que reposan en el Archivo Central del Cauca se considera que para aportar algunas ideas sobre la acción colectiva legal de la ‘población negra’, es necesario establecer algunas generalidades sobre los casos encontrados que permitan hallar patrones en las solicitudes y en las decisiones de las instancias republicanas y así determinar de qué forma se desarrollaba la acción colectiva legal de la ‘población negra’. Existen muchos casos muy interesantes, sin embargo, insistir en su particularidad podría afectar la visión más amplia que queremos explorar aquí. Por esa razón, al final del libro se encuentra la transcripción de varios documentos que pueden abrir nuevas perspectivas de investigación sobre casos individuales.

La invocación a la Ley de Libertad de Vientres de 1821 es un común denominador en los casos en los que se solicitaba la libertad de los esclavizados, así mismo, en algunas ocasiones se citó también la ley de 1839 que se

15 ACC. Fondo República. Judicial. El protector de esclavos pide se le avalúe a la esclava Gabriela de Agustina del Campo para obtener su libertad, 1845, 7 folios.


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sancionó para la aplicación de las condiciones que imponía la norma de 1821. Los expedientes que se basaban en la aplicación de dicha ordenanza, en general se concentraron en exponer las fechas de nacimiento y bautizo de los sujetos de manumisión, por lo tanto, en algunos se pudo observar la irregularidad en los registros parroquiales.

Por medio del personero municipal en calidad de ‘Protector de esclavos’ los esclavizados que sufrían fuertes agresiones solicitaban el cambio de amo. En estos casos, se procedía a realizar un avalúo de los esclavizados maltratados, acto seguido entraban en un depósito hasta que se le fuera hallado un nuevo propietario. El veredicto en la mayor parte de estos expedientes era una acusación al amo por sevicia contra su esclavo.

La figura del personero municipal no fue la única que logró mediar entre las instituciones republicanas y los esclavizados, en diversas ocasiones era el mismo esclavizado quien pedía acceder a su libertad o incluso sus familiares en calidad de cónyuges o padres emprendieron las gestiones. Los motivos para solicitar la manumisión eran muy variados, no obstante entre ellos resalta un caso en el que el amo en su testamento estipuló que al momento de su muerte quien le había servido quedaría completamente libre si se dedicaba a aprender música, otro en el que haber contraído matrimonio con mujer libre daba la libertad al esclavizado y uno en el que el padre y la abuela de la esclava habían comprado su libertad.

En el total de los casos hubo participación de los propietarios que fueron consultados para corroborar lo dicho por los esclavizados o para expresar sus argumentos sobre el caso. Ocasionalmente el propietario accedía pacíficamente a la libertad de los esclavizados, sin embargo, en la mayoría de los casos los esclavistas se interpusieron en las peticiones para acceder a la libertad o mejorar sus condiciones de vida, y en otras se enfrentaron al personero municipal por medio de acciones legales para evitar la liberación de los esclavizados.


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3.2 El resurgimiento de la exportación de esclavizados

El período entre 1844 y 1847 no solo estuvo caracterizado por el incremento de la acción colectiva legal de la ‘población negra’, durante estos años hubo otros aspectos muy importantes concernientes a los esclavizados y manumitidos que ameritan ser incluidos en el presente capítulo. Uno de estos aspectos es el referente al resurgimiento de la exportación de esclavizados que después de haber sido prohibida en la Ley de Libertad de Vientres de 1821, fue nuevamente aprobada por la norma sobre Medidas Represivas de los Movimientos Sediciosos de los Esclavos, sancionada en Junio de 1843.

Después de varios años de agitación política, Guerra Civil, desórdenes, saqueos y robos, las élites del suroccidente celebraban el ambiente de paz que se vivía en las provincias, como se pudo observar en algunas fuentes citadas. Esta sensación de tranquilidad estaba dada en gran parte por los fuertes castigos que se sancionaron en 1843 no solo para los esclavos que se sublevaran, sino para quienes los incitaran y los protegieran. Dentro de las disposiciones, se encontraba el permiso a los esclavistas para exportar sus esclavos e incluso para contar con ayuda de la policía y de las autoridades en caso de que tuviera que tratar con esclavos ‘perjudiciales’.

Así mismo, con la legalización del comercio esclavista, la Ley de 1843 estipuló que no se podía realizar exportaciones de esclavizados casados que dividieran los matrimonios, en caso de que los hijos fueran libres no podían ser vendidos contra la voluntad de sus padres y si estos aceptaran, la condición de libre se tenía que incluir en los documentos que certificaran la transacción.16 De acuerdo a lo anterior, en teoría, la población manumitida estaría exenta de ser exportada; sin embargo, González afirma que es irrisorio

16 AGN, Recopilación de Leyes de la Nueva Granada, 1845.


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pensar que la voluntad de los manumitidos iba a ser considerada y que en muchas ocasiones se cometieron arbitrariedades contra esta población (González 1974).

La aprobación de la exportación de esclavizados en la Nueva Granada coincidió con el auge del comercio esclavista a nivel mundial en la década del cuarenta. Mientras Inglaterra continuaba con los esfuerzos por combatir la trata, países como Estados Unidos se encontraban pasando por una fase de riqueza económica a partir de la explotación de la mano de obra esclavizada. Por su parte, Cuba que aún estaba bajo el dominio español, se encontraba bajo grandes presiones por expandir la producción de plantación que también estaba fundamentada en la mano de obra esclava, por consiguiente, la introducción de esclavizados se incrementó en este período, al punto de generar un importante crecimiento demográfico en la población cubana (González 1974).

En la Nueva Granada, el tráfico esclavista no estuvo vinculado a este auge internacional a partir de la importación de esclavizados, por el contrario, entre 1844 y 1847 se legalizaron grandes exportaciones bajo la premisa de exiliar a los esclavos ‘perjudiciales’, sin embargo, esta fue la mejor oportunidad de muchos esclavistas del suroccidente para recuperar su inversión ya que el dinero recibido por las transacciones fuera de la República, era mucho más atractivo que el que otorgaban las juntas de manumisión.

Gran parte de los esclavizados exportados se vendieron al sur de Estados Unidos como sugiere Margarita González, de esta manera la autora afirma que se puede explicar cómo el tratado comercial firmado entre Colombia y Estados Unidos a 1848 no incluía ninguna estipulación sobre los objetos que se podían comerciar, mientras que los tratados con Inglaterra siempre explicitaban la condición de suprimir la trata esclavista. No obstante, el comercio con países más cercanos también iba a ser una constante en el resurgimiento de la trata de esclavizados (González 1974).


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La abolición de la esclavitud y del tráfico aún no se habían aprobado en países como Perú que se convirtió en uno de los destinos preferidos de propietarios como Julio Arboleda, al respecto el esclavista hizo algunos pronunciamientos, entre los que se destaca la carta que le envió a su tío Tomás Cipriano de Mosquera, después de que se posesionó como presidente de la República desde el 1 de Abril de 1845. En esta se puede observar cómo Arboleda consideraba que si las autoridades conocieran las necesidades de la Nueva Granada favorecerían la exportación de esclavizados y derogarían las disposiciones que la impidieran; sin embargo, señala que entiende que por la presión de la opinión pública el presidente no tome medidas. Así mismo afirmaba que “para deshacerse del cáncer y traer verdadero capital al país” era necesario disminuir el número de ‘negros’, obtener protección para exportar a los esclavizados y traer capataces que pudiera “moderar y contrapesar” a quienes quedaran en el territorio de la República.17

Los ideales de Arboleda sobre el “buen mercado para los esclavos” que constituía Perú no quedaron en la carta familiar a Mosquera, al parecer un mes después de esta, los negocios de exportación de los esclavizados se concretaron con ese país y revestían una importancia tal que en otra comunicación, el esclavista le pide a su tío que lo excuse de no asistir a las sesiones de Congreso por encontrarse en “un negocio delicadísimo”. La carta decía:

En primer lugar le diré a Usted, encargándole la más escrupulosa reserva que tengo un negocio delicadísimo que hacer sobre el Perú. En todo el mes de Enero debo encausarme personalmente al puerto. Usted sabe que hay cosas que nadie puede hacer sino uno mismo. Si ahora me fuese yo a Bogotá perdería indispensablemente no solo el negocio, sino mui considerables cantidades

17 ACC. Fondo Mosquera, Carta de Julio Arboleda a Tomás Cipriano de Mosquera, Diciembre 15 de 1845.


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que tengo gastadas en preparativos. Si las crecientes inauditas del Dagua no me hubiesen impedido concluir pronto mi negocio, ahora estaría en disponibilidad. Este es el gran motivo que tengo para no asistir al Congreso: el éxito de mi negocio es para mí de una importancia inmensa de él depende tal vez mi suerte futura: de él depende que me vaya de, o me quede en la Nueva Granada –como si dijéramos mi vida o mi muerte–. Y nadie, nadie puede encargarse de semejante cosa por mí.18

En esta carta no se anuncia explícitamente la exportación de los esclavizados, no obstante, la relación y cercanía temporal con la carta anterior y el consenso entre muchos investigadores sobre el comercio esclavista entre las élites del suroccidente y Perú, permiten suponer que Arboleda se refería a una transacción con esclavizados ¿Qué otro negocio podía impedirle asistir al Congreso? ¿Qué otra actividad hubiera sido tan importante para que fuera de vida o muerte e implicara tantos capitales? Por su parte, Hermes Tovar Pinzón, afirma que grandes esclavistas como Joaquín Esquivel, Ignacio Sabogal, Mercedes Echevarría, Pedro Gallardo, Julio Arboleda y Felipe Revoredo vendieron 421 esclavos a Perú entre 1844 y 1847 (Tovar Pinzón 1994).

A diferencia de los deseos que Julio Arboleda tenía sobre las medidas que se iban a implementar bajo la presidencia de su tío, en 1846 el Congreso de la Nueva Granada retomó la cuestión de la manumisión y los esclavizados, que había sido olvidada desde las medidas tomadas en 1843, de este modo el 16 de Abril de 1846 se expidió una ley adicional a la manumisión que no presentó ningún avance significativo frente a la legislación vigente, pero tenía como mérito haber vuelto a poner sobre la mesa un problema que se había dejado de lado desde la Ley del 43 (González 1974).

18 ACC. Fondo Mosquera, Carta de Julio Arboleda a Tomás Cipriano de Mosquera, Diciembre 15 de 1845.


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A medida que se acercaba la mitad del siglo XIX las posiciones antiesclavistas dominaban la opinión pública en todo el territorio de la Nueva Granada a excepción del suroccidente de la República (Jaramillo Uribe 1969), no obstante, el Congreso se encontraba del lado mayoritario y en este sentido expidió la Ley del 28 de Abril de 1847 en la que se abolió la importación y exportación de esclavizados. En esta ley también se disponía que las autoridades y la policía prestarían auxilio al propietario que remitiera de un lugar a otro de la República a los esclavos ‘perjudiciales’ y que se otorgaba el plazo de un año para que se extrajeran de la Nueva Granada los esclavizados que habían ingresado como sirvientes domésticos (González 1974). Quizás este fue el intersticio que encontraron los esclavistas para continuar con sus operaciones de exportación de esclavizados.

Con la nueva legislación, en una carta enviada por Manuel Pombo a Julio Arboleda se puede apreciar cómo la venta de esclavizados continuó. En la misma, el apoderado de Arboleda relata que un hacendado de Almaguer llamado Julián Ruiz se dirigió a una de las propiedades del mencionado Arboleda para ofrecer dinero por un esclavo de nombre Salvador, cuyos padres se habían fugado por cerca de 18 años. Sofía Arboleda aseguró que era posible la venta del esclavizado ya que era hijo de esclavos ‘malos’. La venta se realizó el 5 de Septiembre de 1849.19

La exportación de los esclavizados se convirtió en la manera más rentable en la que los poderosos esclavistas del suroccidente podían recuperar su inversión, por consiguiente, a pesar de la prohibición del comercio esclavista con la ley de 1847 algunas transacciones continuaron. Aun así, con la llegada de mitad de siglo las élites esclavistas en el valle geográfico del Cauca se encontraban en decadencia, mientras que una nueva clase social de corte liberal, inspirada por la revolución del 48 estaba tomando fuerza y finalmente se consolidaría en el poder el 7 de Marzo de 1849 (Castellanos 1980).

19 Sala de Libros Raros y Manuscritos Biblioteca Luis Ángel Arango. Carta de Manuel Pombo a Julio Arboleda, 1849.


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3.3 El modelo de producción de tabaco y la ‘población negra’

Entre 1844 y 1847 otros aspectos relacionados con la ‘población negra’ salieron a la luz, quizás más que antes cuando los problemas más visibles eran los robos, saqueos y levantamientos. En este sentido, el debate sobre el destino de los manumitidos y sus posibilidades económicas se tradujo en el problema sobre el cultivo de tabaco y el acceso a la tierra por parte de quienes habían alcanzado la libertad.

En el período de estudio es posible observar que desde 1842 había un interés en modelar las actividades de los manumitidos como se puede ver en la ley de concertaje, que fue denominada de ‘aprendizaje’, sancionada el 29 de Mayo. En esta norma se señalaba que los sujetos de manumisión por haber alcanzado los 18 años según la Ley de Libertad de Vientres de 1821, debían presentarse al alcalde parroquial que determinaría la educación e instrucción y su destino a un oficio útil, de modo que los manumitidos fugados o que no desempeñaran ninguna actividad serían tratados como vagos y enviados al ejército. Además, el artículo séptimo disponía que los manumitidos de 18 años debieran estar en concierto de su amo para ser instruidos de acuerdo entre el propietario y el personero municipal (Tovar 2010).

La ley que se denominó de ‘aprendizaje’ iba en teoría destinada para preparar a los manumitidos para la libertad, sin embargo, los efectos que tuvo en la ‘población negra’ fueron la postergación de la condición de concierto bajo el amo hasta los 25 años. La aplicación de esta ley también hizo visibles los malos tratos hacia los esclavizados, la corrupción de los empleados del gobierno y la alianza de las autoridades con los esclavistas ya que las primeras casi siempre consideraban la conveniencia del concierto (Tovar Pinzón 1994).

Para 1845 el crecimiento de la población de libres y manumitidos ejercía presión sobre los esclavistas y terratenientes del suroccidente. La aceleración en las manumisiones realizadas por las juntas, la aplicación en algunos casos de la Ley de 1821,


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la acción colectiva de la ‘población negra’, el cimarronaje y el debilitamiento de los mecanismos de sujeción de la mano de obra habían producido un incremento de libertos, en contraste con la disminución de los esclavizados.

Desde las guerras de independencia habíamos visto cómo en el valle interandino del río Cauca surgió una nueva forma de asentamiento, caracterizada por el establecimiento en los márgenes de las grandes haciendas de una población de manumitidos, libertos, blancos pobres y esclavizados huidos. En estos territorios dicha población cultivaba y generaba excedentes que eran comercializados en las zonas mineras, en las de colonización, e incluso en las ciudades importantes, por consiguiente, lograban establecer una economía que les permitía subsistir de manera relativamente autónoma de la sociedad republicana (Valencia Llano 2008).

Este tipo de producción inquietaba a los terratenientes de la zona que a diferencia de los productores pequeños, pagaban tributos a las autoridades locales y centrales y tenían gravadas las actividades relacionadas con la producción y venta de ciertos productos. Así mismo, desde los proyectos de ley enviados por los vecinos bugeños y caleños al Congreso neogranadino en 1843, ya se evidenciaba una señal de las molestias de los hacendados por el contrabando, ya que una de las solicitudes que se hacían al gobierno central, incluía una gendarmería que lo combatiera. No obstante, la preocupación de los hacendados del suroccidente iba a ser ver mayor en la década del cuarenta debido al auge tabacalero de la Nueva Granada.

Después de muchos intentos realizados por las élites neogranadinas para expandir el comercio exterior y para diversificar los productos que se exportaban, por fin en 1845 la introducción al mercado internacional de productos diferentes al oro, como el tabaco, generó resultados como la consolidación de la navegación a vapor por el río Magdalena, la ampliación de la capacidad de importación y la bonanza económica, entre otros (Safford y Palacios 2002).


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El auge tabacalero se desarrolló en la presidencia de Tomás Cipriano de Mosquera quien en vista del interés en el negocio de varios comerciantes y hacendados, estableció un modelo de producción y exportación en el que se entregaron al sector privado las factorías de Ambalema, Palmira y Girón y se crearon algunas dedicadas solamente a la exportación (Tovar Pinzón 1994). Al parecer el exitoso modelo de Mosquera no fue solamente de su autoría y la propuesta pionera fue realizada por Julio Arboleda quien expresaba graves temores por los asentamientos de libres que ahora producían tabaco. En carta dirigida a su tío explica:

Yo le propuse a Usted tomar en arrendamiento la factoría de Palmira con todos sus adherentes, con facultad de sembrar el tabaco donde mejor me conviniese. Ahora he hablado con Mallarino y con otras personas más de cerca interesadas que el en este asunto: les he explicado mis ideas, y todas convienen en que dar esta factoría en arriendo a personas de responsabilidad reconocida que tenga interés por las rentas públicas e interesadas en prevenir los males que sobrevendrán indispensablemente si las cosas continúan en el actual estado, es el único medio que tenemos de salvarnos y de que se conserven algo las rentas de tabacos en el valle del Cauca. Si no se hace esta, ni otra cosa que se le parezca, quien sabe a dónde iremos a parar.

Medite Usted en la propuesta que le indique cuando estuve en Bogotá. Si Usted pide y el Congreso le da la correspondiente autorización para arrendar la factoría de Palmira yo creo que manejando las cosas según el plan que me he formado, y le he indicado á Mallarino puedo responder de que moralizare la mayor parte de la gente que ahora nos daña, y proporcionare al Estado una renta mayor que la que hasta ahora ha tenido. Es verdad que podría arruinarme


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al principio –en salud y en fortuna: pero hare sacrificios que le serán útiles a Ustedes: si me arruino no han de dejar de darme la mano; y sobretodo cualquiera cosa es preferible para mi á los acontecimientos que preveo.20

En esta comunicación se puede observar que el primer expositor de la idea de entregar a manos particulares el cultivo del tabaco fue Julio Arboleda quien argumentaba que en contraste con los manumitidos que sembraban y producían tabaco sin pagar ningún impuesto, las “personas de responsabilidad reconocida” a quienes se concedería el negocio iba a mantener las rentas de los tabacos. Así mismo, el esclavista afirma que este modelo iba a permitir ‘moralizar’ a los manumitidos que no pagaban tributos por sus actividades tabacaleras para evitar una situación nociva para los terratenientes, que en la misma carta era resumida así:

Las siembras clandestinas de tabaco son inmensas allí. Puede calcularse que hay más de mil personas dedicadas exclusivamente a aquella ilícita industria. El resguardo tala apenas las pocas sementeras que puede hallar cerca de las orillas de los montes puestas algunas veces de propósito a su avance por aquellos inveterados contrabandistas para distraerlos de las mejores y más pingües, que en lo más seguro de la selva cultivan y benefician. Los manumitidos van reuniéndoseles como van entrando en el goce de su libertad, y formando parte de esa horda de criminales, que así se roban diez o veinte reses como siembran diez o veinte mil plantas de tabaco en la tierra ajena. Este mal se va extendiendo mucho: antes casi no había contrabandistas en el distrito parroquial de Buenos Aires, y en el día ya hay algunos que roban lo mismo que los del Palo.

20 ACC. Fondo Mosquera, Carta de Julio Arboleda a Tomás Cipriano de Mosquera, Noviembre 10 de 1845.


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[…] Dentro de nueve o diez años el demonio nos va a llevar a los que tenemos propiedades en ese maldito lado de Caloto. Los nuevos libertos serán dueños de todas nuestras tierras – no habrá crías – ni jornaleros – porque mejor es ser contrabandista. Entonces ¿Que haremos? –Nada, porque el remedio que ahora es posible y aun fácil será imposible ya entonces.21

A lo largo de esta carta, Arboleda precisamente nos está hablando de ese sector de libres, que se establecieron desde inicios del siglo XIX en los márgenes de las haciendas y desde allí desarrollaron una economía que no solo era de subsistencia, sino también de producción y venta de excedentes, especialmente en los yacimientos mineros. Este sector se incrementaba con el paso del tiempo, debido a las fugas de esclavizados, pero también por las manumisiones de muchos de ellos.

Dentro de las sugerencias que se realizaban a Mosquera como parte del modelo de producción de tabaco, Arboleda resalta el incremento del contrabando de este producto por parte de los manumitidos que además cometían abigeato en los márgenes de las haciendas. De este modo, Arboleda exagera la situación anunciando que si no se imponen medidas, en el fututo los libertos serán los dueños de todas las tierras y no habrá mano de obra disponible por la mayor rentabilidad que presentaba ser contrabandista.

Aunque el debate sobre la producción y comercialización de tabaco se puso de manifiesto con el auge exportador, este había sido un problema antiguo con el que lidiaban los sectores campesinos de la región. Los hacendados y esclavistas del suroccidente habían constituido una sociedad en la que ellos tenían la facultad de controlar las tierras y el comercio, poseían los terrenos más fértiles

21 ACC. Fondo Mosquera, Carta de Julio Arboleda a Tomás Cipriano de Mosquera, Noviembre 10 de 1845.


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dentro de sus haciendas y, como se vio anteriormente, los asentamientos de libres se establecían en los márgenes de los extensos terrenos y se concentraban en los territorios de reserva, los boscosos y montañosos. Los manumitidos y libertos no tenían muchas posibilidades de acceder a la tierra aunque existían tierras ejidales en ciudades como Cali que pronto fueron privatizadas por los terratenientes. Finalmente, las élites de las provincias estaban respaldadas por una legislación que aseguraba su monopolio en la producción y comercialización del aguardiente y del tabaco (Sanders 2009).

En este contexto, surgieron fuertes conflictos expresados en los enfrentamientos entre las autoridades y los productores clandestinos por la imposición de rentas a sus mercancías (Valencia Llano 2008), y en el hecho de que una de las estrategias de José María Obando para ganar adeptos en los sectores populares del suroccidente fuera un decreto de libertad de producción de aguardiente, de libre comercio del tabaco y de abolición del derecho de tiendas (Prado 2007). También es posible apreciar en el Fondo Mosquera una gran cantidad de cartas, además de las citadas, en las que Julio Arboleda afirmaba la inconveniencia de abolir las rentas del tabaco y permitir que otros sectores lo produzcan sin pagar rentas.

Si bien el modelo exportador de Mosquera, o de Arboleda, fuera dirigido en cierta medida a sostener este statu quo, el auge tabacalero provocó el incremento de la presión para abolir el monopolio del producto y el gobierno tuvo que ceder a la misma. En este sentido, en 1846 el Congreso decretó la libertad de cultivo y estableció un impuesto a la exportación del tabaco, aunque al año siguiente se creó un tributo a la siembras de la hoja (Tovar Pinzón 1994).

Estas medidas de abolición de monopolios proclamadas en la presidencia de Mosquera, serían más tarde radicalizadas en la presidencia liberal de José Hilario López que para 1850 había determinado que la producción y comercio de tabaco quedaran libres de gravámenes. Lo concerniente a la


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liberalización de ciertos sectores económicos iba a ser solo una parte de las políticas adoptadas a mitad del siglo XIX, que finalmente marcarían el desenlace de la lenta ruptura con el pasado colonial como se verá en el siguiente capítulo.

* * *

En este capítulo se abordaron tres temas centrales para entender la acción colectiva de la ‘población negra’ entre 1840 y 1851 en el suroccidente de la Nueva Granada. Por un lado, se estudió la acción colectiva legal que emprendieron los ‘negros’ libres y esclavizados para presionar por sus intereses después de las medidas represivas que el Estado había sancionado en 1843. A partir de entonces los procesos jurídicos para alcanzar la libertad o el cambio de amo se incrementaron, aunque a lo largo del período fueron la forma de acción colectiva más utilizada por la ‘población negra’.

En términos generales los procesos se realizaron a través de la figura del ‘protector de esclavos’ que se encontraba en manos de las autoridades locales, aunque hubo excepciones en las que los esclavizados o sus familiares se presentaron para realizar las solicitudes. En la mayor parte de los procesos que se emprendían para alcanzar la libertad, la Ley de Libertad de Vientres o la ley de 1839 eran las fuentes legales que se citaban, mientras que en los casos de cambio de amo, la acusación de sevicia al propietario, el avalúo del esclavizado y su confinación en un depósito hasta conseguir un nuevo amo, eran los procedimientos a seguir.

Con la sanción de la medida sobre Medidas Represivas de los Movimientos Sediciosos de los Esclavos en 1843, resurgió en la Nueva Granada el tráfico esclavista que había sido prohibido en la Ley de 1821. Estos hechos coincidieron con el florecimiento de las economías basadas en la explotación de esclavizados, como en el caso de Cuba y Estados Unidos, y provocaron que la Nueva Granada se vinculara de nuevo a la trata no a nivel de importación, sino de exportación. De esta manera, grandes esclavistas como Julio Arboleda


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encontraron la manera de lograr una mejor remuneración por sus esclavizados a partir de la venta de los mismos, en lugar de la manumisión indemnizada por el Estado.

