revista urb-al iii. 1

Revista de la Oficina de Coordinación y Orientación urb-al IIINúmero 1 · Segundo semestre 2010

www.urb-al3.eu

Reflexión. Desarrollo sostenible y cohesión social, dos caras de la misma monedaSanta Fe. Planificación participativa como motor de la transformación URBsociAL. Cinco grandes temas para una gran cita, Sitges 2010Montevideo. La intendenta Ana Olivera rompe moldes y apuesta por la descentralización

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La puesta en marcha de la revista semestral del Programa URB-AL III supone una excelente noticia para la Diputación de Barcelona, la admi-nistración supralocal que coopera con los 311 municipios de la provincia de Barcelona. Tene-mos un compromiso firme con este programa de cooperación descentralizada de la Comisión Euro-pea, que lideramos junto a nuestros cinco socios: la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, FIIAPP, de España; la Provincia de Santa Fe, de Argen-tina; la Alcaldía Mayor de Bogotá, de Colombia; la Municipalidad de San José, de Costa Rica; y la Región de Toscana, de Italia.

Próximos a cumplirse tres lustros del lanzamien-to de la primera fase del Programa URB-AL, su permanente actividad y su continuidad suponen la constatación del acierto de su planteamiento y su necesidad. A lo largo de estos quince años se ha establecido una sólida cooperación entre administraciones regionales de América Latina y de la Unión Europea, que han trabajado desde la perspectiva de socios para potenciar y consoli-dar el papel de las ciudades, las regiones y otras colectividades locales como factor de desarrollo y de estabilidad política e institucional.

Al promover la difusión de buenas prácticas en el ámbito local y regional, se ha avanzado conside-rablemente en la estructuración de un entramado duradero y democrático de gobiernos de proximi-dad, que han demostrado y siguen demostrando su eficacia y su efectividad en la atención a las personas y en la prestación de servicios públicos básicos para los pueblos y las ciudades.

La revista surge mediada la andadura del Progra-ma URB-AL III, iniciada el año 2008 y que debe finalizar en 2012. Es el momento oportuno para informar y valorar sobre el avance de los proyec-

tos promovidos en esta tercera fase, que tienen el objetivo general de propiciar un aumento de la cohesión social y territorial en las colectividades locales y regionales de América Latina, a la vez que pretenden suscitar procesos y políticas de cohesión social que puedan convertirse en mode-los de referencia.

El trabajo de URB-AL no parte, es evidente, de la nada, sino que supone un nuevo desarrollo, otro significativo paso adelante en una política concertada en Europa y en América Latina para apoyar la cooperación descentralizada. Quienes trabajamos e impulsamos este programa ofrece-mos así un espacio público de diálogo, análisis y debate en torno a los objetivos, los plantea-mientos y los resultados de esta tercera fase de URB-AL. Al mismo tiempo, me complace reiterar el apoyo firme y convencido de la Diputación de Barcelona, caracterizado por una larga experien-cia de cooperación con nuestros socios de Amé-rica Latina, en un proceso tan relevante para la consolidación de los gobiernos locales y regiona-les en un territorio que, cada vez más, avanza por la senda del progreso, la estabilidad institucional, la democracia y el respeto a los derechos de todas las personas.

PresentaciónAntoni Fogué

Antoni Fogué es Presidente de la Diputación de Barcelona

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Editorial

Editorial 5 Acción y reflexión

Opinión 6 Una nota sobre desarrollo sostenible y cohesión social

Actualidad 12 Santa Fe avanza con paso firme hacia la descentralización

16 La participación ciudadana en un modelo de cambio

20 «Rompemos con el aislamiento histórico de los productores«

22 En Santiago de Surco, la basura sirve

24 De suburbio a centro de ciudad

28 Igualdad de género, una asignatura pendiente

URBsociAL34 El gran reto de la competitividad de los territorios. Víctor Godínez

38 Construcción de ciudadanía y cohesión social. Presente y futuro. Juan Enrique Vega

42 A la altura del cambio climático. Ligia Castro de Doens

44 Nuevas estratégias locales ante las migraciones internacionales. Mariel Araya

48 Pobreza, desigualdad y cohesión social local. Xavier Godàs

Encuentros URB-AL III 52 Punto de partida

Entrevista 54 Entrevista a Ana Olivera, Intendenta de Montevideoi

Coordinación: Agustí Fernández de Losada i PassolsDirección: Josep Maria ProchazkaRedacción: Oficina de Coordinación y Orientación URB-AL III

Colaboradores: Víctor Godínez, Antonio Bonfatti, Martha Palma, Oscar Pérez, Roberto Vallejo, Andreu Font, Bruno Carapella, Juan Enrique Vega, Ligia Herrera, Mariel Araya, Xavier Godàs y Javier Alfonso

Consejo Editorial: Agustí Fernández de Losada, Josep Maria Prochazka, Lucía Sala, María del Huerto Romero, Maria Dina Tozzi, Marco Vinicio Corrales, Mariana Villamizar y Verónica Sanz

Edita: Programa URB-AL IIICòrsega, 273-279 08008 BarcelonaTel. +34 934 049 470Fax +34 934 022 473E-mail [email protected]

Edición: Dirección de Comunicación de la Diputación de BarcelonaDiseño: Estudi Josep BagàImprime: DL:

Todos los derechos reservadosLa publicación no puede ser reproducida ni total ni parcialmente, ni registrada en un sistema de recuperación de información, sin el permiso previo por escrito del editor.

© de los textos: los autoresde la edición: programa URB-AL III

Fotografia cubierta: © digitalvision

Num. 1 Segundo semestre de 2010 Este documento ha sido elaborado en el marco de una subvención de la Unión Europea. El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva de la Oficina de Coordinación y Orientación del Programa URB-AL III y en modo alguno debe considerar que refleja la posición de la Unión Europea.

Sumario

Me complace presentarles el primer número de la Revista URB-AL III. Esta publicación de la Oficina de Coordinación y Orientación aspira a conver-tirse en una nueva herramienta para impulsar la buena marcha del programa y el cumplimiento de sus objetivos. Se trata de un instrumento ópti-mo para plasmar, negro sobre blanco, nuestros pequeños y grandes pasos, pero también para reflexionar sobre los obstáculos y retos que sur-gen durante el trayecto.

En primer lugar, la revista ofrece un espacio abierto de reflexión sobre la cohesión social y las políticas públicas locales en América Latina, asuntos prioritarios para el Programa URB-AL III. Asimismo, dota de visibilidad a los proyectos desarrollados en el seno de la comunidad URB-AL III con un triple objetivo: la difusión, el intercam-bio y la posibilidad de replicabilidad de buenas prácticas.

Este primer número es una excelente ocasión para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la agenda de la cohesión.

A partir de la Cumbre de Rio de Janeiro (1999) la cohesión social se ha convertido en el eje central de las relaciones y el diálogo político institu-cionalizado entre la Unión Europea y América Latina. En las declaraciones de las Cumbres de la UE – América Latina y el Caribe (Guadalajara 2004, Viena 2006, Lima 2008) los Jefes de Estado y de Gobierno han reconocido que la cohesión social constituye un asunto prioritario que debe ser abordado por los gobiernos de ambas regiones de tal forma que puedan superarse los problemas derivados de la pobreza, la desigualdad social y la exclusión, que ponen en peligro la sostenibi-lidad del crecimiento económico y la calidad de la democracia. Coherente con dichos acuerdos, la cohesión social se ha convertido en el primer ámbito de trabajo en la Programación de la UE 2007-2013 para América Latina.

En los países latinoamericanos, en los últimos años, la cohesión social también se ha convertido en un objetivo explícito de política. Bajo su para-guas han ingresado en la agenda pública algunos propósitos y demandas socialmente relevantes que previamente ocupaban un lugar de baja pre-lación o estaban excluidos.

La agenda pública emergente no es rupturista, pero es ambiciosa. Reconoce la necesidad de un nuevo modelo que fomente los valores de parti-cipación, pertenencia, inclusión, reconocimiento, igualdad y legitimidad. Al mismo tiempo, deja claro que el objetivo de la cohesión social requie-re re-orientar la acción pública hacia esquemas de gobernanza colaborativa centrados en la gene-ración de complicidades sociales voluntarias así como en la definición y consecución conjunta de objetivos comunes. Se trata, en suma, de ‘hacer mejor’ y de reestablecer políticamente el prestigio del Estado adoptando acciones coherentes y coor-dinadas en varios ámbitos de la agenda pública.

La idea de cohesión social es, por tanto, una de las piedras angulares sobre la que debe edificarse y desplegarse esta nueva agenda que, entre otros objetivos, busca reconstituir una visión respetable (y necesaria) de lo público desde lo territorial. Una nueva agenda que deberá constituirse, al menos, en torno a dos ejes: reincorporando la acción pública en el centro de la vida colectiva como un medio para velar por el aumento de las posibilidades de todos los individuos para progresar en un mundo fuertemente competitivo; compatibilizando dichos objetivos con formas plenamente democráticas de gobernabilidad.

En este contexto, esperamos que nuestra nueva revista constituya una ventana que nos sirva para observar, reflexionar e impulsar el desarrollo de la cohesión social en América Latina y confiamos en que la reciban con la misma ilusión con la que ha sido concebida.

Acción y reflexiónAgustí Fernández de Losada i Passols

Agustí Fernández de Losada es Coordinador General de la OCO y Director de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona

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Opinión

Una nota sobre desarrollo sostenible y cohesión socialVictor Godínez

Una comunidad socialmente cohesionada supone una situación global en la que los ciudadanos comparten un sentido de pertenencia e inclusión, participan activamente en los asuntos públicos, reconocen y toleran las diferencias y gozan de una equidad relativa en el acceso a los bienes y servicios públicos y en la distribución del ingreso y la riqueza.

El desarrollo sostenible es concebido en este texto en el sentido básico que sentó en 1987 el Informe Brundtland: un proceso que pretende establecer un equilibrio entre los seres humanos y entre el hombre y la naturaleza, satisfaciendo las necesi-dades del presente sin comprometer las necesida-des de las generaciones futuras. Esta concepción general rebasa el enfoque meramente medioam-biental al que con mucha frecuencia se asimila y reduce el concepto de sostenibilidad. Amplía y abre sus perspectivas a otras dimensiones del desarrollo —las relaciones sociales y económicas, políticas y culturales, institucionales y territoria-les—, integrándolas conceptual y analíticamente en la noción de desarrollo socialmente sostenible.

Esta noción considera las interrelaciones comple-jas entre las esferas económica, ecológica, social y política y sus efectos en las condiciones y capaci-dades, tanto materiales como simbólicas, a partir de las cuales los individuos y los diversos grupos sociales hacen frente a las dinámicas de exclusión y vulnerabilidad que generan las sociedades de mercado.

En este tipo de sociedades el desarrollo es un pro-ceso de manifestaciones y resultados desiguales. Se distingue por la disparidad y la diferencia entre naciones, regiones, sectores de actividad y agentes económicos y sociales. Hay una dinámica de la diferenciación que no sólo es persistente, sino que marca de variadas maneras el desempeño econó-mico y social considerado a escala global, nacional o sectorial. La investigación teórica y empírica, así como la propia experiencia histórica, muestran que la desigualdad es inherente al proceso de desarro-llo, en especial en las sociedades de mercado. No se trata de una condición provisional o transitoria del sistema económico y social, sino de un estado que éste tiende a reproducir de manera permanente a la vuelta de cada uno de sus ciclos.

En la perspectiva del desarrollo socialmente sostenible, la cuestión de la desigualdad remite a un contexto de diferenciación de las capacida-des efectivas de los individuos para enfrentar las diversas dinámicas de exclusión y vulnerabili-dad, entre las cuales se encuentran las de orden medioambiental. También remite, desde luego, a la cuestión de los dispositivos institucionales y las políticas públicas que las sociedades ponen en pie para atenuar las disparidades y nivelar de diversas maneras y en diversos grados «el campo de juego» en el que participan los distintos agentes, sectores y territorios. Sin estas acciones —que para ser sus-tentables deben nacer de acuerdos políticamente sólidos— la cohesión social es inalcanzable y el desarrollo corre el riesgo de tornarse socialmente insostenible.

Las desigualdades medioambientales remiten a un amplio espectro de circunstancias particulares que, a pesar de sus especificidades, designan en todos los casos circunstancias de inequidad social ante el medio ambiente. Como lo muestran Char-les et al. (2007), dichas circunstancias incluyen dinámicas de discriminación entre individuos y grupos que se relacionan con diferencias de calidad de vida y bienestar que a su vez dan lugar a grados también diferenciados de exposición al riesgo, a capacidades desiguales de prevención y protección, de acceso a la información y de movi-lización política para obtener de las autoridades mejoras significativas de su entorno.

Todo ello ha configurado un contexto propicio para el despliegue de preocupaciones crecientes —por ahora mucho más centradas en la reflexión y el análisis que en la formulación de políticas públicas— acerca de la «justicia medioambiental».

Este término1 cobra sentido a partir de la consta-tación de que los individuos no son iguales ante

Opinión

En las sociedades de mercado el desa-rrollo es un proceso de manifestaciones y resultados desiguales

Víctor Godínez es Coordinador de la plataforma de Expertos de la OCO

Sin las políticas públicas adecuadas la cohesión social es inalcanzable y el desarro-llo corre el riesgo de tornarse socialmente insostenible

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OpiniónOpinión

la degradación del medio ambiente. La correspon-dencia innegable entre las desigualdades sociales y las medioambientales liga la falta de acceso a los recursos naturales y a la seguridad ecológica con la falta de acceso a los factores de cohesión social (inserción laboral, educación, salud, ciudadanía, sentido de pertenencia). Puede sostenerse que en las sociedades del siglo XXI hay una disputa distri-butiva de carácter medioambiental que se desplie-ga en torno a la distribución más o menos justa de los inconvenientes y las ventajas que derivan los individuos y los grupos sociales de los problemas relacionados con la sostenibilidad y el deterioro del sistema y los recursos naturales.

Algunos expertos sostienen que las cuestiones medioambientales se han convertido en un tema típico del ámbito de la justicia (tanto en senti-do jurídico como social) debido a sus múltiples repercusiones posibles sobre la calidad de vida de individuos, grupos y comunidades (Wenz, 1988). Hay un consenso creciente —compartido de manera explícita o implícita por los diversos agentes sociales involucrados en cada país y a escala internacional— acerca de que práctica-mente toda dimensión relevante del desarrollo socialmente sostenible exige, para su observancia o consecución, de un marco normativo que inclu-ye, desde luego, los correspondientes dispositivos institucionales y administrativos que son necesa-rios para su efectiva aplicación.

Las desigualdades medioambientales tienen relación directa con las diferencias de acceso a las instituciones y servicios básicos de los indivi-duos y diversos grupos de población expuestos o sometidos a factores y procesos de exclusión. Hay un cúmulo suficiente de evidencia empírica que avala la afirmación según la cual los grupos sociales más desfavorecidos son los que cuentan con menos posibilidades reales de escapar en su

vida cotidiana de los múltiples efectos nocivos derivados de situaciones de degradación ecoló-gica. Por regla general —y en circunstancias y formas que varían según el contexto socioeconó-mico y político— su menor capacidad relativa de reacción y defensa contra tales situaciones, que casi siempre se traducen en un deterioro adicio-nal de sus condiciones de vida, está dada por su condición de excluidos y por las restricciones materiales y simbólicas que ello implica en la sociedades de inicios del siglo XXI.

