Ciudadanía, comunicación y patrimonio histórico-artístico Pablo Ferrand

Hablar en la Casa de los Poetas es un privilegio. Poetas eran el Rey Sabio, Bécquer

y Romero Murube. Los tres defendieron el patrimonio sevillano. El primero protegió la

Giralda, el segundo se adelantó a las actuales leyes de salvaguarda con una visión

integradora muy completa de los centros históricos: el urbanismo y la naturaleza, la

importancia de la trama urbana y de la arquitectura popular que la conforma. Y el

tercero, ya se sabe, defensor mítico de Sevilla, murió probablemente por los disgustos

que le daba esta ciudad.

Toca ahora hablar de los ciudadanos, la prensa y su relación con el patrimonio local,

y dentro de esa actitud de la sociedad por las cosas sevillanas y su reflejo en la prensa,

hemos repasado algunos aspectos que evidencian un compromiso activo con el

patrimonio histórico: el esfuerzo, muchas veces ingrato, de la denuncia y defensa de los

bienes culturales que siempre han estado en peligro aún hoy día. Es la respuesta a los

intereses especulativos y egoístas que degradan la ciudad. Es la necesidad de suplir el

enorme vacío que produce la falta de responsabilidad de políticos e instituciones

culturales con respecto a lo que debiera ser la verdadera gestión y tutela del patrimonio.

Por eso, la aparición del voluntarismo ciudadano en defensa de la ciudad en el último

tercio del siglo XX y su proliferación y consolidación a lo largo de las dos últimas

décadas, además de un síntoma –de que las cosas no han cambiado-, es un hecho

trascendente y beneficioso cuyos frutos ya se están viendo en la esperanza de que la

situación cambie.

Voces de alerta aisladas o en pequeños círculos comprometidas con el patrimonio

las ha habido siempre, pero casi nunca han sido bien vistas por su incorrección política,

y en muchas ocasiones se han considerado negativas para el desarrollo de la ciudad.

Otras, las de las tertulia de salón, no suelen salir de las cuatro paredes. “Las cosas de

Joaquín” decían de Romero Murube cuando clamaba en la prensa contra el corte del río

o por los sentenciados palacios de la Plaza del Duque de la Victoria. Cosas de poetas,

que de haberse tenido en cuenta, sería esta una ciudad bien distinta, menos contaminada

y con más patios y jardines. Entre las voces que clamaron en el desierto de la insensible

Sevilla, hay que destacar, aparte de las ya aludidas, la del humanista Mateos Gago, que

hizo lo imposible por salvar, sin conseguirlo, el templo de San Miguel de la destrucción

por la Junta Revolucionaria de 1868. El periódico La Andalucía informó sobre ello y de

su dimisión como miembro de la Comisión de Monumentos, organismo fundado en

1844.

De todos los expolios que ordenó la “gloriosa” (iglesias, conventos y puertas de la

ciudad) dio cuenta José María Tassara y González en sus documentados Apuntes para

la historia de la Revolución de 1868. Más caso le hicieron al arquitecto y arqueólogo

Demetrio de los Ríos, que al igual que Mateos Gago, era miembro de la Comisión de

Monumentos en 1868, pues logró evitar el derribo de la Torre del Oro y el de varias

iglesias mudéjares. Sevilla le dedicó una calle pero no siguió su ejemplo y fue a finales

de la década de 1990, de noche, cuando se oyeron los primeros golpes de piqueta que

acabaron de echar abajo su casa de la calle Francos, el patio de columnas, la fachada y,

con ella, los azulejos en recuerdo de su hija, la escritora Blanca de los Ríos. Los trabajos

arqueológicos revelaron que Demetrio de los Ríos, que tanto hizo por Itálica, vivía

sobre una basílica romana. Sevilla, tan lapidaria, conserva muy pocas casas de sus hijos

y residentes ilustres, al contrario que otras ciudades europeas como Weimar, donde la

gente paga por ver las de Goethe, Brueghel, Bach o Nietzsche, perfectamente cuidadas,

entre una larga lista.

En cuanto a la Torre del Oro, nunca estuvo realmente fuera de peligro. Resultó

dañada por el terremoto de 1755, y dos años después, un grupo de sevillanos, con ayuda

del Rey, frenó el proyecto de derribo firmado por Francisco Sánchez de Aragón, a

propuesta del marqués de Monte Real, que consideraba la Torre almohade un obstáculo

para la ampliación del paseo de coches de caballos.

La serie Casco Antiguo

Todo esto ha tenido su eco en la prensa, cuyo papel con respecto al patrimonio ha

sido relevante como medio de información y foro de debate. Los criterios que ha

seguido varían según el momento histórico y la sensibilidad de la persona que dirige

cada medio. La prensa ha tenido etapas más cercanas al desarrollismo destructivo y

otras más alejadas, pero no debe olvidarse su contribución a la divulgación y defensa de

los bienes culturales. Ejemplo de ello es la monumental serie Casco Antiguo, que

firmaba en ABC de Sevilla Abel Infanzón, pseudónimo de Antonio Burgos, desde 1977

a 1984. Son miles de páginas que, una vez encuadernadas, ocupan siete tomos donde

hay de todo sobre la memoria de la ciudad. Burgos logró establecer un vínculo dinámico

muy importante con los lectores a los que alentaba a colaborar en la divulgación de

distintos aspectos de la historia, el arte y la vida cotidiana de Sevilla, con recuerdos,

fotografías, leyendas y testimonios, tanto orales como escritos, que enviaban a la

redacción. Muchos de ellos inéditos. Y al ser de publicación diaria, dominaba la

actualidad, donde nunca faltó la denuncia en una ciudad llena de solares y casas en

peligro de derribo; o el elogio a lo bien hecho, pues se había iniciado ya una corriente

de restauraciones y rehabilitaciones a la que ciertamente contribuyó Casco Antiguo. Y

no es de extrañar que la reconstrucción del patio y la escalera del convento de San

Buenaventura por orden de la Comisión de Patrimonio, tras su demolición ilegal en

1977, se llevara a cabo por influencia de esta página. Todo ello, lo negativo y lo

positivo, tenía cabida en Casco Antiguo, pues fue también tribuna pública de las

aportaciones de historiadores, arquitectos e incontables amantes de Sevilla. Hoy,

transcurrido el tiempo, cobra mayor importancia este tesoro del legado material e

inmaterial hispalense. En la actualidad, Burgos sigue tomándole el pulso a la ciudad

mediante la crítica y la defensa de sus valores.

El historiador Joaquín González Moreno, siempre cámara en mano, dejó en el diario

ABC constancia de los estragos de la piqueta durante los años cincuenta y sesenta, y

gracias a su espléndido archivo fotográfico podemos ver cómo era la escalera barroca

del Convento de San Antonio (demolido en 1954), los patios de San Pablo (demolidos

en 1956) o el interior del convento de la Concepción (destruido en 1957), entre otras

muchas imágenes de la incuria local. También, el erudito Santiago Montoto, en ese

mismo periódico, se ocupó de los edificios monumentales que estaban en trance de

desaparecer o que ya lo habían hecho, como es el caso lamentable del Teatro San

Fernando o del Colegio de San Hermenegildo. Escribió, además, sobre el Monumento

Eucarístico del Jueves Santo de la Catedral, del siglo XVII, cuando, en 1960, dejó de

montarse definitivamente y comenzó el proceso de abandono y degradación.

Exceptuando estas voces y algunas otras de la prensa anterior a la democracia, ha

habido, sin embargo, algunos pequeños debates ciudadanos sobre reformas urbanas,

como por ejemplo el que se suscitó con motivo del proyecto de Forestier del Parque de

María Luisa, en los primeros años del siglo XX. A pesar de ser un trabajo respetuoso

que mantenía la mayoría de los grandes árboles del palacio de los jardines de San

Telmo, surgieron críticas por algunas sustituciones arbóreas que Forestier consideraba

necesarias para la ejecución de los nuevos jardines. En 1912 se demolió el acueducto

romano conocido como los Caños de Carmona.

Ya en la década de 1970 la prensa recogió algunas opiniones a favor de dejar

visibles los jardines del Alcázar mediante una verja y, en consecuencia, eliminar todo el

caserío de la calle San Fernando. Por fortuna para su mantenimiento y respeto al

carácter íntimo de los jardines, el proyecto quedó en el olvido, y tampoco prosperó otro

coetáneo, más agresivo, que sustituía las edificaciones por otras de línea funcional.

Naturalmente, los movimientos ciudadanos de defensa del patrimonio con entidad

propia no aparecen hasta el comienzo de la etapa democrática. Nacieron como respuesta

progresista a las destrucciones masivas realizadas durante los años del desarrollismo.

No obstante, para comprender la aparición de estas iniciativas conservacionistas y su

proyección en la prensa, es preciso no olvidar la parte oscura de la gestión política de

ese legado, que trae consigo la destrucción de la ciudad.

Las ciudades bien conservadas, tan escasas en España, son generalmente las que se

han mantenido firmes ante la ola destructiva de la etapa desarrollista. Estos casos

ejemplares han sido posibles desde la administración gracias, principalmente, a la labor

de una determinada persona en cada lugar, con la suficiente cultura, sensibilidad y amor

a su tierra, como para evitar su destrucción. Es el caso del marqués de Lozoya en

Segovia, Martín Almagro y Antonio Jiménez en Albarracín, o la del recordado Manuel

Rodríguez-Buzón en Osuna. A Sevilla, sin embargo, le ha faltado un dirigente sensible

y valiente que haya demostrado firmeza frente a los derribos, aunque es justo reconocer

los gestos positivos durante el mandato de algunos de ellos. Y en esta línea habría que

recordar al alcalde Luis Uruñuela y sus avances para detener la actividad de la piqueta;

o a la alcaldesa Soledad Becerril, sensibilizada con las zonas verdes.

Manipulación del patrimonio

Tradicionalmente, en Sevilla, el patrimonio histórico-artístico tiene un significado

muy especial. Como teoría se nos recuerda continuamente lo que debiera ser: un

conjunto de bienes irrepetibles que debe ser preservado y que a todos pertenece; sin

embargo, en la práctica sigue siendo, sobre todo, un bien económico al servicio de los

intereses de la política, cualquiera que sea su color. Concretamente, el patrimonio

arquitectónico que conforma la fisonomía de la ciudad, con todos sus elementos y

valores consustanciales, sirve de moneda de cambio para que la ciudad prospere bajo

una idea caduca de falso progreso y modernidad. Podría decirse que la edificación

histórica es considerada aquí una reserva energética no renovable que se utiliza para que

la ciudad siga creciendo sobre sí misma. Pero no al estilo de las ciudades europeas

culturalmente avanzadas, que generan riqueza conservando y restaurando sus bienes

culturales con beneficios permanentes, sino mediante la combustión de estos bienes: el

expolio sistemático del casco histórico y del paisaje urbano ya consolidado por el

tiempo.