Finalmente, los diferentes mecanismos para obtener la libertad incrementaron la población de libertos y manumitidos que se convertirían en una nueva preocupación para las élites de las provincias de Cauca, Buenaventura y Popayán. Lo anterior, entrecruzado con el auge tabacalero que vivía la Nueva Granada provocó que personajes importantes de la región como Julio Arboleda, reclamaran medidas para evitar la propagación de libres que se dedicaban al contrabando de tabaco, al abigeato y a la invasión de las tierras de las haciendas.

El gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera adoptó medidas como otorgar concesiones a los sectores privados para la producción del tabaco, sin embargo, la presión sobre su producción hizo que en 1846 se liberalizara el cultivo. En el año siguiente se decretó una nueva imposición a la siembra de tabaco gravando las semillas del mismo, no obstante, estas medidas tendrían una corta vigencia y serían inhabilitadas por los decretos del gobierno liberal de 1850 que liberó de cualquier tipo de gravámenes el cultivo y la comercialización del producto.

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Capítulo IV ‘sociedades democráticas’,

reanudación de la violencia y reacción de las élites

En los capítulos anteriores se vio cómo la acción colectiva violenta entre 1840 y 1843 fue fuertemente reprimida por

las élites de la Nueva Granada a través de fuertes castigos a los condenados por robo, rebelión, saqueo y asesinato, y mediante la sanción de la ley sobre Medidas Represivas de los Movimientos Sediciosos de los Esclavos en 1843. A partir de su expedición, la dicha ley provocó el descenso de las acciones violentas por parte de la ‘población negra’ y el incremento de los usos de la acción colectiva legal.

Paralelamente, el resurgimiento del tráfico que había sido prohibido en la Ley de Libertad de Vientres de 1821 fue permitido por la Ley de 1843 y por el auge de la trata a nivel internacional. De esta manera muchos propietarios del suroccidente, entre los que se destacó Julio Arboleda, aprovecharon la oportunidad de obtener mejores remuneraciones que las ofrecidas por las juntas de manumisión, a través de la venta de sus esclavizados.

El crecimiento de la población de libres a mediados de la década del cuarenta, en el marco del auge de la exportación tabacalera, hizo evidente la participación de la ‘población negra’ en el contrabando de tabaco y las pocas posibilidades que tenían los manumitidos para acceder a la tierra. Esclavistas como Julio Arboleda demandaron medidas del gobierno que adoptó el sistema de concesiones a sectores


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privados para la producción del tabaco, sin embargo, las presiones de varios sectores provocaron la liberalización del cultivo en 1846, aunque al año siguiente se estableció un impuesto a la semilla.

La presidencia de José Hilario López en 1849 iba a generar grandes cambios con respecto a los inicios de la vida republicana de la Nueva Granada, entre ellos finalmente se iba a decretar la liberalización completa del cultivo y comercialización del tabaco. Así mismo, las transformaciones de mitad de siglo se realizaron en el marco de la creación de los partidos políticos y del ascenso al poder del liberalismo, que particularmente en el suroccidente se iba a enfrentar a las élites tradicionales.

La creación de los partidos políticos y de las formas de sociabilidad de los mismos para canalizar el apoyo popular, removieron las tensiones y los conflictos sociales que existían entre los hacendados y mineros esclavistas y la ‘población negra’ de las provincias de Cauca, Buenaventura y Popayán. Los liberales por su parte crearon las ‘sociedades democráticas’ que cumplieron el papel de movilizar nuevamente a varios sectores populares entre los que estaba incluida la ‘población negra’.

Con la irrupción de las sociedades, los sectores populares retomaron la acción colectiva violenta para presionar sus intereses. Esta sumada a la expulsión de los jesuitas y a la abolición definitiva de la esclavitud iba a provocar la respuesta de los conservadores que optaron por tomar las armas contra el gobierno en la guerra de 1851.

4.1 Las ‘sociedades democráticas’ y de ‘Amigos del pueblo’

En 1848 aún se podían encontrar varios rasgos coloniales que coexistían con las instituciones republicanas. Particularmente en el suroccidente, la continuidad en la concentración de las actividades económicas y políticas en pocas familias,

‘ s o c i e d a d e s d emoc r á t i c a s ’ . . .

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contrastaba con la decadencia de los centros urbanos importantes de la colonia, como Buga y Popayán, y la consolidación de Cali como la ciudad principal de la zona.

A nivel regional, mientras Cauca y Popayán a partir de la independencia entraron en una fuerte crisis económica por la disminución de la producción del circuito mina–hacienda, hacia mediados de la década del cuarenta la provincia de Buenaventura, especialmente su capital, disfrutaba del auge tabacalero y se había consolidado como centro de comercio de mayoreo para todo el valle geográfico del Cauca (Helguera 1970).

En este sentido, Cali se posicionaba como el centro de la región al mismo tiempo que afrontaba los factores de disgregación social y política que se habían heredado del orden colonial y que habían sido suscritos en la República, sumados a las consecuencias económicas de las guerras de independencia. Los conflictos sociales que se dieron en Cali alcanzaron niveles más exacerbados que en las otras capitales de las provincias, quizás debido a que allí se enfrentaron dos bandos muy polarizados que no tuvieron un intermedio entre sus intereses.

En contraste, la existencia de una capa media en Popayán, conformada por un número importante de artesanos y un sector profesional con mayor cohesión social, mitigó en cierta medida los efectos de los enfrentamientos que se iban a desarrollar con la irrupción de las sociedades en la región. Adicionalmente, las familias acaudaladas payanésas gozaban de un alto prestigio social que se fundamentaba en obras de beneficio público destinadas a disminuir las tensiones sociales que se hicieron más evidentes en Cali.

Así mismo, en Popayán residían unas élites cuyo interés primordial era conservar el statu quo que tenía como eje fundamental la esclavitud, de modo que cualquier medida del gobierno central que afectara el orden establecido era rechazada enérgicamente por los poderosos terratenientes, mineros y comerciantes de la región. Por esta razón, la


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ciudad a mediados de siglo fue una sede importante de los intereses conservadores que serían más evidentes después de 1849 (Pacheco 1992, Helguera 1970).

En la capital de la República, la oposición a las medidas librecambistas aprobadas en la administración de Tomás Cipriano de Mosquera provocó la creación en Octubre de 1847 de la Sociedad de Artesanos que tenía como objetivo presionar por medidas proteccionistas y procurar el bienestar de sus miembros. En sus primeros años de existencia, la sociedad no tenía compromisos políticos muy claros, sin embargo, a partir de 1848 varios artesanos se hicieron partidarios de López y participaron en su elección (Safford y Palacios 2002).

A mediados de siglo las elecciones presidenciales estaban regidas por las disposiciones de la Constitución de 1843 que establecía un sistema electoral indirecto para la elección presidencial, de esta manera, las asambleas electorales de los cantones votaban por presidente y vicepresidente y después el Congreso declaraba electo a quien tuviera la mayoría absoluta de votos. En caso de que ningún candidato alcanzara la mayoría absoluta el Congreso nombraba entre los candidatos a quien hubiera obtenido el mayor número de votos en los cantones.

La ciudadanía electoral también reglamentada por la Constitución del 43 exigía ser mayor de 25 años y saber leer y escribir al elector y al elegido tener 35 años de edad y poseer propiedades por un alto valor, en consecuencia, solo los sectores más privilegiados de las provincias podían intervenir en estas votaciones. En las elecciones de 1849 ningún candidato alcanzó la mayoría absoluta, por lo tanto, el Congreso fue convocado el 7 de Marzo para definir la elección. En la sesión de dicho día hubo un público numeroso conformado por barras de estudiantes, artesanos y obreros que durante la deliberación gritaban “Viva López, candidato popular y viva López terror de los conservadores” (Gaviria 2002: 160).


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Ninguno de los tres candidatos en la deliberación del Congreso alcanzó la mitad más uno de los votos, por consiguiente se convocó a una elección entre los candidatos que tuvieron la mayor cantidad, es decir, José Hilario López y Rufino Cuervo. El resultado fue de 42 votos por Cuervo, 40 por López y dos votos en blanco, sin embargo, la versión de los conservadores explicaba que los miembros de las barras, especialmente los artesanos, pensaban que López había perdido y bajaron donde se encontraban los Congresistas, allí los amenazaron con puñales. Restablecido el orden, la votación se realizó nuevamente y López alcanzó los votos necesarios (Gaviria 2002).

Después de estos sucesos, en 1849 la organización artesanal fue transformada en la Sociedad Democrática de Bogotá y se convirtió en el modelo de la política liberal basado en la movilización de los sectores populares (Safford y Palacios 2002). En palabras de Jaime Jaramillo Uribe, con la ‘democrática’ de Bogotá se inaugura la primera de muchas sociedades que los dos partidos políticos crearon para atraer el apoyo de las bases populares, de este modo, se constituyeron las primeras formas de organización política de la nación que además fueron centrales en las transformaciones políticas emprendidas por el gobierno (Jaramillo Uribe 1994).

Debido a la elección de López y de la presión que las ‘democráticas’ ejercieron a su favor, los conservadores denominaron este episodio como “los puñales del 7 de marzo” anotando que los miembros de esta sociedad habían amenazado al Congreso con puñales para que su candidato fuera elegido (Bosch 1856). La prensa consultada de la Hemeroteca de la Biblioteca Luis Ángel Arango nos permite ver cómo en los enfrentamientos partidistas se utilizaba continuamente esta expresión por parte de los conservadores para calificar de ilegítima la llegada al poder de José Hilario López.

Las acciones del nuevo gobierno estaban encaminadas a sellar la lenta ruptura con el pasado colonial que había caracterizado los primeros años de la vida republicana de la Nueva Granada, de este modo, en el primer año de la


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presidencia lopista se aprobaron reformas al sistema fiscal descentralizando los ingresos y gastos a las provincias, se crearon nuevas divisiones territoriales, se organizó la Guardia Nacional y se abolió la pena de muerte para delitos políticos.

En el suroccidente de la República, López tenía la necesidad de encontrar hombres capaces de desempeñar los cargos públicos de las provincias del sur que en su mayoría estaban en manos de los conservadores. La mayoría de cargos de la administración pública, incluidas las cámaras provinciales desde Buga hasta Túquerres, estaban en manos de los miembros de este partido, que además dominaban las imprentas. A diferencia del partido conservador, los liberales de las provincias que se estudian eran en su mayoría antiguos obandistas, en contraste con los conservadores, tenían una prominencia familiar menor y algunos tenían modesta situación económica (Helguera 1970).

La puesta en marcha del proyecto liberal en el suroccidente inició con el nombramiento de funcionarios locales de adhesión liberal. Este es el caso del gobernador de la provincia de Buenaventura Ramón Mercado y del encargado de rentas de la provincia de Popayán Manuel Antonio Tello. Entre los miembros del partido conservador los nuevos nombramientos no fueron bien recibidos y a partir de la prensa se empezaron a presentar a dichos funcionarios como herederos de Obando y continuadores de la violencia desatada entre 1840 y 1843.

Frente al nombramiento de Tello en Popayán se publica en el periódico conservador El Ariete:

El Sr Tello, de los liberales de 1839, fue la trompeta que de la plaza de Quilichao tocó llamada a todos los esclavos i hombres vagos de todas aquellas comarcas para que se presentasen a tomar las armas en defensa del Supremo director civil i militar de las provincias del sur, ofreciéndoles a los primeros libertad i a los segundos el repartimiento de todas las propiedades del cantón.1

1 El Ariete, No 19, 1850, p.74


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Los nombramientos a autoridades menores incluso llegaron a involucrar a la ‘población negra’ ya que como dice el periódico La Opinión de Cali “El cabildo del distrito parroquial de Yumbo, ha nombrado de juez parroquial a un tal Salvador Gruezo esclavo del que fue el Sr Doctor José María Cuero”.2

Los funcionarios recién nombrados iban a enfrentar varios obstáculos en el ejercicio de su poder, por esta razón, la situación podría ser descrita afirmando que estos funcionarios liberales de las provincias del sur:

Se vieron acosados por una clase rica y poderosa de una orientación política contraria, privados de una prensa efectiva, con una fuerza militar dirigida por jefes de poca confianza, una mayoría abrumadora de empleados públicos hostiles, sobre todo, los del poder judicial, y una iglesia ciertamente contraria, si bastante suspicaz y en actitud defensiva (Helguera 1970: 61).

A diferencia de la oposición al gobierno que ejercían las élites del suroccidente, los funcionarios liberales buscaron aliados entre los sectores populares para perseguir sus proyectos. De este modo se creó la Sociedad Democrática de Cali en 1848 que rápidamente fue concurrida por jornaleros, artesanos, manumisos, concertados, labriegos e importantes figuras liberales. En un principio sus estatutos declaraban que el propósito de su fundación era instruir al pueblo acerca del significado de sus derechos; sin embargo, posteriormente en la sociedad se defendió una posición más radical, en la que el pueblo se reconocía como el verdadero soberano (Pacheco 1992).

El conservatismo por su parte, con el fin de contrarrestar el apoyo popular a los liberales y el poder que iban adquiriendo las democráticas, creó las sociedades de instrucción popular y fraternidad cristiana. En el caso caleño, la sociedad

2 La Opinión, No 11, 1849, p.18


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conservadora se fundó el 11 de Noviembre de 1849 con el nombre de ‘Amigos del pueblo’, contaba con noventa miembros y fue denominada por sus contrarios como ‘la popular’. Las dos sociedades se enfrentaron en toda la Nueva Granada, los democráticos llamaban a los populares ‘godos’, ‘pícaros’, ‘oligarcas’ y ‘malvado’, mientras que los segundos respondían ‘rojos’, ‘ladrones’, ‘descamisados’, ‘borrachos’, ‘puñaleros’ y ‘asesinos’ (Valencia Llano 1998).

En el caso de Popayán, la ‘Sociedad Patriótica de Amigos del Orden’ se había fundado en 1840 con el propósito de vincularse con todos los negocios públicos que fueran encaminados a la conservación del orden, la tranquilidad y la providencia y promover y discutir frente a las autoridades las medidas que se propusieran con el mismo fin, tenían como órgano de difusión el periódico con el mismo nombre con el que pretendían ‘denunciar’ y ‘enfrentar’ a los ‘revolucionarios’. Hacia 1850 el ideario de la sociedad cambió a uno de tipo conservador y bajo el liderazgo de Julio Arboleda la sociedad optó por integrar en su asociación al ‘bajo pueblo’, con el fin de restarle partidarios a otras sociedades y de actuar en las próximas elecciones (Chapman Quevedo 2008).

En el resto de las ciudades y cantones de las provincias de Cauca, Buenaventura y Popayán los liberales comenzaron a crear ‘sociedades democráticas’, por esta razón hacia 1851 existían dichas sociabilidades en Buga, Candelaria, Cartago –con más de 350 miembros–, Cerrito, Florida, Guacarí, Palmira, Roldanillo, San Pedro –con más de 160 afiliados– y Toro. Algunas de estas poblaciones no pasaban de tres mil habitantes y estaban volcadas a las actividades rurales, lo que indica que los liberales no solamente buscaban alianza con los sectores urbanos pobres, sino también con las masas rurales del valle del río Cauca (Sanders 2009).

La acción colectiva de la ‘población negra’ entre 1848 y 1851 se debe entender en el marco de las ‘sociedades democráticas’. Estas fueron rápidamente concurridas por libertos, manumitidos y esclavizados de las grandes haciendas


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y minas del valle del río Cauca, en gran parte porque los preceptos ideológicos del liberalismo fueron antagónicos a la esclavitud. El mismo gobernador de la provincia de Buenaventura durante la administración de López afirmaba como causas de la violencia en el sur del país:

La ansiedad en que se pusieron los negros con la esperanza de la abolición de la esclavitud que el partido liberal les había ofrecido, y los empeños y esfuerzos de los amos para que no se realizase tal medida […] La desesperación y desconfianza que esto [el retraso a la abolición de la esclavitud] en los liberales que patrocinaban la causa de los negros (Mercado 1996: 38).

Incluso la Sociedad Democrática de Cali llegó a presentar un proyecto de ley para el Congreso en 1850 en el que se solicitaba la libertad de los esclavos. Este anotaba como sus puntos principales abolir la esclavitud en su totalidad desde el 1 de Enero de 1851, exigir a los propietarios presentar los esclavos en un plazo de 30 días desde que sea publicada la ley para que el alcalde y dos peritos los avaluaran, destinar a los esclavos libres a abrir caminos con la mitad de gratificación y garantizar su alimentación y sostenimiento. De este trabajo quedaban exceptuados los ex esclavos de avanzada edad y los menores de 10 años, en caso contrario, el trabajo sería obligatorio por 5 años y después de cumplidos, se les entregarían tierras baldías para que allí se establecieran. Adicionalmente se estipulaba que todo esclavizado que pisara la República de Nueva Granada sería libre automáticamente.3

En contraste, el partido conservador que en su mayoría estaba conformado por esclavistas en el suroccidente, afirmaba continuamente la inviabilidad de la manumisión por razones como la falta de presupuesto de la nación para indemnizar a los propietarios y por la imposibilidad de parte

3 Sentimiento democrático, No 33, 1850, pp. 118–119.


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de la ‘población negra’ de ser libre ya que esta necesitaba educación y custodia para ser productiva en la libertad.4

En este sentido, relacionadas con los programas políticos conservadores, las ‘sociedades de Amigos del pueblo’ estaban conformadas por “los aristócratas, varios clérigos i los camanduleros” (Bosch 1856). mientras que las ‘democráticas’ contaban entre sus miembros a la capa liberal emergente en las ciudades de Buga, Cali y Popayán principalmente y por la ‘población negra’ tanto libre como esclavizada, entre otros. Con todo, no se puede afirmar tajantemente que la ‘población negra’ no participó en las sociabilidades conservadoras ya que no existen fuentes que lo aseguren.

Durante el año de 1849 las tensiones y conflictos en las provincias de Buenaventura, Cauca, y en menor medida Popayán, habían alcanzado puntos álgidos que llevaron al desarrollo de formas de intimidación y choques continuos en las ciudades, especialmente en Cali, donde las sociedades de ambos partidos tenían una presencia importante. El anónimo que utiliza el seudónimo de José Manuel Bosch lo describe así: “El país se hallaba erizado: los hombres dejaban de trabajar por buscar un enemigo en cada hermano; y se notaba aquella agitación y aquel malestar indefinible que precede ordinariamente a las grandes revoluciones” (1856: 28).

Los altos niveles alcanzados por la agitación política se manifestaron a partir de 1849 y se incrementaron desde el 31 de Diciembre del mismo año en diversas ocasiones. Una de ellas fue el enfrentamiento por la orquesta filarmónica de Cali que siendo conservadora no se quiso presentar en una sesión de la ‘democrática’, otra fue la ocurrida el 31 de Diciembre de 1849 cuando las autoridades liberales de Cali utilizaron la presión de los ‘democráticos’ para influir en las

4 El Ariete, No 20, 1850.


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decisiones de la cámara provincial de Buenaventura que estaba compuesta en su mayoría de conservadores.5

Una de las situaciones más importantes fue la desarrollada en Enero de 1850 cuando los expresidentes Tomás Cipriano de Mosquera y Pedro Alcántara Herrán llegaron a Cali donde fueron recibidos por los líderes conservadores y “los amigos del pueblo”, el recibimiento produjo malestar en los democráticos que respondieron recorriendo las calles. El enfrentamiento fue resuelto con un discurso pronunciado por Mosquera en la Sociedad Democrática que resultó ser más radical que el de los liberales; sin embargo, al día siguiente por presión de sus copartidarios, Mosquera se retractó del discurso (Valencia Llano 1998).

Después de la visita a Cali, Mosquera se dirigió a Popayán donde fue recibido con gran entusiasmo por muchos de sus amigos políticos. Los ‘democráticos’ quisieron restarle importancia al recibimiento y al anochecer salieron de la gobernación y recorrieron las calles de la ciudad gritando vivas a Obando y a la expulsión de los jesuitas y mueras al general Mosquera. Este episodio motivó a los conservadores de la ciudad a constituir el 20 de Abril de 1849 la ‘Sociedad Popular de republicanos de Popayán’ en la que figuraba como presidente un artesano y como vicepresidente un prestigioso miembro de la élite payanésa: Julio Arboleda.

5 Los choques entre ambas sociedades fueron constantes en las provincias como lo podemos ver en Manuel Joaquín Bosch (1856). Eventos como la llegada de Mosquera y de Herrán a la región de estudio y otros enfrentamientos más fueron conocidos gracias a la consulta de las fuentes de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Entre ellas se encuentran: El Baluarte, La Opinión, El Ariete, El Misóforo, El sentimiento democrático, Las Memorias del Gobernador Mercado, la Reseña histórica de Manuel Joaquín Bosch y los escritos de Arboleda como Al Congreso Neogranadino (1851) y el Sr. Julio Arboleda y la mayoría de las cámaras imponiendo grandes responsabilidades al pueblo granadino. Todas estas fuentes narran parcial o totalmente los eventos que se reseñan en este libro, por consiguiente, en algunos párrafos la cita responde a los periódicos y demás textos aquí especificados.


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Los choques que se presentaron entre los dos grupos se fueron volviendo más violentos a medida que pasaba el tiempo como se puede observar en la celebración del primer aniversario de López en la presidencia. En Cali el hacendado Eusebio Borrero pronunció un discurso sobre la elección ilegítima del presidente López, que provocó la ira de los democráticos y obligó a la intervención del gobernador Manuel Dolores Camacho (Valencia Llano 1998).

La prensa conservadora denunciaba constantemente los choques entre las sociedades, se reseñaban los acontecimientos de los que se ha hablado y se escribían editoriales contra las democráticas. Por ejemplo el periódico conservador El Ariete afirmaba:

En Cali, en Buga, en Palmira hemos visto, durante este mes [marzo] repetidas una mismas tumultuarias escenas, de las que residía siempre, que cuadrillas de hombres malos de estos que, según nuevas ideas de democracia, que hoy predican los liberales rojos, formo lo que ellos llaman pueblo soberano se han armado por sí mismos, o por orden de las autoridades políticas, bajo el pretexto de temerse una conmoción… esto ha sido decir a los esclavos como en 1841; asesinad a vuestros amos; y a los deudores; borrad vuestras cuentas con la sangre de vuestros acreedores.6

También en estos artículos se denunciaba la falta de medidas contra la violencia y la actuación de los funcionarios liberales frente a la situación; sin embargo, se realizaba un énfasis particular en la entrega de armas que hacían los miembros del partido liberal a los de la Sociedad Democrática y el hecho de que la Guardia Nacional de las tres provincias estuviera integrada por estos mismos miembros. De hecho el mismo gobernador liberal Ramón Mercado afirmaba

6 El Ariete, No 31, 1850, p.121.


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que “la Guardia Nacional eran los mismos perreristas”.7 Al respecto de las denuncias sobre la entrega de armas que hacían los funcionarios liberales a los zurriagueros Arboleda se preguntaba “¿Quiénes son aquellos hombres, casi todos negros, que cruzan y recruzan armados por las calles de Cali? Son manumisos, libertos que ha armado el gobierno”.8

En este sentido, los reclamos de los conservadores de la región frente a la acción colectiva de la ‘población negra’, involucraban quejas frente a la actuación de los gobernadores y las demás autoridades de las provincias, a quienes acusaban de complicidad con la actuación de las ‘sociedades democráticas’ y los zurriagueros. Por ejemplo, Julio Arboleda en el periódico El Neogranadino expresaba que cuando solicitaban a las autoridades liberales poner orden, estas respondían con “una carcajada sardónica e insultante, –esa es la única contestación que dan a las quejas de la justicia, el ladrón en su cueva, en su silla el tirano!... infeliz el pueblo!”.9

Los liberales además de las medidas que ya se han enunciado, aprobaron la expulsión de los jesuitas en Marzo de 1851. Para los partidarios del presidente el decreto de la expulsión constituyó un triunfo, sin embargo, para los conservadores fue un pretexto bélico. Adicionalmente este episodio significó un nuevo elemento que enfrentó a las sociedades de ambos bandos creando un clima de tensión tan alto que obligó al cierre de las sociedades en la provincia de Buenaventura. En Popayán únicamente fue disuelta la sociedad conservadora motivando a Julio Arboleda a emprender una campaña contra el liberalismo y a incrementar la oposición conservadora (Valencia Llano 1998).

7 Ramón Mercado (1996), Memorias de los acontecimientos del sur especialmente en la provincia de Buenaventura, Cali, Centro de estudios históricos y sociales de Santiago de Cali, p.38.

8 Julio Arboleda (1850) Carta a los editores de la Gaceta Oficial,el Neogranadino y el Conservador. El Neogranadino, Popayán, 4 de Noviembre de 1850, p.24.

