alianzas público-privadas para el desarrollo de iniciativas productivas de pequeños productores

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El Cuaderno Nº 2, de la Colección "Cuadernos de Trabajo para la acción público-privada en el Desarrollo Económico Local" constituye la sistematización del proyecto y contiene: el marco teórico que sustenta el establecimiento de pactos entre el sector público y el sector privado, el marco normativo imperante en Bolivia para el DEL, los objetivos del proyecto, el lugar de emplazamiento y la caracterización del área geográfica de trabajo, los participantes de la alianza y su naturaleza así como su papel y funciones, la formalización de los acuerdos, las acciones desarrolladas bajo el modelo de alianza público-privado, los principales resultados, y una evaluación y lecciones aprendidas en relación con las líneas estratégicas del proyecto.

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Page 1: Alianzas público-privadas para el desarrollo de iniciativas productivas de pequeños productores
Page 2: Alianzas público-privadas para el desarrollo de iniciativas productivas de pequeños productores

ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS PARA EL DESARROLLO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE ORGANIZACIONES DE

PEQUEÑOS PRODUCTORES URBANO RURALES

CUADERNO DE TRABAJO Nº 2

ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS PARA EL DESARROLLO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE ORGANIZACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES

URBANO RURALES1

En líneas generales, una alianza de cooperación público-privada se entiende como un acuerdo entre el sector público y privado, en la que parte de determinadas labores que son responsabili-dad del sector público, son asumidas por el sector privado mediante un acuerdo de objetivos y beneficios comunes, pero que no incluyen contratos, ya que de realizarse, éstos serían conside-rados como proyectos de contratación pública o de privatización de servicios públicos.

Desde la posición del sector privado y en relación con la toma de decisiones existen al menos 4 modelos de alianzas, no necesariamente excluyentes entre ellas, que pueden coexistir durante la consecución de un determinado objetivo de desarrollo: alianza contributiva, alianza opera-cional, alianza consultiva y alianza participativa (Hernández 2008). En los tres primeros mode-los de alianza el sector privado no asume decisiones, sino más bien tiene roles de financiador, encargado de la prestación de servicios o consejeros respecto de determinados proyectos públi-cos, respectivamente; mientras que en el modelo participativo, además de compartir los recur-sos financieros y recursos humanos, fundamentalmente se comparte el poder en la toma de decisiones. Otros aspectos a destacar en estos modelos son el discurso de los integrantes de la cooperación público-privada y la amplitud de las alianzas (Devlin y Moguillansky 2009). En relación con el discurso, éste puede variar desde una imposición de la estrategia del sector público al sector privado, pasando por un nivel de consulta del ente estatal al sector privado, hasta un nivel de diálogo entre ambos actores. En cuanto a la amplitud o composición de las alianzas, éstas pueden tratarse de alianzas simples entre un par de actores (público y privado) o de alianzas múltiples.

A partir de una perspectiva o explicación menos técnica y desde la nueva teoría de la gobernan-za2 entendida como la solución de problemas de carácter público a partir de la articulación de los diferentes sectores de la sociedad dotados de cierto poder (actores políticos y sociales) y no como una acción monopólica del Estado (Ballón, Rodríguez y Zeballos 2009 y Pliscoff y Araya 2012), las alianzas público-privadas pueden ser entendidas como una acción conjunta y de carácter colaborativo entre el Estado y el sector privado para la provisión y entrega de servi-cios o soluciones y cuyos resultados frecuentemente son mejores a los resultados obtenidos de manera separada por cada una de las partes. En general estas alianzas o acuerdos permiten al sector público y privado compartir el poder, el trabajo, la información y los riesgos que supone el objeto del acuerdo para el logro de objetivos comunes.

En esta misma corriente Ballón, Rodríguez y Zeballos (2009) categorizan a las alianzas entre estrictamente públicas-privadas y aquellas de carácter multisectorial orientadas al desarrollo. Las primeras se establecen por contrato entre 2 partes y se rigen por un marco legal establecido y regulado con poca o ninguna participación de agentes sociales. Por su parte, las alianzas mul-

tisectoriales funcionan con estructura legal flexible e incorporan la participación activa de otros actores, son colaboraciones voluntarias. Este último tipo de alianza es el que nos interesa en el presente trabajo, ya que el caso que se estudia más adelante trata sobre una experiencia de una alianza multisectorial que apunta a facilitar la cooperación entre Gobiernos Municipa-les, organizaciones de pequeños productores y CIUDADANÍA, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública (institución privada), en la ejecución de iniciativas productivas para el desarrollo local y en el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias de pequeños productores en un escenario de buena gobernabilidad local.

Las alianzas para el desarrollo operan estrictamente en el nivel local –a veces este ámbito local puede abarcar varios municipios con características socioeconómicas, culturales y medioam-bientales similares– y pueden estar organizadas de múltiples formas como ser mesas de con-certación, consejos, comités, foros y redes, donde los objetivos que se persiguen están ligados a su origen.

En el marco de lo local, las alianzas estratégicas para el desarrollo constituyen un mecanismo importante para el Desarrollo Económico Local3 (DEL), que consiste en un proceso de desa-rrollo participativo complejo, con diversos componentes y agentes públicos y privados que, mediante acuerdos de cooperación, buscan mejorar la calidad de vida de la población a través de la generación de más y mejores empleos y la dinamización de la economía del territorio local (González 2006 y Rodríguez-Pose 2002 en Rojas 2006).

Por lo tanto, el papel de los agentes locales en el DEL es fundamental y en la nueva estrategia del desarrollo territorial los agentes no son únicamente la administración central del Estado y las grandes empresas, sino los diversos niveles territoriales de la administración pública, las organizaciones intermedias del desarrollo local, las pequeñas y medianas empresas y microempresas, el conjunto de la sociedad civil organizada localmente (González 2006) y las familias de productores agropecuarios y artesanales aglutinados en pequeñas asociaciones. Adicionalmente, para impulsar el Desarrollo Económico Local no sólo es preciso utilizar los recursos internos sino también aprovechar las oportunidades de dinamismo externo existentes, es decir internalizar los impactos favorables de las oportunidades externas (Alburquerque 2004).

En función de esta nueva visión, los gobiernos locales han de actuar como ‘facilitadores de coaliciones locales de crecimiento económico en coordinación con otros actores sociales’ (Nickson, s/fecha en González 2006: 8). Este nuevo rol que el Gobierno Municipal se ve llamado a cumplir, requiere de nuevas formas de organización y de relacionamiento con los habitantes del territorio y, la cooperación público-privada a nivel municipal es una vía para generar sinergias en favor del Desarrollo Económico Local.

Page 3: Alianzas público-privadas para el desarrollo de iniciativas productivas de pequeños productores

CIUDADANÍA, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Públicac. Batallón Colorados Nº 2340 esq. Tocopilla, Sarco - Cochabamba, BoliviaTel/ Fax: (591-4) 4406393 - 4406615E-mail:[email protected]

SOS Faimc. Jordán Nº 299 esq. Hamiraya - Cochabamba, BoliviaTel/Fax: (591-4) 4584754E-mail: [email protected]

Depósito Legal:2 - 2 - 1055 - 14

Responsable de la Serie:Alberto Lizárraga

Responsable del Cuaderno:Alberto Lizárraga

Director de CIUDADANÍA y Asesor del Proyecto:Gonzalo Vargas Villazón

Aportes Metodológicos:Jacqueline Garrido Cortés Villazón

Equipo Técnico del Proyecto:Fabiola SolízJheannet FernándezJenny RojasIdelma ZambranaVerónica RomeroNoelia IllanesJavier Ledezma

Cuidado de Edición:Carla Urquidi

Impresión:Etreus Impresores - Telf.: 4409656

Cochabamba, enero de 2014

Page 4: Alianzas público-privadas para el desarrollo de iniciativas productivas de pequeños productores

PRESENTACIÓN

En el año 2006 con el cofinanciamiento de la Unión Europea, CIUDADANÍA y SOS Faim ejecutaron, dentro el programa regional Perú – Bolivia “Apoyo a iniciativas económicas y a la organización de pequeños productores rurales”, el proyecto “Desarrollo organizativo y alian-zas estratégicas”, dando inicio con ello a una relación de colaboración, que posteriormente fue reeditado en el 2011 mediante la puesta en marcha del proyecto “Pactos municipales de desa-rrollo económico local: fortaleciendo el desempeño productivo de las organizaciones de productores”, que fue financiado por SOS Faim y de la Dirección General de la Cooperación al Desarrollo del Servicio Público Federal Belga de Asuntos Exteriores, Comercio exterior y Cooperación al Desarrollo (DGD).

Los dos proyectos, desarrollados por más de 6 años en varios municipios del departamento de Cochabamba (Cliza y Tiquipaya en el periodo 2006-2008 y Cliza, San Benito, Tiquipaya y Arbieto en el periodo 2011-2013), son una contribución al Desarrollo Económico Local (DEL) y al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias de pequeños productores, median-te la movilización de diversos tipos de capitales, bajo el enfoque de cooperación público-priva-do.

La disponibilidad de recursos financieros en ambos proyectos para ser puestos a disposición de los gobiernos municipales, para que a su vez éstos los transfieran a las organizaciones de pequeños productores para la ejecución de iniciativas productivas concretas, motivó la necesi-dad de diseñar herramientas e instrumentos que permitan, tanto identificar con claridad a los destinatarios finales, como establecer los mecanismos apropiados para las inversiones.

Es así que a partir del año 2005, CIUDADANÍA ha trabajado en el diseño de una metodología participativa para identificar municipios con condiciones básicas de gobernanza y actitudes proactivas de sus pobladores en favor del DEL y para seleccionar proyectos de organizaciones de pequeños productores destinados a mejorar sus ingresos económicos y su calidad de vida.

En principio los instrumentos y herramientas fueron diseñados para llevar adelante actividades participativas como ser diagnósticos, elaboración de ideas y perfiles de proyectos y selección de iniciativas productivas. Más tarde, su uso reiterado permitió introducir mejoras y validarla como una metodología adecuadamente estructurada, de manera que todo el material elaborado a lo largo de la ejecución de las dos experiencias, incluida la sistematización de las actividades, han servido para la elaboración de la presente serie de cuadernos, en la perspectiva de consti-tuirse en un aporte del proyecto al DEL.

En ese sentido, los cuadernos que forman parte de la colección son:

— Cuaderno de Trabajo Nº 1 Metodología del proyecto piloto “Desarrollo organizativo y alianzas estratégicas”.

— Cuaderno de Trabajo Nº 2 “Alianzas público-privadas para el desarrollo de iniciativas productivas de organizaciones de pequeños productores urbano rurales”.

— Cuaderno de Trabajo Nº 3 “Condiciones para el desarrollo productivo mediante pactos de cooperación público-privado”.

— Cuaderno de Trabajo Nº 4 “Guía para la facilitación de diagnósticos participativos de acti-vidades económicas multisectoriales municipales”.

— Cuaderno de Trabajo Nº 5 “Guía para la formulación de ideas de iniciativas productivas”.— Cuaderno de Trabajo Nº 6 “Guía para la calificación técnica de ideas de iniciativas

productivas”.— Cuaderno de Trabajo Nº 7 “Guía para la presentación y calificación participativa de ideas

de iniciativas productivas”.— Cuaderno de Trabajo Nº 8 “Lineamientos metodológicos de línea de base y evaluación y

aplicación del marco metodológico”.

De estos ocho cuadernos, el Cuaderno Nº 2, que aquí se presenta, constituye la sistematización del proyecto y contiene: el marco teórico que sustenta el establecimiento de pactos entre el sector público y el sector privado; el marco normativo imperante en Bolivia para el DEL; los objetivos del proyecto; el lugar de emplazamiento y la caracterización del área geográfica de trabajo; los participantes de la alianza y su naturaleza así como su papel y funciones; la forma-lización de los acuerdos; las acciones desarrolladas bajo el modelo de alianza público-privado; los principales resultados; y una evaluación y lecciones aprendidas en relación con las líneas estratégicas del proyecto.

Al publicar este texto y la serie completa de cuadernos, CIUDADANÍA espera colaborar, tanto con aquellas instituciones que disponen de recursos financieros y realizan esfuerzos para fomentar la inversión productiva, bajo el enfoque de alianzas público-privadas, como con aquellas organizaciones económicas que buscan mejorar sus condiciones de producción y en cuya tarea se constituyen en los principales protagonistas del Desarrollo Económico Local.

ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS PARA EL DESARROLLO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE ORGANIZACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES

URBANO RURALES1

En líneas generales, una alianza de cooperación público-privada se entiende como un acuerdo entre el sector público y privado, en la que parte de determinadas labores que son responsabili-dad del sector público, son asumidas por el sector privado mediante un acuerdo de objetivos y beneficios comunes, pero que no incluyen contratos, ya que de realizarse, éstos serían conside-rados como proyectos de contratación pública o de privatización de servicios públicos.

Desde la posición del sector privado y en relación con la toma de decisiones existen al menos 4 modelos de alianzas, no necesariamente excluyentes entre ellas, que pueden coexistir durante la consecución de un determinado objetivo de desarrollo: alianza contributiva, alianza opera-cional, alianza consultiva y alianza participativa (Hernández 2008). En los tres primeros mode-los de alianza el sector privado no asume decisiones, sino más bien tiene roles de financiador, encargado de la prestación de servicios o consejeros respecto de determinados proyectos públi-cos, respectivamente; mientras que en el modelo participativo, además de compartir los recur-sos financieros y recursos humanos, fundamentalmente se comparte el poder en la toma de decisiones. Otros aspectos a destacar en estos modelos son el discurso de los integrantes de la cooperación público-privada y la amplitud de las alianzas (Devlin y Moguillansky 2009). En relación con el discurso, éste puede variar desde una imposición de la estrategia del sector público al sector privado, pasando por un nivel de consulta del ente estatal al sector privado, hasta un nivel de diálogo entre ambos actores. En cuanto a la amplitud o composición de las alianzas, éstas pueden tratarse de alianzas simples entre un par de actores (público y privado) o de alianzas múltiples.

A partir de una perspectiva o explicación menos técnica y desde la nueva teoría de la gobernan-za2 entendida como la solución de problemas de carácter público a partir de la articulación de los diferentes sectores de la sociedad dotados de cierto poder (actores políticos y sociales) y no como una acción monopólica del Estado (Ballón, Rodríguez y Zeballos 2009 y Pliscoff y Araya 2012), las alianzas público-privadas pueden ser entendidas como una acción conjunta y de carácter colaborativo entre el Estado y el sector privado para la provisión y entrega de servi-cios o soluciones y cuyos resultados frecuentemente son mejores a los resultados obtenidos de manera separada por cada una de las partes. En general estas alianzas o acuerdos permiten al sector público y privado compartir el poder, el trabajo, la información y los riesgos que supone el objeto del acuerdo para el logro de objetivos comunes.

En esta misma corriente Ballón, Rodríguez y Zeballos (2009) categorizan a las alianzas entre estrictamente públicas-privadas y aquellas de carácter multisectorial orientadas al desarrollo. Las primeras se establecen por contrato entre 2 partes y se rigen por un marco legal establecido y regulado con poca o ninguna participación de agentes sociales. Por su parte, las alianzas mul-

tisectoriales funcionan con estructura legal flexible e incorporan la participación activa de otros actores, son colaboraciones voluntarias. Este último tipo de alianza es el que nos interesa en el presente trabajo, ya que el caso que se estudia más adelante trata sobre una experiencia de una alianza multisectorial que apunta a facilitar la cooperación entre Gobiernos Municipa-les, organizaciones de pequeños productores y CIUDADANÍA, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública (institución privada), en la ejecución de iniciativas productivas para el desarrollo local y en el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias de pequeños productores en un escenario de buena gobernabilidad local.

Las alianzas para el desarrollo operan estrictamente en el nivel local –a veces este ámbito local puede abarcar varios municipios con características socioeconómicas, culturales y medioam-bientales similares– y pueden estar organizadas de múltiples formas como ser mesas de con-certación, consejos, comités, foros y redes, donde los objetivos que se persiguen están ligados a su origen.

En el marco de lo local, las alianzas estratégicas para el desarrollo constituyen un mecanismo importante para el Desarrollo Económico Local3 (DEL), que consiste en un proceso de desa-rrollo participativo complejo, con diversos componentes y agentes públicos y privados que, mediante acuerdos de cooperación, buscan mejorar la calidad de vida de la población a través de la generación de más y mejores empleos y la dinamización de la economía del territorio local (González 2006 y Rodríguez-Pose 2002 en Rojas 2006).

Por lo tanto, el papel de los agentes locales en el DEL es fundamental y en la nueva estrategia del desarrollo territorial los agentes no son únicamente la administración central del Estado y las grandes empresas, sino los diversos niveles territoriales de la administración pública, las organizaciones intermedias del desarrollo local, las pequeñas y medianas empresas y microempresas, el conjunto de la sociedad civil organizada localmente (González 2006) y las familias de productores agropecuarios y artesanales aglutinados en pequeñas asociaciones. Adicionalmente, para impulsar el Desarrollo Económico Local no sólo es preciso utilizar los recursos internos sino también aprovechar las oportunidades de dinamismo externo existentes, es decir internalizar los impactos favorables de las oportunidades externas (Alburquerque 2004).

En función de esta nueva visión, los gobiernos locales han de actuar como ‘facilitadores de coaliciones locales de crecimiento económico en coordinación con otros actores sociales’ (Nickson, s/fecha en González 2006: 8). Este nuevo rol que el Gobierno Municipal se ve llamado a cumplir, requiere de nuevas formas de organización y de relacionamiento con los habitantes del territorio y, la cooperación público-privada a nivel municipal es una vía para generar sinergias en favor del Desarrollo Económico Local.

Page 5: Alianzas público-privadas para el desarrollo de iniciativas productivas de pequeños productores

En el año 2006 con el cofinanciamiento de la Unión Europea, CIUDADANÍA y SOS Faim ejecutaron, dentro el programa regional Perú – Bolivia “Apoyo a iniciativas económicas y a la organización de pequeños productores rurales”, el proyecto “Desarrollo organizativo y alian-zas estratégicas”, dando inicio con ello a una relación de colaboración, que posteriormente fue reeditado en el 2011 mediante la puesta en marcha del proyecto “Pactos municipales de desa-rrollo económico local: fortaleciendo el desempeño productivo de las organizaciones de productores”, que fue financiado por SOS Faim y de la Dirección General de la Cooperación al Desarrollo del Servicio Público Federal Belga de Asuntos Exteriores, Comercio exterior y Cooperación al Desarrollo (DGD).

Los dos proyectos, desarrollados por más de 6 años en varios municipios del departamento de Cochabamba (Cliza y Tiquipaya en el periodo 2006-2008 y Cliza, San Benito, Tiquipaya y Arbieto en el periodo 2011-2013), son una contribución al Desarrollo Económico Local (DEL) y al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias de pequeños productores, median-te la movilización de diversos tipos de capitales, bajo el enfoque de cooperación público-priva-do.

La disponibilidad de recursos financieros en ambos proyectos para ser puestos a disposición de los gobiernos municipales, para que a su vez éstos los transfieran a las organizaciones de pequeños productores para la ejecución de iniciativas productivas concretas, motivó la necesi-dad de diseñar herramientas e instrumentos que permitan, tanto identificar con claridad a los destinatarios finales, como establecer los mecanismos apropiados para las inversiones.

Es así que a partir del año 2005, CIUDADANÍA ha trabajado en el diseño de una metodología participativa para identificar municipios con condiciones básicas de gobernanza y actitudes proactivas de sus pobladores en favor del DEL y para seleccionar proyectos de organizaciones de pequeños productores destinados a mejorar sus ingresos económicos y su calidad de vida.

En principio los instrumentos y herramientas fueron diseñados para llevar adelante actividades participativas como ser diagnósticos, elaboración de ideas y perfiles de proyectos y selección de iniciativas productivas. Más tarde, su uso reiterado permitió introducir mejoras y validarla como una metodología adecuadamente estructurada, de manera que todo el material elaborado a lo largo de la ejecución de las dos experiencias, incluida la sistematización de las actividades, han servido para la elaboración de la presente serie de cuadernos, en la perspectiva de consti-tuirse en un aporte del proyecto al DEL.

En ese sentido, los cuadernos que forman parte de la colección son:

— Cuaderno de Trabajo Nº 1 Metodología del proyecto piloto “Desarrollo organizativo y alianzas estratégicas”.

— Cuaderno de Trabajo Nº 2 “Alianzas público-privadas para el desarrollo de iniciativas productivas de organizaciones de pequeños productores urbano rurales”.

— Cuaderno de Trabajo Nº 3 “Condiciones para el desarrollo productivo mediante pactos de cooperación público-privado”.

— Cuaderno de Trabajo Nº 4 “Guía para la facilitación de diagnósticos participativos de acti-vidades económicas multisectoriales municipales”.

— Cuaderno de Trabajo Nº 5 “Guía para la formulación de ideas de iniciativas productivas”.— Cuaderno de Trabajo Nº 6 “Guía para la calificación técnica de ideas de iniciativas

productivas”.— Cuaderno de Trabajo Nº 7 “Guía para la presentación y calificación participativa de ideas

de iniciativas productivas”.— Cuaderno de Trabajo Nº 8 “Lineamientos metodológicos de línea de base y evaluación y

aplicación del marco metodológico”.

De estos ocho cuadernos, el Cuaderno Nº 2, que aquí se presenta, constituye la sistematización del proyecto y contiene: el marco teórico que sustenta el establecimiento de pactos entre el sector público y el sector privado; el marco normativo imperante en Bolivia para el DEL; los objetivos del proyecto; el lugar de emplazamiento y la caracterización del área geográfica de trabajo; los participantes de la alianza y su naturaleza así como su papel y funciones; la forma-lización de los acuerdos; las acciones desarrolladas bajo el modelo de alianza público-privado; los principales resultados; y una evaluación y lecciones aprendidas en relación con las líneas estratégicas del proyecto.

Al publicar este texto y la serie completa de cuadernos, CIUDADANÍA espera colaborar, tanto con aquellas instituciones que disponen de recursos financieros y realizan esfuerzos para fomentar la inversión productiva, bajo el enfoque de alianzas público-privadas, como con aquellas organizaciones económicas que buscan mejorar sus condiciones de producción y en cuya tarea se constituyen en los principales protagonistas del Desarrollo Económico Local.

ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS PARA EL DESARROLLO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE ORGANIZACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES

URBANO RURALES1

En líneas generales, una alianza de cooperación público-privada se entiende como un acuerdo entre el sector público y privado, en la que parte de determinadas labores que son responsabili-dad del sector público, son asumidas por el sector privado mediante un acuerdo de objetivos y beneficios comunes, pero que no incluyen contratos, ya que de realizarse, éstos serían conside-rados como proyectos de contratación pública o de privatización de servicios públicos.

Desde la posición del sector privado y en relación con la toma de decisiones existen al menos 4 modelos de alianzas, no necesariamente excluyentes entre ellas, que pueden coexistir durante la consecución de un determinado objetivo de desarrollo: alianza contributiva, alianza opera-cional, alianza consultiva y alianza participativa (Hernández 2008). En los tres primeros mode-los de alianza el sector privado no asume decisiones, sino más bien tiene roles de financiador, encargado de la prestación de servicios o consejeros respecto de determinados proyectos públi-cos, respectivamente; mientras que en el modelo participativo, además de compartir los recur-sos financieros y recursos humanos, fundamentalmente se comparte el poder en la toma de decisiones. Otros aspectos a destacar en estos modelos son el discurso de los integrantes de la cooperación público-privada y la amplitud de las alianzas (Devlin y Moguillansky 2009). En relación con el discurso, éste puede variar desde una imposición de la estrategia del sector público al sector privado, pasando por un nivel de consulta del ente estatal al sector privado, hasta un nivel de diálogo entre ambos actores. En cuanto a la amplitud o composición de las alianzas, éstas pueden tratarse de alianzas simples entre un par de actores (público y privado) o de alianzas múltiples.

A partir de una perspectiva o explicación menos técnica y desde la nueva teoría de la gobernan-za2 entendida como la solución de problemas de carácter público a partir de la articulación de los diferentes sectores de la sociedad dotados de cierto poder (actores políticos y sociales) y no como una acción monopólica del Estado (Ballón, Rodríguez y Zeballos 2009 y Pliscoff y Araya 2012), las alianzas público-privadas pueden ser entendidas como una acción conjunta y de carácter colaborativo entre el Estado y el sector privado para la provisión y entrega de servi-cios o soluciones y cuyos resultados frecuentemente son mejores a los resultados obtenidos de manera separada por cada una de las partes. En general estas alianzas o acuerdos permiten al sector público y privado compartir el poder, el trabajo, la información y los riesgos que supone el objeto del acuerdo para el logro de objetivos comunes.

En esta misma corriente Ballón, Rodríguez y Zeballos (2009) categorizan a las alianzas entre estrictamente públicas-privadas y aquellas de carácter multisectorial orientadas al desarrollo. Las primeras se establecen por contrato entre 2 partes y se rigen por un marco legal establecido y regulado con poca o ninguna participación de agentes sociales. Por su parte, las alianzas mul-

tisectoriales funcionan con estructura legal flexible e incorporan la participación activa de otros actores, son colaboraciones voluntarias. Este último tipo de alianza es el que nos interesa en el presente trabajo, ya que el caso que se estudia más adelante trata sobre una experiencia de una alianza multisectorial que apunta a facilitar la cooperación entre Gobiernos Municipa-les, organizaciones de pequeños productores y CIUDADANÍA, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública (institución privada), en la ejecución de iniciativas productivas para el desarrollo local y en el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias de pequeños productores en un escenario de buena gobernabilidad local.

Las alianzas para el desarrollo operan estrictamente en el nivel local –a veces este ámbito local puede abarcar varios municipios con características socioeconómicas, culturales y medioam-bientales similares– y pueden estar organizadas de múltiples formas como ser mesas de con-certación, consejos, comités, foros y redes, donde los objetivos que se persiguen están ligados a su origen.

En el marco de lo local, las alianzas estratégicas para el desarrollo constituyen un mecanismo importante para el Desarrollo Económico Local3 (DEL), que consiste en un proceso de desa-rrollo participativo complejo, con diversos componentes y agentes públicos y privados que, mediante acuerdos de cooperación, buscan mejorar la calidad de vida de la población a través de la generación de más y mejores empleos y la dinamización de la economía del territorio local (González 2006 y Rodríguez-Pose 2002 en Rojas 2006).

Por lo tanto, el papel de los agentes locales en el DEL es fundamental y en la nueva estrategia del desarrollo territorial los agentes no son únicamente la administración central del Estado y las grandes empresas, sino los diversos niveles territoriales de la administración pública, las organizaciones intermedias del desarrollo local, las pequeñas y medianas empresas y microempresas, el conjunto de la sociedad civil organizada localmente (González 2006) y las familias de productores agropecuarios y artesanales aglutinados en pequeñas asociaciones. Adicionalmente, para impulsar el Desarrollo Económico Local no sólo es preciso utilizar los recursos internos sino también aprovechar las oportunidades de dinamismo externo existentes, es decir internalizar los impactos favorables de las oportunidades externas (Alburquerque 2004).

En función de esta nueva visión, los gobiernos locales han de actuar como ‘facilitadores de coaliciones locales de crecimiento económico en coordinación con otros actores sociales’ (Nickson, s/fecha en González 2006: 8). Este nuevo rol que el Gobierno Municipal se ve llamado a cumplir, requiere de nuevas formas de organización y de relacionamiento con los habitantes del territorio y, la cooperación público-privada a nivel municipal es una vía para generar sinergias en favor del Desarrollo Económico Local.

Page 6: Alianzas público-privadas para el desarrollo de iniciativas productivas de pequeños productores

CONTENIDO

PRESENTACION 3

ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS PARA EL DESARROLLO DE INICIATIVAS

PRODUCTIVAS DE ORGANIZACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES

URBANO RURALES 7

El marco normativo para el DEL en Bolivia: Su recorrido 9

Objetivos del proyecto 13

Emplazamiento del proyecto y caracterización del área geográfica 14

Participantes de las alianzas y naturaleza 16

Papel y funciones de los aliados 22

Formalización de los acuerdos 24

El proyecto “Pactos municipales de desarrollo económico local: fortaleciendo el

desempeño de las organizaciones de productores”: acciones desarrolladas para este

modelo de Alianzas Público-Privado para el DEL 25

Resultados Principales 32

Evaluación y lecciones aprendidas en relación con las líneas estratégicas del proyecto 35

BIBLIOGRAFÍA 40

ANEXOS 41

ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS PARA EL DESARROLLO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE ORGANIZACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES

URBANO RURALES1

En líneas generales, una alianza de cooperación público-privada se entiende como un acuerdo entre el sector público y privado, en la que parte de determinadas labores que son responsabili-dad del sector público, son asumidas por el sector privado mediante un acuerdo de objetivos y beneficios comunes, pero que no incluyen contratos, ya que de realizarse, éstos serían conside-rados como proyectos de contratación pública o de privatización de servicios públicos.

Desde la posición del sector privado y en relación con la toma de decisiones existen al menos 4 modelos de alianzas, no necesariamente excluyentes entre ellas, que pueden coexistir durante la consecución de un determinado objetivo de desarrollo: alianza contributiva, alianza opera-cional, alianza consultiva y alianza participativa (Hernández 2008). En los tres primeros mode-los de alianza el sector privado no asume decisiones, sino más bien tiene roles de financiador, encargado de la prestación de servicios o consejeros respecto de determinados proyectos públi-cos, respectivamente; mientras que en el modelo participativo, además de compartir los recur-sos financieros y recursos humanos, fundamentalmente se comparte el poder en la toma de decisiones. Otros aspectos a destacar en estos modelos son el discurso de los integrantes de la cooperación público-privada y la amplitud de las alianzas (Devlin y Moguillansky 2009). En relación con el discurso, éste puede variar desde una imposición de la estrategia del sector público al sector privado, pasando por un nivel de consulta del ente estatal al sector privado, hasta un nivel de diálogo entre ambos actores. En cuanto a la amplitud o composición de las alianzas, éstas pueden tratarse de alianzas simples entre un par de actores (público y privado) o de alianzas múltiples.

A partir de una perspectiva o explicación menos técnica y desde la nueva teoría de la gobernan-za2 entendida como la solución de problemas de carácter público a partir de la articulación de los diferentes sectores de la sociedad dotados de cierto poder (actores políticos y sociales) y no como una acción monopólica del Estado (Ballón, Rodríguez y Zeballos 2009 y Pliscoff y Araya 2012), las alianzas público-privadas pueden ser entendidas como una acción conjunta y de carácter colaborativo entre el Estado y el sector privado para la provisión y entrega de servi-cios o soluciones y cuyos resultados frecuentemente son mejores a los resultados obtenidos de manera separada por cada una de las partes. En general estas alianzas o acuerdos permiten al sector público y privado compartir el poder, el trabajo, la información y los riesgos que supone el objeto del acuerdo para el logro de objetivos comunes.

En esta misma corriente Ballón, Rodríguez y Zeballos (2009) categorizan a las alianzas entre estrictamente públicas-privadas y aquellas de carácter multisectorial orientadas al desarrollo. Las primeras se establecen por contrato entre 2 partes y se rigen por un marco legal establecido y regulado con poca o ninguna participación de agentes sociales. Por su parte, las alianzas mul-

tisectoriales funcionan con estructura legal flexible e incorporan la participación activa de otros actores, son colaboraciones voluntarias. Este último tipo de alianza es el que nos interesa en el presente trabajo, ya que el caso que se estudia más adelante trata sobre una experiencia de una alianza multisectorial que apunta a facilitar la cooperación entre Gobiernos Municipa-les, organizaciones de pequeños productores y CIUDADANÍA, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública (institución privada), en la ejecución de iniciativas productivas para el desarrollo local y en el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias de pequeños productores en un escenario de buena gobernabilidad local.

Las alianzas para el desarrollo operan estrictamente en el nivel local –a veces este ámbito local puede abarcar varios municipios con características socioeconómicas, culturales y medioam-bientales similares– y pueden estar organizadas de múltiples formas como ser mesas de con-certación, consejos, comités, foros y redes, donde los objetivos que se persiguen están ligados a su origen.

En el marco de lo local, las alianzas estratégicas para el desarrollo constituyen un mecanismo importante para el Desarrollo Económico Local3 (DEL), que consiste en un proceso de desa-rrollo participativo complejo, con diversos componentes y agentes públicos y privados que, mediante acuerdos de cooperación, buscan mejorar la calidad de vida de la población a través de la generación de más y mejores empleos y la dinamización de la economía del territorio local (González 2006 y Rodríguez-Pose 2002 en Rojas 2006).

Por lo tanto, el papel de los agentes locales en el DEL es fundamental y en la nueva estrategia del desarrollo territorial los agentes no son únicamente la administración central del Estado y las grandes empresas, sino los diversos niveles territoriales de la administración pública, las organizaciones intermedias del desarrollo local, las pequeñas y medianas empresas y microempresas, el conjunto de la sociedad civil organizada localmente (González 2006) y las familias de productores agropecuarios y artesanales aglutinados en pequeñas asociaciones. Adicionalmente, para impulsar el Desarrollo Económico Local no sólo es preciso utilizar los recursos internos sino también aprovechar las oportunidades de dinamismo externo existentes, es decir internalizar los impactos favorables de las oportunidades externas (Alburquerque 2004).

En función de esta nueva visión, los gobiernos locales han de actuar como ‘facilitadores de coaliciones locales de crecimiento económico en coordinación con otros actores sociales’ (Nickson, s/fecha en González 2006: 8). Este nuevo rol que el Gobierno Municipal se ve llamado a cumplir, requiere de nuevas formas de organización y de relacionamiento con los habitantes del territorio y, la cooperación público-privada a nivel municipal es una vía para generar sinergias en favor del Desarrollo Económico Local.

Page 7: Alianzas público-privadas para el desarrollo de iniciativas productivas de pequeños productores

ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS PARA EL DESARROLLO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE ORGANIZACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES

URBANO RURALES1

En líneas generales, una alianza de cooperación público-privada se entiende como un acuerdo entre el sector público y privado, en la que parte de determinadas labores que son responsabili-dad del sector público, son asumidas por el sector privado mediante un acuerdo de objetivos y beneficios comunes, pero que no incluyen contratos, ya que de realizarse, éstos serían conside-rados como proyectos de contratación pública o de privatización de servicios públicos.

Desde la posición del sector privado y en relación con la toma de decisiones existen al menos 4 modelos de alianzas, no necesariamente excluyentes entre ellas, que pueden coexistir durante la consecución de un determinado objetivo de desarrollo: alianza contributiva, alianza opera-cional, alianza consultiva y alianza participativa (Hernández 2008). En los tres primeros mode-los de alianza el sector privado no asume decisiones, sino más bien tiene roles de financiador, encargado de la prestación de servicios o consejeros respecto de determinados proyectos públi-cos, respectivamente; mientras que en el modelo participativo, además de compartir los recur-sos financieros y recursos humanos, fundamentalmente se comparte el poder en la toma de decisiones. Otros aspectos a destacar en estos modelos son el discurso de los integrantes de la cooperación público-privada y la amplitud de las alianzas (Devlin y Moguillansky 2009). En relación con el discurso, éste puede variar desde una imposición de la estrategia del sector público al sector privado, pasando por un nivel de consulta del ente estatal al sector privado, hasta un nivel de diálogo entre ambos actores. En cuanto a la amplitud o composición de las alianzas, éstas pueden tratarse de alianzas simples entre un par de actores (público y privado) o de alianzas múltiples.

A partir de una perspectiva o explicación menos técnica y desde la nueva teoría de la gobernan-za2 entendida como la solución de problemas de carácter público a partir de la articulación de los diferentes sectores de la sociedad dotados de cierto poder (actores políticos y sociales) y no como una acción monopólica del Estado (Ballón, Rodríguez y Zeballos 2009 y Pliscoff y Araya 2012), las alianzas público-privadas pueden ser entendidas como una acción conjunta y de carácter colaborativo entre el Estado y el sector privado para la provisión y entrega de servi-cios o soluciones y cuyos resultados frecuentemente son mejores a los resultados obtenidos de manera separada por cada una de las partes. En general estas alianzas o acuerdos permiten al sector público y privado compartir el poder, el trabajo, la información y los riesgos que supone el objeto del acuerdo para el logro de objetivos comunes.

En esta misma corriente Ballón, Rodríguez y Zeballos (2009) categorizan a las alianzas entre estrictamente públicas-privadas y aquellas de carácter multisectorial orientadas al desarrollo. Las primeras se establecen por contrato entre 2 partes y se rigen por un marco legal establecido y regulado con poca o ninguna participación de agentes sociales. Por su parte, las alianzas mul-

tisectoriales funcionan con estructura legal flexible e incorporan la participación activa de otros actores, son colaboraciones voluntarias. Este último tipo de alianza es el que nos interesa en el presente trabajo, ya que el caso que se estudia más adelante trata sobre una experiencia de una alianza multisectorial que apunta a facilitar la cooperación entre Gobiernos Municipa-les, organizaciones de pequeños productores y CIUDADANÍA, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública (institución privada), en la ejecución de iniciativas productivas para el desarrollo local y en el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias de pequeños productores en un escenario de buena gobernabilidad local.

Las alianzas para el desarrollo operan estrictamente en el nivel local –a veces este ámbito local puede abarcar varios municipios con características socioeconómicas, culturales y medioam-bientales similares– y pueden estar organizadas de múltiples formas como ser mesas de con-certación, consejos, comités, foros y redes, donde los objetivos que se persiguen están ligados a su origen.

En el marco de lo local, las alianzas estratégicas para el desarrollo constituyen un mecanismo importante para el Desarrollo Económico Local3 (DEL), que consiste en un proceso de desa-rrollo participativo complejo, con diversos componentes y agentes públicos y privados que, mediante acuerdos de cooperación, buscan mejorar la calidad de vida de la población a través de la generación de más y mejores empleos y la dinamización de la economía del territorio local (González 2006 y Rodríguez-Pose 2002 en Rojas 2006).

Por lo tanto, el papel de los agentes locales en el DEL es fundamental y en la nueva estrategia del desarrollo territorial los agentes no son únicamente la administración central del Estado y las grandes empresas, sino los diversos niveles territoriales de la administración pública, las organizaciones intermedias del desarrollo local, las pequeñas y medianas empresas y microempresas, el conjunto de la sociedad civil organizada localmente (González 2006) y las familias de productores agropecuarios y artesanales aglutinados en pequeñas asociaciones. Adicionalmente, para impulsar el Desarrollo Económico Local no sólo es preciso utilizar los recursos internos sino también aprovechar las oportunidades de dinamismo externo existentes, es decir internalizar los impactos favorables de las oportunidades externas (Alburquerque 2004).

En función de esta nueva visión, los gobiernos locales han de actuar como ‘facilitadores de coaliciones locales de crecimiento económico en coordinación con otros actores sociales’ (Nickson, s/fecha en González 2006: 8). Este nuevo rol que el Gobierno Municipal se ve llamado a cumplir, requiere de nuevas formas de organización y de relacionamiento con los habitantes del territorio y, la cooperación público-privada a nivel municipal es una vía para generar sinergias en favor del Desarrollo Económico Local.

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ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS PARA EL DESARROLLO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE ORGANIZACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES

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En líneas generales, una alianza de cooperación público-privada se entiende como un acuerdo entre el sector público y privado, en la que parte de determinadas labores que son responsabili-dad del sector público, son asumidas por el sector privado mediante un acuerdo de objetivos y beneficios comunes, pero que no incluyen contratos, ya que de realizarse, éstos serían conside-rados como proyectos de contratación pública o de privatización de servicios públicos.