Lo grave es que este peculiar concepto hispalense de la rentabilidad del patrimonio,

sigue tan arraigado en la sociedad, que lejos de evolucionar, se ha convertido en algo

natural y hasta genético, alimentando intereses de muy distinta índole. Por ejemplo, esta

mentalidad es indispensable para que organismos como la Comisión Provincial de

Patrimonio Histórico o la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento sigan en su

quehacer rutinario, colaborando y funcionando conforme a esta idea caduca de

progreso: revisar proyectos sin que se detenga la acción de la piqueta. Por algo la

piqueta simboliza el desarrollo y la modernidad tal como se entiende en Sevilla desde la

época de los ensanches del siglo XIX, y por eso se ha aclimatado perfectamente a esta

tierra. Su significado va más allá de su propio uso. Es, por tanto, un instrumento

íntimamente relacionado con la gestión del patrimonio sevillano. En Sevilla patrimonio

y piqueta son dos conceptos inseparables. Lo que se deja arruinar por dejación del deber

del mantenimiento termina destruyéndose por “seguridad”.

La piqueta es un emblema obsoleto que produce beneficios económicos no siempre

a favor de la ciudad, pues muchas veces lo hace a costa de ese patrimonio que va

menguando, a pesar de los deseos de Joaquín Romero Murube cuando escribe: “El

mejor negocio de Sevilla es conservarla”, porque sabía que eliminar su patrimonio era

“matar la gallina de los huevos de oro”.

El control del patrimonio arquitectónico es un signo de poder. En Sevilla, su

manipulación implica casi siempre el sacrificio de una buena parte de ese legado que se

reserva a la acción de la piqueta, como ha pasado en las restauraciones de las iglesias

mudéjares de San Isidoro, San Vicente o San Bartolomé. Hay dos imágenes muy

representativas de la estrecha relación entre la piqueta y el patrimonio, escogidas entre

otras fotografías de la vida diaria que indican con qué naturalidad actúa en Sevilla esta

herramienta. Las dos imágenes son el mejor reflejo de la mentalidad novelera y

desarrollista sevillana, a la vez que resaltan el escaso interés que generalmente han

demostrado las autoridades por el patrimonio cultural. En la primera foto, Miguel Primo

de Rivera, entre la muchedumbre y subido a la altura de la espadaña del convento de

Santo Tomás, alza la mano y da la señal del primer piquetazo, el 16 de enero de 1927.

Era el gesto definitivo para rematar el ensanche de la actual avenida de la Constitución,

que hizo caer los muros, patios e iglesia de este monumento para el que Zurbarán pintó

El triunfo de Santo Tomás, hoy en el Museo de Bellas Artes. La segunda imagen es

todavía más completa en sus atributos, pues es el propio alcalde, Isacio Contreras, el

que agarra con fuerza la piqueta e inicia la demolición del convento del Pópulo el 14 de

septiembre de 1935. En su lugar se encuentra ahora el mercado del Arenal, obra de Juan

Talavera.

Leyes ineficaces y falta de control

La historia local nos demuestra que las leyes y los instrumentos de protección del

patrimonio cultural producen en Sevilla el efecto contrario que persiguen. A mayor

protección más degradación del casco histórico, debido a las innumerables formas que

existen aquí para interpretar la normativa sin anular nunca el protagonismo de la

piqueta, que tantos beneficios y satisfacciones sigue aportando a Sevilla. La piqueta se

fortalece ante la falta de control, cuando el control se convierte en su aliado. De ahí su

permanencia. Los argumentos que la defienden varían con el tiempo. En la actualidad

son más ambiguos y contradictorios, pero el resultado es el mismo que durante el

desarrollismo de la década de 1960, y en ocasiones, peor. El expolio no cesa. Se siguen

cometiendo agresiones con dinero público en monumentos declarados bienes de interés

cultural, ahora cuando más se sabe y las figuras de protección son algo más precisas, es

decir, pese a todos los avances teóricos sobre la tutela del patrimonio cultural, que se

apoyan en una innumerable documentación de leyes, cartas internacionales y libros

específicos, más la proliferación de instituciones, fundaciones y organismos asesores,

consultivos y de control.

En Sevilla todo esto sirve de muy poco; la inercia de su relación con la piqueta

viene de muy lejos, forma parte de una estructura bien planeada y asentada, y obedece a

una manera de pensar que es independiente muchas veces del nivel cultural e incluso de

la posición de las personas que conforman las instituciones culturales, salvo alguna

excepción admirable. Así, las voces que deberían surgir contra la destrucción de la

ciudad quedan neutralizadas por un silencio cómplice, que en el ámbito académico hace

más patente el vacío que produce lo que no es propio de la ciudad del ruido. Llama la

atención el silencio de los sabios, pero como bien apunta el historiador Vicente Lleó

Cañal, una cosa es la erudición y otra la sensibilidad; o como dice el arquitecto Rafael

Manzano, el problema está en ser insensible a la fealdad.

Dijimos en cierta ocasión que no sería extraño que en un futuro cercano, la piqueta -

bañada en plata- forme parte del escudo de la ciudad. Se lo merece de pleno derecho la

“muy noble y heroica piqueta de Sevilla” que renovó, ensanchó, drenó e higienizó la

ciudad; la que fuera instrumento utilísimo en manos de la Junta Revolucionaria de 1868

(y en la de otras juntas venideras), para sanear sus calles, liberarla del cinturón de las

murallas y de sus vetustas puertas y de paso quitar de en medio unas cuantas iglesias,

como la de San Miguel, que impedían el progreso.

Ya hemos visto que la creación de las Comisiones de Monumentos en 1844

significó un avance en la salvaguarda del patrimonio histórico, aunque no sirviera de

mucho ante los desmanes de 1868. Lo grave es que un siglo más tarde, en 1964, el año

que se publica la Carta de Venecia, siguiera vigente en Sevilla la misma mentalidad,

coincidiendo con su declaración de conjunto histórico-artístico, cuando se suponía que

la ciudad iba a estar más preservada. “Por fin tenemos de alcalde a un historiador del

arte que protegerá Sevilla”. Y fue, precisamente, cuando la piqueta cobró su mayor

protagonismo. Se produjeron grandes olas de derribos y muchos palacios y casas de

interés desaparecieron para siempre. Algunas plazas quedaron irreconocibles hasta la

vulgaridad, como la del Duque de la Victoria, sin sus casas señoriales; o la Magdalena,

tan unida a la Generación del 27, que aun careciendo de especiales valores

arquitectónicos, si poseía una unidad y un ambiente sereno y agradable, digno de

haberse conservado, que magnetizaba al paseante. A ello contribuía el hotel Madrid,

antiguo palacio de los Gelves, cuya portada de la calle Moratín se halla instalada en el

Alcázar. Para el poeta Valery Larbaud, la Magdalena era la plaza más bella de Sevilla,

según cuenta Jacobo Cortines.

La destrucción de un barrio medieval

Hay que tener presente que el mayor atentado urbanístico se había producido tan

solo dos años antes de la declaración de conjunto históricio-artístico. En 1962, en plena

guerra de intereses, el barrio de San Julián desapareció del mapa como por efecto de una

bomba, quedando arrasado por las excavadoras su entramado medieval. Ni casas ni

arqueología ni nada. De la brutal embestida sólo sobrevivió un tiempo la cervecería

Baturones. El inmenso solar, llamado oficialmente polígono de San Julián, se llenó de

bloques sin las zonas verdes prometidas, y la aceleración del proceso destructivo

alcanzó un grado tal que ya no hubo voluntad política de pararlo, ni Comisión de

Patrimonio que detuviera esta locura. Y así hasta hoy.

Basta una ojeada al plano de protección de 1964 para comprender su verdadero

significado: trazos arbitrarios que reservaban grandes zonas a la especulación del suelo:

Triana entera, San Bernardo, San Vicente y otras que estaban fuera de la protección real

como la Alameda o las plazas antes citadas del Duque o de la Magdalena, porque la

línea discontinua del plano es menos resistente y permite las fugas. Aunque en la

práctica da exactamente igual que estuvieran dentro de los contornos de mayor

preservación. Puro surrealismo. Uno de esos contornos asemeja la caricatura de un

cerebro pensante, como esos garabatos que se hacen con los trazos de dos números, uno

encima del otro, y su perfil, en este caso, parece mirar lo irremediable.

De esta forma, por la particular interpretación que los munícipes hicieron de este

mapa-jeroglífico, cayeron casas de gran interés como la de los marqueses de Alcalá de

la Alameda, donde hoy está la zona residencial de los Azahares; la del Conde del

Águila, en la antigua plaza de los Carros; la de los Céspedes, en la calle San José; la del

asilo de San Fernando y la del instituto San Isidoro. Eliminaron la iglesia del convento

de la Asunción, en la paza del Museo, y, entre otras muchas, dos célebres casas

interesantísimas: la de los Levíes y la de los Tavera. De la primera sigue en pie la

Carbonería, que era la parte trasera, gracias a Paco Lira. La fuente puede verse hoy en la

Casa de los Pinelo, y la logia, en el Alcázar. A la segunda, que era colegio de las

Carmelitas, citada por Lope de Vega en La Estrella de Sevilla, se le dio licencia de

derribo el 22 agosto de 1964, dos días después de que la superiora solicitara su

demolición aludiendo ruina. Lo cuenta Enrique Barrero en un artículo (ABC de Sevilla,

9 de abril de 1980). “El propio alcalde titular –escribe- firmó la licencia, sin tramitación

y sin haber oído dictamen alguno”. Lo más curioso es que hasta 1972 la Comisión de

Patrimonio Histórico no manifiesta haber tenido conocimiento del derribo, lo cual

indica la ineficacia y falta de control que siempre ha demostrado este organismo. Una

de las techumbres de la Casa de los Tavera figura en el Museo de Bellas Artes de

Sevilla, y la balaustrada del patio se conserva en las Jerónimas de Granada. Había que

salvar una parte del todo para tranquilizar las conciencias.

Años después, el Ayuntamiento dio licencia de derribo a la espléndida casa del deán

López Cepero, conocido por su célebre colección de pinturas, en la plaza de Alfaro. El

jardín quedó intacto, y fue uno de los que visitó Forestier cuando que se ocupaba del

Parque de María Luisa. En la década de 1970, el regionalismo no estaba valorado,

aunque pensándolo bien, casi nada lo estaba, a tenor de lo que ocurría. Permitieron que

la piqueta hiciera de las suyas en el edificio del Colegio de los Escolapios, el que fuera

palacio de los duques de Arcos, despojándolo de la hermosa fachada de Juan Talavera y

otras zonas historicistas; se perdieron artesonados del XVI y XVII y apenas quedó del

edificio primitivo el reconstruido patio central, la escalera y una logia. Y tal como

ocurría antes con el arte barroco, tampoco la arquitectura decimonónica solía ser del

gusto de los estudiosos y, claro está, el teatro San Fernando y el mercado de la

Encarnación, fueron reducidos a escombros. Las fotos que captó del primero el

arquitecto Antonio Barrionuevo son de un dramatismo que hiere la sensibilidad: la sala

aparece sin la cubierta y desvencijada pero todavía con la decoración de las zonas altas

y los palcos, y en el centro, una hoguera humeante donde se echaban los restos del

expolio. Proyectado por los ingenieros franceses P. Robault y G. Steneider, se había

construido en 1847 y era anterior al Liceo de Barcelona y al Teatro Real de Madrid.

