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Universidad de Colima FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
ENTRE LA DESAMORTIZACIÓN Y EL REPARTO AGRARIO:
UNA HISTORIA RURAL EN LAS LADERAS DEL VOLCÁN (1870 – 1920)
T E S I S
QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE
MAESTRA EN HISTORIA REGIONAL
PRESENTA
MARTHA LORENZA LÓPEZ MESTAS CAMBEROS
ASESOR
DR. SERGIO MANUEL VALERIO ULLOA
COLIMA, COL., MAYO DE 2006
AGRADECIMIENTOS
A pesar de ser mi entera y exclusiva responsabilidad el contenido y alcance de
este trabajo, su concreción fue posible gracias al apoyo y colaboración de varias
instituciones y la generosidad de diversas personas. La tarea de localización y el
tratamiento de fuentes, así como la orientación sobre diversos avatares y temas
conectados con mi problema de investigación se hubiera convertido en un verdadero
vía crucis sin su colaboración, por ello, lo menos que puedo hacer es ponderar su
papel y externarles en esta ocasión y por este medio mi gratitud y mi más sincero
reconocimiento.
En tierras colimenses, uno de los primeros y más importantes apoyos me los
proporcionó el más sólido baluarte del Archivo Histórico del Estado de Colima: don
Jorge Pineda. A lo largo de las innumerables jornadas de trabajo en los valiosos
acervos documentales que celosamente resguarda, siempre encontré el trato
amable, su generosidad y disposición plena para contribuir en todo cuanto estuviera
a su alcance y en el límite de sus facultades, para auxiliarme en la ardua labor de
rastreo de datos, pistas y respuestas que iban surgiendo y complicándose, a la vez
que ahondaba en la problemática que da cuerpo a este trabajo. El señor Pineda y
sus escasos colaboradores son fieles representantes de la sencillez, calidez y
amabilidad de los moradores de la ciudad de las palmeras, por todo ello, ¡Muchas
Gracias!
Otro apoyo no menos importante lo encontré al traspasar el umbral del Archivo
Histórico del Municipio de Colima. La proclividad por la historia del Dr. José Miguel
Romero de Solís, no se limita a su amplia producción de obras donde el pasado
colimense es recreado desde diversos tópicos y temporalidades, sino que también se
expresa como conductor de este reconocido acervo documental. Su trato, siempre
amable, fue compartido por el personal que lo acompaña en la labor de resguardo de
la memoria colimense, para prodigarme todas las facilidades a fin de que me
sumergiera en el mar documental que tan eficientemente conservan y facilitan,
motivo que impele a que diversos investigadores académicos o aficionados
reconstruyan el pasado de la entidad. Patentizar mi respeto y gratitud es lo menos
que puedo hacer para abonar la inmensa deuda que contraje con todos ellos,
especialmente de Miguel Ángel, Rosita y Manuel.
Por otros rumbos de la capital colimense también se localizan centros de
resguardo documental que son claves para desentrañar los tiempos pretéritos que
vivieron los habitantes de estas tierras. Al lado de una hilera de frondosas parotas se
localiza el Archivo del Poder Legislativo del H. Congreso del Estado de Colima.
Llegar a este lugar es sumamente placentero al gozar de la espesa sombra y la
belleza de los imponentes árboles circundantes, pero más placentero me resultó el
trato recibido por la titular de ese Archivo, la licenciada Concepción Caraballo, así
como por Agustín Márquez Gileta; ambos no titubearon en prodigarme todas las
atenciones posibles para que extrajera importantes datos que me permitieron
reconstruir trozos de esta historia que hoy presento. Estoy segura, que la presencia
de ambos debe extrañarse en el pequeño espacio que alberga a este archivo
legislativo.
En esta misma ciudad conté con el apoyo del Lic. Rafael Lafarga, Delegado
del Registro Agrario Nacional de Colima. Su fino trato y amable colaboración me
permitieron inspeccionar los expedientes de dotación ejidal de los dos centros
poblacionales que se convirtieron en los sujetos históricos que guiaron mi viaje por el
pasado colímense. Durante el tiempo que utilicé sus expedientes pude constatar su
espíritu de servicio, el cual reconozco y agradezco públicamente. Un trato similar lo
encontré al dirigirme al Archivo del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de
Colima; la licenciada Susana Ramírez Galván, directora de la dependencia que
conserva este archivo, manifestó disposición plena para que consultara dicho acervo,
incluso, instruyó que su personal de archivo no deparara en nada para facilitar mi
labor. Para ella y el personal que labora en esta oficina pública, mi agradecimiento.
Cabe aclarar que las atenciones que recibí a lo largo del tiempo que duró esta
investigación también provinieron de otros centros documentales localizados más
allá de la frontera colimense. Fui atendida por el personal de la Biblioteca Pública del
Estado de Jalisco, Archivo Histórico de Jalisco, Archivo General de la Nación, Centro
de Estudios de Historia de México (Condumex), Archivo Histórico del Agua, Archivo
Histórico de la Casa de Morelos, Archivo Histórico Municipal de Morelia, la Biblioteca
Miguel Lerdo de Tejada de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la
Biblioteca Francisco Xavier Clavijero de la Universidad Iberoamericana. Su trabajo
facilitó significativamente el esfuerzo para que esta investigación pudiera salir a la
luz. Mención importante merece don José Ramírez, quien siempre ha tenido abiertas
las puertas del Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología en el
INAH.
Como mención especial, debo agradecer a Gabriela Ulloa Sotelo, no solo por
su amistad y apoyo a lo largo de tantos años, sino por su valiosísima ayuda en el
Archivo Casasola de la Fototeca Nacional del INAH. La recuperación de importantes
documentos gráficos se debe a su particular interés en mi trabajo. Así mismo, los
dibujos facsimilares de algunos planos aquí utilizados son de su autoría.
Por parte de la Maestría en Historia Regional de la Universidad de Colima,
recibí el importante apoyo de su coordinador, el Dr. Pablo Serrano Álvarez, al igual
que de los catedráticos de dicho programa, las doctoras María Eugenia Romero,
Josefina MacGregor e Hilda Iparraguirre, así como de los maestros Ramón León
Morales, Julia Preciado y Mirtea Acuña, quienes a lo largo del programa me
dedicaron parte de su tiempo e impulsaron mi interés en la temática abordada en el
presente trabajo.
Desde otra arista del quehacer investigativo, recibí apoyos académicos que no
puedo soslayar. En una etapa de este trabajo, la Dra. Briggite Boehm atendió
generosamente mi petición para que se desempeñara como mi asesora de tesis,
labor que desempeñó con paciencia y responsabilidad académica. Sus aportes son
inobjetables, de ahí que las carencias y errores que presente este trabajo son de mi
entera responsabilidad. En momentos de desánimo, sus palabras fueron un aliento
para continuar con renovadas fuerzas mis tareas cotidianas y enfrentar los avatares
que implica hacer investigación social en el occidente del país. Desafortunadamente,
la Dra. Bohem partió intempestivamente, dejando no sólo el mundo terrenal sino un
vacío para muchos colegas y alumnos que nos nutríamos de sus consejos y
sapiencia. Por su partida, me conduelo y nunca dejaré de lamentarlo; por sus aportes
y su apoyo, lo menos que puedo es manifestarle mi más sincera gratitud. Brixi, tu
ausencia solo es física.
Tras lamentable deceso, habría que reemprender el trabajo y marchar en pos
de la meta trazada. Así, esta investigación transitó su segunda y definitiva etapa
gracias a la generosidad del Dr. Sergio Valerio Ulloa, profesor e investigador de la
Universidad de Guadalajara, quien desinteresadamente aceptó fungir como director
de esta tesis, orientándola hasta su fase final. Sin su amabilidad al compartir su
tiempo y su gran experiencia en estos menesteres, esta investigación no hubiera
salido adelante. No obstante, debo apuntar reiteradamente que las carencias y
errores son de mi autoría.
Esta investigación también se enriqueció con los comentarios realizados por
los lectores del trabajo, la Dra. Alejandra Pita González, Coordinadora de la Maestría
en Historia de la Universidad de Colima, el Dr. José Antonio Serrano, investigador del
Colegio de Michoacán, y, nuevamente, del Dr. José Miguel Romero de Solís, Director
del Archivo Histórico del Municipio de Colima; a quienes agradezco el tiempo que
amablemente dedicaron a su lectura y revisión.
No debo omitir a la institución académica que ha posibilitado mi desempeño a
lo largo de estos años, ya que, como investigador titular del área de arqueología,
siempre he tenido una segunda casa en el Instituto Nacional de Antropología e
Historia, institución con la que siempre estaré en deuda.
No puedo dejar de lado la sincera amistad y apoyo que a lo largo de todos
estos años me ha brindado el Dr. Phil C. Weigand y su esposa la Mtra. Acelia García
de Weigand, así como la Arqlga. Marisol Montejano, quienes siempre han creído
ciegamente en mi trabajo. Sin su ejemplo y estímulos, probablemente no seguiría en
estos menesteres.
El trabajo cotidiano que implican mis proyectos de investigación, se ha llegado
a concretar gracias a la paciencia y fortaleza que diariamente me regalan Tania y
Samuel. De igual manera, mis padres y hermano me han respaldado sin siquiera
preguntar en que nueva aventura me he comprometido.
En fin, para todas y cada una de las instituciones y personas que
contribuyeron para que esta investigación pudiera concretarse, mi gratitud y
reconocimiento. Este trabajo es también un pequeño tributo a la labor realizada por
todos ellos. Su esfuerzo y trabajo fue un importante puntal para que se estructurara
esta modesta obra que pongo a consideración del lector y de la comunidad
académica, en particular.
ÍNDICE DE CUADROS
1.- Tributarios de la población de la zona de
Comala durante el siglo XVI…………………………………………………………..65
2.- Padrón de indígenas tributarios en Colima (1816)………………………………….78
3.- Tributarios de los Pueblos de la Jurisdicción de
Colima, 1810 – 1819……………………………………………………………………79
4.- Montos por arrendamientos del pueblo de
Comala (1811-1815)……………………………………………………………………85
5.- Padrón de indígenas colimenses (1816)……………………………………………..99
6.- Ocupación de los indígenas varones de
Suchitlán en 1849……………………………………………………………………...100
7.- Producción agrícola de Colima (1905)………………………………………………167
8.- Producción agrícola de Colima (1906)………………………………………………168 9.- Solicitantes de adjudicación de solares en Suchitlán(1899)………..……….……190
ÍINDICE DE FIGURAS
1.- Obispado de Michoacán en 1649, del cual dependió la región
colimense en términos religiosos……………………………………………….........33 2.- Intendencia de Valladolid hacia 1786, en la cual estaba incluida la región colimense……………………………………………….……….….34 3.- Jurisdicción político-administrativa de Colima en 1865….……………………...…35 4.- Plano del estado de Colima……………………………………………….…………..36 5.- Mapa del territorio colimense y sus principales afluentes……………………...….40 6.- Región colimense a inicios del siglo XVI…………………………………………….61 7.- Tierras conocidas como el Bajío, usufructuadas por el pueblo de Comala…………………………………………………………………...…83 8.- Indígena de la zona norte de Comala, usando
pantalón a la usanza occidental…………………………………..………………...124
9.- Hacienda de San Antonio a principios del siglo XX……………………………....174 10.- Puentes colgantes para atravesar las profundas barrancas de la zona norte de Colima……………………………….…………….175 11.- Cuarto de máquinas de la hacienda de San Antonio……………….……………176 12.- Plano de los principales afluentes de agua de la región norte de Colima………………………………………………………………195 13.- Canal de riego que pasaba sobre la cortina de la presa de “La Cidra”…………………………………………………………….…..198 14.- Plano del venero de Luis Apolinar, aprovechado por la
hacienda de San Antonio……………………………………………………………199
15.- Vista de la plaza de Zacualpan a principios de siglo………………………….….213 16.- La unidad doméstica incluía la habitación para la familia nuclear,
así como la huerta a su alrededor………………………………………………….215
17.- Coamil tradicional que combinaba la siembra de maíz, alimento básico en la dieta, con el cultivo del plátano……………………….……215 18.- Hombres y mujeres suchitlecos…………………………………………………….216
19.- Mujeres indígenas de Suchitlán………………………………………………….…217 20.- Puesto de vigilancia en la zona boscosa ocupada por la Colima Lumbre Company……………………...……………………………….…...219 21.- Propuesta de división del fundo legal de Cofradía de Suchitlán…………….….228
22.- Plano de las tierras de ejidos otorgadas a las poblaciones
de Suchitlán y Cofradía de Suchitlán………………………………………………282
23.- Patio principal de la hacienda de San Antonio, con
la zona habitacional de los peones acasillados al frente……………………..….294
24.- Plano de los terrenos del pueblo de Suchitlán………………………………..…..306
25.- Tierras de las haciendas de Nogueras y San Antonio que circunscribían
a las poblaciones de Cofradía de Suchitlán y Suchitlán……………………...….309
26.- Plano que muestra las pequeñas, medianas y grandes
propiedades que rodeaban a la población de Suchitlán…………………...…….310
ÍNDICE GENERAL
RESUMEN……………………………………………………………………………….12
INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………..14
I.- COLIMA: ESPACIO NATURAL,
POBLACIÓN INDÍGENA Y PRESENCIA ESPAÑOLA……………………...…..31
1.- EL ESCENARIO REGIONAL……………...……………………...…………….31
2.- LOS PRIMEROS ASENTAMIENTOS…...……………………………………..48
3.- COLIMA Y LA PRESENCIA ESPAÑOLA…………...…………………………62 II.- LOS INDIGENAS DE COMALA DURANTE LOS
AÑOS COLONIALES: ENTRE ESPAÑOLES Y MESTIZOS…………...………73
1.- LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE
COLIMA Y LOS ESPAÑOLES………………………………………………....73
2.- COMUNIDADES INDÍGENAS DE COMALA EN LA
VIDA COLONIAL COLIMENSE…………………….………………………….80
III.- PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DE COMALA
A LO LARGO DEL SIGLO XIX…………………………………………………….97
1.- TIERRAS INDÍGENAS: ENTRE POSESIONES
ANCESTRALES Y ASECHANZAS EXTERNAS……………………………...98
2.- LOS EFECTOS DE LA LEY LERDO Y MEDIDAS
POSTERIORES EN TIERRAS INDÍGENAS…………………………………102
3.- UN FENÓMENO EXTENSIVO Y RECURRENTE……….……………….....130
IV.- HACIENDAS, HACENDADOS Y LOS
INTERESES DE LOS INDÍGENAS DE COMALA…………………………….159
1.- LA ECONOMÍA DE LAS HACIENDAS,
UNA ECONOMÍA DE MERCADO.………………………………………..….159
2.- LA PRESENCIA DE LOS HACENDADOS
EN EL ÁREA DE COMALA…………………………………...……………....172
2.1.- DESAVENIENCIAS POR LA TIERRA: SUCHITLÁN Y LAS
HACIENDAS VECINAS………………………….…………………………..183
3.- EL USO DEL AGUA: UNA DISPUTA ENTRE
HACENDADOS E INDÍGENAS……………………………………………….194
V.- LOS INDÍGENAS DE COMALA ENTRE EL PORFIRIATO
Y LOS ALBORES REVOLUCIONARIOS: UNA SOCIEDAD
EN PROCESO DE DESINTEGRACIÓN……………………………………..….212
1.- POBLACIÓN Y VIDA ECONÓMICA………………………...………………..212
2.- OTROS RASGOS DE LA VIDA EN COMALA:
DESPOJO, EDUCACIÓN Y JUSTIFICACIÓN POSITIVISTA…………...…230
3.- IDENTIDAD INDÍGENA Y CONFLICTOS INTERNOS…………….....…….245
VI.- PRESENCIA REVOLUCIONARIA, AGRARISMO
Y COMUNIDADES INDÍGENAS…………………..……………………….……253
1.- LOS INDÍGENAS EN EL PREÁMBULO
DE LA REVOLUCIÓN………………………..……………………………….253
2.- EL VENDAVAL REVOLUCIONARIO, LA NUEVA POLÍTICA
ESTATAL Y LA VIDA DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS…………..257
3.- EL NUEVO GOBIERNO EN ACCIÓN………...……………………………268
4.- GOBIERNO CONSTITUCIONALISTA: AGRARISMO Y
POLÍTICAS EN EL CAMPO COLIMENSE………………………………….273
4.1.- EL REPARTO AGRARIO.…………………………...…………………….275
4.2.- POLÍTICA LABORAL Y GESTIÓN GREMIAL
EN EL AGRO COLIMENSE………………….……………………………..288
VII.- SUCHITLÁN Y COFRADÍA DE SUCHITLÁN
EN PLENOS AÑOS REVOLUCIONARIOS…………………...………...….....298
1.- ENTRE LA VIOLENCIA Y EL CONFLICTO REVOLUCIONARIO……...298
2.- EL CONFLICTO AGRARIO EN SUCHITLÁN………………………….....303
3.- COFRADÍA DE SUCHITLÁN SE SUMA AL AGRARISMO..……………313
4.- LA GESTIÓN AGRARIA SIGUE,
LOS APOYOS DEL GOBIERNO ESTATAL DESAPARECEN….……….325
5.- LOS CONFLICTOS POR EL AGUA……………………………………….362
5.1.- LA DISPUTA ENTRE LA HACIENDA
DE NOGUERAS Y SUCHITLÁN…………………………………………362
5.2.- LOS DISENSOS POR EL AGUA ENTRE LA HACIENDA
DE SAN ANTONIO Y LOS INDÍGENAS………………………………...377
CONCLUSIONES……………………………………………………………………...383
FUENTES………………………...…………………………………………………….398
BIBLIOGRAFÍA……..…………………...……………………………………………..400
12
RESUMEN
Los indígenas del norte de Colima, fincaron su existencia estrechamente
ligada a la tenencia comunal de la tierra. Sin embargo, a partir de la segunda mitad
del siglo XIX, se instrumentó un nuevo ordenamiento federal, mediante el cual
desaparecieron las propiedades de la corporaciones eclesiásticas y civiles, lo que
ocasionó que las comunidades indígenas efectuaran el fraccionamiento de su
propiedad; dicho proceso se extendió por los valles y tierras altas de la entidad. De
las comunidades ubicadas en el norte de la entidad, Comala fue la primera en vender
sus terrenos, las otras poblaciones siguieron explotándolos comunalmente. A partir
de la penúltima década de ese siglo comenzó un acelerado proceso de
recomposición de la propiedad; las tierras de Suchitlán y Cofradía de Suchitlán
pasaron a propiedad de las haciendas de San Antonio y Nogueras. Ligado a la
pérdida de las tierras, estos grupos indígenas tuvieron dificultades por el uso del
agua con estos hacendados. En ambos casos, los indígenas fueron poco favorecidos
por las autoridades nacionales y estatales. Esta situación normaba la vida indígena al
iniciarse la Revolución Mexicana, la cual durante sus primeros años, dejó huellas
muy tenues en la vida de dichas poblaciones, siendo una coyuntura propicia para
emprender prudentes gestiones demandando tierras y aguas, así como su derecho
de elegir a sus propias autoridades. Sin embargo, a partir de 1914, tras el arribo del
constitucionalismo al poder del estado de Colima, y al amparo de la ley del 6 d enero
de 1915, se instrumentaron apoyos para que los pueblos demandaran la entrega de
tierras. Bajo este amparo, Suchitlán y Cofradía emprendieron gestiones para la
restitución de sus antiguas posesiones, lo anterior los llevó a confrontarse con los
hacendados colindantes. El proceso de reivindicación agraria fue dinámico y rindió
frutos parciales –entrega provisional de las tierras demandadas- durante los años los
constitucionalistas, pero a partir de fines de la segunda década del siglo XX, las
nuevas autoridades estatales desaceleraron la gestión indígena, no obstante
Suchitlán y Cofradía recurrieron a las autoridades nacionales hasta lograr el
otorgamiento de tierras ejidales.
13
ABSTRACT
The natives settled in north of Colima had their existence closely tied to the
land which was communally exploited. However, from the second half of the XIX
century, was instrumented a new federal set of Laws through which disappeared the
proprieties of civil and ecclesiastical corporations, that cause communities carry out
the breaking up of their communal propriety; said process was extended in the entity
to the valleys and high lands. From the communities located on the north part of the
entity, Comala was the first to sell its lands; the other indigenous towns continued the
exploitation themselves. From the last penultimate decade of that century started an
accelerated process of recomposition of property transferring that plowing land to big
landowners. In this manner the lands of Suchitlán and Cofradía were transfer to San
Antonio and Nogueras farms. Bounded to the loss of lands, these indigenous groups
had difficulties for water use with the same landlords. In both cases, the indigenous
were little favored by the national and state authorities. This situation ruled the
indigenous lives at the beginning of the Mexican Revolution, which during its first
years, left insignificant prints in these communities, since it was a propitious
momentum to undertake prudent arrangements that claimed for water and land, and
the right to choose their own authorities. However, from 1914, when
Constitucionalism arrived to the power in Colima’s state, and under the protection of
the January 6, 1915 Law; were implemented supports so towns claim handing over
theirs lands. Under that law, Cofradía and Suchitlán undertake arrangements for the
restitution of their old possessions that lead them to confront with the neighbor
landlords. This process of relievable agrarian was dynamic and produces partial
fruits-provisional delivery of claimed lands- during the constitutionalists’ years, but
from the last second decade of the XX century, the new state authorities decelerated
the indigenous question, notwithstanding Suchitlán and Cofradía appeal to the
national authorities until they obtained common lands.
14
INTRODUCCIÓN
Este trabajo tiene como pretensión fundamental analizar un actor colectivo
insuficientemente abordado por la historiografía colimense: los indígenas. Sus
coordenadas temporales están fijadas en la segunda mitad del siglo XIX y se
propagan hasta el inicio de la tercera década del siglo XX; durante este lapso los
indígenas ocuparon roles diferenciados dentro de la sociedad mexicana. La
delimitación temporal obedece a que, dichos años, fueron el inicio y término de dos
procesos donde el indígena tuvo valoraciones contrapuestas, cuyo punto de
desencuentro estuvo delimitado por la Revolución Mexicana, en tanto momento de
inflexión entre caracterizaciones sobre el papel del indio en la vida nacional.
El primer proceso inicia desde mediados del siglo XIX, a partir de la política de
desamortización de bienes surgida durante la reforma liberal juarista, la cual presentó
dos rostros: al tiempo que el indígena entra en la órbita liberal y se le conceptualiza
como ciudadano o individuo en sus nexos con la propiedad, se mantienen
características tradicionales, ya que pueblos y comunidades continuaron
conservando su personalidad jurídica, predominando rasgos de autonomía y
corporativismo.1
Para la octava década del siglo XIX, esta orientación se expresó en la política
de repartimiento que se instrumentó a nivel nacional, cuyo impacto varió de unas
regiones del país a otras, en función de la estructura de la propiedad, las formas de
explotación y tenencia de la tierra, así como de la calidad de los terrenos
involucrados. En el caso de Colima, provocó que gran parte de la tierra de las
Los años porfiristas con su modernidad y liberalismo vertebraron
una política ya esbozada desde años atrás, la cual implicaba la desintegración de la
propiedad comunal sobre la tierra para dar paso a la propiedad individual.
1 Sobre el particular véase: Antonio Annino, “Pueblos, liberalismo y nación en México”, Inventando la nación. Iberoamérica. Siglo XIX, Antonio Annino y François-Xavier Guerra (Coords.), México, FCE, 2003, pp. 399-430.
15
comunidades indígenas fuera fraccionada en porciones individuales,2
Sin embargo, esta etapa llegó a su fin en 1914, con el arribo del
constitucionalismo al poder de la república, donde se inauguró una política agraria
(plasmada en la ley del 6 de enero de 1915) que reformuló el nexo de los indígenas
con la propiedad agraria, al establecer un marco jurídico para lograr la restitución y
adjudicación de tierras para este sector social, lo que auspició un proceso de
movilización social y políticas públicas en la materia, que se ratificaron en la
constitución de 1917. A la vez, este proceso revolucionario redefinió al indígena, al
colocar lo popular y lo mexicano en el centro neurálgico de la cultura y del quehacer
nacional.
mismas que
con el paso de los años fueron a parar a manos de grandes propietarios locales o
extranjeros, producto de su compra o el simple despojo, ya fuera abierto o simulado.
A partir de este suceso, los indígenas se colocaron fuera de las prioridades de la
política pública porfirista, situación que se propagó hasta ya entrados los años
maderistas.
Todo este proceso de recomposición de la propiedad adquirió distintas
tonalidades regionales o locales ubicadas dentro de esta tendencia general. En el
caso de Colima, el repartimiento de tierras del siglo XIX se vivió tanto en
comunidades de las costas, valles y la serranía, donde hacendados y políticos se
apoderaron de los espacios más fértiles, lo que después devino en la concentración
de la tierra en un puñado de propietarios. Tal panorama se modificó al establecerse
el reparto agrario revolucionario, proceso que –a la par– provocó que los indígenas
colimenses emergieran dentro del escenario local protagonizando acciones de
reivindicación propias que se extendieron hasta las décadas siguientes, pero de las
que esta investigación marca un corte a principios de la tercera década, ya que
hacia mediados de la misma se presentó un fenómeno que adquirió otras tonalidades
en el campo e indigenismo colimense: la rebelión cristera. Por consiguiente, esta
investigación se avoca a la vida y avatares de los indígenas durante los años 2 La única excepción fueron las tierras de la comunidad indígena de Zacualpan. Al respecto véase: Expediente de Dotación de Tierras de Zacualpan, localizado en el Archivo de la Reforma Agraria Nacional, Delegación Colima (en adelante ARAN), Caja No. 127/113, Exp. 127.
16
porfiristas, para extenderse hasta la llamada fase revolucionaria y marcar un nuevo
corte que se inauguró con la posrevolución concatenada con el cardenismo; sin
embargo, esta fase es materia de un estudio diferente que no forma parte de las
preocupaciones de este trabajo.
Es de destacarse que ya existen obras que realizan un análisis histórico sobre
la presencia y el protagonismo del indígena dentro de la sociedad colimense, aunque
éstas se ubican en temporalidades diferentes a la pretensión de este estudio. Los
trabajos de José Miguel Romero de Solís sobre la vida colonial en Colima, hacen
recurrentes alusiones al papel que juega el indígena dentro de la estructura social de
esos años. Así mismo, otro autor que construye una obra sobre el tema es Juan
Carlos Reyes, quien se dedica también al estudio del indígena durante los años
coloniales. En lo que toca al siglo XIX y XX, los indígenas desaparecen del acervo
historiográfico estatal. De ahí que esta obra intente cubrir este vacío en la disciplina
histórica regional, focalizando temas que permanecen ocultos por la presencia de
hacendados, revolucionarios, élites locales, como sujetos históricos vertebradores
del pasado colimense. Para el lapso revolucionario las obras existentes solo refieren
a los indígenas de manera fugaz, es decir, no se ha constituido como un problema de
investigación.
Por otro lado, este trabajo no aborda al indígena en tanto individuo o sujeto
social aislado, sino como grupo social con una ubicación dentro de la pirámide social
colimense, con rasgos étnicos y culturales propios, los cuales insertan sus
aspiraciones, deseos y demandas en el marco contextual y coyuntural que vive la
política estatal y el escenario nacional. Así que la pretensión es ponderar las
acciones sociales emprendidas por dichos actores colectivos, así como las
reacciones e iniciativas contrapuestas articuladas por los grandes propietarios de la
zona.
Vale decir que esta investigación no retoma a todo el espectro de los actores
rurales colimenses, solamente selecciona fija su atención en pueblos y comunidades
indígenas ubicadas en el municipio de Comala y localizadas en las faldas del volcán
de Fuego. Dentro de ellas se pondera el papel de dos comunidades: Suchitlán y
17
Cofradía de Suchitlán, debido a que fueron los principales núcleos étnicos en esta
municipalidad.
Al observar el panorama historiográfico, la motivación de este trabajo se apoya
en la idea de que no puede explicarse cabalmente la vida porfirista y el mosaico
revolucionario colimense, si los procesos económicos y sociales que se presentaron
durante estos años no son ubicados en un plano de desencuentro entre dos ideas de
nación, donde se presentaba –al decir de Antonio Annino– una dicotomía entre la
sociedad “natural” y la sociedad “constituida”, donde los intereses y derechos locales,
entendidos como soberanía de los pueblos, chocaba con la soberanía de la nación,
impulsada por las élites modernizadoras,3
La ambición de este trabajo no se reduce a ver la presencia indígena ligada a
las políticas públicas en boga durante el porfirismo y la etapa revolucionaria, al igual
que la conflictiva social que protagonizaron, sino que también se intenta conocer los
nexos y solidaridades existentes al seno de su comunidad. Desentrañar las causas y
objetivos que motivaron su distinto comportamiento social. Por esto, la pretensión es
estudiar a estos grupos étnicos, en tanto actores sociales, es decir, analizar a los
personajes y grupos humanos no adheridos a limitadas categorías estructurales,
reivindicaciones abstractas, elementos ideológicos que subyacen en manchones de
la historiografía regional, sino destacarlos como parte de un proceso y fenómeno
social, donde se incursione en la identidad de este sujeto colectivo que se
desenvolvió en el marco de las características reinantes en los pueblos y
comunidades ubicadas en la zona rural del norte colimense y el intrincado tejido
social que les dio perfiles propios.
la que se expresó en una conjunto de
preceptos y ordenamientos económicos y legales que, para los indígenas significó
una etapa en que fueron disminuidos o diezmados (no física, sino en términos de su
sentido y significación social), ya que ello implicaba la salvaguarda de la identidad
republicana y la esencia de la nación liberal. Fue un conflicto entre tradición y
modernidad.
3 Sobre los orígenes y desarrollo de estas visiones ambivalentes de soberanía, véase, Antonio Annino, “Soberanías en lucha”, en Inventando…, pp. 152-184.
18
Particularmente, se intenta desentrañar sus orígenes sociales, sus grados de
cohesión y comportamiento social y valores culturales que los nutrieron con el paso
del tiempo. La finalidad no es adentrarse únicamente en el conflicto o la disidencia,
en la confrontación, sino también en lo que une y es común al conglomerado humano
con un alto grado de identificación étnico-social.
En términos más generales, el propósito es que a partir del estudio del
conflicto y comportamiento de los indígenas de la zona de Comala durante estos
años, se favorezca el conocimiento de los procesos sociales vividos en Colima
durante los años de relativa “estabilidad” y de agitada “convulsión social”. De manera
más específica, el objetivo de esta investigación es contribuir a la explicación y justa
dimensión sobre la especificidad histórica que adoptó la revolución y,
específicamente, la política agraria del constitucionalismo en la entidad; así como los
efectos sociales que esta generó en actores locales que figuraban –al menos en el
discurso– como el centro de los ideales revolucionarios.
Por otra parte, este estudio favorecerá el análisis de los movimientos sociales,
actores colectivos e individuales contrapuestos o segregados por el porfirismo y
redimensionados por la gestación de este proceso revolucionario, a partir de
desentrañar y comprender el conjunto de factores contextuales y temporales que
inciden sobre su actuación específica, ubicados estos no solamente en el plano de la
esfera económico-social, sino mediante la incorporación del peso que desempeñaron
el Estado y sus instituciones, los rasgos del poder o el “arte de gobernar”, las
coyunturas, como elementos que inciden en las acciones y reacciones de estos
sujetos sociales.
La hipótesis guía de esta investigación, es que durante la segunda mitad del
siglo XIX, la posesión y relación de los indígenas colimenses con la tierra sufrió un
proceso recomposiciones, producto de las disposiciones liberales de individualización
de la propiedad, la cual significaba una realidad ajena al mundo tradicional que vivían
desde muchas generaciones atrás. Tal situación, los dejó en una indefensión que se
prolongó hasta ya entrada la segunda década del siglo XX, la cual se alteró a partir
del arribo del proceso revolucionario a la entidad, ya que su fuerza militar y política,
19
así como sus disposiciones en materia agraria, permitieron que los indígenas del
norte de Colima asumieran una actitud protagónica para lograr tierras de labranza.
Tierras que obtuvieron, en gran parte, no por los fenómenos que se configuraron en
el escenario estatal, sino bajo el cobijo de las nuevas rutas que seguía la política
nacional.
Es decir, los indígenas asentados en la municipalidad de Comala emergieron
como una fuerza policéntrica que definió sus líneas de acción, no sólo por ideales o
pretensiones de resistencia debido a su lamentable situación económica-social, sino
que su comportamiento estuvo influenciado por fenómenos políticos, avatares
militares de gran envergadura, enconos de poder y acotamientos de espacios
institucionales, elementos que marcaron el devenir de los indígenas en territorio
colimense.
No obstante que para llegar a esta especificidad del tema central y la
temporalidad que aborda este trabajo, se hace un rápido recuento histórico, a fin de
desentrañar posibles procesos de larga duración que configuraron identidades y
tradiciones indígenas, que no se extinguieron con la aparición de modificaciones
estructurales y políticas, todo esto manejado en el plano hipotético.
Para emprender esta tarea, se recurrirá a un conjunto de soportes teórico-
metodológicos que brinden pautas para su problematización y eventual explicación.
Los referentes son variados y están seleccionados tomando en cuenta la naturaleza
del objeto de estudio.
Este trabajo es una exploración de actores colectivos colocados en el ámbito
de la marginación, de ahí que el tratamiento del tema busque un acercamiento a
propuestas analíticas como la historia desde abajo y la subalternidad. Exploración
referencial de corte teórico fincado en un precepto básico: la confrontación entre
dominados y dominadores no es monolítica, es decir, no siempre se encuentran
enfrentados. La historia de estos sujetos no se divide en blanca y negra, sino que
adquiere múltiples tonos. Hombres colocados en distinta escala social no sólo se
oponen o confrontan, sino que negocian, sobrellevan, toleran y disienten. Además,
20
las acciones y metas de los actores marginados o subalternos se entremezclan con
las políticas e instituciones provenientes del poder público.
Adoptar tales referentes, lleva a considerar que los grupos subordinados en el
pasado histórico de Colima, no fueron sujetos desprovistos de conciencia, cultura y
emotividades que expresaron o imprimieron al actuar, es decir, que fueron
protagonistas activos de la historia. Por el contrario, sus acciones y comportamientos
no sólo se explican como reacciones directas e inconscientes a presiones
económicas. La historia desde abajo sustenta que los grupos subordinados son
agentes activos y discrecionales de la historia, que delinearon y son delineados por
los procesos sociales; es decir, vivieron y fueron constructores de ese pasado. En
este sentido, el aporte de la historia desde abajo, consiste en dirigir la atención hacia
los sujetos y grupos marginales, ya que en términos historiográficos se había
reconstruido el devenir de las grandes élites, mientras que a los grupos subalternos
se les veía como sujetos pasivos de los procesos históricos.4
Al analizar a los marginales, la historia desde abajo muestra que muchas de
sus acciones no carecían de racionalidad y organización, dando pie a acciones
estructuradas a partir de normas que denotan la presencia de una cultura popular
dinámica. Aspecto que se adquiere mediante experiencias y relaciones sociales,
dando forma a un mundo simbólico, sistema de creencias, prácticas y rituales. Por
ende, este tipo de historia, busca inferir las conductas y pensamientos que dan
sentido y significado a las prácticas de los sujetos.
En este trabajo se retoman las reflexiones procedentes de la historiografía
hindú, específicamente del grupo de Estudios Subalternos. Un primer elemento que
sostiene esta perspectiva es su afirmación de que no es posible entender los
patrones del pasado y considerar que las sociedades han sido modeladas por una
separación persistente entre las comunidades tradicionales y modernas. En su crítica
historiográfica señalan que “Estas antinomias son al mismo tiempo un legado 4 Entre diversos autores que tratan esta temática véase: Peter Burke, “Historia popular o historia total”, Historia popular y teoría socialista, Raphael Samuel (Ed.), Barcelona, Crítica, 1984, pp. 71-78. Saurabh Dube, Sujetos Subalternos, México, El Colegio de México, 2001. Ranajit Guha, Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India, Delhi, Oxford University Press, 1983.
21
duradero de la idea de la historia universal procedente de la Ilustración europea y
una representación desmesurada de la modernidad occidental que intenta rehacer el
mundo a su propia imagen y semejanza”.5
Sus interpretaciones históricas no buscan sola ni fundamentalmente la
recuperación de actores dejados de lado por el torrente “principal” de la historia, sino
que se parte de la idea de que el papel de los sujetos en la economía y sociedad no
pueden entenderse a partir de claras divisiones de clase, sino que toda acción tiene
presente otros elementos que le dan significación. En este sentido, el uso de la
categoría analítica de lo subalterno, implica estar en posibilidades de fundamentar
los análisis a partir de la articulación de principios diferentes y entrelazados, de
división social y dominación cultural, incluyendo comunidad y clase, casta y raza,
género y nación,
6
Esto tiene que ver con la aseveración de Saurabh Dube respecto a que la
cultura y la conciencia de los grupos subordinados expresada en sus
manifestaciones y prácticas, tienen una lógica y racionalidad distintiva que es posible
definir en términos de su universo conceptual y de la validez de su experiencia.
los cuales marcan el comportamiento de los actores históricos y
sociales. Esta visión parte de que los grupos humanos pasan por múltiples
mediaciones tanto sociales, culturales y discursivas.
7
En específico, al estudiar a los grupos subordinados no se limitan a su
observancia en rebelión o confrontación abierta, sino a dirigir la vista a otras pautas y
matices, como el acoplamiento de la aparente pasividad, dominación y resistencia de
las vidas de dichos actores, al igual que el lugar decisivo de la religión y la casta en
la estructuración de las creencias y prácticas subalternas.
8
Además, para explicar las relaciones de poder y las respuestas entre grupos
sociales diferenciados, se recurrirá a la sugerente propuesta de James C. Scott. Este
5 Saurabh Dube, Sujetos…, p. 20. 6 Saurabh Dube, (Coord.), Pasados poscoloniales, México, Colegio de México, 1999, p. 22. 7 Dube, Sujetos…, 2001, p. 44. 8 Saurabh Dube, “Myths, symbols and community: Satnampanth of Chhattisgarh”, en Partha Chatterjee y Gyanendra Pandey (Eds.), Subaltern Studies VII. Writings on South Asian History and Society, Delhi, Oxford Univeristy Press, 1992, pp. 121-156.
22
autor, considera que la dominación de unos sobre otros reviste distintas formas:
puede ser material, de rango e ideológica. Asimismo, considera que las relaciones de
poder son relaciones de resistencia, la cual se expresa mediante dos formas: una
pública exteriorizada mediante peticiones, huelgas, rebeliones, o bien afirmaciones
públicas como gestos, uso de atuendos, símbolos, o bien mediante propaganda o
campañas contra la dominación ideológica; la otra, oculta o discreta, manifiesta por
medio de formas cotidianas de resistencia: hurtos, evasión de impuestos, deserción,
tortuguismo, amenazas anónimas, engaños, chismes o rumores. Esta última
expresión es caracterizada por Scott como la infrapolítica de los desvalidos.9
Por tanto, en vez de su manifestación pública, se optaba por una forma
disfrazada, velada, al engaño, al comportamiento evasivo; todo ello habla de que si
bien no existe una disidencia frontal o manifiesta, lo que se vive es una calma
superficial, bajo la cual fluyen torrentes convulsos. Además, es pertinente destacar
que la elaboración de discursos ocultos se realiza por ambos grupos; para unos es
una crítica del poder a espaldas del dominador y, para el otro, prácticas y exigencias
de su poder que no pueden expresarse abiertamente. Son discursos disfrazados
para expresar su resistencia o ejercicio del poder.
Lo
anterior indica que, para entender la conducta de los grupos subordinados, y más
específicamente sus estrategias de resistencia, éstos al no poder protestar
públicamente y menos rebelarse, recurrían a formas seguras de rechazo como las
manifestaciones antes enlistadas.
Scott considera que todas las relaciones reconocidas entre grupos de poder y
subordinados constituyen un encuentro del discurso público. Al tiempo que todo
grupo social construye sus propios espacios sociales para patentizar sus discursos y
articular sus expresiones de resistencia y dominación.
Otro apoyo para reflexionar sobre esta temática proviene de Barrington Moore,
quien parte de afirmar que los seres humanos, individual y colectivamente, no
9 James C. Scott, Los dominados y el arte de la resistencia, México, Era, (Col. Problemas de México), 2004, pp. 17-22 y 41-44.
23
reaccionan ante una situación objetiva de la misma manera que una sustancia
química reacciona ante otra al juntarse dentro de un tubo de ensayo.10
Agrega que todo cuerpo social cuenta con un conjunto de acuerdos sociales
expresados mediante reglas y normas que no siempre son armoniosas, ni carentes
de tensión o conflicto. Esto quiere decir que existen un conjunto de límites sobre lo
que se debe hacer, tanto entre quienes ponen las reglas como por quienes las
obedecen; mismas que pueden ser explícitas o implícitas.
Los problemas que generan tensión pueden deberse a las formas de ejercicio
de la autoridad, división del trabajo y la distribución de recursos y servicios
disponibles. Para solucionar dichos problemas se requiere de principios que den
cuerpo a un contrato social. La violación de estos elementos o imperativos sociales
genera agravios y un sentimiento de injusticia. Estas actitudes están en proporción al
tipo de valores que se intercambian entre dominados y dominadores; en la forma en
que la gente percibe y define el valor de aquello que contribuye a las relaciones
sociales. Mediante ciertos mecanismos sociales y psicológicos, los seres humanos
pueden enseñarse entre sí a subvaluar su propia autoestima, a aceptar el dolor y el
sufrimiento. Por ejemplo, para gente que vive al margen de la existencia física, la
modernización resulta sin duda demasiado arriesgada, sobre todo si es de presumir
que, con las instituciones sociales en vigor, los beneficios se los llevarán otros. Lo
único que tiene sentido, en estas circunstancias, es adaptarse a un nivel de vida
abismalmente bajo y reducir las esperanzas al mínimo. Localmente, cuando las
circunstancias son distintas, suelen producirse cambios dramáticos en un corto
espacio de tiempo.11
Respecto a las causas de las revueltas sociales, este autor afirma que no se
puede considerar como origen de estas conductas un deterioro económico general;
Aunque también existen procesos mediante los cuales, los
seres humanos, se sobreponen a la autodevaluación y redefinen su contribución en
el orden social.
10 Barrington Moore, Los orígenes sociales de la dictadura y de la democracia, Barcelona, Ediciones Península, 3a edición, 1991, p. 392. 11 Barrington Moore, La injusticia: bases sociales de la obediencia y la rebelión, México, UNAM 1996, p. 343.
24
por el contrario, la historia indica que un movimiento revolucionario halla más
facilidades para avanzar y llegar a ser una seria amenaza allí donde la aristocracia
rural no ha desarrollado un impulso comercial poderoso dentro de sus propias filas.12
En lo que toca a las conductas y formas de organización social de las
sociedades campesinas, señala que donde los vínculos derivados de la relación
entre la comunidad campesina y su superior son fuertes, la tendencia a la rebelión
campesina es débil.
En contraparte, sostiene que una mejora de la situación económica del campesinado
puede ser preludio de revuelta, debido a que su mejora ocasiona exigencias
mayores: se generan esperanzas crecientes que al no concretarse provocan dichos
comportamientos.
13
Moore argumenta que la gente decide desafiar el orden social cuando se
produce un agravio moral y se crea un sentimiento de injusticia.
14
Aunque toda esta realidad no es suficiente para que se genere un rompimiento
parcial o total con el orden social y cultural, ya que se necesita contar con una
autonomía o fuerza moral, que implica tres características: primero, la capacidad
para resistir a las presiones sociales poderosas y amenazadoras que obligan a
obedecer órdenes opresivas o destructivas; segundo, la habilidad intelectual de los
actores para reconocer cuando las presiones y reglas son opresivas; tercero,
conformar, a partir de las tradiciones culturales existentes, nuevos patrones
históricos para condenar lo que existe.
Lo cual es
provocado por la incapacidad para satisfacer requerimientos básicos para su
existencia: agua, alimento, techo, entre otras necesidades. Pero también por la
represión, la corrupción y el incumplimiento en la protección de los gobernados por
parte de las autoridades o las élites, por trabajos oprobiosos o denigrantes y la mala
distribución de recursos materiales y servicios.
12 Ibíd., p. 372. 13 Ibíd., p. 379. 14 Ibíd., pp.9-19.
25
Esta postura explica las conductas colectivas como resultado de elementos
psicológicos, los cuales implican frustración y coraje de la gente al sentirse incapaz
de acceder a recursos materiales o espacios políticos, mismos que son abonados por
la represión y la corrupción de instituciones o personajes hegemónicos.
En fin, el autor trata de explicar los factores psicológicos y sociológicos por
medio de los cuales se puede ahogar un sentimiento de injusticia o, en su defecto,
rechazarla, a partir de recibir agravios morales y sociales que trastocan los
componentes de su existencia misma. Lo anterior, implicaría dar seguimiento al
rango de variaciones que sufre la voluntad humana para soportar y reaccionar ante
relaciones sociales opresivas.
Por otra parte, la conjunción de todos estos referentes teórico-conceptuales
con el trabajo empírico permitió la problematización de este fenómeno histórico, a
partir de una trama que se estructuró en siete apartados o capítulos, dentro de los
cuales se puede encontrar lo siguiente:
El primero está dedicado a presentar el escenario regional, donde se pasa por
destacar las características del espacio físico y natural que sirvió como escenario
social; particularmente, se pone énfasis en la parte norte de la entidad, no sólo ni
fundamentalmente para observar el relieve, clima, flora, fauna, sino para establecer
la configuración de un espacio humano donde se asentó la población colimense. El
objetivo es conectar dicho entorno natural con los flujos humanos que existieron en
la entidad, por ello, en este mismo apartado, se incursiona en el pasado remoto de
los pobladores de estas tierras, aprovechando los indicios que registra la
investigación arqueológica que da cuenta de una región con un importante asiento de
sociedades con notorios rasgos de integración; prosiguiendo con este barrido
diacrónico de la presencia humana, se pasa al proceso de la conquista española y la
reconfiguración del panorama humano durante los años coloniales, observando
cómo estos sujetos interactúan con el entorno natural y establecen sus propias
dinámicas sociales.
26
El segundo capítulo está dedicado al estudio de los indígenas colimenses
durante la época colonial, se realiza una mirada muy somera de la evolución
poblacional de los naturales colimenses para detenerse en los conflictos individuales
que empezaban a generarse entre españoles e indígenas en diversas partes de la
entidad, deteniéndose mayormente en lo que sucedía en la comunidad de Suchitlán,
donde las quejas, litigios y disputas entre éstos comenzaron a adquirir tesituras que
años después subirían de tono. No obstante, todo esto ocurrió sin que la propiedad
comunal de las tierras indígenas sufriera alteraciones de fondo.
En el tercer capítulo, se estudia la realidad local a lo largo del siglo XIX,
deteniéndose en las relaciones entre hacendados e indígenas. En este apartado se
hace un seguimiento de las haciendas colimenses y el rol económico que
desempeñaron en Colima, conectadas a pautas comerciales. Dicho proceso se
revisa con mayor énfasis hacia mediados del siglo, cuando se dio el arribo de un
significativo núcleo de extranjeros que se embonaron con una casta de propietarios
locales para, entre ambos, hegemonizar el campo y las relaciones económicas más
importantes de la entidad. A la vez, se detiene la mirada en la manifestación
particular de este fenómeno en el área de Comala, asiento de la comunidad indígena
de Suchitlán, donde se empezaron a marcar rutas diferentes y contrapuestas a los
intereses de cada uno de estos grupos sociales. Así mismo, se realiza un recorrido
por el papel que durante estos años desempañaría el uso del agua para actividades
de labranza entre indígenas, pequeños propietarios y hacendados.
El cuarto apartado pone atención a lo ocurrido en Suchitlán y Cofradía de
Suchitlán durante el porfiriato y los primeros años revolucionarios, integrándolos
como un lapso temporal donde se articula un proceso continuado de repartimiento y
redistribución de la propiedad de las tierras, aunado a una política estatal no proclive
a las comunidades indígenas. Esta integración temporal y temática se teje a partir de
la especificidad de este fenómeno, no siguiendo las divisiones clásicas que ponderan
el fenómeno político-militar ocurrido en 1910, para marcar puntos de incisión y
ruptura.
27
Más específicamente, se aborda la evolución poblacional de los indígenas
suchitlecos y sus pautas de vida a nivel económico, donde aparecen reiteradamente
como jornaleros y peones de hacienda. También se tocan rasgos de su vida interior,
así como las modificaciones en la composición étnica de sus comunidades a partir
del arribo de una oleada de trabajadores y empleados de origen mestizo, conectados
con los intereses de los grandes hacendados de la zona (Arnoldo Vogel y los
hermanos Rangel). Otro asunto que no se deja de lado cuando se analiza su vida
interna es el peso que juega la educación positivista en la zona y, particularmente,
los rasgos de este proceso de enseñanza en la niñez de dicha comunidad indígena.
En un quinto capítulo, el análisis está centrado en los efectos que el arribo
revolucionario produce en la entidad, especialmente en lo que se refiere a su trato
hacia las comunidades indígenas y más genéricamente, su política rural. A lo largo
de este apartado se presentan distintos panoramas: la realidad de los indígenas
suchitlecos al momento de estallar la revolución, sus problemas internos referentes al
nombramiento de autoridades propias, la política distante del gobernador J. Trinidad
Alamillo, más orientada a fomentar la pequeña y mediana propiedad. A la vez, se
presenta otro rostro a partir de la llegada de los constitucionalistas del Ejército del
Noroeste, sus políticas públicas proclives al campo y los sectores más débiles, pero
sobretodo sus disposiciones agrarias que se implementaron desde el inicio de la
gestión gubernamental del general Juan José Ríos, donde el reparto de tierras y el
apoyo para la organización gremial en el agro fueron factores de vital importancia
para que en Suchitlán se inauguraran nuevas dinámicas sociales.
Los capítulos sexto y último, se dedican al estudio de la aplicación de las
políticas agraristas revolucionarias en Suchitlán y Cofradía de Suchitlán, entre 1915
y principios de 1920. En este apartado aparecen tanto la violencia, los conflictos
entre hacendados e indígenas, la inestabilidad política, los cambios de poderes en la
entidad y la organización gremial de los indígenas y su lucha legal para el
otorgamiento de la posesión definitiva de sus tierras, según lo demandaron en su
gestión ante la Comisión Nacional Agraria. A lo largo de este tratamiento se notan los
claros cambios en las medidas institucionales en materia de protección y política
28
hacia el campo y el reparto, por parte del gobernador J. Felipe Valle con respecto a
su sucesor, el general Juan José Ríos. Ligado a ello, se pone efasis en la
reorinetación de las gestiones de los indígenas hacia el gobierno federal, al detectar
la política estatal de Valle, más obstaculizadora de sus intereses, por lo que toda su
apuesta fue buscar la restitución de tierras y aguas, como consecuencia de sus
buenos oficios e interlocutores ante las dependencias federales, más que por su
movilización y protagonismo social.
En fin, a lo largo de toda esta investigación, los escenarios económicos y
políticos, los reacomodos institucionales y la evolución interna de la comunidad de
Suchitlán y Cofradía, se entretejen a los largo de más de cincuenta años –y sus
consabidos antecedentes– para justipreciar los rasgos del comportamiento, sentido,
significación e identidad que los indígenas imprimen al emprender la movilidad
social. Todo para reconstruir una historia a partir de los comportamientos y opinión
de las colectividades humanas, más que por las decisiones y voluntades de los
grandes hombres, aunque no se ignorará que en este proceso de trámite y lucha
indígena, no estuvieron exentas las motivaciones individuales que se amalgamaron
con aspiraciones más amplias y sentidas.
Con todos estos referentes como guía, me sumergí en las caudalosas aguas
del océano de fuentes bibliográficas y documentales de tipo nacional y estatal; en
esta segunda clasificación aparecen acervos como el Archivo General de la Nación,
Archivo del Agua, Archivo Histórico de La Casa Morelos, Archivo Histórico Municipal
de Morelia, Archivo Histórico del Estado Colima, Archivo Histórico del Municipio de
Colima, Archivo Municipal de Colima, Archivo del Registro Público de la Propiedad y
el Comercio del Estado de Colima, Archivo del Registro Agrario Nacional-Delegación
Colima, entre otros. Dentro de dichas fuentes archivísticas, los aportes fueron
variados, entre los que se pueden destacar los siguientes:
Por ejemplo, en el Archivo Histórico de Colima se localizó una basta relación
de correspondencia y solicitudes entre indígenas y autoridades, aunque ésta se
vuelve más recurrente durante los años de la Revolución Mexicana; los referentes
para el siglo XIX se localizan mediante informes o comunicados, las voces indígenas
29
son más soterradas. Uno de sus rasgos más característicos es su abundancia y
riqueza documental; desgraciadamente, la ausencia de una clasificación y
catalogación impidió optimizar su utilidad.
Esto último contrasta con el Archivo Histórico del Municipio de Colima, donde
el ordenamiento y la catalogación documental facilitó las tareas de hurgar en su rico
filón histórico, el cual proporcionó importantes indicadores para reconfigurar el
pasado indígena colimense durante los años coloniales y a lo largo del siglo
decimonónico. Para ampliar la visión de estas comunidades indígenas durante los
años coloniales, fue un trabajo necesario voltear la mirada hacia las ya mencionadas
fuentes documentales ubicadas en los estados de Michoacán y Jalisco, debido a
que durante lapsos de dicho período histórico, el territorio colimense dependió de
estas entidades religiosa y políticamente.
En lo tocante al acervo del Registro Público de la Propiedad de Colima, éste
proporcionó un valioso stock documental sobre las operaciones de compra venta que
se realizaron durante los años porfiristas y las primeras décadas del siglo XX, en las
cuales se involucraron los indígenas colimenses. Aunque no debe dejarse de lado
un fenómeno muy propio de esos años: muchas operaciones mercantiles no se
registraron ante esta instancia oficial, máxime cuando eran de poco valor como las
que realizaron los indígenas.
En el Archivo Agrario Nacional, en su Delegación Colima, los datos brindados
son abundantes. Pero cabe aclarar que en sus expedientes resalta la intencionalidad;
los solicitantes indígenas exaltaron su figura y acciones a fin de presentarse como
víctimas de la política porfirista y sobrevalorar sus nexos y aportes a la revolución
hecha gobierno, al tiempo que se vilipendió en todo momento a sus opositores, en
este caso los hacendados. La coyuntura e intenciones de los demandantes los
condujo a actuar de esta manera, así que lo contenido tiene que tomarse con una
buena dosis de relatividad.
30
Esto por citar algunos ejemplos. Las distintas fuentes documentales se
trataron de complementar para ampliar el análisis y contrastar su contenido, pasando
por su valoración crítica.
En lo tocante a hemerografía, los aportes fueron sumamente escasos, tanto
en el órgano oficial del estado, como en el resto de la prensa que circuló en Colima
durante los años porfiristas y revolucionarios. En general, los indígenas brillaban por
su ausencia dentro de las noticias escritas que se propalaban en la entidad. La
prensa de estos años escribía para un pequeño sector de la sociedad y, por tanto,
sus impresiones y contenido reflejaban la óptica de estos estratos sociales. Dichos
espacios del discurso público estaban vedados para la imagen y vida del poblador
rural e indígena.
Finalmente, los resultados de este trabajo no son la llegada a una meta final,
son un primer acercamiento al proceso emanado de estos actores colectivos
marginales. Es solo una etapa, una fase en este tránsito al conocimiento histórico de
dicho fenómeno, al intento de plasmar nuevas tonalidades al mapa historiográfico
colimense. Para continuar con este enriquecimiento, la problematización del tema y
los resultados alcanzados son expuestos para la critica académica ¡Bienvenida sea!
31
I COLIMA: ESPACIO NATURAL, POBLACIÓN INDÍGENA
Y PRESENCIA ESPAÑOLA
1.- EL ESCENARIO REGIONAL
En la actualidad, el estado de Colima es uno de los más pequeños de la
república mexicana; ubicado en la porción occidental, comprende una superficie de
5,887 km2, limitando al noroeste, norte y noreste con Jalisco, al sureste con
Michoacán, mientras que al sur y suroeste su amplia franja costera linda con el
océano Pacífico. Si bien varios accidentes geográficos han sido utilizados para fijar
sus modernos límites geopolíticos, cabe mencionar que dichas fronteras han variado
a lo largo del tiempo, a la vez que han sido los factores netamente sociales los que le
han configurado como una región.
En el caso colimense, al tratar con grupos sociales asentados en un espacio
específico, cuyas relaciones determinaron en cierta manera, junto con el espacio
geográfico, los procesos de desarrollo regional, se puede observar que los límites de
la región han variado a lo largo de los siglos.
Si se remonta el tiempo, se observa un espacio social colimense mucho más
extenso en la etapa prehispánica, en el cual los grupos humanos tuvieron fuertes
vínculos sociopolíticos con los valles intermontanos de Zapotlán, Tuxcacuesco y
Autlán, al igual que por la costa llegaron hasta el valle de Cihuatlán, en el litoral
jaliscience, y a la franja costera en Michoacán.
Con la llegada de los españoles y una vez estructurada la vida colonial, la región
presentó severos cambios en sus nexos sociales, económicos y políticos,
constituyendo el límite noroccidental del virreinato de la Nueva España; en cuanto al
devenir religioso, inicialmente dependió del Obispado de Michoacán hasta el siglo
XVI, y, posteriormente, al Obispado de Guadalajara. En términos administrativos,
32
cuando se instituyó la intendencia, formó parte de la de Valladolid. Al igual que en
términos religiosos, los años independientes llevaron a Colima a depender política y
administrativamente de Guadalajara por un corto tiempo, para retornar nuevamente,
en la primera mitad del siglo XIX, al Departamento de Michoacán, como Distrito del
Sudoeste, logrando la categoría de estado en 185715
Debido a que este trabajo tiene como hilo conductor los nexos de los hombres
con la tierra, como principal medio de producción y reproducción, en sociedades
netamente de carácter agrícola, es necesario ponderar el entorno natural, constituido
en espacio social del accionar humano.
(Véase Figs. 1 a 4).
Por lo anterior, y en concordancia con las pretensiones de este trabajo, será
pertinente subrayar los espacios geográfico y social, donde los actores estudiados
emprendieron su cotidiano accionar. La entidad posee una marcada geografía,
configurada principalmente por el Eje Neovolcánico y las estribaciones de la Sierra
Madre del Sur, lo que le otorga una diversidad de rasgos fisiográficos en cortas
distancias. Lo anterior posibilita la riqueza y variedad de recursos naturales, una
secuencia de climas que abarca los extremos y la presencia de abundantes tierras
fértiles en los valles centrales.
Los factores anteriores han otorgado un dinamismo singular al desarrollo de
los grupos sociales asentados en este territorio. La característica de este espacio
más destacable por sus moradores, ha sido el estar rodeado por una serie de
accidentes geográficos, en especial por lo que corresponde a los valles centrales.
15 Sobre los avatares de la autonomía colimense durante el siglo XIX véase: Jaime Olveda, “Entre la dependencia y la autonomía”, Colima. Una Historia Compartida, Servando Ortoll (Coord.), México, SEP – Instituto Mora, 1988, pp. 23-45. Servando Ortoll, “Colima se vuelve estado”, Colima. Una historia compartida, Servando Ortoll (Coord.), México, SEP – Instituto Mora, 1988, pp. 65-96. Servando Ortoll (Comp.), Colima. Textos de su Historia, México, SEP – Instituto Mora, 1988, (Tomo 1). Servando Ortoll, Dulces inquietudes, amargos desencantos. Los colimenses y sus luchas en el siglo XIX, Universidad de Colima – Gobierno del Estado de Colima – CNCA, (Historia General de Colima, Tomo III), 1997.
33
Fig. 1. Obispado de Michoacán en 1649, del cual dependió la región colimense en términos religiosos.16
16 En: José Luis Mirafuentes Galván y Arturo Soberón Mora, Mapas y planos antiguos de Colima y el Occidente de México, México, Galas de México, (Col. Peña Colorada), 1978, p. 67, citado por Juan Carlos Reyes G., La Antigua Provincia de Colima. Siglos XVI al XVIII, Colima, México, Universidad de Colima – Gobierno del Estado de Colima – CONACULTA, (Historia General de Colima, Tomo II), 1995.
34
Fig. 2. Intendencia de Valladolid hacia 1786, en la cual estaba incluida la región colimense.17
17 En: José Luis Mirafuentes Galván y Arturo Soberón Mora, Mapas…, p. 109, citado por Juan Carlos Reyes G., La Antigua....
35
Fig. 3. Jurisdicción político-administrativa de Colima en 1865.18
18 Tomado de Servando Ortoll, Dulces…
36
Fig. 4. Plano del estado de Colima.19
19 Ibíd.
37
En lo particular, en diferentes etapas de su desarrollo, la zona ocupada por el
valle de Colima y las laderas sureñas del volcán de fuego, donde tuvieron asiento los
poblados indígenas de Comala, Suchitlán y, posteriormente, Cofradía de Suchitlán,
formaron una compacta una unidad geográfico – social.
El valle de Colima es una extensa zona de tierras intermontanas que presenta
un ligero declive de norte a sur, a partir de su vértice extremo en el volcán de Fuego.
Este valle poco accidentado es una unidad geográfica de fácil delimitación, pues esta
rodeado de imponentes cerros y cordilleras que han tenido su origen a partir de un
marcado fenómeno de vulcanismo, el cual dio lugar a formaciones como el
majestuoso volcán de Fuego, el nevado de Colima, al igual que grandes serranías
como las de Manantlán y el Mamey, ya que es un área donde el Eje Neovolcánico
Transverso brota irrumpiendo en parte de la Sierra Madre del Sur.20
De esta manera, el valle de Colima queda delimitado al oeste por un anillo
montañoso que lo envuelve, comenzando al occidente con el Cerro Grande que
forma parte de las estribaciones orientales de la Sierra de Manantlán, los cerros de
Jurupichi, Pochote, El Chical, La Vieja, Los Gallos y El Alcomún; al sur por la
serranía de Piscila y los cerros de Peña Blanca y Copales, mientras que al oeste está
bordeado por el río Tuxpan o Coahuayana.
21 Esta impresionante y abrumadora
orografía llevó frecuentemente a los historiadores a imaginar a Colima como una
zona geográficamente aislada y con carácter autosuficiente.22
20 Otto Schöndube B., “Época prehispánica”, Historia de Jalisco, José María Muría (Coord.), Guadalajara, México, Gobierno del Estado de Jalisco, 1980, (Tomo I, Capítulo V), pp. 119 – 122.
Sin embargo, dicho
aislamiento solo ha sido metafórico, pues desde el inicio de la era cristiana, la
tradición Ortíces – Tuxcacuesco ya desbordaba los confines colimenses para dar
cuenta de un profuso intercambio, pese a lo intrincado de los caminos de a pie,
21 Juan Oseguera Velásquez, Colima en Panorama. Monografía Histórica, Geográfica, Política y Sociológica, Colima, México, Gobierno del Estado de Colima, 1967, p. 30. 22 Cfr. John Adrian Foley, “Geografía, economía y sociedad”, Colima. Una Historia Compartida, Servando Ortoll (Coord.), México, SEP – Instituto Mora, 1988, p. 46. Ángeles Olay Barrientos, “El Colima prehispánico. Un intento de regionalización”, Barro Nuevo, Colima, México, Gobierno del Estado de Colima – Ayuntamiento de Colima – INAH, 1994, (Edición especial), p. 18. Véase también Julio A. Berdeja Martínez, Informe Final. Rescate Arqueológico El Camichín (julio 2000 – enero 2001), Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología del INAH (en adelante ATCNA-INAH), 5-39, pp. 30-31.
38
siendo las actividades de los hombres las que, en diversos momentos, acortaron o
expandieron los límites de la región.23
Hacia el noroeste del valle, en territorio comalteco, el paisaje queda dominado
principalmente por lomeríos, cañadas y múltiples arroyuelos cuyas aguas descienden
hasta el valle. En las zonas colindantes de las serranías, a pesar de las tierras
fértiles, la topografía de francos y abruptos declives, aunada a la falta de aguas
permanentes, inicialmente no permitieron la agricultura extensiva, sino únicamente a
pequeña escala y de temporal; es decir, básicamente una agricultura de subsistencia
para los grupos indígenas que no contaban con la tecnología adecuada para obtener
un alto rendimiento de estas tierras. Por el contrario, la zona del valle cuenta con
fértiles tierras de aluvión y cenizas volcánicas, además de estar bien irrigada por
numerosos ríos y riachuelos que descienden del volcán y tener un clima húmedo y
cálido, lo que la hizo una zona propicia para el asentamiento humano desde tiempos
tempranos. De hecho, varios de los ríos principales del estado, corren sus aguas por
este valle, como el Tuxcacuesco o Ayuquila, cuyo origen se remonta a las serranías
de Etzatlán, cerca de Ahualulco, y las de Autlán en el estado de Jalisco. Al entrar a
Colima se conoce como Armería y sus tributarios son el Ojo de Agua de Zacualpan,
cuyo caudal nace al pie del cerro San Pedro, los arroyos de Comala, Suchitlán y del
Macho, el río de Colima en el punto del Pedregal y el de Sumpalmani. Dicho río entra
caudaloso al océano Pacífico en el punto llamado Boca de Pascuales, después de
haber recorrido cerca de 293 Km.
24
El río Tuxpan o Coahuayana, que nace en territorio jalisciense, recibe las
aguas de los arroyos Mazamitla, Cobianes, Ahujullo, Zapotiltic, Atenquique, Platanar,
Beltrán, San Marcos, Conejo, Cachepehuale, Tonila y Salado, y desemboca al mar
por la llamada Boca de Apiza, recorriendo un trayecto de 152 km. El arroyo Ajuchitlán
o Suchitlán, tiene su origen en el volcán de Fuego y pasa por las inmediaciones del
23 Fernand Braudel, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, México, FCE, 1981, Tomo I, p. 27. 24 Tomado del Oficio No. 600, Sección 3a., Mesa 3a., del Gobernador Constitucional del Estado de Colima al Jefe del Departamento de la Estadística Nacional, Colima, 30 de agosto de 1923; en Archivo Histórico del Estado de Colima (en adelante AHEC), Caja 993, Sección A, No. 17, Año 1923.
39
arroyo San Juan, al arroyo del Macho y otros varios en el Pedregal. Por su parte, el
arroyo Comala nace al noroeste y se une al Suchitlán por el sur, dando sus aguas al
Armería; a dicho arroyo confluían otros varios pluviales que solo corrían en el
temporal de aguas y seguían por el Pedregal.
El río Colima, también nace en las faldas del volcán de Fuego y atraviesa por
terrenos de lo que fue la hacienda de Pastores; en su nacimiento se llama arroyo
Verde, en el punto del Naranjal, y después cruza la ciudad donde se utilizaba
surtiendo las cañerías de la población, la zona donde se ubicaban antiguamente los
baños y daba movimiento a las otroras fábricas de hilados y tejidos de “San
Cayetano” y la “Armonía”, así como regaba las muchas huertas al norte y al sur de la
ciudad decimonónica, para finalmente convertirse en tributario del Armería en el
punto del Pedregal. El arroyo de Manrique, tiene su nacimiento al norte de lo que
fueron tierras propiedad de la hacienda de Capacha. También atravesaba la ciudad
de Colima, constituyendo su orilla oriental, fertilizando a su paso huertas y
sementeras. Sus aguas diáfanas corrían al sur, incorporándose al río Colima en
terrenos de “La Agua Hedionda”. El río Chiquito, que pasaba por el centro de la
ciudad, cubierto de bóveda en su mayor trayecto, se convirtió en una cloaca donde
desaguaban –y desaguan– todo tipo de inmundicias, y sus crecimientos llegaron a
causar graves estragos a los habitantes de la antigua zona urbana.25
Por último, el río Salado que corre a 18 km al este de Colima, se une al
Coahuayana en el punto de las Juntas. Este río fue notable porque formaba grandes
estanques, presentando el aspecto de un río caudaloso. En esos estanques
usualmente se criaban caimanes, cuya presencia era funesta para quienes
intentaban cruzarlo a nado (Fig. 5).
25 Ibíd.
40
Fig. 5. Mapa del territorio colimense y sus principales afluentes.26
26 Tomado de: Secretaría de Relaciones Exteriores, Departamento de Publicidad, Nota Informativa No. 58, México, 30 de noviembre de 1925; en AHEC, Caja 1031, Sección A, No. 16, Año 1925.
41
El hecho de contar con numerosos micronichos, dada la gran variedad
climática que se presenta en cortas distancias, que va desde un clima frío – templado
en las faldas del volcán hasta los calores de la costa, permitió a sus habitantes
contar con numerosos recursos naturales; entre ellos se encuentran los bosques de
montaña, ricos en maderas de pino-encino, los bosques tropicales con maderas
preciosas y árboles frutales, hasta productos de procedencia costera, como sal,
pescado y concha.27 No obstante esta diversidad ecológica, fueron los procesos
histórico-sociales que se desarrollaron en esta región, los que permiten considerarla
como tal.28
Si bien es destacable la adaptabilidad del hombre a la naturaleza, es
importante señalar que la historia humana no es producto del medio geográfico. Las
condiciones naturales arriba expuestas, por sí solas, no determinan la experiencia de
los colimotes ni explican el desarrollo de los grupos sociales asentados en este
espacio geográfico, pues, de acuerdo con Fernand Braudel, son los grupos sociales
los que conforman el espacio de acuerdo a sus actividades.
29 El entorno natural
adquiere significado en función de los conocimientos y necesidades del hombre, si
bien su accionar es inseparable del espacio geográfico, el cual a su vez le influencia
y limita, ya que los factores geofísicos y geoeconómicos también configuran el
desarrollo de la región, en cuanto a la forma en que determinan el desarrollo de las
fuerzas productivas.30
Para la investigación social, el análisis regional es un acercamiento no solo
geográfico, sino histórico, el cual sirve como herramienta metodológica para
caracterizar la estructura y desarrollo de los grupos sociales en un contexto espacial
27 Nota informativa No. 58 del Departamento de Publicidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México, 30 de noviembre de 1925; en AHEC, Sección A, No. 16, Caja 1031, Año 1925-1927. 28 Ann R. Markusen, “Regions and regionalism”, Regional analysis and the new international division of labor, F. Moulaert y P. Salinas (Eds.), London, Nihoff Publishing, 1983, pp. 33-55. 29 Fernand Braudel, Mediterráneo… p. 27. 30 Cfr. Luis Urteaga (Ed.), La historia desde una perspectiva geográfica. Escritos teóricos de Edward Whiting Fox, Lleida, Universidad de Lleida, (Col. Espai/temps, No. 33), 1998.
42
y temporal.31
El medio natural no es estático; por el contrario, ofrece una problemática a
resolver a las comunidades en él asentadas. Toda sociedad afronta esta situación a
través de una tradición específica, la cual media su relación con la naturaleza y crea
un espacio social.
Bajo este enfoque, se deberá tomar en consideración a todos los
sectores de una sociedad, establecidos sobre un espacio geográfico específico, con
el cual se encuentran interactuando, para caracterizar a una región determinada.
32
Pero, ya que el tiempo y el espacio pueden abordarse de muy diversas
maneras, al consistir en representaciones construidas a partir de un fenómeno social
que se quiere destacar, se partirá desde el entorno geográfico antes descrito, es
decir, aquel que corresponde a los valles centrales de Colima y las laderas sureñas
del volcán de Fuego, para articular a la región desde este muy pequeño espacio en
el que diversos actores se enfrentaron y entretejieron sus relaciones a lo largo del
tiempo para conseguir el usufructo de la tierra. Además, otro motivo para delimitar la
región a este pequeño entorno físico, se sustenta en que, si bien la propuesta parte
de estudiar las relaciones establecidas para el uso y disfrute de un recurso tan
importante como la tierra, lo hace a partir de las experiencias de un grupo subalterno
o subordinado, con una limitada movilidad hacia el exterior de dicha región.
Esta implementación de respuestas no es la misma en todas las
sociedades; cada grupo humano tiene modos para relacionarse con su entorno,
condicionado por una lógica productiva determinada y la forma cultural que le es
concomitante. Bajo este aspecto, la ocupación de un mismo espacio por grupos o
sectores diferenciados de una misma sociedad, puede llevar a enfrentamientos y
reordenamientos de la región bajo una perspectiva diferente, de acuerdo con sus
propuestas de desarrollo.
31 Karen Laitner Benz, “Organización regional en el área de influencia de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, Jalisco, en el siglo XVI”, Origen y desarrollo en el Occidente de México, Brigitte Boehm y Phil Weigand (Coords.), Zamora, México, El Colegio de Michoacán, 1992, p. 321. 32 Brigida von Mentz, “Podremos superar las limitaciones de nuestro empirismo? Algunas consideraciones sobre la antropología, la historia y otros procesos de investigación”, Cuicuilco. Historia y Antropología, Hilda Iparraguirre (Coord.), México, INAH – ENAH, 1994, (Nueva Época, Vol. 1, No. 1), pp. 45 y 47.
43
Cabe aclarar que en tiempos previos a la presencia española, la imponente
geografía que delimita al valle de Colima, más que constituir una barrera
infranqueable, funcionó como puntos de paso e integración con los valles
intermontanos vecinos (y no tan vecinos) de Zapotlán, Tuxcacuesco y Autlán, en la
zona sur del actual estado de Jalisco. Desde varios siglos atrás, los habitantes de
este espacio natural, dieron forma a una tradición al compartir patrones de conducta,
formas de subsistencia y rutas de intercambio. Cierta estabilidad en el devenir de las
sociedades prehispánicas, permitió una densa población y un patrón de
asentamientos disperso por toda la zona de valle y laderas de las montañas que lo
circundaban. Dicha estabilidad se vio afectada por los procesos expansivos del
imperio tarasco, tan solo unos pocos años antes de la llegada española a territorio
colimense.
Con la presencia de un nuevo grupo en la región, los españoles, la integración
regional se prolongó, en una escala macro, durante todo el período colonial. No
obstante, desde la perspectiva de los grupos indígenas, surgió un nuevo
ordenamiento de los asentamientos, con las congregaciones de los habitantes
nativos en unos cuantos puntos, debido al despoblamiento y la introducción de la
ganadería.
Los españoles cimentaron una economía basada en la explotación de los
recursos naturales antaño utilizados por los grupos nativos; para el siglo XVII, las
plantaciones de cacao y de árboles frutales, así como el beneficio de las salinas,
constituían actividades rentables, que permitían la exportación de dicha producción a
importantes ciudades como Sayula, Guadalajara, Guanajuato y la Ciudad de
México.33
33 Samuel O. Ojeda Gastélum, Rebeldía y bandolerismo durante la revolución: Vicente Alonso y el villismo en Colima (1914-1917), Colima, México, Universidad de Colima, 2001, [Tesis de Maestría en Historia Regional, inédita], p. 49.
La ganadería, si bien desplazó a las poblaciones nativas del territorio antes
ocupado por las mismas, tuvo un crecimiento estable que le permitió jugar un papel
importante en la economía colimense, y contribuir al engrandecimiento de haciendas
como la de Pastores, La Albarrada y La Capacha. Durante el siglo XVIII otros
cultivos, como el del coco y el algodón, tuvieron auge, mientras que la producción
44
salinera continuó su crecimiento, productos que figuraron en las redes de comercio
con la Nueva España y la Nueva Galicia, en las que los comerciantes tapatíos
tuvieron un puesto de importancia, al desempeñarse Guadalajara como el principal
mercado del occidente de México.34
Evidentemente, un factor de importancia que posibilitó la integración de
Colima en este mercado, fue la existencia de una amplia red de caminos de
herradura, que sorteaban la imponente geografía, más allá de los valles centrales de
Colima, atravesando barrancas y ascendiendo montañas. El comercio en recuas, se
realizó tanto por la ruta que partía de la villa de Colima, bordeaba hacia el este los
volcanes, para seguir por Zapotlán y la cuenca de Sayula hasta Guadalajara, misma
que era conocida como el camino real de Colima; como por la parte oeste de las
laderas del volcán de Fuego, pasando por Comala y Suchitlán, hasta alcanzar
Zapotitlán y Tuxcacuesco, y proseguir al valle de Autlán. Rutas que, como caminos
de a pie, existían desde tiempos prehispánicos.
Si bien las comunidades indígenas se mantuvieron relativamente estables y
encerradas en un espacio geográfico más limitado, en varias ocasiones tuvieron que
llevar su accionar más allá de los límites de la región colimota, a través de sus
representantes y apoderados, para dar seguimiento a pleitos y querellas sobre tierras
y representación política en la estructura colonial de las repúblicas de indios,
acoplándose al sistema legal colonial, cuya sede se encontraba, a fines del siglo
XVIII, en la ciudad de Valladolid, cabecera de la intendencia del mismo nombre.
A partir de la primera mitad del siglo XIX, el desarrollo colimense se volvió
hacia la costa, como consecuencia de la apertura del puerto de Manzanillo (1825),
que potenció la participación de Colima en los mercados regionales e
internacionales; a la vez que, posteriormente, facilitó la migración de alemanes y
34 Jaime Olveda, Entre…, pp. 23-30.
45
franceses, quienes inicialmente llegaron como agentes comerciales, para después
establecerse definitivamente en Colima.35
Con la etapa independiente las relaciones de dominio y dependencia de los
distintos actores sociales cambiaron; se introdujeron modificaciones sustanciales en
las legalidades estatales las cuales se vieron reflejadas en la relación con las
comunidades, particularmente durante el período de la Reforma. Con el
advenimiento del porfiriato se incentivaron los procesos económicos, particularmente
con el desarrollo industrial y comercial que trajo aparejado y su repercusión en las
actividades de corte agrícola, ya que se incrementó la agricultura comercial con
productos como el azúcar, arroz, café y maíz, al tiempo que decayó la producción
algodonera y textil.
36 Evidentemente, este cambio en la actividad productiva de
Colima, tuvo como causa las transformaciones ocurridas en las vías de comunicación
y transporte, particularmente en el auge del puerto de Manzanillo, el fortalecimiento
de la arriería y el crecimiento de las redes ferroviarias a nivel nacional.37
Este proceso de integración al mercado nacional, con el consiguiente giró
hacia nuevos productos agrícolas y formas de cultivo, llevó a una serie de agudos
cambios en la tenencia de la tierra, dando lugar a una mayor concentración entre
algunos sectores de la sociedad colimense. Fenómeno que suscitó un
enfrentamiento entre las comunidades tradicionales insertadas todavía en el antiguo
régimen y los grupos sociales modernos participantes de una economía capitalista.
Es evidente que este proceso trajo aparejada una reconfiguración de la región;
por un lado, las comunidades indígenas quedaron prácticamente cercadas dentro de
35 Jaime Olveda (Comp.), Estadísticas del Territorio de Colima, México, INAH, 1985, p. 79. Servando Ortoll y José Luis Ramírez Larios, “Una salida al mar”, Colima. Una Historia Compartida, Servando Ortoll (Coord.), México, SEP – Instituto Mora, 1988, pp. 97-120. 36 Al respecto véase José Miguel Romero de Solís (Coord.), Los años de crisis de hace cien años. Colima (1880-1889), Colima, Universidad de Colima – Ayuntamiento de Colima, 1988. 37 Acerca de los cambios en la producción orientada al mercado interno, relacionadas con el suministro de los grandes centros urbanos, a partir de la introducción de ferrocarril, véase John H. Coatsworth, Los orígenes del atraso. Nueve ensayos de historia económica de México en los siglos XVIII y XIX, México, Alianza Editorial, 1998, p. 225. Samuel Ojeda, Rebeldía…, p.51. Servando Ortoll, “El tren de Manzanillo”, Colima. Una Historia Compartida, Servando Ortoll (Coord.), México, SEP – Instituto Mora, 1988, pp. 209-243. Servando Ortoll, “La ruta Guadalajara-Manzanillo”, Colima. Una Historia Compartida, Servando Ortoll (Coord.), México, SEP – Instituto Mora, 1988, pp. 245-269.
46
su fundo legal, al tiempo que adquirieron una mayor movilidad al tener que incorporar
su mano de obra al mercado laboral, migrando hacia las haciendas y salinas de la
costa colimense o, incluso, hasta territorios lejanos como Guatemala, a donde fueron
conducidos por hábiles enganchadores.
A su vez, los hacendados porfiristas expandieron los límites de sus haciendas
en proporciones sorprendentes, como fue el caso del general Ángel Martínez, cuya
mayor concentración de tierras estuvo situada en su hacienda costera de Paso del
Río, a partir de las concesiones obtenidas por el deslinde de terrenos baldíos en el
estado, que afectaron tierras usadas por las comunidades indígenas.38 Otro caso
digno de ser destacado es la hacienda de Camotlán de Miraflores, la cual a inicios
del porfiriato alcanzaba una extensión superior a las 150,000 hectáreas, abarcando
lo que hoy se conoce como el municipio de Manzanillo y parte del municipio de
Cihuatlán, en Jalisco.39
Como consecuencia de este rápido proceso, el último tercio del siglo XIX trajo
consigo cambios profundos en la organización social del trabajo y en el espacio, en
donde destaca la preponderancia de las haciendas y ranchos, lo cual tuvo aparejado
modificaciones en el uso y propiedad de los recursos locales (aguas, tierras y
bosques), que afectaron la subsistencia tradicional de las comunidades indígenas.
Así mismo, se tiene el caso de haciendas que, si bien habían
tenido una superficie relativamente estable durante la colonia, como es el caso de
Nogueras, en la zona norte de Colima, también experimentaron un rápido
crecimiento para este período. De igual forma, haciendas de nueva creación,
pertenecientes a extranjeros, como es el caso de San Antonio, también ampliaron
sus límites de manera reveladora.
Con esta creciente acumulación de tierras y la introducción de los
mencionados cultivos comerciales, pocas haciendas lograron cubrir el abasto interno.
38 Oficio de Esteban García, Gobernador de Colima, al Presidente Porfirio Díaz, Colima; en Biblioteca Francisco Xavier Clavijero de la Universidad Iberoamericana (en adelante BFXC), Fondo Porfirio Díaz, L15C3, Legajo 1483. 39 Sobre las características de esta hacienda véase: Daniel Peláez Carmona, “La expansión capitalista de las haciendas colimenses: el caso de la hacienda de Miraflores”, Regiones y expansión capitalista en México durante el siglo XIX, María Eugenia Romero Ibarra y Pablo Serrano Álvarez (Coords.), México, UNAM – Universidad de Colima, 1998, pp. 319-347.
47
Hacia 1880, existían 832,000 cafetos, distribuidos en tan solo 11 haciendas y
ranchos, cuyas plantaciones eran de reciente creación, y competían por proveer a los
consumidores de Estados Unidos.40 Las haciendas azucareras, entre las que
destacaban Quesería, Nogueras y San Antonio, destinaban su producción para el
abasto de la región, que para esas fechas alcanzaba una población de 71,272
habitantes.41 Gran parte de la producción de frutas fue objeto de exportación a
California, por la línea de vapores que paraba mensualmente en Manzanillo.42
A pesar de esta significativa expansión territorial de las haciendas colimenses,
la competitividad de la agroindustria estuvo signada por la ausencia de ferrocarriles y
las particularidades geográficas de la región. La construcción de la vía férrea a
Manzanillo se terminó en 1889, mientras que la conexión hasta Guadalajara no se
dio sino hasta 1908. El transporte de mercancías permaneció con una gran
dependencia hacia el sistema de arriería, que en mucho encarecía los productos y no
les daba la posibilidad de competir en igualdad de circunstancias dentro del mercado
nacional. Esta particular característica en el desarrollo de la estructura productiva de
la región fue percibida por colimenses de la talla de Gildardo Gómez, gobernador del
estado en esa época, como una aguda crisis en la que “el comercio languidece, (y) la
industria ha desaparecido”.
43
Lo anterior ocasionó que la tierra acumulada por las grandes haciendas no
fuera cultivada en su totalidad, llegando al uso cuando mucho de un 20% de la
superficie cultivable;
44
40 Al respecto confróntese el trabajo de Gregorio Barreto, Ensayo estadístico de la municipalidad de Colima mandado formar por el muy ilustre Ayuntamiento de esta Capital (Colima, 1880), Julia Preciado (Ed.), Colima, México, Archivo Histórico del Estado de Colima, (Col. Pretextos, Textos y Contextos, No. 3), 1996, pp. 31-36.
el resto de las tierras de las haciendas se dedicaron a la
41 Ibíd., p. 16. 42 Ibíd., p. 32. 43 El Estado de Colima (en adelante EC), 22 de septiembre de 1888, p. 47. Al respecto véase: Gregorio Iván Preciado Vallejo, “Historia política de un decenio”, Los años de crisis de hace cien años. Colima, 1880-1889, José Miguel Romero de Solís (Dir.), Colima, México, Universidad de Colima – Ayuntamiento de Colima, 1988, pp. 247-312. 44 John A. Foley, “Geografía…”, pp. 53-54.
48
ganadería, la extracción de madera, se dejaron ociosas o entraron al sistema de
aparcería.45
No obstante lo anterior, la persistencia de los caminos de herradura, al igual
que la abundancia de tierras fértiles y un clima propicio, permitieron el desarrollo de
una importante actividad agrícola, desde los tiempos prehispánicos al presente. Fue
en este espacio geográfico donde los diferentes grupos humanos –campesinos
indígenas, grandes hacendados, extranjeros allegados, habitantes de los ranchos y
mestizos avecinados– tejieron su existencia a lo largo de la centuria decimonónica e
incursionaron en el siglo XX, cuando los sorprendió el advenimiento de la revolución
mexicana.
2.- LOS PRIMEROS ASENTAMIENTOS
Actualmente se reconoce que al momento de la conquista española de
Mesoamérica, ésta era un área donde convivían grupos diferentes, los cuales
presentaban variados niveles de desarrollo sociohistórico; el occidente de México no
fue una excepción a dicho fenómeno. Debido a este hecho, para analizar la
significación de los procesos históricos específicos que se produjeron en Colima
después del siglo XVI, es pertinente conocer las características particulares de las
sociedades indígenas ahí establecidas.
Para abordar el estudio histórico de las diferentes formaciones
socioeconómicas que se desarrollaron durante la etapa prehispánica, se cuenta con
la presencia de numerosos sitios arqueológicos en esta zona, los cuales permiten
observar como estaba configurado el espacio regional en el pasado remoto. Así
mismo, se conservan considerables documentos escritos al momento del contacto
español, que posibilitan reconstruir la etapa inmediata al siglo XVI. Sin embargo, a
pesar de la gran cantidad de información existente, pocos estudios se han avocado a
entender los problemas referentes a la estructura social de los habitantes
prehispánicos del valle de Colima y sus alrededores.
45 Samuel Ojeda, Rebeldía…, p.53.
49
La historia de los grupos humanos que habitaron la región colimota, se
remonta a unos 3,000 años en la antigüedad remota, siendo una de las regiones del
Occidente con un mayor rango de ocupación, desde aproximadamente 1,500 a
1,000 años a.C. Estos primeros grupos tribales aldeanos, conocidos como la
tradición Capacha, se distribuyeron en el valle de Colima, a las márgenes de los ríos
Armería y Colima, a lo largo del río Salado, al igual que en algunas zonas al sur de
Jalisco, como El Grullo, Apulco, San Gabriel, Zapotiltic, Ciudad Guzmán y Autlán.46
Los asentamientos tempranos del complejo Capacha parecen no ubicarse a gran
altura y no rebasaron la cota donde se localiza la actual población de Comala;47
A partir de la fase Ortíces, el patrón de asentamiento da cuenta de la
organización del poder local, donde las agrupaciones de aldeas probablemente
formaron unidades independientes dentro de cada valle o unidad geográfica, dando
lugar a la formación de etnias políticamente integradas. Por medio de ciertos rasgos
arqueológicos constantes, como la cerámica y figurillas, se evidencia la participación
de estas unidades político - territoriales en una tradición más amplia o lo que, en
en
esta zona sólo se conocen los sitios de La Parranda y La Cañada. Tradiciones
culturales emanadas de estas primeras aldeas agrícolas se desarrollaron a lo largo
de un milenio, para caracterizar desarrollos tan importantes como el llamado Ortíces
– Tuxcacuesco, el cual se expandió a zonas externas al valle de Colima, hacia los
valles intermontanos de Autlán, Tuxcacuesco y Zapotlán, al igual que la costa de
Jalisco y Colima, entre 300 a.C. y 250 d.C., marcando un momento de unidad
cultural y densidad demográfica importante.
46 Garman Harbottle, “Activation analysis study of ceramics from the Capacha (Colima) and Opeño (Michoacan) phases of West Mexico”, American Antiquity, Society for American Archaeology, 1975, Vol. 40, N°4, p.454. Isabel T. Kelly, Ceramic sequence in Colima. Capacha: an early phase, Tucson, University of Arizona Press, 1980, (Anthropological Papers of the University of Arizona, N° 37). Clement W. Meighan, “Prehistory of West Mexico”, Science, 1974, (Vol. 184), p.1254. En cuanto a los rasgos característicos del complejo Capacha, su distribución incluso parece llegar hasta el noroeste a la zona montañosa de Mascota, en Jalisco. 47 Para mayor información de los asentamientos Capacha en el valle de Colima considérense las breves menciones que aparecen en los siguientes informes: Julio A. Berdeja Martínez, Informe Final. Rescate Arqueológico El Camichín (julio 2000 – enero 2001), ATCNA-INAH, 5-39, p. 52. Ángeles Olay Barrientos, Inspección efectuada al predio ubicado entre la 3ª Sección de Las Palmas y el Fraccionamiento Esmeralda, 1998, ATCNA-INAH, 5-22, p. 3. Ángeles Olay Barrientos, El Valle de Colima y sus aldeas. Una visión arqueológica de su historia antigua a través de diversos rescates y salvamentos 1987 – 1993, ATCNA-INAH, 5-34, p. 275.
50
otros términos, es conocido como la integración de una esfera de interacción, en la
que participaron unidades equipolentes, la cual abarcó todo Colima y el sur de
Jalisco.48
La formación de dichas unidades político - territoriales debió de estar
sustentada en la existencia de formas de usufructo sobre un territorio determinado, lo
que lleva a la concentración territorial y a la estabilización de las relaciones sociales
al interior de cada comunidad, al igual que con las otras distribuidas en la misma
unidad geográfica.
49 Este proceso da cuenta de un avanzado grado de complejidad
social, sustentado en una economía de tipo agrícola y de control del intercambio con
otros sitios, los cuales se fueron asentando gradualmente sobre las laderas del
volcán y a lo largo de ríos como el Salado y el Armería, zonas geográficas que
funcionaron como corredores para el intercambio con las poblaciones costeras del
valle de Tecomán y de la bahía de Manzanillo.50 Es a partir de este momento que la
población del valle de Colima sufrió un proceso de explosión demográfica; las aldeas
se distribuyeron abarcando las tierras fértiles de todo el valle, a la par que comenzó
la ocupación de la zona de laderas hacia el norte de Comala. Durante el resto del
período prehispánico, con sus diversos desarrollos culturales, la zona del valle y las
laderas parece haber conformado una unidad étnica y política de importancia.51
Según Bárbara Price,
52
48 La interacción implica el intercambio tanto de bienes materiales, como de ideas. Colin Renfrew y Paul Banh, Arqueología. Teorías, métodos y práctica, Madrid, Akal Ediciones, 1998, 2ª. Edición, p. 350.
el criterio de estratificación de sitios en una
determinada región, permite distinguir una formación socioeconómica igualitaria de la
no igualitaria. Siguiendo esta propuesta, la diferencia entre los sitios de esta
tradición, tanto por el tamaño, disposición en la topografía, tipos de estructuras,
49 Mario Sanoja e Iradia Vargas, Antiguas formaciones y modos de producción venezolanos, Venezuela, Monte Ávila Editores, 1992, p. VIII. 50 En recorridos de superficie realizados en estas zonas, ha sido posible observar una gran densidad de asentamientos, en especial a lo largo del río Suchitlán, los cuales se distribuyen aproximadamente cada kilómetro. 51 Carl O. Sauer, Colima de la Nueva España en el siglo XVI, Colima, México, Universidad de Colima – Ayuntamiento de Colima, 1990, p. 90. Este autor calculó la población de la Colima prehispánica en 250,000 habitantes para el momento inmediato al contacto español. 52 Barbara Price, “Cacicazgos prehispánicos en las Américas: sus implicaciones respecto al desarrollo urbano”, Las ciudades de América Latina y sus áreas de influencia a través de la historia, Hardoy y Schaedel (Comps.), Argentina, Ediciones Siap, 1975, pp. 66-77.
51
entierros y artefactos encontrados dentro de los sitios, entre otros indicadores
arqueológicos, marcan la existencia de una formación socioeconómica compleja.
Esta jerarquización entre los sitios de las unidades geográficas es muy incipiente
para la fase Ortíces, pero es mucho más marcada a partir de la fase Comala (de 250
a 550 d.C.). De hecho, la población de la zona de Comala y laderas del volcán de
fuego, parece haber sido abundante durante estas fases (Ortíces y Comala), lo cual
es evidente por la presencia copiosa de cerámicas de esta temporalidad.53
En esta última fase tuvo su auge el sitio conocido como Potrero de la Cruz,
localizado al noreste de Comala, entre las cañadas formadas por dos arroyos de
temporal. Este sitio sobresalió del común de los asentamientos de la región, siendo
el de mayor tamaño en la zona de las laderas al oeste del volcán y del valle de
Colima. Muy probablemente, Potrero de la Cruz fue el centro rector de esta amplia
zona, tanto por la extensión del sitio, como por la monumentalidad de sus
construcciones y el tamaño de sus sepulcros funerarios. Dicho sitio controló el
intercambio de recursos estratégicos, como la obsidiana procedente de zonas más
lejanas, dando cuenta de las funciones cívico-administrativas en él llevadas a cabo.
54
La distribución de estos asentamientos refleja la forma en que dichos grupos
resolvieron sus problemas de selección y adaptación al medio ambiente, en función
de las necesidades requeridas para su reproducción social.55
53 Evidencias al respecto pueden observarse las colecciones permanentes del Museo Universitario de Nogueras, en lo que fuera parte de la antigua hacienda del mismo nombre. La gran mayoría de las cerámicas pertenecen a la fase Comala; la colección fue conformada desde principios del siglo XX, cuando los dueños de Nogueras fueron resguardando parte de los hallazgos en tierras de su propiedad. Otro caso similar es la colección de piezas colimotas del Museo de Berlín, que fue donada en 1911 por el cónsul alemán Arnoldo Vogel, dueño de la hacienda de San Antonio; dichas cerámicas también pertenecen mayoritariamente a esta temporalidad y proceden de los terrenos de su hacienda. Al respecto, confróntese: Dieter Eisleb, Westmexikanische Keramik, Berlin, Museum für Völkerkunde, 1971.
Las variantes dentro de
las unidades geográficas, son entendidas como el resultado de una larga tradición,
en la que el cambio hacia nuevas formas de explotación de recursos disponibles, se
54 En el sitio de Potrero de la Cruz se tomaron muestras de obsidiana que proviene de los yacimientos de Ahuisculco y Navajas, localizados en San Juan de los Arcos, municipio de Tala, en los alrededores del volcán de Tequila, Jalisco. Las muestras fueron estudiadas por el método de Análisis de Activación Neutrónica, por el Dr. Glascok (Phil Weigand, comunicación personal, febrero del 2001). 55 Bruce G. Trigger, “Settlement archaeology: its goals and promises”, American Antiquity, Society for American Archaeology, 1967, Vol. 32, No. 2, pp. 149-160.
52
observa tanto en el patrón de asentamientos, como en la implementación de nuevos
procesos extractivos y productivos, así como su consecuente repercusión en el nivel
de las relaciones sociales.
En este sentido, desde la fase Ortíces se empieza a advertir cierta
especialización productiva en diferentes regiones. En la costa se han localizado
talleres de manufactura de objetos de concha. Así mismo, materias primas y objetos
de otras regiones de occidente, también llegaron a Colima producto de este activo
intercambio. Tal es el caso de la obsidiana, que para estos momentos ya es
abundante. Esta es una materia prima de gran importancia para la fabricación de
instrumentos punzo cortantes y, debido a su inexistencia en los yacimientos
geológicos de Colima, se obtuvo por intercambio. Durante estas fases tempranas, la
mayor parte de la obsidiana provino de los yacimientos localizados en los
alrededores del volcán de Tequila, Jalisco, y de los de Zinapécuaro, Michoacán.
En la cuenca del Salado, la extracción de pigmentos para la elaboración de
cerámica fue en aumento. En el sitio de El Panteón, en la margen oeste del Salado,
fue encontrada una tumba de tiro que probablemente perteneció a un alfarero. La
presencia en las ofrendas de vasijas con bolas de pigmento púrpura y rojo,
instrumentos de hueso tales como leznas y punzones, los restos de pigmento en las
piedras de molienda, el número de manos de mortero, al igual que la abundancia y
variedad de figurillas, indican la posible relación de este conjunto de materiales con
la práctica de la alfarería. La información que remiten los trabajos de extracción,
preparación y utilización de pigmentos y arcillas dentro del proceso de manufactura
de la cerámica, llevan a inferir la especialización de un sector de la comunidad
dedicado a estas actividades específicas, situación que refleja una clara división
social del trabajo al interior de estos grupos. Arqueológicamente, esta especialización
es observable en el aumento de la cantidad y calidad de los productos
manufacturados.56
56 Lorenza López Mestas C., “Las figurillas tempranas de Colima: un acercamiento a su función social”, Actas del V Coloquio de Occidentalistas, Guadalajara, México, Departamento de Estudios del Hombre – Universidad de Guadalajara, (en prensa).
53
Durante la fase Ortíces los cambios cuantitativos y cualitativos respecto al uso
de la tierra y del agua empezaron a ser más notorios. Se comenzaron a construir
terrazas para cultivo, así como sistemas de drenaje poco desarrollados; debido a la
escasez de excavaciones en Colima, poco se conoce sobre las innovaciones en las
técnicas agrícolas del Formativo e inicios del Clásico. En las excavaciones realizadas
en el sitio de La Diosa, municipio de Villa de Álvarez, se registró la presencia de un
pequeño canal, ademado con piedras, que parte del arroyo del Diablo.57 Este canal
estaba cubierto por un estrato que contenía material de la fase Ortíces por lo que su
asignación a este lapso de tiempo parece correcta. La presencia de pequeñas casas
de bajareque indica que el cultivo se llevaba a cabo, tanto al exterior de las aldeas en
campos abiertos, como cercano a los caseríos, seguramente a manera de hortalizas
o huertas familiares, patrón que fue preponderante durante toda la ocupación
prehispánica de esta zona. Existen también datos sobre la construcción de represas,
con fines de almacenamiento y riego, a lo largo de arroyos poco profundos como
Carrizal, Canelo, Montrica y Chacalillo o Pereira.58
Al convertirse la agricultura en la fuente principal de obtención de recursos
alimenticios, esta actividad tomó un papel preponderante entre las actividades de
subsistencia. El cultivo del maíz necesitó de más inversión de tiempo para su
cuidado, pues requiere de una limpieza profunda del terreno, la preparación de los
suelos y su riego si la humedad no es suficiente. Seguramente, al igual que en otras
regiones mesoamericanas, el cultivo del maíz fue acompañado del fríjol y la
calabaza. De este último cultígeno se puede asegurar su presencia, ya que existen
representaciones cerámicas de las fases Ortíces y Comala, las cuales dan cuenta de
La necesidad de construir terrazas
de cultivo, así como sistemas de drenaje y riego implicó la tarea de organizar a la
población para realizar este trabajo colectivamente.
57 Este sitio se excavó en 1997 bajo la dirección de Lorenza López Mestas, como parte del Programa de Protección Legal de Zonas Arqueológicas de Colima (informe técnico en proceso). 58 Sobre este tipo de vestigios véase: Ángeles Olay Barrientos, El Valle de Colima y sus aldeas. Una visión arqueológica de su historia antigua a través de diversos rescates y salvamentos 1987 – 1993, ATCNA-INAH, 5-34, p. 313. Ángel Palerm y Eric Wolf también registraron el aprovechamiento de corrientes de agua para fines agrícolas en el valle de Colima, pero para momentos más tardíos de la etapa prehispánica; véase: Agricultura y civilización en Mesoamérica, México, SEP, (Col. Sepsetentas, No. 55), 1972.
54
la utilización de diversas variedades de esta especie. La recolección de ciertos frutos
y semillas, debió de ser una actividad importante, ya que en estas vasijas también se
representan frutas silvestres como la pitahaya y el bonete. La recolecta siguió siendo
un recurso para la complementariedad dietética, siendo una actividad de tipo
estacional, posiblemente practicada por las mujeres y los niños, mientras la caza fue
una actividad netamente masculina.
La aparición de malacates de cerámica, en el registro arqueológico, da cuenta
de la utilización del algodón (Gossypium hirsutum), propio de tierra caliente. A su
vez, los diferentes tipos de malacates para hilar, indican una cierta especialización en
el tejido, con la utilización de diferentes fibras, como las extraídas de ciertas especies
de maguey. Factiblemente también se usaron sustancias para teñir los tejidos, como
la secreción obtenida de caracoles, abundantes en los concheros de la costa
(Purpura pansa, Thais biseralis, Heraplex erithrostomus).59
Como se ha venido apuntando, la agricultura estimuló la sedentarización de
los grupos humanos, al permitir la concentración de núcleos de población cada vez
mayores, proceso que en Colima ocupó un largo período de tiempo. La producción
de un excedente alimenticio suficiente, el cual sólo se logró con el cultivo del maíz,
posibilitó que algunos integrantes de la comunidad se apartaran de esta actividad al
utilizar este plusproducto para su sostenimiento, aspecto que permitió el desarrollo
de nuevos procesos de trabajo, llevando hacia una diversificación en la producción
de bienes de consumo y a la especialización en su manufactura.
60
59 Lorenza López Mestas y Jorge Ramos, Informe Técnico del Proyecto de Reconocimiento Arqueológico Colimilla – Barra de Navidad. Primera Temporada, ATCNA-INAH, 1994, (Mecanoescrito). Lorenza López Mestas y Jorge Ramos, “Investigaciones arqueológicas en el valle de Cihuatlán – Barra de Navidad”, Memorias del IV Coloquio de Occidentalistas, Guadalajara, Jalisco, México, ORSTOM – Universidad de Guadalajara, 1998, pp. 203-210.
Este proceso
social, basado en una economía agrícola, reforzó los vínculos al interior de la
60 La existencia de este excedente agrícola se atestigua con la presencia de silos subterráneos; estos pozos de forma rectangular y circular con las paredes recubiertas de piedra, los cuales se localizaban cercanos a las unidades habitacionales, como los encontrados en los sitios de La Diosa y La Campana, sirvieron para el almacenamiento de granos. Para una descripción de estas estructuras véase: Ana Ma. Jarquín Pacheco, Proyecto de Investigación Arqueológica “La Campana”, Informe II, ATCNA-INAH, 5-17,1996, pp. 32-42, (Mecanoescrito). Lorenza López Mestas, Informe Parcial del rescate arqueológico en el sitio Diosa del Agua, Villa de Álvarez, Colima, ATCNA-INAH, 1997, (Mecanoescrito).
55
comunidad, así como con las otras comunidades que conformaban las diversas
unidades político - territoriales, en tanto grupos afines culturalmente que
compartieron un mismo territorio. William Sanders ha explicado este fenómeno de
especialización productiva regional a través del modelo de simbiosis económica, en
que una serie de comunidades explotaron los recursos diversificados disponibles;61
Los cambios que surgieron a raíz de este proceso, en cuanto al uso de la
tierra y el manejo del agua, dieron origen a la necesidad de un control social y
político de los sujetos para la realización de obras de infraestructura agrícola. Así,
cada vez se remarcó más la división social del trabajo en los grupos humanos que
participaron en los procesos destinados a la obtención de alimentos, en la
elaboración de bienes artesanales y en la dirigencia de la comunidad, lo cual permitió
distinguir entre el trabajo manual y el trabajo intelectual.
este fenómeno hizo que las comunidades mantuvieran una estrecha relación
socioeconómica de interdependencia.
Es probable que en estas sociedades, las aldeas estuvieran formadas por
familias extensas, donde los lazos de parentesco consanguíneo serían primordiales
en la organización social. En estas sociedades, el nexo que definió el papel social de
los hombres, en un régimen de propiedad comunitaria, fue el parentesco, en tanto
determinó relaciones concretas de cooperación, derechos y obligaciones, más
específicos que las mismas relaciones sociales de producción. Después del grupo
doméstico, integrado por la familia nuclear, el grupo corporativo que definió las
relaciones de cooperación y participación comunal con un representante directo, fue
el linaje.62
En un principio los poderes de un dirigente probablemente dependerían más
de sus cualidades como organizador de las tareas comunales, que del prestigio
mismo de su cargo, al ser este un puesto determinado de manera sociocéntrica. Sin
61 William T. Sanders, “Hydraulic agriculture, economic symbiosis and the evolution of State in Central Mexico”, Anthropological Archaeology in the Americas, Betty Meggers (Ed.), Brooklyn, The Anthropological Society of Washington, 1968, p. 100. 62 Griselda Sarmiento, Las primeras sociedades jerárquicas, México, INAH, 1992, (Col. Científica, No. 246), p. 116.