Desde la posición del sector privado y en relación con la toma de decisiones existen al menos 4 modelos de alianzas, no necesariamente excluyentes entre ellas, que pueden coexistir durante la consecución de un determinado objetivo de desarrollo: alianza contributiva, alianza opera-cional, alianza consultiva y alianza participativa (Hernández 2008). En los tres primeros mode-los de alianza el sector privado no asume decisiones, sino más bien tiene roles de financiador, encargado de la prestación de servicios o consejeros respecto de determinados proyectos públi-cos, respectivamente; mientras que en el modelo participativo, además de compartir los recur-sos financieros y recursos humanos, fundamentalmente se comparte el poder en la toma de decisiones. Otros aspectos a destacar en estos modelos son el discurso de los integrantes de la cooperación público-privada y la amplitud de las alianzas (Devlin y Moguillansky 2009). En relación con el discurso, éste puede variar desde una imposición de la estrategia del sector público al sector privado, pasando por un nivel de consulta del ente estatal al sector privado, hasta un nivel de diálogo entre ambos actores. En cuanto a la amplitud o composición de las alianzas, éstas pueden tratarse de alianzas simples entre un par de actores (público y privado) o de alianzas múltiples.

A partir de una perspectiva o explicación menos técnica y desde la nueva teoría de la gobernan-za2 entendida como la solución de problemas de carácter público a partir de la articulación de los diferentes sectores de la sociedad dotados de cierto poder (actores políticos y sociales) y no como una acción monopólica del Estado (Ballón, Rodríguez y Zeballos 2009 y Pliscoff y Araya 2012), las alianzas público-privadas pueden ser entendidas como una acción conjunta y de carácter colaborativo entre el Estado y el sector privado para la provisión y entrega de servi-cios o soluciones y cuyos resultados frecuentemente son mejores a los resultados obtenidos de manera separada por cada una de las partes. En general estas alianzas o acuerdos permiten al sector público y privado compartir el poder, el trabajo, la información y los riesgos que supone el objeto del acuerdo para el logro de objetivos comunes.

En esta misma corriente Ballón, Rodríguez y Zeballos (2009) categorizan a las alianzas entre estrictamente públicas-privadas y aquellas de carácter multisectorial orientadas al desarrollo. Las primeras se establecen por contrato entre 2 partes y se rigen por un marco legal establecido y regulado con poca o ninguna participación de agentes sociales. Por su parte, las alianzas mul-

1 Artículo escrito por Alberto Lizárraga.2 Marco teórico desarrollado entre algunos por Newman (2001) y Kooiman (2003).

tisectoriales funcionan con estructura legal flexible e incorporan la participación activa de otros actores, son colaboraciones voluntarias. Este último tipo de alianza es el que nos interesa en el presente trabajo, ya que el caso que se estudia más adelante trata sobre una experiencia de una alianza multisectorial que apunta a facilitar la cooperación entre Gobiernos Municipa-les, organizaciones de pequeños productores y CIUDADANÍA, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública (institución privada), en la ejecución de iniciativas productivas para el desarrollo local y en el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias de pequeños productores en un escenario de buena gobernabilidad local.

Las alianzas para el desarrollo operan estrictamente en el nivel local –a veces este ámbito local puede abarcar varios municipios con características socioeconómicas, culturales y medioam-bientales similares– y pueden estar organizadas de múltiples formas como ser mesas de con-certación, consejos, comités, foros y redes, donde los objetivos que se persiguen están ligados a su origen.

En el marco de lo local, las alianzas estratégicas para el desarrollo constituyen un mecanismo importante para el Desarrollo Económico Local3 (DEL), que consiste en un proceso de desa-rrollo participativo complejo, con diversos componentes y agentes públicos y privados que, mediante acuerdos de cooperación, buscan mejorar la calidad de vida de la población a través de la generación de más y mejores empleos y la dinamización de la economía del territorio local (González 2006 y Rodríguez-Pose 2002 en Rojas 2006).

Por lo tanto, el papel de los agentes locales en el DEL es fundamental y en la nueva estrategia del desarrollo territorial los agentes no son únicamente la administración central del Estado y las grandes empresas, sino los diversos niveles territoriales de la administración pública, las organizaciones intermedias del desarrollo local, las pequeñas y medianas empresas y microempresas, el conjunto de la sociedad civil organizada localmente (González 2006) y las familias de productores agropecuarios y artesanales aglutinados en pequeñas asociaciones. Adicionalmente, para impulsar el Desarrollo Económico Local no sólo es preciso utilizar los recursos internos sino también aprovechar las oportunidades de dinamismo externo existentes, es decir internalizar los impactos favorables de las oportunidades externas (Alburquerque 2004).

En función de esta nueva visión, los gobiernos locales han de actuar como ‘facilitadores de coaliciones locales de crecimiento económico en coordinación con otros actores sociales’ (Nickson, s/fecha en González 2006: 8). Este nuevo rol que el Gobierno Municipal se ve llamado a cumplir, requiere de nuevas formas de organización y de relacionamiento con los habitantes del territorio y, la cooperación público-privada a nivel municipal es una vía para generar sinergias en favor del Desarrollo Económico Local.

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ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS PARA EL DESARROLLO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE ORGANIZACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES

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En líneas generales, una alianza de cooperación público-privada se entiende como un acuerdo entre el sector público y privado, en la que parte de determinadas labores que son responsabili-dad del sector público, son asumidas por el sector privado mediante un acuerdo de objetivos y beneficios comunes, pero que no incluyen contratos, ya que de realizarse, éstos serían conside-rados como proyectos de contratación pública o de privatización de servicios públicos.

Desde la posición del sector privado y en relación con la toma de decisiones existen al menos 4 modelos de alianzas, no necesariamente excluyentes entre ellas, que pueden coexistir durante la consecución de un determinado objetivo de desarrollo: alianza contributiva, alianza opera-cional, alianza consultiva y alianza participativa (Hernández 2008). En los tres primeros mode-los de alianza el sector privado no asume decisiones, sino más bien tiene roles de financiador, encargado de la prestación de servicios o consejeros respecto de determinados proyectos públi-cos, respectivamente; mientras que en el modelo participativo, además de compartir los recur-sos financieros y recursos humanos, fundamentalmente se comparte el poder en la toma de decisiones. Otros aspectos a destacar en estos modelos son el discurso de los integrantes de la cooperación público-privada y la amplitud de las alianzas (Devlin y Moguillansky 2009). En relación con el discurso, éste puede variar desde una imposición de la estrategia del sector público al sector privado, pasando por un nivel de consulta del ente estatal al sector privado, hasta un nivel de diálogo entre ambos actores. En cuanto a la amplitud o composición de las alianzas, éstas pueden tratarse de alianzas simples entre un par de actores (público y privado) o de alianzas múltiples.

A partir de una perspectiva o explicación menos técnica y desde la nueva teoría de la gobernan-za2 entendida como la solución de problemas de carácter público a partir de la articulación de los diferentes sectores de la sociedad dotados de cierto poder (actores políticos y sociales) y no como una acción monopólica del Estado (Ballón, Rodríguez y Zeballos 2009 y Pliscoff y Araya 2012), las alianzas público-privadas pueden ser entendidas como una acción conjunta y de carácter colaborativo entre el Estado y el sector privado para la provisión y entrega de servi-cios o soluciones y cuyos resultados frecuentemente son mejores a los resultados obtenidos de manera separada por cada una de las partes. En general estas alianzas o acuerdos permiten al sector público y privado compartir el poder, el trabajo, la información y los riesgos que supone el objeto del acuerdo para el logro de objetivos comunes.

En esta misma corriente Ballón, Rodríguez y Zeballos (2009) categorizan a las alianzas entre estrictamente públicas-privadas y aquellas de carácter multisectorial orientadas al desarrollo. Las primeras se establecen por contrato entre 2 partes y se rigen por un marco legal establecido y regulado con poca o ninguna participación de agentes sociales. Por su parte, las alianzas mul-

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tisectoriales funcionan con estructura legal flexible e incorporan la participación activa de otros actores, son colaboraciones voluntarias. Este último tipo de alianza es el que nos interesa en el presente trabajo, ya que el caso que se estudia más adelante trata sobre una experiencia de una alianza multisectorial que apunta a facilitar la cooperación entre Gobiernos Municipa-les, organizaciones de pequeños productores y CIUDADANÍA, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública (institución privada), en la ejecución de iniciativas productivas para el desarrollo local y en el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias de pequeños productores en un escenario de buena gobernabilidad local.

Las alianzas para el desarrollo operan estrictamente en el nivel local –a veces este ámbito local puede abarcar varios municipios con características socioeconómicas, culturales y medioam-bientales similares– y pueden estar organizadas de múltiples formas como ser mesas de con-certación, consejos, comités, foros y redes, donde los objetivos que se persiguen están ligados a su origen.

En el marco de lo local, las alianzas estratégicas para el desarrollo constituyen un mecanismo importante para el Desarrollo Económico Local3 (DEL), que consiste en un proceso de desa-rrollo participativo complejo, con diversos componentes y agentes públicos y privados que, mediante acuerdos de cooperación, buscan mejorar la calidad de vida de la población a través de la generación de más y mejores empleos y la dinamización de la economía del territorio local (González 2006 y Rodríguez-Pose 2002 en Rojas 2006).

Por lo tanto, el papel de los agentes locales en el DEL es fundamental y en la nueva estrategia del desarrollo territorial los agentes no son únicamente la administración central del Estado y las grandes empresas, sino los diversos niveles territoriales de la administración pública, las organizaciones intermedias del desarrollo local, las pequeñas y medianas empresas y microempresas, el conjunto de la sociedad civil organizada localmente (González 2006) y las familias de productores agropecuarios y artesanales aglutinados en pequeñas asociaciones. Adicionalmente, para impulsar el Desarrollo Económico Local no sólo es preciso utilizar los recursos internos sino también aprovechar las oportunidades de dinamismo externo existentes, es decir internalizar los impactos favorables de las oportunidades externas (Alburquerque 2004).

En función de esta nueva visión, los gobiernos locales han de actuar como ‘facilitadores de coaliciones locales de crecimiento económico en coordinación con otros actores sociales’ (Nickson, s/fecha en González 2006: 8). Este nuevo rol que el Gobierno Municipal se ve llamado a cumplir, requiere de nuevas formas de organización y de relacionamiento con los habitantes del territorio y, la cooperación público-privada a nivel municipal es una vía para generar sinergias en favor del Desarrollo Económico Local.

3 El DEL también puede ser entendido como una herramienta que hace viable y sostenible la planificación participativa, la inversión productiva y el desarrollo humano sostenible, aspectos que se expresan en el Plan de Desarrollo Económico Local que es un documento en el que se realiza la caracterización del entorno geográfico (realidad socioeconómica), se plantea la visión de desarrollo, los ejes y objetivos estratégicos, los programas y proyectos de desarrollo económico y las estrategias de implementación del plan.

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El marco normativo para el DEL en Bolivia: Su recorrido

El territorio del Estado Plurinacional de Bolivia se organiza administrativamente en 9 departa-mentos, 112 provincias, 337 municipios y 190 territorios indígena originario campesinos (TIOC) reconocidos hasta el año 2010 de un total de 298 solicitudes (Fundación Tierra 2011).

El sistema autonómico se extiende a los departamentos y a los municipios, sin subordinación alguna entre ellas y con igual rango constitucional, en los cuales se constituyen Gobiernos Departamentales y Municipales y se rigen por sus respectivos Estatutos Autonómicos y Cartas Orgánicas, la mayoría de las cuales aún se encuentran en proceso de elaboración. La autonomía implica la elección directa de autoridades por parte de la población abarcando su jurisdicción territorial, la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de las facultades legisla-tiva, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos de Gobierno Autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias. La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, también reconoce las autonomías regionales a iniciativa de los municipios que la inte-gran vía referendo en sus jurisdicciones, donde se constituye un Gobierno Regional con facul-tad deliberativa, normativo-administrativa y fiscalizadora, en el ámbito de sus competencias, y un órgano ejecutivo. La norma prevé que la elección de autoridades regionales se realice en cada municipio junto con las listas de candidatos a Concejales Municipales.

En retrospectiva, desde la década de los 90 Bolivia ha experimentado procesos de descentrali-zación que han permitido la participación política y participación social en la gestión pública. La reforma constitucional de 1993, refrendada posteriormente en 1995, marcaron un hito para la transformación de las relaciones entre el Estado y la sociedad y conjuntamente otras normas, leyes, decretos, resoluciones ministeriales y normas básicas de gestión afectaron directamente la gestión municipal.

Los inicios de la descentralización y autonomías territoriales se remontan a 1994 con la apro-bación de la Ley de Participación Popular, mediante la cual se municipalizó el país y sentó la presencia del Estado en las áreas rurales, reconociendo como sujetos de la participación popu-lar a las Organizaciones Territoriales de Base (OTBs), representando a comunidades campesi-nas, pueblos indígenas y juntas vecinales. Asimismo, la LPP le transfirió a los municipios la responsabilidad de la planificación y gestión de su desarrollo social y económico y de manera concreta le transfirió competencias a las municipalidades en materia de infraestructura física de educación, salud, deporte, caminos vecinales, y microriego con la obligación de adminis-trarla, mantenerla y renovarla, para cuya dinamización del proceso le asignó a cada municipio recursos, adicionales a ingresos propios, proveniente de la coparticipación tributaria, en función al número de habitantes, con los correspondientes derechos de las OTBs de proponer, pedir, controlar y supervisar la ejecución de obras y la prestación de servicios públicos en cada una de las competencias anteriormente mencionadas. El Plan de Desarrollo Municipal (PDM) es la base y el pilar del proceso de planificación y está constituido por el diagnóstico, la visión estratégica y la programación quinquenal o de mediano plazo.

Por su parte, la Ley de Descentralización Administrativa, estructurada para promover la parti-cipación popular en los espacios geográficos departamentales, determinó en su momento que las prefecturas debían formular y ejecutar los Planes Departamentales de Desarrollo Económi-co y Social, de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Planificación, en coordinación con los Gobiernos Municipales de su jurisdicción y promover la inversión privada.

En este marco de reformas estatales, allá por 1996, aparece la noción de municipio productivo, denominado también Promoción Económica Local o Desarrollo Económico Local, a partir del trabajo realizado por el proyecto Promoción Al Desarrollo Económico Rural (PADER), el cual hace referencia a un espacio territorial donde sus pobladores tienen posibilidades de obtener empleo digno y una remuneración que les permita satisfacer sus necesidades y gozar de un mejor nivel de vida, el cual está directamente relacionado con el aumento de las inversiones privadas que aprovechan las potencialidades del municipio y las oportunidades del mercado (PADER – COSUDE 2004).

Este concepto, a no mucho tiempo de su formulación, fue puesto en tela de juicio por Medina, al considerar que por un par de “golondrinas emprendedoras” (2004: 229) –empresarios priva-dos-, encontradas en los municipios no se puede hablar de municipio productivo y que el error fundamental del PADER para formular esa proposición fue pensar que Bolivia es un país capi-talista, cuando por ejemplo en el sector comunitario o rural, como es el caso de la mayoría de los municipios del país, “el ‘patrón’ y el ‘trabajador’ son la misma persona” (:229) rodeada de sus familiares en el desarrollo de las actividades (Ayo, 2004). Empero, la promoción del creci-miento económico local, mediante el desarrollo de ventajas competitivas, identificando las potencialidades y vocaciones del municipio, involucrando para ese propósito a los agentes eco-nómicos locales y externos (sector privado, asociaciones y fundaciones y otras entidades sin fines de lucro), en la prestación de servicios, ejecución de obras públicas y otras actividades de interés del municipio estipuladas en la Ley de Municipalidades actualizada en 1999, no son sino la expresión del concepto de municipio productivo acuñado por el PADER.

La tendencia hacia la promoción del desarrollo económico se expresó en el Diálogo Nacional 2000. La Ley 2235, promulgada como resultado del Diálogo Nacional 2000, amplió las com-petencias de los municipios para emprender la promoción del desarrollo económico al asignar-les los recursos provenientes del programa HIPC, que se originaron con la renegociación de la deuda externa.

Esta Ley establece que las organizaciones y asociaciones de pequeños productores urbanos y rurales conformados por la pequeña industria, micro y pequeños empresarios, artesanos, orga-nizaciones económicas campesinas y minería cooperativizada, se constituyen en agentes eco-nómicos de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza y, por lo tanto, con preferencia en los proveedores de bienes y prestadores de servicios demandados por los órganos públicos. Pero además, dispone la asignación de recursos para programas municipales de infraestructura productiva y social destinados a financiar o cofinanciar, entre algunos, proyectos de expansión y mantenimiento de vías de acceso a frentes de producción, infraestructura de caminos vecina-

les, captaciones de agua y microriego, electrificación y otra infraestructura productiva de carácter público.

Estos roles municipales se amplían mediante el Decreto Supremo Nº 28421 de 2005, con la respectiva autorización de utilización de recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), a facilitar al sector productivo a: la asistencia técnica y capacitación; al acceso al sistema financiero; la provisión de servicios, infraestructura y equipamiento de cen-tros de acopio, centros artesanales, maquicentros, centros de formación y capacitación para la producción, e incubadoras de empresas, entre algunos; la organización de instancias responsa-bles de la promoción productiva municipal y desarrollo de espacios e instancias de concerta-ción público – privado; y, la promoción del empleo a través de programas de generación de empleo.

Como corolario de este acápite hay que señalar que en el marco de las competencias municipa-les en desarrollo económico y empleo, el rol de los Gobiernos Municipales, es entendido como un rol facilitador de los emprendimientos privados y no de intervención directa en sus nego-cios.

En el ámbito del nuevo Estado Plurinacional instaurado a partir de 2009, la Constitución Políti-ca reconoce la economía plural del país que comprende las distintas formas de organizaciones económicas existentes, compuesta por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa.

El Gobierno Nacional a través de su Plan Nacional de Desarrollo, como parte de los lineamien-tos estratégicos correspondientes a su pilar Bolivia Productiva, entiende que el sector agrope-cuario es clave para la generación de empleo e ingresos de la población y ha definido como prioritario el desarrollo productivo territorial. Como marco normativo para promover tal fin se tiene la Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, que tiene como finalidad la soberanía alimentaria del país, la cual se sustenta en la concurrencia de los esfuerzos tanto de actores estatales, como de actores indígena originarios campesinos, interculturales y afro-boli-vianos, otros actores de la economía plural y la población en general, para, a través de una acción conjunta, satisfacer las necesidades alimentarias de la población boliviana. A esto se suma el reconocimiento de participación en el diseño de políticas públicas de los actores rura-les y el control social a la gestión pública del sector agropecuario, al destino de los recursos fiscales y al control social de las empresas e instituciones públicas y empresas mixtas en todos los niveles de gobierno y las entidades territoriales autónomas.

Entre algunos de los ejes temáticos que abarca la Ley están: el reconocimiento de las comuni-dades indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afro-bolivianas como Organizaciones Económicas Comunitarias (OECOM); la planificación estratégica alimentaria participativa desde las comunidades anteriormente señaladas y los actores de la economía plural sobre la base de su vocación y potencial productivo y los recursos naturales para definir las estrategias de producción, planes y programas de desarrollo productivo agropecuario inte-

gral y sostenible; el fortalecimiento de las comunidades, desde un enfoque intercultural que recupere los saberes, prácticas y conocimientos ancestrales; la transferencia de recursos a las comunidades, además de otros mecanismos de financiamientos; y mecanismos crediticios de fomento a la producción.

Por otro lado, en 2012, el gobierno de Evo Morales promulgó otras dos leyes que favorecen principalmente a los pequeños productores urbanos rurales: la Ley de Promoción y Desarrollo Artesanal y la Ley de Organizaciones Económicas Campesinas, Indígena Originarias (OECAS) y de Organizaciones Económicas Comunitarias (OECOM) para la integración de la agricultura familiar sustentable y la soberanía alimentaria.

La primera ley está destinada a proteger, fomentar, promover y promocionar el desarrollo sostenible de la actividad del sector artesanal. Tiene por finalidad facilitar el acceso del sector artesanal al financiamiento, asistencia técnica, capacitación, acceso a mercados, recuperación y difusión de sus saberes, técnicas, aptitudes y habilidades de las artesanas y los artesanos, en el marco del desarrollo integral del Estado Plurinacional. La ley se aplica a toda actividad arte-sanal, la misma que puede ser realizada en talleres permanentes o móviles, complejos artesana-les, ámbitos comunitarios y familiares indígena originario campesinos urbanos y rurales. Entre otros asuntos, la ley dispone que el nivel central del Estado en el marco de sus competencias y en coordinación con los Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales, establecerán incentivos para promover la capacidad productiva artesanal.

Por su parte, la Ley de OECAS y de OECOM tiene por objeto normar la agricultura familiar sustentable y las actividades familiares diversificadas, con la finalidad de contribuir al logro de la soberanía y seguridad alimentaria. Para tal fin, dispone que el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, en el marco de sus competencias, priorizarán actividades de implementación y mejora de infraestructura como ser: infraestructura de transporte, red vial, electrificación para la producción, tecnologías de información y comunicación, riego, sanea-miento básico y otros. Pero además, en el marco de la política económica, dispone que el nivel central del Estado sea el responsable de facilitar el acceso a la capacitación técnica, a la tecno-logía, a los créditos, a la apertura de mercados y al mejoramiento de procesos productivos de la agricultura familiar sustentable.

Sobre la asistencia técnica, fomento y mercados señala que el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas apoyarán la diversificación e innovación productiva enfoca-da a: la capacitación y asesoramiento; la instalación de unidades demostrativas de experimen-tación y productivas; al asesoramiento técnico y aporte de materiales e insumos; el desarrollo de experiencias innovadoras en materia de cultivos; la difusión de la producción natural orgá-nica y ecológica; la investigación tecnológica que responda a las condiciones de la realidad rural de los sujetos de la agricultura familiar sustentable. Asimismo y con la finalidad de asegu-rar el mercado y los ingresos de las familias le asigna a éstas el rol de proveedores de alimentos para el Programa de Alimentación Complementaria Escolar, el Subsidio de Lactancia Materna y otros.

Con este nuevo marco normativo, las competencias del Estado en sus diferentes niveles sufren una modificación ya que además de su rol de facilitadores en la creación de un entorno favora-ble para el desarrollo de los emprendimientos productivos privados, dentro el cual se enmarcan la agricultura familiar y/o las actividades del sector artesanal, también tiene una relativa parti-cipación tanto en apoyo directo a la producción mediante el financiamiento y asignación de recursos para la construcción de determinada infraestructura productiva y de acopio de produc-tos para un uso colectivo, como en sus negocios al propiciar mercados y asegurar la demanda de los productos.

A pesar de todas las disposiciones legales en vigencia para el desarrollo económico, en el ámbito de lo local, los Gobiernos Municipales han tenido problemas para impulsar la dimen-sión productiva y económica de la gestión pública; los actores productivos no se han relaciona-do institucionalmente con el órgano público para impulsar el DEL; las organizaciones de apoyo al desarrollo no han logrado promover y alentar la interacción de los actores públicos y privados en la perspectiva de la generación de sinergias a favor del desarrollo productivo. Para los pobladores de los municipios, el resultado de esta situación se traduce en el declive de las actividades productivas, la falta de incentivo para aprovechar oportunidades que mejoren su actividad productiva, la escasa promoción de la economía local y finalmente, la estagnación o merma de los ingresos de los productores.

ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS PARA EL DESARROLLO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE ORGANIZACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES

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En líneas generales, una alianza de cooperación público-privada se entiende como un acuerdo entre el sector público y privado, en la que parte de determinadas labores que son responsabili-dad del sector público, son asumidas por el sector privado mediante un acuerdo de objetivos y beneficios comunes, pero que no incluyen contratos, ya que de realizarse, éstos serían conside-rados como proyectos de contratación pública o de privatización de servicios públicos.

Desde la posición del sector privado y en relación con la toma de decisiones existen al menos 4 modelos de alianzas, no necesariamente excluyentes entre ellas, que pueden coexistir durante la consecución de un determinado objetivo de desarrollo: alianza contributiva, alianza opera-cional, alianza consultiva y alianza participativa (Hernández 2008). En los tres primeros mode-los de alianza el sector privado no asume decisiones, sino más bien tiene roles de financiador, encargado de la prestación de servicios o consejeros respecto de determinados proyectos públi-cos, respectivamente; mientras que en el modelo participativo, además de compartir los recur-sos financieros y recursos humanos, fundamentalmente se comparte el poder en la toma de decisiones. Otros aspectos a destacar en estos modelos son el discurso de los integrantes de la cooperación público-privada y la amplitud de las alianzas (Devlin y Moguillansky 2009). En relación con el discurso, éste puede variar desde una imposición de la estrategia del sector público al sector privado, pasando por un nivel de consulta del ente estatal al sector privado, hasta un nivel de diálogo entre ambos actores. En cuanto a la amplitud o composición de las alianzas, éstas pueden tratarse de alianzas simples entre un par de actores (público y privado) o de alianzas múltiples.

A partir de una perspectiva o explicación menos técnica y desde la nueva teoría de la gobernan-za2 entendida como la solución de problemas de carácter público a partir de la articulación de los diferentes sectores de la sociedad dotados de cierto poder (actores políticos y sociales) y no como una acción monopólica del Estado (Ballón, Rodríguez y Zeballos 2009 y Pliscoff y Araya 2012), las alianzas público-privadas pueden ser entendidas como una acción conjunta y de carácter colaborativo entre el Estado y el sector privado para la provisión y entrega de servi-cios o soluciones y cuyos resultados frecuentemente son mejores a los resultados obtenidos de manera separada por cada una de las partes. En general estas alianzas o acuerdos permiten al sector público y privado compartir el poder, el trabajo, la información y los riesgos que supone el objeto del acuerdo para el logro de objetivos comunes.

En esta misma corriente Ballón, Rodríguez y Zeballos (2009) categorizan a las alianzas entre estrictamente públicas-privadas y aquellas de carácter multisectorial orientadas al desarrollo. Las primeras se establecen por contrato entre 2 partes y se rigen por un marco legal establecido y regulado con poca o ninguna participación de agentes sociales. Por su parte, las alianzas mul-

tisectoriales funcionan con estructura legal flexible e incorporan la participación activa de otros actores, son colaboraciones voluntarias. Este último tipo de alianza es el que nos interesa en el presente trabajo, ya que el caso que se estudia más adelante trata sobre una experiencia de una alianza multisectorial que apunta a facilitar la cooperación entre Gobiernos Municipa-les, organizaciones de pequeños productores y CIUDADANÍA, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública (institución privada), en la ejecución de iniciativas productivas para el desarrollo local y en el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias de pequeños productores en un escenario de buena gobernabilidad local.

Las alianzas para el desarrollo operan estrictamente en el nivel local –a veces este ámbito local puede abarcar varios municipios con características socioeconómicas, culturales y medioam-bientales similares– y pueden estar organizadas de múltiples formas como ser mesas de con-certación, consejos, comités, foros y redes, donde los objetivos que se persiguen están ligados a su origen.

En el marco de lo local, las alianzas estratégicas para el desarrollo constituyen un mecanismo importante para el Desarrollo Económico Local3 (DEL), que consiste en un proceso de desa-rrollo participativo complejo, con diversos componentes y agentes públicos y privados que, mediante acuerdos de cooperación, buscan mejorar la calidad de vida de la población a través de la generación de más y mejores empleos y la dinamización de la economía del territorio local (González 2006 y Rodríguez-Pose 2002 en Rojas 2006).

Por lo tanto, el papel de los agentes locales en el DEL es fundamental y en la nueva estrategia del desarrollo territorial los agentes no son únicamente la administración central del Estado y las grandes empresas, sino los diversos niveles territoriales de la administración pública, las organizaciones intermedias del desarrollo local, las pequeñas y medianas empresas y microempresas, el conjunto de la sociedad civil organizada localmente (González 2006) y las familias de productores agropecuarios y artesanales aglutinados en pequeñas asociaciones. Adicionalmente, para impulsar el Desarrollo Económico Local no sólo es preciso utilizar los recursos internos sino también aprovechar las oportunidades de dinamismo externo existentes, es decir internalizar los impactos favorables de las oportunidades externas (Alburquerque 2004).

En función de esta nueva visión, los gobiernos locales han de actuar como ‘facilitadores de coaliciones locales de crecimiento económico en coordinación con otros actores sociales’ (Nickson, s/fecha en González 2006: 8). Este nuevo rol que el Gobierno Municipal se ve llamado a cumplir, requiere de nuevas formas de organización y de relacionamiento con los habitantes del territorio y, la cooperación público-privada a nivel municipal es una vía para generar sinergias en favor del Desarrollo Económico Local.

Page 11: Alianzas público-privadas para el desarrollo de iniciativas productivas de pequeños productores

Los inicios de la descentralización y autonomías territoriales se remontan a 1994 con la apro-bación de la Ley de Participación Popular, mediante la cual se municipalizó el país y sentó la presencia del Estado en las áreas rurales, reconociendo como sujetos de la participación popu-lar a las Organizaciones Territoriales de Base (OTBs), representando a comunidades campesi-nas, pueblos indígenas y juntas vecinales. Asimismo, la LPP le transfirió a los municipios la responsabilidad de la planificación y gestión de su desarrollo social y económico y de manera concreta le transfirió competencias a las municipalidades en materia de infraestructura física de educación, salud, deporte, caminos vecinales, y microriego con la obligación de adminis-trarla, mantenerla y renovarla, para cuya dinamización del proceso le asignó a cada municipio recursos, adicionales a ingresos propios, proveniente de la coparticipación tributaria, en función al número de habitantes, con los correspondientes derechos de las OTBs de proponer, pedir, controlar y supervisar la ejecución de obras y la prestación de servicios públicos en cada una de las competencias anteriormente mencionadas. El Plan de Desarrollo Municipal (PDM) es la base y el pilar del proceso de planificación y está constituido por el diagnóstico, la visión estratégica y la programación quinquenal o de mediano plazo.

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Por su parte, la Ley de Descentralización Administrativa, estructurada para promover la parti-cipación popular en los espacios geográficos departamentales, determinó en su momento que las prefecturas debían formular y ejecutar los Planes Departamentales de Desarrollo Económi-co y Social, de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Planificación, en coordinación con los Gobiernos Municipales de su jurisdicción y promover la inversión privada.

En este marco de reformas estatales, allá por 1996, aparece la noción de municipio productivo, denominado también Promoción Económica Local o Desarrollo Económico Local, a partir del trabajo realizado por el proyecto Promoción Al Desarrollo Económico Rural (PADER), el cual hace referencia a un espacio territorial donde sus pobladores tienen posibilidades de obtener empleo digno y una remuneración que les permita satisfacer sus necesidades y gozar de un mejor nivel de vida, el cual está directamente relacionado con el aumento de las inversiones privadas que aprovechan las potencialidades del municipio y las oportunidades del mercado (PADER – COSUDE 2004).

Este concepto, a no mucho tiempo de su formulación, fue puesto en tela de juicio por Medina, al considerar que por un par de “golondrinas emprendedoras” (2004: 229) –empresarios priva-dos-, encontradas en los municipios no se puede hablar de municipio productivo y que el error fundamental del PADER para formular esa proposición fue pensar que Bolivia es un país capi-talista, cuando por ejemplo en el sector comunitario o rural, como es el caso de la mayoría de los municipios del país, “el ‘patrón’ y el ‘trabajador’ son la misma persona” (:229) rodeada de sus familiares en el desarrollo de las actividades (Ayo, 2004). Empero, la promoción del creci-miento económico local, mediante el desarrollo de ventajas competitivas, identificando las potencialidades y vocaciones del municipio, involucrando para ese propósito a los agentes eco-nómicos locales y externos (sector privado, asociaciones y fundaciones y otras entidades sin fines de lucro), en la prestación de servicios, ejecución de obras públicas y otras actividades de interés del municipio estipuladas en la Ley de Municipalidades actualizada en 1999, no son sino la expresión del concepto de municipio productivo acuñado por el PADER.

La tendencia hacia la promoción del desarrollo económico se expresó en el Diálogo Nacional 2000. La Ley 2235, promulgada como resultado del Diálogo Nacional 2000, amplió las com-petencias de los municipios para emprender la promoción del desarrollo económico al asignar-les los recursos provenientes del programa HIPC, que se originaron con la renegociación de la deuda externa.

Esta Ley establece que las organizaciones y asociaciones de pequeños productores urbanos y rurales conformados por la pequeña industria, micro y pequeños empresarios, artesanos, orga-nizaciones económicas campesinas y minería cooperativizada, se constituyen en agentes eco-nómicos de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza y, por lo tanto, con preferencia en los proveedores de bienes y prestadores de servicios demandados por los órganos públicos. Pero además, dispone la asignación de recursos para programas municipales de infraestructura productiva y social destinados a financiar o cofinanciar, entre algunos, proyectos de expansión y mantenimiento de vías de acceso a frentes de producción, infraestructura de caminos vecina-

les, captaciones de agua y microriego, electrificación y otra infraestructura productiva de carácter público.

Estos roles municipales se amplían mediante el Decreto Supremo Nº 28421 de 2005, con la respectiva autorización de utilización de recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), a facilitar al sector productivo a: la asistencia técnica y capacitación; al acceso al sistema financiero; la provisión de servicios, infraestructura y equipamiento de cen-tros de acopio, centros artesanales, maquicentros, centros de formación y capacitación para la producción, e incubadoras de empresas, entre algunos; la organización de instancias responsa-bles de la promoción productiva municipal y desarrollo de espacios e instancias de concerta-ción público – privado; y, la promoción del empleo a través de programas de generación de empleo.

Como corolario de este acápite hay que señalar que en el marco de las competencias municipa-les en desarrollo económico y empleo, el rol de los Gobiernos Municipales, es entendido como un rol facilitador de los emprendimientos privados y no de intervención directa en sus nego-cios.

En el ámbito del nuevo Estado Plurinacional instaurado a partir de 2009, la Constitución Políti-ca reconoce la economía plural del país que comprende las distintas formas de organizaciones económicas existentes, compuesta por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa.

El Gobierno Nacional a través de su Plan Nacional de Desarrollo, como parte de los lineamien-tos estratégicos correspondientes a su pilar Bolivia Productiva, entiende que el sector agrope-cuario es clave para la generación de empleo e ingresos de la población y ha definido como prioritario el desarrollo productivo territorial. Como marco normativo para promover tal fin se tiene la Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, que tiene como finalidad la soberanía alimentaria del país, la cual se sustenta en la concurrencia de los esfuerzos tanto de actores estatales, como de actores indígena originarios campesinos, interculturales y afro-boli-vianos, otros actores de la economía plural y la población en general, para, a través de una acción conjunta, satisfacer las necesidades alimentarias de la población boliviana. A esto se suma el reconocimiento de participación en el diseño de políticas públicas de los actores rura-les y el control social a la gestión pública del sector agropecuario, al destino de los recursos fiscales y al control social de las empresas e instituciones públicas y empresas mixtas en todos los niveles de gobierno y las entidades territoriales autónomas.

Entre algunos de los ejes temáticos que abarca la Ley están: el reconocimiento de las comuni-dades indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afro-bolivianas como Organizaciones Económicas Comunitarias (OECOM); la planificación estratégica alimentaria participativa desde las comunidades anteriormente señaladas y los actores de la economía plural sobre la base de su vocación y potencial productivo y los recursos naturales para definir las estrategias de producción, planes y programas de desarrollo productivo agropecuario inte-

gral y sostenible; el fortalecimiento de las comunidades, desde un enfoque intercultural que recupere los saberes, prácticas y conocimientos ancestrales; la transferencia de recursos a las comunidades, además de otros mecanismos de financiamientos; y mecanismos crediticios de fomento a la producción.

Por otro lado, en 2012, el gobierno de Evo Morales promulgó otras dos leyes que favorecen principalmente a los pequeños productores urbanos rurales: la Ley de Promoción y Desarrollo Artesanal y la Ley de Organizaciones Económicas Campesinas, Indígena Originarias (OECAS) y de Organizaciones Económicas Comunitarias (OECOM) para la integración de la agricultura familiar sustentable y la soberanía alimentaria.

La primera ley está destinada a proteger, fomentar, promover y promocionar el desarrollo sostenible de la actividad del sector artesanal. Tiene por finalidad facilitar el acceso del sector artesanal al financiamiento, asistencia técnica, capacitación, acceso a mercados, recuperación y difusión de sus saberes, técnicas, aptitudes y habilidades de las artesanas y los artesanos, en el marco del desarrollo integral del Estado Plurinacional. La ley se aplica a toda actividad arte-sanal, la misma que puede ser realizada en talleres permanentes o móviles, complejos artesana-les, ámbitos comunitarios y familiares indígena originario campesinos urbanos y rurales. Entre otros asuntos, la ley dispone que el nivel central del Estado en el marco de sus competencias y en coordinación con los Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales, establecerán incentivos para promover la capacidad productiva artesanal.

Por su parte, la Ley de OECAS y de OECOM tiene por objeto normar la agricultura familiar sustentable y las actividades familiares diversificadas, con la finalidad de contribuir al logro de la soberanía y seguridad alimentaria. Para tal fin, dispone que el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, en el marco de sus competencias, priorizarán actividades de implementación y mejora de infraestructura como ser: infraestructura de transporte, red vial, electrificación para la producción, tecnologías de información y comunicación, riego, sanea-miento básico y otros. Pero además, en el marco de la política económica, dispone que el nivel central del Estado sea el responsable de facilitar el acceso a la capacitación técnica, a la tecno-logía, a los créditos, a la apertura de mercados y al mejoramiento de procesos productivos de la agricultura familiar sustentable.

Sobre la asistencia técnica, fomento y mercados señala que el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas apoyarán la diversificación e innovación productiva enfoca-da a: la capacitación y asesoramiento; la instalación de unidades demostrativas de experimen-tación y productivas; al asesoramiento técnico y aporte de materiales e insumos; el desarrollo de experiencias innovadoras en materia de cultivos; la difusión de la producción natural orgá-nica y ecológica; la investigación tecnológica que responda a las condiciones de la realidad rural de los sujetos de la agricultura familiar sustentable. Asimismo y con la finalidad de asegu-rar el mercado y los ingresos de las familias le asigna a éstas el rol de proveedores de alimentos para el Programa de Alimentación Complementaria Escolar, el Subsidio de Lactancia Materna y otros.

Con este nuevo marco normativo, las competencias del Estado en sus diferentes niveles sufren una modificación ya que además de su rol de facilitadores en la creación de un entorno favora-ble para el desarrollo de los emprendimientos productivos privados, dentro el cual se enmarcan la agricultura familiar y/o las actividades del sector artesanal, también tiene una relativa parti-cipación tanto en apoyo directo a la producción mediante el financiamiento y asignación de recursos para la construcción de determinada infraestructura productiva y de acopio de produc-tos para un uso colectivo, como en sus negocios al propiciar mercados y asegurar la demanda de los productos.

A pesar de todas las disposiciones legales en vigencia para el desarrollo económico, en el ámbito de lo local, los Gobiernos Municipales han tenido problemas para impulsar la dimen-sión productiva y económica de la gestión pública; los actores productivos no se han relaciona-do institucionalmente con el órgano público para impulsar el DEL; las organizaciones de apoyo al desarrollo no han logrado promover y alentar la interacción de los actores públicos y privados en la perspectiva de la generación de sinergias a favor del desarrollo productivo. Para los pobladores de los municipios, el resultado de esta situación se traduce en el declive de las actividades productivas, la falta de incentivo para aprovechar oportunidades que mejoren su actividad productiva, la escasa promoción de la economía local y finalmente, la estagnación o merma de los ingresos de los productores.

ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS PARA EL DESARROLLO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE ORGANIZACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES

URBANO RURALES1

En líneas generales, una alianza de cooperación público-privada se entiende como un acuerdo entre el sector público y privado, en la que parte de determinadas labores que son responsabili-dad del sector público, son asumidas por el sector privado mediante un acuerdo de objetivos y beneficios comunes, pero que no incluyen contratos, ya que de realizarse, éstos serían conside-rados como proyectos de contratación pública o de privatización de servicios públicos.

Desde la posición del sector privado y en relación con la toma de decisiones existen al menos 4 modelos de alianzas, no necesariamente excluyentes entre ellas, que pueden coexistir durante la consecución de un determinado objetivo de desarrollo: alianza contributiva, alianza opera-cional, alianza consultiva y alianza participativa (Hernández 2008). En los tres primeros mode-los de alianza el sector privado no asume decisiones, sino más bien tiene roles de financiador, encargado de la prestación de servicios o consejeros respecto de determinados proyectos públi-cos, respectivamente; mientras que en el modelo participativo, además de compartir los recur-sos financieros y recursos humanos, fundamentalmente se comparte el poder en la toma de decisiones. Otros aspectos a destacar en estos modelos son el discurso de los integrantes de la cooperación público-privada y la amplitud de las alianzas (Devlin y Moguillansky 2009). En relación con el discurso, éste puede variar desde una imposición de la estrategia del sector público al sector privado, pasando por un nivel de consulta del ente estatal al sector privado, hasta un nivel de diálogo entre ambos actores. En cuanto a la amplitud o composición de las alianzas, éstas pueden tratarse de alianzas simples entre un par de actores (público y privado) o de alianzas múltiples.

A partir de una perspectiva o explicación menos técnica y desde la nueva teoría de la gobernan-za2 entendida como la solución de problemas de carácter público a partir de la articulación de los diferentes sectores de la sociedad dotados de cierto poder (actores políticos y sociales) y no como una acción monopólica del Estado (Ballón, Rodríguez y Zeballos 2009 y Pliscoff y Araya 2012), las alianzas público-privadas pueden ser entendidas como una acción conjunta y de carácter colaborativo entre el Estado y el sector privado para la provisión y entrega de servi-cios o soluciones y cuyos resultados frecuentemente son mejores a los resultados obtenidos de manera separada por cada una de las partes. En general estas alianzas o acuerdos permiten al sector público y privado compartir el poder, el trabajo, la información y los riesgos que supone el objeto del acuerdo para el logro de objetivos comunes.

En esta misma corriente Ballón, Rodríguez y Zeballos (2009) categorizan a las alianzas entre estrictamente públicas-privadas y aquellas de carácter multisectorial orientadas al desarrollo. Las primeras se establecen por contrato entre 2 partes y se rigen por un marco legal establecido y regulado con poca o ninguna participación de agentes sociales. Por su parte, las alianzas mul-

tisectoriales funcionan con estructura legal flexible e incorporan la participación activa de otros actores, son colaboraciones voluntarias. Este último tipo de alianza es el que nos interesa en el presente trabajo, ya que el caso que se estudia más adelante trata sobre una experiencia de una alianza multisectorial que apunta a facilitar la cooperación entre Gobiernos Municipa-les, organizaciones de pequeños productores y CIUDADANÍA, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública (institución privada), en la ejecución de iniciativas productivas para el desarrollo local y en el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias de pequeños productores en un escenario de buena gobernabilidad local.

Las alianzas para el desarrollo operan estrictamente en el nivel local –a veces este ámbito local puede abarcar varios municipios con características socioeconómicas, culturales y medioam-bientales similares– y pueden estar organizadas de múltiples formas como ser mesas de con-certación, consejos, comités, foros y redes, donde los objetivos que se persiguen están ligados a su origen.

En el marco de lo local, las alianzas estratégicas para el desarrollo constituyen un mecanismo importante para el Desarrollo Económico Local3 (DEL), que consiste en un proceso de desa-rrollo participativo complejo, con diversos componentes y agentes públicos y privados que, mediante acuerdos de cooperación, buscan mejorar la calidad de vida de la población a través de la generación de más y mejores empleos y la dinamización de la economía del territorio local (González 2006 y Rodríguez-Pose 2002 en Rojas 2006).

Por lo tanto, el papel de los agentes locales en el DEL es fundamental y en la nueva estrategia del desarrollo territorial los agentes no son únicamente la administración central del Estado y las grandes empresas, sino los diversos niveles territoriales de la administración pública, las organizaciones intermedias del desarrollo local, las pequeñas y medianas empresas y microempresas, el conjunto de la sociedad civil organizada localmente (González 2006) y las familias de productores agropecuarios y artesanales aglutinados en pequeñas asociaciones. Adicionalmente, para impulsar el Desarrollo Económico Local no sólo es preciso utilizar los recursos internos sino también aprovechar las oportunidades de dinamismo externo existentes, es decir internalizar los impactos favorables de las oportunidades externas (Alburquerque 2004).

En función de esta nueva visión, los gobiernos locales han de actuar como ‘facilitadores de coaliciones locales de crecimiento económico en coordinación con otros actores sociales’ (Nickson, s/fecha en González 2006: 8). Este nuevo rol que el Gobierno Municipal se ve llamado a cumplir, requiere de nuevas formas de organización y de relacionamiento con los habitantes del territorio y, la cooperación público-privada a nivel municipal es una vía para generar sinergias en favor del Desarrollo Económico Local.

Page 12: Alianzas público-privadas para el desarrollo de iniciativas productivas de pequeños productores

Los inicios de la descentralización y autonomías territoriales se remontan a 1994 con la apro-bación de la Ley de Participación Popular, mediante la cual se municipalizó el país y sentó la presencia del Estado en las áreas rurales, reconociendo como sujetos de la participación popu-lar a las Organizaciones Territoriales de Base (OTBs), representando a comunidades campesi-nas, pueblos indígenas y juntas vecinales. Asimismo, la LPP le transfirió a los municipios la responsabilidad de la planificación y gestión de su desarrollo social y económico y de manera concreta le transfirió competencias a las municipalidades en materia de infraestructura física de educación, salud, deporte, caminos vecinales, y microriego con la obligación de adminis-trarla, mantenerla y renovarla, para cuya dinamización del proceso le asignó a cada municipio recursos, adicionales a ingresos propios, proveniente de la coparticipación tributaria, en función al número de habitantes, con los correspondientes derechos de las OTBs de proponer, pedir, controlar y supervisar la ejecución de obras y la prestación de servicios públicos en cada una de las competencias anteriormente mencionadas. El Plan de Desarrollo Municipal (PDM) es la base y el pilar del proceso de planificación y está constituido por el diagnóstico, la visión estratégica y la programación quinquenal o de mediano plazo.

Por su parte, la Ley de Descentralización Administrativa, estructurada para promover la parti-cipación popular en los espacios geográficos departamentales, determinó en su momento que las prefecturas debían formular y ejecutar los Planes Departamentales de Desarrollo Económi-co y Social, de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Planificación, en coordinación con los Gobiernos Municipales de su jurisdicción y promover la inversión privada.

En este marco de reformas estatales, allá por 1996, aparece la noción de municipio productivo, denominado también Promoción Económica Local o Desarrollo Económico Local, a partir del trabajo realizado por el proyecto Promoción Al Desarrollo Económico Rural (PADER), el cual hace referencia a un espacio territorial donde sus pobladores tienen posibilidades de obtener empleo digno y una remuneración que les permita satisfacer sus necesidades y gozar de un mejor nivel de vida, el cual está directamente relacionado con el aumento de las inversiones privadas que aprovechan las potencialidades del municipio y las oportunidades del mercado (PADER – COSUDE 2004).

Este concepto, a no mucho tiempo de su formulación, fue puesto en tela de juicio por Medina, al considerar que por un par de “golondrinas emprendedoras” (2004: 229) –empresarios priva-dos-, encontradas en los municipios no se puede hablar de municipio productivo y que el error fundamental del PADER para formular esa proposición fue pensar que Bolivia es un país capi-talista, cuando por ejemplo en el sector comunitario o rural, como es el caso de la mayoría de los municipios del país, “el ‘patrón’ y el ‘trabajador’ son la misma persona” (:229) rodeada de sus familiares en el desarrollo de las actividades (Ayo, 2004). Empero, la promoción del creci-miento económico local, mediante el desarrollo de ventajas competitivas, identificando las potencialidades y vocaciones del municipio, involucrando para ese propósito a los agentes eco-nómicos locales y externos (sector privado, asociaciones y fundaciones y otras entidades sin fines de lucro), en la prestación de servicios, ejecución de obras públicas y otras actividades de interés del municipio estipuladas en la Ley de Municipalidades actualizada en 1999, no son sino la expresión del concepto de municipio productivo acuñado por el PADER.

La tendencia hacia la promoción del desarrollo económico se expresó en el Diálogo Nacional 2000. La Ley 2235, promulgada como resultado del Diálogo Nacional 2000, amplió las com-petencias de los municipios para emprender la promoción del desarrollo económico al asignar-les los recursos provenientes del programa HIPC, que se originaron con la renegociación de la deuda externa.

Esta Ley establece que las organizaciones y asociaciones de pequeños productores urbanos y rurales conformados por la pequeña industria, micro y pequeños empresarios, artesanos, orga-nizaciones económicas campesinas y minería cooperativizada, se constituyen en agentes eco-nómicos de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza y, por lo tanto, con preferencia en los proveedores de bienes y prestadores de servicios demandados por los órganos públicos. Pero además, dispone la asignación de recursos para programas municipales de infraestructura productiva y social destinados a financiar o cofinanciar, entre algunos, proyectos de expansión y mantenimiento de vías de acceso a frentes de producción, infraestructura de caminos vecina-

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les, captaciones de agua y microriego, electrificación y otra infraestructura productiva de carácter público.

Estos roles municipales se amplían mediante el Decreto Supremo Nº 28421 de 2005, con la respectiva autorización de utilización de recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), a facilitar al sector productivo a: la asistencia técnica y capacitación; al acceso al sistema financiero; la provisión de servicios, infraestructura y equipamiento de cen-tros de acopio, centros artesanales, maquicentros, centros de formación y capacitación para la producción, e incubadoras de empresas, entre algunos; la organización de instancias responsa-bles de la promoción productiva municipal y desarrollo de espacios e instancias de concerta-ción público – privado; y, la promoción del empleo a través de programas de generación de empleo.

Como corolario de este acápite hay que señalar que en el marco de las competencias municipa-les en desarrollo económico y empleo, el rol de los Gobiernos Municipales, es entendido como un rol facilitador de los emprendimientos privados y no de intervención directa en sus nego-cios.

En el ámbito del nuevo Estado Plurinacional instaurado a partir de 2009, la Constitución Políti-ca reconoce la economía plural del país que comprende las distintas formas de organizaciones económicas existentes, compuesta por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa.

El Gobierno Nacional a través de su Plan Nacional de Desarrollo, como parte de los lineamien-tos estratégicos correspondientes a su pilar Bolivia Productiva, entiende que el sector agrope-cuario es clave para la generación de empleo e ingresos de la población y ha definido como prioritario el desarrollo productivo territorial. Como marco normativo para promover tal fin se tiene la Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, que tiene como finalidad la soberanía alimentaria del país, la cual se sustenta en la concurrencia de los esfuerzos tanto de actores estatales, como de actores indígena originarios campesinos, interculturales y afro-boli-vianos, otros actores de la economía plural y la población en general, para, a través de una acción conjunta, satisfacer las necesidades alimentarias de la población boliviana. A esto se suma el reconocimiento de participación en el diseño de políticas públicas de los actores rura-les y el control social a la gestión pública del sector agropecuario, al destino de los recursos fiscales y al control social de las empresas e instituciones públicas y empresas mixtas en todos los niveles de gobierno y las entidades territoriales autónomas.

Entre algunos de los ejes temáticos que abarca la Ley están: el reconocimiento de las comuni-dades indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afro-bolivianas como Organizaciones Económicas Comunitarias (OECOM); la planificación estratégica alimentaria participativa desde las comunidades anteriormente señaladas y los actores de la economía plural sobre la base de su vocación y potencial productivo y los recursos naturales para definir las estrategias de producción, planes y programas de desarrollo productivo agropecuario inte-

gral y sostenible; el fortalecimiento de las comunidades, desde un enfoque intercultural que recupere los saberes, prácticas y conocimientos ancestrales; la transferencia de recursos a las comunidades, además de otros mecanismos de financiamientos; y mecanismos crediticios de fomento a la producción.

Por otro lado, en 2012, el gobierno de Evo Morales promulgó otras dos leyes que favorecen principalmente a los pequeños productores urbanos rurales: la Ley de Promoción y Desarrollo Artesanal y la Ley de Organizaciones Económicas Campesinas, Indígena Originarias (OECAS) y de Organizaciones Económicas Comunitarias (OECOM) para la integración de la agricultura familiar sustentable y la soberanía alimentaria.

La primera ley está destinada a proteger, fomentar, promover y promocionar el desarrollo sostenible de la actividad del sector artesanal. Tiene por finalidad facilitar el acceso del sector artesanal al financiamiento, asistencia técnica, capacitación, acceso a mercados, recuperación y difusión de sus saberes, técnicas, aptitudes y habilidades de las artesanas y los artesanos, en el marco del desarrollo integral del Estado Plurinacional. La ley se aplica a toda actividad arte-sanal, la misma que puede ser realizada en talleres permanentes o móviles, complejos artesana-les, ámbitos comunitarios y familiares indígena originario campesinos urbanos y rurales. Entre otros asuntos, la ley dispone que el nivel central del Estado en el marco de sus competencias y en coordinación con los Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales, establecerán incentivos para promover la capacidad productiva artesanal.

Por su parte, la Ley de OECAS y de OECOM tiene por objeto normar la agricultura familiar sustentable y las actividades familiares diversificadas, con la finalidad de contribuir al logro de la soberanía y seguridad alimentaria. Para tal fin, dispone que el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, en el marco de sus competencias, priorizarán actividades de implementación y mejora de infraestructura como ser: infraestructura de transporte, red vial, electrificación para la producción, tecnologías de información y comunicación, riego, sanea-miento básico y otros. Pero además, en el marco de la política económica, dispone que el nivel central del Estado sea el responsable de facilitar el acceso a la capacitación técnica, a la tecno-logía, a los créditos, a la apertura de mercados y al mejoramiento de procesos productivos de la agricultura familiar sustentable.

Sobre la asistencia técnica, fomento y mercados señala que el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas apoyarán la diversificación e innovación productiva enfoca-da a: la capacitación y asesoramiento; la instalación de unidades demostrativas de experimen-tación y productivas; al asesoramiento técnico y aporte de materiales e insumos; el desarrollo de experiencias innovadoras en materia de cultivos; la difusión de la producción natural orgá-nica y ecológica; la investigación tecnológica que responda a las condiciones de la realidad rural de los sujetos de la agricultura familiar sustentable. Asimismo y con la finalidad de asegu-rar el mercado y los ingresos de las familias le asigna a éstas el rol de proveedores de alimentos para el Programa de Alimentación Complementaria Escolar, el Subsidio de Lactancia Materna y otros.

Con este nuevo marco normativo, las competencias del Estado en sus diferentes niveles sufren una modificación ya que además de su rol de facilitadores en la creación de un entorno favora-ble para el desarrollo de los emprendimientos productivos privados, dentro el cual se enmarcan la agricultura familiar y/o las actividades del sector artesanal, también tiene una relativa parti-cipación tanto en apoyo directo a la producción mediante el financiamiento y asignación de recursos para la construcción de determinada infraestructura productiva y de acopio de produc-tos para un uso colectivo, como en sus negocios al propiciar mercados y asegurar la demanda de los productos.

A pesar de todas las disposiciones legales en vigencia para el desarrollo económico, en el ámbito de lo local, los Gobiernos Municipales han tenido problemas para impulsar la dimen-sión productiva y económica de la gestión pública; los actores productivos no se han relaciona-do institucionalmente con el órgano público para impulsar el DEL; las organizaciones de apoyo al desarrollo no han logrado promover y alentar la interacción de los actores públicos y privados en la perspectiva de la generación de sinergias a favor del desarrollo productivo. Para los pobladores de los municipios, el resultado de esta situación se traduce en el declive de las actividades productivas, la falta de incentivo para aprovechar oportunidades que mejoren su actividad productiva, la escasa promoción de la economía local y finalmente, la estagnación o merma de los ingresos de los productores.

ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS PARA EL DESARROLLO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE ORGANIZACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES

URBANO RURALES1

En líneas generales, una alianza de cooperación público-privada se entiende como un acuerdo entre el sector público y privado, en la que parte de determinadas labores que son responsabili-dad del sector público, son asumidas por el sector privado mediante un acuerdo de objetivos y beneficios comunes, pero que no incluyen contratos, ya que de realizarse, éstos serían conside-rados como proyectos de contratación pública o de privatización de servicios públicos.

Desde la posición del sector privado y en relación con la toma de decisiones existen al menos 4 modelos de alianzas, no necesariamente excluyentes entre ellas, que pueden coexistir durante la consecución de un determinado objetivo de desarrollo: alianza contributiva, alianza opera-cional, alianza consultiva y alianza participativa (Hernández 2008). En los tres primeros mode-los de alianza el sector privado no asume decisiones, sino más bien tiene roles de financiador, encargado de la prestación de servicios o consejeros respecto de determinados proyectos públi-cos, respectivamente; mientras que en el modelo participativo, además de compartir los recur-sos financieros y recursos humanos, fundamentalmente se comparte el poder en la toma de decisiones. Otros aspectos a destacar en estos modelos son el discurso de los integrantes de la cooperación público-privada y la amplitud de las alianzas (Devlin y Moguillansky 2009). En relación con el discurso, éste puede variar desde una imposición de la estrategia del sector público al sector privado, pasando por un nivel de consulta del ente estatal al sector privado, hasta un nivel de diálogo entre ambos actores. En cuanto a la amplitud o composición de las alianzas, éstas pueden tratarse de alianzas simples entre un par de actores (público y privado) o de alianzas múltiples.

A partir de una perspectiva o explicación menos técnica y desde la nueva teoría de la gobernan-za2 entendida como la solución de problemas de carácter público a partir de la articulación de los diferentes sectores de la sociedad dotados de cierto poder (actores políticos y sociales) y no como una acción monopólica del Estado (Ballón, Rodríguez y Zeballos 2009 y Pliscoff y Araya 2012), las alianzas público-privadas pueden ser entendidas como una acción conjunta y de carácter colaborativo entre el Estado y el sector privado para la provisión y entrega de servi-cios o soluciones y cuyos resultados frecuentemente son mejores a los resultados obtenidos de manera separada por cada una de las partes. En general estas alianzas o acuerdos permiten al sector público y privado compartir el poder, el trabajo, la información y los riesgos que supone el objeto del acuerdo para el logro de objetivos comunes.

En esta misma corriente Ballón, Rodríguez y Zeballos (2009) categorizan a las alianzas entre estrictamente públicas-privadas y aquellas de carácter multisectorial orientadas al desarrollo. Las primeras se establecen por contrato entre 2 partes y se rigen por un marco legal establecido y regulado con poca o ninguna participación de agentes sociales. Por su parte, las alianzas mul-

tisectoriales funcionan con estructura legal flexible e incorporan la participación activa de otros actores, son colaboraciones voluntarias. Este último tipo de alianza es el que nos interesa en el presente trabajo, ya que el caso que se estudia más adelante trata sobre una experiencia de una alianza multisectorial que apunta a facilitar la cooperación entre Gobiernos Municipa-les, organizaciones de pequeños productores y CIUDADANÍA, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública (institución privada), en la ejecución de iniciativas productivas para el desarrollo local y en el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias de pequeños productores en un escenario de buena gobernabilidad local.

Las alianzas para el desarrollo operan estrictamente en el nivel local –a veces este ámbito local puede abarcar varios municipios con características socioeconómicas, culturales y medioam-bientales similares– y pueden estar organizadas de múltiples formas como ser mesas de con-certación, consejos, comités, foros y redes, donde los objetivos que se persiguen están ligados a su origen.

En el marco de lo local, las alianzas estratégicas para el desarrollo constituyen un mecanismo importante para el Desarrollo Económico Local3 (DEL), que consiste en un proceso de desa-rrollo participativo complejo, con diversos componentes y agentes públicos y privados que, mediante acuerdos de cooperación, buscan mejorar la calidad de vida de la población a través de la generación de más y mejores empleos y la dinamización de la economía del territorio local (González 2006 y Rodríguez-Pose 2002 en Rojas 2006).

Por lo tanto, el papel de los agentes locales en el DEL es fundamental y en la nueva estrategia del desarrollo territorial los agentes no son únicamente la administración central del Estado y las grandes empresas, sino los diversos niveles territoriales de la administración pública, las organizaciones intermedias del desarrollo local, las pequeñas y medianas empresas y microempresas, el conjunto de la sociedad civil organizada localmente (González 2006) y las familias de productores agropecuarios y artesanales aglutinados en pequeñas asociaciones. Adicionalmente, para impulsar el Desarrollo Económico Local no sólo es preciso utilizar los recursos internos sino también aprovechar las oportunidades de dinamismo externo existentes, es decir internalizar los impactos favorables de las oportunidades externas (Alburquerque 2004).

En función de esta nueva visión, los gobiernos locales han de actuar como ‘facilitadores de coaliciones locales de crecimiento económico en coordinación con otros actores sociales’ (Nickson, s/fecha en González 2006: 8). Este nuevo rol que el Gobierno Municipal se ve llamado a cumplir, requiere de nuevas formas de organización y de relacionamiento con los habitantes del territorio y, la cooperación público-privada a nivel municipal es una vía para generar sinergias en favor del Desarrollo Económico Local.

Page 13: Alianzas público-privadas para el desarrollo de iniciativas productivas de pequeños productores

Los inicios de la descentralización y autonomías territoriales se remontan a 1994 con la apro-bación de la Ley de Participación Popular, mediante la cual se municipalizó el país y sentó la presencia del Estado en las áreas rurales, reconociendo como sujetos de la participación popu-lar a las Organizaciones Territoriales de Base (OTBs), representando a comunidades campesi-nas, pueblos indígenas y juntas vecinales. Asimismo, la LPP le transfirió a los municipios la responsabilidad de la planificación y gestión de su desarrollo social y económico y de manera concreta le transfirió competencias a las municipalidades en materia de infraestructura física de educación, salud, deporte, caminos vecinales, y microriego con la obligación de adminis-trarla, mantenerla y renovarla, para cuya dinamización del proceso le asignó a cada municipio recursos, adicionales a ingresos propios, proveniente de la coparticipación tributaria, en función al número de habitantes, con los correspondientes derechos de las OTBs de proponer, pedir, controlar y supervisar la ejecución de obras y la prestación de servicios públicos en cada una de las competencias anteriormente mencionadas. El Plan de Desarrollo Municipal (PDM) es la base y el pilar del proceso de planificación y está constituido por el diagnóstico, la visión estratégica y la programación quinquenal o de mediano plazo.

Por su parte, la Ley de Descentralización Administrativa, estructurada para promover la parti-cipación popular en los espacios geográficos departamentales, determinó en su momento que las prefecturas debían formular y ejecutar los Planes Departamentales de Desarrollo Económi-co y Social, de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Planificación, en coordinación con los Gobiernos Municipales de su jurisdicción y promover la inversión privada.

En este marco de reformas estatales, allá por 1996, aparece la noción de municipio productivo, denominado también Promoción Económica Local o Desarrollo Económico Local, a partir del trabajo realizado por el proyecto Promoción Al Desarrollo Económico Rural (PADER), el cual hace referencia a un espacio territorial donde sus pobladores tienen posibilidades de obtener empleo digno y una remuneración que les permita satisfacer sus necesidades y gozar de un mejor nivel de vida, el cual está directamente relacionado con el aumento de las inversiones privadas que aprovechan las potencialidades del municipio y las oportunidades del mercado (PADER – COSUDE 2004).

Este concepto, a no mucho tiempo de su formulación, fue puesto en tela de juicio por Medina, al considerar que por un par de “golondrinas emprendedoras” (2004: 229) –empresarios priva-dos-, encontradas en los municipios no se puede hablar de municipio productivo y que el error fundamental del PADER para formular esa proposición fue pensar que Bolivia es un país capi-talista, cuando por ejemplo en el sector comunitario o rural, como es el caso de la mayoría de los municipios del país, “el ‘patrón’ y el ‘trabajador’ son la misma persona” (:229) rodeada de sus familiares en el desarrollo de las actividades (Ayo, 2004). Empero, la promoción del creci-miento económico local, mediante el desarrollo de ventajas competitivas, identificando las potencialidades y vocaciones del municipio, involucrando para ese propósito a los agentes eco-nómicos locales y externos (sector privado, asociaciones y fundaciones y otras entidades sin fines de lucro), en la prestación de servicios, ejecución de obras públicas y otras actividades de interés del municipio estipuladas en la Ley de Municipalidades actualizada en 1999, no son sino la expresión del concepto de municipio productivo acuñado por el PADER.

La tendencia hacia la promoción del desarrollo económico se expresó en el Diálogo Nacional 2000. La Ley 2235, promulgada como resultado del Diálogo Nacional 2000, amplió las com-petencias de los municipios para emprender la promoción del desarrollo económico al asignar-les los recursos provenientes del programa HIPC, que se originaron con la renegociación de la deuda externa.

Esta Ley establece que las organizaciones y asociaciones de pequeños productores urbanos y rurales conformados por la pequeña industria, micro y pequeños empresarios, artesanos, orga-nizaciones económicas campesinas y minería cooperativizada, se constituyen en agentes eco-nómicos de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza y, por lo tanto, con preferencia en los proveedores de bienes y prestadores de servicios demandados por los órganos públicos. Pero además, dispone la asignación de recursos para programas municipales de infraestructura productiva y social destinados a financiar o cofinanciar, entre algunos, proyectos de expansión y mantenimiento de vías de acceso a frentes de producción, infraestructura de caminos vecina-

les, captaciones de agua y microriego, electrificación y otra infraestructura productiva de carácter público.

Estos roles municipales se amplían mediante el Decreto Supremo Nº 28421 de 2005, con la respectiva autorización de utilización de recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), a facilitar al sector productivo a: la asistencia técnica y capacitación; al acceso al sistema financiero; la provisión de servicios, infraestructura y equipamiento de cen-tros de acopio, centros artesanales, maquicentros, centros de formación y capacitación para la producción, e incubadoras de empresas, entre algunos; la organización de instancias responsa-bles de la promoción productiva municipal y desarrollo de espacios e instancias de concerta-ción público – privado; y, la promoción del empleo a través de programas de generación de empleo.

Como corolario de este acápite hay que señalar que en el marco de las competencias municipa-les en desarrollo económico y empleo, el rol de los Gobiernos Municipales, es entendido como un rol facilitador de los emprendimientos privados y no de intervención directa en sus nego-cios.

En el ámbito del nuevo Estado Plurinacional instaurado a partir de 2009, la Constitución Políti-ca reconoce la economía plural del país que comprende las distintas formas de organizaciones económicas existentes, compuesta por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa.

El Gobierno Nacional a través de su Plan Nacional de Desarrollo, como parte de los lineamien-tos estratégicos correspondientes a su pilar Bolivia Productiva, entiende que el sector agrope-cuario es clave para la generación de empleo e ingresos de la población y ha definido como prioritario el desarrollo productivo territorial. Como marco normativo para promover tal fin se tiene la Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, que tiene como finalidad la soberanía alimentaria del país, la cual se sustenta en la concurrencia de los esfuerzos tanto de actores estatales, como de actores indígena originarios campesinos, interculturales y afro-boli-vianos, otros actores de la economía plural y la población en general, para, a través de una acción conjunta, satisfacer las necesidades alimentarias de la población boliviana. A esto se suma el reconocimiento de participación en el diseño de políticas públicas de los actores rura-les y el control social a la gestión pública del sector agropecuario, al destino de los recursos fiscales y al control social de las empresas e instituciones públicas y empresas mixtas en todos los niveles de gobierno y las entidades territoriales autónomas.

Entre algunos de los ejes temáticos que abarca la Ley están: el reconocimiento de las comuni-dades indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afro-bolivianas como Organizaciones Económicas Comunitarias (OECOM); la planificación estratégica alimentaria participativa desde las comunidades anteriormente señaladas y los actores de la economía plural sobre la base de su vocación y potencial productivo y los recursos naturales para definir las estrategias de producción, planes y programas de desarrollo productivo agropecuario inte-

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gral y sostenible; el fortalecimiento de las comunidades, desde un enfoque intercultural que recupere los saberes, prácticas y conocimientos ancestrales; la transferencia de recursos a las comunidades, además de otros mecanismos de financiamientos; y mecanismos crediticios de fomento a la producción.

Por otro lado, en 2012, el gobierno de Evo Morales promulgó otras dos leyes que favorecen principalmente a los pequeños productores urbanos rurales: la Ley de Promoción y Desarrollo Artesanal y la Ley de Organizaciones Económicas Campesinas, Indígena Originarias (OECAS) y de Organizaciones Económicas Comunitarias (OECOM) para la integración de la agricultura familiar sustentable y la soberanía alimentaria.

La primera ley está destinada a proteger, fomentar, promover y promocionar el desarrollo sostenible de la actividad del sector artesanal. Tiene por finalidad facilitar el acceso del sector artesanal al financiamiento, asistencia técnica, capacitación, acceso a mercados, recuperación y difusión de sus saberes, técnicas, aptitudes y habilidades de las artesanas y los artesanos, en el marco del desarrollo integral del Estado Plurinacional. La ley se aplica a toda actividad arte-sanal, la misma que puede ser realizada en talleres permanentes o móviles, complejos artesana-les, ámbitos comunitarios y familiares indígena originario campesinos urbanos y rurales. Entre otros asuntos, la ley dispone que el nivel central del Estado en el marco de sus competencias y en coordinación con los Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales, establecerán incentivos para promover la capacidad productiva artesanal.

Por su parte, la Ley de OECAS y de OECOM tiene por objeto normar la agricultura familiar sustentable y las actividades familiares diversificadas, con la finalidad de contribuir al logro de la soberanía y seguridad alimentaria. Para tal fin, dispone que el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, en el marco de sus competencias, priorizarán actividades de implementación y mejora de infraestructura como ser: infraestructura de transporte, red vial, electrificación para la producción, tecnologías de información y comunicación, riego, sanea-miento básico y otros. Pero además, en el marco de la política económica, dispone que el nivel central del Estado sea el responsable de facilitar el acceso a la capacitación técnica, a la tecno-logía, a los créditos, a la apertura de mercados y al mejoramiento de procesos productivos de la agricultura familiar sustentable.

Sobre la asistencia técnica, fomento y mercados señala que el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas apoyarán la diversificación e innovación productiva enfoca-da a: la capacitación y asesoramiento; la instalación de unidades demostrativas de experimen-tación y productivas; al asesoramiento técnico y aporte de materiales e insumos; el desarrollo de experiencias innovadoras en materia de cultivos; la difusión de la producción natural orgá-nica y ecológica; la investigación tecnológica que responda a las condiciones de la realidad rural de los sujetos de la agricultura familiar sustentable. Asimismo y con la finalidad de asegu-rar el mercado y los ingresos de las familias le asigna a éstas el rol de proveedores de alimentos para el Programa de Alimentación Complementaria Escolar, el Subsidio de Lactancia Materna y otros.

Con este nuevo marco normativo, las competencias del Estado en sus diferentes niveles sufren una modificación ya que además de su rol de facilitadores en la creación de un entorno favora-ble para el desarrollo de los emprendimientos productivos privados, dentro el cual se enmarcan la agricultura familiar y/o las actividades del sector artesanal, también tiene una relativa parti-cipación tanto en apoyo directo a la producción mediante el financiamiento y asignación de recursos para la construcción de determinada infraestructura productiva y de acopio de produc-tos para un uso colectivo, como en sus negocios al propiciar mercados y asegurar la demanda de los productos.

A pesar de todas las disposiciones legales en vigencia para el desarrollo económico, en el ámbito de lo local, los Gobiernos Municipales han tenido problemas para impulsar la dimen-sión productiva y económica de la gestión pública; los actores productivos no se han relaciona-do institucionalmente con el órgano público para impulsar el DEL; las organizaciones de apoyo al desarrollo no han logrado promover y alentar la interacción de los actores públicos y privados en la perspectiva de la generación de sinergias a favor del desarrollo productivo. Para los pobladores de los municipios, el resultado de esta situación se traduce en el declive de las actividades productivas, la falta de incentivo para aprovechar oportunidades que mejoren su actividad productiva, la escasa promoción de la economía local y finalmente, la estagnación o merma de los ingresos de los productores.

ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS PARA EL DESARROLLO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE ORGANIZACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES

URBANO RURALES1

En líneas generales, una alianza de cooperación público-privada se entiende como un acuerdo entre el sector público y privado, en la que parte de determinadas labores que son responsabili-dad del sector público, son asumidas por el sector privado mediante un acuerdo de objetivos y beneficios comunes, pero que no incluyen contratos, ya que de realizarse, éstos serían conside-rados como proyectos de contratación pública o de privatización de servicios públicos.

Desde la posición del sector privado y en relación con la toma de decisiones existen al menos 4 modelos de alianzas, no necesariamente excluyentes entre ellas, que pueden coexistir durante la consecución de un determinado objetivo de desarrollo: alianza contributiva, alianza opera-cional, alianza consultiva y alianza participativa (Hernández 2008). En los tres primeros mode-los de alianza el sector privado no asume decisiones, sino más bien tiene roles de financiador, encargado de la prestación de servicios o consejeros respecto de determinados proyectos públi-cos, respectivamente; mientras que en el modelo participativo, además de compartir los recur-sos financieros y recursos humanos, fundamentalmente se comparte el poder en la toma de decisiones. Otros aspectos a destacar en estos modelos son el discurso de los integrantes de la cooperación público-privada y la amplitud de las alianzas (Devlin y Moguillansky 2009). En relación con el discurso, éste puede variar desde una imposición de la estrategia del sector público al sector privado, pasando por un nivel de consulta del ente estatal al sector privado, hasta un nivel de diálogo entre ambos actores. En cuanto a la amplitud o composición de las alianzas, éstas pueden tratarse de alianzas simples entre un par de actores (público y privado) o de alianzas múltiples.

A partir de una perspectiva o explicación menos técnica y desde la nueva teoría de la gobernan-za2 entendida como la solución de problemas de carácter público a partir de la articulación de los diferentes sectores de la sociedad dotados de cierto poder (actores políticos y sociales) y no como una acción monopólica del Estado (Ballón, Rodríguez y Zeballos 2009 y Pliscoff y Araya 2012), las alianzas público-privadas pueden ser entendidas como una acción conjunta y de carácter colaborativo entre el Estado y el sector privado para la provisión y entrega de servi-cios o soluciones y cuyos resultados frecuentemente son mejores a los resultados obtenidos de manera separada por cada una de las partes. En general estas alianzas o acuerdos permiten al sector público y privado compartir el poder, el trabajo, la información y los riesgos que supone el objeto del acuerdo para el logro de objetivos comunes.

En esta misma corriente Ballón, Rodríguez y Zeballos (2009) categorizan a las alianzas entre estrictamente públicas-privadas y aquellas de carácter multisectorial orientadas al desarrollo. Las primeras se establecen por contrato entre 2 partes y se rigen por un marco legal establecido y regulado con poca o ninguna participación de agentes sociales. Por su parte, las alianzas mul-

tisectoriales funcionan con estructura legal flexible e incorporan la participación activa de otros actores, son colaboraciones voluntarias. Este último tipo de alianza es el que nos interesa en el presente trabajo, ya que el caso que se estudia más adelante trata sobre una experiencia de una alianza multisectorial que apunta a facilitar la cooperación entre Gobiernos Municipa-les, organizaciones de pequeños productores y CIUDADANÍA, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública (institución privada), en la ejecución de iniciativas productivas para el desarrollo local y en el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias de pequeños productores en un escenario de buena gobernabilidad local.

Las alianzas para el desarrollo operan estrictamente en el nivel local –a veces este ámbito local puede abarcar varios municipios con características socioeconómicas, culturales y medioam-bientales similares– y pueden estar organizadas de múltiples formas como ser mesas de con-certación, consejos, comités, foros y redes, donde los objetivos que se persiguen están ligados a su origen.

En el marco de lo local, las alianzas estratégicas para el desarrollo constituyen un mecanismo importante para el Desarrollo Económico Local3 (DEL), que consiste en un proceso de desa-rrollo participativo complejo, con diversos componentes y agentes públicos y privados que, mediante acuerdos de cooperación, buscan mejorar la calidad de vida de la población a través de la generación de más y mejores empleos y la dinamización de la economía del territorio local (González 2006 y Rodríguez-Pose 2002 en Rojas 2006).

Por lo tanto, el papel de los agentes locales en el DEL es fundamental y en la nueva estrategia del desarrollo territorial los agentes no son únicamente la administración central del Estado y las grandes empresas, sino los diversos niveles territoriales de la administración pública, las organizaciones intermedias del desarrollo local, las pequeñas y medianas empresas y microempresas, el conjunto de la sociedad civil organizada localmente (González 2006) y las familias de productores agropecuarios y artesanales aglutinados en pequeñas asociaciones. Adicionalmente, para impulsar el Desarrollo Económico Local no sólo es preciso utilizar los recursos internos sino también aprovechar las oportunidades de dinamismo externo existentes, es decir internalizar los impactos favorables de las oportunidades externas (Alburquerque 2004).

En función de esta nueva visión, los gobiernos locales han de actuar como ‘facilitadores de coaliciones locales de crecimiento económico en coordinación con otros actores sociales’ (Nickson, s/fecha en González 2006: 8). Este nuevo rol que el Gobierno Municipal se ve llamado a cumplir, requiere de nuevas formas de organización y de relacionamiento con los habitantes del territorio y, la cooperación público-privada a nivel municipal es una vía para generar sinergias en favor del Desarrollo Económico Local.

Page 14: Alianzas público-privadas para el desarrollo de iniciativas productivas de pequeños productores

Los inicios de la descentralización y autonomías territoriales se remontan a 1994 con la apro-bación de la Ley de Participación Popular, mediante la cual se municipalizó el país y sentó la presencia del Estado en las áreas rurales, reconociendo como sujetos de la participación popu-lar a las Organizaciones Territoriales de Base (OTBs), representando a comunidades campesi-nas, pueblos indígenas y juntas vecinales. Asimismo, la LPP le transfirió a los municipios la responsabilidad de la planificación y gestión de su desarrollo social y económico y de manera concreta le transfirió competencias a las municipalidades en materia de infraestructura física de educación, salud, deporte, caminos vecinales, y microriego con la obligación de adminis-trarla, mantenerla y renovarla, para cuya dinamización del proceso le asignó a cada municipio recursos, adicionales a ingresos propios, proveniente de la coparticipación tributaria, en función al número de habitantes, con los correspondientes derechos de las OTBs de proponer, pedir, controlar y supervisar la ejecución de obras y la prestación de servicios públicos en cada una de las competencias anteriormente mencionadas. El Plan de Desarrollo Municipal (PDM) es la base y el pilar del proceso de planificación y está constituido por el diagnóstico, la visión estratégica y la programación quinquenal o de mediano plazo.

Por su parte, la Ley de Descentralización Administrativa, estructurada para promover la parti-cipación popular en los espacios geográficos departamentales, determinó en su momento que las prefecturas debían formular y ejecutar los Planes Departamentales de Desarrollo Económi-co y Social, de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Planificación, en coordinación con los Gobiernos Municipales de su jurisdicción y promover la inversión privada.

