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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0580/2007
La Paz, 12 de octubre de 2007
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Total E&P Bolivia Sucursal
Bolivia (fs. 452-461 del expediente); la Resolución STR-SCZ/No. 0139/2007 del
Recurso de Alzada (fs. 393-450 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-
0580/2007 (fs. 514- del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado;
y,
CONSIDERANDO I:
Antecedentes del Recurso Jerárquico.
I.1. Fundamentos del Recurrente.
La Empresa Total E&P Bolivia Sucursal Bolivia, representada legalmente por
Juan Marcos Braga, acredita personería según Testimonio No. 160/2006 (fs. 492- 502-
vta. del expediente), e interpone Recurso Jerárquico (fs. 452-461 del expediente)
impugnando la Resolución Administrativa STR-SCZ/No.0139/2007, de 8 de junio de
2007, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz. Argumenta lo
siguiente:
i. Balance volumétrico. Exportación de crudo.- Manifiesta que la Resolución de
Alzada señala que la factura comercial es sólo un documento de respaldo dentro del
proceso de despacho y TEPB no ha aportado documentación adicional que
Resolución de la Superintendencia
Tributaria Regional Impugnada: Resolución STR-SCZ/No. 0139/2007, de 8 de junio de
2007, del Recurso de Alzada, emitida por la
Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz.
Sujeto Pasivo: TOTAL E & P BOLIVIA SUCURSAL BOLIVIA (TEPB),
representada legalmente por Juan Marcos Braga.
Administración Tributaria: Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de
Impuestos Nacionales Santa Cruz (SIN), representada
por Eduard Pedro Gutierrez Vargas.
Número de Expediente: STG/0465/2007//SCZ-0010/2007.
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demuestre la exportación definitiva de los 3.892 bbl. de crudo. Al presente se adjunta
la documentación que prueba la indicada exportación en diciembre de 2004.
ii. Accesorios por ventas no facturadas en el momento que ocurrió el hecho
generador.- Argumenta que el simple transporte de crudo hasta Arica no configura el
hecho generador del impuesto, porque no implica venta o transferencia de propiedad
a los fines de la Ley 843. Por tanto, al no entregarse el bien ni existir acto equivalente
a la transferencia de dominio, no hay deuda tributaria ni lugar a cobro de accesorios,
los cuales están en función de la falta de pago del tributo.
iii. Gastos en beneficio del personal de TEPB y del personal de contratistas
extranjeros.- Señala que los bonos de alquiler fueron parte de los salarios de los
dependientes y por tanto, ingresos adicionales sujetos al RC-IVA de los empleados.
Antes de que los dependientes hubiesen contratado sus viviendas en Bolivia,
tuvieron que hospedarse en hoteles. TEPB tuvo siempre como política, pagar esos
alojamientos a fin de que no gasten suma alguna por su traslado; fueron gastos
indispensables para el desarrollo de sus actividades no pudiendo considerárselos
ingresos adicionales de los empleados, sino gastos forzosos y de carácter temporal
para que puedan cumplir sus funciones en Bolivia, no teniendo la calidad de gastos
habituales que son los sujetos al RC-IVA, según el inc. f), art. 19, de la Ley 843. Tal
gasto cesaba el momento en el que el empleado obtenía un domicilio. El alquiler
(incluido el bono por este concepto) ya no era responsabilidad de TEPB.
iv. En cuanto a los pasajes aéreos del personal, señala la empresa que no pudo
aportar como prueba de su pago las respectivas facturas porque en varias
oportunidades extravió las mismas, pero, en cambio, evidenció haber incurrido en
esos gastos y tiene derecho a la deducción de los mismos a efectos del IUE,
mediante la documentación acompañada como Anexo A y con juramento de reciente
obtención cumpliendo con el inc. d), del art. 219 de la Ley 2492 (CTB). Los contratos
de alquiler de las viviendas de los empleados expatriados, que tuvo que inscribir
TEPB, incluían líneas telefónicas a nombre de los propietarios de las viviendas,
gastos en que incurrió la empresa debido a que en casos de problemas técnicos los
empleados expatriados debían comunicarse con sus homólogos, tanto en el campo
como en Francia, y TEPB tuvo que hacerse cargo de las cuentas de consumo.
v. En cuanto a asientos devengados, la Resolución de Alzada asegura que TEPB no
presentó documentación que pruebe lo afirmado, por lo cual estima que las
provisiones para el pago de las facturas por servicios prestados a TEPB por el
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personal asignado por TOTAL S.A., son gastos adicionales sujetos al RC-IVA. Pero
este es un error de la Superintendencia Regional, porque TEPB no efectúa ningún
pago directo de los empleados de TOTAL S.A. sino registra como gasto la factura
que esta última le envía mensualmente para pagar los servicios del personal
asignado a TEPB; en este caso los gastos de enero a marzo de 2002, cuya factura
no nos ha sido enviada hasta la fecha. Lo manifestado demuestra que TEPB ha
acreditado, conforme al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), que la Resolución impugnada
no está basada en la prueba producida en el proceso, por lo que Superintendencia
Tributaria General debe dejar sin efecto el reparo respectivo. La Resolución de
Alzada tampoco ha tomado en cuenta que de acuerdo con el art. 11 del DS. 24051
(Reglamento al IUE) correspondía la deducción de otros gastos y contribuciones
hechos a favor del personal como asistencia sanitaria, ayuda escolar y educativa, así
como otros gastos cuyo valor total no excede de 8.33% del total de los salarios del
personal, que fue de Bs.330.752. Por ello, la Superintendencia General debe valorar
con justicia los descargos presentados por TEPB y los verdaderos alcances del art.
11 del DS 24051 citado.
vi. Servicios sin factura y retenciones. Ingresos del Christian Iturri Salmón. La
Resolución de Alzada interpreta que Iturri continuará siendo personal de TEPB, por lo
que debía recalcularse el reparo contra nuestra empresa, sobre la base del RC-IVA.
No toma en cuenta que fue en su momento dependiente de TOTAL FINA, S.A. (carta
de 14 de marzo de 2000); por tanto los pagos a su persona por parte de TEPB no
pueden ser gravados en Bolivia sino en Francia. Este país y el nuestro han suscrito
un convenio para evitar la doble tributación en cuya virtud no le corresponde el pago
de impuestos en Bolivia; por ello sus salarios fueron refacturados a la empresa
francesa. Todo ello está acreditado por los documentos que hemos presentado en
este proceso y debe ser reconocido por la Superintendencia Tributaria General.
vii. Sobre la rendición de gastos de Müller & Asociados, por concepto de reembolso
de gastos, cabe indicar que no es un pago adicional al servicio que prestó la
consultora en virtud de un Contrato Civil, de 23 de enero de 2002, para el
asesoramiento a la TEPB en temas relacionados con hidrocarburos, con la
remuneración de $us. 10.000.-, debiendo abonársele o reconocérsele los costos
adicionales a que se refiere la cláusula del contrato; empero la Superintendencia
Regional expresa que no corresponde relacionar esos gastos con las prestaciones
emergentes del contrato. Ello es ilógico, porque si bien el gasto se realizó antes de
suscribirse el contrato, el mismo ha sido efectuado en función de dicho convenio
siendo una situación vinculada con los operativos del TEPB (el contrato se firmó
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posteriormente) y fue necesario, debiendo ser reconocido legalmente. Cuenta con el
respaldo de facturas y otros documentos emitidos a favor de la empresa impugnada.
viii. Pagos realizados en el país sin la retención del IUE-BE.- Señala que la
Resolución de Alzada estima que si bien documentalmente no se ha acreditado una
vinculación jurídica directa entre nuestra empresa y la francesa TOTAL S.A., hay
documentos que prueban que ésta es propietaria de TEPB; que tienen a TOTAL S.A.
como casa matriz, siendo TEPB su sucursal en Bolivia. Sin embargo, la Resolución
de Alzada afirma que en Bolivia no hay ninguna sucursal de Total Exploration
Producción Bolivia S.A. Sucursal Bolivia - lo que es correcto- y que ésta tiene a su
vez como casa matriz a la empresa francesa TOTAL S.A. -lo cual es falso-, por lo que
se establece que la empresa domiciliada en Bolivia viene a ser la sucursal de la
empresa sucursal TOTAL S.A. “de la cual el recurrente alega desvinculación
económica y jurídica”.
ix. Todo lo anterior, señala TEPB, ha desvirtuado la fundamentación de alzada y para
ello presentó un certificado emitido por TOTAL E & P Holdings que establece que
esta sociedad es accionista mayoritaria de TEPB con el 99.82% del capital. Es falso
que TEPB hubiera negado vinculación con TOTAL S.A. TEPB ha afirmado que
TOTAL S.A. ha tenido que garantizar los contratos con YPFB. Si bien se demostró
que TOTAL S.A. no puede ser considerada nuestra “casa matriz”, no debe
entenderse como la configuración de un establecimiento permanente para efectos
fiscales y del Convenio Bolivia-Francia, para evitar la doble imposición en materia de
Renta y Patrimonio. Señala que hizo referencia a los comentarios al Modelo de
Convenio de la OECD que afirma que “la existencia de una sociedad filial no la
convierte por sí sola en establecimiento permanente de su sociedad principal”.
x. Señala que la Superintendencia no ha considerado que TEPB depende
económicamente de la casa matriz (que es TOTAL E&P Bolivia S.A. y no TOTAL
S.A.). Por consiguiente, debe aplicarse el Convenio. Ni el SIN ni la Superintendencia
Regional Santa Cruz han demostrado (sólo han concluido arbitrariamente) que
TOTAL S.A. tenga un establecimiento permanente en Bolivia, menos que TEPB sea
ese establecimiento. Concluye, por tanto, que TEPB no retuvo ni pagó el monto
equivalente al 12.5% por los pagos de los servicios prestados por TOTAL S.A., en
razón del art. VII del Convenio homologado mediante Ley 1655, de 31 de julio de
1995. La Superintendencia no ha tocado este punto pero tampoco ha negado la
validez del Convenio. Continúa que el citado art. VII establece que los beneficios de
un Estado (Francia) sólo serán gravables en ese Estado a no ser que la empresa
realice operaciones en el otro Estado (Bolivia) por medio de un establecimiento
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permanente. TEPB es la sucursal de la sociedad francesa TOTAL E&P Bolivia S.A.
Pese a que el SIN no ha demostrado la configuración de un establecimiento
permanente, la Resolución impugnada no ha basado su fallo en documentos veraces
y fidedignos, ni tampoco en el Convenio o en elementos doctrinales. Sólo ha tomado
en cuenta la simple vinculación de empresas.
xi. Por los argumentos expuestos, solicita que la Superintendencia Tributaria General
revoque el reparo por no haberse demostrado la existencia del establecimiento
permanente de la sociedad Total S.A. en Bolivia y porque una simple relación
societaria con TEPB no significa que se configure un establecimiento permanente,
máxime si el Convenio establece lo contrario.
xii. Servicios realizados parcialmente en el país. Según el recurrente, Alzada
asegura que TEPB no habría demostrado que las empresas contratadas, DETESAT
y PLENEXIS, tienen su domicilio en Alemania como tampoco que no tienen un
establecimiento en Bolivia. Cabe afirmar que el SIN tampoco demostró lo contrario, lo
cual equivale a decir que el fallo impugnado tampoco se basó en documentos
presentados por la Administración Tributaria. La Superintendencia Regional pretende
que sea TEPB la que debía comprobar ese extremo, no obstante que como
contribuyente no tiene las amplias facultades del SIN. Cuando en el anterior reparo
se demostró que TOTAL S.A. no tiene un establecimiento permanente (domicilio,
sucursal, oficinas, etc.), la Superintendencia falló contra TEPB señalando que lo
dicho no constituía prueba suficiente para desvirtuar el establecimiento permanente.
Esto es falta de congruencia en la consideración de nuestras pruebas. Con todo,
TEPB, está en proceso de alcanzar certificaciones de FUNDEMPRESA que
demuestren que DETESAT y PLENEXIS nunca se constituyeron en Bolivia bajo
ningún tipo de sociedad. Por lo que los reparos sobre este punto deben quedar sin
efecto.
xiii. Disminución de ingresos registrados por ajustes y reclasificaciones no
justificadas. Señala que las reversiones de provisiones por las ventas de enero a
marzo de 2001 se hicieron en junio de ese año, mes en el que se registró el ingreso
real por el período. Indica adjuntar el Libro Mayor de la cuenta 702300 y el Libro
Mayor del período abril a diciembre de 2001; en ellos se pueden evidenciar los
importes provisionados y las reversiones que el SIN observa en forma equívoca. Con
ellos la Superintendencia General contará con la prueba irrefutable de que los gastos
fueron realizados por TEPB y posteriormente reconocidos por los socios del Bloque
XX Tarija-Oeste.