La exclusión social tiene que ver tanto con caren-cias económico-materiales como con carencias simbólicas que pueden describirse sintéticamente como una participación parcial y hasta nula de los individuos en las instituciones sociales bási-cas. Es un concepto más amplio que el de pobreza. Indica un debilitamiento de los vínculos sociales y una fragmentación de la sociedad en cuyo marco la condición de excluido conlleva una pesada carga de no reconocimiento y aisla-miento de los grupos e individuos que la padecen. La exclusión social no es el resultado fallido de diversas estrategias individuales, sino de un pro-ceso estructural que genera esta condición para diversos contingentes de la población. En este sentido, los excluidos son la última fase de dicho proceso, por lo que es importante no sólo fijar la atención en ellos sino en los mecanismos subya-centes que producen tales resultados.

El enfoque de la cohesión social ofrece una posibilidad fructífera de analizar esos mecanis-mos para fines de política pública. Dicho enfo-que se sitúa en una esfera alternativa a la de los programas diseñados de manera especial para los «excluidos» (que incluyen programas focalizados de mitigación de las desigualdades ecológicas), y es por consiguiente un poderoso dispositivo conceptual a favor de los programas universales,

que por definición descartan la estigmatización social. De ser cierto que —como se ha propuesto en los párrafos precedentes— existe una fuerte correlación entre las situaciones de desigualdad medioambiental y las de desigualdad social, el enfoque de la cohesión social ofrece entonces un marco conceptual y operativo muy congruente con los principios básicos del desarrollo soste-nible tal como fueron enunciados dos décadas atrás en el Informe Brundtland. Principios que, debemos reconocer, la sociedad mundial aún está muy lejos de alcanzar. En algunas regiones, como quizá lo ilustra muy bien el caso latinoamericano, incluso se perciben signos muy preocupantes de distanciamiento de dichos principios.

De la cohesión social al ámbito territorialEn los últimos dos o tres lustros del siglo XX prácticamente todos los países asumieron como una prioridad el objetivo prioritario de restablecer sus fundamentos económicos. En este esfuerzo, los criterios macroeconómicos y financieros asu-mieron una preponderancia sin precedentes en el campo de las políticas públicas. En algunos casos la primacía de estos criterios llegó a ser casi abso-luta. La estabilización y la reforma económicas produjeron fuertes disputas distributivas, y para numerosos sectores sociales los costos fueron altos. Como consecuencia, al patrón tradicional de disparidades de cada sociedad se superpuso, en el ocaso del siglo precedente, una nueva división

La correspondencia entre desigualdades sociales y medio-ambientales liga la falta de acceso a los recursos naturales y a la seguridad eco-lógica con la falta de acceso a los factores de cohesión social

La cohesión social indica un debilitamiento de los vínculos sociales y una frag-mentación de la sociedad

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OpinionOpinion

Referencias

Adamson J., Evans M. M. y Stein R. [Ed.] (2002), The Environmental Justice Reader. Politics, poetics and Pedagogy. The University of Arizona Press, Tucson.

Charles L., Emelianoff C., Ghorra-Gobin C, Rous-sel I., Roussel F. X. y Scarwell H., 2007, «Les multiples facettes des inégalités écologiques», Développement durable et territoire, Dossier 9: Inégalités écologiques, inégalités sociales. URL: http://developpe-mentdurable.revues.org/document3892.html. Con-sultado el 17 septiembre de 2008.

Godínez, Víctor (2007), Cohesión social y cooperación descentra-lizada. La experiencia europeo-latinoamericana, Observatorio de la Coope-ración Descentralizada, Diputación de Barcelona, Estudios de Investigación, n.° 2, Barcelona.

Wenz P. (1988), Environ-mental Justice, Albany, State University of New York Press.

entre «ganadores» y «perdedores» del cambio estructural y la globalización. No es casual que en lo que lleva andado el siglo XXI el objetivo prioritario haya empezado a girar cada vez con mayor fuerza hacia la necesidad de restablecer los fundamentos sociales de los países.

El paso de la primacía de lo económico a la creciente preocupación por «lo social» entraña preguntas de enorme relevancia: ¿puede haber procesos sostenidos de desarrollo sin que la sociedad atienda y se haga cargo activamente de las desigualdades?, ¿cómo reducir las brechas cre-cientes entre ricos y pobres que se manifiestan en el mundo a diversas escalas territoriales, es decir, a escala internacional, nacional, regional y local?

Estas interrogantes se acompañan además de un conocimiento cada vez más afinado acerca de la naturaleza compleja de las brechas de desigual-dad, ya que éstas no sólo se refieren a diferencias de ingresos y de activos materiales, sino también a la calidad y acceso diferenciados de los indivi-duos y grupos sociales al empleo, la educación, la salud y otros servicios públicos básicos, los recur-so naturales o la seguridad frente a los efectos nocivos de la degradación ambiental, así como a disparidades estructurales en el ejercicio de los derechos humanos y la ciudadanía, en el acceso efectivo al poder político y a la representación.

A la luz de estas constataciones —cuyo contor-no más general se ha resumido de manera por demás apretada— la noción de cohesión social se ha convertido progresivamente en un referente indispensable tanto en la reflexión acerca de los grandes problemas de nuestro tiempo (y el rela-cionado con los efectos del cambio climático es sin lugar a dudas uno de ellos), como en el diseño y ejecución de las políticas públicas.En el mundo de la investigación especializada y

en los círculos técnicos vinculados con la for-mulación de las políticas públicas hay toda una miríada de definiciones, niveles de análisis y enfoques del concepto de cohesión social. Fuera de este ámbito hay cierto consenso acerca de su significado práctico, concibiéndolo como un con-cepto relacionado con la necesidad colectiva de prevenir y combatir las diversas formas sociales de discriminación, desigualdad, marginación y exclusión. En esta nota interesa resaltar el valor analítico y la funcionalidad operativa del con-cepto de cohesión social en este último sentido, que es el que corresponde con su utilización para fines de política pública.

Una comunidad socialmente cohesionada —cual-quiera que sea la escala de su territorio: local, regional, nacional— supone una situación global en la que los ciudadanos comparten un sentido de pertenencia e inclusión, participan activamente en los asuntos públicos, reconocen y toleran las diferencias, y gozan de una equidad relativa en el acceso a los bienes y servicios públicos y en cuanto a la distribución del ingreso y la riqueza. Todo ello, en un ambiente donde las instituciones generan confianza y legitimidad y la ciudadanía se ejerce a plenitud2.

La clave de este enfoque operativo está en la interrelación que en cada circunstancia particular se establece entre los factores constitutivos de la cohesión social. En la realidad, dichos factores forman una totalidad en tensión y la tarea de la política pública es impedir su degradación uni-lateral o de conjunto. En democracia, la acción de las instituciones adquiere una gran relevancia en este punto: son ellas las que proporcionan el espacio y definen las reglas del juego que permi-ten a los integrantes de la comunidad, en cada circunstancia específica, crear condiciones de cohesión social.

Cabe subrayar que la situación de conjunto a la que se hace referencia con el término «cohesión social», lo mismo que su campo de aplicación práctica, son cualitativamente distintas a las supuestas en los enfoques convencionales de «combate a la pobreza». En consecuencia, uno de los aspectos más relevantes del nexo entre cohe-sión social y política pública es cómo el concepto es desplegado para crear un marco de referencia operativo en la discusión sobre las necesidades del conjunto de la sociedad, y no sólo de uno de sus segmentos constitutivos.

La exclusión social tiene mucho más que ver con estar dentro o fuera del proceso de desarrollo, es una ruptura de los vínculos sociales básicos; no se refiere sólo a los que la padecen directa-mente, sino al conjunto de la sociedad: a los que excluyen y a los excluidos. Combatir la exclusión supone por lo tanto un enfoque integral, como el propuesto en la noción de cohesión social, que apela al compromiso y la participación de todos los ciudadanos. La cohesión social es un requisito indispensable para el establecimiento del equilibrio entre los seres humanos y entre el hombre y la naturaleza que persigue el desarro-llo sostenible. Sin ella será muy difícil satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras.

Cuando las políticas públicas son insuficientes para combatir en su raíz los procesos de exclu-sión social, no sólo se profundizan fenómenos extremos e indeseables de falta de equidad, sino algo más grave, que mina la posibilidad del desarrollo socialmente sostenible: se produce una transmisión intergeneracional de la exclusión.

La noción de cohesión social se ha convertido progresivamente en un referente indispensable tanto en la reflexión acerca de los gran-des problemas de nuestro tiempo como en el diseño y ejecución de las políticas públicas

La exclusión social tiene mucho más que ver con estar dentro o fuera del proceso de desarrollo; es una ruptura de los vínculos sociales básicos

1. La expresión “justicia medioambiental” (envi-ronmental justice) fue acuñada en Estados Uni-dos en los años ochenta y en su origen se identificó con diversos movimientos sociales de base local que reivindicaban la toma en consideración de las des-igualdades sociales en las decisiones relacionadas con el ordenamiento del territorio y la implanta-ción de equipamientos e infraestructura públicas y privadas contaminantes. Ulteriormente la expresión ha sido retomada en el medio académico. Véase Adamson, Evans y Stein, 2002.

2. En este enunciado se reconocerán fácilmente los factores y supuestos princi-pales de la cohesión social: i) pertenencia: que supone el predominio compartidos de valores fundamentales y el sentido de formar parte de una misma comunidad; ii) inclusión: que supone una capacidad generaliza-da de inserción económica y de acceso homogéneo a los servicios fundamenta-les y a la infraestructura básica; iii) participación: que supone una amplia implicación de los ciudada-nos en la vida pública; iv) reconocimiento: que supone pluralidad y respeto a las diferencias; v) legitimidad: que supone la existencia de instituciones públicas y privadas con capacidad, reconocida y aceptada, de gestión y mediación de conflictos; y vi) equidad: que supone un compromiso sistémico y efectivo a favor de la justicia distributiva en el ámbito de la riqueza, el ingreso y el poder. Véase Godínez 2007.

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ActualidadActualidad

La provincia de Santa Fe es uno de los principales estados sub-nacionales de Argentina. Situada en el área territorial más dinámica del país, centro del desarrollo agroindustrial, se extiende casi 1.000 kilómetros de norte a sur, abarcando una superficie de 132.638 km2. Sus más de 3 millones de habitantes (el 8,15% del total de población nacional) viven en 362 municipios y comunas, destacándose dos núcleos urbanos principales: Santa Fe, capital de la provincia, con alrededor de 500.000 habitantes, y Rosario, cuya área metro-politana asciende a 1.500.000 habitantes.

Desde diciembre de 2007, cuando asumió el gobierno de la provincia de Santa Fe el Dr. Her-mes Binner, hemos puesto en marcha un proyecto integral de transformación de la provincia cuyos ejes son la regionalización, la descentralización y la planificación estratégica participativa. Con ese objetivo se han organizado cinco regiones, tenien-do en cuenta aspectos sociales, históricos, econó-mico-productivos y físico–ambientales: Región 1 (Nodo Reconquista), Región 2 (Nodo Rafaela), Región 3 (Nodo Santa Fe), Región 4 (Nodo Rosa-rio) y Región 5 (Nodo Venado Tuerto). Los nodos son las ciudades más importantes en tamaño, infraestructura y nivel de servicios de cada región. Así como las regiones identificadas tratan de reflejar cuáles son los caminos que la gente reco-rre, los nodos configuran los puntos de encuentro e intercambio de capacidades y recursos.

Uno de los objetivos estratégicos de nues-tro gobierno es fortalecer la cohesión social y territorial. En ese marco Santa Fe se inserta en el Programa URB-AL III a través del proyecto “Innovación institucional en gobiernos interme-dios: la regionalización como un instrumento cla-ve para promover democracias de proximidad”, coordinado por nuestra provincia en asociación con la Diputación de Barcelona; el Consejo de

Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador; la Región de Arequipa (Perú); y la Fundación Nacional para el Desarrollo (El Salvador).

Las innovaciones institucionales que hemos realizado con el valioso aporte de la UE y nues-tros socios sin duda constituyen una experiencia de construcción de mecanismos de democracia participativa que pueden ser replicados y perfec-cionados en otros territorios, en la búsqueda de una política pública más cercana a los derechos de los ciudadanos.

Los pilares de la planificación estratégica de la provincia de Santa Fe son las Asambleas Ciu-dadanas, ámbitos propicios para el desarrollo y fortalecimiento de esta nueva relación entre ciudadanía y Estado. La convocatoria es amplia y se organiza por regiones. De las 40 Asambleas celebradas hasta hoy han participado miles de ciudadanos y ciudadanas de todos los rincones de la provincia, junto a las autoridades provinciales y locales, y a representantes de organizaciones sociales, empresariales, académicas y productivas. La cantidad y la calidad de participantes muestran el compromiso asumido por la ciudadanía cuando se abren espacios para el debate y la participación. Las Asambleas permitieron soñar nuestra provin-cia a 20 años, actualizar el diagnóstico territorial y definir los proyectos estratégicos. Se identifica-ron 234 proyectos que se ordenan en tres líneas estratégicas: Territorio Integrado, Calidad Social y Economía del Desarrollo.

Cumplida la etapa de definición de proyectos, se comenzó a trabajar en la gestión del Plan Estra-tégico Provincial. Para avanzar hacia la progra-mación de acciones hemos creado cinco Consejos Regionales de Planificación Estratégica. Estos son mecanismos de articulación público-privada, de mediación de intereses y de generación de con-

Santa Fe avanza con paso firme hacia la descentralizaciónAntonio Bonfatti

Desde diciembre de 2007 el gobierno de la provincia de Santa Fe ha puesto en marcha un proyecto integral de transformación cuyos principales motores son la regionalización, la descentralización y la planificación estratégica participativa

Antonio Bonfatti es Ministro de Gobierno y Reforma del Estado, provincia de Santa Fe

El Gobierno de Santa Fe, con el apoyo de la Unión Europea, ha realizado importantes innovaciones institucionales.

ARCHIVO GOBIERNO DE SANTA FE

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Junto a los espacios de participación con la socie-dad civil, es preciso generar el diálogo y el encuen-tro al interior del propio gobierno provincial. Por esa razón hemos celebrado 13 Jornadas Inter-ministeriales que aglutinan a 300 personas con responsabilidades políticas de los diferentes minis-terios. Este es un ámbito de trabajo innovador para profundizar el proceso de planificación estratégica, fortalecer la visibilidad de las acciones realizadas, reforzar la comunicación interna y mantenernos en un proceso de aprendizaje continuo.

La regionalización, la descentralización y la planificación estratégica participativa son instru-mentos de gran potencialidad como ordenadores del territorio, a la vez que permiten que las accio-nes de gobierno dejen de funcionar por reacción a las demandas y se propongan garantizar los derechos de los ciudadanos.

La consecuencia más palpable de las innova-ciones institucionales reseñadas es la de contar con nuevos instrumentos que ayudan a concre-tar los proyectos estratégicos y a comprender el territorio provincial desde sus particularidades y potencialidades. Es a partir del reconocimiento de nuestras capacidades que las políticas públicas se enriquecen con una pluralidad de recursos y culturas. Así, cuando hoy vemos a las institucio-nes del norte provincial concretando su proyecto de riego para la producción sucroalcoholera; o al sistema de salud pública desarrollando sus niveles de complejidad, con 80 nuevos centros de salud y 8 nuevos hospitales en marcha; cuando consta-tamos el avance del sistema de acueductos tantos años postergados; o la incorporación activa de los jóvenes en la construcción de las políticas públicas, comprendemos la importancia de haber fijado colectivamente el rumbo hacia la cohesión social y territorial.