En este marco de reformas estatales, allá por 1996, aparece la noción de municipio productivo, denominado también Promoción Económica Local o Desarrollo Económico Local, a partir del trabajo realizado por el proyecto Promoción Al Desarrollo Económico Rural (PADER), el cual hace referencia a un espacio territorial donde sus pobladores tienen posibilidades de obtener empleo digno y una remuneración que les permita satisfacer sus necesidades y gozar de un mejor nivel de vida, el cual está directamente relacionado con el aumento de las inversiones privadas que aprovechan las potencialidades del municipio y las oportunidades del mercado (PADER – COSUDE 2004).

Este concepto, a no mucho tiempo de su formulación, fue puesto en tela de juicio por Medina, al considerar que por un par de “golondrinas emprendedoras” (2004: 229) –empresarios priva-dos-, encontradas en los municipios no se puede hablar de municipio productivo y que el error fundamental del PADER para formular esa proposición fue pensar que Bolivia es un país capi-talista, cuando por ejemplo en el sector comunitario o rural, como es el caso de la mayoría de los municipios del país, “el ‘patrón’ y el ‘trabajador’ son la misma persona” (:229) rodeada de sus familiares en el desarrollo de las actividades (Ayo, 2004). Empero, la promoción del creci-miento económico local, mediante el desarrollo de ventajas competitivas, identificando las potencialidades y vocaciones del municipio, involucrando para ese propósito a los agentes eco-nómicos locales y externos (sector privado, asociaciones y fundaciones y otras entidades sin fines de lucro), en la prestación de servicios, ejecución de obras públicas y otras actividades de interés del municipio estipuladas en la Ley de Municipalidades actualizada en 1999, no son sino la expresión del concepto de municipio productivo acuñado por el PADER.

La tendencia hacia la promoción del desarrollo económico se expresó en el Diálogo Nacional 2000. La Ley 2235, promulgada como resultado del Diálogo Nacional 2000, amplió las com-petencias de los municipios para emprender la promoción del desarrollo económico al asignar-les los recursos provenientes del programa HIPC, que se originaron con la renegociación de la deuda externa.

Esta Ley establece que las organizaciones y asociaciones de pequeños productores urbanos y rurales conformados por la pequeña industria, micro y pequeños empresarios, artesanos, orga-nizaciones económicas campesinas y minería cooperativizada, se constituyen en agentes eco-nómicos de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza y, por lo tanto, con preferencia en los proveedores de bienes y prestadores de servicios demandados por los órganos públicos. Pero además, dispone la asignación de recursos para programas municipales de infraestructura productiva y social destinados a financiar o cofinanciar, entre algunos, proyectos de expansión y mantenimiento de vías de acceso a frentes de producción, infraestructura de caminos vecina-

les, captaciones de agua y microriego, electrificación y otra infraestructura productiva de carácter público.

Estos roles municipales se amplían mediante el Decreto Supremo Nº 28421 de 2005, con la respectiva autorización de utilización de recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), a facilitar al sector productivo a: la asistencia técnica y capacitación; al acceso al sistema financiero; la provisión de servicios, infraestructura y equipamiento de cen-tros de acopio, centros artesanales, maquicentros, centros de formación y capacitación para la producción, e incubadoras de empresas, entre algunos; la organización de instancias responsa-bles de la promoción productiva municipal y desarrollo de espacios e instancias de concerta-ción público – privado; y, la promoción del empleo a través de programas de generación de empleo.

Como corolario de este acápite hay que señalar que en el marco de las competencias municipa-les en desarrollo económico y empleo, el rol de los Gobiernos Municipales, es entendido como un rol facilitador de los emprendimientos privados y no de intervención directa en sus nego-cios.

En el ámbito del nuevo Estado Plurinacional instaurado a partir de 2009, la Constitución Políti-ca reconoce la economía plural del país que comprende las distintas formas de organizaciones económicas existentes, compuesta por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa.

El Gobierno Nacional a través de su Plan Nacional de Desarrollo, como parte de los lineamien-tos estratégicos correspondientes a su pilar Bolivia Productiva, entiende que el sector agrope-cuario es clave para la generación de empleo e ingresos de la población y ha definido como prioritario el desarrollo productivo territorial. Como marco normativo para promover tal fin se tiene la Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, que tiene como finalidad la soberanía alimentaria del país, la cual se sustenta en la concurrencia de los esfuerzos tanto de actores estatales, como de actores indígena originarios campesinos, interculturales y afro-boli-vianos, otros actores de la economía plural y la población en general, para, a través de una acción conjunta, satisfacer las necesidades alimentarias de la población boliviana. A esto se suma el reconocimiento de participación en el diseño de políticas públicas de los actores rura-les y el control social a la gestión pública del sector agropecuario, al destino de los recursos fiscales y al control social de las empresas e instituciones públicas y empresas mixtas en todos los niveles de gobierno y las entidades territoriales autónomas.

Entre algunos de los ejes temáticos que abarca la Ley están: el reconocimiento de las comuni-dades indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afro-bolivianas como Organizaciones Económicas Comunitarias (OECOM); la planificación estratégica alimentaria participativa desde las comunidades anteriormente señaladas y los actores de la economía plural sobre la base de su vocación y potencial productivo y los recursos naturales para definir las estrategias de producción, planes y programas de desarrollo productivo agropecuario inte-

gral y sostenible; el fortalecimiento de las comunidades, desde un enfoque intercultural que recupere los saberes, prácticas y conocimientos ancestrales; la transferencia de recursos a las comunidades, además de otros mecanismos de financiamientos; y mecanismos crediticios de fomento a la producción.

Por otro lado, en 2012, el gobierno de Evo Morales promulgó otras dos leyes que favorecen principalmente a los pequeños productores urbanos rurales: la Ley de Promoción y Desarrollo Artesanal y la Ley de Organizaciones Económicas Campesinas, Indígena Originarias (OECAS) y de Organizaciones Económicas Comunitarias (OECOM) para la integración de la agricultura familiar sustentable y la soberanía alimentaria.

La primera ley está destinada a proteger, fomentar, promover y promocionar el desarrollo sostenible de la actividad del sector artesanal. Tiene por finalidad facilitar el acceso del sector artesanal al financiamiento, asistencia técnica, capacitación, acceso a mercados, recuperación y difusión de sus saberes, técnicas, aptitudes y habilidades de las artesanas y los artesanos, en el marco del desarrollo integral del Estado Plurinacional. La ley se aplica a toda actividad arte-sanal, la misma que puede ser realizada en talleres permanentes o móviles, complejos artesana-les, ámbitos comunitarios y familiares indígena originario campesinos urbanos y rurales. Entre otros asuntos, la ley dispone que el nivel central del Estado en el marco de sus competencias y en coordinación con los Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales, establecerán incentivos para promover la capacidad productiva artesanal.

Por su parte, la Ley de OECAS y de OECOM tiene por objeto normar la agricultura familiar sustentable y las actividades familiares diversificadas, con la finalidad de contribuir al logro de la soberanía y seguridad alimentaria. Para tal fin, dispone que el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, en el marco de sus competencias, priorizarán actividades de implementación y mejora de infraestructura como ser: infraestructura de transporte, red vial, electrificación para la producción, tecnologías de información y comunicación, riego, sanea-miento básico y otros. Pero además, en el marco de la política económica, dispone que el nivel central del Estado sea el responsable de facilitar el acceso a la capacitación técnica, a la tecno-logía, a los créditos, a la apertura de mercados y al mejoramiento de procesos productivos de la agricultura familiar sustentable.

Sobre la asistencia técnica, fomento y mercados señala que el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas apoyarán la diversificación e innovación productiva enfoca-da a: la capacitación y asesoramiento; la instalación de unidades demostrativas de experimen-tación y productivas; al asesoramiento técnico y aporte de materiales e insumos; el desarrollo de experiencias innovadoras en materia de cultivos; la difusión de la producción natural orgá-nica y ecológica; la investigación tecnológica que responda a las condiciones de la realidad rural de los sujetos de la agricultura familiar sustentable. Asimismo y con la finalidad de asegu-rar el mercado y los ingresos de las familias le asigna a éstas el rol de proveedores de alimentos para el Programa de Alimentación Complementaria Escolar, el Subsidio de Lactancia Materna y otros.

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Objetivos del proyecto

Con este nuevo marco normativo, las competencias del Estado en sus diferentes niveles sufren una modificación ya que además de su rol de facilitadores en la creación de un entorno favora-ble para el desarrollo de los emprendimientos productivos privados, dentro el cual se enmarcan la agricultura familiar y/o las actividades del sector artesanal, también tiene una relativa parti-cipación tanto en apoyo directo a la producción mediante el financiamiento y asignación de recursos para la construcción de determinada infraestructura productiva y de acopio de produc-tos para un uso colectivo, como en sus negocios al propiciar mercados y asegurar la demanda de los productos.

A pesar de todas las disposiciones legales en vigencia para el desarrollo económico, en el ámbito de lo local, los Gobiernos Municipales han tenido problemas para impulsar la dimen-sión productiva y económica de la gestión pública; los actores productivos no se han relaciona-do institucionalmente con el órgano público para impulsar el DEL; las organizaciones de apoyo al desarrollo no han logrado promover y alentar la interacción de los actores públicos y privados en la perspectiva de la generación de sinergias a favor del desarrollo productivo. Para los pobladores de los municipios, el resultado de esta situación se traduce en el declive de las actividades productivas, la falta de incentivo para aprovechar oportunidades que mejoren su actividad productiva, la escasa promoción de la economía local y finalmente, la estagnación o merma de los ingresos de los productores.

El objetivo general planteado por el proyecto “Pactos municipales para el desarrollo económi-co local: fortaleciendo el desempeño productivo de las organizaciones de productores”, consis-tió en incidir en el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias de pequeños productores en municipios rurales del departamento de Cochabamba. En ese sentido, como asunto de interés público, el DEL fue abordado desde acuerdos entre actores públicos y actores privados para generar sinergias que favorezcan a la actividad productiva.

En lo específico, las asociaciones de pequeños productores en los municipios han sido fortale-cidas, mediante su incorporación y participación en los acuerdos público-privados que promueven la actividad productiva en el municipio, para cuyo impulso se ha comprometido recursos financieros municipales o de origen estatal, de la cooperación internacional prove-nientes de SOS Faim y de la Dirección General de la Cooperación al Desarrollo del Servicio Público Federal Belga de Asuntos Exteriores, Comercio Exterior y Cooperación al Desarrollo (DGD) y, cuando ha correspondido, de las mismas organizaciones económicas, que han permi-tido mejorar el ingreso de los productores.

El territorio municipal autónomo es un escenario privilegiado por el contexto actual, para alcan-zar objetivos de desarrollo económico en base a la ampliación de la base productiva y se ha aprovechado la disponibilidad del tejido social existente para impulsar las actividades producti-vas y establecer acuerdos público-privados para generar institucionalidad para el DEL.

ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS PARA EL DESARROLLO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE ORGANIZACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES

URBANO RURALES1

En líneas generales, una alianza de cooperación público-privada se entiende como un acuerdo entre el sector público y privado, en la que parte de determinadas labores que son responsabili-dad del sector público, son asumidas por el sector privado mediante un acuerdo de objetivos y beneficios comunes, pero que no incluyen contratos, ya que de realizarse, éstos serían conside-rados como proyectos de contratación pública o de privatización de servicios públicos.

Desde la posición del sector privado y en relación con la toma de decisiones existen al menos 4 modelos de alianzas, no necesariamente excluyentes entre ellas, que pueden coexistir durante la consecución de un determinado objetivo de desarrollo: alianza contributiva, alianza opera-cional, alianza consultiva y alianza participativa (Hernández 2008). En los tres primeros mode-los de alianza el sector privado no asume decisiones, sino más bien tiene roles de financiador, encargado de la prestación de servicios o consejeros respecto de determinados proyectos públi-cos, respectivamente; mientras que en el modelo participativo, además de compartir los recur-sos financieros y recursos humanos, fundamentalmente se comparte el poder en la toma de decisiones. Otros aspectos a destacar en estos modelos son el discurso de los integrantes de la cooperación público-privada y la amplitud de las alianzas (Devlin y Moguillansky 2009). En relación con el discurso, éste puede variar desde una imposición de la estrategia del sector público al sector privado, pasando por un nivel de consulta del ente estatal al sector privado, hasta un nivel de diálogo entre ambos actores. En cuanto a la amplitud o composición de las alianzas, éstas pueden tratarse de alianzas simples entre un par de actores (público y privado) o de alianzas múltiples.

A partir de una perspectiva o explicación menos técnica y desde la nueva teoría de la gobernan-za2 entendida como la solución de problemas de carácter público a partir de la articulación de los diferentes sectores de la sociedad dotados de cierto poder (actores políticos y sociales) y no como una acción monopólica del Estado (Ballón, Rodríguez y Zeballos 2009 y Pliscoff y Araya 2012), las alianzas público-privadas pueden ser entendidas como una acción conjunta y de carácter colaborativo entre el Estado y el sector privado para la provisión y entrega de servi-cios o soluciones y cuyos resultados frecuentemente son mejores a los resultados obtenidos de manera separada por cada una de las partes. En general estas alianzas o acuerdos permiten al sector público y privado compartir el poder, el trabajo, la información y los riesgos que supone el objeto del acuerdo para el logro de objetivos comunes.

En esta misma corriente Ballón, Rodríguez y Zeballos (2009) categorizan a las alianzas entre estrictamente públicas-privadas y aquellas de carácter multisectorial orientadas al desarrollo. Las primeras se establecen por contrato entre 2 partes y se rigen por un marco legal establecido y regulado con poca o ninguna participación de agentes sociales. Por su parte, las alianzas mul-

tisectoriales funcionan con estructura legal flexible e incorporan la participación activa de otros actores, son colaboraciones voluntarias. Este último tipo de alianza es el que nos interesa en el presente trabajo, ya que el caso que se estudia más adelante trata sobre una experiencia de una alianza multisectorial que apunta a facilitar la cooperación entre Gobiernos Municipa-les, organizaciones de pequeños productores y CIUDADANÍA, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública (institución privada), en la ejecución de iniciativas productivas para el desarrollo local y en el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias de pequeños productores en un escenario de buena gobernabilidad local.

Las alianzas para el desarrollo operan estrictamente en el nivel local –a veces este ámbito local puede abarcar varios municipios con características socioeconómicas, culturales y medioam-bientales similares– y pueden estar organizadas de múltiples formas como ser mesas de con-certación, consejos, comités, foros y redes, donde los objetivos que se persiguen están ligados a su origen.

En el marco de lo local, las alianzas estratégicas para el desarrollo constituyen un mecanismo importante para el Desarrollo Económico Local3 (DEL), que consiste en un proceso de desa-rrollo participativo complejo, con diversos componentes y agentes públicos y privados que, mediante acuerdos de cooperación, buscan mejorar la calidad de vida de la población a través de la generación de más y mejores empleos y la dinamización de la economía del territorio local (González 2006 y Rodríguez-Pose 2002 en Rojas 2006).

Por lo tanto, el papel de los agentes locales en el DEL es fundamental y en la nueva estrategia del desarrollo territorial los agentes no son únicamente la administración central del Estado y las grandes empresas, sino los diversos niveles territoriales de la administración pública, las organizaciones intermedias del desarrollo local, las pequeñas y medianas empresas y microempresas, el conjunto de la sociedad civil organizada localmente (González 2006) y las familias de productores agropecuarios y artesanales aglutinados en pequeñas asociaciones. Adicionalmente, para impulsar el Desarrollo Económico Local no sólo es preciso utilizar los recursos internos sino también aprovechar las oportunidades de dinamismo externo existentes, es decir internalizar los impactos favorables de las oportunidades externas (Alburquerque 2004).

En función de esta nueva visión, los gobiernos locales han de actuar como ‘facilitadores de coaliciones locales de crecimiento económico en coordinación con otros actores sociales’ (Nickson, s/fecha en González 2006: 8). Este nuevo rol que el Gobierno Municipal se ve llamado a cumplir, requiere de nuevas formas de organización y de relacionamiento con los habitantes del territorio y, la cooperación público-privada a nivel municipal es una vía para generar sinergias en favor del Desarrollo Económico Local.

Page 15: Alianzas público-privadas para el desarrollo de iniciativas productivas de pequeños productores

ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS PARA EL DESARROLLO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE ORGANIZACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES

URBANO RURALES1

En líneas generales, una alianza de cooperación público-privada se entiende como un acuerdo entre el sector público y privado, en la que parte de determinadas labores que son responsabili-dad del sector público, son asumidas por el sector privado mediante un acuerdo de objetivos y beneficios comunes, pero que no incluyen contratos, ya que de realizarse, éstos serían conside-rados como proyectos de contratación pública o de privatización de servicios públicos.

Desde la posición del sector privado y en relación con la toma de decisiones existen al menos 4 modelos de alianzas, no necesariamente excluyentes entre ellas, que pueden coexistir durante la consecución de un determinado objetivo de desarrollo: alianza contributiva, alianza opera-cional, alianza consultiva y alianza participativa (Hernández 2008). En los tres primeros mode-los de alianza el sector privado no asume decisiones, sino más bien tiene roles de financiador, encargado de la prestación de servicios o consejeros respecto de determinados proyectos públi-cos, respectivamente; mientras que en el modelo participativo, además de compartir los recur-sos financieros y recursos humanos, fundamentalmente se comparte el poder en la toma de decisiones. Otros aspectos a destacar en estos modelos son el discurso de los integrantes de la cooperación público-privada y la amplitud de las alianzas (Devlin y Moguillansky 2009). En relación con el discurso, éste puede variar desde una imposición de la estrategia del sector público al sector privado, pasando por un nivel de consulta del ente estatal al sector privado, hasta un nivel de diálogo entre ambos actores. En cuanto a la amplitud o composición de las alianzas, éstas pueden tratarse de alianzas simples entre un par de actores (público y privado) o de alianzas múltiples.

A partir de una perspectiva o explicación menos técnica y desde la nueva teoría de la gobernan-za2 entendida como la solución de problemas de carácter público a partir de la articulación de los diferentes sectores de la sociedad dotados de cierto poder (actores políticos y sociales) y no como una acción monopólica del Estado (Ballón, Rodríguez y Zeballos 2009 y Pliscoff y Araya 2012), las alianzas público-privadas pueden ser entendidas como una acción conjunta y de carácter colaborativo entre el Estado y el sector privado para la provisión y entrega de servi-cios o soluciones y cuyos resultados frecuentemente son mejores a los resultados obtenidos de manera separada por cada una de las partes. En general estas alianzas o acuerdos permiten al sector público y privado compartir el poder, el trabajo, la información y los riesgos que supone el objeto del acuerdo para el logro de objetivos comunes.

En esta misma corriente Ballón, Rodríguez y Zeballos (2009) categorizan a las alianzas entre estrictamente públicas-privadas y aquellas de carácter multisectorial orientadas al desarrollo. Las primeras se establecen por contrato entre 2 partes y se rigen por un marco legal establecido y regulado con poca o ninguna participación de agentes sociales. Por su parte, las alianzas mul-

tisectoriales funcionan con estructura legal flexible e incorporan la participación activa de otros actores, son colaboraciones voluntarias. Este último tipo de alianza es el que nos interesa en el presente trabajo, ya que el caso que se estudia más adelante trata sobre una experiencia de una alianza multisectorial que apunta a facilitar la cooperación entre Gobiernos Municipa-les, organizaciones de pequeños productores y CIUDADANÍA, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública (institución privada), en la ejecución de iniciativas productivas para el desarrollo local y en el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias de pequeños productores en un escenario de buena gobernabilidad local.

Las alianzas para el desarrollo operan estrictamente en el nivel local –a veces este ámbito local puede abarcar varios municipios con características socioeconómicas, culturales y medioam-bientales similares– y pueden estar organizadas de múltiples formas como ser mesas de con-certación, consejos, comités, foros y redes, donde los objetivos que se persiguen están ligados a su origen.

En el marco de lo local, las alianzas estratégicas para el desarrollo constituyen un mecanismo importante para el Desarrollo Económico Local3 (DEL), que consiste en un proceso de desa-rrollo participativo complejo, con diversos componentes y agentes públicos y privados que, mediante acuerdos de cooperación, buscan mejorar la calidad de vida de la población a través de la generación de más y mejores empleos y la dinamización de la economía del territorio local (González 2006 y Rodríguez-Pose 2002 en Rojas 2006).

Por lo tanto, el papel de los agentes locales en el DEL es fundamental y en la nueva estrategia del desarrollo territorial los agentes no son únicamente la administración central del Estado y las grandes empresas, sino los diversos niveles territoriales de la administración pública, las organizaciones intermedias del desarrollo local, las pequeñas y medianas empresas y microempresas, el conjunto de la sociedad civil organizada localmente (González 2006) y las familias de productores agropecuarios y artesanales aglutinados en pequeñas asociaciones. Adicionalmente, para impulsar el Desarrollo Económico Local no sólo es preciso utilizar los recursos internos sino también aprovechar las oportunidades de dinamismo externo existentes, es decir internalizar los impactos favorables de las oportunidades externas (Alburquerque 2004).

En función de esta nueva visión, los gobiernos locales han de actuar como ‘facilitadores de coaliciones locales de crecimiento económico en coordinación con otros actores sociales’ (Nickson, s/fecha en González 2006: 8). Este nuevo rol que el Gobierno Municipal se ve llamado a cumplir, requiere de nuevas formas de organización y de relacionamiento con los habitantes del territorio y, la cooperación público-privada a nivel municipal es una vía para generar sinergias en favor del Desarrollo Económico Local.

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Emplazamiento del proyecto y caracterización del área geográfica

Figura Nº 1Naturaleza y objetivos del proyecto

El impulso de la actividad productiva en el ámbito local (municipal) fue una de las metas a alcanzar. Para lograr esto el proyecto desarrolló acciones para movilizar recursos financieros que fueron transferidos por CIUDADANÍA –canalizados desde SOS Faim y la DGD–, a los Gobiernos Municipales, quienes a su vez los transfirieron a los productores para fomentar la actividad productiva. El proyecto favoreció la gestión pública municipal con recursos como una estrategia para lograr acuerdos público-privados en los cuales participaron plenamente las organizaciones de productores para aplicar una agenda destinada a la promoción de la activi-dad productiva y de la gestión del Desarrollo Económico Local.

El proyecto fue ejecutado en los municipios de Arbieto, Cliza, San Benito y Tiquipaya, los tres primeros ubicados en Valle Alto y el último en el Valle Central del departamento de Cocha-bamba. La población en conjunto estimada para el año 2010 era de 136.359 habitantes, de los cuales el 66,97% pertenecen a Tiquipaya, el 15,94% a Cliza, el 9,17% a San Benito y el 7,92% a Arbieto con una densidad media de 58,34 h/km2.

Los 4 municipios se caracterizan por tener un territorio predominantemente rural, con una diversidad de pisos ecológicos que determinan su vocación agropecuaria. Así por ejemplo Arbieto basa su economía principalmente en la producción de maíz, trigo, papa, alfa-alfa y durazno; Cliza en los cultivos de maíz, cebada, trigo, papa y alfa-alfa, aunque también se ha incursionado en sistemas especiales de producción agrícola, como ser la producción de rosas y frutillas en invernadero y parcelas de frutales con plantaciones de durazno y manzana; San Benito encuentra su potencialidad en la producción de durazno, maíz, papa, arvejas y habas; y Tiquipaya, en la producción de flores, hortalizas y legumbres en la parte de los valles y en la producción de tubérculos en la parte montañosa.

Proyectos productivos

SOS Faim yDGD CIUDADANÍA

GobiernoMunicipal Dinamizar la

interrelación

Promover

Institucionalidad para elDEL

Secto Público Sect

or P

rivad

o

Financiamiento del proyecto Transferencia derecursos financieros

Canalización de recursosfinancieros

Organizacionesde Productores

Page 16: Alianzas público-privadas para el desarrollo de iniciativas productivas de pequeños productores

En la medida en que los beneficiarios directos de las APP son las organizaciones de pequeños productores y sus familias en los municipios de Arbieto, Cliza, San Benito y Tiquipaya, es con-veniente anotar que al inicio del proyecto se levantó una línea de base para la cual se realizó una encuesta a una muestra de la población con la finalidad de conocer ciertos aspectos sobre la naturaleza de las familias como ser: la composición de la familia; los niveles de ingreso e ingreso per cápita, el origen de los ingresos y los principales destinos; y, los canales de finan-ciamiento para sus actividades productivas.

La información obtenida a principios de 2011 da cuenta que en promedio cada familia de productores estaba integrada por 5 miembros, encontrándose muchos casos en los que además de estar compuesta por padres e hijos, también estaba integrada por los abuelos y los nietos.

En lo relativo a los ingresos, cada familia de productores anualmente percibía en promedio un total de Bs. 42.490,52 (USD. 6.104,96), mientras que el ingreso per cápita ascendía a la suma de Bs. 10.745,35 (USD. 1.543, 87). El origen de los recursos proviene principalmente de las actividades agropecuarias y representan el 45,93% del total de la bolsa. En tanto que la segun-da fuente está constituida por aquellos bonos que son entregados por el Estado como ser: la Renta Dignidad que es otorgada a las personas adultas, el bono Juana Azurduy que es entrega-do a las mujeres en gestación y/o madres cuyos niños son menores a los 2 años; y, el bono Juan-cito Pinto que es concedido a los niños en edad escolar que constituye el 25,2%. Finalmente, el 30,09% de los ingresos de los productores y sus familias se origina en diversas fuentes como ser: transporte, comercio, construcción, remesas del exterior y remuneraciones de las labores desempeñadas, tanto en entidades del Estado (Gobiernos Municipales y magisterio entre otros), como en el sector privado.

A su vez, el 88,2% de estos ingresos tenía como destino el consumo de bienes, el 6,6% consti-tuía un capital de inversiones principalmente para la producción agrícola y la adquisición de ganado y, finalmente el 5,3%, se disponía para el ahorro con el fin de acumular un pequeño capital para ser utilizado en el consumo de bienes en las épocas de baja producción y por consi-guiente de bajos ingresos, y/o para resguardar la vida de los jefes de familia durante la vejez.

Puesto que los recursos generados por los integrantes de la familia, ya sea en las actividades productivas o en el desempeño de otros roles, no son suficientes para acrecentar la producción, se pudo advertir que entre los años 2010 y 2011, al menos el 23,68% de las familias de peque-ños productores tuvieron que recurrir a otros canales de financiamiento como ser los bancos, las cooperativas y las amistades y/o familiares, para obtener préstamos y de esa manera adqui-rir herramientas de trabajo, pequeña maquinaria e insumos que les permita mejorar sus niveles de producción y productividad.

Por otra parte, en relación con el tema de la tenencia de la tierra el 93,2% de las familias señaló que poseen tierra propia, destacándose como modalidades de acceso la compra y la herencia, con un 41,75% y 49,51% respectivamente y en menor medida la tenencia de tierras por dota-ción de la comunidad y por dotación del Estado cada una con 0,97%. Entre tanto, una quinta

modalidad de acceso a la tierra es por alquiler o anticrético y constituye el 3, 88%. Los restan-tes 2,91% de familias ocupan las tierras sólo en calidad de préstamo.

Finalmente, del conjunto de 83 organizaciones de pequeños productores involucradas en la alianza, 34 han tenido una participación pasiva y sólo han intervenido durante los procesos de selección de ideas de iniciativas productivas, en tanto que 49 han tenido una participación dinámica en las diferentes actividades del proyecto por medio de la implementación de 51 micro-proyectos que han sido formulados por ellas mismas, y a través de los cuales están en proceso de mejorar sus condiciones de vida.

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Figura Nº 2Vocación productiva de los municipios y su visión de desarrollo en el marco de sus

Planes de Desarrollo Municipal

La tecnología e insumos empleados en la producción agrícola, está en función a la ubicación, tipo y tamaño de la unidad de producción familiar. En las zonas planas o de valle, donde el clima es templado y con provisión regular de agua para riego, se ha impuesto la mecanización para las labores de preparación de la tierra, ya que la gran mayoría de los agricultores utiliza tractor (propio o alquilado); inclusive se han introducido semillas e insumos mejorados y abonos minerales o químicos en la producción. Mientras que en las tierras de zonas altas como las de ciertas comunidades de Arbieto y Tiquipaya, donde el clima es frío y la agricultura es a secano, se utiliza tecnología tradicional, insumos locales y procedimientos de trabajo manua-les. Así por ejemplo se utiliza yunta con arado de palo para la preparación de la tierra, la siem-bra se realiza a mano, las labores culturales y cosecha se realizan utilizando azadas, palos y picos, las semillas para la producción son seleccionadas de la propia cosecha, y preferentemen-te, se utiliza el estiércol del ganado como abono natural u orgánico.

Finalmente, la variedad de microclimas en estos municipios, ha dado lugar a niveles de espe-cialización productiva pecuaria. Por ejemplo, en las zonas de los valles de los cuatro munici-pios, se destacan la crianza de vacunos para la producción de leche y la crianza de porcinos para el aprovechamiento de la carne; mientras que en las zonas de altura o puna, las potenciali-dades se centran en la cría de ganado camélido y ovino. De esa manera, la crianza y tenencia de ganado entre las familias de agricultores cumple un papel significativo en la economía cam-pesina, pero en menor magnitud que la agricultura y constituye un complemento al conjunto de actividades realizadas dentro los predios agrícolas. El ganado vacuno y ovino son importantes, ya que dentro del sistema de producción el estiércol que generan es utilizado como abono, además que la yunta se utiliza como tracción animal para la preparación de la tierra.

MU

NIC

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IATiquipaya

Arbieto

Cliza

San Benito

PDM 2011 - …

PDM 2011 - …

PDM 2011 - …

PDM 2010 - 2015

MUNICIPIO VOCACIÓN VISIÓN

Es un municipio con vocación agropecuaria, artesanal y turística e impulsor del desarrollo de

región y calidad de vida de sus habitantes

Es la primera ciudad eco-turística y productiva del valle

Representa un icono productivo en el Valle Alto y una región de alta potencialidad en la produc-

ción de la cadena del maíz y de la pecuaria menor

Es un municipio productivo con equidad de género

Page 17: Alianzas público-privadas para el desarrollo de iniciativas productivas de pequeños productores

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Participantes de las alianzas y naturaleza

Las APP para la implementación del proyecto “Pactos municipales de desarrollo económico local: fortaleciendo el desempeño productivo de las organizaciones de productores” son alian-zas multisectoriales para el desarrollo y se han constituido para cada municipio en los que se ha ejecutado el proyecto. De manera general, es posible clasificar a los actores de las cuatro alianzas en dos grupos: por una parte están las instituciones del sector público del nivel local que desde el punto de vista legal constituyen entidades de un mismo nivel, cuyas competencias no exceden más allá de los límites de su jurisdicción y, por otra, por un grupo de organizacio-nes y/o instituciones del sector privado que si bien operan en el ámbito de lo local, sus acciones también pueden traspasar dichas fronteras y abarcar a otras unidades territoriales de mayor dimensión como ser las provincias, los departamento y el país en su conjunto.

Dentro del sector público se utiliza el término “mismo nivel” para hacer notar que sus integran-tes son equiparables en rango. Se trata de 4 Gobiernos Municipales, pertenecientes a los muni-cipios de Tiquipaya, Arbieto, Cliza y San Benito, que son entidades estatales autónomas de igual jerarquía, con personalidad jurídica y patrimonio propio del nivel local que tiene una misma finalidad, la cual es contribuir a la satisfacción de las necesidades colectivas y garanti-zar la integración y participación de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano sostenible del municipio.

La pluralidad en el sector privado no se refiere tanto al elevado número de sus integrantes, sino al tipo de entidades y los fines que persiguen, de manera que la amplia colectividad compuesta por 83 organizaciones de pequeños productores y 2 organizaciones no gubernamentales se reduce sólo a 2 grupos de actores privados: los productores y las ONGs.

Las organizaciones de pequeños productores, muchas de ellas ya con personalidad jurídica, son un tipo de instituciones privadas, pertenecientes a diferentes áreas de actividad económica del nivel local, pero con influencia comercial a otras secciones de provincia y departamentos del país, que tienen un determinado patrimonio común y basan sus actividades en el trabajo familiar. Tienen por finalidad mejorar la calidad de vida de las familias que la integran, la elevación del progreso social de sus asociados y procurar el desarrollo económico del munici-pio, buscando el concurso del Estado en todo cuanto sea necesario para obtener estos fines.

Finalmente CIUDADANÍA y SOS Faim son dos entidades no gubernamentales que son parte del sector privado, con personería jurídica y sedes de operación en la ciudad de Cochabam-ba-Bolivia y Bruselas-Bélgica, respectivamente. CIUDADANÍA desempeña sus labores en los ámbitos local, departamental y nacional y se dedica a la producción de conocimientos social-mente relevantes, al diálogo y a la acción pública para facilitar, promover e incidir en procesos sociales orientados a mejorar, a través del ejercicio de la ciudadanía, la calidad de vida de los sectores de bolivianas y bolivianos que sufren algún tipo de exclusión. Mientras que SOS Faim, trabaja a nivel internacional especialmente en países de América del Sur y países del

África y desarrolla acciones destinadas a reducir el hambre y la pobreza del área rural mediante prácticas de apoyo a la agricultura campesina, sensibilizando y movilizando a la población del Norte con el fin de influenciar en las políticas que tienen un impacto sobre las poblaciones del Sur y en la lucha contra la pobreza.

En la medida en que los beneficiarios directos de las APP son las organizaciones de pequeños productores y sus familias en los municipios de Arbieto, Cliza, San Benito y Tiquipaya, es con-veniente anotar que al inicio del proyecto se levantó una línea de base para la cual se realizó una encuesta a una muestra de la población con la finalidad de conocer ciertos aspectos sobre la naturaleza de las familias como ser: la composición de la familia; los niveles de ingreso e ingreso per cápita, el origen de los ingresos y los principales destinos; y, los canales de finan-ciamiento para sus actividades productivas.

La información obtenida a principios de 2011 da cuenta que en promedio cada familia de productores estaba integrada por 5 miembros, encontrándose muchos casos en los que además de estar compuesta por padres e hijos, también estaba integrada por los abuelos y los nietos.

En lo relativo a los ingresos, cada familia de productores anualmente percibía en promedio un total de Bs. 42.490,52 (USD. 6.104,96), mientras que el ingreso per cápita ascendía a la suma de Bs. 10.745,35 (USD. 1.543, 87). El origen de los recursos proviene principalmente de las actividades agropecuarias y representan el 45,93% del total de la bolsa. En tanto que la segun-da fuente está constituida por aquellos bonos que son entregados por el Estado como ser: la Renta Dignidad que es otorgada a las personas adultas, el bono Juana Azurduy que es entrega-do a las mujeres en gestación y/o madres cuyos niños son menores a los 2 años; y, el bono Juan-cito Pinto que es concedido a los niños en edad escolar que constituye el 25,2%. Finalmente, el 30,09% de los ingresos de los productores y sus familias se origina en diversas fuentes como ser: transporte, comercio, construcción, remesas del exterior y remuneraciones de las labores desempeñadas, tanto en entidades del Estado (Gobiernos Municipales y magisterio entre otros), como en el sector privado.

A su vez, el 88,2% de estos ingresos tenía como destino el consumo de bienes, el 6,6% consti-tuía un capital de inversiones principalmente para la producción agrícola y la adquisición de ganado y, finalmente el 5,3%, se disponía para el ahorro con el fin de acumular un pequeño capital para ser utilizado en el consumo de bienes en las épocas de baja producción y por consi-guiente de bajos ingresos, y/o para resguardar la vida de los jefes de familia durante la vejez.

Puesto que los recursos generados por los integrantes de la familia, ya sea en las actividades productivas o en el desempeño de otros roles, no son suficientes para acrecentar la producción, se pudo advertir que entre los años 2010 y 2011, al menos el 23,68% de las familias de peque-ños productores tuvieron que recurrir a otros canales de financiamiento como ser los bancos, las cooperativas y las amistades y/o familiares, para obtener préstamos y de esa manera adqui-rir herramientas de trabajo, pequeña maquinaria e insumos que les permita mejorar sus niveles de producción y productividad.

Por otra parte, en relación con el tema de la tenencia de la tierra el 93,2% de las familias señaló que poseen tierra propia, destacándose como modalidades de acceso la compra y la herencia, con un 41,75% y 49,51% respectivamente y en menor medida la tenencia de tierras por dota-ción de la comunidad y por dotación del Estado cada una con 0,97%. Entre tanto, una quinta

modalidad de acceso a la tierra es por alquiler o anticrético y constituye el 3, 88%. Los restan-tes 2,91% de familias ocupan las tierras sólo en calidad de préstamo.

Finalmente, del conjunto de 83 organizaciones de pequeños productores involucradas en la alianza, 34 han tenido una participación pasiva y sólo han intervenido durante los procesos de selección de ideas de iniciativas productivas, en tanto que 49 han tenido una participación dinámica en las diferentes actividades del proyecto por medio de la implementación de 51 micro-proyectos que han sido formulados por ellas mismas, y a través de los cuales están en proceso de mejorar sus condiciones de vida.

Page 18: Alianzas público-privadas para el desarrollo de iniciativas productivas de pequeños productores

Las APP para la implementación del proyecto “Pactos municipales de desarrollo económico local: fortaleciendo el desempeño productivo de las organizaciones de productores” son alian-zas multisectoriales para el desarrollo y se han constituido para cada municipio en los que se ha ejecutado el proyecto. De manera general, es posible clasificar a los actores de las cuatro alianzas en dos grupos: por una parte están las instituciones del sector público del nivel local que desde el punto de vista legal constituyen entidades de un mismo nivel, cuyas competencias no exceden más allá de los límites de su jurisdicción y, por otra, por un grupo de organizacio-nes y/o instituciones del sector privado que si bien operan en el ámbito de lo local, sus acciones también pueden traspasar dichas fronteras y abarcar a otras unidades territoriales de mayor dimensión como ser las provincias, los departamento y el país en su conjunto.

Dentro del sector público se utiliza el término “mismo nivel” para hacer notar que sus integran-tes son equiparables en rango. Se trata de 4 Gobiernos Municipales, pertenecientes a los muni-cipios de Tiquipaya, Arbieto, Cliza y San Benito, que son entidades estatales autónomas de igual jerarquía, con personalidad jurídica y patrimonio propio del nivel local que tiene una misma finalidad, la cual es contribuir a la satisfacción de las necesidades colectivas y garanti-zar la integración y participación de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano sostenible del municipio.

La pluralidad en el sector privado no se refiere tanto al elevado número de sus integrantes, sino al tipo de entidades y los fines que persiguen, de manera que la amplia colectividad compuesta por 83 organizaciones de pequeños productores y 2 organizaciones no gubernamentales se reduce sólo a 2 grupos de actores privados: los productores y las ONGs.

Las organizaciones de pequeños productores, muchas de ellas ya con personalidad jurídica, son un tipo de instituciones privadas, pertenecientes a diferentes áreas de actividad económica del nivel local, pero con influencia comercial a otras secciones de provincia y departamentos del país, que tienen un determinado patrimonio común y basan sus actividades en el trabajo familiar. Tienen por finalidad mejorar la calidad de vida de las familias que la integran, la elevación del progreso social de sus asociados y procurar el desarrollo económico del munici-pio, buscando el concurso del Estado en todo cuanto sea necesario para obtener estos fines.