56
embargo, con el tiempo la transición del cargo pareció volverse de carácter
hereditario, dando lugar a la preeminencia de ciertos linajes, confiriéndoles un status
diferente al del resto de la comunidad;63 este proceso pudo dar como resultado una
organización social similar a la referida por Kirchhoff como “clan cónico”, en la cual
los diferentes linajes que la componen se encuentran jerarquizados en una estructura
piramidal. 64
Estos individuos y linajes lograron un control objetivo sobre determinados
elementos del proceso productivo, no sólo en el aspecto básico de la subsistencia, lo
que permitió crear vínculos jerárquicos de dependencia entre la comunidad,
otorgándole a dicho segmento un mayor poder político y prestigio social. Los linajes
privilegiados tenderían a formar alianzas extralocales con los miembros de otros
linajes dirigentes en las demás comunidades que conformaban las unidades político -
territoriales, dando lugar a una mayor diferenciación entre los sectores que
componían este tipo de sociedades.
65 Muchas de las figurillas de las tradiciones
Ortíces y Comala, muestran imágenes de dignatarios cargados en palanquines por
otras personas, al igual que la existencia de grupos de carácter militar (guerreros),
aspecto reafirmado por la diversificación de las armas: porras, hondas, lanzas cortas,
hachas, puntas de proyectil, cuchillos, atlatls o lanzadardos, escudos, cascos y
armaduras de algodón.66
63 Este fenómeno esta ejemplificado en la tumba de Huitzilapa, Jalisco. Dicho sepulcro se construyó para albergar a los miembros de un grupo de parentesco consanguíneo, integrantes de un linaje de alto status. Cfr. Lorenza López Mestas, Jorge Ramos y Robert Pickering, “Culto funerario y organización social en la tradición Teuchitlán durante el Formativo tardío”, Memorias del IV Coloquio de Occidentalistas, Guadalajara, Jalisco, México, ORSTOM – Universidad de Guadalajara, 1998, pp. 167-174. Lorenza López Mestas y Jorge Ramos, “Excavating the Tomb at Huitzilapa”, Ancient West Mexico. Art and Archaeology of the Unknown Past, Richard F. Townsend (Ed.), Chicago, The Art Institute of Chicago, 1998, pp. 53-70.
La presencia de grupos militares se vuelve imprescindible
cuando la comunidad invierte trabajo sobre un determinado territorio –principalmente
64 Paul Kirchhoff, “El sistema clánico en la familia humana”, Nueva Antropología, México, No. 7, Año II, diciembre 1977, pp. 47-63. Paul Kirchhoff, “The principles of clanship in human society”, Davidson Journal of Anthropology, The Davidson Anthropological Society, (Vol. 1), pp. 1 – 10. 65 Griselda Sarmiento, “Tribus y cacicazgos arqueológicos: una discusión acerca del origen de la estratificación social”, Boletín de Antropología Americana, México, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, No. 27, 1993, p. 103. 66 Otto Schöndube, “La tradición de tumbas de tiro”, Historia de Jalisco, José María Muría (Dir.), Guadalajara, México, Gobierno del Estado de Jalisco, Tomo I, Capítulo VIII, p.194.
57
en tareas agrícolas– y tiene necesidad de cuidarlo, para lo cual implementa
mecanismos de defensa.
Esta tendencia a una mayor estratificación se ve remarcada por las
construcciones monumentales de carácter ceremonial y político, donde la religión,
cada vez más formalizada, se externo públicamente. El espesor de las capas
culturales que constituyen los sitios arqueológicos del valle de Colima, hace patente
la estabilidad de que gozaron estas comunidades; obviamente, este aspecto fue
respaldado por una actividad económica estable, la cual permitió la organización de
los individuos para la construcción de las grandes plataformas de los centros
ceremoniales. Estos centros reflejan ya una jerarquización de funciones al interior de
los sitios de una unidad político - territorial, con una autoridad y dirección
centralizada.
La preeminencia de ciertos sitios con respecto a otros, y sus respectivos
linajes, se pudo deber a su ubicación ventajosa en cuanto a mejores condiciones
agrícolas o a una posición estratégica en rutas de intercambio. En estos sitios,
además de su carácter religioso, también se realizarían tareas de tipo político y
administrativo. Seguramente, en estos lugares se llevaría a cabo la recolección
centralizada de alimentos y otros productos de consumo, tanto locales como
alóctonos, para posteriormente proceder a una redistribución de estos bienes.67
Este proceso de circulación y distribución de bienes entre los miembros de las
comunidades que componen una unidad político - territorial, es ocasionado por la
variabilidad de recursos presente, a causa de los diferentes nichos ecológicos que la
componen, lo que produce una estratificación económica y una división y
especialización del trabajo entre las comunidades.
68
67 La redistribución es un mecanismo de circulación de bienes, a través de un centro que se encarga de su almacenamiento y su posterior distribución entre los miembros de la comunidad (Karl Polanyi 1976, citado por Manzanilla); Linda Manzanilla, “La redistribución como proceso de centralización de la producción y circulación de bienes”, Boletín de Antropología Americana, México, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, No. 7, 1983, p. 5.
Dicho proceso es desconocido
para Colima y, en general, para el occidente de México.
68 Ibíd., pp. 11-12.
58
En la zona de estudio, el sitio de Potrero de la Cruz parece perder su papel
preeminente como centro rector, mudándose el núcleo del poder hacia el valle de
Colima, donde el sitio de La Campana comenzó a tomar importancia desde finales de
la fase Comala hasta la transición del Epiclásico/Postclásico temprano (750 a 1,200
d.C.); posteriormente, dicho sitio fue reemplazado por El Chanal hacia el Postclásico
tardío (1,200 a 1450 d.C.). En las estructuras de los templos de La Campana se han
encontrado concentraciones de silos, que dan cuenta de estas funciones de
recolección centralizada. En estos casos, lo más probable es que la recolección
haya sido de tipo asimétrico, en la cual la institución centralizadora, generalmente
constituida por el centro ceremonial, canalizó el excedente obtenido hacia otros
sectores de la comunidad alejados de las tareas básicas de subsistencia. Este
excedente pudo ser tanto en la forma de producción de excedentes, tanto de
materias primas, como de fuerza de trabajo, destinada esta última a tareas como
construcción y mantenimiento del centro ceremonial, implementación de
infraestructura agraria, entre otras.
El desarrollo y complejidad de los centros ceremoniales apuntan hacia un
crecimiento progresivo de la población y una mayor formalización de los lazos
político – religiosos al interior de la sociedad. Para la parte más tardía de la etapa
prehispánica se ha estimado que alrededor de una quinta parte de la población –
unos 50,000 habitantes– se encontraba viviendo en concentraciones urbanas de
considerable tamaño.69 En la zona del valle y laderas del volcán, el resto de la
población se encontraba diseminada en pequeñas aldeas y caseríos dedicándose
mayoritariamente a actividades de tipo agrícola. Los sistemas de cultivo y regadío
eran comunes, mismos que consistían en obras como canales de irrigación y
terraceados en la zona de laderas, con una presencia considerable de huertas.70
69 Carl Sauer, Colima…, 1990, p. 89.
70 Para el momento del contacto español, las fuentes mencionan varios poblados con huertas y sistemas de regadíos; incluso actualmente en el moderno Suchitlán todavía es posible observar los restos de terrazas de cultivo de manufactura prehispánica. Entre los poblados citados se encontraban los de Acautlán, Aguatitlán, Apatlán, Caliguacán, Colima, Comala, Coatlán, Escayamoca, Malacatán, Miaguatlán, Petatlán, Popoyutla, Suchitlán, Tecocitlán, Xocotlán, y Zacualpan. Al respecto véase: Lorenzo Lebrón de Quiñones, “Relación sumaria de la visita que hizo en Nueva España el Licenciado Lorenzo Lebrón de Quiñónez a doscientos pueblos. Trae descripciones de ellos, sus usos y
59
Sin embargo, la gran mayoría de la población se encontraba lejos del
espléndido desarrollo y del aislamiento, donde supuestamente “...se percibe una
ausencia de fascinación mórbida hacia la violencia, la muerte y los sacrificios”.71 Por
el contrario, la mayor parte de estos grupos se encontraban fuertemente sometidos,
bajo diversas medidas coercitivas, como es mostrado por las representaciones de
sacrificados, cautivos, hombres con cráneos trofeo, guerreros, entre otras
manifestaciones de poder, al igual que el hallazgo de diversas armas y entierros de
cabezas decapitas, costumbre común en la zona.72 Las representaciones de
guerreros y cautivos, plasmadas artísticamente en cerámica, pueden ser
consideradas como un elemento más del discurso público de los grupos
dominantes,73
El conocimiento y control del medio ambiente, al igual que la aplicación de
técnicas adecuadas en los procesos extractivos y productivos, derivó en el desarrollo
y fortalecimiento de estas sociedades, permitiendo su crecimiento y consolidación,
en el cual forman parte de una semántica del poder, pues dichas
imágenes constituyeron una forma de exhibición de la fuerza y autoridad de los
caciques.
costumbres. Fecha en Taximaroa a 10 de septiembre de 1554”, Documentos para la historia del estado de Colima, siglos XVI-XIX, José A. Calderón (Dir.), México, Novaro, (Col. Peña Colorada), 1988. Francisco del Paso y Troncoso, Suma de visitas de pueblos por orden alfabético, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1905, (Tomo I); Fray Alonso Ponce, Viaje a Nueva España, México, SEP, 1947; al igual que Palerm y Wolf, Agricultura…,1972. 71 Cfr. John A. Foley, “Geografía…”, 1988, pp. 46-47. 72 Véase dichas representaciones en los numerosos catálogos de piezas arqueológicas del occidente de México: Beatriz de la Fuente, Arte prehispánico funerario. El occidente de México, México, El Colegio Nacional, 1994, Figs. 10, 64-65 y 76-79. Michael Kan, Clement Meighan y H. B. Nicholson, Sculpture of Ancient West Mexico, Nayarit, Jalisco, Colima, Albuquerque, New Mexico, Los Angeles County Museum of Art – University of New Mexico Press, 1989, Figs. 16a, 58a, 67, 76, 79, 82a, 115, 124-126, 132 y 147. Laura Mercader (Coord.), Vida y muerte. Arte funerario del Occidente de México, Barcelona, Fundación “La Caixa”, 1998, Figs. 46, 55-60. Otto Schöndube, Jorge Ramos y Lorenza López Mestas, Reflets de la Vie: Art de l’Óccident du Mexique, Paris, Carrousel du Louvre, 1997, Figs. 72 a 83. Richard F. Townsend (Ed.), Ancient West Mexico. Art and Archaeology of the Unknown Past, Chicago, The Art Institute of Chicago, 1998, Figs.13, 35, 64, 79, 82, 89, 114, 127, 132, 136, 151 y 199. Luis Ignacio Villagarcía (Coord.), Tesoros de Colima. Hallazgos de ayer y hoy, Colima, México, Gobierno del Estado de Colima – Universidad de Colima, 2005, pp. 18-19, 33, 108-109 y 114-115. Cabe aclarar que la mayoría de los catálogos se han centrado en las representaciones cerámicas pertenecientes a la tradición de tumbas de tiro, mientras que poca información existe para los períodos más tardíos. 73 El discurso público es definido por James Scott, como “una descripción abreviada de las relaciones explícitas entre los subordinados y los detentadores del poder. James Scott, Los dominados…, pp.24-25.
60
bajo formas específicas de organización económico-social, desde grupos tribales no
igualitarios hasta la conformación de cacicazgos en el momento del contacto
español. Es un hecho que los grupos asentados en el territorio colimense contaban
con una organización social compleja, desde que el imperio tarasco, su vecino por la
frontera este, no logró penetrar los dominios de este señorío y, por ende, sostenían
guerras continuas para la defensa de su territorio.74 Si para el primer milenio de
nuestra era, la región colimota englobaba en su órbita de interacción las provincias
de Amula, Tuxpan, Tamazula, Zapotlán, Cihuatlán y Motines, es un hecho que para
fines del siglo XV el imperio tarasco había logrado penetrar hasta las zonas de
Tuxpan, Amula y Zapotlán, es decir, que las zonas de las laderas al este, noreste y
norte de los volcanes de Colima se encontraban en un proceso de ocupación
incipiente por parte de dicho imperio, mismo que estaba rodeando en dos de sus
costados al territorio colimense (Fig. 6). Así, al arribo de los conquistadores
españoles, en el territorio colimense existían unidades político - territoriales con una
autoridad bien definida y centralizada.75
74 Jerónimo de Alcalá, La Relación de Michoacán, Francisco Miranda (Ed.), Morelia, México, Fimax Publicistas Editores, 1980, pp. 84-87. Los mismos tarascos se referían al señor de Colima como “un gran señor con los que ellos estaban en guerra”, lo que da cuenta de la complejidad social alcanzada en territorio colimense al lograr mantener su territorio frente a una sociedad de tipo estatal como lo era la purépecha y contar con un ejército formal que derrotó la primera incursión española; cfr. Carl Sauer, Colima…, 1990, pp. 9-13; Hernán Cortés, Cartas de relación, México, Editorial Porrúa, 1960, (Col. Sepan Cuantos, No. 7), p.204.
75 El uso del término “unidad político-territorial” no debe entenderse de manera anacrónica y asociarlo con el uso aplicado a las sociedades modernas; sino a partir de que todos los grupos humanos asentados en un espacio determinado ejercen una adherencia y posesión territorial donde tejen redes sociales y practican ejercicios del poder. Para entender este concepto debe considerarse que cada palabra puede tener una multiplicidad de significados que se van adecuando a la realidad mudable, aunque en este caso “unidades político-territoriales” se utiliza como un término que permita someter este pasado al vocabulario y utillaje analítico del investigador. Para ahondar al respecto, véase: Heiner Schultz, citado por Reinhart Koselleck, “Historia de los conceptos y conceptos de la historia”, Ayer. Revista de Historia Contemporánea, Madrid, Asociación de Historia Contemporánea, Vol. 1, No. 53, 2004, p. 30.
61
Fig. 6. Región colimense a inicios del siglo XVI.76
76 Tomado de Sauer, Colima…, pp. 46-47.
62
3.- COLIMA Y LA PRESENCIA ESPAÑOLA
Desde una etapa temprana del contacto español, Hernán Cortés se interesó
en la región costera del Pacífico noroccidental. La conquista de lo que hoy es Colima
y el suroeste de Michoacán se produjo, en parte, por la búsqueda de puertos a lo
largo del océano Pacífico, así como por los reportes de la existencia de comunidades
indígenas ricas en oro y plata.77 Las primeras expediciones al señorío de Coliman,
cuyos dominios comprendían desde la provincia de Alima hasta el río Cachan, se
realizaron siguiendo la costa a partir de Zacatula en la desembocadura del Balsas,
hacia fines de 1522.78 Según la Relación de Michoacán, los españoles se dirigieron a
Colima con un contingente tarasco; el enfrentamiento con la población nativa causó
la muerte de muchos indígenas, ya fuera en la batalla o sacrificados por los mismos
tarascos. Sin embargo, Lebrón de Quiñones, quien visitó la región sólo treinta años
después de la conquista, insistía en que ninguna villa de Colima, con excepción de
Tecomán, ofreció resistencia a los españoles.79
Hacia fines de 1522, los españoles habían tomado posesión de las tierras en
los alrededores de los volcanes de Colima y comenzaron a establecer rutas
alrededor de las laderas de éstos, para conectar mejor a Colima con otras regiones
ya dominadas. En 1524 llegó Francisco Cortés a administrar la provincia de Colima y,
a partir de este momento, tanto las tierras como sus habitantes quedaron repartidos
entre treinta y tres encomenderos. En un principio, la provincia de Colima abarcó el
territorio correspondiente al actual estado de Colima, además de la zona de Motines
y la provincia de Coalcomán en Michoacán. Posteriormente, con la expedición de
Francisco Cortés en 1525, se agregó el territorio norteño que va desde Autlán hasta
77 Carl Sauer, Colima…, 1990, p. 33. Donald D. Brand, “Etnohistoric synthesis of Wester México”, Handbook of Middle American Indians. Archaeology of Northern Mesoamerica, Robert Wauchope (Ed.), Austin, University of Texas Press, 1971, (Vol. 11, Part 2), p. 639. 78 Donald D. Brand, Coalcoman and Motines del Oro. An ex-distrito de Michoacan, Mexico, Austin, University of Texas Press, 1959, pp. 58-59. 79 La Relación de Michoacán, 1980, p. 87; Donald Brand, “Etnohistoric…”, 1971, p.639.
63
Tepic, mismo que después fue perdido en 1530 con la entrada de Nuño de
Guzmán.80
El establecimiento de los españoles en Colima se realizó fácilmente, ya que
los indígenas no ofrecieron gran resistencia, salvo los focos señalados por Lebron de
Quiñónez. Como lo propuso Elman Service,
81
Los nuevos colonizadores de la provincia de Colima controlaron la abundante
población nativa a través de la institucionalización de la encomienda. Esta no implicó
la tenencia de la tierra, sino únicamente el control de la población y, por ende, de la
fuerza de trabajo indígena. A pesar de que no se disoció a la población, como
productora directa, de sus bienes de producción, la encomienda implicó un
desmembramiento total de la configuración regional y la introducción del náhuatl
como lingua franca, con el consecuente cambio en la distribución del patrón de
asentamientos, cuyos nuevos poblados dependían de las necesidades españolas, al
igual que transformaciones en las formas tradicionales de explotación de los recursos
naturales. Debido a que, tanto la sociedad española como la indígena, compartían
una economía basada en la agricultura y en la explotación de las poblaciones
rurales, en Colima el éxito de los españoles permitió dichos cambios en la
organización regional. Lo antes dicho muestra ejemplos de ruptura con el pasado
prehispánico.
el proceso de conquista y
transculturación de las sociedades indígenas fue inversamente proporcional a la
complejidad que habían alcanzado dichos grupos y a su densidad demográfica. En
zonas donde se alcanzó un grado de complejidad mayor, el dominio se realizó a
través de la antigua estructura política, de forma que se conservaron algunos
elementos originales de su cultura, esto indica que la conquista no fue solo ruptura
sino también implicó continuidades; tal parece que este proceso fue el dominante en
el caso de Colima.
80 Carl Sauer, Colima…, 1990, p. 33. 81 Elman Service, “Indian European relations in Colonial Latin America”, Theory in Anthropology, Robert Manners y David Kaplan (Eds.), Aldine Publishing Co., 1968, p. 286.
64
Todos estos cambios produjeron un fenómeno constante de declinación de la
población indígena, tal como lo afirmaba en su visita de 1554 el oidor Lorenzo
Lebrón de Quiñones, ya que muchos pueblos habían desaparecido por completo.82
Particularmente, la población de la zona de Comala había tocado en
encomienda a Bartolomé López Cabeza, según cédula expedida el 30 de diciembre
de 1527 por Alonso de Estrada, gobernador de la Nueva España, quien se las
arrebató a Pedro de Simancas. El encomendero Bartolomé López casó con doña
Francisca Figueroa de quien no procreó hijos; al morir él y siendo ella heredera,
contrajo nupcias con Alonso de Carrillo, a quien pasó la encomienda de Comala.
En la zona del valle de Colima también se presentó un drástico declive en el número
de asentamientos indígenas, al igual que en la zona de laderas aledañas al volcán,
que era rica en asentamientos prehispánicos dispersos en su paisaje, la cual casi
quedó deshabitada por la introducción de las estancias ganaderas; sólo quedaron
unos cuantos poblados donde se concentró la población nativa. Lo anterior no puede
explicarse como un brusca crisis o declive demográfico, más bien fue una
redistribución de la población hacia áreas fuera de la férula española. Esta
reorganización en el uso del espacio, iniciada a partir de la conquista española del
territorio colimense, fue el punto de partida de la nueva configuración regional.
83 La
cabecera de la parte noroeste del valle de Colima y la zona de laderas del volcán
quedó ubicada en la población de Comala y Suchitlán estuvo sujeta a ella desde un
principio.84
82 Carl Sauer, Colima…, 1990, p.53.
83 Véase Lorenzo Lebrón de Quiñones, Relación…, 1988, p. 29. Jesús Anaya Topete, Las encomiendas de Colima, México, Club del Libro Colimense, 1984. Antonio Flores Galicia, “Evangelización temprana en Comala”, Comala. Memorias de un encuentro, Servando Ortoll, (Coord.), México, Gobierno del Estado de Colima – Universidad de Colima, 1994, p. 111. 84 Como refiere Juan Carlos Reyes, antes de la segunda mitad del siglo XVI, Suchitlán no aparece mencionado como tal en ningún documento; véase Juan Carlos Reyes, “La población de Comala – Suchitlán (siglos XVI al XVIII)”, Comala. Memorias de un encuentro, Servando Ortoll (Coord.), México, Gobierno del Estado de Colima – Universidad de Colima, 1994, pp. 119-120. Sauer ubicó varios pueblos en el área ocupada por Suchitlán, que pudieron corresponder a sus anteriores denominaciones como Tecomachantla y Anacastapala, véase Sauer, Op. cit., pp. 46-47. En varias fuentes también aparece como Macastapalo, Cecamachantla, Tecomachán, y Nacastapala; cfr. “Vecinos y pueblos de Colima en 1532”, Boletín del Archivo General de la Nación, México, AGN, 1939 (Vol. 10, No. 11).
65
El crecimiento poblacional de esta encomienda fue de importancia, pues para
1532 contaba con 100 indios tributarios. Según la Suma de Visitas, hacia 1546-1547,
Comala contaba con 117 tributarios casados, mientras que la estancia de
Tecomachán (Suchitlán) su sujeto, tenía 55 varones casados. Para entonces, los
límites de este último poblado eran algo extensos, pues al sur limitaba con terrenos
de Almoloyan y hacia el norte con tierras de Zapotitlán.85
A lo largo de las seis décadas posteriores al arribo español a tierras
colimenses, el número de indígenas comaltecos que figuraron como tributarios para
la corona española evolucionó de la siguiente manera:
Cuadro Nº 1. Tributarios de la población de la zona de Comala durante el siglo XVI
Año Indios casados
1532 40
1547 117
1553 125
1565 167
1570 150
1597 137
__________________________________________________________________________
FUENTE: Francisco del Paso y Troncoso, Suma…, 1095; “Vecinos y pueblos de Colima en 1532”, Boletín del Archivo General de la Nación, 1939, Vol. 10, No. 11, p. 12; Florentino Vázquez Lara, Comala. Esbozos históricos socio-religiosos, México, Litográfica Ingramex, 1984, pp. 14-20.
Desde mediados del siglo XVI se percibe un incremento en el desempeño de
la autoridad española, lo que se expresó mediante diversas modalidades. Además de
la pérdida de control de su territorio, la población indígena se vio sometida a una
fuerte carga de tributación; esto debido a que la encomienda consistió en el régimen 85 Véase Francisco del Paso y Troncoso, Suma…,1905.
66
por el cual se asignó a los indios a un tutor, a quien proveían de mano de obra
gratuita y, aunque no tenía título de propiedad sobre la tierra, se le otorgó el derecho
a una parte del producto de sus encomendados. Por ejemplo, en la zona de Comala
generalmente se tributaba maíz, que seguía siendo uno de los cultivos más
importantes, aunque gradualmente fue siendo desplazado por cultivos de tipo
comercial como el trigo y la caña, debido a contar con buenas tierras de temporal y
las mejores para irrigación;86 también se pagaba tributo en hierba para pastura,
guajolotes, textiles de algodón y cacao, aunque este último desapareció por completo
a fines del siglo XVII.87
Si bien la población de las laderas del volcán había ido en aumento gradual,
hacia 1570 ésta comenzó a disminuir;
Así, en el caso de estas encomiendas, básicamente
dedicadas a la agricultura, no hubo cambios significativos en el modo de producción,
pero si variaron las relaciones de producción, ya que los indígenas estuvieron
alienados al encomendero, quien obtenía el excedente de producción, que comenzó
a ser intercambiado en la economía colonial que empezaba a organizarse. Para el
autoconsumo, tanto indígenas como españoles continuaron dependiendo de las
técnicas agrícolas y los productos nativos; de estos últimos, la producción y
comercialización de algunos de ellos, como el algodón y el cacao, se incrementó
considerablemente.
88 tendencia que buscó atenuarse mediante el
sistema de reducciones de la población indígena en puntos estratégicos. La primera
reducción de que se tiene noticia en la zona de Comala ocurrió en 1592, por orden
de la Real Audiencia de México, en que se congregó a varias comunidades.89
El drástico declive de la población indígena ocasionó la creciente escasez de
mano de obra, problema que los españoles tuvieron que solucionar, pues la
86 Nota informativa No. 58 del Departamento de Publicidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México, 30 de noviembre de 1925; en AHEC, Sección A, No. 16, Caja 1031, Año 1925-1927. 87 Francisco del Paso y Troncoso, Suma…, 1905, p. 90. Juan Carlos Reyes, La antigua provincia de Colima. Siglos XVI al XVIII, México, Universidad de Colima – Gobierno del Estado de Colima – CNCA, 1995 (Historia General de Colima, Tomo II), pp. 99 y 137. 88 Véase Florentino Vázquez Lara, Comala…, 1984, pp. 14-20. 89 Véase Juan Carlos Reyes, Al pie del volcán. Los indios de Colima en el virreinato, México, CIESAS – INI – Gobierno de Colima, 2000, pp. 80–82. Archivo General de la Nación (en adelante AGN), Indios, Vol. 6 (bis), Expediente 927.
67
explotación colonial del medio ambiente soslayó las formas nativas e introdujo
cultivos a gran escala, así como el trabajo de minas.
Para evitar la rápida extinción de las poblaciones autóctonas y, por ende, de la
mano de obra, a mediados del siglo XVI, la Corona española ordenó la desaparición
temprana de la encomienda y creó la institución de las repúblicas de indios, con el
objeto de que éstas quedaran aparte de los españoles y poderlos proteger, en cierta
medida, de la rapacidad y explotación a la que eran sometidos, al igual que para
hacer más sencilla la tarea de adoctrinamiento, dando lugar, de facto, a la
coexistencia de dos sociedades separadas, cada una de las cuales se normaría por
leyes y costumbres que crearon un sistema de adscripción socioétnica en residencia,
ocupación y condición civil. En la sociedad colonial, cada uno tenía un conjunto
distinto de obligaciones fiscales, derechos civiles y prerrogativas económicas.90
Los indígenas dejaron atrás la sujeción al encomendero; solo quedaron
obligados a rendir tributo a la Corona y prestar sus servicios remunerados a los
colonos, pero estos pagos carecieron de control alguno y se prestaron a la voluntad
de la autoridad de la cabecera a cuya circunscripción estaban sujetas dichas
poblaciones.
No obstante, mucha de la vida social de estas repúblicas giró entorno a la
dinámica de la iglesia; de hecho, la república de indios de Comala dependió de San
Francisco Almoloyan para los aspectos religiosos, junto con los pueblos de
Nagualapan, Juluapan, Quizalapan, Coquimatlán, Zacualpan y Suchitlán.91
A fin de darle funcionamiento a esta nueva organización se promovieron los
ayuntamientos o cabildos en los pueblos indios, tratando que los puestos de mando
recayeran en las personas que habían ejercido la autoridad tradicional. De esta
manera, el gobierno de las repúblicas de indios se organizó a través del
sostenimiento de restos de la antigua nobleza nativa para que ejercieran las
90 John Coatsworth, Orígenes…, 1998, p. 42. 91 Véase: Petición de varias comunidades para que se cumplan las ordenanzas y decretos sobre no repartir indios, Colima, 6 de mayo de 1632; en Archivo Histórico del Municipio de Colima (en adelante AHMC), Fondo Sevilla del Río, Caja 5, Expediente 1, Año 1632.
68
cuestiones relacionadas con la administración local, por medio de una estructura
política de puestos jerarquizados que consistían en un gobernador, con sus alcaldes,
regidores, alguaciles, mayordomos y principales del consejo de ancianos,
responsables del gobierno civil.92
Además de desempeñarse como correas de transmisión de las autoridades
españolas, el papel de los representantes autóctonos era supervisar y mantener el
orden de sus comunidades y denunciar los delitos e infracciones ocurridas en su
interior, donde figuraron varios bajo la autoría de individuos de origen español. Una
de las denuncias presentadas por los indígenas establecidos en Colima se remite a
finales del siglo XVI. El alcalde indígena del pueblo de Alima denunció ante Antonio
Villalobos, alcalde mayor de Colima, los abusos que invariablemente causaba Pedro
Pablo y otros españoles que pasaban con regularidad por dicho poblado. El atropello
más recurrente era tomar caballos pertenecientes a los indígenas, sin su respectivo
consentimiento, para llevarlos a trabajar a sus huertas y haciendas, así como
maltratar a los mencionados pobladores.
93
Ya desde antes, los indígenas colimenses padecían agresiones mayores. Por
ejemplo, en 1585 las autoridades indígenas de Tecomán denunciaban el asesinato
de uno de sus pobladores por parte del estanciero español Juan Ramírez de
Alarcón.
94
92 Andrés Lira y Luis Muro, “El siglo de la integración”, en Historia General de México, México, El Colegio de México, 1981, Tomo 1, (3a. Edición), p. 438.
Seguramente el crimen quedó impune, ya que en 1599 los pobladores de
Tecucitlán se quejaban de los daños causados por los criados y ganado del mismo
Juan Ramírez de Alarcón. La queja de los alcaldes Juan García y Pedro Elías, el
mayordomo Diego Morán, el regidor Gabriel Ximón (sic) y el principal Francisco
Flores, denunciaba el maltrato recibido por el criado de Ramírez de Alarcón
consistente en llevar a los pobladores para que trabajaran forzadamente en la
estancia de su patrón, aunque para ello tuviera que golpearlos y atarlos. También
93 Denuncia que presenta el alcalde indio del pueblo de Alima contra Pedro Pablo, español, quien pasa de ordinario por su pueblo y maltrata a los naturales, 21 de noviembre de 1591; en AHMC, Siglo XVI, Registro N° 489. 94 Los naturales de Tecomán contra Juan Ramírez de Alarcón, por haber dado muerte a un indio de dicho pueblo, 28 de febrero de 1585; en AHMC, Siglo XVI, Registro Nº 912.
69
echaba el ganado de su amo para que dañara sus sementeras (de maíz y algodón),
platanares y sus habitaciones. No importaba que dichos indígenas estuvieran bajo la
tutela de un encomendero.95
Esta forma de organización obedeció al interés español de controlar a la
población indígena, ya que dicha tarea sería más fácil de lograr por medio de la
experiencia nativa en el manejo de la antigua estructura de gobierno. Aunque
también representaba un beneficio para los propios indígenas, la mezcla y
convivencia con otras razas no formaba parte de su vida habitual y eso generó
dificultades como las ocurridas a los pobladores autóctonos de Santa María Juluapan
durante el año de 1654.
En este lugar se establecieron Alonso García (mestizo) y María González
(mulata) ocasionando diversos agravios al resto de los pobladores (uno de estos
agravios era haber usado bebidas prohibidas al seno de la comunidad). Por ello, las
autoridades españolas de la villa recurrieron ante el Juzgado General de Indias de la
Nueva España para que se dictaminara la aplicación de la ordenanza establecida por
el virrey Luis de Velasco, en el sentido de que españoles, mestizos, negros y mulatos
no vivieran en los pueblos y congregaciones de los indios, a fin de sacar y castigar a
la pareja establecida en Juluapan.96
Los incidentes entre indígenas y españoles no se limitaron a Juluapan; por los
rumbos de Coquimatlán surgieron inconformidades de otra índole. Concretamente
entre la comunidad indígena se auspiciaron descontentos contra los promotores de la
fe católica en la zona. El 6 de abril de 1656, en el marco de la visita del Pbro. Matheo
Ruiz Montaño, los naturales del pueblo de Coquimatlán se presentaron ante él para
quejarse del trato que recibían de su maestro de doctrina; pero fray Francisco de
Céspedes maestro de noticias del convento de San Francisco de Colima y otros
clérigos de la misma provincia rechazaron las imputaciones lanzadas por los nativos
95 Los naturales del pueblo de Tecucitlán se quejan por los daños que reciben de criados y ganado de Juan Ramírez de Alarcón, 21 de diciembre de 1599; en AHMC, Siglo XVI, Registro Nº 547. 96 Solicitud de Don Francisco González al Juzgado General de Indias de la Nueva España, 2 de diciembre de 1654; en Archivo General de la Nación (en adelante AGN), Indios, Vol. 17, Expediente 288, Año 1654, Ff. 278v y 279.
70
encabezados por el también indígena Juan Cortés, quienes ordenaron que este
pretendido líder de la comunidad recibiera dos docenas de azotes como reprimenda
por su actitud disidente.97
Sin embargo, estos incidentes no alteraron en lo sustancial la estructura
política de dos repúblicas separadas: la indígena y la española. No obstante, como
ha expresado Wigberto Jiménez Moreno,
98
La estructura social de los indígenas siempre estuvo profundamente vinculada
con la tierra, de la cual dependían para su sostenimiento. Esto fue algo de lo que
pronto se dieron cuenta los españoles, pues para poder pagar un tributo ya fuera en
especie o en moneda, el indígena tenía que trabajar la tierra y hacerla producir. El
virrey Marqués de Falcés ordenó en 1567 la creación del fundo legal de las
comunidades indígenas, dotándolos de 500 varas de tierra para vivir y sembrar, que
se medirían desde la iglesia de los poblados hacia los cuatro rumbos cardinales,
cantidad que en 1687 fue ampliada a 600 varas ó 504 metros.
esta estructura política fue sufriendo una
lenta desintegración, pues una vez sometidos los pueblos nativos, los gobernadores
y alcaldes indígenas fueron dejando de ser necesarios y fueron degradados a
categorías inferiores, con una participación política nula, pasando a convertirse en un
sector totalmente subordinado. Algunos de los pueblos indígenas de la región, como
San Francisco Suchitlán, conservaron en cierta medida esta estructura política
tradicional, implantada desde la colonización temprana por la Corona, prácticamente
sin sufrir cambios, al menos hasta finales del siglo XIX.
99
97 Este suceso esta consignado en Archivo Histórico de la Casa de Morelos (en adelante AHCM), Sección Gobierno, Serie Religiosos, Subserie Franciscanos, Caja 17, Carpeta 14, Legajo 8; Ubicación G/S XVII/0023/C17.
Estos fundos se
dividían en solares para las diferentes familias del poblado, pero como medida
proteccionista se ordenó que fuera inalienable, por lo que los indígenas no podían
disponer de ella para su venta. Así la institución de la república ayudó al
98 Wigberto Jiménez Moreno, en Sol Tax (Ed.) Heritage of conquest, Glencoe, Illinois, The Free Press, 1952, citado por Pedro Armillas, “Programa de Historia Indígena”, en Teresa Rojas (Ed.), Pedro Armillas, Vida y Obra, México, CIESAS – INAH, 1991, p. 21. 99 Oficio del Presidente Municipal de Comala, Florentino Valencia, al Secretario de Gobierno, Comala, Colima, 23 de abril de 1912; en AHEC, Sección A, No. 20, Caja 819, Año 1912. Águeda Jiménez Pelayo, Haciendas y comunidades indígenas en el sur de Zacatecas, México, INAH, 1989, (Col. Científica, No. 181), p.161.
71
fortalecimiento de las nuevas relaciones de producción, pues aunque mantuvieron la
propiedad comunal de la tierra, se profundizaron las relaciones de dependencia entre
las comunidades indígenas y la clase dominante y se definió claramente la división
del trabajo y la estructura económica de la colonia.
Junto a este sistema de organización étnico-económica, la colonia instituyó
otros organismos que completaran su hegemonía más allá de los límites terrenales,
es decir, que difundieran e inmiscuyeran a los indígenas en su cosmovisión y
prácticas religiosas; esta función la desempeñaron las llamadas cofradías. Tan solo
en la villa de Colima funcionaban cuatro cofradías: la Cofradía de Nuestra Señora del
Rosario, la Cofradía de las Ánimas, la Cofradía del Santísimo Sacramento y la
Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad. Pese a que no se pudieron localizar
datos que completaran la presencia de estos organismos en el área colimense, es un
hecho que se irradiaron hacia las poblaciones indígenas, ya que tan solo en
Suchitlán se contaba con una cofradía, para cuyo cuidado era electo anualmente un
regidor de la cofradía, de manera similar al resto de los funcionarios de república,100
mismos que eran examinados en la doctrina cristiana para asegurar el cabal
cumplimiento de su encargo.101
En términos generales, las cofradías significaron un importante elemento para
atraer a los indígenas al “mundo” ofertado por lo españoles. En palabras de los altos
jerarcas católicos instalados en el Occidente mexicano en los albores del siglo XIX:
Pero todas estas cofradías no solo tenían una
esencia espiritual, además del fomento de prácticas cristianas servían para el
desarrollo de actividades productivas que involucraban a los cofrades mediante
dotaciones y trabajos piadosos. Lo anterior se puede captar fácilmente si se fija la
atención en la Cofradía del Hospital del pueblo de Ixtlahuacán, que para el año de
1804 contaba con un rancho que beneficiaban los indígenas del lugar. En este
rancho se contaba con 210 reses, 100 yeguas, 7 caballos y 26 mulas. Además, se
explotaban 80 pozos de sal.
100 Elección de autoridades ante Don Juan Cristóbal Centeno, Teniente de Justicia, Zacualpan, 12 de noviembre de 1816; en AHMC, Sección D, Caja 28, Posición 52, Expediente 73. 101 Certificación del Bachiller Don José María Jerónimo Arzac, Cura Vicario del Partido de Almoloyan, Juluapan, 14 de diciembre de 1814; en AHMC, Sección D, Caja 25, Posición 61, Expediente 44.
72
Las Cofradías conducen mucho para atraer a los indios a la
asistencia de las Iglesias, a la doctrina cristiana y a la obediencia de
los párrocos.
Por medio de ellas se aumenta el culto en las parroquias, se
congregan los fieles de todas clases a los divinos oficios y todos autos
públicos de religión.
Contribuyen mucho a la sustentación de los párrocos; y de ellas
sacan los indios principalmente la mayor parte de sus tasaciones, con
que mantienen al cura, y generalmente contribuyen todas para
mantener músicos, cantores y demás sirvientes de Iglesia, tan
necesarios para que pueda haber en la parroquia alguna solemnidad
en el culto divino.102
102 Esta aseveración se encuentra en un Informe emanado del Obispado de Michoacán en 1804; tomado de AHCM, Fondo Parroquial, Sección Disciplinar, Serie Cofradías, Subserie Informes, Año 1804, Caja 833, Legajo 8. Ubicación P/S.XIX/0715/C.833.
73
II LOS INDIGENAS DE COMALA DURANTE LOS AÑOS COLONIALES:
ENTRE ESPAÑOLES Y MESTIZOS 1.- LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE COLIMA Y LOS ESPAÑOLES
Si bien los fundos de comunidad establecidos desde el siglo XVI se
mantuvieron –generalmente – inalterables durante los años posteriores, los
españoles realizaron pequeñas incursiones para obtener los beneficios que
representaban. Un indicio de lo anterior se encuentra en el año de 1715, cuando
Antonio de Viana, español radicado en el valle de Cajitlán, compró un pozo salinero y
un terreno anexo (en 50 y 80 pesos respectivamente) a los indígenas de Cautlán.
Sin embargo, no obstante de la entrega formal por parte del alcalde y los principales
del poblado, tras ocho días de tener personal laborando, los mencionados indígenas
se arrepintieron de dicho pacto de compra-venta, por lo cual, Viana recurrió ante las
autoridades de la villa para obligarlos a respetar la operación realizada.103
La actitud del peninsular fue plenamente comprensible, pues la actividad
salinera era una importante fuente de ingresos para las poblaciones costeras de
Colima. Tan concentrados estaban en sus actividades de explotación de los pozos
salineros que hasta olvidaban sus puntuales obligaciones religiosas. Para evitar este
problema, en 1707, se prohibió que se explotara sal durante la semana santa. A
quien violara este decreto, se le impondrían las siguientes penas: 50 pesos de oro
común si era español y 50 azotes si era indio, negro o mulato. Esta medida se tomó
por las quejas del cura coadjutor de la villa de Colima, ya que el año anterior se
quedaron 200 personas sin cumplir con los preceptos que la iglesia establecía para
esas fechas. Esta disposición estaba dedicada especialmente para los pueblos de
103 Al respecto ver, AHMC, Sección C, Caja 4, Expediente 5, Año 1715; véase también AHMC, Sección C, Caja 4, Expediente 20, Año 1715; AHMC, Sección C, Caja 5, Expediente 40, Año 1720.
74
Ixtlahuacán, Tecomán, Cajitlán y para la misma villa de Colima, donde se pregonó
dicho decreto. 104
Por otro lado, un claro ejemplo de la conexión de las comunidades indígenas
con las actividades económicas de la élite dominante se puede encontrar en lo
ocurrido durante 1738 en el poblado de Coquimatlán, dependiente de la jurisdicción
de la villa de Colima. Manuel de Córdoba y Palencia, regidor, sargento mayor y
alcalde mayor interino de dicha villa, ordenó a su mayordomo Alberto Cortés,
(esclavo negro de su propiedad) que sacara a los naturales de Coquimatlán de su
poblado y los llevara a trabajar a la siembra de maíz en su propiedad denominada
Trapichillos. Pese a estar al servicio de Córdoba y Palencia para laborar en sus
sembradíos y salinas, un pequeño núcleo de indígenas se indignaron y Alberto
Cortés recibió una profunda herida en la cabeza y diversos golpes en el cuerpo,
resultado de la avalancha de piedras que lanzaron en su contra. Se ordenó al alcalde
y demás principales de la república, la detención de los infractores para trasladarlos
a la cárcel pública de Colima.
105
La afectación a los intereses de las comunidades indígenas no se daba en
ocasiones aisladas. De todos, sólo algunos se interponían ante las autoridades
virreinales. Algunos de esos casos eran las denuncias llevadas hasta las instancias
de la capital del virreinato, donde se expresaba que a naturales de la costa
colimense se les despojaba de miel, cera y pescado.
106
No obstante, es pertinente señalar que no todos los indígenas se encontraban
tan desamparados y desprovistos de satisfactores. Unos cuantos de ellos
conservaban propiedades e intereses al interior de los distintos poblados indígenas,
constituyendo una marcada diferenciación en la composición interna de dichas
comunidades. Un ejemplo se encuentra en Ixtlahuacán a inicios del segundo cuarto
del siglo XVIII; al fallecer el indígena Francisco Juan dejó un testamento en náhuatl
104 Ver comunicado de Melchor del Castillo V. al capitán Don Pedro de Villareal y Cevallos, Alcalde Mayor y Capitán de Guerra de la Provincia de Colima, 13 de marzo de 1707; en AHMC, Sección C, Caja 1, Expediente 40, Año 1707. 105 El proceso seguido contra los cuatro indígenas se puede consultar en AHMC, Sección C, Caja 9, Expediente 42, Año 1738. 106 La denuncia anterior se localiza en AGN, Indios, Vol. 24, Expediente 424 bis, Año 1671, F. 295v.
75
a nombre de su hijo (un jovencito de 14 años) a quien heredó casa y solar, dos pozos
salineros, ocho pedazos de tierra de labranza, 36 animales de silla y trabajo, diez
vacas y diversos instrumentos de labranza.107
Los indígenas más comunes eran aquellos que, pese a poseer sus propios
preceptos culturales, aceptaban los mandatos que emanaban desde las autoridades
civiles y religiosas establecidas en la región. No obstante, algunos cometían actos
que laceraban a dichas instituciones como lo demuestra el robo cometido a principios
de 1765 por Diego Francisco, indio del pueblo de Quisalapa y dependiente de la
feligresía de Almoloyan, quien fue a parar a la cárcel de la villa de Colima, luego de
ser denunciado por haber empeñado el incensario de la iglesia. A su favor, alegaba
que dicha acción la realizó porque su hijo se iba a casar y no alcanzaba a cubrir el
monto de los diezmos parroquiales; además, que le prestaron el incensario para
obtener los dos pesos que necesitaba, pero que al ir a recogerlo no pudo lograr su
devolución. Pese a la promesa de reponer el daño, él continuó en prisión por un
tiempo.
Pero este tipo de indígenas constituían
un pequeñísimo y exclusivo núcleo al seno de las comunidades autóctonas.
108
Al margen de lo anterior, es de destacar que para la Corona fue fundamental
mantener los lazos y el control sobre el conjunto de los indígenas y castas que
existían en la Nueva España, al tiempo que acotaba perfectamente sus roles dentro
de la sociedad colonial. Por eso, dentro de la Real Cédula establecida el 9 de marzo
de 1773, donde se contemplaba que ninguna persona deudora podía ocupar cargos
públicos ni tener derecho a voto, los criterios se hicieron extensivos para los pueblos
de indios, es decir, las comunidades indígenas contaban con restricciones claras
para la elección de autoridades; disposición que pronto circuló por las tierras de
occidente. Uno de los funcionarios que le dio gran difusión a dicho bando fue el
107 Autos e inventarios por la muerte de Francisco Juan, natural de Ixtlahuacán de esta jurisdicción de Colima; en AHMC, Sección C, Caja 7, Expediente 28. 108 Al respecto véase, AHCM, Fondo Diocesano, Sección Gobierno, Serie Visitas, Subserie Informes, Caja 499, Expediente 51.Ubicación G/S. XVIII/0215/C.499.
76
alcalde mayor de la provincia de Michoacán, quien propagó su ejecución en toda su
jurisdicción.109
A la vez, durante estos años se instrumentaron medidas para mejorar las
recaudaciones fiscales entre la población no española. Al respecto indicadores
ubicados en esta región se pueden localizar en el bando emitido por Juan Sevillano,
corregidor de la provincia de Michoacán, donde se mencionaba que los indios y
demás castas tributarias (mulatos, negros, lobos, coyotes) se deberían presentar
ante el Real Fisco para la cuenta matricular.
110
Para instrumentar estas medidas recaudatorias, así como para –en general–
contar con los indígenas como un soporte del régimen colonial, era básico que sus
poblaciones mantuvieran su integridad estando congregadas, para lo cual fue
necesario evitar los desplazamientos y la disgregación de los miembros de las
comunidades. Este criterio debería normar las relaciones sociales y de trabajo entre
españoles e indígenas; en esta línea se ubicó el mandamiento de la Real Audiencia
donde se estipulaban medidas como la reducción de indios ausentes a los pueblos
de su origen.
Medida que se irradiaba hasta tierras
colimenses, pues se encontraban ubicadas dentro del área de influencia de dicha
provincia.
111
Pese a su sentido hasta cierto punto coercitivo, este tipo de medidas iban
orientadas a continuar con los lazos de unidad comunal; pero sobre todo, con los
vínculos que se fincaron en aspectos de índole material. De manera tal que, todavía
en tiempos de consumación de la independencia nacional, la mayoría se
encontraban vinculados por fuertes lazos de propiedad y usufructo colectivo de la
tierra; criterio de organización social y productiva que defendían celosamente. Un
caso notorio se presentó en la comunidad indígena de Ixtlahuacán: durante 1821 los
nativos se apoderaron violentamente del rancho y casas establecidas en la Cofradía
del mismo poblado para impedir la sustracción de ganado por parte de Miguel Soto
109 Dicho decreto se puede consultar en Archivo Histórico Municipal de Morelia (en adelante AHMM), Ramo Gobierno, Caja 11, Expediente 9, Año 1773. 110 AHMM, Ramo Gobierno, Caja 11, Expediente 14, Año 1776. 111 Tomado de AHMM, Ramo Gobierno, Caja 11, Expediente 21, Año 1779.
77
Castañeda, quien en 1817 estableció un contrato con el cura de la comunidad para
recibir la tercera parte de lo producido por el ganado existente en el referido sitio a
cambio de administrarlo. Los indígenas negaban que el pueblo hubiera atestiguado
trato alguno y mucho menos que hubieran dado su consentimiento. Tras muchos
meses de litigio, en 1823, las autoridades resolvieron a favor de Soto Castañeda.112
Todos estos casos son ilustrativos del tipo de relaciones que se establecieron
entre indígenas, españoles y autoridades. Conviene echar un ligero vistazo a la
población indígena en términos cuantitativos, con la salvedad de que los registros al
respecto son sumamente escasos y parciales. Sin embargo, durante el año de 1816
se levantó un censo de este tipo, aunque los registros sobre la población indígena
asentada en los principales poblados de la entidad se limitaron a padrones de indios
varones mayores de 15 años, los cuales estaban ya en edad de tributar. También se
establecía su estado civil a fin de definir su calidad de tributario (entero o medio).
Dichos datos arrojan las cifras siguientes:
112 Juicio civil por el despojo violento ejecutado por los naturales de Ixtlahuacán en los ganados de don Miguel Soto Castañeda; en AHMC, Sección D, Caja 36, Posición 51, Expediente 8.
78
Cuadro Nº 2. Padrón de indígenas tributarios en Colima (1816)
PUEBLO SOLTEROS CASADOS VIUDOS INVALIDOS
/MAYORES*
TOTAL
Almoloyan 26 40 2 2 68
Comala 23 84 9 5 116
Suchitlán 44 108 12 6 164
Zacualpan 22 26 1 4 49
Juluapan 20 32 4 3 56
Quizalapa 5 13 0 0 18
Coquimatlán 21 85 2 13 108
TOTAL 161 388 30 31 579
____________________________________________________________________
FUENTE: Padrones de Indios en AHMC, Sección D, Caja 27, Posición 1, Expediente 37. *Los indígenas inválidos o ancianos no se consideraban tributarios.
Si los datos de población tributaria se trasladan a lo largo de toda la segunda
década del siglo XIX, el promedio que arrojan las cifras existentes presenta un ligero
descenso con respecto a este año de 1816, aunque esto no implicó que los sistemas
de hegemonía y subordinación se modificaran, todo obedeció a las oscilaciones
normales de la población en edad de ser tributarios. El cuadro completo sobre los
registros de tributarios durante la segunda década del siglo decimonónico es el
siguiente:
79
Cuadro Nº 3. Tributarios de los Pueblos de la Jurisdicción de Colima, 1810 – 1819
POBLACIONES TRIBUTARIOS
ENTEROS
TRIBUTARIOS
MEDIOS
TOTAL
Almoloyan 40 28 54
Comala 84 32 100
Coquimatlán 85 23 96.5
Ixtlahuacán (con Cautlán)
120 100 170
Juluapan 32 24 44
Quizalapan 13 5 15.5
Suchitlán 108 56 136
Tamala 26 10 31
Tecomán 120 41 140.5
Zacualpan 26 23 37.5
TOTAL 654 342 825
____________________________________________________________________
FUENTE: Informes de Cuentas de Comunidad; en AHMC, Sección D, Caja 25, Posición 71, Expediente 42; Caja 27, Posición 3, Expediente 27; Caja 27, Posición 20, Expediente 21; Caja 27, Posición 44, Expediente 132; Caja 28, Posición 30, Expediente 66; Caja 29, Posición 9, Expediente 99; Caja 29, Posición 69, Expediente 2; Caja 30, Posición 34; Caja 34, Posición 7; Caja 34, Posición 9; Caja 34, Posición 10; Caja 36, Posición 16, Expediente 7.
80
2.- COMUNIDADES INDÍGENAS DE COMALA EN LA VIDA COLONIAL COLIMENSE
Una de las comunidades más importantes ubicadas al norte de Colima, fue la
de Suchitlán; las tierras de dicha población respondían a los comentarios formulados
durante el último tercio del siglo XVII por un destacado habitante de Zapotlán el
Grande, en los que aludía a la geografía circundante al Volcán de Colima, donde
ponderaba “…su montuosa y amena fertilidad de flores y árboles que se haya
adornada la falda de dicho volcán con caudalosos arroyos que forman el país más
lúcido y temperamento más benigno que otro ningún de este mundo o gran reino”.113
Por ello no es casual que, desde finales del siglo XVI, el fruto de tan benigna
geografía motivara algunas dificultades al seno de la comunidad indígena de
Suchitlán. Particularmente, Andrés López se quejaba de que las tierras y árboles
frutales heredadas de sus padres y abuelos, se las querían quitar “unas personas”,
por lo que recurrió ante las autoridades españolas para encontrar amparo y
protección para sus bienes.
114
Durante este período se dotó de las tierras necesarias para establecer el
fundo legal a la comunidad indígena de San Miguel Comala, que además estaba
constituida en república de indios con gobernador. Sin embargo, en el ámbito de la
jurisdicción eclesiástica, la república de Comala dependía para su adoctrinamiento
de San Francisco Almoloyan, de la cual distaba dos leguas al noroeste y, para 1748,
contaba con 67 familias indígenas que se dedicaban al cultivo de la tierra.
115
Ladera arriba se encontraba el barrio de Suchitlán, a sólo dos leguas al
noreste de Comala y asentado sobre un antiguo poblado prehispánico; su posición
era relativamente ventajosa por encontrase aledaño a las barrancas que conforman
el río del mismo nombre, que llegaba a tener un caudal importante, pues lo
113 Oficio de Miguel José Pérez Ponce de León, Zapotlán el Grande, 12 de noviembre de 1774; en AGN, Inquisición, Vol. 1145, Expediente 8, Ff. 98-101. 114 Este asunto se encuentra en AGN, Indios, Vol. 3, Expediente 82, Foja 20, Año 1590. 115 Don Juan de Montenegro, “Descripción de Colima, 1744”, p. 161; Villaseñor, “Descripción de Colima, 1748”, p. 167; ambos documentos publicados en Documentos para la Historia de Colima, Siglos XVI-XIX. México, Novaro, 1979, (Col. Peña Colorada).
81
alimentaban los cercanos arroyos de El Fresnal y El Encino; además, en las
inmediaciones existían seis ojos de agua, lo que explica la ocupación temprana de la
zona. Contaba con su propia iglesia, donde celebraban las funciones de su tutelar
que era San Francisco de Asís, así como de Nuestra Señora de Guadalupe, San
Juan Bautista y Nuestra Señora de la Concepción, patrona ésta última del hospital
que contaba con su estancia de ganado vacuno y caballar. Tenía también un
maestro de escuela que instruía a los niños a leer y escribir, así como les enseñaba
la doctrina cristiana.116
Las relaciones de Suchitlán con Comala, población de la cual dependía,
comenzaron a deteriorarse hacia la segunda mitad del siglo XVIII. El barrio de
Suchitlán tenía el privilegio de elegir alcalde, regidores y demás oficiales de
república, a pesar de no contar con el estatuto jurídico que lo erigiera en pueblo. No
obstante, durante la administración de don Bernabé de Riaza y Velasco, alcalde
mayor de la jurisdicción de Colima, se les prohibió dicha facultad, debido a que los
naturales de Comala así lo solicitaron, al igual que su reducción a las inmediaciones
de dicho poblado. Esta situación se originó como consecuencia de un pleito por
tierras que Comala sostenía con los vecinos de la Villa de Colima y necesitaba
erogar gastos para su defensa. De esta manera, se presionó y gravó a los naturales
de Suchitlán con las contribuciones necesarias para sufragar dichos gastos, lo que a
su vez incomodó a los vecinos de Suchitlán por no hacer ellos uso de las tierras en
litigio, ni tener utilidad alguna a futuro. Por consiguiente, se resistieron a pagar
contribución al poblado de Comala. Para obligarlos a ello, los comaltecos se quejaron
ante el alcalde mayor, don Bernabé de Riaza, quien los obligó a cumplir con la
exacción y para señal de sujeción despojó al alcalde de Suchitlán de la vara de
mando y los privó en lo sucesivo de la elección que de inmemorial tiempo gozaban;
sólo conservaron el derecho de tener regidor y demás ministros, pero no los
congregó en el poblado de Comala.
117
116 Ibíd.
117 Informe rendido por el Bachiller Don José Felipe Islas, Juez Eclesiástico de la Villa de Colima y el Bachiller Don Francisco Ramírez y Oliva, Sacristán Mayor de la Iglesia Parroquial de la Villa de Colima, Colima, 13 de agosto de 1793, ARAN, Suchitlán, Expediente 23 – 9, No. 04/013/001.
82
De hecho, el pueblo de Comala estuvo enfrascado en varios litigios, algunos
largos y onerosos, para no perder tierras. Este fue un proceso suscitado al amparo
de la aplicación de la Real Cédula de 15 de octubre de 1754, sobre tierras realengas,
así como la Real Ordenanza de Intendentes de 1786,118
Ilustrativo es el caso de la denuncia presentada en 1794 por el capitán
Francisco Guerrero del Espinal en la intendencia de Guadalajara, quien denunció
como realengas medio sitio de tierras colindantes al pueblo de Comala, conocidas
como el Bajío. Dichas tierras habían estado en posesión de los jesuitas, quienes las
permutaron con los naturales de esta comunidad, poco antes de ser expulsados de
tierras americanas. De este predio los naturales conseguían una renta considerable,
pues las arrendaban para la siembras de algodón y maíz; este arrendamiento se
realizaba con la venía de las autoridades locales, ya que incluso el subdelegado de
Colima, Manuel Roberto de los Ríos, obtenía parte de los beneficios, al incautar una
porción del pago de arrendamiento. Esta posesión la usufructuaron sin problema
alguno hasta mediados de 1797 cuando, como resultado de la denuncia del capitán
Guerrero, se remataron a su favor, ya que los indígenas no mostraron títulos de
propiedad y no lograron comprobar legalmente la posesión de dicho predio con
anterioridad a 1700, como lo establecía el artículo 4° de la Real Cédula de 1754. Los
comaltecos apelaron la decisión tomada en Guadalajara, ante la Junta Superior de
la Real Hacienda en la ciudad de México, instancia que finalmente ratificó la decisión
tomada en Guadalajara. Para sufragar litigios como este, que tenían una larga
duración, se utilizaban los tributos obtenidos en toda la república de indios, máxime
que una vez que los naturales de Comala perdieron el caso, el capitán Francisco de
Guerrero demandó la indemnización por los arrendamientos que los indígenas
usufructuaron durante el tiempo que duro el litigio (entre 1797 y 1802 en que se
que obligaba a los
intendentes de las jurisdicciones a resolver sobre estos asuntos.
118 Estas Ordenanzas prohibían que las autoridades repartieran entre indios, españoles, mestizos y demás castas, efectos, frutos o ganado. A su vez, los indígenas y demás vasallos de la Corona quedaban en libertad para comerciar donde y con quienes ellos desearan o pudieran. Véase, Silvio Zavala, El servicio personal de los indios en la Nueva España 1700-1821, México, El Colegio de México - El Colegio Nacional, Tomo VII, 1995, pp. 35 y ss.
83
resolvió definitivamente el caso); también exigió a los indígenas el pago de gastos y
honorarios ocurridos durante el juicio, por la cantidad de 187 pesos.119 (Fig. 7).
Fig. 7. Tierras conocidas como el Bajío, usufructuadas por el pueblo de Comala.120
119 Véase: litigio de denuncia de tierras realengas del Capitán Francisco Guerrero del Espinal; en Archivo Histórico de Jalisco (en adelante AHJ), Ramo Tierras, 1ª Colección, Libro 48, Expediente 1, Año 1802. 120 Ibíd.
84
A pesar de esto, la situación de Comala no era crítica, en contraste con otras
comunidades que para este período no tenían para arrendar tierras, solares o
potreros, como es el caso de San Francisco Almoloyan, Zacualpan, Tecomán,
Tamala e Ixtlahuacán; dichas poblaciones sólo contaban como ingresos para sus
Cuentas de Bienes Comunes, el real y medio que contribuía cada tributario, pero de
lo que se deducía el 2% para la Contaduría y 2½ pesos para la limosna del hospital
de San Lázaro.121 No todo fueron pérdidas para la comunidad de Comala, pues los
naturales continuaron con el arrendamiento de otras tierras; a partir de diciembre de
1787, don Juan Noguera se obligó a pagar a los indígenas la cantidad de 20 pesos
cada año, por pastar su caballada en el potrero que estaba inmediato a sus tierras
con arroyo de por medio.122 Casos como este no fueron únicos ni esporádicos, ya
que eran diversas las personas que hicieron lo mismo por una buena cantidad de
tiempo. No es pretensión de este trabajo realizar un seguimiento exhaustivo de este
proceso;123
sin embargo, solo a manera de ilustración bastaría destacar los datos
consignados entre 1810 y 1815, referentes a los arrendamientos que esta comunidad
estableció sobre tierras, pisos de casas y ranchos que estaban bajo su posesión:
121 Oficio de Don Juan Linares, Subdelegado del Partido de Colima, a los Alcaldes y Naturales de los Pueblos, en la Villa de Colima, 13 de diciembre de 1816; en AHMC, Sección D, Caja 28, Posición 50, Expediente 69. 122 Pagaré del Capitán Don Juan José Noguera; en AHMC, Fondo Sevilla del Río, Caja 3, Expediente 25. 123 Como tampoco es un objetivo el análisis del período prehispánico, así que ambos se abordan a manera de antecedentes para buscar explicaciones más genéricas sobre el proceso de vida de dichas comunidades indígenas.
85
Cuadro Nº 4. Montos por arrendamientos del pueblo de Comala (1811-1815)
AÑOS TIERRAS RANCHOS, PISOS DE CASAS Y PASTOS
TOTAL (pesos)
1811 140.0 18.00 158.0
1812 158.6 18.00 176.6
1813 145.0 18.00 163.0
1814 180.0 18.00 198.0
1815 104.0 18.00 122.0
MONTO TOTAL $817.6 __________________________________________________________________________
FUENTE: Informe sobre arrendamientos de tierras, pisos de casas y ranchos de Comala, rendido por el Alcalde Miguel Jerónimo, mayo de 1816; en AHMC, Caja 28, Posición 18, Expediente 25.
Una buena parte de dichos ingresos se destinaron a la construcción de la
nueva iglesia de este poblado, la cual se empezó a edificar en 1813. Los fondos de
las cajas de comunidad se destinaron para tal fin y, particularmente, un 86.63% de
los ingresos obtenidos, producto de estos arrendamientos, se canalizaron para el
pago de mano de obra y algunos materiales destinados a la mencionada
construcción.124
Con el tiempo la población de Comala había ido decayendo, ya que pasó de
67 familias en 1748 a sólo 52 en 1793. Por el contrario, la población del barrio de
Suchitlán fue en franco aumento, lo cual era atribuido a lo sano y benigno del clima
de la zona. Para 1792, los naturales de Suchitlán contaban con un número mayor a
los 90 tributarios enteros en 75 familias, con lo cual habían rebasado a los de
Comala y competían con los de Coquimatlán, que era el mayor poblado indígena del
partido.
125
124 Ibíd. Cuentas de Comala; en AHMC, Sección D, Caja 28, Posición 50, Exp. 69.
125 Informe rendido por el Bachiller Don Nicolás Díaz, Cura Propio del Partido de San Francisco Almoloyan, San Francisco Almoloyan, 14 de mayo de 1793; en ARAN, Suchitlán, Expediente 23 – 9, No. 04/013/001.
86
Suchitlán llegó a ser el tercer poblado en importancia de la provincia de
Colima, en cuanto al tamaño de su población, después de Tecomán e Ixtlahuacán.
La población indígena se mantuvo relativamente estable desde fines del siglo XVIII
hasta las primeras décadas del siglo XIX, con excepción de la comunidad de
Quizalapa, que volvió a formarse hacia 1816.
Por otro lado, el crecimiento poblacional de Suchitlán había incentivado la
división laboral y muchos indígenas se dedicaban a hacer chiquihuites, equipales,
jícaras y bateas. La gran mayoría continuaba dedicándose a labores de labranza, ya
que el pueblo contaba con huertas de plátano y de árboles frutales, pero el aumentó
de sus habitantes ocasionó que algunos indígenas tuvieran que trabajar en tierras
ajenas. Suchitlán seguía compartiendo tierras con Comala, ya que tanto la cabecera
como su barrio las costearon y obtuvieron por composición de su majestad. Suchitlán
gozaba de dos y medio sitios de ganado mayor, con una longitud de sur a norte de
más de cinco leguas y de latitud poco más de tres leguas, correspondiendo a la
octava parte del total, estando en su mayoría contigua a Comala. Sin embargo, al ser
insuficiente la tierra de labranza, algunos naturales tuvieron que trabajar en tierra
ajena en el paraje de Los Colomos, que se ubicaba a cinco leguas de distancia y que
lindaba al este con la propiedad de don Juan Noguera, al norte y oeste con las tierras
de la Condesa de Miravalle y al sur con Comala.126
A finales de 1792, algunos de los antiguos alcaldes de Suchitlán, encabezados
por Miguel Martín, Francisco Daniel y Miguel Simón, interpusieron una querella ante
don Modesto de Herrera, teniente de justicia mayor de la jurisdicción de Colima, con
el objeto de hacer comparecer a los indios principales del pueblo de Comala sobre el
En otras palabras, el crecimiento
demográfico de estas comunidades indígenas generó una presión sobre la tierra –
elemento básico para la subsistencia y reproducción humana– lo que a su vez dio
como resultado la expulsión de mano de obra de las áreas de usufructo tradicionales,
trastocando pautas de vida y trabajo.
126 Informe rendido por el Bachiller Don Nicolás Díaz, Cura Propio del Partido de San Francisco Almoloyan, San Francisco Almoloyan, 14 de mayo de 1793; en ARAN, Suchitlán, Expediente 23 – 9, No. 04/013/001.
87
hecho de sí en años pasados el barrio de Suchitlán había tenido sus alcaldes,
quienes gobernaban con independencia de su cabecera.
Cuando se presentaron el alcalde y los viejos principales de Comala a declarar
acerca de la pretensión de los suchitlecos, estos informaron que efectivamente dicho
barrio había gozado del privilegio de elegir a sus alcaldes e incluso reconocieron a
Miguel Simón como ex alcalde de Comala, hecho que es indicativo de la migración
hacia Suchitlán de pobladores nativos de Comala; así mismo los comaltecos
aceptaron el hecho de que en ese momento existía un mayor número de pobladores
en Suchitlán.127
Para la consecución de sus objetivos los indígenas suchitlecos tuvieron que
contratar los servicios de don Manuel José Vaca Coronel, quien fungió como
apoderado legal de la población. El demandante solicitaba para dicha población el
otorgamiento del derecho de tener su república completa, con el privilegio de
efectuar anualmente sus acostumbradas elecciones, para lo cual expuso, como
motivo de peso, el crecido número de familias, que en ese momento llegaba a 75.
Dicha información fue presentada en Valladolid un mes después, ante don Felipe
Díaz de Ortega, intendente corregidor de dicha provincia, quien ordenó se pasara al
Lic. don Paulino José de Vargas, promotor del Real Fisco, que además fungía como
protector de indios. Dicho funcionario decidió que con el objeto de dar mejor
instrucción acerca de la solicitud de los naturales de Suchitlán, se pidiera mayor
información sobre el caso al subdelegado del partido y al párroco del lugar.
128
El 10 de mayo de 1793, el subdelegado de la Jurisdicción de Colima, don Luis
de Gamba González, mandó requerir dicha información al cura de la cabecera de
San Francisco Almoloyan, el bachiller don Nicolás Díaz, quien informó que
efectivamente Suchitlán distaba dos y media leguas al norte de Comala, que
anteriormente habían gozado de la elección de alcaldes, además de que atribuía al
127 Don Modesto de Herrera, Teniente de Justicia Mayor por ausencia de Don Luis de Gamba Gonzáles Subdelegado, en la Villa de Colima, 14 de noviembre de 1792; en ARAN, Suchitlán, Expediente 23 – 9, No. 04/013/001. 128 Instrucción del Lic. Paulino José de Vargas, Promotor Fiscal Protector de Indios, Valladolid, 7 de diciembre de 1792; en ARAN, Suchitlán, Expediente 23 – 9, No. 04/013/001.
88
temperamento sano y benigno el aumento de sus naturales al grado de haber
excedido en población a Comala; también calificaba a sus ocupantes como dóciles y
laboriosos.129
Otros rasgos que se anotaban a favor de Suchitlán era que dicha población
por decreto real gozaba de dos sitios y medio de ganado mayor; sin embargo, debido
a las difíciles condiciones para la labranza en esas tierras, sembraban en una
porción que no les correspondía, llamada Los Colomos.
Las actividades que más concentraban el quehacer de los indígenas
eran fabricar chiquihuites, equipales, jícaras, bateas y actividades de labranza propia
o de otras personas, es decir, contratados. Aunque la fuente no ahonda sobre las
dimensiones de esto último.
130
Pero retomado el asunto de la definición de autoridades, el subdelegado,
además de las características antes mencionadas, daba como razón de peso a favor
de Suchitlán, el hecho de que dicho barrio era de mejor mérito para el gobierno, tanto
por la mayor abundancia de gentes, como por el hecho de que el cobro de tributos
que corría a cargo del regidor ahí electo era más eficaz que en el mismo pueblo de
Comala.
131
De nuevo turnadas estas diligencias a Valladolid, con estas observaciones don
Felipe Díaz de Ortega, protector de naturales, asentó que el barrio de Suchitlán tenía
todas las proporciones que requería la ley para su erección en pueblo y, por lo
mismo, recomendó al Intendente acceder a la solicitud de los suchitlecos. Además,
apuntó que de conformidad a la Ley Real de Indias, con relación al número de
tributarios enteros que pasaba de 90, se les diera facultad para que nombraran a dos
alcaldes y dos regidores, un alguacil mayor y un fiscal que cuidara de juntarlos para
129 Informe rendido por el Bachiller Don Nicolás Díaz, Cura Propio del Partido de San Francisco Almoloyan, San Francisco Almoloyan, 14 de mayo de 1793, ARAN, Suchitlán, Expediente 23 – 9, (No 04/013/001). 130 Información tomada de Julia Esther Preciado Zamora, Los agraristas de Suchitlán y los pacíficos de La Esperanza, Guadalajara, Jalisco, México, Centro de Investigaciones y Estudios Antropológicos en Antropología Social Unidad Occidente, [Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales, inédita], 2002, pp. 217 y 218. 131 Informe de Don Luis de Gamba González, Subdelegado de la Jurisdicción de Colima, en la Villa de Colima, 17 de mayo de 1793; en ARAN, Suchitlán, Expediente 23 – 9, No. 04/013/001.
89
que aprendieran la doctrina cristiana, manteniéndose en cuanto a tierras, en la unión
y posesión con que las habían gozado con los naturales de Comala.132
Sin embargo, la erección de Suchitlán en pueblo no fue inmediata, debido a
los largos procedimientos burocráticos de la administración colonial. El expediente
fue retornado al subdelegado de Colima, con el objeto de que se ratificara mediante
interprete juramentado ante el común y naturales del pueblo de Comala, para que
expusieran lo conducente a su derecho sobre la pretensión de los suchitlecos.
Además, se solicitaron más informes sobre el número de tributarios y las dificultades
que pudieran surgir al realizar esta segregación.
Una vez en la villa de Colima, se citó al alcalde Nicolás de la Cruz, al regidor
Mateo de la Cruz, al mayordomo Rey José Lázaro, al escribano Juan Francisco
Martínez, con los demás justiciales y república de naturales del pueblo de Comala,
así como al común de Suchitlán, donde se les leyó el expediente. Los comaltecos
declararon respecto a la solicitud de convertir en pueblo al barrio de Suchitlán, que
no exponían ninguna causa legítima para tal pretensión, pues lo único que buscaban
era la libertad para gobernarse sin sujeción a la república de Comala, misma que
siempre había cuidado de su arreglo. También argumentaban que Suchitlán tenía
una situación poco adecuada por estar ubicado en una serranía fragosa, sin ningún
laborío propio, por lo que no tenían tierra suficiente para congregación de pueblo,
pues la mayoría pertenecía por uno y otro viento a don Juan Noguera y a la casa del
Conde de Regla de quien eran arrendatarios. Así mismo, acusaban que las
declaraciones del señor cura de Almoloyán solo se debían a la ponderación de la
pasión por el aumento de sus obvenciones, ya que de dicha división resultaría otra
tasación. Por tanto, tal separación solo daría como resultado la destrucción de
Comala para la creación de la república de Suchitlán, por lo que pedían que no
hubiera lugar a tal separación sujetándolos a la subordinación de la primera.133
132 Recomendación de Paulino José de Vargas, Promotor Fiscal Protector de Indios, Valladolid, 4 de junio de 1793; en ARAN, Suchitlán, Expediente 23 – 9, No. 04/013/001.
133 Informe de Don Luis de Gamba González, Subdelegado de la Jurisdicción de Colima, en la Villa de Colima, 17 de julio de 1793; en ARAN, Suchitlán, Expediente 23 – 9, No 04/013/001.
90
Enviado nuevamente el expediente a Valladolid, junto con las declaraciones
del bachiller don José Felipe de Islas y el bachiller don Francisco Ramírez de Oliva
(quienes fueron curas del pueblo de Almoloyan), el fiscal protector de naturales no
encontró mérito para variar su anterior respuesta, pues con las diligencias
practicadas cada vez se justificaba más la solicitud de los suchitlecos, ya que los
curas confirmaron que los naturales de dicha población fueron despojados de la
facultad de elegir su alcalde y demás oficiales de república por don Bernabé de
Riaza, por el sólo motivo de haberlo pedido así los de Comala, con el objeto de
presionarlos para que contribuyeran a sus gastos. Por tanto, consideró necesario que
se hiciera la erección pretendida por Suchitlán y se les restituyera la facultad de
elegir a sus oficiales, de la que indebidamente fueron despojados. Por consiguiente,
el intendente corregidor de la provincia así lo decretó, en parte debido a que el
procedimiento para despojarlos de tal capacidad fue incorrecto, pues ni siquiera se
había formado un expediente del hecho ni el subdelegado encontró documento
alguno que lo acreditara; además, devolvió el caso a Colima, con el objeto de que se
buscaran documentaciones en el archivo.134
A pesar de haber corrido todo el pleito, el 19 de septiembre de 1793, el común
de Comala se desistió de la querella cuando los citaron para formalizar la
contradicción, ya que reconocían que originalmente si se nombraba alcalde en
Suchitlán, por lo que consideraban que tal pretensión por parte de los suchitlecos si
era justa.
135
134 Decretó de Don Felipe Díaz de Ortega, Intendente Corregidor de la Provincia, Valladolid, 18 septiembre de 1793; en ARAN, Suchitlán, Expediente 23 – 9, No. 04/013/001.
Sin embargo, no fue sino hasta el 7 de enero de 1794, que el apoderado
del barrio de Suchitlán, don Manuel José Vaca Coronel pudo solicitar ante el
intendente se proveyera al dicho barrio de la facultad de nombrar a su alcalde y
ministros de república y, por consiguiente, erigirlo en pueblo, a pesar de que se
mantuvieran en cuanto a tierras en posesión con los de Comala, petición que fue
concedida y decretada por el intendente corregidor en Valladolid el 10 de enero de
135 Comparecencia de Juan Francisco Martín, Escribano de la República de Comala, por el Alcalde y demás común, Colima, 19 de septiembre de 1793; en ARAN, Suchitlán, Expediente 23 – 9, No. 04/013/001.
91
ese mismo año.136
A fines de ese mes se ordenó a los naturales procedieran a elegir a sus
oficiales de república, considerando que estos empleos debían de recaer en los que
mejor conocieran el idioma castellano y fueran los más aplicados en la agricultura e
industria. Dicha elección se realizó en la Villa de Colima, estando presentes los más
viejos de la comunidad: Francisco Daniel, Miguel Martín, Pedro Lucas, Miguel Simón,
Pedro Cortés y Pedro Martín, quienes no necesitaron interprete porque hablaban
bien el español. El común de la república eligió como alcalde a Pedro Cortés, por
alguacil mayor a Andrés Martín, como regidores a Sebastián José y Pedro Ávalos y
de topil a Sebastián Pascual, quienes fueron reconocidos por las autoridades de la
villa y juramentados en el uso de las varas.
Obviamente, la decisión de declarar a Suchitlán como pueblo no
emanaría de la intendencia, solamente sería el intermediario ante la Corona, en caso
de considerarlo pertinente.
137
Si, como lo han propuesto tanto Saurabh Dube como James Scott, se toma
distancia de los momentos de franco enfrentamiento y ruptura entre los distintos
sectores sociales, para enfocarse en el discurrir cotidiano de los marginados, se
posibilitará la observación de los patrones de resistencia subalterna,
138 pues lo
cotidiano se convierte en el “…escenario de la producción, negociación y
contestación de significados dentro de las redes y relaciones de poder mayores”.139
Por tanto, aún en la aparente pasividad que mostraban los indígenas del norte
colimense, se destaca el constante cuestionamiento al poder colonial, ejemplificado
por la comunidad de Suchitlán al solicitar la restitución del nombramiento de
autoridades nativas y la administración de sus bienes, capacidad que se les había
quitado de manera injusta, de acuerdo a su percepción.
136 Decreto de Don Felipe Díaz de Ortega, Intendente Corregidor de la Provincia, Valladolid, 10 de enero de 1794; en ARAN, Suchitlán, Expediente 23 – 9, No. 04/013/001. 137 Don Bernardo Campero de la Sierra, Teniente General de la Jurisdicción, 28 de enero de 1794; en ARAN, Suchitlán, Expediente 23 – 9, No. 04/013/001. 138 Saurabh Dube, Sujetos…, pp. 12, 43-44; véase también James Scott, Los dominados…, p. 43. 139 Saurabh Dube, Sujetos…, p. 26.
92
Retomando a Scott,140
Es de ponderarse la negociación constante que lograron establecer los
indígenas suchitlecos con las autoridades, tanto de la jurisdicción de Colima como
con la intendencia de Valladolid, para recuperar sus autoridades que gobernasen con
independencia de Comala. La maleabilidad con que se adaptaban a las formas
legales externas para dar consecución a sus propios objetivos, queda manifiesta al
contratar los servicios de un apoderado legal para la población, encargado de dar
seguimiento al trámite burocrático. Siguiendo a Dube, el proceso legal desarrollado
por la comunidad de Suchitlán permite: “…seguir el rostro al juego que se daba entre
los intereses de las legalidades estatales ordenadas y los procesos de significación
dentro de las relaciones de aldea […] encontrando una compleja interacción de
normas cotidianas, deseos familiares y legalidades ajenas”.
el hecho de que don Bernabé de Riaza, el anterior
teniente de justicia mayor de Colima, hubiera accedido a la solicitud de Comala para
presionar a los suchitlecos, colocándolos bajo su férula, se constituyó, por un lado en
una demostración explícita del poder colonial al someter a Suchitlán y mantener las
jerarquías impuestas por el orden administrativo español, a la vez que fue reflejo de
las relaciones asimétricas y discrecionales establecidas por los grupos dominantes
con los subordinados.
141
Por otra parte, este proceso vivido en el área de Comala no era aislado, ya
que –al decir de Margarita Menegus– trascendió a distintas regiones (se expresó
también en el valle central de México, Puebla, Oaxaca y Guadalajara, entre otros)
obedeciendo a una inquietud o afán de un mundo indígena que busca reordenarse
debido a tensiones ocasionadas por el aumento poblacional en el siglo XVIII y a la
consiguiente demanda de tierra; así como a la relación asimétrica entre cabeceras y
pueblos, fincada en una exigencia creciente de gravámenes. Aunque también
comprendían aspectos sociales y culturales, como los conflictos entre los principales
o la disyuntiva de erigirse en cabecera de doctrina.
142
140 James Scott, Los dominados…, pp. 35, 38-39.
En el caso del área de Comala,
141 Saurabh Dube, Sujetos…, p. 33. 142 Véase, Margarita Menegus, Los indios en la historia de México, México, FCE-CIDE, 2006, pp. 49-51.
93
esta pugna por la redefinición de una política territorial, debe haber guardado alguna
relación con la diferenciación social que se estaba generando al interior de ambos
poblados: el mestizaje creciente ocurrido en la cabecera debilitaba los lazos étnico-
comunitarios con Suchitlán y, junto a ello, con la desigualdad se conflictuaba la
relación y usufructo de la tierra que ocupaban.
Por su parte, a consecuencia de este proceso legal, con la separación del
barrio de Suchitlán, al otorgarle una autonomía política y administrativa, se dio una
escisión de facto de Comala, que fungía como cabecera de la república de indios.
Este hecho obligó a la legislación colonial a pasar por una reformulación, al originar
una nueva forma administrativa dentro de la vida diaria de estas dos comunidades,
que mantuvieron el usufructo de la tierra, aspecto que a su vez conllevó un
reacomodo en las relaciones de antaño establecidas.
Además del otorgamiento de facultades para elegir autoridades, ya antes
habían recibido tierras en posesión y propiedad comunal por decreto real. Incluso, al
parecer, hasta una parte de ellas fueron adquiridos por dichos indígenas mediante la
compra por una determinada cantidad en pesos oro a las autoridades virreinales.143
Los indígenas suchitlecos aseguraban que sus títulos de propiedad comunal se
emitieron según decreto del 23 de febrero de 1781, por parte del poder virreinal
novohispano. Al menos esto sostenían los indígenas, aunque tal disposición no
apareció en los archivos gubernamentales ni en la obra Legislación Mexicana
elaborada por Dublán y Lozano donde se asentaron una gran cantidad de Reales
Cédulas no recopiladas en los referidos acervos oficiales.144
Ante este hecho, la existencia o no de títulos de propiedad queda como una
duda difícilmente solventada por la carencia de información. Posiblemente, al
compartir la posesión de las tierras con la población de Comala, los títulos de
propiedad se hubieran emitido a nombre de ésta última comunidad. Es necesario
143 Dicha referencia esta tomada del Oficio Nº 30 de Juan N. Santana, Prefecto Político de Villa de Álvarez, al Secretario de Gobierno del Estado de Colima, Villa de Álvarez, 17 de febrero de 1887; en AHEC, Año 1887. 144 Véase: Expediente donde los indígenas del pueblo y Cofradía de Suchitlán piden les sean entregados y repartidos sus terrenos que fueron de la extinguida comunidad de dicho pueblo; en AHEC, Caja 590, Sección A, No. 7, Año 1892.
94
señalar que la falta de títulos no impedía que las comunidades indígenas gozaran del
usufructo y posesión de las tierras. A pesar de este aspecto aceptado socialmente,
en lo referente al aprovechamiento de la tierra, el derecho consuetudinario no fue un
argumento de peso que bastara para defender la propiedad en el siglo XIX.
A la vez, junto a la capacidad para nombrar sus propias autoridades y
administrar sus bienes, otra implementación económica de tipo paternalista fue la
creación de las cajas de comunidad, en las que se guardaba el dinero de los
integrantes de la población, evitando que las autoridades de la república hicieran mal
uso de éste; el fondo de las cajas se constituía con la contribución de todos los
habitantes y servía para sufragar gastos de hospitales y colegios, así como para las
actividades religiosas.145
A pesar de todas estas medidas proteccionistas, por diversas situaciones los
fundos de los pueblos no constaban del mínimo legal que les había sido otorgado.
No obstante que las Ordenanzas Reales prohibían el establecimiento de españoles u
otras castas en las repúblicas de indios, así como la apropiación de tierras
pertenecientes al fundo legal de la comunidad, muchos de estos poblados indígenas
fueron perdiendo sus tierras por diversas situaciones.
Fenómeno que no era nada nuevo, sino que se remontaba hasta fines del
siglo XVI; como hecho particular destaca un caso ocurrido en 1590, cuando Andrés
López, indio natural de Suchitlán, entabló un juicio por intermediación de don Luis
Velasco, para defender sus tierras y árboles frutales, las cuales había heredado de
sus padres y abuelos, mismas que ya eran codiciadas por extraños a la
comunidad.146
Así mismo, las repúblicas de indios sufrieron invasiones constantes por parte
de los grandes hacendados de la región. Esta expansión continua sobre las tierras
comunales era resultado de la práctica de una economía productiva basada en la
agricultura extensiva y la ganadería que ocupaba grandes porciones de pastizales.
145 José Lameiras Olvera, El Tuxpan de Jalisco. Una identidad danzante, Zamora, Michoacán, México, El Colegio de Michoacán, 1990, p. 71. 146AGN, Fondo Indios, Volumen 3, Expediente 82, Foja 20, Año 1590.
95
Ante esta situación, la economía indígena se orientó a producir lo necesario
para su sobrevivencia y reproducción social, a través de una producción para su
consumo y para el intercambio, al igual que se orientó a producir excedentes para el
pago de los tributos a la Corona. Por esta razón, la Corona siempre trató de que las
comunidades indígenas conservaran la tierra; hasta el siglo XVII el tributo se cobró
en especie, ya fuera materia prima o productos elaborados, pero posteriormente se
cambió por un pago en moneda, ya que este permitía al gobierno español tener
mayor liquidez. A pesar de que para el siglo XVIII este tributo recaudado debería
hacerse ya en moneda, es frecuente encontrar poblados de la región que siguieron
tributando en especie.
Se ha visto, a grandes rasgos, como estaba integrada la sociedad en esta
pequeña región, conformada básicamente por una minoría oligárquica compuesta
por españoles y criollos, que controlaba la economía regional sustentada en la
agricultura y la ganadería, y una inmensa mayoría de grupos indígenas campesinos
que conformaban una sociedad integrada por actores colectivos (familias, grupos de
parentesco, barrios y comunidades enteras).
Este último grupo se encontraba fuertemente cohesionado a través de su
identidad étnica y el acceso a la tierra por medio de la propiedad comunal, cuyo
acceso igualitario se aseguraba mediante el estatuto jurídico que lo reconocía como
pueblo o república de indios. Este acceso a la tierra permitió a los indígenas
conservar una relativa independencia con respecto a los grandes terratenientes o
hacendados, al igual que mantener sus instituciones tradicionales propias, durante la
mayor parte del período colonial.
Sin embargo, desde las primeras décadas del siglo XVIII se empezó a gestar
una nueva tendencia que difícilmente les permitiría conservar sus tierras y su relativa
autonomía, la cual, en términos generales, afectó a la totalidad de la sociedad
novohispana; proceso que, necesariamente, se tiene que ligar a tendencias surgidas
en torno a círculos político-económicos mayores, que tuvieron como centro a la
Corona española en la metrópoli, mismo que generó tensiones y contradicciones
diversas que se manifestaron a través de diferentes expresiones.
96
Finalmente, al fijar la vista sobre el papel de los indígenas en la vida colonial
colimense, las relaciones de trabajo no pueden dibujarse con toda nitidez debido a la
ausencia de datos e investigaciones sobre el particular, así que es difícil precisar la
vigencia de la afirmación de John Coastworth referente a que, aunado a que los
pueblos indígenas novohispanos poseían sus propias tierras, lo que los ataba a las
mismas: “La geografía, la cultura y la falta de comunicación limitaban más aún la
movilidad de los indígenas. La mayoría de los indígenas de los pueblos trabajaban
por temporadas en las grandes haciendas que quedaban en las inmediaciones de
sus hogares”.147
Contrastar lo anterior en el espacio de Colima no es una tarea que
de momento se resuelva satisfactoriamente, pero es difícil pensar en una economía y
relaciones sociales circunscritas al interior de su comunidad. Aunque esto no rebasa
el nivel de una intuición.
147 John Coatsworth, Orígenes..., 1998, p.102.
97
III PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DE COMALA DURANTE EL
SIGLO XIX
Ha sido difícil localizar información que de cuenta de la evolución poblacional
indígena en Colima durante las primeras décadas de la vida independiente de la
nación. Los pocos datos existentes, ya manejados en el apartado anterior, se ubican
para mediados de la segunda década del siglo XIX, cuando este territorio se
encontraba todavía bajo la hegemonía española. En los documentos se señala la
existencia de siete pueblos indígenas (Almoloyan, Comala, Suchitlán, Zacualpan,
Juluapan, Quizalapa y Coquimatlán) donde existían 579 indígenas varones
tributarios, de los cuales 388 eran casados y 30 viudos, lo que habla de la existencia
de alrededor de 400 familias indígenas. En realidad el número era mayor, pues
existían más asentamientos indígenas no incorporados en la estadística aludida;
como ejemplos destacan en la zona sureste Ixtlahuacán, Cautlán, Tamala y
Tecomán, entre otros.148
Con todo y eso, los años y décadas siguientes son un verdadero enigma sobre
la evolución de la composición poblacional en estas tierras. Nuevos indicadores
sobre este asunto se localizan hasta ya entrada la segunda mitad de ese siglo.
Según estadísticas nacionales de Hacienda, para el año de 1853, Colima contaba
con una ciudad, una villa, 13 pueblos, 7 congregaciones, 28 haciendas y 38 ranchos
o rancherías. Todos estos asentamientos poblacionales estaban distribuidos en un
territorio colimense compuesto por 607 leguas cuadradas, dentro de las cuales
existía una población de 62,109 habitantes, arrojando un promedio de 79 habitantes
por legua cuadrada. Lo antes señalado no dice mucho sino se le contrasta con lo
Así que, estos datos, si bien brindan ciertas luces sobre el
panorama poblacional y la vida indígena en Colima durante la primera mitad del siglo
XIX, deben ser tomados con muchas reservas.
148 Al respecto véase: Padrones de Indios; en AHMC, Sección D, Caja 27, Posición 1, Expediente 37.
98
que se presentaba en otras partes de la nación mexicana. Baste mencionar que, por
orden de importancia en función del porcentaje de la población relativa, Colima
ocupaba el lugar número diez dentro de los 28 estados de la nación. Incluso, en
estos mismos términos porcentuales, estaba colocado por arriba de estados de una
composición eminentemente indígena como Chiapas, el cual contaba con una
población de 167,472 habitantes distribuidos en 2,598 leguas, lo que arrojaba un
promedio de 64 habitantes por legua cuadrada,149
Sin embargo, por la ausencia de información, no es posible establecer la
proporción de población indígena en esos poco más de 60 mil habitantes de Colima,
como tampoco se pueden esclarecer otros aspectos cuantitativos de su vida social.
Si bien, estas cifras generales no se pueden fijar, existen datos particulares sobre las
congregaciones indígenas del norte de Colima, que dan pautas para explicarse el
problema que se ha trazado esta investigación.
lejos de los 79 habitantes por
legua con que contaba el territorio colimense.
1.- TIERRAS INDÍGENAS: ENTRE POSESIONES ANCESTRALES Y ASECHANZAS EXTERNAS
A mediados de la segunda década del siglo XIX, Suchitlán estaba constituido
en el principal centro de asentamiento de población indígena de Colima, al menos así
lo deja ver el ya citado padrón levantado en 1816 en siete comunidades existentes
en este territorio. El registro de indígenas varones aptos para trabajar y cuyas
edades oscilaba entre los 16 y 60 años alcanzó el número de 166, de los cuales 108
eran casados, 44 solteros y 12 viudos. Las poblaciones que se le acercaban eran
Comala y Coquimatlán, que contaban respectivamente con 116 y 106 hombres en
edad laboral. Si tomamos en cuenta a todos los varones mayores (incluidos los que
contaban con una edad superior a 60 años e inválidos), la distribución porcentual de
la población indígena en estos asentamientos era el siguiente: 149 Manuel Sílice, Memoria de la Secretaría de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización, Industria y Comercio de la República Mexicana, México, Imprenta Vicente García Torres, 1857, p. 22; localizada en: Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Hemeroteca (en adelante BMLT), Fondo Reservado de Revistas. Localización: RFH-M553.
99
Cuadro Nº 5. Padrón de indígenas colimenses (1816)
PUEBLO HOMBRES %
Suchitlán 171 27.71
Comala 121 19.61
Coquimatlán 117 18.96
Almoloyan 70 11.34
Juluapan 59 9.56
Zacualpan 58 9.40
Quizalapa 18 2.91
TOTAL 617 100%
__________________________________________________________________________
FUENTE: Padrón de indios de los pueblos de Suchitlán, Comala, Coquimatlán, Almoloyan, Juluapan, Zacoalpan y Quizalapa del año de 1816; en AHMC, Sección D, Caja 27, Posición 1, Expediente 37.
Por otro lado, si bien los orígenes de Suchitlán se remontan a la época
precortesiana, durante el período colonial siguió contando con tierras comunales
para el sustento de la población, situación en la que se desarrolló durante la primera
mitad del siglo XIX. No obstante, una fuente de 1830 ya mencionaba que sus vecinos
no tenían tierras suficientes para sus plantíos.150
A fin de formarse una idea sobre la relación de los suchitlecos con la tierra,
conviene resaltar algunos datos que denotan las actividades productivas
prevalecientes en su interior. A mediados del siglo XIX (en 1849, para ser más
puntual), Suchitlán contaba con 965 habitantes, agrupados en aproximadamente 240
familias. Aparte de algunos hogares donde la cabeza era una mujer viuda o
simplemente soltera, así como en dos hogares donde los padres de familia estaban
impedidos físicamente y otro donde se encontraba ausente, los jefes de familia
varones se dedicaban a las siguientes actividades económicas:
150 Ignacio Ochoa, “Análisis estadístico del territorio de Colima de 1829”, documento publicado por Margarita Nettel Ross (antología, introducción y notas), Noticias históricas y estadísticas de Colima en el siglo XIX, México, Universidad de Colima – Gobierno del Estado – CNCA, 1994 (Col. Documentos Colimenses, Nº 4), p. 6.
100
Cuadro Nº 6. Ocupación de los indígenas varones de Suchitlán en 1849
OCUPACIONES CANTIDAD PORCENTAJE
Labrador 86 39.81
Jornalero 59 27.31
Chiquihuitero 36 16.66
Equipalero 24 11.11
Batellero 5 2.31
Cochero 3 1.38
Artesano 2 0.92
Empleado 1 0.46
TOTAL 216
__________________________________________________________________
FUENTE: Padrón de los habitantes de Suchitlán; en AHEC, Caja 89, Sección A, No. 14, Año 1849. 151
151 El término labrador debe definirse en función de las situaciones sociales e históricas con fue usado dicho vocablo, ya que si se utiliza de manera muy genérica puede dar pie a englobar un conjunto de figuras del mundo rural. Por ejemplo, en la España del siglo XVIII, el labrador era un propietario rural acomodado que trabajaba sólo para él mismo, que poseía animales de labranza y contrataba jornaleros. Aún más, en la literatura española de esos años, el labrador es colocado junto al comerciante y otras profesiones liberales, como parte de un selecto grupo de ocupaciones útiles a la nación y al Estado, las cuales poseen como cualidades la laboriosidad, austeridad y honradez; incluso al labrador se le muestra como víctima del antiguo régimen. Javier Fernández Sebastián y Juan Francisco Fuentes (Dirs.), Diccionario político y social del siglo XIX español, Madrid, Alianza Editorial, 2002, pp. 403-407.
Mientras que en el caso de México, en las estadísticas sociales del siglo XIX, es común que se establezca una diferencia entre agricultor, por un lado, y en otro rubro se coloque el vocablo clasificatorio de peón o jornalero, lo cual agrupa a la población rural no acomodada. Específicamente, los labradores se enmarcaban como pobladores rurales que todavía vivían encerrados en el sistema comunal o que laboraban en pequeñas parcelas de las que eran posesionarios. François-Xavier Guerra, “La población rural. La trampa de los términos y las cifras” (Anexo), México: del Antiguo Régimen a la Revolución, México, FCE, 20ª Edición, Tomo 2, 1991, pp. 474-476. En lo que toca al uso de este concepto, en las estadísticas de Suchitlán de 1849, como su orientación fue clasificarlos por su actividad principal y estaba aplicado a un grupo social que poseía una fuerte
101
Para este año de 1849, de las cerca de 240 familias establecidas en Suchitlán,
220 cabezas de familia eran netamente indígenas, las cuales se encontraban
distribuidas en dos secciones.152 De los datos del cuadro anterior, destaca que
durante este período el porcentaje de labradores que conservaban sus tierras era del
39%, con un número relativamente significativo de jornaleros del 27%, mientras que
el resto de la población estaba dedicado a actividades de tipo artesanal como
equipaleros, artesanos y batelleros.153
Es difícil dilucidar si los indígenas referidos como peones o jornaleros, habían
perdido sus tierras, o si sólo era ésta una actividad temporal, realizada en la época
en que la población no estaba dedicada a la siembra y cosecha. En referencia a este
aspecto, con el cual ha polemizando François Xavier Guerra, el historiador austriaco
Friedrich Katz apunta que de cualquier modo es indiscutible que una gran parte de la
población se encontraba en proceso de pérdida de la tierra,
Estas últimas actividades eran factibles por la
existencia de los terrenos comunales de monte, de donde se obtenían las materias
primas para la elaboración de dichos productos, muchos de los cuales eran
trasladados por los mismos indígenas para su venta en Comala.
154
tradición comunal, el término no se limitó a agrupar a quienes tenían una propiedad poco significativa, sino a pobladores que explotaban terrenos de propiedad comunal.
aunque tampoco
puede descartarse por completo el que estos peones y artesanos no hayan tenido
tierra y por eso salían en busca de trabajo o a buscar sustento mediante la venta de
productos. De ser así, dicha insuficiencia de terrenos explotables se resolvió
mediante su desempeño en tres actividades: cultivo de tierras, venta estacional de su
fuerza de trabajo y fabricación de productos y artesanías. Además de acostumbrarse
el cultivo de frutas con las cuales completaban su dieta y el ingreso familiar.
152 Padrón de los habitantes de Suchitlán; en AHEC, Caja 89, Sección A, No. 14, Año 1849. Probablemente las dos secciones a las que se refiere el censo estén marcadas por el paso del camino real. 153 Batellero es aquella persona que se dedica a elaborar el bate, bebida preparada con la semilla de chan o chía gorda. 154 Friedrich Katz, La servidumbre agraria en México en la época porfiriana, México, Era, 1995. Cfr. Fraçois-Xavier Guerra, México: del antiguo régimen a la Revolución, México, FEC, 20ª Ed., (2 tomos), 1991.
102
En estas actividades trabajaba prácticamente toda la familia.155
Sin embargo, esta población que combinaba la explotación colectiva de sus
tierras con las labores artesanales e incluso con la contratación temporal de su mano
de obra, no sufrió alteraciones significativas en su vida productiva, pese a que el
proceso de pérdida de dichas tierras inició durante la colonia con las Reformas
Borbónicas y fue acelerado durante la etapa independiente. La situación se tornó
distinta a partir de la segunda mitad del siglo XIX, como resultado de la expedición de
la Ley Lerdo de Desamortización del 25 de junio de 1856 y el artículo 27 de la
Constitución de 1857, que incorporaba la ley anterior y la ampliaba con la afectación
de los ejidos y tierras comunales.
De hecho, la
recolección y limpieza de la chía gorda silvestre, con la que se elaboraba el bate, fue
una actividad llevada a cabo por las mujeres y niños pequeños, mientras que la venta
de la bebida la realizaban los hombres (batelleros). Las mujeres también se
encargaban del cuidado de las huertas familiares, al igual que los niños recolectaban
leña del monte o participaban en algunas de las faenas agrícolas.
156
2.- LOS EFECTOS DE LA LEY LERDO Y MEDIDAS POSTERIORES EN TIERRAS INDÍGENAS
Pese a que la existencia de disposiciones en materia de reordenación agraria
hacia los indígenas no era nueva,157
155 A pesar de que las fuentes, por lo general, no hablan de la participación femenina en las tareas económicas, es posible inferirlo al observar sus actividades actuales al interior de los grupos tradicionales.
y a que las medidas anteriores habían
156 Jean Meyer, “La Ley Lerdo y la desamortización de las comunidades en Jalisco”, en Pedro Carrasco et al (Coords.), La Sociedad Indígena en el Centro y Occidente de México, Zamora, Michoacán, México, El Colegio de Michoacán, p. 194-195. 157 La disposición más antigua en la materia fue dictada por el emperador Carlos V, en Cigales, el 21 de marzo de 1551, reproducida después por el Rey Felipe II. En ella se mandaba a los Virreyes, Presidentes de las Audiencias y Gobernadores de la Nueva España que “…con mucha templanza y moderación ejecuten la reducción de los indios, empleando la mayor suavidad y dulzura, para que viendo ellos el buen tratamiento y amparo de los ya reducidos, acudan a ofrecerse de su propia voluntad”. En 1º de diciembre de 1573 fue dictada la Real Cédula en la que se dispuso que en los sitios en que hubieran de formarse pueblos y reducciones, tuviesen “…comodidad y agua, tierras y montes, entradas y salidas, labranzas y un ejido de una legua de largo”, donde los indios podían tener su ganado sin que se revolvieran con el de los españoles. Por la ordenanza del Márquez de Falcés,
103
preservado la propiedad indígena,158 la denominada “Ley Lerdo” generó significativos
cambios en la propiedad rústica y urbana del país adjudicando en propiedad bienes
inmuebles que tenían en arrendamiento corporaciones civiles y religiosas.159
de 26 de mayo de 1567, reformada por Cédula de 12 de julio de 1695, se fijó la extensión del fundo legal de los pueblos, en un cuadrado de 1200 varas por cada lado, o sea 600 varas para cada viento, contadas sirviendo de centro la cruz de la iglesia. Así, quedó dispuesto que por fundo y ejido tuviese cada pueblo esos dos cuadros concéntricos, cuya máxima extensión superficial era de una legua cuadrada, es decir, 1775 hectáreas 61 áreas, según el más moderno sistema de medición. Al respecto véase, Cesáreo L. González, Reintegración del Fundo y del Ejido, Guadalajara, Imprenta y Librería Religiosa de S. R. Velasco y Cía., 1913, en Jesús Silva Herzog (Dir.) La cuestión de la Tierra, 1913-1914, México, Instituto Mexicano de Investigaciones Económicas, (Colección de Folletos para la Historia de la Revolución Mexicana), 1961, p. 100. De acuerdo con Robert Knowlton, todavía para mediados del siglo XIX, las tierras de los pueblos se conformaban por: el fundo legal, donde se desplantaban las casas y la iglesia; los propios, consistentes en terrenos para rentar, cuyos ingresos se destinaban a los gastos comunales; tierras de común repartimiento, que pertenecían al pueblo y eran repartidas entre sus integrantes; ejidos, los cuales comprendían bosques y pastos. Robert J. Knowlton, “La individualización de la propiedad corporativa civil en el siglo XIX”, Los pueblos indios y las comunidades, Bernardo García M. (Comp.), México, El Colegio de México, (Col. Lecturas de Historia Mexicana, No. 2), 1991, p. 184.
Producto de dicha medida, al finalizar el año de 1856 el valor total de las fincas
desamortizadas superaba los 23 millones de pesos. En lo que se refiere al entonces
territorio de Colima, en esas mismas fechas el valor total de las propiedades que se
involucraron en ese proceso alcanzó la cifra de $105,790.30, producto de 302
adjudicaciones a particulares. Estos números contrastan con lo ocurrido en estados
vecinos, ya que en Michoacán ocurrieron 316 adjudicaciones de bienes que arrojaron
$935,481.44; mientras que, en Jalisco, las propiedades que cambiaron de dueño
158 Por ejemplo, en 1781, el virrey D. Martín de Mayorga, ordenó lo siguiente: “se manda que por ningún caso, ni pretexto, se ejecuten ventas, préstamos, empeño, arrendamientos, ni otro género de enajenación de tierras de indios, no sólo de aquellas que por de comunidades se les repartan para el laudable y piadoso destino de su habitación, beneficio y cultura, sino también de aquellas que han adquirido y adquieran como propias, por título de herencia, donación y otras adquisiciones de sus antepasados, entendiéndose dicha prohibición aún entre los mismos indios, de unos a otros y con especialidad a los españoles. Cesáreo L. González, Reintegración…, pp. 100-101. 159 El decreto de desamortización de las tierras propiedad de las corporaciones, además de movilizar la propiedad y crear ciudadanos autónomos con intereses que defender, o sea, propietarios privados, contenía otros elementos de naturaleza cultural y simbólica. Con la desamortización de todos los bienes corporativos se puso a disposición de las autoridades nacionales y de los gobiernos de los estados, un espacio republicano para su uso exclusivo: un espacio neutral desde el punto de vista religioso, liberado de la competencia con otras fuentes de legitimidad, de sacralización y de identidad, disponible para la presencia exclusiva de los símbolos de la identidad nacional y republicana. Así, la expropiación de bienes corporativos, para la parte más tradicional de la sociedad, fue una expropiación de su espacio cultural. Annick Lempérière, “De la república corporativa a la nación moderna. México (1821-1860)”, en Inventando la nación… pp. 344-345.
104
fueron menos que las de Colima, pues sumaron la cantidad de 237, pero su valor fue
mayor al alcanzar el monto de $820,554.16.160
Si se particulariza en las cifras del caso colimense, se encuentra que 299
adjudicaciones de bienes arrojaron un valor de $34,456.98, contrastando con tres
propiedades cuya cifra conjunta fue de $71,333.32; este último monto representaba
el 67.4% del valor total de las operaciones de desamortización realizadas en suelo
colimense. De estas tres, dos eran propiedades rústicas y la otra una propiedad
urbana. Los adquirientes fueron Antonio Gamiochipi, quien compró un terreno y una
hacienda, valuados en $28,333.00; al igual que María del Refugio Ochoa, quien se
convirtió en propietaria de otra hacienda con valor de 43 mil pesos. Las tres
propiedades se le segregaron a la orden que sostenía el convento de la Merced.
161
Por otra parte, si se contrasta los dos grupos de cifras y montos manejados,
parece notorio que la inmensa mayoría de las propiedades adjudicadas tenían un
valor inferior a 10 mil pesos, y es de suponerse que gran parte de esas 299, eran
propiedades que apenas sumaban decenas o cientos de pesos, lo que indicaría que
existió una movilidad de la pequeña propiedad o de tierras comunales de tipo rústico,
éstas últimas en antigua posesión de pobladores indígenas.