Creemos, sin embargo, que los mayores logros son intangibles. Estamos promoviendo una profunda transformación de la cultura política e institucio-nal cuya única garantía de sustentabilidad es la participación y el compromiso de la ciudadanía.


sensos, integrados por las organizaciones públi-cas y privadas más representativas. Los Consejos se reúnen mensualmente y deben priorizar los proyectos estratégicos a fin de contar con una agenda de trabajo que permita impulsar accio-nes y monitorear su desarrollo. Son asimismo, al igual que las Asambleas, espacios inéditos de ren-dición de cuentas y circulación de información.Un elemento clave para consolidar la regiona-lización ha sido la formalización de los equipos de trabajo regionales. Hoy, las Coordinaciones Regionales están en funcionamiento en los Centros Cívicos de cada Nodo, promoviendo el avance de los proyectos regionales, articulando los recursos gubernamentales y construyendo una red de relaciones entre los actores locales. Los Centros Cívicos constituyen lugares de encuen-tro y cercanía del Estado Provincial. En ellos los

distintos niveles del Estado, el sector privado y la sociedad civil encuentran el espacio apropiado para un trabajo en red.Hemos concretado además el Primer Congreso de Ciudades de la provincia de Santa Fe “Santa Fe Red de ciudades”, con la presencia de destacados especialistas internacionales, durante los últi-mos días de julio. Sus protagonistas principales fueron las autoridades locales, quienes tuvieron dos jornadas de reflexión, discusión y aprendizaje. Estamos celebrando la segunda ronda de Foros de Pueblos Originarios, que nos permite abrir un espacio dinámico y plural para pensar y discutir la interculturalidad y la integración. Por su parte, finalizamos la segunda ronda de los Foros de Jóvenes, que lograron desmitificar la idea de que los jóvenes “son el futuro”, cuando en realidad se trata de hacerlos protagonistas del presente.

Los pilares de la planificación estratégica de la provincia de Santa Fe son las Asambleas Ciudadanas

La regionalización, descentralización y planificación es- tratégica participa-tiva son instrumen-tos de gran poten-cialidad como orde-nadores del territorio

Santa Fe promueve una rotunda trans- formación de la cultura política e institucional cuya única garantía de sustentabilidad es la participación y compromiso de la ciudadanía

Centro de Salud Barrio Plata (Rosario), uno de los 80 nuevos centros de salud de Santa Fe.


Las Asambleas Ciudadanas, en las que participan miles de ciudadanos de todos los rincones de la provincia, son uno de los principales pilares de la planificación estratégica.


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La participación ciudadana en un modelo de cambioCarla Rivera

La administración de Santa Tecla (El Salvador) desarrolla desde hace casi un década un exitoso modelo de gestión municipal basado en la participación ciudadana y la concertación y que tiene como eje vertebral el cambio constante para adaptarse a las nuevas necesidades

Carla Rivera es Coordinadora Internacional del Programa URB-AL III

La administración de Santa Tecla (El Salvador) desarrolla desde hace casi un década un exitoso modelo de gestión municipal participativa que tiene como eje vertebral el cambio constante para adaptarse a las nuevas necesidades

Las autoridades de Santa Tecla, municipio sal-vadoreño con cerca de 165.000 habitantes, han apostado por un modelo de gestión basado en el nuevo paradigma del desarrollo local. Coherente con este modelo se ha introducido, sin apren-siones, una nueva forma de interacción con la sociedad local sustentada en la aplicación de los principios (distintos pero complementarios) de participación y concertación local.

En el caso de Santa Tecla, el proceso de participa-ción comenzó en el año 2001 con la elaboración del Plan Estratégico Participativo (PEP). Este plan, entre otras cosas, impulsó el fortalecimiento de la información que recibe la ciudadanía sobre lo que hace la municipalidad; el desarrollo de actividades culturales, deportivas y proyectos que estimulan la formación de distintos tipos de organización de base; y la creación de un sistema organizado de participación de vecinos y sectores que cuenta con su propio marco legal. Pero lo más importante es que se ha creado una cultura de deliberación y concertación que, después de nueve años, es difícilmente reversible. Además, se ha adoptado un trabajo basado en el cambio

En el marco del proyecto Gente Diversa, Gente Equivalente se han inaugurado varios centros comunitarios para fomentar la participación ciudadana.

ARCHIVO MUNICIPALIDAD DE SANTA TECLA

constante en aras de mejorar resultados. No en vano, su eslogan es «Modelo de Cambio».

Las encuestas municipales al respecto hablan por si solas: el 95% de la población considera que el grado de participación ciudadana alcanzado es bueno; el 61% cree que recibe suficiente informa-ción de la alcaldía y el 24% reconoce el trabajo que desempeña el concejo ciudadano de desarro-llo local.

Otra característica destacable de la gestión muni-cipal de Santa Tecla ha sido concebir y combinar proyectos grandes y pequeños, no sólo como respuestas de la municipalidad a necesidades de

la sociedad local, sino también como eventos impulsores de movilización y consciencia social. Bajo esta óptica, vale decir que el proyecto mismo es tan importante como la modalidad en la que se ejecuta.

Para alcanzar estos objetivos, la administra-ción local introdujo cambios significativos en el aparato municipal y fortaleció la búsqueda de recursos de la cooperación internacional europea. Pero, al mismo tiempo, introdujo modificaciones en la forma de selección, ejecución y financiación de proyectos. En lo que se refiere a la selección, por ejemplo, la estrategia consistió en concebir, desde la misma elaboración participativa del

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Plan Estratégico, una inteligente combinación de pequeños proyectos comunitarios con proyec-tos municipales o estratégicos. Los primeros son orientados a satisfacer las principales necesidades de distintos colectivos del municipio (vecinos y organizaciones sociales) y se detectan fácilmente mediante las consultas ciudadanas. Generalmen-te, tratan de responder a los problemas de la vida cotidiana de la población.

En esta línea se puso en marcha el proyecto «Gente Diversa, Gente Equivalente». Hacia una convivencia ciudadana en equidad. El proyecto, que pertenece al Programa URB-AL III impulsa-

do por la Comisión Europea, tiene el objetivo de promover condiciones de interacción y convi-vencia social en equidad, así como el desarrollo y apropiación de espacios potenciadores de ciuda-danía plena. El proyecto, además de Santa Tecla, tiene como socios a Quito (Ecuador) y Saint Denis (Francia). Las tres ciudades son conscientes de que tanto las causas como las soluciones a los problemas son estructurales y culturales, por lo que se debe trabajar en conjunto bajo una misma visión.

Además de fortalecer y generar capacidades sociales e institucionales para posibilitar la


convivencia ciudadana en equidad, el proyecto incluye el equipamiento de cinco espacios: Colo-nia San Antonio, Cantón El Matazano, Comuni-dad El Progreso, Cantón El Progreso y Colonia Las Delicias. En ellos se potencia la participación de mujeres, hombres y adultos mayores. El gran reto es lograr que los beneficiarios del proyecto se apropien y conecten con una ciudad que trabaja unida para construir un mejor futuro y romper intergeneracionalmente el círculo de la pobreza.

En todo caso, más allá de las virtudes o dificul-tades derivadas de cada uno de los proyectos desarrollados, lo importante es que su acertada combinación permita conectar dinámicamente la expectativa de transformación comunitaria o de un sector de la población con la expectativa de mejora de la ciudad. Así, la meta es generar una dinámica de transformación de la ciudad que articule, conecte y ponga en relación las obras grandes y pequeñas, pero, sobre todo, a los ciuda-danos, que se asuman como transformadores de su entorno.

La municipalidad está convencida de que esta dinámica no tiene vuelta atrás y se intensificará en los próximos años para que un número cada vez mayor de ciudadanos sea parte de un proceso de transformación que, gracias a la cooperación descentralizada de la Comisión Europea, ha dota-do a Santa Tecla de un nuevo rostro.

Los proyectos grandes y peque-ños se conciben y combinan para dar respuesta a las necesidades locales pero también como impulsores de movilización y consciencia social

Para ser factor de transformación, la administración debe transformarse a si misma

El 95% de la población consi-dera que el grado de participación ciudadana alcan-zado es bueno

El proyecto incluye el equi-pamiento de cinco espacios: Cantón El Manzano, Colonia San Antonio, Comunidad El Progreso, Cantón El Progreso y Colonia Las Delicias.

ARCHIVO MUNICIPALIDAD DE SANTA TECLA.

El gran reto del proyecto de URB-AL III es que sus beneficiarios se apropien y conecten con su ciudad.

ARCHIVO MUNICIPALIDAD DE SANTA TECLA

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«Rompemos con el aislamiento histórico de los productores»Óscar Pérez

Laura Isela Ruiz fue, hasta el pasado 14 de septiembre, alcaldesa de Valparaíso. Su gestión al frente de este municipio del estado mexicano de Zacatecas se ha caracterizado por tender puentes con la nutrida comunidad de inmigrantes en Estados Unidos

Óscar Pérez es el Coordinador técnico del proyecto Melgodepro en Valparaíso

Primera alcaldesa del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) tras más de 75 años de hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Valparaíso, Ruiz ha apos-tado por el impulso del proyecto Melgodepro de URB-AL III.

Bajo su batuta, la administración de Valparaíso –municipio integrado por más de 250 comuni-dades dispersas en una abrupta orografía- ha puesto en marcha diversas iniciativas dirigidas a ofrecer alternativas laborales y profesionales a los jóvenes con el fin de evitar que emigren a su vecino del Norte en busca de un futuro mejor.

El proyecto Melgodepro, liderado por Alcorcón (Comunidad de Madrid), pretende mejorar el desarrollo productivo de Valparaíso y otros tres municipios latinoamericanos (Pimampiro – Ecua-dor- , Paysandú –Uruguay-, Curahuara de Caran-gas –Bolivia-) a través de la estrategia de ciuda-des emprendedoras y optimizando la relación con sus emigrados.

El proyecto Melgodepro y Modelo Euro-Latino-americano de gobernanza local para el desarrollo productivo, liderado por Alcorcón (Comunidad de Madrid), pretende mejorar el desarrollo producti-vo de Valparaíso y otros tres municipios lati-

Laura Isela Ruiz

noamericanos (Pimampiro, Paysandú, Uruguay, y Curahuara de Carangas, Bolivia) a través de la estrategia de ciudades emprendedoras y optimi-zando la relación con sus emigrados.

¿Cómo contribuye el proyecto Melgodepro a la mejora de las condiciones de vida de las familias de los emigrantes en Valparaíso?La inserción de una visión alternativa a la forma tradicional de vivir el desarrollo del municipio, sin duda, tiene de entrada un componente que despierta el interés de los habitantes y de las organizaciones de migrantes. Muy determinante ha sido la forma como la administración munici-pal ha acercado esta nueva manera de conducir los esfuerzos de los valparaisenses hacia el logro de mejores condiciones de vida, no sólo en la cabecera municipal sino en comunidades donde realmente se presentan situaciones críticas que obligan a repensar las estrategias seguidas. Al identificar las fortalezas y oportunidades en los diversos sistemas productivos del municipio, éstas se han traducido, en estricto acuerdo con las orga-nizaciones de productores locales, en prioridades para la generación de alternativas de empleo y desarrollo económico. Se trata de estrategias que van desde el ámbito familiar hasta el nivel de organizaciones locales y regionales. Estas alter-nativas las presentamos a las organizaciones de migrantes en Estados Unidos, quienes se interesan por los planteamientos y deciden su colaboración y la inversión en proyectos productivos.

¿Cuáles son las buenas prácticas que se pueden derivar de su experiencia en materia de desarro-llo económico local, especialmente en el ámbito migratorio? Es importante destacar la inversión de los emi-grantes en sus comunidades de origen, lo que permite la generación de empleo por medio de proyectos productivos.

También es interesante la nueva visión de los emigrantes jóvenes, que invierten en pequeños negocios para sus familiares.Sin duda, las becas del programa 3x1 (destinadas a financiar la formación de jóvenes en institucio-nes locales) han beneficiado a muchos mucha-chos, que no se van y deciden seguir sus estudios en el municipio.Mediante el proyecto Melgodepro, los emigran-tes han conocido a los productores y estamos en proceso de establecer las bases de la inversión productiva. Es el caso de un producto emblemáti-co de la región: el queso del Valle de Valparaíso.

¿Cómo ha intentando su gobierno impulsar políticas públicas que generen cohesión social y territorial, objetivo principal del programa URB-AL III?Desde el origen e impulso del proyecto Melgode-pro se rompe con el aislamiento histórico de los productores. Se les explicó el proyecto y ellos, con gran madurez, nos abrieron sus puertas, lo cual facilitó la recolección de información, la ela-boración del padrón de productores y el conoci-miento de sus hábitos y procedimientos, así como también de sus problemas y preocupaciones. A través de reuniones por sector o sistema de pro-ducción presentamos nuestros análisis y solicita-mos la permanente validación de los mismos. Los productores nos han ayudado a precisar nuestras conclusiones. Esta comunicación se mantiene y se fortalece, lo cual supone un mayor compro-miso con ellos y también con el municipio. Los productores han entendido que vale la pena hacer un esfuerzo en busca del beneficio común basado en el principio de cohesión social y territorial, así como en aras de incrementar el capital social. Se trata de una experiencia exitosa a la que otros municipios ya me han solicitado incorporarse.

Laura Isela Ruiz al frente de un acto de cooperación internacional celebrado en Valparaíso.

ARCHIVO MUNICIPALIDAD DE VALAPARíSO

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Santiago de Surco es uno de los distritos que con-forman el área metropolitana de Lima, capital de Perú. Una extensión de 45 Km2, una población aproximada de 400.000 habitantes y una intensa dinámica de crecimiento inmobiliario residencial y comercial hacen de este distrito un generador de grandes cantidades de residuos urbanos, de aproximadamente 300 tm/día.

En este contexto, una adecuada política de ges-tión de residuos cobra vital importancia. Desde hace años, en Surco se desarrolla el programa Segregación en Origen, que busca generar una conciencia ambiental entre los residentes y veci-nos del distrito mediante campañas de difusión, sensibilización y capacitación, incluyendo el tradicional y siempre útil método del “puerta a puerta”. A partir de 2007, el programa entró en un proceso de consolidación y expansión, tanto a nivel de participantes como de calidad. Así se incorporó, entre otros, al proyecto La Basura Sirve de URB-AL III, programa de cooperación descentralizada de la Unión Europea.

La exitosa política de gestión integrada de resi-duos sólidos urbanos implementada en Santiago de Surco, que hace hincapié en la concienciación de los ciudadanos, le valió en 2007 a este distrito el premio a la Creatividad Empresarial, distinción peruana otorgada anualmente a nivel nacional a la mejor experiencia en gobiernos locales.

Con el fin de incrementar el número de partici-pantes en el proyecto, se procedió a reestructurar, potenciar y aumentar el equipo de “capacitadores locales”. Asimismo, se incorporó el software de Información Georeferenciada (GIS en inglés), que permite un conocimiento detallado del número, ubicación e información de los predios (viviendas y comercios) y personas participantes. Para involucrar a los niños también se creó la

“Liga Ecológica”, una serie de personajes a escala humana que representan cada uno de los prin-cipales materiales reciclables, como “Vidrino”, “Papelín”, “Latita” y “Plasticón”, y que protagoni-zan una historia dirigida a los más pequeños.

En la actualidad, el alto nivel de participación (30%) y el amplio reconocimiento del programa han hecho que Santiago de Surco sea identificado como referente nacional y se haya consolidado dentro del distrito como una “marca” motivo de orgullo. Además, los objetivos del programa se han reconocido y determinado como meta insti-tucional en el “Plan de Desarrollo Concertado”.

La participación en el proyecto La Basura Sirve de URB-AL III ha permitido intercambiar experiencias con otras ciudades socias, así como tener acceso a información que ha ayudado a perfeccionar las técnicas y mecanismos de sen-sibilización.

Asimismo, ha permitido contar con recursos para la adquisición de equipo y material, lo que con-tribuye a desarrollar un mejor trabajo en cuanto a capacitación de la población y recolección de los residuos. Audiovisuales, impresiones alusi-vas a la segregación, vehículos de movilización, mejoras técnicas para las campañas, nuevos camiones recolectores, contenedores ubicados en los condominios residenciales o contendedores de diferenciación en escuelas e instituciones son algunas de las incorporaciones que permiten un trabajo a mayor escala.