Algunas pinturas se encuentran hoy en el pequeño teatro de El Escorial. De la

Encarnación, obra de Melchor Cano, dijo Fernando Chueca Goitia que era el mercado

más moderno de su época.

Los edificios del regionalismo nos evocan otros tiempos de notables cambios

urbanísticos, entre el fin de siglo y la Exposición Iberoamericana de 1929-1930. El cine

Lloréns, de José Espiau, 1913, ocupa el lugar del convento de las Mínimas. Los jardines

de Cristina acabaron mutilados al erigirse allí el hotel del mismo nombre, que tanto

disgustó al Rey Alfonso XIII por la vista que se había perdido. Se demolieron edificios

tan significativos como el convento de Santo Tomás y el antiguo Colegio de Santa

María de Jesús para el ensanche de la Avenida. Fueron derruidos también el Convento

del Pópulo y la antigua casa del Corso, del siglo XVI, en la Puerta de Jerez, donde hoy

está la de Yanduri. La nueva arquitectura regionalista, que entonces llamaban de “estilo

sevillano”, cambió el semblante de muchas calles. Luego le llegó la hora fatídica a la

obra de Aníbal González, Talavera, Espiau, Traver y otros autores del regionalismo y,

como contrapartida, se formó, a fines de los setenta, una nueva conciencia de

revalorización de esta etapa de la arquitectura que debemos, sobre todo, al historiador

Alberto Villar Movellán. Pese a ello, todavía con motivo de las obras de la Expo’92,

algún académico pidió la demolición del puente de San Bernardo, pero eso sí,

recomendando que las farolas de Talavera fueran reutilizadas en la avenida resultante,

en sintonía con la práctica habitual hispalense de permitir derribos salvando la fachada o

solo algunos elementos, ya fueran portadas, escudos, algún artesonado o las columnas

de un patio, que al final quedan siempre fuera de contexto. En este sentido cabe recordar

algunos aprovechamientos algo forzados como el de las columnas de la casa de los

Céspedes, en la calle San José, reutilizadas en la fachada del hotel que se levantó en su

solar. O la que había en la calle O’Donnell, 24, a cuya portada, que ahora es cuadrada,

hubo que añadirle varias piezas de piedra para ensanchar el entablamento y así ajustarla

a la embocadura del pasaje Manuel Alonso Vicedo.

Contaba Eduardo Ybarra que el primer derribo importante previo al desarrollismo

de los sesenta fue el de la Aduana en 1945, en cuyo solar el arquitecto oficial de

entonces, José Galnares Sagastizábal, levantó el edificio de la Delegación de Hacienda.

La elegancia que transmitía la fachada neoclásica –siglo XVIII- de la antigua Aduana,

presente en tantas postales, hubiera bastado para su indulto, pero es que dentro, y eso es

lo más grave, quedaban intactas varias naves de las Atarazanas Reales, que fundó el Rey

Sabio, y de cuya destrucción hay imágenes en la Fototeca del Laboratorio de Arte de la

Universidad Hispalense. Otra prueba más del culto a la piqueta es que después de casi

70 años de esta escandalosa agresión al patrimonio, se sigue especulando con la

integridad de lo que queda –poca más de un tercio- de esta catedral laica del siglo XIII

que es las Atarazanas, olvidándose el enorme valor que su potente estructura posee en sí

misma, tal cual, sin necesidad de juegos de artificios que alteren y modifiquen sus

hermosas proporciones. A punto han estado las Atarazanas de convertirse en el

vestíbulo de un centro comercial con mirador incluido para que se vea la Giralda, la

misma utilidad que se le ha querido dar a las Setas de la Encarnación para justificarlas.

El monumento pide a gritos que se le libere de los seis metros de tierra que impiden la

visión de sus pilares mudéjares y así recuperar lo que es uno de los espacios más

atrayentes de la arquitectura medieval sevillana. El giro dado por el Ayuntamiento

permite albergar cierta esperanza sobre su futuro.

Mucho se ha escrito sobre las consecuencias de los planes urbanísticos de los años

sesenta y setenta, pero ya en las dos décadas anteriores, sobre todo en la de 1950, fueron

incontables los despropósitos que desfiguraron el conjunto histórico. Y todo ello viene

del descabellado plan general de 1946, pensado para lucimiento de la piqueta, que

ensanchaba el casco antiguo en dos grandes ejes norte-sur y este-oeste. El intento se

quedó en el quiero y no puedo de la calle Imagen, pero también supuso el inicio de la

desfiguración total de la fisonomía de uno de locas sectores urbanos con más carácter de

la ciudad: la zona comprendida entre la Gavidia y la Campana. El expolio empezó con

el derribo del antiguo convento de San Hermenegildo -luego cuartel del Duque-, a

excepción de la iglesia, de planta elíptica, salvada gracias a los desvelos de Romero

Murube que consiguió que fuera declarada monumento cuando se disponían a iniciar su

derribo. Poco podía hacer el poeta ante los desmanes cada vez más acelerados que

observaba en las calles de Sevilla. Hubo años, en los sesenta, que cayeron hasta

trescientas casas, de ahí que, hablando sobre la Feria, Romero Murube dijera en 1967

que “la caseta, que es una copia de la casa sevillana, se convertirá en algo falso y

arqueológico cuando ya no exista la casa típicamente sevillana, lo que está a punto de

ocurrir”.

Y es que por entonces, muchos sevillanos se trasladaron de la casa unifamiliar de

toda la vida al piso funcional y más reducido de los nuevos barrios. La falta de espacio

obligó a diversas familias a deshacerse de gran cantidad de objetos antiguos, pinturas y

obras de arte que se guardaban de padres a hijos, más los elementos decorativos que

formaban parte de cada construcción: artesonados, rejas, azulejos, columnas, capiteles,

puertas y vigas que pasaron al mercado anticuario. Sólo con la venta del contenido de la

casa de Sánchez Dalp vivieron durante años muchos sevillanos.

Durante el desarrollismo la maquinaria que movía el crecimiento urbano, tan

descontrolado, era demasiado potente. El ensanche de Triana seguía su curso en los

terrenos de la huerta del convento de los Remedios, plan que tuvo su origen en 1921

cuando se llevó a cabo la “donación de los Remedios”, uno de los casos más

escandalosos del urbanismo de esos años, según apunta el profesor Villar Movellán. En

plena vorágine derribista de los sesenta, la atención de los sabios hispalenses adscritos

al poder se centraba en la polémica originada por la construcción de la torre de los

Remedios, un juego de niños al lado de la torre Pelli, símbolo de la prepotencia. Fue,

entonces, a principios de los sesenta, cuando el profesor Diego Angulo Íñiguez entró en

el Departamento de Historia del Arte de la Universidad Hispalense y, con el gesto frío y

grave que emanaba de su autoridad, dejo mudo a sus colegas al pedirles que se dejaran

de discusiones y prestaran más atención a lo que estaba pasando en el centro de Sevilla.

De hecho, don Diego había redactado un informe académico defendiendo el valor de la

Plaza del Duque. Pero tuvo que ser Joaquín González Moreno, en presencia de dos

miembros de la Comisión de Monumentos, José Hernández Díaz y Antonio Sancho

Carbacho, el que desvelara la fecha de los alfarjes del Palacio de los Medina Sidonia, el

más importante de la plaza, reformado en el siglo XIX por el marqués de Palomares. Y

a esta época ecléctica se atenía la Comisión para justificar el derribo del palacio, cuando

González Moreno, aprovechando que ya estaban desmontando los techos, pidió

descubrir los ladrillos que tapaban una parte del central, y apareció la fecha de 1539.

Estaban derruyendo una mansión del siglo XVI, que tenía su origen, según González

Moreno, en el siglo XIV. Uno de los alfarjes del palacio se halla en el convento de las

Jerónimas de Granada, y el otro en el de Constantina de la misma orden.

El momento histórico, bajo el franquismo, no era el más propicio para el desarrollo

del movimiento ciudadano. Años después, en 1984, en un artículo del diario El País, el

musicólogo y escritor Federico Sopeña, tan preocupado siempre por la protección del

patrimonio, lamentaba lo que se había hecho con Madrid al “quitarle lo más distinguido

de su memoria”, es decir, el Paseo de la Castellana, cuyo estado actual consideraba

“símbolo de la falta de presión social”. Sopeña echaba en falta en los encuentros de

intelectuales un mayor interés por la cultura global y por el papel que el ciudadano

debía desempeñar frente al patrimonio. Decía que en España “la riqueza del patrimonio

artístico no ha estado nunca bien salvaguardada, porque las leyes no han sido lo

suficientemente claras como para que el cumplimiento de esa conservación sea eficaz”.

El abogado y experto en medio ambiente, Jesús Vozmediano, afirma que “ha sido una

constante en la historia de España aprobar una extensa y confusa legislación, incluyendo

las Constituciones, que ha sido sistemáticamente incumplida”.

La piqueta entra en la Universidad y en San Telmo

Pero en Sevilla se ha ido más allá. Aquí los edificios declarados BIC (bien de

interés cultural) no tienen garantizado su conservación. Uno de los ejemplos más

dolorosos fue la demolición completa de la Universidad Literaria, antigua Casa Profesa

de los Jesuitas. En 1969 fue declarada monumento histórico-artístico y a principios de

los setenta se levantó el nuevo edificio para Facultad de Bellas Artes. Se aniquila

cultura para crear cultura. La iglesia de la Anunciación sigue en pie, pero la portada

secundaria, obra de Hernán Ruiz, quedó parcialmente oculta por una de las escaleras de

acceso a las aulas.

En nuestros días, la costosa rehabilitación del Palacio de San Telmo para sede de la

Presidencia de la Junta de Andalucía ha supuesto su destrucción parcial, la de los patios

y galerías que han alterado la planta heredada y la del jardín histórico donde se ha

construido un aparcamiento subterráneo. Sin embargo la situación más crítica fue en

1968, año en que fue declarado monumento histórico-artístico por vía urgente ante la

amenaza de derribo para la construcción de un hotel. Tan descabellada idea se la

comunicaron al arquitecto Rafael Manzano en el Palacio Arzobispal, con la intención de

que buscara un lugar idóneo para instalar la portada. Sorprendido, llamó enseguida a

Florentino Pérez Embid, el entonces Director General de Bellas Artes que tanto hizo por

la ciudad, quien puso en marcha la incoación como monumento del palacio barroco.

Entre lo mucho que le debe Sevilla a Rafael Manzano por la recuperación de tantas

casas y monumentos, figura el haber contribuido a salvar de la piqueta el Coliseo

España en 1971, al menos los muros exteriores, en unión a los deseos del alcalde

Fernández García del Busto. Para tal fin se recurrió a una figura infrecuente: la de

monumento de interés local. La prensa de la época se hizo eco de la campaña ciudadana

originada.