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xiv. Disminución de ingresos por ventas del período anterior por venta de crudo
condensado y cesión de trabajo. Manifiesta el recurrente que en apego a los
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, los ingresos de abril 2000 a
marzo 2001 fueron registrados mediante provisiones contables por no contarse con
la facturación de dichos servicios. La Administración Tributaria y la Superintendencia
los observaron por haber sido efectuados en mayo de 2001; se observó asimismo
que los importes revertidos no tenían respaldo suficiente. Señala el recurrente que
expone en forma detallada cómo se determinó la reversión de las provisiones
observadas. La Superintendencia Tributaria General podrá evidenciar que la
observación efectuada no es procedente y que en los asientos se siguieron las
Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas. Indica que adjunta prueba de
reciente obtención que demuestra que la provisión fue registrada en el período
anterior.
xv. Exportación de crudo a precios inferiores de referencia.- La Administración
Tributaria se limita a citar la anterior Ley de Hidrocarburos y el D.S. 24577 según los
cuales, para la valoración de los hidrocarburos se tomará en cuenta su
comercialización en el mercado externo. Pero la simple cita de estas normas no es
suficiente para determinar un reparo contra TEPB. La normativa vigente no ha
desarrollado con amplitud lo que se entiende por Precios de Transferencia, los
cuales, lógicamente no son un precio fijo. Los precios a los que TEPB efectuó la
venta observada (Precios de referencia) no son aquellos a los cuales se negocia y
vende el producto; fueron los negociados con el comprador, no siendo posible, dadas
las circunstancias del momento, negociar a un precio más elevado. Pretender que
una norma fije un precio de referencia para la comercialización de crudo atentaría
contra nuestra economía de libre mercado. Si existiesen normas que regulen los
precios de transferencia entre partes internacionales, sería ilógico estimar que TEPB
hubiera vendido su producto a un precio menor, pues tenía que mantener sus
estándares de competitividad y mejorar sus ingresos. La Superintendencia no basa
su fallo en una norma concretamente citada que aclare el incumplimiento en que ha
incurrido TEPB, contrariando el art. 6 de la Ley 2492 (CTB).
xvi. Gastos varios no deducibles sin documentación original. La Superintendencia
acepta que la falta de un documento original no impide a TEPB deducir un gasto
siempre que demuestre que el gasto ha sido efectuado. Observa que el cheque Nº
88655 no habría sido cancelado; para tal efecto adjunta el extracto bancario de 31 de
enero de 2002, que acredita que se canceló el total del cheque y por tanto este gasto
-al igual que los demás- debe ser deducido. Demostramos asimismo -dice- el pago
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de otros gastos ($us. 157.378.44 y Bs. 2.590.040.17). Para corroborar los descargos
en materia de intereses, en calidad de prueba, presenta el Anexo E, del Acuerdo de
Préstamo de Explotación suscrito con TOTAL Finance el 30 de noviembre de 2000,
cumpliendo con los requisitos del art. 76 y sgtes. de la Ley 2492 (CTB), por eso los
que revisten interés están respaldados con documentación original. Respecto a los
muebles señala que son de propiedad de TEPB y sobre los aportes realizados a
YPFB son perfectamente deducibles, por haber sido hechos a solicitud expresa de
YPFB y en razón de las obligaciones pactadas (ver Anexo F).
xvii. Gastos varios no deducibles de los bloques San Alberto y San Antonio.
Señala el recurrente que fueron observados los gastos en los bloques San Alberto y
San Antonio durante la fiscalización efectuada por la Administración Tributaria a
Petrobrás Bolivia S.A. como operador de los bloques. La Superintendencia Tributaria
manifiesta que TEPB debía presentar mayor documentación que acredite el pago.
Sin embargo, la carga de la prueba corresponde a quien afirma algo en el proceso
(art. 76 del CTB) y que no es necesaria su presentación si la parte ha afirmado que
los documentos están en poder de la entidad pública actuante, hecho que se dio en
el presente caso como consecuencia de la inspección efectuada a Petrobrás Bolivia
SA.
I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.
La Resolución del Recurso de Alzada STR-SCZ/No. 0139/2007, de 8 de junio
de 2007, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz (fs. 393-
450 del expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución Determinativa GSH-
DEID Nº 039/2006, de 19/12/06, habiéndose procedido a recalcular los importes
reparados, siendo el nuevo monto exigible a la fecha de la Resolución Determinativa
de 39.416.340.- UFV (TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS
MIL TRESCIENTOS CUARENTA 00/100 UNIDADES DE FOMENTO DE VIVIENDA),
con los siguientes fundamentos:
i. Gastos no relacionados a la empresa con reparo del IVA. El Recurrente no
expone los fundamentos de hecho ni derecho que hagan a su defensa, tampoco
señala con claridad y precisión la razón de su impugnación, ni hace mención a los
supuestos agravios que se habrían cometido en su contra, como tampoco ha
probado los hechos constitutivos de los mismos.
ii. Balance Volumétrico. Exportación de crudo. La Administración Tributaria observó la
existencia de diferencias volumétricas en la exportación de crudo a Argentina por
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Pocitos y exportaciones por Arica, Chile. En relación a la exportación a Argentina, el
contribuyente presentó descargos a la Vista de Cargo que fueron aceptados por la
Administración Tributaria. Respecto a la exportación a través de Arica, Chile, la
Administración Tributaria aceptó el porcentaje de los volúmenes registrados en las
pólizas de exportación. En instancia de Alzada, argumenta que esta diferencia habría
sido vendida en diciembre de 2002, a través de la factura Nº 4. Al respecto, en el
marco normativo aduanero, el art. 136° del D.S. Nº 25870, establece que la factura
comercial es únicamente un documento de respaldo dentro del proceso de
despacho aduanero de exportación. Por lo tanto, este documento no es prueba
irrefutable que sustente lo alegado por el Recurrente.
iii. Diferencias entre la información de las facturas de TEPB en el mercado interno
y de Transredes. La Administración observó que la facturación fue realizada en un
momento posterior al perfeccionamiento del hecho generador, determinando el
cálculo de accesorios en la Resolución Determinativa. En vista de que el Recurrente
no presentó argumentos de hecho ni derecho en relación al cálculo de accesorios por
parte de la Administración Tributaria en este punto específico, se confirma el reparo
realizado por la misma.
iv. Accesorios por ventas no facturadas en el momento que ocurrió el hecho
generador. El Recurrente señala que es imposible efectuar la facturación por ventas
en el mes que se realiza la transferencia, ya que la misma ocurre hasta el último
minuto de mes, por lo que los datos reales de los volúmenes vendidos no se conocen
hasta el día siguiente del período posterior. El argumento expuesto por TEBP no es
causal para realizar el diferimiento de las ventas, más aún, si se considera que el
mismo Recurrente señala que los datos reales no se conocen hasta el día siguiente
de la entrega del producto, y realiza su declaración jurada del IVA en la fecha que le
corresponde, dependiendo del último dígito del Registro Único de Contribuyente
(RUC), en el presente caso, hasta el día 14 de cada del mes siguiente. Por lo que se
confirma el reparo.
v. Gastos que benefician al personal dependiente de TEPB y personal de
contratistas extranjeros.
Capacitación, la Administración Tributaria no observó la falta de retención del RC-
IVA por lo que no existen reparos por este concepto.
vi. Transferencia del personal. Varios empleados son beneficiados con bonos de
alquiler y también con pagos por vivienda; por tanto, son ingresos adicionales, los
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que en virtud del art. 19 de la Ley 843 están sujetos al RC-IVA. En relación a los
pasajes aéreos, son un gasto necesario para el desarrollo de la empresa y la
conservación de la fuente, siempre que se haga a favor del personal consignado en
planilla. Según el art. 47 de la Ley 843 no es un ingreso adicional y es deducible para
efectos del IUE, por lo que se debe revocar el reparo en este punto. Respecto al
resto de los gastos de pasajes aéreos, la documentación solamente registra el gasto,
no presentó las facturas en las que se evidencie que el gasto fue realizado a favor
del personal incluido en planilla tributaria. Por tanto, se confirma el resto de los
reparos realizados por este concepto.
vii. Bonos por alquiler de domicilio. Este concepto fue otorgado al personal
dependiente del contratista extranjero; al respecto, los bonos, las asignaciones por
alquiler o vivienda constituyen un ingreso adicional sujeto del RC-IVA. Existe
inconsistencia en la información de la planilla tributaria y la correspondiente
documentación de respaldo del Recurrente, por lo que no es considerada ni valorada
en Alzada; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente el reparo determinado
por la Administración Tributaria.
viii. Gastos Telefónicos. De acuerdo al Recurrente, las llamadas fueron realizadas
desde las oficinas de TEPB; por tanto, no son gastos propios de cada empleado. De
la compulsa de la prueba, se evidencia que las facturas observadas, consignan
nombres de personas naturales, (fs. 9090-9164 del cuaderno de pruebas). En
consecuencia, se confirma el reparo.
ix. Asientos Devengados. El Recurrente habría efectuado provisiones que
corresponden a la facturación por servicios prestados que recibirá TEPB por
concepto del personal asignado por TOTAL S.A., y que las mismas de ninguna
manera se constituyen en una remuneración al personal dependiente de TOTAL S.A.
La Administración Tributaria estableció que las citadas previsiones son gastos que
benefician al personal dependiente y que las mismas fueron registradas sin la
respectiva retención. De la compulsa del expediente, se evidencia que el Recurrente
imputó previsiones que corresponden a los sueldos de los Sres. Barbalat y Morel, (fs.
1192-1198 del cuaderno de pruebas), personal que se encuentra registrado en las
planillas tributarias, por lo tanto, todo pago adicional a este personal debe ser sujeto
a retención del RC-IVA. En consecuencia, corresponde confirmar el reparo.
x. Seguros y Gastos Médicos. De acuerdo al Recurrente, cuenta con una cobertura
de seguro adicional a la establecida en la Ley de Seguridad Social que asegure la
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reincorporación de sus trabajadores a la brevedad posible. Para que los pagos
efectuados sean considerados gastos deducibles en la determinación del IUE, este
seguro debe estar debidamente habilitado por la autoridad competente, como lo
establece el inciso c) del art. 12º del D.S. Nº 24051. No se evidencia que TEPB
hubiera habilitado debidamente el seguro contratado ante la Autoridad competente,
en consecuencia corresponde confirmar la observación por este concepto.
xi. Otros gastos. En relación a otros gastos en alquileres y gastos de trámites de
residencia, así como gastos de traslado de efectos personales, son propios del
funcionario o expatriado incluido en planilla tributaria; por lo tanto, se encuentran
enmarcados en el art. 19° de la Ley Nº 843. Adicionalmente, se evidenció gastos por
restaurantes, frazadas para equipar vivienda, jardín de infantes, alquiler de autos,
alquiler de sillas y mesas para eventos sociales, entre otros, sobre los cuales no
presentó argumentos de hecho ni derecho; en consecuencia, corresponde confirmar
los reparos.
xii. Servicios sin factura y sin retención
Ingresos del Sr. Christian Iturri. El recurrente sostiene que en virtud del Convenio
con Francia sobre Doble Tributación, no correspondía retener por IUE e IT por
haberes pagados a Christian Iturri, empleado de TOTAL S.A., de Francia. La
Administración Tributaria, en cambio, señaló que realizó la retención por IUE e IT a
TEPB por los dineros entregados a Iturri porque las personas naturales que ejercen
su profesión liberal en forma independiente y que no emitan la factura
correspondiente, deben ser objeto de retención en los impuestos citados. La empresa
recurrente señala que con Christian Iturri, suscribieron un contrato por tiempo
indefinido y la relación laboral se entabló entre ambos, como resulta de la cláusula
1ra., en la que (fs. 33-36 del cuaderno de antecedentes), al igual que en la carta
(CAR/GG-029-2000) se habla de que Iturri debe viajar a París y dependerá de
TOTALFINA S.A., pero continuará siendo personal de la empresa recurrente. En la
documentación contable Iturri aparece también como dependiente de TEPB. Por
tanto, la empresa debió retener el 13% por concepto de RC-IVA.
xiii. Gastos de Müller & Asociados. Alzada confirma el reparo realizado por este
concepto. En el contrato de fs. 44 del cuaderno de antecedentes, suscrito entre el
recurrente y la firma citada, el plazo corre del 5 de diciembre de 2001 al 4 de
diciembre de 2002. Los gastos observados por la Administración Tributaria
corresponden a julio de 2001, antes de la vigencia del contrato, y los otros a los que
se refieren los comprobantes DEP 0021, DEP 070 y DEP 0113 no cuentan con
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documentación de respaldo, como facturas originales. Por tanto, son válidos los
reparos de la Administración Tributaria.
xiv. Gastos de hoteles, pasajes y otros de personal.- Estos gastos correspondían a
personal independiente de la empresa. El recurrente no probó documentalmente que
estos gastos, objeto de reparo, habrían sido efectuados por personal dependiente de
TOTAL S.A. y que había una cláusula contractual que obligaba a TEPB a asumir
esos gastos, no obstante que tenía la carga de la prueba conforme dispone el art. 76
de la Ley 2492 (CTB).