9 Julio Arboleda (1850) Carta a los editores de la Gaceta Oficial,el Neogranadino y el Conservador. El Neogranadino, Popayán, 4 de Noviembre de 1850, p.24.


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En 1850 el gobernador de Buenaventura Manuel Dolores Camacho dejó su cargo y fue reemplazado por Ramón Mercado. En la toma de poder de Mercado hubo enfrentamientos entre las dos sociedades como acontecía por estos años con todo evento público. En sus propias memorias el nuevo gobernador decía:

El mismo día y a la propia hora de las doce, en que se posesionaba el nuevo Gobernador, ejecutábase en el local de la sociedad de los titulados amigos del pueblo, la contienda más recia entre liberales y conservadores a extremos que el Dr Manuel Dolores Camacho, gobernador saliente, desesperando de su situación suplicaba, instaba, conjuraba al nuevo gobernador para que se posesionase.10

Ramón Mercado en su nuevo cargo político se iba a convertir en un personaje central para la acción colectiva de la ‘población negra’ en Cali. En primer lugar el gobernador, con el propósito de ganar la simpatía del pueblo, revivió el problema de las tierras ejidales que habían sido cercadas por varias familias acaudaladas de la ciudad de Cali durante la administración de Vicente Borrero. En aquel entonces, los sectores populares caleños tumbaron las cercas y rellenaron los fosos con los que los ejidos eran delimitados. Borrero dio parte a las autoridades de Bogotá que ordenaron el enjuiciamiento de los culpables. La sanción no fue aplicada por la falta de testigos y las cercas y fosos fueron reparados.

En el mismo año que asumió el poder provincial, Ramón Mercado reunió a los propietarios de tierras cercanas a la ciudad y los obligó a entregar la tercera parte de sus propiedades, el hacendado Vicente Borrero se opuso al mandato de Mercado y desencadenó la reacción popular. En la noche fueron invadidas varias propiedades, en su mayoría de conservadores, y se destruyeron los cercos, así mismo, los miembros de las



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democráticas caminaron por la ciudad dando vivas al Dr. Cuero –nombre que se le dio a los látigos–, golpeando a los conservadores, robando y asaltando sin recibir ningún castigo de las autoridades. (Valencia Llano 1998 y Arboleda 1930).

El nombre del látigo con el que eran golpeados los conservadores en Cali era el ‘zurriago’, en consecuencia estos grupos de democráticos fueron llamados los ‘zurriagos’. El origen de esta denominación según explicó Manuel Joaquín Bosch, proviene de una hoja suelta que apareció en Bogotá firmada por Manuel María Madiedo en la que invitaba a los conservadores a acabar con ‘los rojos’ por medio del zurriago.11 No obstante, las recomendaciones de Madiedo fueron retomadas en sentido contrario, y fueron los miembros de las democráticas los que utilizaron el zurriago para castigar a los terratenientes y esclavistas de la zona.

En este punto es importante notar los cambios que va a sufrir la acción colectiva violenta de la ‘población negra’. Hasta este momento dicha acción colectiva se había desarrollado amedrentando a los opositores conservadores y enfrentándose a las fuerzas contrarias en motines populares; sin embargo, con la llegada de Mercado al poder y el resurgimiento del problema ejidal, los ‘democráticos’ y entre ellos la ‘población negra’ empezaron a utilizar el ‘perrero’ contra los conservadores que en algunos casos habían sido sus antiguos amos (Valencia Llano 1998).

El ataque a los cercos, los robos, los asaltos y los golpes a los conservadores con látigos cobraron una dimensión mayor cuando se le exigió al gobernador reprimir a los ‘zurriagueros’. La respuesta de Ramón Mercado frente a los desmanes enervó a las élites conservadoras, ya que el gobernador respondió que las acciones de los democráticos eran “retozos de la democracia” que se habían desarrollado de tal manera porque los conservadores habían flagelado

11 Manuel Joaquín Bosch (1856) Reseña histórica de los principales acontecimientos políticos de la ciudad de Cali desde 1848 a 1855, Bogotá, Echavarría hermanos. p. 44.


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a los liberales en las calles, habían herido a algunos con piedras y balas y habían violado a una mujer liberal.12

Los actos de Mercado desencadenaron una mayor polémica ya que como señala Valencia (2008), Mercado repartió entre los democráticos armamento oficial supuestamente con el objetivo de defender la zona frente a posibles incursiones conservadoras en varios pueblos y muchos testigos de los zurriagos afirmaban que las partidas liberales se organizaban en la casa del gobernador para luego salir a cometer robos, saqueos y para golpear con látigos a los conservadores (Valencia Llano 1998 y Arboleda 1930).

A pesar de que la jurisdicción de Ramón Mercado solamente era la provincia de Buenaventura, en la provincia del Cauca la situación era muy similar y el gobernador vecino compartía las ideas de su colega sobre las acciones de los sectores populares. Los zurriagos hacían presencia en Buga, Tuluá, Toro y Cartago y cuando se exigió al gobernador caucano Carlos Gómez tomar medidas, este informó que no había visto a los implicados con el zurriago; sin embargo, en el informe al gobierno central afirmó que no había en la región una situación peligrosa sino que eran retozos de hombres que recién habían alcanzado su libertad. Las élites de la región presionaron al gobierno en Bogotá mediante la prensa, lo que provocó la detención de algunos culpables que fueron indultados, ya que incluso el Secretario de Gobierno, Manuel Murillo Toro, reconocía que eran “retozos democráticos” (Valencia Llano 1998).

En la provincia de Popayán se presentaron gran número de ‘retozos democráticos’13 que se ensañaron contra los conservadores prominentes, sin embargo, nunca se alcanzó

12 Ramón Mercado (1996), Memorias de los acontecimientos del sur especialmente en la provincia de Buenaventura, Cali, Centro de estudios históricos y sociales de Santiago de Cali.

13 Así denominó el gobernador Ramón Mercado las acciones violentas realizadas por las ‘sociedades democráticas’ cuando era cuestionado por no actuar para reprimirlas.


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en esta provincia el nivel de violencia que se presentó en Cauca y Buenaventura. Manuel Joaquín Bosch afirmaba:

En la provincia del Cauca, i particularmente en Palmira, la cosa fue mil veces más triste. Aquella gente, de instintos más feroces por ser más ignorante, no se limitó a dar zurriago de noche i en las calles, sino que, a órdenes del jefe político Antonio Matéis, salían con toda la luz del sol inmensas partidas de a pie i a caballo por las calles i los campos, medio matando a cuantos encontraban: rompían las puertas de las casas i sacaban de estas, víctimas a quiénes saciarse […] entraban a las haciendas a robar, i lo que no podían cargar, lo destruían […] Prendían fuego a las cercas de los potreros, aun alas de aquellos más distantes de las poblaciones, e iluminados con las llamas, celebraban sus triunfos.

Hacían gala de pintar zurriagos en las paredes de las casas, con letreros insolentes i precedidos del “viva el 7 de Marzo! Viva López! Viva Obando!” […] i en fin, los robos, incendios, estupros, vapulaciones, insultos i setenta mil delitos más, se cometían a la mitad del día i en medio de la embriaguez i de la furia más espantosas […]

El Sr. Antonio Mateus tuvo pretexto para marchar con los palmiranos a Caloto, a donde llevó el espanto i el terror: el zurriago sentó allí su trono, i el robo i el saqueo no tenían límites: entraban a todas las cosas con razón o sin ella […] en la casa del Sr Manuel Tejada con especialidad, robaron cuanto hubo, le despedazaron los libros, i hasta unos costales que habían con cal los destruyeron y regaron la cal en el patio, haciendo así el mal sin recibir ningún provecho.14

14 Manuel Joaquín Bosch (1856) Reseña histórica de los principales acontecimientos políticos de la ciudad de Cali desde 1848 a 1855, Bogotá, Echavarría hermanos, pp. 36–38.


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Entre las fuentes consultadas era un consenso que “los zurriagueros eran una turba de manumisos y los libertos de las haciendas que se venían a la ciudad, i aconsejados o impulsados por personas calificadas, salían a vapular”. Estos grupos se empezaron a extender en las provincias de Cauca y Popayán, convirtiéndose en importantes centros de violencia Jamundí y Palmira. Así mismo, las formas de acción se fueron transformando y de los incendios a las cercas de las tierras ejidales y de los azotes con zurriagos se pasó al saqueo y robo de haciendas.15

Tal como El Payanés se había convertido en el periódico que se encargaba de denunciar lo ocurrido en la oleada de acción colectiva violenta entre 1841 y 1843, en este caso los periódicos El Misóforo, El Clamor y otros escritos de Arboleda jugaban el mismo rol. Como ejemplo importante podemos citar el artículo publicado en El Misóforo, periódico conservador de Popayán redactado por Julio Arboleda:

¿Quiénes son aquellos hombres, casi todos negros, que cruzan y recruzan armados por las calles de Cali? Son manumisos y libertos que ha armado el gobierno […] y aquellos otros que formados en pelotones miden las calles de Buga, con aire conquistador, tan desaliñados, tan feroces, tan descomedidos en sus palabras, como los primeros. En Cartago la misma escena! Y en todos los lugares del valle del Cauca, los mismos hombres de aspecto siniestro, fusil al hombro, bayoneta en cinta: su vestido harapos, su esperanza la muerte, su Dios el puñal.16

15 Manuel Joaquín Bosch (1856) Reseña histórica de los principales acontecimientos políticos de la ciudad de Cali desde 1848 a 1855, Bogotá, Echavarría hermanos, pp. 36–38.

16 El Misóforo. Noviembre 4 de 1850. En otros documentos en los que se pueden leer las acciones de los ‘zurriagueros’ contra los conservadores son Al Congreso Neogranadino (1851) y el Sr Julio Arboleda y la mayoría de las cámaras imponiendo grandes responsabilidades al pueblo granadino.


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De acuerdo a la información anterior retomada de fuentes primarias y secundarias, es importante realizar algunas consideraciones. En esta nueva etapa de acción colectiva violenta de la ‘población negra’ iniciada en 1848, es posible observar que los sujetos que emprendieron dichas acciones eran manumisos, esclavos, pardos, libertos y blancos pobres y en menor número los labriegos, aparceros y artesanos, es decir, una población mayoritariamente rural. Esta población fue apoyada por la emergente clase media urbana de ideas liberales, que ocuparon la administración provincial entre 1849 y 1852 y organizaron las ‘sociedades democráticas’ (Pacheco 1992).

Del mismo modo, se puede apreciar que el blanco de los ataques de los zurriagos y de los democráticos en general, fue el sector agrupado bajo el partido conservador de terratenientes, hacendados y esclavistas que tantas veces atrás se había opuesto a la libertad de los esclavizados, al acceso de tierras y al cultivo de tabaco por parte de los manumitidos. Las acciones contra este grupo incluían ser flagelados en las calles y sufrir de incendios y saqueos en sus propiedades.

Los propósitos de la acción colectiva en la ciudad de Cali estaban relacionados con los conflictos por las tierras ejidales y los enfrentamientos entre los terratenientes y esclavistas frente a la ‘población negra’, que ahora estaban codificados en clave partidista. No obstante, cuando los zurriagos se extendieron a las provincias de Cauca y Popayán los intereses por los que se presionaba a las élites se mezclaron. En palabras de Mercado, “en medio de ese oleaje popular causado por las facciones políticas, mezclábanse intereses excepcionales para los pueblos del sur, como la cuestión ejidos y la redención de esclavos”.17

La libertad de los esclavizados, fue un tema que atravesó toda la primera mitad del siglo XIX, a pesar de que la



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legislación de 1821 aparentaba una solución paulatina a la esclavitud que se empezaría a agotar en 1839, cuando los hijos de las esclavizadas que nacieron libres por la ley alcanzaban los 18 años. Aun así, las poderosas élites esclavistas encontraron diferentes mecanismos para evitar que la esclavitud desapareciera y dilataron el problema hasta la abolición de la Ley de Abolición de Esclavitud el 7 de Marzo de 1851.

Desde el establecimiento de las primeras ‘sociedades democráticas’ en el suroccidente, la abolición de la esclavitud fue un tema de interés entre los partidarios. De acuerdo a lo anterior, Valencia (1998) señala que algunas ‘sociedades democráticas’ reunieron fondos para entregarlos a las juntas de manumisión, así mismo, se tienen noticias de cómo la Sociedad Democrática de Cartago se reunió para esperar un correo de Bogotá que anunciara la libertad de los esclavizados (Sanders 2009). Igualmente, como se expresó en líneas anteriores, la Sociedad Democrática de Cali desde 1849 había enviado un proyecto de ley al Congreso neogranadino para abolir la esclavitud y destinar a los liberados a oficios ‘útiles’.

Por otra parte, la llegada de la mitad del siglo XIX había hecho visible la preponderancia de las posiciones antiesclavistas en la opinión pública, que a su vez presionaba para que se aprobara una ley en ese sentido. A pesar del compromiso de los liberales con la abolición, los trámites de la ley no habían logrado avances significativos en el Congreso y solamente se había logrado acelerar las liberaciones en las juntas de manumisión. En medio del clima de violencia propio de los enfrentamientos entre las sociedades partidistas, se produjo además un incremento en las fugas de los esclavizados al parecer estimulado en las ‘sociedades democráticas’. Finalmente el 21 de Mayo de 1851 se aprobó la Ley de Abolición en el primer debate en el Congreso y gracias a la misma se decretó total libertad a los esclavizados a partir del primero de Enero de 1852 (Valencia Llano 1998).


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Entre 1848 y 1851, años en los que ambos partidos incluyeron a los sectores populares y subalternos para lograr sus proyectos políticos a través de las sociedades, se desató uno de los períodos de violencia más importantes de la primera mitad del siglo XIX en la Nueva Granada. Al principio, solamente fueron enfrentamientos entre los opositores de las sociedades expresados en motines populares, sin embargo, fueron tomando fuerza y organizados independientemente de las ‘sociedades democráticas’, se convirtieron en la acción colectiva violenta que se denominó los ‘zurriagos’.

Lo anterior quiere decir que así los sectores populares de las provincias de Cauca, Popayán y Buenaventura hayan actuado bajo la organización de los partidos con la denominación de ‘sociedades democráticas’, la ‘población negra’ buscaba presionar por sus propios intereses y no actuaba solamente en reproducción de los deseos de las élites. Lo anterior se ilustra claramente en los propósitos de la acción colectiva ya que recuperar las tierras ejidales y lograr la abolición definitiva de la esclavitud eran proyectos que perseguían quienes integraban las ‘sociedades democráticas’, es decir, libertos y manumisos que quizás tendrían miembros de su familia bajo el yugo de la esclavización o que después de su libertad no poseían tierra para trabajar, además de algunos labriegos, aparceros, blancos pobres y pardos sin tierra que buscaban usufructuar las tierras de la comunidad.

Desde el principio del texto se aclaró que la denominación de ‘población negra’ abarcaba a los sectores esclavizados, pero también a los libres y a los mestizos. Así mismo, a lo largo de los capítulos se ha mostrado que los esclavizados de origen africano no eran los únicos que convivían con las élites de terratenientes, mineros y comerciantes de la zona, por el contrario, la mano de obra indígena y los libres, fueron otros grupos poblacionales importantes en la región. En este sentido, es importante reiterar la diversidad de intereses y actores que convergen en la acción colectiva enmarcada en las actividades de las democráticas y después de los zurriagos. Como se enunció en el párrafo


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anterior, tanto los libertos, los manumisos, los familiares de esclavizados, los labriegos, los aparceros, los blancos pobres y los pardos sin tierra, se involucraron en estos eventos desarrollados entre 1847 y 1851.

El liberalismo popular, nombre dado por Sanders (2004) a la fuerza política que se constituyó en las ‘sociedades democráticas’ en alianza con los sectores populares, redefinió la naturaleza de la política en el valle interandino del río Cauca ya que a través de las democráticas, los subalternos empezaron a negociar abiertamente sobre el futuro de la sociedad, la política y la economía de la región. Así mismo, los liberales populares empezaron a sentir apoyo de sus aliados que controlaban el Estado, y se independizaron relativamente de estos agrupados bajo el zurriago que afectó los grandes hacendados del suroccidente (Sanders 2004).

Las ‘sociedades democráticas’ no fueron el único mecanismo que emplearon los liberales para aliarse con los sectores populares y movilizarlos. Por el contrario las ceremonias públicas de manumisión y la inclusión de la ‘población negra’ en la Guardia Nacional sellaron la alianza entre los sectores populares y el partido liberal en las ciudades y cantones de Cauca, Buenaventura y Popayán. De esta manera el liberalismo se convertiría en una fuerza política invencible no solo en las elecciones, sino también en las guerras civiles (Sanders 2009).

Las medidas de medio siglo sancionadas por el gobierno liberal de José Hilario López iban a generar malestar en las élites tradicionales que vieron afectado el orden establecido que las privilegiaba. Los ‘retozos democráticos’, la expulsión de los jesuitas, la abolición de las rentas y el monopolio sobre el aguardiente y el tabaco y la abolición definitiva de la esclavitud, iban a provocar que los sectores conservadores del suroccidente se armaran para enfrentar la llegada de un nuevo orden.


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4.2. La Guerra Civil de 1851: Reacción conservadora a la acción colectiva de la ‘población negra’

Como afirmó José León Helguera, la guerra de 1851 fue, como varias de las rebeliones del siglo XIX, un gesto de frustración armada ante el Estado que desde la perspectiva de ciertos grupos de poder, vulneraba sus intereses y derechos económicos. En este caso, los protagonistas fueron los propietarios del valle del río Cauca y de Pasto, quienes sintieron que las medidas de mitad de siglo atacaban sus privilegios (Helguera 1970).

El establecimiento de las ‘sociedades democráticas’ y el clima de violencia que se desarrolló a partir de los enfrentamientos entre las sociedades de los partidos, los ‘retozos democráticos’, los ataques a las haciendas y a sus propietarios que realizaban los ‘zurriagos’, la expulsión de los jesuitas, la abolición de los monopolios y las rentas sobre el aguardiente y el tabaco y la abolición definitiva de la esclavitud configuraron el contexto en el que se incubó la guerra de 1851.

La guerra de 1851 no se caracterizó por la presencia de grandes caudillos, que hasta el momento habían sido determinantes en la vida política del país; por el contrario, se caracterizó por ser una revuelta de señores tradicionales que vieron en peligro el dominio que ejercían sobre una comunidad. Su duración es una expresión de la escala de la contienda, ya que se entendió solamente por unos meses, desde Mayo 1 de 1851, hasta septiembre del mismo año. De esta manera, a pesar de que en la contienda estuvieron involucrados personajes sobresalientes del conservatismo, la sublevación de estos sectores no tuvo la fuerza suficiente para oponerse a los cambios políticos del momento (Valencia Llano 1998).

En contraste con la participación de las élites, la guerra contó con la amplia participación de los sectores populares que además se desempeñaron como agentes históricos con autonomía, motivados por la defensa del partido liberal y por reivindicaciones como la libertad de los esclavizados,


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la abolición de las rentas sobre el tabaco y el aguardiente y el acceso a la propiedad de la tierra. Quizás esta, fue la característica más importante de la guerra.

El liberalismo desde 1848 había consolidado una coalición de fuerzas sociales en ascenso, como abogados y comerciantes con sectores subalternos como libertos, manumisos, pardos, blancos pobres y artesanos. Se habían creado ‘sociedades democráticas’ para organizar a los sectores populares y, aunque cumplieron un trabajo importante, los ‘zurriagos’ fueron la muestra de cómo el pueblo se había manifestado autónomamente para presionar sus intereses.

Durante la contienda, la ‘población negra’ nuevamente actuó como un agente histórico diferenciado de los intereses de las élites. Cuando se conoció el levantamiento de los conservadores, los miembros de las democráticas y los sectores populares del suroccidente en general, se movilizaron para defender la bandera liberal participando en el ejército del gobierno voluntariamente. De este modo, se reclutaron voluntariamente 2000 hombres en Cali, 600 en Palmira, 500 en Santander y 200 en Celandia, zonas caracterizadas por tener una fuerte concentración de ‘población negra’ y por haber sido escenarios donde el ‘zurriago’ había estado muy activo (Sanders 2004).

Es importante aquí recordar la relación que sostuvieron las Guardias Nacionales y las ‘sociedades democráticas’, ya que como lo denunciaron los conservadores, muchos individuos pertenecían a las dos instituciones al mismo tiempo, así mismo, en algunas sociedades se incitaba a la población a enlistarse en la Guardia, como una virtud patriótica. Así mismo, un detalle interesante es que en ocasiones, quienes se sumaban a la Guardia lo hacían de manera voluntaria, es decir, sin pedir una remuneración a cambio. Tal fue el caso del 14 de Junio de 1851 en Popayán, cuando un sector de mestizos y mulatos que pertenecían a las ‘sociedades


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democráticas’, se enlistaron en las tropas, negándose a que les fueran pagados sus servicios.18

Julio Arboleda, quien desde décadas anteriores había denunciado la acción colectiva violenta de la ‘población negra’ entre 1841 y 1843 y se había manifestado contra el contrabando de tabaco realizado por los manumitidos en 1844, se convirtió en uno de los opositores más visibles al gobierno de José Hilario López, por esta razón, había sido condenado a prisión en 1849. Al mismo estilo que lo hacía en El Payanés, en El Misóforo y en El Clamor, Arboleda utilizó sus habilidades como escritor para elaborar el famoso poema Estoy en la cárcel,19 que es un retrato interesante de cómo su autor veía la situación del valle entre 1847 y 1851. Por este motivo reproduzco algunos versos del poema que son muy sugerentes:

¿Qué es Cali? –El patrimonio de asesinos–, Que profanan con lúbricos abrazos Nuestras madres, o arrancan á fuetazos La hija á su padre, al hombre su mujer ¿Qué es Palmira? –la herencia de villanos, Que en sus delitos el tirano ampara, Y pasean en báquica algazara, El estupor y el robo por doquier ¿Y qué eres tú, comarca pintoresca, Que diste al gran Cabal su noble vida? ¿Y qué eres tú por fin, Patria querida Cuna de Torres, noble Popayán? Reunión de esclavos viles y cobardes, Que temblamos de un monstruo corrompido, Y del flexible látigo el chasquido Doblamos la rodilla ante el Sultán […]

18 Archivo Central del Cauca, Archivo Muerto, Comunicación de José María Obando desde Pasto al gobernador de la provincia de Popayán, el 17 de julio de 1851.

19 Julio Arboleda, Estoy en la cárcel, (1884). Poesías de Julio Arboleda. D. Appleton y compañía, Bogotá.


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Aquéllos son el Pueblo Granadino, Que respeta, que implora el magistrado, Los que tienen las armas del Estado, Señores del gobierno y la Nación: ¡Estos son nuestros amos! los potentes Dominadores de la vasta tierra, Cuyo fuete flexible nos aterra – ¡Los anicetos del novel Nerón!…20

A su salida de prisión, Arboleda denunció haber sido atacado de diversas maneras por los democráticos, por tal razón se retiró de Popayán y emprendió camino hacia Ecuador en Abril donde se encontró con el coronel Manuel Ibáñez para solicitar a sus amistades apoyo, con el fin de lanzarse a una revuelta contra el gobierno encabezado por el presidente José Hilario López. Ya en Popayán se había celebrado con anterioridad una junta de conservadores notables en la que se decidió emprender la sublevación.21 De este modo, como señaló Salvador Camacho Roldán en sus memorias, la insurrección de las élites del suroccidente tenía como motivos “a) el espíritu de partido excitado hasta la demencia; b) el interés de los dueños de esclavos; c) la exaltación del clero católico contra las reformas” (Camacho Roldán 1925).

Los primeros levantamientos de la guerra se desarrollaron en Chaguarbamba, cerca de Pasto, por los ejércitos comandados por Manuel Ibáñez, estos fueron enfrentados con rapidez y tuvieron que dispersarse a Túquerres después de unas escaramuzas, por persecución se pasaron a Ecuador en donde recibieron armas. Con el nuevo aprovisionamiento, retornaron a Túquerres y se enfrentaron el 11 de Mayo nuevamente al gobierno, aunque fueron fácilmente derrotados y tuvieron que volver al lado ecuatoriano (Camacho Roldán 1925).

20 Julio Arboleda, Estoy en la cárcel, (1884). Poesías de JulioArboleda. D. Appleton y compañía, Bogotá.

21 Sala de Libros Raros y Manuscritos, Biblioteca Luis Ángel Arango. Fondo Arboleda. Julio Arboleda (1851) Algo sobre 1850–1851, Caja 3, carpeta 3.


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Los conservadores del valle interandino del río del Cauca tenían planeado hacerlo en Abril 24, sin embargo, se supo en Cali que un núcleo armado antigobiernista había aparecido y que buscaba el apoyo de los conservadores de Caloto para continuar con la sublevación. Los gobiernistas iniciaron operaciones cortando la posibilidad de que los focos armados cercanos a Cali se articularan con los de Caloto, de esta manera, la insurrección empezó a fracasar y algunos prestigiosos conservadores de Cali huyeron para escapar de la vigilancia de Mercado (Arboleda 1930).