Pero es claro que, dicha aseveración, requiere su corroboración respectiva
para superar su carácter especulativo. Existen indicadores de que desde fechas
tempranas –tan sólo cuatro meses después de decretada la Ley Lerdo– la propiedad
comunal en el oriente y sur de Colima presentó visos de modificación, ya que se
efectuaron operaciones de compraventa en Ixtlahuacán, Tamala, Cautlán y
Tecomán, lo que implicaría que desde el momento mismo en que se aplicaron las
reformas de tipo liberal en el agro colimense, los efectos se empezaron a sentir.
Esta zona fue la primera en experimentar dicho fenómeno. Por ejemplo,
durante la última semana de octubre de 1856, la comunidad indígena de Ixtlahuacán
160 Todas las cifras manejadas fueron extraídas de Jan Bazant, “La desamortización de los bienes corporativos en 1856”, Problemas agrarios y propiedad en México, siglos XVIII y XIX, Margarita Menegus Bornemann (Comp.), México, El Colegio de México, 1995, (Colección Lecturas de Historia Mexicana, Nº 11), pp. 101-120. 161 Ibíd.
105
vendió cuatro terrenos de varios sitios de ganado mayor que se extendían hasta el
mar, compuestos por tierras de labranza, agostadero y pozos salineros. Entre estos
movimientos se puede puntualizar en la venta realizada a E. Salvador Vela por
Francisco Hernández, juez de esta comunidad indígena, de un terreno en la cantidad
de $2,500.00; además, Ixtlahuacán también vendió a Pedro Máximo salinas y
terrenos situados en el pueblo a $3,000.00, a pagarse en un lapso de nueve años. El
terreno se calculaba en dos y medio sitios de ganado mayor, con montes propios
sólo para agostadero, algunas labores de humedad y temporal; las salinas
comprendían pequeñas partes de Cuyutlán y Carrizalillo. Una venta similar se realizó
a favor de Justino Torres, en la cantidad de $2,500.00 a pagarse en el mismo lapso
de años; las salinas cedidas eran el Carrizal y la Manzanilla, cuya propiedad lindaba
con el terreno vendido a Pedro Máximo. Otra venta en las mismas condiciones se
efectuó en beneficio de Encarnación Torres, por la cantidad de $2,500.00. Estas
operaciones sumaron un ingreso de $10,500. 00, pagadero a varios años.162
Si esto ocurrió en un lapso tan corto y en una comunidad, la dimensión que
adquirió a nivel estatal debió tener números exponenciales. Algunos otros casos se
localizan en la comunidad de Tamala, que en esos mismos días vendió una pequeña
porción de sus terrenos a José María Marín en la cantidad de $450.00; dicho terreno
estaba situado en medio de las tierras comunales de los pueblos de Ixtlahuacán y
Cautlán, así como limitante con la hacienda de Tecolapa.
163 Mientras que, entre
pleno día de los fieles difuntos y el siguiente, don Liberato Maldonado, apoderado
general de la comunidad de Tecomán, vendió tres terrenos por un monto de $833.00
cada uno, con un rédito del 6% anual.164
En el mismo marco de la ley y el reglamento del 25 de junio de 1856, casi un
mes después, la comunidad de Santa Ana Cautlán vendió a Isidoro y Juan José Luna
Uno de los terrenos fue adquirido por Juan
Miguel Ángel, un indígena de este mismo poblado, y los dos restantes por mestizos.
162 Dichas operaciones mercantiles se encuentran en Archivo del Registro Público de la Propiedad y del Comercio (en adelante ARPPC), Registro de Hipotecas, Libro 3 (1º de febrero al 29 de diciembre de 1856), Ff. 60-68. 163 Véase ARPPC, Registro de Hipotecas, Libro 3 (1º de febrero al 29 de diciembre de 1856), F. 70. 164 Ibíd., Ff. 71-72.
106
dos terrenos en poco menos de 600 pesos pagaderos a 5% y 6% anual, teniendo tan
solo el terreno de Isidoro Luna la extensión de un sitio de ganado mayor.165
Al margen de lo anterior, parece que, con todo y la aplicación de estas
acciones mercantiles sobre la propiedad comunal, si se toma el panorama en
conjunto, las comunidades indígenas no sufrieron una dislocación en su orden
interno ni una mutación significativa en sus áreas constitutivas, aunque no puede
dejar de subrayarse que sí se presentaron afectaciones y fisuras que se agravarían
con el paso de los años, una vez que se superaron los agudos conflictos que se
desencadenaron entre conservadores y liberales, con el triunfo armado de este
último bando.
No obstante, dejando de lado los conflictos bélicos y la profunda inestabilidad
ocurrida a lo largo y ancho del país a mediados del siglo XIX, para limitarse a la
aplicación de las medidas de recomposición de la propiedad rural a raíz de la
comúnmente conocida Ley Lerdo, destaca que la instrumentación de dicha
disposición corrió a la par con el reparto de tierras a los pueblos, ley ya enunciada y
retenida en años anteriores pero restablecida en agosto de 1856. Aún más, la
ejecución de dicho reparto no se desarrolló con la misma dinámica en los distintos
estados de la nación. Por ejemplo, mientras que en el estado de México y el área
central del país desde el mismo año de 1856 numerosos pueblos perdieron
importantes porciones de tierras que auspiciaron inmediatas resistencias violentas,166
en otras partes del territorio nacional, como sería el caso de Michoacán, este reparto
se empezó a operar hasta finales de la séptima década de ese siglo;167
165 Esta operación de compraventa se efectuó el 1º de diciembre de 1856; al respecto véase Ibíd., Ff. 140-141.
distinto fue
el caso de Colima donde el reparto se efectuó con más celeridad. Sobre este asunto,
vale la pena detenerse un poco.
166 Al respecto véase: T. G. Powell, El liberalismo y el campesinado en el centro de México (1850-1876), México, SEP, (Col. Sep-Setentas), 1974, pp. 82 y ss. 167 Sobre este particular véase Robert J. Knowlton “La división de tierras de los pueblos durante el siglo XIX: el caso de Michoacán”, Problemas agrarios y propiedad en México, siglos XVIII y XIX, Margarita Menegus Bornemann (Comp.), México, El Colegio de México, (Col Lecturas de Historia Mexicana, No. 11), 1995, pp. 124-126.
107
En lo que se refiere al poblado de Suchitlán, después del año de 1857, fecha
cuando –en parte– obtuvo la distribución de terrenos comunales, sus tierras fueron
diezmadas paulatinamente por las haciendas vecinas, por el procedimiento de la
simple ocupación o la venta obligada de pequeños lotes. Una primera tentativa
ocurrió el mismo año de 1857, cuando el administrador de la hacienda de Nogueras,
utilizando un intermediario, les compró el potrero de Loma Alta, en la cantidad de
2,500 pesos. Pero una vez que los indígenas se dieron cuenta quien estaba detrás
de la compra, dieron marcha atrás en la operación y lograron la restitución de su
terreno.168
La Ley Lerdo se convirtió en el marco legal para esta acción de compra y las
venideras. Dicha disposición legal, se estableció en estos años para facilitar el
movimiento o libre circulación de la propiedad raíz nacional y superar los obstáculos
que el régimen de las corporaciones establecía sobre la tierra. Esta ley establecía
que todas las fincas rústicas y urbanas que tenían o administraban como propietarios
las corporaciones civiles o eclesiásticas de la república, se adjudicarían en propiedad
a los que las tenían arrendadas. La misma adjudicación se haría a los que tenían a
censo enfitéutico fincas rústicas o urbanas de corporación. Asimismo, tanto las fincas
urbanas como las rústicas que no estaban arrendadas a la fecha de publicación de la
ley, se adjudicarían al mejor postor, en almoneda celebrada para tal caso ante la
primera autoridad política del partido.
Esta retractación fue para que sus “sucesores” no los culparan por la
pérdida de los bienes de la comunidad.
169
Por corporaciones se entendía a todas las comunidades religiosas de ambos
sexos, cofradías y archicofradías, congregaciones, hermandades, parroquias,
ayuntamientos, colegios y, en general, todo establecimiento o fundación que tuviera
el carácter de duración perpetua o indefinida. La comunidad indígena de Suchitlán
estaba colocada dentro de dicha categoría y, por tanto, sujeta a los contenidos de
168 Tomado de Julia Preciado, Agraristas…, 2002, pp. 218 y 219. 169 Desamortización de fincas rústicas y urbanas de propiedad de corporaciones civiles y religiosas. 25 de junio de 1856. Esa ley, conocida como la Ley Lerdo, se puede consultar en: Jesús Silva Herzog, De la historia de México, 1810-1938. Documentos fundamentales, ensayos y opiniones, México, Siglo XXI, (2ª Edición), 1984, pp. 70-78.
108
dicha ley que, según los liberales mexicanos, generaría prosperidad y
engrandecimiento para la patria.
Dentro de las ideas liberales del siglo XIX, en las que las comunidades
indígenas representaban el atraso y lo diferente dentro del conjunto nacional, la
propiedad de tipo comunal siempre se consideró como algo antinatural; de esta
manera, si el “indio” se definía por su identidad étnico-cultural y en relación a su
membresía con una comunidad, la cual estaba sustentada en este tipo de tenencia
de la tierra, al hacer propietarios a los indígenas, se buscaba convertirlos en
ciudadanos e integrarlos al “progreso”. Por otro lado, al alentar la pequeña propiedad
se lograría activar la economía, mediante la libre circulación de bienes y capitales, ya
fueran de la Iglesia o, incluso, de estas comunidades.
Como se vio con anterioridad, la población de Suchitlán, era muy similar a la
de otras comunidades indígenas colimenses; dicha congregación contaba con un
origen muy antiguo, siendo de los primeros lugares poblados de la región, ya
consignado desde fechas tempranas a los tiempos de la conquista. Por consiguiente,
tenía en posesión tierras de comunidad, disfrutadas por todos de manera colectiva e
independiente, amparadas por el derecho consuetudinario.
Mientras que los vecinos de Suchitlán codiciaban sus tierras y alistaban sus
uñas para dar el zarpazo, los indígenas suchitlecos continuaban con sus pautas
tradicionales de vida. Al tiempo que explotaban comunalmente sus tierras, ayudados
por los afluentes de donde tomaban el agua necesaria para los regadíos (previo pago
de cuota a las autoridades de Comala), los indígenas de Suchitlán, y del municipio de
Comala en general, se dedicaron a otras actividades para su sustento, entre ellas el
emplearse a cambio de un jornal. Una de sus áreas de contratación fueron los valles
colimenses y, particularmente, las zonas costeras.
Un ejemplo de lo anterior se pone de manifiesto en los oficios que recibieron
los alcaldes de Suchitlán y Comala a principios de 1861, donde se les comunicaba
que debido a la necesidad de trabajadores para la rehabilitación del camino que
comunicaba a la ciudad de Colima con el puerto de Manzanillo, deberían enviar
109
inmediatamente a jornaleros de sus comunidades para que cubrieran esa actividad.
Para reclutar a dichos trabajadores, las autoridades enviaron un enganchador, quien
pagaría a cada uno la cantidad de tres reales diarios desde el día que éstos salieran
de sus hogares.170
Pero estas disposiciones eran poca cosa ante lo que se avecinaba. Una vez
desaparecidas legalmente las comunidades en el año de 1857, y dispuesto el reparto
de aquellos bienes comunales, los indígenas de este lugar, como los de muchas
partes, ignorando el alcance de aquellas leyes sobre la materia y desconociendo la
necesaria tramitación para el reparto, siguieron poseyendo en común algunas tierras,
en tanto que otras, con pretextos de linderos o de litigios de toda especie les fueron
arrebatadas de mala fe por los colindantes. La comunidad de Suchitlán nada pudo
hacer para impedirlo por carecer de personalidad jurídica.
Este régimen de trabajo tiene algún símil con sistemas de trabajo
que databan de la colonia, como el repartimiento.
Respecto a la modificación de la propiedad de la tierra en las comunidades
indígenas, en el norte de Colima el reparto de las mismas comenzó con las de la
comunidad de indígenas del pueblo de Comala, en el año de 1864, en cuyo caso
parece que se respetó la parte del fundo legal de dicho poblado; además, sus
habitantes continuaron haciendo uso de las aguas de los ríos Suchitlán, San Juan y
de Moreno para el abastecimiento de sus pobladores.171
En el caso de Suchitlán y Cofradía de Suchitlán, después de 1857 se procedió
a la distribución de tierras comunales.
172 En 1863 se inició el reparto en Suchitlán,
entre los diversos jefes de familia; sin embargo, una fuente de 1830 ya mencionaba
que sus vecinos no tenían tierras suficientes para sus plantíos.173
170 Oficio a los alcaldes de Suchitlán y Comala, Colima, 10 de enero de 1861; en AHEC, Caja 471, Sección A, No. 8, Año 1884.
171 El Presidente Municipal de Comala al Secretario de Gobierno, Comala, 23 de abril de 1912; en AHEC, Caja 817, Sección A, No. 20, Año 1912. 172 Oficio de la Comisión Local Agraria al Gobernador del Estado, Colima, 23 de noviembre de 1917; en AHEC, Caja 897, Sección A, No. 18, Año 1916. 173 Ignacio Ochoa, “Análisis estadístico del territorio de Colima de 1829”, documento publicado por Margarita Nettel Ross (antología, introducción y notas), Noticias históricas y estadísticas de Colima en el siglo XIX, México, Universidad de Colima – Gobierno del Estado – CNCA, 1994 (Documentos Colimenses, Nº 4), p. 6.
110
En 1868, Suchitlán contaba todavía con 80 fanegas de tierra, las cuales tenían
un valor catastral de 2,000 pesos, siendo el más cotizado de los predios indígenas
del municipio de Comala. El poblado citado, carecía ya del monte comunal y
dedicaba sólo 12 fanegas para cultivo y las otras 68 para pastos, donde se
mantenían 200 cabezas de ganado vacuno.174
Si se toma en consideración la extensión de tierra cultivada, en comparación
con la extensión total, se observa que en realidad sólo se cultivaban unas pocas
hectáreas por familia, es decir, lo mínimo para una economía de autoconsumo. Lo
anterior queda confirmado por el tipo de cultígenos, maíz y fríjol, y su producción
mínima de 480 y 96 fanegas respectivamente; estos cultivos, que formaban la parte
básica de la dieta indígena, fueron complementados con frutales como el aguacate,
el mamey y diferentes variedades de plátanos.
175
El hecho de que un alto porcentaje de las tierras indígenas permaneciera sin
cultivar, se debía a la calidad de los suelos que componían estos terrenos, además
de la falta de recursos y animales de tracción. Este aspecto pudo haber facilitado el
despojo que, años más tarde, sufrieron por parte de los grandes hacendados que sí
contaban con la tecnología adecuada para dar rendimiento a estos terrenos de
monte.
176
174 Estadística de la agricultura comprendida dentro de la municipalidad de Comala, 1868, 8 noticias; en AHEC, Caja s/n, 1868. Es interesante observar como en este documento las tierras indígenas ya son mencionadas como fincas rústicas, marcándose su valor comercial.
A su vez, pese a que no hay indicios suficientes al respecto, es de
suponerse que al igual que en otras partes del país, una porción de estas tierras
comunales hayan estado arrendadas a particulares para obtener fondos municipales
y recursos para sus fiestas religiosas; situación ideal para el cambio de propietario,
pues la multicitada Ley Lerdo contemplaba a los arrendatarios como primera y
175 Cfr. el documento citado con anterioridad, en el que se dan los porcentajes de estos frutales; los huertos generalmente se componían de una mayor variedad de frutas nativas, las cuales no fueron computadas en el documento, seguramente por carecer de un valor comercial. 176 Cfr. en el documento citado el porcentaje de tierra cultivable: en Suchitlán era del 15%, en Cofradía de Suchitlán del 11% y en Zacualpan del 4%.
111
preferente opción para adquirir los terrenos si realizaban la simple “denuncia” de los
mismos ante las instancias competentes.177
Pero aún así, la transformación que se ocasionó a partir del reparto de las
tierras comunales se volvió más notoria en años venideros, ya que los problemas
comenzaron a surgir pocos años después, cuando los poblados entablaron disputas
con los propietarios circunvecinos o perdieron sus tierras a causa del paulatino
despojo por las haciendas aledañas. Por ejemplo, durante 1875, los indígenas de
Juluapan continuaban demandando la adjudicación y reparto de tierras según lo
establecido en la ley del 25 de junio de 1856 y tenían pendiente un juicio sobre
propiedad con el señor José González.
178
Por su parte, al amparo de esta misma disposición legal, en Coquimatlán se
desintegró la llamada “comunidad de indios” luego de que a los indígenas del lugar
se les adjudicaron individualmente la mayor parte de los solares y terrenos.
Asimismo, a algunos de los vecinos se les adjudicó los solares que entonces poseían
y algunos terrenos de inferior clase; mientras que existieron otros vecinos que no
denunciaron los solares que poseían. Una vez sintiéndose dueños de sus terrenos,
varios indígenas vendieron sus posesiones, a partir del hecho de que se colocaron
en las circunstancias contempladas en la circular oficial del 11 de noviembre de
1856, en la cual se establecía que los indígenas al ser propietarios de las posesiones
mencionadas, podían empeñarlas, arrendarlas, enajenarlas y disponer de ellas como
todo dueño, de manera que si ellos las vendieron por el precio en que les fueron
adjudicadas, naturalmente habían dejado de tener dominio sobre ellas, como sucedía
siempre cuando un propietario vendía su finca, quedando el comprador dueño
absoluto de lo comprado.
179
177 La ley fijaba como valor de los inmuebles 16 2/3 veces el monto de su renta anual, más el pago de un 5% de impuesto sobre la compra venta.
178 Este caso se puede consultar en el Archivo del Poder Legislativo del Estado de Colima (en adelante APLEC), Dictamen de comisiones, 1875, pp. 273-274. 179 Véase Oficio Nº 13 de la Prefectura Política de Colima al Secretario de Gobierno, Colima, 16 de febrero de 1869; así como, el acuerdo o resolución del Gobernador con motivo de la comunicación anterior, Colima, 28 de febrero de 1869; cuyas copias se encuentran en expediente del 20 de mayo de 1892; en AHEC, Caja 529, Sección A, No. 7, Año 1892.
112
Los ejemplos se siguieron reiterando durante los años subsiguientes y en
general apuntan en la misma tendencia que se expresó a nivel nacional, la cual es
sintetizada por T. G. Powell en los siguientes términos:
El campesinado indígena…se convirtió en la víctima de la
Reforma liberal. Los campesinos indígenas de México eran los
“hombres invisibles” o sus “almas muertas”, generalmente pasivos y
siempre impotentes… [su suerte] no mejoró y en muchos sentidos, a
mediados de la década de 1870 a 1880, la población rural se
encontraba en condiciones mucho peores de las que habían conocido
bajo el dominio de los conservadores.180
Como constancia de este proceso desplegado a lo largo de la octava década
de esta centuria en el espacio colimense, existen evidencias indicadoras de que los
problemas se volvieron recurrentes en diferentes comunidades e involucraron a
actores diversos. Los estragos de estas disposiciones en el norte colimense, se
vivieron en la zona costera. Uno de estos casos se presentó en Tecomán. En 1878,
en virtud de la ley de desamortización, el Ayuntamiento de esta municipalidad ejecutó
la enajenación de los terrenos indígenas, labor que primero corrió a cargo de cuatro
representantes de los adjudicatarios y después por parte de los síndicos. Hasta se
eximió que los posesionarios indígenas pagaran los gastos del censo y solo se les
dejó a exención de las contribuciones que anualmente les correspondían. Pese a
ello, un pequeño grupo de indígenas de este pueblo intentó desconocer al
Ayuntamiento y apropiarse de las facultades y de los derechos sobre los censos que
producían los terrenos; actos que el ayuntamiento atribuyó a la maquinación de
“algunas personas que ambicionan el gobierno e intereses de este pueblo”.
181
180 T. G. Powell, Liberalismo…, p. 36.
181 Remigio Rodríguez, al Secretario de Gobierno, Colima, 13 de octubre de 1878; en AHEC, Caja 417, Carpeta 4, Sección A, No. 9, Año 1878.
113
Pero los problemas no quedaron a ese nivel, el panorama se enrareció más
hacia las dos últimas décadas del siglo XIX. Bajo el amparo del decreto Nº 74 del
Congreso del Estado, fechado el 17 de diciembre de 1883, donde se facultaba al
ejecutivo para que interviniera en el repartimiento de tierras de los indígenas que lo
solicitaran, el mandatario debería sancionar la expedición de títulos de propiedad
entre los miembros de las comunidades. Dentro de sus artículos se establecía que el
gobernador nombraría una comisión de entre los interesados para que supervisaran
las operaciones del reparto. Así mismo, dentro de este decreto se establecía que la
proporción de tierras repartidas se realizaría entre indígenas y mestizos de manera
equitativa. Otro elemento más era que las fracciones de tierra repartidas serían
propiedad exclusiva de cada adjudicatario, a excepción de las restricciones y
servidumbres que demandara la naturaleza del terreno y que estableciera la voluntad
de los propietarios.182
Bajo los dictados de este cuerpo normativo, en 1886, la comunidad de Santa
Ana Cautlán, en Ixtlahuacán, inició los procedimientos establecidos en dicha ley para
la división de los terrenos de la comunidad. Pese a ser considerado un poblado
indígena, el padrón general levantado en marzo de 1886 sobre los jefes de familia
(casados, viudos, viudas y huérfanos) con derecho a reparto, incorporó a 15
indígenas y 19 mestizos. Tras casi dos años de trámites, el acto de reparto de lotes
individuales se concretó a fines de enero de 1888, alcanzando a 37 beneficiarios.
Esta disposición oficial contenía todos los elementos para
debilitar el peso de las comunidades indígenas y la propiedad comunal sobre una
buena porción de las tierras colimenses.
183
Diez años después, en la comunidad indígena de Tamala, también ubicada en
la jurisdicción de Ixtlahuacán, se culminó el mismo proceso. Dicha iniciativa se
presentó desde 1889 (es decir nueve años atrás) cuando la Secretaría de Fomento
dispuso que las instancias estatales inspeccionaran los procedimientos de deslinde,
mensura y designación de lotes a las personas integrantes del poblado de Tamala.
La culminación del reparto se efectuó el 20 de enero de 1899, otorgándose 61 lotes
182 Dicho decreto se puede consultar en el expediente: Terrenos de indígenas. Sobre reparto de los de Santa Ana Cautlán; en AHEC, Caja 466, Sección A, No. No. 8, Año 1884. 183 Al respecto véase el documento anterior.
114
entre 51 indígenas y 10 individuos –mestizos al parecer– provenientes de otros
pueblos. La comisión designada para darle seguimiento al trámite de reparto estaba
compuesta por tres indígenas y dos mestizos. Su presidente era Felipe Palencia, un
personaje con marcados intereses en el campo colimense. Los títulos individuales se
otorgaron en 1905 y con ello quedó extinta la referida comunidad indígena. 184
En lo que toca a los indígenas suchitlecos, ya habían cursado este proceso
con cierta anterioridad. En 1883 se decretó el fraccionamiento de los terrenos de la
comunidad de Suchitlán, fraccionándolos en 463 lotes.
185
La distribución de tierras se concretó el 3 de abril de 1886. Ese día, en dicho
poblado se reunió gran parte del vecindario y, ante asistencia de su apoderado
general y del escribano público Mariano Riestra, se efectuó el sorteo que se tenía
acordado para la distribución de lotes de la ya extinguida comunidad del pueblo de
Suchitlán y la congregación llamada Cofradía. La entrega se efectuó tomando como
base un padrón de jefes de familia previamente elaborado; sin embargo, al final del
sorteo, entre ocho o nueve personas no recibieron tal adjudicación porque los
números de lote correspondientes no estaban habilitados por parte del agrimensor
contratista. A pesar de esto, el gobernador dispuso que se entregara el terreno
fraccionado entre los nuevos propietarios, ya que eso no impedía que se efectuaran
posteriores entregas sobre tierras que en lo sucesivo se seguirían fraccionando.
Pero, al parecer, dicho
decreto no se puso en operación y la propiedad comunal siguió prevaleciendo,
aunque no por mucho tiempo. Específicamente, en el año de 1885, el mandatario
estatal ordenó el reparto de las tierras que continuaban siendo comunes en
Suchitlán, y a varios indígenas, no a todos, les tocó un pequeño lote.
186
Este proceso de reparto, de inmediato generó conflictos entre los pobladores
establecidos en el lugar. Particularmente, cuatro mestizos (Albino Pérez, Valentín
184 El expediente del reparto de tierras indígenas en Tamala se puede consultar en AHEC, Caja 707, Sección A, No. 22, Año 1905. 185 Datos tomados del Oficio No. 674, Sección 1ª de la Secretaría de Colonización, Industria y Fomento, de I. Leal, al Gobernador del Estado, México, 5 de abril de 1892; en AHEC, Sección A, No. 19, Caja 892. 186 Oficio de José María de la Cruz, Presidente de la Comisión Especial para el Reparto de Terrenos, al Secretario de Gobierno, Suchitlán, 6 de abril de 1886; en AHEC, Caja 458, Sección A, No. 8, Año 1882.
115
Ochoa, José Vázquez y Andrés Vázquez) radicados en el lugar y que poseían
pequeños negocios de comercio sufrieron el acoso de la mayoría indígena, mediante
amenazas verbales para que se retiraran del pueblo, a decir de los afectados: “…sin
otro pretexto que el odio tan concentrado que ellos profesan a la gente que llaman de
razón”.187
Los implicados justificaban su permanencia en el lugar, “…mientras su
conducta no pueda ser tachada de inconveniente en aquella localidad, ellos viven ahí
bajo el amparo de las leyes generales de la Nación y las particulares del Estado, lo
mismo que podrían vivir en cualquier otro pueblo del mundo”.
Uno de los afectados tenía más de nueve años de casado con una hija de
un poblador autóctono, pero eso no tuvo ningún peso para que se le manifestara un
trato diferente.
188 Una razón de mayor
peso era que el gobernador de la entidad estaba por instruir que una fracción
considerable de terreno, la cual se había separado de la división general para fundo
de la nueva población, se dividiera en manzanas y solares para distribuirse entre
toda la población, acción de la cual esperaban resultar beneficiados; actitud que
hacían pública ante las autoridades, aún antes de que se realizara dicha distribución.
Al mismo tiempo, solicitaron el amparo de la justicia estatal para evitar que se
cometiera alguna arbitrariedad en su contra.189 En respuesta, las autoridades
estatales instruyeron al subprefecto de Comala para que se trasladara al pueblo de
Suchitlán a fin de que cumpliera con su responsabilidad de resolver tales dificultades
surgidas entre los vecinos de dicha población.190
Sin embargo, a la vista de la mayoría de la población de Suchitlán, al
colocarse como potenciales posesionarios de terrenos se convirtieron en agentes no
gratos y ajenos, ya que su actitud modificaba reglas vigentes desde antaño: sólo los
oriundos del poblado tenían derecho a la tierra. Por ello, su intento de explusión se
aplicó a partir de la autoridad y la costumbre que dominaban al interior de la
187 Carta de Manuel Barreto y Albino Pérez al Gobernador del Estado, Suchitlán, Colima, 9 de octubre de 1886; en AHEC, Caja 478, Sección A, No. 8, Año 1886. 188 Ibíd. 189 Ibíd. 190 Nota del Secretario de Gobierno al Subprefecto de Comala, Colima, 12 de octubre de 1886; en AHEC, Caja 478, Sección A, No. 8, Año 1886.
116
comunidad. El poner en práctica un principio de autoridad interno constituía el único
medio para garantizar la organización de su vida diaria. La coerción ejercida se
fincaba en un sentimiento u obligación moral que debería ser respetada; el proceder
de los avecinados violentaba las costumbres y pautas tardicionales de los
suchitlecos. Esto trae a cuento la afirmación de Barrington Moore referente a que era
costumbre que grupos de gente relativamente pequeños produzcan reglas para sí
mismos y vivan más o menos adaptados a ellas.191
Evaluada en retrospectiva y bajo los influjos del agrarismo que desencadenó
la revolución, para los líderes indígenas, esta actitud hostil hacia los habitantes no
oriundos del lugar, implicaba que este reparto de lotes fue, más que otra cosa, un
recurso de los terratenientes vecinos que disfrutaban de influencia ante el gobierno, y
con la diligencia del fraccionamiento y reparto consiguieron dos cosas: primero,
determinar linderos a sus propias tierras defraudando las de la comunidad; y,
segundo, tener un medio legal para obtener las tierras restantes porque los indígenas
favorecidos por el reparto, ya con personalidad legal para vender la posesión de los
lotes, pudieron entregarlos a los acaparadores vecinos que, de antemano, habían
comprado los derechos de las tierras en condiciones insignificantes.
De ahí que la regularidad y el
orden se generaba apartir de cómo una conducta establecía negociaciones con el
contrato social implícito (un conjunto de entendimientos mutuos no verbalizados) que
regía la vida de esa comunidad. Aspecto que los cuatro mestizos no habían tomado
en cuenta.
La ambición por poseer las tierras de Suchitlán no esperó a que este proceso
se concretara. Desde abril de 1885, el general Ángel Martínez y Miguel González
Castro iniciaron gestiones para apoderarse de dichos terrenos. Como primer paso,
se dirigieron ante el prefecto político del distrito de Álvarez a fin de que se les
informara sobre el tipo de posesión, la calidad de los títulos y los antecedentes de los
usufructuarios con relación a la tierra (si alguna vez fueron arrendatarios), el clero y
las autoridades civiles. Un año después, los solicitantes de la información seguían sin 191Barrington Moore, Los orígenes sociales de la dictadura y de la democracia, Barcelona, ediciones peninsula, 3ª edición,1991, p. 28.
117
obtener respuesta de la prefectura de Villa de Álvarez; así que, cansados de la
espera, recurrieron a la intervención de las autoridades de la Secretaría de Hacienda
para que el propio gobernador demandara la entrega de dicha información.192
Ante tal presión, el prefecto Juan N. Santa Anna turnó las respuestas al
cuestionario de Ángel Martínez y su socio, donde se señalaba que los terrenos de
Suchitlán fueron poseídos en común desde tiempos inmemoriales por parte de los
indígenas y que sus títulos de propiedad les fueron otorgados por uno de los virreyes
de México, como resultado de la compra en pesos oro efectuada por los referidos
pobladores. Además, se aclaraba que los indígenas de Suchitlán no habían sido
nunca arrendatarios de los terrenos, sino siempre propietarios de ellos, antes de
manera comunal y, para esas fechas, como propiedad fraccionada, es decir, como
comunidad ya extinta.
193
No obstante, lo anterior no implicó que la calma y la armonía signaran la vida
de dichos poblados. Como ya se mencionó, los indígenas no recibieron el reparto
con halagos y vivas; por el contrario, en enero de 1887, varios indígenas de Suchitlán
y Cofradía levantaron la voz ante el gobierno estatal –pero “pidiendo anticipadamente
perdón, si al expresarlas cometemos falta alguna”– para externar que, en su opinión,
la comisión nombrada para el reparto de terrenos no había actuado:
No existen registros que permitan darle seguimiento a la
reacción de los demandantes de tal información, pero, por los sucesos posteriores,
es de suponerse que destinaron sus intereses hacia otros rumbos de la entidad.
…no (…) ha obrado con legalidad ni equidad, en atención a que
a unos se han mejorado de una manera notable, y a otros muehicimos
(sic) se han perjudicado también notablemente; pues se nos ha
expropiado de nuestras antiquísimas posesiones, en que nos han
dejado nuestros antecesores, y se nos ha dado nuestros lotes a
192 Oficio Núm. 408 del Jefe de Hacienda al Gobernador del Estado, Colima, 7 de febrero de 1887; AHEC, Caja 481, Sección A, No. 8, Año 1887. 193 Oficio No. 30 de Juan N. Santa Anna, Prefecto Político de Villa de Álvarez al Secretario de Gobierno del Estado, Villa de Álvarez, 17 de febrero de 1887; en AHEC, Caja 481, Sección A, No. 8, Año 1887.
118
muchísima distancia de los que poseíamos, a unos en terrenos
barrancosos, y a otros en los cerros pedregosos y eriazos que de
nada nos sirven, y a muchos indígenas que nos corresponden lotes no
nos han dado nada en la repartición.194
Así mismo, se quejaban porque los mejores terrenos, que antes utilizaban
para agostadero, se habían vendido a particulares (los potreros llamados del
“Coyote” y “Reinoso” vendidos a Félix Verduzco en 2,500 pesos, así como el predio
de la “Loma Alta” adquirido por Matías Rincón en 1,200 pesos), además de que se
les impedía el tránsito por vías utilizadas desde tiempos antiquísimos; aquí la
molestia se expresaba contra Arnoldo Vogel, quien luego que le compró una parte
del potrero al señor Verduzco, cerró un antiguo camino que conectaba a Suchitlán
con la hacienda de Los Colomos, vía clave para los indígenas, pues era “…por
donde introducimos nuestros víveres para subsistir, y negocios de las autoridades de
ambos puntos, y esto lo consideramos como un atentado a nuestros intereses y a
nuestros sagrados derechos”.
195
Al malestar porque individuos ajenos se posesionaron y decidieron el destino
de terrenos que no hace mucho consideraban propios, se sumaba el hecho de que
desconocían el destino de los fondos obtenidos por la comunidad a cambio de dichos
terrenos. La inconformidad alcanzaba hasta al mismo Ignacio F. Fuentes, apoderado
general de la Comunidad, a quien se le adjudicó “…dos lotes en el potrero de riego
que está en el punto llamado las “Cuatas”, y dicho Señor se los tiene arrendados a
Don Paulino Escamilla, vecino foráneo, a quien no queremos que esté en el
punto”.
196
Esta protesta la fundamentaban en el Art. 6° del decreto de 24 de septiembre
de 1861 donde se prohibía que a los apoderados se les pagaran sus honorarios con
194 Carta de José Ma. Gregorio Martínez y demás firmantes al Gobernador del Estado, Cofradía de Suchitlán, 28 de enero de 1887; en AHEC, Caja 481, Sección A, No. 8, Año 1887. 195 Ibíd. 196 Ibíd.
119
terrenos de comunidades. La queja además de por la tierra iba acompañada de un
malestar por la presencia de lo ajeno a la comunidad, los mestizos decidiendo por y
contra los indígenas, en palabras de los mismos quejosos: “…resentimos agravio al
ver que nos ha hecho menos, pues nos han tratado en todo como a unos extraños, y
no como hijos legítimos del pueblo”.197
La respuesta de las autoridades sólo se centró en solicitar la lista de las
personas que quedaron fuera del reparto.
198 La lista de Suchitlán no llegó a las
oficinas estatales, pero de Cofradía se turnaron los nombres de Leonardo López,
Albino López, Demetrio López, María Calixta López (huérfana), María Isabel (viuda) y
María Marta (huérfana).199 Esta lista fue triangulada a Ignacio F. Fuentes, para que
en su calidad de apoderado de la comunidad remitiera las explicaciones
necesarias.200
…como el reparto de dichos terrenos se ha hecho conforme a
la ley, por cabezas de familia, se han aplicado a José María Ascencio,
Demetrio López, Leonardo del mismo apellido, María Isabel y José
Albino López, por conservar tal carácter los respectivos lotes, estando
comprendidos en dichas familias los indígenas María Marta y Calixta
López, según consta en el padrón formado por la comisión del
expresado pueblo, que debidamente acompaño.
La respuesta fue categórica:
201
Aunque la respuesta del gobernador a los demandantes giró en un tópico
distinto. A casi cuatro meses de elevada la protesta y solicitud de intervención, se les
197 Ibíd. 198 Oficio del Secretario de Gobierno al C. José Ma. Gregorio Martínez, Colima, 12 de abril de 1887; en AHEC, Caja 481, Sección A, No. 8, Año 1887. 199 Carta de José Ma. Gregorio Martínez al Secretario de Gobierno, Cofradía de Suchitlán, 14 de abril de 1887; en AHEC, Caja 481, Sección A, No. 8, Año 1887. 200 Oficio del Secretario de Gobierno al C. Ignacio F. Fuentes, apoderado de la comunidad de indígenas de Suchitlán, Colima, 15 de abril de 1887; en AHEC, Caja 481, Sección A, No. 8, Año 1887. 201 Oficio de Ignacio F. Fuentes al Secretario de Gobierno, Colima, 2 de mayo de 1887; en AHEC, Caja 481, Sección A, No. 8, Año 1887.
120
contestó lo siguiente: “…no estando aprobado aún por no haberse recibido todavía el
reparto que conforme a la ley debe haberse hecho de los terrenos de la comunidad
de indígenas de esa Cofradía u pueblo de Suchitlán, no tiene efecto la queja que
sobre el particular hacen Ustedes”.202
Pero las inconformidades y demandas de auxilio a las autoridades estatales
siguieron fluyendo. En diciembre de 1887, todos los habitantes de Suchitlán se
reunieron en su comunidad para tomar acuerdos que trasmitieron al gobernador,
donde manifestaron su condena ante el reparto de los terrenos que se hicieron al
interior del pueblo, ya que algunos de ellos tenían “potreritos” circulados que se les
otorgaron a otros individuos, estableciéndose una disputa entre los viejos y nuevos
posesionarios. Además se quejaban sobre que, de sus posesiones ancestrales, la
comisión encargada del reparto vendió dos lotes (Higuera Alta y Reinoso) a Matías
Rincón y Félix Verduzco, en $1,700 y $2,500 pesos respectivamente, cantidades que
no llegaron a la comunidad, o como los indígenas afirmaron: “…no nos ha tocado
ningún centavo de ellos”.
Las quejas no quedaron en ese nivel. En el potrero de Loma Alta destinado al
repartimiento de los indígenas, varios fueron engañados o presionados a vender sus
lotes a los vecinos foráneos, labor a la que contribuyó la misma comisión de reparto.
Aún más, los indignados indígenas denunciaron que el presidente de dicha comisión
(José María de la Cruz) se apoderó de dos lotes ubicados en el centro del poblado,
sin importarle que otros se hubieran quedado sin parte alguna de tierras. Para colmo,
el propio De la Cruz despojó a José Luis Díaz de su casa, ocasionando que se
“hicieran polvo” las mejoras que había introducido en la huerta.
Para sustentar las dimensiones de las acciones de dicho órgano de reparto,
acompañaron listados de los indígenas que poseían sus lotes, de quienes ya los
habían vendido y otra con la relación de empleados de la multicitada comisión.
Puntualmente, los inconformes demandaron la intervención del gobernador para que
se les restituyeran las antiguas propiedades pertenecientes al pueblo de Suchitlán y
202 Oficio del Secretario de Gobierno al C. José Ma. Gregorio Martínez y demás que suscriben, Colima, 15 de mayo de 1887; en AHEC, Caja 481, Sección A, No. 8, Año 1887.
121
Cofradía.203 En respuesta, el gobierno recomendó a Esteban de los Santos y demás
firmantes de la protesta, que las quejas de falta de indemnizaciones por
construcciones o árboles que tenían los antiguos poseedores de determinadas
fracciones de terrenos y cuyas construcciones y árboles quedaron a beneficio de
quienes fueron favorecidos en el sorteo, la venta de potreros por parte de la
comisión, la exclusión de personas del reparto y el despojo antes aludido, deberían
presentarse individualmente y la lista de las personas que resultaron afectadas, así
como el monto de los daños. Pero en lo que si fueron claros fue en respaldar a la
comisión repartidora en la venta de lotes, ya que lo obtenido era para cubrir los
gastos del reparto. Sobre los vecinos excluidos, pese a poseer derechos a terrenos
fraccionados, se mostraron abiertos a atender la queja si era justificada; en cuanto a
los despojos, simplemente les respondieron que eran libres de entablar la acción
legal correspondiente.204
De este modo, antes de diez años, la casi totalidad de las tierras repartidas a
los indígenas estuvieron ya en manos de los hacendados vecinos, con título legal,
vendidas a precios de 25 pesos cada lote cuando más, mientras que a los más
inocentes se las quitaron con engaños. Por ejemplo, entre 1889 y 1894, Arnoldo
Vogel compró más de cien lotes que habían pertenecido a la comunidad de Cofradía
de Suchitlán, los cuales fueron vendidos de manera individual por cada uno de sus
propietarios.
De esta manera, las autoridades simplemente se lavaron
las manos y recurrieron a la respuesta legal y burocrática. Actitud que poco o nada
servía para cubrir las exigencias de unos indígenas que sentían una intempestiva
avalancha de fenómenos que atentaban contra sus antiguas propiedades y usos de
la tierra.
205
203 Carta de Esteban de los Santos y demás firmantes al Gobernador del Estado, Suchitlán, 1° de diciembre de 1887; en AHEC, Caja 481, Sección A, No. 8, Año 1887.
Los pobladores de Suchitlán tuvieron un destino parecido; muchas de
sus parcelas fueron a parar a manos de los hacendados a cambio de miel, carne de
res, vino, y demás artículos localizados en las tiendas de raya de las haciendas, es
decir, por deudas para adquirir alimentos.
204 Contestación del Secretario de Gobierno a Esteban de los Santos y demás firmantes; en AHEC, Caja 481, Sección A, No. 8, Año 1887. 205 Tomado de Preciado, Agraristas…, 2002, p. 219.
122
Para intentar la modificación de tan triste panorama, en febrero de 1892, un
grupo de siete indígenas suchitlecos, en representación del resto de su comunidad,
elevaron una misiva al Secretario de Fomento donde afirmaban que los terrenos de
su pueblo estaban en poder de hacendados y vecinos que los rodeaban al margen
de toda legalidad, ya que no los habían vendido; por esa razón pedían que se
respetara su calidad de herederos legítimos de los decretos reales emitidos a su
favor desde años coloniales y que, para fijar dicho reparto, se acatara lo contemplado
en tal ordenamiento (se escudaban en un decreto emitido el 23 de febrero de 1781).
Más allá del sesgo ideológico o justificatorio que pueda encerrar esta afirmación, la
posesión y usufructo de la tierra comunal estaba fincado en el derecho natural y
consuetudinario, sancionado por la tradición que implicaba el haberlos disfrutado
durante varias generaciones.
Así que, con esta actitud, los indígenas ponían de manifiesto que –tal como
afirma Peter Worsley– “La tierra… [para ellos] …es el foco básico de supervivencia y
es casi sagrada, tenida por una corporación, cuyos actuales miembros son
meramente un eslabón de una cadena que se extiende desde los antepasados hacia
el futuro”.206
Para salvaguardar lo anterior, en su solicitud demandaban la intervención del
mismo presidente de la república. Sin embargo, la respuesta de las autoridades
federales resultó contraria a las aspiraciones de los indígenas, ya que la
consideraban falta de fundamento: ante la afirmación de que las tierras se hallaban
en poder de hacendados, las autoridades simplemente contestaban que “…esos
Eslabón que fue roto por la mercantilización generalizada de la tierra
auspiciada por la política que se articuló con la visión liberal y modernizadora de la
administración porfirista. Contrariamente a esta política, la petición de este núcleo de
indígenas significaba que –asumida concientemente o no por los indígenas– la tierra
no podía ser una mercancía que se colocara en el mercado de la compra-venta. Por
tanto, buscaban que se mantuviera la norma consuetudinaria de que la tierra debía
ser trasmitida de generación en generación a partir de lazos étnicos y familiares.
206 Peter Worsley “Economías campesinas”, Historia popular y Teoría socialista, Raphael Samuel (Ed.), Barcelona, Crítica, 1984, pp. 170-171.
123
terrenos se repartieron desde 1883, fraccionándolos en 463 lotes, de los que
obtuvieron su correspondiente parte, los mismos vecinos que ahora se quejan”.207
En esta última década del siglo XIX hubo de todo en torno a las tierras de
Suchitlán: reclamos, aclaraciones, peticiones y delimitaciones. Hacia 1894, los
inconformes no solo eran a los que no se les adjudicó un lote, sino hasta entre los
mismos posesionarios; por dudas y quejas en torno a límites y linderos, formuladas
por propietarios de terrenos ante las autoridades de la comunidad, éstas, debido a
que no contaban con el plano de adjudicación, a recomendación de Ignacio F.
Fuentes –apoderado de los indígenas– tuvieron que solicitarlo al gobernador del
estado.
208 En respuesta, las autoridades lo colocaron en las oficinas de la Secretaría
de Gobierno para su consulta respectiva.209
En términos generales, al ritmo de todo este proceso legal y normativo, que
condujo a que las comunidades indígenas perdieran el disfrute de buena parte de
sus tierras de comunidad, los indígenas de Suchitlán se vieron envueltos en toda una
serie de vicisitudes que los llevó a empeorar su ya de por sí precaria situación
económica y a que padecieran un sometimiento absoluto al servicio de las haciendas
que entraron en posesión de las tierras del pueblo. El destino de muchos de los
indígenas fue engrosar la lista de peones de las vecinas haciendas de Nogueras y de
San Antonio, cuyos propietarios les otorgaron sueldos miserables: al parecer durante
el lapso de 1857 y 1910, estos peones indígenas nunca percibieron un salario diario
superior a los 18 centavos.
La dimensión de la parcela individual se
volvía punto de controversia en los excomuneros suchitlecos.
210
Como consecuencia de la pérdida de las tierras y de su estatuto de comunidad
indígena, aunado al fenómeno de continua filtración de otros grupos sociales, como
los mestizos, además de su creciente proletarización por su trabajo en obrajes y el
207 Oficio No. 674, Sec. 1ª. de la Secretaría de Colonización, Industria y Fomento, de I. Leal, al Gobernador del Estado, México, 5 de abril de 1892; en AHEC, Caja 529, Sección A, No.7, Año 1992. 208 Comunicado de Juan Cruz, Comisario municipal de Suchitlán, al Gobernador del Estado, Suchitlán, 21 de febrero de 1894. AHEC, Caja 538, Sección A, No. 7, Año 1894. 209 Oficio del Secretario de Gobierno al Comisario municipal de Suchitlán, Colima, 24 de febrero de 1894. AHEC, Caja 538, Sección A, No. 7, Año 1894. 210 Cantidad baja si se considera que en la última década del siglo XIX, el sueldo promedio en una hacienda colimense era de alrededor 50 centavos.
124
peonaje de las haciendas, se observa una paulatina aculturación y desintegración de
la mayoría de las comunidades indígenas de la zona. No en balde, con la idea de
ocultar las apariencias y forzarlos a los usos y costumbres de los mestizos, gente
“civilizada”, se dictaron las prohibiciones de usar calzón de manta en Colima y Villa
de Álvarez en 1888.211 Al tiempo que obedece a la dinámica que marca la
modernización económica, implica dotar a los indígenas de los valores y atributos
que lo representaran como individuo (Fig. 8).
Fig. 8. Indígena de la zona norte de Comala, usando pantalón a la usanza occidental.212
211 EC, 1888, tomo XXII, Nº 40, p. 10; EC, 1888, tomo XXII, Nº 62, p. 16.
212 Indígena del norte de Colima cerca de 1880, Marie Robertson Wright, Archivo Casasola, Fototeca Nacional del INAH, Pachuca (en adelante AC-FNINAH), Fondo Étnicos (351022). Si los indígenas
125
Mientras tanto, su contraparte, el hacendado Arnoldo Vogel era dueño y
poseedor de 121 lotes enteros y dos medios lotes del terreno del repartimiento de la
Cofradía de Suchitlán, que conforme a la ley de 17 de diciembre de 1883 se repartió
y se distribuyó entre los indígenas de dicha comunidad. La extensión de dichos lotes
fue diferente en cada uno según la calidad del terreno y el estar o no provisto de
agua para irrigación. Los expresados predios pasaron a poder del hacendado según
él “…en virtud (...) de diversas compras que he hecho a sus dueños, sin engaño
alguno y sin violencia después de que algunos de esos lotes han pasado por varios
poseedores”.213
Más allá de lo anterior, existieron otros elementos que configuraron la relación
de los hombres con estas tierras. Además de explotar directamente varios de estos
terrenos, Vogel los entregaba en arrendamiento. Por ejemplo, una de las fracciones
de su posesión que formaba parte de la jurisdicción del pueblo de Suchitlán, la
cultivó Valentín García por bastantes años, utilizando también el agua del arroyo
Suchitlán, pasando los esquilmos a la barranca del Coyote, que las conducía al
pueblo de Comala.
La compra esta fuera de toda duda, lo que se permanece ausente
son las condiciones y circunstancias en que se realizó dicho acto de compra-venta;
de ahí que en las futuras controversias que se generarían entre hacendados e
indígenas cada quien esgrimiría su “verdad” sobre este particular.
214
Las ambiciones por los terrenos indígenas aledaños al volcán de Fuego, no se
limitaban a los propietarios de las haciendas de San Antonio y Nogueras. Por
ejemplo, a principios de 1885, la prefectura de Villa de Álvarez recibió un ocurso
fechado el 26 de diciembre de 1884, en donde se pedía admitir el denuncio de varios
terrenos y se los adjudicaran al Lic. Miguel G. Castro y al Gral. Ángel Martínez.
querían entrar a la ciudad sin recibir una multa a causa de su vestimenta, se veían forzados a rentar un pantalón en Villa de Álvarez. 213 Arnoldo Vogel al Gobernador y Comandante Militar del Estado de Colima, Colima, 23 diciembre 1916; en AHEC, Caja 879, Sección A, No. 19, Año 1916. 214 Ibíd.
126
Sin embargo, el estudio hecho por esta prefectura, acerca de la petición del
Lic. Castro, arrojó como resultado que los poseedores de los terrenos que se
denunciaban como nacionales, no tenían carácter de corporación civil sino que eran
de los comprendidos en la resolución del 11 de noviembre de 1856 y, refiriéndose a
la petición hecha para que los terrenos de comunidades de indígenas no fueran
comprendidos entre los que citaba la ley de desamortización, decía lo siguiente:
Su Excelencia después de oír los informes que creyó oportunos
en el caso, se ha servido declarar que los terrenos de que se trata
deben tenerlos y disfrutarlos los indígenas referidos en absoluta
propiedad, pudiendo por consiguiente empeñarlos, arrendarlos,
enajenarlos y disponer de ellos como todo mexicano lo hace con sus
cosas, sin que los mencionados indígenas paguen alcabala ni eroguen
gasto alguno, en razón de que no se les adjudican ahora los terrenos,
puesto que ya de antemano los tenían en propiedad, etc.”
Además, resultaba que, estando conferida la facultad de conocer de todo lo
relativo a denuncios de terrenos pertenecientes a corporaciones religiosas y civiles a
la Secretaría de Hacienda, sin que las autoridades políticas tuvieran intervención
alguna en tales asuntos conforme a las leyes vigentes, dicha Prefectura se declaró
incompetente para conocer la denuncia que hizo el Lic. González Castro de los
terrenos mencionados, que pertenecían a los indígenas de Ajuchitlán.215
En respuesta, el Lic. Miguel González Castro se dirigió a la Secretaría de
Hacienda, argumentando que de conformidad a lo contemplado en la ley del 25 de
junio de 1856, él y en nombre del Gral. Ángel Martínez, denunciaron ante la
autoridad política del distrito de Álvarez del estado de Colima, unos terrenos que los
215 Oficio de la Prefectura Política del Distrito de Álvarez, Estado de Colima, al Lic. Miguel G. Castro, Villa de Álvarez, 7 de enero de 1885; en AGN, Bienes Nacionalizados, 1892, Caja 26, Expediente 60/57, Ff. 7 – 15
127
indígenas del pueblo de Suchitlán poseían con el carácter de comunidad civil y en
contravención a la ley citada y al artículo de la constitución general de la república.
La referida autoridad política de Villa de Álvarez no admitió el denuncio
fundándose en que los terrenos poseídos en común por los indígenas no eran
denunciables y, además, por estar conferida a esa Secretaría de Hacienda la
facultad de conocer todo lo relativo a denuncios de terrenos pertenecientes a
corporaciones civiles y religiosas, sin que las autoridades políticas tuvieran
intervención alguna en esos asuntos.
En opinión de los denunciantes, el error de la repetida autoridad política era
evidente, como así lo manifestaban diversas circulares aclaratorias de la ley de
desamortización expedidas por esa misma secretaría. Por lo mismo, solicitaron ante
la Secretaría de Hacienda se aceptara el denuncio de los terrenos de Suchitlán,
hecho por el Gral. Ángel Martínez y el Lic. González Castro, sin permitir innovación
alguna desde la fecha del denuncio, que tuvo lugar el 26 de diciembre de 1884.216
Aún más, el Lic. Miguel González Castro, manifestó de manera reiterada que,
asociado con el Gral. Ángel Martínez, denunció ante el prefecto político del distrito de
Álvarez, estado de Colima, unos terrenos que poseían los indígenas del pueblo de
Suchitlán, con el carácter de comunidad; además de que aquel empleado no admitió
la denuncia, fundándose en que no era competente, sino la Secretaría de Hacienda.
Acompañaba el solicitante, el original de la contestación dada por el mencionado
prefecto político, misma que decía: “que los poseedores de los terrenos de que se
trata, no tienen el carácter de comunidad, sino que se hallan comprendidos en la
circular del 11 de noviembre de 1856, que se los cedió, y que por otra parte, la
Secretaría de Hacienda es la competente para resolver sobre denuncias de bienes
de corporaciones civiles y religiosas”.
217
216 Miguel González Castro al Secretario de Hacienda, Colima, 15 de febrero de 1885; en AGN, Bienes Nacionalizados, Año 1892, Caja 26, Expediente 60/57, Ff. 7 – 15 (Exp. 11.511=2ª ).
En este caso, las autoridades locales se
pusieron del lado de los pueblos indígenas.
217 Ibíd.
128
Por la circular del 9 de octubre de 1856, se mandaron adjudicar a los
indígenas y labradores pobres, los terrenos de que fuesen arrendatarios, cuyo valor
no pasara de 200 pesos, ya fuesen tales terrenos de común repartimiento o de los
ayuntamientos, o sujetos por cualquier otro motivo a la desamortización. Además,
por el artículo 1° del reglamento de 20 de abril de 1878, se acordó que los labradores
pobres que estuvieren en posesión de algún terreno nacional, cuyo precio no pasara
de 200 pesos, ocurrieran a la autoridad política local, para que les expidiera su título
de adjudicación, conforme a la circular de 9 de octubre de 1856 y su concordante de
28 de diciembre de 1861. Conforme al artículo 2° del propio reglamento, a los
labradores pobres que tuvieran título de adjudicación, se les condonaba el valor del
terreno que poseían, cuyo precio fuera menor de 200 pesos.
Así pues, en el caso de que se trataba se resolvió pedir informe al prefecto del
distrito de Álvarez, sobre si los poseedores de los terrenos referidos los poseían en
común o cada uno tenía el suyo; si tenían sus títulos de adjudicación expedidos
conforme a las disposiciones citadas; y si tales poseedores fueron en otro tiempo
arrendatarios de esos terrenos y a quien pagaban el arrendamiento, al clero o al
ayuntamiento.218
La respuesta de las autoridades locales se presentó en los siguientes
términos: el gobernador del estado comunicó, lo que a su vez turnó la prefectura de
Villa de Álvarez a su Secretaría de Gobierno, gracias a los informes proporcionados
por el subprefecto político de Comala, quien puntualizó que:
Evacuando el informe que la Jefatura de Hacienda pide con
fecha 7 del actual al Gobierno del Estado, por disposición del C.
Presidente de la República, comunicada a aquella oficina con fecha 28
de enero último por la Secretaría de Hacienda, relativo a los terrenos
de Suchitlán, debo decirle: 1° Que dichos terrenos fueron poseídos en
218 Miguel González Castro al Secretario de Hacienda; en AGN, Bienes Nacionalizados, Año 1892, Caja 26, Expediente 60/57, Ff. 7 – 15 (Exp. 11.511=2ª).
129
común desde tiempos inmemoriales por los indígenas de Suchitlán. 2°
Los títulos de propiedad de dichos terrenos, no son de los
comprendidos en el Reglamento de 20 de abril de 1878, sino que les
fueron expedidos por uno de los Virreyes de México por compra que
los indígenas le hicieron por una cantidad de pesos oro. 3° Los
indígenas de Suchitlán, no fueron arrendatarios de los terrenos, sino
siempre propietarios de ellos; además, debo decir a Ud. que en la
actualidad están ya repartidos legalmente, los indígenas, de esas
tierras equitativamente; en consecuencia, está fraccionada la
propiedad que antes formaba el patrimonio de la extinguida
comunidad de indígenas de Suchitlán.219
La controversia sobre este denuncio se prolongó por más de dos años hasta
que en 1887, el asunto tomó rasgos contrarios a las pretensiones de Ángel Martínez
y su socio, cuando la opinión dominante en las autoridades se inclinaba a que, según
el informe rendido por el subprefecto político de Comala al prefecto político del
distrito Álvarez y, por éste, al gobernador, dichos terrenos fueron poseídos en común
desde tiempo inmemorial por los indígenas de Suchitlán, con los títulos de propiedad
que les fueron expedidos por uno de los virreyes de México. Además, ya estaba
hecho el repartimiento de esas tierras equitativamente, de manera que la propiedad
que antes formaba el patrimonio de la extinguida comunidad de indígenas de
Suchitlán ya estaba fraccionada. La opinión común fue declarar sin lugar la denuncia,
219 Oficio N° 113, Sección 2ª, 511=2ª, de la Jefatura Superior de Hacienda de Colima al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Colima, 24 de febrero de 1887; en AGN, Bienes Nacionalizados, Año 1892, Caja 26, Expediente 60/57, Ff. 23-25.
130
en virtud de no ser denunciables los terrenos expresados; lo anterior, como resultado
del informe referido.220
Este asunto llegó a su punto culminante en 1892, cuando las mismas
autoridades presidenciales dispusieron que “...por estar terminado el expediente
marcado con el N° 11511-2ª relativo a la denuncia hecha por los ciudadanos general
Ángel Martínez y Miguel González Castro de unos terrenos que poseen los indígenas
del pueblo de Suchitlán, Distrito de Álvarez en este estado, se archive dicho
expediente”.
221
3.- UN FENÓMENO EXTENSIVO Y RECURRENTE
Con esto, el acecho del militar porfirista Ángel Martínez y su
abogado, llegó a su fin sin obtener los objetivos ambicionados; pero las amenazas a
los indígenas no desaparecieron, sólo cambiaron de rostro.
De esta manera, en las décadas posteriores al decreto de desamortización de
terrenos en manos de las corporaciones, las tierras comunales padecieron las
consecuencias de esta mercantilización y se vieron amenazadas con pasar a formar
parte de negocios privados. Por ello, es probable que una porción de éstas haya
formado parte de las 161,212 hectáreas de tierra pública nacional que entre 1868 y
1869 pasaron a ser parte de intereses particulares.222
Claro que, aunque inscrita en esta tendencia general, la afectación indígena
presentó dinámicas particulares en cada región del país. Particularmente en esta
porción de occidente que es objeto de esta investigación, la afectación la propiedad
comunal de antaño que los indígenas colimenses tenían sobre amplias extensiones
de tierra no se limitó a los indígenas de Suchitlán, sino que se extendió a otras
comunidades similares. Todo al amparo de la ley de terrenos baldíos decretada
220 Oficio de S. Gutiérrez, Sección 2a, al Sr. Secretario, México, 10 de mayo de 1887; en AGN, Bienes Nacionalizados, Año 1892, Caja 26, Expediente 60/57, Ff. 23-25 221 Oficio N° 28, F. Martínez, Jefe de Hacienda de Colima, al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Colima, septiembre de 1892; en AGN, Bienes Nacionalizados, Año 1892, Caja 26, Expediente 60/57, Ff. 33. 222 Información tomada de John Coatsworth, Orígenes…, 1998, p.153.
131
desde 1863 que afectó a tierras en posesión que no se encontraban abiertas a la
producción.
Los efectos de la instrumentación de este precepto legal se presentaron de
manera paulatina en el agro colimense, observándose primeramente en la zona de
valles. Los estragos de estas disposiciones que alteraron la propiedad estatal se
vivieron en Tecomán desde 1875, cuando el ayuntamiento del lugar inició actividades
para dar posesión de terrenos de comunidad del pueblo a quien los pidiera, siempre
que pagara su renta.223
En medio de este panorama, en octubre de 1883, los indígenas de Tecomán
solicitaron, ante el ejecutivo, que se procediera al repartimiento de sus tierras.
Cristóbal Pedraza, Ricardo Novela, Anastasio Pérez, Justo Cardoza, José Dolores
Novela y Luis Estrada, en representación del pueblo de indígenas de Tecomán y en
su propio nombre por ser integrantes del mismo, notificaron al gobernador de la
entidad que, después de levantar un censo entre la comunidad, los jefes y
representantes de las familias de esta población se reunieron voluntariamente y
acordaron que se practicara el repartimiento de las tierras que hasta el momento
habían permanecido indivisas, unas veces bajo la administración municipal, y otras
bajo la de otros representantes admitidos por la sociedad de naturales.
No obstante a que la resolución que tomaron la consideraban peligrosa para
los sectores más desprotegidos y sin instrucción, al mismo tiempo la consideraron
como “…una necesidad imperiosa de la época y como un medio de mejorar la
condición de todos aquellos de nuestros asociados que son laboriosos y que con el
estímulo que tiene el propietario, serán más industriosos, en pos de su bienestar y
contribuyendo al incremento de la riqueza pública”.224
223 Al respecto véase el Oficio Nº 31 localizado en AHEC, Caja 429, Sección A, No. 9, Año 1880.
Para lograr lo anterior
recurrían a la paternal influencia y respeto del gobierno del estado y de su acertada
dirección, de manera tal que se manifestaron dispuestos a modificar y adicionar los
224 Carta de Cristóbal Pedraza y demás firmantes al Gobernador del Estado, Colima, 12 de octubre de 1883; en AHEC, Caja 461, Sección A, No. 8, Año 1883.
132
acuerdos contenidos en el acta de resolución, en los aspectos que el ejecutivo
considerara pertinentes.225
Esta petición, así como el proceso de reparto general, se instrumentó al
amparo de la aprobación de la ley del 17 de diciembre de 1883. Durante el año
siguiente (1884) este proceso se reavivó. El reparto se otorgó, tanto a los indígenas
del lugar, como a varios mestizos que aprovecharon este proceso de adjudicación.
Pero la conclusión de este reparto no resolvió los problemas al interior de la
mencionada comunidad. Las fértiles tierras del valle costero de Tecomán atraían a
personajes ávidos de riqueza. Esto provocó que el mismo gobernador del estado
solicitara la intervención del presidente Porfirio Díaz, al informarle que el Gral. Ángel
Martínez, dueño de una concesión para el deslinde de terrenos baldíos y
colonización en el estado, había denunciado grandes fracciones de las tierras
pertenecientes a diversas comunidades nativas; además de que la mayor parte de
los pueblos de dicha entidad federativa estaban habitados de indígenas, quienes
veían en sus terrenos una propiedad garantizada por las leyes, por lo que estos se
habían alarmado de una manera extraordinaria, temiendo que las infundadas
denuncias de Martínez se convirtieran en verdaderos despojos. Esto era así porque –
al decir de Manuel Bonilla– los pueblos habían:
…conservado una tradición que casi es un culto, en virtud de la
cual, cada individuo en particular y el conjunto de los pobladores, han
reconocido como suyos, no un sitio ni los sitios de caballerías
mencionadas en el documento de la titulación, sino las tierras
comprendidas dentro de las mojoneras. Frente a las compañías
deslindadotas (...) Se consideran y con mucha razón desde su punto
de vista, despojados, robados.
225 Ibíd.
133
Más suponiéndolos en un estado de resignación que no existe,
el sitio de ganado mayor que rezan casi todos los títulos, no basta
para las necesidades de los pueblos, sino allí donde (por rarísima
excepción) el terreno es de primera clase en su totalidad. 226
Por su parte, el resquemor del gobernador colimense ante las objeciones a
denuncias de tierras de Martínez se expresaba al ejecutivo federal en los siguientes
términos:
Y digo denuncias infundadas porque en este estado cuya área
es tan pequeña, no existe ningún palmo de terreno baldío y así lo ha
manifestado el Gobierno local a la Secretaría de Fomento en
contestación a un informe oficial que se le pidió. Para que Usted se
convenza de que solo un interés personal mal entendido guía al Señor
Martínez en sus denuncios, baste decirle que todos o la mayor parte
de ellos se refieren a terrenos que están lindando con la hacienda de
su propiedad llamada San Bartolo, cuyos terrenos pertenecen a los
indios del pueblo de Tecomán, quienes jamás han dejado de
cultivarlos, constituyendo los mismos terrenos el medio que
proporciona su subsistencia.227
Por tanto, consideraba que la conducta adoptada a la sombra de una
concesión poco meditada, era peligrosa para la paz y el orden público en el estado.
226 Manuel Bonilla, “Apuntes para el estudio del problema agrario”, Hermosillo, Imprenta del Gobierno del Estado, 1914, en Jesús Silva Herzog (Dir.) La cuestión de la Tierra, 1913-1914, México, Instituto Mexicano de Investigaciones Económicas, (Colección de Folletos para la Historia de la Revolución Mexicana), 1961, p. 250. 227 Esteban García, Gobernador del Estado de Colima, a Porfirio Díaz, Colima, enero 28 de 1885; en BFXC, Fondo Porfirio Díaz, L10C4 Legajo 1538.
134
Ponía lo anterior al conocimiento del presidente de la república, de una manera
confidencial, para que si lo consideraba prudente lo apoyara en la protección de
estos pueblos contra cualquier procedimiento que atacara el derecho de propiedad
que tenían sobre sus terrenos, de los cuales se estaba haciendo el correspondiente
reparto, conforme a las leyes del Estado.228
Para sorpresa de muchos, la respuesta de Porfirio Díaz era distante de la
actitud que guardaba para con el Gral. Martínez, ya que la contestación al
gobernador fue en el tono siguiente: “Mientras se revisa concesión, usted anime a los
pueblos, manifestándoles que ningún concesionario podría hacer uso de sus terrenos
sin previa autorización del mando. Supongo que Usted tendrá bastante confianza en
el Juez de Distrito y en este caso este tranquilo”.
Al igual que antes lo hicieron las
autoridades locales, el gobernador adoptaba una postura en defensa de los pueblos
indígenas.
229
Cabe aclarar que si bien el gobernador Esteban Martínez no se manifestó tan
proclive a las acciones emprendidas por Ángel Martínez, este mercader de tierras
vivió un panorama mucho más halagüeño tras el arribo de Gildardo Gómez a la
gubernatura estatal. Baste señalar que Martínez no actuaba sólo, primeramente
conformó una compañía deslindadora denominada Martínez y Landázuri, pero
seguidamente su actividad en pro del repartimiento de tierras de comunidad y
denuncio de terrenos baldíos se fortaleció tras asociarse con Felipe Palencia,
individuo que desarrollaba una dinámica labor como promotor del reparto de tierras
en el valle de Tecomán y zonas aledañas. Aún más, la sociedad de ambos
personajes era más sólida y extensa, ya que contaban con socios ocultos instalados
desde la cúspide del poder estatal, así lo demuestra la carta que Palencia le dirige al
gobernador Gildardo Gómez en 1888, donde le reiteraba:
…yo quiero que Usted vea este negocio con interés y me
aconseje y me ayude, y aunque Usted no quiera y sin que su nombre
228 Ibíd. 229 Ibíd.
135
aparezca en nada para evitarle compromisos y chismes Usted es
nuestro socio y la concesión es suya, del General y mía. Esto no tiene
remedio, compadrito, porque así lo quiere un amigo que lo quiere
como hermano y que no puede ser sospechoso para Usted. 230
Aprovechándose de esta red de intereses apoyada por el puesto público de
Gómez, los socios realizaban diligentes gestiones para definir el contrato que su
compañía establecería con la Secretaría de Fomento, sobretodo para garantizar que
las tierras cedidas por la compañía deslindadora anterior se hicieran efectivas, al
tiempo que buscaban que el gobierno federal hiciera una cesión similar de derechos
de tierras que podía disponer conforme a derecho. Para ello, Palencia le sugería a
Gómez:
Yo tengo la pretensión de que entre todo y ver si es posible
modificar el acuerdo en ese sentido; pero para no hacer algo
inconveniente espero su consejo. Doy por hecho que el reparto pasó
por todas las prácticas de ley y que es legal ¿por qué se dice que el
Gobierno reserva sus derechos a esas propiedades? Luego cree
tenerlos, y en ese caso que se ponga una cláusula en el contrato
diciendo por ejemplo: que en caso que la Federación haga valer esos
derechos en justicia, y estudiado el asunto se resuelva que es baldío
todo eso, la compañía tendrá la tercera parte que la ley le da. No
puede objetarse que la Compañía anterior hizo cesión de su
concesión en esa parte, porque se declara caduco el Contrato anterior
230 Carta personal de Palencia al Señor Gobernador, Don Gildardo Gómez, México, 12 de julio de 1888; en AHEC, Caja 496, Sección A, No. 7, Año 1888.
136
para celebrar el nuevo, y en tal caso la Compañía nueva nada tiene de
común con la anterior, y esta no ha cedido nada porque pidió la
concesión para todo el Estado ¿qué le parece? 231
La intención fue clara; su pretensión era realizar un nuevo deslinde de
terrenos ya otorgados o por otorgarse, a fin de llevarse las porciones y utilidades que
la propia ley establecía. Esto era más que evidente, por muy y que Palencia
asegurara que:
…hay que pensar que vale más algo que nada, y por mi parte
no tengo interés en que frieguen a los pobres indios; al contrario no
quiero que alguno otro les apriete sin consideración ninguna. Una de
las cosas por ahora importantísimas consiste en fijarse en un deslinde
de los más fáciles y seguros para comenzar las operaciones y poder
firmar ya el contrato. 232
Los planes y las piezas del engranaje estaban listas para entrar en funciones,
el gobernador y sus socios fueron selectivos en buscar las estrategias y los
personajes que les garantizarían coronar sus proyectos, así lo pone al desnudo
Palencia cuando le expresa al gobernador colimense lo siguiente:
Como el General me decía que llegado el caso de acuerdo con
Usted nombráramos quien nos representara en Colima para comenzar
los trabajos espero sus indicaciones sobre el particular y desde luego
nuestro buen amigo Gamiochipi será el que ponga el cascabel al gato
en lo cual ya esta él de acuerdo… Importa comenzar no por lo dudoso
y en grande, que para eso habrá tiempo después… Nacho conoce 231 Ibíd. 232 Ibíd.
137
mucho de eso y allá se pueden tomar mejores datos que aquí, ya
asegurada la concesión quedan cinco años para seguir buscando. 233
Las solidaridades entre Palencia y Gómez estaban fincadas en el
compadrazgo y la identificación de intereses, los favores económicos y políticos
fluían entre uno y otro. Así que no resultó nada casual que Palencia ocupara
responsabilidades públicas gracias a su compadre, a quien le manifestaba:
Una vez más le reitero mis agradecimientos porque bien sé a
quien debo haber sido aclamado, como Usted me dice, por uno de los
Colegios electorales del Estado, para representar al mismo en la
Cámara de Diputados,....
Por supuesto que no ha pasado desapercibido para mí que no
contento Usted con asegurar mi posición quiso llevar más lejos su
amistoso celo designándome, porque esto fue exclusivamente de
Usted, por el primer Colegio electoral que, como comprenderá, es una
satisfacción más para mí. ¡Gracias compadre! 234
Pero ese cargo no saciaba sus aspiraciones e intereses, ya que al tiempo que
le enviaba dicho agradecimiento, le recordaba: “No olvide lo de baldíos porque es
preciso asegurar la concesión cuanto antes por lo que pudiera suceder, y ya verá
que esto vale un mundo para mí, porque tengo mis razones y particularmente en lo
de huecos y denuncias”. 235
Muchas de las decisiones operativas de esta compañía descansaban en
Palencia, entendible si se parte de las funciones públicas del Gral. Ángel Martínez
233 Ibíd. 234 Carta personal de Palencia al Señor Gobernador, Don Gildardo Gómez, México, 27 de julio de 1888; en AHEC, Caja 496, Sección A, No. 7, Año 1888. 235 Ibíd.
138
como senador de la república en representación del Estado de Colima y el cargo de
gobernador de Gildardo Gómez. Así lo reiteraba este último al comunicarle a su
compadre Palencia que: “…en todo se hará lo que Usted disponga y nada más, pues
el General pasará por todo, y aún así me lo expresa dejándonos en absoluta
libertad”.236
…persuadir a los propietarios que consoliden su propiedad y se
entiendan con nosotros como amigos, pues por mi parte, tendría gusto
en que las ventajas fueran recíprocas para ellos y la Compañía, en
vez de que otros concesionarios fueran a atirantar la cosa demasiado;
y hay que hacerles observar que bien podemos vender nuestro
derecho a persona extraña a ellas, y sería en su perjuicio… el objeto
es como dejo indicado: favorecer con arreglos aceptables, y
equitativos a los propietarios favoreciéndonos a la vez.
Pero si bien las tareas de conducción de la empresa en el ámbito
administrativo recaían en Palencia, no así la conducción de los destinos económicos
y planes de la compañía, como lo evidenciaba el gobernador al señalar que lo más
importante era:
237
Actitud que declarativamente se extendía a los poblados y comunidades
indígenas. El dúo de compadres estaba involucrado más directamente en los
quehaceres dominantes, ya que su socio Martínez no tenía residencia fija en la
entidad. Martínez cumplía con responsabilidades militares en el noroeste de México
a partir de su cargo como jefe de la Primera Zona Militar. Evidencias de lo anterior se
encuentran en la correspondencia que turnó a Gildardo Gómez desde el puerto de
Mazatlán, donde le informaba que acababa de llegar a ese lugar procedente de
Sonora y que cuando sus ocupaciones lo permitieran iría a pasar unos días a Colima,
estancia que aprovecharía para ayudarlo en el asunto de la construcción del
236 Carta personal de F. Palencia al Sr. Gobernador, Don Gildardo Gómez, México, 31 de julio de 1888; en AHEC, Caja 496, Sección A, No. 7, Año 1888. 237 Ibíd.
139
ferrocarril.238
Por otro lado, si bien la compañía deslindadora era un negocio atractivo que
redituaba grandes porciones de tierras y utilidades, esta sociedad no estaba exenta
de dificultades. Una era el marco legal que otorgaba facultad al Estado sobre
terrenos baldíos considerados nacionales, lo cual restaba campo de acción para esta
empresa. Este asunto de los baldíos preocupaba a Palencia y Gómez, en mayor
proporción que a su socio Ángel Martínez. Al tiempo que incursionaban en el negocio
de la tierra, les preocupaba la reacción de sus paisanos ya que consideraban que:
Así que los compadres Palencia y Gómez tenían un socio con quien no
tenían un nexo físico permanente.
…si fracasa el negocio nos aborrecen, y ningún provecho nos
queda, y quedamos pasando por ambiciosos de mala fe e ingratos.
Esto hasta cierto punto es verdad, dada la manera de ver de nuestros
paisanos que no están acostumbrados a la índole de ciertos negocios;
pero viéndolo bien y bajo un punto de vista patriótico, hasta cierto
punto, me parece que la intervención nuestra en los arreglos de
baldíos vendrá sin duda a influir de un modo favorable para hacer las
transacciones más justas, más equitativas y menos odiosas. Porque
está fuera de toda duda que cualquiera otro que no estuviera en las
condiciones especiales de nosotros, no andaría con contemplaciones
y sólo consultaría sus intereses para obrar sin que le importara un
bledo conciliar esos propios intereses con los de los hijos de
238 Carta personal de Ángel Martínez, General en Jefe de la 1ª Zona Militar, a Gildardo Gómez, Gobernador de Colima, Mazatlán, 25 de julio de 1888; en AHEC, Caja 494, Sección A, No. 7, Año 1888.
140
Colima.239
Reconocían las medidas perjudiciales que anidaban la colonización y deslinde
de baldíos al afirmar que “lo de baldíos es un tanto odioso, porque así son todas las
cosas que lastiman o afectan intereses encontrados por poco legítimos que esos
intereses sean en muchos casos”.
240 Y –en opinión de Palencia– más alejada estaría
de la respetabilidad popular si los encargados de aplicar la ley se apartaban de la
prudencia y la equidad para amparar a “concesionarios sin vínculos ningunos de
cariño o simpatías para las personas poseedoras de baldíos o demasías que al fin y
al cabo y tarde o temprano les arrebatarán y tal vez sin consideración alguna”.241
…los odios y la rechifla; pero echándose también a la bolsa
mucho de los propietarios de Colima. Pero no es por cierto que yo
sienta, como vulgarmente se dice, la ventaja; sino que pienso en algo
en que si bien es cierto que se mezcla el propio interés, también lo es
que tengo en mucho el interés de los demás porque mi intervención
puede hacer sombra en bien de ellos y podré quizá conciliar sus
intereses con los míos y los del Gobierno.
En
su opinión, actuar de esta manera implicaría ganarse:
242
Lo anterior refleja un sentimiento regionalista que se entrecruzaba con sus
deseos de ganancia, es decir, se intentaba hacer de la compañía un negocio rentable
pero sin llegar a un despojo descarnado, al menos de manera declarativa. Incluso
consideraban que ser seleccionados por Martínez como sus socios, redundaría en un
beneficio para los colimenses, pues “…las condescendencias del mismo General
Martínez con nosotros, que somos sus amigos, no las tendrá con otros, y ellas
239 Carta confidencial de Palencia al Sr. Gobernador, Don Gildardo Gómez, México, 12 de noviembre de 1888; en AHEC, Caja 496, Sección A, No. 7, Año 1888. 240 Ibíd. 241 Ibíd. 242 Ibíd.
141
pueden servirnos mucho para favorecer, en parte, a muchos de nuestros paisanos y
amigos”.243
…quizá más tarde surgirá alguna dificultad por falta de acuerdo
con el mismo Señor General en algún punto ya verdaderamente
práctico; pero él no desconoce la conveniencia de una armonía con
Usted como Gobernador de aquel Estado y a mí me parece que ese
caso aunque probable es remoto por que lo creo, como amigo, muy
leal y capaz de todo bien.
Aunque, Palencia estimaba que una postura como la que adoptaba lo iba
a llevar a que:
244
Este temor era porque al Gral. Martínez no le agradaban los términos de la
concesión a firmarse con la Secretaría de Fomento; además de que Palencia y
Gómez, enfrentaban dificultades para modificar los términos de la misma, pese a que
Palencia manifestaba que intentaba por todos los medios que el Gral. Martínez no se
indispusiera contra él y lo culpara de las dificultades o resultados adversos que se
presentaran en este asunto.
Por todo este entramado de intereses se movieron muchas de las iniciativas
de Ángel Martínez y compañía para apoderarse de importantes cantidades de tierra
de los fértiles valles colimenses. Tónica que se vivió a lo largo del desempeño de una
y otra compañía deslindadora; adoptando un particular énfasis desde inicios de la
octava década del siglo diecinueve.
Como parte de toda esta recomposición de la propiedad, los denuncios y
solicitudes de repartimientos se empezaron a sumar en las oficinas
gubernamentales. Por ejemplo, en noviembre de 1883, el poder legislativo estatal
recibió varias solicitudes de los indígenas de Tecomán e Ixtlahuacán en las cuales
pedían la intervención gubernamental para que se efectuara el repartimiento de los
243 Ibíd. 244 Ibíd.
142
terrenos que en comunidad habían estado poseyendo.245 Iniciativa que se turno al
pleno de la cámara legislativa el 15 de diciembre de 1883 y, tras ser objeto de
debate, el reparto de los terrenos indígenas de Tecomán e Ixtlahuacán fue aprobado
por unanimidad de votos.246
En este marco de sucesos, los problemas para los indígenas del valle costero
estaban latentes y no tardaron en aflorar de múltiples formas. Un caso ilustrador es la
correspondencia que ante el ejecutivo estatal dirigió Severo Campero, apoderado
general sustituto de los indígenas de Tecomán, a finales de 1885. Campero exponía
que después del repartimiento de las tierras de aquella comunidad, cuyas
operaciones revisó y aprobó esa superioridad, algunos indígenas como era de
esperarse, ya por verdadera necesidad o ya por la indolencia que les caracterizaba,
habían procedido a enajenar los lotes que les fueron adjudicados, introduciéndose
así vecinos no indígenas, como propietarios de terrenos ubicados dentro de los que
seguían perteneciendo a miembros de la comunidad.
Estos nuevos propietarios, que por lo general eran dueños de ganado,
pretendían introducirlo sin cercar previamente sus terrenos, causando daño a los
colindantes. Por otra parte, los que aceptaban cercar se negaban a dejar, en los
términos de sus respectivos fundos, los callejones indispensables y servidumbres
para la comunicación a que tenían derecho los diversos propietarios de las tierras
repartidas. Estos requisitos, que eran indispensables para el repartimiento de las
tierras de la antigua comunidad, fueron previstos en las bases acordadas para dicho
reparto; según es de verse en el expediente respectivo, la sexta base estaba
concebida en los términos siguientes:
Todos los predios repartidos quedarán con las necesarias
servidumbres para su completo aprovechamiento, lo cual determinará
con la mayor equidad y precisión la comisión de reparto, siendo
obligación de los individuos que tengan posibilidad y sean dueños de
245 EC, 22 de febrero de 1884, p. 29. 246 EC, 7 de marzo de 1884, p. 39.
143
ganado, cercar formalmente sus respectivos fundos. En cuanto a los
que no tuvieren recursos para cercar y sólo tengan uno u otro animal
para su servicio, establecerán de común acuerdo las reglas
necesarias para servirse de su propiedad, siendo responsables de los
daños que cauce el que no se sujete a ellas.247
La simple lectura de esta condición impuesta a los comuneros, da a conocer
su importancia y necesidad, siendo indudable que la adquirían los nuevos
propietarios que compraran sus heredades a los indígenas. La ley del 17 de
diciembre de 1883, al acometer al ejecutivo la facultad de intervenir en las
operaciones de reparto de los terrenos de comunidad, le encomendó así mismo la
benéfica misión de proteger a la clase desvalida, a fin de que la distribución de su
propiedad no se diera en su daño, sino que, por el contrario, produjera los beneficios
esperados a favor de los indígenas, en particular, y de la propiedad general del
pueblo de Tecomán.
Para lograr este objetivo, a nombre de sus apoderados, Severo Campero
solicitó al gobernador que la autoridad política de Tecomán, en representación del
gobierno a su cargo, cumpliera exacta y puntualmente con la condición que quedó
insertada y bajo la cual se habían repartido los terrenos de aquella comunidad.248
Los problemas eran de toda la comunidad y afloraban de particulares, como
sucedió con el juicio verbal que por pago de pesos siguió el Lic. Trinidad Padilla,
procurador de los indígenas de Tecomán, contra don Crispín Novela, como albacea
de la testamentaría de don Antonio Novela, para que se cubrieran dichos fondos a
favor de la comunidad.
249
247 Severo Campero al Gobernador del Estado de Colima, 22 de diciembre de 1885; en AHEC, Caja 466, Sección A, No. 8, Año 1884/92.
248 Ibíd. 249 Darío Orozco al Secretario de Gobierno, Colima, julio 15 de 1886; en AHEC, Caja 466, Año 1884/92.
144
Mientras esto sucedía, no muy lejos del lugar, otros indígenas también
estaban modificando el régimen de propiedad de las tierras que sus antecesores
laboraban desde tiempos coloniales. El representante indígena, en fechas similares a
las utilizadas por sus similares de Tecomán, suscribió una notificación al ejecutivo
estatal donde patentizaba que los jefes de las familias que forman la comunidad
expresada, se congregaron para acordar el repartimiento de sus tierras.
Respecto a los procedimientos utilizados para llegar a este proceso de
deliberación señalaban que una vez decretada la desamortización de los bienes
pertenecientes a corporaciones civiles y eclesiásticas, el pueblo consultó a personas
letradas de la capital colimense a fin de informarse si sus tierras se hallaban en el
caso contemplado por dicha ley y, de serlo, la factibilidad de denunciarlas para su
desamortización. La recomendación fue que debían reducir su propiedad a unos
cuantos particulares a fin de acatar lo establecido en esa ley, “…sin perjuicio de que
por medio de enajenaciones parciales hechas por los adjudicatarios, se verificase un
reparto proporcional entre las familias de raza indígena, a quienes de derecho
corresponde la propiedad por herencia de sus antepasados”.250
Sin embargo, como la intención de la comunidad de Tecomán era que se
siguieran aprovechando en común sus terrenos, mientras no se realizara el
repartimiento, los adjudicatarios no entraron en posesión de los fundos adjudicados,
ni pagaron censo ni redimieron el capital impuesto; sino que las tierras fueron
cultivadas, en parte, por todos los indígenas que pudieron hacerlo, y otra porción de
ellas se entregaron en arrendamiento a diversas personas, cuyas rentas se
recaudaban por el ayuntamiento y se dedicaban al bien común de los indígenas.
En virtud de dicho
consejo se constituyeron en adjudicatarios de las tierras del pueblo, a los indígenas
don Salvador Vela, don Pedro Máximo, don Encarnación Torres y don Quirino
Torres, quienes reconocieron, cada uno, una cuarta parte aproximada de los
terrenos, en determinado precio que se obligaron a redimir en el plazo de nueve
años.
250 Ibíd.
145
Pero los indígenas no permanecieron impávidos ante leyes que trastocaban su
modo ancestral de trabajar la tierra. En algunos casos, adaptaron su propio discurso
público hacia lo que se esperaba que hicieran,251 mediante una actuación
convincente, en lo que Scott ha llamado la infrapolítica de los grupos
subordinados,252
Ejemplificando un poco, ¿cómo actuó la comunidad indígena de Tecoman
ante la inminente desamortización de los bienes pertenecientes a corporaciones
civiles y eclesiásticas? Tecoman optó por una hábil estrategia en la que utilizó a su
favor los mismos mecanismos que se le querían imponer.
logrando sobreponer sus propios intereses durante algún tiempo.
Como ya se mencionó arriba, primeramente sus integrantes se organizaron
para consultar con personas letradas de la capital, si realmente sus tierras se
encontraban en el caso contemplado por las leyes y, de ser así, la factibilidad de
denunciarlas para su desamortización.
Posteriormente, siguieron las recomendaciones de su apoderado legal, quien
les aconsejo redujeran la propiedad de las tierras comunales a unos cuantos
particulares, a fin de acatar la ley, para lo que constituyeron un consejo de cuatro
adjudicatarios entre los que se dividieron dicho terreno.
Con la adjudicación simulada, los indígenas lograron atrasar el reparto de sus
tierras, usando a su favor la política del gobierno y las legalidades del estado,
protegiéndose con los mismos símbolos emanados del poder. De esta forma, las
tierras continuaron cultivándose a la usanza tradicional, es decir, comunalmente,
mientras que, las rentas procedentes de porciones arrendadas, se administraron por
el ayuntamiento para solventar las necesidades de la población.
Actitudes como estas sirven de marco para traer a escena las reflexiones de
Antonio Annino sobre el papel que los pueblos indígenas desempeñaron en el seno
de la nación liberal. En su opinión, las comunidades indígenas formaron parte de la
nación mexicana, pero al defender sus intereses interpretaban la constitución y 251 James Scott, Los dominados…, pp. 26-28. 252 Ibíd., p. 44. Por infrapolítica designa “…una gran variedad de formas de resistencia muy discretas que recurren a formas indirectas de expresión.”
146
demás preceptos constitucionales, imaginando muchas veces otras naciones
mexicanas, cuya identidad procedía de versiones actualizadas del pasado. Un
elemento básico era que, para ellos, la idea de patria y nación residía en la
legitimidad que implicaba la ocupación del suelo antes de la conquista española; es
decir, las comunidades indígenas interpretaron a las libertades liberales como un
reconocimiento de sus antiguas libertades y derechos sobre el territorio. Además, en
su actitud se ponían de manifiesto concepciones ubicadas en el jusnaturalismo, el
cual sustentaba que la sociedad debería estar organizada en cuerpos que poseían
una entidad natural e ilimitada, ideas pregonadas por la iglesia católica desde los
años coloniales. Dicha tradición jusnaturalista-católica esbozaban la idea de una
comunidad natural, titular inalienable de derechos, esencia de toda legitimidad.253
En el caso de lo indígenas de Tecomán, la utilización de estas argucias
legales se realizaban mediante una simbiosis entre el orden liberal y su vida
tradicional; la adjudicación a unos cuantos indígenas tenía un cuerpo liberal por
circunscribirse a la nueva normatividad, pero con una esencia tradicional, para
refirmar su derecho natural amenazado por esas mismas ordenanzas.
Sin
embargo, la conexión implícita o explícita de esta tradición, no proveía las
herramientas suficientes para defenderse en un escenario donde reinaban leyes y
prácticas liberales que apuntaban hacia otros códigos sociales.
A su vez, los promotores del reparto indígena consideraban que a partir de
hacer una mala interpretación a la ley del 25 de junio de 1856, sus tierras se querían
confundir con los bienes patrimoniales de los pueblos y no se hizo lo que en otros
estados, cuyos gobiernos se limitaron a ejercer una protectora intervención y
vigilancia a fin de que los bienes de indígenas se repartieran, sin considerarlos jamás
de propiedad municipal, sino del dominio exclusivo de las comunidades y cuya
intervención no tenía por objeto la constitución de censos, sino únicamente evitar las
injusticias que pudieran cometerse en una gran masa de propietarios al practicar la
división.
253 Al respecto, véase, Antonio Annino “Pueblos…, pp. 414-430.
147
Los iniciadores de este reparto consideraban que si sus propiedades
permanecían indivisas: “…esto lo consideramos perjudicial a los individuos en
particular, pues solo con el carácter de propietarios pueden ser laboriosos y más
industriosos, que viendo su propiedad confundida con la de todo el pueblo; el
repartimiento redundará pues en beneficio individual y en provecho de la riqueza
pública del Estado”;254
Juzgaban que para llevar a cabo este propósito en la forma y términos más
justos y equitativos, se hacía precisa la intervención del gobierno del estado, bajo
cuyo amparo se sujetaban a sus determinaciones y ocurrían suplicándole se sirviera
por presentado con el acta y padrón que acompañaban y dar sus superiores
órdenes, a fin de que se verificara el reparto de sus tierras, en los términos
convenientes, formándose un expediente de las operaciones que se practicaran, se
mandara protocolizar y que se expidiera a cada partícipe un título del predio que le
fuera adjudicado.
por lo cual resolvieron verificar el reparto que hacía tiempo ya
se había intentado.
255
En otras comunidades indígenas de la entidad las cosas no pintaban
diferentes. Por ejemplo, al amparo del citado decreto de la legislatura del estado de
17 de diciembre de 1883, cesó la intervención que el ayuntamiento de Coquimatlán
tenía en los terrenos de indígenas adjudicados de conformidad con la ley de 25 de
junio de 1856. El cese de esta intervención, dicho sea de paso, redujo
considerablemente los fondos de los municipios, ya que los adjudicatarios dejaron
de pagar los réditos que causaban esos capitales.
Por esta razón y por considerar que ya se había extinguido la comunidad de
indígenas que era a quien debían pertenecer los terrenos mencionados, el
ayuntamiento solicitó al gobierno del estado que cediera a favor del municipio, el
capital que representaban los terrenos adjudicados conforme a la multicitada ley de
254 Carta de Hilario Carrillo al Gobernador del Estado, Colima, 18 de Octubre de 1883; en AHEC, Caja 461, Sección A, No. 8, Año 1883. 255 Ibíd.
148
25 de junio de 1856.256 En respuesta, las autoridades estatales aprobaron el cese de
la intervención y administración del ayuntamiento de Coquimatlán en terrenos
adjudicados a indígenas de la extinguida comunidad de dicho pueblo, que poseían o
que hubieren enajenado en cualquier tiempo, pasando al dominio del municipio de
Coquimatlán como bienes “…los terrenos que primitivamente se hubieren adjudicado
por el Ayuntamiento respectivo a personas extrañas a la extinguida comunidad de
indígenas de dicho pueblo, en el entendido de que obedeció a una ejecución
equivocada de la ley del 25 de junio de 1856 ”.257
Mientras tanto, para mediados de la penúltima década del siglo XIX, en la
parte norte de la entidad, los indígenas de Juluapan ya habían perdido su carácter de
propiedad comunal debido al reparto de tierras correspondiente, quizá por eso
muchos de ellos vivían de
…la operación de preparar las hojas de palma real que habían
de servir para la fabricación de sombreros…Los indios cortaban las
hojas antes de que se extendieran, antes de que abrieran sus
abanicos, antes de que los rayos del sol las tiñeran de verde, para que
al ser secadas en los patios de las cabañas, conservasen el nítido
color blanco de sus dobleces virginales.258
Pero, perder sus antiguas posesiones y el dedicarse solamente a estas
actividades no los dejaba plenamente satisfechos, por eso el apoderado de la
comunidad indígena de Juluapan se opuso a que los herederos de José María
González trataran de enajenar los llamados terrenos de Sumpalmani ubicados en el
perímetro de esa población. El representante se oponía a cualquier tipo de venta
256 Oficio No. 129 del Prefecto Político del Primer Distrito, Trinidad Alamillo, al Secretario de Gobierno, Colima, 16 de mayo de 1892; en AHEC, Caja 529, Sección A, No. 7, Año 1892. 257 Solicitud del Presidente del Ayuntamiento de Coquimatlán al Gobernador del Estado de Colima, 14 de mayo de 1892; en AHEC, Caja 529, Sección A, No. 7, Año 1892. Comunicado del Secretario de Gobierno al Prefecto Político del Centro, Colima, 19 de mayo de 1892; en AHEC, Caja 529, Sección A, No. 7, Año 1892. 258 Gregorio Torres Quintero, Cuentos colimotes (Descripciones, cuentos y sucedidos), México, Editora Matilde Gómez Cárdenas, 1955, pp. 36 y 37.
149
que de dichas tierras se hiciera y manifestaba ante las autoridades su disposición
para emprender la lucha ante los tribunales, máxime cuando el Juzgado de lo Civil y
de Hacienda de Colima ya había emitido un fallo sobre el particular a favor de sus
representados y, para enero de 1885, sólo faltaba que el fallo causara ejecutoria y se
dictara sentencia de parte del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.259
Sin embargo, otras porciones de terrenos que habían pertenecido a
comunidades indígenas se utilizaron para facilitar transacciones comerciales o
financieras, se usufructuaron por otras manos o francamente cambiaron de dueño al
ser objeto de venta de parte de sus apoderados; proceso que se coronó en el
Registro Público de la Propiedad del Estado de Colima.
Los casos saltan a raudales. Por ejemplo, las tierras de Cautlán contaron con
la presencia de un nuevo posesionario, luego de que don Fernando Solórzano
adquirió dos lotes por cuatrocientos pesos, comprados a mestizos quienes a su vez
los habían adquirido por la misma vía de sus antiguos dueños, los indígenas Camilo
Tadeo y Brígido Castañeda.260
Años más tarde –a mediados de 1886– los terrenos llamados “El Plan de la
Guayabilla”, “Las Lomas de Olive” y “Rincón del Aguacate”, pertenecientes a esta
misma comunidad de Cautlán fueron hipotecados a favor de don Felipe Amoraux a
cambio de la cantidad de doscientos pesos.
261 El proceso de venta de terrenos
lotificados continuó en años siguientes, actividad de compraventa en la que el antes
mencionado Fernando Solórzano, apareció como nuevo dueño del lote Nº 11 (con
casi tres mil metros de longitud) de las tierras de reparto del pueblo de Santana
Cautlán; por esta operación desembolsó la misma cantidad que pagaba por lote diez
años atrás: doscientos pesos.262
259 EC, 30 de enero de 1885, p. 20.
Unos cuantos meses después este mismo
260 Al respecto véase: Título Nº 477, del 2 de noviembre de 1893; en, ARPPC, Títulos Traslativos de Dominio o Derechos Reales, Tomo 6, 1893-1895. 261 Noticia circunstanciada de inscripciones verificadas en el Registro Público de la Propiedad, enviada por Trinidad Padilla al Secretario de Gobierno, Colima, 31 de octubre de 1886; en AHEC, Caja 481, Sección A, No. 8, Año 1886. 262 Al respecto véase: título Nº 477, del 29 de noviembre de 1883; en ARPPC, Títulos Traslativos de Dominio o Derechos Reales, Tomo 6, 1893-1895.
150
personaje gastó otros cuatrocientos pesos para adquirir otros lotes que le cedió en
venta don Lino Aceves, posesionario de este mismo lugar.263
Esta avalancha de venta de los lotes de Santa Ana Cautlán continuó. El 24 de
marzo de 1894, se efectuó la venta de dos lotes de Cautlán, por parte de la
testamentaría de don Manuel Meillón a Hilario G. Castañeda, en la cantidad de
trescientos pesos.
264 El señor Castañeda pareció competir con Solórzano en materia
de acaparamiento de tierras, ya que durante el mes de septiembre de 1894, don
Carlos Meillón, en nombre de la testamentaría de Manuel Meillón, le vendió cuatro
lotes más en la cantidad de doscientos pesos.265
Al año siguiente, Carlos Meillón –ahora como apoderado de doña Ignacia
Morales– vendió el lote Nº 28 de las tierras de reparto, a favor de don Fortino Gaitán,
vecino de la villa de Colima. El pago fue de cien pesos.
266
Pero esta forma de adquirir lotes de indígenas fue poca cosa como amenaza
de los bienes de la comunidad si se compara con la venta que –en julio de 1886–
realizó Arcadio de la Vega a nombre de los indígenas de Ixtlahuacán, al recibir la
cantidad de quinientos pesos de manos de Juan López Yánez, vecino de Villa de
Álvarez, a cambio de un terreno perteneciente a los indígenas de dicho lugar.
267 En
esas fechas, de manera similar procedió Hilario Castañeda apoderado de los
indígenas de Santa Ana Cautlán, al vender un terreno ubicado en las inmediaciones
de esta comunidad a los señores Christian Flor y don Manuel Meillón, por la cantidad
de mil pesos.268
263 Véase: título Nº 511, del 20 de febrero de 1894; en ARPPC, Títulos Traslativos de Dominio o Derechos Reales, Tomo 6, 1893-1895.
264 Véase: título Nº 523, del 24 de marzo de 1894; en ARPPC, Títulos Traslativos de Dominio o Derechos Reales, Tomo 6, 1893-1895. 265 Véase: título Nº 571, del 28 de septiembre de 1894; en ARPPC, Títulos Traslativos de Dominio o Derechos Reales, Tomo 6, 1893-1895. 266 Véase: título Nº 622, del 13 de marzo de 1895; en ARPPC, Títulos Traslativos de Dominio o Derechos Reales, Tomo 6, 1893-1895. 267 Noticia circunstanciada de inscripciones verificadas en el Registro Público de la Propiedad, enviada por Trinidad Padilla al Secretario de Gobierno, Colima, 31 de octubre de 1886; en AHEC, Caja 481, Sección A, No. 8, Año 1886. 268 Ibíd.
151
Este fenómeno de recomposición de las tierras rurales se extendió por
diversas partes de la entidad. En Juluapan, durante la última semana de octubre y la
primera quincena de noviembre, se realizaron las ventas de tres lotes: un par a
Francisco Corona y el otro a Hermenegildo Salazar. Los indígenas Apolonio Lorenzo
y Ramón de la Cruz se deshicieron de su propiedad a cambio de 50 y 40 pesos
respectivamente.269
A su vez, por los rumbos de la recién extinguida comunidad de Ixtlahuacán, la
venta barata de lotes del repartimiento se propagó de igual manera. A principios de
1894, don Miguel Sánchez adquirió tres lotes a cambio de 150 pesos. A mediados
de octubre de ese mismo año, el indígena Pablo Diego y su esposa Victoria
Cayetano, recibieron 50 pesos a cambio de su lote Nº 46 con una extensión de 36
fanegas de sembradura. Meses después, el Registro Público de la Propiedad
consignó la venta de otros lotes en este mismo lugar.
270
A partir del último año del siglo decimonónico, parece que la propiedad
indígena se desmoronó en Ixtlahuacán. En junio, Ignacio Padilla adquirió tres lotes
ubicados entre el aludido pueblo de Ixtlahuacán y Tecomán, con una extensión de
149 hectáreas y 30 áreas,
271 quien inmediatamente los dio en venta a don Serapio
Montes de Oca. Para septiembre, don Isidoro Barreto cedió su propiedad de dos
lotes del repartimiento de Ixtlahuacán a favor de Juan Luna. Barreto había adquirido
dichos lotes por venta efectuada por Ángel Martínez, quien los había adquirido por
medio de su compañía deslindadora.272 A fines de ese mismo mes de septiembre, se
formalizó la venta de dos lotes a Bernardino Ramírez e Isidoro Barreto; operaciones
efectuadas en 1886 y 1877, respectivamente.273
269 Al respecto véase: Título Nº 579, del 23 de octubre de 1894, Título Nº 586, del 10 de noviembre de 1894, y Título Nº 587, del 14 de noviembre de 1894; en ARPPC, Títulos Traslativos de Dominio o Derechos Reales, Tomo 6, 1893-1895.
Ya rebasando el siglo –en junio de
270 Véase: Título Nº 490, del 12 de enero de 1894, Título Nº 577, del 16 de octubre de 1894, y Título Nº 635, del 30 de abril de 1895; en ARPPC, Títulos Traslativos de Dominio o Derechos Reales, Tomo 6, 1893-1895. 271 ARPPC, Títulos Traslativos de Dominio o Derechos Reales, Tomo 10, Asunto Nº 1327. 272 Estas ventas se encuentran en ARPPC, Títulos Traslativos de Dominio o Derechos Reales, Tomo 11, Asuntos Nº 1327, 1329 y 1366. 273 ARPPC, Títulos Traslativos de Dominio o Derechos Reales, Tomo 11, Asunto Nº 1367, Ff. 16-17.
152
1900– seis lotes más fueron vendidos a favor de Ignacio Michel.274 En los años
siguientes, el señor Bernardino Ramírez efectuó varias operaciones de compra-venta
de lotes que pertenecieron a esta comunidad.275 Transacciones similares se
efectuarían en años sucesivos contando con la aprobación de las autoridades
estatales,276 al tiempo que se realizaron otras ventas de pequeños lotes por varios
pobladores del lugar que habían recibido su fracción en el repartimiento de la extinta
comunidad indígena,277 o bien por herencia de sus padres o descendientes.278
Las iniciativas para adjudicarse tierras ociosas se multiplicaron en la entidad
durante las últimas dos décadas del siglo XIX. Como ya fue mencionado, en este
proceso, el Gral. Ángel Martínez destacó en la materia.
279 Su mayor concentración
de tierras se encontraba en la hacienda costera de Paso del Río, engrandecida a
partir de concesiones obtenidas por el deslinde de terrenos baldíos en el estado, con
la consecuente afectación de tierras de comunidades indígenas.280
274 ARPPC, Títulos Traslativos de Dominio o Derechos Reales, Tomo 13, Asunto Nº 1518, Ff. 132-133.
Por ejemplo,
durante el último mes de 1884, efectuó la denuncia de dos predios en calidad de
baldíos, ambos en la municipalidad de Tecomán. Los dos predios contaban con una
extensión de más o menos un sitio de ganado mayor y colindaban con las
propiedades que el referido militar poseía en este lugar. El primero lindaba con
275 Estas operaciones mercantiles se encuentran en ARPPC, Títulos Traslativos de Dominio o Derechos Reales, Tomo 13, (1901–1902), Asuntos Nº 1787, 1788 y 1891, Ff. 29, 30, 66 y 67. 276 Sobre el particular véase: ARPPC, Títulos Traslativos de Dominio o Derechos Reales, Tomo 15 (1902-1903), Asunto Nº 2150, Ff. 66 y 67; y Tomo 18 (1905-1906), Asuntos Nº 2666 y 2675, Ff. 19, 20, 25 y 26. 277 Véase: ARPPC, Títulos Traslativos de Dominio o Derechos Reales, Tomo 14 (1902), Asunto Nº 2028, F. 105. 278 Casos como estos se pueden localizar en: ARPPC, Títulos Traslativos de Dominio o Derechos Reales, Tomo 16 (1903-1904), Asunto Nº 2283, F. 35. 279 Es menester destacar que la “ambición” del Gral. Ángel Martínez por las tierras de las costas y valles colimenses lo llevó no sólo a afectar propiedades indígenas sino a entrar en litigios por tierras con otros propietarios de la zona. Por ejemplo, el 19 de diciembre de 1889, la presidencia de la república le otorgó título sobre un terreno con una extensión de 6,261 hectáreas y 2 aras, situado en las inmediaciones de la hacienda de Miraflores, medida que contó con la oposición del hacendado Francisco Santa Cruz al argumentar que dicho terreno formaba parte de su hacienda La Magdalena, por ello entabló un litigio que finalmente perdió. En septiembre de 1902, Martínez vendió este terreno a la Sra. Clemencia Ceballos Vda. de Santa Cruz, en la cantidad de mil pesos. Véase, Al respecto véase: Título Nº 2015, del 27 de septiembre de 1902; en ARPPC, Títulos Traslativos de Dominio o Derechos Reales, Tomo 14, 1902, Ff. 92-93. 280 Oficio de Esteban García, Gobernador de Colima, al Presidente Porfirio Díaz, Colima; en BFXC, Fondo Porfirio Díaz, L15C3, Legajo 1483.