xv. Pagos realizados en el país sin la retención del IUE-BE.- Los recurrentes
sostienen que los montos remesados a TOTAL S.A. por asistencia técnica y
asesoramiento no estaban sujetos al pago de impuestos en Bolivia, en virtud del
Convenio Francia – Bolivia para evitar la doble imposición en cuanto a los
gravámenes sobre la renta y el patrimonio, porque TOTAL S.A. no tiene un
establecimiento permanente en Bolivia, fuera de que este país habría adoptado el
principio de la fuente.
xvi. En num. 1 del art. VII del referido Convenio establece como requisito que la
empresa que presta los servicios, en este caso TOTAL S.A., no tenga un
establecimiento permanente en la República de Bolivia. Si bien en la documentación
relativa a la constitución e inscripción de la empresa Total Exploration Production
Bolivie S.A sucursal Bolivia, no figura una vinculación jurídica directa con la empresa
francesa TOTAL S.A., existen otros documentos que prueban la propiedad de esta
última sobre la primera. Consecuentemente, al evidenciarse la propiedad de Total
S.A. sobre Total Exploration Production Bolivie S.A. sucursal Bolivia, se determina
que la última se constituye en un establecimiento permanente de Total S.A., en virtud
de los señalados numerales 1 y 2 del art. V del Convenio y que estaban sujetas a las
cargas impositivas establecidas en la República de Bolivia; en consecuencia
corresponde confirmar los reparos.
xvii. Servicios realizados parcialmente en el país.- La Administración Tributaria
observó la falta de retención del IUE-BE por servicios parcialmente realizados en
Bolivia (art. 43 DS 24051 y 51 de la Ley 843), DETESAT y PLENEXIS, empresas
alemanas de Telecomunicaciones, por disposición del num. 1), art. VII del Convenio
con Alemania, sólo deberían ser gravadas en Bolivia, a no ser que trabajen por
medio de establecimientos permanentes situados en el país. Pero en este caso no se
encontraron elementos suficientes que demuestren que las citadas empresas
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alemanas están domiciliadas y bajo jurisdicción tributaria de Alemania y que no
tengan un establecimiento permanente en Bolivia; por todo lo cual se debe confirmar
el reparo establecido por la Administración Tributaria.
xviii. Disminuciones por ajustes y reclasificaciones.- El reparo corresponde a
ajustes contables no justificados en la cta. 702300 por ventas de gas de enero a
marzo de 2001. TEPB no presentó la documentación que respalde o demuestre lo
argumentado por el contribuyente. El reparo se mantiene.
xix. Disminución de ingresos por ventas del período anterior por venta de crudo
condensado y cesión de trabajo. La Administración Tributaria identificó débitos
contables en las cuentas 702400 y 708300, en la venta de condensado y prestación
de servicios de perforación en marzo de 2001. Ante las explicaciones dadas por el
recurrente se establece que su pretensión de validar los asientos no corresponde,
porque se efectuaron vulnerando la normativa tributaria y sin tomar en cuenta los
Principios de Contabilidad General aceptados como ser el de Ejercicio y el de
Devengado. Por tanto se confirma el reparo de la Administración Tributaria.
xx. Disminución de ingresos por venta de condensado mediante notas de crédito
por variaciones en el precio de exportación.- La Administración Tributaria evaluó
los descargos y los aceptó. El reparo no forma parte del acto recurrido y no
corresponde pronunciarse sobre él.
xxi. Exportación de crudo a precios de referencia.- La nueva Ley de Hidrocarburos
de 30 de abril de 1996 (Nº 1689) y su Reglamento (DS 24577). Se establece que
para la valoración de los hidrocarburos se tomará en cuenta su comercialización en
el mercado externo. O sea que para determinar el precio de venta de exportación se
considerará el precio de referencia (precio del crudo a nivel internacional). La
Administración Tributaria utilizó (fs. 8118 del cuaderno de pruebas), para la
determinación de tributos el precio durante los períodos fiscalizados. La
Administración realizó el reparo estableciendo la diferencia entre el precio de
exportación usado por el recurrente y el de referencia. Por tanto, al no haber
demostrado TEPB que el precio de exportación que utilizó no se encuentra
subvaluado, se confirma el reparo.
xxii. Gastos no deducibles para determinar el IUE. - El recurrente manifiesta que los
gastos sin respaldo original, debían ser deducibles porque tienen otros respaldos; la
solicitud es inaceptable porque los gastos deducibles, como principio general, deben
ser necesarios, o sea, a condición de que estén vinculados con la actividad gravada y
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respaldados por documentos. Las pruebas que en este orden presentó el recurrente no
son concluyentes: un certificado de que Petrobrás le emitió facturas, fotocopias simples
de factura, conciliación bancaria, un Libro Mayor, extracto bancario de una cuenta
corriente. Al no comprobar plenamente que pagó algunas facturas, el reparo de la
Administración Tributaria no ha sido desvirtuado. El recurrente no ha cumplido el art. 8
del D.S. 24051; presentó, por ejemplo, un detalle de cálculo de intereses que no
especifica el préstamo del cual se origina. Por las razones expuestas, se confirma el
reparo de la Administración Tributaria.
xxiii. Gastos no relacionados con la empresa.- La Administración Tributaria observó
gastos como consumo de restaurantes de expatriados, deportivos, de cable TV.,
despedidas, canastones. Evidenció los gastos de Hoteles, capacitación, trámites para
otras empresas, por fumigación, eventos sociales. El recurrente registró el 100% de
las compras en las cuentas de gasto. Al considerar el 13% del crédito fiscal al IVA
como gasto deducible para la determinación de la base imponible del IUE incumplió
la normativa vigente.
xxiv. Por otra parte, la Administración Tributaria reparó la depreciación de muebles y
enseres de los expatriados. Dijo el recurrente, a modo de justificación, que esos
bienes le pertenecen, pero no lo acreditó con documentos.
xxv. Los gastos del anexo D de los contratos de riesgo compartido. Donaciones a
YPFB, capacitación, viajes, mejoramientos tecnológico - administrativo, etc., no han
tenido el respaldo de facturas originales, lo que va contra el art. 47 de la Ley 843 y 8
del D.S. 24051.
xxvi. Gastos varios no deducibles de los Bloques San Alberto y San Antonio.- El
recurrente tampoco ha acreditado documentalmente el pago de los bloques San
Alberto y San Antonio, realizado en realidad por Petrobrás y al que se refiere una
carta de esta empresa, pero se trata de una simple fotocopia de carta que no prueba
nada. El recurrente acepta en el recurso de alzada varios de los reparos de la
Administración Tributaria originados en compras que no cuentan con el respaldo de
facturas y una venta de tuberías, etc. Se procedió a recalcular el monto establecido
en la respectiva Resolución determinativa, lo que dio un adeudo al Fisco.
CONSIDERANDO II:
Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria.
El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la
Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento
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administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución
Determinativa GSH-DEID No. 039/2006, de 19 de diciembre de 2007, se inició el 11 de
enero de 2007 (fs. 242 vta del expediente), como se evidencia del cargo de
presentación. En este sentido, en la parte adjetiva o procesal corresponde aplicar al
presente recurso la Ley 2492, Ley 3092 y las normas reglamentarias conexas y en la
parte sustantiva o material corresponde aplicar la Ley 1340.
CONSIDERANDO III:
Trámite del Recurso Jerárquico.
En 17 de julio de 2007, mediante nota CITE: ST-SCZ/CE DSI No. 0314/2007,
de 16 de julio de 2007, se recibió el expediente SCZ/0010/2007 (fs. 1-464 del
expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de
Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos del 20 de julio de 2007 (fs. 468-469 del
expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 25 de julio de 2007 (fs.
470 del expediente). El plazo para el conocer y resolver el Recurso Jerárquico,
conforme dispone el art. 21-III del DS 27350, concordante con el art. 210 de la Ley
3092, vencía el 4 de septiembre de 2007; sin embargo, mediante Auto de Ampliación
(fs. 512 del expediente), fue extendido hasta 15 de octubre de 2007, por lo que la
presente Resolución es dictada dentro del término legalmente establecido.
CONSIDERANDO IV:
IV.1. Antecedentes de hecho.
i. El 28 de octubre de 2005, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a
TEPB con el Inicio de Fiscalización N° 0005OFE0104 en la modalidad de
Fiscalización Total, que incluye el IVA, IT, RC-IVA e IUE por los períodos de abril
2001 a marzo 2002. En la misma fecha, según Requerimiento 73455, solicitó
documentación consistente en: duplicados de declaraciones juradas del IVA, RC-IVA,
IT e IUE, Libro de Ventas y Compras IVA, Notas fiscales de respaldo al Débito y
Crédito Fiscal IVA, Extractos Bancarios, Planilla de sueldos, Planilla tributaria y
cotizaciones sociales, Comprobantes de Ingresos y Egresos con respaldos,
Formulario de Habilitación de notas fiscales, Estados Financieros gestión 2002,
Dictamen gestión 2002, Plan de Cuentas Contables, Libros de Contabilidad (Diario,
Mayor) y Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, documentación a ser
entregada hasta el 7 de noviembre de 2005 (fs. 9-17 de antecedentes
administrativos).
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ii. El 29 de noviembre de 2005, TEPB presentó memorial en el cual solicita prórroga
para la presentación de la documentación hasta el 5 de diciembre de 2005; en
respuesta la Administración Tributaria, mediante auto de 1 de diciembre de 2005,
aceptó la ampliación del plazo solicitado por el contribuyente (fs. 24-25 de
antecedentes administrativos).
iii. El 29 de noviembre de 2005, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a
TEPB con Requerimiento 81151; solicitó documentación complementaria consistente
en: Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias con el contenido establecido
en el Punto 8 de la Norma de Contabilidad 9, Listado de Proveedores, Fotocopias de
Contratos de comercialización de petróleo, condensado, gas natural, y GLP, Listado
de funcionarios que se acogieron al Programa Transitorio, Formularios 87 de los
funcionarios que no se acogieron al Programa Transitorio, Detalle de las retenciones
efectuadas según formularios 93-1 retenciones IUE, Formulario 94-1, Retenciones
RC-IVA, Formularios 56-1, Remesas por actividades parcialmente realizadas en el
país, de los períodos de abril 2001 a marzo 2002, Dictamen de la información
tributaria complementaria, Información Tributaria Complementaria, Cuadro que
acompaña la liquidación del formulario 80, Respaldo de los ajustes para la
determinación en el formulario 80 IUE del Rubro 7, 8, 9 y 10, y otros (fs. 35-38 de
antecedentes administrativos).
iv. El 16 de febrero de 2006, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a
TEPB con Requerimiento 81156; solicitó documentación adicional consistente en:
Libros Diarios y Mayores originales en moneda nacional, Composición de los ajustes
tributarios en los Rubros 7, 8, 9 y 10, Facturas comerciales de exportación, Polizas
originales de exportación, Cuadro de depreciación de activos fijos, Cuadro de
Provisión para indemnizaciones del personal, Estados Financieros con cuentas
abiertas a nivel subcuentas y/o auxiliares en medio magnético (fs. 43 de
antecedentes administrativos).
v. El 16 de febrero de 2006, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción
108452, debido a que TEPB no presentó la totalidad de la documentación solicitada,
como ser Libros Diarios y Mayores expresados en moneda nacional, Facturas y
Pólizas de exportación de condensado, Composición Detallada de Ajustes
Tributarios, lo que contraviene el art. 70 de la Ley 2492, sancionándolo con una multa
de 2000 UFV de acuerdo a lo establecido en el Anexo A de la RND 10-0021-04,
otorgándole un plazo de 20 días para que formule sus descargos por escrito (fs. 52
de antecedentes administrativos).