Para enfrentar a las fuerzas que se levantaron contra el gobierno central en el suroccidente, fueron nombrados José María Obando, como comandante en jefe de los ejércitos del sur y Tomás Herrera como comandante del Valle del Cauca (Camacho Roldán 1925). El hecho de que Obando, quien años antes había marchado con la ‘población negra’ en el suroccidente durante la Guerra de los Supremos, fuera nombrado el comandante del sur, abría además una puerta para concentrar a favor del gobierno el apoyo popular del valle. La figura de Obando en los inicios de la década del cuarenta fue la que logró movilizar a los esclavizados de la zona a favor de sus intereses, por lo tanto, es difícil pensar que la elección de este como comandante del sur no hubiera contemplado tales hechos.

En la provincia de Popayán los conservadores tenían un centro bastante importante, especialmente Caloto donde existían fuertes rivalidades con el vecino liberal, Santander. Después de la primera derrota de los conservadores en este cantón, seicientos liberales voluntarios se enfrentaron a los conservadores y los derrotaron. Cabe anotar aquí que Caloto en el primer período de acción colectiva violenta se había constituido como el centro de operaciones de los ejércitos obandistas y de los grupos armados que se formaron en la postguerra, en contraste con el carácter conservador que tenía a mitad de siglo. De Caloto los conservadores de movilizaron para atacar Palmira, donde se enfrentaron también a cien voluntarios (Sanders 2004).


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La guerra de 1851 se desarrolló en dos grandes escenarios que tuvieron razones totalmente diferentes para levantarse contra José Hilario López. Por un lado, Antioquia se sublevó contra el gobierno por razones lejanas a conservar la esclavitud, sin embargo, participó en la contienda buscando la autonomía federal. El general Eusebio Borrero se dirigió a esta provincia donde apoyado por el clero, logró movilizar a los antioqueños y así hacer la primera proclama en esta provincia el 1º de julio de 1851 en la que se proclamaba como mandatario civil y militar del Estado Federal de Antioquia y suspendía algunas leyes dictadas por el gobierno, a excepción de la abolición de la esclavitud (Valencia Llano 1998).

El hecho de que se conservara la abolición de la esclavitud, como una de las leyes sancionadas por López que no se derogaron bajo el mandato de Borrero en Antioquia, tiene su explicación en la pérdida de importancia de la esclavitud en la provincia. Allí la explotación aurífera, producción principal de la zona, empezó siendo realizada a partir de fuerza de trabajo esclavizada, sin embargo, con la llegada del siglo XIX, los libres empezaron a conformar el grueso de la mano de obra que se desempeñaba en extracción de oro. Este hecho es muy contrastante con lo ocurrido en el valle interandino del río Cauca, ya que el paulatino tránsito de la esclavitud a la libertad implicó que la desestructuración sufrida en las provincias de Cauca, Buenaventura y Popayán con la llegada de las guerras de independencia, no afectara la producción antioqueña.

Paralelamente a los sucesos de Antioquia, Julio Arboleda fue derrotado en sus intentos por reconstruir su ejército y se refugió en Ecuador de donde partió a Perú por el gobierno liberal que regía en Quito. Por su parte, el gobierno comisionó a Pedro Alcántara Herrán para someter varios focos que apoyaban a los conservadores en algunas poblaciones del valle del río Cauca antes de marchar a Antioquia. Allí derrotó fácilmente al general Borrero que se rindió el 8 de Noviembre del mismo año (Valencia Llano 1998).

Finalmente, con la derrota total de los conservadores, en palabras de Manuel Joaquín Bosch: “El partido liberal sentó,


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pues su trono, y López gobernó exclusivamente con él a la Nación, habiendo acabado en paz su período administrativo, digno de eterno recuerdo por la libertad de los eslavos, libertad de tabaco y aguardiente antes monopolizado, libertad ilimitada de la prensa, expulsión de los jesuitas”.22 La victoria de las fuerzas liberales en la guerra de 1851 no solo se consolidó en el poder a José Hilario López, también aseguraró conquistas como el fin de los estancos del aguardiente y el tabaco y la abolición de la esclavitud que se había venido retrasando desde 1839. Así mismo, la alianza entre los sectores populares del suroccidente y el liberalismo iba a continuar hasta más entrado el siglo XIX, aunque el partido iba a dejar el poder en 1854 con el golpe de Estado de José María Melo y lo retomaría en 1861 con la presidencia de Tomás Cipriano de Mosquera.

La alianza entre el liberalismo y la ‘población negra’ había resultado en medidas beneficiosas para esta como la abolición de la esclavitud y la liberalización del tabaco, así mismo, manumitidos, libertos y esclavizados se involucraron en las sociabilidades de los partidos políticos e hicieron parte de la Guardia Nacional, actuando en la vida política de la Nueva Granada. Finalmente, después de disensos, oposiciones y guerras civiles, la conquista de la libertad de los esclavizados, se había sancionado en 1851, sin embargo, habría que pensar en los efectos logrados después de estos años.

A pesar de la aparición temprana en el siglo XIX de un campesinado libre en los márgenes de las haciendas y de la paulatina manumisión de muchos esclavizados, los gobiernos, ni liberales ni conservadores, abordaron el problema de distribución de la tierra. Por este motivo, la esclavización de varios sectores de la población se pudo perpetuar, aunque bajo otras formas como la servidumbre, la pobreza y la dependencia.

22 Manuel Joaquín Bosch (1856) Reseña histórica de los principales acontecimientos políticos de la ciudad de Cali desde 1848 a 1855, Bogotá, Echavarría hermanos, p . 44.

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Conclusiones

La ‘población negra’, tanto libre como esclavizada, desarrolló en el valle interandino del río Cauca durante

el período de 1840 a 1851 formas de acción colectiva que incluyeron la acción directa o violenta y formas legales y jurídicas para presionar la obtención de la libertad, de mejores condiciones de vida y el acceso a las tierras.

La primera guerra que vivió el país luego de la conformación de la República de la Nueva Granada tomó en el suroccidente forma de ‘guerra de castas’ configurando una de las confrontaciones iniciales entre los esclavistas y la mano de obra de su propiedad. Al finalizar la contienda, la mano de obra esclavizada que había participado en ella, permanecía movilizada y armada lo que permitió la acción colectiva violenta en los años posteriores a 1841.

La forma directa que adoptó la acción colectiva en los primeros años de la década del cuarenta se observó de dos maneras. La primera fue el asesinato de los esclavistas por parte de la mano de obra esclavizada en las haciendas de Caloto y Buga y la segunda fue la guerra irregular de 1843 en la que el obandista José Antonio Tascón reunió gran cantidad de ‘población negra’ para saquear haciendas, robar y asesinar a los terratenientes y propietarios de las provincias de Cauca, Buenaventura y Popayán.

Dichas formas directas que tomó la acción colectiva en los años posteriores a la Guerra de los Supremos provocaron un temor inmenso en las élites de la región que veían relativamente cerca la ‘guerra de castas’. Por un lado la justicia buscó ejemplarizar a la población con severos


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castigos a los procesados, que en la mayoría de casos se ejecutaron en la plaza pública. Por otro lado, las élites de las tres provincias involucradas enviaron a las autoridades centrales de la Nueva Granada proyectos de ley para reprimir la movilización, estos fueron aprobados en la Ley del 22 de Junio de 1843 sobre Esclavos Sediciosos. Dicha ley permitió de nuevo la exportación de esclavos e impuso fuertes castigos a quienes se sublevaran y a quienes motivaran los levantamientos.

Las medidas represivas de 1843 provocaron que el uso de recursos jurídicos por parte de la ‘población negra’, libre y esclavizada, cobrara una mayor importancia con respecto al período anterior. La acción colectiva legal nunca fue inexistente, sin embargo, después de 1843 la acción colectiva violenta de la ‘población negra’ se focalizó en formas menos riesgosas para presionar los intereses de dicha población.

Los ‘negros’, esclavizados y libres, emprendieron procesos judiciales que iban desde la petición de cambio de amo por maltratos de este, hasta la solicitud de la libertad por motivos como la participación en los ejércitos o el cumplimiento de la edad correspondiente que se había estipulado en la Ley de 1821. Algunos de estos procesos fueron emprendidos por la voluntad del esclavo mismo u ocasionalmente por sus familiares. En respuesta, las élites emprendían largos juicios para recuperar la mano de obra esclavizada que habían perdido por esta misma figura.

Así mismo, entre 1844 y 1847 aparecen dos asuntos fundamentales para la ‘población negra’ del suroccidente. Por un lado, la aprobación de la exportación de esclavizados provocó el resurgimiento del tráfico esclavista al que la Nueva Granada se sumó únicamente en la exportación. De este modo, durante los años mencionados, varios esclavizados fueron exportados por las élites del suroccidente que veían en la venta una remuneración mejor por sus esclavos que la otorgada por las juntas de manumisión del gobierno.

Con c l u s i o n e s

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Los diferentes mecanismos de libertad habían incrementado el crecimiento de un sector de libres que para mediados de la década del cuarenta constituían un sector importante de la población del suroccidente. Dadas las actividades de contrabando de tabaco y de abigeato que muchos de ellos desempeñaban en los márgenes de las haciendas, las élites del suroccidente nuevamente solicitaron al gobierno central medidas. El gobierno central, que se encontraba inmerso en el auge de la exportación de tabaco optó por un modelo de concesión a los sectores privados de la producción, sin embargo, la presión de varios sectores que querían entrar en los beneficios tabacaleros hizo que en 1846 se liberalizara la producción de tabaco, aunque el año siguiente la semilla fue gravada nuevamente.

El período de relativa paz que se vivió en las provincias de Cauca, Buenaventura y Popayán se vio interrumpido por la llegada de las asociaciones que los partidos utilizaron para fomentar el apoyo popular las sociedades. Por su parte, las ‘sociedades democráticas’ fueron las que captaron a la ‘población negra’, tanto libre como esclavizada; articulados con estas sociedades actuaron los ‘zurriagos’ que, conformados por pardos, blancos pobres, artesanos, negros libertos, manumisos y aún esclavizados, reanudaron la acción colectiva violenta atacando, robando, incendiando, destruyendo los límites de las haciendas y adicionalmente golpeando con látigos o ‘perreros’ a conservadores prominentes de la región que, en muchas ocasiones eran sus antiguos amos.

La retrasada promesa de la obtención de la libertad y el conflicto derivado de las tierras ejidales, más evidente en Cali, fueron las razones principales para que dicha población, con el apoyo del partido liberal reanudara la violencia. Las autoridades provinciales como Ramón Mercado y la clase media emergente en las provincias de Cauca, Buenaventura y Popayán con ideas y profesiones liberales, fueron los aliados de estos sectores para presionar sus propios intereses.


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Los conservadores y esclavistas del sur del país, en vista del ascenso del liberalismo al poder, la violencia contra ellos y sus propiedades, la aplicación de reformas como la expulsión de los jesuitas y la abolición de la esclavitud, se levantaron en 1851 contra el gobierno liberal que los derrotó rápidamente. La figura del general José Hilario López se consolidó en el poder después de este triunfo y continuó con el reformismo mientras que la ‘población negra’, que en su totalidad había alcanzado la libertad legal, empezaba a vivir la transformación de la esclavización a la sujeción como campesinos de las haciendas donde laboraban en su condición de esclavizados.

Este trabajo fue una aproximación a cómo estos sectores se movilizaron durante un período tan convulsionado de la historia de nuestro país. Sus luchas y sus acciones han sido olvidadas por muchos, pero trataron de ser rescatadas en estas líneas. En este sentido, hay varios temas que quedan abiertos para futuras investigaciones como el papel de las mujeres esclavizadas en las luchas que aquí fueron abordadas, formas diferentes de acción colectiva que tuvieran un significado más simbólico, la participación de la ‘población negra’ del suroccidente en todas las guerras civiles que se libraron en el siglo XIX y las relaciones entre dicha población y los partidos políticos después de la abolición legal de la esclavitud en 1851.

Aún faltan muchos temas por estudiar en cuanto a los sujetos subordinados en la historia de Colombia. Además de sugerir algunas perspectivas para investigaciones futuras, se espera que este estudio sea una invitación a pensar los sectores subalternos tradicionalmente excluidos no solo como agentes de un pasado que aún está por conocer, sino también como actores del presente en el que estamos viviendo.

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Fuentes primarias

Biblioteca Luis Ángel Arango:

El Payanés. Popayán. 1843. Imprenta de la Universidad por Figueroa

El Ariete. Cali. 1849–1850. Imprenta de Velasco

El Baluarte. Cali. 1849.1850. Imprenta democrática

El Misóforo. Popayán. 1850. Imprenta de la Universidad

La Opinión. Cali. 1848–1849. Imprenta de Velasco

El Sentimiento Democrático. Cali. 1849–1850. Imprenta de Velasco.

El Clamor. Popayán. 1849.

El Hurón. Popayán. 1851. Imprenta democrática.

Carta de Manuel Pombo a Julio Arboleda. 1849

Bosch, Manuel Joaquín. (1996), Reseña histórica de los principales acontecimientos políticos de la ciudad de Cali desde 1848 a 1855, Bogotá, Echavarría hermanos.

Mercado, Ramón. (1996), Memorias de los acontecimientos del sur especialmente en la provincia de Buenaventura, Cali, Centro de estudios históricos y sociales de Santiago de Cali.


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Archivo Central del Cauca

Fondo República. Causa criminal contra Seferino, Timoteo, Tomás, Féliz y Manuel, esclavos de Pedro Gómez, por haber dado muerte a dicho Gómez. 1841.

Fondo República. Causa criminal contra Antonino Arboleda, esclavo de Manuel Esteban Arboleda, por traición. Asesinato y heridas. 1843.

Fondo República. Causa criminal contra Claudio, Juan María, Luis, Juan y María, esclavos de Salvador Holguín por homicidio perpetrado a dicho Holguín. 1843.

Fondo República. Causa criminal contra Juan José Fernández de Artunduaga por los delitos de asesinato y traición contra el gobierno supremo. 1842.

Fondo República. Causa criminal contra José Antonio Tascón, José Antonio Hoyos, Bernabé Rincón, Apolinar Castro y otros por homicidio, robo y rebelión. 1843.

Fondo República. Manumisiones. Ignacio esclavo de Joaquín González pide la libertad. 1843.

Fondo República. Manumisiones. El personero municipal pide la libertad de María Ignacia. Oposición de Antonio Arroyo. 1843

Fondo República. Manumisiones. Del personero municipal de Popayán para que se dé la libertad a María Agapita, esclava de Mariano Tejada. 1844

Fondo República. Manumisiones. El protector de los esclavos pide que se avalúe a la esclava Gabriela propiedad de la señora Agustina Campos para obtener su libertad. 1844

Fu en t e s p r im a r i a s

199

Fondo República. Manumisiones. Hilario Hurtado pide su libertad en virtud de haber servido en el ejército granadino. 1845

Fondo República. Manumisiones. Autos seguidos entre Maria Antonia Pino i el ministerio sobre libertad de Domingo Ramos. 1844.

Fondo Mosquera. Filiación y demás detalles de las personas pertenecientes a la facción de José María Obando. 1841.

Fondo Mosquera. Listas de los prisioneros de la Chanca: de los esclavos devueltos a sus amos; i de los oficiales destinados al ejercito del norte. 1841.

Archivo General de la Nación

Recopilación de Leyes de la Nueva Granada. 1845.

Cuadro de la actual división territorial 1835. Hoja suelta. Impresa por J.A. Cualla, Bogotá, diciembre 9 de 1839.

Memoria del Gobernador del Cauca a la Cámara Provincial de 1843 en sus sesiones de 1843.

Biblioteca Nacional de Colombia

La Gaceta del Cauca. Popayán. Vol. 1 Nos. 1–4, 6–8. 1841. Imprenta de la Universidad. Biblioteca Nacional

Memoria del Gobernador del Cauca a la Cámara Provincial de 1843 en sus sesiones de 1843. Fondo Pineda. Biblioteca Nacional de Colombia.

201

Referencias citadas

Agudelo, Carlos 2010 Panorama de estudios sobre las poblaciones

de origen africano en Colombia. Influencias, tendencias y contextos. Nuevo Mundo Mundos Nuevos. Disponible en: http://nuevomundo.revues.org/59187

Aguilera, Mario 1997 Insurgencia Urbana en Bogotá. Bogotá: Instituto

Colombiano de Cultura.Almario, Oscar

2003 La invención del suroccidente colombiano. Independencia, etnicidad y Estado Nacional (1780–1930). Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana, Concejo de Medellín e Instituto de Estudios Estratégicos.

Arboleda, Gustavo 1930 Historia contemporánea de Colombia desde

la disolución de la antigua República con ese nombre. Bogotá: Editorial Camacho Roldán.

Arboleda, Juan Ignacio2006 Entre la libertad y la sumisión. Estrategias de

liberación de los esclavos en la Gobernación de Popayán durante la independencia, 1808–1830. Bogotá: Universidad de los Andes. Carrera de Historia.

Barona, Guido 1985 La maldición de midas en una región del mundo

colonial. Popayán 1730–1830. Cali: Editorial Universidad del Valle.

1995 Ausencia y presencia del “negro” en Colombia. Memoria y Sociedad. (1): 17–43.


202

Barona, Guido y Cristóbal Gnecco 2001 Historia, Geografía y cultura del Cauca:

Territorios posibles. Popayán: Universidad del Cauca.

Bermúdez, Amparo y Francisco Zuluaga 1997 La protesta social en el suroccidente colombiano.

Siglo XVIII. Cali: Instituto de Altos Estudios Jurídicos y de Relaciones Internacionales y Universidad del Valle.

Camacho Roldán, Salvador1925 Mis memorias. Bogotá: Cromos.

Castellanos, Jorge 1980 La abolición de la esclavitud en Popayán 1832–

1852. Cali: Universidad del Valle. Colmenares, Germán

1986 La Independencia. Ensayos de Historia Social. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura.

1987 “La economía colonial neogranadina 1500–1740”. En: José Antonio Ocampo (ed.), Historia económica de Colombia. Bogotá: Fedesarrollo - Siglo XXI.

1975 Cali. Terratenientes, mineros y comerciantes, siglo XVIII. Bogotá: Tercer Mundo.

1999 Historia Económica y Social de Colombia. Popayán: una sociedad esclavista 1680–1800. Bogotá: Tercer Mundo.

2008 Las convenciones contra la cultura: ensayos sobre la historiografía hispanoamericana del siglo XIX. Medellín: La Carreta Editores.

Chapman Quevedo, William 2008 Sociabilidades y prácticas políticas en Popayán,

1832–1853. Historia Caribe. (13): 181- 207.De la Serna, Juan Manuel

1997 “La esclavitud africana en la Nueva España. Un balance historiográfico comparativo”. En: María Guadalupe Chávez Carbajal (coord.), El rostro colectivo de la nación mexicana. Morelia: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Re f e r e n c i a s c i t a d a s

203

Díaz, Zamira 1983 Guerra y Economía en las Haciendas. Popayán

1780–1830. Bogotá: Talleres Gráficos del Banco Popular.

1994 Oro, sociedad y economía. El sistema colonial en la Gobernación de Popayán: 1533–1733. Bogotá: Banco de la República.

Echeverri, Marcela 2006 Conflicto y hegemonía en el suroccidente de

la Nueva Granada. 1780–1800. Fronteras de la historia. (11): 343 – 376.

Escorcia, José 1982 Haciendas y estructura agraria en el Valle del

Cauca, 1810–1850. Anuario de Historia Social y de la Cultura. (10): 119–133.

1983 Sociedad y economía en el Valle del Cauca. Desarrollo Político, Social y Económico. Cali: Biblioteca Banco Popular.

Gaviria Liévano, Enrique2002 El liberalismo y la insurrección de los artesanos

contra el librecambio. Primeras manifestaciones socialistas en Colombia. Bogotá: Universidad Jorge Tadeo Lozano.

González, Margarita 1974 El proceso de Manumisión en Colombia.

Cuadernos Colombianos. 1 (2): 147–240.González González, Fernán

2006 Guerras civiles y construcción del Estado en el siglo XIX colombiano. Boletín de Historia y Antiguedades. 93 (832): 31–80

Green, John 2000 Left Liberalism and race in the evolution of

Colombian popular national identity. The Americas. 57 (1): 95–124.

Gutiérrez, Francisco 1995 Curso y Discurso del Movimiento Plebeyo

1849/1854. Bogotá: El Áncora editores - IEPRI.


204

Gutiérrez Ramos, Jairo2007 Acción política y redes de solidaridad étnica

entre los indios de Pasto en tiempos de la Independencia. Historia Crítica. (41): 10–37.

Helguera, José León1967 La exportación de los esclavos en la Nueva

Granada. Archivos. 1 (2): 25–53.1970 Antecedentes sociales de la revolución de 1851

en el sur de Colombia. Anuario colombiano de historia social y de la cultura. 5: 53–63.

1979 Balance Bibliográfico de la guerra de los supremos. Bogotá: Kelly.

Hernández de Alba, Gregorio 1956 Libertad de los esclavos en Colombia. Bogotá:

ABC.Jaramillo Uribe, Jaime

1968 Ensayos sobre Historia Social Colombiana. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

1969 La Controversia jurídica y filosófica librada en la Nueva Granada en torno a la liberación de los esclavos y la importancia económica y social de la esclavitud en el Siglo XIX. Anuario Colombiano de la Historia Social y de la Cultura. (4).

1986 “Los estudios afroamericanos y afrocolombianos. Balance y perspectivas”. En: Seminario Internacional. La participación del negro en la formación de las sociedades latinoamericanas. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura, Instituto Colombiano de Antropología

1994 Ensayos de historia social. Bogotá: Tercer Mundo. 1994 “Las sociedades democráticas de artesanos y la

coyuntura política y social colombiana de 1848”. En: Carlos García Prada (ed.), La personalidad histórica de Colombia y otros ensayos. Bogotá: Ediciones Colombia.

Lechini, Gladys 2008 Los estudios afroamericanos y africanos en

América Latina. Herencia, presencia y visiones del otro. Buenos Aires: Colección sur–sur, Clacso.


205

Lohse, Russell 2001 Reconciling freedom with the rights of property:

Slave emancipation in Colombia, 1821–1852. Journal of Negro history. 86 (3): 203–227.

McFarlane, Anthony 1991 Cimarrones y palenques en Colombia siglo XVIII.

Historia y Espacio. (14): 53–78.Mina, Mateo

1975 Esclavitud y Libertad en el Valle del río Cauca. Bogotá: Fundación la Rosca de investigación y acción social.

Morner, Magnus 1978 Recent research on Negro slavery abolition in

Latin America. Latin America research review. 13 (2): 265–289.

Mosquera, Claudia, Mauricio Pardo y Odile Hoffmann 2002 Afrodescendientes en las Américas. Trayectorias

sociales e identitarias. (150 años de la abolición de la esclavitud en Colombia). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia – ICANH – IRD - ILAS.

Múnera, Alfonso 2005 Fronteras imaginadas. La construcción de las

razas y de la geografía en el siglo XIX colombiano. Bogotá: Editorial Planeta.

Murra, John 1975 Formaciones políticas y económicas del mundo

andino. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.Pacheco, Margarita

1992 La fiesta liberal en Cali. Cali: Universidad del Valle.

Pardo, Mauricio 2001 Acción colectiva: estado y etnicidad en el Pacífico.

Bogotá: ICANH. Ponce Muriel, Álvaro

2003 La rebelión de las provincias. Relatos sobre la revolución de los conventillos y la Guerra de los Supremos. Bogotá: Intermedio editores.


206

Posada, Eduardo y Carlos Restrepo 1938 La esclavitud en Colombia. Leyes de manumisión.

Bogotá: Imprenta Nacional. Prado, Luis Ervin

2003 La Guerra de los Supremos en el Valle del Cauca: Ascenso y Caída de una Guerra Civil (1840–1842). Anuario Regional de Historia Social y de las fronteras. (8): 68–123.

2007 Rebeliones en la provincia: La Guerra de los Supremos en las provincias suroccidentales y noroccidentales granadinas 1839–1842. Cali: Universidad del Valle.

2012 El jefe natural: poder y autoridad en el Valle del Patía, 1810–1850. Historia y Sociedad. (23): 243–265.

Pérez Vejo, Tomás2010 Elegía criolla. Una reinterpretación de las

guerras de independencia hispanoamericanas. México: Tusquets Editores.

Restrepo, Eduardo y Axel Rojas 2008 Afrodescendientes en Colombia: una compilación

bibliográfica. Popayán: Editorial Universidad del Cauca.

Restrepo, Eduardo2012 Medidas abolicionistas en la Nueva Granada,

1814–1851. CS Ciencias Sociales. (9): 235–272Rude, George

1981 Revuelta popular y conciencia de clase. Barcelona: Crítica.

Safford, Franck y Marco Palacios 2002 Colombia, País fragmentado, sociedad dividida.