Finalmente CIUDADANÍA y SOS Faim son dos entidades no gubernamentales que son parte del sector privado, con personería jurídica y sedes de operación en la ciudad de Cochabam-ba-Bolivia y Bruselas-Bélgica, respectivamente. CIUDADANÍA desempeña sus labores en los ámbitos local, departamental y nacional y se dedica a la producción de conocimientos social-mente relevantes, al diálogo y a la acción pública para facilitar, promover e incidir en procesos sociales orientados a mejorar, a través del ejercicio de la ciudadanía, la calidad de vida de los sectores de bolivianas y bolivianos que sufren algún tipo de exclusión. Mientras que SOS Faim, trabaja a nivel internacional especialmente en países de América del Sur y países del

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África y desarrolla acciones destinadas a reducir el hambre y la pobreza del área rural mediante prácticas de apoyo a la agricultura campesina, sensibilizando y movilizando a la población del Norte con el fin de influenciar en las políticas que tienen un impacto sobre las poblaciones del Sur y en la lucha contra la pobreza.

Cuadro Nº 1Participantes y beneficiarios de las alianzas

Nombre de la APP Instituciones Públicas Organizaciones de productores ONGs Comité de Alianza Público Privada de Tiquipaya

Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya

- Asociación de Productores Hortícolas de Bruno Moqo

- Cooperativa COOP ART - Asociación La Huerta - Productores de Semilla de Papa

Llusta - Asociación Mosoj Kawsay - Asociación de productores de

Leche La Esperanza - Asociación de Productores de

Flores Mayoristas Montecillo Bajo

- Asociación Comunitaria de Productores Semilleristas Rumy Corral “Sumaj Llank'ay”

- Organización de Mujeres con Discapacidad “Manos Maravillosas”

- Asociación de Productores Apícolas Totolima

- Asociación de Productores de Miel Torreni - Entre Ríos

- Asociación de Mujeres Artesanas de Tiquipaya Alturas

- Sindicato Agrario Torreni - Sindicato Agrario Linkhu Pata - Sindicato Agrario Laphia - Sindicato Chapisirca - Asociación de Artesanos

Tiquipaya - Asociación de Productores de

Maca Montecillo Alto - Asociación de Lombricultura - Asociación de Criadores de

Conejo - APLACA - Asociación de Porcinocultores

Tiquipaya - Asociación de Artesanas

Tejiendo el Futuro de los Niños

- CIUDADANÍA - SOS Faim

En la medida en que los beneficiarios directos de las APP son las organizaciones de pequeños productores y sus familias en los municipios de Arbieto, Cliza, San Benito y Tiquipaya, es con-veniente anotar que al inicio del proyecto se levantó una línea de base para la cual se realizó una encuesta a una muestra de la población con la finalidad de conocer ciertos aspectos sobre la naturaleza de las familias como ser: la composición de la familia; los niveles de ingreso e ingreso per cápita, el origen de los ingresos y los principales destinos; y, los canales de finan-ciamiento para sus actividades productivas.

La información obtenida a principios de 2011 da cuenta que en promedio cada familia de productores estaba integrada por 5 miembros, encontrándose muchos casos en los que además de estar compuesta por padres e hijos, también estaba integrada por los abuelos y los nietos.

En lo relativo a los ingresos, cada familia de productores anualmente percibía en promedio un total de Bs. 42.490,52 (USD. 6.104,96), mientras que el ingreso per cápita ascendía a la suma de Bs. 10.745,35 (USD. 1.543, 87). El origen de los recursos proviene principalmente de las actividades agropecuarias y representan el 45,93% del total de la bolsa. En tanto que la segun-da fuente está constituida por aquellos bonos que son entregados por el Estado como ser: la Renta Dignidad que es otorgada a las personas adultas, el bono Juana Azurduy que es entrega-do a las mujeres en gestación y/o madres cuyos niños son menores a los 2 años; y, el bono Juan-cito Pinto que es concedido a los niños en edad escolar que constituye el 25,2%. Finalmente, el 30,09% de los ingresos de los productores y sus familias se origina en diversas fuentes como ser: transporte, comercio, construcción, remesas del exterior y remuneraciones de las labores desempeñadas, tanto en entidades del Estado (Gobiernos Municipales y magisterio entre otros), como en el sector privado.

A su vez, el 88,2% de estos ingresos tenía como destino el consumo de bienes, el 6,6% consti-tuía un capital de inversiones principalmente para la producción agrícola y la adquisición de ganado y, finalmente el 5,3%, se disponía para el ahorro con el fin de acumular un pequeño capital para ser utilizado en el consumo de bienes en las épocas de baja producción y por consi-guiente de bajos ingresos, y/o para resguardar la vida de los jefes de familia durante la vejez.

Puesto que los recursos generados por los integrantes de la familia, ya sea en las actividades productivas o en el desempeño de otros roles, no son suficientes para acrecentar la producción, se pudo advertir que entre los años 2010 y 2011, al menos el 23,68% de las familias de peque-ños productores tuvieron que recurrir a otros canales de financiamiento como ser los bancos, las cooperativas y las amistades y/o familiares, para obtener préstamos y de esa manera adqui-rir herramientas de trabajo, pequeña maquinaria e insumos que les permita mejorar sus niveles de producción y productividad.

Por otra parte, en relación con el tema de la tenencia de la tierra el 93,2% de las familias señaló que poseen tierra propia, destacándose como modalidades de acceso la compra y la herencia, con un 41,75% y 49,51% respectivamente y en menor medida la tenencia de tierras por dota-ción de la comunidad y por dotación del Estado cada una con 0,97%. Entre tanto, una quinta

modalidad de acceso a la tierra es por alquiler o anticrético y constituye el 3, 88%. Los restan-tes 2,91% de familias ocupan las tierras sólo en calidad de préstamo.

Finalmente, del conjunto de 83 organizaciones de pequeños productores involucradas en la alianza, 34 han tenido una participación pasiva y sólo han intervenido durante los procesos de selección de ideas de iniciativas productivas, en tanto que 49 han tenido una participación dinámica en las diferentes actividades del proyecto por medio de la implementación de 51 micro-proyectos que han sido formulados por ellas mismas, y a través de los cuales están en proceso de mejorar sus condiciones de vida.

Page 19: Alianzas público-privadas para el desarrollo de iniciativas productivas de pequeños productores

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Nombre de la APP Instituciones Públicas Organizaciones de productores ONGs

Comité de Alianza Público Privada de Arbieto

Gobierno Autónomo Municipal de Arbieto

- Asociación de Productoras de Cuyes

- Productores Agropecuarios del Cantón Aranjuez

- Asociación de Productores Apícolas de Arpita

- Asociación de Pescadores del Municipio de Arbieto

- Asociación de Productores Agrícolas Korimayu

- Asociación de Artesanías y Tejido del Municipio de Arbieto

- Asociación de Productores Frutales - Arbieto

- Asociación de Productores de Pato del Municipio de Arbieto

- Asociación de Productores de Leche del Cantón Arpita

- Organización de Mujeres Santa Rosa de Lima Arbieto

- Asociación de Productores de Quinua

- Asociación Renacer Agrícola - Organización de Mujeres

Bartolina Sisa Villamontes - Organización Agrocampeón - Asociación de Apicultores de

Arbieto - Asociación de Productores

"Agroinnovación" - Asociación de Productores Suyo

Cardozo - Organización de Fruticultores y

Diversidad de Cultivos de Sanjo Pata Tiataco

- Organización de Mujeres de Arbieto

- Asociación de Panaderos de Arbieto

- OTB Yuraj Jallpa - Asociación de Productores de

Tuna y Cochinilla

- CIUDADANÍA - SOS Faim

En la medida en que los beneficiarios directos de las APP son las organizaciones de pequeños productores y sus familias en los municipios de Arbieto, Cliza, San Benito y Tiquipaya, es con-veniente anotar que al inicio del proyecto se levantó una línea de base para la cual se realizó una encuesta a una muestra de la población con la finalidad de conocer ciertos aspectos sobre la naturaleza de las familias como ser: la composición de la familia; los niveles de ingreso e ingreso per cápita, el origen de los ingresos y los principales destinos; y, los canales de finan-ciamiento para sus actividades productivas.

La información obtenida a principios de 2011 da cuenta que en promedio cada familia de productores estaba integrada por 5 miembros, encontrándose muchos casos en los que además de estar compuesta por padres e hijos, también estaba integrada por los abuelos y los nietos.

En lo relativo a los ingresos, cada familia de productores anualmente percibía en promedio un total de Bs. 42.490,52 (USD. 6.104,96), mientras que el ingreso per cápita ascendía a la suma de Bs. 10.745,35 (USD. 1.543, 87). El origen de los recursos proviene principalmente de las actividades agropecuarias y representan el 45,93% del total de la bolsa. En tanto que la segun-da fuente está constituida por aquellos bonos que son entregados por el Estado como ser: la Renta Dignidad que es otorgada a las personas adultas, el bono Juana Azurduy que es entrega-do a las mujeres en gestación y/o madres cuyos niños son menores a los 2 años; y, el bono Juan-cito Pinto que es concedido a los niños en edad escolar que constituye el 25,2%. Finalmente, el 30,09% de los ingresos de los productores y sus familias se origina en diversas fuentes como ser: transporte, comercio, construcción, remesas del exterior y remuneraciones de las labores desempeñadas, tanto en entidades del Estado (Gobiernos Municipales y magisterio entre otros), como en el sector privado.

A su vez, el 88,2% de estos ingresos tenía como destino el consumo de bienes, el 6,6% consti-tuía un capital de inversiones principalmente para la producción agrícola y la adquisición de ganado y, finalmente el 5,3%, se disponía para el ahorro con el fin de acumular un pequeño capital para ser utilizado en el consumo de bienes en las épocas de baja producción y por consi-guiente de bajos ingresos, y/o para resguardar la vida de los jefes de familia durante la vejez.

Puesto que los recursos generados por los integrantes de la familia, ya sea en las actividades productivas o en el desempeño de otros roles, no son suficientes para acrecentar la producción, se pudo advertir que entre los años 2010 y 2011, al menos el 23,68% de las familias de peque-ños productores tuvieron que recurrir a otros canales de financiamiento como ser los bancos, las cooperativas y las amistades y/o familiares, para obtener préstamos y de esa manera adqui-rir herramientas de trabajo, pequeña maquinaria e insumos que les permita mejorar sus niveles de producción y productividad.

Por otra parte, en relación con el tema de la tenencia de la tierra el 93,2% de las familias señaló que poseen tierra propia, destacándose como modalidades de acceso la compra y la herencia, con un 41,75% y 49,51% respectivamente y en menor medida la tenencia de tierras por dota-ción de la comunidad y por dotación del Estado cada una con 0,97%. Entre tanto, una quinta

modalidad de acceso a la tierra es por alquiler o anticrético y constituye el 3, 88%. Los restan-tes 2,91% de familias ocupan las tierras sólo en calidad de préstamo.

Finalmente, del conjunto de 83 organizaciones de pequeños productores involucradas en la alianza, 34 han tenido una participación pasiva y sólo han intervenido durante los procesos de selección de ideas de iniciativas productivas, en tanto que 49 han tenido una participación dinámica en las diferentes actividades del proyecto por medio de la implementación de 51 micro-proyectos que han sido formulados por ellas mismas, y a través de los cuales están en proceso de mejorar sus condiciones de vida.

Page 20: Alianzas público-privadas para el desarrollo de iniciativas productivas de pequeños productores

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Nombre de la APP Instituciones Públicas Organizaciones de productores ONGs

Comité de Alianza Público Privada de Cliza

Gobierno Autónomo Municipal de Cliza

- Asociación de Floricultores Santa Clara

- Asociación LATTE CLAKH - Asociación de Productores de

Cuyes Santa Lucía - Asociación de Productores de

Leche Villa 2 de Agosto - Organización de Mujeres

Emprendedoras en Artesanías y Textil por un Mañana Mejor

- Asociación de Criadores de Patos Villa Surumi

- Organización de Mujeres Emprendedoras de Cliza

- Asociación de Pequeños Productores Módulo Lechero Banda Arriba

- Asociación de Pequeños Productores de Animales de Corral

- Asociación de Productores de Semilla de Maíz Waltaco

- Asociación de Mujeres Cliza - Asociación de Agricultores del

Valle Alto - Asociación de Apicultores de

Cliza - Asociación de Porcinocultores de

Cliza - APLU

- CIUDADANÍA - SOS Faim

En la medida en que los beneficiarios directos de las APP son las organizaciones de pequeños productores y sus familias en los municipios de Arbieto, Cliza, San Benito y Tiquipaya, es con-veniente anotar que al inicio del proyecto se levantó una línea de base para la cual se realizó una encuesta a una muestra de la población con la finalidad de conocer ciertos aspectos sobre la naturaleza de las familias como ser: la composición de la familia; los niveles de ingreso e ingreso per cápita, el origen de los ingresos y los principales destinos; y, los canales de finan-ciamiento para sus actividades productivas.

La información obtenida a principios de 2011 da cuenta que en promedio cada familia de productores estaba integrada por 5 miembros, encontrándose muchos casos en los que además de estar compuesta por padres e hijos, también estaba integrada por los abuelos y los nietos.

En lo relativo a los ingresos, cada familia de productores anualmente percibía en promedio un total de Bs. 42.490,52 (USD. 6.104,96), mientras que el ingreso per cápita ascendía a la suma de Bs. 10.745,35 (USD. 1.543, 87). El origen de los recursos proviene principalmente de las actividades agropecuarias y representan el 45,93% del total de la bolsa. En tanto que la segun-da fuente está constituida por aquellos bonos que son entregados por el Estado como ser: la Renta Dignidad que es otorgada a las personas adultas, el bono Juana Azurduy que es entrega-do a las mujeres en gestación y/o madres cuyos niños son menores a los 2 años; y, el bono Juan-cito Pinto que es concedido a los niños en edad escolar que constituye el 25,2%. Finalmente, el 30,09% de los ingresos de los productores y sus familias se origina en diversas fuentes como ser: transporte, comercio, construcción, remesas del exterior y remuneraciones de las labores desempeñadas, tanto en entidades del Estado (Gobiernos Municipales y magisterio entre otros), como en el sector privado.

A su vez, el 88,2% de estos ingresos tenía como destino el consumo de bienes, el 6,6% consti-tuía un capital de inversiones principalmente para la producción agrícola y la adquisición de ganado y, finalmente el 5,3%, se disponía para el ahorro con el fin de acumular un pequeño capital para ser utilizado en el consumo de bienes en las épocas de baja producción y por consi-guiente de bajos ingresos, y/o para resguardar la vida de los jefes de familia durante la vejez.

Puesto que los recursos generados por los integrantes de la familia, ya sea en las actividades productivas o en el desempeño de otros roles, no son suficientes para acrecentar la producción, se pudo advertir que entre los años 2010 y 2011, al menos el 23,68% de las familias de peque-ños productores tuvieron que recurrir a otros canales de financiamiento como ser los bancos, las cooperativas y las amistades y/o familiares, para obtener préstamos y de esa manera adqui-rir herramientas de trabajo, pequeña maquinaria e insumos que les permita mejorar sus niveles de producción y productividad.

Por otra parte, en relación con el tema de la tenencia de la tierra el 93,2% de las familias señaló que poseen tierra propia, destacándose como modalidades de acceso la compra y la herencia, con un 41,75% y 49,51% respectivamente y en menor medida la tenencia de tierras por dota-ción de la comunidad y por dotación del Estado cada una con 0,97%. Entre tanto, una quinta

modalidad de acceso a la tierra es por alquiler o anticrético y constituye el 3, 88%. Los restan-tes 2,91% de familias ocupan las tierras sólo en calidad de préstamo.

Finalmente, del conjunto de 83 organizaciones de pequeños productores involucradas en la alianza, 34 han tenido una participación pasiva y sólo han intervenido durante los procesos de selección de ideas de iniciativas productivas, en tanto que 49 han tenido una participación dinámica en las diferentes actividades del proyecto por medio de la implementación de 51 micro-proyectos que han sido formulados por ellas mismas, y a través de los cuales están en proceso de mejorar sus condiciones de vida.

Page 21: Alianzas público-privadas para el desarrollo de iniciativas productivas de pequeños productores

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Nombre de la APP Instituciones Públicas Organizaciones de productores ONGs

Comité de Alianza Público Privada de San Benito

Gobierno Autónomo Municipal de San Benito

- Asociación Agrícola y Pecuaria del Valle Alto

- Asociación de Productores Apícolas de San Benito

- Asociación de Regantes del Sistema de Cruz Moqo

- Asociación de Criadores de Cuyes Pablito

- Organización de Mujeres San Benito

- Asociación de Productores de Durazno Santa Bárbara

- Asociación de Productores de Porcinos Villa José Quintín Mendoza

- Organización de Comunarios por el Desarrollo de Tolata Chico

- Asociación de Criadores de Patos Sulti K’asapata

- Organización de Mujeres Lobo Rancho

- Organización de Mujeres Emprendedoras Pabellón A

- Asociación Vivero Tierra Nueva - Asociación de Productores de

Quinua La Maica - Asociación de Maiceros La

Maica - Asociación de Lecheros Sumaj

Punchay - Asociación San Juan de Dios - Productores de Cuy Lobo

Rancho - PROSABVIT V. A. - Asociación de Tomateros La

Maica - Organización de Mujeres de La

Maica - Organización de Crianza de

Patos La Maica - Asociación de Regantes Aguila

Mayu - ALDEPA

- CIUDADANÍA - SOS Faim

Fuente: Elaboración Propia.

En la medida en que los beneficiarios directos de las APP son las organizaciones de pequeños productores y sus familias en los municipios de Arbieto, Cliza, San Benito y Tiquipaya, es con-veniente anotar que al inicio del proyecto se levantó una línea de base para la cual se realizó una encuesta a una muestra de la población con la finalidad de conocer ciertos aspectos sobre la naturaleza de las familias como ser: la composición de la familia; los niveles de ingreso e ingreso per cápita, el origen de los ingresos y los principales destinos; y, los canales de finan-ciamiento para sus actividades productivas.

La información obtenida a principios de 2011 da cuenta que en promedio cada familia de productores estaba integrada por 5 miembros, encontrándose muchos casos en los que además de estar compuesta por padres e hijos, también estaba integrada por los abuelos y los nietos.

En lo relativo a los ingresos, cada familia de productores anualmente percibía en promedio un total de Bs. 42.490,52 (USD. 6.104,96), mientras que el ingreso per cápita ascendía a la suma de Bs. 10.745,35 (USD. 1.543, 87). El origen de los recursos proviene principalmente de las actividades agropecuarias y representan el 45,93% del total de la bolsa. En tanto que la segun-da fuente está constituida por aquellos bonos que son entregados por el Estado como ser: la Renta Dignidad que es otorgada a las personas adultas, el bono Juana Azurduy que es entrega-do a las mujeres en gestación y/o madres cuyos niños son menores a los 2 años; y, el bono Juan-cito Pinto que es concedido a los niños en edad escolar que constituye el 25,2%. Finalmente, el 30,09% de los ingresos de los productores y sus familias se origina en diversas fuentes como ser: transporte, comercio, construcción, remesas del exterior y remuneraciones de las labores desempeñadas, tanto en entidades del Estado (Gobiernos Municipales y magisterio entre otros), como en el sector privado.

A su vez, el 88,2% de estos ingresos tenía como destino el consumo de bienes, el 6,6% consti-tuía un capital de inversiones principalmente para la producción agrícola y la adquisición de ganado y, finalmente el 5,3%, se disponía para el ahorro con el fin de acumular un pequeño capital para ser utilizado en el consumo de bienes en las épocas de baja producción y por consi-guiente de bajos ingresos, y/o para resguardar la vida de los jefes de familia durante la vejez.

Puesto que los recursos generados por los integrantes de la familia, ya sea en las actividades productivas o en el desempeño de otros roles, no son suficientes para acrecentar la producción, se pudo advertir que entre los años 2010 y 2011, al menos el 23,68% de las familias de peque-ños productores tuvieron que recurrir a otros canales de financiamiento como ser los bancos, las cooperativas y las amistades y/o familiares, para obtener préstamos y de esa manera adqui-rir herramientas de trabajo, pequeña maquinaria e insumos que les permita mejorar sus niveles de producción y productividad.

Por otra parte, en relación con el tema de la tenencia de la tierra el 93,2% de las familias señaló que poseen tierra propia, destacándose como modalidades de acceso la compra y la herencia, con un 41,75% y 49,51% respectivamente y en menor medida la tenencia de tierras por dota-ción de la comunidad y por dotación del Estado cada una con 0,97%. Entre tanto, una quinta

modalidad de acceso a la tierra es por alquiler o anticrético y constituye el 3, 88%. Los restan-tes 2,91% de familias ocupan las tierras sólo en calidad de préstamo.

Finalmente, del conjunto de 83 organizaciones de pequeños productores involucradas en la alianza, 34 han tenido una participación pasiva y sólo han intervenido durante los procesos de selección de ideas de iniciativas productivas, en tanto que 49 han tenido una participación dinámica en las diferentes actividades del proyecto por medio de la implementación de 51 micro-proyectos que han sido formulados por ellas mismas, y a través de los cuales están en proceso de mejorar sus condiciones de vida.

Page 22: Alianzas público-privadas para el desarrollo de iniciativas productivas de pequeños productores

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En la medida en que los beneficiarios directos de las APP son las organizaciones de pequeños productores y sus familias en los municipios de Arbieto, Cliza, San Benito y Tiquipaya, es con-veniente anotar que al inicio del proyecto se levantó una línea de base para la cual se realizó una encuesta a una muestra de la población con la finalidad de conocer ciertos aspectos sobre la naturaleza de las familias como ser: la composición de la familia; los niveles de ingreso e ingreso per cápita, el origen de los ingresos y los principales destinos; y, los canales de finan-ciamiento para sus actividades productivas.

La información obtenida a principios de 2011 da cuenta que en promedio cada familia de productores estaba integrada por 5 miembros, encontrándose muchos casos en los que además de estar compuesta por padres e hijos, también estaba integrada por los abuelos y los nietos.

En lo relativo a los ingresos, cada familia de productores anualmente percibía en promedio un total de Bs. 42.490,52 (USD. 6.104,96), mientras que el ingreso per cápita ascendía a la suma de Bs. 10.745,35 (USD. 1.543, 87). El origen de los recursos proviene principalmente de las actividades agropecuarias y representan el 45,93% del total de la bolsa. En tanto que la segun-da fuente está constituida por aquellos bonos que son entregados por el Estado como ser: la Renta Dignidad que es otorgada a las personas adultas, el bono Juana Azurduy que es entrega-do a las mujeres en gestación y/o madres cuyos niños son menores a los 2 años; y, el bono Juan-cito Pinto que es concedido a los niños en edad escolar que constituye el 25,2%. Finalmente, el 30,09% de los ingresos de los productores y sus familias se origina en diversas fuentes como ser: transporte, comercio, construcción, remesas del exterior y remuneraciones de las labores desempeñadas, tanto en entidades del Estado (Gobiernos Municipales y magisterio entre otros), como en el sector privado.

A su vez, el 88,2% de estos ingresos tenía como destino el consumo de bienes, el 6,6% consti-tuía un capital de inversiones principalmente para la producción agrícola y la adquisición de ganado y, finalmente el 5,3%, se disponía para el ahorro con el fin de acumular un pequeño capital para ser utilizado en el consumo de bienes en las épocas de baja producción y por consi-guiente de bajos ingresos, y/o para resguardar la vida de los jefes de familia durante la vejez.

Puesto que los recursos generados por los integrantes de la familia, ya sea en las actividades productivas o en el desempeño de otros roles, no son suficientes para acrecentar la producción, se pudo advertir que entre los años 2010 y 2011, al menos el 23,68% de las familias de peque-ños productores tuvieron que recurrir a otros canales de financiamiento como ser los bancos, las cooperativas y las amistades y/o familiares, para obtener préstamos y de esa manera adqui-rir herramientas de trabajo, pequeña maquinaria e insumos que les permita mejorar sus niveles de producción y productividad.

Por otra parte, en relación con el tema de la tenencia de la tierra el 93,2% de las familias señaló que poseen tierra propia, destacándose como modalidades de acceso la compra y la herencia, con un 41,75% y 49,51% respectivamente y en menor medida la tenencia de tierras por dota-ción de la comunidad y por dotación del Estado cada una con 0,97%. Entre tanto, una quinta

modalidad de acceso a la tierra es por alquiler o anticrético y constituye el 3, 88%. Los restan-tes 2,91% de familias ocupan las tierras sólo en calidad de préstamo.

Finalmente, del conjunto de 83 organizaciones de pequeños productores involucradas en la alianza, 34 han tenido una participación pasiva y sólo han intervenido durante los procesos de selección de ideas de iniciativas productivas, en tanto que 49 han tenido una participación dinámica en las diferentes actividades del proyecto por medio de la implementación de 51 micro-proyectos que han sido formulados por ellas mismas, y a través de los cuales están en proceso de mejorar sus condiciones de vida.

Page 23: Alianzas público-privadas para el desarrollo de iniciativas productivas de pequeños productores

En la medida en que los beneficiarios directos de las APP son las organizaciones de pequeños productores y sus familias en los municipios de Arbieto, Cliza, San Benito y Tiquipaya, es con-veniente anotar que al inicio del proyecto se levantó una línea de base para la cual se realizó una encuesta a una muestra de la población con la finalidad de conocer ciertos aspectos sobre la naturaleza de las familias como ser: la composición de la familia; los niveles de ingreso e ingreso per cápita, el origen de los ingresos y los principales destinos; y, los canales de finan-ciamiento para sus actividades productivas.

La información obtenida a principios de 2011 da cuenta que en promedio cada familia de productores estaba integrada por 5 miembros, encontrándose muchos casos en los que además de estar compuesta por padres e hijos, también estaba integrada por los abuelos y los nietos.

En lo relativo a los ingresos, cada familia de productores anualmente percibía en promedio un total de Bs. 42.490,52 (USD. 6.104,96), mientras que el ingreso per cápita ascendía a la suma de Bs. 10.745,35 (USD. 1.543, 87). El origen de los recursos proviene principalmente de las actividades agropecuarias y representan el 45,93% del total de la bolsa. En tanto que la segun-da fuente está constituida por aquellos bonos que son entregados por el Estado como ser: la Renta Dignidad que es otorgada a las personas adultas, el bono Juana Azurduy que es entrega-do a las mujeres en gestación y/o madres cuyos niños son menores a los 2 años; y, el bono Juan-cito Pinto que es concedido a los niños en edad escolar que constituye el 25,2%. Finalmente, el 30,09% de los ingresos de los productores y sus familias se origina en diversas fuentes como ser: transporte, comercio, construcción, remesas del exterior y remuneraciones de las labores desempeñadas, tanto en entidades del Estado (Gobiernos Municipales y magisterio entre otros), como en el sector privado.

A su vez, el 88,2% de estos ingresos tenía como destino el consumo de bienes, el 6,6% consti-tuía un capital de inversiones principalmente para la producción agrícola y la adquisición de ganado y, finalmente el 5,3%, se disponía para el ahorro con el fin de acumular un pequeño capital para ser utilizado en el consumo de bienes en las épocas de baja producción y por consi-guiente de bajos ingresos, y/o para resguardar la vida de los jefes de familia durante la vejez.

Puesto que los recursos generados por los integrantes de la familia, ya sea en las actividades productivas o en el desempeño de otros roles, no son suficientes para acrecentar la producción, se pudo advertir que entre los años 2010 y 2011, al menos el 23,68% de las familias de peque-ños productores tuvieron que recurrir a otros canales de financiamiento como ser los bancos, las cooperativas y las amistades y/o familiares, para obtener préstamos y de esa manera adqui-rir herramientas de trabajo, pequeña maquinaria e insumos que les permita mejorar sus niveles de producción y productividad.

Por otra parte, en relación con el tema de la tenencia de la tierra el 93,2% de las familias señaló que poseen tierra propia, destacándose como modalidades de acceso la compra y la herencia, con un 41,75% y 49,51% respectivamente y en menor medida la tenencia de tierras por dota-ción de la comunidad y por dotación del Estado cada una con 0,97%. Entre tanto, una quinta

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Papel y funciones de los aliados

modalidad de acceso a la tierra es por alquiler o anticrético y constituye el 3, 88%. Los restan-tes 2,91% de familias ocupan las tierras sólo en calidad de préstamo.

Finalmente, del conjunto de 83 organizaciones de pequeños productores involucradas en la alianza, 34 han tenido una participación pasiva y sólo han intervenido durante los procesos de selección de ideas de iniciativas productivas, en tanto que 49 han tenido una participación dinámica en las diferentes actividades del proyecto por medio de la implementación de 51 micro-proyectos que han sido formulados por ellas mismas, y a través de los cuales están en proceso de mejorar sus condiciones de vida.

Como se vio en el apartado anterior (Cuadro 1), los actores directos de las APP en cada uno de los 4 municipios son el Gobierno Autónomo Municipal, las organizaciones de pequeños productores, CIUDADANÍA y SOS Faim, que mediante acciones colaborativas han emprendi-do tareas de solución a los problemas de baja productividad y deterioradas condiciones de vida de las familias de los pequeños productores asociados, sin que ello signifique que dichos problemas han sido erradicados en el municipio, ya que las asociaciones de productores son muchas más de las que se ha atendido en el proyecto y las necesidades en materia de capital, infraestructura, herramientas y maquinarias, tecnología, cualificación de la mano de obra e insumos de producción de calidad, inclusive de aquellos grupos que han sido favorecidos con recursos financieros, no han sido totalmente satisfechas; empero, el efecto demostración que logran los pequeños proyectos productivos innegablemente ha conseguido dinamizar la inte-rrelación entre el ente público y las organizaciones de productores sobre la base de objetivos comunes y proyectos concretos. Entre 2011 y 2013 los Gobiernos Municipales han ampliado su presupuesto y junto a las organizaciones de productores han percibido la importancia de ensanchar la base económica local.

Como se advierte en el Cuadro 2, en el modelo de APP los Gobiernos Autónomos Municipales de Tiquipaya, Arbieto, Cliza y San Benito y las organizaciones de productores han tenido un papel central, ya que todos sus roles son de responsabilidad, de manera que el éxito o fracaso de la alianza ha dependido de la participación y el cumplimiento de los compromisos adquiri-dos por estos actores. El rol de CIUDADANÍA se ha centrado en facilitar el cumplimiento de dichos compromisos, para los cuales ha asumido el papel de coordinar y ejecutar varias activi-dades destinadas a ese fin. Finalmente, el rol de SOS Faim también ha sido de facilitación y acompañamiento ya que, por una parte, es la instancia que ha permitido canalizar un importan-te monto de recursos financieros propios y de la DGD, que luego de su traspaso a CIUDADA-NÍA y de ésta a los Gobiernos Municipales –donde se han transformado en recursos estatales y por lo tanto, en objeto de control gubernamental mediante la Ley SAFCO–, ha tenido su destino final en las organizaciones de pequeños productores y por otra, ha tenido la tarea de efectuar el seguimiento y monitoreo a las actividades del proyecto, velando que los recursos sean utilizados en el cumplimiento de los objetivos y resultados propuestos.

A pesar de los roles diferenciados de los participantes en la alianza, como lo es habitualmente, el desarrollo de todo el proceso del proyecto ha supuesto una estrecha coordinación y acuerdos en conjunto, sean estos de carácter formal (firma de acuerdos) o expresión de intenciones que denotan por lo tanto una estructura legal flexible, por lo que desde el punto de vista de la toma de decisiones el modelo de APP aplicado en el proyecto es de tipo participativo, ya que además de compartir los recursos financieros, se ha compartido el poder en la toma de decisiones.

Page 24: Alianzas público-privadas para el desarrollo de iniciativas productivas de pequeños productores

En la medida en que los beneficiarios directos de las APP son las organizaciones de pequeños productores y sus familias en los municipios de Arbieto, Cliza, San Benito y Tiquipaya, es con-veniente anotar que al inicio del proyecto se levantó una línea de base para la cual se realizó una encuesta a una muestra de la población con la finalidad de conocer ciertos aspectos sobre la naturaleza de las familias como ser: la composición de la familia; los niveles de ingreso e ingreso per cápita, el origen de los ingresos y los principales destinos; y, los canales de finan-ciamiento para sus actividades productivas.

La información obtenida a principios de 2011 da cuenta que en promedio cada familia de productores estaba integrada por 5 miembros, encontrándose muchos casos en los que además de estar compuesta por padres e hijos, también estaba integrada por los abuelos y los nietos.

En lo relativo a los ingresos, cada familia de productores anualmente percibía en promedio un total de Bs. 42.490,52 (USD. 6.104,96), mientras que el ingreso per cápita ascendía a la suma de Bs. 10.745,35 (USD. 1.543, 87). El origen de los recursos proviene principalmente de las actividades agropecuarias y representan el 45,93% del total de la bolsa. En tanto que la segun-da fuente está constituida por aquellos bonos que son entregados por el Estado como ser: la Renta Dignidad que es otorgada a las personas adultas, el bono Juana Azurduy que es entrega-do a las mujeres en gestación y/o madres cuyos niños son menores a los 2 años; y, el bono Juan-cito Pinto que es concedido a los niños en edad escolar que constituye el 25,2%. Finalmente, el 30,09% de los ingresos de los productores y sus familias se origina en diversas fuentes como ser: transporte, comercio, construcción, remesas del exterior y remuneraciones de las labores desempeñadas, tanto en entidades del Estado (Gobiernos Municipales y magisterio entre otros), como en el sector privado.

A su vez, el 88,2% de estos ingresos tenía como destino el consumo de bienes, el 6,6% consti-tuía un capital de inversiones principalmente para la producción agrícola y la adquisición de ganado y, finalmente el 5,3%, se disponía para el ahorro con el fin de acumular un pequeño capital para ser utilizado en el consumo de bienes en las épocas de baja producción y por consi-guiente de bajos ingresos, y/o para resguardar la vida de los jefes de familia durante la vejez.

Puesto que los recursos generados por los integrantes de la familia, ya sea en las actividades productivas o en el desempeño de otros roles, no son suficientes para acrecentar la producción, se pudo advertir que entre los años 2010 y 2011, al menos el 23,68% de las familias de peque-ños productores tuvieron que recurrir a otros canales de financiamiento como ser los bancos, las cooperativas y las amistades y/o familiares, para obtener préstamos y de esa manera adqui-rir herramientas de trabajo, pequeña maquinaria e insumos que les permita mejorar sus niveles de producción y productividad.

Por otra parte, en relación con el tema de la tenencia de la tierra el 93,2% de las familias señaló que poseen tierra propia, destacándose como modalidades de acceso la compra y la herencia, con un 41,75% y 49,51% respectivamente y en menor medida la tenencia de tierras por dota-ción de la comunidad y por dotación del Estado cada una con 0,97%. Entre tanto, una quinta

modalidad de acceso a la tierra es por alquiler o anticrético y constituye el 3, 88%. Los restan-tes 2,91% de familias ocupan las tierras sólo en calidad de préstamo.

Finalmente, del conjunto de 83 organizaciones de pequeños productores involucradas en la alianza, 34 han tenido una participación pasiva y sólo han intervenido durante los procesos de selección de ideas de iniciativas productivas, en tanto que 49 han tenido una participación dinámica en las diferentes actividades del proyecto por medio de la implementación de 51 micro-proyectos que han sido formulados por ellas mismas, y a través de los cuales están en proceso de mejorar sus condiciones de vida.

Como se vio en el apartado anterior (Cuadro 1), los actores directos de las APP en cada uno de los 4 municipios son el Gobierno Autónomo Municipal, las organizaciones de pequeños productores, CIUDADANÍA y SOS Faim, que mediante acciones colaborativas han emprendi-do tareas de solución a los problemas de baja productividad y deterioradas condiciones de vida de las familias de los pequeños productores asociados, sin que ello signifique que dichos problemas han sido erradicados en el municipio, ya que las asociaciones de productores son muchas más de las que se ha atendido en el proyecto y las necesidades en materia de capital, infraestructura, herramientas y maquinarias, tecnología, cualificación de la mano de obra e insumos de producción de calidad, inclusive de aquellos grupos que han sido favorecidos con recursos financieros, no han sido totalmente satisfechas; empero, el efecto demostración que logran los pequeños proyectos productivos innegablemente ha conseguido dinamizar la inte-rrelación entre el ente público y las organizaciones de productores sobre la base de objetivos comunes y proyectos concretos. Entre 2011 y 2013 los Gobiernos Municipales han ampliado su presupuesto y junto a las organizaciones de productores han percibido la importancia de ensanchar la base económica local.

Como se advierte en el Cuadro 2, en el modelo de APP los Gobiernos Autónomos Municipales de Tiquipaya, Arbieto, Cliza y San Benito y las organizaciones de productores han tenido un papel central, ya que todos sus roles son de responsabilidad, de manera que el éxito o fracaso de la alianza ha dependido de la participación y el cumplimiento de los compromisos adquiri-dos por estos actores. El rol de CIUDADANÍA se ha centrado en facilitar el cumplimiento de dichos compromisos, para los cuales ha asumido el papel de coordinar y ejecutar varias activi-dades destinadas a ese fin. Finalmente, el rol de SOS Faim también ha sido de facilitación y acompañamiento ya que, por una parte, es la instancia que ha permitido canalizar un importan-te monto de recursos financieros propios y de la DGD, que luego de su traspaso a CIUDADA-NÍA y de ésta a los Gobiernos Municipales –donde se han transformado en recursos estatales y por lo tanto, en objeto de control gubernamental mediante la Ley SAFCO–, ha tenido su destino final en las organizaciones de pequeños productores y por otra, ha tenido la tarea de efectuar el seguimiento y monitoreo a las actividades del proyecto, velando que los recursos sean utilizados en el cumplimiento de los objetivos y resultados propuestos.

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A pesar de los roles diferenciados de los participantes en la alianza, como lo es habitualmente, el desarrollo de todo el proceso del proyecto ha supuesto una estrecha coordinación y acuerdos en conjunto, sean estos de carácter formal (firma de acuerdos) o expresión de intenciones que denotan por lo tanto una estructura legal flexible, por lo que desde el punto de vista de la toma de decisiones el modelo de APP aplicado en el proyecto es de tipo participativo, ya que además de compartir los recursos financieros, se ha compartido el poder en la toma de decisiones.

Cuadro Nº 2Roles y/o compromisos de participación de los integrantes de las APP

SOS Faim CIUDADANÍA Organizaciones de pequeños productores

Gobiernos Autónomos Municipales

- Facilitación de la canalización de recursos financieros de la cooperación internacional y simpatizantes privados a CIUDADANÍA.

- Seguimiento y monitoreo de las actividades del proyecto.

- Facilitación de los diagnósticos de actividades económicas multisectoriales de los municipios.

- Facilitación de los procesos de calificación y selección de iniciativas productivas.

- Facilitación en la elaboración de proyectos de las organizaciones de productores.

- Facilitación de la canalización de recursos financieros de SOS Faim y la DGD a los Gobiernos Autónomos Municipales.

- Responsable del seguimiento y monitoreo a los microproyectos.

- Facilitación de la conformación de los Comités de Cooperación Público Privados.

- Participación en la evaluación general del proyecto.

- Participación en el diagnóstico de actividades económicas. multisectoriales del municipio.

- Responsables de la elaboración de ideas de iniciativas productivas.

- Responsables de la calificación y selección de las iniciativas productivas.

- Responsables del suministro de información para la elaboración de proyectos y de su ejecución.

- Responsables de la entrega de información para el seguimiento y monitoreo de los microproyectos.

- Participación en los Comités o Plataformas de Cooperación. Público Privados.

- Participación en la evaluación general del proyecto.

- Responsables de las convocatorias a las organizaciones de productores a los talleres y reuniones de trabajo.

- Responsables de la canalización de recursos financieros a las organizaciones de productores.

- Responsables de la promoción de las actividades productivas del municipio.

- Responsables del asesoramiento técnico a las organizaciones de productores durante la ejecución de iniciativas productivas o microproyectos.