16 de 51
vi. El 2 de marzo de 2006, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción
108453, debido a que TEPB incumplió con la presentación de documentación;
asimismo, en la misma fecha, reiteró la solicitud de documentación según
Requerimientos 81166 y 81167 ( 52-56 de antecedentes administrativos).
vii. El 29 de septiembre de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe
GSH/DFSC/N° 392/2006, según el cual efectuó el balance volumétrico del Gas y del
Petróleo para determinar su incidencia impositiva en la gestión 2002 (abril 2001 a
marzo 2002), de cuyo resultado obtuvo diferencias para el crudo y gas que serían
ventas no facturadas (fs. 304-308 de antecedentes administrativos)
viii. El 9 de octubre de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe
GSH/DFSC/INF. N°384/2006, cuyo resultado concluye que de la fiscalización
efectuada a TEPB y los Bloques Petroleros XX Tarija Oeste y Berety operados por
TEPB y los Bloques San Alberto y San Antonio en los cuales TEPB participa como
socio, determinaron reparos a favor del fisco en el IVA, RC-IVA, IT, IT Retención
Local, IUE, IUE-BE, IUE Retención Local, correspondientes a abril 2001 a marzo
2002 por un importe de 60.57.038.- UFV equivalentes a Bs71.572.982.- (fs. 91-121
de antecedentes administrativos).
ix. El 11 de octubre de 2006, la Administración Tributaria notificó a TEPB con la Vista
de Cargo N° 7806-0005OFE0104.020/2006, de 9 de octubre de 2006, según la cual
procedieron a ajustar sobre base cierta, como resultado del análisis realizado a la
documentación presentada por el contribuyente y documentación por terceros,
estableciendo una deuda tributaria de 60.544.321.- UFV de los cuales 44.951.924.-
UFV corresponden a tributo omitido, 13.767.075.- UFV a intereses, que corresponden
a IVA, IT, IUE y RC-IVA de los períodos abril 2001 a marzo 2002, además de los
accesorios por la venta de crudo en el IVA por 32.193.28.- UFV y en el IT por 523.90
UFV (fs. 74-82 y 90 de antecedentes administrativos).
x. El 10 de noviembre de 2006, TEPB presentó memorial de descargos en el que
argumenta sobre los cargos contenidos en la Vista de Cargo y presenta
documentación de respaldo (fs. 9451-9457 vta. de antecedentes administrativos).
xi. El 14 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe
Evaluación de Descargos al Balance Volumétrico GSH/DFSC/N° 468/2006, que
concluye que los volúmenes de crudo entregados fueron almacenados en la refinería
y posteriormente fueron facturados, descargando con dos facturas (16.886 Bbls); sin
embargo, por el diferimiento, se deben calcular accesorios. Respecto de la
17 de 51
comercialización de crudo en el mercado externo no fue descargada, sólo se
descargaron los volúmenes exportados a la Argentina y para la exportación por Arica
queda un saldo sin facturar, que deberá ser monetizado (fs. 15282-15284 de
antecedentes administrativos).
xii. El 15 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe
GSH/DFSC/INF N° 484/2006, según el cual de la evaluación de los descargos
presentados por TEPB, se modificó los resultados obtenidos, quedando subsistente
un importe de 28.583.410.- UFV equivalentes a Bs34.039.697.- que incluye tributo
omitido, mantenimiento de valor, intereses y accesorios (fs. 15000-15034 de
antecedentes administrativos).
xiii. El 22 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria mediante cédula notificó a
TEPB con la Resolución Determinativa GSH-DEID N° 039/2006, de 19 de diciembre
de 2006 (fs. 15309 y 15312-15351 de antecedentes administrativos), según la cual se
determinaron sobre base cierta las obligaciones del contribuyente en Bs47.065.528.-
equivalentes a 39.501.739.- UFV de las cuales 21.804.293.- UFV corresponden a
tributo omitido actualizado, 6.716.990.- UFV a intereses, 10.902.148.- UFV a la
sanción y 78.308.- UFV por accesorios por ventas diferidas. Asimismo, califica la
conducta como evasión fiscal, sancionándola con una multa igual al 50% sobre el
tributo omitido, de acuerdo a lo previsto en los arts. 114 y 116 de la Ley 1340.
IV.2 Alegatos de las partes.
IV.2.1 Alegatos del Sujeto Pasivo
TEPB presentó alegatos (fs. 503-509 del expediente) dentro del término de Ley,
ratificando los extremos de su Recurso Jerárquico; además agrega:
i. Accesorios por ventas no facturadas en el momento que ocurrió el hecho
generador. La Superintendencia Tributaria General (STG), debe tomar en cuenta
que el simple transporte de crudo hasta Arica o a cualquier otro punto no configura el
hecho generador del impuesto toda vez que no implica una venta o transferencia del
derecho propietario a los fines de la Ley 843, al no haberse entregado el bien o
haberse configurado acto equivalente que suponga la transferencia de dominio. Por
lo anterior, siendo que no existe una deuda tributaria, no corresponde el cobro alguno
de accesorios.
ii. Servicios sin factura y retención. En relación a los ingresos del Sr. Christian Iturri,
la STG debe tomar en cuenta que el Sr. Iturri era en su momento un empleado
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dependiente de Total Fina S.A., que estaba sujeto al pago de impuestos en Francia y
por el Convenio para Evitar la Doble Imposición no estaba sujeto al pago de impuesto
en Bolivia y los gastos registrados por TEPB por concepto de pago de salarios al Sr.
Iturri fueron refacturados a la empresa francesa (Total Fina S.A.), como efecto del
servicio prestado por dicha Empresa a TEPB.
iii. En relación a la Rendición de gastos de Muller & Asociados, si bien el gasto fue
efectuado antes de la firma del contrato, es necesario hacer notar que dicho gasto ha
sido efectuado durante el período de negociación previo con TEPB, por lo que no
puede ser considerado como gastos no relacionados.
iv. Pagos por servicios realizados en el país sin la retención del IUE-BE.- Alzada
afirma que no existe documentación que vincule directamente a TEPB con Total S.A.,
“… existen otros documentos que comprueban la propiedad de esta última sobre la
primera…”; los documentos a los que se refiere son el Contrato de Subrogación del
Contrato de Riesgo Compartido para el Bloque XX Tarija Oeste suscrito con YPFB y
la Carta de Garantía otorgada por la sociedad Total S.A. para el referido contrato. De
donde se tiene que: -No existe documentación que jurídicamente vincule de forma
directa a TEPB con Total S.A. – Según Certificación de FUNDEMPRESA no existe
en Bolivia sucursal alguna de Total S.A. –TEPB desvirtúa porque presentó un
certificado de Total E&P Holdings que señala que dicha sociedad es accionista de
Total Exploration Producción Bolivia S.A. al poseer el 99.82% de su capital. –Esto
desvirtúa que Total S.A. sería la casa matriz de Total Exploration Production Bolivie
S.A. –El lenguaje utilizado de “casa matriz” en los contratos suscritos con YPFB no
debe ni puede entenderse como la inmediata configuración de un establecimiento
permanente a efectos fiscales y del Convenio suscrito entre Bolivia y Francia.
v. Servicios realizados parcialmente en el país. En relación a las empresas
contratadas DETESAT y PLENEXIS, en el término reprueba se adjuntó
certificaciones de FUNDEMPRESA en la cuales se evidencia que estas empresas
nunca se constituyeron en Bolivia bajo ningún tipo societario.
vi. Gastos varios no deducibles de los Bloques San Alberto y San Antonio. El
reparo se habría efectuado a Petrobrás Bolivia S.A. como operador de los Bloques
San Alberto y San Antonio, como resultado de la observación a los gastos varios no
deducibles de estos Bloques; al respecto se presentó como descargo el memorial
que presentó la mencionada empresa al SIN acreditando el pago de los descargos
no aceptados (NUIT 1399 de 29 de diciembre de 2006).
19 de 51
IV.3 Antecedentes de derecho.
i. Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB)
Art. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones
tributarias del sujeto pasivo:
4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros
generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o
instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas
respectivas.
Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y
jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos
constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el
sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se
encuentran en poder de la Administración Tributaria.
ii. Ley 1340, de 28 de mayo de 1992, Código Tributario abrogado (CTb).
Art. 8. Las formas jurídicas que adopten los contribuyentes y responsables no obligan
–sólo a efectos impositivos – a la Administración Tributaria. La misma podrá atribuir a
las situaciones y actos invocados por aquéllos, una significación distinta cuando
dichas formas jurídicas sean manifiestamente inapropiadas a la realidad económica
de los hechos gravados. En este caso la Ley impositiva se aplicará prescindiendo de
tales formas, sin perjuicio de la eficacia que estas tuvieren en el ámbito civil u otro.
Art. 58. El pago parcial o total efectuado fuera de término hace surgir, sin necesidad de
actuación alguna de la Administración Tributaria, la obligación de pagar, junto con el
tributo, un interés cuya tasa será igual a la tasa activa bancaria comercial promedio
nominal utilizada para créditos en moneda nacional con cláusula de mantenimiento
de valor, publicada por el Banco Central de Bolivia.
Los intereses se liquidarán desde la fecha de su respectivo vencimiento, hasta el día
hábil anterior al pago. Será aplicable a todo el período de la mora a tasa que rija el
día hábil anterior al del pago de la deuda, del pedido de prórroga, del pliego de cargo
o de la apertura del concurso, aunque en el transcurso de aquel período hubieran
estado vigentes otras alícuotas.
La aplicación de pagar los intereses subsiste aunque no exista disposición expresa
de la Administración al recibir el pago de la deuda principal (retenciones,
20 de 51
percepciones, anticipos, saldos de impuestos, multas, actualizaciones, etc.) o no
hubiese señalado expresamente su derecho a percibirlos.
Art. 59. Se establece un régimen de actualización automática, sin necesidad de
actuación por parte del ente acreedor, de los créditos a favor del Fisco y de los
particulares en la forma y condiciones que se indican en los párrafos siguientes.
Cuando los tributos, sus anticipos, pagos a cuenta, retenciones, percepciones, multas
e intereses, se cancelen con posterioridad a la fecha fijada por los respectivos
vencimientos, la deuda resultante se actualizará por el lapso transcurrido desde dicha
fecha hasta aquella en que se efectuare el pago.
Cuando correspondiere la actualización de multas, se entenderá por fecha de
vencimiento, a los efectos del cálculo respectivo, aquella que la Administración
Tributaria hubiese otorgado para el pago de las mismas.
De corresponder la actualización de intereses por no haber sido pagados juntamente
con el tributo, se entenderá por fecha de vencimiento, a los fines del cálculo de la
misma, la fecha de ingreso del tributo, total o parcial, efectuado fuera de término.
La actualización integrará la base para el cálculo de las sanciones y accesorios
previstos en este Código.
La actualización procederá sobre la base de la variación de la cotización oficial para
la venta del Dólar estadounidense con respecto de la moneda nacional, producida
entre el día de vencimiento de la obligación fiscal y el día hábil anterior al que se la
realice.
iii. Ley 3092 (Capítulo V del CTB)
Art. 217. (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental:
a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones,
siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente.
iv. Ley 843, (Texto Ordenado 2001)
Art. 4. El hecho imponible se perfeccionará:
a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito en el momento de la
entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual
deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o
documento equivalente
Art. 10. El impuesto resultante por aplicación de lo dispuesto en los artículos 7º al 9º se
liquidará y abonará -sobre la base de declaración jurada efectuada en formulario
oficial- por periodos mensuales, constituyendo cada mes calendario un período fiscal.
21 de 51
RÉGIMEN COMPLEMENTARIO AL IVA
Art. 19. Con el objeto de complementar el régimen del impuesto al valor agregado,
créase un impuesto sobre los ingresos de las personas naturales y sucesiones
indivisas provenientes de la inversión de capital, del trabajo o de la aplicación
conjunta de ambos factores.
Constituyen ingresos, cualquiera fuera su denominación o forma de pago:
d) Los sueldos, salarios, jornales, sobre sueldos, horas extras, categorizaciones,
participaciones, asignaciones, emolumentos, primas, premios, bonos de cualquier
clase o denominación, dietas, gratificaciones, bonificaciones, comisiones,
compensaciones en dinero o en especie, incluidas las asignaciones por alquiler,
vivienda y otros, viáticos, gastos de representación y en general toda retribución
ordinaria o extraordinaria, suplementaria o a destajo
Art. 46. El impuesto tendrá carácter anual y será determinado al cierre de cada
gestión, en las fechas en que disponga el reglamento.
En caso de sujetos no obligados a llevar registros contables que le permitan elaborar
estados financieros, la gestión anual abarcará el periodo comprendido entre el 1º de
enero y el 31º de diciembre de cada año.
Los ingresos y gastos serán considerados del año en que termine la gestión en el cual
se han devengado.
Sin perjuicio de aplicación del criterio general de lo devengado previsto en el párrafo
anterior, en el caso de ventas a plazo, las utilidades de esas operaciones se imputarán
en el momento de producirse la respectiva exigibilidad.
Los ingresos y gastos por el ejercicio de profesiones liberales y oficios y otras
prestaciones de servicios de cualquier naturaleza podrán imputarse, a opción del
contribuyente, por lo percibido.
A los fines de esta Ley se entiende por pago o percepción, cuando los ingresos o
gastos se cobren o abonen en efectivo o en especie y, además, en los casos en que
estando disponibles se han acreditado en cuenta del titular o cuando con la
autorización expresa o tácita del mismo se ha dispuesto de ellos de alguna forma.
Art. 47. La utilidad neta imponible será la resultante de deducir de la utilidad bruta
(ingresos menos gastos de venta) los gastos necesarios para su obtención y
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conservación de la fuente. De tal modo que, a los fines de la determinación de la
utilidad neta sujeta a impuesto, como principio general, se admitirán como deducibles
todos aquellos gastos que cumplan la condición de ser necesarios para la obtención de
la utilidad gravada y la conservación de la fuente que la genera, incluyendo los aportes
obligatorios a organismos reguladores – supervisores, las provisiones para beneficios
sociales y los tributos nacionales y municipales que el reglamento disponga como
pertinentes.
En el caso del ejercicio de profesiones liberales u oficios, se presumirá, sin admitir
prueba en contrario, que la utilidad neta gravada será equivalente al cincuenta por
ciento (50%) del monto total de los ingresos percibidos.