Bogotá: Norma. Sanders, James

2004 Contentious republicans. Popular politics, race and class in XIX century. London: Duke University Press.

Sanders, James 2009 “Ciudadanos de un pueblo libre”: Liberalismo

popular y raza en el suroccidente de Colombia en el Siglo XIX. Historia Crítica. (38): 172–203.


207

Tarrow, Sidney 1991 El poder en movimiento: Los movimientos

sociales, la acción colectiva y la política. Madrid: Alianza.

Taussig, Michael 1979 Religión de esclavos y la creación de un

campesinado libre en el valle del río Cauca, Colombia. Estudios rurales latinoamericanos. 2 (3): 362–390.

Thompson, Edward 1984 Tradición, revuelta y conciencia de clase.

Barcelona: Crítica.Tilly, Charles

1997 El siglo Rebelde 1830–1930. Zaragoza: Prensa universitaria de Zaragoza.

Torres, Oscar1997 El Mausoleo iluminado: antología del Ensayo en

Colombia. Bogotá: Presidencia de la República.Tovar Pinzón, Hermes

1994 La manumisión de esclavos en Colombia, 1809–1851, Aspectos sociales, económicos y políticos. Revista Credencial Historia. (59).

Tovar Zambrano, Bernardo1997 “Porque los muertos mandan. El imaginario

patriota en la historia colombiana”. En: Carlos Miguel Ortiz Sarmiento (ed.), Pensar el pasado. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Tovar, Jorge2010 “La manumisión en Colombia, 1821–1851

un análisis cuantitativo”. En: Adolfo Meiseel Roca y María Teresa Ramírez (eds), Economía Colombiana del Siglo XIX. Bogotá: Banco de la Republica - Fondo de Cultura Económica.

Uribe, María Teresa y Liliana López 2006 Las palabras de la guerra. Metáforas, narraciones

y lenguajes políticos: un estudio sobre las memorias de las guerras civiles en Colombia. Medellín: La Carreta editores.


208

Valencia Llano, Alonso 1998 “La guerra de 1851”. En: Museo Nacional de

Colombia (ed.), Las guerras civiles desde 1830 y su proyección en el S XX. Bogotá.

2003 La insurgencia social y la consolidación de los campesinos vallecaucanos. Historia y espacio. (20): 73–84.

2008 Dentro de la ley fuera de la ley. Resistencias sociales y políticas en el valle del río Cauca. Cali: Universidad del Valle. Anzuelo Ético Ediciones.

Valencia Llano, Alonso y Francisco Zuluaga1992 Historia regional del Valle del Cauca. Cali:

Universidad del Valle.Van Young, Erick

2007 La otra rebelión. La lucha por la independencia de México, 1810–1821. México: Fondo de Cultura Económica

Velázquez, María Elisa y Odile Hoffmann2007 Investigaciones sobre africanos y

afrodescendientes en México. Diario de Campo. Boletín interno de los investigadores del área de antropología. Marzo–abril (91).

Vinson III, Ben y Bobby Vaugh2004 Afroméxico. El pulso de la población negra en

México: Una historia recordada, olvidada y vuelta a recordar. México: Fondo de Cultura Económica.

Zuluaga, Francisco 1998 “La Guerra de los Supremos en el suroccidente

de la Nueva Granada”. En: Museo Nacional de Colombia (ed.), Las guerras civiles desde 1830 y su proyección en el SXX.

Zuluaga, Francisco 1993 “Cimarronismo en el suroccidente”. En: Pablo Leyva

(ed.), Colombia Pacífico, Tomo II. Bogotá: Proyecto editorial del Fondo FEN “José Celestino Mutis”.

Zuluaga, Francisco 1993 Guerrilla y Sociedad en el Patía. Una Relación

entre el Clientelismo Político y la Insurgencia Social. Cali: Universidad del Valle - Colciencias.

209

Anexo No.1: Cronología general de la Guerra

de los Supremos

Enero 21 de 1840: Juan Gregorio Sarria de pronuncia a favor de Obando y la religión en Timbío; Obando se une a la rebelión del 26 de Enero y el 22 de Febrero Obando pone fin a la insurrección mediante un acuerdo pactado con Herrán.

Julio 16 de 1840: El General se proclama Supremo director en Pasto, en defensa de la religión, la libertad de la Nueva Granada y Ecuador, la restauración de Colombia y el establecimiento del sistema federal.

Septiembre 23 de 1840: En acuerdo con Tomás Cipriano de Mosquera el general Flores envía tropas ecuatorianas a la lucha contra Obando en Pasto.

Septiembre 30 de 1840: Los generales Herrán y Mosquera con apoyo de las tropas ecuatorianas derrotan a Obando.

Octubre 10 de 1840: El presidente Márquez huyó a Popayán por el acercamiento de tropas de los rebeldes a Bogotá para consultar con Herrán y Mosquera.

Noviembre 8 de 1840: Los generales Herrán y Mosquera y el presidente Márquez piensan que Obando fue derrotado y se devuelven a Bogotá para iniciar una campaña contra los rebeldes del norte. P.302.


210

Diciembre 16 de 1840: El presidente Márquez pide a Flores más tropas para contrarrestar la acción de Obando en el suroccidente y las de los demás Supremos en el resto de la Nueva Granada.

Febrero 12 de 1841: Obando se toma la zona de Caloto reclutando gran cantidad de esclavos en este cantón y sus alrededores.

Febrero 19–27 de 1841: Obando se toma Popayán.

Febrero 28 de 1841: Cali se pronuncia a favor de Obando

Abril 30 de 1841: El general Flores toma la provincia de Pasto y trata de anexarla a Ecuador

Julio 11 de 1841: Obando es derrotado en la batalla de Chanca y huye a Pasto finalizando la guerra en el suroccidente.

Marzo 1 de 1842: El presidente Herrán declara restaurado el orden público.

Tomado de: Safford, F. y Palacios, M. (2002), Colombia, País fragmentado, sociedad dividida, Bogotá, Norma. P.303.

211

Anexo No.2

Causa criminal contra Seferino, Timoteo, Tomás, Félix y Manuel, esclavos de Pedro Gómez, por haber dado muerte a dicho Gómez. 1841. Archivo Central del Cauca, Fondo República, Volumen 2, número 15N, signatura 128. Criminal, Tomo IV

Doctor Muñoz

Sentenciada en 22 de septiembre de 1841

Criminal contra Seferino, Timoteo, Tomás, Feliz y Manuel, esclavos del finado Señor Pedro Gómez; por haber asesinado alevosamente a su Señor.

15 de septiembre de 1841

Sentencia de 1ª instancia:

Señor juez 2º subrogante = He leído detenidamente esta causa criminal contra Seferino, Feliz, Timoteo, Tomás, Manuel, esclavos del finado Señor Pedro Gómez; por haber asesinado a este; de su mérito resulta:

1º que el día tres de agosto del presente año habiendo tenido noticia el juez parroquial de la Bolsa jurisdicción del Cantón de Palmira que el expresado Señor Gómez se había desaparecido de su hacienda de Santa Rita desde el día antes muy de mañana; sospechando le habría ocurrido alguna novedad, mandó a hacer las indagaciones correspondientes a fin de saber su paradero


212

2º que cuantas se hicieron de orden del juez parroquial de la Bolsa, resultaron infructuosas, viniéndose a saber por último el desgraciado fin que tuvo el Señor Gómez por la revelación que el esclavo Timoteo hizo a su amo el Señor Francisco Antonio Gómez hijo legítimo del finado, descubriéndole que su padre era muerto; que había sido asesinado por el en unión de los esclavos Seferino, Feliz, Tomás y Manuel

3º que en seguida ofreció enseñar el lugar en que el cadáver de su amo había sido sepultado; asociado con el Juez Mauricio Parra, y varios testigos, se trasladó al punto en que estaba la sepultura, la que habiendo sido abierta de orden del juez se encontró en la primera capa de tierra el sombrero del finado Señor Gómez, continuada la excavación se halló una ruana azul nueva, y últimamente el cadáver del Señor Pedro Antonio Gómez, el cual se extrajo de la sepultura, y se condujo a su casa de campo para hacer allá el reconocimiento por peritos que el juez nombro al efecto

4º que practicando el reconocimiento del cadáver por el facultativo Doctor Gregorio Concha y por el perito Señor Rafael Prado ambos observaron que la cabeza era la parte más afectada encontrándole en ella dos heridas causadas instrumento contundente suficientes por si solas para causar la muerte teniendo además otra herida en el estómago causada con instrumento punzante, y el hueso de la parte interior del pecho roto en dos partes, conociéndose por las muchas señales haber sido causada esta lesión por repetidos golpes de pisón, en la espalda se presentaron grandes muestras de que el cuerpo había sido arrastrado por zarzales y otras malezas del terreno, todo lo cual se corrobora con las declaraciones de los testigos del sumario, quienes con otros ciudadanos acompañaron al juez parroquial a practicar las diligencias de la exhumación del cadáver, los cuales testigos dicen además oyeron confesar a los expresados cinco esclavos que ellos habían asesinado a su amo el día lunes dos de agosto a las siete de la mañana

Anexo No . 2

213

5º que remitidas al Juez 1º subrogante las enunciadas diligencias junto con los reos, mandó dicho juez poner a estos en prisión; y recibirles su confesión con todos cargos

6º que resulta de las respectivas confesiones de los reos, que el día lunes dos de agosto de este año, estando ellos trabajando por la mañana en un potrero de la hacienda de Santa Rita llegó a asistirlos su amo el Señor Pedro Antonio Gómez: que a este tiempo el esclavo Seferino le cogió el cabestro al caballo en que su amo iba montado, que entonces este se apeó y echó a correr: que el esclavo Feliz lo siguió y alcanzó y unido con Timoteo lo derivaron en el suelo: que en seguida Tomás y Manuel le dieron cada uno un golpe en la cabeza con el ojo o pomo de un hacha, conduciendo el cadáver inmediatamente después de esta operación a una distancia como de media cuadra, en donde lo enterraron en una sepultura, que habían preparado desde el día antes 1º de agosto por la tarde; y

7º en fin, que concluidas las confesiones, se dio vista del sumario al fiscal, y de su exposición se confirió traslado el Señor Francisco Antonio Gómez hijo legitimo del finado, como igualmente al defensor de los reos. En seguida se abrió aprueba la causa por diez días comunes, dentro de cuyo término se ratificaron todos los testigos del sumario, sin que por parte de los reos se haya producido una sola prueba en su favor.

Fenecido el término probatorio a petición del fiscal, se hizo rotura y publicación de probanzas y habiéndose entregado los autos por su orden para alegar de conclusión, mandó Usted a hacer citación para sentencia definitiva, haciendo el nombramiento de asesor en el que se suscribe, para que le aconseje la que a estos autos corresponde. Y teniendo en consideración

1º Que los reos Seferino, Feliz, Timoteo, Tomás, y Manuel han confesado fría y llanamente, tanto en juicio como fuera de él, que no solo perpetuaron el homicidio en la persona de su amo voluntariamente y a sangre fría, sino con alevosía,


214

o a traición y sobre seguro sorprendiendo descuidado, indefenso y desapercibido al finado Pedro Antonio Gómez.

2º que son asesinos según el artículo 610 del Código penal, los que matan a otro con premeditación y con alguna de las circunstancias referidas; y

3º en fin: que estando como se halla suficientemente acreditado el cuerpo del delito, las confesiones paladinas de los reos constituyen una prueba plena, bastante por su sola para condenar a los procesados, leyes 2ª y 7ª título 13 partida 3ª.

Por estos fundamentos soy de opinión que de conformidad con los artículos 125, 606, 610, 611 y 74 del código penal, administrando justicia en nombre de la Republica y por autoridad de la ley, debe declarar Usted a los esclavos Seferino, Feliz, Timoteo, Tomás, y Manuel reos de asesinato, y en consecuencia deben ser declarados infames y condenados a sufrir la pena de muerte la que se ejecutara en los términos que ordene el artículo 6º del decreto legislativo de 1º de Junio de 1838, repartiendo a los reos el modo siguiente: dos en la plaza pública de esta ciudad, dos en la de la Villa de Palmira y uno en la de Tuluá, en atención a la gran necesidad que hoy tiene la sociedad de esta clase de escarmientos no obstante lo que dispone sobre el lugar de la ejecución el artículo 27 del citado código previos todos los auxilios espirituales, y las formalidades prescritas en los artículos 33, 34, 35, 36, y 37 del mismo código penal.

Igualmente debe condenar de mancomún a los reos al pago de las costas procesales. Tal es mi dictamen con el cual si Usted se conforma, antes de darle cumplimiento, consulte la sentencia con Su Excelencia] el tribunal de este distrito para su revocación, reforma o aprobación.

Buga a 7 de agosto de 1841 = Carlos Martínez = Me confirmo con la sentencia anterior; en su virtud hágase saber a las partes y consúltese con Su Excelencia el superior tribunal de distrito actuándose en este papel común por falta de sello

Anexo No . 2

215

7º de oficio = Manuel María Plaza = Proveyó mando y firmo la sentencia que antes del Señor Manuel María Plaza juez 2º subrogante del de hacienda con un consejo de letrado, en Buga a siete de septiembre de mil ochocientos cuarenta y un años, doy fe = Bacilio Antonio Sorrilla Escribano 2º público del número.

Es copia

Albán

República de la Nueva Granada

Juzgado 2º Subrogante

Buga septiembre 7 de 1841

Al Señor Escribano del superior tribunal de distrito.

Acompaño a Usted la causa criminal contra Seferino, Manuel, Tomás, Timoteo y Feliz, esclavos, por el asesinato que cometieron en la persona de su amo el finado Pedro Gómez, porque en su vista se sirva ponerla en conocimiento de su excelencia.

Dios guarde a Usted

Manuel María Plaza

Reparte esta causa al Señor Ministro Doctor Manuel María Muñoz a quien corresponde en turno.

Castro

Proveyose por el Señor Presidente del Tribunal del distrito del Cauca, en Popayán a quince de septiembre de mil ochocientos cuarenta y uno, actuándose en este papel por no haber sellado de oficio.

Albán


216

Al señor fiscal.

Muñoz

Proveyose por el Señor Ministro Juez de la causa, en Popayán a quince de septiembre de mil ochocientos cuarenta y uno.

Albán

En quince de septiembre del presente año, paso esta causa al Señor Fiscal.

Albán

Excelentísimo Señor

El fiscal dice: que ha examinado atentamente esta causa criminal seguida contra Seferino, Feliz, Timoteo, Tomás y Manuel, esclavos del ciudadano Pedro Antonio Gómez, por el horrendo asesinato que cometieron el dos de agosto pasado en la persona de su amo de las seis a las siete de la mañana. Observados en el juicio los tramites y formulas sustanciales, se pronunció sentencia condenando a los expresados reos a infamia y muerte, cuyo fallo justo en concepto de este ministerio se consulta con Vuestra Excelencia.

Las declaraciones del sumario sobre la exhumación y posterior reconocimiento del cadáver por un profesor y un perito, debidamente ratificados en el plenario, acreditan el cuerpo del delito de homicidio: las heridas y golpes, que se le hallaron, eran graves, y le causaron, sin duda la muerte en concepto de los reconocedores. Respecto de los delincuentes, la confesión libre, franca y circunstanciada de los procesados, produce una prueba clara y bastante conforme a las leyes 2ª y 5ª título 13 Parte 3ª – de ella resulta que los citados reos cavaron desde el domingo primero de agosto a las cinco de la tarde la sepultura en que se proponían enterrar a su amo; que el dos por la mañana fue este a inspeccionar los trabajos, y estando descuidado le tomaron la rienda del caballo; que él echó pie a tierra

Anexo No . 2

217

y se puso en fuga, pero le dieron alcance, le derribaron y consumaron su atroz designio matándole cruelmente a golpes con el ojo de una hacha; y por último que antes de ponerlo en la sepultura que le tenían preparada y que distaba como media cuadra del sitio donde se ejecutó el homicidio, uno de los reos le dio una herida en el pecho para acabarlo de matar, por haber notado que aún hacía algunas demostraciones de vitalidad.

Aquí tiene Vuestra Excelencia todos los caracteres del asesinato más horrible que pudiera imaginarse: la premeditación con que se formó el plan de cometerlo, y la sangre fría con que se ejecutó; el número de los agresores, que se confabularon y se auxiliaron recíprocamente para dar un golpe seguro a que era imposible que un hombre solo resistiese; la indefensión y desamparo en que se hallaba Gómez, desarmado y privado por los esclavos hasta de los medios de huir, y sobre todo, la manera cruel y feroz con que le quitaron la vida, son todas circunstancias que lo califican de asesinato con arreglo a los inicios 2º, 3º y 6º del artículo 610 del código penal.

Semejante horroroso crimen solo ha podido verse en esta época amarga de escándalo y barbarie, en que han estado para romperse todos los vínculos de la moral, bajo el imperio abominable de los antropófagos del Sur. Un castigo pronto, ejemplar y solemne, es lo único, Excelentísimo Señor, que puede atajar este mal que nos dejó la revolución, y restablecer algún tanto la confianza, no solo por la atrocidad del delito, sino también por las consecuencias que hubiera de producir en el estado presente de las cosas públicas.

La sentencia consultada esta arreglada al mérito del proceso y a las disposiciones penales en que se apoya: por tanto pide este ministerio que se confirme en lo principal, reformándola únicamente en cuanto dispone que sean ejecutados los reos en distintos pueblos, pues además de ser esto contrario al artículo 27 del código penal, como el mismo asesor lo expresa en su dictamen, la ejecución de los cinco asesinos en la misma plaza produce mejor efecto


218

Vuestra Excelencia puede prevenir que todos ellos sean ejecutados el mismo día en la plaza pública de Palmira, con el aparato y solemnidad que previenen los artículos 33, 34, 35, 36 i 37 del citado código. Así mismo pide este ministerio que se remita copia de la sentencia a la Secretaría del Interior y Relaciones Exteriores para que se publique en la Gaceta, y a los editores del periódico que ha comenzado a publicarse en esta ciudad para que lo inserten, pues es de la mayor importancia la publicación de tales actos de justicia. – Popayán 16 de septiembre de 1841.

Cárdenas

Traslado a los acusados, cuya defensa hará el Doctor Francisco Antonio Gallo por medio de procurador del número Rafael Valdez.

Muñoz

Proveyose por el Señor ministro juez de la causa. Popayán dieciséis de septiembre de mil ochocientos cuarenta y uno; actuando en este papel por no haber del sellado de oficio.

Albán

En dieciséis de septiembre corro el traslado que previene al decreto anterior, entregando la causa al procurador Rafael Valdez, quien otorgó recibo.

Albán


Nombrado el infrascrito defensor de Seferino, Feliz, Timoteo, Tomás y Manuel esclavos del Señor Pedro Antonio Gómez, en la causa que se les sigue por la muerte dada a su amo en dos de agosto del presente año, ante Vuestra Excelencia respetuosamente: no es mi objeto negar el hecho ni mucho menos implorar demencia, es investigar la justicia, y permanecer seguro de hallarla en el Tribunal de Vuestra

Anexo No . 2

219

Excelencia, a esto me da derecho la confesión franca de mis protegidos, lo que demuestra que ellos se reconocen culpables, y que quieren espiar su delito, permítaseme empero separarme un poco del punto en cuestión pues lo que voy a examinar me parece es la fuente de cuanto mal hayamos visto en la presente época.

Recorramos la vista a lo que acaba de suceder en nuestra Patria, sobre lo que podemos hablar, porque la notoriedad de sus acontecimientos nos es bien conocida: una facción en el exceso de su delirio jura hacer una guerra al gobierno con el objeto de destruirlo de cualquier modo, declara al pobre en guerra contra el rico, al negro contra el amo, sume en fin la nación en la anarquía. La esclavitud esta condición la más violenta en que puede hallarse el hombre, se veía entre nosotros, con poco los enemigos del orden la levantan enseñándoles la libertad por resultado; conocen los que la sufren su degradación, y este conocimiento que hizo constituir a simples colonias sin recursos en naciones poderosas; que nos presenta a naciones civilizadas, la Francia por ejemplo, siendo el teatro de escenas de sangre cuya relación estremece, no es extraño, que estos mismos sentimientos en personas ignorantes impelen a quitar la vida aquel que pretende dominarlos, nada de extraño repito tiene la muerte dada al Señor Gómez en las circunstancias actuales, en que la revolución ha roto todo freno, y en que los autores pertenecen a una clase que la misma revolución ha insolentado: a esta consecuencia me conduce el examen del proceso.

A folio 5 vuelta el hijo del finado Señor Gómez descubre el asesinato de su padre ofreciéndole la libertad a Timoteo, a folio 16 y 18 vueltas aparece que Feliz enrolado en las filas de los rebeldes es el del proyecto, y de todo el sumario el que facilitaba los medios de salir de los obstáculos que la timidez de los otros encontraba, debida esta intrepidez el mayor tiempo de libertinaje se fue con los facciosos.

El asesinato del Señor Gómez por sus esclavos, no es sino el resultado de esta guerra que hoy tiene en esqueleto a la República, si ella ha producido hechos de la naturaleza que


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examino, no son las reglas generales buenas para tiempo de paz la que deben regir en el estado actual, en que por el mismo hecho que los negros se hallan descontentos, las circunstancias exigen una política diferente a la que se ha adoptado, y no se crea que los patíbulos contengan estos delitos, los campos de batalla se han cubierto de sangre, y los banquillos se suceden aún, y sin embargo desde Timbío no hay más que asesinatos, en el mismo Valle del Cauca los suplicios estaban recientes cuando se cometió el presente delito, es preciso emplear un remedio tan violento como el de quitar la vida a cinco individuos exponiéndonos a ser bárbaros bajo un aspecto muy diferente. Si estas reflexiones tienen la fortuna de ser justas a Vuestra Excelencia pido la modificación de la sentencia de muerte, que viene en consulta y cuyo conocimiento ha tocado al tribunal del Vuestra Excelencia – Popayán 17 de septiembre de 1841.

Rafael Valdez

Francisco Antonio Gallo

Autos con citación, señalándose el día de mañana a las diez para oír a las partes.

Muñoz

Proveyose por el Señor Ministro Juez de la causa. Popayán diecisiete de septiembre de mil ochocientos cuarenta y uno.

Albán

En diecisiete de septiembre del corriente, cite para sentencia con el decreto anterior al Señor Fiscal.

Cárdenas

Albán

En diecisiete de septiembre del corriente, cite para sentencia con el decreto anterior al procurador.

Anexo No . 2

221

Valdez

Albán

En diecisiete de septiembre del corriente, paso esta causa al Señor Ministro Doctor Manuel María Muñoz.

Albán

Vistos: resulta de este proceso, que Pedro Antonio Gómez salió de la casa de campo que tenía en su hacienda de Santa Rita en el Cantón de Palmira el día dos de agosto último por la mañana con el objeto de asistir al trabajo de sus esclavos Seferino, Timoteo, Feliz, Tomás y Manuel en un potrero que estaba formado en la misma hacienda, y no habiendo regresado en todo ese día, los individuos de su familia entraron en cuidado y empezaron a practicar varias indagaciones para descubrir su paradero, hasta que el esclavo Timoteo declaro que él y sus compañeros habían matado a su amo el citado día dos a las siete de la mañana, y lo habían sepultado en la hondura de un zanjón denominado el Hato, a distancia como de media cuadra del lugar donde estaban trabajando.

Instruido de esto el juez parroquial de la Bolsa, paso con testigos al indicado sitio, y habiendo encontrado la sepultura, levantaron la tierra que la cubría, y sacaron de ella al cadáver ensangrentado de Pedro Antonio Gómez, en el que reconocieron los profesores dos golpes mortales que había recibido en la cabeza, una contusión profunda en el pecho y una herida en el estómago, con varias escoriaciones o peladuras en la parte posterior de la espalda que manifestaban haber sido arrastrado el cadáver por zarzales y otras malezas.

Seguida la causa con estos datos, los referidos cinco esclavos confesaron paladinamente en el juicio que ellos habían sido los autores del delito para cuya ejecución se habían puesto de acuerdo algunos días antes, y habían cavado desde el primero de agosto por la tarde la sepultura en que debían enterrar a su amo: que el siguiente día dos se presentó este


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a caballo en el potrero donde estaban trabajando, y cuando trató de regresar para su casa, a eso de las siete de la mañana, Seferino tomo la brida del caballo para tenerlo, en cuyo acto Gómez se apeó y echó a correr, pero a pocos pasos lo alcanzó Feliz, y en unión de Timoteo le pusieron en el suelo, y allí Tomás y Manuel le dieron fuertes golpes en la cabeza con el ojo o anillo de un hacha, y considerándolo ya muerto, dicen dos de los agresores, le condujeron arrastrado a la cola del mismo caballo atado de los pies al lugar donde tenían abierto el sepulcro; y como todavía daba señales de vitalidad, Manuel le dio otro golpe con la misma hacha en la corona de la cabeza y una estocada en el estómago, y en seguida le sepultaron, distribuyéndose luego entre si las piezas de plata que había llevado en la montura: que para cometer este atentado no tuvieron motivo alguno particular, ni se propusieron otro objeto que librarse de su amo para que no les hiciera trabajar.