El proyecto La Basura Sirve pretende difundir la cultura medioambiental y la promoción del reci-claje como instrumento transversal de cohesión social a través de la consolidación y promoción de las experiencias que están desarrollando en Santiago de Surco (Perú) y Cuenca (Ecuador)

En Santiago de Surco, la basura sirveRoberto Vallejo Barba

El proyecto La Basura Sirve pretende difundir la cultura medio-ambiental y la promoción del reciclaje como instrumento transversal de cohesión social a través de la consolidación y promoción de las experiencias de Santiago de Surco (Perú) y Cuenca (Ecuador)

Difusión, sensibilización y capacitación son las claves de una exitosa experiencia en materia de gestión integrada de residuos sólidos urbanos que ha convertido al distrito limeño de Santiago de Surco (Perú) en un claro referente para toda Latinoamérica

Roberto Vallejo Barba es el gerente de Obras Públicas de Santiago de Surco (Lima, Perú) y coordinador del proyecto La Basura Sirve

como modelos de referencia incipientes en Amé-rica Latina.

Liderado por el Comune di Arezzo (Italia), en este proyecto participan las municipalidades de Cuen-ca y Lago Agrio (Ecuador), General Pico (Argen-tina), Santiago de Surco (Perú) y Arica (Chile); así como Lille Métropole Communauté Urbane (Francia) y Ucodep (ONG, Italia).

La experiencia de Santiago de Surco permite concluir que no es posible obtener resultados positivos sin una clara conciencia y participación colectiva ciudadana; sin una clara conciencia política por parte de las administraciones locales y sin la implementación de sistemas que permitan la continuidad del programa así pasen los años y cambien las administraciones.

Los personajes de la “Liga Ecológica” visitan a los niños de Santiago de Surco para generar conciencia ambien-tal entre los más pequeños.

ARCHIVO MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

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En el paraje de Punta Porã, justo en la frontera que divide Brasil y Paraguay, se inició hace un siglo una ciudad de comercio de la hierba mate. Hoy en día es una conurbación parte brasile-ra, la ciudad de Ponta Porã, y parte paraguaya, ciudad llamada Pedro Juan Caballero. En medio, un espacio de entre 20 y 50 metros, el de la línea internacional, donde se ha generado una zona de interacción entre las dos localidades. «Cuando era niño jugábamos al fútbol paraguayos contra brasileños. Nos dábamos fuerte», sonríe cuando lo recuerda el actual coordinador del Proyecto Línea Internacional, Hélio Peluffo.

En los años 80, el tipo de cambio entre monedas propició la compra generalizada de brasileños en Paraguay, generándose mucho comercio en las manzanas colindantes a la frontera. Y el comer-cio trajo la venta ambulante, que se fue asentan-do en la cera con una mesita o banco y un toldo, para captar a los clientes de los comercios. Ña Lorenza explica cómo llegó allí: «Era empleada doméstica pero al tener a mi hijo no pude seguir. Y como no tenía trabajo mi hermano me ofreció vender casetes a su lado y ayudarle. Mi marido me hizo un armario para los casetes y empecé. Hace 23 años».

Más tarde pasaron de la cera al espacio verde entre las ciudades, ocupando ese terreno llamado en portugués de ninguém. Y pasaron a ser cons-trucciones más consolidadas, transformándose en casillas. Y el crecimiento de la ciudad conllevó el crecimiento de casilleros. «Quebró mi empresa en Asunción y vine aquí. Me dijeron que para instalarse sólo había que amanecer. Construí mi casilla un domingo y el lunes ya estaba vendien-do», comenta un ex ambulante que actualmente es político.

Hoy en día hay 900 casilleros en el espacio

fronterizo, conformando una aglomeración de construcciones que se extiende por 600 metros. Edificaciones que forman una frontera real, física, donde antes había un parque lineal, dividiendo los espacios más activos de las dos ciudades. Lugar propicio también para el contrabando, el tráfico de monedas falsas, los usureros... Y en la soledad del lugar, en el anonimato de la noche, las transacciones ajenas a cualquier comercio legal. Un lugar con una idiosincrasia propia que genera a su vez cierto rechazo por parte de los comerciantes y la población en general.

El crecimiento ha sido progresivo, acentuándose en las épocas de cambio monetario favorable. Unos dicen que por permisividad de las autori-dades, otros que por escasez. En lo que sí coin-ciden los diferentes actores es en la necesidad de solventar estos problemas antes de que no haya solución, y sobre todo de forma consensuada. Ña Lorenza ofrece su punto de vista: «Empezamos hace años con otros proyectos. Pero seguimos trabajando en el mismo barro, en el mismo calor, sin higiene, sin nada adecuado».

El Proyecto Línea Internacional es una apuesta en común de las dos municipalidades gemelas, ani-madas ante la convocatoria de la Unión Europea en el marco del Programa URB-AL III. Se centra en la ordenación del espacio fronterizo, creando unos puntos de venta estándar, censando y for-malizando la situación de los casilleros, de forma que directa o indirectamente se resuelvan muchos otros problemas. Todo ello conlleva un trabajo social, en el que tienen el apoyo de la ONGD Paz y Desarrollo, trabajando en las sinergias entre tres actores: casilleros, administración local y socie-dad civil. Triángulo que se repite en cada ciudad y que conviene fortalecer. La Diputación de Málaga (España) trabaja como socia en aspectos transversales vitales: participación ciudadana y

Hoy en día hay 900 casilleros en el espacio fronterizo, conformando una aglomeración de construcciones que se extiende por 600 metros

El gran reto del Proyecto Línea Internacional es acercar la administración a los ciudadanos

De suburbio a centro de ciudadAndreu Font

El Proyecto Línea Internacional, adherido al Programa URB-AL III, es una apuesta de dos ciudades limítrofes entre Brasil y Paraguay (Ponta Porã y Pedro Juan Caballero) para lograr la ordenación del espacio fronterizo, la colaboración entre autoridades y la participación ciudadana

Andreu Font ONGD Paz y Desarrollo y coordinador técnico del Proyecto Línea Internacional

El proyecto Línea Interna-cional es una apuesta en común de dos municipalida-des gemelas.

PREIFATURA DE PUNTA PORA

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medio ambiente, especialmente ante actuaciones en los espacios públicos.

Tras años de trabajar de forma absolutamente independiente, las instituciones municipales de Ponta Porã y Pedro Juan Caballero valoran de forma relevante la posibilidad de unir esfuerzos para afrontar problemas comunes. Así, con esta iniciativa se han puesto en marcha una serie de proyectos y actividades que fomentan el inter-cambio, desde pequeños talleres de reciclaje o escuelas hasta grandes decisiones políticas al respecto de los recursos hídricos. Conocimiento mutuo de procedimientos, seminarios com-partidos, son actividades desarrolladas con los funcionarios.

Existen tres asociaciones de vendedores, dos paraguayas y una brasileña. No aglutinan a todos los casilleros, pero sí a gran parte. Y se preten-de que se unan, especialmente como comisión interlocutora frente a la administración. José, presidente durante un tiempo de una de ellas, explica que «la asociación se realiza para cono-cerse, pero pronto eso pasa a un segundo plano y se hacen frente los aspectos positivos o negativos que afectan a todos. Se fortaleció el vínculo entre todos los asociados con la idea de la reforma (en referencia al Proyecto Línea Internacional). Los casilleros recurren a la comisión directiva y se reúnen constantemente con ellos. La asociación cumple su función, aunque no tiene el eco que tendría que tener con las autoridades».

Ña Lorenza, vicepresidenta de otra de las asocia-ciones, coincide en que falta más implicación de las autoridades, aunque añade que ahora «mejo-ró un poquito pues por lo menos si vamos nos atienden mejor». Y apuntilla José «… ahora por el tiempo político». Uno de los retos del Proyecto Línea Internacional es acercar la administración a

los ciudadanos. «Venimos de promesas y prome-sas, de instituciones, de particulares, de políticos. Muchos compañeros, cuando surge un proyecto nuevo, no lo toman en serio porque piensan que se trata sólo de uno más. […] Anhelo que en las instituciones esté gente al servicio del pueblo y por lo menos se le escuche», concluye José.

Talleres y capacitaciones se desarrollan con los casilleros, para lograr estabilidad en sus funcio-nes. Como comenta José «somos dependientes de Brasil, del momento, del cambio de moneda […] yo empecé vendiendo ropa, pasé a CD y ahora estoy vendiendo artesanía». Ña Lorenza pasó de casetes a cigarrillos y ahora vende ajos. De las capacitaciones hablan más o menos convencidos, pero ponen énfasis en una: «Necesitamos saber nuestros derechos como ciudadanos. Muchas veces se nos humilla porque no conocemos nues-tros derechos. Si traen esa capacitación yo creo que todos vamos a acudir».

En definitiva, se está tras un nuevo espacio de interacción como lo fue antaño, un espacio donde pasear, compartir, donde se puedan organizar actividades de ocio… Todo ello teniendo en cuenta la realidad y ocupación actual, integran-do a los casilleros en el conjunto y resolviendo aspectos sociales. Un espacio que sea orgullo de la ciudadanía y fortalezca la identidad común, que la propia población indica más allá de la nacionalidad: «somos fronterizos».

Termina José: «Yo creo que ahora estoy bien, pero porqué no experimentar con algo lindo, con seguridad,… estoy apostando para que se haga realidad. […] Los tiempos cambian y yo tengo que cambiar».

La iniciativa per-sigue construir un espacio que vuelva a ser el orgullo de sus ciudadanos y que fortalezca la identidad común

Imágenes de Punta Porã, en la frontera que divide Brasil y Uruguay.

En el centro el sr. José, uno de los 900 casilleros que trabajan en la zona.

TIAGO SALVADOR (MERCADO FRONTERIzO), ANDREU FONT (SR. JOSé)

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La reducción de la brecha de género es uno de los tantos objetivos que se persiguen para promo-ver la oportunidad de democracia y el desarrollo económico y social de una sociedad. En todo el mundo existe una relación directa entre demo-cracia, desarrollo equilibrado, cohesión social y participación activa de las mujeres en la actividad económica, social y política. La persistencia de desequilibrios, fracturas, segregación y violen-cia contra la mujer constituye así una reducción directa de los espacios de democracia y representa al mismo tiempo la renuncia a energía, creativi-dad y competencia, aspectos fundamentales para la economía y el desarrollo de un territorio.

Dada su importancia, la reducción de la brecha de género en términos de formación y empleo no puede ser contemplada sólo como objeto de proyectos y actividades puntuales. Es fundamental que los gobiernos nacionales, regionales y locales tomen en cuenta este aspecto como parte de sus políticas de desarrollo orientando sus recursos económicos y las normativas, regulando las accio-nes de la administración pública y de las empresas privadas y propiciando el acceso de las mujeres hacia el conocimiento pleno, libre y paritario en todos los niveles de instrucción.

Dichas actuaciones son parte de los Objetivos del Milenio y son coherentes con los resultados de la Conferencia sobre la Mujer realizada en Pekín y con la Estrategia Europea de Lisboa. En pocas palabras, sobre esta cognición no existen divisio-nes, pero, necesariamente, debe existir un mayor empeño político, una mayor responsabilidad y una mayor consciencia.

En este contexto, el Pacto para la Capacitación y el Empleo Femenino (PACEF), proyecto del Programa URB-AL III de la Comisión Europea, pretende abordar unas dimensiones fundamenta-

les para contribuir a la toma de consciencia y a la construcción de nuevas políticas: / La participación activa de la mujer en la activi-dad económica y en el desarrollo social./ La participación de la mujer en la instrucción universitaria, enseñanza superior y formación profesional./ La posibilidad de carrera en organizaciones públicas y privadas y la eliminación de brechas salariales entre hombres y mujeres./ La participación, el protagonismo y la responsa-bilidad política de la mujer.

Examinemos en detalle estas dimensiones:A) Participación de la mujer en la actividad económica.En las tres regiones contempladas por el Proyecto PACEF (Región de Cochabamba, Bolivia; Depar-tamento Central, Paraguay y Provincia de Buenos Aires, Argentina) sigue siendo consistente el dife-rencial de participación entre hombres y mujeres, sea en términos de ocupación formal como en términos de ocupación informal o sub-ocupación.

El diferencial se justifica gracias a la diversa distribución del empleo en relación a los dife-rentes sectores productivos. El empleo femenino se concentra en el sector primario y terciario, en particular en el comercio y/o en actividades de asistencia doméstica.

Esto significa que el empleo femenino se concen-tra en sectores de baja especialización y elevada precariedad e informalidad, lo que da lugar a una brecha negativa entre la participación numérica de las mujeres en términos de empleo y la parti-cipación reditual y económica de las mujeres en relación al producto interno bruto.

Resulta claro, entonces, como dicho nivel de sub-ocupación contribuye decididamente a determinar

Igualdad de género, una asignatura pendienteBruno Carapella

El proyecto PACEF de URB-AL III promueve la ocupación femenina y el desarrollo territorial para intentar reducir la brecha de género en la región boliviana de Cochabamba, el Departamento Central de Paraguay y la provincia argentina de Buenos Aires

La persistencia de desequilibrios, segregación y violencia contra la mujer constitu-ye una reducción directa de los espacios de democracia de una sociedad

Bruno Carapella es Coordinador de AT Proyecto PACEF

Concurso de dibujo infantil organizado en el marco del proyecto PACEF para sensi-bilizar a los niños en materia de igualdad de género.

ARCHIVO PACEF

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Feria de Mujeres Empren-dedoras en la región de Cochabamba (Bolivia)

ARCHIVO PACEF

Para reducir la brecha de género en materia de for-mación y empleo es imprescindible un mayor empeño político

En Paraguay el 82% de los cargos de elección pública son ocupados por hombres

en alguna de las regiones contempladas en el proyecto un índice de pobreza extrema superior al 15% de la población y un índice de pobreza superior al 35% de la población, como es posible observar en los datos representativos del Departa-mento Central del Paraguay.

B) Participación en la instrucción universitaria y en la formación profesionalPese a su reducción en los últimos años, también en este caso persisten las diferencias que hacen que sea la mujer con su propio esfuerzo la que salga a conquistar un protagonismo real en la economía del conocimiento.

Las tasas de analfabetismo, sobre todo en las zonas rurales, se mantienen altas. En las zonas rurales de algunas regiones andinas el analfa-betismo comprende la tercera parte del número total de mujeres.

También se puede observar un crecimiento signi-ficativo del porcentaje de mujeres inactivas que poseen un título de estudios superior en relación al porcentaje de hombres inactivos en las regio-nes del Departamento Central del Paraguay y la Provincia de Buenos Aires, regiones con niveles discretos de educación en la población femenina sobre todo en términos de instrucción superior y universitaria. Estos datos demuestran que, a pesar del nivel de educación, la mujer, por razones familiares, de segregación o de barreras de entra-da, se ve obligada a utilizar sus propios conoci-mientos en el mercado laboral.

Esta barrera de ingreso a la economía del cono-cimiento revela una notable discriminación en el mercado laboral, donde las mujeres que trabajan en el sector terciario, presentan mayores dificulta-des para acceder a cargos de servicios avanzados e innovadores (ICT, Adverstising, Engineering,

Consulting), los que permanecen como oficios y profesiones de predominio masculino.

C) La diferencia salarial y la carreraEn todas las regiones objeto de análisis y trabajo se amplía la brecha entre hombres y mujeres en el mercado laboral, sobre todo a medida que se alcanzan niveles de mayor responsabilidad, ya sea en las organizaciones privadas o en la admi-nistración pública. Incluso en la educación uni-versitaria, donde se cuenta con una consistente y calificada componente femenina, la gobernanza queda destinada, como un hortus conclusus, a los hombres.