153
terrenos de José Fermín Huarte, don Antonio Novela, José María Bueno, el fundo
legal del pueblo y se extendía hasta “Boca de Pacuales”. El segundo era conocido
con el nombre de “Humedades” y era propiedad de los indígenas del lugar.281
Años después se presentaron otros denuncios, por esa razón –en 1889– las
autoridades judiciales citaron a don Canuto Arzac, para que formalizara su oposición
ante dicha denuncia de bienes nacionalizados que acababan de efectuarse.
282
Así que, hacia fines del siglo, los terrenos indígenas de Tecomán estaban
acosados por las propiedades del Gral. Ángel Martínez y los intereses de personajes
como Ignacio Michel e Isidoro Barreto, entre otros. Este proceso generó que diversos
lotes de dicha comunidad pasaran a convertirse en operaciones de compra venta no
solo de parte de indígenas, sino que los adquirientes lo miraran como un mecanismo
para hacer negocios jugosos al revenderlos. Así sucedió con los tres lotes del
reparto agrario de tierras indígenas de este poblado que, en enero de 1899, fueron
vendidos por Anastasio Novela a doña Octaviana Anzar de Barreto, en la cantidad de
$150.00. Cada uno medía 1000 m de sur a norte por 450 m de este a oeste,
constituyendo una superficie de 135 hectáreas.
Pero
el proceso de individualización de la propiedad presentaba una tendencia
irreversible.
283 Asimismo, unos meses después,
el señor Carlos Schulte en su calidad de síndico del concurso a bienes de Zeferino
Pinzón vendió otro lote similar a Ignacio Michel.284 La venta de predios que
pertenecieron a la comunidad de Tecomán se siguió llevando a cabo en los años
posteriores, ya sea por los pobladores adjudicados o por los nuevos propietarios que
los adquirieron con afán de lucro.285
281 EC, 9 de enero de 1885, p. 8.
282 Enrique O. de la Madrid del Juzgado Federal del Distrito de Colima, al Gobernador del Estado, Colima, 20 de junio de 1889; en AHEC, Caja 499, Sección A, No. 7, Año 1889. 283 Al respecto véase: Asunto Nº 1230 del 5 de enero de 1899; en ARPPC, Títulos Traslativos de Dominio o Derechos Reales, Tomo 10, 1898–1899. 284 Asunto Nº 1518, 26 de junio de 1900; en ARPPC, Títulos Traslativos de Dominio o Derechos Reales, Tomo 11, 1899–1901, Ff.132-133. 285 Una de estas ventas la realizó la Sra. Tomasa Jiménez Vda. de Olmos a Luis R. Venegas, quien pagó $40.00, por un lote de repartimiento que contaba con una extensión de 1,000 metros de longitud y 450 de ancho y estaba localizado en las inmediaciones del pueblo. Asunto No. 2019; en ARPPC, Títulos Traslativos de Dominio o Derechos Reales, Tomo 14, 1902, F. 96.
154
A su vez, en Tamala, otra comunidad indígena, la cual –como ya se
mencionó– recibió sus títulos individuales en 1905, el proceso de venta se
desencadenó de manera similar. Tan solo en el mes de mayo de 1906, en el
Registro Público de la Propiedad del Estado de Colima se protocolizó la venta de
cinco lotes que habían pertenecido a terrenos de su comunidad. Sus precios de
venta oscilaron entre los 25 y 80 pesos cada uno, dependiendo de su extensión y
calidad.286
Si esto pasaba en las comunidades rurales donde la presencia comunitaria era
más notoria, no podía esperarse otra cosa en poblaciones rurales como San Miguel
de la Unión en la zona del valle, así como en Juluapan y Comala en la parte norte de
la entidad.
A mediados de la penúltima década del siglo XIX, la población de San Miguel
de la Unión (antigua congregación de los Tepames) tenía problemas con su fundo
legal o el terreno propio divisible en lotes equitativos para usos público y privado, ya
que si bien los 600 metros por cada viento que alcanzaba este fundo a partir del
centro de la plaza no resolvía sus necesidades ni los libraba de las disposiciones de
don Tomas Solórzano, el principal propietario del área. Por ese motivo, a fines de
octubre de 1885, los vecinos del lugar se quejaban ante el gobernador de que este
personaje se distinguía por:
…aumentar enormemente la renta que antes nos tenía
asignada por el piso que ocupan nuestras habitaciones, sin dejarnos
libertad de hacer uso de un mediano solar donde poder encerrar
nuestros animales domésticos puesto que arrienda a los labradores
terrenos dentro del pueblo sin dejarnos libre más espacio que el que
literalmente ocupan nuestras reducidas habitaciones y sin poder
siquiera disponer de la leña que se pudre en el vecino cerro para los
286 Al respecto véase: Asuntos Nos. 2936 al 2940; en ARPPC, Títulos Traslativos de Dominio o Derechos Reales, Tomo 19, Ff. 82-85.
155
usos domésticos y de la cual él no dispone pues su única norma es
ser siempre hostil a nuestro bienestar y progreso.287
Para superar este panorama se solicitaba incrementar al menos en otros
seiscientos metros por cada lado la extensión de dicho fundo, donde se
comprendiera el cerro que serviría para aprovechar la leña o el mismo bosque, al
cual no tenían acceso alguno. Específicamente, se solicitaba que esta montaña fuera
expropiada por causa de utilidad pública. No fue posible localizar el desenlace de
dicha petición, pero por el tipo de propuesta se antoja una respuesta no favorable.
Pero lo que si se puede rastrear es la fuerte presencia, que por muchos años más,
siguieron ejerciendo los Solórzano en dicho lugar. Tanto así que un indicador de su
peso en la vida local se puede deducir por operaciones ocurridas a mediados de
1901, cuando el Lic. Juan C. Solórzano vendió cuatro solares en precios que iban de
los 25 a los 48 pesos cada uno.
Mientras esto pasaba en San Miguel, en Juluapan, don Herculano Brizuela
adquirió un lote del reparto indígena de este lugar; el pago fue de 150 pesos por una
propiedad con una extensión de 122,500 metros cuadrados.288 En lo que se refiere a
lo ocurrido en Comala, como un ejemplo de este proceso destaca el caso de don
Ponciano Torres, quien, a principios de 1906, se adueño de varios lotes mediante un
pacto de retroventa, por lo cuales se comprometió a pagar 50 pesos por cada uno.289
Las fuentes hasta hoy consultadas no indican la presencia de protestas de los
individuos que se retiraron de las tierras que habían ocupado por décadas para que
las ocuparan sus nuevos dueños, como tampoco puede conocerse si dichos terrenos
estaban abiertos al cultivo o eran tierras ociosas; de ahí que sería muy aventurado o
especulativo adentrase en dichas particularidades; pero al margen de lo anterior,
287 Solicitud de Octaviano Fregoso y demás firmantes al Gobernador del Estado, San Miguel de la Unión, 31 de octubre de 1885; en AHEC, Caja 490, Sección A, No. 8, Año 1887/88. 288 Estos casos se localizan en: Asuntos Nos. 1760, 1761, 1762, 1763 y 1878; en ARPPC, Títulos Traslativos de Dominio o Derechos Reales, Tomo 13, Ff. 8-10 y 108. 289 Asunto No. 2810; en ARPPC, Títulos Traslativos de Dominio o Derechos Reales, Tomo 18, 1905-1906, Ff. 125 y 126.
156
aunque el valle no estuviera tan poblado y las tierras no estuvieran en producción,
los habitantes seguían considerándolo suyo.
Se puede entender este sentido de propiedad que adquirió tanta raigambre, si
se contrasta el hecho de la cesión de lotes de fines del siglo XIX y los primeros años
del siglo siguiente, con la información contenida en la formación de ejidos en años
posrevolucionarios, la cual parece indicar que, sin ignorar la presencia de intereses
muy marcados de individuos que intentaban acrecentar su dominio en el agro
colimense, los antiguos dueños procedieron a realizar primeramente la parcelación
individual y, posteriormente, una parte de ellos llevó a cabo la división y venta
voluntaria de sus parcelas, o al menos se resignaron a ello, lo que implicó –en los
hechos– imbuirse en el campo de la propiedad privada y con esto se dio la ruptura de
los derechos de familia adquiridos desde mucho tiempo atrás. Claro que este
proceso no fue uniforme, dicho auge mercantil sobre los antiguos terrenos
comunales no se desarrolló en un clima de paz y felicidad, en algunos casos se
dieron claros despojos o ventas forzadas, lo que se expresó de manera más
particular en las tierras del norte de la entidad.
En fin, casos de apropiación de tierras –por voluntad o forzadas– no se
limitaron a unos cuantos puntos de la costa y los valles de Colima, sino que se
propagaron por diversas partes de la geografía estatal y en las áreas colindantes de
los estados vecinos, en los cuales no estuvieron ausentes las ambiciones y los
abusos. Tal es el caso ocurrido durante 1890, cuando el señor Llerena se interesó
por una extensa zona de terreno comprendida en Colima, al igual que en Jalisco. En
julio de ese año se presentaron en la capital colimense don Tomás Gildan apoderado
de Llerena y un abogado de este mismo apellido, pretendiendo que se librara exhorto
a la autoridad política de Zapotlán para que desalojara a los poseedores de una
amplia área de terrenos, pero se les negó tan audaz solicitud. Entonces la
reformularon, dejando a salvo los derechos legalmente adquiridos por dichos
poseedores.
A principios de agosto de ese año de1890, se solicitó un nuevo exhorto para la
autoridad política de Coalcomán; pero sabedor ya en esos días de los propósitos de
157
la llamada compañía Llerena, el gobernador se apersonó con el juez y deliberando
acerca de la inconveniencia de dar entrada a esa clase de pretensiones, se acordó
que el mismo juez negara lo que le pedía y declarara terminada su jurisdicción,
puesto que se daba la citada compañía por recibida de la posesión que legalmente le
fue mandada dar, con las restituciones que procedían en derecho. A su vez, el
gobernador Gildardo Gómez rechazó las sugestiones que se hicieron sobre él acerca
de este negocio, cuando entendió que estaba fuera de la ley.290
Los problemas en estos lugares vecinos a Colima se prolongaron por años y
en nada fue diferente al trato que recibieron los indígenas jaliscienses de parte de
las autoridades gubernamentales. Por ejemplo, en 1899, el jefe político del Noveno
Cantón de Jalisco, de acuerdo al decreto de reparto girado por el ejecutivo estatal,
instrumentó una “comisión repartidora”, testificada por una pequeñísima cantidad de
los poco más de tres mil indígenas de la zona, organismo que inmediatamente entró
a disponer de los bienes de comunidad. Pese a que a partir de 1903, los apoderados
legales de los indígenas emprendieron gestiones ante las autoridades estatales y
federales, no pudieron impedir la pérdida de sus tierras.
291
En otras entidades la situación era parecida, al grado tal que en febrero de
1911, ya estallado el movimiento armado contra el Gral. Porfirio Díaz, un
norteamericano radicado en la región de Coalcomán, Michoacán, se trasladó a la
ciudad de México para externar ante el presidente una denuncia por los abusos que
desde hacia tiempo padecían los indígenas del lugar y que en los últimos tiempos se
habían agudizado. Además, informaba que bajo su asesoría los indígenas
recurrieron a pedir ayuda ante el gobierno estatal, pero no recibieron respuesta
Queda la duda si fue por
carecer de títulos de propiedad, desconocimiento de las leyes o porque legalmente
su defensa fue improcedente.
290 Gildardo Gómez a Porfirio Díaz, Colima, 24 de agosto de 1890; en ABFXC, Universidad Iberoamericana, Fondo Porfirio Díaz, L15C22, Legajo 10706. 291 Sobre este despojo de bienes, véase: Juan S. Vizcaíno, Capillas y fiestas del pueblo indígena, Ciudad Guzmán, Archivo Municipal de Ciudad Guzmán (en adelante AMCG), 1995, pp. 36-40.
158
positiva. Por tal motivo, solicitó audiencia para exponerle personalmente dicha
conflictiva.292
Pero, tanto en Colima, como en Jalisco o Michoacán, la tónica no varió. Los
antiguos posesionarios y dueños de las tierras, por lo general, no recibieron
respuestas satisfactorias, ya que durante el mandato de Díaz, “…el gobierno no hizo
esfuerzo alguno por preservar siquiera un control mínimo de los pueblos sobre sus
tierras y rara vez intentó mediar en las disputas entre campesinos y terratenientes,
como habían hecho sus predecesores coloniales”.
293
Todo esto formaba parte de un proceso irreversible de recomposición de la
propiedad de la tierra, impulsado por la administración porfirista, el cual permitió no
sólo eliminar a diversas comunidades indígenas de una gran parte de sus antiguas
posesiones, sino que, en términos más generales, a nivel nacional implicó que –entre
1877 y 1910– se vendieran 45.7 millones de hectáreas de tierras públicas para
otorgárselas a particulares;
Su óptica liberal se los impedía.
294
obviamente, las beneficiarias fueron las compañías
deslindadoras y los proyectos privados de colonización.
292 G. A. Rush al señor Presidente de la República, General Porfirio Díaz, febrero 3 de 1911; en ABFXC, Fondo Porfirio Díaz, L 36, N 9169. 293 Friedrich Katz “Introducción: Las revueltas rurales en México”, Revuelta, rebelión y revolución. La lucha rural en México del siglo XVI al siglo XX, Friedrich Katz (Comp.), México, Era, Tomo 1, p. 18. 294 Datos tomados de John Coatsworth, Orígenes…, 1998, p.155.
159
IV HACIENDAS, HACENDADOS Y LOS INTERESES DE LOS
INDÍGENAS DE COMALA
1.- LA ECONOMÍA DE LAS HACIENDAS, UNA ECONOMÍA DE MERCADO
El estado de Colima inició su vida como entidad independiente apoyado en la
actividad agrícola que desarrollaba un buen número de ranchos y haciendas, así
como en la dinámica actividad económica que se implementaba en sus costas
basada en la explotación salinera. Como un indicador de esto último, destaca el
hecho de que, a mediados de 1868, en las salinas de Cuyutlán existían 32 personas
que, ya sea como dueños o usufructuarios mediante rentas, explotaban 164 pozos
salineros, donde se alquilaban 173 hombres, 39 mujeres y 33 niños. La explotación
de cada pozo costaba 54 pesos por temporada.295
Por su parte, si bien el sistema de haciendas se remontaba hasta tiempos
coloniales, una porción importante de estas propiedades no se caracterizaron por
constituirse en unidades productivas que pasaron de generación en generación,
producto de derechos hereditarios, así que se vieron envueltas en operaciones de
compra venta que se prolongaron durante todo el siglo XIX.
296
Al correr la segunda mitad de esta centuria, el campo colimense se
encontraba dominado por un pequeño grupo de familias locales y un núcleo, igual de
selecto, compuesto de extranjeros que habían emigrado desde mediados del siglo
Proceso en el que se
vieron envueltas las haciendas de Camotlán de Miraflores, Nogueras, Buenavista, La
Albarrada, Quesería, Paso del Río, entre otras.
295 Informe de Vicente Orozco, mayo 25 de 1868; en AHEC, Caja 325, Sección A, No. 10, Año 1869. 296 Buena parte de estas operaciones se encuentran asentadas en el ya citado Archivo del Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Colima, en el ramo de inscripciones públicas.
160
XIX, convirtiéndose en comerciantes, hacendados e industriales.297
Fue precisamente para las décadas de los sesenta y setenta del siglo XIX, que
este grupo se comenzó a integrar y tuvo su auge hacia principios del siglo XX.
Esta oleada de
extranjeros (alemanes, estadounidenses y algunos franceses) llegados a Colima,
luego de establecerse como representantes de casas comerciales extranjeras,
sentaron sus reales en la entidad y se casaron con "distinguidas" damas de la alta
sociedad colimense, vinculando sus riquezas con los viejos propietarios de las
mejores tierras de la entidad.
298 Los
extranjeros emigrados principalmente de Europa, se introdujeron a la élite regional a
través de relaciones políticas, comerciales y de parentesco pues, contrariamente a lo
que sucedió en otras regiones del país, este grupo fue ampliamente aceptado,
llegando a conformar un sector oligárquico fuertemente cimentado.299
Muchos de estos extranjeros emigraron a Colima durante la segunda mitad del
siglo XIX, como representantes comerciales o cónsules de sus países de origen,
seguramente impulsados por las noticias alentadoras que sobre México se tenían en
Europa.
300 Tal es el caso de Arnoldo Vogel, quien llegó a Manzanillo en 1868
procedente de Hamburgo, como representante de una casa comercial, para
posteriormente convertirse en cónsul alemán, a la muerte de Christian Flor, y en uno
de los hacendados más ricos del estado. Poco tiempo después de llegado, se casó
con doña Clotilde de Quevedo, pasando a formar parte de la sociedad colimense.301
Pero sobretodo, descolló como hábil empresario; para la penúltima década del
siglo XIX, contaba con una firma comercial denominada “Arnoldo Vogel y Compañía”
297 José Miguel Romero de Solís, “Extranjeros de Colima: el caso del Barón de Brackel-Welda”, en Los años de crisis de hace cien años. Colima, 1880 –1889, J. M. Romero de Solís (Dir.), México, Universidad de Colima – Ayuntamiento de Colima, 1988, p. 45. 298 Pablo Serrano Álvarez, “La oligarquía colimense y la Revolución 1910 – 1940”, en Dimensión Antropológica, México, INAH, Año 1, Vol. 1, mayo - agosto 1994, p. 57 y 59. 299 Mark Wasserman, “La inversión extranjera en México, 1876 – 1910: un estudio de caso del papel de las élites regionales”, Historia económica de México. Lecturas, Enrique Cárdenas (Comp.), México, FCE, 1992, p. 269. 300 Serrano, Oligarquía…, 1994, p. 59. Cfr. Brigida von Mentz, México en el siglo XIX visto por los alemanes, México, UNAM, 1982, Cap. 6. 301 Carta de Arnoldo Vogel al Secretario de Fomento, Colima, a 21 de agosto de 1925. Registro Agrario Nacional, Archivo de Primera Instancia (en adelante RAN-I), Expediente 23-115.
161
y establecía contratos de compraventa con diversos productores. Una de estas
transacciones se realizó con Tiburcio Ochoa Barreto, dueño de la hacienda de
Buenavista, a fin de entregarle varias toneladas de azúcar,302
Estos hechos tienen cierta relación con la propuesta de Wasserman, en el
aspecto referente a los factores que influyeron para que los extranjeros y la élite local
se relacionaran ya que, por un lado el grupo nativo controlaba los mecanismos de la
política regional, mientras que los extranjeros, una vez establecidos en México,
construyeron el capital para invertir y se dotaron de los conocimientos tecnológicos
adecuados para la explotación de los recursos locales.
que Vogel colocaría en
mercados externos.
303
Este esquema de relaciones sociales regionales se siguió reproduciendo a lo
largo del porfiriato. Los extranjeros establecieron relaciones cordiales con el mismo
aparato de gobierno, y hasta en ocasiones integraron compañías conjuntamente con
los locales, representaron a miembros de la élite regional en problemas legales o
ante sus contactos en Europa y Estados Unidos, para la exportación de sus
productos, al igual que se siguieron vinculando mediante el parentesco.
Por dichos motivos fueron
aceptados sin ambages, permitiéndoseles participar en la esfera económica y
política.
304
302 Sobre este particular, véase, José Luis Ramírez Domínguez, Iniciativa y prestigio social en Colima: 1940-1970, Colima, Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Colima – Gobierno del Estado de Colima – CONACULTA, 1995, p. 12
Siguiendo
el caso de Vogel, a través de este último mecanismo permaneció dentro del grupo en
el poder, por medio de enlaces matrimoniales de dos de sus hijas con miembros de
303 Mark Wasserman, Inversión…, 1992, p. 267 – 268. 304 Oficio de la Cámara de Comercio de Colima al Gobernador del Estado, Colima, junio de 1890; en AHEC, Caja 515, Sección A, No. 7, Año 1890. Para esta fecha Vogel ocupaba la presidencia de la Cámara de Comercio de Colima, siendo su presidente suplente Francisco Santa Cruz, gobernador del Estado, así como otros miembros integrantes: Christian Flor, Carlos Schulte, Jorge Oldenbourg, Andrés Schmidt, Federico Kuhlman, Isidoro Barreto, Ramón J. de la Vega, mismos que se encontraban desempeñando otros puestos en organismos públicos o eran dueños de grandes haciendas.
162
la casa comercial de los Schulte y de la familia del gobernador Francisco Santa Cruz,
participando en el imbricado entramado de relaciones sociales.305
Por otro lado, existía un grupo de ricos rancheros, dueños de grandes
extensiones de tierra, montes, ganado y fincas,
306
La llegada de estos extranjeros a Colima, coincidió con un lento proceso de
integración de la región al mercado nacional, con su consiguiente incorporación a un
sistema capitalista más amplio, en una posición dependiente o de enclave, en el cual
surtían materias primas al exterior, al tiempo que compraban manufacturas. Este
proceso venía siendo acelerado por el fuerte estímulo que recibió la exportación de
productos por la apertura del puerto de Manzanillo en 1848, aunado a la posterior
introducción de la vía férrea que unió Colima con este puerto en 1889.
donde destacaban personajes
como Ignacio Cruz Centeno, Mariano Castañeda, Urbano y Antenógenes Salazar,
Miguel y Everardo Montes, entre otros; los cuales acrecentaron su condiciones de
vida, en medio de préstamos, hipotecas de usureros y la competencia desigual que
en, el rubro de la comercialización de sus productos agrícolas, imponían un
reducidísimo grupo de agentes comerciales y casas de consignación, varias de ellas
ligadas a prominentes comerciantes jaliscienses.
Este panorama provocó que al arribar al siglo XX, la vida económica y social
de los colimenses estuviera hegemonizada por una oligarquía fuertemente
cohesionada. Las tierras laborables, el comercio y el agio, la justicia y el poder
público estaban concentrados en un puñado de familias emanadas de un mestizaje
racial y una fusión económica.
305 EC, 28 de noviembre de 1896, p.191-192; EC, 23 de junio de 1900, p. 99-100; también citado por Héctor Porfirio Ochoa R., “Economía y café en Colima durante el siglo XIX”, en Comala. Memorias de un encuentro, Servando Ortoll (Coord.), Colima, México, Gobierno del Estado de Colima – Universidad de Colima, 1994, p. 150. 306 El uso de la categoría de rancho se aplica más allá de tomar la extensión territorial como elemento definitorio, ya que está más en correspondencia con la posesión que se ejerce sobre la tierra y la forma en que se desempeña su actividad productiva; a partir de esto, el rancho es un espacio económico o unidad productiva de dimensiones variables, pero comúnmente más pequeño que la hacienda, el cual se caracteriza por no contar con trabajadores fijos, pues buena parte de las labores descansan en el trabajo de los miembros de la familia del ranchero. Al respecto consúltese: Herbert J. Nickel, Morfología social de la hacienda mexicana. México, FCE, 1988.
163
Un rasgo distintivo de la actividad agrícola fue que los hacendados y grandes
rancheros, aparte de cultivar directamente una parte de sus tierras, explotaba otra
buena parte a través del sistema de medieros y el arrendamiento. Estos
usufructuarios cubrían sus pagos en especie, es decir, entregando una porción de la
producción obtenida a los dueños de dichos terrenos. Sobre este particular, Ricardo
B. Núñez afirma lo siguiente: “Una gran parte de las tierras cultivables eran dadas a
medias por sus propietarios, y raro era el ‘mediero’ que no tuviera deudas con el
propietario, pues como no poseía bueyes, aperos ni semillas, todo le era
proporcionado por el dueño, el cual se quedaba con la mayor parte de la cosecha”.307
Entre este grupo de hacendados y rancheros, sobresalían como los
principales propietarios de la entidad: Arnoldo Vogel, dueño de la hacienda de San
Antonio y una de las principales casas comerciales ubicadas en el puerto de
Manzanillo; la compañía conformada por los hermanos Rangel y Vergara propietaria
de la hacienda de Nogueras (1,849 hectáreas) Francisco Santa Cruz, dueño de las
haciendas de Cuyutlán (12 mil hectáreas), Quesería, La Albarradita y La Magdalena
(31 mil hectáreas); Enrique O. de la Madrid era propietario de la haciendas Santa
María del Carmen, La Providencia, Colomos y Montecristo; Salvador M. Ochoa
propietario de la hacienda Buenavista (con una extensión de ocho mil hectáreas) y
gran cantidad de bienes rústicos, urbanos y crediticios (estos últimos, para 1910,
sumaban más de un millón de pesos); Luis Brizuela, poseía la hacienda de la
Estancia de 4,500 hectáreas y gran cantidad de terrenos más; Carlos y Rafael
Fernández, contaban con diversas propiedades, entre las que destacaban las
haciendas de El Cacao y Juluapan, ésta última, por sí sola, tenía una extensión de
24,731 hectáreas.
308
307 Ricardo B. Núñez, La Revolución en el Estado de Colima, México, INEHRM, 1973, p. 16.
Por su parte, Blas Ruiz era propietario de extensas propiedades
308 Un panorama general sobre las haciendas colimenses (extensión, propietarios y evolución histórica) puede encontrarse en: Pablo Serrano Álvarez "El sistema de haciendas y la expansión capitalista colimense en el siglo XIX", en Regiones y expansión capitalista en México durante el siglo XIX, María Eugenia Romero Ibarra y Pablo Serrano Álvarez (Coords.), México, UNAM – diversidad de Colima, 1998, pp. 205-229. José Óscar Guedea y Castañeda, Las haciendas en Colima. Una excepción al modelo establecido en otros estados de la República Mexicana, Guadalajara, Editorial Idear, 1999.
164
rústicas y urbanas, así como de dos grandes casas comerciales, una en la ciudad de
Colima y otra en el puerto Manzanillo.309
Si se recurre a las cifras que aporta la estadística nacional sobre el monto de
propiedades rurales que existieron en Colima a lo largo de los años porfiristas, se
encuentra que en 1877 existían 29 haciendas y 225 ranchos, mientras que para
1910, los números se movieron a 40 haciendas y 292 ranchos.
310
Dichas cifras muestran un proceso de crecimiento de ambas unidades
poblacionales y productivas a lo largo del porfiriato y, más puntualmente, se nota la
preponderancia cuantitativa del rancho sobre la hacienda, elemento que por sí sólo
no puede conducir a establecer su predominio. Máxime que el mismo concepto de
ranchos es vago y puede dar pie a conclusiones sesgadas, pues como refiere
François-Xavier Guerra, a principios del siglo XX, por rancho se entendía tanto a una
propiedad individual explotada por fuertes lazos familiares, como a un área
poblacional que no alcanzaba el estatuto de pueblo, donde sus habitantes se
dedicaban a actividades diversas (arrendatarios, medieros, peones, labradores, entre
otros).
311
Sobre este mismo particular, Manuel Bonilla comentaba que los términos de
“hacienda” y “rancho”, correspondían a localidades distintas: pero ante el fisco, la
hacienda solía incluir al rancho, (el propietario de una hacienda establecía varios
ranchos dentro de ella), por ello para el número de latifundios no se deberían sumar
ranchos y haciendas, sólo cuando el rancho era una hacienda de menor cuantía;
tanto así que calculaba que a nivel nacional, el 85% del número de ranchos, debería
de estar comprendido en las haciendas adquiridas y en aldeas que no eran fincas
agrícolas.
312
309 Manuel Velásquez Andrade, Remembranzas de Colima, 1895-1901, México, Páginas del Siglo XX, 1949, pp. 107-115.
Este fenómeno era muy recurrente en Colima, ya que las principales
haciendas estaban divididas en diversos ranchos.
310 Estadísticas Sociales del Porfiriato, 1877-1910, p. 41. 311 Sobre esta variedad que adopta el concepto de rancho en los registros estadísticos de fines del siglo XIX y principios del XX, véase, Guerra, México: del Antiguo…, pp. 473-490. 312 Manuel Bonilla, Apuntes…, 1961, p. 245.
165
El peso que haciendas y ranchos jugaban en el agro colimense puede
resolverse apoyándose en la cantidad y valor de los terrenos que ambos poseían; así
como en el porcentaje que tenían en producción. Pero para los fines de esta
investigación no interesa tanto resolver esta disyuntiva, máxime que los nexos y
relaciones sociales entre hacendados y rancheros aparecieron muy estrechos, así
como en su actitud hacia las tierras indígenas.
Por otra parte, aunque resulta dominante la visón “clásica” que presenta a las
haciendas como las entidades rectoras de la vida agraria durante el régimen
porfirista, y con ellas, por tanto, se pone en el centro de la contradicción social la
relación que se establece entre hacendado y peón; si bien, el peso del sistema de
haciendas es indiscutible, se ha dejado de lado la observancia del considerable
incremento de ranchos (ya sea como unidades productivas o como espacios del
hábitat rural) a lo largo y ancho del país, que en el caso de Colima no fue la
excepción.313
Al margen de lo anterior, lo cierto es que los hacendados enlistados renglones
atrás formaron parte del núcleo de propietarios que se volvieron grandes
acumuladores de terrenos debido a “…lo barato de la tierra, pues habían sido
sustraídas originalmente a sus propietarios auténticos, o bien eran terrenos carentes
de comunicación, irrigación y otras mejoras”.
Asimismo, es de valorarse también fenómenos como la mediería y
aparcería; sistemas que en el campo colimense tuvieron un peso significativo, y la
ya antes aludida nota de Ricardo Núñez es un indicador al respecto.
314
La adquisición y engrandecimiento de las haciendas colimenses fue muy
variada, pero la compra de tierras del último tercio del siglo XIX en adelante se
convirtió en un acto recurrente; proceso no exento de singularidades, algunas
Aunque también pudieron haberlas
obtenido por herencia o mediante el proceso de deslinde de tierras nacionales.
313 Entre 1900 y 1910, el número de ranchos a nivel nacional se incrementó de 32,557 a 48,635 (16,078 más). Al margen de que en su incrementó estadístico hayan influido convencionalismos regionales para su denominación o las imprecisas declaraciones de dueños o administradores, es evidente que -pese a la mitificación del latifundismo como prototipo del porfiriato- los ranchos y el sector medio en general, alcanzaron mayor importancia durante estos años. Al respecto véase, Herbert J. Nickel, Morfología social de la hacienda mexicana, México, FCE, 1988, p. 116 y ss. 314 Ricardo B. Núñez, Revolución…, 1973, p. 13.
166
sustentadas en narraciones emanadas de la memoria o imaginación popular, como
las versiones recogidas por el profesor Gregorio Torres Quintero al momento de
arribar al lugar: los pobladores le comentaron que inicialmente el propietario fue un
pobre maestro de escuela del lugar, pero que debido a que su madre había curado
una herida a un bandido que operaba en los linderos de Jalisco y Colima; una vez
que el facineroso encontró la muerte, el maestro siguió las indicaciones que le
proporcionó y encontró un tesoro en una cueva de la piedra de Juluapan, así que
dejó las aulas y compró dicha hacienda.315
Por lo tanto, al tiempo que los hacendados colimenses se constituyeron como
actores preponderantes de la economía local, robustecieron el panorama agrícola
estatal. Pese a la presencia de la aparcería y mediería en el agro colimense, no
puede pensarse en un hacendado, que mantiene el grueso de sus propiedades
improductivas o no le interesa hacerlas producir y que sólo aspira a la tierra como un
bien que le retribuya estatus o que engalane su linaje, ya que como afirma
Coastworth, desde los mismos tiempos coloniales: “No se ha encontrado un solo
propietario de haciendas que pudiese pasar por el tipo de aristócrata absolutamente
incompetente en materias económicas, obsesionado por el prestigio, que en un
tiempo se consideró como el típico hacendado hispanoamericano”.
Pero, más allá de la veracidad de estos
sucesos, lo cierto es que aún en estas tierras agrestes, la hacienda se convirtió en un
espacio preponderante en el entramado social y la organización del espacio en esta
zona de la entidad.
316
Para conocer el impacto o alcance de la actividad de las haciendas y unidades
productivas del campo colimense de principios del siglo XX, se puede destacar que
durante el año de 1905 la producción del municipio de Colima alcanzó el monto
global de 828,784 pesos, mientras que un año después dicha cifra se elevó para
alcanzar 1’080,028 pesos. La evolución a detalle de los montos productivos durante
estos años es el siguiente:
315 Gregorio Torres Quintero, Cuentos…, 1955, pp. 39 y 40. 316 John Coatsworth, Orígenes…, 1998, p. 88.
167
Cuadro Nº 7. Producción agrícola de Colima (1905)
PRODUCTO CANTIDAD MONTO
Maíz 170,000 hectolitros $ 340,000.00
Arroz 1,760,000 kilos 210,000.00
Azúcar 900,000 kilos 177,800.00
Frijol 11,300 hectolitros 55,806.00
Frutas - 18,640.00
Aguardiente de caña 2,500 hectolitros 6,250.00
Café 10,980 kilos 5,490.00
Tabaco 16,500 kilos 3,800.00
Caña de azúcar 270,000 kilos 3,100.00
Hortalizas - 2,883.00
Cascalote 10,600 kilos 650.00
TOTAL 828,784.00
__________________________________________________________________ FUENTE: Noticia de terrenos y productos agrícolas en el municipio de Colima, estado de Colima, año de 1905, 27 de junio de 1906; en AHMC, Caja 20, Expediente 36, Año 1906.
El destacar estas cifras no tiene como objetivo hacer una reconstrucción de la
estructura económica prevaleciente en el municipio de Colima, en los albores del
siglo XX, como tampoco establecer correlaciones o tendencias de desarrollo. La
finalidad es remarcar el peso que la actividad agrícola jugó como garante del
principal centro urbano de la entidad.
168
Cuadro Nº 8. Producción agrícola de Colima (1906)
PRODUCTO CANTIDAD MONTO
Maíz 150,000 hectolitros $ 600,000.00
Frijol 11,400 hectolitros 159,600.00
Azúcar 850,000 kilos 173,000.00
Arroz 1,700,000 kilos 102,000.00
Frutas - 18,980.00
Aguardiente de caña 3,000 hectolitros 6,000.00
Café 10,800 kilos 4,860.00
Tabaco 16,400 kilos 3,780.00
Caña de azúcar 280,000 kilos 3,300.00
Hortalizas - 3,073.00
Cascalote 16,700 kilos 655.00
TOTAL 1,057,528.00*
____________________________________________________________________ FUENTE: Noticia de G. Pamplona sobre terrenos y agricultura del Municipio de Colima, en el año de 1906. Colima, 1 de mayo de1907; en AHMC, Caja 25, Exp. 23, Año 1907. *Además, la actividad ganadera generó 100 mil litros de leche y 25 mil kilos de queso, lo cual significó un ingreso de $10,000 y $12,500 pesos respectivamente.
Los datos anteriores demuestran que el aumento en los ingresos agrícolas no
ocurrieron, en lo fundamental, por un incrementó en los volúmenes de producción,
sino a un considerable aumento de precios de comercialización en algunos productos
básicos. El caso del maíz es más que ilustrativo, al incrementarse de dos pesos el
hectolitro en 1905 a cuatro pesos para el año siguiente, de ahí que los ingresos
generados por la venta de dicho producto fueron muy superiores al año siguiente,
pese a que se produjeron 20 mil hectolitros menos respecto a ese año de 1905. Aún
más, en las ocho haciendas y 43 ranchos se vivió el siguiente panorama: en 1905 se
explotaron 10,500 hectáreas de temporal y 2,430 de riego, donde se contrataron
169
2,800 hombres y 450 mujeres; mientras que, al año siguiente, las hectáreas
sembradas fueron 10,3500 de temporal y 2,500 de riego, al igual que los peones
utilizados fueron 3,000 hombres y 500 mujeres.317
Seis años después, la producción agrícola experimentaría variadas
oscilaciones. Dos de los productos básicos de la agricultura estatal tuvieron cambios
de consideración, ya que durante el ciclo agrícola 1911-1912, el azúcar y el arroz
(tercero y cuarto lugar en importancia dentro de la economía del campo colimense)
disminuyeron su peso al producirse solamente 400,000 kilos de azúcar y 300,000 de
arroz, cifras muy inferiores a las alcanzadas años atrás, tan sólo por la producción
del municipio de Colima. La producción agrícola arrojó las siguientes cifras en otros
productos: 150,000 kilos de frijol; 20,000 toneladas de maíz; 7,000 toneladas de sal;
125,000 kilos de café; 500,000 kilos de coquito de aceite; 20,000 cocos; 150,000
litros de alcohol; por su parte, la ganadería aportaba 1,200 pieles de curtir.
Es decir, se presentó cierta baja
en los volúmenes de producción pese al ligero incremento de tierra cultivada y
peones utilizados.
318
Más allá de los cambios y oscilaciones de los mercados locales, lo notorio en
la vida económica colimense era la existencia de un pequeño grupo de pujantes
hacendados, así como un sector de ricos rancheros que controlaban los ejes de la
producción estatal. Ante esto la considerable población rural de la entidad tenía que
garantizar su subsistencia, ya fuera alquilándose como jornaleros o, en su defecto,
cultivando las tierras de estos grandes propietarios en calidad de medieros. Esto
último como un “privilegio” más selectivo. Los indígenas, obviamente, entraban en la
primera opción.
Por tanto, lo que resulta notorio es que la sociedad colimense se movía bajo
las pautas de un fuerte grupo de hacendados y rancheros que mantenían su
hegemonía del usufructo de la actividad productiva que desplegaban en el campo; de 317 Al respecto véase: Noticia de terrenos y productos agrícolas en el municipio de Colima, Estado de Colima, año de 1905, 27 de junio de 1906; en AHMC, Caja 20, Expediente 36, Año 1906. Noticia de G. Pamplona sobre terrenos y agricultura del Municipio de Colima en el año de 1906,1º de mayo de1907; en AHMC, Caja 25, Expediente 23, Año 1907. 318 Solicitud de informe del Cónsul de su Majestad Británica al Secretario de Gobierno, Miguel García Topete, 12 de enero de 1913; en AHEC, Caja 840, Año 1913.
170
ahí que el Colima de principios del siglo XX era de rostro eminentemente rural, pero
de manera distinta a como concibe Duby a la civilización medieval donde “…los
diversos elementos de la sociedad y de la cultura urbanas se ruralizaron
completamente”. Es decir que el mundo urbano se desintegró “…cuando las
ciudades y los burgueses se desgajaron del medio rural circundante, y acabaron
sometiéndolo”.319
En general, puede considerarse que la vida económica colímense se fincaba
fundamentalmente en el ámbito agrario, de ahí que los trabajadores rurales jugaban
un importante rol dentro del quehacer productivo y de la vida estatal. Es decir, pese a
la presencia de un núcleo de comerciantes e industriales, en su mayoría los
colimenses vivían en una sociedad rural, en la cual confluían ganaderos, medieros,
aparceros, arrendatarios, rancheros, administradores, peones, jornaleros temporales,
habitantes de los pueblos, entre otros. El hacendado establecía una especie de
puente entre este sector rural mayoritario (del que formaba parte) y ese espacio
tenuemente urbano, donde también tenía colocado “un pie”. A los actores de la
sociedad de Colima de esos años se les puede delinear a partir de los siguientes
rasgos:
En el caso de Colima, el único centro urbano –la capital–
estableció una simbiosis con el mundo rural que le proporcionó sostén y fortaleza, al
tiempo que hizo que sus barreras estuvieran delimitadas muy tenuemente.
…segmento social integrado por unidades familiares de
producción y consumo cuya organización social y económica se basa
en la explotación agraria del suelo, independientemente de que
posean o no tierra y de la forma de tenencia que les vincula a ella, y
cuya característica red de relaciones se desarrolla en comunidades
rurales, las cuales mantienen una relación asimétrica de dependencia,
319 Georges Duby, en Economía rural y vida campesina en el Occidente medieval. Barcelona, Ediciones Altaya, (Colección Grandes Obras del Pensamiento Contemporáneo), 1999, p. 5
171
y en muchos casos de explotación, con el resto de la sociedad en
términos de poder político, cultural y económico.320
Por tanto, esta sociedad rural colimense estaba compuesta por una diversidad
de actores desiguales que, en su relación piramidal, presentaban rasgos
contrastantes. En un extremo estaba un reducido grupo de hacendados y ricos
rancheros, mientras que en el otro, los jornaleros ocupaban un papel principal. Los
jornaleros eran tanto mestizos como indígenas, que de manera fija o eventual
proveían de mano de obra a las haciendas, grandes ranchos y demás negociaciones
dedicadas a una variada producción, donde destacaban productos ya mencionados
como maíz, azúcar, arroz, sal, coco de aceite y café.
Otro aspecto que no se puede obviar, es que la incorporación laboral de los
jornaleros colimenses, en algunos casos, rebasó las fronteras estatales. Debido a
que el café necesitaba un considerable número de brazos para su cosecha, los
cafetaleros guatemaltecos, pese a que durante buena parte del siglo XIX, por orden
gubernamental se obligaba a los indígenas a abandonar sus faenas particulares para
laborar en la cosecha de café, se abastecían de trabajadores mexicanos; se enviaba
a enganchadores que se nutrían en buen número del estado de Chiapas, así como
de Guerrero y Colima. A principios de la última década del siglo XIX, las autoridades
guatemaltecas promulgaron la abolición de la ley sobre servicio obligatorio de los
indígenas, acción que incrementó la demanda y flujo de trabajadores mexicanos a
dicho país, ya que el Viceconsulado observó una alta en la matrícula de inscripciones
en los meses posteriores a la abolición de la citada ley; mientras que se calculaba en
más del doble los trabajadores mexicanos que no se inscribían por no necesitar de
un certificado de matrícula.321
320 Tomado de, Julián Casanova, Anarquismo y revolución en la sociedad rural aragonesa, 1936-1938, Madrid, Siglo XXI, (Colección Historia de los Movimientos Sociales), 1985, p. 41.
321 Al respecto véase: Oficio No. 368 de la Sección de América, Asia y Oceanía de la Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores al Gobernador del Estado de Colima, México, 28 de noviembre de 1893; en AHEC, Caja 535, Sección A, No. 7, Año 1893. Carta de F. S. C. al Secretario de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores, Colima, 11 de diciembre de 1893; en AHEC, Sección A, No. 7, Año 1893.
172
2.- LA PRESENCIA DE LOS HACENDADOS EN EL ÁREA DE COMALA
A partir del último tercio del siglo XIX, las autoridades colimenses procuraron
incentivar el cultivo de productos que tenían una alta demanda, ya fuera en otras
regiones del país o en el extranjero. Para lograr aumentar la producción en el agro,
dieron facilidades en la adquisición de tierras, concedieron franquicias a los plantíos
de ciertos productos y otorgaron premios a los que alcanzaron un mayor rendimiento.
Esta política local, coincidió con la seguida a nivel nacional, respecto a la
desamortización de las tierras comunales.
Con todos estos incentivos de por medio, Arnoldo Vogel, junto con otros dos
alemanes, Enrique Stold y Adolfo Kebe, y el francés Arthur Le Harivel, se
aventuraron a establecer la finca cafetalera de la hacienda de San Antonio.322 Los
socios capitalistas fueron los tres últimos. Según versiones del propio Vogel, esto
ocurrió a fines de octubre de 1877; la sociedad mercantil que formaron se denominó
Compañía de San Antonio.323
La hacienda de San Antonio mancomunaba su poderío económico en la zona
con la hacienda de Nogueras,
La adquisición inicial de tierra se incrementó tras la
Ley de Colonización y Deslinde de Terrenos Baldíos, mediante la compra de lotes
que los indígenas de Suchitlán y Cofradía de Suchitlán recibieron en 1883. Esta
operación la realizó conjuntamente con su cuñada y socia Luisa Quevedo de Kebe
(esposa heredera del ya desaparecido Adolfo Kebe). Poco antes, Le Harivel había
vendido su parte al resto de los socios. Para fines de siglo, Vogel era el dueño
indiscutible de la propiedad. Además de café, en las partes más planas se
sembraban importantes cantidades de caña de azúcar.
324
322 Carta de Arnoldo Vogel al Secretario de Fomento, Colima, a 21 de agosto de 1925. RAN-I, Expediente 23-115.
establecimiento que remonta su existencia hasta los
años coloniales y que para la penúltima década fue propiedad de Ponciano Ruiz, la
323 Tomado de, Servando Ortoll, Vogel. Las conquistas y desventuras de un cónsul y hacendado alemán en Colima, México, El Colegio de Sonora, 2005, pp.34-35. 324 Para un recuento sobre la conformación de esta hacienda véase: Pablo Serrano Álvarez, Gloria, esplendor y declive de una hacienda colimense: Nogueras, Colima, México, Universidad de Colima, 1997.
173
cual alcanzaba un valor de $155,000.00; sin embargo, cargando el peso de una
hipoteca del inmueble y los terrenos, en marzo de 1887 la vendió a José María A.
Mendoza, quien al momento de asentar la transacción entregó a Ruiz la cantidad de
60 mil pesos, debido a que previamente había cubierto los considerables adeudos
que tenía la finca.325 Para la explotación de esta propiedad, Mendoza se asoció por
un tiempo con José María Vergara y los hermanos Rangel, pero los dueños siguieron
fluyendo y poco después Mendoza se alejó de esta alianza económica y Nogueras
pasó a ser propiedad exclusiva de la sociedad Vergara y Rangel; en estos últimos
momentos, Nogueras y San Antonio llegaron a figurar entre las cinco más
importantes del estado, con la agricultura como actividad principal.326
Este éxito económico descansó en mucho en que, tanto Vogel como la
sociedad Vergara y Rangel, se preocuparon por mejorar la infraestructura de sus
haciendas, para lo cual se dedicaron a invertir fuertes sumas en la construcción de
graneros, en la compra de maquinaria para majar arroz, para despulpar café y
elaborar azúcar, en la instalación de trapiches, al igual que en la construcción de
obras hidráulicas como canales de riego, bocatomas de agua en los arroyos, bordos
y represas para acumular las filtraciones pluviales (Fig. 9).
Sobre estos aprovechamientos de agua, un antiguo trabajador de la hacienda
de San Antonio rememoraba lo siguiente:
Al agua del río le hacían presas provisionales para luego
conducirla por los cerros a través de túneles y canales; por ello los
cerros están perforados (…) Eso era lo bonito de la hacienda, que
había mucha agua; el canal principal iba a dar a la Casa Grande;
hasta allá entraba por medio de una arquería que comienza en una
parte elevada del terreno. Como a cien metros de donde empieza la
325 Al respecto véase: F. Robles, Tesorería de Instrucción Pública del Estado de Colima, al Secretario de Gobierno, Colima, 28 de marzo de 1887; en AHEC, Caja 489, Sección A, No. 8, Año 1887. 326 Blanca E. Gutiérrez Grageda y Héctor Porfirio Ochoa Rodríguez, Las caras del poder. Conflicto y sociedad en Colima, 1893 – 1950, México, Universidad de Colima – Gobierno del Estado de Colima – CNCA, 1995, (Historia General de Colima, Tomo IV), p. 33.
174
arquería estaba el desarenador, y ahí mismo una compuerta para tirar
a la barranca el agua sobrante.327
Fig. 9. Hacienda de San Antonio a principios del siglo XX. Obsérvese el acueducto de mampostería para llevar agua a sus instalaciones.328
Además, la alta demanda de sus productos llevó a que los hacendados
buscaran los medios para bajar los costos de producción, a través de mejoras en el
transporte. Para ello, Vogel abrió un camino en potreros de su propiedad, a lo largo
de la barranca del Jabalí, con el cual economizaba una legua de distancia a la
capital; además de que el camino real público era prácticamente intransitable por la
falta de mantenimiento329
327 María del Carmen Orozco Cano, “La Hacienda de San Antonio en Colima”, en Mi pueblo durante la revolución, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Colección Divulgación, 1985, Tomo III, 1985, pp. 332-333.
(Fig. 10). Así mismo, las autoridades estatales planeó la
construcción de un tranvía que uniría a Comala con Villa de Álvarez y Colima, el cual
328 Fotografía tomada a principios del siglo XX, localizada en el Archivo Fotográfico del Centro INAH Colima (en adelante AF-CINAHC), Col. Jesús Valencia. 329 Expediente 1531, apertura de un camino; en AHEC, Caja 509-510, Sección A, No. 7, Año 1890.
175
tendría un precio adecuado para fletes de mercancía de estas haciendas, con lo cual
contribuía a promover la inversión en el Estado, aunque este proyecto nunca se
realizó.330
Fig. 10. Puentes colgantes para atravesar las profundas barrancas de la zona norte de Colima.331
Pese a pequeños inconvenientes, los aires soplaban a favor de los dueños de
la gran propiedad en Colima. En lo que se refiere al giro productivo de las dos
principales haciendas ubicadas en la municipalidad de Comala, Nogueras y San
Antonio se convirtieron en las principales productoras de azúcar y el alcohol del
municipio y de la misma entidad colimense, llegando a convertirse en grandes
empresas agroindustriales.
Pero adquirir este rango no fue fácil, si se considera que los mercados eran
variados y cambiantes en la región. Sobre el particular es de tomarse en cuenta el
330 Expediente 1604, contrato de obra; en AHEC, Caja 509-510, Sección A, No. 7, Año 1890. 331 Caminos colimenses cerca de 1900, en AC-FNINAH, Fondo Estatal (121915).
176
contexto económico en que dichas negociaciones operaron. Por ejemplo, entre 1884
y 1885, la producción azucarera de Colima alcanzó la cantidad de 43,000 arrobas.
Existían tres ingenios de azúcar y dos trapiches de piloncillo: uno era de vapor,
correspondiente a la hacienda de Nogueras, tres de rueda hidráulica en las
haciendas de Quesería, Agua Zarca y Miraflores y uno de fuerza de sangre en la
hacienda de La Magdalena. Sin embargo, no se producía azúcar refinado por
seguirse el sistema de trenes a fuego directo, con báscula de concentración y
defecación por el barro332
(Fig. 11).
Fig. 11. Cuarto de máquinas de la hacienda de San Antonio.333
A pesar de dicha producción, para mediados de la década de los ochentas del
siglo XIX, Colima consumía una gran cantidad de azúcar de las vecinas haciendas
332 Oficio No. 275, de Sixto Ahumada, Prefecto Político del Primer Distrito, al Secretario de Gobierno, Colima, 12 de noviembre de 1886; en AHEC, Caja 481, Sección A, No. 8, Año 1886. 333 Fotografía tomada a principios del siglo XX, en AF-CINAHC, Col. Jesús Valencia.
177
de Jalisco y Michoacán, pues las haciendas locales no daban abasto al consumo
interno. La producción de las haciendas de San Marcos, Tonila y Trojes, en Jalisco,
superó a la de las haciendas colimotas debido a la adopción de maquinarias
modernas (lachos al vapor, defecadores de vapor y centrífugos americanos), al
tiempo que exportaban azúcar refinada por Manzanillo rumbo a los puertos de
Mazatlán, Guaymas, Baja California y Acapulco.334
Durante los años que van de 1894 a 1896, Nogueras y San Antonio tuvieron
una producción estable de alcohol de caña, la cual les reportó ganancias de 390 y
160 pesos, respectivamente.
335 Nogueras llegó a producir anualmente 460,000 kg de
azúcar en su trapiche; San Antonio no se quedaba atrás, pues contaba con 150
hectáreas sembradas con caña y, ya para estas fechas, una fábrica de panocha en
las inmediaciones de Cofradía de Suchitlán y una producción anual de 230,000 kg
de azúcar.336
Así mismo, el cultivo del maíz rindió excedentes que se comerciaban allende
las fronteras colimotas. Tan solo como un ejemplo, a finales de 1892, Arnoldo Vogel
envió 4,765 sacos de este producto hacia Puerto Ángel, en Oaxaca, al igual que a
Mazatlán y Culiacán, en Sinaloa.
337 Por las mismas fechas, Ponciano Ruiz, uno de
los antiguos propietarios de Nogueras, tenía 1,030 sacos de dicho cereal esperando
su embarque en el puerto de Manzanillo.338
Además de elevar sus índices productivos en los productos ya señalados, el
empuje modernizador hizo posible que las haciendas aledaños al volcán de Colima
se dedicaran exitosamente a la producción de café y sus dueños obtuvieran jugosas
ganancias.
334 Ibíd. 335 Informes del Presidente Municipal de Comala; en AHEC, Caja 545, Sección A, No. 7, Año 1894; Caja 571, Sección A, No. 24, Año 1896. 336Al respecto véase diferentes documentos en: AHEC, Caja 788, Sección A, No. 21, Año 1910. Arnoldo Vogel al Gobernador y Comandante Militar, Colima, 23 de diciembre de 1916; en AHEC, Caja 879, Sección A, No. 19, Año 1916; Caja 897, Sección A, No. 18, Año 1916. 337 Solicitud de Arnoldo Vogel al Gobernador del Estado, Colima, 7 de diciembre de 1892; en AHEC, Caja 527, Sección A, No. 7, Año 1892. 338 Solicitud de Ponciano Ruiz al Gobernador del Estado, Manzanillo, 26 de enero de 1893; en AHEC, Caja 530, Sección A, No. 7, Año 1892/93.
178
Tal fue el caso de Arnoldo Vogel, ya que su hacienda de San Antonio,
alcanzó una producción de café de signos importantes, pues hacia el último cuarto
del siglo XIX, contaba con 350,000 cafetos, y la calidad del mismo obtuvo el
reconocimiento internacional, ya que en 1876 ganó el primer lugar en la exposición
de París y, posteriormente, lograría el gran premio en Chicago y Búfalo.339
Hacia 1880, existían 832,000 cafetos en tierras colimenses, distribuidos en tan
solo 11 haciendas y ranchos, cuyas plantaciones eran relativamente de reciente
creación, y competían por proveer a los consumidores de Estados Unidos;
340
Para fines del siglo, San Antonio era la única gran plantación en la que se
cuidaba que su cultivo cumpliera con todos los requisitos de calidad, además de
contar con la maquinaria para su procesamiento. Su cultivo requería de una fuerte
inversión, pues hasta los dos años da su primer fruto y hasta los cuatro o cinco la
planta adquiere su madurez. Sin embargo, esta inversión se vio coronada de grandes
ganancias, pues Vogel llegó a ser el principal productor de café del estado, con una
cosecha anual de 150,000 kilos, exportándolo a Hamburgo, Alemania, y San
Francisco, California, así como a toda la costa norte del Pacífico mexicano, donde
adquiría sus mejores precios.
en San
Antonio se concentraban más de la tercera parte de los cafetales productivos en el
estado.
341
En fin, los albores del siglo XX presentaban agradables tonalidades para la
economía estatal. Entre los cultivos que exportaba el mercado colimense destacaban
el café, la caña de azúcar y el arroz. Municipios como Comala recibían una fuente
significativa de ingresos mediante las recaudaciones impositivas que se realizaban
339 EC, 24 de febrero de 1884, p. 35. Héctor P. Ochoa Rodríguez, Op. cit., p. 147. Carta de Enrique O. de la Madrid, Gobernador del Estado, a José F. Godoy, Encargado de Negocios ad interim, Colima, 16 de agosto de 1902; en AHEC, Caja 635, Sección A, No. 23, Año 1902. 340 Isidoro Barreto, Ensayo…, 1996, pp. 31-36. 341 Carta de Enrique O. de la Madrid, Gobernador del Estado, a José F. Godoy, Encargado de Negocios ad interim, Colima, a 16 de agosto de 1902; en AHEC, Caja 635, Sección A, No. 23, Año 1902. Precisamente Vogel utilizó sus conexiones con Hamburgo, su lugar de origen, para entablar relaciones comerciales.
179
en torno a la producción de estos productos.342 Específicamente en torno a la
producción de uno de estos productos, para 1910 aumentaron las posibilidades de
exportación de café mexicano a otros países, motivadas por la mala cosecha del
Brasil, que era uno de los principales productores y exportadores de este cultivo a
nivel mundial.343 Este hecho llevó a una intensificación en las inversiones de la finca
cafetalera de Arnoldo Vogel, conllevando el aumento en la extensión de plantíos y el
requisito de más tierras, provocando más tensiones en las localidades indígenas
aledañas.344
Por otro lado, además de los cuantiosos ingresos que reportaron las
actividades agrícolas a los hacendados, éstas también fueron objeto de prestigio y
renombre en la sociedad colimense. De esta manera, no es raro encontrar a Arnoldo
Vogel, a principios de este siglo, desempeñando el cargo de agente de la Secretaría
de Fomento en el Ramo de la Agricultura en Colima y como presidente de la Junta
de los Trabajos en la Exposición Internacional de Saint Louis Missouri.
345
342 Decreto Nº 47, Ingresos del Municipio de Comala; en AHEC, Caja 647, Sección A, No. 23, Año 1902. A pesar de todo, el impuesto para estas actividades resultaba relativamente bajo, si se le compara con las ganancias que de estos productos obtenían los hacendados. Aún así, los hacendados se inconformaron muchas veces ante la política impositiva del gobierno y, gracias a su participación activa en el mismo, lograron condonaciones y descuentos en el pago de impuestos. Como ejemplo véase la solicitud de los propietarios de Nogueras para bajar la cotización realizada por la junta calificadora sobre la producción azucarera: Ocurso de Mendoza, González y Cía. al Gobernador del Estado, Nogueras, 3 de agosto de 1892; Oficio de Elías Vaca al Secretario de Gobierno, Colima, 19 de agosto de 1892; ambos documentos en AHEC, Caja 527, Sección A, No. 7, Año 1892. Otro caso, para las mismas fechas, es la solicitud de Vogel referente al pago de derechos de extracción de maíz y frijol: Solicitud de Arnoldo Vogel al Gobernador del Estado, Colima, 7 de diciembre de 1892; El Secretario de Gobierno al Administrador Principal de Rentas, Colima, 9 de diciembre de 1892; ambos documentos en AHEC, Caja 527, Sección A, No. 7, Año 1892. También es ejemplo de lo anterior la solicitud de condonación de multas por no cubrir las cuotas por producción alcoholera de las haciendas de San Antonio y Quesería: Solicitud de Arnoldo Vogel al Secretario del Congreso del Estado, Colima, 9 de noviembre de 1906; Solicitud de Francisco Santa Cruz y Compañía al Secretario del Congreso del Estado, Colima, 9 de noviembre de 1906; ambos en APLEC, Dictámenes de las Comisiones, Legislatura XVII (30.07.1906/12.1906), Caja 107, Exp. 1, pp. 650-655.
343 El Oficial Mayor de la Secretaría de Estado y Despacho de Fomento al Gobernador del Estado, México, 19 de octubre de 1909; en AHEC, Caja 769, Sección A, No. 21, Año 1909. El Secretario de Fomento al Gobernador del Estado, México, 23 de febrero de 1910; en AHEC, Caja 782, Sección A, No. 21, Año 1910. 344 El Presidente Municipal de Comala al Secretario de Gobierno, Comala, 30 de noviembre de 1912; en AHEC, Caja 840, Sección A, No. 20, Año 1913. 345 Alberto Betancourt a Arnoldo Vogel, Colima, 21 de abril de 1903; en AHEC, Caja 652, Sección A, No. 23, Año 1903.
180
Debido a todo este panorama económico local, al iniciar el siglo XX, la
agricultura comercial vivía un buen momento y la necesidad de nuevos instrumentos
financieros se volvían más apremiantes; por eso, para 1902 ya se contaba con una
sucursal del Banco Occidental de México en Colima. Esta institución otorgaba
préstamos prendarios y se encargaba de los giros a los bancos de las principales
ciudades del extranjero, donde los hacendados colimenses exportaban parte de su
producción.346 Alrededor de 1911 también se tenía la presencia en la región del
Banco Nacional de México, que habilitó diversos préstamos a los hacendados.347
Finalmente, como se puede observar, el fortalecimiento y extensión de la
agricultura comercial, las incipientes redes de comunicación y las industrias agrícolas
locales, permitieron que los hacendados ubicados en la municipalidad de Comala
consolidaran su presencia en la zona y desde allí se conectaran con un mercado
externo vía el puerto de Manzanillo, y formaran parte de la oligarquía comarcana que
controlaba el mercado interno.
No puede cerrarse este apartado, sin mostrar la otra cara de las haciendas y
hacendados de Comala. Todo este progreso era posible, no sólo por la tenacidad
productiva de los hacendados y rancheros o su habilidad financiera, como tampoco
bastaba una política institucional y un marco legal que favoreciera las distintas ramas
de la economía nacional y regional; todas estas boyantes negociaciones agrícolas
colimenses pudieron desempeñar ese papel gracias a contar con un considerable
número de trabajadores fijos y eventuales. Desde el último tercio del siglo XIX y
durante las primeras décadas del XX, confluían en San Antonio, procedentes del sur
y la costa jalisciense (Cihuatlán, San José del Carmen, Tapalpa, Techaluta, entre
otros), así como de Comala y Cofradía, en tierras colimenses.
Sobre los trabajadores fijos o de planta, uno de dichos peones hace alusión a
esta confluencia de mano de obra: “A la hora del alba, a eso de las 4 de la mañana,
reuníase la gente a la entrada de la Casa Grande, es decir, en la plaza. Antes de que 346 El Progreso Colimense (en adelante PC), Tomo I, Nº 4, 15 de febrero de 1902. 347 Como ejemplo véase: Contrato de cuenta corriente con garantía pignora, otorgado por el Banco Nacional de México y Arnoldo Vogel, Colima, 23 de febrero de 1911; en ARPPC, Ramo Inscripciones Públicas, Libro 23, Año 1911, No. 3605
181
rayara el sol, llegaba de las casitas que están frente a la hacienda; se llegaba
también del caserío detrás de la ‘cortina’ y desde el conglomerado en el que había
como cien casas y al que nombraban ‘El Panal’, allá detrás del cerro de la Cruz”. Con
respecto a los trabajadores eventuales narra lo siguiente: “Durante el corte de caña,
además de los trabajadores de la hacienda, llegaban en calidad de “braceros” los de
Suchitlán, Colima”. 348
Todos estos trabajadores respondían a las necesidades productivas del
hacendado Vogel, quien, por encima de lo que sostiene Servando Ortoll, no tenía por
“…objetivo principal (…) brindar paz y alegría a quienes vivieran bajo su techo…”,
349
Antes de despuntar el alba, y ya todo mundo arriba, de pie;
tempranito a las puertas de la casa grande; ahí todos reunidos
cantábamos el alabado y muchos cantos de la Iglesia mientras nos
abrían. En cuanto esto sucedía, todos a trabajar, todos manos a la
obra […] todos, hombres, mujeres y muchachos a darle duro.
sino aprovechar sus capacidades productivas para agrandar sus volúmenes de
producción y su riqueza. Lo intensivo de las jornadas laborales se pone de manifiesto
en las mismas citas que utiliza Ortoll (retomando la crónica del trabajador
Crescenciano Vázquez García) al describir el panorama laboral de los peones fijos
que vivían en San Antonio:
350
Pero lo arduo y prolongado de la jornada laboral no quedaba en ese nivel,
algo más que agregaba este trabajador en su relato (y que es dejado de lado por
Ortoll) es que después de entrar a las instalaciones del casco de la hacienda, antes
de iniciar sus actividades remunerativas, a todos los peones los ponían a hacer “la
faena”, actividad diaria y obligatoria que consistía en recoger la leña que los arrieros
dejaban en el amplio patio y que estaba destinada para el consumo de las calderas.
348 María del Carmen Orozco, “La Hacienda… p. 331. 349 Ortoll, Vogel. Las conquistas…, p. 56. 350 Esta aseveración proviene de uno de los trabajadores y se encuentra en, María del Carmen Orozco Cano, “La hacienda de San Antonio en Colima”, en Mi pueblo durante la Revolución, México, INAH, 1989, Vol. 3, p. 335. También puede consultarse en Servando Ortoll, Vogel. Las conquistas…, p. 61.
182
Crescenciano Vázquez puntualiza: “ ‘La faena’ duraba dos horas; dos horas de
trabajo gratuito de toda la gente, que veníamos siendo como quinientas personas.351
Las descripciones que realiza sobre las condiciones de trabajo en la jornada
de paga, también ponen en duda la actitud bienhechora del hacendado. Por
ejemplo, a las actividades de regadío de las plantas de café se dedicaba un grupo de
30 jóvenes trabajadores conducidos por un capataz que “…andaba montado en una
mula, siguiéndonos, y al que se quedaba atrás lo chicoteaba. El trabajo se hacía de
prisa, de prisa, porque al patrón le convenía que así fuera, ya que, naturalmente,
entre más pronto acabáramos menos gastos hacía en este tipo de faena”.
352 Otro
aspecto ligado a las jornadas laborales subrayadas por este trabajador es que “…si
por alguna razón no terminaba un trabajador su ‘tarea’, no se le pagaba nada”. 353
Lo cierto es que, en contraste con la floreciente economía de los hacendados,
basada en la agricultura comercial que provocó la ampliación de las propiedades de
dichas negociaciones productivas, se encontraba un considerable número de mano
de obra compuesta por trabajadores de planta y estacionales; algunos eran
migrantes, pero otro sector de ellos estaba compuesto por indígenas que había
perdido sus tierras, ya fuera por compra de particulares, mediante el simple
procedimiento de ocupación de las parcelas o la compra de pequeños lotes por parte
de los hacendados,
Por tanto, más allá de la belleza del paisaje que la circundaba, la hacienda de San
Antonio estaba muy lejos de ser un paraíso terrenal.
354
Estas contrastantes condiciones de los trabajadores rurales de la zona de
Comala fueron creando conflictos y tensiones al interior de la sociedad local, que se
acumularon lentamente y los cuales se manifestarían años después con la formación
de los ejidos.
lo que limitó grandemente sus actividades agrícolas de
subsistencia, pasando a formar un sector subordinado.
351 María del Carmen Orozco, “La Hacienda…”, p. 331. 352 Ibíd., p. 330. 353 Ibíd., p. 334. 354 El Secretario de Gobierno y de la Comandancia Militar a Agustín Miguel y demás signatarios, Colima, 5 de abril de 1916; en AHEC, Caja 897, Sección A, No. 18, Año 1916.
183
2.1 DESAVENIENCIAS POR LA TIERRA: SUCHITLÁN Y LAS HACIENDAS VECINAS
Desde el último tercio del siglo XIX, el escenario del norte colimense
experimentó cambios significativos. Es claro que el dinámico papel de las haciendas
de San Antonio y Nogueras llamó la atención de distintos segmentos de la población
de la zona y de más allá de las tierras colimenses, aspecto que tuvo sus efectos en
la recomposición de las pautas poblacionales locales y los ritmos de vida de los
grupos sociales oriundos de la región.
Específicamente, junto al crecimiento demográfico natural de las comunidades
indígenas, dicha zona experimentó la migración de campesinos mestizos de otras
regiones, lo que ocasionó una mayor escasez de tierras. Las posibilidades de acceso
a éstas se hicieron cada vez más difíciles, lo cual vino a agravarse con el decreto Nº
74 del 15 de diciembre de 1883, referente a terrenos baldíos, que expidió la
legislatura local, ya que lo poco que quedaba fue considerado en calidad de tierras
ociosas y, a principios de 1884, se procedió a la adjudicación de éstas por medio de
sorteo entre todas las cabezas de familia de las poblaciones de Suchitlán y Cofradía
de Suchitlán.355
Recuérdese que, casi inmediatamente a la adjudicación individual de las
porciones de la tierra de los indígenas, sobrevino la intentona de denuncio como
baldíos por parte de Ángel Martínez, proceso que se prolongó por largos años,
llegando a su finiquito en 1892. Pero, pese a que la propiedad individual indígena se
conservó, las amenazas estaban al orden del día y sus efectos ya se dejaban sentir.
Un primer indicio de dicha problemática se puso de manifiesto en febrero de
1892, cuando una representación de los indígenas del pueblo de Suchitlán se
quejaba de que sus derechos eran ultrajados, pues los terrenos de su pueblo
estaban “…en poder de hacendados y vecinos que nos rodean sin legalidad porque
355 El Gobernador Constitucional del Estado a la Comisión Local Agraria, Colima, 6 de diciembre de 1919; en AHEC, Caja 887, Sección A, No. 19, Año 1916. EC, 1883, tomo XVII, Nº 199, p. 50.
184
no los hemos vendido, y como herederos legítimos que nos declaran las leyes
vigentes pedimos que nos sean entregados y repartidos según decreto que nos
ampara dado en México a 23 de febrero de 1781”.356 Como respuesta, las
autoridades esgrimieron no localizar dicha cédula real, aparte de considerar que, por
lo general, las antiguas disposiciones legales de la época colonial no recopiladas, no
eran vigentes y, por lo tanto, inaplicables. Los indígenas vieron frustrados sus
intentos de ser reconocidos como propietarios de sus antiguas tierras.357
Derechos y exigencias que se trasladaron al plano de intentar el rompimiento
de la dependencia administrativa y política que tenía su poblado respecto a la
cabecera ubicada en Comala, lugar de asiento de varios de los agricultores que
dominaban una nada despreciable porción de tierras en esa municipalidad. Así que,
en 1891, los vecinos de Suchitlán solicitaron, ante la legislatura local, que su lugar de
residencia se erigiera en pueblo y cabecera de municipio. Iniciado el trámite, la
comisión de gobernación del poder legislativo le solicitó al comisario de Suchitlán, un
censo de los habitantes de la propia localidad. Cumplido el requisito, la resolución de
la cámara fue de aprobación a la propuesta de dictamen presentado por la aludida
comisión de gobernación, la cual se fijó en los términos siguientes: “No es de
accederse por ahora, a la solicitud elevada ante esta Cámara por varios vecinos del
pueblo de Suchitlán para que se erija esta población en cabecera de Municipio, por
no reunir la misma el requisito preceptuado por el Art. 50 de la Constitución política
local”.
358
356 Solicitud de Esteban de los Santos, Francisco Candelario, Julio Ascencio, Porfirio de Jesús, Timoteo Ascencio, Julio de Jesús y Jesús Velásquez a la Secretaria de Fomento, Suchitlán, febrero de 1892; en AHEC, Caja 523, Sección A, No. 7, Año 1891.
En este ámbito también los indígenas suchitlecos no corrieron con buena
357 Ibíd. 358 Todo este proceso se puede consultar en: Oficio de A. Brizuela, de la Comisión de Gobernación, al Gobernador del Estado, Colima, 12 de mayo de 1891; en AHEC, Caja 523, Sección A, No. 7, 1891. Oficio de Miguel García Topete y G. Álvarez, Secretarios del Congreso del Estado, al Gobernador del Estado, Colima, 16 de octubre de 1891; en AHEC, Caja 523, Sección A, No. 7, 1891. El Secretario de Gobierno a la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, Colima, 15 de mayo de 1891; en AHEC, Caja 523, Sección A, No. 7, 1891. Oficio de Secundino Cortés, Comisario municipal, al Secretario de Gobierno, Suchitlán, 15 de septiembre de 1891; en AHEC, Caja 523, Sección A, No. 7, 1891. Oficio del Secretario de Gobierno a los Secretarios de la H. Legislatura del Estado, Colima, 23 de octubre de 1891; en AHEC, Caja 523, Sección A, No. 7, 1891.
185
suerte. Todo apuntaba para que los años porfiristas se mantuvieran económica y
socialmente postrados. Ya vendrían tiempos mejores.
Pero, más que político administrativo, el asunto de la tierra era el problema
mayor de los habitantes de Suchitlán. Era indudable que los terrenos indígenas
individualizados acaparaban la mayor parte de los deseos, ambiciones y sueños de
un buen número de propietarios de la zona comalteca. Nuevos actores y procesos
se envolvieron en actividades de compra venta de los referidos lotes: hacendados,
rancheros, nuevos inmigrantes e indígenas participaron en esta dinámica de
mercantilización de la tierra, donde los más sagaces y de mayor fuerza económica,
se llevaron los mayores beneficios.
Un primer indicador sobre este proceso de concentración de la propiedad de la
tierra, por parte de los principales hacendados del área, se ubica la venta de una
fracción del terreno llamado “Reinoso”, ubicado en esta municipalidad de Comala,
efectuada en mayo de 1886. Los vendedores fueron don Félix Verduzco y su esposa,
vecinos de este municipio, quienes recibieron a cambio dos mil pesos,
proporcionados por el nuevo dueño: don Arnoldo Vogel.359 La parte adquirida por el
hacendado alemán correspondía al terreno que poco antes fuera propiedad comunal
de Suchitlán, del cual, al momento de la lotificación individual, la comisión repartidora
vendió la porción más grande al señor Verduzco en dos mil quinientos pesos. A
simple vista, parece que realizó un buen negocio con su rápida operación de compra-
venta.360
En cuanto a la adquisición de lotes provenientes de pobladores indígenas, el
monto fue mucho más bajo y el proceso más sencillo. En un cortísimo lapso de la
penúltima década del siglo XIX, dichas fracciones de terreno fueron a parar a otras
manos y los pocos que conservaron sus pequeñas parcelas poco a poco tuvieron
359 Noticia circunstanciada de inscripciones verificadas en el Registro Público de la Propiedad, enviada por Trinidad Padilla al Secretario de Gobierno, Colima, 31 de octubre de 1886; en AHEC, Caja 481, Sección A, No. 8, Año 1886. 360 Carta de Esteban de los Santos y demás firmantes al Gobernador del Estado, Suchitlán, 1° de diciembre de 1887; en AHEC, Caja 486, Sección A, No. 8, Año 1887.
186
que irlas vendiendo ante la creciente necesidad de subsistir junto a los latifundios
que los iban envolviendo.
En Suchitlán, los nuevos dueños de fracciones individuales de tierra
empezaron a deshacerse de sus pequeñas propiedades mediante su venta. Datos
puntuales sobre dichas operaciones se ubican desde 1895, pero estos mismos
referentes indican que la movilidad de tierras empezó desde fechas anteriores, pues
para ese año varias porciones estaban ya en manos de un solo dueño. Partiendo de
los registros oficiales de esas operaciones de compra, se encuentran los siguientes
casos.
El 15 de enero de 1895, don Cirilo Hernández vendió ocho lotes del
repartimiento de Suchitlán a favor de don Ramón Milanés en precio de 200 pesos.
Dos meses después esta operación mercantil fue registrada en el Registro Público
de la Propiedad de la ciudad de Colima. El volumen de la superficie adquirida fue de
poco más de 12 hectáreas (12. 0552).361 Un mes después, el mismo vendedor (Cirilo
Hernández) vendió otros ocho lotes a Ramón Lozano, vecino de la hacienda de
Nogueras, mediante escritura privada; el precio de venta fue de 190 pesos. Casi
todos los lotes apenas pasaban una hectárea de extensión, mientras que uno de
ellos rebasaba las tres hectáreas y media. En su conjunto, los ocho predios
alcanzaron 12. 2439 hectáreas. Seis de dichos lotes eran en parte de regadío y en
parte de temporal y los otros dos de temporal.362
A mediados del mes siguiente (18 de marzo de 1895) la comercialización de
solares continuó: seis lotes de la extinta comunidad de Suchitlán y ahora en
propiedad de don Jesús Díaz y su esposa Teresa Murguía fueron vendidos en la
cantidad de 200 pesos. El comprador ya no necesitó intermediarios, el propio
hacendado Arnoldo Vogel entregó esta cantidad a cambio de dichos lotes. Por su
parte, los vendedores expresaron que los lotes habían llegado a sus manos por
herencia de don Francisco Díaz.
363
361 ARPPC, Títulos Traslativos de Dominio o Derechos Reales, Libro 6, 1895, Asunto Nº 627.
362 ARPPC, Títulos Traslativos de Dominio o Derechos Reales, Libro 6, 1895, No. 628. 363 ARPPC, Títulos Traslativos de Dominio o Derechos Reales, Libro 6, 1895, No. 637.
187
Es de destacarse que estos casos de compraventa sólo eran muestra parte de
una avalancha de cambios de propiedad que se había desatado en el lugar; ejemplo
de ello es que gran parte de los terrenos colindantes a estos seis lotes ya habían
cambiado de propietarios. Como ejemplo puede tomarse cualquiera de los lotes
comprados por Vogel: en la descripción aparecen delimitaciones como la detallada
en el caso del lote marcado con el número 322:
…de regadío, figura irregular, mide 85 m. de sur a norte, 158
en el costado sur, y linda al oriente con el que fue de José
María Velásquez, al poniente con el que fue de Esteban
Velásquez, mediando el camino, y al sur con el que fue de
Laureano Lorenzo, y al norte con el que fue de Martín Ramos.
47 m. en la cabecera norte y 100 en la sur y linda al oriente con
el que fue de Laureano Lorenzo, al poniente con el que fue de
Bernabé Rosas, mediando el camino, al sur con el de Reyes
Ávalos y al norte con el que fue de Apolinaria de los Santos.364
Es decir, hasta antes de ese 18 de marzo de 1895, dicho terreno era el único
que permanecía en manos de quien resultó beneficiario en el proceso de reparto de
Suchitlán, ejecutado en el año de 1883.
Este proceso de recomposición de la propiedad continuó. El 13 de septiembre
de 1895, doña B. de Alcaraz vendió 11 lotes del repartimiento de Suchitlán a don
Martel Sánchez, vecino de este mismo lugar, el precio de venta fue por 275 pesos.
Dicha compraventa se protocolizó en el Registro Público de la Propiedad el 22 de
octubre de ese mismo año.365
Tan sólo en ocho meses (de mediados de enero a mediados de septiembre)
se dejó constancia formal de la venta de 34 lotes, los cuales, si se consideran a una
extensión promedio de una hectárea y media, representaron ventas que superaron
364 Ibíd. 365 ARPPC, Títulos Traslativos de Dominio o Derechos Reales, Tomo 6, 1895, Nº 689.
188
las 50 hectáreas. Claro que faltaría agregar las operaciones de venta que no llegaron
a registrarse en esta oficina gubernamental.
Los lotes suchitlecos tenían mucha demanda y las ventas y reventas se
sucedían unas a otras; así que, a mediados de marzo de 1897, don Victorio Ríos, de
acuerdo con su esposa Regina Agustín, partió su lote Nº 282, que alcanzaba poco
más de tres hectáreas, para vender una fracción a don Porfirio Silva, en la cantidad
de diez pesos. Previamente, Ríos había adquirido este lote por compra a don
Macedonio Díaz. 366 Otro caso se presentó dos semanas después: Francisco Morales
vendió su lote en Suchitlán a Faustino González.367
Seis meses más tarde, Porfirio Silva entregó 25 pesos a Eligio Rincón; esa
cantidad lo convirtió en el nuevo dueño de una fracción de terreno con una extensión
de 7,116 metros cuadrados, ubicado en el norte de la plaza del pueblo de Suchitlán.
El vendedor poseía ese lote por compra efectuada a Luciano Alcalá. La fracción
cedida por Rincón lindaba con amplias propiedades del comprador y con los terrenos
de la hacienda de Nogueras.
368
Al parecer el ritmo de las ventas bajó de intensidad; al menos así lo dejan ver
los datos del Registro Público de la Propiedad, ya que otro nuevo acto de
compraventa se protocolizó una año después: el 29 de octubre de 1898, la señorita
María del Refugio Martínez vendió tres lotes al señor don Timoteo Castrejón en 200
pesos; los tres lotes sobrepasaban ligeramente las siete hectáreas. La vendedora los
adquirió por compra que recientemente había hecho (trece días antes) a la señorita
Susana Farías, la maestra del poblado. El documento de compraventa estableció
que si la vendedora devolvía al adquiriente el precio estipulado, así como un interés
del 1% mensual, dentro del plazo de un año, contado desde la fecha de la escritura,
la compradora le devolvería la escritura y los terrenos. Acción que la señorita
Martínez realizó el 1º de julio de 1899, volviendo a ser dueña plena de los tres lotes
366 ARPPC, Títulos Traslativos de Dominio o Derechos Reales, Tomo 19, 1906, No.2928. 367 ARPPC, Títulos Traslativos de Dominio o Derechos Reales, Tomo 15, 1903, No. 2161. 368 ARPPC, Títulos Traslativos de Dominio o Derechos Reales, Tomo 19, 1906, No. 2927.
189
referidos.369 Tanto así que desde fines de mayo de ese año, la misma María del
Refugio Martínez vendió nuevamente los tres lotes, ahora a Arnulfo Ocaranza. El
monto fijado fue –al igual que en la anterior ocasión– en 200 pesos.370
Llegó el nuevo siglo y la ventas de las tierras de Suchitlán prosiguieron pero
mucho más pausadas. Después de casi seis años de adquirir un lote en Suchitlán,
Faustino González lo vendió a Porfirio Silva; dicho predio contaba con extensión
superior a una hectárea. El precio de venta se fijó en 50 pesos.
371
Por otra parte, la movilidad de la tierra no se redujo a las operaciones de
compraventa, ligado a ello, y como consecuencia de este proceso, surgió un vivo
interés por asentarse legalmente en los terrenos recibidos o adquiridos, así como por
ocupar nuevas porciones pertenecientes al fundo legal del poblado.
Al amparo de las disposiciones emanadas del gobierno del estado, relativas a
la adjudicación de solares del fundo de Suchitlán, ocupantes o demandantes de
éstos se dirigieron a las autoridades municipales de Comala para que se les
reconociera sus derechos sobre uno o más lotes y se les expidiera la carta de
adjudicación correspondiente. Los fondos documentales del poder ejecutivo estatal
conservan diversas solicitudes de este tipo, presentadas entre mayo y noviembre de
1899; dichas peticiones se plasman en el siguiente cuadro:
369 ARPPC, Títulos Traslativos de Dominio o Derechos Reales, Tomo 10, 1898, No. 1189. 370 ARPPC, Títulos Traslativos de Dominio o Derechos Reales, Libro 10, 1899 No. 1331 371 ARPPC, Títulos Traslativos de Dominio o Derechos Reales, Tomo 15, 1903, No. 2161.
190
Cuadro Nº 9.- Solicitantes de adjudicación de solares en Suchitlán (1899)
NOMBRE DEL SOLICITANTE
FECHA DE SOLICITUD
Ignacio Benavides 2 de mayo de 1899 Eligio Rincón 22 de mayo de 1899 Fermín Rivera 4 de noviembre de 1899 Eligio Rincón 6 de noviembre de 1899 Paulino Benavides 6 de noviembre de 1899 Nieves Torres 6 de noviembre de 1899 Alejo Iglesias 6 de noviembre de 1899 Leandro Negrete 6 de noviembre de 1899 Aurelio Hernández 7 de noviembre de 1899 Atanacio Ceja 8 de noviembre de 1899 Tomás Rincón 8 de noviembre de 1899 Feliciana Martínez v. de Zamora
8 de noviembre de 1899
Eutimio Velasco 9 de noviembre de 1899 José María Milanés 9 de noviembre de 1899 Esteban García 9 de noviembre de 1899 Gil Gudiño 9 de noviembre de 1899 Jerónimo Gudiño 10 de noviembre de 1899 Andrea Rodríguez 10 de noviembre de 1899 Francisco Martínez 10 de noviembre de 1899 Federico Farías 25 de noviembre de 1899 Víctor Álvarez 25 de noviembre de 1899 María Jesús Farías 25 de noviembre de 1899 Luisa F. de Ursúa 25 de noviembre de 1899 _____________________________________________ FUENTE: AHEC, Caja 546, Sección A, No. 7, Año 1899.
La revisión de dichas solicitudes arroja varios aspectos que es pertinente
subrayar. Primeramente, parece ser una acción orientada por sujetos conocedores
de la nueva normatividad vigente, quien (o quienes) asesoran y conducen a los
solicitantes para que se dirijan “en masa” a las oficinas municipales. Sólo dos
peticiones se elaboraron fuera del mes de noviembre y los formatos de la solicitud
(por la redacción y fechas) parecen estar elaborados en serie. Otro aspecto a
resaltar es que, de los 23 solicitantes, sólo dos eran indígenas ( Andrea Rodríguez y
191
Francisco Martínez),372
Otro aspecto a resaltar es que algunos de los solicitantes no lo hacían por esa
necesidad de formalizar el lugar donde tenían asentada su residencia y sus
pequeñas huertas o siembras, sino con un claro fin de especular y adquirir beneficios
de unas tierras que cada vez se volvían más rentables. Por ejemplo, Eligio Rincón
solicitó dos adjudicaciones de solares (una en mayo y otra en noviembre), pero –
como se señaló en párrafos previos– dos años antes ya había vendido una fracción
de un solar de su propiedad, lo que hace suponer que era un mestizo imbuido en el
“negocio de la tierra”.
el resto eran mestizos avecindados en el lugar, lo que
corrobora algo que ya se ha manejado con antelación: durante los llamados “años
porfiristas” el poblado de Suchitlán vivió un proceso de transformación, que implicó la
modificación de su composición étnica, mediante el arribo de un considerable
número de personajes que se dedicaron a actividades comerciales en la propia
localidad o a quehaceres laborales en las haciendas vecinas. Mediante este tipo de
adjudicaciones, éstos últimos formalizaron su inmersión en la población, arraigando
su conexión con estas tierras.
Otros indicadores son las solicitudes de Luisa F. de Ursúa y Federico Farías,
quienes solicitaban que se ensanchara su propiedad a adjudicar, quitándole parte de
sus terrenos de siembra y habitación a dos indígenas suchitlecos. Sobre el caso de
los dos Farías que aparecen en el listado anterior, es de destacar que no se reducía
solamente a ellos; en el proceso de adquisición de lotes, la profesora Susana Farías
jugaba un papel importante (ya se le mencionó como persona que compraba y
vendía lotes de Suchitlán), así que parecía ser todo un “negocio de familia”. Varios
de los lotes adquiridos por la profesora Susana fueron a parar a manos de los
hacendados de la zona.
En fin, las tierras de Suchitlán estuvieron sujetas a un dinámico proceso de
recambio de poseedores, dueños y usos. En lo que se refiere a su concentración en
contadas manos, entre los beneficiaros destacan rancheros como Porfirio Silva, Gil
372 En todas las solicitudes se asentaba (explícita e implícitamente) el origen, vecindad y raza.
192
Gudiño, Juan Rincón, Luis Rendón, Nieves Torres y –en menor medida– Arnulfo
Ocaranza. Pero, por encima de todos ellos, emerge el nombre del dueño de la
hacienda de San Antonio. En estos años Arnoldo Vogel, además de comprar lotes en
Suchitlán, adquirió ciento veintitrés lotes del poblado de Cofradía de Suchitlán;373
Ese papel no tiene duda alguna, ni es el quid de la cuestión tratada en esta
investigación, de ahí que en su estudio sobre este personaje, Servando Ortoll no
necesita esforzarse tanto para demostrar ese proceso de compraventa efectuado
junto con su cuñada Luisa Quevedo de Kebe.
de
ahí que resultó el mayor beneficiado con este proceso de individualización y
mercantilización de la tierra.
374 Operaciones que, por cierto, este
autor atribuye a “su genio financiero y a su nulo temor de arriesgar su propiedad en
aventuras mercantiles”, pero las cuales corresponden a otras realidades que no son
tan indulgentes como Servando Ortoll las enuncia tímidamente, al decir “…-¿por qué
no revelarlo?- a su capacidad de aprovechar en su momento todas las oportunidades
que se le presentaban…”; por qué mejor no traducir lo anterior, lisa y llanamente, en
que este hacendado adquirió dichas tierras, no sólo ni fundamentalmente debido a
que “…era un genio de las finanzas porque tenía una sagacidad a toda prueba…”,375
373 Al Gobernador y Comandante Militar del Estado, Colima, 23 de diciembre de 1916; en AHEC, Caja 879, Sección A, No. 19, Año 1916.
sino a la existencia de una legislación que individualizó la propiedad comunal
condenando a esos nuevos pequeños propietarios a una total indefensión, que
Arnoldo Vogel aprovechó a la perfección, aparte de contar con los apoyos y
componendas de las autoridades locales en turno. De ahí que no sea nada
disparatado creer que, una vez que las tierras del poblado de Suchitlán quedaron
repartidas entre las haciendas de Nogueras y San Antonio, Vogel recurrió a la
práctica de armar a sus empleados “para defender sus bienes” y, en muchos casos,
se dedicó a hostilizar y perseguir a los que reclamaban sus tierras o se negaban a
374 Servando Ortoll, Vogel. Las conquistas…, p.139. 375 Ibíd., p. 51.
193
vender.376
Ya sea por medio de mecanismos violentos o legales, o bien mediante la
combinación de ambos, una vez que las haciendas de San Antonio y Nogueras se
adueñaron de la mayor parte de las tierras de las comunidades de Suchitlán y
Cofradía de Suchitlán, los hacendados se enfrentaron al problema de hacerlas
productivas. Una táctica frecuentemente empleada, fue la de arrendar pequeñas
parcelas de una hectárea, a los mestizos avecinados en las poblaciones indígenas, a
cambio de un pago en dinero, un porcentaje de la cosecha y la prestación de
servicios en las tareas de la hacienda.
Al extender sus intereses, la influencia de Vogel y de los Rangel chocaba
con añejos derechos y con las aspiraciones de los indígenas suchitlecos.
377
En fin, Comala contaba con rostros diversos y procesos contrastantes. Una
zona con un emergente enclave de economía moderna encabezada por un par de
pujantes hacendados, que adoptaba tonos y ritmos muy distintos a un sistema de
trabajo tradicional y comunal de fuerte raigambre, donde los indígenas de Suchitlán y
Cofradía de Suchitlán eran vivos protagonistas. A la vez, se expresaba un buen
número de pequeños propietarios que establecían nexos, consensos y disensos con
ambos. Todos ellos se agolpaban en un espacio donde entrecruzaban ideas e
intereses.
Actores diversos que procedían con una gran heterogeneidad de
motivaciones, las que se pueden detectar en la solicitud que se formuló en 1892, por
parte de varios sujetos, para que por el terreno de don Matías Rincón se trazara un
camino para el tránsito de personas y mercancías, seguramente porque su ubicación
y topografía facilitaba dicho flujo. Claro que eso afectaba la propiedad que Rincón
recientemente había comprado a la comisión repartidora de las tierras indígenas del
pueblo de Suchitlán. Por ello, se opuso férreamente a tal iniciativa, contando con el
376 Blanca Gutiérrez y Héctor Ochoa, Las caras del poder. Conflicto y sociedad en Colima, 1893 – 1950, México, Universidad de Colima – Gobierno del Estado de Colima – CNCA, (Historia General de Colima, Tomo IV), 1995, p. 59. Oficio No. 7272 de la Secretaria de Relaciones Exteriores; en AHEC, Caja 847, Sección A, No. 20, Año 1914. Claro Guzmán al Gobernador Constitucional del Estado, Colima, 30 de enero de 1919; en AHEC, Caja 887, Sección A, No. 19, Año 1916. 377 El Director Interino de la Dirección de Agricultura al Ingeniero Comisionado en la Dirección de Aprovechamiento de Ejidos, Colima, a 30 de noviembre de 1923; en RAN-I, Exp. 23-115.
194
apoyo de varios propietarios de Comala, quienes, públicamente y por escrito,
acreditaron la aseveración del ranchero ante el gobernador colimense; puntualmente,
señalaron ser cierto que “…entre el rancho de las Paredes y el pueblo de Suchitlán,
aparte de veredas para ganados, no ha existido otra vía transitable y de uso público y
común”.378
Estos son algunos de los puntos de inflexión que se establecieron entre los
distintos actores que habitaron la municipalidad de Comala, hacia fines del siglo XIX,
pero no eran todos; aparte del poder local, no sólo la tierra era fuente de reclamos y
tensiones, también se presentó una situación similar por otro elemento de la
naturaleza que resultaba clave para la existencia y desarrollo de las necesidades e
intereses de distintos habitantes de esta municipalidad: el agua.
A partir de este argumento, alegar la reapertura de un camino que
cruzaba por dicha propiedad estaba fuera de lugar.
3.- EL USO DEL AGUA: UNA DISPUTA ENTRE HACENDADOS E INDÍGENAS
Durante los últimos años del siglo XIX el conflicto entre propietarios agrícolas y
pobladores indígenas no se estableció sólo por la propiedad y posesión de la tierra,
sino por el usufructo del agua que fluía de manantiales, arroyos y ríos de la entidad
(Fig.12). En medio de este conflicto estaba la autoridad, que desde hacía buen
tiempo intervenía en el asunto mediante el cobro de las cuotas respectivas a quienes
utilizaban tan vital líquido.
Como ya se hizo alusión, durante la sexta década del siglo decimonónico los
asuntos agrarios fueron el pan de cada día en la norteña zona de Comala. De ahí
que en el año de 1867 se realizara la protocolización de las diligencias relativas al
reparto de tierras de la comunidad de indígenas del pueblo de Comala practicadas
en 1864; en dichas diligencias no se hizo referencia al fundo legal. Sin embargo,
según fuentes colaterales, el fundo legal fue demarcado en un radio de 600 varas
(504 metros) partiendo del templo católico.
378 Carta de Trinidad Pérez y demás vecinos al Gobernador del Estado, Comala, 26 de febrero de 1892; en AHEC, Caja 529, Sección A, No. 7, Año 1892.
195
Fig. 12. Plano de los principales afluentes de agua de la región norte de Colima.379
379 Tomado del Archivo Histórico del Agua (en adelante AHA), Fondo AS, Caja 26, Exp. 474.
196
Fue precisamente ese mismo año de 1867 cuando el ayuntamiento de Comala
reforzó sus medidas para controlar las aguas presentes en su jurisdicción. Los pocos
registros existentes refieren que, desde esa fecha, se pretendía imponer una
pensión, en favor de la municipalidad, a todos los individuos que tomaban agua para
regadíos y cuyo producto debería invertirse en el mejoramiento de edificios públicos,
en este caso para reparar la cárcel del lugar y para la construcción de un local para
impartir educación primaria para niños.380
El vecindario del pueblo de Comala siempre había hecho uso de los tres ríos
San Juan, Suchitlán y de Moreno para sus necesidades más imperiosas como eran
el abastecimiento del pueblo y los regadíos de huertas que formaban su principal
elemento de vida;
Los puntos llamados Suchitlán, Cofradía
de Suchitlán y rancho de Juan Rincón pertenecientes a este municipio eran
beneficiarios de este líquido y sujetos de dicha disposición.
381
Sin embargo, la zona comprendida dentro de la jurisdicción de Comala no
contaba con un río que en su cauce llevara agua durante todo el año. Los tres
arroyos se abastecían en temporada por los escurrimientos de las lluvias y depósitos
de las montañas de donde nacían, pero su caudal no era considerable, por lo que su
aprovechamiento se convirtió en manzana de la discordia entre los diversos
habitantes de la zona.
además del agua del río, en la estación pluvial las avenidas de
agua permitían construir presas que por largas temporadas servían de baño al
mismo vecindario. Dicho uso se corrobora con las pensiones de agua que a
principios de siglo pagaban a la tesorería de Comala por abastecerse de La Cañada,
Guerrero y Potrero de Riego.
El papel de árbitro jugado por el ayuntamiento de Comala, sobre la
adjudicación de las aguas que fluían por la municipalidad, se alteró en años 380 La nota respectiva se puede consultar en AHEC, Caja 299, Sección A, No. 11, Año 1867. 381 De los habitantes de Suchitlán, unos cuantos contaban además con algunas cabezas de ganado, las cuales les redituaban ciertos beneficios, si es que dichos animales no morían producto de la enfermedad conocida como “El Derrengado”, que ocasionó muchas pérdidas para los incipientes ganaderos indígenas; para un ejemplo sobre el particular, véase: Solicitud de Esteban Velásquez, vecino de Suchitlán, a los C. C. Diputados del Congreso del Estado de Colima; en APLEC, Caja 72, Posición 2, Año 1891, pp. 422-430; donde se pide condonación de las contribuciones que tenían que pagar por su ganado muerto producto de dicha enfermedad.
197
posteriores, ya que este líquido empezó a ser motivo de disputas evidentes entre
distintos sectores de la población. A medida que se acercaba el final del siglo XIX,
este tipo de problemas se hicieron cada vez más recurrentes.
Para estas fechas, los propietarios de la hacienda de Nogueras, habían
construido un gran canal procedente del río Suchitlán, con tramos revestidos de
mampostería con ladrillo y piedra, de una extensión de más de 1,500 m, con el cual
aseguraron el riego de más de 123 hectáreas. Dado lo accidentado del terreno de
esta región, lograron almacenar el agua por medio de presas en los arroyos de la
Cidra, el de la Tía Barragana y su afluente de los Tecolotes, al igual que en los
arroyos de los Sauces, Jaboncillo, Tepehuajes y la Presita, logrando mantener
siempre en cultivo 425 hectáreas con caña de azúcar en esta sección de la
hacienda382 (Fig. 13). Por su parte, Arnoldo Vogel tampoco se quedo atrás: en las
partes propicias para el cultivo de la caña, construyó varios túneles y conductos de
irrigación para beneficiar a sus amplias zonas de labranza (Fig.14).383
382 Dictamen sobre aguas, México, 4 de abril de 1918; en RAN-I, Exp. 23-115. 383 Carta de Arnoldo Vogel al Secretario de Fomento, Colima, 21 de agosto de 1925; en RAN-I, Exp. 23-115.
198
Fig. 13. Canal de riego que pasaba sobre la cortina de la presa de “La Cidra”.384
A pesar de los recursos invertidos en obras hidráulicas, los propietarios de
Nogueras establecieron un constante y prolongado litigio con el poblado de
Suchitlán, por el uso de las aguas. Cuando el poblado era posesionario de la tierra
comunal con sus respectivas fuentes de agua, como manantiales y ríos, nadie
cuestionó el acceso a este vital líquido; pero al pasar la mayor parte de las tierras a
los grandes hacendados, poco a poco se fueron apropiando del agua, hasta negar su
uso a esta población.
385
384 Tomado de AHA, Fondo AS, Caja 1461, Exp. 19881. 385 En el AHEC hay legajos con numerosos expedientes que tratan estos problemas; Cfr. Caja 887, Sección A, No. 19, Año 1916 y Caja 888, Sección A, No. 19, Año 1916.
199
Fig. 14. Plano del venero de Luis Apolinar, aprovechado por la hacienda de San Antonio.386
386 Tomado de AHA, Fondo AS, Caja 1412, Exp. 19304, F. 55.
200
Como se apuntó, los procesos de desamortización de tierras comunales, al
igual que el deslinde de terrenos baldíos, fueron la: “…la institucionalización de un
sistema para apropiarse del trabajo, los bienes y los servicios de una población
subordinada”.387
Es evidente que, muchas de las acciones tendientes al acaparamiento de la
tierra, tenían también por objeto la adquisición de los derechos sobre el uso de los
yacimientos acuíferos que en ésta existían. De ahí el interés de Vogel por la compra
de potreros como el de “Reinoso”,
En este proceso, los grupos subordinados se las arreglaron para
manifestar, ya fuera veladamente o en forma directa, su descontento ante tal
situación.
388 donde nacía el arroyo del mismo nombre, o de
los propietarios de Nogueras por los potreros del Fresnal y Las Calabazas,389
El impacto de dicha apropiación afectó gravemente a las poblaciones del
municipio, que continuaron considerando su uso como un derecho tradicional.
Apelando a esta economía moral,
donde
nacían los arroyos epónimos, prácticamente reduciendo a sus dominios todos los
afluentes de agua de la zona.
390
Un buen indicador de este clima de tensión provocado por el uso y destino del
agua se puede observar en la medida que los hacendados de Nogueras adoptaron
en 1892, cuando comunicaron al juez constitucional establecido en Suchitlán, que
los pobladores de Suchitlán recurrieron a
diversas tácticas para aprovechar este recurso; al igual que, de manera subrepticia
su protesta englobo diversos comportamientos que fueron desde la destrucción de
tomas y canales, hasta la agresión a los cuidadores o “celadores” del agua, acciones
tendientes a recuperar el usufructo del que por siglos habían gozado.
387 James Scott, Los dominados…, p. 19; véase también p. 222. 388 Al respecto véase: Noticia circunstanciada de las inscripciones verificadas en el Registro Público de la Propiedad, enviada por Trinidad Padilla al Secretario de Gobierno, 31 de octubre de 1986; en AHEC, Caja 481, Sección A, No. 8, Año 1886. 389 Cfr. Contrato de permuta en ARPPC, Títulos Traslativos y de Derechos Reales, Tomo 14, Año 1902, No. 1998. 390 Por economía moral Edward P. Thompson se refiere a la noción existente en la cultura popular, de normas y obligaciones y de las funciones económicas propias de los diferentes grupos dentro de la comunidad; al respecto véase: E. P. Thompson, Tradición, revuelta de clase y revuelta de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial, Barcelona, Crítica, 1979. Del mismo autor, Costumbres en común, Barcelona, Crítica, 1995.
201
habían nombrado a Lucas Andrés como vigilante de las aguas que pertenecían a
dicha hacienda y, a su vez, solicitaban ayuda y protección para que este encargado
cumpliera fielmente con su encargo.391
Como la comunidad de Suchitlán padecía la carencia de agua, la respuesta de
los indígenas fue inmediata. Al día siguiente de este comunicado, el Comisario
municipal de Suchitlán se dirigía a los señores Mendoza González y Compañía,
propietarios de la Hacienda de Nogueras, en los siguientes términos:
Atendiendo a la suma necesidad que los labradores de este
pueblo tienen de la (sic) agua en sus plantas, esta Comisaría tuvo a
bien suplicar a Ustedes se sirvan dejarnos la (sic) agua todavía por
parte de noche, cuando menos por el término de 20 días. Con
respecto a su recomendado, pueden Ustedes estar seguros de que se
le otorgaran las garantías necesarias.392
La respuesta de los hacendados fue igual de rápida y no muy favorable a los
intereses de los indígenas, pues no accedían a dicha petición en virtud de que:
…aquí también tenemos suma necesidad del agua para
atender nuestra plantación, que sin ella se nos perjudica notoriamente,
si como nos dice, las aguas que nos pertenecen se nos detuvieran. Si
así no fuere, gusto tendríamos en atender su petición para beneficiar
ese pueblo, más por las razones expuestas, debemos insistir, como de
hecho lo hacemos, aunque a nuestro pesar, para que las aguas que
nos corresponden, como es nuestro derecho nos vengan con toda 391 Mendoza, González y Cía., al Juez Constitucional de Suchitlán, Nogueras, 1° de febrero de 1892; en AHEC, Caja 529, Sección A, No. 7, Año 1891. 392 Juan Cruz, Comisario municipal de Suchitlán, a Mendoza, González y Cía., 2 de febrero de 1892; en AHEC, Caja 529, Sección A, No. 7, Año 1891.
202
regularidad. Por tanto, debemos esperar de su equidad y justificación,
que Ud. nos dará su apoyo para que sea respetada nuestra justísima
petición y que nuestro vigilante tenga de parte de su autoridad todas
las garantías y seguridades para que se nos de el agua que
justamente nos corresponde.393
La polémica correspondencia continúo. Al conocer la actitud de los
hacendados, el comisario de este poblado encabezó medidas para retener parte del
agua que fluía rumbo a la vecina hacienda de Nogueras, providencia que no agradó
en nada a dichos propietarios, quienes dirigieron una rápida protesta al representante
de dicha comunidad indígena. Sin embargo, Juan Cruz, juez constitucional de
Suchitlán, no se intimidó e incorporó nuevos elementos al aludir el papel que las
autoridades desempeñaban en relación con las aguas en disputa. De manera
puntual, señalaba el artículo 796 del código civil, vigente en el estado, al tiempo que
manifestaba que eran propiedad del municipio las aguas de los arroyos y, como toda
autoridad, tenía obligación de cuidar la vida de la comunidad; así mismo, les indicaba
que se dirigieran a las autoridades superiores de la entidad para que fueran ellas, en
última instancia, quienes instruyeran a la comisaría de Suchitlán para que entregara
el agua retenida.
Ante esta actitud, los hacendados cambiaron de interlocutor y se dirigieron al
gobernador del estado. En su correspondencia plasmaron con lujo de detalles su
versión de los hechos: argumentaban que a la referida hacienda de Nogueras le
pertenecían las aguas del arroyo de Suchitlán; además, aclaraban que en bien de los
vecinos del pueblo de Suchitlán, les habían permitido el aprovechamiento de dichas
aguas por parte de día, reservándose la hacienda el uso de ellas por la noche. Sin
embargo, como en ese período sus sementeras necesitaban riegos continuos,
habían acudido con el comisario municipal de Suchitlán, en busca de su auxilio para
393 Mendoza, González y Cía., al Juez Constitucional de Suchitlán, Nogueras, 2 de febrero 2 de 1892; en AHEC, Caja 529, Sección A, No. 7, Año 1891.
203
que el guarda vigilante pudiera impedir que las aguas se tomaran por quien no tenía
ningún derecho de su uso y aprovechamiento. Así mismo, se quejaron de que el
expresado comisario puso como condición que se dejase el agua aún por otros 20
días, condición obviamente no aceptada por los hacendados, por lo que el auxilio les
fue negado, al igual que la propiedad de las aguas, atribuyéndola al municipio con
fundamento del artículo 796 del código civil, cuya cita se consideraba del todo
improcedente.394
Los dueños de Nogueras consideraron como graves e irreparables los
perjuicios ocasionados por dicha “…arbitraria e infundada usurpación de nuestros
derechos de posesión y dominio…”, a lo cual ocurrieron a esa instancia, con el
objetivo de obtener que se ordenara al comisario municipal de Suchitlán a impartirles
el auxilio y protección que las leyes les concedían para que las aguas de la hacienda
no se distrajeran.