Para la determinación de la utilidad neta imponible se tomará como base la utilidad
resultante de los estados financieros de cada gestión anual, elaborados de acuerdo
con los principios de contabilidad generalmente aceptados, con los ajustes que se
indican a continuación, en caso de corresponder:
1. En el supuesto que se hubieren realizado operaciones a las que se refiere el cuarto
párrafo del artículo anterior, corresponderá practicar el ajuste resultante del cambio de
criterio de lo devengado utilizado en los estados financieros y el de la exigibilidad
aplicado a los fines de este impuesto.
2. Las depreciaciones, créditos incobrables, honorarios de directores y síndicos, gastos
de movilidad, viáticos y similares y gastos y contribuciones a favor del personal, cuyos
criterios de deductibilidad serán determinados en reglamento.
3. Los aguinaldos y otras gratificaciones que se paguen al personal dentro de los
plazos en que deba presentarse la declaración jurada correspondiente a la gestión del
año por el cual se paguen.
A los fines de la determinación de la utilidad neta imponible, no serán deducibles:
1. Los retiros personales del dueño o socios ni los gastos personales de sustento del
contribuyente y su familia.
2. Los gastos por servicios personales en los que no se demuestre haber retenido el
tributo del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado correspondiente a
los dependientes.
3. El impuesto sobre las utilidades establecido por esta Ley.
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4. La amortización de llaves, marcas y otros activos intangibles de similar naturaleza,
salvo en los casos en que por su adquisición se hubiese pagado un precio. El
reglamento establecerá la forma y condiciones de amortización.
5. Las donaciones y otras cesiones gratuitas, salvo las efectuadas a entidades sin fines
de lucro reconocidas como exentas a los fines de esta Ley, hasta el límite del diez por
ciento (10%) de la utilidad sujeta al impuesto correspondiente de la gestión en que se
haga efectiva la donación o cesión gratuita.
6. Las previsiones o reservas de cualquier naturaleza, con excepción de los cargos
anuales como contrapartida en la constitución de la previsión para indemnizaciones.
7. Las depreciaciones que pudieran corresponder a revalúos técnicos.
Art. 51. Cuando se paguen rentas de fuente boliviana a beneficiarios del exterior, se
presumirá sin admitir prueba en contrario que la utilidad neta gravada será
equivalente al 50% del monto total pagado o remesado.
Quienes paguen o remesen dichos conceptos a beneficiarios del exterior, deberán
retener con carácter de pago único y definitivo, la tasa del 25% de la utilidad neta
gravada presunta.
v. DS 24051, Reglamento al IUE, de 29 de junio de 1995
Art. 3. (Obligados a presentar declaraciones juradas).- Están obligados a presentar
declaración jurada en los formularios of iciales, y cuando corresponda, pagar el
impuesto, en la forma, plazo y condiciones que establece el presente reglamento:
Las personas jurídicas, públicas o privadas, y las instituciones y organismos del
Estado que acrediten o efectúen pagos a los sujetos definidos en el inciso c)
precedente o a sucesiones indivisas de personas naturales gravadas poreste
impuesto, porconcepto de las fuentes de rentas definidas en el Artículo 4° del
presente reglamento, y no estén respaldadas por la factura, nota fiscal o documento
equivalente correspondiente, deberán retener sin lugar a deducción alguna, en el
caso de prestación de servicios, el veinticinco por ciento (25%) del cincuenta por
ciento (50%) del importe total pagado y, en el caso de ventas de bienes, el veinticinco
por ciento (25%) del veinte por ciento (20%) del Importe total pagado, porcentaje este
último que se presume es la utilidad obtenida por el vendedor del bien. Los montos
24 de 51
retenidos deben ser empozados hasta el día diez (10) del mes siguiente a aquel en
que se efectuó la retención.
Art. 7. (Determinación).- Para establecer la Utilidad Neta sujeta al impuesto, se
restará de la Utilidad Bruta (ingresos menos costo de los bienes vendidos y servicios
prestados) los gastos necesarios para obtenerla y, en su caso, para mantener y
conservar la fuente, cuya deducción admite a Ley y este Reglamento.
Sin perjuicio de aplicación del criterio general de lo devengado, en el caso de ventas
a plazo, las utilidades de estas operaciones podrán imputarse en el momento de
producirse la respectiva exigibilidad.
Art. 8. (Regla General).- Dentro del concepto de gastos necesarios definido por la Ley
como principio general y ratificado en el Artículo precedente, se consideran
comprendidos todos aquellos gastos realizados, tanto en el país como en el exterior,
a condición de que estén vinculados con la actividad gravada y respaldados con
documentos originales.
Art. 11. (Remuneraciones al factor Trabajo). Las deducciones por remuneración al
factor Trabajo incluirán, además de todo tipo de retribución que se pague, otros
gastos vinculados con los sueldos, salarios, originados en leyes sociales o convenios
de trabajo…”.
Para la deducción de las remuneraciones, gastos y contribuciones indicados en el
presente artículo, deberá demostrarse la aplicación del Régimen Complementario al
Impuesto al Valor Agregado sobre dichos importes, excepto en la deducción por
aguinaldos pagados.
Art. 13. (Servicios Financieros).- Conforme a lo dispuesto en el Artículo 8° del
presente reglamento, son deducibles:
a) Los intereses de deudas, sus respectivas actualizaciones y los gastos originados por
su constitución, renovación o cancelación. La deducción se efectuará siempre que la
deuda haya sido contraída para producir renta gravada o mantener su fuente
productora.
En los casos en que el tipo de interés no hubiera sido fijado expresamente, se
presume, salvo prueba en contrario, que la tasa de interés, en los préstamos de
origen local, no es superior a la tasa de interés activa bancaria promedio del período
respectivo publicada por el Banco Central de Bolivia. En el caso de préstamos
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recibidos del exterior, se presume una tasa no superior a la LIBOR más tres por
ciento (LIBOR + 3%).
A los fines de la determinación de la base imponible de este Impuesto, en el caso de
la industria petrolera, el monto total de las deudas financieras de la empresa, cuyos
intereses pretende deducirse, no podrá exceder el ochenta porciento (80%) del total
de las inversiones en el país efectivamente realizadas acumuladas por la misma
empresa.
b) El valor total de las cuotas pagadas por operaciones de arrendamiento financiero
sobre bienes productores de rentas sujetas al impuesto, así como los gastos que
demande el mantenimiento y reparación de los bienes indicados, siempre que en el
contrato respectivo se hubiera pactado que dichos gastos corren por cuenta del
arrendatario.
c) Las primas de seguros y sus accesorios, que cubran riesgos sobre bienes que
produzcan rentas gravadas y al personal dependiente contra accidentes de trabajo.
Art. 20. (Reposición de Capital). El desgaste o agotamiento que sufran los bienes
que las empresas utilicen en actividades comerciales, industriales, de servicios u
otras que produzcan rentas gravadas, se compensarán mediante la deducción de las
depreciaciones admitidas por este reglamento.
Las depreciaciones serán calculadas por procedimientos homogéneos a través de los
ejercicios fiscales que dure la vida útil estimada de los bienes.
Las depreciaciones se computarán anualmente en la forma que se determina en los
artículos siguientes, aún cuando el contribuyente no hubiera contabilizado importe
alguno por tal concepto y cualquiera fuere el resultado de su actividad al cierre de la
gestión. No podrán incidir en un ejercicio gravable depreciaciones correspondientes a
ejercicios anteriores.
Art. 34. (Beneficiarios del Exterior). Según lo establecido en el art. 51 de la Ley 843
(Texto Ordenado en 1995), quienes paguen, acrediten o remitan a beneficiarios del
exterior rentas de fuente boliviana de las detalladas en los arts. 4 del presente
reglamento y 19 y 44 de la Ley 843 (Texto Ordenado en 1995), deberán retener y
pagar hasta el día quince (15) del mes siguiente a aquel en que se produjeron dichos
hechos la alícuota general del impuesto sobre la renta neta gravada equivalente al
cincuenta por ciento (50%) del monto total acreditado, pagado o remesado.
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De acuerdo al Numeral 3. del art. 7 de la Ley 1606, esta disposición alcanza a todas
las remesas efectuadas a partir del 1 de enero de 1995…”.
En el caso de sucursales de compañías extranjeras, excepto cuando se trate de
actividades parcialmente realizadas en el país, se presume, sin admitir prueba en
contrario, que la utilidades han sido distribuidas, con independencia de las fechas de
remisión de fondos, en la fecha de vencimiento de la presentación de los estados
financieros a la Administración Tributaria, de acuerdo con el tipo de actividad que
desarrollen.
Art. 39. (Plazo y cierre de gestión). Los plazos para la presentación de las
declaraciones juradas y el pago del impuesto, cuando corresponda, vencerán los
ciento veinte (120) días posterior cierre de la gestión fiscal, ya sea que deban
presentarse con o sin dictamen de auditores externos. A partir de la gestión 1995
inclusive, se establecen las siguientes fechas de cierre de gestión según el tipo de
actividad.
- 31 de marzo: Empresas industriales y petroleras.
vi. Código de Comercio de Bolivia
Art. 40. (FORMA DE PRESENTACION DE LOS LIBROS). Los comerciantes
presentarán los libros que obligatoriamente deben llevar, encuadernados y foliados, a
un Notario de FE PUBLICA para que, antes de su utilización, incluya, en el primer
folio de cada uno, acta sobre la aplicación que se le dará, con indicación del nombre
de aquél a quien pertenezca y el número de folios que contenga, fechada y firmada
por el Notario interviniente, estampando, además, en todas las hojas, el sello de la
notarla que lo autorice y cumpliendo los requisitos fiscales establecidos.
Serán también válidos los asientos y anotaciones que se efectúen por cualquier
medio mecánico o electrónico sobre hojas removibles o tarjetas que, posteriormente,
deberán ser encuadernadas correlativamente para formar los libros obligatorios que
serán legalizados, siempre que faciliten el conocimiento de las operaciones y sirvan
de prueba clara, completa y fidedigna.
La autorización para su empleo será otorgada por el Registro de Comercio, a pedido
del interesado, requiriendo resolución fundada sobre la base de dictamen de peritos,
del cual podrá prescindirse en caso de existir antecedentes de utilización respecto
del procedimiento propuesto.
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Cuando se trate de sociedades por acciones, la autorización se la otorgará previo
dictamen favorable del respectivo órgano administrativo de control.
vii. DS 21532 Reglamento al IT.
Art. 10. Las personas jurídicas públicas o privadas y las instituciones y organismos
del Estado que acrediten o efectúen pagos a personas naturales y sucesiones
indivisas, excepto sujetos pasivos del régimen tributario simplificado, por
conceptos gravados por el impuesto a las transacciones, que no estén
respaldados por la nota fiscal correspondiente, definida en las normas
administrativas que al respecto dicte la Dirección General de la Renta Interna,
deberán retener la alicuota del uno por ciento (1%) establecida en el artículo 75
de la ley 843 sobre el monto total de la operación sin lugar a deducción alguna y
empozar dicho monto hasta el día quince (15) del mes siguiente a aquel en que se
efectuó la retención en cualquiera de los bancos autorizados ubicados en la
jurisdicción del domicilio del agente de retención. En las localidades donde no
existan bancos, los pagos se efectuarán en las colecturías de la Dirección General
de la Renta Interna.
Las retenciones señaladas en este artículo, tienen carácter de pago único y
definitivo sin lugar a reliquidaciones posteriores, salvo casos de errores u omisiones,
La falta de retención por parte de las personas jurídicas públicas o privadas y las
instituciones y organismos del Estado hará responsable a las mismas, ante la
Dirección General de la Renta Interna, por los montos no retenidos, haciéndose
pasibles de las sanciones establecidas en el Código Tributario.
La omisión de empozar las retenciones efectuadas dentro del plazo previsto en
este articulo, será considerada defraudación fiscal hará pasible al agente de
retención de las sanciones establecidas en el artículo 99 del Código Tributario.
viii. DS 24577, Reglamento de la Ley 1689.
Art. 14.
14.1. VALORACION DEL PETROLEO
14.1.2 MERCADO EXTERNO
a) Para determinar el valor del petróleo en boca de pozo, se seguirán los siguientes
pasos:
Si en el mes de producción del petróleo, el titular vede el petróleo del mismo campo
en el mercado externo, los volúmenes de exportación de ese mes para efectos del
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pago de Regalías serán valorizados con el precio real de exportación del Titular. La
diferencia entre el promedio de grados API del petróleo fiscalizado en el campo y el
promedio de la mezcla exportada dará lugar al ajuste del precio en más o menos $us
0.07 por cada grado API de diferencia, dentro del rango de 39.75º y 50º API. Si
existiera más de una venta externa en el mes, se utilizará el precio promedio
ponderado de tales exportaciones.