Estudios realizados en territorio boliviano y contemplados en el ámbito del proyecto revelan la persistente dificultad de las mujeres entrevista-das al pretender acceder al sector privado y llevar adelante una carrera. Una dificultad que para el 42% de las mujeres entrevistadas es debida al sexo y al grado de instrucción y para el 18% incluso a la apariencia externa. Estos datos demuestran que los estereotipos siguen siendo una variable inde-pendiente del mercado de trabajo. Por su parte, las mujeres entrevistadas de la región andina de Cochabamba sostienen que la oferta de empleo femenino se concentra en los sectores de salud, cuidado y educación.

En todas las regiones se manifiesta el dramático fenómeno de la brecha salarial que, acompañado de la consistente y estructural precariedad de las relaciones laborales, constituye lamentablemen-te una de las características fundamentales del mercado de trabajo de la mujer.

D) La participación y la responsabilidad políticaResulta extraño discutir sobre la dificultad de acceso al protagonismo y a la responsabilidad política en un país como Argentina teniendo en

Pujar resolució foto

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Actualidad Actualidad

cuenta que, actualmente, su presidenta es una mujer. Sin embargo, pese a la introducción de los denominados cargos políticos y públicos destina-dos a la mujer, se evidencia aún una gran brecha de género, que empieza a manifestarse en la participación y el protagonismo y crece a medi-da que incrementa el nivel de responsabilidad. En Paraguay el 82,2% de los cargos de elección pública son ocupados por hombres. Tras las últi-mas elecciones administrativas de un total de 230 administradores sólo 13 son mujeres.

En Argentina, la situación general con la Ley de Cupo parece ser mucho mejor, a pesar de que la presencia de mujeres en los órganos legislativos no sea equivalente a la presencia de mujeres en las jefaturas de administración y entre los gober-nadores. Es evidente, por tanto, que el puesto de mando o aquél destinado a la toma de decisiones y asignación de recursos sigue siendo ocupado por hombres, independientemente del cupo y la legislación.

Esta es la síntesis de la dimensión y las circuns-tancias que caracterizan el contexto en el que se desarrolla el Proyecto PACEF.

Respecto a este contexto, PACEF está trabajando en las tres regiones destinatarias de la interven-ción sobre tres ámbitos fundamentales:

1. Construir redes locales de instituciones, ONG, universidades, escuelas y empresas capaces de afrontar el tema de la ocupación femenina y de la reducción de la brecha de género en modo sisté-mico integrando recursos, proyectos e iniciativas. En particular, es destacable la sinergia positiva desarrollada entre los socios y la consolidación de sus interrelaciones. Asimismo, en el ámbito del proyecto se han celebrado numerosos convenios de difusión y actividades de sensibilización en

los territorios de América Latina involucrados. En cada uno de estos países se han realizado semi-narios que contaron con numerosa participación de mujeres, asociaciones de mujeres, universida-des, instituciones públicas, etc. Esto permitió la participación activa de los actores involucrados y el fortalecimiento de vínculos y constitución de redes de trabajo.

Por otro lado, se han realizado actividades espe-cíficas de difusión y sensibilización. A modo de ejemplo es de destacar el Concurso de Dibujos para niños realizado en los tres países destina-tarios de la iniciativa. Se le solicitó a los niños que representen la condición de la mujer en la sociedad y en su propia familia. Por cada país fue seleccionado y premiado un dibujo ganador. Asimismo, dicha actividad sirvió para realizar otras acciones, como por ejemplo animaciones con cantos, representaciones teatrales, dinámicas y juegos recreativos y atención médica gratuita a los familiares presentes y a la comunidad.

2. Construir en los territorios Pactos Formativos Territoriales destinados a mejorar la ocupación de las mujeres, actuando sobre las competen-cias como aliciente de crecimiento personal. El instrumento de los Pactos Formativos es particu-larmente idóneo para hacer crecer el capital social territorial actuando sobre las competencias como estímulo de desarrollo local. En tal sentido, este año se concretó el Diseño del Pacto Formativo Local de Género a través de sesiones de investiga-ción, intervención y diseño en las que se com-partieron metodologías y herramientas utilizadas por la Regione Sicilia (Italia) y los socios del proyecto en los procesos de diseño y aplicación de los Pactos Formativos Locales. En particular, en Bolivia se firmó un protocolo de acuerdo entre la Universidad Mayor de San Simón, AMDECO y la Mancomunidad Andina para poner en práctica un

programa que responde a las demandas territoria-les. A modo de ejemplo, cabe resaltar el curso de formación en el sector lácteo destinado a muje-res y miembros de Asociaciones de Productores Lecheros de la región.

En el caso de Paraguay se celebró un acuerdo marco entre el Departamento Central, la Secretaría de la Mujer de la Nación y la Unión Industrial de Paraguay. A raíz de dicho acuerdo, y tomando como base los análisis y estudios previos reali-zados en el ámbito del proyecto, se identificaron cursos de capacitación como carpintería, fonta-nería, jardinería o emprendedurismo que se están desarrollando en la actualidad. Además, se desa-rrollaron talleres sobre Género y Violencia Intra-familiar en los que participaron jueces, fiscales, directores del área salud y seguridad y represen-tantes de organizaciones de la sociedad civil.

Por su parte, en los distritos de Mercedes, Moreno y San Fernando de la Provincia de Buenos Aires se realizaron acciones de sensibilización y capaci-tación. Particularmente se efectuaron talleres con referentes de sectores industriales y agropecuarios y con autoridades provinciales y municipales.

3. Construir Planes Locales de Género, entendidos como programación integrada estratégica y ope-rativa de las diversas políticas, proyectos, accio-nes, que intervienen sobre la brecha de género. Se trata de sistematizar las diversas iniciativas, evitar duplicaciones y fragmentaciones y dar un marco estratégico integral al tema de las polí-ticas de género en el territorio. En este sentido, durante el primer semestre de 2010 se concreta-ron las actividades referidas a la construcción de una metodología para implementar políticas de género. Esta metodología comprende dos ámbitos de intervención: el diagnóstico de contexto y la metodología para el diseño y socialización del

plan global de acción. Al respecto, la Gobernación del Departamento Central de Paraguay elaboró su Plan País, mientras que la Provincia de Buenos Aires y AMDECO (Bolivia) continúan trabajando en su realización.

La Regione Sicilia, a través de la propia Asistencia Técnica, apoya sobre aspectos metodológicos y operativos a las diversas instituciones de América Latina involucradas, favoreciendo la transferencia y la difusión de buenas prácticas.

Tras la Conferencia Internacional de Buenos Aires sobre Trabajo de Género, celebrada en marzo de 2010 y que contó con una notable participación, se prevé una Conferencia de Mid-term Evaluation en noviembre en Paraguay. Será ésta la ocasión para el análisis y la evaluación de los resulta-dos conseguidos y para socializar las diversas experiencias puestas en marcha en el ámbito del proyecto.

En las zonas rurales de algunas regiones andinas un tercio de las mujeres son analfabetas

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URBsociAL URBsociAL

La construcción de capacidades competitivas no es una facultad exclusiva del es-tado central sino que está directa-mente relacionada con los procesos territoriales

El gran reto de la competitividad de los territoriosVictor Godínez

Una enseñanza del régimen de crecimiento internacional asociado a la globalización es que la construcción de capacidades competitivas no es una facultad exclusiva del estado central ni deriva sólo de las grandes políticas nacionales, sino que está directamente relacionada con los procesos territoriales. En efecto, dicha construc-ción es sobre todo resultado de la dinámica de integración de los sistemas económicos locales en un sentido muy preciso aunque impregnado en cada caso, de manera inevitable y necesaria, de un gran contenido idiosincrásico: el desplie-gue de un tejido de relaciones funcionales entre las unidades productivas, que son los sujetos centrales de la competencia, en un ambiente que promueva y facilite su operación a la vez que también fomente su arraigo e identidad territo-riales.

Las relaciones y el ambiente que permiten que las unidades económicas pasen de ser empresas asentadas en el territorio a empresas del terri-torio en el que operan son siempre el resultado de procesos complejos en los que intervienen numerosos factores de orden económico, social, institucional, cultural y hasta geográfico. Entre ellos, los que atañen a la acción de la política pública juegan un papel estratégico, en parti-cular cuando sus instrumentos se orientan de manera explícita al aprovechamiento de los recursos endógenos del territorio para estimular el desarrollo, sobre la base tanto de la integra-ción y transformación del sistema productivo local como de una mejora general de la produc-tividad y la competitividad. Idealmente, una estrategia local de este tipo debiera sostener altos grados de coordinación con las políticas nacionales de desarrollo, aunque la experien-cia muestra con frecuencia que, cuando existe, dicha armonización es insuficiente en un gran número de países latinoamericanos.

Algunos de los más importantes objetivos gene-rales del desarrollo territorial —escalamiento tecnológico y productivo del sistema económico, crecimiento del empleo remunerativo, incremen-to del nivel de bienestar de la población— exigen de la política pública local modos de gestión dirigidos a estimular la densificación del tejido productivo. En los tiempos de la globalización1, se considera que dichos modos de gestión de la política pública local deben responder a y ser parte de una estrategia de construcción social de territorios innovadores, de alta productividad y, en consecuencia, competitivos. Dicha cons-trucción no es un acto voluntarista ni discu-rre en el vacío, y en gran medida se define en función de una determinada estructura econó-mica general, la de la nación. Desde finales de los años 80 tendió a generalizarse en diversas escalas territoriales (nacional, regional, local) un enfoque de política de desarrollo productivo orientado a la constitución de distintas formas de articulación de empresas operando en una cadena de valor determinada a fin de desarro-llar y potenciar ventajas competitivas y generar economías de escala que permitan maximizar la utilización de los recursos y mejorar el desem-peño económico del territorio y sus factores, así como sus resultados sociales. En la perspectiva de los territorios, este enfoque se identifica con el supuesto de que la concentración geográfica y la interacción estratégica de empresas e institu-ciones (gubernamentales y civiles) puede ser una fructífera fuente de crecimiento y competitivi-dad sobre una doble base: la innovación de pro-cesos y productos y la incorporación dinámica de un número creciente de pequeñas y medianas empresas locales.

Se trata de organizar, desde la base territorial y productiva de los países, una respuesta a las exigencias competitivas que plantea la realidad

Idealmente, una estrategia local destinada a estimular el tejido productivo del territorio debería tener una gran coordinación con las políticas nacionales de desarrollo, aunque la experiencia en muchos países latinoamericanos muestra con frecuencia que, cuando existe, dicha armonización es insuficiente

Víctor Godínez es Coordinador de la Plataforma de Expertos de la OCO

económica nacional e internacional en la mun-dialización.

Este enfoque tiene numerosas consecuencias ana-líticas y prácticas cuya naturaleza e implicaciones han sido debatidas ampliamente en el mundo académico y técnico por los especialistas en desarrollo. Baste señalar que en dicho enfoque un factor fundamental de la competitividad territo-rial es la capacidad de aprendizaje y conocimien-to que se presume está latente en las instituciones y organizaciones locales, y en cuyo despliegue la acción del gobierno local o subnacional es determinante2. La configuración de conglome-rados empresariales (o clusters) es la forma de organización por medio de la cual las unidades productivas del territorio potencian su competiti-vidad (para encadenarse, aprender, especializarse) en la cadena de valor de un determinado pro-ceso productivo. Para desplegar dicho potencial es necesario la interacción de un conjunto de factores meso y microeconómicos que, por su misma naturaleza, se vinculan directamente con la dimensión territorial del desarrollo. Concreta-mente, se trata de dispositivos institucionales y políticos orientados de manera específica, en el primer caso, a la creación de un entorno innova-dor para el fomento empresarial, y en el segundo, a fomentar el cambio tecnológico en el tejido productivo local. Para que la puesta en marcha de este tipo de iniciativas de desarrollo local y territorial sea factible, la acción de los gobiernos subnacionales y municipales es determinante. No sólo porque dichos gobiernos están colocados de “manera natural” en los niveles meso y micro de la economía territorial, sino porque su gestión política y administrativa es indispensable para asegurar la articulación público-privada y la inte-racción de los variados actores que intervienen en el proceso de desarrollo local –y por cierto que no sólo en el plano económico, sino en el social y

el político considerados de manera amplia. Todo esto supone que los gobiernos territoriales, junto con sus tareas más tradicionales, asuman modos de intervención activos dirigidos a la creación de un entorno favorable para el desarrollo local. Tal papel exige una capacidad de liderazgo, y por tanto legitimidad, para movilizar a los distintos actores sociales en torno a un proyecto común de desarrollo en el que se reconozca la comuni-dad y converjan fuerzas dispersas y dispares, que así podrán contar con posibilidades de poner en valor su “potencial endógeno”.

En el plano de la política pública, tanto a escala nacional como subnacional y local, este enfoque del desarrollo territorial se tradujo en América Latina en una concepción en la que, en el trans-curso del último cuarto de siglo, la organización y el desempeño de las localidades y regiones tendió a fundamentarse en la capacidad coope-rativa y de articulación de actores productivos e institucionales gubernamentales, privados y civiles. El sesgo hacia la acción colectiva territo-rializada justifica un modo general de interven-ción (coloreado por cada realidad territorial ) en el que las localidades (los territorios) dejan de ser consideradas como meras instancias receptoras de dinámicas y decisiones exógenas para pasar a concebirse como nodos de desarrollo dinamiza-dos por factores endógenos (como la cooperación intra-local) sobre los cuales se construyen perfiles de inserción y especialización en la economía global que los actores económicos locales indivi-duales, por sí mismos, no podrían lograr. En esta concepción, el desarrollo local aparece como el resultado de un complejo proceso de arreglos y concertación entre agentes territoriales en torno a un proyecto común que en principio no sólo per-sigue el crecimiento económico, sino la calidad de sus resultados sociales.

Algunos de los más importantes objetivos generales del desarrollo terri-torial exigen de la política pública local modos de gestión dirigidos a estimular la densificación del tejido productivo

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Varios trabajos empíricos sobre el desarrollo local en América Latina3 identifican tres tipos de agentes territoriales principales: las instituciones locales y las redes nacionales e internacionales con las que se articulan; la sociedad civil y sus organizaciones; y las empresas ya existentes en el territorio y las que se radiquen ulteriormente por efecto del proceso de desarrollo. La mecánica de concertación de estos agentes tan heterogé-neos depende del grado de institucionalización que hayan alcanzado, pero en casi todos los países los arreglos necesarios para el diseño y ejecución de estrategias territoriales de desarrollo

han requerido la construcción de un andamiaje institucional local específico. El surgimiento de estos dispositivos institucionales para la promo-ción y la coordinación del desarrollo competitivo del territorio supone para los gobiernos locales y subnacionales nuevas exigencias de gestión, eficiencia, transparencia y legitimidad. Si bien la actividad de los gobiernos territoriales en apo-yo a la competitividad en los países de América Latina no ha sido analizada de manera suficiente y sistemática, se sabe que el papel que pueden cumplir al respecto requiere de una clara formu-lación de políticas, de la asunción de enfoques

Imagen aérea de León (Guanajuato, México), ciudad con una experiencia destacable en materia de promoción de la competitividad local.

micro económicos y sectoriales compatibles con la estabilidad macro económica, de estrategias de crecimiento e instrumentos e instancias de concertación que aseguren consistencia entre las expectativas, decisiones y horizontes temporales de los diferentes actores involucrados.

De acuerdo con diversos análisis de experiencias latinoamericanas de promoción de la competiti-vidad local,4 éstas se definen alrededor de cierto número (generalmente reducido) de vectores en torno a los cuales se organiza la estrategia terri-torial. Para los debates de URBsociAL se identifi-caron cinco vectores generales: la existencia de una visión estratégica del territorio en materia de desarrollo económico y competitividad; una diná-mica territorial de desarrollo orientada a la puesta en valor de los recursos locales; un proceso de integración del aparato productivo local y líneas de acción para fomentarlo; mecanismos de coor-dinación público-privada; y una institucionaliza-ción del conjunto del proceso. En las experiencia escogidas como referencia principal (la ciudad de León, México; la provincia de Mendoza, Argen-tina; y la región de Bío-Bío, Chile) estos cinco vectores están presentes en grados diversos.