Puesta la causa en estado de sentencia, el juez subrogante del de hacienda de la provincia del Cauca con dictamen de letrado la pronuncio en 7 del presente mes, condenando a los referidos cinco esclavos a la pena de muerte y al pago de las costas procesales, declarándoles infames, y previniendo que fuesen ejecutados en distintos lugares de aquella provincia; cuya sentencia consulto con el Tribunal. Y considerando: que el cuerpo del delito está plenamente comprobado con las disposiciones de cinco testigos confesos que presenciaron la exhumación del cadáver de Pedro Antonio Gómez, y con el reconocimiento de dos que declaran habérsele dado muerte violenta: que la confesión del reo hecha en juicio criminal sin apremio alguno le perjudica y puede librarse el juicio por ella, según el tenor de las leyes 2ª y 5ª al fin título 13 parte 3ª: que en este homicidio han ocurrido las circunstancias expresadas en los incisos 2º, 3º y 6º del artículo 610 del Código penal, por las cuales debe ser calificado de asesinato, e imponerse a sus autores las penas señaladas en el artículo 611 del mismo código.

Por tales fundamentos, y de conformidad con la respuesta del Señor Fiscal, administrando justicia en nombre de la Republica

Anexo No . 2

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y por autoridad de la ley, se confirma la sentencia consultada en lo principal, y se declara que con arreglo a lo dispuesto por el artículo 27 del citado código, deben ser ejecutados los cinco reos en la plaza pública de la Villa de Palmira, el mismo día, y con las formalidades prevenidas por los artículos 33, 34, 35, 36 y 37 del código penal. Sáquense copias de la respuesta del Señor Fiscal y de esta sentencia, y remítase una al Señor Secretario del Interior para que se publique en la Gaceta, si el Supremo Gobierno lo tuviera bien; y otra a los editores del ‘Eco del Sur’ con el propio objeto. Y devuélvase la causa con la provisión correspondiente

Manuel María Muñoz

Proveyose por el Señor Ministro Juez de la causa en Popayán a veinte y dos de septiembre de mil ochocientos cuarenta y uno, actuándose en este papel común por no haber sellado de oficio.

Rafael Albán

Secretario

En veintidós de septiembre del presente año, hice saber la sentencia anterior al Señor Fiscal.

Cárdenas

Albán

En veintidós de septiembre del presente año, notifique la sentencia que antecede al procurador Rafael Valdez defensor de los procesados.

Valdez

Albán


224

En 23 de septiembre de 1841, se devolvió la causa al Señor juez letrado del circuito de Buga con la provisión y oficio correspondiente: el pliego fue certificado, y se entregó a un hijo del finado Pedro Gómez que se ofreció llevarlo a Buga.

Albán

En 24 de septiembre se mandó la copia al editor del Eco del Sur.

Albán

En 28 de septiembre se remitió la copia al Presidente

Albán


Juzgado de Hacienda

Buga 6 de octubre de 1841

Al Señor Secretario del Superior Tribunal del Distrito.

El día dos de los corrientes a las doce del día y con las solemnidades prevenidas por el código penal se ejecutó en la plaza pública dela Villa de Palmira la sentencia de muerte pronunciada contra los asesinos de Pedro Antonio Gómez.

Lo digo a usted para los efectos consiguientes.

Dios guarde a usted

Ramón Sanclemente

225

Anexo No.3

Causa criminal contra Claudio, Juan María, Luis, Juan y María esclavos de Salvador Holguín por homicidio perpetrado a dicho Holguín. Fondo República, volumen 17N, número 17, signatura 19. 1843.

Carácter Judicial

Sentenciada en 28 de septiembre de 1843

Criminal contra el manumitido Genaro, Claudio, Juan María, Luis, Juan y María esclavos de Salvador Holguín por el delito de asesinato perpetrado en la persona de este.

Doctor Lemos

Entrada en 25 de julio de 1843


Juzgado de Hacienda y del Circuito

Buga, agosto 17 de 1843

Al Señor Secretario de Su Excelencia el Superior Tribunal del Distrito

Acompaño a Usted la causa criminal seguida por el asesinato perpetrado en la persona de Salvador Holguín, y contra José María Ariza y Fermín Góngora por robos, para que Usted se sirva ponerla en conocimiento de Su Excelencia el Superior Tribunal.


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Dios Guarde a Usted

Manuel Antonio Sanclemente

Vistos estos autos seguidos del oficio por el delito de asesinato contra el manumitido Genaro y los esclavos Juan María, Claudio, Luis, Juan y María Antonia pertenecientes a la mortuoria del finado Salvador Holguín, de su mérito resulta

1º que en la mañana del día cuatro de junio último participó la citada María Antonia a Lorenzo Prado y este al Juez de la parroquia del Cerrito de este cantón que dicho Holguín había sido asesinado en su casa de campo en la noche anterior.

2º que con este motivo el expresado Juez previno se hiciera el reconocimiento del cadáver por un facultativo y un perito, los que habiéndolo examinado le encontraron dos heridas causadas con instrumentos punzantes la una en el costado izquierdo entre la quinta y sexta costillas y la otra en la parte lateral e inferior del omoplato con dirección al corazón, las cuales tenían dos pulgadas de longitud, una de latitud y como ocho de profundidad.

3º que así mismo le encontraron en el cuello ligeras equimosis o parches negros, y algunas otras señales que indicaban que a tiempo de perpetrar el asesinato habían querido ahorcar a Holguín e impedirle que gritara.

4º que sospechándose que los autores de este delito pudieran ser los esclavos referidos, se procedió a su captura y se practicaron todas las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de la verdad, entre las cuales se encuentra la exposición de la menor María Josefa, hija de la esclava María Antonia en la cual asegura que los autores de dicha muerte fueron Claudio, Juan María, Juan y Luis por haberlos visto desde que llegaron a la casa y observado que se dirigieron al dormitorio de Holguín y que habiéndolo tomado Luis por el pescuezo, Juan María, conocido con el sobrenombre de Cerrito, le dio una puñalada con la cual cayo boca abajo y en seguida otra, las que presenciaron Claudio y Juan –alias

Anexo No . 3

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guaneño– que se hallaban al lado de adentro de la puerta hecho lo cual el expresado Juan María dio parte a la esclava María Antonia, quien se puso a llorar al oír esta noticia.

5º que como señales del delito se encontraron en la casa un chuchillo una soga ensangrentada, y unos calzones y un costal de la misma manera, e inmediato a un pozo otro cuchillo doblado y también ensangrentado clavado en una mata de paja, el cual como el anterior se halla dibujado a la foja 68.

6º que de dichos cuchillos el uno pertenecía a Claudio y el otro, aunque de su Señor, lo usaba también el, lo mismo que la soga de que se ha hablado.

7º que los esclavos Juan María y Juan y el manumitido Genaro se fueron en la noche en que tuvo lugar el asesinato del sitio denominado la Palma en donde se encontraban, y no volvieron hasta el día siguiente muy temprano, haciendo otro tanto el esclavo Claudio que se hallaba en esta Ciudad, el cual expreso en el mismo día a su Señora María Josefa Cabal viuda de Holguín, que había dormido en casa de Francisco Taraba y a Cristóbal Otero y los Doctores Damien Castro y Rafael Ospina, que había pernoctado en el sitio denominado las Guavitas en casa de María casada, cuyos hechos han resultado ser falsos.

8º que el mismo Claudio fue encontrado en la tarde del tres de julio en el camino que conduce a la parroquia del Cerrito, en la que se halla la hacienda del finado Holguín, e igualmente de regreso a esta Ciudad el día cuatro por la mañana en un caballo tan cubierto de sudor que no podía distinguirse su color, según lo declara Ángel María esclavo del Doctor José Ignacio Valenzuela.

9º que después de haber negado todos los procesados los cargos que se les hicieron en su confesión, Juan (alias guaneño) pidió espontáneamente se le confesara de nuevo y refirió entonces el hecho con todas sus circunstancias, expresando que él, Claudio, Juan María, Genaro y Luis habían sido los autores de la muerte de Holguín, en la cual se habían


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convenido los tres primeros que ha citado desde el día dos de dicho mes de julio, y que los principales ejecutores de ella fueron Claudio y Juan María quienes lo dejaron con Genaro y Luis custodiando la puerta lo que en efecto verificaron.

10º que con este motivo se mandaron ampliar las confesiones de los demás reos, de los cuales Claudio y Juan María confesaron haber concurrido al asesinato de que se trata, expresando el último que solo los dos lo ejecutaron y el primero que también tuvieron parte Juan y Genaro, quien con Luis insistió en negar los hechos lo mismo que la esclava María Antonia en sostener que no había sido sabedora de él.

Y considerando

1º que está plenamente comprobado el cuerpo del delito, no solo por el reconocimiento practicado en el cadáver de Salvador Holguín por un facultativo y un perito, sino también por las declaraciones corrientes desde la foja 12 hasta la 16.

2º que es indudable que fueron delincuentes los esclavos Juan María, Juan y Claudio no solo por haberse confesado tales, lo cual es bastante según la Ley 2ª título 13 Partida 3ª para darse juicio afinado, sino también por las muy graves presunciones que resultan contra ellos de la causa.

3º que es igualmente cierto que el manumitido Genaro cooperó a la ejecución del delito, porque lo persuaden hasta las evidencias las presunciones que contra el subministran los autos. 1º Por haberse ido del sitio de la Palma en la noche en que se perpetró el asesinato en unión de los tres delincuentes referidos. 2º Por haber vuelto en la mañana del día siguiente con los mismos ha dicho sitio. 3º Porque así lo aseguran estos en su confesión. 4º Porque dicho Genaro no da razón en la suya del lugar en que permaneció toda la noche citada. 5º Porque dice fojas 65 vuelta que en ir del cito de la Palma a la casa de Josefa Holguín en que estuvo temprano de la noche empleó una hora y en volver al mismo lugar gastó todas las que corren desde media

Anexo No . 3

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noche hasta el amanecer, expresando no sabe porque sucediera esto, pues que no se entró a parte ninguna; y 6º Porque de la confesión de Juan –alias guaneño– resulta que desde el domingo dos de julio convino dicho Genaro con Claudio y Juan María en dar muerte a Holguín, y de la del mismo Claudio que con él y los demás que se han citado, siguió del sitio de las Guavitas en la noche dicha con ánimo deliberado de concurrir a la expresada muerte.

4º que esta fue ejecutada a sangre fría con premeditación y sin que aparezca la menor causa o motivo que pueda disculpar de algún modo a los agresores, lo que prueba una intención depravada de parte de estos y en especial del esclavo Claudio, por resultar de la causa plenamente acreditado que su señor hacía de él de entera confianza.

5º que aún que de la exposición de la menor María Josefa y de la confesión de Juan –alias guaneño– aparece que Luis también concurrió a la ejecución del delito, sin embargo por las declaraciones corrientes a fojas 24 y 25 ampliadas por las que se encuentran desde la foja 43 hasta la 45, se demuestra que dicho Luis no salió en unión de sus compañeros en la noche en que se perpetró el asesinato de la casa en que se encontraba, en la que lo vieron varios testigos hasta las nueve de la noche en que se acostó, y más tarde de ella dos de los esclavos de José María Sanclemente; lo que manifiesta que él no cooperó a la muerte de su señor o que por lo menos el hecho es dudoso.

6º que con respecto a la esclava María Antonia no resulta de la causa una prueba bastante de que fuera sabedora del delito, ni antes de cometerlo, ni después de cometido.

7º que con arreglo al artículo 610 del código penal, son asesinos los que matan a otra persona con premeditación y sobre seguro, sorprendiéndola descuidada, indefensa y desapercibida, como sucedió en el caso en cuestión.

8º en fin, que designando el artículo 96 de dicho código como autores principales de un delito a los que lo cometen,


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y el 97 como cómplices a los que cooperan a su ejecución en el acto de cometerlo; es indudable que en el asesinato de Holguín deben estimarse como autores, los esclavos Claudio y Juan María y como cómplices el esclavo Juan y el manumitido Genaro, supuesto que los primeros fueron los que ejecutaron el hecho, mientras que los segundos solo guardaron la puerta de la casa y la presenciaron. Por estas consideraciones administrando justicia en nombre de la Republica y por autoridad de la ley, y de acuerdo con lo que disponen los artículos 610, 611, 27, 30, 100, 101, 126 y 76 del código penal, se absuelven de la instancia a los esclavos Luis y María Antonia, y se declaran infames y se condenan a la pena de muerte a Claudio y Juan María –alias Cerrito–, la que se ejecutara en la cabecera del Distrito parroquial en donde se cometió el delito, o si esto no fuese posible por alguna circunstancia en la del cantón a que aquel pertenece, en un día de concurso que no sea feriado, previos los auxilios espirituales y en los términos que disponen los artículos 33, 34, 35, 36 y 37 de dicho código. Igualmente se condena a la pena de diez y seis años de trabajos forzados en Cartagena al esclavo Juan –alias guaneño– y al manumitido Genaro al pago de las costas procesales de mancomún con los autores principales, y a que presencien la ejecución de la pena impuesta a estos, volviendo dicho esclavo Juan al poder de los herederos de Salvador Holguín cumplida que sea su condena. Hágase saber y consúltese con su Excelencia el Tribunal Superior por el próximo correo dejándose copia autorizada de esta sentencia = Manuel Antonio Sanclemente = Proveyose por el señor Juez letrado del circuito. Buga doce de agosto de mil ochocientos cuarenta y tres, doy fe = Pantaleón Baca = Escribano primero público del numero

Es Copia

Albán

Popayán 25 de agosto de 1843

Se reparte esta causa al Señor ministro Doctor Francisco E. Lemos a quien corresponde en turno.

Anexo No . 3

231

Chaux

Albán

Al Señor Fiscal

Lemos

Proveyose por su Excelencia el Tribunal del Cauca, en Popayán a veintiséis de agosto de mil ochocientos cuarenta y tres.

Albán

En el mismo día paso esta causa al Señor fiscal.

Albán

Excelentísimo

Señor

El Fiscal dice: que entre los varios delitos que frecuentemente se cometen en una sociedad numerosa hay algunos que llaman particularmente la atención pública llenando de sobresalto y de terror al ciudadano pacífico cuyo principal anhelo se reduce a gozar de seguridad en su persona e intereses bajo la protección que le dan para ello las leyes. De estos es precisamente el delito de que se trata esta causa. El señor Salvador Holguín, ciudadano recomendable por sus virtudes y excelentes cualidades personales, fue asesinado en su casa de campo en la noche del tres de julio último; y todas las probabilidades están porque fueron los asesinos sus propios esclavos de ellos uno en quien el señor Holguín había depositado toda su confianza distinguiéndolo entre los demás. Al reflexionar sobre las circunstancias de este delito, su atrocidad y consecuencias suyas, penetrada el alma de una justa indignación el primer deseo que se ocurre es el de que sufran todo el rigor de la ley aquellos a quienes ya consideramos como autores del crimen:


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empero prescindiendo de estos primeros naturales impulsos de que nadie, ni aún el juez mismo, puede eximirse en calidad de ser sensible, con la calma e imparcialidad que demanda la justicia procedamos a examinar los hechos que deben servir particularmente de fundamento al fallo que ha de pronunciarse. Si es que los presunto reos resultan en realidad culpables, que sufran entonces el justo y necesario castigo a que se han hecho acreedores: triste pero saludable escarmiento para algunas de las provincias que componen este distrito judicial en donde se ha hecho tan frecuente esta clase de delitos particularmente después de que por consecuencia de la última rebelión que amenazó a toda la Republica ha cundido y hechose escandalosa la inmoralización de los pueblos.

Noticiado el juez parroquial del distrito del Cerrito en la mañana del cuatro de Julio de que en la noche había sido asesinado el señor Holguín, inmediatamente dispuso que se hiciere el reconocimiento del cadáver, lo que ejecutado por dos individuos inteligentes encontraron en el dos heridas grandes y profundas causadas con instrumento cortante, la una en el costado izquierdo entre la quinta y sexta costilla, y la otra en la parte inferior y lateral del omoplato con dirección al corazón: observaron también algunas manchas negras en el cuello otras señales que indicaban haberse procurado ahorcar al individuo que fue asesinado –fojas 11 vuelta– Tal diligencia constituye una prueba legal de la existencia o sea del cuerpo del delito, más si ella dejase algo que desear, se encontraría sobre este punto una superabundante justificación en las declaraciones que obran desde la foja 12 hasta la 16 de estos autos. No existe pues ni la menor duda sobre este particular.

Continuándose las diligencias indagatorias se recibió la declaración de una joven llamada María Josefa hija de Claudio y María Antonia, esclavos ambos del señor Holguín, y ella especificando perfectamente su declaración indicó como autores del hecho al mismo Claudio, a Juan conocido con el sobrenombre de Guaneño, a Juan María –alias Cerrito–, y a Luis y a Genaro, estos últimos también esclavos del individuo asesinado –foja 15 vuelta– Con tal motivo se aumentaron las

Anexo No . 3

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sospechas que ya existían contra los individuos referidos y adelantándose el procedimiento nuevo y más graves indicios resultaron contra ellos. Claudio que el día 3 de julio había salido de la hacienda del Cerrito con dirección a la del señor José Joaquín López distante como dos leguas de la ciudad de Buga donde residía la esposa del señor Holguín; no estuvo en la casa de esta señora en la noche del citado día tres, que fue en la que se cometió el asesinato (fojas 7ª y 8ª): y preguntándole la misma señora y otras personas en dónde había pasado la noche, sus respuestas fueron contradictorias, habiendo resultado ser falso lo que aseveró en todas ellas [Declaraciones citadas y las de fojas 3, 4, 20, 28, 31 y otras].

En esa misma noche se le vio de regreso a la ciudad de Buga por el camino que conduce al Cerrito en un caballo tan cubierto de sudor que no podía distinguirse de que color fuese. No lejos del sitio en que se cometió el delito cerca de un pozo y clavado en una mata de paja se encontró un cuchillo ensangrentado, y en la misma casa del Señor Holguín otro cuchillo, unos calzones, una soga y un costal, todos estos efectos también ensangrentados; uno de los cuchillos era de Claudio y el otro lo usaba el, lo mismo que la soga, aun cuando pertenecían a su señor, existiendo también varias declaraciones que prueban que los calzones pertenecían igualmente al esclavo de que se habla. Claudio en fin ha insistido en asegurar que no supo la muerte de su amo hasta que se encontraba en la prisión cuando consta que desde antes se le había dado esta noticia a más de que no es verosímil que hasta entonces lo ignorase por qué un hecho tan notable y escandaloso debió hacerse desde el momento trascendental. Tales son Excelentísimo Señor los principales datos que el sumario exhibe contra el esclavo Claudio, los cuales corroborados por algunos otros de menor importancia bastan probablemente para persuadir que aquel individuo tuvo parte una parte mui principal el atroz asesinato en que nos ocupamos: esos datos con efecto siendo de aquellos que obran de acuerdo para el mismo fin sin contradecirse en cosa alguna, constituyen la prueba que en sentir de los practicadores criminalistas basta para condenar, denominase la inferencia necesaria.


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No eran ni con mucho tan graves las presunciones que del sumario resultaban contra los demás reos de esta causa. Respecto de Luis casi no obra más que la declaración de la menor María Josefa, y en cuanto a Juan, Juan María y el manumiso Genaro, a más de lo que contiene referente a los dos primeros la citada declaración, aparece en su contra la circunstancia bien justificada de haberse ido en la noche que se perpetro el asesinato del sitio de la Palma en donde se encontraban, y a donde no volvieron hasta el amanecer del día siguiente. Por grave que fuera esta presunción, ella desde luego no bastaría para condenar; más la confesión de algunos de los procesados, prueba la menos sujeta a inducir en error, ha proporcionado en este caso un nuevo motivo de convencimiento mucho más seguro que los que habían obtenido o que pudieran procurarse. Después de haberse mantenido negativos los reos uno de ellos –Juan guaneño–, habiendo pedido que se le confesase de nuevo, reveló todas las circunstancias del delito y sus autores; expresó que Claudio y Juan María fueron los que causaron la muerte, habiéndose quedado el entretanto con Genaro y Luis custodiando la puerta. Ampliada con este motivo la confesión de los demás reos, Claudio y Juan María a pesar del estudiado empeño con que quisieron agravar la conducta de los demás disculpando la suya; confesaron por fin haber tenido parte en el asesinato motivo de este proceso; habiéndose mantenido los demás reos constantemente negativos.

Si pues por la confesión de Claudio y Juan María aparecen ellos como principales ejecutores del crimen; si Juan Guaneño confiesa que entró con estos en conveniencia para la ejecución del asesinato y que cooperó voluntariamente al efecto; y si estas confesiones además están corroboradas por otros adminículos que lo son las muy graves presunciones de que se ha hecho referencia es evidente que existe una prueba muy superior a la que exigen las leyes 2ª y 5ª título 3º de la partida 3ª, y que los referidos reos deben ser condenados los dos primeros a las penas de muerte e infamia, articulo 611 del Código penal, y el último a dieciséis años de trabajos forzados y cumplidos estos a dieciséis

Anexo No . 3

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meses más de presidio, debiendo presenciar la ejecución de la pena impuesta a aquellos otros [Artículo 100, 101, 126 y 138 del Citado Código].

En cuanto al manumitido Genaro obran varias presunciones que están bien especificadas en la sentencia consultada, y las cuales si bien son graves no bastan en concepto del que habla para condenar. Efectivamente las declaraciones de los otros reos son un indicio casi insignificante atendida la depravación de estos y sus hartos frecuentes y notables contradicciones: la circunstancia de haberse ido del sitio de la Palma con los otros delincuentes referidos en la noche que se perpetró el asesinato, aunque si hace mucha fuerza, no es decisiva, alcanzándole muy bien al comprender que era muy posible que separándose de sus compañeros con un objeto que no quisiera confesar, criminal acaso pero distinto del delito de que se trata, ni aún noticia hubiera tenido del criminal proyecto que meditaban y pusieron por obra sus citados compañeros.

El reo de que se habla expresó que para ir del sitio de la Palma a la casa de Josefa Holguín empleó una hora y para volver todas que corren desde la media noche hasta el amanecer; narración inverosímil de la cual con razón se deduce un indicio contra él. Pero aun cuando dice que no se detuvo de vuelta en el camino ¿no es posible que hubiera sucedido lo contrario por un motivo que no quisiera confesar, aun cuando no hubiese relación con el delito de que se trata? ¿No pudo suceder también que calculase mal el tiempo que gastó en ir, o la hora en que dio principio a su regreso? ¿Y la mayor o menor oscuridad de la noche no podían haber influido en que caminase con más o menos lentitud? Preguntas son estas a las cuales no se puede contestar sin convenir al mismo tiempo en que pueden explicarse de una manera favorable todas las presunciones que obran contra el reo de que se trata ; por consiguiente estas presunciones no suponen precisa e indefectiblemente la criminalidad del dicho reo, y no pueden bastar para condenarlo, mucho menos cuando debiera ser gravísima la pena que se le hubiera de imponer: solo si debe dejarse abierto el campo a nuevas averiguaciones absolviéndole tan solamente de la instancia.


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Por razones idénticas conviene hacer lo mismo respecto de los reos Luis y María Antonia sobre lo cual es justa enteramente la sentencia consultada. Tal es el concepto del infrascrito sobre los diversos puntos que se tocan en este proceso, salvo en todo el mejor y más acertado de Vuestra Excelencia.

Popayán 4 de septiembre de 1843

Excelentísimo Señor Escovar

Traslado a los procuradores cuya defensa hará el Doctor Francisco Antonio Gallo por medio del procurador Rafael Valdez.

Lemos

Proveyose por su Excelencia el Tribunal del Cauca. Popayán nueve de septiembre de mil ochocientos cuarenta y tres.

Albán

En nueve de septiembre corro el traslado prevenido en el decreto anterior al procurador Rafael Valdez entregándole esta causa con ciento trece fojas de que otorgó recibo.

Albán


El defensor de los esclavos Juan María, Claudio, Juan, Genaro, Luis y María Antonia procesados por suponérseles haber sido asesinos de su amo el Señor Salvador Holguín ante Vuestra Excelencia con su acostumbrado respeto dice: que la sentencia que se ha pronunciado contra los supuestos reos debe ser revocada por Vuestra Excelencia porque si bien debe castigarse al delincuente y conviene el ejemplar castigo del criminal, también es evidente que para que un individuo sea reputado criminal es preciso que legalmente se halle convencido como tal de otra suerte los tribunales que deben distribuir la justicia

Anexo No . 3

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aparecen sancionando la injusticia pero Vuestra Excelencia que mejor que nadie conoce los resultados que de aquí pudieran originarse, y que tan repetidas veces ha manifestado su recto juicio y su respeto por la ley escrita infunde la suficiente confianza para que los procesados por quienes hablo aguarden un fallo arreglado en todo a esa misma ley.