395 En respuesta, el gobernador solicitó a los indígenas que
detuvieran sus acciones y, en cambio, canalizaran sus reclamaciones o supuestos
perjuicios padecidos ante las autoridades correspondientes. Las autoridades de Villa
de Álvarez también se mezclaron en esta disputa; obviamente, se sumaron a la
petición del ejecutivo estatal. Su postura fue solicitar a las autoridades y pobladores
de Suchitlán que todos sus actos se desarrollaran dentro del marco de la ley, al
recomendarle al comisario municipal de Suchitlán que se abstuviera de embargar el
uso del agua a los señores Mendoza, González y Compañía, de Nogueras,
advirtiendo que si el pueblo de Suchitlán y el propio comisario creían recibir
perjuicios, debían deducir sus derechos ante quien correspondiera.396
La riqueza que brinda el seguimiento de la correspondencia que generó la
disputa por el agua entre Suchitlán y la hacienda de Nogueras, aporta una imagen
clara de las formas de resistencia practicadas por las comunidades, llegando a
ejercer por la fuerza y al margen de la ley, lo que consideraban sus derechos al
394 Mendoza, González y Cía., al Gobernador del Estado, Colima, 5 de febrero 5 de 1892; en AHEC, Caja 529, Sección A, No. 7, Año 1891. 395 Ibíd. 396 Véase: Oficio N° 60 de Elías Vaca, Prefecto Político del Distrito de Álvarez, al Secretario de Gobierno del Estado de Colima, 6 de febrero de 1892; en AHEC, Caja 529, Sección A, No. 7, Año 1891.
204
amparo de los títulos tradicionales. Esta confrontación, surgida de la idea popular de
justicia, se expresó no solo por los cauces legales que tuvieron como representante
al juez constitucional de Suchitlán, sino muchas veces de manera clandestina, lo que
conllevó el surgimiento de prácticas como la destrucción de obras de infraestructura
hidráulica, que a menudo desembocaron en el odio hacia los vigilantes contratados
por las haciendas. Lo que es de destacarse, es que estas prácticas ocultas fueron
más efectivas que las reivindicaciones abiertas, frontales, de los derechos al agua,
como en este y otros casos, que a pesar de usar como cauce a la legalidad del
estado, no tuvieron buen resultado para las comunidades de la zona.
Por otro lado, es obvio que las argumentaciones de los hacendados referentes
a las limitaciones del líquido y lo imprescindible que resultaba para sus cultivos tenía
en mucho un fin justificatorio. Una evidencia clara sobre este particular se encuentra
en la servidumbre de agua proporcionada por Arnoldo Vogel –en su calidad de
propietario de la hacienda de San Antonio– a favor de la Compañía Potencia
Eléctrica de Colima,397 en mayo de 1904. A cambio de 22 acciones de esta empresa,
Vogel cedió “…a perpetuidad, las aguas que hay en la Hacienda de San Antonio […
transfiriendo su uso…] durante la noche desde las seis de la tarde a las cuatro de la
mañana, en las demás horas del día, la compañía dispondrá del agua sobrante de
dicha Hacienda”. En la escritura legalizada ante el Registro Público de la Propiedad,
también se contemplaba que dicha Compañía tendría derecho a perpetuidad para
que dispusiera del terreno –de la hacienda– necesario para construir presas, canales
y cuidas de agua.398
En términos generales, en el escenario colimense, los asuntos conflictivos en
torno al agua no fueron un rayo en cielo despejado, ni un asunto pasajero. Los
En pocas palabras, fue la mercantilización del agua por parte de
hacendados y empresarios.
397 Esta Compañía se constitutiyó en la ciudad de Guadalajara el 18 de marzo de 1904, con un capital social de 127,000 pesos, dividido en 127 acciones. Sus socios fundadores fueron Luis Brizuela (50 acciones), Arnoldo Vogel (25), Salvador Ugarte (18), Donaciano Villanueva (17), Pedro Villaseñor (8) y Ramón G. Navarro (5). Dicha empresa se organizó para suministrar de alumbrado eléctrico a la ciudad de Colima, para lo cual firmó contrato con el Ayuntamiento de la ciudad el 3 de marzo de ese mismo año. Al respecto véase el registro del acta constitutiva en: ARPPC, Títulos Traslativos de Dominio o Derechos Reales, Tomo 16, 1904, Asunto Nº 2390. 398 ARPPC, Títulos Traslativos de Dominio o Derechos Reales, Tomo 16, 1904, Asunto Nº 2391.
205
problemas y disputas entre hacendados, pobladores y autoridades en relación al uso
de este líquido tendieron a agudizarse con el paso de los años; fenómeno que se
extendió por el resto de la zona colimense y el área aledaña de Jalisco. Por ejemplo,
la hacienda de Quesería, propiedad de Francisco Santa Cruz y Compañía, contaba
con vigilantes armados (indígenas por cierto) para cuidar sus tomas de agua. Lo
anterior se volvió más necesario debido a que para 1908, la disputa por el agua que
corría por el río de Nexapan se acrecentó entre la hacienda de Quesería y los
indígenas de Tonila; estos últimos se quejaban de que se les prohibía tomar agua de
dicho caudal. En este alegato, la jefatura política de Ciudad Guzmán se puso de lado
de los indígenas y quitó a la hacienda de la servidumbre de aguas del río de
Nexapan en el territorio del estado de Colima, enfrentando fuerte resistencia de
Carlos M. Ochoa, administrador de la multicitada hacienda.399
Sin embargo, el gobierno central del estado de Jalisco dejó sin efecto la
ejecución de la orden que había puesto en posesión de los indígenas de Tonila las
mencionadas aguas, dejando las cosas en el mismo estado en que se encontraban
antes de la intervención de las autoridades de Ciudad Guzmán, es decir, que
continuara aprovechando las aguas del río, acción que realizaba desde hacía mucho
tiempo. Poco les importaron las necesidades de los pobladores de Tonila, que
formaban parte de su universo de gobierno y a los cuales, supuestamente, deberían
de servir.
Ante esta disposición, los indígenas no se sujetaron a lo dispuesto por el
gobierno jalisciense e intentaron hacerse justicia por su propia cuenta, mediante la
destrucción de tomas de agua y zanjas que la hacienda había establecido para el
apoderamiento del agua. En esta reyerta, las autoridades de Colima, obviamente,
defendían a “sus hacendados” y detenían a los indígenas que practicaban estas
acciones dentro de su territorio.
En panorama no era distinto para los pobladores de Comala y Suchitlán; al
paso de los años, su trato con los hacendados de Nogueras siguió igual de agreste.
399 Véase: Oficio del Comisario municipal de Quesería al Secretario de Gobierno de Colima, 22 de mayo de 1908; en AHEC, Caja 761, Sección A, No. 21, Año 1909.
206
Las necesidades de agua de las huertas existentes en la municipalidad de Comala y
la apertura al riego de una superficie de terreno superior a las mil doscientas
hectáreas acrecentaron las disputas por el líquido que proveían los tres arroyos
existentes en la municipalidad;400 el más importante llamado de Comala nace en la
barranca de los “Laureles”, con un curso de norte a sur y recorría una extensión de
ocho leguas atravesando dicho pueblo, regando muchas huertas y tierras de labor y
se junta con el de Colima en el Salitre, rumbo al sur; el volumen de sus aguas no
había sido medido para esas fechas. El segundo es el de Nogueras y, por último, el
de menos importancia era el arroyo de San Juan que está formado de dos
manantiales que nacen en la barranca de la Cofradía de Suchitlán al norte, atraviesa
al oeste del arroyo de Comala y se une a éste en el paraje llamado “Las Juntas”,
pero no era permanente, perdiéndose en la estación de secas.401
De hecho, desde que la hacienda de Nogueras era propiedad de Ponciano
Ruiz, existían problemas por el uso del agua con la municipalidad de Comala. Para
1882, el ayuntamiento aprobó un dictamen a partir del estudio llevado a cabo por la
comisión de fuentes, referente al agua de que disfrutaba la hacienda de Nogueras,
procedente del arroyo de Suchitlán. Dicho estudio concluyó que Nogueras poseía sin
ningún derecho el agua del arroyo Suchitlán, sin títulos legales y a partir de un simple
convenio particular celebrado entre los indígenas del pueblo de Suchitlán con el
propietario de Nogueras. El ayuntamiento consideraba que tal contrato era a todas
luces nulo, debido a que, una vez extinguidas las comunidades por ley, quedaban
destruidas todas las acciones que pudieran ejercitarse con tal carácter. Por
consiguiente, el municipio quedaba con todos los derechos sobre la propiedad del
agua.
402
Por tales consideraciones, la comisión sujetó a la deliberación y aprobación
del cabildo, la proposición referente a que el ayuntamiento de Comala recuperara el
400 La situación de la municipalidad de Comala en materia de irrigación puede consultarse en la respuesta del Ayuntamiento de Comala al cuestionario de la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria; en AHEC, Caja 816, Sección A, No. 20, Año 1912. 401 Hoja sin datos; en AHEC, Caja 481, Sección A, No. 8, Año 1886. 402 Oficio de Francisco Valencia, Presidente Municipal de Comala, al Secretario de Gobierno, Comala, 9 de abril de 1886; en AHEC, Caja 458, Sección A, No. 8, Año 1882.
207
derecho de propiedad que tenía sobre el agua del arroyo Suchitlán, pesar de que ese
derecho había sido desapercibido por las anteriores corporaciones municipales.
Además, se le comunicó a Nogueras que en lo sucesivo se dirigiera al ayuntamiento
para solicitar el agua disfrutada sin título legal, obviamente mediante previa
asignación del pago correspondiente.403
El problema era tal que, al finalizar la primera década del siglo XX, el
vecindario del pueblo de Comala carecía de agua por causas ajenas a la estación,
fundamentalmente por el acaparamiento de dicho líquido por las haciendas
circundantes, particularmente por la de Nogueras.
Dicho establecimiento, pese a que reconocía el derecho de agua propia del
pueblo de Comala en el río de Suchitlán, lo cual se comprueba con carta expedida
por don Aureliano Rangel, al subprefecto político, Tiburcio Valencia, el 11 de junio de
1911. En dicha misiva, el hacendado ofreció mandar el agua correspondiente al
municipio, la cual se había negado a otorgar alegando que era de su propiedad. En
los hechos, más que una acción caritativa, era reconocer el uso arbitrario que
ejercían sobre las aguas del arroyo que cruzaba sus propiedades.
Esta actitud reticente de los hacendados, obligó a las mujeres de Comala ha
verse imposibilitadas de utilizar el cauce normal del río para lavar su ropa, en cambio
tuvieron que cavar fosas en la arena para obtener agua. Por otra parte, en el rió
Suchitlán y en el tramo comprendido entre la última toma de Nogueras y el paso del
camino real para Colima existían varias tomas, pero sin uso por carecer totalmente
de agua, ya que la monopolizaba la ya referida hacienda de Nogueras. Los indígenas
de Suchitlán tenían una toma para su abastecimiento y regadío, pero en ese
momento también carecían de agua, no obstante de tener sus vertientes propias, que
también aprovechaba la hacienda de Nogueras. Todo lo anterior generó bastantes
reclamaciones por la población del municipio.
En virtud de lo anterior, la subprefectura política de Comala solicitó a la
comisaría municipal de la hacienda de Nogueras que suspendiera los trabajos
403 Ibíd.
208
realizados por Vergara Rangel y Compañía –que en esos tiempos se encontraba “en
liquidación”– referentes a la apertura de un pozo en el paso del río de Moreno
(localizado en el camino de Nogueras a Colima) con la finalidad de estancar el agua
de dicho río; actividad que desarrollaban sin autorización alguna.404 En respuesta,
dicho comisario comunicó al subprefecto, Tiburcio Valencia, que los informes que
poseía eran inexactos ya que no estaban cavando ningún pozo en el camino de esta
hacienda a Colima que perjudicara el tránsito, pues dichos trabajos los realizaban en
terrenos de su propiedad, de lo cual –en su opinión– tenían absoluto derecho y, por
lo tanto, no realizó el cometido que le encomendó la subprefectura. El conflicto entre
ambas autoridades se agudizó, ya que Valencia respondió que le constaba que los
trabajos de los hacendados se realizaban en el paso que conducía de Nogueras a
Comala y, además, la orden se sustentaba en que tanto los ríos como sus playas
eran de jurisdicción federal. Terminaba exhortándolo a que cumpliera la orden y no
pusiera más trabas a las disposiciones de esa autoridad, superior en jerarquía al
comisario. En respuesta, Aureliano Rangel se dirigió al gobernador para poner el
asunto en sus manos, así como para justificar su proceder, ya que consideraba que
era una actividad que legalmente no le correspondía. 405
Pero no sólo las autoridades locales buscaban que el agua beneficiara al
conjunto de los pobladores de Comala; los mismos vecinos se dirigieron al poder
legislativo del estado para denunciar que desde hacía tiempo habían sido
despojados de este líquido por parte de las haciendas de San Antonio y Nogueras.
En su opinión, las mencionadas haciendas no tenían derecho alguno, ni autorización
legal, para aprovechar todo el caudal que conducían los tres ríos que atravesaban el
municipio. El agua acaparada se utilizaba para el regadío de sus vastos terrenos,
condenando al grueso de la población a la más completa privación.
Esta nueva queja buscaba correr una mejor suerte que peticiones similares
efectuadas durante la pasada administración estatal de Enrique O. de la Madrid, ya
404 Comunicado de Aureliano Rangel, Comisario municipal de la Hacienda de Nogueras, al Gobernador del Estado, 9 de abril de 1912; en AHEC, Caja 789, Sección A, No.21, Año 1911. 405 Comunicado de Aureliano Rangel, Comisario municipal de la Hacienda de Nogueras, al Gobernador del Estado, 9 de abril de 1912; en AHEC, Caja 789, Sección A, No. 21, Año 1911.
209
que jamás se atendieron las reiteradas quejas formuladas sobre este particular.
Esperanzados en que tras el cambio de gobernante el panorama tomara un matiz
diferente, solicitaron ante la legislatura se convirtiera en órgano gestor para que
dicha usurpación terminara y se remediaran los males ocasionados.
Sin embargo, la cámara legislativa consideró que dicho asunto estaba fuera de
su competencia, ya que no poseían facultades para restituir aguas o bienes a los
pueblos, aún y cuando dichos bienes les fueran arrebatados indebidamente. Así
mismo, consideraban que existían los cauces legales para remediar dicho despojo
que había recibido el pueblo de Comala. Adentrándose en el conflicto, estimaban que
las aguas en disputa eran de dominio federal o de dominio privado. Si eran de
dominio federal, existían leyes conforme a las cuales los pobladores de Comala
podían recurrir para usufructuar el agua de los ríos. Los mismos cauces legales
existían si dichas aguas estaban bajo la jurisdicción municipal, ya que mediante un
juicio en tribunales era factible lograr la restitución. Aún si las aguas estaban bajo el
dominio de particulares, no obstante el derecho de los hacendados, dentro del marco
jurídico figuraban leyes para tramitar y obtener el bien demandado mediante la
expropiación.
Pese a todo lo anterior, no se abrogaron el papel de gestores populares y
reiteraron su falta de facultades para socorrer al pueblo de Comala. Un motivo más
para reforzar esta negativa era que la solicitud no había sido turnada por el
ayuntamiento de esta municipalidad, en su calidad de representante legítimo de la
población de dicho lugar.406
Sin embargo, ante las diversas acciones adoptadas por los pobladores de
Comala para obtener tan preciado líquido, los hacendados no se quedaron con las
manos cruzadas y el 7 de abril de 1912 interpusieron un amparo ante el juzgado de
distrito. Sin embargo, no corrieron con mucha suerte ya que, en opinión del juzgado,
se necesitaba tener un espíritu enteramente metalizado para permanecer impasible
406 La carta de los vecinos de Comala a los Diputados del Congreso del Estado y el dictamen correspondiente se pueden consultar en APLEC, Dictámenes de Comisiones, Legislatura XVIII (1909-1912), Caja 113 bis, Posición 1, p. 11-24.
210
ante la miseria, epidemias y desolación del vecindario; por lo tanto, se reconoció el
derecho que tenía el pueblo de Comala sobre dichas aguas.407
No obstante las declaraciones de diversos funcionarios y autoridades locales,
los problemas y disputas por el agua continuaron. Por ejemplo, en abril de 1916, los
cultivos de maíz de los indígenas de Suchitlán demandaban de regadíos; pese a ello,
las autoridades constitucionalistas en la entidad, por una parte, ordenaban a las
autoridades de la comunidad que recogieran el maíz entre los productores indígenas
(y cubrieran el importe de 20 pesos por hectolitro) y, por la otra, dejaban sólo en
manos de los indígenas la iniciativa de conseguir ante el representante de la
hacienda de Nogueras, la cantidad de tres horas diarias de agua, aparte de la que ya
disfrutaban.
408
Más que permanecer neutrales ante esta demanda de agua y debido a las
quejas del dueño de la hacienda de Nogueras sobre ciertos amagos de individuos
armados a su celador de aguas en el arroyo Suchitlán para que desviara el agua que
se enviaba a terrenos de la hacienda,
409 las autoridades revolucionarias de Colima a
la vez que amenazaron al comisario municipal de Suchitlán con responsabilizarlo de
cuanto ocurriera,410 instruyeron al jefe militar del destacamento de Comala para que
otorgara todo tipo de garantías al hacendado Francisco M. Rangel, para que su
celador de aguas en el arroyo de Suchitlán evitara el desvío de agua y pudieran
regarse los terrenos de Nogueras.411
Postura que no era nada nueva, ya que desde la penúltima década del siglo
XIX, las funciones y facultades de las autoridades, especialmente del gobierno
federal se orientaron en lo sustancial en administrar y centralizar el manejo de las
407 Oficio N° 60 de Florentino Valencia, Presidente Municipal de Comala, al Secretario de Gobierno del Estado de Colima, 23 de abril de 1912; en AHEC, Caja 817, Sección A, No. 20, Año 1912. 408 Oficio del Secretario de Gobierno y de la Comandancia Militar del Estado de Colima a Agustín Miguel y Sabino Cruz, 4 de abril de 1916; en AHEC, Caja 897, Sección A, No. 18, Año 1916. 409 Carta de Francisco M. Rangel al Gobernador y Comandante Militar del Estado de Colima, 7 de abril de 1916; en AHEC, Caja 897, Sección A, No. 18, Año 1916. 410 Oficio del Secretario de Gobierno y de la Comandancia Militar del Estado de Colima, 10 de abril de 1916; en AHEC, Caja 897, Sección A, No. 18, Año 1916. 411 Oficio del Secretario de Gobierno y Comandante Militar del Estado de Colima, 10 de abril de 1916; en AHEC, Caja 897, Sección A, No. 18, Año 1916.
211
aguas, considerándolo como un asunto de interés público. Este papel de
administrador del agua lo inmiscuyó en disputas desde los años porfiristas, conflictos
cada vez más recurrentes a medida que el movimiento de capitales, intereses y
población transformó las viejas y tradicionales costumbres de utilizar los recursos
naturales, medios de producción y las formas de trabajo y organización social. A
decir de Luis Aboites, el agua como componente de grandes negocios hacía sentir
sus exigencias,412
ese era el proceso que se vivió en el medio rural colimense
durante esos años.
412 Para ahondar sobre el papel que juega el agua durante el cambio económico introducido por el porfirismo véase, Luis Aboites Aguilar, El agua de la Nación. Una historia política de México (1888-1946), México, CIESAS, 1998, pp. 55-80.
212
V LOS INDÍGENAS DE COMALA, ENTRE EL PORFIRIATO Y LOS
ALBORES REVOLUCIONARIOS: UNA SOCIEDAD EN PROCESO DE DESINTEGRACIÓN
1.- POBLACIÓN Y VIDA ECONÓMICA
Entre el Suchitlán de años previos al periodo porfirista y el poblado que recibió
el siglo XX los contrastes eran evidentes. De los casi cinco mil habitantes con que
contaba la municipalidad de Comala para 1868, el 34% se podían considerar
indígenas, mismos que se ubicaban en los poblados de Zacualpan (382 personas),
Suchitlán (910 personas) y en Cofradía de Suchitlán (397 personas), casi todas de
origen nativo413 (Fig. 15). Décadas después este conglomerado humano se
recompuso por factores de orden material. Seguramente que el nuevo siglo no
presentó cambios para Suchitlán en algunos rubros de su vida local de años atrás,
de ahí que es de dudarse que se hubiera modificado positivamente el promedio de
siete muertes mensuales que ocurrían en el poblado para 1890,414
Al comenzar el siglo XX, la población se había incrementado en San
Francisco Suchitlán al contar ya con 1,789 habitantes, de los cuales sólo alrededor
del 45% eran indígenas, mientras que el resto estaba formado por mestizos
pero en lo que si
hubo cambios fue en su composición poblacional.
413 Datos obtenidos del Censo del Estado de Colima de 1868; en AHEC, Caja 331, Sección A, No. 10, Año 1868. 414 Memoria presentada al Congreso del Estado por el Gobernador Constitucional de Colima C. Gildardo Gómez sobre el estado que guarda la administración pública durante el último año de su período gubernativo, a contar desde el 1° de noviembre de 1890 al 31 de octubre de 1891, Tipografía del Gobierno del Estado, 1892, la cual puede consultarse en APLEC, Correspondencia Oficial (1892-1893), Caja 77, pos. 1, p. 859.
213
procedentes de poblados del sur de Jalisco o de las haciendas y rancherías de la
región norte del valle de Colima.415
Fig. 15. Vista de la plaza de Zacualpan a principios de siglo.416
Las tierras del pueblo habían quedado reducidas al casco del mismo pues,
como ya se mencionó, se habían ido perdiendo poco a poco por el despojo y las
ventas realizadas.417
415 EC, Año 1900, Tomo XXXVI, Nº 194, p. 49. AHEC, Libros del Registro Civil del Juzgado de Suchitlán: Año 1901, Libro 2; Año 1905, Libro 2; Año 1906, Libro 2.
En años anteriores, el acceso a las tierras de cultivo y a los
bosques era libre y estaba normado por la tradición; el sólo nacimiento al interior de
una familia de la comunidad otorgaba el derecho al acceso de los recursos con que
contaba el pueblo. Sin embargo, las nuevas circunstancias de limitación y pérdida de
tierras, fueron dando lugar a que se gestaran relaciones diferenciales y asimétricas
en cuanto al acceso a los bienes al interior del mismo grupo étnico.
416 En: AC-FINAH, Fondo Étnicos (120467). 417 El Secretario de Gobierno y de la Comandancia Militar a Agustín Miguel y demás signatarios, Colima, 5 de abril de 1916; en AHEC, Caja 879, Sección A, No. 19, Año 1916.
214
Enfrentados a esta incipiente economía capitalista, las comunidades indígenas
continuaron desarrollando una agricultura de subsistencia para el autoconsumo en
las pocas parcelas que aún tenían; sus tierras no eran las mejores, pues se
encontraban en condiciones topográficas desfavorables, el escaso acceso al agua a
causa de su enajenación por las haciendas sólo posibilitó las cosechas de temporal,
con el sistema tradicional de roza y quema, siendo los cultígenos básicos para su
dieta el maíz, el fríjol, el chile y la calabaza.418
Las propiedades de estos indígenas básicamente estaban reducidas a sus
chozas y huertas al interior del poblado, las cuales formaban la unidad doméstica
tradicional para una familia extensa, pero casi siempre estaban en litigio
419 (Fig. 16)
Actualmente, estos solares siguen guardando un patrón de distribución similar y la
cantidad y la variedad de árboles frutales que pueden componer estas huertas es
asombrosa: generalmente constan de parotas y mojotes, cuya semilla tostada es
comestible, se encuentra también el nogal, mamey, guamúchil, zapote, chicozapote,
anona, guanábana, chirimoya, mango, bonete, nanche, guayaba, plátano, entre
otros, lo que les permitió complementar su dieta en las diferentes estaciones del
año420
(Fig. 17).
418 Arnoldo Vogel al Gobernador y Comandante Militar del Estado, Colima, 23 de diciembre de 1916; en AHEC, Caja 879, Sección A, No. 19, Año 1916. 419 Gorgonio Avalos al Gobernador y Comandante Militar del Estado, Suchitlán, 23 de abril de 1916; en AHEC, Caja 897, Sección A, No. 18, Año 1916. 420 Visita de campo realizada a las huertas de Suchitlán en compañía del Dr. Bruce F. Benz, arqueólogo y etnobotánico de la Wesleyan Univerity en Dallas, Texas, 10 de junio de 1996. Cfr. dicha variedad de árboles frutales con los mencionados en los siguiente documentos: Noticia estadística de la municipalidad de Comala del mes de marzo de 1877, rendida por Gabriel Valencia y José Fuentes, Comala 31 de mayo de 1877; en AHEC, Caja 402, Sección A, No. 9, Año 1877. Vegetación que producen las tierras a inmediaciones de los pueblos de Suchitlán y Cofradía de Suchitlán, Municipio de Comala, Distrito de Villa de Álvarez, Estado de Colima; Informe del Ing. Topógrafo de la Comisión Nacional Agraria, Adscrito a la Delegación en Jalisco, Guadalajara, 24 de mayo de 1918; en ARAN, Suchitlán, Expediente 23 – 9, No. 04/013/001.
215
Fig. 16. La unidad doméstica incluía la habitación para la familia nuclear, así como la huerta a su alrededor.421
Fig. 17. Coamil tradicional que combinaba la siembra de maíz, alimento básico en la dieta, con el cultivo del plátano.422
421 Casa en Suchitlán a principios del siglo XIX; en AC-FNINAH, Fondo Étnicos, (120469). 422 Mujer indígena, cerca de 1900; en AC-FNINAH, Fondo Étnicos (459242).
216
La condición económica al interior de estas unidades domésticas, estuvo
socialmente determinada por la división sexual del trabajo, que exigía la colaboración
de todos los integrantes de las familias. De esta manera, mientras los hombres se
dedicaban a la siembra, ya fuera de su parcela o como jornaleros, la mujer realizaba
actividades que complementaban esta frugal economía, las cuales iban desde el
cuidado de pequeñas hortalizas, hasta la recolección de frutas silvestres y de sus
propias huertas, las cuales trasladaban al tianguis o mercado local para realizar el
intercambio y venta (Figs. 18 y 19). El intercambio indígena siguió realizándose de la
manera tradicional, por el sistema de mercados rotativos o tianguis, el cual se llevaba
a cabo en días fijos en Comala y la Villa de Colima, siendo una tradición que se
remonta a la etapa prehispánica.
Fig. 18. Hombres y mujeres suchitlecos.423
423 Indígenas de Suchitlán hacia 1880, Robertson Wright, en AC-FNINAH, Fondo Étnicos (351039). Obsérvese en la vestimenta masculina el típico calzón de manta, cuyo uso en la capital prohibieron los liberales colimenses.
217
Fig. 19. Mujeres indígenas de Suchitlán.424
424 Mujeres indígenas de Suchitlán cerca de 1880, Robertson Wright, en AC-FNINAH, Fondo Étnicos (430996).
218
Para lograr la sobrevivencia de las unidades domésticas, ante la menor
disponibilidad de tierras, durante el siglo XIX se potenciaron las actividades
artesanales; algunos indígenas se dedicaron a la manufactura de petates, esteras y
equipales de madera y carrizo, pegados con una argamasa especial obtenida de un
tubérculo silvestre. Por lo tanto, para la realización de los equipales, al igual que para
la obtención y venta de ocote y carbón, las comunidades requerían del acceso a los
bosques. Sin embargo, para este período, los habitantes de Suchitlán se enfrentaron
al problema de la pérdida de la propiedad comunal de los bosques y, por ende, de la
madera y otras materias primas con las que elaboraban sus artesanías. Este hecho,
aunado a la creciente deforestación de los bosques por compañías madereras como
la Colima Lumber Company, tuvo como resultado que los indígenas se vieran
obligados a pagar por el monterío o dedicarse al merodeo.425
La introducción de la silvicultura comercial a finales del siglo XIX en Colima, se
observa con la presencia de empresas madereras de capital estadounidense como la
San Jose Lumber Company, que tuvo como radio de acción la zona montañosa
inmediata a Manzanillo, al igual que la Colima Lumber Company, que actuó en el
municipio de Comala. El apogeo de estas compañías se favoreció por la abundancia
de maderas preciosas,
426
al igual que por las políticas económicas porfiristas de
apertura al capital extranjero (Fig. 20).
425 Agustín Miguel y demás signatarios al Gobernador y Comandante Militar del Estado, Suchitlán, 17 de marzo de 1916; en AHEC, Caja 897, Sección A, No. 18, Año 1916. Margarita Nettel Ross, Noticias…, 1994, p. 6. 426 Noticia estadística de la municipalidad de Comala del mes de marzo de 1877, rendida por Gabriel Valencia y José Fuentes, Comala 31 de mayo de 1877; en AHEC, Caja 402, Sección A, No. 9, Año 1877.
219
Fig. 20. Puesto de vigilancia en la zona boscosa ocupada por la
Colima Lumber Company.427
El accionar de las compañías madereras, al igual que la expansión territorial
de las haciendas, perturbó el patrón de uso de los recursos forestales de los
pobladores de la zona, pues desde la colonia los pastos y montes dotados como
bienes comunales eran de uso y explotación colectiva.428
427 Colima, cerca de principios del siglo XX, en AC-FN INAH, Fondo Estados (373749).
Fue así que se puso en
juego el enfrentamiento de dos concepciones diferentes de la propiedad; por un lado,
la del derecho al uso libre de los recursos de los montes y bosques de las
comunidades, sancionada por el derecho consuetudinario y cimentada en una
economía de subsistencia que fincaba su relación con la tierra y sus productos
solamente a partir del valor de uso que éstas le prodigaban; y, por el otro, la noción
de la propiedad privada de las compañías que explotaban los recursos forestales
428 Margarita Menegus Bornemann, “Los bienes de comunidad de los pueblos indios a fines del período colonial”, Estructuras y formas agrarias en México, del pasado al presente, Antonio Escobar y Teresa Rojas (Coords.), México, Ciesas – Secretaría de la Reforma Agraria – Universidad de Quintana Roo – SEP.CONACyT, 2001, p. 89.
220
comercialmente.429 La actividad de corte y explotación de los montes se verificaba
contratando a los indígenas y a la gente más pobre del campo, quienes recibían un
bajo jornal.430
Si se retoma la propuesta de Ramchandra Guha sobre los múltiples lenguajes
de la disidencia, estas comunidades no permanecieron impávidas ante las
prohibiciones al monterío.
431 La resistencia social en la región comalteca se
manifestó a través de acciones relativamente pacíficas, pero subrepticias, como lo
sería el merodeo, que estaba ligado a la estructura económica y social de las
poblaciones indígenas, en las que los miembros de la comunidad tomaban lo que
consideraban suyo por naturaleza contando con el apoyo de la mayoría de los
nativos. Al hacerse justicia por su propia cuenta, los integrantes de las comunidades
indígenas ponían en la práctica el discurso oculto, pues al no poder expresar
abiertamente lo que creían sus derechos, acudían a un conjunto de prácticas
clandestinas, llevadas a cabo para ejercer esos derechos.432
El problema de la explotación forestal a gran escala se continuó practicando
en los años posteriores, produciendo una gradual pero severa deforestación de los
bosques, a tal grado que en 1914 el gobierno tuvo que dictar un acuerdo para evitar
la tala inmoderada de los mismos, ante la inminente erosión y extinción de maderas
preciosas en la región.
433
Por otra parte, durante el siglo XIX se observó un retroceso en la
diversificación de las actividades económicas practicadas al interior de la comunidad,
ya que el porcentaje de jornaleros aumentó hasta un 75%, con la consiguiente
disminución en las otras actividades. El porcentaje de labradores disminuyó hasta el
429 Al respecto véase el estudio de Ramchandra Guha, “Forestry and social protest in British Kumaun, c. 1893-1921”, Subaltern Studies IV, Writings on South Asian History and Society, Ranajit Guha (Ed.), Delhi, Oxford University Press, 1985, pp. 54-100. 430 Oficio No. 37 del Secretario Interino al Secretario de Estado y del Despacho de Fomento, Colima, 9 de octubre de 1889; en AHEC, Sección A, No. 7, Año 1889. 431 Ibíd. 432 James Scott, Los dominados…, pp.24-25. Para un estudio detallado sobre el merodeo y la caza en vedado véase: Edward P. Thompson, Whigs and Hunters: The Origin of the Black Act, New York, Panteón, 1975. 433 Las disposiciones al respecto se pueden consultar en: AHEC, Caja 848, Sección A, No. 20, Año 1914.
221
9.6%, mientras que los intermediarios, como comerciantes (6%), se empezaron a
establecer en el poblado; oficios, éstos últimos, que fueron desempeñados, en su
mayoría, por los mestizos avecinados en la zona.434
Con la presión demográfica y la pérdida de la tierra, un gran número de
integrantes de la población de Suchitlán se convirtieron en peones de las haciendas
de Nogueras y San Antonio, viéndose envueltos por fuertes presiones de control
sobre la retribución laboral, pues aprovechando el exceso de mano de obra en la
zona, estas dos haciendas eran las que pagaban el jornal más bajo de todo el
municipio de Comala, incurriendo en la práctica de descontar a los peones el precio
de su ración diaria de maíz.
435 Los hacendados aseguraban y controlaban así la
mano de obra mediante el sistema de endeudamiento, a través de sus tiendas de
raya, que al menos en el caso de la hacienda de San Antonio todavía subsistía en
1914.436
Los trabajadores recibíamos un anticipo los días miércoles; la
forma como nos lo daban era a base de una especie de boletos
canjeables sólo en la tienda de la hacienda, ya que en ninguna otra
parte tenían algún valor. También acostumbraban hacérnoslo a base
de fichas de aluminio, cuyo valor aparecía cincelado en una de sus
caras. Los préstamos eran cuando mucho de un peso, y éstos eran
descontados los sábados, día de raya.
El testimonio de un trabajador de dicha hacienda confirma la existencia de
este sistema:
437
434 Listas de padres de familia de ambas escuelas de Suchitlán; en AHEC, Caja 645, Sección A, No. 23, Año 1902. 435 Andrés Valencia, Presidente Municipal de Comala, al Secretario de Gobierno y de la Comandancia Militar del Estado, Comala, 3 de noviembre de 1915; en AHEC, Caja 877, Sección A, No. 19, Año 1915. 436 Oficio Nº 95 del Tesorero General de Gobierno; en AHEC, Caja 847, Sección A, No. 20, Año 1914. Oficio del Tesorero General de Gobierno; en AHEC, Caja 851, Sección A, No.19, Año 1914. 437 María del Carmen Orozco, La Hacienda…, p. 330.
222
Los que no se convirtieron en peones asalariados de estas haciendas,
pasaron a ser medieros en las que antes habían sido sus propias tierras; los
hacendados les arrendaban pequeñas parcelas y les habilitaban lo necesario para el
cultivo, cobrándose con la mayor parte del producto cosechado.
Por otro lado, en muchas ocasiones los indígenas fueron desplazados por los
mestizos en esta fuente de trabajo, pues las haciendas los preferían como peones;438
al menos, esto es evidente para la hacienda de San Antonio, que sólo contaba con
mestizos entre sus peones acasillados, mientras que los indígenas sólo eran
contratados como jornaleros temporales (con un salario menor, el cual apenas
alcanzaba a los 30 centavos diarios), condición laboral marcada por la propia
dinámica y los giros productivos predominantes al interior de la hacienda.439
Estas limitaciones al acceso de los recursos y a las oportunidades de trabajo,
dieron origen a la tendencia de extender las redes del mercado de la fuerza de
trabajo (laboral) más allá de la región, siendo esta la época en que los indígenas
tuvieron que comenzar a emigrar temporalmente para contratarse como peones en
las haciendas costeras del sur de Colima.
440 Este fenómeno también era motivado
por el hecho de que los jornales eran más altos en la zona de Tecomán, en
comparación con los del valle central de Colima y sus alrededores, donde el jornal
diario era de 25 a 35 centavos, pagado en las haciendas arroceras del valle, contra el
salario en la zona de Tecomán, que iba de 50 centavos en las salinas, 57 centavos
en las caleras, hasta 92 centavos diarios en los plantíos de arroz.441
438 Cfr. AHEC, Registro Civil, Juzgado de Suchitlán: Año 1901, Libro 2; Año 1905, Libro 2; Año 1906, Libro 2.
Percepciones
que –pese a todo– en ambos casos, eran relativamente mejores a las que ganaban
439 Cfr. Listas de padres de familia de las escuelas de Suchitlán y de San Antonio; AHEC, Cajas 642/1902, 645/1902, 647/1903, 659/1905, de la Sección A, No, 23, así como las Cajas 688/1905 y 713/1906, de la Sección A, No. 22, al igual que las Cajas 743/1908, 761/1909, 777/1910, 782/1910, 784/1910 de la Sección A, No. 19. Oficio de Salvador Toscazo a la Comisión Nacional Agraria; en RAN, exp. 23-115. 440 Informe del Jefe de Instrucción Pública al Gobernador del Estado, Colima, 10 de marzo de 1902; en AHEC, Caja 645, Sección A, No. 23, Año 1902. Sindicato de Agricultores y Campesinos de Suchitlán al Gobernador y Comandante Militar del Estado, Suchitlán, 4 de abril de 1916; en AHEC, Caja 897, Sección A, No. 18, Año 1916. 441 PC, Tomo I, Nº 4, 15 de febrero de 1902. Informe del Presidente Municipal de Tecomán al Secretario de Gobierno, Tecomán, 23 de junio de 1903; en AHEC, Caja 653, Sección A, No. 23, Año 1903.
223
indígenas de otras regiones del país, como sería el caso de los indígenas
chiapanecos, por citar solo un caso. 442
Con todo y está situación nada boyante para los indígenas de Suchitlán,
durante los últimas dos décadas –al parecer– no se presentaron conatos de rebelión
o protestas significativas.
La falta de respuestas abiertas e inmediatas frente a la pérdida de la tierra o
las pugnas por el agua, si bien se patentiza mediante reacciones sordas de
inconformidad, se ubican más en una actitud que aminore su desventura o situación
crítica; actitud que –de acuerdo lo que afirma Scott sobre las formas ocultas de
resistencia– es marginal al no colocarse estos actores en el escenario de la
confrontación, a fin de negociar sus intereses y aspiraciones. El temor y la
impotencia, pueden ser los causantes de que no se presente una resistencia abierta,
maxime cuando las esperanzas de triunfo son remotas. La avalancha del liberalismo
con sus agudas medidas económicas, los marcos legales y la fuerza del orden
establecido, hacían más que imposible que los indígenas de la municipalidad de
Comala salvaguardaran su vida de antaño y conservaran o recuperaran sus
propiedades.
La actitud de los indígenas de Suchitlán está más relacionada con esta
reflexión: Para gente que vive al margen de la existencia física, la modernización
resulta sin duda demasiado arriesgada, sobre todo si es de presumir que, con las
instituciones sociales en vigor, los beneficios se los llevarán otros. Lo único que tiene
sentido, en estas circunstancias es adaptarse a un nivel de vida abismalmente bajo y
deducir las esperanzas al mínimo.443
442 Hacia la última década del siglo XIX, en el territorio chiapaneco se pagaban los siguientes jornales: en propiedades de la costa de Tonalá, los peones ganaban tres pesos al mes, y a la semana un almud de maíz y dos reales de carne; mientras que en Suchiapa y la Frailesca, ganaban de uno a dos pesos mensuales, más cinco almudes de maíz, medio almud de frijol, una porción de sal y permiso de caza en tierras propiedad del patrón; Antonio García de León, Resistencia y utopía. Memorial de agravios y crónica de revueltas y profecías acaecidas en la provincia de Chiapas durante los últimos quinientos años de su historia. México, Era, (Col. Problemas de México), 1998, p.170.
Esta misma situación es descrita por Barrington
Moore en otros terminos: “La gente puede soportar casi cualquier cosa, aunque hay
enormes diferencias individuales en esta capacidad. Las principales razones se
443 Barrington Moore, Los orígenes…, p. 343.
224
pueden reducir a dos: o son incapaces de concebir una forma de vida diferente, o si
se imaginan una, son incapaces de hacer nada respecto a ella”. 444
Sin embargo, cuando las circunstancias son distintas, se producen a veces
cambios dramáticos en un corto espacio de tiempo; esto es precisamente lo que
sucedió durante los años revolucionarios, lapso en que los indígenas emergieron
secundando a los constitucionalistas y levantando las banderas del agrarismo.
En el caso de los
indígenas de Suchitlán lo dominante era su imposibilidad de vislumbrar un mundo
nuevo y diferente.
Otra lectura de esta falta de acciones abiertas de parte de los indígenas puede
inscribirse en la aseveración de John Coatsworth sobre el papel más dominante al
seno de los trabajadores rurales mexicanos a lo largo del siglo XIX: Ahí donde los
trabajadores conservaban su libertad, por muy sometidos que estuvieran a la
jerarquía social, a las distinciones jurídicas de estatus o a la necesidad económica,
las relaciones (y la movilidad) patrón-cliente servían para atenuar las tensiones.445
Pero situándose en estas tierras de occidente: debido a las características del
trabajo desempeñado, los indígenas suchitlecos que incursionaban en el valle y la
costa colimense se asemejaban en algo a los llamados escoteros (también llamados
“viajeros sin equipaje” o “indios vagos”) como se denominó en Chiapas y Soconusco
a ese ejército de reserva constituido por jornaleros que emigraban con toda su familia
a los lugares de cosechas estacionales. Aunque en el caso de Colima es difícil
pensar que el salario de los “jornaleros libres” reprodujera y fortaleciera a la
comunidad indígena como sucedía en el sureste mexicano, pues en este lugar, si el
salario rebasaba los límites permitidos dentro de la comunidad, lo que se consideraba
excedente era destinado a gastos ceremoniales.
446
444 Ibíd., p. 421.
Esta dificultad emana de la
ausencia de fuentes e indicios que remitan a las fiestas y celebraciones que se
organizaban al interior de la comunidad, así que es más fácil pensar que en tierras
445 John H. Coatsworth “Patrones de rebelión rural en América Latina: México en una perspectiva comparativa”, en Friedrich Katz (compilador), Revuelta…, p. 52. 446 Al respecto véase, Ibíd., p. 119.
225
colimenses esta actividad y movilidad laboral incidiera como un elemento disgregador
de su vida comunitaria.
Como ya se mencionó, otra zona de fuerte atracción para la migración, fueron
las fincas cafetaleras de los altos de Guatemala, pues a causa de la abolición del
trabajo obligatorio de los indígenas en ese país, se perdieron alrededor de 50,000
brazos en la recolecta de ese cultivo. El cónsul mexicano en ese país, advirtió a las
autoridades colimenses del riesgo de quedarse sin mano de obra, por la fuerte
migración de colimenses que estaban siendo atraídos a Guatemala por los
enganchadores de las fincas cafetaleras, y atribuyó este fenómeno en parte a la
“...crisis monetaria de nuestro país y por las crecidas contribuciones que en los
estados mencionados (Colima, Chiapas y Guerrero) agobian al proletariado que no
encuentra trabajo bastante productivo para subvenir á sus crecidas necesidades”.447
Pero el enfrentamiento no fue nada más entre los campesinos indígenas y los
hacendados, sino también entre los indígenas y los mestizos avecinados, lo cual
ocasionó una polarización de fuerzas al interior del pueblo de Suchitlán, por la
contradicción de intereses. Muchos de estos mestizos habían comenzado a llegar a
las poblaciones de Suchitlán y Cofradía de Suchitlán desde fines del siglo XIX,
procedentes de poblados del sur de Jalisco como Sayula, Tonila, Teocuitatlán,
Pihuamo, San Gabriel, Tapalpa, entre otros; algunos llegaron como jornaleros, otros
como tenderos que convertidos en prestamistas fueron obteniendo pequeños predios
de manos de los nativos, convirtiéndose en pequeños propietarios.
448
447 Carta de Mariscal al Gobernador del Estado, México, 28 de noviembre de 1893; en AHEC, Caja sin número.
Al instalarse en
estas poblaciones, con sus propias costumbres y modos de vida, causaron la
desorganización barrial en la estructura de los poblados, que no nada más tenía que
ver con la distribución de las unidades domésticas, sino con toda la organización de
la vida social y religiosa.
448 AHEC, Registro Civil, Libros del Juzgado de Suchitlán, Ibíd. Oficio del Presidente de la Comisión Local Agraria al Secretario General de la Comisión Nacional Agraria, Colima, 4 de junio de 1917; en AHEC, Caja 887, Sección A, No. 19, Año 1916.
226
Algunos de estos mestizos crearon una serie de relaciones tradicionales con
los terratenientes, como el compadrazgo y el clientelismo, a través de los cuales se
beneficiaban, ya que en muchos casos fueron impuestos en el ejercicio de cargos
públicos, donde podían cometer todo tipo de abusos, al no estar compenetrados con
la comunidad a la que llegaban. Esto no implica que no establecieran lazos
amistosos y hasta sentimentales con algunos indígenas, pero sin modificarse sus
vínculos con el grueso de los pobladores, ya que, por lo general, en situaciones
coyunturales, quienes intimaban con estos mestizos eran marginados por la mayoría
de los integrantes de su comunidad.
Esta conducta puede ser entendida a partir de una de las características que
define el descontento y la insurgencia en el medio rural; dicha característica es
referida por Ranajit Guha como “territorialidad” e implica la pertenencia a una
comunidad ubicada en un territorio específico. Estos aspectos ocasionaban que la
resistencia y los levantamientos fueran muy localizados y que, generalmente, se
percibiera al enemigo como a un intruso dentro del especio social (étnico en el caso
de Suchitlán) y físico. 449
Por los nexos que estos mestizos establecieron con los principales
hacendados y el poder público, el descontento fue aumentando y, para mediados de
la segunda década del siglo XX, se encuentran numerosas quejas y peticiones de los
indígenas respecto a nombrar autoridades de su propia raza.
450
Por citar sólo algunos ejemplos, Atanasio Ceja, a pesar de estar avecinado en
la población de Suchitlán, fungió como comisario municipal y jefe de acordada de
Cofradía de Suchitlán, al igual que estuvo postulado para este último cargo en la
hacienda de San Antonio.
451
449 Cfr. Ranajit Guha, Elementary aspects… Véase también Barrington Moore, Los orígenes…, p. 28.
También destaca el caso de Próspero Martínez, que fue
450 Los vecinos de Cofradía de Suchitlán al Gobernador del Estado, Cofradía de Suchitlán, 20 de octubre de 1912; en AHEC, Caja 811, Sección A, No. 20, Año 1902. Claro Guzmán y demás signatarios al Gobernador y Comandante Militar del Estado, Cofradía de Suchitlán, 26 de junio de 1916; en AHEC, Caja 833, Sección A, No. 20, Año 1913. Vecinos del poblado de Zacualpan al Gobernador del Estado, Zacualpan, 16 de junio de 1914; en AHEC, Caja 852, Sección A, No. 19, Año 1914. El Popular (en adelante EP), 3ª Época, año 1914, Nº 44. 451 Véase nombramientos oficiales en: AHEC, Caja 488, Sección A, No. 8, Año 1889; Caja 527, Sección A, No. 7, Año 1892.
227
comisario municipal de Cofradía en repetidas ocasiones, de quien los indígenas
frecuentemente pidieron su expulsión de la comunidad.452
Este fenómeno coincide con la queja que los indígenas interpusieron a las
autoridades municipales, acerca del hecho de que los comisarios municipales del
pueblo obligaban a desocupar los terrenos que los naturales tenían dentro del fundo
legal, con el objeto de utilizarlo como agostadero para su ganado.
453
Este problema no fue rápidamente solucionado pues, lógicamente, algunos de
los mestizos avecinados se opusieron a ello y las autoridades retrasaron el trámite.
Finalmente, el gobernador dio una respuesta positiva y el fundo legal fue dividido en
16 manzanas a repartir entre los naturales; estas fueron bardeadas y el poblado
quedó prácticamente rodeado por las propiedades de la hacienda de San Antonio
(Fig. 21).
Por estos
motivos, los indígenas de la Cofradía de Suchitlán, solicitaron elegir a sus propios
representantes legales entre los nativos y tramitaron, ante las autoridades
municipales de Comala, la división del fundo legal y su adjudicación, para de esta
manera evitar los abusos de los avecinados.
452 Véase nombramientos oficiales en: AHEC, Caja 481, Sección A, No. 8, Año 1886; Caja 521, Sección A, No. 7, Año 1891. 453 Alfonso González, Presidente Municipal de Comala, al Secretario de Gobierno, Comala, 5 de marzo de 1906; AHEC, Caja 717, Sección A, No. 22, Año 1916.
228
Fig. 21. Propuesta de división del fundo legal de Cofradía de Suchitlán. 454
Con esta medida se buscaba profundizar el proceso de integrar al mercado las
tierras y la economía campesina indígena, la cual fincada en la propiedad individual
454 En el plano del poblado se puede observar la distribución de las manzanas y la barda que confinaba al poblado. Los arroyos de El Mamey y El Limoncito, que lo cruzaban, fueron prácticamente las únicas fuentes de agua para el poblado, cuando estos no eran represados aguas arriba, ya que la represa al noreste del fundo era propiedad de San Antonio; AHEC, Caja 717, Sección A, No. 22, Año 1916 (Facsímil de Gabriela Ulloa).
229
pasara a conectarse a lógicas productivas que rebasaran las necesidades del
consumo doméstico y local para conectarse con ámbitos regionales e incluso
mercados de exportación. Es decir, se buscó que las tierras que por décadas e,
incluso, siglos dejaran de estar regidas por una dinámica parecida a lo que Manning
Nash define como un sistema cuasitribal, entendido este como una economía que se
ocupa sobretodo de satisfacer demandas locales y de subsistencia, mezclada con
labores artesanales para uso doméstico, dominando una explotación no
especializada ni intensiva de la tierra.455
Por todo esto, en el territorio colimense se volvió escasa la presencia de
comunidades indígenas, en donde persistiera la vida tradicional consistente en el
trabajo de autosubsistencia, el relativismo igualitario, las lealtades familiares y
comunitarias y las débiles jerarquías internas, las cuales no desaparecieron, pero se
reubicaron en contextos que generaron alteraciones en los ritmos de vida de varias
de las tradicionales comunidades indígenas de la entidad, debido a que las nuevas
formas de organizar la vida económica y territorial generaron pautas diferentes en las
que se imbuyó el mundo indígena.
Sin embargo, las familias y comunidades rurales no constituyen solamente
una unidad de producción, es decir, no únicamente se mueven por los rasgos que
configuran su economía y vida material, ya que también son “…una unidad de
consumo, propiedad, residencia y descendencia. Es multíplice tanto en términos de
sus funciones como en términos de su composición”;456
donde intervienen redes
familiares, de matrimonio, expresiones rituales, hábitos, costumbres, en fin, normas
de una cultura compartida, pero que –incluso– no está exenta de desigualdades y
conflictos en su interior. Sobre esto, versan los dos apartados que siguen.
455 Al respecto véase, Manning Nash “El mercado y las economías campesinas indígenas”, Campesinos, y sociedades campesinas, Teodor Shanin (Selección), México, FCE, (Colección Lecturas, Nº 29), 1979, pp. 145 y 146. 456 Meter Worsley, “Economías…”, p. 170.
230
2.- OTROS RASGOS DE LA VIDA EN COMALA: DESPOJO, EDUCACIÓN Y JUSTIFICACIÓN POSITIVISTA
Los avances de las grandes haciendas sobre las tierras indígenas, en el norte
del municipio de Comala, fueron un fenómeno constante a lo largo del porfiriato,
siendo justificado por la doctrina del positivismo mexicano. Esta filosofía fue la
expresión de la oligarquía nacional y regional, la cual adecuó el positivismo al
servicio de sus propios intereses, dejando de lado su origen comtiano, para virar
hacia las doctrinas inglesas, conocidas como darwinismo social o spencerianismo.457
Al defender la propiedad individual a toda costa, desde las leyes liberales
hasta el positivismo científico, se crearon una serie de tensiones entre los grupos
poderosos, en los que se incluían los terratenientes, y los indígenas, que
sustentaban su existencia en la propiedad comunal. Al defender la propiedad
individual, sin importar la forma en que estas haciendas la obtuvieron, se justificó
todo tipo de arbitrariedad y despojo en contra de los grupos nativos, que no contaban
con el apoyo del aparato gubernamental. En este sentido, el positivismo spenceriano,
con sus propuestas de “progreso”, fue una herramienta útil en la conservación del
status quo en el agro colimense.
En esta última línea, siempre se entendió el progreso como un proceso evolutivo
unilineal, en el cual la lucha entre los diferentes grupos daría lugar a la supervivencia
del más apto, es decir, del más rico, del poderoso o, lo que es igual, del grupo
oligárquico que en Colima controlaba la política estatal.
Al identificar a la propiedad privada con el progreso, se calificó a los indígenas
de atrasados, catalogados como seres inferiores y aún en un estado de plena
degeneración, al no entender las razones por las cuales se encontraban en el estado
que ellos mismos se hallaban. Este es un aspecto que es fácilmente observable en el
discurso de algunos integrantes del cuerpo educativo de Colima, durante la primera
década de este siglo. Así, no es raro encontrar descripciones y referencias, como la 457 Marvin Harris, El desarrollo de la teoría antropológica, Una historia de la teoría de la cultura, España, Siglo XXI, 1982, Capítulo 4. Leopoldo Zea, El positivismo en México: nacimiento, apogeo y decadencia, México, FCE, 1984, pp.294-297.
231
hecha por el jefe de instrucción pública de Colima, Victoriano Guzmán, al hablar de
los nativos de Zacualpan:
…(el maestro) mata en vez de vigorizar el espíritu de la raza a
quien esta obligado a vivificar. Con maestros de semejantes alcances
intelectuales jamás se regenerará la raza indígena, al contrario serán
el elemento más poderoso para perpetrar su degeneración. Creó que
para despertar esa raza de su abatimiento, hay que ponerla en manos
de maestros idóneos. De otra manera jamás se realizarán las altas
miras del gobierno, ni se resolverá el gran problema, de traer a los
naturales a la dicha civilizada.458
Es mediante argumentos de este tipo que el Estado, a través de la instrucción
pública, se adjudicó seriamente la tarea de “redimir” a los indígenas incivilizados,
hasta integrarlos en el camino general del progreso que la nación y, en el caso
particular, Colima, habían tomado. Esta integración forzosa iba desde lo exterior,
para lo cual se tenía que cambiar su apariencia, ocultarlo, evitar que se acercara a
los extranjeros, considerados como la fuente misma del progreso, hasta los aspectos
más internos, como su lengua y su cultura, los cuales sólo podrían ser moldeados y
transformados paulatinamente con la herramienta primordial de la educación.
459
458 Informe del Jefe de Instrucción Pública del Gobierno del Estado para remover al encargado de la escuela, al Secretario de Gobierno, Colima, 10 de marzo de 1902; en AHEC, Caja 645, Sección A, No. 23, Año 1902.
De
esta manera el Estado, al controlar la educación, se abrogó el derecho de controlar el
medio básico que toda agrupación humana tiene para transmitir su cultura.
459 Obsérvese lo citado en el capítulo anterior, respecto a la prohibición de usar calzón de manta en los principales centros urbanos del Estado; así mismo, congruente con estas acciones, se encuentra el hecho de prohibir que los indígenas se dirigieran a los extranjeros o los mirasen directamente. También es esclarecedor el hecho de que, a pesar de existir poblaciones indígenas en la región, en los censos se niegue la existencia de lenguas nativas que, aunque en número muy limitado, actualmente se siguen hablando en la zona.
232
En todos los grupos humanos, un factor importante en la transmisión cultural,
es la lengua y la interacción social que se da al interior del grupo mismo. Muchas de
las respuestas culturales están en relación a las necesidades primordiales del grupo,
siendo este el contexto que determina la producción y la transmisión de los
conocimientos.460
Cada cultura o grupo indígena ha tenido su propio sistema de endoculturación,
en el cual se consideran las diferentes etapas de crecimiento.
Este proceso de socialización o transmisión de los conocimientos
de una generación a otra, se lleva a cabo durante la infancia, período en el cual los
patrones culturales tienen su más amplia repercusión. Dicho proceso, al tratarse de
grupos étnicos, es conocido con el nombre de endoculturación o culturalización.
461 El objetivo
primordial de este proceso de transmisión en todas las sociedades, es el de lograr
que los futuros adultos se desenvuelvan eficientemente, en el entorno natural y
cultural en el que se desempeñen. La dinámica de transmisión cultural de los grupos
indígenas, que mantenían una forma de vida tradicional, vinculaba fuertemente la
experiencia infantil con la agricultura de subsistencia, fuente básica de la economía
nativa.462
Las tareas que se imponían a los niños estaban de acuerdo a su edad y
destreza. Los niños pequeños podían participar en el cuidado y recolección de la
fruta de los huertos familiares, en el proceso de desgrane del maíz, o en la
recolección y limpieza de la chía gorda; las niñas seguramente participaron en las
tareas domésticas propias de la casa.
Es probable que las actividades propias del ciclo agrícola jugaran un papel
importante en el desarrollo cognoscitivo de los niños de estas comunidades, a través
de su participación en diferentes tareas. Es así como el conocimiento del niño se iba
moldeando en la vida cotidiana.
En este período de la primera infancia, la educación generalmente se
realizaba a un nivel familiar, es decir, al interior del grupo doméstico, que la mayoría 460 Iñigo Aguilar, El problema de la educación indígena, el estado de Oaxaca, México, INAH, 1991, Tomo I, p. 9. 461 Serena Nanda, Antropología Cultural. Adaptaciones socioculturales, México, Wadsworth Internacional Iberoamericana, 1984, p. 99. 462 E. Sorenson, K. Müler y N. Vaczek, “El contexto de la culturalización huichol: informe preliminar”, en Anguiano y Furst (Eds.), La endoculturación entre los huicholes, México, INI, 1987, p. 65.
233
de las veces estuvo compuesto por una familia extensa. Es al interior de este grupo
doméstico donde el niño participaba de todos los usos y costumbres de la vida
cotidiana. Conforme el niño crecía, se integraba en mayor medida a las labores
agrícolas y su radio de acción se iba ampliando con un mayor alcance territorial. Los
niños podían acompañar al padre a cortar leña para hacer carbón, al monte para la
caza de animales y al campo para el cultivo.
Además, el proceso de endoculturación rebasaba el nivel familiar, para
situarse en uno más amplio: el nivel comunitario. Al niño se le permitía participar en
los rituales y eventos religiosos propios de la comunidad. Este aspecto es posible
observarlo actualmente en el poblado de Suchitlán, donde al niño se le incluye y
enseña a participar en las danzas tradicionales del ciclo cristiano, que refuerzan la
solidaridad del grupo.
Hasta finales del siglo XIX en que se fundaron escuelas oficiales en Suchitlán,
las comunidades indígenas de esta región, no contaban con una institución formal
propia, que se encargara del proceso de transmisión cultural. Con la llegada de las
escuelas oficiales y su obligatoriedad, el Estado impuso un nuevo proceso educativo,
que no tomó en consideración las formas tradicionales de aprendizaje indígena.
La ausencia de escuelas en las comunidades indígenas del norte de Colima
no era un caso generalizado en la zona; desde 1868 había una escuela para niños
en la cabecera de la municipalidad de Comala;463 población que una década
después contaba con otra escuela para niñas. Ambas escuelas municipales eran
pagadas por el fondo de instrucción pública del Estado. Por lo que respecta a las
haciendas de la zona, si bien el decreto 154 del congreso del estado, con fecha de 2
de noviembre de 1873, ordenaba que debería haber escuelas de ambos sexos
pagadas por los hacendados, para 1877 seguían sin concretarse.464
463 Memoria del Estado que Guarda la Administración Pública, por Ramón R. de la Vega, Colima, 30 de diciembre de 1868; en AHEC, Caja 490, Sección A, No. 8, Año 1887/88.
464 Noticia estadística de la municipalidad de Comala del mes de marzo de 1877, rendida por Gabriel Valencia y José Flores, Comala, 31 de mayo de 1877; en AHEC, Caja 402, Sección A, No. 9, Año 1877.
234
En algunos poblados, las escuelas inicialmente fueron mixtas, aspecto que se
contraponía a la concepción educativa indígena, en que la socialización estaba
fuertemente vinculada con el sexo del individuo, y se lograba con la participación de
los niños en las actividades propias de su género. La escuela de niñas de Suchitlán
fue creada en 1883, con una preceptora que se encargó de cubrir todas las
funciones, desde ser la directora hasta conducir la enseñanza de los diversos
grados.465 Sin embargo, este es un caso particular, ya que transcurría el año de 1902
y los indígenas de Zacualpan insistían continuamente en la creación de una escuela
para niñas, con actividades propias para su formación.466
Ante el cambio tan drástico e impositivo en la obligatoriedad de la educación
oficial, no es raro que los padres de familia se mostraran renuentes a enviar sus hijos
a la escuela, ni el que estos últimos frecuentemente escaparan de clase. La
asistencia infantil a las escuelas rurales siempre fue baja, como lo expresaba en
1898 el profesor Cresencio Chávez, director de la escuela de niños en Suchitlán,
quien se quejaba de la escasez de la concurrencia.
467 Un año después la situación
no había cambiado, pues las familias seguían resistiéndose a enviar sus hijos a las
aulas, a pesar de que los directores de ambas escuelas salían todos los días a
recorrer casa por casa e intimidar a los padres, pero sus esfuerzos fueron en vano,
pues dicha situación se prolongó por varios años.468
Las autoridades estatales y federales, enfrascadas como estaban en integrar a
las comunidades indígenas al progreso y, por ende, a la vida nacional, no tomaron en
consideración cuales fueron las causas del marcado ausentismo y, por el contrario,
tomaron medidas represivas al respecto. La Ley de Instrucción Primaria, vigente a
finales del siglo pasado, en sus artículos 8 y 18, marcaba como una de las
465 EC, Tomo XVIII, No. 8, 22 de febrero de 1884, p. 30. 466 Informe del Jefe de Instrucción Pública al Gobierno del Estado, Colima, 10 de marzo de 1902; en AHEC, Caja 645, Sección A, No. 23, Año 1902. 467 Oficio de Cresencio Chávez al Secretario de Gobierno, Suchitlán, 15 de noviembre de 1898; en AHEC, Caja 582, Sección A, No. 24, Año 1898. 468 Solicitud de Susana Farías y Sebastián Gutiérrez al Gobernador del Estado, Suchitlán, 22 de enero de 1889; en AHEC, Caja 503, Sección A, No. 7, Año 1889. Oficio de Sebastián Gutiérrez al Gobernador del Estado, Suchitlán, 8 de septiembre de 1892; en AHEC, Caja 526, Sección A, No. 7 Año 1892.
235
obligaciones del comisario municipal, el vigilar la asistencia de los niños a las
escuelas. Aún así, en Suchitlán muchos lograban escapar al sometimiento,469 a
pesar de las multas que dicha ley contemplaba como castigo para los padres
morosos.470
La baja asistencia a clases fue un fenómeno que se observó a todo lo largo de
la primera década de este siglo. En 1902, el padrón de niños en edad escolar (entre
6 y 13 años) en Suchitlán, ascendió a 73 niños y 74 niñas; sin embargo, la escuela
de niñas sólo tenía 60 alumnas matriculadas, con un promedio de asistencia mensual
de 38 niñas; mientras que en la escuela de niños se reportaba un número igual de
alumnos matriculados, y una asistencia media mensual de 25 niños.
471
Dos años después, en 1904, la situación no había cambiado, pues en
Suchitlán, aunque la matrícula aumentó a 68 alumnas, la asistencia total fue de 62.
En Zacualpan, donde la escuela contaba con 61 niños, la asistencia total anual fue
de 50, siendo llamativo el hecho de que en ninguna de estas dos escuelas hubo
alumnos que concluyeran el período de enseñanza.
472
La creciente inasistencia del alumnado fue una constante preocupación, tanto
de los maestros como del gobierno, siendo motivo para su legislación, pues con la
nueva Ley de Instrucción Primaria del Estado, decretada en 1902, por el gobierno de
En lo que se refiere a las
ausencias, éstas se justificaban alegando enfermedad y en contadas veces se aludía
a razones de trabajo; esa última razón era la más justificable debido a que la fuerza
laboral de la niñez formaba parte de la dinámica de las labores que se
instrumentaban al interior de las comunidades indígenas.
469 Oficio de Cresencio Chávez y Susana Farías, Directores de las escuelas de Suchitlán, al Secretario de Gobierno, Suchitlán, 27 de septiembre de 1898; en AHEC, Caja 582, Sección A, No. 24, Año 1898. 470 Oficio del Secretario de Gobierno al Comisario municipal de Suchitlán, Colima, 12 de septiembre de 1892; en AHEC, Caja 526, Sección A., No. 7, Año 1892. 471 La Comisaría Municipal de Suchitlán informa al Secretario de Gobierno, Suchitlán, a 28 de febrero de 1902; en AHEC, Caja 645, Sección A, No. 23, Año 1902.Instrucción Pública, Expediente 190, 16 de enero de 1902. El ministerio de Fomento pide datos sobre instrucción primaria, secundaria y profesional, correspondiente al año de 1901, para publicarlos en el “Anuario – 1901”; en AHEC, Caja 645, Sección A, No. 23, Año 1902. 472 Instrucción Pública, Expediente 153. El Ministerio de Fomento pide datos sobre instrucción primaria, secundaria y profesional, para publicarlos en el “Anuario – 1903”; en AHEC, Caja 674, Sección A, No. 23, Año 1904.
236
Enrique O. de la Madrid, se trató de involucrar a la sociedad a que participara en la
vigilancia de la educación. El artículo 19 implicaba a los jefes de manzana a cuidar
que los niños de su jurisdicción asistieran a la escuela, para lo cual tenían que llevar
un control formal y levantar un padrón escolar cada año. Igualmente, la autoridad
política de cada lugar, debía cumplir con el artículo 44 del Reglamento de Policía,
relativo a la vagancia de niños. Este tema fue el punto focal de las conferencias
pedagógicas del verano de 1904, en las que se siguió insistiendo en la observancia
de dichos reglamentos.473
Sin embargo, la participación de los niños indígenas en las labores agrícolas,
no sólo formó parte de su educación tradicional, sino que también constituyó una
parte importante de la fuerza de trabajo que la unidad doméstica invertía para lograr
su subsistencia. Por un lado, este hecho marcaba fuertemente la inasistencia y, por
el otro, él que prácticamente no hubiera alumnos mayores de doce años, es decir,
aquellos cuya edad les permitía participar en el proceso productivo. En este sentido,
no es raro observar que, aún después de caído el porfiriato, la fuerza de trabajo
temporal de la hacienda de Nogueras estuviera constituida en un 12.5 por ciento de
niños.
474
A pesar de todos los afanes del gobierno para obligar a los niños indígenas a
asistir a clases, ante una realidad tan patente, no tuvo otro remedio que ceder en
este aspecto e implementar el sistema de horario de medio tiempo. Este sistema
consistía en que los alumnos más adelantados asistían por la mañana y los más
atrasados por la tarde, dejando el medio día para que los niños ayudaran a sus
padres en las labores del campo.
475
En medio de todos estos avatares, en términos generales, la niñez indígena
no mostró siglas alarmantes en cuanto a concurrencia y aprovechamiento escolar.
473 Instrucción Pública, Expediente 1760. Conferencias Pedagógicas celebradas en los días 25 y 26 de agosto de 1904. Lo económico de las escuelas y exámenes de fin de año; en AHEC, Caja 674, Sección A, No. 23, Año 1904. 474 Circular del Subprefecto Político, Tomás Salazar, al Secretario de Gobierno, Villa de Álvarez, 29 de mayo de 1913; en AHEC, Caja 819, Sección A, No. 20, Años 1912-1914. 475 El Secretario de Gobierno al Comisario municipal de Zacualpan, Colima, 26 de febrero de 1897; en AHEC, Caja 570, Sección A, No. 24, Año 1897.
237
Por ejemplo, los reportes oficiales sobre los alumnos de Suchitlán, señalan que al
concluir el ciclo escolar en 1903, de las 44 niñas matriculadas en el primer año, 36
tuvieron que volver a repetir el año; mientras que de las 9 niñas del segundo grado,
sólo 5 pasaron al grado inmediato superior. Para 1906, de 44 alumnas, 14 no
lograron calificación aprobatoria. Un año más tarde de los 58 niños registrado como
alumnos, 32 resultaron con calificación positiva. Vale decir que este fenómeno se
propaló hacia la vecina escuela de San Antonio, frecuentada por niños mestizos,
hijos de los peones y empleados del hacendado Arnoldo Vogel; al término del año
escolar de 1907, de 29 niños registrados, la asistencia regular se redujo a 19, de los
que aprobaron 11; algo similar pasaba con las niñas, de las 42 inscritas, la asistencia
disminuyó a 29 y solo 19 pudieron aprobar su grado escolar respectivo. Así que lo
ocurrido en Suchitlán no era un rayo en cielo despejado.
A pesar de todo esto, la iniciativa oficial era clara: el Estado buscó, a través de
la educación obligatoria, integrar a todos los grupos étnicos a la nación, como ya fue
referido con anterioridad. Esta situación se debió a la concepción positivista que se
tenía sobre el progreso, el cual no se podría alcanzar con una nación plural. Por otro
lado, al unificar a los diversos grupos indígenas, se lograría un mejor sometimiento y
dominación de los mismos.
La unificación de los diversos grupos nativos que componían la región, sólo
sería posible a través del uso de una lengua común ya que, como se mencionó, la
lengua es un elemento básico en la dinámica de endoculturación. Es por esta razón
que, a pesar de existir hablantes de nahua en las poblaciones de Suchitlán, y
Cofradía de Suchitlán, no se instrumentó ningún programa educativo que
contemplara el bilingüismo. Antes bien, se insistió continuamente en la uniformidad
de la enseñanza, para lo cual se trató el punto en varias conferencias pedagógicas,
en las que se aprobaban los libros de texto a utilizar, los métodos de enseñanza, los
temas y las fechas para los exámenes.476
476 Instrucción Pública, Expediente 26. Conferencias Pedagógicas celebradas el 29 de agosto de 1902. Reconocimientos y exámenes de las Escuelas Oficiales; en AHEC, Caja 645, Sección A, No. 23, Año 1902.
238
La importancia de la enseñanza del lenguaje fue un tema de amplio debate,
desde 1902 a 1905, pues siempre se recalcó el valor de la materia del español como
lengua nacional, optando por uniformizar su aprendizaje en las escuelas rurales, con
el método simultáneo de lectura y escritura de Claudio Matte.477
Cualquier crisis económica que repercutiera a la comunidad indígena,
afectaba todos los aspectos de la vida social de este grupo; de hecho, los naturales
de Suchitlán constituyeron uno de los sectores más pobres del estado, aspecto que
se agravó con la infiltración mestiza a la comunidad, que conllevó una baja en el nivel
de vida de los indígenas. La continua migración hacia la costa en busca de fuentes
de trabajo, incluyó a todos los miembros del grupo doméstico, colaborando a la baja
proporción de niños indígenas inscritos en las escuelas de este poblado.
La carencia de un
programa de enseñanza bilingüe, la impartición de materias alejadas de la realidad
vivida por los indígenas, al igual que la difícil situación económica, fueron factores
que influyeron en la baja matrícula de niños nativos en las escuelas de Suchitlán,
durante la primera década de este siglo. El porcentaje promedio de niños, durante
este período, fue de 27.01%, mientras que el de niñas fue de 27.58%. Esta media
muestra un drástico declive en el año de 1908, lo cual puede ser explicado como
resultado de una baja en el nivel de vida de la población del municipio de Comala, ya
que también se observó un descenso en los matrimonios contraídos por estas
fechas.
478 Los
directores de ambas escuelas constantemente se dirigieron al gobierno para solicitar
útiles, pues la condición de pobreza de algunos de sus educandos era apremiante.479
A pesar de la pobreza de los indígenas, la mayoría de sus reclamos por la
tierra y por una vida digna, fueron considerados como primitivos, así como
incipientes manifestaciones de comunismo que pudieran transformar el orden de
477 Instrucción Pública, Expediente 242. Conferencias Pedagógicas celebradas el 28 de febrero de 1902. Libros de texto y consulta; en AHEC, Caja 716, Sección A, No. 22, Año 1902. Conferencias Pedagógicas celebradas el 28 de agosto de 1905. Libros de texto y consulta; en AHEC, Caja 798, Sección A, No. 20, Año 1905. 478 Informe del Jefe de Instrucción Pública al Gobierno del Estado, Colima, 10 de marzo de 1902; en AHEC, Caja 645, Sección A, No. 23, Año 1902. 479 Cresencio Chávez al Secretario de Gobierno, Suchitlán, 20 de septiembre de 1898; en AHEC, Caja 582, Sección A, No. 24, Año 1898. Cresencio Chávez al Secretario de Gobierno, Suchitlán, 15 de octubre de 1902; en AHEC, Caja 645, Sección A, No. 23, Año 1902.
239
progreso establecido.480 Es por esto que, si bien se hizo un marcado hincapié en la
educación como herramienta para controlar a estos grupos, esta propuesta también
causó reacciones encontradas, pues había quien creía que sería peligroso, ya que
una vez que los “indios” tuvieran acceso a la enseñanza, por su carácter
desagradecido y orgulloso pudieran rebelarse.481
Para evitar que la enseñanza fuera a inspirar cualquier intento de rebelión, los
programas y los libros de texto fueron revisados minuciosamente; ningún libro fue
aceptado sin la previa censura de un comité de maestros reunidos para tal fin. Uno
de los maestros encargados de tal cometido, se expresaba en los términos siguiente:
…nos referimos á los inconvenientes que puede tener no
solamente en su constitución metodológica, sino también conforme á
su doctrina. El socialismo, el anarquismo, etc., avanzan triunfalmente y
nuestro deber es aprestarnos á la lucha para estorbarles aunque sea
momentáneamente su vertiginosa marcha. Nuestra misión es defender
al niño de todos estos azotes modernos que flagelan á la sociedad y
entregarlo á la patria robusto del cuerpo y sano del alma. Las
doctrinas corrosivas comienzan a penetrar sigilosamente hasta la
escuela primaria (...) con gérmenes disolventes, ideas cásticas o
doctrinas subversivas.482
Por otro lado, si la educación fue obligatoria, no fue igualitaria en todos sus
aspectos. Las escuelas urbanas fueron las más favorecidas, reservando un segundo
lugar para las escuelas rurales; la mayoría de éstas no poseían el material
480 Leopoldo Zea, Positivismo…, 1984, p.294. 481 Luis González y González, El indio en la era liberal, México, Clío – El Colegio de México, 1996, p. 324. 482 J. Cruz Campos al Secretario de Gobierno. Dictamen de las Conferencias Pedagógicas celebradas el 27 y 28 de agosto; en AHEC, Caja 765, Sección A, No. 21, Año 1909.
240
indispensable ni contaban con las condiciones higiénicas y de seguridad más
básicas.
Si bien la escuela de niñas de Suchitlán recibía la renta de una casa que
fungía como local para las clases,483 la escuela de niños no corrió con la misma
suerte, pues para 1889 no se tenía un local para dicho establecimiento, por estar la
casa que le correspondía totalmente inhabitable.484 Esta situación empeoró para
1892, cuando los dos directores tuvieron que compartir el mismo recinto, a falta de
mejores espacios, teniendo que vivir el director con todo y su familia en la sala del
inmueble.485 Tres años después, el local de la escuela de niños continuaba en
reparación por falta de fondos para concluirla.486 Cuando se tuvo el local, ni con
inodoro contó, y si en 1898 se tomó la decisión de construir uno, fue a causa de que
las autoridades locales mandaron cortar los árboles y plantas de la plaza, utilizados
como baño por los niños.487
El presupuesto estatal dedicado a la educación fue realmente alto, pues en
1910 representó el 23.43% del total de ingresos estatales; sin embargo, de esta
cantidad sólo se dedicó a la enseñanza rural el 12.6%, siendo dividido entre todos los
poblados de Colima.
488
483 Orden de pago, Colima, 9 de noviembre de 1886; en AHEC, Caja 481, Sección A, No. 8, Año 1886.
Dentro de la jerarquización al interior de la Dirección de
Instrucción Pública del Estado, los directores y maestros rurales tuvieron la categoría
más baja, sus salarios fueron mucho menores y esto motivo una gran movilidad e
inestabilidad en las escuelas. Además de estar mal pagados, con frecuencia tenían
484 Solicitud de Susana Farías y Sebastián Gutiérrez al Gobernador del Estado, Suchitlán, 22 de enero de 1889; en AHEC, Caja 503, Sección A, No. 7, Año 1889. Oficio del Secretario Interino al Comisario municipal de Suchitlán, Colima, 5 de agosto de 1889; en AHEC, Caja 502, Sección A, No. 7, Año 1889. 485 Oficio de Sebastián Gutiérrez al Gobernador del Estado, Colima, 12 de septiembre de 1891; Oficio de Sebastián Gutiérrez al Gobernador del Estado, Suchitlán, 3 de octubre de 1891; ambos documentos en AHEC, Caja 522, Sección A, No. 7, Año 1891. Oficio de Sebastián Gutiérrez al Gobernador del Estado, Suchitlán, 8 de septiembre de 1892; en AHEC, Caja 526, Sección A, No.7, Año 1892. 486 Oficio de Juan de la Cruz al Gobernador del Estado, Suchitlán, 26 de mayo de 1894; en AHEC, Caja 544, Sección A, No. 7, Año 1894. 487 Cresencio Chávez al Secretario de Gobierno, Suchitlán, 7 de diciembre de 1898; en AHEC, Caja 582, Sección A, No. 24, Año1898. 488 Oficio Nº 24 del Gobernador a los Secretarios de la H. Legislatura del Estado. Proyecto de Ley, Colima, 21 de mayo de 1910; en AHEC, Caja 777, Sección A, No. 21, Año 1910.
241
que atender un mayor número de grupos, pues un solo profesor cumplía con el cargo
de director de la escuela y maestro de los niveles o grupos que tuviera.
Si bien Enrique O. de la Madrid dio una nueva reforma a la educación, al
modificar los artículos 37 a 41 de la Ley de Instrucción Pública del Estado en 1902, y
estableció el sistema de un solo profesor para cada grado; estas modificaciones en la
política educativa no se reflejaron en las comunidades indígenas.489
Si Suchitlán contaba con dos escuelas, posiblemente se debía al alto
porcentaje de población mestiza que ahí habitaba, ya que a Cofradía de Suchitlán
sólo se le dotó de una escuela mixta hasta 1910; antes de esa fecha los niños que
podían estudiar tenían que recorrer a pie la distancia entre los dos pueblos, para
asistir a las escuelas de Suchitlán.
En Suchitlán,
para 1910, tanto Cresencio Chávez como Susana Farías, seguían dirigiendo las
escuelas e impartiendo los cursos a todos los grados.
Por su parte, Zacualpan sólo contaba, desde finales del siglo XIX, con una
escuela mixta, a pesar de tener una mayor población que Suchitlán. Este hecho
puede confirmar la menor importancia otorgada a la educación indígena, pues
Zacualpan estaba compuesto únicamente de pobladores indígenas, mientras que en
Suchitlán existió un alto porcentaje de habitantes mestizos (poco más del 50%).
Concordando con lo anteriormente expuesto, es importante observar como el
positivismo, la ideología imperante de la época y de la oligarquía en el poder, tiñó
todos los aspectos de la vida económica y cultural colimense. Esto hizo que en el
ámbito educativo, el Estado, mediante la obligatoriedad de la enseñanza, buscara
integrar a todos los grupos étnicos a la nación y al llamado mundo civilizado,
pregonado por el porfirismo.
Esta situación se debió a la concepción positivista que se tenía sobre el
progreso, el cual no se podría lograr con una nación plural. Por otro lado, al unificar a
los grupos indígenas, se buscaba formarlos como ciudadanos e individuos
integrantes de una sociedad u espacio civilizatorio homogenizado en torno a valores 489 Decreto Nº 68 del Gobernador del Estado, Colima, 1902; en AHEC, Caja 645, Sección A, No. 23, Año 1902. Blanca Gutiérrez y Héctor P. Ochoa, Caras…, 1995, p. 30.
242
genéricos (individuo, progreso, nación), no se deparó en que los padres de familia y
los niños indígenas de Colima, concentrados principalmente en la municipalidad de
Comala, se movían bajo pautas de una sociedad tradicional que se identificaba y
actuaba como un actor colectivo y que chocaba con las intenciones de una élite
modernizadora que propugnaban postulados liberales que condujeran a que el
individuo actuara como ciudadano. En este proceso la educación jugaría un papel
primordial, pero se dejo de lado el hecho de que los indígenas colimenses se movían
en un “mundo” distinto. En este propósito, pese a que la presencia educativa de este
tipo tenía fuerte presencia en Suchitlán, al término de la primera década del siglo XX,
los resultados eran pobres.
En este tenor se movía la educación en los pueblos indígenas de la zona,
cuando ocurrió la súbita llegada de la revolución a Colima y el posterior ascenso de
J. Trinidad Alamillo al cargo de gobernador de la entidad.
Con este arribo, nuevas preocupaciones educativas se suscitaron, sobretodo
en materia de educación rural, preocupación reiterada durante el corto mandato de
Alamillo. Más específicamente, lanzó iniciativas en asuntos de instrucción indígena.
Para el mandatario, los adelantos en materia tecnológica (ferrocarriles, electricidad,
entre otros) no eran suficientes para que se redimiera “…la raza indígena, doliente y
postergada, sin que dé señales de levantarse de la situación social en que se
encuentra como hundida…”,490
Para actuar en consecuencia, a principios de 1912, Alamillo contrató a
Abraham Castellanos para que dirigiera la instrucción pública en Colima y, más
específicamente, para establecer escuelas protectoras y dignificadoras de los
indígenas. La actitud asumida por este profesor es reiterada al gobernador en los
siguientes términos:
la solución más viable, efectiva y justa la ubicaba en
la educación.
490 Tomado de, Julia Preciado Zamora, Anatomía política de un gobernador: J. Trinidad Alamillo, Colima, Gobierno del Estado de Colima- Archivo Histórico del Municipio de Colima, 2001, p. 100.
243
…no vacilé en colaborar a vuestro lado, porque lo que anhelo,
lo que busco, es encontrarme con los hombres de buena voluntad, los
verdaderos patriotas, aquellos que, en lugar de perseguir fama ficticia
en las disquisiciones políticas aprovechando todas las oportunidades,
dirigen la vista seria y profundamente a lo fundamental, palpando las
necesidades de los desheredados de la fortuna, para darles la mano y
conducirlos por el verdadero camino de la ciudadanía.491
En esta locución, las ideas liberales en materia educativa son más que
evidentes. Se presentan rostros y caminos distintos, pero idearios similares. En lo
que toca al desempeño de Abraham Castellanos, por senderos muy particulares, se
puso a trabajar de inmediato a fin de lograr lo anteriormente enunciado.
La primera idea que le ofreció a Trinidad Alamillo fue afirmar que “…los
primeros rudimentos de escritura, lectura y aritmética, no redimen a la raza indígena,
como no redimen a ninguna raza. Es indispensable aplicar la teoría de la educación
integral, y poner el principio en práctica, bajo la dirección de verdaderos
pedagogos”.492
La obra de este docente contó con el apoyo del gobernador como de
instancias federales, particularmente de la Secretaría de Fomento al aportar
instrumentos y materias primas para dicho proyecto educativo. La iniciativa era
establecer una educación integral, en la cual correrían a la par los programas
educativos, trabajos manuales y el establecimiento de las industrias regionales. Se
trataba de rebasar la educación en el aula, vinculándola con conocimientos sólidos
para la vida.
491 Abraham Castellanos, Por la patria y por la raza. Memorial presentado al Señor Ministro de Fomento, Colonización e Industria, Lic. Rafael Hernández en agradecimiento a su ayuda para establecer en Colima la Escuela Tipo de Educación Integral para la protección de las razas indias, Colima, Imprenta del Gobierno del Estado, 1912, p. 2; localizado en Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, (en adelante BMLT) Clasificación 06/Caja 3/Foll.32. 492 Ibíd., p. 1.
244
Este proyecto se estableció en lugares como Coquimatlán, Ixtlahuacán y
Tecomán, pero donde se puso especial ahínco en edificar una escuela ejemplar que
se guiara por dichos preceptos fue en Suchitlán. En torno a sus resultados,
Castellanos resumió la percepción de la sociedad y sus valoraciones sobre la
población y la enseñanza impartida en este lugar, tomando como referente una visita
que realizó a dicha comunidad en febrero de 1912:
…el pueblo de Suchitlán, allá en la falda de la sierra, salió
gozoso a recibirnos, hombres y mujeres, niños y ancianos, como si se
tratara de una de aquellas simbólicas fiestas de su antigüedad ¿Por
qué era esto? Cualquiera puede atribuirlo a simple cortesía y respeto
al gobernante, como acontece siempre en las visitas oficiales; pero
juzgando con las observaciones que tengo hechas de la raza
indígena, en muchos pueblos de nuestra república, deduzco que
instintivamente, estos pueblos sienten el verdadero beneficio de la
raza. Ellos comprenden que LEER Y ESCRIBIR no basta para la
felicidad, y tal es la razón por la cual huyen de la escuela y quieren el
trabajo; y cuando en excepcional circunstancia, reciben del
gobernante ayuda para educar a los hijos en el trabajo, entonces,
como en el pueblo de Suchitlán, hay un verdadero desbordamiento de
alegría, PORQUE SE HA TOCADO SU ALMA en el medio de vida en
que prosperan. Esta es la razón de esa extraña alegría, la educación
práctica, para el beneficio de la raza en su medio, con su trabajo de
245
jardinería, arboricultura, horticultura y la educación intelectual, todo
bajo la dirección del maestro de escuela. 493
El maestro como educador y organizador de la vida de la población indígena,
ese fue el basamento sobre el que Abraham Castellanos emprendió su labor
educativa en Suchitlán y los demás pueblos indígenas del Estado de Colima.
No obstante, es oportuno señalar que, además de la actitud paternalista de
Castellanos, esta manifestación “espontánea” de los indígenas suchitlecos se puede
interpretar como una de tantas estrategias de las élites, quienes convocaban este
tipo de actos públicos de sumisión y obediencia para mostrar su autoridad, actos que
constituían una representación de su discurso público, en el que se perfilaba una
idealización de las relaciones sociales y políticas de dominación.494
3.- IDENTIDAD INDÍGENA Y CONFLICTOS INTERNOS
Si se toma en consideración lo que Fernand Braudel entiende como
estructuras de larga duración,495 entre las que incluye las estructuras culturales, se
podrá explicar el por qué estos grupos conservaron su identidad étnica por un largo
período de tiempo, a pesar de los intentos homogeneizadores de los conquistadores.
A los españoles les interesó, desde el primer contacto con los indígenas de la Nueva
España, lograr el control de la fuerza de trabajo que ellos representaban;496
493 Ibíd., p. 2.
como ya
se vio, para lograr su objetivo, los congregaron en poblados, creando leyes e
instituciones que permitieron construir una estructura de dominación. No obstante,
nunca se consideró que los indígenas representaban a diferentes sociedades y
494 James Scott, Los dominados…, pp. 84-90, 158. 495 Fernad Braudel, La Historia y las Ciencias Sociales, España, Alianza Editorial, 1993. 496 Luis Fernando Roldán, “La categoría social de indio: etnocentrismo y conciencia étnica”, en Boletín de Antropología Americana, México, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 1988, Vol. 18, p. 51.
246
etnias con diversos niveles de desarrollo y, por lo mismo, todos estos pueblos fueron
subordinados bajo la categoría de “indios”.
A pesar de que estos pueblos fueron subordinados y sometidos, mantuvieron
ciertos rasgos de identidad étnica y comunal, ya que si bien el indígena fue uno de
los grupos más explotados y oprimidos, sino fue él que más, muchos encontraron en
sus propias tradiciones el único medio para preservar su identidad cultural. Así, el
grupo étnico, en estas condiciones de dominación generó mecanismos que le
permitieron resistir la aculturación; la propiedad comunal de la tierra fue uno de los
vínculos que permitió una mayor cohesión al interior de las comunidades indígenas,
hecho que le permitió reproducirse étnica y culturalmente.497
El hecho de que no existiera la propiedad privada fortalecía los lazos de
reciprocidad entre sus integrantes; por ejemplo, cuando alguien perdía la cosecha
podía subsistir de la producción colectiva o de la explotación de los bosques
comunales. La organización religiosa tradicional de la comunidad, a través de un
sistema de cargos y mayordomías, como subsiste actualmente en Suchitlán, puede
ser un reflejo de esas relaciones de reciprocidad que han quedado plasmadas en los
cantos de las danzas festivas.
Proceso que no corrió
separado del orden cultural externo, sino que se fusionó con un conjunto de valores y
conceptos que dieron pie a un sincretismo social, que les permitió su reafirmación
como un grupo social bien definido.
Sin embargo, la existencia de una arraigada identidad cultural y lazos de
colaboración y organización colectiva no impedía la existencia de conflictos
individuales y colectivos. Por ejemplo, en 1861, el alcalde de Suchitlán ordenó el
destierro de José de la Luz y Marcelino López por ser considerados como
perjudiciales para ese poblado; ambos individuos estaban radicados en el lugar y
sólo se les concedió un corto plazo para que cumplieran con dicha disposición, el
497 Ibíd., p. 53.
247
indispensable para definir el destino de sus intereses existentes en el interior de la
comunidad.498
Las continuas agresiones e, incluso, expulsiones de individuos de las
comunidades indígenas, obedecía no sólo a conflictos internos, sino que consistían
en un mecanismo de autopreservación, el cual repelía las presiones externas
ejercidas por los dominadores, al obligar a la solidaridad al interior del grupo
subordinado. Al identificar a los disidentes o a aquellos que no respetaban las
normas tradicionales y al aplicar tales sanciones, aseguraban la unión y fortaleza de
la comunidad.
499
Algunos otros conflictos menores ocurridos entre sus pobladores, como
disputas y reyertas personales no se resolvían por las autoridades internas, sino por
las instancias gubernamentales establecidas en la ciudad de Colima. Un nuevo
ejemplo sobre lo anterior se localiza en los acervos del Congreso del Estado de
Colima y está fechado el 18 de marzo de 1871. El caso indica que Marcos Antonio
(de 50 años) en estado de ebriedad quemó un jacal de hoja de plátano e hirió
levemente a su propietaria María Zeferina. Marcos Antonio alegaba que su actitud
obedeció a que la casa incendiada estaba en terrenos de su propiedad y porque no
creía conveniente tolerar los desórdenes que en ella se cometían. Pese a que la
herida no era de gravedad y el costo de la propiedad no era nada significativo, por el
delito de incendio y heridas con agravantes se le condenó a ser fusilado, según lo
establecía la Constitución de 1857 y el decreto de 1861. Pese a la solicitud de
indulto, las autoridades señalaron que no obstante a ser una herida leve de segundo
grado y a
…que se trata de un incendio de un jacal de valor insignificante
cometido por un indígena que tiene poco de racional y por
consiguiente ni el delito es trascendental por el poco valor del objeto
498 Dicho caso, pese a ocurrir en 1861, se encuentra en AHEC, Caja 471 (hoja suelta), Sección A, No. 8, Año 1884. 499 Sobre los mecanismos de control social y vigilancia desde abajo, véase: James Scott, Los dominados…, pp. 158-164.
248
incendiado, ni ha habido en el reo el discernimiento necesario para
cometerlo; y si la sala aplicó la pena de muerte fue en cumplimiento de
la ley que no le deja arbitrio para disminuir la pena. 500
El sometimiento y acatamiento a las normas y preceptos de la justicia de los
mestizos ya se había convertido en una pauta de vida al interior de las comunidades.
Aún más, jugaban un papel activo dentro del sistema de justicia y seguridad
establecido desde las prefecturas políticas. Todos y cada uno de los pueblos
indígenas de Colima contaban con tenientes de justicia y jefes de acordada
designados anualmente. Durante la séptima década del siglo XIX, en la prefectura
del segundo partido de Colima con sede en Villa de Álvarez, las comunidades rurales
de Suchitlán, Cofradía de Suchitlán y Zacualpan contaban con seis personas cada
uno para ocupar los cargos de tenientes de justicia propietarios y suplentes. Un jefe
de acordada y su suplente sólo estaban establecidos en el poblado de Suchitlán.
501
De igual manera, el mismo comisario municipal de Suchitlán nombraba
agentes de seguridad al interior de dicha comunidad, al parecer bajo el criterio de
jefe de manzana; cargo que se ejercía con el respaldo del comisario y de las mismas
autoridades judiciales de Colima. Un indicador claro del papel desempeñado por
estos agentes de seguridad se puede constatar con uno de los incidentes suscitados
en Suchitlán a fines de 1885. Luciano Ávalos, habitante de esta comunidad, se
En años posteriores, al establecerse los ayuntamientos y la respectiva elección de
alcaldes, en las comunidades menores se designaron comisarios municipales
(propietario y suplente) y el invariable jefe de acordada y su respectivo suplente. En
Suchitlán, así como Cofradía de Suchitlán y Zacualpan, se designó a un cuarteto de
pobladores para ocupar dichos cargos, ahora dependientes del Ayuntamiento de
Comala.
500 Al respecto véase: Correspondencia de los Estados y dictámenes de las comisiones, en APLEC, Legislatura V, 1872, p. 654-658. 501 Para conocer los casos particulares de 1874, ver noticia nominal para ejercer las propuestas como Tenientes de Justicia y Jefes de Acordada en el 2º Partido en el año de 1874; en AHEC, Caja 386, Sección A, No. 9, Año 1875.
249
encontraba ebrio y escandalizando en una de las calles del poblado.
Inmediatamente, Santos de Jesús, uno de los jefes de manzana y agente de
seguridad de esta comunidad, lo reprendió e intento conducirlo a prisión. Ávalos
opuso resistencia e hirió con un machete a dicho agente de seguridad; ante tal
respuesta, Santos aplicó el criterio de “ojo por ojo” y le propino un trato similar con
un arma del mismo tipo. Ante tales hechos, las autoridades judiciales del estado,
exoneraron de toda culpa al agente de seguridad de Suchitlán; en cambio, Luciano
Ávalos fue conducido preso a la cárcel de la capital y sentenciado, por la Décima
Sala del Supremo Tribunal de Justicia, a sufrir un año y cuatro meses de prisión y a
pagar 16 pesos de multa.502
Los enfrentamientos y agresiones con arma blanca no eran nada excepcional
entre los pobladores de Suchitlán. Una de tantas riñas ocurrió en abril de 1886; su
autor fue Regino Lucas, jornalero originario del lugar, quien, encontrándose en
estado de embriaguez, agredió con un cuchillo a una mujer y a su hermano oriundos
del mismo poblado, porque ésta tenía disgustos y alegatos con la esposa de Regino.
Por ese motivo fue remitido a la cárcel de la ciudad de Colima donde se le procesó y,
además, se le incorporaron los adeudos que tenía desde hacia años con la justicia,
ya que desde mediados de febrero de 1877, Regino Lucas – pese a contar con 14
años de edad en ese momento– fue procesado a diez años de prisión por cometer
un homicidio, pero cuatro meses después se fugó de la cárcel. Así que la justicia,
mató dos pájaros de una pedrada.
503
Los conflictos que se suscitaban en Suchitlán y sus alrededores no se
generaban sólo por integrantes de la comunidad, varios de ellos llegaban desde
afuera. Los problemas y acechanzas que padecían eran muchas; debido a lo
anterior, durante la última semana de mayo de 1880, una partida armada de
empleados del gobierno estatal se situó cerca de Cofradía de Suchitlán, a fin de
detener mercancías que transitaban por el lugar sin el pago de los impuestos
502 Los expedientes de dicho proceso judicial, efectuado en marzo de 1886, se encuentran en: AHEC, Caja 466, Sección A, No. 8, Años 1884/92. 503 El proceso judicial se culminó el 7 de julio de 1886 y se encuentra en: AHEC, Caja 466, Sección A, No. 8, Años 1884/92.
250
correspondientes. Sin embargo, de improviso una parte de ellos fueron detenidos y
golpeados por un grupo de hombres que se identificaron como el cuerpo de
seguridad y justicia del poblado de Suchitlán. De nada les sirvieron sus gritos
identificándose como empleados de gobierno, se les trasladó a “buen resguardo”,
introduciéndolos al cepo de la prisión que tenían a su servicio. El resto de los
empleados no corrieron con mejor suerte, estaban custodiando un flanco de Cofradía
en plena madrugada, cuando cayó sobre ellos un grupo de veinte hombres que los
retuvo y les recogió sus armas; al mismo tiempo se detuvieron tres cargas de vino
que transitaban por el lugar. Empleados estatales y licor fueron conducidos al pueblo
hasta que el Teniente de Justicia del lugar los dejó libres. 504
Fuera de estos conflictos, al momento que inició la lucha revolucionaria contra
Porfirio Díaz, la vida de la comunidad de Suchitlán no presentaba mayores
trastornos. Los asuntos que más llamaban la atención en la capital del estado sobre
lo que acontecía en este poblado estaban referidos a casos de nota roja o
francamente amarillista. Uno de estos sucesos fue la localización del cadáver de
Gertrudis Martínez, quien –el 28 de diciembre de 1911– fue encontrada sin vida en
una barranca cercana al pueblo de Suchitlán.
505
Las denuncias contra supuestos actos ilícitos cometidos por habitantes de
Suchitlán y sus vecinos de Cofradía se prolongaron en años posteriores. Durante
1912, Francisco Apolinar y Toribio López originarios de Cofradía de Suchitlán, fueron
detenidos y trasladados a la penitenciaria estatal con los cargos de bandidos y
estafadores. Ante estos hechos, junto a la solicitud de clemencia del padre de uno de
los indígenas presos, un nutrido grupo de personas de la comunidad se dirigió al
Gobernador de la entidad donde avalaron los antecedentes y buena conducta de los
detenidos, al tiempo que hacían referencia a la opresión y desprecio que desde hacía
muchos años se cernía sobre su raza, al igual que clamaban por la benevolencia
expresada por el mandatario hacia los indígenas, para solicitar la libertad de los
504 Sixto Ahumada al C. Secretario del Gobierno, Colima, 25 mayo 1880; en AHEC, Caja 433, Sección A, No. 8, Año 1880. 505 Oficio de Florentino Valencia, Presidente Municipal Comala, al Prefecto Político, Comala, 29 diciembre 1911; en AHEC,
251
inculpados. En respuesta, la autoridad estatal mandó llamar a los suscriptores del
apoyo a Francisco Apolinar y Toribio López para que se trasladaran a la ciudad de
Colima a brindar testimonio verbal, elemento básico para dar respuesta a la solicitud
de libertad formulada por los habitantes de la comunidad.506
Los delitos comunes siguieron presentándose tanto en Suchitlán como
Cofradía de Suchitlán. Por ejemplo, en abril de 1913, en este último poblado Hilaria
López y su hijo, así como Salomé Iñiguez, fueron a parar a prisión. El representante
de la comunidad, Lorenzo Apolinar, se comunicó con el Gobernador J. Trinidad
Alamillo, para gestionar su liberación argumentando que sus infracciones estaban
cometidas por ignorancia –aunque en el reporte documental no se especificó el tipo
de delito–, por este motivo pidió se tuviera consideración de ellos: “…se les
considere, en razón de que la familia está sufriendo, es gracia que solicito, por la que
recibiré especial gracia y favor”.
507
Los incidentes continuaron en los meses subsiguientes, ya que hasta las
oficinas del Gobernador llegaron las quejas turnadas por las autoridades de Comala,
en virtud de que en el pueblo de Suchitlán, al mismo Comisario del lugar, Agustín
Miguel, se le acusaba de que frecuentemente se emborrachaba junto con otros
indígenas, quienes cometían escándalos que molestaban al conjunto del
vecindario.
508
Los actos delictivos no eran patrimonio exclusivo de Suchitlán y Cofradía; en
las cercanas tierras de la hacienda de San Antonio se vivieron acontecimientos
similares. A fines de marzo de 1914, los mestizos Antonio Carvajal y Concepción
Álvarez Velasco asesinaron a su compañero de labores Manuel Medina.
506 Ricardo García y demás signatarios al C. Gobernador del Estado de Colima, Cofradía, 2 octubre 1912; en AHEC, Caja 811, Sección A, No. 20, Año 1912. Luis Apolinar al C. Gobernador del Estado, Colima, 4 octubre 1912; en AHEC, Caja 811, Sección A, No. 20, Año 1912. 507 Solicitud de Lorenzo Apolinar a Miguel García Topete, Secretario de Gobierno del Estado de Colima, Colima, 9 de abril de 1913; en AHEC, Caja 831, Sección A, No. 20, Año 1913. 508 Oficio No. 170 de Tomás Salazar, Subprefecto Político de Comala, al Secretario de Gobierno, Comala, 7 de julio de 1913; en AHEC, Caja 834, Sección A, No. 20, Año 1913.
252
Inmediatamente, las autoridades de Comala turnaron a los autores del crimen hacia
la Prefectura Política de Colima. 509
509 El Prefecto Político del Distrito de Álvarez, al Prefecto Político de Colima, 30 de marzo 1914; Oficio No. 66 el Subprefecto Político de Comala al Prefecto Político del Centro; 31 de marzo de 1914; en AHMC, Sección “E”, Caja 57, Legajo 5, 1914.
253
VI PRESENCIA REVOLUCIONARIA, AGRARISMO Y COMUNIDADES
INDÍGENAS
1.- LOS INDÍGENAS EN EL PREÁMBULO DE LA REVOLUCIÓN
Los primeros años del nuevo siglo XX encontraron a una sociedad colimense
con una escasísima tradición liberal y con un espíritu ciudadano sumamente débil.
Se presentaba lo que François Xavier Guerra define como rasgos típicos de una
sociedad tradicional permeada por lazos y vínculos colectivos establecidos a partir de
comunidades indígenas y poblados donde los clanes familiares normaban su vida
interna, o bajo la influencia caciquil.
Por eso, pese a que los indígenas tenían motivos de sobra para inconformarse
por las afectaciones de tierra efectuadas por los grandes hacendados, la acechanza
sobre sus cada vez más reducidas posesiones y los obstáculos para obtener el agua
necesaria para sus regadíos, en términos generales, se distinguieron por su
prudencia y por canalizar sus inquietudes por los cauces legales. Durante esta
época, el descontento indígena fue mediatizado por integrantes de otros sectores
sociales. La oligarquía colimense se había fracturado desde las últimas décadas del
siglo XIX, y se había dividido entre los seguidores del grupo encabezado por el ex-
gobernador Gildardo Gómez y Trinidad Alamillo, por un lado, y el grupo del
gobernador Francisco Santa Cruz y Enrique O de la Madrid, por el otro. No es raro
pues, que en agosto de 1904, se encuentre a Miguel García Topete, abogado y
mediano propietario, partidario de Alamillo, encabezando una marcha de indígenas
suchitlecos a la capital y representándolos en sus quejas ante el gobernador De la
Madrid, por los grandes despojos de predios ocasionados por la hacienda de San
254
Antonio, cuyo dueño estaba emparentado con el ex-gobernador Santa Cruz.510 Por
su pertinaz labor en defensa de los desposeídos, al dirigirse a García Topete, los
indígenas lo llamaban cariñosamente “don Miguelito”. 511
Sin embargo, pese a la labor de este litigante, las afectaciones y problemas de
los indígenas no eran exclusivas para los naturales de Suchitlán. Otros “hermanos de
raza” situados en la parte norte de la entidad vivían su propia problemática. La
comunidad de Zacualpan, también perteneciente a la municipalidad de Comala, si
bien había cursado un proceso similar al de Suchitlán, no se encontraba
precisamente en el paraíso. Al iniciar el siglo XX, su población sumaba varios cientos
de habitantes, sin embargo, era inferior a la concentrada en otras comunidades
indígenas como Suchitlán, y muy cercana a la que se encontraba en Ixtlahuacán,
otra de las comunidades indígenas más significativas de la entidad. Con la salvedad
que, Zacualpan, a diferencia de Suchitlán o Ixtlahuacán, conservaba la posesión
sobre sus tierras y el tradicional sistema de explotación comunal. Como señala
Claudio Lomnitz –para el caso de Tepoztlán, Morelos– los primeros años del siglo XX
fueron “…altamente ‘campesinos’ y bajamente ‘proletarios’…” para Zacualpan.
512
Los indígenas zacualpenses explotaban sus recursos naturales de manera
rudimentaria y orientada, centralmente, a la subsistencia. Sus casi 10 mil hectáreas
no eran objeto de explotación por predominar los terrenos pedregosos, cerriles y de
agostadero.
Claro, guardando las proporciones del caso.
513
510 La Gaceta de Guadalajara (en adelante GG), Año VII, Nº 24, 11 de septiembre de 1904, y referido por Blanca Gutiérrez G., El descontento…, p. 59.
La misma topografía de estas tierras limitaba la explotación por parte
de los indígenas y, en general, inhibía la agricultura a gran escala y por ello estaban
ausentes los apetitos de rancheros o hacendados.
511 Este comentario es formulado Manuel Velásquez Andrade, Remembranzas..., p. 139. 512 Claudio Lomnitz, Evolución de una sociedad rural, México, SEP/80 - FCE, 1982, p. 99. 513 Muchos de los señalamientos contenidos en estos párrafos se deducen a partir de revisar el Informe de Victoriano Guzmán, Jefe de Instrucción Pública al Secretario del Gobierno de Colima, 10 de marzo de 1910 (Exp. s/n); en AHEC, Caja 605, Sección A, No. 24, Año 1902. Así como en el Expediente de Dotación de Tierras de Zacualpan, localizado en ARAN (Colima), Caja N1 127/113, exp. 127.