En el caso de que el Titular no efectuara sus ventas de exportación en el mismo mes
de producción, el precio de referencia será considerado el de la canasta referido en
el inciso a) del numeral 14.1.1 par dicho mes y ajustado por calidad conforme al
inciso b) del mismo numeral.
Cuando el precio de venta de exportación, indicado por el Titular, sea inferior al
precio de referencia del petróleo del mercado interno establecido en aplicación del
inciso a) del numeral 14.1.1, la S.N.E. podrá requerir del Titular que, en el plazo de
cinco (5) días, justifique convenientemente el citado precio de venta. Si el Titular no
presenta las justificaciones solicitadas o si las mismas son insuficientes en opinión de
la S.N.E., la S.N.E. determinará que se utilice el precio promedio de la canasta
especificada en el numeral 14.1.1 y publicada para dicho mes, el que también será
ajustado por calidad de acuerdo con el inciso b) del mismo numeral.
Si el Titular objeta por escrito la decisión de la S.N.E., ésta instruirá a Y.P.F.B. utilizar
los procedimientos establecidos en el contrato para las solución de esta controversia.
En el caso de que el fallo arbitral de esta instancia sea favorable al Titular, el ajuste
corresponderá al mes motivo de la controversia y se efectuará en el mes en que
recibió dicho fallo.
b) El costo de transporte a ser aplicado será:
0.93074 + 1.55 = 2.48074 $us/BBL.
c) El valor del petróleo para efectos del pago de Regalías será:
Valor (a) – Valor (b), en $us/BBL.
ix. DS 25870 (Reglamento a la Ley General de Aduanas)
Art. 136. (INICIO Y ETAPAS DEL DESPACHO ADUANERO DE EXPORTACION).-
Los despachos aduaneros de exportación podrán tramitarse directamente por los
exportadores o a través de un Despachante de Aduana y se iniciarán con la
presentación de la declaración de mercancías de exportación.
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Dicha presentación podrá efectuarse por escrito o por medios electrónicos,
acompañando la siguiente documentación:
a) Factura comercial.
b) Lista de empaque, cuando corresponda.
c) Autorización de sustancias controladas, cuando corresponda.
d) Autorizaciones previas o certificaciones, cuando corresponda.
El proceso de despacho aduanero de exportación tiene las siguientes etapas:
a) La elaboración de la declaración de mercancías de exportación y su presentación
por medios manuales o electrónicos a cargo del exportador o por el Despachante de
Aduana, y
b) El control de cumplimiento de las formalidades aduaneras de despacho, a cargo de
la administración aduanera. Dichas formalidades comprenden:
1. La validación de la información contenida en la declaración de mercancías de
exportación que deberá ser completa y correcta.
2. La verificación del pago de tributos, cuando corresponda.
3. La aceptación de la declaración de mercancías de exportación, expresada en la
asignación de número de trámite.
4. La presentación de las mercancías ante la administración aduanera para la
aplicación del sistema selectivo o aleatorio.
5. La presentación, admisión y numeración del manifiesto internacional de carga en la
administración aduanera.
6. La verificación de la salida física de las mercancías mediante la emisión del
correspondiente Certificado de Salida, por parte del concesionario de depósito
aduanero. En las administraciones aduaneras de aeropuerto y donde no exista
concesionario de depósito aduanero, el Certificado de Salida será emitido por la
administración aduanera.
x. Resolución Administrativa 05-0043-99, de 13 de agosto de 1999.
95. Las empresas públicas o privadas que hayan optado u opten por utilizar sistemas
mecánicos o electrónicos de contabilidad, previamente autorizados por el Registro de
Comercio y el S.N.I.l., deberán cumplir con los siguientes deberes formales:
a) Cuando la contabilidad se lleve mediante el uso de tarjetas y copias en hojas
sueltas en forma mecánica o manual, en este último caso mediante los sistemas
denominados "de calco" o "copiadores", se procederá de la forma siguiente:
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i) Las tarjetas y las hojas de cada gestión comercial anual, que formen un libro de
contabilidad, serán encuadernados, foliados correlativamente y legalizados por ante
Notario Público, dentro los 120 días posteriores a la fecha de cierre de gestión.
ii) El Notario hará constar en el primer folio de los libros correspondientes a cada
gestión comercial los siguientes datos:
- Los datos generales de la empresa;
- La denominación del libro de contabilidad que está legalizando; y
- El número de folios, tarjetas u hojas de que consta.
Asimismo, colocará su sello en cada una de las tarjetas y hojas correspondientes.
IV.4. Fundamentación técnico-jurídica.
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente Recurso
Jerárquico se evidencia lo siguiente:
IV. 4.4.1 Balance Volumétrico (exportación de crudo).
i. TEPB, recurrente en la presente instancia, manifiesta que la Resolución de Alzada
señala, conforme al art. 136 del DS 25870 (RLGA), que la factura comercial es un
documento de respaldo dentro del proceso de Despacho Aduanero de exportación, y
la Empresa TEPB no ha aportado documentación adicional que demuestre la
exportación definitiva de los 3.892 Vd. de crudo a Arica, por lo que anuncia en la
instancia jerárquica, presentará la prueba contundente que demuestre que
efectivamente ha exportado la cantidad señalada, efectuando la venta en el mes de
diciembre de 2004 (debió decir 2002), a través de la factura Nº 4. Asimismo formula
alegatos indicando que adjuntó la documentación respaldatoria.
i. Al respecto, cabe señalar que nuestra legislación, en el art. 136 del DS 25870
(RLGA), prevé que los despachos aduaneros de exportación podrán tramitarse
directamente por los exportadores o a través de un Despachante de Aduana y se
iniciarán con la presentación de la declaración de mercancías de exportación.
Dicha presentación podrá efectuarse por escrito o por medios electrónicos,
acompañando la Factura comercial, Lista de empaque, cuando corresponda,
Autorización de sustancias controladas, cuando corresponda y autorizaciones
previas o certificaciones, cuando corresponda.
iii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que la
Administración Tributaria, a base de los partes diarios de producción de la empresa,
información de terceros (YPFB en cuanto a la producción y Transredes en relación a
los volúmenes trasportados), determinó variación de inventarios establecidos en la
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existencia de diferencias volumétricas en la exportación de crudo, que inicialmente
fueron observadas las de Pocitos (Argentina) y Arica (Chile), habiendo sido
descargas en la Vista de Cargo las exportaciones a Pocitos, por lo que éstas no han
sido objeto de reparo en la Resolución Determinativa; sin embargo, se ratificaron los
reparos por el IVA e IUE a las exportaciones por Arica, por lo que el SIN habiendo
aceptado el porcentaje de los volúmenes registrados en las pólizas de exportación
del reparo inicial de 9622 Vd. Disminuyó a 3892 bbl, diferencia que habría sido
exportada según asevera la empresa recurrente el 9 de diciembre de 2002, a través
de la factura Nº 4 con destino al Brasil (PETROBRÁS).
iv. Al respecto, cabe indicar que el recurrente presentó prueba documental mediante
memorial cursante a fojas 471-472 del expediente, con el respectivo juramento de
reciente obtención (fs. 486 del expediente), la que consiste en documentos que no
logran desvirtuar las observaciones efectuadas por la Administración Tributaria y
ratificadas por la instancia de alzada, pues dicha documentación no respalda la
exportación de los 3892 bbl de crudo por Arica, y siendo que en virtud del art. 70
num. 4 de la Ley 2492 (CTB), una de las obligaciones del contribuyente es respaldar
las actividades u operaciones gravadas, que en el presente caso está relacionada
con las previsiones del art. 136 del DS 25870 (RLGA). En este sentido, y
considerando lo establecido por el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), quien pretende
hacer valer su derecho debe probar los hechos constitutivos de los mismos, por lo
que resulta que la carga de la prueba recaía en el recurrente, y al no haber
desvirtuado el reparo determinado por la Administración Tributaria, corresponde a
esta instancia jerárquica confirmar en este punto la Resolución de Alzada.
IV.4.2. Accesorios por ventas no facturadas en el momento que ocurrió el hecho
generador.
i. Argumenta el recurrente TEPB que el simple transporte de crudo hasta Arica no
configura el hecho generador del impuesto, porque no implica venta o transferencia
de propiedad a los fines de la Ley 843. Por tanto, al no haberse entregado el bien ni
existir acto equivalente a la transferencia de dominio, no hay deuda tributaria ni lugar
a cobro de accesorios, los cuales están en función de la falta de pago del tributo.
ii. Al respecto, cabe indicar que el hecho generador es entendido como el presupuesto
de hecho o de derecho cuyo acaecimiento hace nacer la obligación tributaria
(Ricardo Fenochietto, Impuesto al Valor Agregado, p.138). Asimismo, Héctor Villegas
define al hecho imponible como “el presupuesto legal e hipotético y condicionante,
cuya configuración fáctica en determinado lugar y tiempo, con respecto a una
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persona, da pie a que el Estado pretenda un tributo” (Curso de Finanzas, Derecho
Financiero y Tributario).
iii. En este sentido, la legislación nacional tributaria dispone en el art. 4-a) de la Ley
843, que el hecho generador se perfecciona en el caso de ventas, en el momento de
la entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la
cual debe estar respaldada por la emisión de una factura, nota fiscal o documento
equivalente. Por su parte el art. 59 de la Ley 1340 (CTb) establece un régimen de
actualización que procederá sobre la variación de la cotización del dólar entre el día
de vencimiento de la obligación y el día hábil anterior al pago; asimismo, el art. 58 de
la Ley citada, dispone que el pago parcial o total efectuado fuera de término hace
surgir un interés.
iv. En este sentido, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se
evidencia que de acuerdo con la planilla presentada por el recurrente como descargo
ante la Administración Tributaria (fs. 15286 de antecedentes administrativos), 14.054
Bbl. fueron entregados a EBR en los meses de mayo, junio, julio y septiembre de
2001, los cuales sólo fueron facturados según la factura 69 en diciembre 2001 y la
factura 71 en enero 2002; con la entrega del crudo a EBR se perfeccionó el
nacimiento del hecho generador, por lo que es correcta la observación realizada por
la Administración Tributaria sobre facturación diferida, correspondiendo, por tanto, el
cálculo de accesorios en el IVA según Balance Volumétrico, originados en la
exportación de crudo por Arica-Chile, cálculo y accesorios que alcanzan Bs54.130.-
según la Resolución Determinativa (fs.15523-15524).
v. En este sentido, siendo que TEPB facturó y declaró el hecho generador fuera del
plazo establecido al efecto por el art. 10 de la Ley 843, incumplimiento que hace
surgir automáticamente el pago de mantenimiento de valor según el art. 59 de la Ley
1340 (CTb), e intereses según el art. 58, corresponde a esta instancia jerárquica
confirmar este punto de la Resolución del Recurso de Alzada, manteniéndose firme
el cálculo de los accesorios de ley (mantenimiento de valor e intereses) por
Bs54.130.-.
vi. En relación a los Accesorios por Venta de Crudo en el IVA e IT por Bs38.545.- y
Bs627 respectivamente, los cuales se originan en las facturas 40, 41, 43, 46, 47, 45,
53, 54, 49, 61, 55, 64, 62, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 75 y 77, emitidas en el mercado
interno por la venta de bienes y servicios que corresponden a períodos anteriores, tal
como se evidencia, por ejemplo, de la revisión de la factura Nº 41 15 de mayo de
2001 por la prestación de servicios técnicos de perforación petrolera efectuados en
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el mes de abril 2001; así como la factura Nº 42 emitida el 23 de mayo de 2001, por
la venta de condensado durante los meses junio, octubre, noviembre y diciembre
de 2000 (fs. 8596 y 8598 de antecedentes administrativos); siendo conceptos que no
fueron objeto de impugnación en la presente instancia jerárquica, se debe también
confirmar estos Accesorios por Venta de Crudo en el IVA e IT por Bs38.545.- y
Bs627.- respectivamente, establecidos en la Resolución Determinativa.
IV.4.3. Gastos en beneficio del personal de TEPB y del personal de contratistas
extranjeros.
i. En relación a los gastos que benefician al personal dependiente y expatriado, que
fueron observados por la Administración Tributaria debido a que TEPB no acreditó su
retención en el RC-IVA, por un total de Bs707.630.94.-, reparo que asciende por el
RC-IVA a Bs91.992.02 y que también fueron observados en el IUE como gasto no
deducible por Bs176.907.74, según se evidencia en la Resolución Determinativa y
papeles de trabajo (fs. 15041, 15045 y 15179-15180 de antecedentes
administrativos); asimismo, existen reparos en el RC-IVA por Bs73.791.48 e IUE por
Bs141.906.70 correspondiente a pagos, de acuerdo a su participación, dentro del
Bloque XX Tarija Oeste (fs. 15042 y 15047 de antecedentes administrativos), por lo
que pasamos a analizar estos conceptos impugnados por el recurrente.
ii. Respecto a los gastos por traslado de personal, manifiesta el recurrente que los
pagos por bonos de alquiler fueron parte de los salarios de los dependientes, por
ende sujetos al RC-IVA; además aclara que antes de contar dicho personal con
viviendas en Bolivia se hospedaron en hoteles; la política de TEPB fue pagar esos
alojamientos a fin de que no gasten por su traslado, gastos indispensables para el
desarrollo de sus actividades, no pudiendo considerárselos ingresos adicionales de
los empleados, sino gastos forzosos y de carácter temporal para que puedan cumplir
sus funciones en Bolivia, que no tienen la calidad de gastos habituales.
iii. Al respecto, de los gastos observados por la Administración Tributaria por concepto
de bonos de alquiler, destinados al personal de la empresa, constituyen
renumeración, conforme el inc. d), art. 19 de la Ley 843 del RC-IVA, que establece -
entre otros- que las asignaciones por alquiler, vivienda y otros constituyen ingresos
gravados por el RC-IVA; en el presente caso se pudo evidenciar que si bien TEPB
incluyó en las planillas de sueldos de expatriados asignaciones por Alquileres (fs.