Se trata de organizar, desde la base territorial y productiva de los países, una respues-ta a las exigencias competitivas que plantea la realidad económica nacional e internacional

1. Aquí se utiliza el término globalización en el sentido general que definió hace casi una década la Cepal (2002): como la “creciente gravitación de los procesos financieros, económicos, ambientales, políticos, sociales y culturales de alcance mundial en los de carácter regional, nacional y local”.

2. Este parágrafo sintetiza el planteamiento de Silva Lira (2003).

3. Entre otros muchos otros trabajos, está el de Albuquerque (1997) en el que se basan estas observaciones.

4. Véanse, por ejemplo, Llorens et al. (2002), Pietrobelli y Rabellotti (2004), Baruj et al. (2009).

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Construcción de ciudadanía y cohesión social,presente y futuroJuan Enrique Vega

¿Cuál es la relación de cohesión social con igualdad? Es una pregunta de gran pertinencia en el actual contexto latinoamericano. En la base de la discusión sobre esta relación está el viejo, reiterado y cada vez más actual tema de la ciudadanía

Juan Enrique Vega es experto en Construcción de Ciudadanía

En las dos últimas décadas del siglo pasado, en América Latina, el gran tema social de la agenda pública fue la pobreza. A medida que nos acer-cábamos al cambio de siglo, el problema y la búsqueda de fórmulas para superar la situación adquirieron una creciente visibilidad pública.

Si bien la pobreza representa una tendencia que se hundía profundamente en el pasado de la región, las políticas desarrollistas y modernizadoras de los cincuenta años anteriores habían permitido proce-sos de urbanización que cambiaron el carácter de la pobreza rural reconvirtiéndola en una pobreza urbana y dando paso también al desarrollo de vastas capas medias urbanas y rurales. Estas últi-mas mostraban una dinámica de movilidad social con una cierta proyección de progreso futuro, en el que la educación constituía un factor clave.

En parte como producto de las políticas de ajuste estructural vinculadas al “Consenso de Washing-ton”, los rangos de pobreza crecieron notable-mente en este periodo de casi veinte años. Se asumía como un coste inevitable, de corto plazo, de la necesaria ordenación de las economías. Sin embargo, como la pobreza se constituía en creciente problema para la integración y manejo político de las sociedades nacionales, las políticas de ajuste se acompañaron de medidas para mini-mizarla y, en lo posible, erradicarla. Su impacto varió según el mayor o menor grado de ortodoxia con el que se aplicaron las recetas neoliberales. No obstante, una de sus consecuencias fue la segregación espacial o diferenciación territorial desde una perspectiva social. Cuando las políti-cas se hicieron más heterodoxas se obtuvieron mayores avances en la disminución de los estados de pobreza.

Uno de los cambios más significativos ha sido la creciente complejidad de los procesos de dife-

renciación social, que han afectado la calidad de las formas de reproducción social. Si bien estos procesos se han expresado mediante un incre-mento de las brechas entre los países en desarro-llo y los países industrializados –América Latina sigue siendo una de las regiones más desiguales del mundo - el principal rasgo de aquellos radica en que la mayoría de las brechas al interior de los países han persistido o aumentado. En buena parte de los países creció la participación del 20% más rico de la población en los ingresos de las personas, mientras que la del 20% más pobre se mantuvo constante o disminuyó. Un rasgo distin-tivo de esta desigualdad distributiva es la elevada fracción del ingreso que capta el estrato más alto, particularmente el 10% más rico de la población. En efecto, las brechas entre los grupos (deciles) intermedios de la distribución no son muy pro-nunciadas, al igual que en los países más igua-litarios, pero entre el decil de más altos ingresos y el 10% que le sigue “se abre un abismo” (BID, 1999). Mientras en los países europeos el ingreso del 10% de la cúpula supera en no más de 20% o 30% el ingreso del noveno decil, en América Lati-na esa distancia es superior al 100% y, en algunos casos, al 200%. También se advierten profundas disparidades de género, territoriales, socioeconó-micas y étnicas en diversos indicadores sociales.

Resultado de las nuevas condiciones intelectuales de la reinstalación democrática y del trabajo de la CEPAL, en los años 90 se instaló el concepto de Equidad, sustituto del de Igualdad y, a finales de la década, empezó a circular con fuerza el de Cohesión Social. Tomado de la experiencia de la UE, éste aludía inicialmente a las connotaciones básicas que sirven de base a los pactos sociales en los diversos países: por un lado, implica la preocupación por evitar la pobreza, reducir las diferencias entre los ciudadanos y garantizar determinados estándares de igualdad; por otro,

Un rasgo distintivo de la desigualdad distributiva en América Latina es la elevada fracción del ingreso del estrato más alto

se relaciona con el objetivo de asegurar el acceso universal de los ciudadanos a servicios básicos como la salud, la educación, las pensiones o la vivienda; en tercer lugar, significa el reconoci-miento del diálogo social y de los derechos labo-rales y su protección en el seno del mercado de trabajo. Adicionalmente, en Europa, la cohesión social tiene también una dimensión territorial al entenderse que es imposible la integración si no se amplían las áreas del mercado y se aseguran niveles de vida similares entre los ciudadanos de los distintos países y territorios de la Unión.

No obstante su atractivo, el concepto de cohesión social es elusivo en la medida en que evoca diver-sas dimensiones de las estructuras económicas, sociales, políticas y culturales. Aunque no existe un consenso entre los especialistas, el concepto se tiende a relacionar con otros términos como equidad, igualdad de oportunidades, inclusión, bienestar o estímulo y fomento de capacidades económicas en un área determinada. El desgaste del concepto después de un uso excesivo y poli-valente puede acabar privándolo de contenido, frustrando así los esfuerzos y propuestas de los últimos años.

¿Cuál es la relación de cohesión social con igual-dad? Es una pregunta de gran pertinencia en el actual contexto latinoamericano. En la base de la discusión sobre esta relación está el viejo, reitera-do y cada vez más actual tema de la ciudadanía. La igualdad es un concepto multifuncional o plural que parte de la constatación que constituye un ideal regulador, históricamente contextuali-zado, de naturaleza polisémica. En su desarrollo histórico, este concepto fue adquiriendo distintos contenidos (a partir de desafíos o demandas), que influyeron en la evolución del ideal regulador. Sin embargo, todas sus concepciones representan

dimensiones necesarias de la igualdad y la reali-zación pura de cada tipo de modelo de igualdad presenta problemas e insuficiencias que pueden ser corregidos a partir de una consideración concreta de las demandas que se quieran afrontar. El desarrollo de estos conceptos de igualdad ha estado vinculado con la evolución de los derechos individuales y colectivos. Los derechos constitu-yen un componente sustantivo de la igualdad y permiten el desarrollo de un sujeto concreto, el ciudadano, que es protagonista de la organiza-ción de la vida colectiva y la acción publica. No hay igualdad sin derechos, y no hay derechos sin ciudadanos. Tampoco hay ciudadanos sin comu-nidad política y derechos colectivos.

Existe una relación entre Estado e Igualdad. El mercado tiene capacidad de asignar recursos pero está imposibilitado para construir sociedades de iguales. Sólo la voluntad política puede orientar este objetivo. Comprenderlo ahora, en que parte importante de las sociedades deberían replan-tearse sus bases de desarrollo a la luz de la crisis, parecería una orientación sensata para la coope-ración.

Por su parte, la cohesión social en cualquier pers-pectiva del presente y el futuro es, a la vez, un fin y un medio. Como fin, apunta a lo sustantivo de la sociedad: vivir, desarrollarnos y crecer juntos. Por ello promover políticas públicas destinadas a que todos los miembros de la sociedad se sientan parte activa de ella y contribuyan y se beneficien de su progreso. En el actual escenario regional, recrear y garantizar el sentido de pertenencia y de inclusión es también un fin en sí mismo. Asimismo, la cohesión social es un medio para encarar la tarea del desarrollo y para afrontar situaciones adversas como la actual coyuntura internacional. Para ambos propósitos, los actores sociales deben sentirse partes de un todo y estar

El desgaste del concepto de cohesión social por un uso excesivo y polivalente puede acabar privándolo de contenido

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dispuestos a ceder en sus intereses personales en aras del beneficio común, tanto para instrumen-tar acciones que permitan paliar la situación de los más vulnerables a la crisis como para adoptar políticas públicas de largo plazo que persigan una mayor igualdad de oportunidades.

En esta línea es en un territorio donde se sinte-tizan, desde la perspectiva de las personas, tanto una dimensión de vida presente y una dimensión de vida proyectada o anticipación de posibles vidas futuras. Esta dimensión de proyección no lo incluye sólo como individuo sino que abarca tam-bién a su familia y entorno social, es una poten-cialidad o posibilidad de ser. Ambas dimensiones son la expresión de la amplitud de los derechos reconocidos y ejercidos, así como de los grados de igualdad a los que se ha accedido. Pero, además, desde la perspectiva del territorio mismo existe una dimensión de gestión y autogobierno que incide en las calidades de vida. Aquí los conceptos claves son actores locales institucionales a cargo del gobierno y gestión territorial y redes de acto-res de la sociedad civil local. Entre ambos se con-tiene la capacidad de un territorio de gobernarse e intervenir en la calidad de vida de sus habitantes.

En esta era de profundización de la globaliza-ción parece que los estados nacionales pierden importancia y dejan espacio a otros dos actores institucionales: por un lado se multiplican los intentos de integración supranacional, y por el otro, las ciudades están empezando nuevamente a desempeñar un papel más activo como respuesta a las consecuencias negativas de la globalización.Los sujetos de la igualdad son los individuos; sin embargo, ellos la tienen o no en condiciones colectivas de igualdad. El individuo es siempre producto de una sociedad, aunque tiene posibili-dades de modificar esas condiciones a través de su acción. Caben entonces algunas preguntas:

¿Nacer en distintos lugares tiene que ver con que los individuos sean más o menos iguales? ¿Igua-les en qué?

¿En qué medida existen derechos colectivos terri-toriales (si es que existen)?

¿Es un territorio en sí mismo el que se asocia a la desigualdad o son otras variables externas?¿Cómo se trata el tema del grado de elección o no elección que las personas tienen para vivir en dis-tintas partes? La inequidad tiende a estar relacio-nada con eventos que las personas no controlan, que no tiene posibilidades de elegir. Pero si el día de mañana alguien decide irse a la montaña, ¿la sociedad tiene qué apoyarla al respecto?

¿Cuál es el rol de los poderes centrales en la reproducción o no de las desigualdades?Siendo el territorio una construcción social de los sujetos que comparten un espacio físico surge entonces el dilema sobre la distinción entre suje-tos colectivos (territorios) e individuales. ¿Cómo conciliar e integrar la defensa de los valores e intereses individuales y colectivos?

Enfrentados entonces a la necesidad de instalar el tema de la igualdad en un espacio social territo-rial para establecer cómo influye en las relaciones entre los individuos, si bien se da por hecho que cabe esperar una igualdad para todos los indivi-duos en la posesión de derechos básicos universa-les (igualdad formal), no pasa lo mismo en cuanto a la llamada igualdad material. La igualdad de oportunidades a nivel territorial representa a su vez el establecimiento de una frontera (o reco-nocimiento de los muros interiores), la construc-ción de puertas en dichos muros, que es lo que significan las oportunidades, y la apertura de ventanas que sirven para proyectar las oportu-nidades. Muchas mayores dificultades implican

operativizar hoy una idea del reconocimiento de la igualdad de las diferencias. Tal como lo hace Amartya Sen, es necesario entender la igualdad como la libertad de realización de los propios proyectos y la capacidad de hacerlo.

El tema de la igualdad territorial está definido por dos dimensiones. Un horizonte o un modelo regulatorio de igualdad, que debe ser entendido histórica y contextualmente, y una estructura de desigualdades que impiden a los individuos realizar sus proyectos de vida. Esa estructura de desigualdades, inicialmente, alude por lo menos a dos aspectos que deberían ser examinados: la dimensión de vida presente y la dimensión de

proyección. La vida presenta implica la calidad de vida y la proyección las potencialidades y perspectivas de progreso.

En el marco de este cuerpo conceptual, el estudio que se analizará en URBsociAL aborda seis varia-bles principales: modelos de igualdad; niveles de ciudadanía; dimensión territorial; políticas locales; política nacional; y equilibrios para el desarrollo humano. En función de estas variables, el trabajo describe, analiza y discute tres casos: la experiencia de presupuestos participativos de Porto Alegre (Brasil), el Movimiento Ecologista de Gualeyguaychu (Argentina) y el Consejo Regional Campesino de Coquimbo (Chile).

No hay igualdad sin derechos, y no hay derechos sin ciudadanos. Tampoco hay ciudadanos sin comunidad política y derechos colectivos.

Las dimensiones de vida presente y proyección de vida futura de las personas son la expresión de la amplitud de los derechos reconocidos y ejercidos

Imagen de una de las cente-nares de favelas que existen en Río de Janeiro (Brasil).

VERóNICA SANz

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El cambio climático ha impuesto a nuestros países nuevos retos para adaptarnos a las nue-vas condiciones ambientales, a veces difíciles de calcular. En este marco surgen importantes problemas e imponderables, pero también nuevas oportunidades. Estas, sin embargo, demandan una nueva agenda pública, así como nuevas modalidades de alianzas público-privadas.Es aquí donde las asociaciones entre los gobier-nos locales, las empresas y las comunidades deberán tener un desempeño original y creati-vo. Unas alianzas necesarias para impulsar una diversidad de iniciativas de negocios que, desde el nivel local, hagan factible ir entretejiendo una nueva economía verde.

Existe una gran variedad de ejemplos de pro-yectos exitosos inspirados en la nueva economía verde desarrollados desde el nivel local. Estos proyectos, además de reducir vulnerabilidad y permitir la adaptación de las sociedades en las que se encuentran a las nuevas condiciones climáticas, contribuyen a la lucha contra el cambio climático al disminuir los gases de efecto invernadero.

Los nuevos negocios verdes, a su vez, impulsan nuevas tecnologías y modelos productivos desde la óptica de la responsabilidad socio-ambiental-empresarial o corporativa, fortaleciendo los encadenamientos productivos con micro y pequeñas empresas en las comunidades donde se implementan y, adicionalmente, potenciando el desarrollo sostenible desde el nivel local.Para poder modificar las condiciones actuales por efecto del cambio climático el conjunto de la sociedad debe revisar su forma de hacer las cosas, generando nuevas alianzas que construyan empresas más eficientes, competitivas y más res-ponsablemente comprometidas con la inversión social y ambiental.

En el marco de URBsociAL presentaremos algu-nos casos de proyectos exitosos y replicables que responden a los principios mencionados.

Los dos primeros ejemplos permiten la reducción de emisiones de metano a través del manejo sos-tenible de los desechos sólidos. Son proyectos de Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) valida-dos y certificados por la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático (CMNUCC). Asimismo, cumplen exitosamente con la reduc-ción de vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático y mejoran la calidad de vida de la población, las condiciones de salud ambiental (agua, suelo y aire) y la salud pública.

Los dos primeros casos son: Relleno Sanitario de la ciudad de San Salvador (El Salvador), ciudad pequeña en área pero densamente poblada; y Relleno Sanitario de la ciudad de Buenos Aires (Argentina), localidad muy grande tanto en área como en población. En ambos rellenos se obtie-ne energía eléctrica a partir del uso del metano que allí se genera y los dos están conectados al sistema de abastecimiento de energía eléctrica de su respectiva ciudad. En el Relleno Sanitario de la ciudad de Buenos Aires, además de energía eléctrica se generan otros subproductos.