255
Esta limitante en las actividades agrícolas para los indígenas zacualpenses
era compensada, en parte, mediante cría de unas cuantas cabezas de ganado, la
caza y la extracción de madera. Gracias a lo anterior, cuando terminaba la
temporada de siembra, era posible, por un lado, la obtención de productos para el
consumo familiar y, por el otro, la comercialización de pieles y carbón en la ciudad de
Colima.
Pese a lo anterior, Zacualpan recibió la segunda década del siglo y el proceso
revolucionario, formando parte de una de las poblaciones con mayores índices de
pobreza y marginación de la entidad. Contrariamente a lo que sucedía en Suchitlán,
la intervención de personas externas y la presencia de conflictos era mucho menor.
Durante la primera década del siglo XX, el único indicio encontrado sobre protestas
de los indígenas de Zacualpan data de 1903 y no se refiere a un asunto de tierras,
sino debido a que el Señor Agustín Cruz Centeno, propietario de El Pedregal, cerró
el camino utilizado, desde tiempos inmemoriales, por los habitantes de la zona para
cruzar el río Armería y trasladarse a Comala.514
Asimismo, en 1909, el Ingeniero Leonardo Morril se interesó por el Ojo de
Agua que se encontraba situado dentro de los terrenos comunales de Zacualpan. En
virtud de lo anterior, Morril celebró un ventajoso contrato de arrendamiento con los
indígenas de este pueblo, para aprovechar el agua de dicho manantial e instalar en
este lugar una planta hidroeléctrica.
515
514 Carta de los vecinos del pueblo de Zacualpan al Gobernador del Estado, 11 de junio de 1903; en AHEC, Caja 657 (hoja suelta), Sección A, No. 23, Año 1903.
Por si esto fuera poco, la riqueza natural
ubicada en la zona montañosa que circundaba a la comunidad de Zacualpan, llamó
poderosamente la atención de hombres de negocios, hecho patente con el
establecimiento de la Colima Lumber Company, empresa norteamericana dedicada a
la explotación de los abundantes bosques localizados en Cerro Grande. Por tal
motivo, en 1913, los indígenas de Zacualpan entablaron un juicio contra la Colima
Lumber Company, reclamando la propiedad sobre una porción de terrenos
explotados por esta negociación; sin embargo, las leyes locales fallaron en su
515 Véase: Oficio del Administrador Principal de Rentas al Secretario de Gobierno del Estado, 17 de mayo de 1909; en AHEC, Caja 764 (hoja suelta), Sección A, No. 21, Año 1909.
256
contra.516
Salvo estas tentativas de penetración propiamente capitalista, los pobladores
de Zacualpan se caracterizaban por ser una comunidad con un orden de vida muy
aislado y hermético. Para ellos les resultaba sumamente ventajoso no estar
circundados por grandes haciendas, debido a que sus tierras no despertaron la
ambición de los amos del campo colimense.
En meses posteriores, no se encontraron evidencias donde los indígenas
se inconformaran ante tal dictamen o indicios de que hayan emprendido disputas
posteriores en torno a las referidas tierras.
Por encima de la presencia de la poderosa compañía maderera en el límite
norte de sus tierras comunales, los asuntos que verdaderamente sacudían el ritmo
de su vida habitual eran los conflictos de orden interno derivados de las disputas por
la utilización de las escasas tierras dotadas de mayor fertilidad; al igual que por el
control de la Comisaría Municipal del pueblo. En torno a estos problemas se
constituyeron dos bandos confrontados e irreconciliables.
Estos conflictos derivaron del hecho de que el nombramiento del comisario
municipal no se efectuaba de manera autónoma y democrática, sino mediante
designación por el Ejecutivo Estatal. Por lo cual, durante todo el año de 1913 y varios
meses del siguiente, las demandas por la participación en el cambio de autoridades
locales fueron práctica reiterada de uno de estos dos grupos de pobladores. Fueron
inútiles los intentos de mediación del Ejecutivo Estatal y de la Prefectura Política de
Comala; en abril de 1914, la disputa generó un enfrentamiento violento que terminó
con tres muertos, varios heridos, decenas de prófugos y un puñado de indígenas
detenidos fue alistado en el servicio de armas.517
Enfrascados en tan atropelladas disputas, poco les importaba la lucha que
desplegaban constitucionalistas y huertistas, el avance de los primeros rumbo al
516 Véase, Blanca Gutiérrez y Héctor Ochoa, Las Caras…, p. 182. 517 Véase: Notificación del Prefecto Político de Villa de Álvarez al Prefecto Político de Colima, 6 de abril de 1914; en AHMC, Sección "E", Caja 58, exp. s/n, 1914. Así también: Informe de Miguel Arzac, Subprefecto de Comala, al Prefecto Político de Colima, 14 de abril de 1914; en AHMC, Sección "E", Caja 59, exp. s/n, Año 1914.
257
occidente y la fuerte crisis que envolvía al gobernador Antonio Delgadillo y al mismo
usurpador Victoriano Huerta.
Sin embargo, con la llegada al gobierno de Trinidad Alamillo, la situación para
los indígenas no cambio mucho. Con la nueva Ley Agraria del Estado, se buscó
promover la inversión en el mismo e impulsar la producción agrícola a gran escala,
pero no se contempló el otorgamiento de apoyo financiero ni de obras de asistencia
social a los pequeños propietarios y campesinos.518
A fines de mayo de 1914, Ignacio Pamplona recibió en adjudicación una gran
cantidad de terrenos adquiridos durante los años porfiristas, medida que afectó al
particular Sebastián Duran; dicha adjudicación fue otorgada por el Mayor huertista J.
Refugio Rodríguez, ejecutado al ser tomada esta plaza por las fuerzas del General
Álvaro Obregón en el vecino pueblo de Tecomán. Este antecedente sería justificante
para que dos años más tarde la nueva autoridad municipal de Colima solicitara ante
el gobierno estatal la nulificación de dicho título de adjudicación.
519
2.- EL VENDAVAL REVOLUCIONARIO, LA NUEVA POLÍTICA ESTATAL Y LA VIDA DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS
Eso sucedería al
amparo de que todos los poderes de gobierno en la entidad se habían modificado
significativamente.
Como ya se esbozó en el apartado anterior, al término de la primera década
del siglo XX, la sociedad colimense se distinguía por su provincianismo y los rasgos
típicos de una sociedad tradicional. Su vida social estaba permeada por vínculos
colectivos, adoptaba los rasgos de una sociedad “holística”, retomando nuevamente
los conceptos utilizados por François Xavier Guerra al analizar la realidad social
porfirista a nivel nacional. En Colima era notoria la presencia y el peso de
“comunidades indígenas, poblados donde los clanes familiares norman su vida
interna, o bajo la influencia del caciquismo expresado por un reducido grupo de
518 EC, Tomo XLVII, Nº 2, 4 de enero de 1913, p. 11. 519 Oficio Nº 506 de Carlos Rosaldo, Presidente Municipal de Colima, al Secretario de Gobierno, 26 de mayo de 1916; en AHEC, Caja 848b, Sección A, No. 20, Año 1914.
258
hacendados y un selecto número de individuos provenientes de un dinámico sector
de rancheros”.520
Al arribo de la segunda década del siglo veinte, los contrastes en los ritmos y
normas de vida entre los centros urbanos y la vida rural eran sumamente notorios; en
el campo las pautas de vida marchaban a ritmos lentos y con características muy
distintas a un núcleo urbano expresado en la ciudad de Colima, donde se
concentraba la parte neurálgica del poder en todos sus órdenes.
Máxime si se considera que la mayoría de la población estaba
ubicada en el ámbito rural, donde los habitantes indígenas ocupaban un lugar nada
desdeñable.
Más aún, la política estatal se diseñaba desde esta ciudad, pero a partir de
personajes muy selectos de la vida pública. Como señaló en su momento Manuel
Velásquez Andrade, la política era oficio de unos pocos y, por tanto, las expresiones
contrapuestas o de disidencia política se limitaban a unos cuantos individuos y se
manifestaban sólo en los espacios privados o familiares. Así había sucedido con la
disputa entre Gildardo Gómez y Francisco Santa Cruz durante la novena década del
siglo XIX, rasgo que siguió haciéndose evidente durante las décadas posteriores.
Sin embargo, estas formas tan tenues de expresión de la disidencia política,
no implicaban que dentro de los sectores medios y altos (entre quienes se detentaba
o ambicionaba el poder local) privara la homogeneidad y que la política colimense
fuera monolítica. Para estos años, el ya referido Velásquez Andrade, clasifica a
dichos sectores en dos bandos muy delimitados: un grupo de terratenientes,
prominentes comerciantes y propietarios extranjeros se encontraban nucleados en
torno al gobernador Enrique O. de la Madrid, entre los que destacaban Blas Ruiz,
Francisco Santacruz, Arnoldo Vogel, entre otros. Mientras que existía otro grupo de
políticos locales procedentes, mayoritariamente, de la clase media (profesionistas y
rancheros, por ejemplo) donde destacaban Miguel García Topete, Ignacio Vizcarra,
Severo Campero, Ignacio Gamiochipi, Victoriano Guzmán, J. Trinidad Alamillo, entre
otros.
520 François-Xavier Guerra, México: del antiguo…, Tomo II, p. 348.
259
No obstante, estas pugnas sólo se mantenían en lo que se refería al orden
local, no extendiéndose hasta marcar una ruptura con el régimen porfirista, ante el
cual todos eran leales o, al menos, sumisos. Por tanto, los signos de ruptura interna
surgieron en 1911 a partir de la apertura del proceso de renovación del mandatario
estatal. Por una parte, se postuló la candidatura que significaba la continuidad del
gobierno de Enrique O. de la Madrid, a través del Profesor Gregorio Torres Quintero,
respaldado por lo más granado de la élite económica local; en contraparte surgió la
candidatura de J. Trinidad Alamillo, que regresó de su residencia en Guadalajara y
de su actividad como director y dueño de un diario tapatío, para aglutinar a amigos
de antaño y lanzar su candidatura que aparecía como una opción diferente.
Aparte de rearmar la vieja fuerza política que le permitió ser Prefecto Político
del Distrito del Centro (Colima) cuando Gildardo Gómez ejerció su mandato
gubernamental, Alamillo contó con el apoyo de un amplio sector de medianos
agricultores y propietarios.521
La contienda estaba en todo su apogeo cuando se lanzó el Plan de San Luis
acaudillado por Francisco I. Madero, suceso que en pocos meses lograría alzarse
con la victoria (en mayo de 1911). Pese a que Madero realizó una visita a tierras
colimenses en 1910, durante su campaña electoral de oposición a Porfirio Díaz, el
maderismo dejó muy pocas huellas en los distintos actores políticos y en la sociedad
local. Así que el triunfo del maderismo fue sorpresivo e inesperado para los dos
bandos contendientes por la gubernatura del Estado de Colima, quienes pese a sus
disputas internas, no habían marcado un distanciamiento de la política de Porfirio
Díaz. No obstante, los sucesos nacionales les depararon un devenir insospechado.
Este hecho le permitió estructurar una campaña política
que amenazaba con extinguir el clan De la Madrid-Santacruz como cabezas de la
política estatal.
521 Sobre los incidentes, que se presentaron durante esta contienda electoral y el papel desempañado por J. Trinidad Alamillo ver Blanca Gutiérrez y Héctor Ochoa, Las Caras..., p. 67-102, y Julia Esther Preciado Zamora, J. Trinidad Alamillo: gobernador maderista y huertista, Colima, Col., México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad de Colima, 1996, [Tesis de Maestría en Historia regional, inédita].
260
Ante la dimensión de los sucesos revolucionarios, las elecciones estatales de
Colima se suspendieron. En cambio, luego del arribo de las fuerzas maderistas
locales encabezadas por Eugenio Aviña,522 compuestas por un modesto número de
colimenses donde aparecían varios integrantes del Cuerpo Mixto de Seguridad
Pública de Colima, además de estar nutridas por un núcleo de rancheros
procedentes de las aledañas tierras del suroeste michoacano, cayó el gobierno De la
Madrid.523 El grupo triunfante designó a un gobernador provisional, cargo que recayó
en Miguel García Topete, un activo defensor de los derechos de los indígenas de
Suchitlán, y diligente apoyador de J. Trinidad Alamillo. Dicho personaje prolongó su
estadía en las oficinas gubernamentales por casi medio año hasta hacer entrega de
las mismas a J. Trinidad Alamillo, quien finalmente resultó electo gobernador luego
de la realización de elecciones extraordinarias. Indirectamente, estos personajes
resultaron los favorecidos por el triunfo maderista y no dudaron en continuar en su
proclividad ante este nuevo presidente, como después varios de ellos –entre los
cuales so contó el propio Alamillo– se manifestarían leales a Victoriano Huerta. Estos
sucesos tienen cierta relación con lo que afirma el historiador Eduardo Ruiz, ya que
en su opinión las motivaciones de los distintos actores involucrados en este proceso
revolucionario adoptaron conductas múltiples y contradictorias, muchas de ellas
fincadas en motivaciones personales, de ahí que estuviera ausente un objetivo,
interés e ideal integrador.524
Ya establecido en el cargo, J. Trinidad Alamillo emprendió diversas medidas
gubernamentales hacia el campo y el sector rural de Colima. El grueso de las
políticas aplicadas hacia el campo colimense puede clasificarse en educativas y
Así que el nuevo gobernante se asumió como leal a
Madero.
522 Eugenio Aviña era el responsable del Club Fénix (organización secreta del Club Antirreleccionista Valentín Gómez Farías, con sede en Guadalajara), para que coordinara un contingente armado de colimenses que se levantaran en armas a favor de Madero. Sobre la incidencia de esta organización en el Colima véase: José Ramírez Flores, La Revolución Maderista en Jalisco, México, UdeG-Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, (Colección de Documentos para la Historia de Jalisco), 1992, p. 41. 523 Sobre la participación de estos propietarios rurales véase, Samuel Ojeda Gastélum, Rebeldía…, pp. 75-83. 524 Esta visión sobre la participación de los actores revolucionarios y la caracterrización de la misma Revolución Mexicana se encuentra en: Eduardo Ruiz, México: la gran rebelión, 1905-1924, México, ERA, 1984.
261
económicas. Sobre el primer rubro, J. Trinidad Alamillo se caracterizó por promover
la educación en poblaciones de origen indígena, así como en las distintas haciendas
de la entidad. En virtud de lo anterior, estableció la obligatoriedad para que todo
hacendado fundara y sostuviera una escuela, donde se impartiera la enseñanza
elemental para los hijos de sus peones y demás trabajadores.
Por otro lado, al amparo de la actitud gubernamental, la comunidad indígena
de Tamala elevó su solicitud ante el ejecutivo estatal para que se fundara una
escuela y resolver las necesidades educativas de los 40 infantes en edad escolar
que existían en dicha comunidad.525
En lo que se refiere a las medidas económicas implementadas por el gobierno
de Alamillo, destaca su iniciativa para reglamentar los afluentes de agua que existían
en el estado, estableciéndolos como dependientes de la jurisdicción estatal, cuando
la norma era que se guiaba por pautas federales; esta medida, así como el modificar
la categoría de comisaría a Cuyutlán, para otorgarle la de pueblo
La aspiración de esta comunidad indígena era
sumarse a la lista de otras poblaciones nativas que ya gozaban de tal servicio, entre
las que figuraban Ixtlahuacán, Zacualpan y Suchitlán. En Zacualpan funcionaba una
escuela mixta, mientras que en Ixtlahuacán y Suchitlán había dos establecimientos
escolares en cada uno de ellos: una escuela de niños y una de niñas.
526
525 Solicitud de los habitantes de San Miguel de Tamala, al Gobernador Constitucional del Estado de Colima, 13 de octubre de 1912; en AHEC, Caja 816, Sección A, No. 20, Año 1912.
y, por ende,
convertirse en susceptible de recibir tierras para el establecimiento del fundo legal
correspondiente, estuvieron claramente orientadas a la afectación de los intereses
del, hasta hacía poco, intocable Francisco Santacruz, ya que con malas
disposiciones afectaba a la hacienda y laguna de Cuyutlán, propiedades en manos
de dicho personaje. Frente a esta medida, a inicios de 1913, el hacendado optó por
ampararse, iniciándose un litigio que se resolvería tiempo después mediante una
salida negociada: cesión de terrenos para el pueblo de Cuyutlán a cambio de
526 Al respecto véase: Miguel Ángel Novela Villalobos, et al, Historia Legislativa del Estado de Colima, Colima, Editorial del Gobierno del Estado, 1994, p. 67-68.
262
exoneración de impuestos por varios lustros;527
Otra disposición similar a la establecida en Cuyutlán, se decretó en tierras muy
cercanas al pueblo de Tecomán, antiguo asiento de una importante comunidad
indígena, al que se le autorizó la ampliación de su fundo legal. A la vez, la llamada
congregación de El Mamey (hoy Minatitlán) recibió el reconocimiento como pueblo,
con el consabido fundo legal correspondiente.
el asunto relativo al uso y
aprovechamiento de las aguas de la laguna se prolongó por años y su resolución
llegó en 1917, cuando Alamillo tenía un buen rato alejado del poder estatal.
Sin embargo, no todo fueron decretos que otorgaban tierras a pueblos y
comunidades, también se enfrentaron dificultades en el nombramiento de las
autoridades al interior de dichos asentamientos indígenas. Un caso particular se
presentó en Zacualpan: durante el año de 1912, se presentaron contradicciones
entre los pobladores del lugar sobre la explotación y uso de las tierras comunales, lo
que ha su vez desembocó en una lucha por el control de la Comisaría Municipal de
dicho poblado.
Debido a que se organizaron dos bandos que se disputaban las mejores
tierras para realizar sus sembradíos, y a que el comisario municipal designaba esta
repartición temporal de tierras, la lucha por colocar a sus respectivos líderes en dicho
puesto fue una constante durante 1912 y parte del año siguiente. Además, el
nombramiento de dicha autoridad no se realizaba por la elección libre y directa de
los pobladores, sino que se designaba por parte del ejecutivo estatal; debido a esta
razón, las propuestas y demandas de cambio de autoridades llegaban con relativa
frecuencia a las oficinas del gobernador Alamillo. La actitud del gobernador fue
oscilar entre una propuesta y otra, lo que enrareció aún más el ya caótico panorama
que se vivía al seno de dicha comunidad; por lo anterior, las quejas formales de parte
de decenas de indígenas llegaron presurosas a las oficinas centrales del Palacio de
Gobierno, en ellas se condenaba la actitud del gobernador al favorecer a un grupo
527 Cesión de terreno para el fundo legal del pueblo Cuyutlán por don Francisco Santacruz Ramírez a favor del Gobierno del Estado, 27 de enero de 1913; en ARPPC, Ramo Inscripciones Públicas, Libro 25, Año1913, N1 9.
263
minoritario.528
Sin embargo, las acciones de J. Trinidad Alamillo no se limitaron a intervenir
en los conflictos que se suscitaban entre los indígenas. En materia de política hacia
el campo, aplicó otras medidas para incentivar la productividad y explotación de las
tierras productivas. Pero, dicha promoción de la actividad agrícola no estuvo
diseñada para beneficiar a los medieros, pequeños campesinos o a las comunidades
indígenas que vivían del usufructo de sus tierras, sino que sus disposiciones
estuvieron conectadas, sobre todo, con los intereses comerciales agroexportadores,
por ello se decretaron incentivos para los prominentes productores locales y
extranjeros. En esta línea se ubicó la disposición que buscaba incrementar la
variedad de cultivos comerciales y los índices productivos de los existentes,
mediante el anuncio de un premio de diez mil pesos oro, que recibiría el primer
agricultor o hacendado que sembrara diez mil plantas de coco; era obvio que los
comuneros, dueños de pequeñas parcelas o modestos agricultores estaban
excluidos automáticamente de tan jugoso ofrecimiento, pues no poseían la superficie
de terreno, la capacidad técnica ni los recursos que les permitieran soñar al menos
con la posibilidad de recibir dicha gratificación gubernamental.
Finalmente, Alamillo abandonó el cargo sin haber coadyuvado a la
solución de dicho conflicto; por el contrario, solo le lanzó más leña al fuego.
Otra medida a su favor fue el establecer nuevos marcos legales para impulsar
un reacomodo o redistribución de la propiedad rural, favoreciendo las operaciones de
compra venta de terrenos de labranza. Más concretamente, en noviembre de 1912,
se decretó la exención de impuestos de traslado de dominio para todos aquellos que
fraccionaran terrenos cuya extensión alcanzara hasta las 100 hectáreas.529
528 Carta de los vecinos de Zacualpan al Gobernador del Estado, 20 de febrero de 1913; en AHEC, Caja 833, (hoja suelta), Sección A, No. 20, Año 1913.
Dicha
medida se colocaba en franco apoyo a la pequeña propiedad e intentaba
contrarrestar las extensas posesiones ociosas o escasamente explotadas que
estaban en manos de algunos terratenientes y de las pocas comunidades indígenas
que conservaban sus tierras bajo el régimen de propiedad comunal. Esta política
529 Decreto No. 11 del Congreso del Estado de Colima, 12 de noviembre de 1912; en APLEC, Legislatura XIX (1912-1915), caja 119, pos 1, p. 51.
264
estaba identificada con el propósito agrario del maderismo: dividir la tierra para crear
una crear un sector próspero de propietarios, que pasaba por la conversión de la
propiedad comunal en notificaciones privadas; constituyéndose –al decir de Alan
Knight– en un liberalismo retocado… [ fincado en el ]… apego tradicional a la
propiedad, y a los principios del mercado.530
Además, Alamillo no solo alentó a los grandes y medianos productores
locales, también elaboró estrategias para atraer la inversión externa, fuera esta
nacional o extranjera; para lograr este cometido impulsó la realización de la
Exposición Costeña de Colima, la cual tendría un carácter agrícola, industrial y
comercial. Esta exposición fue el gran proyecto de Alamillo, con el que pensaba que
trascendería el estado de Colima y obviamente, el mandatario promotor de dicha
iniciativa. La exposición se concibió como un espacio donde se exhibirían los
productos naturales, manufacturas, artesanías, al igual que gran variedad de objetos
y mercancías que generaban las manos colimenses. A dicho evento se le planeó una
difusión y trascendencia nacional, pero la caída del gobierno de Francisco I. Madero
y la conflictiva política y militar que sobrevino después del establecimiento de
Victoriano Huerta en el poder, impidió que el ambicionado sueño de la Exposición
Costeña se volviera realidad.
La orientación era clara, la tierra debería
estar a disposición de quienes estaban en posibilidades de hacerla redituable.
Alamillo se movía en esa misma lógica.
Más aún, en las semanas y meses posteriores al derrocamiento de Madero,
las cosas no pintaron nada bien para Alamillo: sus viejos rivales políticos fraguaron
un motín armado que tomó cuerpo el 2 de abril de 1913. El Dr. Miguel Galindo, el
profesor J. Cruz Campos y Carlos Solórzano Morfín aparecieron como los líderes de
casi un centenar de hombres que se levantaron en armas en la municipalidad de
Comala, pero este alzamiento no era contra el General Huerta, sino que iba en pos
de la destitución de Alamillo del mando estatal. El grupo se nutrió con pobladores
rurales de los municipios de Villa de Álvarez y Comala.
530 Alan Knight, La Revolución Mexicana. Del porfiriato al nuevo régimen constitucional, México, Ed. Grijalbo, Vol. I, 1996, p. 480.
265
Después de tomar el poblado de Comala y de disponerse a marchar sobre la
capital,531 fueron hostigados por la rápida reacción de las fuerzas leales al gobierno
de Alamillo, iniciándose una persecución que culminó con un enfrentamiento armado
en el poblado de Juluapan , comisaría del municipio de Villa de Álvarez. Al término
del combate los rebeldes padecieron una contundente derrota, que les dejó una
buena cantidad de bajas, donde se incluyeron dos de sus líderes (Solórzano Morfín y
Cruz Campos).532
Tras estos hechos sangrientos, Francisco Santa Cruz Ramírez encabezó a
una multitud que se congregó frente a Palacio de Gobierno para protestar por la
muerte de los rebeldes, acusando al gobernador Alamillo de actuar con suma
crueldad; los ánimos se caldearon en ese mitin nocturno del 7 de abril y las fuerzas
policiales intervinieron violentamente generando nuevos muertos. Ante tales
sucesos, Alamillo fue llamado urgentemente a la ciudad de México por las nuevas
autoridades presidenciales, dejando el mando en un representante del poder
legislativo, para ya no volver a ocupar dicho sitio, lo que significó el distanciamiento
definitivo de Alamillo con Huerta. Con la caída de J. Trinidad Alamillo, por otras vías,
los rebeldes se salieron con la suya.
Poco después de que la legislatura local nombró como gobernador interino al
Dr. Vidal Fernández, fue sustituido casi inmediatamente por el General Miguel M.
Morales, por designación del Congreso Local de Colima, pero que solo era la
convalidación de una disposición emanada desde el despacho presidencial, ahora
ocupado por Victoriano Huerta. Sin embargo, Morales no permaneció mucho al frente
de esa responsabilidad, ya que por la silla gubernamental desfilaron otros militares
más: Julián Jaramillo, Juan A. Hernández y, finalmente, Antonio Delgadillo; todos
adictos al presidente Victoriano Huerta.
¿Cómo vivieron los colimenses estos erráticos gobiernos militares? Las
fuentes de la época no muestran muchos datos al respecto, pero es notorio que el 531 Notificación de Jesús Ponce, Subprefecto Político de Comala, al Secretario del Gobierno del Estado de Colima, 4 de abril de 1913; en AHEC, Caja 831, Sección A, No. 20, Año 1913. 532 Comunicado del Prefecto Político del Distrito del Centro al Gobernador del Estado de Colima, 5 de abril de 1913; en AHEC, Caja 826, Sección A, No. 20, Año 1913.
266
clima no era el más propicio para la vida estable y tranquila; la presencia de brotes
de rebeldía y la acción persecutora de las fuerzas prohuertistas enrarecían el
panorama estatal. De ahí que pobladores de comunidades del valle de Tecomán (El
Periquillo, La Peñita, Coatán, Cosinitas y Armería) no dudaron en levantar su voz de
protesta por la constante extorsión y las arbitrariedades cometidas por las fuerzas del
orden asentadas en la localidad.533
Más convulsiones amenazaban al territorio colimense debido a que por sus
franjas fronterizas se desplazaban grupos armados proclives al Plan de Guadalupe
levantado por Venustiano Carranza. Por esta razón, las autoridades colimenses
establecieron fuerzas militares en algunos puntos estratégicos de la entidad, a fin de
salvaguardar el orden y los intereses de importantes propietarios de la región; dichos
contingentes se establecieron en: Cihuatlán, Jalisco, debido a que era la puerta de
entrada al puerto de Manzanillo desde la costa jalisciense; el Mamey, intrincado
poblado situado en las cercanías de la sierra de Manantlán y el Cerro Grande; así
como en la hacienda de San Antonio, importante área donde estaban en juego los
intereses del alemán Arnoldo Vogel y puerta de entrada norte a la entidad
desplazándose desde las estribaciones del Volcán de Colima. Todo este
posicionamiento militar estaba dirigido contra un nutrido grupo de bandoleros y
rebeldes que se desplazaban libremente por el sur de Jalisco y que intranquilizaban
sobremanera a las autoridades de Colima. Por ejemplo, corría la mitad del año de
1913, cuando las autoridades locales del pueblo del Mamey lanzaban desesperados
llamados de ayuda a las autoridades centrales de Colima a fin de contener las
“incursiones de bandoleros y gavillas de indígenas” que hostigaban a las autoridades
y a la raquítica guardia civil que resguardaba a la población de dicho lugar.
534
En la otra frontera, la común con Michoacán, se procedió en términos
similares, aunque en este lugar se optó por establecer un cuerpo militar móvil que
533 Carta de los Comisarios del Periquillo, La Peñita, Armería, arrendatarios y jueces de acordada al Gobernador del Estado, 25 de mayo de 1913; en AHEC, Caja 838, Sección A, No. 20, Año 1913. 534 Véase: Parte de novedades del Teniente Salvador Ceballos al Jefe del Cuerpo Irregular de Infantería No. 20, 3 de abril de 1913; en AHMC, Sección "E", caja 59, exp. s/n, Año 1914. Solicitud de Cresencio Virgen al Gobernador del Estado de Colima, 28 de julio de 1913; en AHEC, Caja 839, Sección A, No. 20, Año 1913.
267
recorriera toda la franja fronteriza a fin de que no permitiera la entrada de partidas
rebeldes desde el suelo michoacano. Este grupo armado era dirigido y patrocinado
por destacados hacendados y propietarios colimenses.
Por si esto fuera poco, la población rural de Colima tenía que padecer las
famosas levas y los sorteos para integrar las “cuotas de sangre” que deberían nutrir
al ejercito huertista. En no pocas ocasiones, los caciques colimenses hacían valer su
fuerza y sus influencias para enviar al servicio de las armas a campesinos e
indígenas “no gratos” ante sus ojos. En la misma zona del Mamey, se presentó un
hecho peculiar, Blas Larios, aprovechando su poder en la zona, denunció ante el
gobernador de la entidad, a un grupo de indígenas de dicha municipalidad,
catalogándolos de supuestos “subversivos y encubridores de bandoleros”; prestando
oídos ciertos a dicho personaje, los indígenas fueron detenidos y remitidos
forzosamente para que prestaran sus servicios en el ejército federal.535
El caso de los indígenas que vivían en los alrededores del Mamey no fue el
único, también a los indígenas de Zacualpan se les pretendió aplicar esta misma
medida. Este hecho se dio a partir de que el conflicto por el uso de la tierra, el cual
no se había resuelto durante el gobierno de Alamillo, siguió alterando los ánimos
entre los dos bandos en disputa hasta que, a principios de abril de 1914, el conflicto
desembocó en un enfrentamiento violento que ocasionó varios muertos, entre ellos el
comisario municipal en funciones, nombrado por las autoridades prohuertistas. Ante
la magnitud de los hechos, las fuerzas del 15º Cuerpo Explorador se hicieron
presentes en el pueblo y aprehendieron a varios individuos, mientras muchos otros
huyeron del lugar. El destino de los detenidos se resolvió pronto: enviarlos a prestar
sus servicios dentro del ejército federal. La medida fue tan arbitraria que hasta el
subprefecto de Comala hizo gestiones para que se suspendiera el envío de este
535 Carta de Ramón A. Paz al Secretario de Gobierno del Estado de Colima, 28 de noviembre de 1913; en AHEC, Caja 838, Sección A, No. 20, Año 1913.
268
grupo de indígenas, argumentando que entre ellos iban muchos que no habían
participado en dichos enfrentamientos.536
No obstante, la presencia de las fuerzas gubernamentales, la incorporación
forzosa a las filas del ejército y la cárcel para otros, los conflictos continuaron durante
los meses siguientes. En medio de ese encono, los indígenas de Zacualpan poco
interés mostraron al enterarse que el gobierno huertista de Antonio Delgadillo había
sido depuesto ante el arribo de un poderoso contingente de revolucionarios que, a
mediados del mes de julio de 1914, se desplazó desde la capital del estado de
Jalisco. Tampoco podían imaginarse que el trato que recibirían de las autoridades
constitucionalistas a establecerse en la entidad, no sería muy distinto del recibido por
las anteriores.
Al menos así lo percibieron los indígenas de Suchitlán, ya que el comisario
municipal del lugar, designado por las autoridades de Delgadillo y a tono con el
hacendado Vogel, seguía cometiendo arbitrariedades contra su comunidad. Por esa
razón, a principios de septiembre de ese año de 1914, enviaron una comisión que los
representara ante los nuevos funcionarios para quejarse de la actitud de dicho
comisario; en respuesta se dieron instrucciones al presidente municipal de Comala, a
fin de que fuera al mencionado pueblo para remover a dicho personaje y para que
organizara elecciones de acuerdo con la mayoría de aquel vecindario, “a fin de que
resulte nombrado Comisario persona que le dé garantías a los indígenas”.537
Cabe señalar que las protestas contra los representantes impuestos por las
autoridades y las contrapropuestas de esta población indígena, se fincaban en que
dicho acto significaba la violación de los procedimientos imperantes para la selección
de las autoridades, lo que provocaba un agravio para los habitantes del lugar. La
postura gubernamental al imponer un principio diferente al acostumbrado, generó
inconformidad, ya que su dirigente debería ser miembro del mismo grupo, es decir,
Los
viejos males de las comunidades indígenas colimenses, se volvían reiterativos.
536 Carta del Subprefecto de Comala al Jefe de Armas del Estado, 11 de abril de 1914; en AHEC, Caja 854, (hoja suelta), Sección A, No. 19, Año1914. 537 EP, 3 de septiembre de 1914, p. 1.
269
necesitaba contar con los suficientes rasgos culturales en común con sus
representados como para permitir que se identificaran con él. 538
3.- EL NUEVO GOBIERNO EN ACCIÓN
El panorama anterior tuvo alteraciones sustanciales a partir de que Colima
sufrió los oleajes revolucionarios que arribaron desde tierras jaliscienses. Las fuerzas
del Ejército del Noroeste, al mando del general Álvaro Obregón, ocuparon
Guadalajara el 8 de julio de 1914. Una vez establecida su hegemonía en esta
entidad, dos mil efectivos constitucionalistas se enfilaron hacia el estado de Colima a
fin de someter al gobierno estatal y a las fuerzas militares adictas al huertismo.
Los numerosos contingentes constitucionalistas no tuvieron gran problema
para ocupar la capital colimense –el día 19 de julio de 1914–. Previamente, el
gobernador Antonio Delgadillo había huido rumbo a Manzanillo. El conjunto de sus
fuerzas leales no corrió con igual suerte: un centenar de militares huertistas
concentrados en los terrenos de la hacienda La Albarrada fueron hechos prisioneros
y fusilados de manera inmediata.
Una vez que el gobierno colimense, leal al general Victoriano Huerta, cayó
bajo los embates y avanzada de las fuerzas constitucionalistas en la entidad, se
procedió a institucionalizar el rápido dominio revolucionario mediante el
nombramiento de nuevas autoridades. El general Álvaro Obregón, de común acuerdo
con el Primer Jefe Venustiano Carranza, designó como gobernador interino al señor
Eduardo Ruiz, sonorense que se encontraba en occidente haciendo propaganda a
favor de la causa constitucionalista. A Ruiz se le extendió nombramiento de Teniente
Coronel del Ejército Constitucionalista y recibió el cargo de Gobernador Civil y
Comandante Militar del Estado de Colima.
Con la llegada del nuevo gobierno no sólo se modificó el escenario político,
sino que también se hicieron presentes nuevas políticas en el rubro económico. La
avalancha de disposiciones en esta materia se expresó mediante cambios en el 538 Barrington Moore, La injusticia..., p. 29.
270
ámbito impositivo, derogando las normatividades establecidas durante la etapa
anterior de gobierno.539 Particularmente, se declararon caducos los decretos que
fijaban la exención en el pago de contribuciones a numerosas fincas de
particulares.540
De igual manera, se formó una Junta Calificadora sobre Capitales Mercantiles
y Urbanos, a fin de que redefiniera el valor de las propiedades para que los
impuestos estuvieran determinados en función de datos más fidedignos. Una medida
de tal magnitud no podía ser aplaudida por los grandes hacendados y comerciantes
de la región. Dicha inconformidad la hicieron patente los propietarios de las
haciendas de La Estancia, Buenavista, Quesería y La Albarradita, entre otras más;
junto a su queja iba una solicitud de rebaja en el monto del impuesto, la cual, en
varios casos, fue respondida afirmativamente.
541
Así que, las haciendas de San Antonio y Quesería, propiedad de Arnoldo
Vogel y Francisco Santa Cruz respectivamente, ya no pudieron gozar de sus
tradicionales exenciones de impuestos, generosas canonjías proporcionadas desde
hacia varios años por el congreso local y su leal amigo, el exgobernador Enrique O.
de la Madrid.
A la par de los nuevos criterios en
materia de impuestos, se extremó la vigilancia y exigencia para que dichas
aportaciones se cubrieran puntual y oportunamente.
542
Los hacendados y comerciantes no sólo tuvieron que padecer las medidas
anteriores, también estaban obligados a cubrir la parte que les correspondía del
Para Francisco Santacruz las cosas fueron más lejos, ya que las
autoridades implementaron la incautación de la laguna de Cuyutlán y sus terrenos
anexos, pues el nuevo gobierno consideró que dichas áreas eran de propiedad
federal; por esta razón deberían ser de uso público y no de particulares como las
estaba detentando Santa Cruz.
539 EC, 25 de julio de 1914, 209. 540 EC, 19 de junio de 1915, p. 119. 541 Los trámites y respuestas oficiales se encuentran en AHEC, Caja 873, Sección A, No. 19, Año 1915. 542 Una muestra de lo anterior puede observarse en: Solicitudes de Arnoldo Vogel y Francisco Santa Cruz al Congreso del Estado y Dictamen de la Comisión de Hacienda, noviembre de 1906; en APLEC, Dictámenes de las Comisiones, Legislatura XVII, Caja 107, Expediente 1, pp. 650-655.
271
monto de 300 mil pesos, fijado como contribución de guerra, entre todos aquellos
propietarios y comerciantes cuyo monto de capitales fuera superior.543
Al tiempo que se impulsaban dichas medidas, se dieron cambios en el titular
del Ejecutivo Estatal, de acuerdo con los vaivenes de la evolución política y militar
que se desató tras el triunfo revolucionario y la ruptura posterior entre
convencionistas y constitucionalistas. Desde mediados de noviembre de 1914,
Eduardo Ruiz cedió su lugar al general Juan José Ríos, quien dominó la política
estatal durante los tres años siguientes, intercalando algunos interinatos con el Lic.
Winstano Luis Orozco y con el general Esteban Baca Calderón.
No cumplir
con dicha disposición significaba estar amenazado con la confiscación de sus bienes,
medida implementada a través de la Oficina de Intervención y Confiscación de
Bienes.
A partir de la llegada de Ríos al poder estatal los problemas en el campo
colimense tomarían tintes variados y por momentos convulsos, alterando realidades
que se habían vuelto costumbre entre la vida agraria local y sus representantes más
álgidos. La tan traída y llevada tranquilidad local se puso en entredicho y los
hacendados se dedicaron a atender otros asuntos, por encima de actividades de
recreación, fiestas y acciones que reafirmaran su prestigio social, actividades muy
socorridas durante los años porfiristas y que se prolongaron como costumbre
arraigada durante varios años revolucionarios; incluso, el señorío de los hacendados
se puso de manifiesto durante los meses de gestión del constitucionalista Eduardo
Ruiz.
Por ejemplo, en septiembre de 1914, casi al tiempo que los indígenas de
Suchitlán estaban formulando sus quejas contra “su” comisario municipal, sus
flamantes vecinos, los hacendados Rangel, estaban enfrascados en participar en las
actividades programadas por la nueva Secretaría de Gobierno para conmemorar un
aniversario más de la independencia nacional. Para el desfile del 16 de septiembre,
los Rangel se comprometieron a que su hacienda de Nogueras costearía el proyecto
543 EC, julio 25 de 1914, p. 210.
272
de dos de los carros alegóricos participantes: “El primero representa a la Diosa de la
Paz y el segundo a la Agricultura; obras del conocido artista colimense Antonio M.
Cedeño”.544
Incluso, después de estos festejos, más que el desfile militar y cívico, donde
tomaron parte las fuerzas de la guarnición establecida en la entidad, el profesorado,
el gremio de profesionistas, industriales, comerciantes, obreros, entre otros, los
comentarios giraban en torno a la originalidad de estos carros alegóricos y al
simbolismo que representaban. Se ponderaba, de sobremanera, el “carro de la
agricultura” adornado por la hacienda de Nogueras y que fue el mejor por su
sencillez y su originalidad. Los de “la Paz” y “la Libertad” y el del rastro también
resultaron bien presentados. Obviamente que la familia Rangel se manifestó
indiferente al baile que, la noche de ese día 16, el gobernador obsequió a la
sociedad colimense, en el Palacio de Gobierno. Las notas periodísticas catalogaron
dicho evento de la siguiente manera: “Aunque la concurrencia al baile no fue
numerosa, resultó muy animada”.
545
Así que los dueños de la hacienda de Nogueras, se manifestaron muy solícitos
para colaborar con las actividades de las nuevas autoridades revolucionarias, al
tiempo que hacían sentir su raigambre dentro de la sociedad local. Otra forma de
hacer evidente esto último, fue organizar sus acostumbrados festejos para
conmemorar el onomástico del señor Francisco Rangel, fiesta a la que
modestamente le atribuían un carácter íntimo. Pero, el 2 de octubre, la prensa local
destacaba tal acontecimiento, señalando que ese día habría grandes festejos en la
referida hacienda, a los que “…concurrirán numerosas familias de nuestra sociedad.
A las 7 a.m. marcharon los invitados a caballo, en coches y en carretas, para llegar a
la pintoresca hacienda a horas de tomar el almuerzo. Después del almuerzo se
entregarán a toda clase de juegos y sport. Habrá baile y se jugarán unos
becerros”.
546
544 EP, 6 de septiembre de 1914, p. 4
545 EP, 19 de septiembre de 1914, p. 1 546 EP, 2 de octubre de 1914, p. 2 y 4.
273
Vale decir que estos eventos en las propiedades agrarias no eran solo
privativos de los Rangel, ya que en esa misma fecha se efectuó un día de campo en
San Cayetano, fiesta organizada por los señores Francisco Martínez, Francisco
Arroyo y Felipe Silva, y a la que invitaron a varias familias.547
Apariencia que obedecía, en parte, a que eran estos espacios culturales y
simbólicos del poder, en el que los desfiles y bailes formaban parte del ritual público,
en donde la otrora élite dominante continuó en el ejercicio, no solo de consolidación
de su prestigio social, sino de afirmación de su antiguo poder, demostrando ante el
nuevo gobierno y los grupos subalternos una unanimidad y articulación interna.
Parecía que los
propietarios rurales y los hacendados estaban viviendo como en sus mejores años.
548
4.- GOBIERNO CONSTITUCIONALISTA: AGRARISMO Y POLÍTICAS EN EL CAMPO COLIMENSE
Las medidas anteriores y las que se avecinaban conducen a afirmar que
Colima pudo haberse mantenido más o menos sin alteraciones significativas durante
las convulsiones militares que escenificaron los distintos bandos partícipes en la
Revolución, pero no sería inmune a los efectos que la siguieron. Máxime que una de
las preocupaciones centrales sobre las que giró el gobierno de Juan José Ríos fue
redefinir el panorama agrario existente en la entidad. Uno de sus puntos de partida
fue concebir el cultivo de la tierra como un asunto de carácter público y no limitado a
las dinámicas y criterios que definieran los distintos productores individuales; es
decir, la explotación de la tierra debería tener un marcado sentido social, fincado
sobre todo en la necesidad de alimentos para el abastecimiento de la población local.
Esta necesidad de alimentos se debía a la baja que experimentó la producción
estatal; a manera de ejemplo, es de destacarse lo ocurrido en el municipio de Colima:
en 1905, dentro de su producción agrícola figuraron 170,000 hectolitros de maíz y
11,300 hectolitros de frijol, mientras que para el año de 1915, el monto de estos
547 EP, 2 de octubre de 1914, p. 4. 548 Al respecto véase: James Scott, Los dominados…, pp. 71 ss.
274
mismos productos apenas alcanzó los 106,690 hectolitros de maíz y 4,960 hectolitros
de frijol. 549
Por lo tanto, por decreto gubernamental se estableció como obligatorio el que
todas las tierras aptas para el cultivo deberían de estar en producción; lo anterior
obligaba a pequeños, medianos y grandes propietarios rurales a sembrar y cultivar
las extensiones de tierras que tenían bajo su dominio; si por algún motivo no podían
cumplir con dicha obligación, la autoridad tenía facultades para obligarlos a que
entregaran en calidad de usufructo temporal todas las tierras de labranza que se
quedaran ociosas, o bien, tomar dichas tierras y hacer la asignación
correspondiente.
550
No obstante lo anterior, si por algún motivo se incumplía con dicha obligación,
se contemplaba una multa de cinco pesos por hectárea que quedara fuera de cultivo.
Dicha medida, aplicada durante 1916, era extensiva para hacendados, agricultores,
arrendatarios y medieros.
Esta disposición fue adoptada sin gran dificultad, debido a que
desde hacía un buen tiempo, hacendados y grandes agricultores entregaban parte
de sus tierras para que se explotaran por medieros, estableciéndose previamente los
contratos que regían la cesión de dichos terrenos.
Así que, la orientación nodal del quehacer gubernamental de Juan José Ríos
fue consolidar al campo como la piedra angular para el soporte de la economía
estatal; de ahí que toda actitud que fuera en demérito de este fin, requería la pronta
intervención gubernamental: los productores del campo colimense tenían que acatar
sus disposiciones, voluntaria o involuntariamente, pues no existía mucho margen de
maniobra.
Esta actitud se prolongó durante la administración de J. Felipe Valle. Debido a
la pérdida de cosechas ocurrida durante la temporada de siembras de 1917, como
consecuencia de la devastadora plaga de langosta que asoló los valles –y de manera
549 Estos volúmenes de producción se pueden contrastar en: Oficio de Presidente Municipal de Colima al Gobernador del Estado, enero de 1916; en AHMC, Sección "E", Caja 71, Legajo s/n, Año 1916. Noticias de terrenos y productos agrícolas en el Municipio de Colima. Estado de Colima. Año de 1905; en AHMC, Siglo XX, Caja 20, Exp. 36, Año 1906. 550 Al respecto, véase: EC, mayo 8 de 1915, p. 87.
275
más fuerte en el suroeste de la entidad– así como por el término prematuro de la
temporada de lluvias, la escasez de productos agrícolas se hizo patente en la
entidad. Ante esto, el mandatario colimense envió una iniciativa ratificada por el
Congreso del Estado en octubre de ese año, para que durante esa temporada las
tierras de riego se declararan de utilidad pública, al igual que los animales y aperos
de labranza. Con esta disposición cualquier ciudadano podía denunciar ante los
municipios todas aquellas tierras no cultivables e instrumentos o animales de
labranza no utilizados por sus dueños, para recibirla en calidad de renta por ese año
y después ser regresada a sus respectivos propietarios. 551
4.1.- EL REPARTO AGRARIO
Por otra parte, si algo caracterizó a la administración estatal que se
desempeñó en Colima, desde mediados de 1914, fue la restitución y otorgamiento de
tierras a pueblos y comunidades. Esta política tomó vigencia a partir del año de 1915,
expresamente a raíz de que Venustiano Carranza, desde su refugio en la ciudad de
Veracruz, expidió la Ley Agraria del 6 de enero de 1915. Decreto que estableció las
condiciones para impulsar la repartición de tierras vía restitución o expropiación, así
como las instituciones y procesos que deberían seguirse para la concreción de tal fin.
Esta medida se basaba, en mucho, en la visón que intelectuales leales a
Carranza tenían sobre las haciendas mexicanas. En la opinión de pensadores como
Andrés Molina Enríquez, Winstano Luis Orozco (quien brevemente se desempañaría
como gobernador de Colima) y Luis Cabrera, la hacienda era un instrumento básico
para el dominio de los trabajadores. Sus dueños más que rentabilidad, estaban
signados por el prestigio, muy ligado a los rasgos de un señor feudal.552
551 Iniciativa presentada por el Ejecutivo del Estado a la Cámara Legislativa, Colima, 28 de octubre de 1917; en APLEC, Libro de Iniciativas de Ley. Legislatura XX, Caja 126, Posición 2, pp. 5-11.
Las formas
de explotación se basaban en el alquiler de la fuerza de trabajo, explotación
extensiva de la tierra, así como un carácter colonialista. Esta postura está ubicada en
552 Cfr. Eugenia Meyer, Teórico y crítico de la Revolución, México, SEP, 1972. Andrés Molina Enríquez, Los grandes problemas nacionales (1909), México, Era, 1991. Winstano Luis Orozco, Los ejidos de los pueblos, México, Ed. El Caballito, (Reimpresión), 1975.
276
una perspectiva similar a la concepción de Frank Tannembaum, quien presenta a la
hacienda como un sistema de explotación de grandes superficies de tierra, donde
impera el trabajo endeudado, pago en especie y despojo de pueblos.553 Por esto las
medidas agraristas del carrancismo pugnaron por el exterminio o la disminución del
peso del sistema hacendario en el agro mexicano a fin de sustituirlo por un régimen
de pequeños propietarios.554
…organismo social corroído por el monopolio de la tierra,
improductivo y estéril, contra el absurdo régimen que, al atribuir a uno
cuantos privilegiados el aprovechamiento de las riquezas agrícolas
que otros producen, mata todo estímulo entre los productores,
engendra crisis y carestía…a la vez crea una categoría de parásitos
que son lastre para la sociedad y rémora para el progreso.
Por tanto, en esta idea, la hacienda sería un:
555
De ahí que la Ley Agraria del 6 de enero iba encaminada a modificar este gris
panorama.
En cumplimento a dicho decreto, el profesor Basilio Vadillo, integrante de la
élite constitucionalista de Colima, se convirtió en un activo promotor de dichas
medias agrarias al gestionar, ante el gobierno del estado, la dotación de los terrenos
de los ejidos, y el gobierno estatal, encabezado por el Gral. Juan José Ríos, quien
hizo las primeras posesiones de manera provisional.
Para instrumentar lo anterior, como primer paso, el gobierno del Gral. Juan
José Ríos estableció la Comisión Local Agraria y los comités particulares agrarios,556
553 Frank Tannenbaum, “La revolución agraria en México”, Problemas agrícolas e industriales de México, México, FCE, Vol. 5, 1952.
554 Para detenerse en esta concepción liberal sobre el sistema de haciendas en México, así como el resto de caracterizaciones en torno a esta unidad productiva, véase Alejandro Tortolero V., “Haciendas y espacio: algunas reflexiones y un método para la reconstrucción del territorio de las explotaciones”, en Iztapalapa, México, UAM, Nº 26, julio-diciembre de 1992, pp. 78 y ss. 555 Antonio Díaz Soto y Gama, Historia del Agrarismo en México, México, ERA – CONACULTA – UAM, 2002, p. 634. 556 En el artículo 4º de la Ley Agraria del 6 de enero, decretada por Venustiano Carranza, se estableció que para dar cauce a los trámites de dotación o restitución de tierras funcionaría: Una
277
instancias que, según el cuerpo de dicho mandato, eran las nuevas y únicas que
podían recibir y abrir el cauce a toda aquella solicitud que pretendiera la restitución
de tierras de las cuales hubieran sido despojados los pueblos o, en su defecto, que
aspiraran a la creación de fundos legales.557
Al momento de declarar públicamente la formación de dichos órganos
agrarios, el discurso del gobernador estuvo plagado de alusiones a la redención y
justicia social, así como a lo magnánimo del movimiento revolucionario que
representaba. Al mismo tiempo, partía de la idea de que al transformar las grandes
propiedades rurales o latifundios, para dar paso a pequeñas parcelas de cultivo, se
iba a generar un profundo cambio en la orientación productiva en Colima, ya que se
pasaría de la explotación extensiva a la explotación intensiva de la tierra, es decir,
debido a lo limitado de la propiedad se optaría por sacarle el mayor rendimiento,
elevando los índices de productividad de la tierra, elemento central para alcanzar la
prosperidad económica. Claro, todo recreado a partir de enfatizar que la medida
lograría la liberación de la población local del dominio terrateniente.
Estas instancias funcionaron en cada
estado de la República y estuvieron facultadas para otorgar provisionalmente la
tierra, en tanto la Comisión Nacional Agraria daba el fallo definitivo sobre dicha
solicitud y proceso de adjudicación.
558
Creadas las instancias encargadas de atender las peticiones de tierras, el
siguiente paso fue promover que los pobladores levantaran sus nuevas demandas o
que formularan viejos reclamos. Ante tan insistente llamado, no tardaron en llegar las
solicitudes de tierra y el reclamo de despojos sufridos de parte de hacendados.
559
Comisión Nacional Agraria, compuesta de nueve personas, presidida por el Secretario de Fomento. Una Comisión Local Agraria, compuesta de cinco personas, por cada Estado o Territorio de la República. Los Comités Particulares Ejecutivos que en cada Estado se necesiten, los que se compondrán de tres personas cada uno. Mientras que en su artículo 5º se definía que los Comités Particulares Ejecutivos dependerán en cada Estado de la Comisión Local Agraria respectiva, la que a su vez estará subordinada a la Comisión Nacional Agraria. Esta información está tomada de El Estado de Jalisco (en adelante EJ), 2 de febrero de 1915, p. 1.
El
557 Véase Informe de Juan Jacobo Valadés a Juan José Ríos, en EC, mayo 15 de 1915, p. 92; EC, mayo 22 de 1915, p. 92; EC, mayo 29 de 1915, p. 99. 558 EC., mayo 22 de 1915, p. 100. 559 Para mayor información sobre esta fase del reparto ejidal en Colima, véase, Dylva L. Castañeda Campos, "Los primeros repartos agrarios en Colima", en Barro Nuevo, No. 5, Colima, Col., Gobierno del Estado de Colima – Ayuntamiento de Colima – INAH, abril-junio de 1991, pp. 24-32.
278
arribo de tales peticiones no ocurrió en medio de un entusiasmo desbordado de la
población, donde la espontaneidad y el protagonismo fueran la tónica para externar
un sentir largamente acallado y/o acariciado, por el contrario se requirió de la
propaganda y la gestión directa de agentes medianamente externos a la comunidad
o poblado. En esta labor se involucraron profesores rurales, funcionarios públicos,
algunos intelectuales locales y promotores de la Casa del Obrero Mundial.560
Este último agrupamiento gremial sentó sus reales en la entidad debido a que,
tras su acuerdo para sumarse en apoyo a favor de la causa constitucionalista,
nutrieron sus contingentes militares en el centro del país, varios de los cuales eran
las tropas desplazadas y dirigidas por Juan José Ríos. Así que a su regreso a la
entidad, parte de los batallones rojos se trasladaron a Colima para dedicarse a
desarrollar su aporte militar y su propaganda a favor de la organización y
movilización obrera.
Las solicitudes empezaron a turnarse, pero no debido a una respuesta rápida
y espontánea de parte de la población rural colimense, sino mediante la ingerencia
de propagandistas de la Casa del Obrero Mundial al interior de algunas comunidades
o de profesores de las escuelas de dichos lugares. Estos gestores fungían como
correas de transmisión de las proclamas y propósitos gubernamentales. Debido a
que estas solicitudes no descansaban en un movimiento o iniciativa autónoma de las
masas rurales, dependía mucho de la inclinación e iniciativa del funcionario público
que atendía las dependencias encargadas del trámite y adjudicación agraria.
Gracias a todos estos gestores del agrarismo, después de los trámites
iniciales, los primeros dictámenes provisionales sobrevinieron desde el inicio del año
de 1916. Uno de estos primeros decretos fue a favor de los habitantes de la hacienda
La Magdalena, congregación que recibió el estatuto de pueblo y, por consiguiente,
se decretó la expropiación de los terrenos necesarios para la constitución de su
fundo legal; además, la Compañía de Fomento Agrícola sufrió la afectación de sus
560 Respecto a la actitud constitucionalista a nivel nacional ante la gestión agraria en estos años, véase Charles C. Cumberland, La Revolución Mexicana. Los años constitucionalistas, México, FCE, 1993, p. 216-224.
279
tierras para otorgarlas en dotación ejidal a las cabezas de familia y varones mayores
de dicho asentamiento poblacional, trastocándose las relaciones de peonaje y
mediería que eran la base sobre las que se fincaba la relación económica entre la
empresa y dichos pobladores.561
Otro proceso similar se concretó a mediados del mismo año de 1916, ahora en
el sitio conocido como San Miguel de la Unión. Este asentamiento poblacional tuvo
sus orígenes como rancho que alcanzó crecimiento en la medida que sus pobladores
afianzaron su actividad como medieros y peones de las haciendas y grandes
propiedades ubicadas en sus alrededores. Corría el año de 1885 y la administración
estatal de Gildardo Gómez, cuando la congregación de San Miguel de la Unión
recibió la categoría de pueblo y, por ende, su fundo legal correspondiente; sin
embargo, poco tiempo después, dicho decreto fue derogado y los pobladores no
alcanzaron a tomar posesión de las tierras otorgadas.
En lugar de sembrar y cosechar en tierras de su propiedad, su existencia
descansó en su incorporación como fuerza laboral para las tres haciendas cercanas,
o establecer contratos de aparcería con sus dueños. Isidoro Morales, era uno de los
grandes propietarios de tierra en la zona, situación que le permitía elaborar leoninos
y ventajosos contratos para otorgar terrenos en arrendamiento mismos que los
pobladores de San Miguel de la Unión estaban obligados a suscribir para no
quedarse sin un empleo que les permitiera alimentar a sus familias.562
Pero la adversidad parecía que había seleccionado a este lugar como refugio
favorito. Desde 1909, dicha congregación fue ampliamente conocida, ya que su
De paso,
Morales era el personaje que había formado guardias rurales “voluntarias” para
vigilar la frontera colimense con Michoacán durante 1913, filas que los habitantes del
lugar estaban obligados a nutrir.
561 El decreto respectivo se localiza en EC, febrero 2 de 1916, pp. 37-38. Para mayor información, véase: Hubert Cochet, Historia Agraria del municipio de Coquimatlán, Colima, CECMA – UdeC, 1988, (Avance de Investigación No. 10), pp. 26-42. 562 Por ejemplo en 1916, Isidoro Morales estableció contrato de pago de catorce hectolitros de maíz por hectolitro de sembradura entregado a cada arrendatario. Al respecto véase: Carta del Prof. Toribio Ordóñez al Gobernador General y Comandante Militar del Estado de Colima, mayo 14 de 1916; en AHEC, Caja 848 (b), Sección A, No. 20, Año 1914.
280
nombre alcanzó a figurar en la prensa nacional y hasta se escuchó en el interior del
Palacio Nacional; esto a raíz de los sangrientos sucesos que conmocionaron a sus
habitantes y a los mismos colimenses. Ese año, Darío Pizano, jefe policial en la
ciudad de Colima, irrumpió en una humilde habitación del poblado y su partida militar
asesinó arteramente a los hermanos Suárez, bajo el argumento de que sus
enemistades personales los habían denunciado como individuos alejados del orden y
proclives a la violencia y la rebeldía. Esta funesta intervención de la policía
colimense, en una aparente riña entre familias, generó una profunda inestabilidad
para el gobierno de Enrique O. de la Madrid, debido a que la denuncia de los hechos
llegó hasta las oficinas presidenciales, gracias a que el entonces periodista J.
Trinidad Alamillo llevó a la madre de los jóvenes asesinados para que se entrevistara
con el mismo Porfirio Díaz; aparte de haber aprovechado las páginas de su periódico
de Guadalajara para denunciar ampliamente dichos acontecimientos.563
Por lo anterior, los lazos de la autoridad estatal no estaba tan afianzados en
este lugar, la hosquedad hacia los funcionarios menores era una actitud reiterada.
Como merecedores de dicho trato no escapaban ni los comisarios municipales, pese
a que se designaban de entre los pobladores de la zona. Al menos de esto se
quejaba Tomas Yánez, quien no dudaba en manifestar la actitud poco fraterna de la
mayor parte de los 900 habitantes del lugar.
564 Así que, para buscar su legitimación
como nuevo gobierno, los funcionarios constitucionalistas no demoraron mucho la
solicitud de tierras que emanó del seno de dicho poblado.565
Muy ejemplificador resultó el hecho de que, en mayo de 1916, un grupo de
habitantes de la entonces conocida congregación de San Miguel de la Unión elaboró
una solicitud de adjudicación dirigida al gobernador Ríos, gracias a las gestiones
encabezadas por el maestro del lugar; la petición fue turnada al local de la Comisión
Local Agraria y, en aproximadamente un mes, se emitió una respuesta positiva que
563 Para mayores detalles, consúltese la ya referida obra de Emilio Rodríguez Iglesias, El crimen de Tepames, México, Costa Amic, (Col. Club del Libro Colimense), 1975. 564 A fin de ilustrar tal actitud, véase: Carta de Tomás Yáñez, Comisario municipal de Tepames, al Secretario de Gobierno y de la Comandancia Militar del Estado de Colima, agosto 4 de 1916; en AHEC, Caja 880, Sección A, No. 19, Año 1916. 565 Véase el expediente relativo a esta dotación ejidal en ARAN, Tepames, Exp. 23.131, N1 00/019/01.
281
les otorgaba la categoría de pueblo y la denominación de “Tepames”; al mismo
tiempo, recibió la dotación de tierras que convertía a sus habitantes en ejidatarios.566
Además, obtuvo la dotación de tierras ejidales. Para las autoridades, el significado de
dicha adjudicación, aparte de considerarse un hecho que resarcía económicamente a
sus pobladores, ayudaba a pacificar a los habitantes de la zona, ya que varios de los
hombres declarados en rebeldía contra las autoridades constitucionalistas, provenían
de dicho centro poblacional. Así pues, con estas acciones se buscaba convalidar la
facción revolucionaria que representaba al mandatario Juan José Ríos.567
Otros núcleos poblacionales favorecidos con las medidas agrarias fueron las
comunidades indígenas de Suchitlán y Cofradía de Suchitlán,
568
Pero mientras tanto, al amparo del dictamen favorable emitido por la Comisión
Local Agraria a favor de la comunidad de Cofradía de Suchitlán, justo en la navidad
de 1916, el general y gobernador Juan José Ríos le otorgó a este poblado una
posesión provisional de tierras que comprendía un sitio de ganado mayor, porción
que estaba comprendida dentro de los terrenos de la hacienda de San Antonio,
propiedad del alemán Arnoldo Vogel (Fig. 22).
ubicadas en el
municipio de Comala. La primera de estas solicitudes se formuló y resolvió durante el
año de 1915, mientras que Cofradía hizo lo propio en noviembre de 1916 y, al mes
siguiente, recibió respuesta afirmativa. Respuestas que tuvieron carácter provisional
y que tardarían años en obtener su ratificación definitiva por parte de las instancias
nacionales.
566Al respecto véase, EC, junio 10 de 1916, pp. 129-131. 567 Un extracto del decreto sobre la materia se localiza en AHEC, Caja 879, Sección A, No.19, Año 1916. 568 Al respecto, véase expedientes localizados en AHEC, Caja 887, Sección A, No. 19, Año 1916.
282
Fig. 22. Plano de las tierras de ejidos otorgadas a las poblaciones de Suchitlán y Cofradía de Suchitlán.569
569 En ARAN, Cofradía de Suchitlán, Caja 134, Expediente 23, No. CM 002003. Facsímil de Gabriela Ulloa. Como puede observarse en el plano, la dotación de tierras a ambos poblados, afectó en mayor parte a la hacienda de San Antonio, máxime si se considera que, ya dentro del territorio jalisciense, también se le expropió una superficie nada despreciable para dotar a las poblaciones de Zapotitlán y Mazatlán.
283
En esta misma municipalidad de Comala se presentaron otras solicitudes de
tierra. Una vez que se otorgó la resolución sobre el reparto agrario a favor de los
habitantes de las comunidades de Suchitlán y Cofradía, durante el año de 1917, los
habitantes del poblado de Comala hicieron gestiones similares ante la Comisión
Nacional Agraria. Sin embargo, la gestión del núcleo de pobladores de la cabecera
municipal no contó con el visto bueno de las autoridades municipales, quienes no
dudaron en manifestarse en contra de dicha medida y suplicaron a las autoridades
correspondientes que desecharan dicha petición por considerarla injustificada e
inviable, ya que:
…casi todos los agricultores tienen tierras y el resto pueden
fácilmente conseguirla en arrendamiento, lo cual es más remunerativo
para ellos prestar sus servicios a las pocas fincas agrícolas-
industriales de siembra de caña y fabricación de azúcar (haciendas de
Nogueras y San Antonio, especialmente la primera), siendo éstas las
más afectadas por la dotación de ejidos, pues los terrenos próximos a
Comala se encuentran cultivados de cañas de azúcar, principal valor
de la hacienda (1 millón kg por zafra), el municipio disfruta de sus
impuestos, además de ser fuente de trabajo para sus habitantes,
superior por los jornales que ganan. 570
La cosa no pintó mejor para las solicitudes de ejido formuladas por los
propagandistas de la Casa del Obrero Mundial y destinadas a la obtención de
parcelas para los habitantes de las cabeceras municipales de Colima y Villa de
Álvarez. En el caso de la solicitud de tierras en el municipio de Colima, formulada
durante 1916, los primeros pasos fueron afortunados, ya que contó con un dictamen
570 Oficio Nº 94 de Dionisio Robles a la Comisión Nacional Agraria, 23 de junio de 1930; AHEC, Caja 920, Sección A, No. 18, Años 1918-1923.
284
favorable por parte de la Comisión Local Agraria, lo que conllevó a que, de acuerdo
con las normas e instancias que contemplaba la aludida ley del 6 de enero, el Comité
Particular Ejecutivo de Colima, mediante un protocolario y concurrido acto (donde
estuvieron acompañados por el Presidente Municipal, los integrantes del cuerpo
directivo de la Casa del Obrero Mundial y más de 150 vecinos de la municipalidad),
realizara la identificación del terreno que pertenecía a la hacienda El Trapiche y que
se expropiaría para la creación de ejidos.571
Durante este mismo año de 1916, se presentó la solicitud para la formación
del ejido de Villa de Álvarez. El dictamen favorable arrojaba el otorgamiento de una
porción de tierras que abarcara la extensión que correspondía a un sitio de ganado
mayor, es decir, que midiera 4,190 m por cada costado. Para operar dicho acuerdo,
se convino la afectación de parte de los terrenos que poseían los agricultores Lázaro
Cárdenas y Francisco Corona, entre otros.
Este procedimiento precedía al
otorgamiento formal de las tierras a cada uno de los beneficiarios.
De manera similar a lo ocurrido en el municipio de Colima, en abril de 1916, el
Comité Particular Ejecutivo procedió a la realización de los trabajos pertinentes para
lograr la identificación de la superficie afectada y la delimitación de los puntos y las
líneas divisorias entre los terrenos de ejidos y los de propiedad particular. Para
atestiguar dichos trabajos, el referido Comité estuvo acompañado de los titulares de
los municipios de Colima y Villa de Álvarez (Carlos G. Rosaldo y José Monge,
respectivamente), del dirigente del Sindicato de Labradores y Campesinos (Genaro
Montes de Oca), organismo filial de la Casa del Obrero Mundial, así como de tres
docenas de habitantes de la población de Villa de Álvarez y de rancherías de la
municipalidad de Colima, pero limítrofes a Villa de Álvarez.572
Sin embargo, esta adjudicaciones y reparto agrario no tuvieron mucho futuro,
cuando menos en lo correspondiente al municipio de Colima. En general, la Comisión
571 Véase, Acta de las diligencias de identificación de terrenos ejidales del municipio de Colima; en AHMC, Sección "E", Caja 63, exp. s/n, Año 1916. 572 Véase, Acta de delimitación de los linderos de los terrenos de ejidos del Municipio de Villa de Álvarez, abril 19 de 1916; en AHMC, Sección "E", Caja 63, exp. s/n, Año 1916. Acta levantada en el rancho de "Los Limones" para el reconocimiento de los linderos de los ejidos del municipio de Villa de Álvarez, abril 20 de 1916; en AHMC, Sección "E", Caja 62, exp. s/n, Año 1916.
285
Local Agraria otorgó tres sitios de ganado mayor que provisionalmente pasaron a
formar parte de los ejidos de la ciudad de Colima; sin embargo, no corrieron con la
misma suerte al ser turnados ante la Comisión Nacional Agraria para su resolución
definitiva. Para finales de junio de 1916, este último organismo agrario dio marcha
atrás a la adjudicación de las instancias agrarias de Colima, al dictaminar como
improcedente las expropiaciones y dotaciones de tierras para el establecimiento del
sistema de ejidos la ciudad de Colima; lo anterior se apoyó en el criterio de que a
ninguna ciudad se le podía asignar una restitución ejidal, lo cual solo era aplicable a
poblaciones rurales.573
Esta resolución se dio pese a todas las tentativas realizadas por el presidente
municipal Carlos G. Rosaldo para que se anularan los títulos de adjudicación de
tierras recibidos por propietarios como Ignacio Pamplona, quien se convirtió en
poseedor legal de una gran cantidad de tierras en meses previos a la caída del
gobierno de Antonio Delgadillo, formalizando un despojo perpetrado a otros
particulares desde los tiempo de don Porfirio Díaz. Obviamente, Rosaldo insistía en
que dichas tierras pasaran a integrarse a los pretendidos ejidos de Colima.
574
Pero, contrariamente a estos deseos, el acuerdo adverso a los pretensos
agraristas del municipio de Colima generó la reintegración de tierras, no solamente a
favor de la hacienda de el Trapiche, sino también para la hacienda de la Estancia, a
quien se le había incautado otro sitio de ganado mayor, aparte de aperos y animales
de labranza. Luego del dictamen contrario al reparto ejidal en la ciudad de Colima,
Luis Brizuela, dueño de esta hacienda, recibió un pago en especie (cien hectolitros
de maíz) por concepto de pago de renta por el usufructo que hicieron los frustrados
ejidatarios de las tierras y demás propiedades.
575
573 Horacio Macias Chapula, "Ley Agraria del 6 de enero de 1915 en Colima: o de cómo se diseña, construye y opera una serpentina jurídico-burocrática... y de paso antirrevolucionaria", en Cátedra, Nº 1, Colima, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, noviembre de 1999, p. 39; Berta Ulloa, Historia de la Revolución Mexicana, 1914-1917. La Constitución de 1917, México, El Colegio de México, Tomo 6, 1983, p. 375.
574 Oficio Nº 506 del Presidente Municipal Carlos Rosaldo al Secretario de Gobierno del Estado de Colima, mayo 26 de 1916; en AHEC, Caja 848 (b), Sección A, No.20, Año 1914. 575 Oficio del Secretario de Gobierno y de la Comandancia Militar al C. Luis Brizuela, marzo 17 de 1917; AHEC, Ramo economía, Caja s/n, Años 1912-1913.
286
Por otra parte, la apertura de solicitudes en el municipio de Colima dio pie a
todo tipo de aspiraciones. Una vez que la Comisión Local Agraria dictaminó el
otorgamiento provisional de los referidos terrenos ejidales, el propietario del
Ferrocarril Urbano de Colima se dirigió a este organismo agrario para solicitar uno de
los terrenos de labranza contemplados dentro de dicho ejido, la justificante era que
necesitaba un pedazo de tierra para sembrar el pasto que alimentaría a las bestias
que utilizaba para el desplazamiento de los carros de ferrocarril que iban de la capital
a la colindante población de Villa de Álvarez. Aunque esta solicitud no alcanzó
grandes vuelos, ya que la misma instancia local aplacó la ambición de este
empresario.576
En lo que respecta a este tipo de gestiones agrarias en el municipio de
Colima, vale retomar afirmaciones que señalan: “…ni los necesitados ni los cínicos y
desvergonzados tuvieron acceso a dichas tierras, pues los fallos de los organismos
agrarios fueron negativos tanto para estos ejidos en proceso de gestación como ante
solicitudes de tipo individual”.
577
Aunque esto no fue regla general; como las solicitudes de reparto o restitución
de tierras se hicieron extensivas a varias municipalidades de la entidad, los
habitantes de las poblaciones de Cuyutlán, Coquimatlán y Manzanillo recibieron una
respuesta favorable a sus recientes aspiraciones agraristas; con esto y que su
aplicación tuvo una fase provisional y que en algunas ocasiones la resolución
definitiva emanada de la Comisión Nacional Agraria,
578
Sin embargo, el fraccionamiento de la propiedad no sólo se instrumentó desde
la instancia agraria creada por las autoridades federales y por gestiones de la Casa
del Obrero Mundial, ya que presionados por las circunstancias los grandes
propietarios optaron por fraccionar sus propiedades colocando en venta porciones de
provocó modificaciones y
anulaciones que en ocasiones alteraron la aparente tranquilidad en que se
desenvolvían los distintos sectores y sujetos del campo colimense.
576 Solicitud del propietario del Ferrocarril Urbano de Colima al Presidente Municipal de Colima, mayo 6 de 1916; AHMC, Sección "E", Caja 62, Expediente s/n, Año 1916. 577 Samuel Ojeda, Rebeldía…, p. 125. 578 Sobre el particular, véase, Horacio Macias Chapula, "Ley Agraria…, pp. 37-40.
287
las mismas como pequeña propiedad. A fin de medir la magnitud de esta medida, la
Secretaría de Agricultura y Fomento, por conducto del Departamento de
Colonización de la Dirección Agraria, se comunicó con el gobernador de Colima para
que proporcionara información a fin de conocer las propiedades nacionales y
particulares que pudieran fraccionarse para la pequeña propiedad y, a su vez,
organizar la estadística de los fraccionamientos de fincas rústicas de propiedad
particular que se hubieran hecho por cuenta de sus respectivos propietarios
colimenses o que estuvieran por verificarse.579
En ese tiempo, entre los hacendados que planeaban dividir sus propiedades
estaban Salvador M. Ochoa y Francisco Santacruz Ramírez.
580 Este último aplazó la
división de su hacienda de Cuyutlán, ubicada en el municipio de Manzanillo, bajo el
argumento de que no se había expedido una Ley Agraria del Estado que posibilitara
fraccionar las fincas que se encontraban en arrendamiento o hipotecadas, como era
su caso. Pero ante lo inevitable, planificó la división de su hacienda en 30 lotes de
entre 135 y 100 hectáreas, los cuales se venderían a 18 mil y 15 mil pesos
respectivamente, mismos que se pagarían de la siguiente forma: mil al momento de
recibir el lote y mil anuales hasta completar el valor.581
Frente a este panorama, se levantaron voces locales como la de Sixto de la
Vega, quien sugirió al gobernador que la Comisión Local Agraria –de la cual formaba
parte– reactivara sus trabajos relativos a la dotación de tierras a los pueblos,
rancherías, comunidades, celebrando las sesiones que por reglamento debería de
efectuar.
582
579 Oficio No. 4204 del Secretario de Agricultura y Fomento, Pastor Rouaix, al Gobernador del Estado de Colima, México, 9 de noviembre de 1918; en AHEC, Caja 926, Sección A, No. 18, Año 1918. Así como, Oficio No. 4919 del Secretario de Agricultura y Fomento, Pastor Rouaix, al Gobernador del Estado de Colima, México, 27 de agosto de 1919; en AHEC, Caja 926, Sección A, No. 18, Año 1918.
Justo en esas fechas, el Congreso del Estado de Colima se encontraba
580 Oficio No. 195 del Gobernador del Estado, Felipe Valle, al Secretario de Agricultura y Fomento, Colima, 16 de noviembre de 1918; en AHEC, Caja 926, Sección A, No. 18, Año 1918. 581 Oficio de Francisco Santacruz Ramírez al Gobernador del Estado, Colima, 20 de noviembre de 1918; en AHEC, Caja 926, Sección A, No. 18, Año 1918. 582 Comunicado de Sixto de la Vega, al Gobernador Constitucional del Estado, Felipe Valle, Colima, 28 de noviembre de 1918; en AHEC, Caja 926, Sección A, No. 18, Año 1918.
288
discutiendo un proyecto de Ley Agraria que posibilitara y agilizara el fraccionamiento
de los latifundios.583
4.2.- POLÍTICA LABORAL Y GESTIÓN GREMIAL EN EL AGRO COLIMENSE
Aparte de la implementación de lo contenido en la Ley Agraria del 6 de enero
de 1915, otro de los rasgos característicos de la política del gobernador Ríos y sus
subordinados fue auspiciar la organización de los trabajadores rurales, sobre todo de
campesinos pobres, ejidatarios y peones. Obviamente, en los espacios urbanos
hacían lo propio con los gremios, empleados, profesores y trabajadores de pequeñas
factorías. Dicho agrupamiento estuvo a cargo de los militantes y activistas de la Casa
del Obrero Mundial, establecidos en Colima y coaligados con las fuerzas
constitucionalistas desde 1914. Los resultados de los esfuerzos organizativos en el
medio rural se materializaron en la formación del Sindicato de Agricultores y
Campesinos.
Otro de los frentes que se utilizaron para apoyar las necesidades de los
trabajadores del campo se ubicó en el campo jurídico, expresamente mediante la
puesta en vigencia de reglamentos, leyes y decretos que los protegieran del poderío
y las dinámicas que les imponían los hacendados y poderosos terratenientes. En
esta línea se ubica la designación de un salario mínimo diario a cubrirse
obligatoriamente por todos los empleadores de fuerza laboral. Ligado a ello, se
supervisó con cierta regularidad el monto que se pagaba a los jornaleros, la duración
de la jornada diaria y las condiciones generales de trabajo que privaban en cada uno
de los municipios de la entidad.584
583 Oficio 235, Sección 3ª, del Gobernador Constitucional del Estado, Felipe Valle, al C. Sixto de la Vega, Colima, 30 de noviembre de 1918; en AHEC, Caja 926, Sección A, No. 18, Año 1918.
584 Un ejemplo de lo anterior puede constarse en los reportes remitidos por los presidentes municipales de El Mamey y Tecomán. En el primero, los jornaleros recibían un salario que oscilaba entre 31 y 37 centavos al día, algunos patrones proporcionaban comida y la jornada laboral era de seis de la mañana a seis de la tarde. En Tecomán, se informaba que los empleados ganaban 50 centavos diarios, un sueldo igual percibían los peones de haciendas por una jornada laboral no regida por horas sino por “tareas”. Al respecto véase, Oficio No. 16 de Abundio C. Alcaraz, Presidente Municipal de El Mamey, al Secretario de Gobierno del Estado de Colima, 31 de octubre de 1914; en AHEC, Caja 850, Sección A, No. 19, Año 1914. Oficio Nº 17 de Florencio M Aguilar, Presidente
289
Una acción más fue el legislar estatalmente para regular el funcionamiento del
extendido sistema de arrendamiento y aparcería. Se decretó, a fines de noviembre
de 1915, que la retribución por la renta de terrenos y bestias de labranza ya no
debería establecerse mediante el pago en especie de parte de la cosecha
establecida desde el principio de los trabajos agrícolas, sino que debería realizarse
en efectivo (en dinero); además, se contemplaba la exención en el pago de
arrendamiento de dichos terrenos si se presentaba una pérdida por desastres
naturales; también se consideraba que el mediero tenía entera libertad para vender
su cosecha al mejor postor y no entregarla obligatoriamente al dueño de las tierras
arrendadas; otra disposición fue la obligatoriedad que tenían los propietarios de la
tierra para permitir que sus arrendatarios o jornaleros recogieran leña, madera y
pastos de sus otras propiedades, elementos indispensables para su sustento y de
sus bestias de labranza.585
Por otra parte, las organizaciones emanadas de la iniciativa de la Casa del
Obrero Mundial supieron encausar el grueso de las demandas y reivindicaciones de
los trabajadores rurales, así como las solicitudes de tierra ya citadas con
anterioridad; labor que invariablemente se ligaba a los postulados y anhelos de la
revolución “triunfante”. Aunque su labor iba más allá de enarbolar y gestionar
determinadas peticiones o de denunciar abusos laborales, llegándose hasta
emprender tareas de fiscalización y control sobre los patrones.
Con este conjunto de mediadas se dinamizaba la
producción agrícola y se permitía la liberalización de la fuerza laboral.
En este tenor se movió el cuerpo directivo del Sindicato de Agricultores y
Campesinos y algunos de sus agremiados más activos, al reunirse a mediados de
diciembre de 1915 en su local situado en la capital del estado. Luego de sus
deliberaciones, dentro de los acuerdos tomados figuraron el nombramiento de
comisiones de dirigentes obreros para darle seguimiento a todas las medidas
decretadas por las autoridades estatales en beneficio de los trabajadores rurales, a
fin de asegurar su debido cumplimiento por la contraparte: los hacendados y grandes Municipal de Tecomán, al Secretario de Gobierno del Estado de Colima, noviembre 11 de 1914; en AHEC, Caja 866, Sección A, No.19, Año 1914. 585 EC, noviembre 27 de 1915, pp. 250-252.
290
propietarios de la tierra. La labor de dichas comisiones se orientó a concurrir a los
establecimientos agrícolas en activo, sobre todo haciendas y grandes ranchos que
empleaban fuerza laboral; una vez en estos sitios, solicitaban que los dueños o
administradores les presentaran sus libros de registro o contratos de trabajo a fin de
detectar las condiciones laborales y remuneración que recibían medieros,
arrendatarios o peones agrícolas. El objetivo era supervisar si los patrones y dueños
de la tierra cumplían con los decretos sobre salario mínimo y el reglamento sobre
mediería y arrendamiento; sobre todo este último, aprobado recientemente, un mes
antes de que los dirigentes de la COM emprendieran dichas tareas de inspección.
Estas brigadas de los sindicatos adheridos a la Casa del Obrero Mundial
ponían énfasis especial en que al término de dichos contratos o disposiciones
establecidas entre dueños de la tierra y trabajadores, se realizaran las liquidaciones
correspondientes a las ya señaladas normas fijadas por las autoridades estatales a
fines de noviembre de 1915. Dos aspectos se cuidaban: que los procesos de
liquidación se hicieran en presencia de los trabajadores y de que a todo labrador o
arrendatario se le entregara constancia formal, donde se fijara la cantidad que
debería de pagarse por concepto de renta, habilitación o compra de despensa, en
liquidación con la propia finca.
El cuidado puesto por esta organización en la sanción de los contratos,
obedecía a un intento por sujetar a los hacendados a las nuevas legalidades, que
estaban emanando de la revolución, dejando de lado las relaciones asimétricas de
tipo clientelar y personalizadas antaño establecidas.
Al mismo tiempo de estas labores de indagación, se aprovechaba la ocasión
para que los peones y labradores construyeran una caja de resistencia que
administraría la propia Casa del Obrero Mundial, a la cual se destinarían una
pequeña porción de sus ingresos para las eventualidades que, como gremio,
291
pudieran presentárseles o padecieran las desventuras o “caprichos” que la
naturaleza osaba jugarles.586
Este proceso de organización de ciertos sectores de los trabajadores
colimenses se hizo extensivo a la municipalidad de Comala. A fines de 1915, en la
oficina de la Casa del Obrero Mundial con domicilio en la ciudad de Colima, se
congregaron pobladores del Suchitlán para formar el Sindicato de Agricultores y
Campesinos del pueblo de Suchitlán. Dicho organismo se adhirió a las demás
agrupaciones sindicalistas fundadas bajo los auspicios de la Casa del Obrero
Mundial, coincidiendo con el propósito de “…trabajar por el mejoramiento moral,
intelectual y económico de las clases trabajadoras y a la vez con el objeto de unificar
y levantar el espíritu del Pueblo”.
587 La mesa directiva de este sindicato quedó
compuesta por: Agustín Miguel, Secretario General; Gorgonio Ávalos, Secretario del
Interior; Sabino de la Cruz, Secretario del Exterior; y José María Cruz, Tesorero.588
De esta manera, la organización de la Casa del Obrero Mundial, propició la
creación del espacio social necesario para la articulación y coordinación de los
grupos subordinados, espacio social que escapaba del viejo control y vigilancia de la
élite local, hecho que les permitió reafirmar sus lazos y desarrollar la resistencia.
589
En cuanto este bisoño colectivo de la COM arribó a Suchitlán, procedieron a
reunir a sus paisanos para efectuar la votación que nombrara autoridades en el lugar;
la votación mayoritaria recayó en Agustín Miguel como Comisario Propietario, y
Gorgonio Ávalos, como su suplente; para Jefes de las Acordadas se eligieron a
586 Acuerdos de la Mesa Directiva del Sindicato de Obreros y Campesinos de la Casa del Obrero Mundial, Colima, Col., 13 de diciembre de 1915; en AHEC, Caja 881, Sección A, No. 19, Año 1916. 587 Ibíd. 588 Como vocales de dicho sindicato figuraron: Victoriano Miguel, Demetrio Velásquez, Lorenzo Martínez, Ignacio de la Cruz, Ciriaco Martínez, Antonio Ríos, Anacleto Martínez, Tomás Cristóbal, Leobardo García, Anolel Macias, Juvencio Ascencio, José Santos, Juan Marcial, Ricardo García, Heladio Apolinar, Rómulo Velásquez y Gregorio Martínez. Al respecto véase, Oficio Nº 9 de Ignacio Prado, Secretario General de la Casa del Obrero Mundial, al Gobernador y Comandante Militar del Estado, Colima, Col., 7 de enero de1916; en AHEC, Caja 889, Sección A, No. 19, Año 1916. 589 James Scott, Los dominados…, p. 147.
292
Francisco Máximo y Juan de Jesús, presidente y suplente respectivamente; para
Juez del Estado Civil, se nombró a José María Cruz.590
Pero la labor de los agremiados a la COM en tierras comaltecas no se limitó a
la elección de autoridades. Dos semanas después, en la hacienda de Nogueras, se
reunió una comisión de esta agrupación gremial con representantes del gobernador
sustituto Francisco Ramírez Villarreal, para buscar soluciones sobre los conflictos de
agua que se suscitaban entre los propietarios de dicha hacienda y los indígenas de
Suchitlán. La labor del ingeniero nombrado por las autoridades no fue más allá del
reconocimiento del terreno, actitud que no dejó satisfechos a los sindicalistas,
quienes lo catalogaron de parcial, ya que:
…sólo hace un reconocimiento adhesivo a la tierra de los
hacendados, que se precian de extorsionar a los indígenas y se
interesa más bien en lo que incumbe a los explotadores de tierras, de
aguas y de felicidades; que en cuanto al reconocimiento de las tierras
privadas de agua y de las necesidades que son las mayores
propiedades del Pueblo, no hubo preocupación alguna porque sus
moradores no cuentan con un capital para saciar la ambición de tantos
rapaces.591
Incluso llegaban a juicios tan radicales como sostener que, por medio de la
gestión y la legalidad implementada por este tipo de funcionarios, era “…más fácil
regar la tierra del desgraciado Pueblo de Suchitlán, en caso contrario, con sangre de
todos los burgueses que delinquir las Sacrosantas Leyes de la Revolución actual”.
592
590 Comunicado de Agustín Miguel, Secretario General del Sindicato de Agricultores y Campesinos de Suchitlán, al Gobernador Constitucional del Estado, Suchitlán, Col, 8 de enero de 1916; en AHEC, Caja 889, Sección A, No. 19, Año 1916.
591 Acta de F. Cruz, R. Torres y Leonardo Jaramillo, Comisionados de la Casa del Obrero Mundial, Nogueras, Col., 24 de enero de 1916; AHEC, Caja 889, Sección A, No. 19, Año 1916. 592 Ibíd.
293
En fin, la Casa del Obrero Mundial, durante su corta existencia dentro de la
historia laboral de Colima, se esmeró por mejorar las condiciones de vida de la clase
trabajadora, tanto la ubicada en los centros urbanos (la ciudad de Colima) como el
mayoritario sector ubicado en las zonas rurales. Existencia que se desenvolvía en
tiempos sumamente convulsos y críticos, lo que ocasionaba una vida llena de
limitaciones y penurias para este amplio sector de la sociedad colimense.
Rastrear las condiciones que normaban la vida de los trabajadores rurales en
la entidad no es tarea sencilla por lo precario de las fuentes y lo escaso de las
referencias al respecto en las pocas existentes, o más aún –como dijera Jean-Claude
Schmitt– Cómo escuchar la voz de los marginados del pasado cuando por definición
fue ahogada por los detentadores del poder, que hablaba de los marginados, pero no
los dejaban hablar.593 Es decir, durante estos años revolucionarios el sentir de los
trabajadores del campo generalmente estaba mediado por un discurso oficial erudito.
Pero aún así, algunos pasajes pueden dar visos de esta realidad. En este camino se
pueden situar a los reportes sobre los trabajadores de Coquimatlán para 1914,
turnados a las oficinas del Secretario de Gobierno, donde se aludía a la población
aglutinada en el rancho El Pedregal: según la nota, la mayor parte de los vecinos de
este rancho eran labradores en pequeño que laboraban por sí mismos y que vivían
en casas propias con la comodidad que sus recursos les permitía. Obviamente que lo
anterior lleva implícito todo el sesgo que significa el hecho de que el informante era el
propietario del rancho. Aún más, su optimismo se extendía al mencionar que ya
estaba funcionando una escuela y que cuando se presentaban enfermedades, el
mismo se encargaba de prestar los auxilios necesarios, tanto a sus sirvientes como
al resto de los habitantes del lugar.594
Años más tarde, apenas aprobados los preceptos laborales en la Constitución
de 1917, las autoridades de Colima se dedicaron a formular un diagnóstico de las
condiciones de trabajo que existían en las distintas haciendas de la entidad, dicho
593 Jean-Claude Schmitt, “La historia de los marginados”, La nueva historia, Jacques Le Goff, Roger Chartier y Jacques Revel (Eds.), Bilbao, Ediciones Mensajero, (Col. Diccionarios del saber moderno), s/f, p. 417. 594 Véase, Carta de Servando L., Villa de Álvarez, agosto 16 de 1917; en AHEC, Caja 848 (b), Sección A, No. 20, Año 1914.
294
sea de paso, apoyándose nuevamente en los reportes que de sí mismos hacían los
patrones. Desde lugares donde la presencia del sistema de haciendas tenía mucho
peso, como era el caso del norte y sur colimense, personajes prominentes en esta
materia, como Arnoldo Vogel y Carlos Meillón, manifestaban que sus haciendas
contaban con varias casas para viviendas de empleados, las cuales reunían las
condiciones de comodidad e higiene marcadas por la ley, además se mostraban
dispuestos a implementar la orden que se les remitió, referente a que se aumentara
el numero de casas para trabajadores hasta donde fuera posible y se procurara
destinar un local para enfermería (Fig. 23). De paso agregaban que ya contaban con
escuela, pero que se esmerarían en mejorarlas.595
Fig. 23. Patio principal de la hacienda de San Antonio, con la zona habitacional de los peones acasillados al frente.596
595 Correspondencia de Arnoldo Vogel y Carlos Meillón al Secretario General de Gobierno, Colima, Col., 5 de agosto de 1917; en AHEC, Legajo 848 (b), Sección A, No. 20, 1914. 596 Tomado Marie Robinson Wright, Picturesque Mexico, Filadelfia, J. B. Lippincott, 1897, publicada por Servando Ortoll, Vogel. Las conquistas…, p.14.
295
Sin embargo, esta disposición de los hacendados a cumplir con tales
requerimientos, sólo fue verbal, ya que, a decir de Cresenciano Vázquez García, un
ex peón de San Antonio:
En este sitio no había doctor, así que era imposible recibir
atención médica. La gente se curaba con yerbas o como podía, por
eso había tantas personas cicatrizadas de viruela. Otra enfermedad
que ahí hacía estragos era el paludismo, y a eso agreguemos que la
mayoría de los habitantes traía constantemente sus piernas llagadas
por tanto mosco ‘barrilillo’ y por el zacatal. San Antonio no contaba ni
siquiera con un curandero. Estábamos a la buena de Dios. Yo no
recuerdo a ninguna persona que supiera curar, aunque fuera
líricamente.597
En términos discursivos sonaba muy bien, pero como dice un refrán popular
“del dicho al hecho hay mucho trecho”, ya que esta actitud comprensiva y hasta
bondadosa de estos hacendados hacia sus peones y empelados se pondría en
entredicho por una realidad que en esos mismos instantes se estaba presentando. A
principios de agosto de 1917, en las oficinas del Juzgado de Primera Instancia del
Ramo Civil, un extrabajador de Arnoldo Vogel tuvo que recurrir a formular una
demanda para exigir el pago de $401.38 pesos, que se le adeudaba por salarios
devengados en la hacienda de San Antonio, después de haber laborado en la
misma, entre el 1o de julio 1915 y el 30 de abril de 1917.
598
Otra imagen que también muestra a trabajadores del campo, pero éstos ya más
liberados de la tutela y condiciones laborales del hacendado, se exhibe en los
597 María del Carmen Orozco, “La Hacienda…, p.330. 598 Véase, Carta poder de Gulibaldo Flores a J. Jesús Ahumada, Colima, 11 agosto 1917, y notificación de J. Jesús Ahumada al Juez de lo Civil y de Hacienda, Colima, 14 agosto 1917; en Archivo del Poder Judicial del Estado de Colima (en adelante APJEC), Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y de Hacienda, Ramo Civil, Juicio Nº 294, 1917.
296
reportes de 1917 sobre la realidad que se vivía en la hacienda el "Trapiche", en la
cual, una vez que había salido airosa del intento de reparto agrario ejidal, sus dueños
procedieron a dividir la propiedad en varias parcelas; de ahí surgió El Parián, El
Zapote y el mismo Trapiche. El apoderado general de la dueña del predio El Trapiche
informaba que sólo 13 o 14 mozos vivían en la llamada casa principal “con las
comodidades e higiene posibles”, el resto de los trabajadores vivían en sus
respectivos domicilios,599
Por otro lado, un asunto que preocupó sobremanera a las comunidades
rurales, fueran estas indígenas o mestizas, era la utilización del agua de los ríos y
arroyos que atravesaban por sus poblados y tierras de labranza; lo que se expresó
de manera más reiterada en los poblados de Comala, Suchitlán y Cuauhtémoc. Este
tema provocó reiterados conflictos entre los pobladores y hacendados del lugar, ya
que los últimos acaparaban gran parte de este líquido para regar sus amplios
sembradíos. Una de estas dificultades ocasionó que un nutrido grupo de habitantes
del poblado de Cuauhtémoc solicitaran la intervención del gobernador del estado
para que se les otorgaran aguas, así también para que separara de su cargo al titular
de la Comisión Local Agraria, debido a que dicho funcionario decretó como federales
las aguas que corrían por el poblado, categoría que los inconformes rechazaban
tajantemente.
lo que implicaba no depender directamente del control
patronal.
600
Todo este conjunto de acciones organizativas y reivindicativas emprendidas
por los pobladores rurales del Estado de Colima, hacen pensar en la idea de Eric
Hobsbawm en torno a que en una situación política como la que se vivía en la
entidad “…hay algo que se ha filtrado hasta los poblados y los ha convencido de que
los tiempos están cambiando: la estrategia normal de la pasividad tal vez puede
sustituirse por la actividad”.
601
599 Rosendo R. Rivera al Secretario de Gobierno, septiembre 25 de 1917; en AHEC, Caja 848, Sección A, No. 20, Año 1914.
Dicha pasividad, tal vez, tendió a disiparse, ya que el
comportamiento de varios grupos de habitantes del agro y el limitado medio urbano
600 Habitantes del poblado de Cuauhtémoc al Gobernador Constitucional del Estado, 3 de noviembre de 1917; en AHEC, Caja 848 (b), Sección A, No. 20, 1914. 601 Eric Hobsbawm, Sobre la historia, Barcelona, Crítica, 1998, p. 215.
297
colímense se volvió cada vez más nítido. Particularmente, la actitud de los
pobladores de Suchitlán y Cofradía de Suchitlán daría cuenta de ello.
298
VII SUCHITLÁN Y COFRADÍA DE SUCHITLÁN EN
PLENOS AÑOS REVOLUCIONARIOS
1.- ENTRE LA VIOLENCIA Y EL CONFLICTO REVOLUCIONARIO
Los sucesos que se originaron a partir de la ruptura entre los distintos bandos
revolucionarios, ocurrida en el último tercio de 1914, tuvieron sus repercusiones en la
zona de Comala y, específicamente, en las zonas indígenas establecidas en las
faldas del volcán de Colima. La pugna entre constitucionalistas y villistas irradió en
estas tierras y ocasionó un clima agreste donde la violencia y la inseguridad hicieron
acto de presencia.
Este proceso se entremezcló con el conflicto que estaban viviendo los
indígenas con los hacendados del lugar. Muestra de ello, a principios de 1915, el
comisario y secretario de Cofradía de Suchitlán denunciaban ante las autoridades
estatales que su pueblo:
…ha sufrido con tanto enemigo avecindado, y los indígenas
todos proclamamos a la ayuda de armas que usted nos a de
garantizar, y también auxilio de su ejército, y por lo consiguiente doy al
Gobierno los nombres de los enemigos de la pobrería y del gobierno
constitucionalista, los cuáles son Próspero Martínez indígena, y
Eutimio Velásquez, Paulino Escamilla, Cirilo Escamilla, y Porfirio
299
Vázquez vecinos, y Teodoro Cruz, pronunciado capitán a favor de
toda la gente de mala conducta.602
Para enfrentar este problema solicitaban que se les autorizara detener y
remitir a las autoridades de Colima a todos los vecinos que estuvieran a favor de
dichos individuos y que constantemente atentaban contra “los pobres”, acción que
podrían realizar si la acordada del lugar recibía el apoyo necesario. En rápida
respuesta, se les enviaron doce carabinas equipadas con cien cartuchos cada
una.
603
Es de suponerse que las personas denunciadas constituían un núcleo de
individuos que, al tiempo que mantenían nexos con el hacendado Vogel, mostraban
proclividad a los grupos armados que se identificaban con el villismo que se
desplazaba por el norte de Colima y grupos similares que actuaban en el sur de
Jalisco, pero que realizaban furtivas incursiones en esta zona colimense.
Al pretender desempeñarse como áctivos agentes militares del
constitucionalismo, los agraristas sucitlecos buscaban no sólo la protección de sus
tierras, sino cobrarse viejas cuentas, o cuando menos exteriorizar su fuerza ante sus
detractores de antaño. Era una forma de desquite que llevaba implícita la
reafirmación de la dignidad y del valor humano luego de que se les había hecho (o se
sentían víctimas) un daño o lesión. Era un sentimiento detrás del cual estaba el
agravio moral y el sentimiento de injusticia. 604
Como los núcleos opositores al constitucionalismo significaban una amenaza
contra esta comunidad, ya que al encontrarse al amparo de las autoridades, los
suchitlecos los focalizaron como sus enemigos a vencer, o cuando aspiraban a su
neutralización; dentro de estos opositores se encontraba la facción villista. Un
indicador de la incursión de estos grupos armados en la zona se encuentra en la
602 Oficio de Lorenzo Apolinar, Comisario municipal de Cofradía de Suchitlán, al Gobernador Coronel del Estado, Cofradía de Suchitlán, 12 de enero de 1914; en AHEC, Caja 871, Sección A, No. 19, Año 1915. 603 Ibíd. 604 Barrington, Moore, La injusticia..., p. 29.
300
denuncia que Claro Guzmán y demás pobladores de Cofradía realizaron ante el
mismo Presidente de la República Venustiano Carranza, acerca de que en enero de
1916, Vogel los amenazó con echarle a los villistas si no abandonaban los terrenos
que el reclamaba como suyos. Aunque –al parecer– al hacendado no le eran
imprescindibles los grupos villistas, ya que los indígenas denunciaron que mediante
la paga de Vogel, una escolta de militares constitucionalistas los detuvo y los
amenazó con ahorcarlos. Todo esto los hacía manejar la posibilidad de armarse y
adoptar una actitud hostil.605
Sin embargo, parece que la violencia y los actos vandálicos no sólo los
padecieron los indígenas. A mediados de 1916, hasta el mismo Arnoldo Vogel se
quejaba de sus efectos, como es el caso de la destrucción de la línea telefónica que
conectaba a su hacienda de San Antonio con la ciudad de Colima, por lo que
demandaba la intervención de las autoridades de los municipios de Colima y Villa de
Álvarez.
606
Desde hace varios años mi Hacienda ha sido el blanco de
varias partidas de bandoleros, inclusive la de [Vicente] Alonso, las que
por configuración del terreno y por lo apartado de esta ciudad,
merodean incesantemente por terrenos de la finca. Como
consecuencia de ese inminente amago, mi vida esta constantemente
en peligro, así como la de mis empleados y sirvientes…He sido
Dos años después el mismo hacendado seguía insistiendo sobre esta
realidad que laceraba sus intereses:
605 Carta de Claro Guzmán, Representante de Cofradía y demás signatarios al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Cofradía de Suchitlán, 29 diciembre de 1917; en ARAN, Cofradía de Suchitlán, Caja 134, Expediente 23, No. CM 002003. 606 Oficio Nº 29 del Presidente Municipal de Colima al Comisario de Policía Municipal, Colima, 30 de agosto de 1916 y Oficio del Presidente Municipal de Villa de Álvarez al Presidente Municipal de Colima, Villa de Álvarez, 7 septiembre de 1916; AHMC, Secc. E, Caja 61, Exp. 1 y Exp. s/n.
301
asaltado más de una ocasión y plagiado, habiendo tenido necesidad
de pagar un fuerte rescate. 607
En estas líneas, además de aludir a las condiciones adversas en las que se
desenvolvía su actividad productiva, la mención de los riesgos de sus trabajadores
muestra al hacendado con uno de sus rasgos típicos: su carácter de cacique dotado
de aires de paternalismo. Esto mismo es recreado por el escritor Juan Macedo
López, al rememorar un pasaje de su niñez y su estancia en la hacienda de San
Antonio, la cual ya se veía envuelta por las lengüeteadas de la violencia
revolucionaria; en su crónica señala que después de que “Mujeres y hombres en
oleadas silenciosas buscaron lentamente refugio bajo los portales de piedra y la
iglesia…”, y de que “…los revolucionarios indios y mestizos, impasibles, disparaban
calmadamente…”, los rezos desaparecieron y la multitud salió de sus refugios, su
narración se detiene en la figura de Arnoldo Vogel, que había permanecido inmóvil
bajo un árbol:
Así había permanecido, en el disturbio de las balas, inerme y
grave, con frialdad que no era pose, velando por los suyos. Avanzó
sobre un grupo. Los chiquillos nos mantuvimos a distancia,
intimidados por su presencia. Se abrió paso entre los hombres y las
mujeres, llegó hasta nosotros, acarició cabezas, volvió sus pasos y lo
vimos perderse entre la jaula y las begonias del estrado.608
Por su parte, los indígenas suchitlecos tenían sus propios problemas. En
febrero de 1916, Gorgonio Ávalos, en su calidad de comisario municipal propietario
de Suchitlán, informó al secretario de gobierno que en los bosques de las barrancas
607 Correspondencia de Arnoldo Vogel al H. Congreso del Estado de Colima, Colima 22 de julio de1918; en APLEC, Libro de Actas, Legislatura XX (06.05.1918/07.09.1918), Caja 123 bis1, pp. 1541-1559. Sin embargo, varios indígenas de la región y peones de la hacienda declaraban que Vogel llegó a dar asiló al Vicente Alonso en las instalaciones de su hacienda, al respecto véase: Samuel Ojeda, Rebeldía…, pp. 175 ss. 608 Juan Macedo López, Laudanzas a Sinaloa y a Colima, México, Editorial Culiacán, 1984, p. 158.
302
y montes cercanas al pueblo existían algunos bandoleros armados que hostilizaban,
intimidaban y extorsionaban a indígenas que caían en su poder so pena de pasarlos
por las armas. Debido a que la comisaría a su cargo carecía de armas, Ávalos
suplicaba se le auxiliara con personal que inspeccionara esos bosques y eliminara el
peligro constituido por este núcleo de bandoleros.609
Era tanta la amenaza que padecían los pobladores de Suchitlán, que el
gobierno constitucionalista armó a una partida de ellos para que resguardaran sus
vidas y familias, al tiempo que contribuían con el combate a los opositores del
constitucionalismo y auxiliaban en las tareas que instrumentaban estas nuevas
autoridades. Así que, los indígenas de Suchitlán se sumaron a las filas y tareas
constitucionalistas, no sólo para satisfacer sus aspiraciones agrarias, sino que
existieron motivaciones similares a otros grupos rurales del país, como en el caso de
los campesinos de la serranía poblana; en este lugar, los campesinos, cansados de
ser víctimas de las arbitrariedades de la violencia revolucionaria, vieron a menudo al
reclutamiento militar como la mejor oportunidad de ganar protección para sus familias
y comunidades.
610
Por tanto, los indígenas suchitlecos no permanecieron inermes ante los delitos
que se cometían en la comunidad. Por ejemplo, a raíz de un crimen cometido el 10
de junio de 1917, detuvieron a Clemente Ochoa y –pese a que para algunos era una
persona honrada y trabajadora– lo remitieron a Comala para que se le investigara y
declarara como testigo, pues se presumía que conocía la identidad de los autores de
dicho crimen.
611
En general, los pobladores de la municipalidad de Comala se sentían
hostigados por el bandolerismo que deambulaba en esta zona, específicamente
609 Gorgonio Ávalos, Comisario municipal Propietario de Suchitlán, al Secretario de Gobierno del Estado, Suchitlán, 1o de Febrero de 1916; en AHEC, Caja 888, Sección A, No. 19, Año 1916. 609 Oficio de la Presidencia Municipal de Comala al Presidente Municipal de Colima, junio de 1917; en AHMC, Sec. E, Caja 76, Leg. 45, Año 1917. 610 Sobre el papel desempeñado por los campesinos serranos de Puebla en el conflicto revolucionario, véase, Keith Brewster “Caciquismo en el México rural de los años veinte: el caso de Gabriel Barrios”, en Historia y grafía, México, Universidad Iberoamericana, Nº 8, 1997, p. 219. 611 Comunicado de J. Felipe Valle, Gobernador del Estado de Colima, al C. Comandante de la Gendarmería de Colima, Col., 29 de mayo de 1918; en AHMC, Sec. E, Caja 78, Leg. 48, 1917.