2071-2190 15114-15116 y 15179-15180 de antecedentes administrativos); sin
embargo, por los pagos efectuados por alquileres de B. Seilhan no se evidencia que
dicho pago se encuentre consignado en las planillas para este funcionario y
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consiguientemente se encuentre sujeto al RC-IVA; y, en relación a otros funcionarios
como Jean Ives Maurin los importes observados no coinciden con los importes
registrados en la planillas, por tanto en este punto corresponde confirmar la
Resolución de Recurso de Alzada.
iv. Con relación a los gastos observados por la Administración Tributaria por concepto
de hospedaje en hoteles (fs.15116, 15179, 2072, 2147 de antecedentes
administrativos) destinados al personal de la empresa, cabe indicar que constituyen
formas de renumeración, conforme el inc. d), art. 19 de la Ley 843 del RC-IVA; que si
bien responden a políticas de la empresa, que ve por necesario cubrir los gastos por
el traslado del personal expatriado; sin embargo, estos gastos están alcanzados con
el RC-IVA, puesto que corresponden a gastos que debió efectuar el dependiente
para cubrir necesidades personales de quienes van a prestar sus servicios a una
empresa que los contrata justamente para que aporten sus conocimientos para el
desarrollo de la actividad de una empresa, retribución que debió ser incluida en las
planillas como otro ingreso del dependiente, y por tanto sujeto al RC-IVA, lo que no
se observa en este caso; por tanto en este punto corresponde confirmar la
Resolución del Recurso de Alzada.
v. En relación a los pasajes aéreos del personal, señala el recurrente que no pudo
aportar como prueba las respectivas facturas debido a que varias de ellas fueron
extraviadas; empero cuenta con la documentación que respalda la obtención del
crédito fiscal, que acompaña con juramento de reciente obtención.
vi. Al respecto, corresponde señalar que revisado el fólder de pruebas de reciente
obtención que consta de 55 fojas, presentado por el recurrente, éste no incluye
ninguna prueba al respecto por concepto de pagos por pasajes a favor de los
dependientes, y al igual que en los puntos precedentes, dichos pagos constituyen
ingresos conforme al inc. d) del art. 19 de la Ley 843 y a efecto del gasto deducible
en el IUE, corresponde la acreditación de la retención del RC-IVA además de
respaldar con la documentación original conforme establecen los arts. 8 y 11 del DS
24051 y art. 76 de la Ley 2492 (CTB), es decir, el recurrente debió desvirtuar la
pretensión de la Administración Tributaria y respaldar el gasto deducible con
documentos originales y la respectiva retención; consiguientemente, corresponde
confirmar a la Resolución de Alzada.
vii. Sobre los gastos telefónicos, aclara el recurrente que los contratos de alquiler de
las viviendas de los empleados expatriados, incluían líneas telefónicas a nombre de
los propietarios de dichas viviendas; cuando TEPB se encontraba en época de
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operaciones de campo; en caso de existir problemas, los empleados expatriados
debían comunicarse con sus homólogos, tanto al campo como a Francia, por lo que
TEPB tuvo que hacerse cargo de los cuentas de consumo.
viii. Al respecto, corresponde señalar que fueron observados gastos por consumo
telefónico (fs 15114-15116 y 15179 y 15180 de antecedentes administrativos); las
afirmaciones del recurrente no fueron respaldadas por ninguna documentación que
demuestre que las comunicaciones efectuadas fueron por temas laborales, para lo
cualse hubieran usado los servicios de telecomunicaciones de propiedad de la
empresa o en caso de haberse utilizado la línea telefónica del dependiente este
consumo debió ser reembolsado por la empresa por cuanto corresponde a un gasto
efectivo realizado a nombre de la empresa y no computar el total de la factura como
deducible en el IUE, que incluye consumos particulares por lo que al no desvirtuar la
pretensión del SIN, conforme al art. 76 de la Ley 2492 (CTB) y siendo que no adjuntó
ninguna prueba documentada, corresponde confirmar la Resolución de Alzada que
mantuvo los cargos en el RC-IVA e IUE.
ix. En cuanto a las provisiones para el pago de las facturas por servicios prestados a
TEPB por personal asignado por TOTAL SA, que serían gastos sujetos al RC-IVA y
que según la Resolución de Alzada no se presentó documentación, aclara el
recurrente que TEPB no efectúa ningún pago directo a los empleados de TOTAL SA,
sino registra como gasto la factura que esta última le envía mensualmente por los
servicios del personal asignado a TEPB; como la factura por enero a marzo de 2002,
que les fue enviada no antes del cierre de gestión. Según la Resolución
Determinativa (fs. 15010 de antecedentes administrativos), TEPB efectuó provisiones
para el personal dependiente que se mantuvieron hasta el cierre de la gestión fiscal a
marzo 2002, gasto que fue considerado deducible sin contar con la respectiva
retención.
x. Al respecto, se evidencia que el recurrente ofreció pruebas de descargo tanto en la
instancia de Alzada (Anexos A-L y Anexos 1 al 4), como en la presente instancia
jerárquica (Anexos A-H y Anexos 1 al 6 y fólder de pruebas de reciente obtención);
revisadas las mismas, no cursa la factura mencionada por TEPB que habría sido
emitida por TOTAL SA; tampoco el comprobante contable por la reversión de la
provisión efectuada; en este sentido, conforme establece el art. 76 de la Ley 2492
(CTB) y siendo que el recurrente no respaldó su afirmación en sentido de que las
provisiones corresponden a pagos efectuados por cuenta de TOTAL SA, las
provisiones no son deducibles como gasto en el IUE.
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xi. Referente al argumento del recurrente que señala que la Resolución de Alzada no
tomó en cuenta que de acuerdo con el art. 11 del DS. 24051 (Reglamento al IUE)
correspondía la deducción de otros gastos y contribuciones hechos a favor del
personal como asistencia sanitaria, ayuda escolar y educativa, así como otros gastos
cuyo valor total no excede del 8.33% del total de los salarios del personal, que fue de
Bs330.752.- Por ello, la Superintendencia General debe valorar con justicia los
descargos presentados por TEPB y los verdaderos alcances del artículo citado.
xii. Al respecto, corresponde indicar que el recurrente no presentó pruebas por
Bs330.752.- que señala que corresponderían a gastos realizados por concepto de
asistencia sanitaria, ayuda escolar, educativa y clubes deportivos, fue el monto
observado por el SIN, con documentos contables , Libros Mayores o detalles que
demuestren que dicho importe no supera o excede del 8.33% del total de los salarios
brutos del personal según planillas anuales, tal como establece el art. 11 del DS
24051, asimismo por dicho importe tampoco acreditó la retención del RC-IVA a
efecto de demostrar el gasto deducible en el IUE, por lo que corresponde confirmar
la Resolución de Alzada por el cargo en el RC-IVA e IUE, toda vez que la condición
para considerar dichos gastos deducibles, es que se acredite la retención
correspondiente en el RC-IVA.
IV.4. 5. Pagos realizados en el país sin la retención del IUE-BE.
i. El recurrente manifiesta que de acuerdo a la documentación presentada, si bien la
empresa TEPB no tiene vinculación jurídica directa con TOTAL SA, según otros
documentos se comprueba la propiedad de esta última sobre la primera, no obstante
que presentó un Certificado emitido por la Sociedad Total E&P Holdings (Societé par
Actions Simplifiée), en el cual se establece que dicha sociedad es la accionista
mayoritaria de TEPB al poseer el 99.82% de su capital. Este documento desvirtúa
la aseveración de la Superintendencia Tributaria Regional, en sentido de que TOTAL
S.A. sería la casa matriz de TEPB. Por otra parte manifiesta que de acuerdo con el
Convenio para Evitar la Doble Imposición, en su art. VII, Numeral 1, señala que la
empresa que reclama su aplicación, no debe tener un establecimiento permanente en
Bolivia, aspecto que de acuerdo al recurrente cumple TOTAL S.A., por lo que TEPB
no retuvo ni pagó el 12.5% del IUE-BE por pagos de los servicios prestados por
TOTAL S.A. en razón del Convenio antes citado, homologado mediante Ley No. 1655.
de 31 de julio de 1995.
ii. Al respecto, TEPB hace referencia a la presentación en calidad de prueba de un
Certificado suscrito por Jean-Luc GUIZIOU, en su calidad de Presidente de la S.A.S.
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TOTAL E&P HOLDING, que indica tener el 99.82 del capital social de TOTAL E&P
BOLIVIE, sociedad sujeta al derecho francés, la cual posee una sucursal registrada
en Bolivia bajo el nombre de “Total E&P Bolivia Sucursal Bolivia” (TEPB), (fs. 122 del
XVI Cuerpo del Cuaderno de Antecedentes), documento con el cual pretende
desvirtuar que TOTAL SA tenga “domicilio permanente” o “sucursal” en Bolivia, ya que
tiene la mayoría accionaria de Total E&P Bolivia constituida en Francia y ésta tiene su
sucursal o establecimiento permanente en Bolivia.
iii. De la verificación y compulsa de la prueba cursante en obrados, se establece lo
contrario, debido a que del Testimonio No. 3648/97, de 18 de diciembre de 1997,
correspondiente a la “Escritura sobre Contrato de Subrogación de los Contratos de
Riesgo Compartido para los Bloques Tarija Oeste” (fs. 6944-6960 del XVI Cuerpo del
Cuaderno de Antecedentes), en su Cláusula Sexta textualmente señala: “CLAUSULA
SEXTA: GARANTIAS. TOTAL presenta una Carta de Garantía de su Casa Matriz,
TOTAL S.A., una empresa legalmente constituida bajo Leyes de Francia”, más
aún a fs. 6951 vlta., textualmente indica lo siguiente en la parte pertinente: “Carta de
Garantía Contrato Bloque XX-Oeste.- En relación con el Contrato de Riesgo
Compartido entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, TOTAL Exploration
Production Bolivie S.A. y Tesoro Bolivia Petroleum Company, para operaciones
petrolíferas en el Bloque XX-Oeste, la empresa TOTAL S.A., una empresa
organizada y existente bajo las leyes de Francia, por medio de este documento
certifica que es la propietaria de la empresa TOTAL Exploration Production
Bolivie S.A., Sucursal Bolivia, organizada y existente bajo las leyes de la República
de Bolivia, y garantiza que proveerá a dicha Sucursal de TOTAL Exploration
Production Bolivie S.A., todos los recursos técnicos y financieros necesarios,
incluyendo el personal necesario, para que dicha Sucursal ejecute completamente y
en forma apropiada sus obligaciones, en conformidad y en conexión con el
mencionado Contrato de Riesgo Compartido. Además, señal que “en caso de que
TOTAL Exploration Production Bolivie S.A., (Sucursal Bolivia) no cumpla sus
obligaciones, la empresa TOTAL S.A. las cumplirá o hará que sean cumplidas
…”, (las negrillas son nuestras).
iv. En este sentido, siendo que el Convenio para evitar la doble imposición en materia
de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio” suscrito entre Bolivia y Francia,
indica en su art. V, que el establecimiento permanente es el lugar fijo de negocios que
sirve para el ejercicio que una actividad empresarial y que tenga como objeto la
generación de rentas; asimismo, en su num.2 indica que la expresión “establecimiento
permanente” comprende la oficina o lugar de administración o dirección de negocios,
38 de 51
sucursales o agencias, entre otros, consiguientemente, estando llano el término
“establecimiento permanente”, es claro y evidente que TOTAL SA, ha constituido un
establecimiento permanente en Bolivia, a través su sucursal TOTAL Exploration
Production Bolivie S.A., (Sucursal Bolivia), por lo que pretender que se aplique al
presente caso el referido Convenio no corresponde, habida cuenta de que existe
plena prueba que TOTAL S.A. tiene su “Establecimiento Permanente” o “Sucursal” en
la República de Bolivia, en este sentido se observa que esta situación no se ajusta
dentro de las previsiones para que proceda la aplicación del referido convenio para
evitar la doble tributación.
v. Es así que los argumentos de los recursos interpuestos por el contribuyente, se los
debe interpretar aplicando el principio de la realidad económica, previsto por el art. 8
de la Ley 1340 (CTb), porque las formas jurídicas que adopte TEPB no obligan, sólo a
efectos impositivos a la Administración Tributaria; en el presente caso los argumentos
que se utilizan y los cuales puedan tener efectos en otras materia, impositivamente, el
hecho generador se tomará el efectivamente realizado por las partes,
independientemente de la valoración jurídica que efectúen los interesados. Por lo que
se mantiene el reparo establecido por este concepto por la Administración Tributaria.