Gran parte del reto de estos proyectos consistió en la búsqueda y construcción de los consensos y voluntades necesarios para diseñarlos, articulan-do diferentes modalidades creativas de alianzas públicas (gobierno nacional y local) y privadas (empresas y comunidades organizadas), que ade-más han incorporado a instituciones académicas y de investigación.

Su implementación ha exigido desarrollar esfuer-zos adicionales en campañas educativas destina-das a la población de la ciudad involucrada, así

A la altura del cambio climático Ligia Castro de Doens

Para modificar las condiciones actuales por efecto del cambio climático el conjunto de la sociedad debe revisar su forma de hacer las cosas generando nuevas alianzas que construyan empresas más eficientes, competitivas y más responsablemente comprometidas

Los retos y oportu-nidades del cambio climático deman-dan a gobiernos locales, empresas y comunidades un gran esfuerzo en el diseño de una nueva agenda pública

Ligia Castro de Doens es experta en Cambio Climático y Cohesión Social

como de capacitación continua para todos los empleados y usuarios. Se ha requerido cambiar conocimientos, actitudes y prácticas muy arrai-gados en las sociedades donde se desarrolló cada proyecto, pero precisamente en esto ha radicado gran parte del éxito obtenido.

Los encadenamientos productivos de las empre-sas mayores que administran y/o operan estos proyectos con micro y pequeñas empresas comu-nitarias, así como la responsabilidad socioam-biental empresarial o corporativa, garantizan la sostenibilidad a largo plazo de la reducción de la vulnerabilidad y la adaptación de las mismas.Al efecto, todos los ciudadanos debemos interio-rizar nuevos hábitos culturales para adaptarnos a las nuevas condiciones climáticas. Porque para luchar contra el cambio climático es preciso cam-biar nosotros mismos en los ámbitos personal, familiar, laboral y comunitario. En resumen, la sociedad en general debe cambiar.

En la concepción y diseño de los proyectos y en su arquitectura de alianzas destinadas a asegurar su ejecución y operación no hay fórmulas pre escri-tas; los proyectos analizados así lo demuestran en sus diferentes modalidades de ejecución y opera-ción. No existen fórmulas únicas, ni tampoco las habrá al replicar los proyectos en otras ciudades.

Sin embargo, un proceso histórico de la amplitud exigida por el reto del cambio climático - que supone adoptar nuevas concepciones, conductas y formas de asociación públicas y privadas, socio-culturales, gubernamentales y empresariales - no se logra espontáneamente en los plazos que la situación demanda. Es preciso alcanzar un nivel de concienciación y movilización ciudadanas capaz de superar las inercias tradicionales de los órganos de gobierno y los hábitos empresariales.

Por consiguiente, los sectores sociales más cons-cientes todavía deberán invertir grandes esfuerzos en campañas informativas y de sensibilización, tanto de los gobiernos locales y nacionales como de las empresas privadas, los partidos políti-cos, las organizaciones cívicas y la sociedad en general. Sólo eso hará posible construir, difundir y materializar los consensos y acuerdos nece-sarios a nivel local y sectorial para que logren tener continuidad incluso a través de los cambios electorales.

Desde luego, todos abrigamos la convicción de que, por encima de cualquier reto, un mundo mejor es posible, y de que eso no es un mero sueño o una utopía inalcanzable. Pero sólo socie-dades bien informadas y dotadas del consiguiente desarrollo de economías verdes, debidamente enraizadas desde el nivel local, pueden hacer factible esa transformación.

Para luchar contra el cambio climático es preciso cambiar nosotros mismos en los ámbitos personal, familiar, laboral y comunitario

Hay que alcanzar un nivel de movilización ciudadana capaz de superar las inercias tradicionales de los órganos de gobierno y los hábitos empresariales

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Las migraciones internacionales contemporáneas son una realidad multidimensional de carácter global que impactan en el ámbito local

Nuevas estrategias locales ante las migraciones internacionalesMariel Araya

Los cambios acontecidos a escala mundial y su vertiginosa velocidad, los nuevos escenarios de globalización de reordenamiento económico, así como los cambios culturales producidos por la sociedad de la información y las comunicaciones han generado grandes incertidumbres que coinci-den con un cada vez mayor interés por la cohe-sión social en todos los foros internacionales.

En este proceso nos encontramos con el fenó-meno de las migraciones internacionales y su impacto multidimensional. En efecto, estas incrementan la complejidad y diversidad de las necesidades, demandas y problemáticas sociales de los residentes en las ciudades.

Las migraciones internacionales contemporáneas son una realidad de carácter global que impacta en el ámbito local. Las personas parten de lugares concretos (pueblos, ciudades) y se instalan en lugares concretos. Las consecuencias de estos desplazamientos humanos se perciben tanto en los lugares de partida como en los de llegada, muy especialmente en el ámbito de la vida local.

Las migraciones, como si de un efecto espejo se tratara, interpelan la adecuación de las políticas y servicios públicos diseñados con criterios restrin-gidos de acceso y de pleno usufructo, así como también el sentido de pertenencia social. Son un gran reto, pero también una gran oportunidad.

POLÍTICAS LOCALES Y TERRITORIALES:

1. Plan Barcelona Interculturalidad. Ayuntamien-to de Barcelona.Barcelona ha cambiado su fisonomía poblacio-nal en los últimos años gracias a la llegada de inmigrantes. Cuenta con un 17,6% de población inmigrada. Dicha población es también de una gran diversidad y heterogeneidad. En 2009, el

Ayuntamiento de Barcelona lanzó un extenso proyecto participativo para la elaboración del Plan Barcelona Interculturalidad, estructurado sobre la base de tres principios: igualdad, puesta en valor de la diversidad e interacción. Hasta ahora, el Plan se ha dotado de 10 ejes de acción (llamado decálogo intercultural), 30 objetivos y 90 medidas. Transversal y subyacente a todos ellos, el Plan deja entrever su visión del problema público: ya no se trata de gestionar las migracio-nes y hacerlo de forma excelente. Sobre la base de aceptar la necesidad de repensar una ciudad que ya es otra, el Plan propone un cambio de mirada: se busca erradicar las prácticas segrega-cionistas y replantear toda la política municipal en clave intercultural. No se trata, pues, de una política sectorial para las migraciones, sino una política para la ciudad elaborada y ejecutada desde los diferentes ámbitos municipales. El Plan Barcelona Interculturalidad está concebido como una política dirigida a toda la población y a toda la ciudad en clave de futuro.

2. Comité Paulista para Inmigrantes y Refugiados. Prefectura de Sao Paulo.La ciudad de Sao Paulo recibe alrededor del 30% de toda la inmigración en Brasil. Es una ciudad fundada a partir de sucesivas migraciones y se declara a sí misma como la primera ciudad del Japón fuera del Japón, o la mayor ciudad liba-nesa fuera del Líbano.

Pese a esta realidad multicultural, se había constatado un crecimiento de situaciones de discriminación hacia los inmigrantes, así como también graves vulneraciones de derechos y de explotación laboral. A partir de la implicación de entidades ciudadanas se inició un proceso que culminó en 2002 con la creación de un órgano participativo municipal: el Comité Paulista para Inmigrantes y Refugiados. Su principal objeti-

Las migraciones internacionales contemporáneas son una realidad de carácter global que impacta en el ámbito local, tanto de los lugares de partida como de los de llegada

La frontera entre México y Estados Unidos es la más transitada del mundo.

VERóNICA SANz

Mariel Araya es experta en Migraciones

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5. Ley de Acogida- Pacto Nacional Inmigración. Generalitat de CatalunyaEn 2010, se aprobó el texto que define la polí-tica pública sobre acogida de inmigrantes en todo el territorio. Se trata de la primera de estas características en el sur de Europa y sus objeti-vos son: facilitar la integración de las personas inmigradas; extender un servicio de primera acogida homogéneo en toda Catalunya; fomentar la autonomía personal y la igualdad de oportuni-dades; reducir las situaciones de vulnerabilidad y de riesgo de exclusión y definir la lengua cata-lana como la lengua común de acogida en todo el territorio. Esta política parte del diagnóstico previo sobre las incertidumbres e inseguridades de la población inmigrante dependiendo del lugar de asentamiento. Asimismo, se plantean acciones en el ámbito laboral que mejoran las expectativas desde el primer momento de la llegada e incluso antes de viajar. El texto partió de un amplio pro-ceso participativo y es una de las medidas previs-tas en el Pacto Nacional para la Inmigración.

6. Plan LAOS-SALT. Ayuntamiento de SaltSalt (Girona, España) es un municipio de menos de 30.000 habitantes con un 43% de inmigración. Este hecho supone un gran reto para las autori-dades locales, que han implementado diversas políticas de atención a la diversidad y promo-ción de la convivencia. Mediante el Plan LAOS-SALT, el municipio se ha dotado de un órgano de participación ciudadana que tiene funciones consultivas, de realización de informes, estudios y propuestas de todo tipo de acciones municipa-les, servicios y actividades relacionadas con el fenómeno de la inmigración. El objetivo es arti-cular un modelo de ciudadanía que integre en la diversidad en un marco democrático de derechos y deberes válidos para todos los ciudadanos de Salt. Son de destacar, por su formato innovador, las acciones realizadas en el ámbito de la vivien-da y de las comunidades de vecinos.

URBsociALURBsociAL

vo es dotar a la ciudad de una estructura que aúne esfuerzos y sea ámbito de coordinación y concertación, tanto de los gobiernos federal, estatal y municipal, como también de las entida-des sociales y ciudadanas que trabajan con las migraciones. Además, desde el Comité intenta dar respuesta a dificultades como la descoordinación administrativa, obstáculos en el acceso a la edu-cación y la salud y lucha contra la discriminación y la explotación laboral.

3. Ordenanza de Movilidad Humana- Casa del Migrante. Municipio de Quito.La ciudad de Quito aprobó en 2008 una ordenan-za que, basándose en la normativa internacional sobre derechos humanos vigente en Ecuador, proporciona a la ciudad una herramienta para intervenir respecto de las consecuencias de las migraciones internacionales, muy especialmente en los lugares de origen de las mismas. Dando por sentado el fenómeno de la movilidad humana y asumiendo el carácter complejo de la realidad migratoria (Quito también recibe migraciones, sobre todo desde ciudades peruanas y colom-bianas), la Ordenanza estipuló los principios que deben regir la política pública local respecto de las migraciones: no discriminación, inclusión e integración social, visibilización permanente de las dinámicas de la movilidad humana, ejerci-cio y goce de los derechos humanos, garantía de servicios públicos universales y de calidad, coordinación y concertación interinstitucional y participación ciudadana. Al mismo tiempo, se dotó de un Plan de Movilidad Humana detallado y de una estructura para que la Ordenanza pueda ser efectivamente implementada. Se trata de la Mesa Distrital de la Movilidad Humana (órgano de amplia participación); la Red Distrital de Ser-vicios (instancias municipales, recursos públicos y privados); las Casas de Movilidad Humana (Casa del Migrante. Servicios de primera acogida,

derivación, asesoramiento y seguimiento) y el Observatorio Distrital de la Movilidad Humana (base de datos, información e investigación para sustentar la formulación de las políticas públicas).

4. Programa Enlace Binacional- Programa 3x1. Estado de Zacatecas.Recientemente se ha alertado sobre la situación de despoblación que se está viviendo en varios municipios del estado mexicano de Zacatecas como consecuencia de la emigración. Con una amplia experiencia en la gestión del impacto de las migraciones, el Programa Enlace Binacional – Programa 3x1 atiende a los diversos factores de expulsión de población y pretende dar respuesta a una nueva situación producto del trasnaciona-lismo. Casi la mitad de la población de Zacatecas vive actualmente en Estados Unidos. Se puede afirmar, entonces, que estamos ante un estado binacional. En este sentido, el Programa contiene múltiples acciones y servicios para hacer frente a la nueva realidad del estado. Desde planifica-ción regional productiva en el ámbito rural, hasta programas de atención a la salud mental de “los que se quedan” (básicamente mujeres, menores y ancianos). Además, también ofrece atención sanitaria a los emigrantes que han vuelto (como el programa “Vete sano, vuelve sano” con espe-cial incidencia en enfermedades como el Sida) y acciones participativas para los que siguen fuera. Por otro lado, se incardinan las políticas de programas como el 3x1, que consiste en una modalidad de intervención sobre las remesas de los emigrantes. Mediante un convenio de los tres niveles gubernamentales (federal, estatal y municipal) con las asociaciones de inmigrantes mexicanos en EEUU, por cada dólar que los emigrantes aportan a proyectos productivos y de infraestructuras locales cada ámbito guberna-mental también aporta un dólar.

Casi la mitad de la población de Zacatecas (México) vive actualmente en Estados Unidos

El Plan Barcelona Interculturalidad ha sido el resultado de un gran proceso participativo y es una política dirigida a toda la población y a toda la ciudad en clave de futuro

Barcelona (España) cuenta actualmente con un 17,6% de población inmigrada.

JOAN ROCA DE VIñALS

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Pobreza, desigualdad y cohesión social localXavier Godàs i Pérez

Todos los gobiernos están interesados en promo-ver dinámicas de cohesión social. Sería a todas luces una temeridad que un gobierno decidie-ra explícitamente no pretender una sociedad cohesionada para su territorio de referencia. Lo cual debe alertarnos del hecho de que la cohesión social como voluntad política guarda una gran variabilidad de significados. En unas ocasiones, significa la promoción de la política social a fin de generar sociedades inclusivas; en otras, una voluntad generalista de conquistar una sociedad bien integrada, estable, poco o nada conflictiva. Este documento plantea una definición operativa de cohesión social desde el prisma de la política pública. Entendemos que las políticas de cohe-sión social deben orientarse tanto a las exigencias materiales de existencia (económicas) como a las que se refieren al vínculo social (comunitarias), que confieren seguridad vital, así como enlazar la diversidad social y el derecho a la diferencia con la promoción de la igualdad social en el acceso a toda suerte de bienes y recursos fundamentales, incluidos los derechos cívicos, políticos y socia-les. Por ello, una acción pública que pretenda generar sociedades cohesionadas debe plantearse la siguiente relación de objetivos (AERYC, 337): / Reducir brechas sociales y favorecer una pers-pectiva social-redistributiva del gasto público.

/ Proporcionar un marco de igualdad de opor-tunidades para que todas las personas tengan la posibilidad de desarrollar una vida digna y autónoma.

/ Reconocer las diferencias entre grupos y perso-nas (que no desigualdades) como valor enriquece-dor de lazos sociales.

/ Desarrollar fuertes relaciones sociales (en parte,

de tipo comunitario) en entornos diversos: traba-jo, escuelas, barrios.

/ Generar un espacio público de carácter inte-grador y convivencial, expresión social de unas relaciones democráticas de calidad.

/ Difundir un amplio sentimiento de arraigo al lugar, flexible y abierto al cambio.

/ Promover una visión compartida de modelo territorial entre los principales actores y sectores ciudadanos.

/ Impulsar la capacidad ciudadana de organi-zación y acción de un territorio para afrontar sus propios retos económicos, sociales, político-democráticos y de sostenibilidad como elemento clave de desarrollo endógeno.

A este conjunto de objetivos se llega por la capa-cidad del sistema político de procurar la partici-pación plena de las personas en cuatro ámbitos fundamentales de la organización social. En pri-mer lugar, el espacio económico y de la renta, que supone vinculación a la ocupación y ser sujeto de la redistribución llevada a cabo por los poderes públicos. En segundo lugar, el espacio político y de la ciudadanía, que implica capacidad de parti-cipación política y acceso efectivo a los derechos sociales. En tercer lugar, el espacio relacional y de los vínculos sociales, estrechamente relacio-nado con el mundo de lo afectivo. Y, por último, el ámbito de la cultura y la formación continua como elementos imprescindibles de adaptación personal a las condiciones estructurales de la sociedad de la información.