- Responsables de liderar los Comités o Plataformas de Cooperación Público-Privados.

- Participación en la evaluación general del proyecto.

Fuente: Elaboración propia.

Page 25: Alianzas público-privadas para el desarrollo de iniciativas productivas de pequeños productores

En la medida en que los beneficiarios directos de las APP son las organizaciones de pequeños productores y sus familias en los municipios de Arbieto, Cliza, San Benito y Tiquipaya, es con-veniente anotar que al inicio del proyecto se levantó una línea de base para la cual se realizó una encuesta a una muestra de la población con la finalidad de conocer ciertos aspectos sobre la naturaleza de las familias como ser: la composición de la familia; los niveles de ingreso e ingreso per cápita, el origen de los ingresos y los principales destinos; y, los canales de finan-ciamiento para sus actividades productivas.

La información obtenida a principios de 2011 da cuenta que en promedio cada familia de productores estaba integrada por 5 miembros, encontrándose muchos casos en los que además de estar compuesta por padres e hijos, también estaba integrada por los abuelos y los nietos.

En lo relativo a los ingresos, cada familia de productores anualmente percibía en promedio un total de Bs. 42.490,52 (USD. 6.104,96), mientras que el ingreso per cápita ascendía a la suma de Bs. 10.745,35 (USD. 1.543, 87). El origen de los recursos proviene principalmente de las actividades agropecuarias y representan el 45,93% del total de la bolsa. En tanto que la segun-da fuente está constituida por aquellos bonos que son entregados por el Estado como ser: la Renta Dignidad que es otorgada a las personas adultas, el bono Juana Azurduy que es entrega-do a las mujeres en gestación y/o madres cuyos niños son menores a los 2 años; y, el bono Juan-cito Pinto que es concedido a los niños en edad escolar que constituye el 25,2%. Finalmente, el 30,09% de los ingresos de los productores y sus familias se origina en diversas fuentes como ser: transporte, comercio, construcción, remesas del exterior y remuneraciones de las labores desempeñadas, tanto en entidades del Estado (Gobiernos Municipales y magisterio entre otros), como en el sector privado.

A su vez, el 88,2% de estos ingresos tenía como destino el consumo de bienes, el 6,6% consti-tuía un capital de inversiones principalmente para la producción agrícola y la adquisición de ganado y, finalmente el 5,3%, se disponía para el ahorro con el fin de acumular un pequeño capital para ser utilizado en el consumo de bienes en las épocas de baja producción y por consi-guiente de bajos ingresos, y/o para resguardar la vida de los jefes de familia durante la vejez.

Puesto que los recursos generados por los integrantes de la familia, ya sea en las actividades productivas o en el desempeño de otros roles, no son suficientes para acrecentar la producción, se pudo advertir que entre los años 2010 y 2011, al menos el 23,68% de las familias de peque-ños productores tuvieron que recurrir a otros canales de financiamiento como ser los bancos, las cooperativas y las amistades y/o familiares, para obtener préstamos y de esa manera adqui-rir herramientas de trabajo, pequeña maquinaria e insumos que les permita mejorar sus niveles de producción y productividad.

Por otra parte, en relación con el tema de la tenencia de la tierra el 93,2% de las familias señaló que poseen tierra propia, destacándose como modalidades de acceso la compra y la herencia, con un 41,75% y 49,51% respectivamente y en menor medida la tenencia de tierras por dota-ción de la comunidad y por dotación del Estado cada una con 0,97%. Entre tanto, una quinta

modalidad de acceso a la tierra es por alquiler o anticrético y constituye el 3, 88%. Los restan-tes 2,91% de familias ocupan las tierras sólo en calidad de préstamo.

Finalmente, del conjunto de 83 organizaciones de pequeños productores involucradas en la alianza, 34 han tenido una participación pasiva y sólo han intervenido durante los procesos de selección de ideas de iniciativas productivas, en tanto que 49 han tenido una participación dinámica en las diferentes actividades del proyecto por medio de la implementación de 51 micro-proyectos que han sido formulados por ellas mismas, y a través de los cuales están en proceso de mejorar sus condiciones de vida.

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Formalización de los acuerdos

Las APP que utilizan como plataforma el proyecto “Pactos municipales de desarrollo económi-co local: fortaleciendo el desempeño productivo de las organizaciones de productores” están sujetos a un esquema de formalización que se plasma en la suscripción de convenios de alianza en cuatro niveles diferentes y con fuerza vinculante, es decir con derechos, obligaciones, com-promisos y sanciones en caso de incumplimiento de las cláusulas del convenio.

Figura Nº 3Esquema de acuerdos de las APP

CIUDADANÍA

SOS Faim

Gobierno Municipal

Organizaciones de productores

A

B C D

A: Protocolo de AcuerdoB: Convenio MarcoC: Acuerdo de ParticipaciónD: Convenio Específico

El primer nivel es el suscrito entre SOS Faim y CIUDADANÍA, denominado Protocolo de Acuerdo, por el cual se da nacimiento al proyecto con la respectiva asignación de recursos financieros para su ejecución.

El segundo nivel es el suscrito entre CIUDADANÍA con cada uno de los Gobiernos Autóno-mos Municipales de Tiquipaya, Arbieto, Cliza y San Benito, llamado Convenio Marco que tiene por objeto establecer una relación de colaboración mutua con la finalidad de aunar esfuer-zos para contribuir al desarrollo del municipio, comprometiendo para ello recursos económi-cos de ambas partes.

El tercer nivel es el suscrito entre CIUDADANÍA y las organizaciones de productores en cada municipio, denominado Acuerdo de Participación mediante el cual incorpora a las organizacio-nes de pequeños productores como beneficiarios directos del proyecto.

Finalmente, el cuarto nivel es el suscrito entre CIUDADANÍA, los Gobiernos Municipales y las organizaciones de productores del municipio, llamado Convenio Específico que posibilita el financiamiento y la ejecución de iniciativas de las organizaciones de pequeños productores.

Para los convenios en cada uno de los niveles son esenciales unas fichas o documentos que contienen la descripción de la alianza y cuyo contenido genérico por lo general tiene las siguientes partes: descripción de los agentes comprometidos con la alianza, de los antecedentes de la alianza, del objeto de convenio de alianza, de los compromisos de las partes intervinientes en la alianza, de la duración del convenio, de las causales de disolución del convenio, y de la conformidad y aceptación.

Page 26: Alianzas público-privadas para el desarrollo de iniciativas productivas de pequeños productores

En la medida en que los beneficiarios directos de las APP son las organizaciones de pequeños productores y sus familias en los municipios de Arbieto, Cliza, San Benito y Tiquipaya, es con-veniente anotar que al inicio del proyecto se levantó una línea de base para la cual se realizó una encuesta a una muestra de la población con la finalidad de conocer ciertos aspectos sobre la naturaleza de las familias como ser: la composición de la familia; los niveles de ingreso e ingreso per cápita, el origen de los ingresos y los principales destinos; y, los canales de finan-ciamiento para sus actividades productivas.

La información obtenida a principios de 2011 da cuenta que en promedio cada familia de productores estaba integrada por 5 miembros, encontrándose muchos casos en los que además de estar compuesta por padres e hijos, también estaba integrada por los abuelos y los nietos.

En lo relativo a los ingresos, cada familia de productores anualmente percibía en promedio un total de Bs. 42.490,52 (USD. 6.104,96), mientras que el ingreso per cápita ascendía a la suma de Bs. 10.745,35 (USD. 1.543, 87). El origen de los recursos proviene principalmente de las actividades agropecuarias y representan el 45,93% del total de la bolsa. En tanto que la segun-da fuente está constituida por aquellos bonos que son entregados por el Estado como ser: la Renta Dignidad que es otorgada a las personas adultas, el bono Juana Azurduy que es entrega-do a las mujeres en gestación y/o madres cuyos niños son menores a los 2 años; y, el bono Juan-cito Pinto que es concedido a los niños en edad escolar que constituye el 25,2%. Finalmente, el 30,09% de los ingresos de los productores y sus familias se origina en diversas fuentes como ser: transporte, comercio, construcción, remesas del exterior y remuneraciones de las labores desempeñadas, tanto en entidades del Estado (Gobiernos Municipales y magisterio entre otros), como en el sector privado.

A su vez, el 88,2% de estos ingresos tenía como destino el consumo de bienes, el 6,6% consti-tuía un capital de inversiones principalmente para la producción agrícola y la adquisición de ganado y, finalmente el 5,3%, se disponía para el ahorro con el fin de acumular un pequeño capital para ser utilizado en el consumo de bienes en las épocas de baja producción y por consi-guiente de bajos ingresos, y/o para resguardar la vida de los jefes de familia durante la vejez.

Puesto que los recursos generados por los integrantes de la familia, ya sea en las actividades productivas o en el desempeño de otros roles, no son suficientes para acrecentar la producción, se pudo advertir que entre los años 2010 y 2011, al menos el 23,68% de las familias de peque-ños productores tuvieron que recurrir a otros canales de financiamiento como ser los bancos, las cooperativas y las amistades y/o familiares, para obtener préstamos y de esa manera adqui-rir herramientas de trabajo, pequeña maquinaria e insumos que les permita mejorar sus niveles de producción y productividad.

Por otra parte, en relación con el tema de la tenencia de la tierra el 93,2% de las familias señaló que poseen tierra propia, destacándose como modalidades de acceso la compra y la herencia, con un 41,75% y 49,51% respectivamente y en menor medida la tenencia de tierras por dota-ción de la comunidad y por dotación del Estado cada una con 0,97%. Entre tanto, una quinta

modalidad de acceso a la tierra es por alquiler o anticrético y constituye el 3, 88%. Los restan-tes 2,91% de familias ocupan las tierras sólo en calidad de préstamo.

Finalmente, del conjunto de 83 organizaciones de pequeños productores involucradas en la alianza, 34 han tenido una participación pasiva y sólo han intervenido durante los procesos de selección de ideas de iniciativas productivas, en tanto que 49 han tenido una participación dinámica en las diferentes actividades del proyecto por medio de la implementación de 51 micro-proyectos que han sido formulados por ellas mismas, y a través de los cuales están en proceso de mejorar sus condiciones de vida.

A: Protocolo de AcuerdoB: Convenio MarcoC: Acuerdo de ParticipaciónD: Convenio Específico

El primer nivel es el suscrito entre SOS Faim y CIUDADANÍA, denominado Protocolo de Acuerdo, por el cual se da nacimiento al proyecto con la respectiva asignación de recursos financieros para su ejecución.

El segundo nivel es el suscrito entre CIUDADANÍA con cada uno de los Gobiernos Autóno-mos Municipales de Tiquipaya, Arbieto, Cliza y San Benito, llamado Convenio Marco que tiene por objeto establecer una relación de colaboración mutua con la finalidad de aunar esfuer-zos para contribuir al desarrollo del municipio, comprometiendo para ello recursos económi-cos de ambas partes.

El tercer nivel es el suscrito entre CIUDADANÍA y las organizaciones de productores en cada municipio, denominado Acuerdo de Participación mediante el cual incorpora a las organizacio-nes de pequeños productores como beneficiarios directos del proyecto.

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Finalmente, el cuarto nivel es el suscrito entre CIUDADANÍA, los Gobiernos Municipales y las organizaciones de productores del municipio, llamado Convenio Específico que posibilita el financiamiento y la ejecución de iniciativas de las organizaciones de pequeños productores.

Para los convenios en cada uno de los niveles son esenciales unas fichas o documentos que contienen la descripción de la alianza y cuyo contenido genérico por lo general tiene las siguientes partes: descripción de los agentes comprometidos con la alianza, de los antecedentes de la alianza, del objeto de convenio de alianza, de los compromisos de las partes intervinientes en la alianza, de la duración del convenio, de las causales de disolución del convenio, y de la conformidad y aceptación.

El proyecto “Pactos municipales de desarrollo económico local: fortaleciendo el desempeño de las organizaciones de productores”: acciones desarrolladas para este modelo de Alianzas Público-Privado para el DEL

El proyecto fue ejecutado en los municipios de Tiquipaya, Arbieto, Cliza y San Benito durante el periodo 2011-2013 y la propuesta quiso profundizar una experiencia anterior que SOS Faim y CIUDADANÍA, en el marco del Proyecto “Desarrollo Organizativo y Alianzas Estratégi-cas4”, llevaron adelante desde el año 2006 para impulsar la actividad productiva municipal y aplicar las lecciones aprendidas en dicho proyecto hacia 4 municipios del departamento de Cochabamba.

En un monitoreo de la UE efectuado el año 2008, se recomendó a SOS Faim, en el marco del programa antes mencionado, desarrollar este eje de trabajo en los municipios de Cliza y Tiqui-paya, donde esta institución ya mantenía vínculos de trabajo con asociaciones de productores e incorporar otros dos territorios. Para este propósito, a fines de 2010, CIUDADANÍA realizó un diagnóstico en las localidades de Colomi, Arbieto y San Benito sobre “Condiciones para el desarrollo productivo mediante pactos de cooperación público privada”, con el objetivo de identificar el estado de la gobernabilidad, como una condición fundamental para llevar adelan-te acciones de desarrollo en el ámbito local.

Los procedimientos aplicados en el diagnóstico consistieron en: recopilación de información secundaria sobre los potenciales de desarrollo municipal y la identificación de los actores sociales más relevantes del municipio; recopilación de información de grupo focal en talleres; entrevistas a autoridades municipales y representantes de organizaciones sociales y económi-cas representativas y aplicación de cuestionarios a funcionarios municipales de alto rango.

Los talleres tuvieron por finalidad ahondar la información en temas relacionados a los objeti-vos de desarrollo municipal e identificar el peso que tienen los diferentes actores instituciona-

4 Este proyecto se enmarcó en el programa regional Perú – Bolivia “Apoyo a iniciativas económicas y a la organización de pequeños productores rurales” cofinanciado por la UNIÓN EUROPEA (2004-2008).

les con relación a la legitimidad que le es reconocida y el poder que le es atribuido. La técnica aplicada para tal fin es el “CLIP – modificado (Colaboración/Conflicto, Legitimidad, Interés, Poder)”, que corresponde al enfoque de Sistema de Análisis Social5 (SAS2) y cuyas adecuacio-nes y adaptaciones, además del diseño de otras herramientas participativas6 para el diagnóstico, fueron realizadas por Jacqueline Garrido Cortés7 en CIUDADANÍA.

Por su parte, las entrevistas fueron utilizadas para la validación de la visión estratégica del municipio, identificar los avances en el establecimiento de alianzas y/o acuerdos multi-actores, y conocer los niveles de conflictividad social en el municipio. Finalmente, el cuestionario fue utilizado para obtener información sobre las demandas de capacitación y perspectivas de forta-lecimiento institucional y desarrollo organizacional.

El diagnóstico contribuyó a brindar recomendaciones a CIUDADANÍA y SOS Faim y definir que Arbieto y San Benito, eran los municipios donde son más adecuadas las condiciones de intervención, con lo cual quedó completado el lote de los 4 municipios donde se trabajaría con el proyecto.

Posteriormente, a principios de 2011 se dio inicio a la ejecución del proyecto con la firma de convenios marco y acuerdos de participación entre CIUDADANÍA y los Gobiernos Municipa-les y las organizaciones de productores, respectivamente.

A continuación se pasó a conformar en cada municipio los Comités de Alianza Público Priva-da, integrada por los Gobiernos Municipales (autoridades y técnicos municipales) y por las organizaciones de productores, estructurándose para el efecto un directorio compuesto por un presidente, un vicepresidente, un secretario de actas y tres vocales, con participación igualita-ria en número, es decir por tres representantes del sector público y por tres del sector privado. Las reuniones destinadas a este fin, también fueron aprovechadas para definir los roles de los Comités, sus principios rectores y para elaborar una agenda de trabajo para el ciclo del proyec-to o duración de la alianza.

El siguiente paso consistió en la realización de talleres de diagnóstico participativo en cada uno de los municipios sobre “Actividades económicas multisectoriales”, a los cuales asistieron

delegados de las organizaciones de productores más representativas y autoridades y técnicos municipales con el objetivo de identificar los factores que posibilitan o frenan el desarrollo de las ramas de actividades económicas existentes en el municipio. La principal herramienta utili-zada en el diagnóstico fue el “Campo de Fuerzas” del SAS2. En términos bastante sencillos, con el diagnóstico se quiso indagar qué es lo que motiva a los pequeños productores y sus fami-lias a participar de algún rubro de la economía y para conocer dichas motivaciones, el diseño metodológico del diagnóstico contempló la siguiente pregunta:

_ ¿Cuáles son los factores de los componentes económico, técnico y social que influyen posi-tivamente en el desarrollo de su actividad económica? _

Sin embargo, por su grado de complejidad, ésta fue transformada a un lenguaje más concreto, de manera que a cada asistente al taller, más bien, se formuló la siguiente interrogante:

_ ¿Por qué su familia o las familias próximas a su entorno se dedican a ejercer su actual activi-dad productiva en el municipio?_

Las respuestas fueron múltiples, pero a partir de una selección y agrupación en tres áreas –eco-nómica, técnica y social– se pudo determinar que los factores determinantes de las actividades económicas del municipio o lo que es lo mismo, las razones por las cuales las familias realizan sus actividades productivas son las siguientes:

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En la medida en que los beneficiarios directos de las APP son las organizaciones de pequeños productores y sus familias en los municipios de Arbieto, Cliza, San Benito y Tiquipaya, es con-veniente anotar que al inicio del proyecto se levantó una línea de base para la cual se realizó una encuesta a una muestra de la población con la finalidad de conocer ciertos aspectos sobre la naturaleza de las familias como ser: la composición de la familia; los niveles de ingreso e ingreso per cápita, el origen de los ingresos y los principales destinos; y, los canales de finan-ciamiento para sus actividades productivas.

La información obtenida a principios de 2011 da cuenta que en promedio cada familia de productores estaba integrada por 5 miembros, encontrándose muchos casos en los que además de estar compuesta por padres e hijos, también estaba integrada por los abuelos y los nietos.

En lo relativo a los ingresos, cada familia de productores anualmente percibía en promedio un total de Bs. 42.490,52 (USD. 6.104,96), mientras que el ingreso per cápita ascendía a la suma de Bs. 10.745,35 (USD. 1.543, 87). El origen de los recursos proviene principalmente de las actividades agropecuarias y representan el 45,93% del total de la bolsa. En tanto que la segun-da fuente está constituida por aquellos bonos que son entregados por el Estado como ser: la Renta Dignidad que es otorgada a las personas adultas, el bono Juana Azurduy que es entrega-do a las mujeres en gestación y/o madres cuyos niños son menores a los 2 años; y, el bono Juan-cito Pinto que es concedido a los niños en edad escolar que constituye el 25,2%. Finalmente, el 30,09% de los ingresos de los productores y sus familias se origina en diversas fuentes como ser: transporte, comercio, construcción, remesas del exterior y remuneraciones de las labores desempeñadas, tanto en entidades del Estado (Gobiernos Municipales y magisterio entre otros), como en el sector privado.

A su vez, el 88,2% de estos ingresos tenía como destino el consumo de bienes, el 6,6% consti-tuía un capital de inversiones principalmente para la producción agrícola y la adquisición de ganado y, finalmente el 5,3%, se disponía para el ahorro con el fin de acumular un pequeño capital para ser utilizado en el consumo de bienes en las épocas de baja producción y por consi-guiente de bajos ingresos, y/o para resguardar la vida de los jefes de familia durante la vejez.

Puesto que los recursos generados por los integrantes de la familia, ya sea en las actividades productivas o en el desempeño de otros roles, no son suficientes para acrecentar la producción, se pudo advertir que entre los años 2010 y 2011, al menos el 23,68% de las familias de peque-ños productores tuvieron que recurrir a otros canales de financiamiento como ser los bancos, las cooperativas y las amistades y/o familiares, para obtener préstamos y de esa manera adqui-rir herramientas de trabajo, pequeña maquinaria e insumos que les permita mejorar sus niveles de producción y productividad.

Por otra parte, en relación con el tema de la tenencia de la tierra el 93,2% de las familias señaló que poseen tierra propia, destacándose como modalidades de acceso la compra y la herencia, con un 41,75% y 49,51% respectivamente y en menor medida la tenencia de tierras por dota-ción de la comunidad y por dotación del Estado cada una con 0,97%. Entre tanto, una quinta

modalidad de acceso a la tierra es por alquiler o anticrético y constituye el 3, 88%. Los restan-tes 2,91% de familias ocupan las tierras sólo en calidad de préstamo.

Finalmente, del conjunto de 83 organizaciones de pequeños productores involucradas en la alianza, 34 han tenido una participación pasiva y sólo han intervenido durante los procesos de selección de ideas de iniciativas productivas, en tanto que 49 han tenido una participación dinámica en las diferentes actividades del proyecto por medio de la implementación de 51 micro-proyectos que han sido formulados por ellas mismas, y a través de los cuales están en proceso de mejorar sus condiciones de vida.

El proyecto fue ejecutado en los municipios de Tiquipaya, Arbieto, Cliza y San Benito durante el periodo 2011-2013 y la propuesta quiso profundizar una experiencia anterior que SOS Faim y CIUDADANÍA, en el marco del Proyecto “Desarrollo Organizativo y Alianzas Estratégi-cas4”, llevaron adelante desde el año 2006 para impulsar la actividad productiva municipal y aplicar las lecciones aprendidas en dicho proyecto hacia 4 municipios del departamento de Cochabamba.

En un monitoreo de la UE efectuado el año 2008, se recomendó a SOS Faim, en el marco del programa antes mencionado, desarrollar este eje de trabajo en los municipios de Cliza y Tiqui-paya, donde esta institución ya mantenía vínculos de trabajo con asociaciones de productores e incorporar otros dos territorios. Para este propósito, a fines de 2010, CIUDADANÍA realizó un diagnóstico en las localidades de Colomi, Arbieto y San Benito sobre “Condiciones para el desarrollo productivo mediante pactos de cooperación público privada”, con el objetivo de identificar el estado de la gobernabilidad, como una condición fundamental para llevar adelan-te acciones de desarrollo en el ámbito local.

Los procedimientos aplicados en el diagnóstico consistieron en: recopilación de información secundaria sobre los potenciales de desarrollo municipal y la identificación de los actores sociales más relevantes del municipio; recopilación de información de grupo focal en talleres; entrevistas a autoridades municipales y representantes de organizaciones sociales y económi-cas representativas y aplicación de cuestionarios a funcionarios municipales de alto rango.

Los talleres tuvieron por finalidad ahondar la información en temas relacionados a los objeti-vos de desarrollo municipal e identificar el peso que tienen los diferentes actores instituciona-

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les con relación a la legitimidad que le es reconocida y el poder que le es atribuido. La técnica aplicada para tal fin es el “CLIP – modificado (Colaboración/Conflicto, Legitimidad, Interés, Poder)”, que corresponde al enfoque de Sistema de Análisis Social5 (SAS2) y cuyas adecuacio-nes y adaptaciones, además del diseño de otras herramientas participativas6 para el diagnóstico, fueron realizadas por Jacqueline Garrido Cortés7 en CIUDADANÍA.

Por su parte, las entrevistas fueron utilizadas para la validación de la visión estratégica del municipio, identificar los avances en el establecimiento de alianzas y/o acuerdos multi-actores, y conocer los niveles de conflictividad social en el municipio. Finalmente, el cuestionario fue utilizado para obtener información sobre las demandas de capacitación y perspectivas de forta-lecimiento institucional y desarrollo organizacional.

El diagnóstico contribuyó a brindar recomendaciones a CIUDADANÍA y SOS Faim y definir que Arbieto y San Benito, eran los municipios donde son más adecuadas las condiciones de intervención, con lo cual quedó completado el lote de los 4 municipios donde se trabajaría con el proyecto.

Posteriormente, a principios de 2011 se dio inicio a la ejecución del proyecto con la firma de convenios marco y acuerdos de participación entre CIUDADANÍA y los Gobiernos Municipa-les y las organizaciones de productores, respectivamente.

A continuación se pasó a conformar en cada municipio los Comités de Alianza Público Priva-da, integrada por los Gobiernos Municipales (autoridades y técnicos municipales) y por las organizaciones de productores, estructurándose para el efecto un directorio compuesto por un presidente, un vicepresidente, un secretario de actas y tres vocales, con participación igualita-ria en número, es decir por tres representantes del sector público y por tres del sector privado. Las reuniones destinadas a este fin, también fueron aprovechadas para definir los roles de los Comités, sus principios rectores y para elaborar una agenda de trabajo para el ciclo del proyec-to o duración de la alianza.

El siguiente paso consistió en la realización de talleres de diagnóstico participativo en cada uno de los municipios sobre “Actividades económicas multisectoriales”, a los cuales asistieron

5 El SAS2 consiste en una metodología para la investigación colaborativa y la movilización social en un entorno de múlti-ples actores. Como proyecto y a partir del trabajo desarrollado hace varios años por el Dr. Jacques Chevalier, está ejecután-dose internacionalmente con puntos focales de desarrollo en Honduras, Nepal, India, Canadá y Bolivia.6 La metodología fue diseñada el año 2005 y fue utilizada para poner en marcha la primera experiencia desarrollada en forma conjunta entre SOS Faim y CIUDADANÍA en el año 2006 en municipios donde se diagnosticó buen potencial de desarrollo, fortaleza institucional y condiciones para generar acuerdos estratégicos entre organizaciones públicas y priva-das para apuntalar procesos de desarrollo.7 Garrido Cortés es precisamente la autora de la sistematización de la experiencia piloto desarrollada por SOS Faim y CIUDADANÍA en los municipios de Cliza y Tiquipaya entre los años 2006 y 2008, que fue publicada en el 2009 por el Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios (CEBEM), bajo el título de “Apoyo a iniciativas productivas locales”, junto a otras experiencias de instituciones de desarrollo que, en el marco de sus intervenciones, aplicaron el SAS2 para abordar, comprender y resolver problemas concretos.

delegados de las organizaciones de productores más representativas y autoridades y técnicos municipales con el objetivo de identificar los factores que posibilitan o frenan el desarrollo de las ramas de actividades económicas existentes en el municipio. La principal herramienta utili-zada en el diagnóstico fue el “Campo de Fuerzas” del SAS2. En términos bastante sencillos, con el diagnóstico se quiso indagar qué es lo que motiva a los pequeños productores y sus fami-lias a participar de algún rubro de la economía y para conocer dichas motivaciones, el diseño metodológico del diagnóstico contempló la siguiente pregunta:

_ ¿Cuáles son los factores de los componentes económico, técnico y social que influyen posi-tivamente en el desarrollo de su actividad económica? _

Sin embargo, por su grado de complejidad, ésta fue transformada a un lenguaje más concreto, de manera que a cada asistente al taller, más bien, se formuló la siguiente interrogante:

_ ¿Por qué su familia o las familias próximas a su entorno se dedican a ejercer su actual activi-dad productiva en el municipio?_

Las respuestas fueron múltiples, pero a partir de una selección y agrupación en tres áreas –eco-nómica, técnica y social– se pudo determinar que los factores determinantes de las actividades económicas del municipio o lo que es lo mismo, las razones por las cuales las familias realizan sus actividades productivas son las siguientes:

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En la medida en que los beneficiarios directos de las APP son las organizaciones de pequeños productores y sus familias en los municipios de Arbieto, Cliza, San Benito y Tiquipaya, es con-veniente anotar que al inicio del proyecto se levantó una línea de base para la cual se realizó una encuesta a una muestra de la población con la finalidad de conocer ciertos aspectos sobre la naturaleza de las familias como ser: la composición de la familia; los niveles de ingreso e ingreso per cápita, el origen de los ingresos y los principales destinos; y, los canales de finan-ciamiento para sus actividades productivas.

La información obtenida a principios de 2011 da cuenta que en promedio cada familia de productores estaba integrada por 5 miembros, encontrándose muchos casos en los que además de estar compuesta por padres e hijos, también estaba integrada por los abuelos y los nietos.

En lo relativo a los ingresos, cada familia de productores anualmente percibía en promedio un total de Bs. 42.490,52 (USD. 6.104,96), mientras que el ingreso per cápita ascendía a la suma de Bs. 10.745,35 (USD. 1.543, 87). El origen de los recursos proviene principalmente de las actividades agropecuarias y representan el 45,93% del total de la bolsa. En tanto que la segun-da fuente está constituida por aquellos bonos que son entregados por el Estado como ser: la Renta Dignidad que es otorgada a las personas adultas, el bono Juana Azurduy que es entrega-do a las mujeres en gestación y/o madres cuyos niños son menores a los 2 años; y, el bono Juan-cito Pinto que es concedido a los niños en edad escolar que constituye el 25,2%. Finalmente, el 30,09% de los ingresos de los productores y sus familias se origina en diversas fuentes como ser: transporte, comercio, construcción, remesas del exterior y remuneraciones de las labores desempeñadas, tanto en entidades del Estado (Gobiernos Municipales y magisterio entre otros), como en el sector privado.

A su vez, el 88,2% de estos ingresos tenía como destino el consumo de bienes, el 6,6% consti-tuía un capital de inversiones principalmente para la producción agrícola y la adquisición de ganado y, finalmente el 5,3%, se disponía para el ahorro con el fin de acumular un pequeño capital para ser utilizado en el consumo de bienes en las épocas de baja producción y por consi-guiente de bajos ingresos, y/o para resguardar la vida de los jefes de familia durante la vejez.

Puesto que los recursos generados por los integrantes de la familia, ya sea en las actividades productivas o en el desempeño de otros roles, no son suficientes para acrecentar la producción, se pudo advertir que entre los años 2010 y 2011, al menos el 23,68% de las familias de peque-ños productores tuvieron que recurrir a otros canales de financiamiento como ser los bancos, las cooperativas y las amistades y/o familiares, para obtener préstamos y de esa manera adqui-rir herramientas de trabajo, pequeña maquinaria e insumos que les permita mejorar sus niveles de producción y productividad.

Por otra parte, en relación con el tema de la tenencia de la tierra el 93,2% de las familias señaló que poseen tierra propia, destacándose como modalidades de acceso la compra y la herencia, con un 41,75% y 49,51% respectivamente y en menor medida la tenencia de tierras por dota-ción de la comunidad y por dotación del Estado cada una con 0,97%. Entre tanto, una quinta

modalidad de acceso a la tierra es por alquiler o anticrético y constituye el 3, 88%. Los restan-tes 2,91% de familias ocupan las tierras sólo en calidad de préstamo.

Finalmente, del conjunto de 83 organizaciones de pequeños productores involucradas en la alianza, 34 han tenido una participación pasiva y sólo han intervenido durante los procesos de selección de ideas de iniciativas productivas, en tanto que 49 han tenido una participación dinámica en las diferentes actividades del proyecto por medio de la implementación de 51 micro-proyectos que han sido formulados por ellas mismas, y a través de los cuales están en proceso de mejorar sus condiciones de vida.

El proyecto fue ejecutado en los municipios de Tiquipaya, Arbieto, Cliza y San Benito durante el periodo 2011-2013 y la propuesta quiso profundizar una experiencia anterior que SOS Faim y CIUDADANÍA, en el marco del Proyecto “Desarrollo Organizativo y Alianzas Estratégi-cas4”, llevaron adelante desde el año 2006 para impulsar la actividad productiva municipal y aplicar las lecciones aprendidas en dicho proyecto hacia 4 municipios del departamento de Cochabamba.

En un monitoreo de la UE efectuado el año 2008, se recomendó a SOS Faim, en el marco del programa antes mencionado, desarrollar este eje de trabajo en los municipios de Cliza y Tiqui-paya, donde esta institución ya mantenía vínculos de trabajo con asociaciones de productores e incorporar otros dos territorios. Para este propósito, a fines de 2010, CIUDADANÍA realizó un diagnóstico en las localidades de Colomi, Arbieto y San Benito sobre “Condiciones para el desarrollo productivo mediante pactos de cooperación público privada”, con el objetivo de identificar el estado de la gobernabilidad, como una condición fundamental para llevar adelan-te acciones de desarrollo en el ámbito local.

Los procedimientos aplicados en el diagnóstico consistieron en: recopilación de información secundaria sobre los potenciales de desarrollo municipal y la identificación de los actores sociales más relevantes del municipio; recopilación de información de grupo focal en talleres; entrevistas a autoridades municipales y representantes de organizaciones sociales y económi-cas representativas y aplicación de cuestionarios a funcionarios municipales de alto rango.

Los talleres tuvieron por finalidad ahondar la información en temas relacionados a los objeti-vos de desarrollo municipal e identificar el peso que tienen los diferentes actores instituciona-

les con relación a la legitimidad que le es reconocida y el poder que le es atribuido. La técnica aplicada para tal fin es el “CLIP – modificado (Colaboración/Conflicto, Legitimidad, Interés, Poder)”, que corresponde al enfoque de Sistema de Análisis Social5 (SAS2) y cuyas adecuacio-nes y adaptaciones, además del diseño de otras herramientas participativas6 para el diagnóstico, fueron realizadas por Jacqueline Garrido Cortés7 en CIUDADANÍA.

Por su parte, las entrevistas fueron utilizadas para la validación de la visión estratégica del municipio, identificar los avances en el establecimiento de alianzas y/o acuerdos multi-actores, y conocer los niveles de conflictividad social en el municipio. Finalmente, el cuestionario fue utilizado para obtener información sobre las demandas de capacitación y perspectivas de forta-lecimiento institucional y desarrollo organizacional.

El diagnóstico contribuyó a brindar recomendaciones a CIUDADANÍA y SOS Faim y definir que Arbieto y San Benito, eran los municipios donde son más adecuadas las condiciones de intervención, con lo cual quedó completado el lote de los 4 municipios donde se trabajaría con el proyecto.

Posteriormente, a principios de 2011 se dio inicio a la ejecución del proyecto con la firma de convenios marco y acuerdos de participación entre CIUDADANÍA y los Gobiernos Municipa-les y las organizaciones de productores, respectivamente.

A continuación se pasó a conformar en cada municipio los Comités de Alianza Público Priva-da, integrada por los Gobiernos Municipales (autoridades y técnicos municipales) y por las organizaciones de productores, estructurándose para el efecto un directorio compuesto por un presidente, un vicepresidente, un secretario de actas y tres vocales, con participación igualita-ria en número, es decir por tres representantes del sector público y por tres del sector privado. Las reuniones destinadas a este fin, también fueron aprovechadas para definir los roles de los Comités, sus principios rectores y para elaborar una agenda de trabajo para el ciclo del proyec-to o duración de la alianza.

El siguiente paso consistió en la realización de talleres de diagnóstico participativo en cada uno de los municipios sobre “Actividades económicas multisectoriales”, a los cuales asistieron

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delegados de las organizaciones de productores más representativas y autoridades y técnicos municipales con el objetivo de identificar los factores que posibilitan o frenan el desarrollo de las ramas de actividades económicas existentes en el municipio. La principal herramienta utili-zada en el diagnóstico fue el “Campo de Fuerzas” del SAS2. En términos bastante sencillos, con el diagnóstico se quiso indagar qué es lo que motiva a los pequeños productores y sus fami-lias a participar de algún rubro de la economía y para conocer dichas motivaciones, el diseño metodológico del diagnóstico contempló la siguiente pregunta:

_ ¿Cuáles son los factores de los componentes económico, técnico y social que influyen posi-tivamente en el desarrollo de su actividad económica? _

Sin embargo, por su grado de complejidad, ésta fue transformada a un lenguaje más concreto, de manera que a cada asistente al taller, más bien, se formuló la siguiente interrogante:

_ ¿Por qué su familia o las familias próximas a su entorno se dedican a ejercer su actual activi-dad productiva en el municipio?_

Las respuestas fueron múltiples, pero a partir de una selección y agrupación en tres áreas –eco-nómica, técnica y social– se pudo determinar que los factores determinantes de las actividades económicas del municipio o lo que es lo mismo, las razones por las cuales las familias realizan sus actividades productivas son las siguientes:

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En la medida en que los beneficiarios directos de las APP son las organizaciones de pequeños productores y sus familias en los municipios de Arbieto, Cliza, San Benito y Tiquipaya, es con-veniente anotar que al inicio del proyecto se levantó una línea de base para la cual se realizó una encuesta a una muestra de la población con la finalidad de conocer ciertos aspectos sobre la naturaleza de las familias como ser: la composición de la familia; los niveles de ingreso e ingreso per cápita, el origen de los ingresos y los principales destinos; y, los canales de finan-ciamiento para sus actividades productivas.

La información obtenida a principios de 2011 da cuenta que en promedio cada familia de productores estaba integrada por 5 miembros, encontrándose muchos casos en los que además de estar compuesta por padres e hijos, también estaba integrada por los abuelos y los nietos.

En lo relativo a los ingresos, cada familia de productores anualmente percibía en promedio un total de Bs. 42.490,52 (USD. 6.104,96), mientras que el ingreso per cápita ascendía a la suma de Bs. 10.745,35 (USD. 1.543, 87). El origen de los recursos proviene principalmente de las actividades agropecuarias y representan el 45,93% del total de la bolsa. En tanto que la segun-da fuente está constituida por aquellos bonos que son entregados por el Estado como ser: la Renta Dignidad que es otorgada a las personas adultas, el bono Juana Azurduy que es entrega-do a las mujeres en gestación y/o madres cuyos niños son menores a los 2 años; y, el bono Juan-cito Pinto que es concedido a los niños en edad escolar que constituye el 25,2%. Finalmente, el 30,09% de los ingresos de los productores y sus familias se origina en diversas fuentes como ser: transporte, comercio, construcción, remesas del exterior y remuneraciones de las labores desempeñadas, tanto en entidades del Estado (Gobiernos Municipales y magisterio entre otros), como en el sector privado.

A su vez, el 88,2% de estos ingresos tenía como destino el consumo de bienes, el 6,6% consti-tuía un capital de inversiones principalmente para la producción agrícola y la adquisición de ganado y, finalmente el 5,3%, se disponía para el ahorro con el fin de acumular un pequeño capital para ser utilizado en el consumo de bienes en las épocas de baja producción y por consi-guiente de bajos ingresos, y/o para resguardar la vida de los jefes de familia durante la vejez.

Puesto que los recursos generados por los integrantes de la familia, ya sea en las actividades productivas o en el desempeño de otros roles, no son suficientes para acrecentar la producción, se pudo advertir que entre los años 2010 y 2011, al menos el 23,68% de las familias de peque-ños productores tuvieron que recurrir a otros canales de financiamiento como ser los bancos, las cooperativas y las amistades y/o familiares, para obtener préstamos y de esa manera adqui-rir herramientas de trabajo, pequeña maquinaria e insumos que les permita mejorar sus niveles de producción y productividad.

Por otra parte, en relación con el tema de la tenencia de la tierra el 93,2% de las familias señaló que poseen tierra propia, destacándose como modalidades de acceso la compra y la herencia, con un 41,75% y 49,51% respectivamente y en menor medida la tenencia de tierras por dota-ción de la comunidad y por dotación del Estado cada una con 0,97%. Entre tanto, una quinta

modalidad de acceso a la tierra es por alquiler o anticrético y constituye el 3, 88%. Los restan-tes 2,91% de familias ocupan las tierras sólo en calidad de préstamo.

Finalmente, del conjunto de 83 organizaciones de pequeños productores involucradas en la alianza, 34 han tenido una participación pasiva y sólo han intervenido durante los procesos de selección de ideas de iniciativas productivas, en tanto que 49 han tenido una participación dinámica en las diferentes actividades del proyecto por medio de la implementación de 51 micro-proyectos que han sido formulados por ellas mismas, y a través de los cuales están en proceso de mejorar sus condiciones de vida.