Si los sevillanos se volcaron con el Coliseo, no fue así con el Colegio de San

Miguel, edificio de los siglos XVII y XVIII, arquitectónicamente de mayor valor que el

teatro regionalista. Rafael Manzano veía ese edificio muy idóneo para museo

catedralicio, pero la piqueta fue implacable; la nueva edificación se organiza en torno a

una plaza, la del Cabildo, algo cursi y de traza poco afortunada, aunque vistosa, para

residencia de canónigos y mercadillo dominguero de sellos, monedas y tarjetas postales.

Entre esas postales no son pocas las que muestran lo que un día fue el gran Colegio de

San Miguel, propiedad de la iglesia sevillana. En esta plaza de las viejas fotos que

remueven el morbo y la nostalgia hispalense, puede aplicarse aquella frase de la

profesora Ana Ávila, máster de Patrimonio y ex presidenta de la asociación Ben Baso:

“Sevilla es conservacionista pero del recuerdo de lo que fue”.

Tampoco la ciudad hizo mucho por el Teatro San Fernando, antes citado, con toda

la carga popular y folclórica como allí resonó en las últimas décadas, además de haber

sido templo capillita de los pregones, sala de cine, teatro y, sobre todo, escenario

musical de grandes intérpretes y de los mejores cantantes de ópera, como Capsir,

Tamagno, Barrientos, Fleta y Schippa.

Ante este cúmulo de atentados al patrimonio cultural sevillano, que es una constante

en su historia, cabe preguntarse si son eficaces los inventarios y los catálogos como

instrumentos principales de protección. Y la experiencia nos dice que no. Basta repasar

las páginas del libro Arquitectura civil sevillana, de Francisco Collantes de Terán y Luis

Gómez Estern, para comprobarlo. La aparición de este libro-catálogo en 1976 fue una

sorpresa para el que esto escribe. Allí había un Sevilla distinta, caracterizada por una

arquitectura variada y sorprendente que ya tenía poco que ver con la de finales de los

años setenta. ¿Cómo es posible que dejaran destruir tantas construcciones singulares

que databan del siglo XVI hasta las regionalistas del XX? La obra la editaba el

Ayuntamiento, que es la institución que había realizado el catálogo, iniciado a partir del

plan de ordenación urbana de 1946. Había fotos y planos de fachadas e interiores

desconocidos. Todas las que tenían una “D” estaban destruidas. En la siguiente edición

de esta obra, las “D” de derribo habían proliferado y el número de casas abandonadas,

en ruina o demolidas, con respecto a la primera edición, se acercaba a los dos

centenares. El mismo Ayuntamiento que cataloga da las licencias de derribo con la

ayuda inestimable de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico. Y más que un

catálogo para preservar, este libro viene siendo la guía de orientación inmobiliaria que

indica al especulador cuántos metros cuadrados puede edificar en cada casa-palacio una

vez obtenida la licencia de derribo.

Catalogación y destrución

La labor del historiador es fundamental para dar conocer y valorar lo que debe

respetarse, o en último lugar para dejar constancia del patrimonio condenado a

desaparecer. La labor catalogadora del estudioso es absolutamente compatible con la del

técnico que da la licencia. Cada cual ejerce su trabajo, aunque a veces haya sido el

estudioso, el académico, el que haya dado la licencia. Y que venga luego el golpe de

grúa, la ruina, el derribo por seguridad, por abandono, por insensibilidad al edificio… El

historiador Santiago Amón, uno de los impulsores del voluntarismo ciudadano en

defensa del patrimonio, dijo en Sevilla en 1979 que “cuando un Ayuntamiento edita un

catálogo, como de hecho ha ocurrido en esta ciudad, debe ser para proteger esos

edificios, y no para saber cómo era la ciudad hace quince años”. Dijo también que el

cincuenta por ciento de los edificios catalogados ya estaban demolidos. Y en cuanto a

los casos de demolición por “ruina inminente”, aseguró que un noventa por ciento de los

casos era ruina inexistente, y en el restante diez por ciento, ruina provocada.

No hay, pues, catálogos en Sevilla, tanto de bienes inmuebles como inmuebles sin

las “D” de destrucción. El libro La Casa sevillana, de Joaquín Hazañas, publicado en el

primer tercio del siglo XX por la imprenta Gómez Hermanos, es un pequeño muestrario

de casas notables que fueron posteriormente demolidas. La Casa en Sevilla, de José

Ramón Sierra, es un nostálgico catálogo de 367 páginas e incontables fotografías y

planos (recogidos entre 1976 y 1995) de la arquitectura más frágil y castigada de la

ciudad: la casa popular tradicional, prácticamente desaparecida, por el poco valor que

generalmente dan los arquitectos e historiadores a esta arquitectura sin arquitectos; su

conjunto era parte esencial de la fisonomía de Sevilla. Es la casa-patio, hueca, irregular,

de poca altura con entrantes y salientes.

La Arquitectura del Regionalismo en Sevilla (1900-1935), de Alberto Villar

Movellán, aunque revalorizó sin duda las edificaciones de este período, muestra ya en

las páginas de su última edición más casas desaparecidas. Lo mismo ocurre con

Arquitectura sevillana del siglo XVIII, de Antonio Sancho Corbacho -1952- donde

figuran casas y retablos que ya no existen, como el del Hospital de los Viejos. Y no

digamos de los catálogos de cada uno de los distintos planes de protección del conjunto

histórico y, por supuesto, los de la Junta de Andalucía y los que viene elaborando el

Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Así, dentro de los bienes muebles, se echan

en falta, al menos, una decena de órganos de los templos de Sevilla y su provincia, años

después que José Enrique Ayarra elaborara el catálogo completo, editado por la Junta; y

las pinturas catalogadas de Pedro Villegas Marmolejo, entre otras obras de arte, que han

desaparecido de la iglesia del Hospital de San Lázaro, como advierte el profesor Joaquín

Egea.

Capítulo aparte merecen los catálogos sectoriales del conjunto histórico sevillano

elaborados por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento. Cuando el arquitecto

Fernando Mendoza terminó el de Triana, ya habían desaparecido más de 40 casas

catalogadas por él en el nuevo trabajo. Encontró un corral de vecinos sin acceso,

encerrado entre edificaciones, y el número de edificios de los siglos XVII y XVIII en

pie no llegaba a la veintena, pues en las últimas décadas se demolieron más de cien.

Luego vino el plan especial de Triana que, influido por el “síndrome calle Castelar” de

una acera conservada y otra no, deja la calle Pagés del Corro semidesprotegida al

catalogarse solo las casas de los números impares. Algo similar ha ocurrido en la

Avenida de la Palmera, pese a estar incluida en la ampliación del conjunto histórico.

El despertar del voluntarismo ciudadano

La sociedad civil, al margen de determinadas campañas concretas, empieza a

despertar en los años setenta, aunque de forma más patente en la etapa de la transición.

El Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Occidental y Badajoz y su Centro de

Estudios y Servicios (CEYS-Sevilla) pasan a primer plano gracias a las inquietudes de

un grupo de jóvenes arquitectos que, preocupados por los problemas urbanísticos de la

ciudad, suscitan un importante debate sobre el Prado de San Sebastián. Periódicos como

El Correo de Andalucía, ABC, Pueblo o Sevilla dedican numerosas páginas a este

espacio verde, desde 1972 a 1975. La opinión, el debate y las propuestas sobre el futuro

del Prado abren una nueva etapa participativa en la que tienen cabida no sólo los

arquitectos y urbanistas sino también los ciudadanos, con implicación de instituciones

políticas y culturales. Todo ello queda reflejado en un libro, El Prado, que edita el

Colegio de Arquitectos en 1975. De todas las ideas que se han barajado desde entonces,

al final se hizo lo que Miguel Fisac opinaba en una entrevista de Manuel Ponce para el

diario Pueblo, publicada el 12 de marzo de 1974: “Yo lo dejaría como tal Prado. Habría

que hacer algo así como jardines, zonas de juegos de niños, algo que fomente la

convivencia”.

Los arquitectos del CEYS, bajo una óptica medioambiental y conservacionista

entonces muy avanzada, siguieron generando debate e interés por Sevilla y, entre otras

actividades organizaron una exposición con el título La corta de la Cartuja. ¿A quién le

interesa? Se oponían a las 30.000 viviendas proyectadas en la Cartuja y a la destrucción

del paisaje ribereño de la cornisa del Aljarafe, y pedían su reconversión en zona de

esparcimiento, jardín forestal y jardín botánico. Por otro lado, el CEYS alertó contra la

degradación del centro histórico y los estragos del Plan de Reforma Interior del Casco

Antiguo, el célebre PRICA, que permitía cambios de alineación en la trama urbana y

obras de nueva construcción con patios abiertos a la calle, como la que se hizo en el

solar del Corral del Agua, en el barrio de San Bartolomé. Y mandaron a los periódicos

fotografías de edificios en peligro, caso del Palacio de Altamira, o diversas

construcciones del regionalismo, como Villa Pepita, en la Palmera, que no se salvó de la

piqueta. Estas consideraciones quedaron plasmadas en la muestra La destrucción de la

ciudad.

Editaron fichas del patrimonio construido, como la del Puente de Triana, que estuvo

a punto de ser desmantelado por completo. El CEYS creó conciencia ciudadana,

mediante exposiciones, publicaciones, comunicados de prensa, y su ejemplo se difundió

por España. Así, la revista 2C Construcción de la Ciudad, editada en Barcelona,

dedicaba su número 11 de junio de 1978 casi enteramente a Sevilla: “En torno a la casa

sevillana” con un plano de Olavide plegado dentro y un colofón acerca de la destrucción

de la ciudad, donde Antonio Barrionuevo y Francisco Torres, afirmaban que lo

acelerado de este grave proceso de deterioro “en la actualidad, hace temer por su

destrucción total”. La revista estaba dirigida por Salvador Tarragó, arquitecto experto en

Cerdá y en los jardines, fundador de S.O.S. Monuments. Tarragó es un referente del

voluntarismo civil en favor del patrimonio cultural y el medio ambiente; es el núcleo

que mantiene unida la labor de muchas asociaciones españolas en pro del patrimonio, y

prueba de ello son las distintas reuniones que ha mantenido con colectivos de otras

ciudades históricas, de donde han salido, por ejemplo, la Carta de Toledo y la Carta de

Sevilla, entre otras. Ha colaborado con el CEYS y sigue siendo conservacionista,

después de que el poder político acallara tantas voces de arquitectos que se

pronunciaron contra la piqueta.

El impulso que abrió el debate ciudadano tuvo su continuidad y su consolidación en

1977, en las ya citadas páginas de Casco Antiguo, de Antonio Burgos en el diario ABC

de Sevilla. De aquella época hay que destacar un hecho insólito: la restauración integral

del Retablo Mayor de la Catedral hispalense, realizada por Francisco Arquillo y otros

restauradores de la Facultad de Bellas Artes. Este gran proyecto fue posible gracias a

José María Benjumea Fernández de Angulo. La comisión creada por él para tal fin fue

el germen de la Asociación de Amigos de la Catedral (1980-1997) que tantas obras de

arte ha recuperado del principal templo sevillano.