Los territorios urbanos componen los lugares donde se manifiestan los efectos humanos y sociales de los procesos de exclusión derivados de

Las políticas de cohesión social deben orientarse tanto a las exigencias materiales de existencia como a las que se refieren al vínculo social, que confieren seguridad vital, así como enlazar la diversidad y el derecho a la diferencia con la promoción de la igualdad

Xavier Godàs i Pérez es experto en Pobreza y Desigualdad

La calidad de vida en el territorio equivale a la capacidad política de generar escenarios de oportunidades y cohesión social en términos de equidad

Los límites compe-tenciales y de recursos son un factor condicionante de la acción del gobierno local, pero en ningún caso constituyen excusa alguna para no actuar

La calidad de vida en el territorio equivale a la capa-cidad política de generar escenarios de oportunidades.

VERóNICA SANz

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la estructura de desigualdades sociales; también conforman los espacios en los que se desenvuel-ven las dinámicas de inclusión. En este sentido, es un hecho constatable que los gobiernos territo-riales juegan un rol fundamental en el despliegue de políticas públicas generadoras de equidad y autonomía personal. En el marco territorial las situaciones de exclusión social tienen rostro, nombres y apellidos; componen los retos habi-tuales del bienestar cotidiano. La calidad de vida en el territorio equivale a la capacidad política de generar escenarios de oportunidades vitales y cohesión social en términos de equidad. Los gobiernos locales son agentes políticos cruciales para ello, dado que viven muy directamente las necesidades, demandas, expectativas y proble-mas de sus ciudadanos. La diferencia y el valor añadido de los gobiernos territoriales (municipa-les, regionales) respecto de otros niveles adminis-trativos y gubernamentales es que los primeros actúan en el terreno de la proximidad relacional (Pascual, 2008). No obstante, el ámbito competencial y los recur-sos a su disposición son bastante más reducidos que los de otros niveles de la administración. Ello no implica necesariamente que los gobiernos territoriales, particularmente los municipios, sean instituciones marginales, infrapolíticas, podría-mos decir, respecto de otros niveles de gobierno.

Por una parte, el municipio o la región constitu-yen el referente territorial básico para el ejercicio de las funciones estatales en el territorio en un sentido administrativo; por otra, las instituciones locales conforman una comunidad política con capacidad propia de gobierno, en que se definen y desarrollan políticas específicamente locales o adaptables al contexto territorial de referencia. Sin duda, los límites competenciales y de recur-sos son un factor condicionante de la acción del

gobierno local, pero en ningún caso constituyen una excusa para no actuar. Podemos aventurar que no hay margen para la pasividad: tanto por la necesidad de afrontar los retos de la historia propia del territorio como, hoy día, por lo impe-rioso de responder a complejos procesos fruto de la globalización (Godàs 2010).

Con base en estas consideraciones generales, el documento que se presentará en URBsocIAL consta de una relación conceptual del término cohesión social que lo ubique en referencia a la lucha contra la exclusión y la pobreza, la promo-ción de la equidad y la gobernanza democrática territorial. Y, también, de la exposición de seis experiencias significativas de política pública local que tengan como vector la lucha contra la pobreza y la desigualdad social y promuevan la cohesión social territorial.

El trabajo examina las siguientes políticas:

I) Europa Comunidad de Plaine Commune (Francia). Agrupa a un conjunto de ocho pobla-ciones con un total de 350.000 habitantes. Plaine Commune destaca por impulsar una política de cooperación intermunicipal en términos de planificación urbana estratégica y promoción de políticas de inclusión social. Es destacable el plan en fase de realización Plaine Commune Habitat, que interviene sobre la vivienda desde la perspec-tiva de la política social.

II) Cono Sur. Montevideo (Uruguay). 1.340.000 habitantes. Plan de acción para alcanzar los Obje-tivos de Desarrollo del Milenio (ODM). En primer lugar, el interés de esta política radica en la capacidad de concretar el proceso de consecución de los ODM en el marco territorial; en segundo lugar, la virtud del Plan es que concentra sus esfuerzos en un eje temático: la primera infancia

y la salud materna. Existen un conjunto de cam-pañas y una relación de objetivos definidos que permiten analizar la adecuación y la capacidad de impacto de la política.

III) Región Andina. Medellín (Colombia). 2.300.000 habitantes. Proyectos Urbanos Integra-les. Se trata de un modelo de transformación de la ciudad atendiendo al objetivo de elevación de los índices de desarrollo humano y el aumento de la calidad de vida. Es una política integral que comprende la dimensión urbana, habitacional, de gestión del espacio público y de movilidad; la cooperación municipal con el tejido comunitario y el impulso de la participación; la lucha espe-cífica contra la pobreza, las grandes brechas en materia de desigualdad y la pauta de la violencia. IV) Centroamérica. Teguacigalpa (Honduras). 1.250.000 habitantes. Gobierno Municipal Móvil. La experiencia se enmarca en la voluntad del Ayuntamiento de acercar los servicios ofreci-dos por la Alcaldía y otras organizaciones a los grupos más vulnerables y segregados del espacio urbano. Del proyecto se extrae el establecimien-to de una relación con las comunidades que ha revertido en el fortalecimiento de las interlocu-ciones comunitarias y la consiguiente clarifica-ción de prioridades de actuación en materia de salud, educación, infraestructuras, medio ambien-te y promoción económica.

V) México DF (México). 9.000.000 habitantes. Ciudad con Equidad, Incluyente y Participati-va. Se trata de un programa de desarrollo local que ordena e impulsa el conjunto de la política social municipal partiendo de la observación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Hace especial mención a los proble-mas derivados de la acusada desigualdad social y los altos índices de pobreza, pero también con-

templa programaciones específicas por sectores de actuación social (salud, educación, vivienda) y por colectivos específicos (infancia, personas mayores, personas con discapacidad). Concreta en 50 medidas prioritarias el éxito de implemen-tación del programa, lo cual lo hace fácilmente evaluable.

VI) El Caribe. Caguas (Puerto Rico). 140.000 habitantes. Masificación Deportiva. El proyec-to toma el tema del deporte como elemento de engarce de las comunidades y los colectivos de la ciudad hacia el conjunto de las relaciones ciudadanas y el propio gobierno local. Si bien las actividades deportivas catalizan la acción, los subproductos de ello son interesantes desde los parámetros de la cohesión social. Particularmente el desarrollo de habilidades sociales (relaciona-les); el fortalecimiento comunitario; el fomento de la salud pública; la construcción participada de equipamientos deportivos y recreativos-comunitarios; la sistematización de la relación entre la administración municipal y la ciudadanía organizada; y la detección prematura de proble-mas sociales.

Los territorios urbanos componen los lugares donde se manifiestan los efectos humanos y sociales de los procesos de exclusión derivados de la estructura de desigualdades

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Encuentros URB-AL IIIEncuentros URB-AL III

Punto de partida

Montevideo fue el escenario, el pasado mes de septiembre, de la puesta en marcha de dos ambiciosas iniciativas del programa URB-AL III: los Diálogos Regionales sobre Cohesión Social y los Seminarios Presenciales sobre Liderazago Local.

Entre el 6 y el 10 de septiembre la agenda de cooperación descentralizada de la capital urugua-ya estuvo muy cargada. El programa URB-AL III, a través de la Oficina de Coordinación y Orien-tación (OCO), organizó en la ciudad el I Diálogo Regional sobre Cohesión Social y el I Seminario Presencial sobre Liderazgo Local.

Dos iniciativas que se enmarcan en el compro-miso del programa URB-AL III de la Comisión Europea de fomentar las acciones necesarias para incrementar el grado de cohesión social y territorial en las colectividades subnacionales de América Latina.Bajo el título «Gobernanza y Cohesión Social»,

más de un centenar de personalidades participa-ron entre el 8 y el 9 de septiembre en el I Diálogo Regional sobre Cohesión Social, organizado en colaboración con la Intendencia de Montevideo.El encuentro aglutinó a 111 representantes de distintos niveles de la administración pública y la sociedad civil de América Latina y la Unión Euro-pea comprometidos con el fortalecimiento de la cohesión social en las políticas públicas locales. El Diálogo Regional sirvió para reflexionar colec-tivamente sobre la agenda de cohesión social en la región y permitió poner en común una serie de experiencias de políticas públicas y modos de intervención innovadores para abordar la solución a algunos problemas comunes. Las con-

clusiones y recomendaciones (www.urb-al3.eu) acordadas servirán de punto de partida para fijar la agenda de la próxima edición de los Diálogos Regionales, prevista en El Salvador para febrero de 2011.

Por su parte, la Plataforma de Liderazgo Local (PLL) también celebró su Primer Seminario Presencial en Montevideo entre el 6 y el 10 de septiembre.«Cohesión social, territorios y políticas públicas» fue la temática escogida para fomentar el deba-te, la reflexión y el intercambio de experiencias entre los 35 líderes locales de distintos niveles de la administración pública de América Latina

que asistieron al evento, organizado en colabo-ración con el Centro de Formación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Los participantes integran la PLL, un espacio formativo de excelencia académica de carácter semi-presencial que está dirigido a electos y electas de gobiernos locales latinoamericanos y es impulsado por la OCO.

Durante el encuentro de Montevideo se aborda-ron los nuevos desafíos que afrontan los gobier-nos locales y su respuesta en términos de políti-cas públicas de cohesión social.

Acto inaugural del I Diálogo Social sobre Cohesión Local.

ARCHIVO OCO

Los encuentros aglutinaron a cerca de 150 personalidades de América Latina y la Unión Europea

ARCHIVO OCO

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EntrevistaEntrevista

Con el sencillo slogan de «MontevideAna», Ana Olivera es la primera intendenta electa mujer en la historia de la capital uruguaya. Frenteamplista desde siempre, esta montevideana de 56 años, vinculada al Partido Comunista y a diversas orga-nizaciones sociales, se lanzó a la arena pública hace 15 años cuando integró el gabinete del ex intendente Mariano Arana. Entre 2005 y 2009 fue subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social, creado por el ex presidente Tabaré Vázquez con la misión de ejecutar un plan de emergencia para paliar la pobreza en la que se encontraba sumida buena parte de la población uruguaya tras la crisis de 2002, la peor que se recuerde en el país. En los últimos años ha entablado estrechos vínculos con autoridades municipales argentinas como parte de su firme apuesta por las políticas descentralizadas.

El pasado mes de septiembre Olivera partici-pó, en calidad de anfitriona, en el I Diálogo Regional sobre Cohesión Social «Gobernanza y Cohesión Social», organizado en Montevideo en el marco del programa URB-AL III de la Comi-sión Europea y en el que participaron más de un centenar de personalidades de distintos niveles de gobierno y de la sociedad civil de América Latina y Europa.

¿Cómo es la experiencia montevideana en gober-nanza y cohesión social?Para el proyecto político nacional, no sólo para la intendencia de Montevideo, la cohesión social nos ha englobado en los programas que ha impulsado la Unión Europea. Cuando lo intro-ducimos en nuestros programas de gobierno, hablamos de inclusión o integración social, que son términos bastante más comprensibles para el resto de la ciudadanía. En nuestro país se vivió un proceso de exclusión del ejercicio de derechos, que se tradujo también en una segregación espa-cial. Por eso, promover el ejercicio de derechos

como inclusión social es vital. Recuperar y crear trama social donde hoy no la tenemos. Promover también el ejercicio del derecho a la participa-ción. Más allá del término “gobernanza”, que quizás no todos entiendan, lo importante es la cooperación público-público y público-privado, incluyendo en lo privado a las empresas y a las organizaciones civiles no gubernamentales, como copartícipes en la elaboración de políticas públi-cas. Por eso participó en el I Diálogo Regional la Asociación Nacional de ONGs (ANONG). Pero la sociedad civil no sólo es ANONG. También son las organizaciones barriales y los sindicatos. Con ellos también trabajamos en la inclusión social. Cohesión social y gobernanza están íntimamen-te relacionados, pero nosotros le damos nuestra traducción montevideana.

¿Qué significa para Uruguay tener un tercer nivel de gobierno, que son las nuevas alcaldías creadas por la nueva Ley de descentralización?Era algo que nos faltaba y que da al país otras potencialidades. Hubo muchas opiniones sobre la Ley de descentralización, pero creo que tenemos el pecado original de que esta ley no fue debatida por toda la sociedad, pese a haber sido tratada durante tres años en la esfera política. Yo me siento incluida en esa responsabilidad, como par-te del anterior gobierno nacional, del que éste es continuidad. Lo asumo también como integrante de la fuerza política de gobierno. Desde diciembre de 2008 el proyecto estuvo en el Parlamento y desde esa misma fecha en el órgano legislati-vo comunal de Montevideo para debatir cómo iba a adecuarse ese nuevo orden a la realidad de una capital que ya contaba con un proceso de descentralización por voluntad propia desde hacía 20 años. La gente se terminó enterando este año, semanas antes de las elecciones, y le dio la espalda: sólo el 30 % del electorado nacional votó alcaldes... Y le dio la espalda... Así fue. Entonces

«Promover el ejercicio de derechos como inclusión social es vital»Javier Alfonso

Javier Alfonso es periodista

el desafío es doble porque Montevideo hace 20 años que sueña y pelea por tener gobiernos loca-les de carácter electivo y deseábamos mucho esta ley. En este quinquenio que comienza tenemos la meta de que los ocho nuevos municipios monte-videanos hayan generado mayor participación y mejor gestión. Ahora se da la situación paradójica de que muchos ven las alcaldías como traídas de los pelos, y en realidad estamos entre los últimos países en América Latina en llegar al tercer nivel de gobierno con estas características. También es importantísimo porque seguramente generará mayor apoyo de la cooperación internacional.

¿Cómo se va a trabajar para mejorar la percep-ción que la ciudadanía tiene del tercer nivel de gobierno?Los Concejos Municipales (formados por cinco miembros, incluido el alcalde), que funcionan desde julio pasado, ya comenzaron a tomar contacto con los 18 Concejos Vecinales (preexis-tentes) y con las organizaciones sociales de su territorio, a quienes ya presentaron los grandes lineamientos estratégicos del municipio y de quienes recibieron los planes estratégicos zona-

les que estos venían desarrollando en los últi-mos años. Quiere decir que se está poniendo en marcha un proceso de intercambio para definir el plan de trabajo para los próximos cinco años, que serán presentados a la ciudadanía en noviembre próximo y luego al gobierno municipal.

¿Qué tareas estarán a cargo de las alcaldías?En principio el mantenimiento local de calles y avenidas secundarias, barrido, limpieza, alumbra-do público de calles y espacios verdes. Luego irán visualizando y asumiendo tareas en el área social y cultural. En las intendencias y en el gobierno, se hace una rendición de cuentas presupuestal anual, donde se puede modificar el presupuesto económico para cada ejercicio. Esa adecuación presupuestal se decidirá en conjunto entre gobier-no municipal, local, organizaciones sociales y ciudadanía. Una muestra de esta descentraliza-ción que estamos poniendo en práctica es que incorpora la cohesión social y la gobernanza.

Entrevista a Ana Olivera, Intendenta de Montevideo

Ana Olivera durante su participación en el I Diálogo Regional sobre Cohesión Social.

ARCHIVO OCO

URB-AL III es un programa de cooperación regional descentralizada de la Comisión Europea cuyo objetivo es contribuir a incrementar el grado de cohesión social y territorial en el seno de las colectividades subnacionales y regionales de América Latina.

Liderada por la Diputación de Barcelona, la Oficina de Coordinación y Orientación URB-AL III tiene la misión de apoyar la ejecución del programa prestando asistencia técnica y acompañamiento a los diferentes proyectos para contribuir a hacer realidad sus objetivos

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