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Cuadro Nº 3Factores determinantes de las actividades productivas en los municipios

Municipio Factores económicos

Factores técnicos Factores sociales

Arbieto - Los productos del municipio tienen demanda en el mercado.

- La producción local genera ingresos económicos a las familias.

- Los costos de producción son bajos.

- El conocimiento de las tareas productivas ha sido heredado de la familia y/o las amistades.

- Son actividades en las que pueden desempeñarse muy bien las mujeres.

- Porque los productos de los pequeños productores forman parte de la canasta familiar.

Cliza - La pequeña producción local es la principal fuente de ingresos de las familias.

- Los productos tiene buena demandan en el mercado.

- Las actividades productivas generan empleo.

- Los productores disponen de terrenos propios para las tareas de producción.

- Las actividades productivas son de tipo familiar.

- Porque en la producción se valoriza el trabajo de las mujeres.

San Benito - Existe demanda de los productos en el mercado.

- Permite a las familias contar con ingresos.

- Los productos se venden a un buen precio.

- Existen instituciones que brindan apoyo a la producción.

- La producción familiar valoriza el trabajo de la mujer.

- Las actividades económicas permiten integrar a las familias.

Tiquipaya - Constituyen una fuente de ingresos para las familias.

- Existe demanda de los productos en el mercado.

- Los productos tienen buenos precios.

- En la producción se utilizan insumos orgánicos.

- Garantizan la seguridad -alimentaria, vivienda o vestimenta- de las familias.

- Valoriza el trabajo de las mujeres.

Fuente: Elaboración propia a partir de diagnósticos de actividades económicas multisectoriales en Arbieto, Cliza, San Benito y Tiquipaya año 2011.

Page 30: Alianzas público-privadas para el desarrollo de iniciativas productivas de pequeños productores

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Los factores constituyen una herramienta de bastante utilidad en la toma de decisiones para apoyar en el desarrollo de iniciativas productivas solidarias, pues su identificación ha permiti-do el diseño de un procedimiento de calificación y selección participativas de ideas de proyec-tos.

La siguiente etapa consistió en convocatorias públicas, en cada municipio, a las organizaciones de productores a participar del Primer Concurso de Iniciativas Productivas. La convocatoria es un acto por el cual los Gobiernos Municipales inician un proceso selectivo de pequeños proyectos para apoyar técnica y financieramente, tanto con recursos propios, como con recur-sos de la cooperación internacional canalizados por CIUDADANÍA. Para este fin, los directo-rios de las APP elaboraron las bases del concurso, cuyo objeto fue establecer las normas de participación de las organizaciones de productores en el certamen y está constituido de seis partes: a) De los participantes, b) Acciones elegibles, c) Acciones no elegibles, d) Sobre la forma de participación y los requisitos de los participantes, e) A cerca de la modalidad de selec-ción de iniciativas y f) En relación con la modalidad de calificación.

La convocatoria a los concursos fue acompañada con la realización de talleres de capacitación teórico prácticos para la elaboración de iniciativas productivas, dirigidos a delegados de orga-nizaciones de productores quienes, posteriormente, replicaron el trabajo al interior de sus orga-nizaciones económicas para obtener productos concretos, unos pequeños documentos elabora-dos de manera participativa denominados “ideas de iniciativas productivas”, los cuales fueron evaluados en dos etapas: uno, en una reunión del Comité de Alianza Público Privado, donde además de verificarse si las propuestas respondían a los términos de la convocatoria, también se analizó su consistencia técnica, con base en un procedimiento de calificación, asignándose, por lo tanto al Comité, la responsabilidad de valorar el contenido de las propuestas sobre 30 puntos; y, otro, durante el taller de presentación pública de iniciativas productivas, donde los mismos delegados de las organizaciones, bajo la vigilancia del Comité, fueron los responsables de valorar la calidad de las ideas de proyectos sobre 70 puntos, utilizando una modalidad de calificación que toma en cuenta los factores determinantes de las actividades productivas seña-lados anteriormente.

En el mismo taller, en presencia de todos los asistentes, el Comité se responsabilizó de efectuar la sumatoria de valores en unos formularios diseñados para el efecto, de manera que se hagan públicas las puntuaciones finales obtenidas por cada una de las propuestas sobre 100 puntos y las 5 mejores ideas de iniciativas productivas. El taller concluyó con la elaboración de un acta sobre los resultados del concurso, que fue firmada por los integrantes del Comité, para poste-riormente ser remitido al Ejecutivo Municipal con el objeto de informarle sobre los resultados. Cabe anotar que esta actividad se realizó en los 4 municipios, durante los tres años de vigencia del proyecto y en cada convocatoria, en cada municipio, se presentaron al concurso un prome-dio de 14 organizaciones de pequeños productores portando sus ideas de iniciativas producti-vas.

Luego de identificarse las organizaciones de productores a ser beneficiadas con los recursos financieros, se procedió a la formulación de sus perfiles de proyectos. Para esto previamente se realizaron talleres de capacitación en “Formulación de proyectos” y se adiestró a los partici-pantes en la generación de información al interior de sus asociaciones que sea útil para la elaboración de los perfiles. Es así que con cada organización se trabajó en la redacción de sus proyectos en 3 sesiones (12 horas), considerando en la elaboración de las propuestas un techo presupuestario de USD. 5.000, equivalente a Bs. 34.800.

Una vez concluida la formulación de los proyectos la siguiente actividad consistió en la suscripción de un Convenio Específico de Financiamiento, celebrado entre fines de julio y principios de agosto de 2011 donde, en representación de las organizaciones de productores procedieron a la firma sus presidentes; por el Gobierno Municipal, el alcalde; y, por CIUDA-DANÍA, su director, con el cual se dio paso a su ejecución financiera, que duró hasta fin de año y que a la postre permitió a las organizaciones de productores contar, ya sea con pequeña infraestructura productiva, con maquinaria y herramientas de trabajo o con insumos para la producción o una combinación de todas ellas dependiendo, cómo había sido estructurado el proyecto.

Para realizar todo el proceso de inversiones los Gobiernos Municipales previamente tuvieron que inscribir los recursos otorgados por CIUDADANÍA y los proyectos, tanto en el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA), como en el Sistema Integra-do de Gestión Pública (SIGEP), del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, para recibir autorización de su uso y ejecución. Mientras se realizaban las gestiones ante dicha entidad estatal, las organizaciones de productores procedieron a realizar las cotizaciones de los bienes y/o servicios descritos en los planes de inversiones de sus proyectos y a coadyuvar a las Direc-ciones de Desarrollo Productivo de las alcaldías en la elaboración de los Documentos Base de Contrataciones (DBC), para su posterior adquisición, ya sea mediante una publicación en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES), por las cuales se hacía público los requeri-mientos a las distintas empresas proveedoras, o mediante compras por invitación directa, dependiendo de los montos a ejecutarse o de la concurrencia de las empresas a las convocato-rias públicas.

En forma paralela a la ejecución de los proyectos, también se realizaron talleres teórico prácti-cos de fortalecimiento de capacidades, dirigidos a organizaciones de productores, especial-mente a productores pecuarios en temas inherentes a sus actividades productivas, para cuyo efecto se contó con el respaldo del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), cuyos técnicos fueron los encargados de impartir los talleres. Al mismo tiempo, mientras se ejecutaban las iniciativas productivas, CIUDADANÍA, SOS Faim y los Comités de Alianza Público Privados hicieron el seguimiento y monitoreo a cada una de ellas con la finalidad de verificar su correcta ejecución y sugerir correcciones en caso de incumplimiento, en tanto que los Gobiernos Municipales, a través de sus Direcciones de Desa-rrollo Productivo, brindaron apoyos técnicos puntuales a las organizaciones de productores que así lo requirieron.

Ya cerca a la conclusión del año, los Comités de Alianza Público Privada realizaron nuevas convocatorias públicas a las organizaciones de productores a participar del Segundo Concurso de Iniciativas productivas, que posibilitaron la identificación de las nuevas organizaciones que serían apoyadas durante el transcurso del año 2014. CIUDADANÍA, también realizó un taller de evaluación del cumplimiento de objetivos y resultados del proyecto, donde participaron todas las organizaciones de productores y Gobiernos Municipales, a través de sus delegados, brindando información.

Al año siguiente, habiéndose identificado los nuevos beneficiarios directos, se reiteraron las demás actividades (elaboración de perfiles de proyecto, firma de convenios específicos, ejecu-ción de las iniciativas productivas, fortalecimiento de capacidades de los productores, monito-reo y seguimiento a los proyectos, convocatoria al tercer concursos de ideas de iniciativas productivas y evaluación del proyecto), pero además se incorporó una nueva actividad consis-tente en un intercambio de experiencias, en los que los principales representantes de las organi-zaciones de productores y autoridades y técnicos municipales, hicieron un recorrido en bus por todos los municipios durante todo un día, para conocer cada una de las experiencias ejecutadas hasta ese momento. Esta actividad, además de permitir el acercamiento de los productores y crear lazos de amistad entre ellos, también posibilitó intercambiar criterios sobre su desempe-ño, tanto en relación con la ejecución física de sus proyectos, como en la operación del mismo, es decir, en sus tareas de producción y comercialización.

Finalmente, en 2013, a las actividades ampliadas del año 2012 (excepto la convocatoria a un nuevo concurso de iniciativas productivas), se incluyeron otras actividades de suma importan-cia consistentes en dos “Festivales de iniciativas productivas”. Uno fue realizado en Tiquipaya en el mes de marzo y otro, en Cliza en septiembre, en los cuales los productores dieron a cono-cer a la población del departamento los principales productos agropecuarios y artesanales obte-nidos con su trabajo. Estos eventos fueron debidamente respaldados por los Gobiernos Munici-pales que facilitaron el transporte de las organizaciones y sus productos hasta los sitios de la actividad y, en caso de ser anfitriones, también otorgaron importantes recursos económicos para su desarrollo.

Las líneas estratégicas describen las pautas de intervención del proyecto y se enmarcan en los objetivos del proyecto, los cuales a su vez integran una serie de conceptos. En ese sentido, a partir, tanto del objetivo general del proyecto “Los pactos municipales por el desarrollo local y la producción han incidido en el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias de pequeños productores en cuatro municipios del departamento de Cochabamba”, como del objetivo específico “Las asociaciones de productores en los municipios han sido fortalecidas, mediante su incorporación y participación en los acuerdos público-privados que promueven la actividad productiva en el municipio, comprometen recursos financieros para impulsarla y mejoran el ingreso de los productores”, se puede determinar que los principales conceptos inte-gradores son: Desarrollo Económico Local y Pactos Municipales o Acuerdos Público Privados para el Desarrollo.

Por lo tanto, de los objetivos descritos y los conceptos que están implícitos en ellos se entiende que las principales líneas estratégicas del proyecto son: impulso del Desarrollo Económico Local; generación de institucionalidad para el Desarrollo Económico Local a través del esta-blecimiento de acuerdos público-privados; y, generación de mejores oportunidades de ingresos y de condiciones de vida para los pequeños productores.

No se hará mayor referencia a los conceptos citados, puesto que ellos ya fueron ampliamente desarrollados al inicio de este documento, pero sí a las líneas estratégicas, por lo que para efec-tuar una valoración de las mismas se ha considerado necesario formular las siguientes interro-gantes:

_ ¿En qué medida las actividades que se han ejecutado en el proyecto han apoyado el DEL?_ ¿En qué medida ha habido interacción público-privada y qué restricciones se han presentado?_ ¿De qué manera se han beneficiado los pequeños productores con la ejecución del proyec-

to que permitirán mejorar sus oportunidades de ingresos y de condiciones de vida?

Estas son las valoraciones de las líneas estratégicas:

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Los factores constituyen una herramienta de bastante utilidad en la toma de decisiones para apoyar en el desarrollo de iniciativas productivas solidarias, pues su identificación ha permiti-do el diseño de un procedimiento de calificación y selección participativas de ideas de proyec-tos.

La siguiente etapa consistió en convocatorias públicas, en cada municipio, a las organizaciones de productores a participar del Primer Concurso de Iniciativas Productivas. La convocatoria es un acto por el cual los Gobiernos Municipales inician un proceso selectivo de pequeños proyectos para apoyar técnica y financieramente, tanto con recursos propios, como con recur-sos de la cooperación internacional canalizados por CIUDADANÍA. Para este fin, los directo-rios de las APP elaboraron las bases del concurso, cuyo objeto fue establecer las normas de participación de las organizaciones de productores en el certamen y está constituido de seis partes: a) De los participantes, b) Acciones elegibles, c) Acciones no elegibles, d) Sobre la forma de participación y los requisitos de los participantes, e) A cerca de la modalidad de selec-ción de iniciativas y f) En relación con la modalidad de calificación.

La convocatoria a los concursos fue acompañada con la realización de talleres de capacitación teórico prácticos para la elaboración de iniciativas productivas, dirigidos a delegados de orga-nizaciones de productores quienes, posteriormente, replicaron el trabajo al interior de sus orga-nizaciones económicas para obtener productos concretos, unos pequeños documentos elabora-dos de manera participativa denominados “ideas de iniciativas productivas”, los cuales fueron evaluados en dos etapas: uno, en una reunión del Comité de Alianza Público Privado, donde además de verificarse si las propuestas respondían a los términos de la convocatoria, también se analizó su consistencia técnica, con base en un procedimiento de calificación, asignándose, por lo tanto al Comité, la responsabilidad de valorar el contenido de las propuestas sobre 30 puntos; y, otro, durante el taller de presentación pública de iniciativas productivas, donde los mismos delegados de las organizaciones, bajo la vigilancia del Comité, fueron los responsables de valorar la calidad de las ideas de proyectos sobre 70 puntos, utilizando una modalidad de calificación que toma en cuenta los factores determinantes de las actividades productivas seña-lados anteriormente.

En el mismo taller, en presencia de todos los asistentes, el Comité se responsabilizó de efectuar la sumatoria de valores en unos formularios diseñados para el efecto, de manera que se hagan públicas las puntuaciones finales obtenidas por cada una de las propuestas sobre 100 puntos y las 5 mejores ideas de iniciativas productivas. El taller concluyó con la elaboración de un acta sobre los resultados del concurso, que fue firmada por los integrantes del Comité, para poste-riormente ser remitido al Ejecutivo Municipal con el objeto de informarle sobre los resultados. Cabe anotar que esta actividad se realizó en los 4 municipios, durante los tres años de vigencia del proyecto y en cada convocatoria, en cada municipio, se presentaron al concurso un prome-dio de 14 organizaciones de pequeños productores portando sus ideas de iniciativas producti-vas.

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Luego de identificarse las organizaciones de productores a ser beneficiadas con los recursos financieros, se procedió a la formulación de sus perfiles de proyectos. Para esto previamente se realizaron talleres de capacitación en “Formulación de proyectos” y se adiestró a los partici-pantes en la generación de información al interior de sus asociaciones que sea útil para la elaboración de los perfiles. Es así que con cada organización se trabajó en la redacción de sus proyectos en 3 sesiones (12 horas), considerando en la elaboración de las propuestas un techo presupuestario de USD. 5.000, equivalente a Bs. 34.800.

Una vez concluida la formulación de los proyectos la siguiente actividad consistió en la suscripción de un Convenio Específico de Financiamiento, celebrado entre fines de julio y principios de agosto de 2011 donde, en representación de las organizaciones de productores procedieron a la firma sus presidentes; por el Gobierno Municipal, el alcalde; y, por CIUDA-DANÍA, su director, con el cual se dio paso a su ejecución financiera, que duró hasta fin de año y que a la postre permitió a las organizaciones de productores contar, ya sea con pequeña infraestructura productiva, con maquinaria y herramientas de trabajo o con insumos para la producción o una combinación de todas ellas dependiendo, cómo había sido estructurado el proyecto.

Para realizar todo el proceso de inversiones los Gobiernos Municipales previamente tuvieron que inscribir los recursos otorgados por CIUDADANÍA y los proyectos, tanto en el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA), como en el Sistema Integra-do de Gestión Pública (SIGEP), del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, para recibir autorización de su uso y ejecución. Mientras se realizaban las gestiones ante dicha entidad estatal, las organizaciones de productores procedieron a realizar las cotizaciones de los bienes y/o servicios descritos en los planes de inversiones de sus proyectos y a coadyuvar a las Direc-ciones de Desarrollo Productivo de las alcaldías en la elaboración de los Documentos Base de Contrataciones (DBC), para su posterior adquisición, ya sea mediante una publicación en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES), por las cuales se hacía público los requeri-mientos a las distintas empresas proveedoras, o mediante compras por invitación directa, dependiendo de los montos a ejecutarse o de la concurrencia de las empresas a las convocato-rias públicas.

En forma paralela a la ejecución de los proyectos, también se realizaron talleres teórico prácti-cos de fortalecimiento de capacidades, dirigidos a organizaciones de productores, especial-mente a productores pecuarios en temas inherentes a sus actividades productivas, para cuyo efecto se contó con el respaldo del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), cuyos técnicos fueron los encargados de impartir los talleres. Al mismo tiempo, mientras se ejecutaban las iniciativas productivas, CIUDADANÍA, SOS Faim y los Comités de Alianza Público Privados hicieron el seguimiento y monitoreo a cada una de ellas con la finalidad de verificar su correcta ejecución y sugerir correcciones en caso de incumplimiento, en tanto que los Gobiernos Municipales, a través de sus Direcciones de Desa-rrollo Productivo, brindaron apoyos técnicos puntuales a las organizaciones de productores que así lo requirieron.

Ya cerca a la conclusión del año, los Comités de Alianza Público Privada realizaron nuevas convocatorias públicas a las organizaciones de productores a participar del Segundo Concurso de Iniciativas productivas, que posibilitaron la identificación de las nuevas organizaciones que serían apoyadas durante el transcurso del año 2014. CIUDADANÍA, también realizó un taller de evaluación del cumplimiento de objetivos y resultados del proyecto, donde participaron todas las organizaciones de productores y Gobiernos Municipales, a través de sus delegados, brindando información.

Al año siguiente, habiéndose identificado los nuevos beneficiarios directos, se reiteraron las demás actividades (elaboración de perfiles de proyecto, firma de convenios específicos, ejecu-ción de las iniciativas productivas, fortalecimiento de capacidades de los productores, monito-reo y seguimiento a los proyectos, convocatoria al tercer concursos de ideas de iniciativas productivas y evaluación del proyecto), pero además se incorporó una nueva actividad consis-tente en un intercambio de experiencias, en los que los principales representantes de las organi-zaciones de productores y autoridades y técnicos municipales, hicieron un recorrido en bus por todos los municipios durante todo un día, para conocer cada una de las experiencias ejecutadas hasta ese momento. Esta actividad, además de permitir el acercamiento de los productores y crear lazos de amistad entre ellos, también posibilitó intercambiar criterios sobre su desempe-ño, tanto en relación con la ejecución física de sus proyectos, como en la operación del mismo, es decir, en sus tareas de producción y comercialización.

Finalmente, en 2013, a las actividades ampliadas del año 2012 (excepto la convocatoria a un nuevo concurso de iniciativas productivas), se incluyeron otras actividades de suma importan-cia consistentes en dos “Festivales de iniciativas productivas”. Uno fue realizado en Tiquipaya en el mes de marzo y otro, en Cliza en septiembre, en los cuales los productores dieron a cono-cer a la población del departamento los principales productos agropecuarios y artesanales obte-nidos con su trabajo. Estos eventos fueron debidamente respaldados por los Gobiernos Munici-pales que facilitaron el transporte de las organizaciones y sus productos hasta los sitios de la actividad y, en caso de ser anfitriones, también otorgaron importantes recursos económicos para su desarrollo.

Las líneas estratégicas describen las pautas de intervención del proyecto y se enmarcan en los objetivos del proyecto, los cuales a su vez integran una serie de conceptos. En ese sentido, a partir, tanto del objetivo general del proyecto “Los pactos municipales por el desarrollo local y la producción han incidido en el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias de pequeños productores en cuatro municipios del departamento de Cochabamba”, como del objetivo específico “Las asociaciones de productores en los municipios han sido fortalecidas, mediante su incorporación y participación en los acuerdos público-privados que promueven la actividad productiva en el municipio, comprometen recursos financieros para impulsarla y mejoran el ingreso de los productores”, se puede determinar que los principales conceptos inte-gradores son: Desarrollo Económico Local y Pactos Municipales o Acuerdos Público Privados para el Desarrollo.

Por lo tanto, de los objetivos descritos y los conceptos que están implícitos en ellos se entiende que las principales líneas estratégicas del proyecto son: impulso del Desarrollo Económico Local; generación de institucionalidad para el Desarrollo Económico Local a través del esta-blecimiento de acuerdos público-privados; y, generación de mejores oportunidades de ingresos y de condiciones de vida para los pequeños productores.

No se hará mayor referencia a los conceptos citados, puesto que ellos ya fueron ampliamente desarrollados al inicio de este documento, pero sí a las líneas estratégicas, por lo que para efec-tuar una valoración de las mismas se ha considerado necesario formular las siguientes interro-gantes:

_ ¿En qué medida las actividades que se han ejecutado en el proyecto han apoyado el DEL?_ ¿En qué medida ha habido interacción público-privada y qué restricciones se han presentado?_ ¿De qué manera se han beneficiado los pequeños productores con la ejecución del proyec-

to que permitirán mejorar sus oportunidades de ingresos y de condiciones de vida?

Estas son las valoraciones de las líneas estratégicas:

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Los factores constituyen una herramienta de bastante utilidad en la toma de decisiones para apoyar en el desarrollo de iniciativas productivas solidarias, pues su identificación ha permiti-do el diseño de un procedimiento de calificación y selección participativas de ideas de proyec-tos.

La siguiente etapa consistió en convocatorias públicas, en cada municipio, a las organizaciones de productores a participar del Primer Concurso de Iniciativas Productivas. La convocatoria es un acto por el cual los Gobiernos Municipales inician un proceso selectivo de pequeños proyectos para apoyar técnica y financieramente, tanto con recursos propios, como con recur-sos de la cooperación internacional canalizados por CIUDADANÍA. Para este fin, los directo-rios de las APP elaboraron las bases del concurso, cuyo objeto fue establecer las normas de participación de las organizaciones de productores en el certamen y está constituido de seis partes: a) De los participantes, b) Acciones elegibles, c) Acciones no elegibles, d) Sobre la forma de participación y los requisitos de los participantes, e) A cerca de la modalidad de selec-ción de iniciativas y f) En relación con la modalidad de calificación.

La convocatoria a los concursos fue acompañada con la realización de talleres de capacitación teórico prácticos para la elaboración de iniciativas productivas, dirigidos a delegados de orga-nizaciones de productores quienes, posteriormente, replicaron el trabajo al interior de sus orga-nizaciones económicas para obtener productos concretos, unos pequeños documentos elabora-dos de manera participativa denominados “ideas de iniciativas productivas”, los cuales fueron evaluados en dos etapas: uno, en una reunión del Comité de Alianza Público Privado, donde además de verificarse si las propuestas respondían a los términos de la convocatoria, también se analizó su consistencia técnica, con base en un procedimiento de calificación, asignándose, por lo tanto al Comité, la responsabilidad de valorar el contenido de las propuestas sobre 30 puntos; y, otro, durante el taller de presentación pública de iniciativas productivas, donde los mismos delegados de las organizaciones, bajo la vigilancia del Comité, fueron los responsables de valorar la calidad de las ideas de proyectos sobre 70 puntos, utilizando una modalidad de calificación que toma en cuenta los factores determinantes de las actividades productivas seña-lados anteriormente.

En el mismo taller, en presencia de todos los asistentes, el Comité se responsabilizó de efectuar la sumatoria de valores en unos formularios diseñados para el efecto, de manera que se hagan públicas las puntuaciones finales obtenidas por cada una de las propuestas sobre 100 puntos y las 5 mejores ideas de iniciativas productivas. El taller concluyó con la elaboración de un acta sobre los resultados del concurso, que fue firmada por los integrantes del Comité, para poste-riormente ser remitido al Ejecutivo Municipal con el objeto de informarle sobre los resultados. Cabe anotar que esta actividad se realizó en los 4 municipios, durante los tres años de vigencia del proyecto y en cada convocatoria, en cada municipio, se presentaron al concurso un prome-dio de 14 organizaciones de pequeños productores portando sus ideas de iniciativas producti-vas.

Luego de identificarse las organizaciones de productores a ser beneficiadas con los recursos financieros, se procedió a la formulación de sus perfiles de proyectos. Para esto previamente se realizaron talleres de capacitación en “Formulación de proyectos” y se adiestró a los partici-pantes en la generación de información al interior de sus asociaciones que sea útil para la elaboración de los perfiles. Es así que con cada organización se trabajó en la redacción de sus proyectos en 3 sesiones (12 horas), considerando en la elaboración de las propuestas un techo presupuestario de USD. 5.000, equivalente a Bs. 34.800.

Una vez concluida la formulación de los proyectos la siguiente actividad consistió en la suscripción de un Convenio Específico de Financiamiento, celebrado entre fines de julio y principios de agosto de 2011 donde, en representación de las organizaciones de productores procedieron a la firma sus presidentes; por el Gobierno Municipal, el alcalde; y, por CIUDA-DANÍA, su director, con el cual se dio paso a su ejecución financiera, que duró hasta fin de año y que a la postre permitió a las organizaciones de productores contar, ya sea con pequeña infraestructura productiva, con maquinaria y herramientas de trabajo o con insumos para la producción o una combinación de todas ellas dependiendo, cómo había sido estructurado el proyecto.

Para realizar todo el proceso de inversiones los Gobiernos Municipales previamente tuvieron que inscribir los recursos otorgados por CIUDADANÍA y los proyectos, tanto en el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA), como en el Sistema Integra-do de Gestión Pública (SIGEP), del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, para recibir autorización de su uso y ejecución. Mientras se realizaban las gestiones ante dicha entidad estatal, las organizaciones de productores procedieron a realizar las cotizaciones de los bienes y/o servicios descritos en los planes de inversiones de sus proyectos y a coadyuvar a las Direc-ciones de Desarrollo Productivo de las alcaldías en la elaboración de los Documentos Base de Contrataciones (DBC), para su posterior adquisición, ya sea mediante una publicación en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES), por las cuales se hacía público los requeri-mientos a las distintas empresas proveedoras, o mediante compras por invitación directa, dependiendo de los montos a ejecutarse o de la concurrencia de las empresas a las convocato-rias públicas.

En forma paralela a la ejecución de los proyectos, también se realizaron talleres teórico prácti-cos de fortalecimiento de capacidades, dirigidos a organizaciones de productores, especial-mente a productores pecuarios en temas inherentes a sus actividades productivas, para cuyo efecto se contó con el respaldo del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), cuyos técnicos fueron los encargados de impartir los talleres. Al mismo tiempo, mientras se ejecutaban las iniciativas productivas, CIUDADANÍA, SOS Faim y los Comités de Alianza Público Privados hicieron el seguimiento y monitoreo a cada una de ellas con la finalidad de verificar su correcta ejecución y sugerir correcciones en caso de incumplimiento, en tanto que los Gobiernos Municipales, a través de sus Direcciones de Desa-rrollo Productivo, brindaron apoyos técnicos puntuales a las organizaciones de productores que así lo requirieron.

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Ya cerca a la conclusión del año, los Comités de Alianza Público Privada realizaron nuevas convocatorias públicas a las organizaciones de productores a participar del Segundo Concurso de Iniciativas productivas, que posibilitaron la identificación de las nuevas organizaciones que serían apoyadas durante el transcurso del año 2014. CIUDADANÍA, también realizó un taller de evaluación del cumplimiento de objetivos y resultados del proyecto, donde participaron todas las organizaciones de productores y Gobiernos Municipales, a través de sus delegados, brindando información.

Al año siguiente, habiéndose identificado los nuevos beneficiarios directos, se reiteraron las demás actividades (elaboración de perfiles de proyecto, firma de convenios específicos, ejecu-ción de las iniciativas productivas, fortalecimiento de capacidades de los productores, monito-reo y seguimiento a los proyectos, convocatoria al tercer concursos de ideas de iniciativas productivas y evaluación del proyecto), pero además se incorporó una nueva actividad consis-tente en un intercambio de experiencias, en los que los principales representantes de las organi-zaciones de productores y autoridades y técnicos municipales, hicieron un recorrido en bus por todos los municipios durante todo un día, para conocer cada una de las experiencias ejecutadas hasta ese momento. Esta actividad, además de permitir el acercamiento de los productores y crear lazos de amistad entre ellos, también posibilitó intercambiar criterios sobre su desempe-ño, tanto en relación con la ejecución física de sus proyectos, como en la operación del mismo, es decir, en sus tareas de producción y comercialización.

Finalmente, en 2013, a las actividades ampliadas del año 2012 (excepto la convocatoria a un nuevo concurso de iniciativas productivas), se incluyeron otras actividades de suma importan-cia consistentes en dos “Festivales de iniciativas productivas”. Uno fue realizado en Tiquipaya en el mes de marzo y otro, en Cliza en septiembre, en los cuales los productores dieron a cono-cer a la población del departamento los principales productos agropecuarios y artesanales obte-nidos con su trabajo. Estos eventos fueron debidamente respaldados por los Gobiernos Munici-pales que facilitaron el transporte de las organizaciones y sus productos hasta los sitios de la actividad y, en caso de ser anfitriones, también otorgaron importantes recursos económicos para su desarrollo.

Las líneas estratégicas describen las pautas de intervención del proyecto y se enmarcan en los objetivos del proyecto, los cuales a su vez integran una serie de conceptos. En ese sentido, a partir, tanto del objetivo general del proyecto “Los pactos municipales por el desarrollo local y la producción han incidido en el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias de pequeños productores en cuatro municipios del departamento de Cochabamba”, como del objetivo específico “Las asociaciones de productores en los municipios han sido fortalecidas, mediante su incorporación y participación en los acuerdos público-privados que promueven la actividad productiva en el municipio, comprometen recursos financieros para impulsarla y mejoran el ingreso de los productores”, se puede determinar que los principales conceptos inte-gradores son: Desarrollo Económico Local y Pactos Municipales o Acuerdos Público Privados para el Desarrollo.

Por lo tanto, de los objetivos descritos y los conceptos que están implícitos en ellos se entiende que las principales líneas estratégicas del proyecto son: impulso del Desarrollo Económico Local; generación de institucionalidad para el Desarrollo Económico Local a través del esta-blecimiento de acuerdos público-privados; y, generación de mejores oportunidades de ingresos y de condiciones de vida para los pequeños productores.

No se hará mayor referencia a los conceptos citados, puesto que ellos ya fueron ampliamente desarrollados al inicio de este documento, pero sí a las líneas estratégicas, por lo que para efec-tuar una valoración de las mismas se ha considerado necesario formular las siguientes interro-gantes:

_ ¿En qué medida las actividades que se han ejecutado en el proyecto han apoyado el DEL?_ ¿En qué medida ha habido interacción público-privada y qué restricciones se han presentado?_ ¿De qué manera se han beneficiado los pequeños productores con la ejecución del proyec-

to que permitirán mejorar sus oportunidades de ingresos y de condiciones de vida?

Estas son las valoraciones de las líneas estratégicas:

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Resultados Principales

Los resultados de proyecto desarrollado en alianza se resumen en los siguientes 5 puntos: los Gobiernos Municipales han establecido acuerdos institucionales que priorizan su rol de promoción del Desarrollo Económico Local bajo el concepto de la gestión territorial autóno-ma; se ha mejorado la capacidad de los productores para cumplir los compromisos de genera-ción de oferta requerida localmente por el Gobierno Municipal; se han movilizado recursos financieros que promueven el establecimiento de acuerdos entre organizaciones de producto-res y Gobierno Municipal para apoyar las actividades productivas y se ha incrementado la acti-vidad productiva en el municipio y la inversión municipal relacionada a la gestión del Desarro-llo Económico Local; se ha logrado la conformación de plataformas de cooperación municipal; se ha mejorado la infraestructura productiva y se ha efectuado asistencia técnica que inciden en una mejora del ingreso de los productores asociados.

En relación con el primer resultado hay que señalar que se logró suscribir 4 Convenios Marco de Cooperación Institucional entre los Gobiernos Autónomos Municipales de Tiquipaya, Arbieto, Cliza y San Benito y CIUDADANÍA y 4 Acuerdos de Participación con las organiza-ciones de productores, para formalizar acuerdos destinados a dimensionar su participación en las APP, para contribuir al desarrollo de los municipios. En el marco de estos convenios, las instituciones municipales han facilitado la realización de una serie de actividades destinadas a priorizar un conjunto de proyectos que se relacionan con el aprovechamiento de las potenciali-dades locales.

Entre los alcances del segundo resultado se puede poner de relieve el desarrollo de aptitudes, destrezas y competencias por parte de los productores para formular ideas de proyectos, dise-ñar proyectos adecuadamente estructurados y negociar los mismos con entidades de desarrollo estatales y no gubernamentales, fruto de su participación, tanto en procesos de fortalecimiento de capacidades en diseño y elaboración de proyectos, como en convocatorias públicas para la presentación de ideas de iniciativas productivas. Capacidades y destrezas que, en el marco del proyecto, se han visto materializadas con el financiamiento de un total de 51 iniciativas productivas, que están ampliando la base productiva de los municipios y la oferta de productos, los cuales han sido dados a conocer al público en general por los gobiernos municipales, mediante la realización de ferias o festivales de iniciativas productivas agropecuarias y artesa-nales, donde se ha promocionado y proyectado a nivel regional destacando su calidad y mejor precio.

El tercer resultado implica que a través del establecimiento de las APP en los municipios se ha suscrito 12 firmas de convenios de financiamiento con concurrencia de recursos estatales y privados, que han logrado la movilización de un total de Bs. 2.071.451 (USD. 297.622,27), para poner en funcionamiento un total de 51 iniciativas productivas que están dinamizando la economía local.

Las líneas estratégicas describen las pautas de intervención del proyecto y se enmarcan en los objetivos del proyecto, los cuales a su vez integran una serie de conceptos. En ese sentido, a partir, tanto del objetivo general del proyecto “Los pactos municipales por el desarrollo local y la producción han incidido en el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias de pequeños productores en cuatro municipios del departamento de Cochabamba”, como del objetivo específico “Las asociaciones de productores en los municipios han sido fortalecidas, mediante su incorporación y participación en los acuerdos público-privados que promueven la actividad productiva en el municipio, comprometen recursos financieros para impulsarla y mejoran el ingreso de los productores”, se puede determinar que los principales conceptos inte-gradores son: Desarrollo Económico Local y Pactos Municipales o Acuerdos Público Privados para el Desarrollo.

Por lo tanto, de los objetivos descritos y los conceptos que están implícitos en ellos se entiende que las principales líneas estratégicas del proyecto son: impulso del Desarrollo Económico Local; generación de institucionalidad para el Desarrollo Económico Local a través del esta-blecimiento de acuerdos público-privados; y, generación de mejores oportunidades de ingresos y de condiciones de vida para los pequeños productores.

No se hará mayor referencia a los conceptos citados, puesto que ellos ya fueron ampliamente desarrollados al inicio de este documento, pero sí a las líneas estratégicas, por lo que para efec-tuar una valoración de las mismas se ha considerado necesario formular las siguientes interro-gantes:

_ ¿En qué medida las actividades que se han ejecutado en el proyecto han apoyado el DEL?_ ¿En qué medida ha habido interacción público-privada y qué restricciones se han presentado?_ ¿De qué manera se han beneficiado los pequeños productores con la ejecución del proyec-

to que permitirán mejorar sus oportunidades de ingresos y de condiciones de vida?

Estas son las valoraciones de las líneas estratégicas:

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Las líneas estratégicas describen las pautas de intervención del proyecto y se enmarcan en los objetivos del proyecto, los cuales a su vez integran una serie de conceptos. En ese sentido, a partir, tanto del objetivo general del proyecto “Los pactos municipales por el desarrollo local y la producción han incidido en el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias de pequeños productores en cuatro municipios del departamento de Cochabamba”, como del objetivo específico “Las asociaciones de productores en los municipios han sido fortalecidas, mediante su incorporación y participación en los acuerdos público-privados que promueven la actividad productiva en el municipio, comprometen recursos financieros para impulsarla y mejoran el ingreso de los productores”, se puede determinar que los principales conceptos inte-gradores son: Desarrollo Económico Local y Pactos Municipales o Acuerdos Público Privados para el Desarrollo.

Por lo tanto, de los objetivos descritos y los conceptos que están implícitos en ellos se entiende que las principales líneas estratégicas del proyecto son: impulso del Desarrollo Económico Local; generación de institucionalidad para el Desarrollo Económico Local a través del esta-blecimiento de acuerdos público-privados; y, generación de mejores oportunidades de ingresos y de condiciones de vida para los pequeños productores.

No se hará mayor referencia a los conceptos citados, puesto que ellos ya fueron ampliamente desarrollados al inicio de este documento, pero sí a las líneas estratégicas, por lo que para efec-tuar una valoración de las mismas se ha considerado necesario formular las siguientes interro-gantes:

_ ¿En qué medida las actividades que se han ejecutado en el proyecto han apoyado el DEL?_ ¿En qué medida ha habido interacción público-privada y qué restricciones se han presentado?_ ¿De qué manera se han beneficiado los pequeños productores con la ejecución del proyec-

to que permitirán mejorar sus oportunidades de ingresos y de condiciones de vida?

Estas son las valoraciones de las líneas estratégicas:

promovido el ejercicio de sus derechos económicos que permite reducir las asimetrías entre los hombres y mujeres y lograr una mayor equidad entre ambos géneros.

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Figura Nº 4Contribuciones financieras de los socios de las alianzas

Además de permitir que las municipalidades amplíen su techo presupuestario de la partida de fomento al desarrollo y que antes de la ejecución del proyecto representaba aproximadamente un 3% de los recursos totales del POA y durante su desarrollo hasta un 10% y/o 15% , el modelo de alianza ha establecido un giro en sus actividades, ya que de una labor eminentemen-te de asesoría y apoyo técnico y de fortalecimiento de capacidades, se ha pasado a una tarea más proactiva y de apoyo directo a la producción, mediante el financiamiento a los sectores de pequeños productores de infraestructura productiva, herramientas y maquinaria de trabajo e insumos de producción, que les permite mejorar sus condiciones de producción y productivi-dad y a su vez repercute en la seguridad alimentaria de sus familias y en la obtención de mejo-res ingresos que aumentan su calidad de vida.

Fuente: Elaboración propia a partir de perfiles de proyectos.

Cuadro Nº 4Cantidad de iniciativas ejecutadas por municipio periodo 2011 – 2013

Descripción Año 2011 Año 2012 Año 2013 Total % Nº de

iniciativas Nº de

iniciativas Nº de

iniciativas Tiquipaya 5 3 5 13 25,49 Arbieto 5 5 4 14 27,45 Cliza 4 3 3 10 19,61 San Benito 5 3 6 14 27,45 Total 20 14 17 51 100,00 Fuente: Elaboración propia a partir de perfiles de proyectos.

Por otra parte, la participación masiva de mujeres en el proyecto es otro elemento que debe destacarse dentro de este resultado, ya que al ampliarse sus oportunidades de acceso a los recursos financieros y administrarlos a través de pequeños proyectos productivos, se ha

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

CIUDADANÍA Gobiernos AutónomosMunicipales

Organizaciones deproductores

Can

tidad

en

Bol

ivia

nos

Socios de la Alianza

Año 2013

Año 2012

Año 2011

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están mejorando sus condiciones de producción y de productividad que les permite atender la demanda local de productos. Adicionalmente, los pequeños productores han logrado de las municipalidades asistencia técnica que ha permitido dar solución a problemas puntuales, a partir de las cuales se ha establecido una normalización en las relaciones entre los Gobiernos Municipales y las organizaciones de productores para ese tipo de actividades.