En 1976 nació la mítica asociación ecologista Andalus, de gran influencia en la

conservación del Parque de Doñana y otros espacios naturales. Supuso un cambio de

conciencia con respecto a la naturaleza y al medio ambiente. Uno de sus fundadores, y

muchos años presidente, Jesús Vozmediano, creó poco después la sección de Ecología

Urbana, que entre las campañas a favor de la ciudad, figura su contribución al rescate de

los Jardines del Valle. En 1977, varios estudiantes saltaron la tapia e hicieron fotos para

denunciar la inminente construcción de viviendas en estos jardines. La ciudad se

movilizó y el alcalde, Fernando Parias, denegó la licencia de obras en enero de 1978.

Fue uno de los primeros logros del empuje social a comienzos de la democracia.

Por entonces, en Sevilla aumentaban las casas abandonadas y multitud de solares.

Era el momento adecuado para la fundación de Adelpha-Sevilla, cuya presentación fue

el 27 de marzo de 1979 en la Casa de Pilatos. Allí habló, con la claridad que le

caracterizaba, el vicepresidente de Adelpha-Madrid y crítico de arte, el inolvidable

Santiago Amón, ante los políticos alcaldables, arquitectos, historiadores, miembros de

la Comisión de Patrimonio y sevillanos amantes de la ciudad. Posiblemente estuviera

también José Luis Souto, que más adelante sería presidente de Adelpha. Y, por

supuesto, Ignacio Medina, duque de Segorbe, mecenas de nuestro tiempo y un

adelantado en la visión y gestión del patrimonio. Fundó Pro Sevilla, la sociedad que le

ha servido para salvar de la ruina y restaurar numerosas casas que van desde el siglo XV

al XIX. Acababan de derribar entonces una casa mudéjar en Santa Marina, catalogada

en el libro Arquitectura Civil Sevillana. Y no pasó nada. Lo que dijo Amón en la Sala

del Pretorio, recogido en ABC de Sevilla por José Joaquín León, fue políticamente

incorrectísimo. Se detuvo en el significado de casa, del alma de la casa; habló de la

noción de centro histórico y de cómo la arquitectura contemporánea tiende a uniformar

y borrar las peculiaridades del caserío tradicional. Afirmó que la ley está para “hacerla

cumplir y, en primer lugar, por los delegados de Cultura, que tienen legalmente

protección gubernativa y apenas la solicitan”. Acabó con unos datos alarmantes

recogidos por miembros de la asociación: trescientas casas cerradas pendientes de

derribo. Adelpha-Sevilla tuvo una vida corta pero intensa, con más aciertos que fallos,

si bien la campaña contra Rafael Manzano por la restauración del Patio de las Doncellas

del Alcázar –intervención a nuestro juicio acertada- fue excesiva e injusta, ante el

silencio de muchos colegas del insigne arquitecto, que contó, por otro lado, con el

apoyo de los profesores Ramón Carande, Juan de Mata Carriazo y Francisco Morales

Padrón, entre otros. Tanto en el Alcázar como en Medina Azahara, Rafael Manzano

hizo descubrimientos y restauraciones de gran trascendencia que ayudan a entender

mejor ambos conjuntos monumentales. Al cabo de los años, en 2010, el reconocimiento

internacional de Manzano le ha venido confirmado con el prestigioso premio Richard

Driehaus de Arquitectura Clasica, otorgado en Chicago.

Adelpha y el duque de Segorbe salvaron el Palacio de Altamira, declarado entonces

bien de interés cultural. Los planteamientos conservacionistas, en la línea europea de

Francia e Italia, incidieron sin duda en el primer Ayuntamiento democrático, el del

alcalde Luis Uruñuela (1979-1983). Lo cuenta Antonio Burgos: “Si luego Víctor Pérez

Escolano o Luis Uruñuela pudieron desde el Ayuntamiento detener el proceso de

destrucción de la ciudad, fue porque antes con Adelpha y los adélfilos, Santiago Amón

había creado una mentalidad conservacionista en Sevilla”.

Efectivamente, del PRICA se pasó al Plan reformado del PRICA de 1981, que era

muy avanzado y novedoso en España, pues tomándose como modelo la experiencia

conservacionista de la ciudad italiana de Bolonia, se inició la catalogación de los

inmuebles del conjunto histórico con distintos grados de protección. A Víctor Pérez

Escolano y su equipo se debe este cambio de criterio tan significativo frente a la

tendencia desarrollista anterior. Había ya un caldo de cultivo con las acciones de

Adelpha, la página diaria de Burgos en el ABC que dirigía Nicolás Salas y la

proliferación de noticias sobre patrimonio en este y demás medios de comunicación. Al

mismo tiempo, el duque de Segorbe seguía rescatando antiguas casas sevillanas. En los

ochenta Alfonso Jiménez y José María Cabeza restauraron la Giralda, y el primero de

ellos dio a conocer la Carta del Restauro. Carlos Ortega nos reveló a todos la cara de la

Giganta de bronce y así se empezó hablar más del Giraldillo que de la Torre.

Aumentaron las rehabilitaciones de edificios (corrales, casas señoriales…) y la piqueta

se relajó lo suficiente como para que enseguida se oyeran protestas de los que veían en

la nueva tendencia un retroceso de la política urbanística.

El efecto Expo

Los prolegómenos de la Expo’92 no tardaron en llegar. Cayó Adelpha-Sevilla en la

ciudad de la piqueta, y la serie de Casco Antiguo dejó de publicarse en los inicios de

1985. Los nuevos planteamientos urbanos eran ya menos sensibles al patrimonio

arquitectónico. Sevilla, hipnotizada por la tecnología y la arquitectura-espectáculo, se

volcó con la Isla de la Cartuja, olvidándose el casco histórico. Reaparece el concepto

decimonónico de higienización aplicado al urbanismo: ensanche, drenaje,

modernización… y se reducen los obstáculos que dificultan este proceso. Así, con

objeto de agilizar las licencias de derribo para la construcción de edificios en el casco

histórico se rebajó el nivel de protección de muchas casas catalogadas que hoy ya no

existen. Las dos zonas más afectadas han sido el barrio de San Bernardo y San Luis-San

Gil. Vinieron nuevas oleadas de demoliciones y la ciudad, cegada por el “efecto Expo”,

rindió culto al diseño.

Dejando aparte todo lo positivo que aportó la Expo en infraestructura urbana, lo que

nos interesa ahora es ver la incidencia de los nuevos criterios de restauración y

rehabilitación arquitectónicas en los monumentos sevillanos y la reacción de la sociedad

civil. El “efecto Expo” es en realidad una moda que se origina en torno al

acontecimiento de 1992 y se desarrolla en los años posteriores al certamen hasta hoy

día. El protagonismo desde el ámbito profesional y político que este tipo de muestras

internacionales generan, la influencia de las revistas de arquitectura y, en algunos casos,

un excesivo presupuesto que ha de justificarse, unido a la falta de control, tienen como

consecuencia intervenciones que buscan la impronta personal y el contraste entre lo

antiguo y lo nuevo, a costa de la integridad del edificio histórico. Las nuevas tendencias

no sólo alteran la estructura y fisonomía de los monumentos, sino también al paisaje

urbano protegido, bien por el impacto de un edificio singular que ha sido modificado

exteriormente –la nueva fachada del Monasterio de San Isidoro del Campo-, o bien por

la inclusión de construcciones inapropiadas como “las Setas” de la Encarnación o la

Torre Pelli. Como este tipo de intervenciones se ha prolongado más allá de la propia

Expo, no es de extrañar que sea en estas últimas décadas cuando haya surgido un mayor

número de asociaciones en defensa del patrimonio, hecho que puede considerarse todo

un fenómeno social en Sevilla.

Para analizar este periodo es necesario algo más de la perspectiva que nos da el

tiempo, pues son muchos los casos y los factores que entran en juego. Pero,

sintetizando, el primer ejemplo de esta tendencia que nos lleva al “efecto Expo” quizás

sea el de las obras realizadas en la década de 1980 en la Nave del Lagarto y la

Biblioteca Colombina del Patio de los Naranjos de la Catedral. Ni que decir tiene, que

en este proyecto nada tuvo que ver el maestro mayor de la Catedral, Alfonso Jiménez.

Lo traumático de esta remodelación salta a la vista: se eliminó una entreplanta y la

escalera, hubo cambio de rejas antiguas por otras de diseño y, aparte de distintos

caprichos estéticos innecesarios, se retiró el artesonado (original del convento de Santo

Tomás) que sostenía el Lagarto, y esta figura quedó colgada entre las nuevas vigas de

hierro como un jamón en un secadero. El colofón fue el hundimiento de la cubierta de la

Colombina, a punto de terminarse la rehabilitación. Las fotos captadas por Ruesga Bono

y Díaz Japón de las viguetas caídas sobre los libros incunables enterrados entre los

cascotes no pueden ni deben olvidarse. Como tampoco puede olvidarse la remodelación

llevada a cabo en el Monasterio de la Cartuja, donde prima el diseño sobre el

monumento, con eliminación de partes originales y la destrucción de la casa de los

Pickman. Se salva del conjunto la Capilla de Afuera, restaurada con esmero por

Fernando Mendoza.

Con la Expo se adulteró la zona más antigua del Palacio Arzobispal: las cocinas,

algunas salas, el patio trasero y la fachada posterior, completamente destruida; el

Palacio de Altamira quedó desnaturalizado, al igual que diversas zonas del monasterio

de San Isidoro del Campo, y la marca del momento hizo mella en conventos, iglesias,

casas singulares y arquitectura industrial. Se destruyeron numerosos edificios del XVII,

XVIII y XIX, dejándose a veces la fachada y calles tan irreconocibles como Parra, Sol,

Arrayán, Relator o Divina Pastora, mientras se permitía por parte de Urbanismo y la

Comisión de Patrimonio, la construcción de innumerables áticos que no cumplían la

normativa, hasta tal punto que el exceso de volumetría ha desfigurado en gran medida la

fisonomía de lo que se conoce como la quinta fachada, es decir, la ciudad de los tejados

y azoteas a vista de pájaro.

Ni siquiera la ley de Patrimonio Histórico de 1985 y la autonómica de 1991

(artículo 32.2), sobre los planes sectoriales de protección y los especiales en los

conjuntos históricos, concretados luego en el Plan Especial de Protección del Conjunto

Histórico, han servido para preservar el caserío y detener la especulación destructiva del

suelo. Los avances proteccionistas de la época de Uruñuela marcaron una antes y un

después, pero la inercia imparable de la piqueta impidió que una mentalidad avanzada

pudiera desarrollarse en la teoría y en la práctica.

En lo que a urbanismo se refiere, el mayor retroceso fue la aprobación, a finales de

1985, del avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que suponía una vuelta

al intervencionismo agresivo basado en la higienización: derribos, ensanches, aperturas

de nuevas calles y plazas, que en definitiva trajo consigo la destrucción de este barrio de

trazado medieval. El plan, difundido por la prensa –ABC de Sevilla, 1 de diciembre de

1985-, fue rechazado con duras críticas por diversos sectores profesionales y

ciudadanos y, una vez corregido y suavizado, se aprobó en 1987.