Juan María y Claudio han sido reputados por el juez de primera instancia como autores principales del asesinato en cuestión, y han sido condenados a la pena del último suplicio, para esto se dice que han confesado su delito y que fuertes presunciones así lo acreditan en primer lugar esa confesión que se alega es tan variada en ambos reos hecha después de tantas reconvenciones que hacen creo que tal vez por temores infundidos por los allegados al Señor Holguín es que ellos la hicieron, las presunciones que se deducen de hechos no bien probados es la otra prueba para probar el ningún crédito que merece baste el examinar lo que se saca del caballo en que dice iba Claudio, unos dicen que era negro otros que era una mula y la mayor parte conviene en que era un caballo rucio, y si este fue el color ¿Por qué el muchacho que encontró a Claudio no puede atinar con el color del caballo en que iba? Excelencia la vida del hombre vale mucho para que se la quite la ley cuando los hechos que ella quiere castigar con la pérdida de ella no aparecen plenamente probados o se aducen pruebas como las que examinan y en caso en que ha habido mejores pruebas el fallo ha sido injusto.

Con respecto a Juan, Genaro, Luis, María Antonia no resultando las pruebas que en los dos primeros han sido absueltos aunque Juan y Genaro han sido condenados por que se dice presenciaron la muerte pero como llevo dicho no está probado que Claudio y Juan María sean los autores principales y como todo lo que se aduce contra ellos nace de la compañía que tenían es bien claro que la absolución debe recaer sobre ellos.

A Vuestra Señoría pido revoque la sentencia consultada en la parte que condena pues todos deben ser absueltos. Popayán 20 de septiembre de 1843.


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Rafael Valdez

Francisco A. Gallo

Autos con citación señalándose el veintidós del corriente a las once del día para dar audiencia pública a las partes.

Lemos

Proveyose por su Excelencia el tribunal del Cauca Popayán a veinte de septiembre de mil ochocientos cuarenta y tres.

Albán

El mismo día cité con el decreto que antecede al Señor Fiscal.

Albán

Escovar

En la misma fecha cité para sentencia con el decreto anterior al procurador Rafael Valdez defensor de los procesados.

Valdez

Albán

En veinte de septiembre paso esta causa al Señor ministro Doctor Francisco E. Lemos.

Albán

Esta, esta causa criminal seguida de oficio contra el manumitido Genaro, Claudio, Juan María, Luis, Juan y María Antonia esclavos de Salvador Holguín, por el delito de asesinato perpetrado en la persona de este; en consulta de la sentencia pronunciada por el juez letrado de hacienda del Cauca, en doce de agosto último; de su mérito resulta: que la referida esclava María Antonia,

Anexo No . 3

239

el día cuatro de julio del presente año, aviso a Lorenzo Prado que su Señor Salvador Holguín había aparecido asesinado en su casa de campo, cita en la parroquia del Cerrito cuyo hecho participó Prado inmediatamente al juez del mismo distrito, quien en el acto procedió a hacer las averiguaciones conducentes a la comprobación del delito cometido y descubrimiento de los delincuentes, previendo el efecto auto, para que se verificase el reconocimiento del cadáver por un facultativo y un perito que nombró con tal objeto: que hecho el reconocimiento en la manera legal, los reconocedores encontraron al cadáver dos heridas dadas con instrumento punzante; la una al costado izquierdo, entre la quinta y sexta costillas, y la otra en la parte lateral e inferior del omoplato con dirección al corazón, las que precisa é indispensablemente habían producido la muerte de Holguín: que los reconocedores le encontraron también en el cuerpo manchas negras y lívidas, y otras señales que indicaban se había querido ahorcar al individuo que fue asesinado: que comprobado ya así el cuerpo del delito o su existencia, se continuo en la práctica de varias diligencias indagatorias de los asesinos y se recibió entonces sin juramento la declaración de la menor María Josefa, hija de Claudio y María Antonia, y ella en su exposición especificó de una manera clara, sencilla y minuciosa, cómo, cuándo, en dónde, en qué términos y por quiénes había sido asesinado Salvador Holguín, pues ella dijo, que a la madrugada del día cuatro de julio último se habían presentado en la casa de campo de Holguín sus esclavos Claudio, Juan María, Juan, Luis y el manumitido Genaro: que los dos primero habían penetrado hasta el dormitorio de Holguín y los tres últimos habían quedado guardando la puerta de la casa, mientras que aquellos daban como dieron la muerte á su Señor, refiriendo o mas bien puntualizando todas las circunstancias que concurrieron en el asesinato: que en vista de esto y de las fuertes sospechas o presunciones vehementes que resultaban del sumario contra los mencionados esclavos y después de reducirles a prisión, se procedió a confesionarles y ellos se obstinaron en no decir la verdad permaneciendo negativos a los cargos que se les hacían, y hasta cierto punto acordes con sus


240

respuestas que de antemano habían coordinado, según así resulta de la segunda confesión recibida al esclavo Juan: que este a pesar de que al principio había permanecido negativo pidió después libre y voluntariamente al juez que continuase su primera confesión: que habiéndolo así verificado el descubrió el hecho y sus autores casi en los mismo términos que lo había referido la menor María Josefa: que en vista de esta confesión el juez cumpliendo con sus deberes, continuó en las de los demás encausados y entonces Claudio y Juan María refirieron el hecho y se confesaron autores principales del asesinato, aunque cada cual de los trataba de imputar el crimen al otro: que a más de las confesiones de los encausados el sumario suministraba ya presunciones vehementes, de las cuales por una inferencia necesaria podía deducirse quienes habían sido los asesinos de Salvador Holguín, pues ya constaba por una prueba y completa que los esclavos Juan María y Genaro habían desaparecido de la casa de la hacienda de la Palma la noche del día tres de julio en que acaeció el asesinato de Holguín, y en cuya noche debieron pernoctar en la expresada casa a la que no volvieron hasta el siguiente día, sucediendo lo mismo con el esclavo Claudio que hallándose el mismo día tres de julio en la ciudad de Buga, dijo a María Josefa Cabal, que en la noche en que había sucedido el asesinato de su señor él había dormido en casa Francisco Taraba y a otros dijo que había pasado esa noche en el sitio de Guavitas en la casa de María Casada, cuyos hechos todos son enteramente falsos: que ese mismo esclavo Claudio fue encontrado en la tarde del mencionado tres de julio, en el camino que conduce á la parroquia del Cerrito a la que pertenece la hacienda de Holguín y de regreso a la ciudad de Buga por la mañana del cuatro de julio, en un caballo cuyo color no podía distinguirse bien, a consecuencia de haber sudado de una manera extraordinaria: que en la cocina de la casa de la hacienda de Holguín se encontró una soga de la propiedad de Claudio untada de sangre: que del mismo se halló un cuchillo de la propiedad de Holguín y el cual usaba Claudio empapado en sangre y oculto debajo de una mata de paja, lugar en donde dijo en su confesión el esclavo Juan, lo

Anexo No . 3

241

había ocultado Juan María que no había podido romperlo, como lo intentó para votarlo: que Claudio aseguro no haber sabido la muerte de su amo hasta que se encontró en la prisión cuando consta de autos que ya desde antes se le había dado esa noticia: que no es presumible que ignorase un hecho tan alarmante y escandaloso, que por todas sus circunstancias se había hecho trascendental. Con estos datos que son los principales que resultan de los autos el tribunal considera –

1º Que está probado que el esclavo Claudio fue autor principal del asesinato perpetrado en la persona de Salvador Holguín, pues lo convence así, 1º la marcha que hizo a la parroquia del Cerrito desde la ciudad de Buga la tarde del tres de julio último en que fue asesinado Holguín y su regreso a esta misma ciudad el día cuatro en un caballo cuyo color ya no se distinguía por el mucho sudor de que estaba cubierto, lo que indica la agitación en que le había llevado para aparecer en Buga a una hora en que no se hiciese notable y que no diese lugar a extrañar su falta de la Ciudad;

2º la multitud de contradicciones en que incurrió cuando fue interpelado sobre en dónde había pernoctado la noche del día tres de julio diciendo algunas veces que en la casa de Francisco Taraba, y otras que en la casa de María Casada resultando al fin falsas todas sus respuestas.

3º el haber fingido u ostentado no saber el asesinato de su señor sino cuando estaba en prisión, cuando consta que de antemano había sido noticiado de tan horrendo crimen.

4º el ser de su uso el cuchillo que apareció doblado y untado de sangre según está acreditado en autos aunque era de propiedad de Holguín, y ser el mismo con que se cometió el asesinato pues así resulta del reconocimiento hecho por todos los reos.

5º ser la soga que apareció en la cocina de la casa en que se cometió el crimen de la propiedad de Claudio y haberse encontrado también untada de sangre y


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6º en fin, el haber Claudio confesado de una manera franca e ingenua su delito conviniendo lo relacionado en su confesión, principalmente en lo sustancial del hecho, con lo referido por los otros reos en sus confesiones y con otras circunstancias notables constantes del sumario.

2º Que también está probado que Juan María fue autor principal de asesinato cometido en la persona de Salvador Holguín.

1º Porque también desapareció del sitio de la Palma la noche del día tres de julio y no regresó sino a la madrugada del cuatro, lavando antes de llegar a ella en el rio el capisayo que tenía untado de sangre.

2º Porque así resulta de la exposición de la menor María Josefa.

3º Porque lo aseguran en su confesión Juan y Claudio.

4º Porque aunque estas no fuesen pruebas convincentes sí lo es la propia confesión del reo, en la que expresando todas las circunstancias con que se cometió el asesinato reconoció el arma con que lo ejecutó.

3º Que también está probado que Juan concurrió aunque no como autor principal al asesinato cometido en la persona de su señor según resulta de su propia confesión, sin que haya prueba por la cual conste que el por si cometiese el delito sino solamente que coopero á él.

4º Que no resulta de los autos prueba alguna de que la esclava María Antonia Tomáse parte en el asesinato ni consta que ella fuese sabedora de él, ni antes ni después de cometido, pues apenas aparece que habiendo visto muerto a su señor, dio inmediatamente parte del acontecimiento a Lorenzo Prado, quien lo puso en noticia de la autoridad pública.

5º Que respecto al esclavo Luis, no hay sino presunciones ligeras, constando además que en la noche del tres de julio, el no salió con los otros esclavos de Holguín de la

Anexo No . 3

243

casa situada en la Palma; y aunque Juan asegura en su confesión que Luis los alcanzó en el camino y concurrió también al asesinato; el dicho de este como cómplice en el delito no puede perjudicarle; y habiendo sobre todo duda relativamente a este, es en tal caso favorable su condición.

6º Que en cuanto al manumitido Genaro, si bien está probado que el salió del sitio de la Palma en unión de los otros esclavos de Holguín, en la noche en dieron muerte a este; no lo está que el fuese al Cerrito y estuviese en la casa de campo del mismo Holguín a tiempo en que lo asesinaron. No puede perjudicarle por la razón antes expuesta la confesión del esclavo Juan; debiendo tenerse presente que él ha estado siempre negativo en su confesión y que algunos de los reos aseguran en las suyas, que el no estuvo con ellos cuando dieron muerte a Holguín – De manera que a pesar de la actividad y celo recomendable con que en esta causa ha trabajado el juez de hacienda de la provincia del Cauca, no suministran los autos una prueba bastante para condenar al manumitido Genaro, a pesar de las fuertes presunciones que obran contra él.

En vista de todas estas consideraciones el Tribunal tiene presente: que contra los esclavos Claudio, Juan María y Juan hay una prueba plena y completa y muy superior a la que exigen para condenar las leyes 2ª y 5ª del Título 13 Partida 3ª: que conforme al artículo 610 del código penal, son asesinos los que matan a otra persona con premeditación o sobre seguro sorprendiéndola descuidada, dormida, indefensa o desapercibida como sucedió con Holguín: que conforme al artículo 96 del citado código Claudio y Juan María son autores principales del delito porque ellos cometieron el asesinato: que conforme al 97 Juan es cómplice porque ayudo y cooperó a él. Por todas estas razones y las más en que oportunamente se funda la sentencia consultada; de conformidad con lo pedido por el ministro fiscal, y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley se condena a los esclavos Claudio y Juan María, pertenecientes a la mortuoria de Salvador Holguín, a las penas de muerte e infamia. Se condena también al


244

esclavo Juan a sufrir dieciséis años de trabajos forzados en Cartagena y después de cumplidos estos, a dieciséis meses de presidio en el del tercer distrito. Todos tres pagarán las costas procesales debiendo Juan, presenciar la ejecución de la pena impuesta a Claudio y Juan María; todo con arreglo a lo dispuesto en los artículos 74, 100, 101, 610, 611, 626 y 138 del código penal. La ejecución de la pena de muerte se hará en la plaza pública de la cabecera del distrito parroquial en donde se cometió el delito y esto no pudiese verificarse se hará en la cabecera del cantón en el modo y términos prescriptos en los artículos 33, 34, 35, 36 y 37 del código citado. Se absuelve de la instancia a los esclavos Luis y María Antonia, lo mismo que al manumitido Genaro; en cuyos términos se reforma la sentencia consultada. Devuélvase esta causa librándose la correspondiente previsión.

Francisco E. Lemos

Proveyose por Su Excelencia el Tribunal del distrito del Cauca en Popayán a veintiocho de septiembre de mil ochocientos cuarenta y tres.

Rafael Albán

Secretario

En la misma fecha hice saber la sentencia anterior al Señor Fiscal.

Escovar

Albán

En el mismo día notifiqué la sentencia que antecede al Ciudadano Rafael Valdez, procurador de los encausados.

Valdez

Albán

Anexo No . 3

245

En cuatro de octubre del corriente año, y por el correo ordinario se devolvió la causa con la provisión correspondiente y oficio de estilo al Señor Juez Letrado del Circuito Judicial de Buga de que doy fe.

Albán


Juzgado de hacienda y del circuito

Buga 19 de octubre de 1843

Al Secretario de Su Excelencia el Superior Tribunal del Distrito

Comunico a Usted para que Usted se sirva participarlo a Su Excelencia el Superior Tribunal, que el día trece de los corrientes se ejecutó en los términos que prescribe el código penal en la persona de los esclavos Claudio y Juan María, la pena de muerte a que fueron condenados en 1ª y 2ª instancia por el asesinato que perpetraron en su Señor Salvador Holguín.

Dios guarde a Usted

Manuel Antonio Sanclemente

247

Anexo No.4

El Esclavo Hilario Hurtado pide la libertad por haber servido al ejército granadino. Fondo República, Volumen 16V, número 73, signatura 4031. Judicial, 1845.

Manumisión

Hilario Hurtado pide su libertad en virtud de haber servido en el ejército granadino.

1845 16 hojas

No 180

REPUBLICA DE LA NUEVA GRANADA1

ESTADO MAYO DE LA 2ª DIVISION DEL EJERCITO

Cuartel general en Bogotá a 31 de agosto de 1844

LICENCIA ABSOLUTA

Se concede de orden del Sr. general comandante general del departamento y en jefe de la división al Soldado de caballería Hilario Hurtado Hijo de José María y de Nicolasa Solís Natural de Popayán cantón de provincia de avecindado en su país sus señales pelo negro cejas ojos negros nariz chata boca grande.

1 En negrilla se encuentran las letras impresas en el papel, la letra común es manuscrito.


248

Por tanto y para que pueda retirarse donde le convenga le expido el presente por habérsele declarado inútil para el servicio de las armas.

Por ausencia del general en jefe el adjunto encargado.

Joaquín […] Berrío

Registrada en el libro de su clase a fojas 9ª No 180

El 1r adjunto

Francisco Ortiz

Presentado con petición ante el Señor Juez letrado de hacienda doy fe.

Arroyo

Anexo No . 4

249

REPÚBLICA DE LA NUEVA GRANADA

ESTADO MAYOR GENERAL OFICINA CENTRAL

De orden del S. E. el Presidente de la Republica se concede franco y seguro pasaporte al Soldado Hilario Hurtado por haber sido licenciado.

Para que siga a Popayán lugar de su domicilio donde ha sido destinado por el poder ejecutivo.

Por tanto las autoridades del tránsito no le pondrán impedimento en su marcha, antes si le facilitaran los auxilios del margen.

Dado en Bogotá a 3 de septiembre de 1844

El General Jefe R. Espinosa

Sección 1ª

Se tomó razón en el respectivo a fojas 4 número 37

El Coronel

R. Briceño

Gobierno de la provincia

Bogotá 3 de septiembre de 1844

Abónense por la tesorería las raciones que correspondan a este individuo conforme a las disposiciones vigentes.

Alfonso Acevedo

José Caicedo Rojas

Secretario


250

Comisario de Guerra del Departamento de Cundinamarca.

Siga auxiliado el soldado contenido en este pasaporte con dos pesos un Cuarto de real por sus raciones hasta Neiva calculadas 65 leguas.

Bogotá 4 de septiembre de 1844.

[…] Guerra

Gobernación de la provincia

Neiva 16 de Setiembre de 1844

Siga a su destino auxiliándosele por la Comisaria de Guerra con las raciones que le correspondan según su clase de aquí a Popayán a donde se calculan sesenta y cuatro leguas computándose a cuatro por jornada.

Ortiz

Comisario de Guerra

El Secretario del Gobierno

Daniel Parga

Sigue auxiliado con tres pesos por las raciones de dieciséis días a real y medio diario que corresponden a las sesenta y cuatro leguas calculadas de aquí a Popayán y con arreglo a la circular de 14 de diciembre de 1843. Neiva 16 de septiembre de 1844.

Pedro Ignacio Monsalve

Presentado con petición al Señor Juez letrado de hacienda: doy fe.

Arroyo

Anexo No . 4

251

Señor Juez Letrado de Hacienda

Hilario Hurtado de este vecindario ante Usted con el respeto debido parezco y digo que en el año de 1841 fui tomado como contingente y destinado al ejército en clase de soldado, desde cuyo tiempo serví en el Escuadrón número 39 de línea, hasta que se me declaró inútil para el servicio de las armas por haberme quebrado de las ingles: Se me expidió mi licencia absoluta y hoy que he vuelto a mi país, me sorprende el Señor Rafael Hurtado Carrejo, queriéndome hacer su esclavo contra le ley – Yo serví dos años en el ejército veterano y desde el momento que fui filiado y me inutilicé en el servicio adquirí mi libertad; y como se me quiere privar de este bien inestimable, yo ocurro al recto juzgado de Usted para que en vista de la licencia y pasaporte que acompaño solemnemente se sirva declararme que he obtenido mi libertad, y que no pertenezco a la propiedad del Señor Hurtado.

Mi petición abunda de justicia y ella me […]

A Usted pido y suplico provea conforme a ella por lo necesario. Popayán 16 de diciembre de 1845.

Hilario Hurtado

Traslado, notificándose previamente la demanda.

Valencia

Lo proveyó el Señor Juez letrado del Circuito, en Popayán a dieciocho de diciembre de mil ochocientos cuarenta y cinco por ante mí de que doy fe.

Arroyo

En el mismo día notifiqué el anterior decreto al presentante; y por no saber firmar lo hace a su ruego un testigo.

Testigo Pedro Domingo Sosa


252

Arroyo

En el mismo día notifiqué la anterior demanda al señor Rafael Hurtado.

Hurtado

Arroyo

En el mismo día entregó este expediente al procurador del Número Rafael Valdez para que lo entregue en traslado al demandado.

Arroyo

El demandado contesta con presentación de los documentos que obran hasta la foja 7.

José María Arana Cura interino de la parroquia de Paniquita.

Certifico: que en los libros parroquiales de mi cargo se halla la partida cuyo tenor es el siguiente: “En la Iglesia Parroquial de Paniquita en cuatro días del mes de diciembre de 1817, Yo Don Pedro José Vejarano Cura excusador, bautice, puse óleo y crisma a Hilario Antonio hijo legítimo de José María, María Nicolasa esclavos de Don Francisco Hurtado fue su madrina Teresa Solís del sitio del Carrizal, advertida de su obligación y parentesco, lo que firmo = Pedro José Vejarano =” Es fiel copia remitiéndome en caso necesario a su original, habiendo tenido que dar esta certificación a pedimento verbal del Señor Rafael Hurtado, y para que conste lo firmo.

Paniquita marzo 17 de 1845

El Cura

José María Arana y Caicedo

Anexo No . 4

253

Presentado con petición al Señor Juez letrado de hacienda: doy fe.

Arroyo

Señor Juez Letrado

Rafael Hurtado vecino de la Parroquia de Jimena ante Usted con mi acostumbrado respecto parezco y digo: que para efectos que me convienen se ha de servir Usted mandar que el escribano Señor Jerónimo Caicedo en cuyo archivo reposa la causa de concurso a los bienes de los finados Señores Francisco Hurtado y Manuela Joaquina Mosquera, certifique a continuación, y con vista del expediente respectivo sobre los puntos siguientes –

1º Si es cierto: que en el año de 1832 rematé la hacienda de Jebala, compuesta de tierras ganados, esclavos etcétera perteneciente a la mortuoria ya expresada Hurtado y Mosquera.

2º Si es cierto: que entre los esclavos rematados por mí en la expresada hacienda se encuentra el negro Hilario Hurtado que fue uno de los esclavos que compre de la hacienda expresada, y si en la diligencia de la posesión que se me dio consta que me fue entregado dicho esclavo como de mi propiedad por la compra que del hice, y practicada que sea esta diligencia –

A Usted suplico se sirva mandar se me devuelva original para el uso que me convenga en justicia.

Popayán 6 de septiembre de 1845

Rafael Hurtado

Como lo pide.

Castro


254

Lo proveyó el Señor Juez subrogante del letrado de hacienda por ante mí el Escribano en Popayán a doce de septiembre de mil ochocientos cuarenta y cinco.

Caicedo

En trece de los mismos notifiqué el decreto anterior al presentante.

Hurtado

Caicedo

Yo el infrascripto Escribano certifico con vista de autos a las preguntas del anterior escrito.

1ª Que es cierto que en el año de mil ochocientos treinta y dos remató el Señor Rafael Hurtado la hacienda de Jebala compuesta de tierras, casas y esclavos.

2ª Que es cierto la pregunta.

En certificación de lo cual firmo la presente en Popayán a dieciséis de septiembre de mil ochocientos cuarenta y cinco.

Jerónimo Caicedo

Escribano público de Número 4º

En el mismo día devuelvo esta diligencia al presentante.

Caicedo

Derechos 12 reales

Presentado con petición al Señor Juez letrado de hacienda doy fe.

Arroyo

Anexo No . 4

255

Señor Jefe Político

Rafael Hurtado vecino de Parroquia de Jimena ante Usted con el respecto que acostumbro parezco y digo: que para efectos que me convienen se ha de servir Usted: mandar que el Señor Secretario certifique a continuación con vista de los libros en que consta la remisión que se ha hecho, por el alcalde parroquial del Tambo el día 18 de julio de 1843 a un Negro llamado Hilario Hurtado en compañía de otros reclutas para el ejército permanente, si es cierto: que en dicha jefatura se hizo la filiación de dicho Negro Hilario; y fecho

A Usted suplico se sirva mandar se me devuelva original, Popayán 14 de agosto de 1845.

Rafael Hurtado

Jefatura política

Popayán 16 de agosto de 1845

Dese por la Secretaría la certificación que se pide.

Lemos

Paz

En cumplimiento de lo mandado en el decreto que antecede, el infrascrito Secretario accidental ha traído a la vista el libro en que están anotados las remisiones de conscriptos que han hecho los alcaldes parroquiales de este cantón y en el consta que en 18 de julio de 1843 el alcalde del distrito del Tambo remitió entre otros a uno llamado Hilario Hurtado: que en cuanto a la filiación de este no hay constancia en el archivo por cuanto se acostumbra remitir las originales a la Gobernación y que el que habla cree que así se haya verificado según las disposiciones vigentes sobre la materia – En certificación de lo cual doy la presente que firmo en Popayán a 16 de agosto de 1845.


256

El Secretario accidental

Antonio Paz


Arroyo

Señor Gobernador de la Provincia

Rafael Hurtado Vecino de la Parroquia de Jimena ante Usted con el respecto que acostumbro parezco y digo: que para efectos que me convienen se ha de servir Usted mandar que el Señor Secretario certifique a continuación con vista de los libros en que consta la remisión que se ha hecho por esta Gobernación a la de Bogotá de algunos individuos con destino al ejército permanente, si es cierto: que en 20 de julio de 1843 se remitió a un negro llamado Hilario Hurtado en compañía de otros reclutas con destino al ejército; y fecho –

A Usted suplico se sirva mandar se me devuelva original. Popayán 14 de agosto de 1845.

Rafael Hurtado

Gobernación de la provincia Popayán 18 de agosto de 1845

Dese la certificación que se pide.

Mallarino

Mosquera

Juan Francisco Mosquera

Secretario accidental de la Gobernación de la provincia de Popayán certifico: que habiendo traído a la vista el libro copiado de oficios que lleva la Gobernación con los Señores Gobernadores de otras provincias que con fecha

Anexo No . 4

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veinte de julio del año de mil ochocientos cuarenta y tres y a cargo del Señor Capitán del ejército José María Montufar, se remitieron al Señor Gobernador de la provincia de Neiva varios reclutas destinados al servicio de las armas en Bogotá entre los cuales fue el negro Hilario Hurtado.