Como corolario, este resultado y los otros señalados anteriormente, fruto del trabajo en alian-zas, han sido incorporados en el sitio Web de CIUDADANÍA para su difusión, lo que ha permi-tido visibilizar las acciones del proyecto y el desempeño de sus participantes en esta sociedad cada vez más global por la influencia de las tecnologías de información y comunicación.

Las líneas estratégicas describen las pautas de intervención del proyecto y se enmarcan en los objetivos del proyecto, los cuales a su vez integran una serie de conceptos. En ese sentido, a partir, tanto del objetivo general del proyecto “Los pactos municipales por el desarrollo local y la producción han incidido en el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias de pequeños productores en cuatro municipios del departamento de Cochabamba”, como del objetivo específico “Las asociaciones de productores en los municipios han sido fortalecidas, mediante su incorporación y participación en los acuerdos público-privados que promueven la actividad productiva en el municipio, comprometen recursos financieros para impulsarla y mejoran el ingreso de los productores”, se puede determinar que los principales conceptos inte-gradores son: Desarrollo Económico Local y Pactos Municipales o Acuerdos Público Privados para el Desarrollo.

Por lo tanto, de los objetivos descritos y los conceptos que están implícitos en ellos se entiende que las principales líneas estratégicas del proyecto son: impulso del Desarrollo Económico Local; generación de institucionalidad para el Desarrollo Económico Local a través del esta-blecimiento de acuerdos público-privados; y, generación de mejores oportunidades de ingresos y de condiciones de vida para los pequeños productores.

No se hará mayor referencia a los conceptos citados, puesto que ellos ya fueron ampliamente desarrollados al inicio de este documento, pero sí a las líneas estratégicas, por lo que para efec-tuar una valoración de las mismas se ha considerado necesario formular las siguientes interro-gantes:

_ ¿En qué medida las actividades que se han ejecutado en el proyecto han apoyado el DEL?_ ¿En qué medida ha habido interacción público-privada y qué restricciones se han presentado?_ ¿De qué manera se han beneficiado los pequeños productores con la ejecución del proyec-

to que permitirán mejorar sus oportunidades de ingresos y de condiciones de vida?

Estas son las valoraciones de las líneas estratégicas:

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Cuadro Nº 5Número de organizaciones, según tipo de composición, que han recibido apoyo financiero del proyecto

Tipo de Organización / Año Año 2011 Año 2012 Año 2013 Total % Nº de

organizaciones beneficiadas

Nº de organizaciones

beneficiadas

Nº de organizaciones

beneficiadas Organizaciones de mujeres 4 6 10 20 39,22 Organizaciones mixtas 15 8 8 31 60,78 Total 19 14 18 51 100,00 Fuente: Elaboración propia a partir de perfiles de proyectos.

Cuadro Nº 6Beneficiarios de las iniciativas productivas según sexo

Participación / año

Año 2011 Año 2012 Año 2013 Total % Nº de personas

beneficiadas Nº de personas

beneficiadas Nº de personas

beneficiadas Hombres 268 136 75 479 40,77 Mujeres 253 167 276 696 59,23 Total 521 303 351 1175 100,00 Fuente: Elaboración propia a partir de perfiles de proyectos.

En cuanto al cuarto resultado, se logró constituir 4 Comités de Alianza Público Privadas, uno en cada municipio, integradas de manera igualitaria por representantes de los Gobiernos Muni-cipales y por representantes de las organizaciones de productores, cuyos roles se han centrado en guiar el proceso del proyecto relacionado con el Desarrollo Económico Local mediante acciones concretas como ser: sentar las bases de participación de las organizaciones económi-cas en el proyecto; participar de la calificación sobre la calidad técnica de las ideas de iniciati-vas productivas; constituirse en veedores durante la presentación de las propuestas de iniciati-vas productivas y la calificación participativa de éstas por parte de los mismos productores; remitir los resultados de los concursos a los alcaldes; y, vigilar la correcta ejecución de los proyectos haciendo respetar el cumplimiento de las ejecuciones presupuestarias y los crono-gramas de trabajo e inclusive formular propuestas de artículos relativos al Desarrollo Econó-mico Local en Cartas Orgánicas Municipales (caso del municipio de Tiquipaya). Si bien los comités o APP han sido funcionales al proyecto, es decir han nacido y culminado junto a este, a la conclusión del proyecto, la importancia de trabajar en forma articulada ha sido bien asimi-lada por las organizaciones de productores, quiénes para no perder el rol protagónico que han estado desempeñando en el DEL, han optado por constituirse en plataformas en cada uno de los municipios, siguiendo los respectivos pasos que le confieran su estatus legal y reconoci-miento social.

Finalmente, en el quinto resultado debe hacerse hincapié en que un grupo de 49 organizaciones de pequeños productores, de un total de 83 participantes en las APP, se han dotado ya sea de infraestructura productiva, herramientas y maquinaria de trabajo o de insumos de producción o una combinación de ellas, dependiendo del tipo de proyecto ejecutado, mediante las cuales

promovido el ejercicio de sus derechos económicos que permite reducir las asimetrías entre los hombres y mujeres y lograr una mayor equidad entre ambos géneros.

Por otra parte, la participación masiva de mujeres en el proyecto es otro elemento que debe destacarse dentro de este resultado, ya que al ampliarse sus oportunidades de acceso a los recursos financieros y administrarlos a través de pequeños proyectos productivos, se ha

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Evaluación y lecciones aprendidas en relación con las líneas estratégicas del proyecto

están mejorando sus condiciones de producción y de productividad que les permite atender la demanda local de productos. Adicionalmente, los pequeños productores han logrado de las municipalidades asistencia técnica que ha permitido dar solución a problemas puntuales, a partir de las cuales se ha establecido una normalización en las relaciones entre los Gobiernos Municipales y las organizaciones de productores para ese tipo de actividades.

Como corolario, este resultado y los otros señalados anteriormente, fruto del trabajo en alian-zas, han sido incorporados en el sitio Web de CIUDADANÍA para su difusión, lo que ha permi-tido visibilizar las acciones del proyecto y el desempeño de sus participantes en esta sociedad cada vez más global por la influencia de las tecnologías de información y comunicación.

Las líneas estratégicas describen las pautas de intervención del proyecto y se enmarcan en los objetivos del proyecto, los cuales a su vez integran una serie de conceptos. En ese sentido, a partir, tanto del objetivo general del proyecto “Los pactos municipales por el desarrollo local y la producción han incidido en el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias de pequeños productores en cuatro municipios del departamento de Cochabamba”, como del objetivo específico “Las asociaciones de productores en los municipios han sido fortalecidas, mediante su incorporación y participación en los acuerdos público-privados que promueven la actividad productiva en el municipio, comprometen recursos financieros para impulsarla y mejoran el ingreso de los productores”, se puede determinar que los principales conceptos inte-gradores son: Desarrollo Económico Local y Pactos Municipales o Acuerdos Público Privados para el Desarrollo.

Por lo tanto, de los objetivos descritos y los conceptos que están implícitos en ellos se entiende que las principales líneas estratégicas del proyecto son: impulso del Desarrollo Económico Local; generación de institucionalidad para el Desarrollo Económico Local a través del esta-blecimiento de acuerdos público-privados; y, generación de mejores oportunidades de ingresos y de condiciones de vida para los pequeños productores.

No se hará mayor referencia a los conceptos citados, puesto que ellos ya fueron ampliamente desarrollados al inicio de este documento, pero sí a las líneas estratégicas, por lo que para efec-tuar una valoración de las mismas se ha considerado necesario formular las siguientes interro-gantes:

_ ¿En qué medida las actividades que se han ejecutado en el proyecto han apoyado el DEL?_ ¿En qué medida ha habido interacción público-privada y qué restricciones se han presentado?_ ¿De qué manera se han beneficiado los pequeños productores con la ejecución del proyec-

to que permitirán mejorar sus oportunidades de ingresos y de condiciones de vida?

Estas son las valoraciones de las líneas estratégicas:

En cuanto al cuarto resultado, se logró constituir 4 Comités de Alianza Público Privadas, uno en cada municipio, integradas de manera igualitaria por representantes de los Gobiernos Muni-cipales y por representantes de las organizaciones de productores, cuyos roles se han centrado en guiar el proceso del proyecto relacionado con el Desarrollo Económico Local mediante acciones concretas como ser: sentar las bases de participación de las organizaciones económi-cas en el proyecto; participar de la calificación sobre la calidad técnica de las ideas de iniciati-vas productivas; constituirse en veedores durante la presentación de las propuestas de iniciati-vas productivas y la calificación participativa de éstas por parte de los mismos productores; remitir los resultados de los concursos a los alcaldes; y, vigilar la correcta ejecución de los proyectos haciendo respetar el cumplimiento de las ejecuciones presupuestarias y los crono-gramas de trabajo e inclusive formular propuestas de artículos relativos al Desarrollo Econó-mico Local en Cartas Orgánicas Municipales (caso del municipio de Tiquipaya). Si bien los comités o APP han sido funcionales al proyecto, es decir han nacido y culminado junto a este, a la conclusión del proyecto, la importancia de trabajar en forma articulada ha sido bien asimi-lada por las organizaciones de productores, quiénes para no perder el rol protagónico que han estado desempeñando en el DEL, han optado por constituirse en plataformas en cada uno de los municipios, siguiendo los respectivos pasos que le confieran su estatus legal y reconoci-miento social.

Finalmente, en el quinto resultado debe hacerse hincapié en que un grupo de 49 organizaciones de pequeños productores, de un total de 83 participantes en las APP, se han dotado ya sea de infraestructura productiva, herramientas y maquinaria de trabajo o de insumos de producción o una combinación de ellas, dependiendo del tipo de proyecto ejecutado, mediante las cuales

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Las líneas estratégicas describen las pautas de intervención del proyecto y se enmarcan en los objetivos del proyecto, los cuales a su vez integran una serie de conceptos. En ese sentido, a partir, tanto del objetivo general del proyecto “Los pactos municipales por el desarrollo local y la producción han incidido en el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias de pequeños productores en cuatro municipios del departamento de Cochabamba”, como del objetivo específico “Las asociaciones de productores en los municipios han sido fortalecidas, mediante su incorporación y participación en los acuerdos público-privados que promueven la actividad productiva en el municipio, comprometen recursos financieros para impulsarla y mejoran el ingreso de los productores”, se puede determinar que los principales conceptos inte-gradores son: Desarrollo Económico Local y Pactos Municipales o Acuerdos Público Privados para el Desarrollo.

Por lo tanto, de los objetivos descritos y los conceptos que están implícitos en ellos se entiende que las principales líneas estratégicas del proyecto son: impulso del Desarrollo Económico Local; generación de institucionalidad para el Desarrollo Económico Local a través del esta-blecimiento de acuerdos público-privados; y, generación de mejores oportunidades de ingresos y de condiciones de vida para los pequeños productores.

No se hará mayor referencia a los conceptos citados, puesto que ellos ya fueron ampliamente desarrollados al inicio de este documento, pero sí a las líneas estratégicas, por lo que para efec-tuar una valoración de las mismas se ha considerado necesario formular las siguientes interro-gantes:

_ ¿En qué medida las actividades que se han ejecutado en el proyecto han apoyado el DEL?_ ¿En qué medida ha habido interacción público-privada y qué restricciones se han presentado?_ ¿De qué manera se han beneficiado los pequeños productores con la ejecución del proyec-

to que permitirán mejorar sus oportunidades de ingresos y de condiciones de vida?

Estas son las valoraciones de las líneas estratégicas:

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a) Línea estratégica: Impulso del Desarrollo Económico Local

El proyecto y los modelos de APP implementados en los municipios de Tiquipaya, Arbieto, Cliza y San Benito han logrado movilizar recursos financieros por un monto de Bs. 2.071.451 (USD. 297.622,27) en la siguiente proporción: CIUDADANÍA con recursos proporcionados por SOS Faim 58,95%, Gobiernos Municipales 18,76% y organizaciones de productores 22,29%. Esta cantidad de recursos ha permitido financiar 51 iniciativas productivas de 49 organizaciones de pequeños productores, integradas en su mayoría por mujeres. Asimismo, se ha consolidado y/o generado 1.175 autoempleos, los cuales han sido identificados directamen-te a partir de las listas de los micro-proyectos de las organizaciones (59,23% mujeres y 40,77% varones) y cuya suma puede incrementarse en otras 4.700 personas, que constituyen los otros 4 miembros restantes de la familia.

A su vez, esta movilización de capital ha permitido inyectar recursos en la economía local y departamental por la compra de bienes y servicios requeridos en los micro-proyectos o iniciati-vas productivas, además está favoreciendo a otros sectores ligados con la cadena productiva como ser los transformadores, comercializadores y transportistas.

Entre otros aspectos sobresalientes que favorecen el DEL están: el incremento de la oferta local con productos tradicionales o nuevos productos, como es el caso de la quinua, vid y otros, y, la ampliación de la base productiva de los municipios que consolidan su vocación productiva agropecuaria inscrita en sus PDMs; la incorporación de pequeña tecnología moderna (maqui-naria, insumos de calidad, sistemas de apoyo a la producción y procedimientos tales como los manejos semi-intensivos de la producción), que permite mejorar los rendimientos en la producción.

Finalmente, como un elemento dinamizador de la economía, los Gobiernos Municipales han promovido la actividad productiva y la han proyectado regionalmente mediante la realización de festivales o ferias agropecuarias y de artesanías destacando su calidad y mejor precio.

Los aspectos negativos y/o dificultades que se han advertido están relacionados con la cantidad de recursos financieros utilizados, ya que las inversiones municipales y el aporte privado han sido insuficientes para atender las demandas de los productores en cada uno de los municipios, dada su numerosa cantidad. Asimismo, se advierte un débil encadenamiento productivo virtuo-so determinado principalmente por el corto plazo de ejecución del proyecto. Por último, los procedimientos municipales para el uso de los fondos de donación han hecho lenta la ejecución presupuestaria y han afectado el cronograma de inversiones y las actividades principalmente del sector agropecuario, que tiene bien marcado su calendario y se ha visto perjudicado al no utilizar oportunamente los insumos, maquinarias y herramientas de trabajo e infraestructura solicitados.

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Las líneas estratégicas describen las pautas de intervención del proyecto y se enmarcan en los objetivos del proyecto, los cuales a su vez integran una serie de conceptos. En ese sentido, a partir, tanto del objetivo general del proyecto “Los pactos municipales por el desarrollo local y la producción han incidido en el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias de pequeños productores en cuatro municipios del departamento de Cochabamba”, como del objetivo específico “Las asociaciones de productores en los municipios han sido fortalecidas, mediante su incorporación y participación en los acuerdos público-privados que promueven la actividad productiva en el municipio, comprometen recursos financieros para impulsarla y mejoran el ingreso de los productores”, se puede determinar que los principales conceptos inte-gradores son: Desarrollo Económico Local y Pactos Municipales o Acuerdos Público Privados para el Desarrollo.

Por lo tanto, de los objetivos descritos y los conceptos que están implícitos en ellos se entiende que las principales líneas estratégicas del proyecto son: impulso del Desarrollo Económico Local; generación de institucionalidad para el Desarrollo Económico Local a través del esta-blecimiento de acuerdos público-privados; y, generación de mejores oportunidades de ingresos y de condiciones de vida para los pequeños productores.

No se hará mayor referencia a los conceptos citados, puesto que ellos ya fueron ampliamente desarrollados al inicio de este documento, pero sí a las líneas estratégicas, por lo que para efec-tuar una valoración de las mismas se ha considerado necesario formular las siguientes interro-gantes:

_ ¿En qué medida las actividades que se han ejecutado en el proyecto han apoyado el DEL?_ ¿En qué medida ha habido interacción público-privada y qué restricciones se han presentado?_ ¿De qué manera se han beneficiado los pequeños productores con la ejecución del proyec-

to que permitirán mejorar sus oportunidades de ingresos y de condiciones de vida?

Estas son las valoraciones de las líneas estratégicas:

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b) Línea estratégica: Generación de institucionalidad para el DEL a través del establecimiento de acuerdos público-privados

Dentro de esta línea estratégica se han constituido 4 Plataformas Municipales o Comités de Cooperación Público Privados, sobre la base de una estructura legal como ser: Protocolos de Acuerdo, Convenios Marco con Gobiernos Municipales, Acuerdos de Participación con orga-nizaciones de productores y Convenios Específicos de financiamiento suscritos entre CIUDA-DANÍA, Gobiernos Municipales y organizaciones de productores, con el objeto de establecer una relación de colaboración mutua con la finalidad de aunar esfuerzos para contribuir al desa-rrollo económico de los municipios.

La interacción de los participantes de las APP ha permitido entre algunos: dotar de información a los Gobiernos Municipales de Tiquipaya, Arbieto, Cliza y San Benito sobre el tejido social y organizacional existentes en el municipio (cantidad y tipo de organizaciones de pequeños productores); incorporar las demandas de presupuesto de organizaciones de pequeños produc-tores en los POAs municipales durante las gestiones 2011 - 2013 – sujetos al cumplimiento de requisitos y previa a una evaluación participativa de las ideas de proyectos– y favorecer sus actividades productivas; incorporar propuestas de artículos en la Carta Orgánica Municipal de Tiquipaya (actualmente en revisión por el Tribunal Constitucional)8; y promocionar la pequeña producción local.

Sin embargo, se ha advertido dificultades en la apropiación del método de trabajo para la gene-ración de acuerdos estratégicos por la escasa participación de las autoridades municipales (alcaldes y concejales) en las APP, quienes más bien han delegado funciones y responsabilida-des dentro los directorios de los Comités de Alianza Público Privados a directores de unidades administrativas (desarrollo productivo, desarrollo humano y finanzas) y personal subalterno sin mucha capacidad de decisión técnica y política.

Un elemento determinante para un mejor funcionamiento de la alianza ha sido el techo presu-puestario ajustado del proyecto y la escasa apertura de los actores a otorgar un plus económico, que por una parte ha ocasionado el retiro de varias organizaciones de productores de las Plata-formas, ante la no calificación de sus ideas de iniciativas productivas para su financiamiento por parte de los Gobiernos Municipales y por otra, ha invisibilizado la labor de los Comités frente a la población por sus dificultades de difundir sostenidamente por los medios de comu-nicación masivos las tareas desempeñadas en favor del Desarrollo Económico Local.

8 La propuesta considera la constitución de un Consejo Municipal Económico Productivo; la asignación anual de recursos financieros para el apoyo a iniciativas productivas de organizaciones de pequeños productores, considerando en la elección de las propuestas la equidad de género y la producción orgánica; y, la promoción de la producción urbano rural por parte del Gobierno Municipal en los mercados locales, regionales y nacionales.

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Las líneas estratégicas describen las pautas de intervención del proyecto y se enmarcan en los objetivos del proyecto, los cuales a su vez integran una serie de conceptos. En ese sentido, a partir, tanto del objetivo general del proyecto “Los pactos municipales por el desarrollo local y la producción han incidido en el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias de pequeños productores en cuatro municipios del departamento de Cochabamba”, como del objetivo específico “Las asociaciones de productores en los municipios han sido fortalecidas, mediante su incorporación y participación en los acuerdos público-privados que promueven la actividad productiva en el municipio, comprometen recursos financieros para impulsarla y mejoran el ingreso de los productores”, se puede determinar que los principales conceptos inte-gradores son: Desarrollo Económico Local y Pactos Municipales o Acuerdos Público Privados para el Desarrollo.

Por lo tanto, de los objetivos descritos y los conceptos que están implícitos en ellos se entiende que las principales líneas estratégicas del proyecto son: impulso del Desarrollo Económico Local; generación de institucionalidad para el Desarrollo Económico Local a través del esta-blecimiento de acuerdos público-privados; y, generación de mejores oportunidades de ingresos y de condiciones de vida para los pequeños productores.

No se hará mayor referencia a los conceptos citados, puesto que ellos ya fueron ampliamente desarrollados al inicio de este documento, pero sí a las líneas estratégicas, por lo que para efec-tuar una valoración de las mismas se ha considerado necesario formular las siguientes interro-gantes:

_ ¿En qué medida las actividades que se han ejecutado en el proyecto han apoyado el DEL?_ ¿En qué medida ha habido interacción público-privada y qué restricciones se han presentado?_ ¿De qué manera se han beneficiado los pequeños productores con la ejecución del proyec-

to que permitirán mejorar sus oportunidades de ingresos y de condiciones de vida?

Estas son las valoraciones de las líneas estratégicas:

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Los principales logros dentro esta línea estratégica se resumen en los siguientes: un importante porcentaje de productores asociados, en especial aquellos que han desempeñado un rol activo dentro las APP, han mejorado su infraestructura productiva y disponen de capital colectivo de trabajo, insumos de calidad y pequeña maquinaria moderna de uso común que les permite mejorar su rendimiento en la producción y por consiguiente el aprovechamiento de una parte del producto para lograr su seguridad alimentaria y sus niveles de ingresos. Los productores tienen capacidades en la formulación y gestión de proyectos que les otorga posibilidades de financiamiento para ampliar su infraestructura productiva y el tamaño de la producción que les reporte mayores ingresos y bienestar; y existe un reconocimiento social de las organizaciones de productores determinados por su constitución legal (obtención de personería jurídica) y la calidad de sus productos que se traduce en una mayor demanda.

Algunos indicadores que corroboran estos logros de los pequeños productores asociados a partir de su participación en las APP se extraen de la línea de base elaborada con la información de una encuesta realizada a finales de 2013 y que fue aplicada al mismo segmento de producto-res a los cuales se les realizó una consulta similar en el año 2011.

Dicha información reporta por ejemplo que no existe ninguna variación en cuanto a la estructu-ra de composición familiar, manteniéndose el promedio en 5 integrantes por hogar. Entre tanto que el nuevo promedio de ingreso anual por cada familia alcanza la suma de Bs. 87.404,28 y es superior en Bs. 44.913,76 al ingreso promedio de las familias calculado para el año 2011. Mientras que el ingreso per cápita en el 2013 es Bs. 21.796,80 y excede en Bs. 11.051,45 al ingreso per cápita del 2011.

Asimismo, la fuente principal de ingresos continúa siendo la actividad agropecuaria aunque con 5,05 puntos porcentuales por debajo del calculado para el año 2011. Con todo, en términos absolutos la cifra obtenida en el año 2013 para una unidad familiar, supera en Bs. 16.214,10 al monto anual calculado en el 2011.

Entre los aspectos negativos y/o dificultades emergentes dentro esta línea estratégica se tiene: los canales de comercialización son poco adecuados por la falta de alianzas estratégicas con las organizaciones que agrupan a sociedades de pequeños productores como ser la Coordinadora de Integración de las Organizaciones Económicas Campesinas (CIOEC) y la Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB), por los estrictos requisitos de membrecía que exigen (número de socios, cuotas de inscripción, cuotas por permanencia); tampoco ha sido posible la formulación de un plan de negocios que encuentre mercados con mejores precios.

Algunas lecciones que se pueden extraer a partir del análisis y evaluación de las líneas estraté-gicas del proyecto son las siguientes:

c) Línea estratégica: Generación de mejores oportunidades de ingresos y de condiciones de vida para los pequeños productores

_ La inyección de recursos financieros por parte de los Gobiernos Municipales en apoyo a pequeños productores, que constituyen una mayoría dentro el territorio de su jurisdicción, está alentando una mayor productividad y la generación de empleo, el cual continuará evolucionando en la medida en que:

• Los productores trabajen de manera articulada al interior de sus asociaciones, apli-quen criterios técnicos en la producción y efectúen una reinversión de las utilidades.

• Los Gobierno Municipales, a partir de las nuevas leyes en vigencia, diseñen políticas en favor del sector productivo, contemplando la asignación de recursos para inver-siones.

_ Por la naturaleza de la alianza público-privada que corresponde al tipo alianza multisecto-rial para el desarrollo, el funcionamiento de los Comités de Alianza Público Privados o Plataformas de Cooperación Público Privados, están supeditadas a la vida útil del proyec-to, de manera que los roles de los actores de las APP culminan cuando ha finalizado el proyecto. Sin embargo, siempre es posible renovar la alianza y perfeccionarla.

_ El Plan Nacional de Desarrollo define como prioritario el desarrollo productivo territorial, empero en la fase de su diseño se careció de un marco regulatorio que puede ser subsana-do a partir de:

• La Ley de Revolución Productiva comunitaria agropecuaria, que favorece la transfe-rencia de recursos a las organizaciones económicas y determina la constitución de los consejos municipales económicos productivos, que promueve una alianza tácita entre los tomadores de decisiones estatales y las organizaciones de productores.

• La Ley de OECAS y de OECOM, que declara a la agricultura familiar de interés público y nacional, por ser la base de la soberanía alimentaria del pueblo boliviano, y a la cual ha apuntado a favorecer el proyecto ejecutado por CIUDADANÍA en alianza con SOS Faim y los Gobiernos Autónomos Municipales de Tiquipaya, Arbieto, Cliza y San Benito.

Page 40: Alianzas público-privadas para el desarrollo de iniciativas productivas de pequeños productores

Las líneas estratégicas describen las pautas de intervención del proyecto y se enmarcan en los objetivos del proyecto, los cuales a su vez integran una serie de conceptos. En ese sentido, a partir, tanto del objetivo general del proyecto “Los pactos municipales por el desarrollo local y la producción han incidido en el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias de pequeños productores en cuatro municipios del departamento de Cochabamba”, como del objetivo específico “Las asociaciones de productores en los municipios han sido fortalecidas, mediante su incorporación y participación en los acuerdos público-privados que promueven la actividad productiva en el municipio, comprometen recursos financieros para impulsarla y mejoran el ingreso de los productores”, se puede determinar que los principales conceptos inte-gradores son: Desarrollo Económico Local y Pactos Municipales o Acuerdos Público Privados para el Desarrollo.

Por lo tanto, de los objetivos descritos y los conceptos que están implícitos en ellos se entiende que las principales líneas estratégicas del proyecto son: impulso del Desarrollo Económico Local; generación de institucionalidad para el Desarrollo Económico Local a través del esta-blecimiento de acuerdos público-privados; y, generación de mejores oportunidades de ingresos y de condiciones de vida para los pequeños productores.

No se hará mayor referencia a los conceptos citados, puesto que ellos ya fueron ampliamente desarrollados al inicio de este documento, pero sí a las líneas estratégicas, por lo que para efec-tuar una valoración de las mismas se ha considerado necesario formular las siguientes interro-gantes:

_ ¿En qué medida las actividades que se han ejecutado en el proyecto han apoyado el DEL?_ ¿En qué medida ha habido interacción público-privada y qué restricciones se han presentado?_ ¿De qué manera se han beneficiado los pequeños productores con la ejecución del proyec-

to que permitirán mejorar sus oportunidades de ingresos y de condiciones de vida?

Estas son las valoraciones de las líneas estratégicas:

Los principales logros dentro esta línea estratégica se resumen en los siguientes: un importante porcentaje de productores asociados, en especial aquellos que han desempeñado un rol activo dentro las APP, han mejorado su infraestructura productiva y disponen de capital colectivo de trabajo, insumos de calidad y pequeña maquinaria moderna de uso común que les permite mejorar su rendimiento en la producción y por consiguiente el aprovechamiento de una parte del producto para lograr su seguridad alimentaria y sus niveles de ingresos. Los productores tienen capacidades en la formulación y gestión de proyectos que les otorga posibilidades de financiamiento para ampliar su infraestructura productiva y el tamaño de la producción que les reporte mayores ingresos y bienestar; y existe un reconocimiento social de las organizaciones de productores determinados por su constitución legal (obtención de personería jurídica) y la calidad de sus productos que se traduce en una mayor demanda.

Algunos indicadores que corroboran estos logros de los pequeños productores asociados a partir de su participación en las APP se extraen de la línea de base elaborada con la información de una encuesta realizada a finales de 2013 y que fue aplicada al mismo segmento de producto-res a los cuales se les realizó una consulta similar en el año 2011.

Dicha información reporta por ejemplo que no existe ninguna variación en cuanto a la estructu-ra de composición familiar, manteniéndose el promedio en 5 integrantes por hogar. Entre tanto que el nuevo promedio de ingreso anual por cada familia alcanza la suma de Bs. 87.404,28 y es superior en Bs. 44.913,76 al ingreso promedio de las familias calculado para el año 2011. Mientras que el ingreso per cápita en el 2013 es Bs. 21.796,80 y excede en Bs. 11.051,45 al ingreso per cápita del 2011.

Asimismo, la fuente principal de ingresos continúa siendo la actividad agropecuaria aunque con 5,05 puntos porcentuales por debajo del calculado para el año 2011. Con todo, en términos absolutos la cifra obtenida en el año 2013 para una unidad familiar, supera en Bs. 16.214,10 al monto anual calculado en el 2011.

Entre los aspectos negativos y/o dificultades emergentes dentro esta línea estratégica se tiene: los canales de comercialización son poco adecuados por la falta de alianzas estratégicas con las organizaciones que agrupan a sociedades de pequeños productores como ser la Coordinadora de Integración de las Organizaciones Económicas Campesinas (CIOEC) y la Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB), por los estrictos requisitos de membrecía que exigen (número de socios, cuotas de inscripción, cuotas por permanencia); tampoco ha sido posible la formulación de un plan de negocios que encuentre mercados con mejores precios.

Algunas lecciones que se pueden extraer a partir del análisis y evaluación de las líneas estraté-gicas del proyecto son las siguientes:

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_ La inyección de recursos financieros por parte de los Gobiernos Municipales en apoyo a pequeños productores, que constituyen una mayoría dentro el territorio de su jurisdicción, está alentando una mayor productividad y la generación de empleo, el cual continuará evolucionando en la medida en que:

• Los productores trabajen de manera articulada al interior de sus asociaciones, apli-quen criterios técnicos en la producción y efectúen una reinversión de las utilidades.

• Los Gobierno Municipales, a partir de las nuevas leyes en vigencia, diseñen políticas en favor del sector productivo, contemplando la asignación de recursos para inver-siones.

_ Por la naturaleza de la alianza público-privada que corresponde al tipo alianza multisecto-rial para el desarrollo, el funcionamiento de los Comités de Alianza Público Privados o Plataformas de Cooperación Público Privados, están supeditadas a la vida útil del proyec-to, de manera que los roles de los actores de las APP culminan cuando ha finalizado el proyecto. Sin embargo, siempre es posible renovar la alianza y perfeccionarla.

_ El Plan Nacional de Desarrollo define como prioritario el desarrollo productivo territorial, empero en la fase de su diseño se careció de un marco regulatorio que puede ser subsana-do a partir de:

• La Ley de Revolución Productiva comunitaria agropecuaria, que favorece la transfe-rencia de recursos a las organizaciones económicas y determina la constitución de los consejos municipales económicos productivos, que promueve una alianza tácita entre los tomadores de decisiones estatales y las organizaciones de productores.

• La Ley de OECAS y de OECOM, que declara a la agricultura familiar de interés público y nacional, por ser la base de la soberanía alimentaria del pueblo boliviano, y a la cual ha apuntado a favorecer el proyecto ejecutado por CIUDADANÍA en alianza con SOS Faim y los Gobiernos Autónomos Municipales de Tiquipaya, Arbieto, Cliza y San Benito.

Page 41: Alianzas público-privadas para el desarrollo de iniciativas productivas de pequeños productores

Las líneas estratégicas describen las pautas de intervención del proyecto y se enmarcan en los objetivos del proyecto, los cuales a su vez integran una serie de conceptos. En ese sentido, a partir, tanto del objetivo general del proyecto “Los pactos municipales por el desarrollo local y la producción han incidido en el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias de pequeños productores en cuatro municipios del departamento de Cochabamba”, como del objetivo específico “Las asociaciones de productores en los municipios han sido fortalecidas, mediante su incorporación y participación en los acuerdos público-privados que promueven la actividad productiva en el municipio, comprometen recursos financieros para impulsarla y mejoran el ingreso de los productores”, se puede determinar que los principales conceptos inte-gradores son: Desarrollo Económico Local y Pactos Municipales o Acuerdos Público Privados para el Desarrollo.

Por lo tanto, de los objetivos descritos y los conceptos que están implícitos en ellos se entiende que las principales líneas estratégicas del proyecto son: impulso del Desarrollo Económico Local; generación de institucionalidad para el Desarrollo Económico Local a través del esta-blecimiento de acuerdos público-privados; y, generación de mejores oportunidades de ingresos y de condiciones de vida para los pequeños productores.

No se hará mayor referencia a los conceptos citados, puesto que ellos ya fueron ampliamente desarrollados al inicio de este documento, pero sí a las líneas estratégicas, por lo que para efec-tuar una valoración de las mismas se ha considerado necesario formular las siguientes interro-gantes:

_ ¿En qué medida las actividades que se han ejecutado en el proyecto han apoyado el DEL?_ ¿En qué medida ha habido interacción público-privada y qué restricciones se han presentado?_ ¿De qué manera se han beneficiado los pequeños productores con la ejecución del proyec-

to que permitirán mejorar sus oportunidades de ingresos y de condiciones de vida?

Estas son las valoraciones de las líneas estratégicas:

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BIBLIOGRAFÍA

Albulquerque, Francisco. “Desarrollo económico local y descentralización en América Latina”. Revista de la CEPAL 82, pp. 157 / 171. 2004.

Ballón, Eduardo, Jorge Rodríguez, y Molvina Zeballos. Fortalecimiento de Capacidades para el DRT: Innovaciones Institucionales en Gobernanza Territorial. Documento de Trabajo Nº 53. Programa Dinámicas Territoriales Rurales. Santiago de Chile: RIMISP, 2009.

Devlin, Robert, y Graciela Moguillansky. Alianza público-privadas para una nueva visión estratégica del desarrollo. Santiago de Chile: CEPAL, 2009.

Fundación Tierra. Territorios Indígena Originario Campesinos en Bolivia, entre la Loma Santa y la Pachamama. La Paz: Fundación Tierra, 2011

González, Álvaro. “La cooperación público-privada a nivel municipal y el Desarrollo Econó-mico Local. Un estudio comparado de España y Uruguay”. Uruguay, 2006.

>http://www.dhl.hegoa.ehu.es/ficheros/0000/0182/Coopera-cion_publico-privada_a_nivel_municipal_y_desarroollo_econ_municipal.pdf<, 24 de febrero de 2014.

Hernández, Mateu. “La cooperación público-privada como elemento estratégico para el desarrollo local”. Bogotá, 2008. >http://pac.caf.com/upload/pdfs/15_%20Mateu%20Her-nandez%20-%20taller%201.pdf<, 24 de febrero de 2014.

Medina, Javier. El Estado nación boliviano es un gran simulacro mantenido artificialmente en vida por la cooperación internacional en: Diego, Ayo. Voces críticas de la descentra-lización: Una década de Participación Popular. Colección FES-ILDIS: Descentralización y Participación Nº 7. La Paz: FES-ILDIS/Plural Editores, 2004.

PADER-COSUDE. Municipio productivo y promoción económica: lecciones aprendidas en su aplicación. La Paz: Plural Editores, 2004.

Pliscoff, Cristián, y Juan Pablo Araya. “Las alianzas público-privadas como gatilladoras de innovación en las organizaciones públicas: Reflexiones a partir de la situación chilena”. Revista Estado, Gobierno y Gestión Pública, 0(19), pp. 173 / 198. Santiago, 2012.

Rojas, Luis M. Manual para la gestión Municipal del Desarrollo Económico Local. Lima: OIT/Oficina Sub Regional para los Países Andinos, Proyecto Press, 2006.

Page 42: Alianzas público-privadas para el desarrollo de iniciativas productivas de pequeños productores

Las líneas estratégicas describen las pautas de intervención del proyecto y se enmarcan en los objetivos del proyecto, los cuales a su vez integran una serie de conceptos. En ese sentido, a partir, tanto del objetivo general del proyecto “Los pactos municipales por el desarrollo local y la producción han incidido en el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias de pequeños productores en cuatro municipios del departamento de Cochabamba”, como del objetivo específico “Las asociaciones de productores en los municipios han sido fortalecidas, mediante su incorporación y participación en los acuerdos público-privados que promueven la actividad productiva en el municipio, comprometen recursos financieros para impulsarla y mejoran el ingreso de los productores”, se puede determinar que los principales conceptos inte-gradores son: Desarrollo Económico Local y Pactos Municipales o Acuerdos Público Privados para el Desarrollo.

Por lo tanto, de los objetivos descritos y los conceptos que están implícitos en ellos se entiende que las principales líneas estratégicas del proyecto son: impulso del Desarrollo Económico Local; generación de institucionalidad para el Desarrollo Económico Local a través del esta-blecimiento de acuerdos público-privados; y, generación de mejores oportunidades de ingresos y de condiciones de vida para los pequeños productores.

No se hará mayor referencia a los conceptos citados, puesto que ellos ya fueron ampliamente desarrollados al inicio de este documento, pero sí a las líneas estratégicas, por lo que para efec-tuar una valoración de las mismas se ha considerado necesario formular las siguientes interro-gantes:

_ ¿En qué medida las actividades que se han ejecutado en el proyecto han apoyado el DEL?_ ¿En qué medida ha habido interacción público-privada y qué restricciones se han presentado?_ ¿De qué manera se han beneficiado los pequeños productores con la ejecución del proyec-

to que permitirán mejorar sus oportunidades de ingresos y de condiciones de vida?

Estas son las valoraciones de las líneas estratégicas:

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Page 43: Alianzas público-privadas para el desarrollo de iniciativas productivas de pequeños productores

Las líneas estratégicas describen las pautas de intervención del proyecto y se enmarcan en los objetivos del proyecto, los cuales a su vez integran una serie de conceptos. En ese sentido, a partir, tanto del objetivo general del proyecto “Los pactos municipales por el desarrollo local y la producción han incidido en el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias de pequeños productores en cuatro municipios del departamento de Cochabamba”, como del objetivo específico “Las asociaciones de productores en los municipios han sido fortalecidas, mediante su incorporación y participación en los acuerdos público-privados que promueven la actividad productiva en el municipio, comprometen recursos financieros para impulsarla y mejoran el ingreso de los productores”, se puede determinar que los principales conceptos inte-gradores son: Desarrollo Económico Local y Pactos Municipales o Acuerdos Público Privados para el Desarrollo.

Por lo tanto, de los objetivos descritos y los conceptos que están implícitos en ellos se entiende que las principales líneas estratégicas del proyecto son: impulso del Desarrollo Económico Local; generación de institucionalidad para el Desarrollo Económico Local a través del esta-blecimiento de acuerdos público-privados; y, generación de mejores oportunidades de ingresos y de condiciones de vida para los pequeños productores.

No se hará mayor referencia a los conceptos citados, puesto que ellos ya fueron ampliamente desarrollados al inicio de este documento, pero sí a las líneas estratégicas, por lo que para efec-tuar una valoración de las mismas se ha considerado necesario formular las siguientes interro-gantes:

_ ¿En qué medida las actividades que se han ejecutado en el proyecto han apoyado el DEL?_ ¿En qué medida ha habido interacción público-privada y qué restricciones se han presentado?_ ¿De qué manera se han beneficiado los pequeños productores con la ejecución del proyec-

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Estas son las valoraciones de las líneas estratégicas:

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20

12

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12

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20

13

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Page 44: Alianzas público-privadas para el desarrollo de iniciativas productivas de pequeños productores

43

Cua

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Nº 3

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12

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12

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2013

La

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Page 45: Alianzas público-privadas para el desarrollo de iniciativas productivas de pequeños productores

44

Cua

dro

Nº 4

Inic

iativ

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20

13

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Page 46: Alianzas público-privadas para el desarrollo de iniciativas productivas de pequeños productores