La situación de la zona norte del casco antiguo no mejoró. La rehabilitación seguía

sin ser una prioridad para el Ayuntamiento, que de hecho ya había rebajado

considerablemente la protección de los edificios catalogados en el plan de 1987. El

abandono y la piqueta, sobre todo en esta zona de San Luis y San Gil, ocasionaron

verdaderos estragos. En plena vorágine de la Expo, un estudio de la Gerencia de

Urbanismo alertaba del preocupante deterioro del centro histórico, pues solo en la zona

norte se habían contabilizado 280 edificios en lamentable estado de conservación. Este

informe venía a justificar la redacción del mal llamado Plan Especial de Rehabilitación

de San Luis, heredero del de 1987, que fue aprobado en 1994 para que pudiera acogerse

a las ayudas del Programa Urban de la Unión Europea. Por un lado es verdad que

gracias al Plan Urban se rescataron de la ruina la Casa de las Sirenas y el Palacio de los

Marqueses de la Algaba, pero fue nefasto para la zona norte. De nuevo aflora la vieja

táctica higienizante: “drenar, registrar y regularizar”, pues no era más que un proyecto

especulativo disfrazado de rehabilitador, que acabó desfigurando la trama urbana

medieval. Oxigenar le llaman los técnicos a la acción de destruir casas centenarias y

adarves, a las nuevas alineaciones y otros disparates urbanísticos como la aparición de

una vía muy ancha en la trasera de la iglesia de San Luis, entre dos calles estrechas.

Hay fotos con el templo al fondo que parecen sacadas de un bombardeo. El

Ayuntamiento propone y la Junta da el visto bueno: el resultado es la destrucción

pacífica de un modelo urbano dentro de un conjunto histórico protegido por la ley. El

barrió se movilizó con el Consejo Urban, formado por 15 asociaciones, y se creó la

Plataforma de Afectados por el Urban y la revista SubUrban.

El “efecto Expo” se había adueñado del centro histórico bajo sus distintas

manifestaciones. Una de las pérdidas más dolorosas fue el derribo, en 1994, del

convento de Santas Justas y Rufina, del siglo XVI, y del colindante corral del

Trompero, propiedad de la Junta de Andalucía, tras ocho años con un cartel en la

fachada que indicaba que se estaba restaurando. En su lugar la Junta construyó un

edificio de viviendas que fue objeto de polémica por la agresividad de su diseño en

plena judería. En la restauración de monumentos, Urbanismo seguía entonces una línea

conservacionista, pero a veces faltaba el rigor. El 4 de noviembre de 1994, Tomás

Balbontin escribía en ABC de Sevilla sobre la polémica suscitada a causa de

restauraciones pétreas en las portadas de tres iglesias mudéjares: Santa Marina, San

Juan de la Palma y Santa Catalina. Cuando la Junta paralizó las obras, los daños ya eran

irreparables. Algo parecido ocurrió posteriormente en el templo de San Román, pero fue

el edificio de la antigua Fábrica de Tabacos –la actual Universidad Hispalense- el que

sufrió los peores daños, debido a una limpieza muy abrasiva a base de chorros de arena

en un tiempo record. La piedra exterior quedó erosionada y la portada principal de la

Fama perdió su peculiar pátina satinada, casi translúcida. Veinte años después ha tenido

que ser restaurada. Tampoco fueron adecuadas las obras del Ayuntamiento, que gracias

a la intervención y asesoramiento del duque de Segorbe, siendo alcalde Alejandro Rojas

Marcos, se logró paralizar y reponer lo que se había eliminado. Eran las prisas del 92

aplicadas a los monumentos, que, como tales, deben tratarse con rigor científico y un

tempo bien distinto.

También en 1994 se aprueba el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico,

que no es un plan sino 27 planes sectoriales, con sus consiguientes catálogos de

edificios protegidos, que a medida que se aprueban se desvinculan de la tutela de la

Junta. El proceso, excesivamente lento, no es beneficioso. Han pasado casi 20 años y

aún quedan sectores por aprobar.

Los años finales del siglo XX no parecen tener en cuenta los avances en materia de

patrimonio. En década de 1990, Sevilla podría haberse beneficiado de todo el

conocimiento acumulado sobre el cuidado, conservación y técnicas de restauración

reversibles desarrolladas específicamente para el patrimonio edificado. Faltan equipos

verdaderamente interdisciplinares. Salvo contadas excepciones, los criterios más

habituales no tienen en cuenta el respeto que la ley exige para asegurar la integridad de

los valores del monumento, produciéndose alteraciones, destrucciones parciales para la

inclusión de elementos ajenos –material y diseño- en el edificio restaurado. Muchas

veces prima la renovación sobre la restauración. En este sentido, el historiador Rafael

Cómez, una de las pocas voces críticas de la Hispalense junto con Víctor Fernández

Salinas, Vicente Lleó, María Fernanda Morón, Enrique Valdivieso y María Dolores

Ruiz de Lacanal, afirma: “En la práctica actual, bajo el marchamo de renovar o restaurar

se aniquila la sustancia histórica impunemente. La destrucción aterradora de las

superficies de los muros alterando revoques y pátinas nos conduce al convencimiento de

que conservar es necesario, restaurar, a veces, en condiciones específicas, y renovar

resulta claramente incompatible con la doctrina de defensa del patrimonio”. Los cursos

y conferencias del recordado Emilio Quilez, profundo conocedor de la cal y de todo tipo

de morteros, estucos y revestimientos naturales, han contribuido al renacimiento de

estas técnicas tradicionales.

La lista de despropósitos en estos años es inacabable y todos recordamos las

lamentables intervenciones en las los templos de San Bartolomé y San Vicente, y otros

monumentos como el Palacio de Altamira, San Laureano, Casa de los Artistas, donde en

las últimas obras han desaparecido los alfarjes góticos; la antigua Escuela Francesa,

muy adulterada, la Casa de los Leones o los derribos de la Casa de los Medina,

(conocida por casa del Infantado), la Pirotecnia e innumerables casas de los siglos XVI

al XIX. En octubre del año 2000, el profesor Joaquín Egea, presidente de la asociación

Adepa, y el historiador Juan Ramón Barbancho denunciaban en una rueda de prensa en

el Ateneo que en diez años se había perdido el 25 por ciento de los inmuebles de la zona

San Gil-Alameda. Los 1025 edificios protegidos se redujeron a 762, de los cuales 88

(los del nivel de protección E) podían ser demolidos, pese a su valor ambiental. Ese

mismo año, en un simposio internacional del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico,

el arquitecto Antoni González fue políticamente incorrecto al declarar que “hoy se

destruye más que hace treinta años”. Una década después, en 2011, el duque de Segorbe

resumía así la situación en una entrevista de María Jesús Pereira en ABC: “En Sevilla se

destruye una casa del siglo XVII todos los días”.

Las Setas y la Torre Pelli: dos atentados urbanísticos

Y así, sin apenas control y el silencio de las instituciones culturales, llegamos a

rozar el “todo vale” con la destrucción hace unos años de unos hornos almohades que

estaban en perfecto estado durante unas obras en la Puerta de Jerez, y como queda

reflejado en el Metropol Parasol -las Setas gigantes de la Plaza de la Encarnación-

sobre una yacimiento romano maltratado por las obras; el desmantelamiento de la zona

portuaria romana con calzada incluida y el derribo parcial del Palacio de San Telmo y

sus jardines (declarados bien de interés cultural) en la rehabilitación efectuada para sede

de la Presidencia de la Junta; en la polémica remodelación de la Alameda de Hércules, y

en la construcción del rascacielos conocido como Torre Pelli, llevada a los tribunales

por la sociedad civil por vulnerar 10 puntos de la legalidad vigente.

Intervenciones positivas

En el polo opuesto a las costosas obras faraónicas de las últimas décadas debe

destacarse la ejemplar labor realizada en Alcázar por José María Cabeza, que ha

demostrado que se puede conservar y restaurar el patrimonio con el máximo respeto y

sin malgastar el dinero público en renovaciones y diseños innecesarios que atentan

contra la integridad del monumento. En esta línea se puede encuadrar la restauración

integral de la iglesia del Salvador realizada por Fernando Mendoza -tras la voz de

alarma del diario ABC-, que se inció por una campaña de suscripción popular

encabezada por Joaquín Moeckel y coordinada por el canónigo Juan Garrido Mesa, y la

de San Luis llevada acabo por el mismo arquitecto y la intervención del restaurador de

la piedra Doménico Luis. Muy estimable es la intervención de Alfonso Jiménez Martín

y Pedro Rodríguez en el Hospital de las Cinco Llagas para Parlamento de Andalucía y

todo el trabajo que el primero viene desarrollando en la Catedral en su cargo de Maestro

Mayor. Del mismo modo, es también admirable el esfuerzo de muchos particulares en

conservar y rehabilitar sus casas y, especialmente, el de Ignacio Medina, duque de

Segorbe que, entre otras muchas cosas y pese a las constantes trabas de la

administración, ha logrado recuperar en el barrio de San Bartolomé 19 casas que forman

parte del hotel Casas de las Judería. Este proyecto le ha valido el premio Rafael

Manzano Martos 2013 de arquitectura clásica y restauración de monumentos, junto al

arquitecto Luis Fernando Gómez-Stern, que otorga Richard H. Driehaus en la Real

Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Sergobe continúa con las

campañas de restauración integral de la Casa de Pilatos, que coordina el restaurador

Javier Barbasán. Más reciente es destacable el éxito de la campaña promovida por el

profesor Enrique Valdivieso para la restauración de las pinturas de Pedro de Campaña

del retablo principal del templo de Santa Ana, o la recogida de firmas en la Hispalense

organizada por el historiador Antonio Albardonedo para solicitar la declaración de la

Alameda de Hércules como bien de interés cultural. Cabe mencionar también los

estudios sobre el color y los morteros de la arquitectura tradicional que lleva a cabo el

profesor Antonio Villena con muy buenos resultados en las restauraciones emprendidas

por él.

El papel de la prensa

Es lógico que en estas décadas neodesarrollistas que tienen como eje cronológico el

cambio del siglo XX al XXI se produzca el auge del movimiento ciudadano, con la

aparición de nuevas asociaciones de defensa del patrimonio cultural (histórico, artístico

y natural). Pero, además, resulta muy significativo que sea en este momento cuando se

crean distintas plataformas compuestas por un número variable de asociaciones que se

agrupan para casos concretos y para otros más generales y estables. Todo ello tiene en la

prensa el principal canal de difusión. La prensa también ha contribuido al nacimiento y

desarrollo de esta presión social. Con respecto al diario ABC de Sevilla, es justo

mencionar la etapa de Manuel Ramírez como director, y la de Álvaro Ybarra, que sigue

llevando las riendas del periódico. Y en cuanto, al Diario de Sevilla, la etapa dirigida

por Manuel Jesús Florencio, Premio Andalucía de Periodismo, ha sido relevante por la

propia línea marcada por este periodista -ya desde sus trabajos en ABC-, y los artículos

de Carlos Colón, Juan Luis Pavón, Carlos Navarro Antolín y Luis Sánchez Moliní.