En certificación de lo cual, y en cumplimiento del decreto que antecede doy la presente que firmo en Popayán a diez y ocho de agosto de mil ochocientos cuarenta y cinco.

Juan Francisco Mosquera


Arroyo

Suplido por Hilario Hurtado

Señor Juez Letrado

Rafael Hurtado vecino de la Parroquia de Jimena y residente en esta ante Usted contestando el traslado que se me ha conferido de la demanda instaurada por Hilario Hurtado, esclavo mío, reclamando su libertad, y con el respeto que acostumbro parezco y digo: que no es extraño el que un hombre haga lo que le parezca conveniente, siempre que sea racional, por salir de la abyecta, de la detestable condición de esclavo, y pasar al rango de los hombres libres: lo extraño es que para conseguirlo se empleen medios tan injustos como el de que pretende valerse mi esclavo Hilario: voy a manifestarlo –

En el año de 1841 se fugó dicho mi esclavo de la hacienda de Jebala en donde lo mantenía, y fue a refugiarse a la Parroquia del Tambo donde se mantuvo oculto hasta que habiendo llegado el tiempo de remitir el contingente de hombres correspondientes a aquella Parroquia fue aprendido y remitido a este lugar con destino al ejército permanente, y con tal objeto fue conducido a la Capital de


258

la República. Ignorante yo de todo esto hacía diligencias exquisitas por averiguar y recuperar mi esclavo; pero inútilmente porque ninguno me daba razón de él. Así pasó el tiempo hasta que al caso de cuatro años lo encontré un día por casualidad en el tejar de la cantera perteneciente a la Señora Petronila Igual: traté inmediatamente de cogerlo; pero él se humilló, me contó todo lo sucedido, y él me dijo cómo por inútil había obtenido su licencia. En tal estado y creyéndome con derecho a reclamar su valor que debería indemnizarse de los fondos de manumisión, cedí a sus suplicas y le permití que estuviese trabajando en dicho Tejar con el ánimo de hacer mi reclamo, como que al intento había preparado los documentos que solemnemente […] hizo. Mas luego trató de casarse, y para verificarlo […] con el personero para obtener su licencia, reputándose como liberto, quien se lo negó en vista de la licencia y pasaporte que le presento, y en vista de la […] confesión que le hizo de ser mi esclavo por este motivo ocurrió por dicha licencia para casarse, y no tuve embarazo en concedérsela, con cuyo hecho reconoció el dominio que sobre él tengo. Después de esto se presenta instaurando la demanda a que contesto, y como ni tengo empeño de esclavizarlo si es libre, ni me hallo en el caso de darlo por libre si es mi esclavo, el Señor Juez resolverá la cuestión que está reducida, sino me equivoco a lo siguiente: “Si no habiendo servido Hilario en el ejército los seis años que la ley previene, por haberse inutilizado antes de ellos para el servicio de las armas […] perdido yo el derecho de propiedad que sobre él tenía y si el Gobierno es quien tiene la obligación de paga/ su valor.” Esta parece ser la cuestión, y como esta deducida a un punto de puro derecho.

A Usted suplico se sirva resolverla por lo que de autos con […] y sin necesidad de abrir la causa aprueba.

Popayán 3 de enero de 1846

Rafael Hurtado

Anexo No . 4

259

Por los documentos presentados, dese traslado.

Valencia

Lo proveyó el Señor Juez letrado de hacienda en Popayán a tres de enero de mil ochocientos cuarenta y seis, por ante mí de que doy fe.

Arroyo

Popayán 5 de enero de mil ochocientos cuarenta y seis notifique el anterior decreto al Señor Rafael Hurtado.

Hurtado

Arroyo

En cinco del citado mes corro el traslado prevenido a Hilario Hurtado, entregándole los autos por medio del procurador Joaquín Camacho, que otorgo recibo.

Arroyo

Señor Juez

Hilario Hurtado ante Usted contestando al anterior traslado con respeto parezco y represento: que los documentos que ha presentado el Señor Rafael Hurtado no prueban otra cosa sino que fui esclavo lo que nunca he negado pues es cierto que habiendo rematado la hacienda de Jebala fui a su poderío, y al del Señor José Miguel Machado quien tiene derecho a la mitad del valor que debe indemnizar el supremo Gobierno. Pero como esta no es la cuestión sobre que se versa mi articulación, hago abstracción, y solo digo que el recto juzgado de Usted en vista de los documentos que tengo exhibidos se servirá fallar agregando sí que la razón alegada por el Señor Hurtado acerca de la necesidad de seis años en el servicio de las armas para adquirir la libertad es inconducente, pues la ley señala es termino para los que


260

no se hayan inutilizado y puedan seguir en el servicio y sino pregunto yo ¿Cómo se podrá obligar a un hombre a continuar en las fatigas militares si se ha inutilizado? de ninguna manera porque justamente este es el caso por el cual se licencian designándoles una pensión si son acreedores. Por tales razones a Usted pido y suplico que en virtud de lo alegado y en atención a los documentos que se presentaron se sirva resolver lo que estime arreglado a justicia. Popayán 7 de enero de 1846.

Hilario Hurtado

Autos con citación tazadas y satisfechas las costas.

Valencia

Lo proveyó el Señor Juez letrado de hacienda en Popayán a ocho de enero de mil ochocientos cuarenta y seis, por ante mí de que doy fe.

Arroyo

En el mismo día cité con el anterior decreto a Hilario Hurtado y por no saber firmar lo hace un testigo a mi ruego.

Testigo Luis Sánchez

Arroyo

En nueve de Enero citado en que compareció el Señor Rafael Hurtado le notifique el anterior decreto, y quedo citado para sentencia.

Hurtado

Arroyo

Tasación de costas causadas en este expediente con arreglo a la laye de aranceles.

Anexo No . 4

261

Comunes

Por cuatro notificaciones a dos reales $ 1,,

Por una razón $ 0,,2

Por el honorario del Señor Juez a vista de nueve fojas

$ 5,,1

Por el proveído de la sentencia que hade pronunciarse $ 1,,

Por esta tasación $ 0,,1

Suma $ 7,,4

Mitad $ 3,,6

De cargo de Hilario HurtadoPor dos fe de presentación de documentos $ 0,,4Por dos notificaciones a dos reales. $ 0,,4 Por una entrega de autos por medio de Procurador $ 0,,4 Por el recibo de autos y su testación . $ 0,,1Por la mitad de comunes… $ 3,,6

Suma $ 5,,3

De cargo de Rafael Hurtado

Por cuatro fe de presentación de documentos $ 1,,

Por una notificación $ 0,,2

Por una entrega de autos por Procurador $ 0,,4

Por recibir los autos y testar el recibo $ 0,,1

Por la mitad de comunes $ 3,,6

Suma $ 5,,5

Se advierte que de las costas correspondientes a Hilario Hurtado se deben rebajar dos reales que pago al Procurador Joaquín Camacho por la entrega de autos según consta de la nota marginal de fojas nueve y queda reducida a cinco pesos un real. Popayán nueve de enero de mil ochocientos cuarenta y seis.


262

José María Arroyo

En catorce de Febrero del mismo año en que el Juez parroquial de Jimena remitió dos pesos consignados por Hilario Hurtado compre el sello de papel de la foja siguiente; y paso este expediente al estudio del Señor Juez, con los catorce reales restantes para su despacho; advirtiendo que no se han consignado otras costas, y que se debe el resto por las partes.

Arroyo

Vistos – Hilario Hurtado demanda para que se le declare libre en virtud de haber servido en el ejército granadino en clase de soldado de caballería. Contestada la demanda por Rafael Hurtado no se opone absolutamente a esta pretensión aunque si objeta el que dicho individuo no ha servido los seis años en la milicia que la ley previene y convenidas las partes en los hechos han pedido expresamente el fallo definitivo en la cuestión y considerando

1ro: que Hurtado justifica haber servido en el ejército y haber obtenido su licencia absoluta por inútil.

2do: que no sería justo obligarlo a continuar en su clase de esclavo por no haber prestado por seis años sus servicios cuando esto no ha dependido de su voluntad, sino de haberse inutilizado para ello.

3ro: que con arreglo a lo dispuesto en la Ley 12 Partida 6ª tratado 1º de la Recopilación Granadina, los esclavos pueden ser admitidos en el servicio de las armas, indemnizándose a sus amos, con calidad de preferencia de los fondos que se colecten para la manumisión

4to en fin: que según lo expresa el mismo Hurtado, reconoció el derecho que su esclavo había adquirido a su libertad cuando por primera vez lo reconvino después de licenciado. Por estas razones administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, se declara

Anexo No . 4

263

libre a Hilario Hurtado debiéndose indemnizar de su valor a Rafael Hurtado de los fondos de manumisión con calidad de preferencia – sin costas –

Miguel Valencia

Lo proveyó el Señor juez letrado de hacienda en Popayán a veinticuatro de febrero de mil ochocientos cuarenta y seis, por ante mí de que doy fe.

José María Arroyo

En cuatro de marzo del mismo año, en que compareció el Señor Rafael Hurtado le notifiqué la anterior sentencia; y firma

Hurtado

Arroyo

En quince de abril en que compareció Hilario Hurtado le notifiqué la anterior sentencia y por no saber firmar lo hace a su ruego un testigo.

Testigo Pedro Domingo Sosa

Arroyo

El Escribano actuario pone por razón, que no se ha registrado aun la sentencia por que la parte interesada no ha contribuido con los correspondientes derechos.

Arroyo

Queda registrada en el oficio de registros y anotación del Cantón de Popayán el folio 16 vuelto del libro de registros del presente año, pues aun cuando están pasados los siete días de la ley el interesado ha presentado en mi oficina la boleta por la cual consta que ha vuelto a pagar el derecho de su juicio, hoy 4 de mayo de 1846.


264

Jose N. Velasco

Registrador

Derechos dos reales

Señor Juez Letrado

Rafael Hurtado vecino de la Parroquia de Jimena y residente en esta ante Usted con el respeto que acostumbro parezco y digo: que para hacer efectiva la responsabilidad de los fondos de manumisión por el valor de mi esclavo Hilario mandado librar con ellos, es indispensable saber a ciencia cierta lo que vale dicho esclavo y para ello nombro de avaluador por mi parte al Señor Miguel Otero, y pido a la justificación de Usted que habiéndolo por nombrado mande que el mismo Hilario o el personero nombre al acto de la notificación quien practique esta diligencia. Por ser de justicia.

A Usted suplico provea como solicito.

Popayán 17 de abril de 1846.

Rafael Hurtado

Por nombrado el valuador que se expresa hágase saber al personero municipal designe el que por su parte deba verificar el avaluó del esclavo que se expresa.

Valencia

Lo proveyó el Señor Juez letrado de hacienda en la Provincia, en Popayán a dieciocho de abril de mil ochocientos cuarenta y seis, por ante mí de que doy fe.

Arroyo

En el mismo día notifiqué el anterior decreto al presentante.

Anexo No . 4

265

Hurtado

Arroyo

En el mismo día impuse del pedimento y decreto que anteceden al Señor personero municipal y dijo: que nombra al Señor Manuel Arroyo de que doy fe.

Velasco

Hurtado

En el mismo día pasé a la tienda del Señor Miguel María Otero, y lo impuse del nombramiento que se hace en el para avaluador del esclavo Hilario Hurtado; y dijo: que acepta.

Otero

Arroyo

En el mismo día dieciocho comparecieron ante el Señor Juez letrado de hacienda los Señores Miguel Otero y Manuel Arroyo, a quienes se impuso de la ley penal sobre los que en calidad de peritos declaran falsamente, y juraron por Dios y una cruz cumplir fielmente con el encargo de avaluadores del antiguo esclavo Hilario Hurtado para el abono que debe hacerse a su amo por los fondos de manumisión; y firman con el señor juez ante mí de que doy fe.

Miguel Valencia

Miguel María Otero

Manuel Arroyo

Ante mí

Arroyo


266

Señor Juez

Los avaluadores nombrados apreciamos a Hilario Hurtado en doscientos pesos que es lo que por su edad y demás circunstancias hallamos que vale bajo el juramento que prestamos. Popayán 20 abril de 1846.

Miguel María Otero

Manuel Arroyo

Señor Juez Letrado

Rafael Hurtado, ante Usted con el respeto que acostumbro parezco y digo: que habiéndose ya verificado el avalúo de mi esclavo Hilario, por dos peritos que lo han justipreciado unánimemente en la cantidad de doscientos pesos, espero se sirva Usted impartir su judicial aprobación a dicho avalúo, y expedir la correspondiente orden al Señor tesorero de manumisión para que me cobre dichos doscientos pesos con la preferencia declarada por Usted en su sentencia. Por tanto a Usted suplico provea como solicito.

Popayán 24 de abril de 1846

Rafael Arroyo

Ocurre esta parte a quien corresponde expedir la orden que expresa.

Valencia

Lo proveyó el Señor juez letrado de hacienda de la Provincia en Popayán a veinticinco de abril de mil ochocientos cuarenta y seis, por ante mi de que doy fe.

Arroyo

Anexo No . 4

267

En el mismo día […] notifiqué el anterior decreto al representante doy fe.

Hurtado

Arroyo

En dos de mayo del mismo año se entregan estos autos al Señor Rafael Hurtado para que haga registrar la sentencia en ellos pronunciada.

Arroyo

269

Anexo No.5

Carta de Julio Arboleda a Tomás Cipriano de Mosquera sobre el mercado de esclavos en Perú, Fondo Mosquera, Carpeta 4A 1846, D20671

Reservada

Popayán Agosto 9 de 1846

Mi querido tío y amigo:

No le escribiré a Usted una larga carta. Mi asunto es de pocas palabras.

En el Perú hay actualmente un buen mercado para los esclavos. Los propietarios granadinos están, pues, en situación de deshacerse de un cáncer, y de traer un verdadero capital al país. Pero el decreto famoso de Acosta les tiene amarrados las manos a todos ¿Debe continuar rigiendo? ¿Tiene Acosta facultad para derogar una ley? ¿Deben las autoridades del orden público restringir o favorecer la exportación? ¿De manera consultaron mejor y más eficazmente los intereses reales de la Nueva Granada? estas cuestiones son claras para Usted como lo son para cuantos conocemos nuestra verdadera situación. Pero bien comprendo yo que la propia delicadeza, y el santo temor de la opinión pública no le permitirá a Usted derogar aquel maldito decreto a pesar de sus convicciones. Sin embargo ¿No podrá reformarse? No podrá recomendarse a las autoridades del orden político que sean tolerantes en esta materia sin necesidad de un acto que aparezca en la Gaceta? La circular que ha pasado Pardo es insuficiente. Si se necesita en este país de minorar el número de negros, de


270

importar Cabos que vengan a moderar y a contrapesará los que quedan, es necesario dar una decidida protección a los que quieran exportar sus esclavos.

No me extenderé más. He prometido ser lacónico, y ya tal vez he faltado a mi promesa.

adiós: siempre me tiene Usted el mismo, su amigo sincero, su deseoso servidor.

Julio Arboleda

271

Anexo No.6

Carta de Julio Arboleda a Tomás Cipriano de Mosquera sobre el mercado de esclavos en Perú. Fondo Mosquera, Carpeta 3A 1845, D18402

Popayán noviembre 10 de 1845

No tengo contestación que dar a Usted mi querido tío, y así esta carta no dejara de sorprenderle, pero a Dios gracias tampoco tengo empeño con que molestar, ni ahijado a quien recomendar. Usted me ha honrado permitiéndome que le escriba y le manifieste mis opiniones sobre el cantón de Caloto en que por tantas razones ambos debemos interesarnos; y yo que juzgo que Usted puede hacer mucho por aquel cantón y por la República, no me he cansado de pensar y consultar cuales sean los medios de impedir los infinitos males que puede acarrearnos el desarreglo sumo en que actualmente se haya aquella fértil y hermosa porción de nuestra provincia.

Las siembras clandestinas de tabaco son inmensas alli. Puede calcularse que hay más de mil personas dedicadas exclusivamente a aquella ilícita industria. El resguardo tala apenas las pocas sementeras que puede hallar cerca de las orillas de los montes puestas algunas veces de propósito a su avance por aquellos inveterados contrabandistas para distraerlos de las mejores y más pingües, que en lo más seguro de la selva cultivan y benefician. Los manumitidos van reuniéndoseles como van entrando en el goce de su libertad, y formando parte de esa horda de criminales, que así se roban diez o veinte reses como siembran diez o veinte mil plantas de tabaco en la tierra ajena. Este mal se


272

va extendiendo mucho: antes casi no había contrabandistas en el distrito parroquial de Buenos Aires, y en el día ya hay algunos que roban lo mismo que los del Palo.

Mucho vamos a perder todos sino se pone algún remedio a este mal tan progresivo como alarmante. Vendrá a suceder que todos los negros, así libertos como manumisos, se apoderen de hecho de aquellas tierras, y que imposibiliten a los propietarios hasta para criar, quedando de este modo inútiles todas las haciendas.

Creo que nada puede conseguirse ya con la fuerza porque si Ustedes acantonan en Caloto, en Buenos Aires, en Celandia un batallón; en primer lugar poco o nada hacen; en segundo lugar si su permanencia es constante, cuesta más que lo que se gana evitando el contrabando; y si su permanencia es transitoria, también lo son los efectos de la permanencia: tan pronto como se vayan las fuerzas vuelven todos los contrabandistas a su antiguo oficio, y al suyo los ladrones eternos.

Para evitarnos tantos y tamaños males solo la actividad y la maña del interés particular podría quizá bastar. El mal es tan intenso, y sus probables consecuencias tan ruinosas para nosotros y para las rentas públicas, que un remedio cualquiera debe probarse por lo menos.

Yo le propuse a Usted tomar en arrendamiento la factoría de Palmira con todos sus adherentes, con facultad de sembrar el tabaco donde mejor me conviniese. Ahora he hablado con Mallarino y con otras personas más de cerca interesadas que el en este asunto: les he explicado mis ideas, y todas convienen en que dar esta factoría en arriendo a personas de responsabilidad reconocida que tenga interés por las rentas públicas e interesadas en prevenir los males que sobrevendrán indispensablemente si las cosas continúan en el actual estado, es el único medio que tenemos de salvarnos y de que se conserven algo las rentas de tabacos en el valle del Cauca. Si no se hace esta, ni otra cosa que se le parezca, quien sabe a dónde iremos a parar.

Anexo No . 6

273

Medite Usted en la propuesta que le indiqué cuando estuve en Bogotá. Si Usted pide y el Congreso le da la correspondiente autorización para arrendar la factoría de Palmira yo creo que manejando las cosas según el plan que me he formado, y le he indicado a Mallarino puedo responder de que moralizare la mayor parte de la gente que ahora nos daña, y proporcionare al Estado una renta mayor que la que hasta ahora ha tenido. Es verdad que podría arruinarme al principio –en salud y en fortuna: pero hare sacrificios que le será útiles a Ustedes: si me arruino no han de dejar de darme la mano; y sobretodo cualquiera cosa es preferible para mi á los acontecimientos que preveo. Dentro de nueve o diez años el demonio nos va a llevar a los que tenemos propiedades en ese maldito lado de Caloto. Los nuevos libertos serán dueños de todas nuestras tierras – no habrá crías – ni jornaleros – porque mejor es ser contrabandista. Entonces ¿Que haremos? –Nada, porque el remedio que ahora es posible y aun fácil será imposible ya entonces.

Yo quiero, pues, que lo que hemos de hacer lo hagamos desde ahora, y espero que me cabra la dicha de tener una parte mui principal en esa buena obra, si la próxima legislatura le autoriza a Usted de modo que pueda aceptar la propuesta que, al llegar a Bogotá, tengo intención de hacerle, y de cuyas ventajas para el país y para nosotros los dueños de tierras espero que quedara Usted plenamente convencido.

Mucho me congratulo con el gobierno por el tino, prudencia, y vigor con que ha manejado las cosas con el Ecuador. Al ver el aspecto diferente que ahora presentan, y considerar que por la primera vez se ha sabido hacer un sacrificio a tiempo nadie puede dejar de admirar la previsión, y agradecerle la paz al que la ha conservado haciendo los gastos más económicos y productivos que pudieran desearse – Esto le hace a Usted mucho honor.

Adiós: querido tío y amigo mío, lo soy siempre de Usted con el más decidido y cordial aprecio.


274

Julio Arboleda

P.S. Ya sabrán Ustedes las catástrofes de Nates y Velazco; ya habrán visto el doctor Ordoñez cuánta razón tenía yo de quejarme de Torres que tapó todas estas picardías; ya habrá visto cuánto vale tener gobernadores en las provincias. Aquí no lo había habido por mucho tiempo. Tal vez les convendrá a Ustedes Colunje para tesorero, que es muy honrado e inteligente, y que ya no tienen ningún defecto.

Vale

Índice análitico

A

abolición definitiva de la esclavitud 164, 183, 184abolición de la esclavitud 16, 23, 24, 30, 32, 35, 43, 45, 46, 47,

48, 88, 127, 190, 191, 196acción colectiva 24, 25, 33, 35, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 47, 52, 53,

54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 89, 91, 92, 103, 104, 105, 111, 121, 129, 130, 133, 134, 135, 137, 138, 156, 161, 170, 176, 177, 181, 183, 193, 196

acción colectiva armada 106acción colectiva legal 24, 49, 52, 61, 136, 138, 139, 140, 148, 150,

161, 163, 194acción colectiva violenta 24, 40, 44, 54, 57, 61, 88, 103, 105, 119,

120, 126, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 163, 164, 177, 180, 181, 183, 187, 189, 193, 194, 195

acción colectiva violenta y no violenta 24afrocolombianas 30afrocolombianos 28, 30

C

causa(s) criminal(es) 104, 105, 114, 115, 122, 133causas judiciales 137ciudadanía 25, 48, 76complejo mina-hacienda 63, 65, 67, 68, 69, 74, 76, 91

G

Guardia(s) Nacional(es) 18, 23, 24, 44, 48, 114, 168, 174, 184, 186, 191

Guerra Civil de 1851 40Guerra de los Supremos 20, 24, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 46,


276

47, 49, 50, 52, 55, 56, 60, 84, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 126, 128, 133, 134, 135, 140, 145, 189, 193

Guerra(s) Civil(es) 16, 17, 20, 24, 33, 34, 35, 38, 46, 48, 51, 55, 56, 59, 61, 62, 67, 94, 140, 150, 184, 191, 196

guerra(s) de independencia 19, 25, 32, 33, 48, 49, 63, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 91, 156, 165

guerrilla(s) 113, 116, 120

H

historiografía nacionalista 15

L

Ley de Aprendizaje 21, 92Ley de Libertad de Vientres 15, 19, 40, 49, 52, 86, 87, 90, 97,

141, 143, 147, 148, 150, 161, 163

M

manumisión 21, 25, 48, 49, 88, 99, 132, 141, 147, 148, 149, 151, 153, 155, 163, 171, 182, 184, 191, 194

manumisiones 72, 138, 159movilización política 27movimiento de los zurriagos 23

O

oportunidad(es) política(s) 24, 35, 38, 39, 40, 55, 61, 76, 103, 120

P

participación política 24, 51, 52, 53, 55, 56partido conservador 168, 171, 181partido liberal 18, 23, 48, 174, 190partidos liberal y conservador 62partidos políticos 16, 18, 24, 33, 42, 46, 48, 49, 50, 55, 56, 58, 60,

61, 164, 167, 196protector de esclavos 136, 140, 143, 144, 145, 147, 149, 161

R

Í n d i c e a n á l i t i c o

277

recursos jurídicos 56, 61, 137, 138, 139, 141, 194reformas liberales 46

S

sectores populares 52, 77, 80, 92, 160, 164, 167, 169, 176, 178, 183, 184, 186, 191

sobre Medidas Represivas de los Movimientos Sediciosos de los Esclavos 21, 59, 61, 92, 121, 126, 132, 134, 161

sociabilidades de los partidos políticos 25, 43, 46, 52, 59Sociedad Democrática 173, 174Sociedad Democrática de Bogotá 22, 167Sociedad Democrática de Cali 169, 171, 182Sociedad Democrática de Cartago 182sociedades democráticas 23, 47, 48, 51, 55, 56, 61, 71, 163, 164,

170, 175, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 195Sociedades liberales 24

Z

zurriago(s) 24, 25, 47, 54, 61, 177, 178, 181, 183, 184, 185, 186, 195

Este libro fue diagramado utilizando fuentes ITC Garamond Std a 10,5 pts, en el cuerpo del texto

y Rockwell Bold en la carátula. Se empleó papel propalibro beige de 70 grs. en páginas interiores

y propalcote de 220 grs. para la carátula. Se imprimieron 300 ejemplares.

Febrero de 2015

salteadores y cuadrillas de malhechores. una aproximación a la acción colectiva de la...

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