303
entre San Antonio y Cofradía, de ahí que a mediados de 1918, los destacamentos
militares establecidos en Comala, Cofradía y Suchitlán, por instrucciones del
Gobernador J. Felipe Valle, recibieron auxilio desde Colima para realizar dicho
operativo.612 Las medidas y facilidades para enfrentar a bandoleros y asaltantes se
extendieron tanto a pobladores como hacendados colimenses.613
En lo que respecta a las amenazas contra los indígenas de Suchitlán, éstas se
siguieron presentando ya entrados los años veinte. Uno de estos hechos ocurrió el
20 septiembre de 1923, cuando un grupo de ocho hombres armados, llegaron a la
casa del Sr. León Vázquez, exigiendo a la esposa de éste comestibles e información
acerca del domicilio del Presidente del Comité Particular Administrativo y de los
principales comerciantes. Tan pronto como se enteraron de que en el pueblo estaba
una escolta federal, se retiraron rumbo a la ranchería de “Paredes”, ubicada al norte
de Comala. El Presidente Municipal de Comala envió una partida de la policía por los
rumbos de Paredes y Suchitlán pero su búsqueda resultó infructuosa.
2.- EL CONFLICTO AGRARIO EN SUCHITLÁN
Recién se había instalado el gobierno constitucionalista en el Estado de
Colima, cuando, a fines de agosto de 1914, se formuló una queja por parte de los
indígenas de Cofradía de Suchitlán en contra de Arnoldo Vogel y Atanasio Ceja, este
último comisario municipal de Cofradía de Suchitlán, por despojar de lotes a los
comuneros del lugar y orillarlos a alquilar sus terrenos para ocuparse de la labranza,
a quienes mostraban resistencia se les amenazaba con fusilarlos. En respuesta a la
denuncia, el gobernador dispuso el cambio de dicho comisario. 614
613 Por ejemplo, ese mismo año de 1918, las autoridades atendieron positivamente la petición del señor Enrique Schöndube, propietario de la hacienda “La Cofradía y anexas”, para obtener licencia de armar peones que garantizaran los intereses a su cargo contra el abigeato frecuente en el lugar. La autorización consistió en armar cinco peones dedicados a dar garantías y protección a los intereses del Sr. Schöndube, dentro de los límites de su propiedad. Véase: Oficio No. 137153-38893, Sec. 2ª, Mesa 1ª, del General Oficial Mayor Encargado del Despacho, Juan José Ríos, al Gobernador del Estado, México, 30 de octubre de 1918; en AHEC, Caja 926, Sección A, No. 18, Año 1918. 614 Carta de los habitantes de Cofradía de Suchitlán al Gobernador del Estado, 29 de agosto de 1914; en AHEC, Caja 848, Sección A, No. 20, Año 1914.
304
Pero las medidas del nuevo gobierno no se limitaron a remover funcionarios
menores que atentaban contra las comunidades indígenas. Al amparo de la
mencionada Ley Agraria, emitida por Carranza a principios de 1915, las demandas
de reparto y restitución agraria se extendieron por el municipio de Comala. Ese año –
el 20 de noviembre de 1915– el poblado de Suchitlán formuló la petición de
restitución de tierras, bajo el argumento que desde finales del siglo pasado fueron
despojados u obligados a venderlas ante la amenaza y presión de hacendados y
grandes propietarios. Debido a esta situación, la comunidad indígena de Suchitlán
estaba reducida al casco del pueblo y, desde fines del siglo pasado, fincaba sus
ingresos y subsistencia de “…vivir de peones en las haciendas de San Antonio y
Nogueras, y el ir anualmente a prestar nuestros brazos a las haciendas de la costa al
sur de Colima”.615
A partir de la queja contra las autoridades locales, la denuncia de despojo y
solicitud de restitución de tierras, los indígenas suchitlecos dejaron claro que los
vínculos derivados de una relación establecida entre la comunidad y sus superiores –
los hacendados del área– se dislocaron como agentes de estabilidad social, al
separarse a través de una competencia por la tierra auspiciada por las recientes
instituciones gubernamentales, quienes al prodigar: “…una solidaridad rebelde y
revolucionaria, los engranajes institucionales son de tal naturaleza que difunden los
agravios por la comunidad campesina y la convierten en un grupo solidario
hostil…”
De la dotación de terrenos que recibieron producto del deslinde de
1883, sólo 27 lotes seguían en poder de los indígenas, el resto fueron vendidos a
precios bajísimos a las haciendas de Nogueras y San Antonio. Por todo lo anterior,
pidieron que se les otorgara ejidos de manera provisional. Dicha solicitud iba firmada
por 67 vecinos y otros 155 lo suscribían pese a no saber leer.
616
Pero volviendo a la demanda indígena, como esta solicitud iba dirigida al
gobernador de la entidad, tardó cerca de cuatro meses en darle curso a dicho
trámite, al enviar dicha solicitud a la Comisión Local Agraria. No obstante, ya antes,
contra sus amos, adversarios u opresores.
615 Solicitud de Agustín Miguel y demás signatarios al Gobernador y Comandante Militar del Estado, Suchitlán, Col., 17 de marzo de1916; en AHEC, Caja 897, Sección A, No. 18, Año 1916. 616 Barrington Moore, Los orígenes…, p. 384.
305
desde el mes de enero, por su propia cuenta y riesgo, las autoridades encabezadas
por Juan José Ríos resolvieron dotar al pueblo de Suchitlán con una extensión de
una legua cuadrada rodeando al fundo legal del poblado y entregársela para su uso
comunal (Fig. 24). En cumplimiento a tal determinación, el día 11 de ese mes de
enero, el profesor Basilio Badillo se presentó en la plaza pública de Suchitlán en
representación del gobierno estatal, para lanzar la declaratoria –ante la presencia de
una congregación de vecinos– de que a partir de ese día, Suchitlán era dueño en
comunidad y provisionalmente, de la mencionada extensión de tierras y que,
igualmente, le pertenecían el uso de pastos, aguas, montes, maderas y todo lo anexo
a las tierras reivindicadas.617
617 Sobre el particular, véase: Documentación turnada al ingeniero José S. de la Vega, topógrafo de la CNA al Jefe de la Dirección Auxiliar de la Comisión Nacional Agraria, México, 19 de marzo de 1916; en ARAN, Suchitlán, Expediente 23-9 (No. 041/013/001).
Más allá de la emotividad del acto, la amplia posesión
decretada rebasaba las atribuciones del secretario de educación de Colima y del
propio gobierno del estado.
306
Fig. 24. Plano de los terrenos del pueblo de Suchitlán.618
Inmediatamente después del mencionado acto, los indígenas pasaron a 618 Tomado de: ARAN, Suchitlán, Expediente 23-9 (No. 041/013/001). Cabe aclarar que la mayoría de estos terrenos se encontraban en manos de particulares.
307
ocupar las tierras que antes eran suyas. Las propiedades que resultaron afectadas
con los Ejidos de Suchitlán fueron, sobretodo, las tierras de la hacienda de
Nogueras; además, “…quedarían dentro del Ejido seis o siete pequeñas propiedades
menores de doce hectáreas, de individuos no indígenas, sino avecindados, pero que
son tierras que compraron de los primitivos Ejidos”.619
A pesar de que la afectación fue menor para la hacienda de San Antonio, la
protesta del hacendado alemán no tardó en hacerse escuchar. A fines de enero, se
dirigió al gobernador del Estado, arguyendo que:
…una comisión de hombres armados, encabezada por el
indígena Esteban Marcial que se dice autoridad de Suchitlán, y por
alguna otra, cuyo nombre no pude averiguar y que se llama
Representante de la Casa del Obrero Mundial, so pretexto de restituir
ejidos a aquel pueblo ha ido a despojarme de algunos terrenos anexos
a la Hacienda de San Antonio de mi propiedad, que tengo adquiridos
legalmente, y son los 17 y 1/2 lotes del repartimiento de tierras de
aquella extinguida comunidad de indígenas, marcados con los
números 333, 304 1/2, 308, 311, 312, 314, 316, 318 al 322, 326 al
330, que según los planos y operaciones del reparto pertenecieron no
al pueblo llamado Suchitlán, sino al llamado Cofradía de Suchitlán, y
se hallan ubicados al sur de este último lugar y al norte del Pueblo,
619 Oficio del Presidente de la Comisión Local Agraria al Secretario de la Comisión Nacional Agraria, Colima, 4 de junio de 1917; en ARAN, Suchitlán, Exp. 23 – 9, No. 04/013/00.
308
esto es, entre ambas poblaciones, midiendo una superficie
aproximada de 28 hectáreas. 620
El hacendado elevó una airada protesta no sólo por la acción misma, sino
también porque ni siquiera se le notificó la causa que motivaba dicho procedimiento
(Fig. 25). Así mismo, se quejaba de que, además de la ocupación de los predios a
mano armada, impedían que los ocuparan y trabajaran personas a quienes se los
había entregado a medias o en arrendamiento. En su listado de quejas también
figuraba la destrucción de la toma de agua que San Antonio poseía para la irrigación
en sus numerosos terrenos ubicados en Cofradía, con la clara intención de conducir
el líquido a las tierras de Suchitlán. Por todo ello, el alemán demandaba garantías y
la nulidad de dichas acciones.
Pero esta protesta no fue impedimento para que con un sentido de propiedad,
los pobladores de Suchitlán de inmediato recibieran la dotación agraria y la abrieran
al cultivo, con el acuerdo tácito de algunos de sus antiguos poseedores (Figs. 25 y
26). Con las tierras y aguas asignadas emprendieron labores de siembra de maíz y
frijol en un promedio superior a las 25 hectáreas, aunque sus trabajos agrícolas
enfrentaron nuevos contratiempos, ya que al mes siguiente –en febrero de 1916–
desde la Secretaría de Gobierno se dispuso que los pobladores utilizaran el agua por
el día y la hacienda de Nogueras por la noche, medida que no agradó a los
indígenas; de manera tal que, tras reunirse en sesión sindical, enviaron una comisión
a gestionar más agua a su favor. En respuesta, el mandatario estatal les otorgó tres
horas más de uso de tan vital líquido.621 A la vez, consiguieron autorización para
decomisar maíz a personas del lugar que se negaban a venderlo entre la
población.622
620 Solicitud de Arnoldo Vogel al Gobernador del Estado de Colima, Colima, 27 de enero de 1916; en AHEC, Caja 889, Sección A, No. 19, 1916.
621 Oficio Nº 2 de Agustín Miguel, Secretario General del Sindicato de Agricultores y Campesinos de Suchitlán, al C. Gobernador y Comandante Militar del Estado, Suchitlán, Col., 29 de marzo de 1916; en AHEC, Caja 897, Sección A, No.18, Año 1916. 622 Oficio del Secretario del Gobierno y de la Comandancia Militar a Agustín Miguel y Sabino Cruz, Colima, 4 abril 1916; en AHEC, Caja 897, Sección A, No. 18, Año 1916.
309
Fig. 25. Tierras de las haciendas de Nogueras y San Antonio que circunscribían a las poblaciones de Cofradía de Suchitlán y Suchitlán.623
623 ARAN, Suchitlán, Exp. 23 – 9, No. 04/013/00.
310
Fig. 26. Plano que muestra las pequeñas, medianas y grandes propiedades que rodeaban a la población de Suchitlán.624
624 ARAN, Suchitlán, Exp. 23 – 9, No. 04/013/00.
311
Así que, ya había quedado atrás el goce experimentado durante el acto
protagonizado por Badillo, aparte de las carencias de alimentos y agua; a los
indígenas les hacia falta el dictamen de las instancia agrarias responsables
legalmente de la adjudicación de terrenos. Por ello, su paciencia empezó a agotarse
de tal manera que, en marzo de 1916, el comisario del pueblo y un buen número de
pobladores –invocando lo contenido en la mencionada Ley del 6 de enero de 1915–
demandaron ante el gobernador de la entidad, la restitución de los terrenos de ejidos
que le correspondían al pueblo de Suchitlán, para que se les diera posesión en breve
lapso y aprovechar las siembras de temporal que se acercaban.625
Ante tal solicitud, el 30 de marzo de 1916, la Comisión Local Agraria (CLA)
ratificó las razones expuestas por los indígenas, para resolver la viabilidad y
conveniencia de la dotación ejidal a su favor.
626 El dictamen de la CLA fue en los
mismos términos ya establecidos por las autoridades estatales: la restitución ejidal
debe medir una legua por cada viento a contar del límite del fundo legal, tierras a
adjudicarse por medio del procedimiento de la expropiación y se efectuaría de
manera provisional, mientras se cumplían los requisitos que marcaba la ley en la
materia.627
Así que, en virtud de que dicha solicitud fue dictaminada favorablemente, ese
mismo año Suchitlán recibió una dotación provisional por parte de la Comisión Local
Agraria, en tanto la Comisión Nacional Agraria emitía una resolución definitiva sobre
el particular. Aunque la legua cuadrada de terreno que recibieron bajo ese concepto
no pasaron a usufructuarla en los términos establecidos, ya que imposibilitados para
enfrentarse a los terratenientes afectados, optaron por sembrar las pequeñas tierras
625 Solicitud de Agustín Miguel y demás signatarios al Gobernador y Comandante Militar del Estado, Suchitlán, Col., 17 de marzo de1916; en AHEC, Caja 897, Año 1916. 626 Sobre el particular, véase, Documentación turnada al ingeniero José S. de la Vega, topógrafo de la CNA al Jefe de la Dirección Auxiliar de la Comisión Nacional Agraria, México, 19 de marzo de 1916; en ARAN, Suchitlán, Expediente 23-9 (No. 041/013/001). 627 Al respecto, véase Oficio del Secretario de Gobierno y de la Comandancia Militar, a Agustín Miguel y demás pobladores de Suchitlán, Colima, Col., 5 de abril de 1916; y/o Oficio de Marcelino Virgen, Secretario de la Comisión Local Agraria, al Gobernador y Comandante Militar, Colima, Col., 13 de abril de 1916; ambos en AHEC, Caja 897, Sección A, No. 18, Año 1916.
312
de riego propiedad de Antonio Crespo, de Arnulfo Ocaranza y de Víctor Gutiérrez;
terrenos que no les correspondían, según los criterios fijados por dicha dotación. 628
Vale decir que los conflictos en Suchitlán no sólo se generaban por los
grandes hacendados de la zona, como tampoco nada más en relación con la tierra.
Un caso que se presentó durante este tiempo fueron las acciones de Guadalupe
Espinoza, quien intentó despojar de sus casas a un par de humildes pobladores del
lugar. Los quejosos pidieron la protección de su líder sindical Agustín Miguel, quien,
a su vez, solicitó la colaboración de las autoridades estatales.
629 Otros problemas
que se presentaban al interior del poblado eran litigios alrededor de las huertas que
tenían un buen número de habitantes del lugar. Por ejemplo, hasta las oficinas del
gobernador llegó la queja y petición para que a Esteban Cristóbal, indígena de ese
pueblo, se le restituyeran los derechos de una fracción de terreno de un lote con
huerta de plátanos, pues por cinco pesos le fue embargado el título de su propiedad
desde hacía varios años. El beneficiario del embargo fue Fermín Fuentes, vecino de
Comala, quien a su vez vendió la huerta al señor Gil Gudiño, quien conservaba la
propiedad bajo su poder.630
En los meses siguientes, el Sindicato de Agricultores y Campesinos de
Suchitlán solicitó la intervención del gobernador para tener acceso a las tierras de
regadíos que habían utilizado en años anteriores. La petición fue formulada porque
Pero este tipo de incidentes, eran noticias de poca
monta, con respecto a las generadas en materia agraria donde aparecían
involucrados los hacendados de San Antonio y Nogueras.
628 Informe de Ignacio Cabañas Flores, Topógrafo adscrito a la Comisión Local Agraria, al Presidente de la Comisión Local Agraria del Estado, Colima Col., 30 de abril de 1919; en ARAN, Suchitlán, Expediente 23-9 (No.041/013/001). 629 Oficio Num. 4 de Agustín Miguel, Secretario General del Sindicato de Agricultores y Campesinos de Suchitlán, al Gobernador y Comandante Militar del Estado, Suchitlán, Col, 24 de abril de 1916; en AHEC, Caja 897, Sección A, No. 18, Año 1916. 630 Oficio Nº 5 de Agustín Miguel, Secretario General del Sindicato de Agricultores y Campesinos de Suchitlán, al Gobernador y Comandante Militar del Estado, Suchitlán, Col., 19 de mayo de 1916; en AHEC, Caja 848, Sección A, No. 20, Año 1914.
313
los arrendatarios o encargados de dichas tierras amenazaban con intervenirlas de no
sembrarlas y cobrarles renta por las mismas.631
3.- COFRADÍA DE SUCHITLÁN SE SUMA AL AGRARISMO
Por otra parte y siguiendo con los conflictos por la tierra, la experiencia de
Suchitlán pronto fue secundada por sus vecinos y hermanos de raza de Cofradía de
Suchitlán. Para inicios de 1916, algunos de ellos ya estaban familiarizados con el
contenido de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915 y hasta habían cubierto lo que
su artículo 40 contemplaba como requisitos para elevar una solicitud de tierras:
elaborar un padrón de solicitantes, muchos de ellos jornaleros de la hacienda de San
Antonio.
Aunque, algo que llama la atención es que en esta primera iniciativa no
aparece un asesor o guía en materia agraria procedente de la COM o de las mismas
filas constitucionalistas, al menos no se hace notar. Lo anterior, se deduce por el
contenido y la letra que utilizaron al dirigirle la carta del 3 de noviembre de 1916 al
gobernador de la entidad, donde daban a conocer las impresiones y aspiraciones
que les despertaba el decreto agrario del 6 de enero de 1915. En dicho texto,
literalmente se expresaron de la siguiente manera:
Así es que nosotros clamamos a una dicha que a rresunado,
¿para quien sera? nosutros sumos los hijos de un poeblo tan
tiranizado y lansado por los borgueses; y asumbrados enmedio del
obscurantismos de la tremenda noche nos levantamos atordidos por
los adversarios, y enos oido un dolce canto un dolatrinar de las aves,
un inmo de gloria, ¿para quien sera esa dicha? nosutros dispoestos
con el paso firme a pedir el dolce consuelo a la esperanza que
631 Oficio Sindicato de Agricultores y Campesinos de Suchitlán al C. General de Brigada, Gobernador y Comandante Militar del Estado, Suchitlán, 16 de noviembre de 1916; en AHEC, Caja 887, Sección A, No. 19, Año 1916.
314
tenemos de permanecer por el problema del rreglamento de 6 de
Enero de 1915. Tambien hemos levantado la vista moribonda, y
hemos visto que a amanecido el día dichoso alombrandonos el Sul de
Josticia; por la coal se nos daran garantias de las tierras y agoas, y
rriegos, y los egidos asegon la ley corresponda.632
Con todo y esa deficiente ortografía, el 25 de noviembre de 1916, los mismos
vecinos de Cofradía de Suchitlán solicitaron ante el Gobernador y Comandante
Militar del Estado de Colima la dotación de ejidos con fundamento en el artículo 31
de la Ley del 6 de Enero de 1915, debido a que carecían de tierras para su sustento;
además, argüían no estar contemplados en el artículo 11 de la expresada ley para
restitución. La comunidad carecía de tierras por una situación muy parecida a la de
Suchitlán (la compra de sus lotes por agricultores y hacendados) y la mayoría de sus
moradores laboraba para Arnoldo Vogel y Aureliano Rangel; en virtud de lo anterior,
al argumentar su solicitud, señalaban que “Cofradía debió haber solicitado dotación
de ejidos enseguida de publicada la ley de 6 de enero, pero el estado de bandidaje
en que ha vivido esta región y las venganzas de que fueron victimas los que movían
asuntos de tierras, nos privaron de hacerlo hasta hoy…”, por lo cual se dirigían al
ejecutivo para hacer formal petición de dotación de terrenos de ejidos por ser
imprescindibles para garantizar su subsistencia.
633
Una vez recibida la solicitud, ya no ocurrió lo mismo que en el caso de
Suchitlán: de manera inmediata el Secretario de Gobierno, Miguel García Topete,
632 Carta de los comisionados Claro Guzmán y demás signatarios al Gobernador y Comandante Militar del Estado, Cofradía de Suchitlán, Col., 3 de noviembre de 1916; en AHEC, Caja 887, Sección A, No.19, Año 1916. En este caso se optó por omitir el uso de (sic), debido a la gran cantidad de faltas de ortografía. 633 Solicitud de Claro Guzmán y demás habitantes de Cofradía de Suchitlán, al Gobernador y Comandante Militar del Estado, Cofradía de Suchitlán, Col., 25 de noviembre de 1916; en ARAN, Cofradía de Suchitlán, Caja 134, Expediente 23, No. CM 002003.
315
turnó dicha solicitud a la presidencia de la Comisión Local Agraria.634 Con la
documentación en sus manos, en menos de una semana la CLA emitió dictamen
sobre dicha solicitud considerándola procedente, además de que “Dicha dotación es
necesaria y conviene para la reivindicación económica de tal ranchería y como
recurso indispensable para su libertad y perfecto uso de la ciudadanía”.635 A dichos
solicitantes se les concedió un perímetro de 4,190 m por lado, a partir del centro de
la población, colindando al sur con los terrenos del recién formado ejido de Suchitlán.
Además, se estableció que el Comité Particular Ejecutivo de Comala haría dicha
entrega de tierras al ser ratificado el acuerdo por parte del Gobernador y
Comandante Militar del Estado y de la Primera Jefatura constitucionalista.636
Esta aprobación fue emitida por la Comisión Local Agraria el 12 de diciembre
de 1916. Al día siguiente el gobernador aprobó el dictamen para que éste se pusiera
en práctica. El mismo gobierno estatal presionó a los funcionarios agrarios para que
se ejecutara la posesión de tierras a los pobladores de Cofradía; incluso, en llamado
por escrito del 22 de diciembre, otorgó cinco días de plazo para la coronación de
dicha entrega,
637 la cual se efectuó en plena navidad, pero quedó sólo en
declaración. La Comisión Local Agraria les dio posesión provisional de manera
verbal, pero según versiones procedentes de la hacienda de San Antonio: “aún
después de la fecha en que se dice dada la posesión provisional, ha dado en
arrendamiento a los mismos indígenas las tierras, que estos han cultivado como
arrendatarios, sin ningunas otras pretensiones, hasta la fecha en que Claro Guzmán,
instigado por algún agitador, ha intentado privar de la posesión, sin motivo legal”. 638
634 Oficio de Miguel García Topete, Secretario de Gobierno y de la Comandancia Militar, al Presidente de la Junta Local Agraria, Colima, Col., 6 de diciembre de 1916; en ARAN, Cofradía de Suchitlán, Caja 134, Expediente 23, No. CM 002003.
635 Véase Dictamen de la Comisión Local Agraria sobre solicitud de Cofradía de Suchitlán, Colima, Col., 12 de diciembre de 1916; en ARAN, Cofradía de Suchitlán, Caja 134, Expediente 23, CM002003. 636 Véase Dictamen de la Comisión Local Agraria sobre solicitud de Cofradía de Suchitlán, Colima, Col., 12 de diciembre de 1916; en ARAN, Cofradía de Suchitlán, Caja 134, Expediente 23, CM002003. 637 Oficio del Secretario de Gobierno y de la Comandancia Militar, al Presidente del Comité Ejecutivo, 22 de diciembre de 1916, en AHEC, Caja 887, Sección A, No. 19, Año 1916. 638 Véase, Solicitud de Victoriano Pérez, apoderado de Arnoldo Vogel, a la Comisión Nacional Agraria, México, 21 de febrero de 1917; en ARAN, Cofradía de Suchitlán, Caja 134, Expediente 23, No. CM002003.
316
El asunto es que Vogel no era nada lento y tímido cuando se trataba de
defender sus propiedades o lo que consideraba suyo. Todavía no se entregaba las
tierras a los aspirantes a agraristas de Cofradía, cuando el dueño de San Antonio
levantó su voz para protestar por dicho decreto de dotación, bajo el argumento de
que dentro del área considerada afectable, existían 121 lotes y 2 medios lotes de los
cuales era dueño. En su versión, dichos lotes “…pasaron a mí poder y constituyen
parte de mi propiedad en virtud de diversas compras que he hecho a sus dueños, sin
engaño alguno y sin violencia después de que algunos de esos lotes han pasado por
varios poseedores”.639
Pero más que la presión de Vogel, iba a surgir un problema para que los
pobladores de Cofradía gozaran de dicha posesión provisional: el pasado 19 de
septiembre de ese año de 1916, la Comisión Nacional Agraria emitió una circular en
la cual declaraba sin efecto toda aquella posesión provisional que se hubiera
otorgado posteriormente a la fecha en que aparecía dicha circular, situación en la
que se encontraba el poblado de Cofradía de Suchitlán. El decreto de la CNA en esta
materia, obedeció a los múltiples problemas que se suscitaron a nivel nacional a
partir de la entrega de tierras en posesión provisional.
Pero al margen de esto, frente a esta resolución favorable a los solicitantes de
Cofradía, la Comisión Nacional Agraria, después de practicar las investigaciones
necesarias, consideró que la extensión concedida por el gobernador, consistente en
un sitio de ganado mayor, era excesiva teniendo en cuenta el pequeño número de
habitantes de Cofradía de Suchitlán. Además, se consideraba que las tierras
necesarias para cubrir dicha dotación deberían tomarse –según lo estipulado por la
ley– de las fincas colindantes con el pueblo, dejándose a salvo los derechos de sus
legítimos propietarios para que ocurrieran en la vía y forma procedentes, a solicitar
su indemnización respectiva.
Con base en los elementos anteriores, el poder ejecutivo federal dictaminó, en
definitiva, la reforma de la resolución emitida por el gobernador de Colima, dotando al
639 Carta de Arnoldo Vogel al Gobernador y Comandante Militar del Estado, Colima, Col., 23 de diciembre de 1916; en AHEC, Caja 879, Sección A, No. 19, Año 1916.
317
pueblo de Cofradía de Suchitlán de tierras que completaran las que ya poseía hasta
600 hectáreas. La expropiación de dichas tierras se realizaría a los propietarios de
predios circundantes a dicho poblado, que en este caso resultó ser Arnoldo Vogel,
quien contó con todas las prerrogativas legales –ya aludidas en el párrafo anterior–
para obtener una indemnización por los terrenos expropiados.640
Los indígenas de Suchitlán también tendieron a organizarse para buscar
satisfacer sus necesidades. Así lo demuestra la notificación del 7 de enero de 1916,
hecha por Ignacio Prado, Secretario General del Comité Administrativo de la Casa
del Obrero Mundial, donde informaron al Gobernador del Estado sobre la reciente
formación del Sindicato de Agricultores y Campesinos del pueblo de Suchitlán, para
que se le reconociera oficialmente por el gobierno estatal. Desde el momento de su
constitución, este agrupamiento declaró su adherencia a las organizaciones
fundadas por la Casa del Obrero Mundial. El Sindicato se conformó inicialmente por
16 integrantes.
No obstante, más
que pedir indemnización, su postura fue ampararse contra dicha resolución.
641
Pero los problemas relativos al reparto agrario no se solucionaron con
promulgarse un decreto a favor de los campesinos y comunidades indígenas. El
proceso de posesión efectiva de la tierra no estaba exento de difíciles escollos. Un
caso notorio se puede observar en los pobladores de Suchitlán y Cofradía de
Suchitlán ya que, a pesar de recibir la dotación provisional de 1,775 hectáreas 61
áreas para el pueblo de Suchitlán y de 600 hectáreas para Cofradía de Suchitlán,
ambas comunidades se quejaron por años de no haber recibido la posesión definitiva
de los ejidos, contrariamente a casos como Tepames y Cuauhtémoc, a los que la
Comisión Nacional Agraria había hecho tal adjudicación. Lo anterior, a pesar que, en
opinión de los indígenas, dichos pueblos no contribuyeron a la revolución,
contrariamente a ellos que por tal motivo perdieron muchos hermanos de raza y que,
aunque eran fieles al gobierno, se les tenía relegados y en el olvido.
640 Acuerdo del Ejecutivo de la Unión confirmando la dotación de ejidos a Cofradía de Suchitlán, 28 de febrero de 1916, en ARAN, “Suchitlán”, Expediente 23-9, (No. 04/013/001), p. 72. 641 Comunicado de Ignacio Prado, Secretario General de la Casa del Obrero Mundial, al Gobernador y Comandante Militar del Estado, enero 7 de 1916; en AHEC, Caja 889, Sección A, No. 19, Año 1916.
318
Otros de los señalamientos formulados por los indígenas se refirieron al tipo
de destinatarios de las dotaciones ejidales. En su opinión, pese a que la concesión
de los ejidos, en cualquiera de sus formas, obedeció a razones de orden político
supremo, al significar un beneficio para el pueblo y formar parte de una disposición
constitucional, les pareció muy lamentable que a los habitantes de otros pueblos con
venas por las que corría "más sangre española que mexicana" se les hubiera
otorgado la posesión definitiva y no a ellos que por sus venas fluía sangre "azteca",
que hablaban su lengua nativa y conservaban algunas de sus costumbres
ancestrales.
En el caso de Suchitlán, lo que se exigía era la entrega formal y legal, pues
sólo una reducida parte de lo otorgado estaba al alcance de la comunidad, pese a
que tenían derecho a dicha posesión, ya que su decreto de dotación ocurrió antes de
la reforma de la Ley Agraria (19 de setiembre de 1916), pero –según versiones de la
Comisión Local Agraria– “Por no conocer claramente la tramitación que debía
seguirse y no queriendo que por error de trámite sufriese el pueblo de Suchitlán, no
se llevó a efecto, antes de 19 de septiembre, la dotación por el Comité Particular
Ejecutivo de Comala”. 642
El discurso del representante ejidal es, a todas luces, proclive a la causa de
los suchitlecos y busca que el alto funcionario federal al que va dirigido (Secretario
de la Comisión Nacional Agraria) se conmueva ante la descripción de tan desolador
panorama y decrete la entrega definitiva de los terrenos. Por ello agregó que era:
…Suchitlán, seguramente, uno de los pueblos más urgidos de
ser redimidos por la Revolución dada su pobreza, su atraso moral e
intelectual y el estado de servidumbre en que viven; este mismo
panorama presentado se convierte en un justificante: el Gobierno del
Estado, vista la suma pobreza de Suchitlán y el estado de grave
642 Oficio de Marcelino Virgen, Presidente de la Comisión Local Agraria, al Secretario de la Comisión Nacional Agraria, Colima, 9 de enero de 1917; en ARAN, Suchitlán, Exp. 23 – 9, No. 04/013/00.
319
sometimiento a que vivían aquellos indígenas, mandó hacer una
dotación de tierras, encomendando tal misión al Sr. Basilio Vadillo…
Los indígenas recibieron las tierras y desde entonces las cultivan con
tácito acuerdo de los antiguos poseedores, los hacendados vecinos.643
En otra documentación emitida ante las misma Comisión Nacional Agraria,
este mismo representante de la CLA, agregaría que los indígenas disfrutaban de
tierra de ejidos, concedida para remediar la miseria más grande en que se mostraba
el poblado hace 2 años y la urgencia que había de que se cultivasen los campos del
Estado.
644
Claro que el panorama no estaba como para que los indígenas de Suchitlán
echaran las campanas al vuelo. Los aires soplaban a su favor, a pesar de la natural
tensión que vivían por la inconformidad y una que otra amenaza de los hacendados,
pero el asunto no pasaba a mayores, porque dichos hacendados sabían la
proclividad del gobierno federal y estatal hacia los sectores agraristas. Así que los
pobladores de Suchitlán ya se sentían dueños de la tierra.
Así que, pese a la pretensión de Virgen a fin de presentar a los indígenas
como desvalidos, estos, cuando menos, se encontraban en mejor situación a la
vivida a fines de los años porfiristas.
A pesar de lo anterior, para los indígenas de Suchitlán, su situación era peor a
la vivida previamente a la dotación. En esos años (1916-1917), los terratenientes
colindantes con los terrenos ejidales no les permitían ni siquiera entrar a los terrenos
para cortar leña, mucho menos preparar o arar las tierras para sembrarlas y cuando
lo intentaban se veían amenazados de muerte por los mayordomos y gentes de la
haciendas de Nogueras y San Antonio; por esa razón, no podían gozar ni de la
escueta e incierta posesión provisional.
643 Loc. cit.. 644 Oficio del Presidente de la Comisión Local Agraria al Secretario de la Comisión Nacional Agraria, Colima, junio 4 de 1917; en ARAN, Suchitlán, Exp. 23 – 9, No. 04/013/00.
320
En el caso de Cofradía de Suchitlán, las reformas legales a la tan traída ley
agraria impedían que gozaran de la posesión provisional, así que en ese renglón, la
normatividad favorecía a Arnoldo Vogel. Eso era lo que alegaba Victoriano Pérez,
apoderado legal del hacendado, al informar mediante escrito fechado en febrero de
1917, que:
…hace pocos días, en los primeros del presente mes, en que
Claro Guzmán, que se dice representante o intercesor de Cofradía, ha
pretendido interrumpir el dominio o posesión de Vogel, alegando que
la Comisión Local Agraria, dio posesión provisional de los expresados
terrenos el 24 de diciembre de 1916.
… no he llegado a tener conocimiento antes del dicho recado de
que se hubiera dado a los vecinos tal posesión, y en caso de que esta
se hubiera verificado, sería nula, tanto por haberse hecho sin
notificármela, como por estar en contraposición del Decreto del 19 de
septiembre de 1916, que reformó la ley de 6 enero en sentido de que
ya no se dieran tierras provisionales. 645
Por tanto, el marco jurídico imperante les servía de apoyo para demandar ante
la Comisión Nacional Agraria que se giraran órdenes a Claro Guzmán y al
Gobernador del Estado de Colima para que, mientras no existiera una resolución
definitiva que dotara de tierras a los vecinos de Cofradía, se respetara la posesión
que Vogel tenía sobre los terrenos involucrados y se abstengan los vecinos de
ejecutar actos de dominio en los repetidos terrenos o de ocuparlos por la fuerza.
646
645 Solicitud de Victoriano Pérez, apoderado de Arnoldo Vogel, a la Comisión Nacional Agraria, México, 21 de febrero de 1917; en ARAN, Cofradía de Suchitlán, Caja 134, Exp. 23, No. CM002003.
El
señalamiento se hacía porque el dueño de San Antonio y su apoderado no
646 Ibíd.
321
descartaban una eventual ocupación armada de las tierras en disputa, debido a que
Claro Guzmán era el jefe del destacamento de Acordada que existía en el pueblo.
Obviamente que estas aseveraciones llevaban un tono alarmista para aparecer como
víctimas ante los ojos de las autoridades agrarias.
Además, parecía olvidárseles que en otros escenarios, las palabras de los
hacendados colimenses iban en otro tono. En particular, los grandes propietarios de
Comala no dudaban en asegurar que "el capital siempre ganaba", por lo tanto, de
algún modo buscaban la reposición de lo que perdieron producto de las reformas
surgidas de la Revolución. Infundir el temor y el miedo era un buen recurso ante una
población poco diestra en reclamar sus derechos; por ese motivo, los propietarios de
estas dos haciendas, amenazaron a los indígenas colimenses con quemarles sus
casas y correrlos de sus pueblos si seguían luchando por la tierra.
Los hacendados Francisco Rangel y Arnoldo Vogel (dueños de las referidas
haciendas de Nogueras y San Antonio), con el pretexto de fomentar la industria
azucarera y alcoholera, que en nada se perjudicaba con los ejidos, acusaban a los
indígenas de ser alteradores del orden tan sólo porque pretendían disfrutar de
derechos ya otorgados por las autoridades estatales. Incluso, a fines de 1916,
Arnoldo Vogel denunció ante la Secretaría de Gobierno de la entidad un supuesto
exceso de los indígenas de Cofradía de Suchitlán al tomar posesión de terrenos
ejidales, consistente en el atropello a sus propiedades, invasión de un molino y
proferir amenazas a la servidumbre bajo su servicio. En respuesta, se notificó al
denunciante que dichos informes no eran veraces y lo conminaban para que en el
futuro se apegara a la verdad de los informes que le fueran transmitidos por sus
sirvientes, para no incurrir en errores.647
647 Oficio del Secretario de Gobierno y de la Comandancia Militar del Estado de Colima, enero 3 de 1917; en AHEC, Caja 892, Sección A, No. 19, Años 1916-1917.
Poco casó se prestó a la recomendación
gubernamental, ya que los señalamientos sobre la presencia de líderes agrarios,
secundados por pequeños grupos armados, que perjudicaban las tierras e intereses
322
de los propietarios y vecinos de Comala, siguieron figurando en la documentación
girada por Vogel a las distintas autoridades locales y federales.648
Por estas actitudes de parte del hacendado, los pobladores de Suchitlán
reiteraban su demanda sobre el otorgamiento, sin demora alguna, de la posesión
definitiva de los ejidos para sus pueblos.
649
No aparece comprobante alguno que muestre que la Cofradía
formada del antiguo pueblo de Suchitlán tuvo tierras comunales. El
Padrón que se acompaña a la solicitud no tiene garantía legal que lo
acredite como exacto. No se acompaña información alguna tomada
del lugar así como los datos consiguientes según circular 15 que
deben recabarse en los expedientes de dotación para poder ser
resueltos con entero conocimiento de causa; pues aún cuando el
hecho que motivara la omisión de los mismos, según aparece es
debido a que la substanciación del expediente es anterior a la circular,
es de observarse y la vaguedad de los datos adquiridos, deben ser
pedidos a la Comisión Local Agraria.
Al mismo tiempo que en la Comisión
Nacional Agraria se ventilaba el proceso de dotación a favor de Cofradía de
Suchitlán, turnado por la Comisión Local Agraria de Colima. El cual, dicho sea de
paso, iba con varias carencias técnicas y sin cubrir ciertos requisitos. Los revisores
de la Comisión Nacional Agraria encontraron que, además de la falta de informes
específicos por autoridades agrarias locales:
650
648 Sobre el particular, véase Solicitud de Arnoldo Vogel al Gobernador Constitucional del Estado, Colima, Col., 2 de abril de1919; en AHEC, Caja 887, Sección A, No. 19, Año 1916.
649 Carta de vecinos de Suchitlán y Cofradía de Suchitlán al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, febrero 11 de 1919; en ARAN, Cofradía de Suchitlán, Caja 134, Expediente 23, No. CM002003, f. 91 y 92. 650 Al respecto véase los informes sobre el particular presentados por personal de la Secretaría de Estado y Despacho de Fomento, Colonización e Industria, al Presidente de la Comisión Nacional
323
Los procesos de ratificación y adjudicación definitiva no parecían nada
sencillos ni factibles a corto plazo. El flujo de información y reportes entre la
Comisión Local Agraria y la Comisión Nacional Agraria, a fin de resolver todas las
imprecisiones y ausencias que presentaba el expediente de Cofradía de Suchitlán,
continuó. Por ejemplo, a mediados de 1917: censo, croquis, planos, clasificación de
terrenos y propiedades susceptibles de afectación, hasta reportes de clima y flora del
lugar, figuraba entre la información que Marcelino Virgen, presidente de la Comisión
Local Agraria, turnaba a sus superiores ubicados en la capital de la república, todo
para documentar lo mayor posible el dictamen que estaba procesándose sobre dicha
dotación agraria.651
A procedimientos similares estuvo sometido el caso de las tierras ejidales de
Suchitlán. En estas mismas fechas, a solicitud expresa de la Comisión Nacional
Agraria, Marcelino Virgen envió informes para ampliar el expediente relativo a la
dotación ejidal, además de anexar una propuesta de croquis que definiera los
linderos entre las tierras ejidales a dotarse tanto a Cofradía como a Suchitlán.
Inclusive, también se envió por conducto de Basilio Vadillo un documento original,
652
prestado por el ayuntamiento de Colima, donde se constataba que Suchitlán era un
pueblo muy antiguo.653
Por su parte, los indígenas de Suchitlán, Municipalidad de Comala, seguían
insistiendo en las oficinas federales sobre la entrega de tierras. En julio de 1917, el
Secretario de Fomento recibió un documento donde se le pedían consejos para
saber como actuar a fin de que las tierras para ejidos pasaran a manos de los
demandantes vecinos de Suchitlán. En la misiva, los integrantes de la comisaría del
lugar, a la vez que reiteraban su adhesión al gobierno constitucionalista que “…aun
Agraria, México, 24 de enero de 1917; en ARAN, Cofradía de Suchitlán, Caja 134, Expediente 23, No. CM002003. 651 Informe de Marcelino Virgen, Presidente de la Comisión Local Agraria al Secretario de la Comisión Nacional Agraria, Colima, Col., 4 de junio de 1917; en ARAN, Cofradía de Suchitlán, Caja 134, Expediente 23, No. CM 002003. Este informe también se encuentra en AHEC, Caja 887, Sección A, No. 19, Año 1916. 652 Para esas fechas, Basilio Badillo se desempeñaba como diputado al Congreso de la Unión, representando al Estado de Colima. 653 Oficio del Presidente de la Comisión Local Agraria al Secretario General del la Comisión Nacional Agraria, Colima, 4 de junio de 1917; en ARAN, Suchitlán, Expediente 23 – 9, Nº 04/013/00.
324
defendemos con las armas en la mano y en quien tenemos confianza nos hará
justicia, en otra parte manifestaban que si nos atrevemos nuevamente a llamar la
atención de esa Superioridad, es porque hasta la fecha nada se nos ha resuelto de
nuestra petición”. 654
En fin, mientras los conflictos entre hacendados y pobladores seguían
manifestándose, el proceso administrativo seguía sin dejar plenamente satisfecha a
ninguna de las partes.
En el ínterin, varios poseedores de predios rústicos reclamados por estos dos
pueblos promovieron el fraccionamiento de los terrenos en disputa para su venta a
los miembros de los mismos pueblos; esta era una medida para intentar que el fallo
definitivo no les afectara. Ante tales tentativas, el gobierno del estado emprendió una
campaña informativa dirigida a las comisiones locales agrarias y la población en
general, donde alertaba que al presentarse las resoluciones últimas y definitorias,
éstas se ejecutarían independientemente de quien poseyera las tierras contempladas
para el reparto; además: “…todo medio, real o simulado, que se empleé con el fin de
eludir la aplicación del Decreto de 6 de enero de 1915, será desechado por ser nulo
e ineficaz como absolutamente contrario a una disposición de orden público que no
depende en caso alguno del capricho o juego de los particulares, según los artículos
7º y 15º del Código Civil”.655
Así que, si alguien adquiría una fracción de estos terrenos, no tendría dominio
ni posesión legal, porque el aparente título que le otorgara el vendedor carecería de
todo valor; la única opción que quedaría a los adquirientes sería reclamar ante los
tribunales la devolución de la cantidad entregada como precio de la venta y el pago
de los daños y perjuicios sufridos.
654 Oficio de Agustín Miguel, Gorgonio Ávalos, Cristóbal Antonio y Rosalío Martínez, al Secretario de Fomento, Suchitlán, 20 de julio de 1917; en ARAN, Suchitlán, Exp. 23 – 9, No. 04/013/00. 655 Aviso al Público emitido por el Secretario de Gobierno, Ramón Ahumada, Colima, 26 de julio de 1917; en AHMC, Sec. E, Caja 72, Exp. s/n. También aparece en la Caja 74, exp. s/n, de este mismo Archivo.
325
4.- LA GESTIÓN AGRARIA SIGUE, LOS APOYOS DEL GOBIERNO ESTATAL DESAPARECEN
En el transcurso de 1917, los trámites en busca de la propiedad definitiva
continuaron, pero el ambiente para los indígenas dejó de ser tan propicio ya que,
después de un proceso electoral que operó el cambio de gobierno estatal, Juan José
Ríos dejó el cargo, siendo reemplazado por Felipe Valle, quien modificó la actitud
agrarista a ultranza de su antecesor.
Por ello, los líderes agraristas de las comunidades indígenas aumentaron sus
peticiones ante el gobierno federal, dotándolas de un discurso donde se pone más
énfasis en la opresión y la miseria. Los principales líderes de Suchitlán “olvidaban”
los beneficios del gobierno de Ríos y señalaban:
…nuestra situación actual a causa de estos despojos es ya
desesperante: nunca como ahora la miseria se ha adueñado de
nuestro pueblo, porque al adquirir las haciendas colindantes nuestros
terrenos, estamos obligados por la fuerza de las circunstancias a
trabajar en dichas haciendas en donde el reducido jornal no nos basta
para cubrir las necesidades de nuestras familias. Claro que no podía
estar ausente la alusión al pasado régimen derrotado por la causa
revolucionaria: en tiempo de los Gobiernos pasados sufrimos
persecuciones y toda clase de iniquidades por apoyar en todo al
acaudalado, nuestro eterno enemigo, que sin ninguna consideración
nos hizo víctimas de su avaricia.656
656 Agustín Miguel, Gorgonio Ávalos, Cristóbal Antonio y Rosalío Martínez, al Secretario de Fomento; Suchitlán, 20 de julio de 1917; en ARAN, Suchitlán, Exp. 23 – 9, (N° 04/013/001).
326
Esta tónica de expresiones escritas se volvió recurrente ente los gestores de
tierras. Por ejemplo, a inicios de 1918, Gorgonio Ávalos hizo que todo el pueblo de
Suchitlán suscribiera un escrito dirigido al titular de la Comisión Nacional Agraria
donde se señalaba lo siguiente: “es constante motivo de inquietud entre nosotros y
de frecuentes litigios con la Hacienda y de complicaciones con el Gobierno que
favorece más a la negociación que a este pueblo”;657 seguramente el panorama les
parecía más inhóspito, ya que pasaban los meses y el dictamen del expediente para
la resolución definitiva no llegaba. La situación era más exasperante tomando en
cuenta que “La Comisión Local Agraria de aquí no funciona regularmente, ni se
conoce quienes sean sus miembros; directamente nos permitimos dirigirnos a esa
Superioridad [la Secretaría de Fomento], suplicando respetuosamente que se sirva
ordenar la pronta tramitación del expediente de Ejidos de este pueblo”.658
Mientras ocurría lo antes señalado, los líderes de Cofradía estaban más
concentrados en resolver su problemática interna y en no bajar la guardia en sus
insistencias ante la Comisión Nacional Agraria para que se les otorgaran las
anheladas tierras. A fines de julio de 1917, el comisario municipal Claro Guzmán,
envió una nueva carta a los funcionarios federales en materia agraria, donde les
comentaba lo siguiente: “Se queja la mayoría de este pueblo, que a la mayor
brevedad posible se distribuya la completa dotación de tierras de ejidos comunales…
para quitarnos de encima la tiranía de rentas de tierras por la Hacienda de San
Antonio”.
659 Una semana después se elaboró la respuesta del Secretario General de
la CNA, en la que se informaba que ya estaba próxima la resolución sobre su
caso.660
657 Gorgonio Ávalos, Comisario municipal de Suchitlán, y firmas de todo el pueblo, al Presidente de la Comisión Nacional Agraria, Suchitlán, 15 de enero de 1918: en ARAN, Suchitlán, Exp. 23 – 9, (N° 04/013/001).
Amparado en esa promesa, en septiembre de 1917, Claro Guzmán solicitó
al gobernador del Estado que “…aunque sea provisionalmente se nos seda la
658 Ibíd. 659 Oficio de Claro Guzmán, Comisario municipal de Cofradía de Suchitlán, al Jefe de Distribución de Tierras y a la Comisión Nacional Agraria, Cofradía de Suchitlán, 27 de julio de 1917; en ARAN, Cofradía de Suchitlán, Caja 134, Expediente 23, No. CM 002003. 660 Oficio de Edmundo Torres, Secretario General de la Comisión Nacional Agraria, a Claro Guzmán Comisario municipal de Cofradía de Suchitlán, México, 3 de agosto de 1917; en ARAN, Cofradía de Suchitlán, Caja 134, Expediente 23, No. CM 002003.
327
dotación de ejidos de tierras comunales (…) y que se nos conceda usufructo de las
rentas de la tierra desde donde linde la medida del ejido, al menos, que las rentas
nos sirvan para levantar nuestra comisaría, o una casa para escuela”.661
La petición era legalmente improcedente, pero el nuevo mandatario colimense,
Prof. J. Felipe Valle, no se molestó ni siquiera en darles respuesta negativa a su
solicitud, a pesar de las constantes insistencias de los demandantes, quienes
notaban los cambios con respecto al trato que recibieron cuando el Gral. Juan José
Ríos estaba al frente de los destinos estatales.
662
…el municipio de Comala que nunca le ayuda a nuestro pueblo
sino a los burgueses en Comala casi no hay persona con que contar a
nuestro favor todos son contrarios en la política y en todo nuestro
progreso, a esta Comisaría Comala no le deja nada, pero a Vogel
dicen de que le hace justicia el Gobernador y Comala por interés del
dinero que el patrón Vogel les da.
Por la indiferencia y el trato
recibido, Claro Guzmán envió queja ante el presidente de la República, donde
aseguraba que tanto el Gobernador Valle como el municipio de Comala permitían
que Vogel pagara sueldos de hambre a sus trabajadores y que vendiera el maíz a
precios exorbitantes, situación que los condenaba a una vida mísera. El panorama
que enfrentaban con las autoridades lo sintetizaban de la siguiente manera:
663
Por lo tanto, envueltas en promesas, triquiñuelas, controversias, trámites y
riñas, las demandas de Suchitlán y Cofradía de Suchitlán tardarían algún tiempo más
661 Solicitud de Claro Guzmán y demás pobladores de Cofradía de Suchitlán al Gobernador Constitucional del Estado de Colima, Cofradía, Col, 8 de septiembre de 1917; en AHEC, Caja 887, Sección A, No. 19, Año 1916. 662 Al respecto véase: Carta de Claro Guzmán, Representante de Cofradía de Suchitlán, a Venustiano Carranza, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Cofradía de Suchitlán, 29 de diciembre de 1917; en ARAN, Cofradía de Suchitlán, Caja 134, Expediente 23, No. CM 002003. 663 Carta de Claro Guzmán a Venustiano Carranza, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Cofradía de Suchitlán, 29 de diciembre de 1917; en ARAN, Cofradía de Suchitlán, Caja 134, Expediente 23, No. CM 002003.
328
para ser cumplidas, pues la máxima instancia nacional emitiría tales decretos hasta
el año de 1918.
Después de pasar todos los trámites de ley, el 28 de febrero de ese año, el
Ejecutivo Federal acordó la dotación definitiva de tierras para conceder 1,775
hectáreas 61 áreas al pueblo de Suchitlán; literalmente, el decreto presidencial
plasmó lo siguiente:
Es de dotarse y se dota al pueblo de Suchitlán, municipio de
Comala, Estado de Colima, de las tierras suficientes para completar
las que ya posee hasta un sitio de ganado mayor o sean 1755
hectáreas, 61 áreas [.…] Se decreta la expropiación de las tierras
colindantes en cuanto sea necesario para cubrir la dotación acordada,
dejando a salvo los derechos de sus legítimos propietarios para que
obtengan la indemnización correspondiente. 664
A su vez, en esa misma fecha, otra resolución presidencial estableció que
Cofradía de Suchitlán recibiera 606 hectáreas. Una semana después, la Secretaría
General de la Comisión Nacional Agraria turnó dicha resolución definitiva ante la
Comisión Local Agraria de Colima, para que a su vez se canalizara para su
cumplimiento por conducto del Comité Particular Ejecutivo de Comala, el cual ni
siquiera estaba en funciones. Por lo tanto, pese al dictamen presidencial, éste no se
aplicó inmediatamente, ya que dichas resoluciones se harían efectivas hasta dos
años después.
665
Lo primero que detuvo el ímpetu de los indígenas fue una recomendación
emitida desde las oficinas agrarias nacionales dirigida a la Comisión Local Agraria –
que llegó a su destino el 8 de abril de 1917– en la cual se advertía a los habitantes
664 Expediente Nº 8 de la Comisión Local Agraria, en ARAN, Suchitlán, Exp. 23 – 9, (N° 04/013/001) 665 Al respecto véase, Solicitud de vecinos de Suchitlán y Cofradía al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 17 de febrero de 1919; en ARAN, Suchitlán, Expediente 23-9 No.041/013/001.
329
de Suchitlán que no empezaran a usufructuar las tierras de la hacienda de Nogueras,
que les fueron concedidas como ejidos, sino hasta que los dueños de esa finca
terminaran la zafra de la caña que tenían plantada en ellas. Disposición hasta cierto
punto lógica, de ahí que se acató en el acto. 666
No obstante, pese a esta instrucción, el optimismo no decaía; los pobladores
de Suchitlán, ya sentían la tierra en sus manos de manera definitiva. Por ese motivo
–el 22 de abril de 1918– notificaron al Presidente de la Comisión Nacional Agraria y a
la Comisión Local Agraria de Colima que acababan de elegir a los Comités Ejecutivo
y Administrativo de dicho pueblo, a fin de que a ese organismo se le diera posesión
de los ejidos.
667
Al día siguiente de mi llegada a Suchitlán pasamos el Ingeniero
Suárez y yo a la Cofradía y acordamos la forma en que debe ejecutar
sus trabajos para que éstos se terminen a la mayor brevedad, y le
recomendé especialmente que hiciera constar en su levantamiento un
sembradío de caña de azúcar y un trapiche de la Hacienda de San
Es posible que esa certidumbre se apoyara en el hecho de que, tras
la resolución de fines de febrero, la CNA envió al ingeniero Enrique Suárez para que
reconociera, midiera y planificara el terreno destinado a la dotación de archivo, es
decir, para ejecutar la entrega de terrenos a Suchitlán y Cofradía. En la delimitación
practicada por este empleado se ubicaron tierras pertenecientes a Nogueras, San
Antonio y varias porciones consideradas como pequeñas propiedades. Los trabajos
de este topógrafo estaban regidos por las instrucciones emanadas del Comisionado
Especial de la CNA en el estado de Jalisco y recibió la inspección de un Delegado
Visitador (el ingeniero sinaloense J. C. Valadés) por parte de la Dirección Auxiliar del
multicitado organismo agrario nacional. A fines de abril, Valadés emitió
recomendaciones sobre el trazo del ejido de Suchitlán y:
666 Circular Nº 4 de la Comisión Local Agraria de Colima, Colima, 10 de diciembre de 1918; en ARAN, Suchitlán, Exp. 23 – 9, (N° 04/013/001. 667 Oficio Nº 17 de Agustín Miguel, Crescencio Figueroa, Ángel M. Cruz, Rosalío M. Martínez y muchos otros, al Presidente de la Comisión Nacional Agraria, Suchitlán, 22 de abril de 1918; en ARAN, Suchitlán, Exp. 23 – 9, (N° 04/013/001).
330
Antonio que lindan con las casas de Cofradía, haciendo en su cartera
o informe por separado, algunas explicaciones relativas a la clase de
edificio que ocupa el trapiche; y por último, le indiqué al propio
Ingeniero la conveniencia de que fijara el casco de la Hacienda de San
Antonio, o en caso de que este diste mucho de Cofradía, que diga en
su informe correspondiente el rumbo y distancia a que
aproximadamente se encuentra aquel.668
Las recomendaciones y apoyos técnicos facilitaron la labor del topógrafo
Suárez, quien estimó la visita en los siguientes términos: “Respecto a las dificultades
y obstrucciones que tuve en el desempeño de mi cometido, di ya oportuno aviso a
esa superioridad, permitiéndome ahora manifestar que al fin fueron solucionadas, en
virtud de las gestiones que a este respecto hizo el C. Visitador de Delegaciones, lo
que me permitió terminar debidamente el trabajo”.
669
El cometido del ingeniero Valadés fue dialogar con la Comisión Local Agraria y
el gobernador del estado, a fin de ponerlos al tanto de las disposiciones agrarias
recientemente acordadas y sobre el tipo de trabajos emprendidos para la delimitación
y trazo de los ejidos en el área norte de Comala. Cumplido lo anterior, se desplazó a
Manzanillo para embarcarse con destino a su querido puerto de Mazatlán. Pero,
ausente el visitador, Suárez no cejaba en poner de manifiesto su preferencia por los
indígenas y cuestionar el actuar de las instancias estatales, así que se dirigió por
escrito al titular de la Dirección Auxiliar de la CNA para manifestar lo siguiente:
“…estimo oportuno poner en conocimiento de esa superioridad que el Comité
Particular Ejecutivo de Comala, está formado por personas acomodadas y poco
668 Oficio Nº 1241 del titular de la Dirección Auxiliar de la Comisión Nacional Agraria al Ing. Serafín Monterde, Delegado de la Comisión Nacional Agraria en el Estado de Jalisco; México, 2 de mayo de 1918; en ARAN, Suchitlán, Exp. 23 – 9, (N° 04/013/001). 669 Informe del ingeniero topógrafo Enrique Suárez, adscrito a la Delegación en Jalisco de la CNA al ingeniero Mariano Moctezuma, Jefe de la Dirección Auxiliar de la Comisión Nacional Agraria, Guadalajara, Jal., 24 de mayo 24 de 1918; en ARAN, Suchitlán, Expediente 23-9 No.041/013/001.
331
dispuestas a desempeñar su cometido, según informaciones que me fueron
suministradas por los vecinos de los referidos pueblos y que pude comprobar
personalmente”.670
Así que, pese a las precauciones tomadas por el visitador Valadés, las
declaraciones y las acciones emprendidas por los indígenas y los funcionarios de la
CNA ocasionaban evidentes molestias entre los hacendados; por eso, la delimitación
de los ejidos comenzada por el Ing. Suárez incentivó nuevas disputas y problemas.
La primera reacción de los hacendados fue obtener los expedientes que
acompañaron las resoluciones presidenciales en la materia, para buscar la forma de
defender sus intereses e iniciar sus reacciones desde antes de que se ejecutara la
resolución presidencial y la proyección de reparto establecida por el Ing. Juárez. Las
exigencias del los hacendados eran reiteradas: por ejemplo, en mayo de 1918, los
propietarios de la hacienda de Nogueras solicitaron al gobernador de la entidad que
interpusiera su autoridad, para que los habitantes de Suchitlán no desmontaran ni
verificaran otros trabajos, sin que ellos les otorgaran autorización, ya que los
indígenas se proponían iniciar trabajos en terrenos que los hacendados esgrimían
como suyos, debido a las instrucciones que les dio el topógrafo que realizaba la
delimitación de los terrenos.
Este tipo de declaraciones eran como echarle más leña al fuego.
671
La queja de los hacendados se apoyaba en hechos reales. El Sindicato de
Agricultores y Campesinos de Suchitlán no quería perder tiempo y, como para
mediados de 1918, el topógrafo de la CNA ya tenía elaborado un plano de dotación
de su ejido, demandaban la entrega inmediata de dichas tierras, pues
“…consideramos que a no principiar nuestras labores desde ahora a fin de
aprovechar las siembras del próximo temporal, cosa que redunda en el más grave
perjuicio para este poblado”.
672
670 Ibíd.
Pero de las intenciones y peticiones pasaron a los
671 P. Vergara y Aureliano Rangel al C. Gobernador Constitucional del Estado, 23 de mayo de 1918, en AHEC, Caja 887, Sección A, No. 19, Año 1916. 672 Oficio de Crescencio Figueroa, Gorgonio Ávalos, Rosalío Martínez, Regino Martínez y muchos otros, integrantes del Sindicato de Agricultores y Campesinos de Suchitlán a la Dirección Auxiliar de la Comisión Nacional Agraria, Suchitlán, 18 de mayo de 1918; en ARAN, Suchitlán, Exp. 23 – 9, (N° 04/013/001).
332
hechos y empezaron a realizar trabajos de preparación para la siembra.
En respuesta, el ejecutivo estatal se dirigió a la Secretaría de Agricultura y
Fomento para saber si su gobierno era competente para suspender los trabajos de
desmonte que los indígenas realizaban en los terrenos que habían sido de la
hacienda de Nogueras y que presuntamente habían pasado a ser propiedad de los
ejidos del pueblo de Suchitlán.673
La contestación que el gobernador recibió de la capital del país no pudo ser
más grata para los pobladores de Suchitlán, ya que las autoridades agrarias
nacionales concluyeron que como el desmonte que pretendían los suchitlecos era en
“varales” que no se habían sembrado desde hacía diez años, era de entenderse que
dicho desmonte era una operación preliminar a la siembra y cultivo, y como estas
labores estaban ubicadas en el área comprendida como su posesión provisional,
tenían todo el derecho de realizar dichos trabajos, los cuales estaban protegidos por
lo contemplado en el artículo segundo transitorio del Decreto de 19 de septiembre de
1916, que confería, a los vecinos de los pueblos que gozan de posesión provisional,
el derecho de aprovecharse de los frutos y productos de las tierras que cultivarán y
sembrarán.
674
Así que, si se trata de responder a la interrogante formulada por el gobernador
colimense a la Secretaría de Agricultura y Fomento, la respuesta no puede ser otra:
Impedir las labores de desmonte que practicaban los indígenas de Suchitlán en
terrenos otorgados provisionalmente constituía un acto que violentaba los preceptos
legales establecidos por el gobierno federal en materia agraria, instrumentos
normativos que deberían ser de observancia y aplicación en todo el territorio
nacional.
No obstante, más allá de este asunto con resultados favorables para los
indígenas, las quejas eran recurrentes y variadas. Además de que éstas no solo
673 Telegrama del Gobernador Constitucional del Estado de Colima a la Secretaría de Agricultura y Fomento, 25 de mayo de 1918; Oficio Nº 1421 del Gobernador Constitucional del Estado de Colima al C. Aureliano Rangel, 25 de mayo de 1918; en AHEC, Caja 887, Sección A, No. 19, Año 1916. 674 Véase, Dictamen de Ramón Ruiz al Director de la Comisión Nacional del Agua, México, 7 de junio de 1918; en ARAN, Suchitlán, Exp. 23 – 9, (N° 04/013/001).
333
emanaron de los prominentes hacendados de la municipalidad. Como ya se
mencionó, el reparto se proyectó también sobre pequeñas propiedades; algunos
dueños pronto levantaron su voz para evitar ser afectados. Uno de ellos fue el
abogado J. Trinidad Padilla, quien se quejó ante el mismo Venustiano Carranza, de
que en dicho reparto se consideró una parte de su predio llamado “Rancho
Padilla”.675 Bajo el argumento de no ser un latifundio, sino una pequeña propiedad,
así como el que una mutilación de su predio dejaría prácticamente inútil al resto,
solicitó la intervención presidencial y de la Comisión Nacional Agraria para que la
parte de su rancho comprendida en el plano elaborado por el Ing. Juárez, se
excluyera de la superficie contemplada a entregarse como ejidos.676 Petición que se
sometió a la valoración por parte de la Comisión Nacional Agraria, buscando darle
solución sin transgredir la resolución agraria emitida por el presidente de la
República.677
La actitud demandante de Padilla fue imitada por hizo Antonio Crespo,
residente en la capital del país, pero dueño de un predio llamado “Rancho de
Suchitlán” con extensión de 65 hectáreas,
678
675 Esta finca rústica estaba compuesta por un pequeño giro agrícola donde se desarrollaba la ganadería y se criaban poco más de cien cabezas de ganado vacuno y caballar. Además, se cultivaban entre 30 y 40 hectáreas de maíz y frijol, así como también se explotaban dos plantaciones de caña de azúcar, para lo cual contaba con un pequeño trapiche.
propiedad que también estaba
comprendida dentro del plano trazado por Suárez para definir las tierras ejidales que
recibirían los habitantes de Suchitlán. El señor Crespo, solicitó a las altas autoridades
agrarias que: “…mi rancho denominado “rancho de Suchitlán” quede excluido del
terreno destinado a la dotación, haciendo constar el acuerdo en el expediente relativo
y comunicándolo a la Comisión Local del Estado de Colima así como al
Departamento Técnico que hace levantamiento del plano conforme al cual se dará
676 Solicitud del Lic. J. Trinidad Padilla al Subsecretario de Fomento y Presidente de la Comisión Nacional Agraria, Colima, 27 de junio de 1918; en ARAN, Suchitlán, Expediente 23-9, N° 04/013/001. 677 Oficio Nº 2607 del Subsecretario de Agricultura y Fomento a J. Trinidad Padilla, México, 10 de julio de 1918; en ARAN, Suchitlán, Expediente 23-9, N° 04/013/001. 678 Este rancho estaba situado cerca del pueblo de Suchitlán y abarcaba unos potreros conocidos como “Tableta y Zacate, Anexos”, “La Casa”, de “Nogueras”, “La Guayabera”, de “San José” y “La Cañada”.
334
posesión”.679
No sólo hacendados y propietarios protestaban. Los indígenas, por su parte,
dirigieron sus quejas ante la Comisión Local Agraria. A mediados de 1918, Felipe
Loza, Presidente de la Comisión Local Agraria del Estado de Colima, turnó a la
instancia superior (la CNA) para que determinara las mediadas a tomar ante la
denuncia que formularon los pobladores de Suchitlán, luego de que varios indígenas
comenzaron con el desmonte del llamado terreno de “Pintores”: el dueño de
Nogueras suspendió dichos trabajos y le entregó un escrito a la Comisaría del
pueblo, en el que señalaba lo siguiente:
En vista del propósito de ustedes en Suchitlán de desmontar y
usar como propias, las tierras que abarcó con su medida el Ingeniero
que vino recientemente, te manifiesto que no estoy conforme con lo
que ustedes pretenden hacer, toda vez que no se les ha dado
posesión de dicho terreno que pertenece a esa hacienda. Por lo tanto
no permitiré que nadie verifique ningún trabajo en las tierras referidas,
sin tener antes un acuerdo conmigo.680
Luego de la denuncia, los agraristas pedían la restitución de las tierras, donde
figuraba el disputado terreno de “Pintores”, ya que al estar situado a 200 metros al
oriente del poblado estaba comprendido en la tierra de ejidos de Suchitlán.
Pero, mientras la correspondencia fluía entre el ejecutivo estatal, los
funcionarios agrarios locales y las autoridades federales, el conflicto subía de tono
entre el dueño de la hacienda de San Antonio y Cofradía de Suchitlán. Las gestiones
de cada una de las partes no se detenían, pese a que muchas de las veces recibían
679 Solicitud de Antonio Crespo a la Comisión Agraria Nacional, México, 31 de julio de 1918; en ARAN, Suchitlán, Expediente 23 – 9, N° 04/013/001. 680 Felipe Loza, Presidente de la Comisión Local Agraria del Estado de Colima, al Secretario General de la Comisión Nacional Agraria, Colima, 15 de junio de 1918; en ARAN, Suchitlán, Expediente 23-9, N° 04/013/001.
335
respuesta no satisfactoria. En esta situación devino la solicitud enviada el 13 de
septiembre de ese mismo año por Claro Guzmán para que la Comisión Nacional
Agraria autorizara que la comunidad de Cofradía de Suchitlán ocupara los potreros
San Miguel, La Hortaliza, El Sobrante del Quemado, El Encino y Las Cuatas, para
emprender labores agrícolas. En respuesta, esta instancia afirmó que no podía dictar
esa resolución mientras no se hiciera la entrega definitiva ejidos para dicho
poblado.681
A su vez, ante las denuncias de las amenazas lanzadas por Felipe Marklin,
administrador de la hacienda, en contra del poblado indígena, Claro Guzmán, en su
calidad de representante de la comunidad, daba cuenta de la siguiente lista de
sucesos: el 6 agosto de 1918, el administrador tildó de bandidos a los integrantes de
la acordada del pueblo; para fines de ese mismo mes, ese calificativo de bandido, lo
extendió hacia todos los pobladores de Cofradía. Los indígenas se quejaron por este
hecho, pero no sucedió nada.
Lo anterior prodigó confianza al fiel empleado de Vogel, para que, el 12 de
noviembre de ese mismo año, encañonara y amenazara con fusilar a Pilar y Ladislao
Álvarez, con motivo de las labores de desmonte que realizaban en las tierras del
potrero de “San Miguel”, entregadas por el Comité Particular Administrativo. Tres
días después, a Juan Marcial y Lázaro Guzmán se les amenazó con quemarles sus
casas. Los hostigamientos se repitieron, por eso Amador Marcial se quejó de
amagos, amenazas y calumnias lanzadas por el referido administrador del
hacendado alemán. Debido a todos estos incidentes, el 28 de noviembre de 1918,
Claro Guzmán, en su calidad de representante del poblado de Cofradía, solicitó que
el gobierno del Estado les prodigara garantías; petición que fue respaldada por la
Comisión Nacional Agraria. Era evidente que, como comúnmente se dice, “el horno
no estaba para bollos”.
El año de 1918 concluyó, pero los problemas continuaron: el 9 de enero de
1919, el administrador de San Antonio interrumpió a Inés López, quien se
681 Al respecto, véase, Memorandum del 7 de diciembre de 1920, localizado en ARAN, Cofradía de Suchitlán, Caja 134, Expediente 23, No. CM002003.
336
encontraba arando en el potrero de “La Hortaliza”, quitándole la yunta de bueyes
para trasladarlos a las instalaciones de la hacienda; bestias de labranza que fueron
recuperadas luego de acaloradas discusiones entre Arnoldo Vogel y Claro
Guzmán.682
Las denuncias no sólo procedían de los indígenas, su contraparte también se
llamaba agredido. Por ejemplo, a fines de ese mes de enero de 1919, Arnoldo Vogel
comunicaba a la Presidencia Municipal de Comala que había rentado pequeñas
porciones de tierra a varias personas, pero que éstas no podían concluir sus trabajos
iniciados, porque Claro Guzmán llegaba acompañado de indígenas armados y los
obligaba a interrumpir sus labores. En el mismo tenor llegó la denuncia de Regino
Martínez, avecindado en Suchitlán, al quejarse de que Juan y Amador Marcial y
Lázaro Guzmán de Cofradía, interrumpieron las labores que desarrollaban en tierras
que le habían sido rentadas por Arnoldo Vogel y hasta le quitaron los mozos que
tenía contratados. La acción de los pobladores de Cofradía fue acompañada por
amenazas.
683
Las denuncias de ataques y hostigamientos estaban a la orden del día, donde
la tierra era la manzana de la discordia; por eso, Claro Guzmán, en su calidad de
representante de la comunidad, solicitó garantías ante Pastor Rouaix, titular de la
Secretaría de Agricultura y Fomento y de la Comisión Nacional Agraria. En
respuesta, el funcionario reiteró su disposición para sostenerles la posesión
provisional que tenían, mientras que se emitía una resolución definitiva al
respecto.
684
Todavía no recibía respuesta puntual, cuando Claro Guzmán decidió formular
una petición similar al presidente de la República, en la cual se quejaba de que la
682 Oficio Nº 10 de Claro Guzmán, Comisario municipal y Presidente del Comité Administrativo, al Presidente de la Comisión Local Agraria, 27 de enero de 1919; en AHEC, Caja 887, Sección A, No. 19, Año 1916. 683 Oficio No. 90 de Jesús Salazar Carrillo, Presidente Municipal de Comala, a Felipe Loza, Presidente de la Comisión Local Agraria, 25 de enero 1919; en AHEC, Caja 887, Sección A, No. 19, Año 1916. 684 Oficio de Pastor Rouaix, Secretario de Agricultura y Fomento y Presidente de la Comisión Nacional Agraria, al Gobernador Constitucional del Estado de Colima, 8 de enero de 1919; en AHEC, Caja 887, Sección A, No. 19, Año 1916.
337
posesión decretada a favor de la comunidad no se había ejecutado todavía,
incapacidad manifiesta por autoridades agrarias locales y nacionales, así como por el
propio Gobierno del Estado. Demandaba la intervención del ejecutivo federal debido
a las crecientes dificultades que padecía el pueblo de Cofradía, ocasionadas por la
violencia y las amenazas emanadas desde la hacienda de San Antonio. 685
Una nueva petición llegó a las oficinas presidenciales a mediados de febrero
de 1919, y no sólo iba firmada por los representantes indígenas, ya que los
habitantes mismos de Suchitlán y Cofradía de Suchitlán suscribieron una extensa
carta donde planteaban su extrañeza por la suspensión de los trabajos de dotación,
ya que después de la medición de las superficies concedidas a ambas comunidades
emprendida por el ingeniero Suárez, se suspendieron las acciones para concretar la
posesión definitiva “por causas que nos extraña no conocer”; máxime que a pueblos
como Tepames y Cuauhtémoc ya se les había otorgado dichas posesiones. Se
quejaban del trato relegado que les daba la Comisión Nacional Agraria:
Además,
en este mismo documento, se solicitó que el ejecutivo federal interviniera para
agilizar la posesión definitiva de sus ejidos. Como respuesta recibió la notificación de
que se estaba nombrando un ingeniero para que fuera a ejecutar la resolución
presidencial que los beneficiaba.
…se nos tiene relegados en el olvido por la referida Comisión,
no obstante que la concesión de los ejidos, en cualquiera forma, es de
orden político, para bienestar del pueblo, y es una disposición
constitucional que por lo mismo debe acatarse de preferencia. Nos
duele manifestar porque a otros pueblos que son de más sangre
española que mexicana se les ha dado ya la posesión definitiva de sus
ejidos, y a nosotros, que por nuestras venas corre sangre azteca de
685 Oficio de Claro Guzmán, Comisario municipal de Cofradía de Suchitlán, al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Cofradía de Suchitlán, 11 de enero de 1919; en ARAN, Cofradía de Suchitlán, Caja 134, Expediente 23, No. CM002003.
338
Cuauhtémoc, que hablamos su lengua y aun conservamos todavía
algunas de sus costumbres, no se nos ha dado dicha posesión.
Incluso llegaban a sostener que vivían en condiciones peores a las previas a
los años revolucionarios y de la dotación misma porque –en esos momentos– los
terratenientes colindantes de los terrenos ejidales otorgados, no les permitían entrar
a los terrenos, ni cortar leña, mucho menos preparar o arar las tierras para
sembrarlas, recibiendo en cambio amenazas de muerte por los mayordomos y los
agentes de las haciendas “Nogueras” y “San Antonio”, quienes los intimidaban con
armas de fuego y los amenazaban con quemarles sus chozas y expulsarlos de sus
pueblos. Para acabar con tan dramático y conflictivo panorama demandaban la
intervención del presidente Carranza, para que se concretara la posesión definitiva
de sus tierras.686
En respuesta a estas quejas y demandas, las autoridades ejidales giraron
instrucciones al presidente municipal de Comala, para que interviniera a fin de
desactivar el conflicto entre los vecinos de Cofradía y Vogel en torno al usufructo de
las tierras en disputa; a fin de normar una conducta, el funcionario se dirigió a la
Comisión Local Agraria para que le definiera quién era el propietario legal de dichas
tierras. La postura de dicha instancia no pudo ser más enfática: mientras que las
autoridades agrarias no declararan la insubsistencia de la posesión provisional
otorgada a los pobladores de Cofradía, a ellos correspondía otorgarles toda clase de
garantía para el usufructo de tales terrenos. Incluso, esta misma instancia agraria
local solicitó al mismo gobernador colimense que dictara las medidas para que los
indígenas gozaran de dicha posesión sin restricción alguna.
687
686 Carta de vecinos de Suchitlán y Cofradía de Suchitlán, al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 17 de febrero de 1919; en ARAN, Suchitlán, Expediente 23-9, No.041/013/001.
Es de suponerse que
las tan mencionadas garantías que demandaban los indígenas no se aplicaban, pese
a lo dicho por las autoridades federales, ya que un mes más tarde, el líder agrario de
687 Oficio de Felipe Loza, Presidente de la Comisión Local Agraria, al Gobernador Constitucional del Estado, Colima, 31 de enero de 1919; en AHEC, Caja 887, Sección A, No. 19, Año 1916.
339
Cofradía seguía insistiendo, ante el gobernador del Estado, para que se protegiera a
sus representados a fin de que gozaran de la posesión provisional de sus ejidos.688
Así que las declaraciones de las autoridades no bastaban para poner fin a la
disputa; lo urgente eran las anheladas acciones. Por eso, un pequeño núcleo de
trabajadores rurales de Cofradía demandaba, ante el gobernador colimense, que se
les resolviera de manera definitiva si ellos merecían ser partícipes de los derechos
agrarios; su petición era apremiante ya que Vogel les había quitado el agua para
riego. Su postura era sumamente clara:
Somos pobres y nos mantenemos de nuestros brazos, y no
queremos estar bajo el poder del adversario, nosotros queremos
cultivar un retazo de tierra de 25 litros cada uno, para mantener
nuestras familias y si esto no merecemos, que se nos diga
detalladamente; las tierras están desmontadas; y podemos pagar el
trabajo invertido lo que sea justo, en cosechas; y si estas tierras que
queremos no se nos conceden, manifestamos que no le damos agua a
Don Arnoldo.689
El hacendado alemán no se iba a quedar con los brazos cruzados. Sus
intentos de mantener bajo su posesión los terrenos en disputa no cejaban, así que en
abril de 1919, dirigió sus gestiones hacia el gobernador del Estado; primeramente
para quejarse de que Claro Guzmán y un reducido grupo de vecinos de Cofradía con
armas en la mano obstaculizaban las labores en sembradíos de su propiedad y,
concretamente, ante la cercanía de la temporada de lluvias y con ello las siembras
688 Solicitud de Claro Guzmán, Comisario municipal de Cofradía de Suchitlán, al Gobernador Constitucional del Estado de Colima, 30 de febrero de 1919; en AHEC, Caja 887, Sección A, No. 19, Año 1916. 689 Catarino Guzmán, Lorenzo Apolinar, Lázaro Guzmán y Urbano Matías, al Gobernador Constitucional del Estado de Colima, Cofradía de Suchitlán, 30 de febrero de 1919; en AHEC, Caja 887, Sección A, No. 19, Año 1916.
340
de temporal, afirmaba que su interés era elevar la producción al máximo en esa zona
de la entidad. Por consiguiente, demandaba que el ejecutivo ordenara a Claro
Guzmán que desistiera de su actitud y no entorpeciera los trabajos de labranza que
emprendiera él (Vogel) como supuesto dueño de dichas tierras. Conminaba a que el
gobernador adoptara esa actitud contra las poblaciones indígenas, debido a que –en
su opinión–: “…las pretensiones injustificadas de Guzmán y fundad[as] en la circular
de 28 de noviembre de 1918 extendida por Secretario de Agricultura y Fomento,
Presidente de la Comisión Nacional Agraria, donde se declara de una manera
evidente que esa posesión pertenece a aquellas, no tienen valor alguno”.690
Incluso, la demanda de Vogel parecía formar parte de una acción previamente
concertada o fraguada donde se involucraba a otros individuos de la zona, incluso de
la misma comunidad de Cofradía. Al parecer, el factor motivante de la petición de
Vogel, fue la acción de una brigada de indígenas de Cofradía al impedir que Eutimio
Velasco, arrendatario del hacendado y habitante de Cofradía, utilizara aguas para
regar los terrenos que tenía sembrados. Así que, desde otros ámbitos –pero con el
mismo fin–, un grupo de 30 pobladores de Cofradía (donde aparecía el mismo
Eutimio Velasco) se quejaron del comportamiento de Claro Guzmán ante el
Presidente Municipal de Comala. En su escrito señalaban:
Claro Guzmán dice que es el encargado de las leyes agrarias y
que las ocupa para usar de sus caprichos, lo que es cierto, porque
sólo se entretiene en hacerles males a los vecinos de esta … Sólo se
vive chasqueando a los demás indígenas más torpes y además con
perjudicarlos diciendo que no trabajen en la Hacienda inmediata. Son
tan malos los fines de este señor, que tiene unos armados que son los
que lo apoyan para invadir a los prójimos. Nosotros ya cansados de
690 Solicitud de Arnoldo Vogel al Gobernador Constitucional del Estado, Colima, 2 de abril de1919; en AHEC, Caja 887, Sección A, No. 19, Año 1916.
341
sufrir esas infamias de este impío, nos resolvimos a elevar una queja a
esa Presidencia para ver si se nos atiende nuestra súplica.
Deseamos que se le quite ese nombramiento, y si es necesario
que haya otro que lo sustituya, ya se fijarán en una persona honrada.
Para que tenga fuerza nuestra queja, remitimos nuestras firmas,
manifestando que si es necesario que nos presentemos todos, lo
haremos con gusto, para que nos quiten a ese hombre que no nos
deja trabajar, pues el quiere que lo acompañemos a andar de
argüenderos.691
Al turnar la queja ante la Secretaría de Fomento, el presidente municipal de
Comala le incorporaba de su cosecha, al agregar que Claro Guzmán: “…aparte de
ser tan injusto con los vecinos, porque realmente es insoportable, tiene el gran
defecto de ser desobediente con las Autoridades. Hará una gran obra de justicia esa
Secretaría, quitándole a Claro Guzmán cualquier ingerencia en las tierras y aguas de
Cofradía”.
692
En lo que se refiere a la respuesta del gobernador Felipe Valle a Vogel, ésta
no pudo ser más pronta y expedita. Al día siguiente de la petición del hacendado, le
comunicó que ya había turnado su queja y solicitud a la Comisión Nacional Agraria
para que la atendiera y que también ya había girado instrucciones al presidente
municipal de Comala para que, en tanto llagara dicha resolución, impidiera que se
siguieran cometiendo los actos enumerados por el señor Arnoldo Vogel.
693
Y efectivamente, Felipe Valle turnó a Jesús Salazar Carillo, presidente del
ayuntamiento de Comala, la denuncia referente a que Claro Guzmán, a la cabeza de
691 Jesús Salazar Carrillo, al Secretario de Agricultura y Fomento, Comala, 4 abril 1919; en ARAN, Cofradía de Suchitlán, Caja 134, Expediente 23, No. CM002003. 692 Ibíd. 693 Oficio Nº 244 de J. Felipe Valle, Gobernador Constitucional del Estado, a Arnoldo Vogel, Colima, 3 de abril de1919; en AHEC, Caja 887, Sección A, No. 19, Año 1916.
342
tres hombres armados, impedía el derecho al agua a Eutimio Velasco, arrendatario
de Vogel, para que tomara cartas en el asunto, obviamente a favor de la queja del
hacendado.694
El panorama era claro: las autoridades municipales y estatales manifestaban
una actitud proclive a Arnoldo Vogel y los hacendados, mientras que el soporte de
los indígenas provenía de las autoridades federales.
Ante tal panorama, uno de los recursos de poco más de seis decenas de
suchitlecos –encabezados por Gorgonio Ávalos– fue solicitar el apoyo del Elías
Arias, senador por Colima, para que los tuviera al tanto de cómo evolucionaba el
trámite de dotación en las oficinas agrarias de la ciudad de México e intercediera a
favor de sus reclamos. La justificación de este apoyo se fundamentaba en la
recurrente alusión a la penuria económica: “Hacemos esta súplica por estar presente
el tiempo de trabajos para los desmontes y por estar gravemente necesitados por no
haber sembrado en el temporal próximo pasado por habernos prohibido por el Patrón
de la Hacienda de Nogueras”.695
Un paso adelante en pos de resolver el conflicto se cumplió con los trabajos
topográficos realizados por Ignacio Cabañas Flores, topógrafo adscrito a la Comisión
Local Agraria, a fin de reconocer y planificar la dotación ejidal. Luego de recorrer los
terrenos y propiedades circundantes (donde figuraban la hacienda de Colomos y
tierras de Ignacio Salazar, Miguel Magaña y Maximino Llerena, entre otros) a
Suchitlán y Cofradía, exploró las extensiones de las dos haciendas con las que los
indígenas de ambas comunidades estaban en conflicto, así como las tierras de los
otros propietarios que también fueron afectados por el decreto presidencial para
formar los dos ejidos de referencia. Las valoraciones del topógrafo fueron en el
siguiente tenor:
694 Oficio Nº 243 de J. Felipe Valle, Gobernador Constitucional del Estado, al Presidente Municipal de Comala, Colima, 3 de abril de 1919; en AHEC, Caja 887, Sección A, No. 19, Año 1916. 695 Al respecto véase, Oficio del Senador Elías Arias, al Presidente de la Comisión Nacional Agraria; en ARAN, Suchitlán, Expediente 23-9, No. 041/013/001.
343
El técnico realizó un recorrido por la superficie de 1755-61 hectáreas
concedidas por decreto presidencial al pueblo de Suchitlán, las cuales se tomaron de
las siguientes propiedades: hacienda de Nogueras, 1,093 has.; hacienda de San
Antonio, 314.5 has.; propiedad de Trinidad Padilla, 100-64 has.; propiedad de
Nieves Torres, 31.9 has.; propiedad de Luis Rendón, 114.8 has.; y propiedad de
Catarina C. Vda. de Peña, 50.37 has.
Las tierras ubicadas en la hacienda de San Antonio, que fueron tomadas para
dotar al pueblo de Suchitlán, eran de mediana clase y aptas para la siembra de maíz.
En lo que respecta a los terrenos de la hacienda de Nogueras, las tierras situadas al
sur de Suchitlán, eran también de regular clase para el cultivo de maíz, exceptuando
las comprendidas entre el rancho de la Caña y el del Tanque, que se calificaban de
buena calidad. Pero todas esas tierras eran exclusivamente para siembras de
temporal.
Salvo los terrenos que se tomaban de la propiedad de Catarina C. Vda. de
Peña, que eran de riego de buena calidad, las que pertenecían a Nieves Torres, Luis
Rendón y Trinidad Padilla, eran de temporal y de clase regular, al igual que las
tomadas de San Antonio y Nogueras. Además, luego de su inspección por las tierras
de la zona, el topógrafo opinó que las haciendas de Nogueras y de San Antonio
deberían ser las únicas propiedades contribuyentes para la proyectada dotación,
pero que debido a que las tierras de Nogueras presentaban un estrechamiento
(llamado La Angostura) en la única porción convertible en ejidal, y de que San
Antonio poseía escasa extensión en su parte aprovechable para fines ejidales, era
necesario fraccionar también a la mediana propiedad; criterio que el técnico utilizó
para trazar el proyecto de dotación.
En lo que tocó al trazado del proyecto de dotación de ejidos para el pueblo de
Cofradía de Suchitlán, a fin de ejecutar las 660 hectáreas, todas éstas se ubicaron en
superficie de la hacienda de San Antonio. Al revisar las tierras de la mencionada
hacienda, comprendidas en el Proyecto de Dotación para Cofradía de Suchitlán (al
menos las situadas al oeste del poblado), las catalogó como de mala calidad para el
cultivo y todas eran de temporal. Aclarando que por ese rumbo se encontraban
344
algunas porciones de riego y otras de temporal que contaban con una mediana
calidad, pero estaban fuera del perímetro considerado para la dotación ejidal.
Una parte de la hacienda que contaba con terrenos de buena calidad estaba
ubicada en una finca dependiente llamada “La Haciendita”, lugar donde residía un
segundo administrador de la hacienda de San Antonio. En este lugar se sembraba
caña de azúcar y contaba con un trapiche en funciones. En virtud de lo anterior, el
topógrafo, pese a su actitud favorable a los indígenas, señaló que: “Por este motivo,
y creyendo de justicia no incluir en los ejidos de Cofradía, las siembras de caña
indicadas, ni menos dejar dentro de ellos, la mencionada finca, dejé a ésta en una
zona de protección que la pone en comunicación con el resto del terreno de San
Antonio”.696
Al margen de sus trabajos técnicos, en el informe elaborado por el topógrafo
Ignacio Cabañas, se plasmaron algunas impresiones sobre el clima y la tensión
social que se vivía en la zona y, concretamente, que padecían los indígenas del
lugar. Sobre los pobladores de Cofradía de Suchitlán, señalaba que estaban muy
desanimados con respecto a la demarcación de los ejidos que con anterioridad les
fueron concedidos, debido a que por dicho motivo, el dueño de la hacienda de San
Antonio optó por no rentar tierras, como antes lo hacía, a ninguno de los vecinos de
Cofradía que trabajara a favor del reparto agrario. Como complemento, el topógrafo
agregaba: “Si a la actitud del terrateniente, se agrega la falta de directores entre los
ignorantes indígenas del lugar, ya que los dos o tres que hay, son los más
hostigados por aquel y que por eso se ven obligados hasta a abandonar su pueblo,
se comprenderá la razón del desconcierto que reina entre los habitantes”.
697
En el otro poblado indígena la situación no era muy diferente, a pesar de que
los vecinos de Suchitlán disfrutaban de algunos terrenos de riego en calidad de
provisionales. Sin embargo, pese a que durante 1918 todavía sembraron en terrenos
de la hacienda de Nogueras, a principios de 1919, los dueños de dicha hacienda
696 Informe de Ignacio Cabañas Flores, Topógrafo adscrito a la Comisión Local Agraria, al Presidente de la Comisión Local Agraria del Estado, Colima, 30 de abril de 1919; en ARAN, Suchitlán, Expediente 23-9 No.041/013/001. 697 Ibíd.
345
expulsaron a los vecinos del pueblo de Suchitlán, sin que éstos recibieran las
garantías a que tenían derecho por parte del gobierno del Estado, para seguir
disfrutando de las tierras de la hacienda de Nogueras, tal y como lo establecía la
Circular Nº 33 girada por la Comisión Nacional Agraria.
La crónica de Ignacio Cabañas está claramente orientada a favor de los
indígenas, tomando, a veces, tintes dramáticos, como en los renglones siguientes:
Es tanta la inquina que los dueños de Nogueras profesan a los
indios de Suchitlán, de quienes por mucho tiempo explotaron sus
energías para prosperar en su negociación agrícola, a costa de malos
sueldos y de peores vejaciones, que el que esto suscribe es testigo de
que una cuadrilla de peones de la Hacienda se ocupa actualmente de
HACER DESAPARECER LOS CAMINOS QUE ATRAVESANDO LA
BARRANCA DE SUCHITLÁN, PONEN EN COMUNICACIÓN LOS
TERRENOS DE LA HACIENDA CON EL PUEBLO DE
SUCHITLÁN.698
Con este referente, el dictamen y recomendación elaborada por este topógrafo
no pudo ser más clara en su orientación: además de plantear que la Comisión
Nacional Agraria insistiera ante el gobierno estatal sobre el derecho de los indígenas
de Suchitlán para sembrar las tierras concedidas como provisionales, a fin de paliar
sus apremiantes necesidades, la consideración sobre el asunto del reparto iba en el
siguiente tono:
…como el tiempo de siembras de temporal se acerca y que los
vecinos de Suchitlán y de la Cofradía de Suchitlán se hallan … en
condiciones de vida dignas de lástima, opino que la H. Comisión
698 Ibíd.
346
Nacional Agraria, debe disponer cuantos medios estén a su alcance
aprobando o modificando convenientemente el proyecto que presento
para la localización de los ejidos concedidos, pero de modo que
ambos pueblos alcancen a disfrutar, desde este año, de las tierras
cedidas. 699
Al tiempo que este dictamen era recibido por los superiores del ingeniero
Cabañas, los dirigentes agrarios de Cofradía no esperaron cruzados de brazos el
anhelado dictamen y encaminaron sus peticiones al gobernador de la entidad, no
tanto para que influyera en la dotación definitiva para su ejido, sino para que pusiera
un freno a los hostigamientos emprendidos por Arnoldo Vogel, consistentes en el
envío de ataques nocturnos con la acordada que tenía en su hacienda de San
Antonio, así como levantarles calumnias acusándolos de criminales y facinerosos.
700
En respuesta, el Gobernador Valle manifestó su intención de emprender una
investigación para atender la queja de Claro Guzmán. Para ello, se comunicó con el
presidente municipal de Comala para que ese ayuntamiento le informara si era cierto
que la acordada de la hacienda de San Antonio realizaba expediciones al pueblo de
Cofradía de Suchitlán, para amenazando e intimidando a los vecinos que se
manifestaran proclives a defender las tierras concedidas por decreto presidencial.
Ese era otro de los problemas que laceraban su existencia en esos momentos.
701
La respuesta del munícipe no tardó en llegar; cuatro días después de
formulada la petición, se informaba que no era cierto que la acordada de la hacienda
de San Antonio realizara recorridos en Cofradía de Suchitlán para amagar a sus
moradores. Afirmaban que la columna que eventualmente arribaba a este lugar
699 Ibíd. 700 Claro Guzmán y Catarino Guzmán, representantes de Cofradía al C. Gobernador Comandante Militar del Estado, Colima, 30 de abril de 1919; en AHEC, Caja 887, Sección A, No. 19, Año 1916. 701 Sobre el particular, véase: Oficio Nº 326, de J. Felipe Valle, Gobernador Constitucional del Estado a Claro Guzmán, Colima, 2 de mayo de1919; y, Oficio Nº 325 de J. Felipe Valle, Gobernador Constitucional del Estado, al Presidente Municipal de Comala, Colima, 2 de mayo de 1919; ambos en AHEC, Caja 887, Sección A, No. 19, Año 1916.
347
provenía del destacamento del “Remate” y llegaba para hacer algunas
aprehensiones o para atender las quejas que los propios vecinos interponían contra
Claro Guzmán y su hermano Catarino, quienes “…con frecuencia hicieron y hacen a
la fecha mal uso de las armas que tienen en su poder, como le consta al Teniente
Aguirre del 38 Regimiento de Caballería, que los ha sorprendido haciendo
escándalos con las referidas armas, alterando así el orden y la seguridad pública”.702
El gobernador cerró su voluntad de atender la denuncia al transcribir la respuesta del
presidente municipal al denunciante Claro Guzmán.703 Finalmente, para las
autoridades, Claro Guzmán pasó de aparente víctima a victimario, de agredido a
agresor. Y no sólo eso, sino que hasta se alegó en su contra que la misma
presidencia de la Comisión Nacional Agraria, les había turnado un oficio donde se
hacía constar que Claro Guzmán no tenía ya injerencia alguna en las aguas y tierras
ejidales de Cofradía de Suchitlán.704
Esos señalamientos poco importaban al líder agrario, quien en meses
posteriores continuó con sus trámites ante las oficinas federales, debido a que
actuaba “En representación del pueblo de Cofradía de Suchitlán, del Municipio de
Comala, Estado de Colima: que me ha elegido para su único representante en la
Dotación de tierras y aguas del mismo”.
705
702 Oficio Nº 201 de Jesús Salazar Carrillo, Presidente Municipal de Comala, al Secretario General del Gobierno, Comala, 6 de mayo de 1919; en AHEC, Caja 887, Sección A, No. 19, Año 1916.
Con esa autoridad, solicitó ante la
Dirección Agraria que se reconsiderara el dictamen y planos para el reparto definitivo
elaborados por el topógrafo Cabañas Flores, a fin de que los terrenos situados en el
área limítrofe al Trapichito, ubicados al noroeste del pueblo, se les consideraran
dentro del reparto, porque eran las mejores tierras con que el ejido podría contar y
porque fueron de la comunidad en tiempos pasados; además, consideraba que por
su proximidad a Cofradía daría pie para que Vogel auspiciara perjuicios contra el
poblado, aparte de considerar que no era imprescindible que quedara en manos del
703 Oficio Nº 338 de J. Felipe Valle, Gobernador Constitucional del Estado, a Claro Guzmán, Colima, 9 de mayo de 1919; en AHEC, Caja 887, Sección A, No. 19, Año 1916. 704 Ibíd. 705 Claro Guzmán, Representante del pueblo de Cofradía de Suchitlán, a Pastor Ruaix, Dirección Agraria de la Secretaría de Agricultura y Fomento, Colima, 12 de junio de 1919; en ARAN, Suchitlán, Expediente 23-9, No.041/013/001.
348
hacendado, cuando tenía “…para el lado que orienta su propia Hacienda de San
Antonio, millares de hectáreas de terrenos baldíos”.706
Los meses transcurrieron y también la tensión e incertidumbre. Llegaron las
lluvias y también llegaron nuevas cartas de Claro Guzmán hasta las oficinas de la
Comisión Nacional Agraria ubicadas en la ciudad de México, donde solicitaba
información para “…saber si la distribución de ejidos se concederá pronto o tardará;
porque actualmente es insoportable la opresión para dicho pueblo por Vogel, más
que antes de haber solicitado”.
707
La cuenta regresiva para el otorgamiento de la posesión definitiva del reparto
realizado a favor de los indígenas se inició a fines de octubre de 1919. El primer
poblado favorecido fue Suchitlán. El 23 de ese mes, nuevamente, el topógrafo
Ignacio Cabañas se trasladó a dicho poblado para iniciar los trabajos de deslinde y
amojonamiento en terrenos ubicados en el área de la hacienda de Nogueras. Al
segundo día de trabajo en el lugar, el señor Cabañas se entrevistó con Aureliano
Rangel, dueño de la mencionada hacienda, donde en cordial charla se le explicaron
las particularidades del área susceptible del reparto. El tono de las entrevistas del
topógrafo varió al arribar a San Antonio. El 27 de octubre, Vogel se reunió con el
técnico de la Comisión Local Agraria; el hacendado manifestó sorpresa de que los
indígenas de Cofradía de Suchitlán pretendieran construir mojoneras de
mampostería en terrenos de “San Antonio”, a quienes no bajó de “bandidos”.
También expresó su molestia porque a San Antonio se le segregaban 660 hectáreas
de terreno y porque, de paso, se le quitaban algunas siembras de caña. Igual de
insólito le resultó que de tierras consideradas dentro de la superficie de su hacienda
se proveyera al ejido de Suchitlán.
Las explicaciones de Cabañas Flores giraron en torno a que, durante su trazo,
intentó proteger todos los cañaverales y que en el proyecto aprobado por la Comisión
Nacional Agraria, sólo un pequeño lote de caña quedaba dentro de los terrenos 706 Ibíd. 707 Carta de Claro Guzmán, Representante de Cofradía de Suchitlán, al Director de la Comisión Nacional Agraria, Colima, 9 de agosto de 1919; en ARAN, Cofradía de Suchitlán, Caja 134, Expediente 23, No. CM002003.
349
ejidales aludidos, además de que los indígenas de Cofradía estaban dispuestos a
establecer un convenio con el Sr. Vogel, a fin de que este ocupara dicho lote todo el
tiempo que fuera necesario para la explotación de caña. Lo anterior no impidió la
exasperación del hacendado alemán, quien preguntó: “…que quién le pagaría esas
tierras, ya que el Supremo Gobierno sólo podía dar “papeles” a los Hacendados y
que él (el Sr. Vogel) no comía ‘papeles’.”708 Sobre la actitud de Vogel, el topógrafo
comentó: “…todas estas consideraciones irrespetuosas y altaneras [son] muy dignas
de quienes como el Sr. Vogel se creen aún dueños de vidas y haciendas como en la
oscura época medieval”.709 A su vez, fiel retrato de su patrón, el administrador de “La
Haciendita” reaccionó de manera muy similar al enterarse que los indígenas iban a
construir mojoneras en dicho lugar. El Ing. topógrafo relató parte de su charla con el
empleado de Vogel: “…el Sr. Administrador, digno siervo del Sr. Vogel, sin
abandonar un momento su carabina, me contestó que de ningún modo permitiría que
se hicieran las mojoneras, puesto que así se lo tenía ordenado su patrón”.710
La cautela imperó en el otro bando y los indígenas se abstuvieron de levantar
sus mojoneras. Aún más, prudentemente soportaron las amenazas que en el
poblado realizaban media docena de vaqueros armados de “San Antonio”, quienes,
blandiendo sus máuser y su parque, gritaban: “Uds. ¿Quieren tierras? – Mírenlas, ya
se las vamos a dar”. Incluso, pocos minutos después, a la brigada de indígenas que
acompañaba al topógrafo y a la misma acordada de Suchitlán, ese mismo grupo
armado les efectuó varios disparos que no fueron respondidos a sugerencia del
empleado de las oficinas agrarias. Ese grupo armado, fiel a Vogel, resguardaba los
terrenos de “La Haciendita” y estaba encabezado por su mismo administrador José
Villalbazo. No conformes con los resultados provocados por su actitud, la noche de
ese mismo día 28 de octubre, seguidores de Vogel que vivían en Cofradía de
Suchitlán, embriagados, galopaban por las calles del lugar y hacían disparar sus
708 Informe del topógrafo Ignacio M. Cabañas Flores, al Presidente de la Comisión Local Agraria, Colima, 31 de octubre de 1919; en ARAN, Suchitlán, Expediente 23-9, Nº 041/013/001.Este documento también aparece en este mismo archivo, pero en el expediente Cofradía de Suchitlán, Caja 134, Expediente 23, Nº CM002003. 709 Ibíd. 710 Ibíd.
350
armas; ante esta amenaza, muchos de los asustados indígenas del lugar se tuvieron
que ir a dormir al monte cercano. Todos estos sucesos son recreados por el
topógrafo como contratiempos generados “…por un extranjero enriquecido a costa
del sudor de nuestros indios”. Incidentes que no le impidieron cumplir con las tareas
encomendadas.711
Dichas acciones intimidatorios formaban parte de una semántica del poder,
dirigida por los terratenientes, para amedrentar a los agraristas y evitar la inminente
expropiación y entrega de tierras. Mediante estas demostraciones de fuerza, se hacia
explicitó a la población lo que podría sucederles en caso de seguir insistiendo en sus
demandas.
712
Esta era la imagen que Cabañas plasmó de Vogel, ese ingeniero a quien los
indígenas veían con reticencia. De ahí que, de los calificativos que Servando Ortoll
hace de la personalidad de Vogel: “…soñador práctico y hombre de agudo pensar y
sentir, genio de las finanzas y los negocios, obstinado jugador con ánimos de ganar,
enemigo acérrimo de la violencia, víctima de los principios (reales o imaginarios) de
la Revolución…”,
713
Estos trabajos fueron el preámbulo para que durante la mañana del 10 de
noviembre de 1919, en el pueblo de Suchitlán, la presidencia de la junta municipal
fuera el punto donde se concentraron José de Jesús Milanés, José Chavira N. y
Leonardo Yánez Centeno, Presidente, vocal y secretario, respectivamente del
Comité Particular Ejecutivo de los ejidos en la municipalidad de Colima; el Ing.
Ignacio Cabañas Flores, topógrafo adscrito a la Comisión Local Agraria; el señor
Arnoldo Vogel, dueño de la hacienda de San Antonio; Gorgonio Ávalos, presidente
de la Junta Municipal de Suchitlán; Rosalío N. Martínez, Tomás Cristóbal, Vidal
Ascencio, miembros del Comité Particular Administrativo de Suchitlán; así como una
su actitud pacífica está lejos de ser retrato fiel; Vogel vivió en
medio de tiempos violentos, sufrió (eso ni duda cabe), pero también practicó la
violencia como medio para salvaguardar sus ideas e intereses.
711 Ibíd. 712 James Scout, Los dominados…, pp. 154 ss. 713 Ortoll, Vogel. Las conquistas…, p.163.
351
gran cantidad de pobladores del lugar. El motivo era dar posesión definitiva de los
terrenos de ejidos que les fueron concedidos por resolución presidencial del 28 de
febrero de 1918. Todo este contingente partió a presenciar la definición de mojoneras
que marcarían los linderos del ejido. Dichos linderos comprendieron una extensión
de terreno de 1,028 hectáreas y 17 aras, que hasta ese día habían pertenecido a la
hacienda de Nogueras. Mientras que una extensión de 314 hectáreas y 50 aras, que
minutos antes pertenecían a la hacienda de San Antonio, quedo demarcada como
parte del ejido del pueblo de Suchitlán. Las pequeñas propiedades ubicadas dentro
de estas áreas fueron respetadas, quedando fuera de la superficie ejidal.
Realizado el recorrido en casi cuatro horas, en acto solemne, el Presidente del
Comité Particular Ejecutivo de la Municipalidad de Colima, decretó la entrega en
posesión definitiva de los terrenos al Comité Particular Administrativo del pueblo.
Igual de solemne fue la respuesta de Gorgonio Ávalos al declarar que, en nombre del
pueblo, recibía y tomaba posesión de los mismos para hacer uso de ellos conforme a
las leyes vigentes. A la vez, con ese acto, los indígenas de Suchitlán dejaron de
tener derecho alguno sobre las tierras que estaban usufructuando en calidad de
provisionales. Al momento de firmar el acta, Arnoldo Vogel, aunque estaba presente,
se negó a estampar su firma.714
Y vaya que la inconformidad de Vogel no era menor, ya que ese mismo día se
decretó la entrega en posesión definitiva de los terrenos ejidales para el poblado de
Cofradía de Suchitlán; de las 660 hectáreas otorgadas, 647 se tomaron de la
hacienda de San Antonio. En dicho acto, su apoderado, que estaba presente,
protestó por dicha resolución. Además, se impidió que las autoridades agrarias y los
indígenas definieran las mojoneras que delimitarían la superficie ejidal.
Pero no sólo eso, ante estas medidas agrarias, Vogel no se quedó con los
brazos cruzados. Corría el mes de diciembre cuando el hacendado inició los
procedimientos de un juicio de amparo, ante el Juez de Distrito de la entidad, contra
la resolución presidencial a favor de los indígenas de Cofradía. Entre diciembre y
714 Acta del Comité Particular Ejecutivo de la Municipalidad de Colima levantada en Suchitlán, 10 de noviembre de 1919; en ARAN, Suchitlán, Expediente 23-9, No.041/013/001.