Deben añadirse también los escritos sobre patrimonio de Juan Miguel Vega y Javier

Recio en El Mundo, y en general la presencia en ABC de Ángel Pérez Guerra, José

María Aguilar, Álvaro Pastor, Francisco Robles, Félix Machuca, Gloria Gamito,

Joaquín Vázquez Parladé y Tomás Balbontín, sin olvidar los artículos en la prensa

sevillana de Íñigo Ybarra; los espacios en radio y televisión de José Antonio Rodríguez

Benítez y Manuel Jesús Roldán, además de las fotografías en ABC de Manuel

Sanvicente, la familia Serrano, Ángel y Raúl Doblado y Tomás Díaz Japón por citar

sólo algunos nombres.

Consolidación del asociacionismo

Hay, pues, un periodo clave a finales de los noventa que coincide plenamente con el

efecto Expo y es cuando se fundan varias asociaciones de patrimonio: la Asociación de

Profesores para la Difusión y Protección del Patrimonio “Ben Baso”, la Asociación para

la Defensa del Patrimonio Histórico de Andalucía (Adepa) y la Asociación Demetrio de

los Ríos, fundada por Isabel Gómez Oñoro. Las dos primeras siguen muy activas.

Uno de los grandes obstáculos con el que se han enfrentado las asociaciones es la

Delegación de Cultura de la Junta, concretamente la Comisión de Provincial de

Patrimonio Histórico, organismo que por su carácter esencialmente político y nada

transparente, ha visto siempre con recelo el interés y la implicación real de la sociedad

civil en el patrimonio, como aparece en algún informe del Defensor del Pueblo. A pesar

de todo, las asociaciones consiguieron con ayuda de la prensa estar representadas

durante algunas etapas (con voz pero sin voto) en la Comisión, después de varios años

de insistencia. La experiencia fue frustrante al comprobarse cómo se informaban

favorablemente aquellos proyectos de interés político como las Setas de la Encarnación

o el enlosado y reforma de la Alameda, y tantas rehabilitaciones destructivas, remontes

en casas catalogadas, así como numerosos derribos en Sevilla y provincia. Las

asociaciones consiguieron también que el Ayuntamiento creara la Comisión de Paisaje

Urbano y formar parte de ella en el tiempo que estuvo vigente.

Tras muchas peticiones no les ha sido fácil a las asociaciones conseguir las actas de

la Comisión de Patrimonio, que se facilitaban a veces de forma intermitente. Más

complicado resulta el acceso a la documentación de proyectos que afectan a bienes de

interés cultural y a edificios catalogados. La consulta de documentos públicos no

siempre se consigue y supone una dura batalla por el miedo de los políticos al debate y a

la polémica por las irregularidades que pueda haber. La Comisión de Patrimonio

responde muchas veces a intereses políticos y económicos, desatiende denuncias y

adolece de falta de control. En la práctica se reduce a un grupo consultivo elegido

cuidadosamente, con representación de las empresas constructoras (Gaesco). Debería

ser un organismo verdaderamente interdisciplinar, como vienen pidiendo las

asociaciones, pero no en el que sólo decida el delegado político de turno. Ante la

ineficacia de la Comisión de Patrimonio habría que preguntarse cómo establecer unos

mecanismos de tutela y control del patrimonio que no estén sujetos a los intereses

políticos.

Son muchas las campañas emprendidas por la sociedad civil; algunas, muy pocas,

se han ganado, como la de los jardines del Prado, gracias a la movilización de los

vecinos y a la Plataforma Sevillana por los Parques y Jardines, compuesta por más de

30 asociaciones, con José Miguel González Cruz al frente. Varias sentencias

consecutivas les han dado la razón, y la zona ilegalmente desforestada deberá reponerse

en su totalidad. Una de estas asociaciones, los Amigos de los Jardines de la Oliva,

presidida por Jacinto Martínez, sobresale en Sevilla por la cantidad de actividades que

organiza a favor de la conservación de las zonas verdes. Canalizan multitud de

denuncias sobre talas de árboles y actos vandálicos, y han contribuido a la creación de

parques y jardines. Solo en un año, cuando las talas de la Avenida de la Constitución, se

contabilizaron en Sevilla más de 1200 árboles talados. Son muchos los colaboradores de

este grupo, entre ellos, Sally Crane, portavoz de la asociación sevillana Amigos de los

Jardines y el Paisaje, y su marido, el escritor Aquilino Duque, la ceramista Marisol

Buero y Jorge Palma, profesor experto en botánica muy sensibilizado con los problemas

medioambientales.

El colectivo Adepa surge en realidad a partir del Pacto por la Sevilla Histórica, que

había promovido Joaquín Egea, que a su vez tiene su raíz en una exposición sobre la

Casa de los Artistas inaugurada en el Museo de Bellas Artes de Sevilla el 25 de octubre

de 1997. El Pacto reunió a asociaciones, académicos, profesores, representantes de la

cultura y ecologistas y fue presentado por Eduardo Ybarra, cuando era director de la

Academia Sevillana de Buenas Letras, el 29 de enero de 1998. Ybarra, como buen

amante y conocedor de la ciudad, apoyó el manifiesto revelando los principales

problemas del casco histórico y la degradación del caserío tradicional.

Al año siguiente, en 1998, Joaquín Egea y un grupo de amigos fundaron Adepa,

entre ellos, David Gómez, Jesús Vozmediano, Javier Pérez Embid, Álvaro López y el

que esto escribe, que enseguida formaría un primer núcleo con Teresa Lafita, Víctor

Fernández Salinas, Enrique Carmona, Emilio Quiles, Juan Luis Benítez y José Manuel

Borrás, entre otros. El historiador Javier Pérez Embid fue el primer presidente de la

asociación, seguido del abogado Álvaro López. Desde su origen la voz de esta

asociación ha estado presente en la ciudad, ofreciendo colaboración y alternativas a los

problemas relacionados con el urbanismo y el patrimonio histórico. En estos 15 años

han sido mucho los obstáculos que ha habido que sortear en una ciudad políticamente

tan indiferente con su legado artístico. Y ya se sabe, la piqueta siempre lleva ventaja,

pero al menos se ha contribuido –y esto es extensible a las demás asociaciones- a un

caldo de cultivo que ha dado sus frutos: se sigue luchando por el caserío tradicional que

aún queda y por los bienes muebles, por los monumentos sin uso: los conventos de San

Agustín y Santa Clara, Fábrica de Cañones, y la iglesia del Hospital de San Lázaro.

Adepa ha conseguido mediante informes y alegaciones algunos cambios de la

normativa urbanística, contra la ruina y los remontes que alteran la volumetría de la casa

tradicional sevillana. Ha organizado varios seminarios sobre derecho y patrimonio. Las

denuncias y los recursos no han cesado en este tiempo y los tribunales le han dado la

razón con algunas sentencias positivas: la de 2003 del Tribunal Superior de Justicia de

Andalucía sobre la ilegalidad de los cambios en las alineaciones urbanas; y la de 2013

del Tribunal Supremo que ratifica un fallo de Tribunal Superior de Justicia de

Andalucía y que a su vez anula 12 artículos del Plan General de Ordenación Urbana que

afectan a cuatro sectores del conjunto histórico. Adepa ha apoyado diversas campañas

de defensa del patrimonio promovidas por otras asociaciones y forma parte de varias

plataformas ciudadanas que se han pronunciado, entre otras cosas, contra el proyecto

Metropol Parasol o la Torre Pelli. Su presidente, Joaquín Egea, tan abierto al

mecenazgo, predica con el ejemplo y hay que agradecerle a él y a Soledad Rojas,

franciscana seglar, que ahora la Capilla de la Orden Tercera de San Pedro de Alcántara

pueda verse completamente restaurada tras una laboriosa búsqueda de recursos y

contribuciones económicas. La labor se centra ahora en el templo principal de San

Pedro de Alcántara, para cuya restauración Egea viene organizando una serie de

conciertos de música clásica. Egea vive en una casa del siglo XVII que salvó de la ruina

mediante una restauración integral y respetuosa.

La asociación Ben Baso, fue fundada en noviembre de 1997 al hilo de unas

Jornadas Europeas de Patrimonio Histórico. Nació, como Adepa, en un momento

decisivo para recoger las inquietudes y preocupaciones ciudadanas sobre la falta de

tutela del patrimonio. Desempeña una labor importante y bien organizada. Sus

respectivos presidentes, Esteban Moreno, Ángela Espín, Ana Ávila, Jorge Palma y José

Juan Fernández Caro han sabido mantener desde el inicio el carácter didáctico, de

difusión y protección del patrimonio, intensificando a los largo de estos años las

campañas de denuncia por las agresiones que este legado viene sufriendo. Ben Baso

realiza jornadas abiertas a los ciudadanos, foros de debate, visitas guiada a Sevilla y la

provincia, e intercambio con otros colectivos de dentro y fuera de nuestras fronteras.

En la prensa, la asociación Ben Baso ha destacado siempre por sus campañas,

enfocando su atención en aquellos bienes culturales que más lo necesitan en cada

momento, como el monasterio de San Isidoro del Campo, los dólmenes de la provincia

(abandono y expolio), el templete de San Onofre (abandono y degradación), el

yacimiento tartéssico de El Carambolo (abandono y expolio), la degradación del Parque

de María Luisa y el expolio de las esculturas barrocas de los Jardines de las Delicias, así

como la campaña “Queremos ver, queremos saber”, que criticaba la ocultación

mediante vallas de los trabajos que se realizaban en el yacimiento romano de la

Encarnación para la construcción del Metropol Parasol, más conocido por “las Setas”.

Esta fue una actividad realizada conjuntamente con Adepa, Ecologistas en Acción y el

Grupo de Expertos.

En el mundo asociativo faltaba un grupo centrado en la pintura, y así surgió en 2006

Velázquez por Sevilla, impulsor de la campaña que tuvo como resultado la compra para

esta ciudad de la Santa Rufina de Velázquez. Atentos a las distintas cuestiones del

patrimonio cultural que afectan a la ciudad, sus representantes Manuel Valdivieso, José

Andrés Vicente, Guillermo Caballero y Enrique Arias, contribuyeron a que finalmente

el Museo de Cerámica sevillana fuera una realidad, mediante un homenaje en Madrid al

donante de la colección: Vicente Carranza.

Hay asociaciones que tienen como principal objetivo unos entornos concretos

aunque su labor se extienda a otros compromisos más amplios. Es el caso de la

asociación Histórica Retiro Obrero (Ahro), fundada por Basilio Moreno, su presidente,

que lleva años trabajando con intensidad por la conservación del barrio Retiro Obrero,

ejemplo de proyecto urbanístico del regionalismo arquitectónico, debido a José Gómez

Millán en los años de la Exposición Iberoamericana de 1929. Ahro ha logrado que hoy

se valore más la antigua Fábrica de Vidrios, influyendo en su catalogación. Por su parte,

la asociación Copavetria, fundada por José María Luján, nació para defender los patios

y corrales de Triana.

En esta eclosión de asociaciones diversas hay una que tiene por objeto la defensa de

una construcción singular como es el Puente de Alfonso XIII, conocido por el Puente de

Hierro. Es la asociación Planaute, que Carlos Fernández Marín preside desde el

desmantelamiento y traslado del puente. Hubo otra entidad para defender la pervivencia

de la Fábrica de Sombreros, y otra, llamada La Noria que se ocupa del Huerto de la

Casa del Rey Moro. Caso interesante es el de Francisco Rodríguez, carnicero del

mercado de la Encarnación y premio de la asociación Ben Baso por su intensa

dedicación a la defensa del mercado y su entorno. Desde hace muchos años escribe

varios artículos a la semana sobre el mercado. Es destacable también la labor de Ángel

López Hueso, comprometido con diversas campañas a favor de la ciudad.

Y podríamos hablar además de la sociedad Biosfera, creada por Jesús Vozmediano

que, aunque enfocada a asuntos de gran importancia relacionados con la naturaleza y el

medio ambiente, también se ha preocupado de asuntos que afectan al patrimonio

histórico y el paisaje urbano de Sevilla, así como de otros aspectos como la

contaminación. Y en esta combinación de todas las vertientes del patrimonio histórico,

medio ambiente y naturaleza, se mueve Baetica Nostra Andalucía con Francisco

Navarro al frente, formando una activa red de acciones y denuncias en toda la

comunidad. Con tendencias similares encontramos en la provincia de Sevilla, entre

otras, la sociedad ecológica Alwadi-ira, en Alcalá de Guadaira, y más centrado en el

patrimonio histórico, los Amigos de Écija, la asociación de este tipo más antigua de

Sevilla y provincia, fundada en 1979. Concede premios y organiza jornadas de

protección del Patrimonio dirigidas por el historiador Antonio Martín Pradas y la

arqueóloga Inmaculada Carrasco Gómez. En Santiponce tuvo mucha presencia en los

años noventa la asociación Amigos del Monasterio de San Isidoro, preocupados por el

abandono que estaba sufriendo tan significativo monumento. Por otro lado, Ricardo

Marqués a través de la asociación A Contramano ha influido en la feliz implantación del

carril-bici, donde es justo citar al principal gestor de esta iniciativa: José Antonio García

Cebrián.

Plataformas hay muchas en Sevilla. Algunas, como la Plataforma para la

Recuperación del Patio de los Naranjos o la Plataforma de Artesanos del Casco Antiguo

a favor de los corralones, tuvieron su momento. En la red se puede seguir la impulsada

por José Javier Comas para la restauración del templo de Santa Catalina. La de la

Sevilla Histórica engloba a los principales colectivos sobre patrimonio y, entre ellos,

figura el Centro de Estudios Históricos de Andalucía, que de la mano de Rafael

Sanmartín, se ha implicado en temas tanto de patrimonio histórico-artístico como

natural, en defensa de los árboles y zonas verdes de la ciudad. En la zona del Aljarafe

destacan al menos tres plataformas: Aljarafe Habitable, Valencina Habitable,

preocupadas por el medio ambiente, la arqueología y los dólmenes, y Plataforma

Ciudadana Forestier y su presidenta, Isabel Medrano. En esta línea cobra importancia el

manifiesto impulsado por Francisco Morilla en 2006 contra el expolio del patrimonio

histórico, arqueológico y natural del Aljarafe.

Lugar especial merece la Plataforma por la Casa de Pumarejo, constituida en el año

2000, que ha movilizado a todo un barrio a favor de una casa, de sus moradores y de

una forma de vida, logrando que este palacio del siglo XVIII sea declarado bien de

interés cultural. La Casa de Pumarejo se ha convertido en un foro social y cultural, es un

ejemplo de constancia, solidaridad y supervivencia, digno de haber traspasado las

fronteras locales.

La fuerte polémica originada por la eliminación de elementos arqueológicos en el

yacimiento romano de la Encarnación y el anuncio de un aparcamiento rotatorio en ese

lugar, ocupó mucho espacio en la radio, la televisión y los periódicos, antes del

desaguisado de las inexplicables Setas. Y se originó lo que podría llamarse Plataforma

de Bruselas, constituida por al menos treinta entidades ciudadanas, como las vecinales

Cardo, Entorno Regina, Areneros de San Gil, de consumidores, como Facua; de

patrimonio y medio ambiente, como Ben Baso, Adepa, Grupo de Expertos y Ecologistas

en Acción, más la presencia y adhesión de partidos políticos y de algunas otras

asociaciones españolas de patrimonio cultural como el Arca de Noé, fundada en Burgos

por la geógrafa Begoña Bernal, y S.O.S. Monuments de Barcelona, que presidía

entonces Salvador Tarragó. El 25 de noviembre de 2002 los representantes sevillanos

fueron recibidos en Bruselas por Gino Gimelli, presidente de la Comisión Peticiones del

Parlamento Europeo, a quién se le entregó un manifiesto y una extensa documentación

que iba más allá del tema central de la Encarnación. Se le pedía que mediara para la

solución de los problemas de tráfico y contaminación que aumentarían con una serie de

aparcamientos rotatorios previstos en el casco antiguo, y así conseguir una ciudad más

habitable y con más respeto a su patrimonio. Algunos aparcamientos no se hicieron,

pero sí el de la Avenida de Roma, junto a los Jardines de Cristina que supuso la

destrucción del puerto romano de Hispalis.

Luego está la federación Cais: Coordinadora de Asociaciones Independientes de

Sevilla, que desde 2003 aglutina decenas de entidades vecinales, sociales, culturales y

deportivas, con José Baena y Domingo González Pulido al frente. En 2013 el profesor

Julián Sobrino impulsó Fabricando el Sur: Coordinadora Andaluza de Entidades de

Defensa del Patrimonio Industrial.

Nuevas palabras para justificar los derribos de siempre

En palabras de Ana Ávila, “las asociaciones recogen la preocupación y necesidad

que hay en la calle de defender el patrimonio”; por lo tanto su presencia activa en la

sociedad es muy necesaria, sobre todo mientras siga en peligro el patrimonio. El

profesor Enrique Valdivieso estima que el patrimonio artístico destruido en Sevilla

supera el cincuenta por ciento. Y es que la piqueta se justifica con los mismos

argumentos de hace cincuenta años: progreso, modernidad, ruina y seguridad. Pero

cuando actúa lo hace muchas veces de forma más sutil, amparada bajo un léxico

eufemístico, suave, pedante y engañoso. A los derribos se les denomina ahora

sustitución arquitectónica, y cuando afecta a algún edificio singular, no es que se haya

demolido sino desmontado, como se dijo en la Expo cuando eliminaron la Casa de los

Pickman junto al monasterio de la Cartuja. En lo sostenible, políticamente hablando,

siempre hay intención especulativa, por eso no es de extrañar que el proyecto las Setas

de la Encarnación recibiera un premio de arquitectura sostenible por parte de una

conocida empresa de cementos. Pero la expresión más ambigua y equívoca es el de la

puesta en valor, que en lenguaje piquetero significa todo lo contrario, es decir, dejar

irreconocible un edificio tras una intervención que no respeta –aunque sea un

contrasentido- el valor de lo que se restaura o se rehabilita. Uno de los ejemplos más

claros lo tenemos en la nueva fachada del Corral de la Encarnación en la calle Pagés del

Corro, declarado bien de interés cultural. Cuando interesa que prospere alguna

aberración arquitectónica o urbanística basta con concederle al proyecto la categoría de

icono o hito. Y así ha ocurrido con la Torre Pelli.

En definitiva, es como ha dicho en alguna ocasión, por aquello de que la historia se

repite, David Gómez, experto en urbanismo, arquitectura y mantenedor del ecosistema

asociativo urbano: “Cambia el discurso pero la dinámica sigue siendo la misma”. Esta

involución recae sobre el voluntarismo ciudadano, cuya labor desempeñada se vuelve

no pocas veces frustrante y con signos de desgaste. Pero mientras continúe el

vandalismo en los jardines, sigan las talas de árboles, continúe degradándose el caserío

tradicional de Sevilla y su provincia –ahí está el caso de Écija, Morón o el Arahal-, y

sigan los expolios arqueológicos, las asociaciones serán necesarias con su difusión en la

prensa. Sin la ayuda de la prensa no hubiéramos conseguido la eliminación del tráfico

contaminante en la Avenida de la Constitución, que tanto dañaba a la Catedral, ni que

los políticos aceptaran la donación de la Colección Carranza de cerámica trianera, ni

muchas restauraciones que han salvado palacios, templos, pinturas y retablos. La de la

propia Plaza de España.

David Gómez, con su famosa colección de “cromos” de lo bueno y lo malo y de

cómo los políticos hacen y deshacen la fisonomía de la ciudad, sigue aportando buenas

ideas y soluciones a los problemas urbanísticos, en algunos casos con premio, como el

tranvía ligero y flexible que nunca se aprobó. Y lo hace desde varios ámbitos, su taller

de Ecología Urbana, desde la Plataforma Pumarejo, desde Adepa y a través de

numerosas asociaciones, plataformas e iniciativas vecinales o incluso desde la propia

Escuela de Arquitectura. La labor docente y la implicación en el patrimonio quedan

reflejadas en muchas otras personas, caso de la profesora Ana Ávila y el profesor de

Geografía Humana de la Hispalense Víctor Fernández Salinas, ambos miembros de

Icomos, que han trabajado en multitud de campañas e iniciativas patrimoniales. El papel

de ambos conjuntamente con la Plataforma Túmbala, contra la ubicación de la Torre

Pelli, fue muy relevante, adheriéndose al manifiesto que lanzaron los arquitectos

Fernando Mendoza y José García Tapial sobre el rascacielos lamentablemente erigido.

Quedan muchos asuntos por resolver y los monumentos de siempre continúan sin

uso: Convento de San Agustín, las Atarazanas, la Fábrica de Artillería (con algunas

alternativas interesantes), el templo del Convento de San Hermenegildo o el Monasterio

de San Jerónimo de Buenavista. Y que no se deje perder la colección pictórica que

Mariano Bellver quiere destinar a Sevilla.

Adepa, que ha recibido en 2013 el premio del Cabildo Alfonso X el Sabio, sigue

elaborando informes para llamar la atención sobre el estado de conservación de distintos

edificios singulares de Sevilla de distinta índole, viejos conventos, casas señoriales,

arquitectura industrial y teatros históricos cerrados y sin uso, más otros muchos

edificios olvidados como el Café Madrid y los pocos inmuebles tradicionales anteriores

al siglo XIX que aún permanecen en pie. Nos queda la voz de los ciudadanos y las

innumerables denuncias del inagotable Joaquín Egea.

Ante los traumáticos estragos como el de la Torre Pelli o las Setas de la

Encarnación, uno se acuerda siempre de lo que piensa Don Perplejo, el personaje que el

escritor y dibujante Manuel Ferrand, tan sensible a las cosas de Sevilla, creó con su

estilográfica: “Hay cosas que no se explican a primera vista. Luego, si se medita

profundamente sobre ellas, se explican menos todavía”.