352
enero se dio cauce al proceso de audiencias y presentación de pruebas entre las
partes involucradas. Desde un inicio, Vogel promovió que se efectuara una
inspección judicial a fin de que el Juzgado corroborara lo que consideraba el sustento
de su inconformidad; según el hacendado, Cofradía de Suchitlán era:
…una ranchería sin ninguna importancia agrícola ni comercial y
que se compone de unas cuantas casuchas de zacate, que
igualmente la inspección tendrá por objeto que el Juzgado de fe que
en las orillas de la expresada ranchería esta ubicada la finca “La
Haciendita” propiedad del poderdante y que los terrenos que la
circundan están cultivados y sembrados de caña teniendo instalados
en el casco de la finca un trapiche para elaborar panocha y por último
para que se de fe de que hasta la fecha los vecinos de Suchitlán y
Cofradía no han cultivado los terrenos que … puso en posesión
últimamente el Comité Particular Ejecutivo de la Municipalidad de
Colima.715
En pocas palabras, pedía que la audiencia se practicara sobre el terreno de
los hechos, sobre el espacio en disputa. Evento que se realizó durante la segunda
semana de enero de 1920. Culminado esta primera parte del proceso, el amparo
interpuesto ante el Juez de Distrito del Estado, fue aceptado el 7 de febrero de 1920.
Dicho amparo se interpuso contra actos del Presidente de la Comisión Nacional
Agraria, de la Comisión Local Agraria, del Comité Ejecutivo y del Comité Particular
Administrativo de los Ejidos. Así que el asunto iría a parar hasta la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.
715 Oficio 2154, Agustín Lira, Juez de Distrito en el Estado, al Presidente de la República, Colima, 15 diciembre 1919; en CONDUMEX, Fondo XXI, Carpeta 143, Legajo 16584; Oficio 2239 de Agustín Lira, Juez de Distrito en el Estado, al Presidente de la República, Colima, Col., 26 diciembre 1919; en CONDUMEX, Fondo XXI, Carpeta 143, Legajo 16552.
353
Así las cosas, a los agraristas de Cofradía no sólo no se les permitió colocar
sus mojoneras que limitaran las tierras otorgadas, además, recibieron una
hostigamiento pertinaz que impidió que éstos repartieran las tierras; cosa que si hizo
Vogel, pero a arrendatarios que pagaban su debida renta al hacendado. Al iniciar la
temporada de siembras de 1920, los de Cofradía sólo pudieron sembrar en “El
Encino”, un terreno de mala calidad que les dejó libre. Mas ya para levantar su
cosecha, Vogel introdujo ganado de su hacienda y los animales casi terminaron con
la siembra. Incluso, por dichos cultivos, el hacendado les exigía el pago de renta.
Peor les iba si intentaban desmontar alguna parte de tierra con la finalidad de
emprender laboreas agrícolas: de inmediato se presentaban empleados de la
hacienda de San Antonio para amenazarlos que de proseguir les quemarían sus
jacales, los correrían del pueblo o serían pasados por las armas. Al denunciar estos
hechos ante la Comisión Nacional Agraria, los habitantes de Cofradía agregaban:
“…no somos libres ni para disponer de algunas de las aguas que nacen en el terreno
de los ejidos, y ya mero ni para beber”. 716
Quizá por esa razón, en octubre de 1920, el Presidente del Comité Particular
Administrativo de los Ejidos de Cofradía de Suchitlán, envió un escrito dirigido a
Arnoldo Vogel donde le informaba que por indicaciones del gobernador le pedían
que suspendiera sus siembras de caña en el Potrero de San Miguel, ubicado en las
inmediaciones del polémico terreno de “La Haciendita”. En respuesta, el hacendado
se comunicó con el ejecutivo estatal para argumentarle que dicho potrero estaba
ubicado en zona de protección, establecida por la misma Comisión Nacional Agraria,
y que el Comité Particular de Cofradía no tenía ningún derecho para impedir sus
trabajos, pues ese terreno siempre lo había sembrado con caña y lo regaba con agua
de su uso particular. En su opinión, la actitud asumida por el líder agrario local se
generaba “Solo es por hacer perjuicio pues los indígenas tienen suficientes terrenos
para siembras. No compensan los raquíticos rendimientos que tendrían si se siembra
716 Oficio de Amador Marcial, Miguel Lucas y Juan Marcial, miembros del Comité Particular Administrativo de los Ejidos de Cofradía a la Comisión Nacional Agraria, 30 de octubre de1920; en ARAN, Cofradía de Suchitlán, Caja 134, Expediente 23, No. CM002003.
354
rudimentariamente con maíz o frijol y calabaza”.717
Cabe aclarar que Vogel no actuaba sólo, para este tipo de gestiones contaba
con un diligente y fiel apoderado: Andrés F. Schmidt. El 10 de noviembre de 1920, el
nuevo gobernador, Miguel Álvarez García, dio respuesta a la solicitud del hacendado
alemán. Atendiendo a las iniciativas del apoderado Schmidt, apoyándose en un
informe rendido por el Presidente Municipal de Comala, e interpretando la Circular Nº
21 de la CNA, donde se señalaba que las dotaciones de ejidos debían respetar una
zona de 50 hectáreas para la protección de las fincas cuyos terrenos se hubieran
aprovechado para ejidos, el gobernador comunicó al organismo agrario de los
indígenas de Cofradía, que se abstuviera de inquietar a Vogel en la posesión del
potrero de San Miguel.
Por otra parte, argumentando que
la Suprema Corte no había revocado el amparo interpuesto, ni se había dictado
resolución ejecutoria, solicitó que el gobernador ordenara al presidente del Comité
Particular Administrativo de Ejidos de Cofradía de Suchitlán que no molestara sus
posesiones.
718
La respuesta de los líderes agrarios de Cofradía no tardó en llegar a las
oficinas del Gobernador Álvarez García. Primeramente, sostenían que el terreno de
San Miguel, no estaba comprendido dentro de las 50 has. circundantes al casco de la
hacienda, planteadas por la Circular Nº 21 emitida el 25 de marzo de 1917,
719
717 Carta de Arnoldo Vogel al Gobernador Constitucional del Estado, Colima, 4 de octubre de 1920; en ARAN, Cofradía de Suchitlán, Expediente No. 6.
pues
718 Oficio Nº 144 de Miguel Álvarez García, Gobernador Constitucional del Estado, al Presidente del Comité Particular Administrativo de los Ejidos de Cofradía de Suchitlán, Colima, 1o de noviembre de 1920; en ARAN, Cofradía de Suchitlán, Caja 134, Expediente 23, No. CM002003. 719 En esta fecha la Comisión Nacional Agraria, por acuerdo del Primer Jefe del Ejercito Constitucionalista Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, expidió una circular modificando los incisos I, III y IV de la Circular Nº 3 del 6 de mayo de 1916. El inciso IV, se reformó en los términos siguientes: Cuando en los terrenos, a que debe dotarse a un Pueblo, existan construcciones que constituyan la planta principal o sea el casco de una finca rústica, deberán quedar excluidos del terreno que se entregue al Pueblo, dejando una zona de protección y unión con el resto del terreno de la misma propiedad, que quede fuera del Ejido, de una superficie conveniente. En caso de que no hubiere terreno restante por ser necesaria la totalidad del predio para dotar al Pueblo, el propietario manifestara si desea conservar las construcciones de la finca con la zona de protección que se le marque, la que no podrá exceder de 50 hectáreas; o si opta que se incluyan dichas construcciones en los terrenos que van a cederse al Pueblo. En este caso la Autoridad Municipal tomara a su cuidado la finca. Al respecto véase: Circular de Pastor Rouaix, Presidente de la Comisión Nacional Agraria, México, 25 de marzo de 1917; localizado en AHMC, Sec. E, Caja 74, Exp. s/n.
355
según el plano levantado por el Ing. Cabañas Flores, la zona protectora comenzaba
217 metros más al sur de la finca “La Haciendita”, aparte de que el verdadero casco
no era la anterior, sino la finca principal de la hacienda de San Antonio. Por esta
razón, “La Haciendita”, sólo era una mera estancia o dependencia de la finca
principal de la hacienda, como muchas otras que Vogel tenía diseminadas en todo el
terreno.
Así que, los representantes agrarios sostenían que el potrero de San Miguel
no formaba parte de la zona protectora, sino de los ejidos libres, por lo que Vogel no
tenía ningún derecho a su posesión ni a entorpecer los trabajos de labranza que ellos
emprendieran. Para ilustrar sus argumentos ante el gobernador, hasta un croquis le
turnaron.
Sobre el informe del Presidente Municipal de Comala, los indígenas
aseveraron que se elaboró con base en datos proporcionados por empleados de
Vogel, pero más que eso, reafirmaba la mala voluntad que siempre nos han tenido;
en su opinión sólo era una muestra más de la parcialidad y el poco aprecio que ya
les había expresado con anterioridad al nombrar “Comisarios a los Ciudadanos
enemigos nuestros que no van más que a cometer atropellos personalmente o a
consentir o a disimularlos cuando los cometen los empleados de Vogel, de todo lo
cual no está ignorante el señor Presidente”.720
Tomado como muestra este suceso, es sumamente factible que la actitud de
las autoridades colimenses haya sido muy condescendiente para con Vogel y los
Por todo lo anterior, solicitaron que el
gobernador revocara el acuerdo del comunicado emitido en su contra y que
resolviera que Arnoldo Vogel se abstuviera de molestar al Comité Particular
Administrativo de los Ejidos de la Cofradía de Suchitlán, al usar la posesión de los
terrenos ejidales de los cuales formaba parte el potrero de San Miguel. La ausencia
de pistas o evidencias de alguna acción gubernamental hace suponer que este oficio,
emitido desde Cofradía, no mereció una atención o respuesta positiva.
720 Oficio de Amador Marcial y Juan Marcial, Presidente y Secretario del Comité Particular Administrativo de los Ejidos, al Gobernador Constitucional del Estado y al Secretario General de Gobierno, Cofradía de Suchitlán, 10 de noviembre de 1920; en ARAN, Cofradía de Suchitlán, Caja 134, Expediente 23, No. CM002003.
356
hacendados; así también lo denota la amarga queja que los virtuales agraristas de
Cofradía le formulaban a los altos integrantes de la Comisión Nacional Agraria:
…no contamos con el Comisario del pueblo, Presidente
Municipal de Comala, ni con la Comisión Local Agraria, pero ni con
el Gobierno del Estado ¿Y porqué es esto? Simple y sencillamente:
porque los funcionarios o son miembros del capitalismo o empleados
de él, cuando no gente venable y servil que cual gusano se arrastra
ante el patrón para granjear la comida a cambio de crímenes de toda
especie, que siempre quedan impunes por tratarse de un señor
feudal. 721
Pero no todo era desilusión, ya que al fijar sus ojos más allá de las fronteras
colimenses, con rumbo a la capital del país y al máximo órgano agrario nacional:
Aún nos mantiene una esperanza: recurrir ante esa H. Comisión
para que ella, que de seguro está integrada por revolucionarios
sinceros y leales, interponga, ante quien corresponda, su poderosa
influencia moral o legal para que ese hacendado no nos moleste en
nuestra posesión, ya que tenemos derecho de disfrutar de ella
mientras la Corte Suprema de Justicia de la Nación no resuelva.722
Los aliados de los indígenas establecidos en la municipalidad de Comala no
solamente eran oriundos del centro de México, el ya mencionado Elías Arias,
senador por Colima, les reiteró su apoyo mediante diversas gestiones realizadas
721 Oficio de Amador Marcial, Miguel Lucas y Juan Marcial, miembros del Comité Particular Administrativo de los Ejidos de Cofradía a la Comisión Nacional Agraria, 30 de octubre de 1920; en ARAN, Cofradía de Suchitlán, Caja 134, Expediente 23, No. CM002003. 722 Ibíd.
357
ante la cúpula del máximo organismo agrario nacional. Tal papel lo asumió a partir de
que los miembros del multicitado Comité Particular Administrativo de los Ejidos de
Cofradía le solicitaron ayuda, para que intercediera ante la Comisión Nacional
Agraria, a fin de que se resolviera este litigio sobre tierras de manera definitiva. Las
valoraciones del senador ante las instancias agrarias eran del siguiente tenor: “…lo
que aquellos indígenas piden, con la desesperación del hambriento, es que esa
Comisión Nacional Agraria les imparta garantías, naturalmente por los conductos
debidos, ya que según se expresan, parece que el Gobernador del Estado no se las
ha impartido, sin que yo pueda saber las causas”.723 Por este motivo, Arias solicitó
que, a petición de la CNA, el Jefe de las Armas en la ciudad de Colima, recibiera
órdenes de la Secretaría de Guerra y Marina, para que el Comité Particular
Administrativo de los Ejidos de Cofradía recibiera garantías o protección de las
armas federales y pudiera disfrutar de los terrenos ejidales, “…ya que se trata de
cumplimentar las leyes federales y no locales de aquella entidad federativa”.724
Esta actitud, la reiteró dos semanas después, ante la Comisión Nacional
Agraria, al turnar las denuncias de otro defensor colimense de las demandas agrarias
de Suchitlán y Cofradía: el Licenciado Leonardo Yáñez Centeno, delegado en Colima
del Partido Nacional Agrarista, dirigido por Antonio Díaz Soto y Gama. Mientras
Yánez Centeno denunciaba la conducta imparcial de las autoridades de Colima a
favor de Vogel, el senador Arias volvió a demandar que se enviaran 20 soldados al
mando de un capitán con rumbo a Cofradía, para prestar garantías a los miembros
del Comité Particular y para que los indígenas pudieran disponer de ejidos, mientras
la Suprema Corte resolvía el amparo interpuesto por el hacendado Arnoldo Vogel.
Su
identificación con la causa agrarista no puede ser más evidente.
725
723 Oficio de Elías Arias, Senador Propietario por el Estado de Colima, al Presidente de la Comisión Nacional Agraria, México, 9 de noviembre de 1920; en ARAN, Cofradía de Suchitlán, Caja 134, Expediente 23, No. CM002003.
724 Ibíd. 725 Oficio de Elías Arias, Senador Propietario por el Estado de Colima, al Presidente de la Comisión Nacional Agraria, México, 23 de noviembre de 1920; en ARAN, Cofradía de Suchitlán, Caja 134, Expediente 23, No. CM002003.
358
Como parte de los frutos logrados por las gestiones emprendidas por el
senador colimense, el Secretario General de la Comisión Nacional Agraria se dirigió
al Gobernador de Colima para pedirle que hiciera todo lo que estuviera de su parte
para que el pueblo de Cofradía de Suchitlán recibiera las garantías necesarias para
disfrutar pacíficamente de sus tierras.726
Apoyos externos para la gestión ante las autoridades federales y organización
interna, eran dos de los aspectos que emprendían los organismos dirigentes del
poblado de Suchitlán. Aunque organizar su vida productiva no fue un asunto fácil, ya
que no sólo entraron en disputa con los hacendados sino con los mismos pequeños
propietarios que habitaban en la zona perimetral a los ejidos. Momentos tirantes se
vivieron entre 1921 y 1923, debido a que un grupo de individuos (Paulino Torres, J.
Félix Torres, Julio Torres, Regino y Longinos Rolón y J. Jesús Iglesias) asentados en
el denominado “El Rancho de la Caña”, situado al norte de Suchitlán, se oponían y
confrontaban sistemáticamente todas las disposiciones emanadas del Comité
Particular Administrativo de Suchitlán. Uno de los motivos de la controversia fue
porque dichos personajes se negaron a pagar un impuesto a los indígenas por cada
cabeza de ganado que entraba a pastar en los terrenos ejidales, debido a que dichas
tierras las consideraban también suyas. Los incidentes se presentaban por doquier.
Paulino y Félix Torres y demás personajes, lo mismo recurrían ante el gobernador
del estado, para protestar contra las medidas adoptadas por la Comisión
Administrativa de Suchitlán, que – según queja de los indígenas– promovían
escándalos, insultos y riñas contra algunos miembros de la comunidad.
Todos estos asuntos eran parte de la labor que emprendía el Comité Particular
Administrativo de Suchitlán; dicho organismo se renovaba cada año, pero si un líder
como Gorgonio Ávalos dejaba el cargo de presidente, Rosalío M. Martínez lo
relevaba, quien a su vez, doce meses después cedía la estafeta a Ignacio Cruz;
todos ellos actuando en la misma perspectiva. Renovaciones de mando que para
1923 iban ser supervisadas por el Procurador de Pueblos de Colima, responsabilidad
726 Oficio del Gobernador Constitucional del Estado al Presidente del Comité Particular Ejecutivo de Cofradía de Suchitlán, Colima, 21 de diciembre de 1920; en ARAN, Cofradía de Suchitlán, Exp. Nº 6.
359
desempeñada por un antiguo luchador maderista en Colima y convencido zapatista:
Eugenio Aviña. 727
Específicamente, en medio de este conflicto con los rancheros, Ignacio Cruz
tomó posesión de dicho cargo (principios de marzo de 1923); inmediatamente se
puso a cumplir con el cargo adquirido: aunado a la solicitud de agua para resolver los
problemas de cultivo de los terrenos ejidales de la comunidad,
728 otra de sus
primeras acciones fue denunciar, ante las autoridades agrarias nacionales, los
hostigamientos, amenazas de muerte, incursiones armadas y vejaciones que venían
padeciendo desde años atrás por parte de los ya enunciados Rafael Cárdenas,
Paulino Torres y Félix Torres, entre otros rancheros, contra los pobladores de
Suchitlán y hasta pretendían que se les incorporara en la lista de integrantes de los
beneficiados con la dotación ejidal que se le había adjudicado a los pobladores de
esta comunidad indígena. A ojos de los agraristas “…tales individuos caminan de
acuerdo con los Hacendados por constarnos de vista estando en la habitación de los
mencionados Torres sirvientes de la vecina Hacienda de Nogueras, congeniando con
tales individuos”.729 Para la comunidad ejidal, eran rancheros que estaban fuera de la
dotación definitiva, beneficio solo para los indígenas de este lugar. Por ello, la
postura era definitiva: por “…todo lo expuesto y fundándose por todo el tiempo,
sufrido por tales individuos, no permitiremos la ubicación en la situación ejidal; y al
mismo tiempo destituyéndolos de las posesiones que ocupan”. 730 Las protestas y
demandas de auxilio de los indígenas se dirigían a todos lados, lo mismo a la
Comisión Nacional Agraria que a las autoridades estatales.731
727 Acta levantada por Eugenio Aviña, Procurador de Pueblos del Estado de Colima, Suchitlán, marzo 9 de 1923; en ARAN, Suchitlán, Expediente 23 – 9, No. 04/013/001.
728 Oficio del Secretario General de la Comisión Nacional Agraria a Ignacio Cruz, Presidente del Comité Particular Administrativo de Suchitlán, México, D. F., abril 16 de 1923; en ARAN, Suchitlán, Expediente 23 – 9, N° 04/013/001. 729 Acta suscrita por habitantes del pueblo de Suchitlán turnada al Departamento Agrario Nacional, Suchitlán, 13 de marzo de 1923; en ARAN, Suchitlán, Expediente 23 – 9, N° 04/013/001; y Queja del Presidente del Comité Particular Administrativo, Ignacio Cruz y 192 habitantes del poblado de Suchitlán, en Oficio Nº 22, del Procurador de Pueblos en el Estado de Colima; 25 de mayo de 1923; en ARAN, Suchitlán, Exp. 23 – 9, (N° 04/013/001). 730 Ibíd. 731 Véase: Oficio de la Comisión Nacional Agraria al Gobernador Constitucional del Estado de Colima, 11 de mayo de 1923; en ARAN, Suchitlán, Exp. 23 – 9, (N° 04/013/001).
360
Demanda de protección que se volvía en llamados angustiosos cuando se
presentaban sucesos que atentaban contra su integridad o los llenaban de temores.
Uno de estos casos ocurrió el 25 de abril de 1923, cuando un pequeño núcleo de
hombres armados encabezado por el comandante Rafael Serrano e integrado por el
hacendado de Nogueras y otros sirvientes de la misma hacienda, así como
individuos provenientes del rancho de La Caña, donde aparecían –entre otros– los
Torres y Paulino Navarro, cercó varias manzanas del poblado, al tiempo que
penetraron a algunas casas agrediendo a mujeres y niños. También sabotearon el
sistema de traslado del agua del arroyo de Suchitlán a terrenos y núcleo poblacional
de Suchitlán, dejándolos sin tan vital líquido. Por ello, protestaron enérgicamente:
…contra los pésimos procedimientos del tal Comandante y
otras personas residentes en este lugar y, que viven de acuerdo con
los Hacendados como son J. Jesús Guzmán, Ignacio Ávalos, José
María Torres, Juan Torres y Rafael Cárdenas, han prestado apoyo sea
verbal o por escrito por intrigas y calumnias para que se llevará a
ejecutivo la maligna opresión de estos. La demanda de castigo y
seguridad era más que patente.732
El conflicto estaba latente, así que no había pasado un mes, cuando el
conjunto del pueblo pidió ayuda a la Procuraduría de Pueblos de Colima frente a las
agresiones y amenazas de sus enconados vecinos de rancho de la Caña, compuesto
por esa misma docena de individuos que exigían a los suchitlecos que les otorgaran
tierra para siembras; aparte de lanzarles agresiones, daños al sistema de agua y
practicar destrozos de las siembras de los indígenas al introducir ganado en los
sembradíos. La medida emprendida por el relevo de Aviña en la Procuraduría de
Pueblos fue turnar la queja hasta la máxima autoridad de la Comisión Nacional
Agraria, desde donde se conminó a que el gobernador tomara cartas en el asunto,
732 Protesta de habitantes de Suchitlán, abril 26 de 1923; ARAN, Suchitlán, Expediente 23 – 9, N° 04/013/001.
361
quien, haciendo alarde de oficio diplomático, en su respuesta patentizó su
compromiso en garantizar la seguridad para los habitantes de Suchitlán,
apoyándolos con la protección necesaria para que no se les molestara en su persona
e intereses.733
Más allá del desenlace de este conflicto, si este caso se compagina con todos
los avatares vividos por estos poblados y sujetos en torno a la tierra, como puede
verse, contrariamente a afirmaciones románticas e impregnadas de un discurso con
sesgo oficial y nacionalista, donde se sostenía que la propiedad de un pedazo de
tierra significaba un antídoto contra la miseria, “…un punto de apoyo para su vida,
donde es posible sentirse libre, sin amos, sin patrones y sin desprecios; un
instrumento que proporciona comida y un sentido de dignidad humana... [y que al
adquirir la tierra] los campesinos adquieren nueva dignidad de hombres y la
capacidad de concebir una esperanza…”,
734 la dotación de tierras estaba lejos de
prodigar felicidad a los indígenas de Suchitlán y Cofradía. Por toda la difícil conflictiva
que atravesaban, desde el momento mismo de la dotación provisional, era aún más
remoto pensar en que se cumpliera con el propósito de uno de los impulsores de la
Ley Agraria del 6 de Enero de 1915, referente a que “La población rural necesita
complementar su salario; si tuviese ejidos, la mitad del año trabajaría como jornalera,
y la otra mitad del año aplicaría sus energías a esquilmarlos (a cultivar los ejidos) por
su cuenta”.735
Es cierto que hacia principios de los veintes se les prometió protección de
parte de las autoridades federales, pero eso no bastó para mejorar su situación, es
Hostigados y rechazados por los hacendados del área, era imposible
que se contrataran como peones. Vogel y Rangel no podían llevar a sus “enemigos”
a casa, antes bien se buscaba perjudicarlos directa o indirectamente, y las amenazas
y presiones eran el arma más recurrente.
733 Al respecto véase: Oficio Nº 22 de la Procuraduría de Pueblos del Estado de Colima, al Secretario General de la Comisión Nacional Agraria, Colima, 25 de mayo de 1923; así como, Oficio del Secretario General de la Comisión Nacional Agraria, a Leobardo García, Ciriaco Baltazar, Ildefonso Pérez y demás firmantes México, 30 de mayo de 1923; ambos en ARAN, Suchitlán, Expediente 23 – 9, N° 04/013/001. 734 Marco Antonio Duran, El agrarismo mexicano, México, Siglo XXI, 1967, p. 7. 735 Esta opinión era sustentada por el licenciado Luis Cabrera; al respecto véase: Díaz Soto y Gama, Historia…, 2002, p. 615.
362
decir mejorar sus ingresos y hacer producir la tierra. En otras palabras, no solo paz y
tranquilidad necesitaban los nuevos ejidatarios de Suchitlán para alcanzar el
bienestar. Para ello, también necesitaban hacer producir las 1,755.61 hectáreas que
poseían, ya que al menos el 76.5 % de sus tierras carecían de agua para hacerlas
producir, pues las 1,342.67 hectáreas que recibieron como dotación –para que se
sumaran a las 412.94 que ya poseían– eran terrenos de temporal.736
5.- LOS CONFLICTOS POR EL AGUA
Así que, tanto
las de temporal como las pocas de riego, necesitaban alimentarse de afluentes de
agua, asunto que no sería tan fácil de resolver.
Aunado a la aspiración por la posesión de la tierra del norte colimense,
hacendados e indígenas colocaron al uso del agua de los arroyos de la zona como
otra de sus prioridades, lo que originó constantes gestiones y conflictos entre éstos,
proceso en el que también participaron las autoridades estatales y federales. Dicho
asunto no era nada nuevo, pero se reactivó durante los años revolucionarios.
5.1.- LA DISPUTA ENTRE LA HACIENDA DE NOGUERAS Y SUCHITLÁN
Un punto de partida del nuevo panorama en lo tocante al uso de las aguas en
el municipio de Comala fue la expedición de la Ley Federal de Aguas, emitida el 14
de diciembre de 1910; bajo este marco, en abril de 1912, la Sociedad Vergara
Rangel y Compañía, solicitó la confirmación de derechos preexistentes por el uso
que venían haciendo de las aguas de la “barranca de Suchitlán” para regar su
hacienda de Nogueras. Amparando la anterior solicitud, de acuerdo a lo estipulado
por la ley, respaldaban su solicitud en el hecho de que, desde hacia no menos de
diez años, utilizaban dichas aguas para regar un promedio de 600 hectáreas de
terreno destinados, en lo fundamental, a la siembra de caña de azúcar. También
aseguraban que el uso de este líquido se hacía sin conflicto alguno con otros
736 Oficio de P. Pitzmaurice al Jefe del Departamento Técnico de la Comisión Nacional Agraria, México, septiembre 22 de 1922; en ARAN, Suchitlán, Expediente 23 – 9, N° 04/013/001.
363
sectores de la sociedad local.737
Sin embargo, años después se desmoronó la aseveración de Rangel sobre la
supuesta armonía con que se usufructuaba el agua en la zona de Comala, ya que,
aunado a la disputa por la tierra, los pobladores de Suchitlán y Cofradía de Suchitlán
entablaron constantes litigios contra los hacendados Rangel y Vogel por los usos del
agua de los arroyos que corrían por las posesiones de ambas partes.
En respuesta, a finales de ese año, la federación
nombró a un ingeniero para que realizara las inspecciones debidas, pero no se
presentaron resultados; probablemente, los conflictos desencadenados a partir del
asesinato del Presidente Madero en febrero de 1913, paralizaron mucho del
quehacer institucional en la provincia mexicana.
Junto a la pérdida de la propiedad comunal, los indígenas de Suchitlán
empezaron a sufrir por la falta de agua, debido a que Nogueras empezó a abrogarse
la totalidad del líquido; sin embargo, el conflicto no se agudizó, ya que el pueblo y la
hacienda llegaron a un acuerdo tácito para aprovechar alternativamente el agua del
arroyo. No obstante, el conflicto resurgió alrededor de 1910, cuando la hacienda de
Nogueras impidió que se derivase agua por la toma del pueblo, para cuyo propósito
colocó un mozo en el río. Con este estado de cosas, en plenos años revolucionarios
y a la par del reparto agrario auspiciado por la ley del 6 de enero de 1915, la pugna
por el agua adquirió particular significación, sobre todo porque al fijarse o intentarse
los reacomodos en materia de propiedad agraria, las fuentes que proveían de este
líquido estaban ubicadas o corrían por dichas porciones de terrenos en disputa.
Uno de los conflictos más recurrentes se entabló entre el poblado de Suchitlán
y la hacienda de Nogueras. Durante el Gobierno de Juan José Ríos, los indígenas
tuvieron un arreglo con la hacienda de Nogueras sobre el uso de agua del río
Suchitlán. Pero, este acuerdo sólo funcionó por un tiempo, pues volvieron a surgir
disputas y frecuentes litigios con la referida hacienda.
737 Sobre el particular, véase, Acta de Gabriel González Franco Jr., Secretario del Juzgado de Distrito del Estado de Colima, Colima, agosto 22 de 1912; en Archivo Histórico Agua (en adelante AHA), Fondo AS, Caja 1461, Expediente 19881, Ff. 11-13.
364
En el marco de este conflicto, durante la tercera semana de enero de 1916, la
directiva de la Casa del Obrero Mundial se reunió con un representante de los
organismos agrarios en las instalaciones de la hacienda de Nogueras. Pero sin llegar
a acuerdo alguno, mientras que el ingeniero recorría las tierras de riego propiedad de
los Rangel, los lideres obreros (Leonardo Jaramillo, Ramón Torres y Fernando Cruz)
se trasladaron al pueblo de Suchitlán para realizar una asamblea por la tarde en el
local que ocupaba la escuela de niñas con la habitantes del lugar, donde se acordó:
no ceder en ningún caso gota de agua alguna para la hacienda de Nogueras y luchar
por cuentos medios fuese posible para restituir el líquido perdido. Al día siguiente, los
líderes obreros se encontraron con el ingeniero, enviado por las autoridades agrarias,
acompañado por los hacendados. Tras negarse los primeros a realizar el recorrido
por el río, porque ya lo habían hecho por su cuenta, se efectuó una nueva asamblea
para que el ingeniero confirmara la decisión del pueblo; la reacción de los indígenas
fue narrada por los comisionados de la COM en los siguientes términos:
…una vez que hombres y mujeres y niños y niñas contestaron
al unísono que estaban de acuerdo en lo expresado, no pudo menos
de concederles justicia y arengarlos al trabajo, prometiendo también
hacer por ellos. Pero como no se presentó a la asamblea el Señor
Rangel, se hizo saber lo ocurrido a todo el pueblo, que deseoso
estaba de resolver terminantemente el asunto con dicho señor.738
Pero, pese a esos deseos –al menos declarados– de los indígenas, la
percepción de sus líderes no era nada optimista, ya que al enviado gubernamental
que debería mediar en el conflicto lo consideraban parcial, debido a que sólo se
limitó a inspeccionar las tierras de los hacendados y no se preocupó por Suchitlán,
738 Acta firmada por Fernando Cruz, Ramón Torres y Leonardo Jaramillo, Comisionados de la Casa del Obrero Mundial, Nogueras, 24 enero 1916; en AHEC, Caja 889, Sección A, No. 19, Año 1916.
365
de ahí que consideraran que dicho individuo: “…no llena los requisitos que se
necesitan para curar la llaga social ocasionada por la burguesía”.739
A raíz de dicho conflicto, en febrero de 1916, los dueños de la hacienda de
Nogueras se dirigieron a Venustiano Carranza, en su calidad de Encargado del
Poder Ejecutivo del país, para quejarse de que acaban de ser despojados
violentamente de una toma de agua con la que regaban alrededor de 150 hectáreas
de caña; sus autores eran “…individuos encabezados por la asociación llamada del
Obrero Mundial, que sin duda asumen atribuciones de la Comisión Agraria y que sin
conocimiento de la ley relativa, perjudican gravemente nuestros intereses”.
740
En respuesta a la petición del señor Rangel, en septiembre de 1916, la
Secretaría de Fomento giró instrucciones al Gral. Ríos para que garantizara el goce
pleno de las aguas por parte de la hacienda de Nogueras; ante lo cual, el mandatario
estatal prestó oídos sordos. Para justificar su proceder, la argumentación de Ríos,
ante las autoridades federales, fue que al consultar con la Comisión Nacional
Agraria, ésta les comunicó que las aguas que pasaban por terrenos de ejidos
deberían disfrutarse como un bien anexo a la tierra y que los pueblos tenían derecho
a hacer uso de las aguas que pasaban por su jurisdicción. Situación en la que se
Al
tacharlos de arbitrarios, Rangel sostenía que las aguas y bosques estaban fuera de
las dotaciones de ejidos y, por esa razón, los indígenas no podían ocupar los
caudales de agua que corrían por sus terrenos. Con este argumento solicitaron la
intervención del Gobernador Juan José Ríos, pero ante la falta de respuesta,
recurrieron ante Carranza para que girara instrucciones al mandatario estatal, a fin
de que hiciera lo conducente para que terminara esa ocupación de la referida toma
de agua.
739 Ibíd. 740 Solicitud de Francisco Rangel al Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la República, Colima, febrero 19 de 1916; en AHA, Fondo AS, Caja 1461, Expediente 19881, F. 34.
366
encontraba Suchitlán, pues parte de las aguas nacían en terrenos provisionalmente
dotados al referido pueblo.741
La postura del gobernador de Colima se apoyaba también en un estudio de
campo realizado en diciembre de 1916, por el ingeniero Pedro Guerrero, quien
estableció que las 40 hectáreas de riego de los indígenas necesitaban al menos 30
litros por segundo, caudal que arrastraba el arroyo El Encino. Ahora que, para
resolver el conflicto y que ambas partes gozaran de agua, el Ing. Guerrero le propuso
a Ríos que se construyera un vertedor de demasías.
742
Como el conflicto tenía muchas aristas y en torno suyo se elaboraron variados
y hasta contradictorios informes, en abril de 1917, la Dirección de Aguas envió al
Ing. Alfredo Alvarado adscrito a esa dependencia, para que se trasladara a Colima y
estudiara una opción para conciliar los intereses de las partes confrontadas.
743 Al
arribar al lugar, de común acuerdo con el gobernador de la entidad, en mayo de
1917, Alvarado convocó a una reunión de acercamiento entre las partes, donde los
indígenas mantuvieron su postura de tener derechos antiquísimos sobre dichas
aguas; Rangel, en cambio, solo aseveró que defendería sus derechos.
Seguidamente, el ingeniero emprendió un estudio de las condiciones físicas del
arroyo y de las necesidades de la hacienda y el poblado, dictaminando –entre otras
cosas– que deberían confirmarse, a favor de Suchitlán, al menos 28.08 litros por
segundo para el riego de sus huertas, mientras que para Nogueras propuso que se le
adjudicaran 46 litros por segundo.744
El dictamen a detalle consistió en lo siguiente: del aforo de 74 litros de agua
por segundo en disputa, 23.21 litros nacían en terrenos de Nogueras y 12.10 en
741 Oficio Nº 887 del General de Brigada Juan José Ríos, Gobernador y Comandante Militar del Estado de Colima, al Ing. Pastor Rouaix, Secretario de Estado y del Despacho de Fomento, Colima, enero 10 de 1917; en AHA, Fondo AS, Caja 1461, Exp. 19881, ff. 49-51. 742 Informe del Ingeniero Pedro Guerrero al General de Brigada Juan José Ríos, Gobernador del Estado de Colima, Colima, diciembre 21 de 1916; en AHA, Fondo AS, Caja 1461, Exp. 19881, Ff. 53-54. 743 Véase: Informe de Carlos Chávez, Jefe de la III División del Departamento de Concesiones, a la Secretaría de Fomento, México, abril 6 de 1917; en AHA, Fondo AS, Caja 1461, Expediente 19881, Ff. 68-69. 744 El Informe del Ingeniero Alfredo Alvarado se puede consultar en AHA, Fondo AS, Caja 1461, Expediente 19881, F. 89 y ss.
367
terrenos de Suchitlán, mientras que 38.69 provenían de filtraciones. Estos datos
indican que las aguas nacidas en terrenos de Suchitlán eran casi la mitad del agua
que producían los terrenos de Nogueras, quedando por resolver en que proporción
se podría dividir entre las partes, el volumen de 38.69 litros de las filtraciones.
También se estableció que las superficies drenadas para Nogueras eran de 857
hectáreas y 603 hectáreas para Suchitlán, por lo que al distribuir los 38.69 litros de
filtraciones, las cifras arrojaban 22.71 litros para Nogueras y 15.98 litros para
Suchitlán, que sumados con las aguas que nacían en sus terrenos mostraban los
siguientes guarismos: para Nogueras 45.92 litros por segundo y para Suchitlán 28.08
litros.
Al amparo de dichos resultados y descontando filtraciones y evaporaciones, el
ingeniero Alvarado consideraba que las aguas que recibiría Suchitlán alcanzaban
para regar una extensión de riego igual a 47 hectáreas 30 aras 91 metros cuadrados,
por lo que se cubrían las 40 hectáreas que comprendían las 18 huertas que servían
de sustento para los 995 habitantes del poblado, con lo que se resolvía “La
necesidad más urgente del pueblo de Suchitlán […] el riego de sus huertas por ser el
único medio de vida que tienen por ahora sus moradores, según lo indicaron en una
de las juntas”.745
745 Ibíd.
Por su parte, la hacienda de Nogueras contaba con 31 potreros
cultivables con una superficie de 1,849 hectáreas, 68 aras y 98 metros cuadrados; de
esta porción de tierras, sólo 426 hectáreas 58 aras estaban regularmente cultivadas
de caña de azúcar, regándose una parte con las aguas permanentes de los arroyos
de Suchitlán, Tía Barragana y Sauces, y la otra, aprovechando las avenidas
torrenciales y almacenamientos en las presas de Jaboncillo, Cidra, Tepehuajes y
Presita. La cantidad de aguas captadas proporcionaban una superficie irrigable de
238 hectáreas 68 aras con las aguas permanentes (poco más de 123 hectáreas
regadas por aguas del canal de Suchitlán), y las 188 hectáreas restantes tenían que
regarse con las aguas de lluvia que se almacenaban en las presas. De ahí que
recomendara “la conveniencia en no disminuir más este volumen para que Nogueras
368
satisfaga sus necesidades de riego actual”. Para respaldar esta sugerencia remataba
con la siguiente aseveración:
Es de justicia hacer notar el trabajo y laboriosidad que los
Señores Rangel han tenido que desarrollar para mantener y aumentar
el cultivo de sus tierras, aprovechando el almacenamiento de las
aguas por medio de presas, pues el terreno es accidentado y quizá en
caso de aumentar los riegos, sea posible con un cuidadoso estudio
topográfico, descubrir los medios de llevar a cabo obras favorables
para el fin indicado.746
Para rematar hasta elaboró sugerencias de trazo para que al repartirse el ejido
de Suchitlán, la hacienda de Nogueras contara con volúmenes de agua suficientes
para que no sufriera un:
…menoscabo en sus intereses, [además de que] podría
desarrollar más su industria y ejecutar en lo futuro algunas obras
hidráulicas en los arroyos Tía Barragana o su afluente arroyo de los
Tecolotes que la favorezcan, y que al amparo de las leyes vigentes
den trabajo a buen número de operarios y campesinos en la
importante industria del cultivo y explotación de la caña de azúcar.747
A pesar de los juicios tan benévolos para con los intereses de la hacienda de
Nogueras, este resolutivo no dejó satisfechos a sus dueños, así que, a principios de
746 Oficio Nº 3351 del Jefe del Departamento de Concesiones de la Dirección de Aguas de la Secretaria de Agricultura y Fomento, al Director Auxiliar de la Comisión Nacional Agraria, 4 de abril de 1918; en ARAN, Suchitlán, Exp. 23 – 9, (N° 04/013/001). 747 Ibíd.
369
1918, solicitaron se desechara dicho informe y se enviara a otro ingeniero; incluso,
hasta presentaron una propuesta de nombre.748
Mientras este litigio se desarrollaba, en octubre de 1917, Salvador H. Rangel,
en su calidad de representante de la Sociedad Vergara y Rangel solicitó la exención
en el pago de impuestos de agua para aprovechar los arroyos de Suchitlán, La
Barragana y Los Sauces. La justificante para tal petición fue que tenían años
viviendo una situación anormal, la cual había reducido significativamente sus
actividades económicas por la pérdida de productos y animales, así como por que
“…fueron despojados de sus aguas de Suchitlán, cuyo despojo mientras subsistió y
ahora como consecuencia fue causa de menoscabos para la negociación
aumentando su difícil situación”.
749
Esta actitud de los hacendados denota que, si bien el gobierno federal tendió
al control de las aguas nacionales desde los años porfiristas, no todo fue continuidad,
ya que a partir de lo establecido en la reciente Constitución de 1917 y las leyes y
reglamentos en la materia que le siguieron, se estableció el derecho de pueblos y
comunidades a recibir dotaciones de aguas, beneficio que no solamente podían
recibir empresas o usuarios individuales.
Pese a los acuerdos temporales, para los
hacendados, el usufructo de agua por parte de los indígenas de la comunidad de
Suchitlán, no dejaba de ser un acto “arbitrario” y dañino para sus intereses.
En lo particular, la controversia que esto desató entre los Rangel y los
indígenas colimenses, se originaba hasta por las mismas características del río
Suchitlán: su torrente estaba alimentado por muchos afluentes, uno de ellos nacía en
terrenos de la referida hacienda; a su vez, en terrenos cedidos provisionalmente a
Suchitlán existían varios ojos de agua que vertían su cauce al citado río. Esa
situación acrecentaba las disputas sobre los volúmenes de agua a que una y otra
parte tenían derecho. En este proceso de definición, dialogo o negociación, además
de ambas partes, intervenía el gobierno del estado, supuestamente en calidad de 748 Solicitud de Salvador H. Rangel al Subsecretario de Fomento, México, enero 15 de 1918; en AHA, Fondo AS, Caja 1461, Expediente 19881, Ff. 86-88. 749 Solicitud de Aureliano Rangel al Ministro de Agricultura y Fomento, México, octubre 30 de 1917; en AHA, Fondo AS, Caja 26, Expediente 474.
370
árbitro y organismo regulador. Actuación que no siempre dejaba satisfechos a los
actores que protagonizaban la querella.
Las dos posturas en litigio se movían por la lógica del todo para mí y nada
para mi contraparte. Por esta razón, el dictamen del Ing. Alvarado no sólo contó con
el rechazo de Nogueras, pues hasta los mismos indígenas quedaron insatisfechos.
Por este motivo, en mayo de 1918, los pobladores de Suchitlán se dirigieron al
Secretario de Fomento para notificarle que tenían 60 hectáreas de siembras de maíz
y frijol y que contaban con 200 hectáreas en posesión de ejidos, todo para el
sustento de más de 300 familias, y que como “…el Sr. Ing. Alvarado no apreció
debidamente las necesidades de este pueblo al formar su proposición…”, solicitaban
que se les concediera el uso de toda el agua del multicitado arroyo de Suchitlán.750
En esta misma tónica, pero obedeciendo a intereses distintos, se ubicaron las
quejas y peticiones formuladas por los indígenas de Suchitlán ante la Comisión
Nacional del Agua a principios de 1918, en las cuales mencionaban que la hacienda
de los señores Rangel seguía terca en sus pretensiones de erguirse como la única
dueña de todo el caudal de aguas del río y que año con año litigaba contra el pueblo
de Suchitlán “…con apoyo, a veces, del Gobierno de Colima…”, encabezado por el
profesor Felipe Valle. Y es que los indígenas añoraban el lapso gubernamental de
Juan José Ríos, cuando al tiempo que les entregaban la posesión de los terrenos se
estableció un arreglo para el uso de agua con la mencionada hacienda de Nogueras,
lo anterior hasta se formalizó mediante “…documentos expedidos por el Gobierno
revolucionario decretándonos la posesión y uso de tales aguas…”; contrariamente al
trato recibido meses atrás, se mostraban recelosos de la postura y medidas
adoptadas por las nuevas autoridades estatales, al tiempo que preguntaban si el
agua ubicada dentro de los ejidos cedidos provisionalmente podía ser usada por la
población, solicitaban aclaraciones sobre los ámbitos de ingerencia en materia de
aguas que le correspondía al gobierno del estado según las leyes vigentes en esta
materia; lo anterior porque:
750 Solicitud de Gorgonio Ávalos, Crescencio Figueroa, Agustín Miguel y demás signatarios, al Subsecretario de Agricultura y Fomento, Suchitlán, mayo 3 de 1918; en AHA, Fondo AS, Caja 1461, Expediente 19881, Ff 162.
371
…frecuentemente este Gobierno, nos ordena en materia de uso
de aguas, tomando el nombre de la Secretaria de Fomento,
suplicamos se nos diga qué ha decretado o dispuesto esa Secretaria
con relación a esas aguas, pues nos llama la atención que autoridades
políticas pretendan disponer en materia de jurisdicción de aguas,
como lo hace el Gobierno de aquí, en sus comunicaciones.751
Por amargas experiencias o por ignorancia, era notoria la desconfianza que
los indígenas profesaban con respecto al gobernador del estado y al resto de sus
funcionarios. Incluso, las acciones para legislar en materia de agua las veían como
una amenaza para el pueblo de parte del gobierno local; por este hecho, su única
opción fue recurrir a las autoridades federales para buscar protección. Por ello, a
fines de enero de 1918, para denunciar las aguas del arroyo Suchitlán como
propiedad federal y para pedir que se les otorgara concesión preferente para utilizar
las aguas del arroyo para regar sus tierras.
752
La dinámica de las peticiones y reclamos se movía de acuerdo a las
necesidades de cada una de las partes demandantes. En lo que toca a los
suchitlecos, el tono de sus llamados de auxilio se acrecentaron en abril de 1918, ya
que hasta el delegado en Jalisco de la Comisión Nacional Agraria (Serafín Monterde)
envió un telegrama desde Guadalajara llevando como destinatario al ingeniero
Mariano Moctezuma, jefe de la Dirección Auxiliar de la Comisión Nacional Agraria de
la Secretaría de Agricultura y Fomento, donde turnaba el contenido de otro telegrama
girado por el Ing. Eduardo Suárez, quien desde su responsabilidad de proyectar la
ejecución del repartimiento de tierras de la reciente resolución presidencial, asumía
una postura de franca adhesión a los indígenas de Suchitlán al señalar que “Es muy
751 Oficio de Gorgonio Ávalos y demás pobladores de Suchitlán, al Presidente de la Comisión Nacional del Agua, Suchitlán, 15 de enero de 1918; en ARAN, Suchitlán, Exp. 23-9, N° 04/013/001. 752 Véase: Solicitud de Gorgonio Ávalos, Comisario municipal de Suchitlán, y demás signatarios, al Secretario de Fomento y Agricultura, Suchitlán, enero 29 de 1918; en AHA, Fondo AS, Caja Caja 1461, Expediente 19881.
372
urgente asunto aguas este pueblo, si hacienda Nogueras la quita se secarán sesenta
hectáreas terrenos sembrados. Ruégole se deje todo el agua del río Suchitlán a este
pueblo”.753
Pese a las peticiones de los pobladores de Suchitlán y el apoyo de
funcionarios y empleados menores de la Comisión Nacional Agraria, la postura
federal se movía dentro de la evaluación elaborada meses atrás por el ingeniero
Alvarado, en la cual se establecían los porcentajes de agua que deberían recibir la
comunidad indígena y la hacienda. Incluso, en abril de 1918, el jefe de concesiones
de la Dirección de Aguas ratificó dicha inspección y las propuestas formuladas a raíz
del expresado informe e interrogó a los titulares de la Comisión Nacional Agraria si
al demarcarse los terrenos ejidales recién otorgados a Suchitlán (mediante la ya
antes mencionada resolución presidencial del 28 de febrero de 1918) se podía
proceder acatando las recomendaciones del ingeniero Alfredo Alvarado sobre ese
particular.
754
En fin, la tierra se otorgó y, junto a los problemas que revistieron la
consumación de la resolución del ejecutivo federal, los trámites y la disputa legal por
el uso de las aguas del arroyo de Suchitlán continuaron manifestándose. Los
suchitlecos no quitaban el dedo del renglón en sus afanes de adjudicarse los
caudales de tan preciado líquido.
Este problema conflictuaba más a las partes, debido a que al momento en que
los indígenas formulaban sus peticiones era evidente su desconocimiento sobre la
realidad que privaba sobre las aguas nacionales y el procedimiento a seguir para su
obtención: por un lado, el citado arroyo ya estaba declarado como propiedad
nacional; y por otra parte, también desconocían la reglamentación que tenía la Ley
de Aguas, de ahí que sus formas no se apegaran a los procedimientos
contemplados. Esto último se reflejó en que, mediante un solo procedimiento,
solicitaran agua para uso domestico y para riego de sus terrenos, cuando la 753 Telegrama del Ing. Serafín Monterde, Delegado de la CNA, al Ing. Mariano Moctezuma, Jefe de la Dirección Auxiliar de la CNA, Secretaría de Agricultura y Fomento, Guadalajara, Jal., 11 de abril de 1918; en ARAN, Suchitlán, Exp. 23-9, N° 04/013/001. 754 Ibíd.
373
reglamentación establecía que debería hacerse por separado, como tampoco se
establecían las obras que se realizarían para el aprovechamiento del agua, la
cantidad de líquido que necesitaban, ni la cantidad de terrenos que se beneficiarían
con el riego. Lo que si pedían era la totalidad de agua que corría por dicho arroyo,
solicitud que contravenía la propuesta fijada por el Ing. Alvarado con respecto al
monto de agua que debería proveerse a Suchitlán. Por todo lo anterior, la respuesta
de la Dirección de Aguas fue rechazar la petición y conminarlos a presentar una
nueva que se ajustara a los procedimientos establecidos y a los parámetros ya
esbozados con antelación, ya que contar con toda el agua del arroyo ocasionaría
perjuicios a la hacienda de Nogueras, los cuales se estimaban en 37,200 pesos
($22,200 en cosechas y $15,000 por la inutilización de maquinaria), monto que
hipotéticamente debería cubrirse como indemnización por parte de Suchitlán.755
Sin embargo, tal medida nunca llegó a aplicarse, debido a que la distribución
de agua ya era algo que estaba concensándose entre las partes. Incluso, se realizó
una reunión de acercamiento donde se acordó la distribución de agua entre la
población y la mencionada hacienda. Esta medida se estableció como un convenio
provisional que normó la distribución de aguas entre Nogueras y Suchitlán: el 21 de
abril de 1919 se organizó una reunión en la que participaron el gobernador de
Colima, el Ing. Agustín Bancalari como director de Aguas de la Secretaría de
Fomento, Francisco M. Rangel, como apoderado de la Sociedad “Vergara y Rangel”
y una comisión representativa del pueblo de Suchitlán y el presidente de la Junta
Municipal del mismo pueblo, así como los señores José Chavira M. y Leonardo
Yánez Centeno como testigos; todos ellos participaron en el establecimiento y
ratificación del convenio donde se estableció el criterio de tandas de doce horas
para cada parte (Suchitlán la aprovecharía por el día y Nogueras por la noche).
756
755 Al respecto véase: Informe de Carlos Chávez, Jefe de la III División del Departamento de Concesiones, al Director de Aguas, México, mayo 28 de 1918; en AHA, Fondo AS, Caja Caja 1461, Expediente 19881.
Según norma establecida por la Secretaría de Fomento, dicho acuerdo entre ambas
756 Véase: Solicitud de Rosalío H. Martínez y demás signatarios del pueblo de Suchitlán, al Senador Elías Arias, Suchitlán, octubre 11 de 1920; y Acta de aceptación de derechos de agua firmada por Gorgonio Ávalos, Rosalío M. Martínez y demás pobladores de Suchitlán, Suchitlán, abril 25 de 1919; en AHA, Fondo AS, Caja Caja 1461, Expediente 19881.
374
partes, debería ser ratificado por sus representados (poblado de Suchitlán y
Sociedad Vergara Rangel). De parte de los indígenas, cuatro días después del
acuerdo, la comunidad en pleno convalidó la decisión,757 pero no sucedió lo mismo
con su contraparte. Los hacendados se retractaron de dicho acuerdo, de ahí que, a
fines de 1919, cuando la Secretaría de Fomento se dirigió a los Rangel para
notificarles que este criterio se establecería como base de un convenio con su
contraparte, manifestaron su inconformidad y solicitaron una reconsideración en la
distribución por horas de acuerdo al monto de metros cúbicos que dictámenes
anteriores habían fijado para cada una de las partes (28 y 46 litros por segundo),
sugerencia que la dependencia federal desechó.758
Los problemas de los indígenas se originaron por otros motivos. Ya sea por
desconocimiento o por ser reacios a los trámites legales, o bien porque ya hacían
uso de este acuerdo provisional, los indígenas no atendieron con diligencia los
nuevos procedimientos legales, que les marcó la Dirección de Aguas, para darle
curso al otorgamiento definitivo de derechos de agua. Incluso, en abril de 1921, el
Jefe de la III División de Concesiones de Agua manifestaba la forma irrespetuosa con
que los indígenas reiteraban (por escrito) su solicitud de aguas ante dicha
dependencia, al tiempo que remarcaba su negativa a darle curso a su trámite sino
cumplían los requisitos señalados desde tiempo atrás.
Pese a esta actitud
gubernamental, en agosto de 1920, los Rangel volvieron a insistir en que las tandas
fueran proporcionales al volumen de litros ya fijados. Ante tal conflictiva, la Secretaría
decidió instrumentar la confirmación de aguas a mediados de noviembre de 1920,
sin oposición de ninguna de las partes. Pero los trabajos que se derivarían de esta
decisión tardaron en llegar, mientras que los conflictos seguían en estado latente.
759
Por su parte, ante las dificultades que enfrentaban para resolver dicho
problema los indígenas recurrieron a personajes connotados de la entidad para que
757 Véase: Acta levantada en el pueblo de Suchitlán firmada por Gorgonio Ávalos, Rosalio Martínez y demás pobladores del lugar, abril 25 de 1919; en AHA, Fondo AS, Caja 1461, Expediente 19881. 758 Petición de Salvador H. Rangel al Secretario de Fomento, México, diciembre 15 de 1919; en AHA, Fondo AS, Caja 26, Expediente 474. 759 Informe Nº 186 de J. M. Moya, al Director de Aguas de la Secretaría de Fomento, México, abril 19 de 1921; en AHA, Fondo AS, Caja 26, Expediente 474.
375
fungieran como gestores. Este papel lo ocupó Elías Arias, senador por Colima al
Congreso de la Unión.
Por fin, en agosto de 1921 se realizaron las inspecciones por parte del
Departamento de Inspecciones de la Dirección de Aguas, a fin de realizar las obras
necesarias para operativizar los 28 y 46 litros por segundo para una y otra parte.
Para agilizar dichos trabajos los hacendados de Nogueras manifestaron su
disposición en cubrir el monto que le correspondía aportar a los indígenas. Trabajos
que se proyectaron, pese a que para fines de ese año, los pobladores de Suchitlán
todavía no habían cubierto los trámites formales de la solicitud.760
Pero esta iniciativa gubernamental no eliminó los problemas: el 10 de mayo de
1922, los indígenas de Suchitlán expresaron al Secretario de Agricultura que los 28
litros que se les querían otorgar no cubrían sus necesidades, máxime que buena
parte de ella se consumía en la toma y no llegaba a sus tierras, así que solicitaban la
concesión de toda el agua por doce horas para cada una de las partes.
761 Varios
meses después, esta misma solicitud, pero ahora suscrita por todo el pueblo, se la
hicieron llegar al mismo Presidente de la República, Gral. Álvaro Obregón,
amparando su petición en que eran “…hijos del pueblo mexicano, humildes,
aborígenes adoradores de la tierra que nos vio nacer [y que deseaban] gozar de las
riquezas de la naturaleza”.762
Pese a tan emotiva petición, la respuesta se les negó o simplemente no llegó,
ya que el 9 de abril de 1923, Ignacio Cruz, presidente del Comité Particular
Administrativo del lugar nuevamente emprendía gestiones ante la Comisión Nacional
Agraria para que se les otorgara agua suficiente de manera urgente. La respuesta
fue categórica:
760 Informe Nº 786 del Ing. A. Gutiérrez de Lara al Director de Aguas de la Secretaría de Fomento, México, noviembre 18 de 1921; en AHA, Fondo AS, Caja 26, Expediente 474. 761 Solicitud de Agustín Miguel, Rosalío M. Martínez y demás integrantes de la Junta Municipal de Suchitlán y la Junta de Aprovechamiento de Ejidos de Suchitlán, al Secretario de Agricultura y Fomento, Comala, 10 de mayo de 1922; en AHA, Fondo AS, Caja 1461, Expediente 19881. 762 Solicitud firmada por Agustín Miguel, Rosalío M. Martínez y demás pobladores de Suchitlán, al General Álvaro Obregón, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Suchitlán de las Flores, septiembre 23 de 1922; en AHA, Fondo AS, Caja 1461, Expediente 19881.
376
…el pueblo de Suchitlán ha disfrutado desde tiempo anterior a
la dotación de sus ejidos, de una toma de agua de 50 litros por
segundo, derivada del río Suchitlán, para el riego de sus huertas; y
que debido al mal estado del canal conductor, se estima en un 50% la
pérdida del agua. En tal concepto, se necesita saber si en la
actualidad disfruta el pueblo de la toma citada, y si no, por qué
razones.
[En] Caso de que al presente haga uso el pueblo del agua en
cuestión, se le recomienda se sirva mejorar el estado del acueducto
para reducir las pérdidas a su mínimo.
Por último (…) si su solicitud se refiere a aumento en la
cantidad concedida y a qué tierras se destinará este aumento, pues en
el expediente aparecen las dotadas como de temporal.763
En estas líneas, la reticencia hacia esta comunidad indígena es más que
notoria, por lo que se advierte los resultados que alcanzó dicho trámite. Tanto así que
para mediados de 1926, la solicitud de los indígenas no se resolvía en definitiva;
esto lo deja ver una solicitud turnada al gobernador de la entidad, donde se pidió la
totalidad de las aguas del arroyo Suchitlán, al menos por 20 días, pues sus terrenos
estaban resecos y sus plantaciones necesitadas de riego, “…mientras se resuelve
en el centro lo que está pendiente relativo a este asunto”.
764
763 Oficio Nº 014417 del Secretario General de la Comisión Nacional Agraria a Ignacio Cruz, Presidente del Comité Particular Administrativo de Suchitlán, México, D. F., 16 de abril de 1923; en ARAN, Suchitlán, Exp. 23 – 9, (N° 04/013/001).
764 Oficio de Gumaro García de la Cadena, Director de Aguas, Tierras y Colonización, al Oficial Mayor de la Comisión Nacional Agraria, México, 22 de julio de 1926; en AHA, Fondo AS, Caja 26, Expediente 474.
377
El tiempo transcurría. Nuevos conflictos (como la guerra cristera) inundaron la
zona limítrofe a Suchitlán, y la tramitación seguía árida, la resolución en materia de
agua no llegaba ni a cuenta gotas.
5.2 LOS DISENSOS POR EL AGUA ENTRE LA HACIENDA DE SAN ANTONIO Y LOS INDÍGENAS
El conflicto por el agua no paró ahí, ni se redujo solamente a la disputa entre
Suchitlán y la hacienda de Nogueras; también entre Vogel y Cofradía se vivían
conflictos y desenlaces similares. Las reclamaciones y ataques provenían tanto de
los indígenas como del hacendado.
Por ejemplo, a fines de 1916, justo cuando la controversia por las tierras
alcanzaba sus puntos más álgidos, la propiedad y uso de las aguas tomaba los
mismos matices. Arnoldo Vogel, al tiempo que demandaba el respeto a los 121
terrenos y dos medios lotes de la desaparecida propiedad comunal de Cofradía de
Suchitlán, al igual que se comprometió ante el pueblo de Suchitlán de atender sus
reclamos en materia de agua, a su vez, demandaba que las autoridades estatales
garantizaran que los indígenas de Cofradía y Suchitlán respetaran la propiedad y
posesión agua que utilizaban los colonos de la hacienda de San Antonio y los
arrendatarios de sus tierras. Para justificar tal petición, señalaba que una parte de la
superficie de su propiedad tenía todo el derecho de usar el agua que la atravesaba,
porque era dueño del terreno donde nacían dichas aguas; además, esgrimía asuntos
de interés público, pues en las tierras arrendadas se habían hecho siembras de riego
para aumentar la producción de maíz y frijol que contribuirían a remediar escasez de
cereales. Incluso, entre los arrendatarios figuraban algunos indígenas. En fin, pedía
que se les permitiera el uso de las aguas y no se les fijaran multas por este mismo
motivo.765
Pese a las peticiones de una y otra parte, el panorama no cambió mucho. Incluso, al mismo tiempo que la disputa por la tierra, entre ambas partes, parecía
765 Carta del Arnoldo Vogel al Gobernador y Comandante Militar del Estado, Colima, 23 de diciembre de 1916; en AHEC, Caja 879, Sección A, No. 19, Año 1916.
378
tomar un cauce definitivo, se dejaban escuchar las quejas de los habitantes de
Cofradía sobre este particular. En mayo de 1919, se dirigieron ante el gobernador de
la entidad para hacer de su conocimiento que desde el gobierno del Gral. Juan José
Ríos, existía un convenio suscrito entre Arnoldo Vogel y Claro Guzmán, este último
en calidad de Comisario y representante de Cofradía, en el cual se comprometían a
compartir aguas provenientes de puntos ubicados tanto del poblado como de la
hacienda. Sin embargo, denunciaban que desde un tiempo a la fecha, Vogel no
cumplía con lo pactado, al impedir el paso del agua de “las Cuatas” para que se
empleara por los habitantes de Cofradía para el uso doméstico y de sus labores
agrícolas.
Por lo anterior, solicitaban la intervención del gobernador para que Vogel diera
cumplimiento a dicho convenio de aguas; en caso de que el hacendado no
accediera, manifestaban su confianza en el apoyo de las políticas e instancias
federales a favor de su causa al afirmar: “…de seguir esto como va es seguro que
acudiremos con el Gobierno Federal y Vogel salga perjudicado, pues debe recordar
que el convenio es provisional y que los pueblos tienen preferencia en el uso de
cualquier agua”.766
En fin, los derechos de agua estaban irresueltos, de ahí que siguieran
figurando dentro de las gestiones de los hacendados de San Antonio y Nogueras con
el gobierno federal. Por ejemplo, en agosto de 1920, demandaban nuevamente la
confirmación de derechos sobre el uso de aguas del arroyo Suchitlán, para concretar
un procedimiento que iniciaron desde abril de 1912.
767
Procedimiento que dos años después continuaba en trámite. Como también
continuaban las quejas de los hacendados, pese a la delimitación de 28 y 46 litros
para una y otra de las partes, pues según denunciaban el pueblo de Suchitlán no
respetaba los acuerdos provisionales establecidos por los funcionarios federales al
acordar que el poblado utilizaría una tercera parte del agua y la hacienda las dos
766 Oficio Nº 359, de J. Felipe Valle, Gobernador Constitucional del Estado, al Secretario de Agricultura y Fomento, Colima, 16 de mayo de 1919; en AHEC, Caja 912, Sección A, No. 18, Año 1917. 767 Solicitud de Salvador H. Rangel al Subsecretario de Agricultura y Fomento, México, agosto 27 de 1920; en AHA, Fondo AS, Caja 1461, Exp. 19881, F. 220.
379
restantes.768 Lo que si aplicaban los indígenas con el desagrado de Nogueras, era el
sistema de tandas en la distribución de aguas; sistema que figuró como una
propuesta inicialmente aceptada por el representante de Vergara y Rangel, pero no
convalidada posteriormente, lo que no impidió que los pobladores de Suchitlán lo
aplicaran por su propia cuenta y riesgo.769
Otro problema ligado al uso del agua era el pago de derechos. Durante estos
años fue práctica reiterada la negativa de los hacendados para cubrir dichos
adeudos. En esta lógica se movió la sociedad Vergara y Rangel, dueños de
Nogueras. A fines de diciembre de 1917, la Secretaría de Agricultura y Fomento les
notificó que debería cubrir $355.80 pesos anuales por el uso de 7’116,000 metros
cúbicos de agua de los arroyos Tía Barragana y Suchitlán. Cantidad a la que se
sumó $417.34 por el uso anual de las aguas del arroyo Los Sauces.
770
Para defenderse recurrieron ante el Juzgado de Distrito de Colima, quien
resolvió a su favor, decisión que –según los hacendados– fue confirmada por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para 1920, el Ministro de Agricultura y
Fomento no ratificaba dicha resolución, pero eso no impedía que Salvador H. Rangel
Sin embargo,
pese a la solicitud de pago, los dueños de Nogueras se negaron a cubrir dicho
adeudo. Incluso, ya a fines de esa década, siguieron ignorando el comunicado de la
Administración del Timbre de Colima para que cubrieran $1,932.85, por concepto del
aprovechamiento de las aguas de los arroyos Suchitlán, La Barragana o de Moreno y
Los Sauces, que corrían por la mencionada finca. El motivo era que –en su opinión–
las aguas de Moreno y Los Sauces no eran de jurisdicción federal. Así que sólo
reconocían la deuda correspondiente a las aguas del arroyo Suchitlán.
768 La denuncia de Salvador H. Rangel, ante la Subsecretaría de Agricultura y Fomento, formulada a principios de marzo de 1922, se encuentra en: AHA, Fondo AS, Caja 1461, Exp. 19881, f. 261. 769 Véase: Oficio Nº 314 de Miguel Álvarez García, Gobernador Constitucional del Estado de Colima, al Secretario de Agricultura y Fomento, Colima, 23 de mayo de 1922; en AHA, Fondo AS, Caja 1461, Exp. 19881, F. 268. 770 Información tomada de: Solicitud de la Sociedad Vergara y Rangel al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Colima, 22 de febrero de 1930, en AHA, Fondo AS, Caja 26, Expediente 474.
380
se desplazara a la ciudad de México para reiterar su disposición de cubrir solamente
lo correspondiente a las aguas del arroyo de Suchitlán. 771
Pese a esta argumentación y actitud de parte de la sociedad Vergara y
Rangel, la Secretaria de Fomento consideró improcedente dicha solicitud de
reconsideración de pagos, debido a que dichos arroyos ya habían sido considerados
propiedad federal (Tía Barragana, junio 25 de 1917; Los Sauces, marzo 9 de 1918; y
Suchitlán; abril 4 de 1918).
772
Mientras esto sucedía en Nogueras, tierras más arriba también se atendían los
asuntos relativos a los derechos de aguas. En la hacienda de San Antonio, Vogel
utilizaba los afluentes de cuatro arroyos: “Arroyo Delgado”, “El Calabozo”, “Arroyo
Zarco” y “La Lumbre”. Los tres primeros integrantes del río San Antonio o El Remate,
mientras que El Remate servía de límite entre los estados de Jalisco y Colima. Todos
estos arroyos nacían en terrenos de la mencionada hacienda corriendo por
profundas barrancas, de donde el agua era extraída por el hacendado para utilizarlas
en el riego de sus laderas. La primera confirmación federal para el uso de de aguas
la obtuvo el 4 de septiembre de 1902, la cual se otorgó a Vogel y Luisa Quevedo de
Kebe, a fin de que, por medio de tomas, utilizaran dichas aguas para regar 579
hectáreas de cafetales y cañaverales y para utilizarse como fuerza motriz.
773
Los cientos de hectáreas que irrigaba Vogel, al tiempo que se emitió un nuevo
decreto sobre aguas nacionales con fecha 6 de julio de 1917, estaban distribuidas de
Los
siguientes trámites referentes al uso de agua para la hacienda de San Antonio se
realizaron solamente por Vogel, una vez que adquirió la tercera parte que le
perteneció a la señora Quevedo de Kebe.
771 Solicitud de Salvador H. Rangel al Tesorero General de la Nación, México, julio 27 de 1920; en AHA, Fondo AS, Caja 26, Expediente 474. 772 Oficio del Secretario de Agricultura y Fomento al Tesorero General de la Nación, México, 27 de octubre de 1920, en AHA, Fondo AS, Caja 26, Expediente 474. 773 Esta confirmación de aguas se otorgó en función de los decretos que sobre el particular se establecieron el 5 de junio de 1888 y 6 de junio de 1894. El permiso concedido a Arnoldo Vogel y Luisa Quevedo fijaba un máximo de 2,567 litros por segundo para riego, además, se podían tomar 493 litros por segundo para fuerza motriz. Información tomada de: Solicitud de Victorino Pérez al Secretario de Fomento, México, 28 de septiembre de 1917; en AHA, Fondo AS, Caja 126, Expediente 2791.
381
la siguiente manera: 280 hectáreas plantadas de cafetos; 177.5 hectáreas con
plantíos de caña; y 57 hectáreas dedicadas a la siembra de maíz y frijol; para sumar
499.5 hectáreas de riego. Esta cantidad se regaba de noviembre a abril. Durante los
otros meses era prácticamente imposible usar las aguas del río, porque las corrientes
que bajaban del volcán eran incontrolables y amenazaban con bloquear y dañar las
tomas y túneles. En 1917, al solicitar que se le fijara la tarifa de agua
correspondiente, el representante de Vogel hizo hincapié en todos estos elementos,
para reiterar que su representado no usaba todo el monto máximo que se le
concedió a principios de siglo, situación que debería valorarse al fijar el nuevo
monto.774 Petición que no se atendió positivamente, al establecerle una cuota de
$341.55 pesos anuales por un caudal de 6’831,000 metros cúbicos, cuando el
solicitante sostenía que utilizaba casi la mitad (3’500,000 metros cúbicos), por lo que
la cuota debería fijarse en $175.00 pesos. De ahí que, a principios de 1918,
reiteraran su petición de un impuesto de agua más bajo. Intento nuevamente fallido,
ya que las autoridades establecieron la cuota a partir de los mimas hectáreas de
cultivo declaradas por el solicitante, sobre las cuales se estimó la cantidad de agua
requerida para su cultivo.775
A mediados de noviembre de 1920, Arnoldo Vogel solicitó la confirmación de
sus derechos de agua del arroyo San Juan, que utilizaba para el riego de sus
sembradíos de caña y cafetales en su hacienda de San Antonio. La solicitud no
ofreció dificultad alguna para su inmediata aprobación, una vez que varios meses
después el hacendado alemán presentó la documentación que acreditaba la
propiedad beneficiaria con las aguas del referido arroyo.
776
En contraparte, los pobladores de Cofradía de Suchitlán sufrieron más para
recibir la confirmación de derechos de agua. El 14 de febrero de 1918, iniciaron el
proceso para recibir la adjudicación de las aguas que emanaban de las áreas
774 Solicitud de Victorino Pérez al Secretario de Fomento, México, 28 de septiembre de 1920; en AHA, Fondo AS, Caja 126, Exp. 2791. 775 Al respecto véase: Oficio Nº 3082 de Pastor Rouaix, Secretario de Fomento, a Victorino Pérez al Secretario de Fomento, México, 29 de enero de 1920; en AHA, Fondo AS, Caja 126, Expediente 2791. 776 Solicitud de Arnoldo Vogel a la Secretaría de Fomento, Colima, noviembre 12 de 1920; en AHA, Fondo AS, Caja 1412, Expediente 19304.
382
recibidas como dotación ejidal y que beneficiaban con riego a 55 hectáreas abiertas
al cultivo. Sin embrago, por errores en la integración de datos y la justificación, se
arribó a la década de los veinte y todavía no les aceptaban la solicitud. El único
medio para usufructuar el agua por parte de Cofradía era respaldarse en un convenio
signado con Vogel el 20 de mayo de 1917, auspiciado por el gobernador Juan José
Ríos. Al tomar el agua que requerían lo hacían por su propia cuenta, lo que provocó
que el hacendado se quejara ante la Comisión Local Agraria de que los indígenas
tomaban las aguas dedicadas al riego de los cañaverales del predio “La
Haciendita”.777
En fin, las relaciones por el agua entre el hacendado alemán y los pobladores
de Cofradía de Suchitlán se convirtieron en un verdadero toma y daca. Máxime
cuando los agraristas se sintieron favorecidos con la resolución presidencial de 1918,
que mandataba la entrega de tierras para ejidos, debido a que sus necesidades eran
mayores.
Luis Abortes, un estudioso de los usos del agua en la historia de México,
sostiene que, desde el principio de la política de entrega de tierras motivadas por la
lucha armada, las autoridades revolucionarias se adjudicaron la tarea de vigilar el
funcionamiento de las colectividades beneficiadas,778
En fin, entre la disputa por aguas y tierras ocurrida en territorio colimense, se
tejió la agreste relación entre don Arnoldo Vogel y los pobladores de Cofradía de
Suchitlán y Suchitlán. Los conflictos con los hacendados y un pacto tácito, aunque no
exento de fisuras, fueron elementos presentes entre 1915 y la primera mitad de la
década de los veintes. La segunda mitad de esta década marcaría otro sello a los
conflictos en que se envolverían estos poblados indígenas al sumarse al conflicto
cristero apoyando la postura gubernamental. Pero eso ya corresponde a otra
temática y proceso que no busca cubrir esta investigación.
intervención gubernamental
que, para los poblados indígenas colimenses, no se desplazó al ritmo que dichas
comunidades demandaban.
777 Todo este proceso puede ser consultado en: AHA, Fondo AS, Caja 716, Expediente 10422. 778 Aboites Aguilar, op. cit., p. 94.
383
CONCLUSIONES
Situados en las faldas del volcán de Colima, las comunidades indígenas
tuvieron una génesis que se pierde en el remoto pasado colimense. En medio de una
topografía abrupta donde destacan lomeríos, cañadas, arroyos y arroyuelos, en este
núcleo poblacional se desarrollaba la vida cotidiana prehispánica al tiempo que los
españoles arribaron a esta región. Su existencia y manutención se fincaba en
pequeñas siembras de temporal para la subsistencia, complementada con el
establecimiento de pequeñas huertas y actividades de caza y recolección.
Al tiempo de la llegada española las comunidades eran numerosas. Los
indígenas asentados en tierras comaltecas –al igual que otros puntos de la región–
estaban estrechamente ligadas a la tierra; situación que utilizaron los españoles para
imponer tributo a dicho grupo étnico. Pero no sólo eso, sino que se instituyó la
encomienda y la llamada República de indios, que si bien mantuvieron sus derechos
y propiedad sobre la tierra, estableció nuevas relaciones y lógicas en la actividad y
existencia indígena mediante el tributo y el trabajo a favor del español. Así que,
durante los años coloniales se vertebraron lógicas económicas y sociales que, si bien
preservaron las condiciones y estatutos de las comunidades indígenas, éstas
mantuvieron tenues nexos económicos y sociales con españoles y mestizos. A la
par, la iglesia católica se había asentado en la zona y ganaba terreno ordenando la
vida, conducta y goce del indígena. Incluso, para el siglo XVIII, en poblados como
Suchitlán se contaba ya con maestro, instrucción donde se impartía doctrina cristiana
y las primeras letras.
Sin embargo, las comunidades indígenas vivieron el choque de intereses
económicos y el sentido de propiedad y apropiación de los españoles, algunas veces
a costa de sus bienes y propiedades. En Suchitlán, los primeros roces se vivieron
desde finales del siglo XVI, aunque estos no se presentaron sólo con tales y cuales
mestizos o peninsulares, ya que hacia el siglo XVIII se entablaron conflictos debido al
384
nombramiento de autoridades con el poblado de Comala y por contribuciones. A
pesar de estos conflictos, se mantuvieron inalterables las estructuras españolas e
indígenas, las cuales se prolongaron durante buena parte del siglo XIX.
Debido a la anterior, la mitad de la centuria decimonónica encontró a un
Suchitlán que descollaba sobre el resto de poblados indígenas de la entidad. En
dicho poblado se mantenía la cohesión étnica y cultural, ligada a la tierra comunal, la
cual descansaba en instituciones y viejas tradiciones.
No obstante, cambios importantes se acercaban en torno a la propiedad de la
tierra, a partir de las reformas liberales implementados al correr de la sexta década
del siglo XIX. Algunas de estas medidas atentatorias fueron el denuncio de baldíos,
la colonización de tierras y el reparto en lotes individuales. Debido a estas medidas
instrumentadas, la división de tierras comunales en parcelas familiares al régimen de
propiedad proporcionó a los hacendados y grandes rancheros la oportunidad de
invadir o adquirir tierras antes fuera de su alcance. División y distribución de tierras
comunales que se profundizaron durante los años porfiristas, gracias a la
modificación de las leyes de colonización para facilitar el reparto de tierras, el
mejoramiento de facilidades y beneficios para las compañías agrimensoras
establecidas en 1883 y la supresión de límites a la cantidad de tierras que podía
adquirir cualquier particular, decretada en 1894.
Todo este proceso involucró a la comunidad de Suchitlán, en un conjunto de
modificaciones en relación con la tierra, con todo y que se afirmara que sus terrenos
habían sido otorgados por autoridades virreinales. La alteración de la posesión de
tierras en Suchitlán inició en la penúltima década del siglo XIX. Para mediados de
esa década, la repartición en lotes se efectúo al interior de esta comunidad, al igual
que en Cofradía de Suchitlán, pequeño poblado indígena que se formó con oriundos
de este pueblo. Redistribución de la propiedad que se extendió a otras comunidades
indígenas de la entidad ubicadas en el valle y la costa colimense. Dicho proceso de
repartimiento fue auspiciado por mestizos en varias comunidades, quienes se
desempeñaron como representantes de las poblaciones indígenas, contando con la
tutela gubernamental.
385
En este marco la mayor parte de los pobladores de Suchitlán y Cofradía
modificaron sustancialmente sus ritmos y relaciones de vida, pero sobretodo su
relación con la tierra. Los jefes de familia, de propietarios pasaron a empelarse en las
haciendas de la región y a fungir como empleados temporales de las salinas situadas
en la costa de la entidad.
Aunque, este proceso de modificación de las relaciones de propiedad en los
naturales del Estado generó algunas inconformidades y pequeños conflictos de poca
monta. En el caso de los indígenas situados en el municipio de Comala, la pérdida de
la propiedad de sus tierras no presentó inconformidades manifiestas.
En contraste, el panorama rural colimense estaba hegemonizado por un
pequeño grupo de propietarios locales y unos cuantos extranjeros que, arribando
desde mediados del siglo XIX, habían experimentado un vertiginoso crecimiento
económico y controlaban importantes resortes de la vida productiva estatal.
Con esta realidad se vivió el ocaso del siglo XIX, una sociedad indígena en
transformación de pautas que databan de antaño, un sólido binomio productivo
compuesto por un rico sector de rancheros y un pujante segmento de extranjeros que
del comercio pasaron a favorecerse con el mercado liberal de tierras. El cuadro se
completaba con una política gubernamental proclive al fomento de la producción
agrícola que se fincaba en la desamortización de tierras e incentivos fiscales y
productivos.
Lo anterior fue el conjunto de factores en que se desarrolló la hacienda de San
Antonio encabezada por Arnoldo Vogel, al tiempo que se efectuaron las
recomposiciones de la hacienda de Nogueras; aspectos que las colocaron entre las
negociaciones agrícolas más importantes de la entidad. Peldaño logrado también por
la demanda alcanzada por productos como el azúcar y el café, producidos en dichos
lugares. Lo que a su vez ocasionó que aumentara la demanda de tierras para dichos
cultivos, incrementándose la asechanza y amenaza sobre sus vecinos indígenas, ya
que aunado a la venta forzada, se presentó la ocupación de sus parcelas. Los pocos
que conservaron sus terrenos después de un oleaje de compras, se deshicieron de
386
ellas mediante ventas escalonadas a unos latifundistas que tendían una pinza sobre
sus caseríos.
El panorama se tornó más crítico en materia de tierras, al aumentar las
dificultades de acceder a un pedazo de terreno, debido a que los demandantes
aumentaban, no sólo porque la población autóctona crecía, sino porque arribaron
nuevos trabajadores al norte colimense auspiciado por esta reanimación productiva
que se vivía en este par de haciendas.
Todo esto repercutió para que más de diez lotes de la propiedad de los
indígenas, ya fuera por compra directa de Vogel o mediante triangulaciones usando
un tercero, cayeran en manos de la hacienda de San Antonio. Fuera mediante el
convencimiento o la presión, lo importante era concentrar tierras que los indígenas
no explotaban “racionalmente”. Con esto, la población indígena quedaba destinada a
estructurar una economía de subsistencia, subordinada a las lógicas y ritmos
productivos que dictaba un pujante sector de hacendados locales.
Toda esta dinámica marcó una relación social en el campo colimense donde
actores con distintos posicionamientos en el escenario rural establecieron una
relación diferenciada y contrapuesta que fue dando origen a tensiones que se fueron
acumulando gradualmente y se exteriorizaron como conflicto social a partir de la
coyuntura revolucionaria.
Desde fines del siglo XIX y a lo largo de la primera década del siglo XX, dicha
tensión social entre propietarios agrícolas y pobladores indígenas, se tejió en torno a
la propiedad y posesión de la tierra, así como el usufructo de las aguas que fluían
por los manantiales, arroyos y ríos de la entidad, particularmente de los ubicados en
la zona norte. Marcó tensión donde intervenía el estado dictando los elementos
normativos y las variantes políticas que signarían esta tirante relación.
En términos generales, la presencia de tensiones y relaciones desiguales y
contrapuestas entre distintos actores del agro colimense tomó visos más claros a
partir del último tercio del siglo XIX, a partir del de las iniciativas de repartimiento,
delimitación de fundos de pueblos y reglamentación sobre usos del agua para el
387
abastecimiento de comunidades para quehaceres domésticos y para el regadío de
huertas y siembras. Las denostaciones y zozobras empezaron a tomar cuerpo en
áreas donde los cauces no abastecían de agua todo el año, como es el caso de la
municipalidad de Comala, punto de asiento de Suchitlán y Cofradía de Suchitlán.
Inconformidad que no afloró ante la configuración de un nexo, entre gobierno local y
propietarios agrícolas, que dejaba ver su fuerza y hegemonía.
Así que la discordia entre diversos habitantes de la zona vivió un proceso
soterrado, pero acumulativo, que irrumpió en práctica social en condiciones que el
marco político y el juego de fuerzas sociales en la entidad vivió un momento de
reacomodo o recomposición.
Pese a que los indígenas del norte de Colima no vivían solamente del cultivo
de la tierra, pues también combinaban su existencia con actividades de artesanos,
leñadores, recolectores o jornaleros estacionales, su nexo con la tierra era a todas
luces evidente. Por lo tanto, desprovistos de la misma, los cientos de familias de
Suchitlán y sus vecinos de Cofradía vivieron un proceso de recomposición de la
propiedad de la tierra que implicó la pérdida de sus antiguas posesiones, al tiempo
que el agua se restringía para sus usos doméstico y laboral, máxime que las obras
hidráulicas y de modernización productiva de las dos haciendas del área,
acrecentaron la capacidad para captar tan vital líquido. Como también
experimentarían modificaciones en la composición étnica de sus poblados, al
suscitarse el arribo de mestizos que, procedentes del sur de Jalisco y del valle
colimense, se convirtieron en trabajadores permanentes de los hacendados e,
incluso, llegaron a establecer vínculos de solidaridad personal y social hacía estos
propietarios de la tierra. Los indígenas sólo eran testigos impávidos de este
desconsolador panorama social que restringía sus ámbitos de acción y modificaba
muchas de sus expectativas sociales.
El acceso y uso de tierras, montes y aguas dejó de estar determinado por la
tradición; ya había desaparecido el criterio de que el sólo nacimiento al interior de
una familia de la comunidad otorgaba el derecho al acceso de los recursos con que
contaba el pueblo. Incluso, hasta una asimetría en el uso de estos bienes se
388
estableció al interior mismo de los poblados, en función de las filiaciones étnicas; los
mestizos tejieron lazos sociales con gobernantes y propietarios, mientras que los
indígenas se encerraban en sí mismos como única opción de mantener su identidad
y cohesión, en tiempos tan aciagos.
Claro que, en medio de este panorama, las comunidades indígenas
continuaron desarrollando una agricultura de subsistencia a partir de unas cuantas
parcelas que conservaron y pequeños huertos ubicados en el mismo núcleo del
poblado y como una extensión del hogar mismo; hogar configurado como una unidad
familiar extensa. Así mismo, además de ser el asiento de la familia, el terreno
doméstico se convirtió parcialmente en el espacio laboral donde la obtención de
frutos y la actividad artesanal cobraron significativa presencia como opciones de
manutención, a la par de sus ocupaciones como peones de hacendados del
municipio, además de productores de las tierras más abajo, por cortos lapsos.
A toda esta amalgama de sucesos se incorporaron recambios en las
autoridades locales que normaban la vida y los nexos públicos de las comunidades
indígenas. La designación de mestizos y personajes llegados de fuera de la
comunidad, por parte de las autoridades estatales y municipales, dio pie a que los
poblados reivindicaran el derecho de elegir a dichos representantes legales entre los
nativos que compartieran su misma filiación étnica.
Las ideas del progreso y la concepción liberal del ciudadano chocaban con la
visión del mundo y de la vida de estas comunidades indígenas, las cuales
descansaban en la tradición, la vida asociativa de orden colectivo y unas pautas de
existencia acotadas a una sociedad encerrada en si misma, poco abierta a los
influjos de la vida exterior. Pero la avalancha del progreso los arropó con su manto y
la propiedad individual, el libre mercado de la tierra y el ciudadano hicieron acto de
presencia al interior de estos grupos étnicos, claro, llevados o impuestos desde
fuera. Todo esto atentaba con el tradicional status del indígena que databa de
tiempos prehispánicos, se preservó en la colonia y propagó durante la primera mitad
del siglo XIX.
389
A pesar de este cambio de panorama, estos grupos sociales desprotegidos
generaron o mantuvieron mecanismos para preservar sus identidades étnicas y
culturales: la organización religiosa tradicional de la comunidad, a través de un
sistema de cargos y mayordomías, sus festividades y la solidaridad social, daban
sentido a la vida interna de los indígenas ubicados en el norte colimense. Estos eran
los nichos culturales que les permitían mantener su carácter de una sociedad
tradicional donde los lazos y vínculos colectivos daban sentido a su existencia.
El enclaustramiento, la resignación y la vida interna parecían constituir la
lógica en que se movían esos poblados, pero tras el advenimiento del movimiento
revolucionario y la disputa por el poder local en Colima ocurrida en 1911, generó una
coyuntura que hizo posible que la voz de los indígenas emergiera en el espacio
público colimense. La inconformidad se dejó ver mediante gestiones prudentes para
canalizar sus demandas de agua, tierras, así como sus denuncias de despojo y
atropellos. Acciones encabezadas por políticos de mediano rango en la vida estatal,
que mantenían una postura distante con el gobierno de Enrique O de la Madrid y la
oligarquía local que le daba sustento.
Pero la llegada de un nuevo gobierno durante los años maderistas no cambió
la realidad vivida por los indígenas de Suchitlán y Cofradía de Suchitlán. Las leyes y
apoyos gubernamentales llevaban como dedicatoria a los campesinos y pequeños
propietarios. La política pública en la entidad se diseñaba desde el espacio y las
necesidades distintas al sentir de las comunidades indígenas. Lo único que los años
maderistas dejaron para los indígenas del municipio de Comala, fue la reactivación
de la gestión ante las autoridades municipales y estatales para colocar en la palestra
pública demandas e inconformidades que databan de décadas anteriores.
Particularmente, revivieron sus demandas sobre el derecho de elegir a sus propias
autoridades.
Este panorama sufrió alteraciones sustanciales a partir de que Colima sufrió
los oleajes revolucionarios, que en 1914 arribaron desde tierras jaliscienses para
desaparecer al poder estatal proclive al huertismo.
390
Las triunfantes fuerzas constitucionalistas, al establecerse en el poder estatal
a partir de que Juan José Ríos ocupó el cargo de mandatario estatal, instrumentaron
nuevas políticas públicas que alteraron el escenario estatal. Además de dar particular
énfasis al sentido público que entrañaban las actividades productivas, una de estas
medidas fue la aplicación de la ley agraria del 6 de enero de 1915. Al amparo de
este decreto, se procedió a la recepción de solicitudes de restitución y otorgamiento
de tierras a pueblos y comunidades, a través de instancias como la Comisión Local
Agraria, institución creada, al amparo de dicha ley, para conducir y ejecutar dichas
peticiones agrarias.
En la promoción de las reivindicaciones agrarias para los pobladores
indígenas de Suchitlán, el profesor Basilio Vadillo (distinguido personaje del
constitucionalismo) jugó un importante papel de impulso y gestión, como lo había
desempeñado el Licenciado Miguel García Topete desde finales de los años
porfiristas y durante los primeros momentos revolucionarios. Labor de gestión que
distintos personajes propagaron a lo largo y ancho de la entidad, beneficiando a
poblaciones como Cuyutlán, Coquimatlán, Manzanillo y San Miguel de la Unión,
entre otras. Todo este inédito proceso alteró la aparente tranquilidad en que se
desarrollaban los distintos sectores y sujetos del campo colimense.
Un actor que difundió esta nueva política agraria, desde fuera de las oficinas
gubernamentales pero en nexos con ellas, fue la Casa del Obrero Mundial;
organización gremial que arribó bajo el amparo de las autoridades y militares
constitucionalistas. Bajo los auspicios de la COM, el escenario rural presenció la
formación del Sindicato de Agricultores y Campesinos, al cual se integró el pueblo de
Suchitlán.
Al amparo de estos organismos, el poblado de Suchitlán solicitó la restitución y
entrega de tierras para los habitantes del poblado y, poco después, Cofradía de
Suchitlán llevo a cabo lo propio para conseguir los mismos fines. Toda esta movilidad
de los indígenas en pro de la tierra se ubicó en el campo jurídico y legal. La
aplicación puntual de esta Ley Agraria fue el móvil que articuló a los habitantes de
391
estas dos poblaciones indígenas, bajo la tutela de esta agrupación conectada al
nuevo gobierno revolucionario.
Proceso que no se presentó sobre aguas tranquilas, sino en tiempos
sumamente convulsos y críticos, lo que ocasionaba una vida llena de limitaciones y
penurias para este amplio sector de la sociedad colimense: conflictos políticos y
militares, bandolerismo, reacciones de hacendados, formaban el escenario donde se
articularon las comunidades rurales e indígenas, tanto en el asunto de la tierra como
del aprovisionamiento de agua.
La demanda por la tierra y el agua, levantada por Cofradía y Suchitlán, se
presentó ante las autoridades estatales y federales, recibiendo tratos diferenciados y
cambiantes en función de los reacomodos de los actores políticos locales y
nacionales. Se recibió la dotación provisional en Suchitlán, a instancias de una
Comisión Local Agraria que se movía bajo los derroteros marcados por el gobierno
de Juan José Ríos. Cofradía no logró esta figura de dotación, pero si los impulsos
desde las instancias locales. Esta situación generó reacciones legales de parte de
hacendados y propietarios a fin de defender lo que consideraban sus legítimos
derechos e intereses. La actitud del gobierno estatal se modificó tras la sucesión
gubernamental que condujo a J. Felipe Valle al frente de los destinos estatales. Este
personaje, así como los intereses locales que representaba, marcaron una distancia
hacia las peticiones agrarias de los indígenas, de ahí que los solicitantes de tierras y
aguas reforzaran su gestión ante quien se constituyó en el principal sostén de sus
aspiraciones agrarias: el gobierno federal y, más específicamente, la Comisión
Nacional Agraria. Esta fue la instancia y el ámbito de acción que utilizaron los
indígenas de estas dos comunidades para enfrentar las reacciones de los
hacendados Vogel y Rangel. Para ello se apoyaron inicialmente en el gobierno
estatal y la Casa del Obrero Mundial y, en su segunda etapa, de integrantes del
poder legislativo federal procedentes de tierras colimenses.
Así que, bajo la demanda de cumplimiento irrestricto de la Ley Agraria, la
constitución de un liderazgo local bajo los auspicios de un gremialismo redimido
temporalmente por la revolución hecha gobierno, y de personajes connotados del
392
constitucionalismo, al igual que un panorama político favorable, los indígenas de
Suchitlán y Cofradía de Suchitlán coronaron su dotación agraria a fines de la
segunda década del siglo XX, para después proseguir con su demanda legal para el
debido aprovisionamiento de aguas.
En fin, entorno a la disputa por el agua y tierras del norte colímense se
vertebró una conflictiva relación entre los hacendados Vogel y Rangel, por una parte,
y los pobladores de Cofradía de Suchitlán y Suchitlán, por la otra. En lo que
concierne a esta lucha indígena, lo característico fue la disputa indirecta,
otorgándole un gran peso a actores políticos y sociales externos a la comunidad,
donde la movilización y el protagonismo colectivo presentó rasgos muy tenues. Otro
elemento componente de este conflicto social fue su carácter legal; pero a partir de
una legalidad muy frágil, debido a los álgidos sucesos revolucionarios que
configuraban la vida nacional y estatal; de ahí que el proceso de gestión no estuvo
exento de fisuras y conflictos que, si bien trastocaron la vida y cotidianeidad de estos
grupos sociales, éstos no desembocaron en rupturas y confrontaciones sociales que
trastocaran la composición de clases y el conjunto de la estructura de la vida estatal.
Es innegable que los indígenas de Suchitlán y Cofradía levantaron sus
reivindicaciones agrarias, porque padecían una profunda crisis económica que ponía
en riesgo su existencia misma; también porque vivían aflicciones sociales derivadas
de la pérdida de control sobre su propio gobierno y vida interna, así como para
obtener reformas sociales que mejorasen su situación de vida y el restablecimiento
de los bienes perdidos o despojados. En las acciones legales que emprendieron se
articularon todos estos motivos, así como la situación coyuntural que se dio en la
modificación de factores políticos que se generaron por el convulso proceso
revolucionario, lo que dio pie a la emergencia de nuevos actores sociales que
irrumpieron en la vida nacional y estatal, como los indígenas y su lucha por las
tierras y el agua, hecho formó parte de esa nueva realidad social propiciada por el
nuevo momento histórico que inaugura la Revolución Mexicana.
Actuación que en el caso de Colima, al igual que como Simón Miller refiere
para el caso del Bajío “…era una sociedad (…) en la que la huella de la distinción y
393
autonomía indígena no eran tan marcadas”.779 Lo que provocó que las banderas
agrarias en tierras colimenses se levantaran por un conglomerado indígena y una
sociedad local que no contaba con grandes tradiciones de lucha colectiva, de ahí que
estuviera incentivada y condicionada, en mucho, por el escenario que configuró el
proceso revolucionario. Lo anterior es entendible si se comparte la idea de Eric Wolf
respecto a que los campesinos o los trabajadores rurales no pueden confrontarse
abiertamente con sus opositores en una situación de completa impotencia, que
necesitan de un control táctico sobre sus propios recursos, lo que constituye una
base segura para utilizar una palanca política funcional, que en este caso la
proporcionó la política constitucionalista en materia agraria. Sucede así el vaticinio de
Wolf: los campesinos o jornaleros sin tierra se deciden a luchar por sus demandas y
aspiraciones cuando pueden “…recurrir a algún poder externo para retar al poder
que los constriñe”.780 Claro que esto no quiere decir que para el caso de Suchitlán y
Cofradía se retome de principio a fin las ideas de este autor, cuando afirma que
“…los campesinos son a menudo meros espectadores pasivos de las luchas políticas
o suspiran por el advenimiento repentino de un salvador, sin especificar para ellos y
sus vecinos los múltiples peldaños de la escalera que conduce al cielo”,781
En pocas palabras, pese a los cambios que en el ámbito de la propiedad y la
composición poblacional se estuvieron generando en las comunidades indígenas
ubicadas en el municipio de Comala, desde los albores de los años porfiristas, si se
compara la reacción del conjunto del conglomerado indígena colimense, los
pobladores de Suchitlán fueron los que mayores resistencias pusieron ante la
avasalladora presencia de un agricultura comercial fincada en modernos ranchos y
haciendas que no se detenían en concentrar tierra, agua y mano de obra, para
ya que si
bien hicieron uso de las condicionantes externas que les puso sobre la mesa el
nuevo gobierno revolucionario, estas fungieron como un factor precipitante que les
posibilitó vertebrar demandas y liderazgos propios.
779 Simón Miller, Formación de clase y transición agraria en México. De la hacienda al rancho en el Bajío, 1840-1985, México, Universidad Iberoamericana, 1997, p. 197. 780 Eric R. Wolf, “Las Rebeliones Campesinas”, Campesinos, y sociedades campesinas, Teodor Shanin (Selección), México, FCE, (Colección Lecturas, Nº 29), 1979, p. 241. 781 Ibíd., p. 238
394
continuar con sus dinámicas productivas. Los indígenas de Suchitlán y Cofradía de
Suchitlán entablaron sus demandas apoyándose en las circunstancias nuevas que en
materia agraria auspició la Revolución, pero buena parte de sus fortalezas internas
estuvieron depositadas en un imaginario social, impregnado por preceptos de la vida
comunal, y recibieron el acicate de un pequeño núcleo de dirigentes autóctonos que
no abdicaron en su autonomía y se resistieron a convertirse perennemente en
jornaleros de las fincas azucareras y cafetaleras del área. Sistema productivo que iba
en contra de sus tradiciones familiares, al tiempo que les provocaba el rompimiento
de la costumbre, el quiebre y reducción del espacio de autonomía y la modificación
de su relación con la tierra.
No puede dejar de subrayarse algo incontrovertible: los años de guerra
enseñaron a los campesinos que una de las formas políticas para defender sus
demandas consistía en desarrollar acciones organizativas;782
782 José Rivera Castro “El movimiento campesino posrevolucionario: sugerencias metodológicas y estado de la cuestión”, Iztapalapa, México, UAM, Nº 26, julio-diciembre de 1992, p. 98.
es factible que la férrea
lucha de estas dos comunidades indígenas por la defensa y recuperación de sus
tierras y aguas no respondió solo a una coyuntura, ya que sus acciones también
debieron haber obedecido a experiencias adquiridas a lo largo de muchos años. Por
ejemplo, la búsqueda de que sus impuestos se aplicaran al interior de su comunidad,
la lucha por la autonomía de su poblado con respecto a Comala durante los últimos
años coloniales, los numerosos conflictos que demandaban la realización de repartos
de tierras ocurridos durante la segunda mitad del siglo XIX, el rechazo de
autoridades impuestas –mestizas sobre todo– desde fuera, la tendencia de rechazo a
la autoridad estatal y municipal ante las políticas fiscales, entre otras. Es decir, que
los pueblos de Suchitlán y Cofradía de Suchitlán vivieron un largo proceso, a lo largo
del cual adquirieron muchos elementos culturales e, incluso, políticos que les
aportaron elementos de defensa para enfrentarse a los grupos de poder en el campo
colimense; al tiempo que está identidad y tradición cultural se reforzó con los rasgos
étnicos y lingüísticos que compartían y que difería de poblaciones y grupos humanos
circundantes. Pese a todo esto, es obvio que utilizaron la coyuntura revolucionaria
395
para dimensionar sus aspiraciones, pero –es de remarcarse– su comportamiento no
estuvo circunscrito a dicho suceso.
Lo anterior, no invalida un rasgo predominante en la entidad colimense,
consistente en que la vida local de principios del siglo XX contó con la presencia de
importantes hacendados y rancheros contratantes de mano de obra, lo que permitió
cierto grado de equilibrio social interno, apoyado no sólo en la existencia de un buen
número de pequeñas explotaciones de tipo familiar o comunal, sino también por las
relaciones de control y asimilación social que se entretejieron en la localidad. Es decir
que el descontento –que de hecho existía– nunca llegó a expresarse nítidamente,
menos aún a generalizarse o arraigarse en el medio rural.
Esto conduce a considerar que el comportamiento y la reacción humana no
funcionan tan natural o automáticamente como resulta de mezclar dos sustancias en
un tubo de ensayo. De ahí entonces que, para entender la conflictiva agraria que se
vivió en las faldas del volcán de Colima, es preciso destacar que no bastaba la
presencia de una situación injusta capaz de producir una reacción en su contra; ni la
confluencia de condiciones que facilitaran la expresión de la protesta y la puesta en
marcha de una acción colectiva que posibilitara articular demandas de acuerdo con
intereses latentes de la situación conflictiva, pues los conflictos no siempre surgen
como simple respuesta a problemas existentes, ni que una situación opresiva e
injusta origine conflictos graves. Con este conjunto de limitantes se expresó la lucha
por la tierra y el agua de parte de las poblaciones agrícolas de Suchitlán y Cofradía
de Suchitlán.
En fin, a lo largo del recorrido por esta temática, se abordó la vida conflictiva
que vivieron los indígenas del norte colimense intentando presentarlos no como
grupos subordinados privados de conciencia y víctimas pasivas de la historia, ni
como grupos humanos homogéneos, sino que deben ser abordados desde su
condición de sujetos plurales y como agentes que conciente e intencionadamente
construyeron su pasado; y que, aunque haya mucho de razón en la afirmación
referida a que los grupos subalternos “…siempre están sujetos a los grupos que
396
gobiernan, incluso cuando se rebelan y sublevan…”,783 los indígenas de Suchitlán y
Cofradía de Suchitlán no solo fueron moldeados, sino que moldearon los procesos
sociales que marcaron su existencia. Se intentó abordar la lucha y la gestión
indígena no como un pasado subalterno a la visión historiográfica sobre el Colima de
esos años, donde estos sujetos históricos actuaron no en función de una causa
externa a la conciencia, sino que se integraron como “…una entidad cuya voluntad y
razón constituyó su praxis”.784
Si intentara resumir en unas cuantas palabras las motivaciones más genéricas
que llevaron a los indígenas de Suchitlán y Cofradía a levantar las banderas
agraristas, amparados en las nuevas disposiciones revolucionarias; coincidiría con
las cuatro características o variables que explicarían el comportamiento de los grupos
rurales para impulsar cambios sociales: sus condiciones materiales de existencia,
autonomía, seguridad y movilidad.
Así que su lucha y aspiración por la tierra no puede
explicarse, única ni fundamentalmente, como una iniciativa lanzada desde el Estado,
sino que sus acciones deben ser comprendidas desde su propia lógica, a partir de su
experiencia propia, es decir, considerarlos como agentes de su propio destino. Si
este propósito no se logró a cabalidad, al menos fue la intención que vertebró este
esfuerzo investigativo.
785
El primero se refiere a medir el grado de empeoramiento o mejoramiento de su
nivel de vida, el cual experimentó un lento proceso de decadencia a partir de su
despojo de tierras y aguas por las haciendas circundantes. La autonomía refleja la
capacidad o tendencia que posee el hombre del campo para producir en forma
independiente lo que necesita para subsistir, aspiración limitada frente al empuje de
las relaciones laborales y la dinámica productiva que generó la avasalladora
Elementos que definen su subsistencia y acción
social.
783 Esta afirmación está tomada de Guillermo Zermeño Padilla, “Condición de subalternidad, condición postmoderna y saber histórico. ¿Hacia una nueva forma de la escritura de la historia?”, en Historia y grafía, México, Universidad Iberoamericana, 1999, Nº 12, p. 25. 784 Para ahondar en esta visión sobre grupos subalternos véase, Dipesh Chakrabarty, “Historia de las minorías, pasados subalternos”, en Historia y grafía, México, Universidad Iberoamericana, 1999, Nº 12, p. 95 y ss. 785 Al respecto véase, John Tutino, De la insurrección a la revolución en México. Las bases sociales de la violencia agraria, 1750-1940, México, Era, 1990, pp. 35-38.
397
presencia de las haciendas en los últimos años, pero cuya posibilidad de actuación
autónoma reabrieron los cambios de tipo político. La seguridad se refiere a tener al
alcance de su mano la capacidad de lograr un nivel de vida aceptable para el
presente y vislumbrarlo en similares términos para tiempos venideros, elemento que
les proporcionaba la promesa de reparto agrario, contenido en la Ley del 6 de enero
de 1915, al igual que un gobierno que apoyaba dicha medida. La movilidad era la
facultad de elegir entre medios diversos de obtener y organizar su subsistencia, ya
fuera como labrador, jornalero, artesano, etc., es decir, la posibilidad de escoger tipo
de cosecha, área donde laborar y ritmos de trabajo; el poseer la tierra le generaba
esta variedad de oportunidades de empleo para la búsqueda de su bienestar en el
ámbito rural. La interacción de estos elementos ayuda a entender el comportamiento
de los indígenas del norte colimense y sus reclamos agrarios.
En fin, la tentativa fue darle seguimiento a una vieja preocupación de François
Chevalier en torno a “…apreciar la importancia real y el papel de esos grupos de
modestos cultivadores libres o semilibres, indios, (…) que subsistían por lo común, a
la manera de las antiguas gentes de los alodios, al margen de las haciendas
invasoras. Ruda tarea les aguarda a los historiadores que un día se pongan a
desenredar la madeja de los casos locales”.786
El juicio sobre la magnitud y alcances
de esta investigación sobre la temática propuesta y sujetos históricos la dejo a la
opinión de mis lectores.
786 François Chevalier, Formación…, 1976, p. 377.
398
FUENTES
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Archivo Fotográfico del Centro INAH Colima (AF-CINAHC)
Archivo General de la Nación: Fondo Indios, Fondo Bienes Nacionalizados, Fondo
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Archivo Histórico del Agua (AHA)
Archivo Histórico de la Casa Morelos (AHCM)
Archivo Histórico del Estado de Colima (AHEC)
Archivo Histórico de Jalisco, Ramo Tierras (AHJ)
Archivo Histórico Municipal de Morelia. Ramos Gobierno y Justicia (AHMM)
Archivo Histórico del Municipio de Colima (AHMC)
Archivo Municipal de Ciudad Guzmán (AMCG)
Archivo del Poder Legislativo del Estado de Colima (APLEC)
Archivo del Poder Judicial del Estado de Colima (APJEC)
Archivo del Registro Agrario Nacional. Delegación Colima (ARAN)
Archivo del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Colima (ARPPC)
Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología del INAH (ATCNA-
INAH)
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Porfirio Díaz (ABFXC)
Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(BMLT)
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