IV.4.6. Servicios realizados parcialmente en el país.
i. El recurrente manifiesta que la Resolución de Alzada considera que TEPB no
demostró que las empresas contratadas DETESAT y PLENEXIS, tengan su domicilio
en Alemania como tampoco que no tienen un establecimiento en Bolivia. Cabe
afirmar que el SIN tampoco demostró lo contrario, lo cual equivale a decir que el fallo
impugnado no se basó en documentos presentados por la Administración Tributaria.
TEPB está en proceso de alcanzar certificaciones de FUNDEMPRESA que
demuestren que DETESAT y PLENEXIS nunca se constituyeron en Bolivia bajo
ningún tipo de sociedad.
ii. El 24 de julio de 2007, TEPB mediante memorial acompaña la prueba de reciente
obtención, la que fue presentada con juramento el 10 de agosto de 2007, de acuerdo
al Acta cursante a fs. 486 del expediente; en ella se encuentran los Certificados
emitidos por el Registro de Comercio de Bolivia – FUNDEMPRESA, (fs. 54 y 55 de
las pruebas de reciente obtención), que certifican que las empresas PLENEXIS y
DTSAT no se encuentran registradas en el Registro de Comercio de Bolivia.
iii. En este sentido, cabe indicar que si bien presenta la prueba señalada
precedentemente, por la cual se evidencia que ambas empresas no están registradas
en Bolivia; sin embargo, no presenta prueba alguna que demuestre que dichas
39 de 51
empresas tengan su domicilio establecido en la República Federal de Alemania,
mediante certificado de la Administración Tributaria de Alemania que acredite el
domicilio fiscal en ese Estado de las empresas citadas, para acogerse al “Convenio
para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre las rentas y el
patrimonio” suscrito con esta República. Por tanto, corresponde confirmar el reparo
establecido por el SIN en el IUE –BE conforme a los art. 51 de la Ley 843 y art. 34
del DS 24051.
IV.4.4. Servicios prestados sin retenciones (IUE- RET e IT- RET)
IV.4.4.1. Servicios prestados por Cristián Iturri Salmón
i. Señala el recurrente que la Resolución de Alzada interpreta que Cristián Iturri es
personal de TEPB, sin tomar en cuenta que fue dependiente de Total Fina S.A.
(según carta de 14 de marzo de 2000); por tanto los pagos no pueden ser gravados
en Bolivia sino en Francia en virtud del Convenio para evitar la doble tributación
suscrito con la República de Francia.
ii. Al respecto, de la verificación y compulsa de antecedentes administrativos y del
expediente, se tiene por una parte, que los reparos en el IUE e IT que establece la
Administración Tributaria corresponden a servicios prestados por Christian Iturri
Salmón, en los períodos de julio a octubre de 2001, conforme se evidencia de los
Papeles de Trabajo “Cuadro Análisis de las Cuentas de Gasto” (fs. 153 y 154 de la
Carpeta 1 de los antecedentes administrativos); por otra parte, la Resolución de
Alzada modificó los reparos por estos tributos, debido a que de acuerdo con la
naturaleza del Contrato Indefinido de Trabajo que suscribe TEPB con Christian Iturri
Salmón, el 14 de marzo de 2000, tiene carácter de dependencia laboral; por tanto
sujeto al RC-IVA, con una alícuota del 13%.
iii. Asimismo se evidencia que cursa el Contrato Indefinido de Trabajo que suscriben
TEPB y Christian Iturri Salmón, de nacionalidad boliviana, de 14 de marzo de 2000
(fs. 32-42 del Cuerpo 1 de antecedentes administrativos), la naturaleza del contrato
es laboral, con relación de dependencia sujeta a la legislación boliviana; en lo
administrativo interno se sujeta a las regulaciones del Grupo Petrolero TOTALFINA
S.A. Por otra parte, cursa en antecedentes la carta que TEPB dirige a Christian Iturri
Salmón (fs. 33 del Cuerpo 1 de antecedentes administrativos) en la que le comunica
su contratación efectiva ante Total Gestión internationale, desde del 1º de abril de
2000, señalando textualmente lo siguiente “Durante su contratación, usted continuará
siendo personal de TOTAL EXPLORATION PRODUCTION BOLIVIE donde usted
estará al inicio de su contratación. Sin embargo, durante su destinación en París,
40 de 51
usted dependerá administrativamente de TOTALFINA S.A. y tendrá que adaptarse a
la legislación local de trabajo, que puede cambiar con el tiempo”.
iv. De lo anterior se establece que el recurrente no enerva los fundamentos de la
Resolución de Alzada impugnada, conforme dispone el art. 76 de la Ley 2492 (CTB),
por lo que se puede establecer categóricamente que no corresponde aplicar al
presente caso el Convenio para Evitar la Doble imposición suscrito entre Bolivia y
Francia; en consecuencia la relación laboral de TEPB con Christian Iturri Salmón, se
encuentra gravada con el RC-IVA por la naturaleza del contrato laboral, sujeto al inc.
d) del art. 19 de la Ley 843.
v. Respecto al reparo en el IUE e IT observado en los gastos por pasajes, debido a la
falta de respaldo con la factura original, se mantiene porque no fue motivo del
recurso.
IV.4.2 Rendición de gastos de Muller & Asociados.
i. Señala el recurrente que por el concepto de reembolso de gastos efectuados por
Muller & Asociados, el 2 y 19 de julio de 2001, no es un pago adicional al servicio que
prestó la consultora en virtud de un Contrato Civil, de 23 de enero de 2002, por el
asesoramiento a TEPB en temas relacionados con hidrocarburos, ya que la Cláusula
Sexta del mencionado Contrato, prevé que el Contratante reembolsará los gastos del
Contratista, previa presentación de recibos y facturas, si bien los gastos fueron
anteriores a la suscripción del contrato, se efectuaron en función del mismo, por tanto
no son gastos no relacionados.
ii. Al respecto, de la verificación y compulsa de la prueba aportada por las partes, se
tiene que TEPB suscribió con Muller & Asociados un Contrato Civil de Prestación de
Servicios, el 23 de enero de 2002 (fs. 44-46 del Cuerpo 1 de antecedentes
administrativos), cuya Cláusula Tercera establece la vigencia de un año, a partir del
5 de diciembre de 2001 hasta el 4 de diciembre de 2002 y la Cláusula Sexta señala
los costos adicionales que serán reembolsados por TEPB. En este sentido, los
gastos efectuados por Muller & Asociados el 2 y 19 de julio de 2001, es decir cuando
no estaba vigente el contrato, no tiene respaldo que justifique por qué debería
reembolsarse ese tipo de gastos, por lo que es válida la observación de la
Administración Tributaria en esta clase de impuestos (IUE e IT por retenciones),
conforme establecen los arts. 3 del DS 24051 y 10 del DS 21532.
iii. Por otra parte, en cuanto a la observación de los gastos sustentados por los
comprobantes DEP 000021, DEP 000170 y DEP 000113 debido a que no se
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encuentran sustentados con facturas originales o documentación de respaldo, de la
revisión de los antecedentes administrativos, se establece que efectivamente no
cuentan con documentación de respaldo que acredite que estos gastos fueron
efectivamente realizados, por lo que incumple lo previsto por la Cláusula Sexta del
Contrato suscrito entre TEPB y Muller & Asociados, correspondiendo confirmar los
reparos de la Administración Tributaria en los impuestos IUE e IT por retenciones.
IV.4.7. Disminución de Ingresos registrados por ajustes y reclasificaciones no
justificadas
i. El recurrente señala que en diferentes oportunidades, el momento de impugnar la
Resolución Determinativa indicó que las reversiones de provisiones por las ventas de
enero a marzo de 2001, fueron efectivamente realizadas en el mes de junio de 2001;
registrando en ese mes el ingreso real por ese período; y adjunta al presente recurso
el Libro Mayor de la cuenta 702300 Ventes Hidrocarbures Gas, por el período enero
a marzo 2001, en el cual constan los importes provisionados de $us. 602.329,
$us451.313 y $us675.755,50; asimismo, el libro mayor del período abril a diciembre
de 2001, en el que se pueden evidenciar las reversiones observadas por el SIN.
ii. Al respecto, de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos se
evidencia que la Administración Tributaria, ha determinado reparos por ajustes
contables no justificados en la cuenta 702300 “Ventes Hydrocarbures Gas” por la
venta de gas en los meses de enero a marzo de 2001, por los cuales el recurrente en
la instancia de alzada argumentó que se originaron por un gasto realizado por TEPB
que luego fue reconocido por los socios del bloque XX Tarija Oeste, sin haber podido
demostrar con documentación contable lo señalado.
iii. De lo anterior se establece que el contribuyente efectuó provisiones contables por la
ventas de enero a marzo 2001 por los montos de $us602.329.-, $us451.313.- y $us
675.755,50.-, con lo que disminuyó la cuenta de ventas por hidrocarburos; al
respecto el recurrente argumenta que efectuó provisiones sobre ventas al tener
incertidumbre sobre los montos totales y conforme al Libro Mayor de la cuenta
702300 Ventes Hidrocarbures Gas, por el período enero a marzo 2001, presentados
en esta instancia jerárquica, demostraría que los importes provisionados citados
fueron revertidos conforme se tiene del Libro mayor del período de abril a diciembre
de 2001.
iv. De la verificación y compulsa de la prueba aportada (Cuerpo XVII, Anexo B), en
aplicación del art. 217, inc. a), de la Ley 3092 (Título V CTB), se encuentra
imposibilitada de valorar las pruebas aportadas toda vez que los registros contables
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computarizados presentados, incumplen el num. 95, inciso a) de la RA 05-0043-99,
concordantes con el art. 40 del Código de Comercio, puesto que las tarjetas y las
hojas de cada gestión comercial anual, que formen un libro de contabilidad, deben
ser encuadernados, foliados correlativamente y legalizados por ante Notario Público,
además de hacer constar en el primer folio de los libros correspondientes a cada
gestión comercial, los datos generales de la empresa, por lo que no son suficientes al
constituir simples listados computarizados, de cuyos registro de datos o cifras no se
tiene evidencia por cuanto no se respaldan con comprobantes contables, Libros
Mayores y Estados Financieros debidamente autorizados; asimismo, la emisión de
registros computarizados no garantiza la validez de la información. Es más, el
argumento que no tuvo certidumbre de las ventas debió ser respaldo con
documentos o contratos de ventas que prevean esta situación y demostrar cuándo
efectivamente se realizó la venta, o las circunstancias para que ella no se efectúe,
dado que en el sector de hidrocarburos las ventas se encuentran sujetos a contratos
entre partes.
v. En consecuencia, corresponde confirmar la Resolución de Alzada que mantuvo el
cargo en el IUE, sobre este punto.
IV.4.8. Disminución de ingresos por ventas del período anterior por venta de
crudo condensado y cesión de trabajo
i. TEPB en el Recurso Jerárquico señala que con apego a los Principios de
Contabilidad Generalmente Aceptados, los ingresos de abril 2000 a marzo 2001
fueron registrados mediante provisiones contables por no contarse con la facturación
de dichos servicios. La Administración Tributaria los observó por haber sido
efectuadas en mayo de 2001, situación que fue ratificada por la Superintendencia
Tributaria, asimismo observó que los importes revertidos no tenían respaldo
suficiente. Al respecto, el recurrente en forma detallada expone cómo se determinó la
reversión de las provisiones observadas por lo que la Superintendencia General
podría evidenciar que la observación no es procedente y que en los asientos TEPB
ha seguido las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas.
ii. Al respecto, el art. 46 de la Ley 843 señala que el IUE tiene carácter anual y será
determinado al cierre de cada gestión, y que los ingresos y gastos corresponderán al
año en que termine la gestión en la cual se han devengado, en el presente caso al 31
de marzo de 2002, que es la gestión fiscal para las empresas petroleras; los plazos
de presentación de las declaraciones juradas y el pago del impuesto, vencerán a los
ciento veinte días posteriores al cierre de la gestión fiscal, tal como indica el art. 39
del DS 24051 (Reglamento al IUE).
43 de 51
iii. Dentro de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, se encuentra el
principio del ejercicio, que señala que en las empresas en marcha es necesario medir
el resultado de la gestión de tiempo en tiempo, ya sea para satisfacer razones de
administración, legales, fiscales o para cumplir con compromisos financieros, etc. Es
una condición que los ejercicios sean de igual duración, para que los resultados de
dos o más ejercicios sean comparables entre sí. En el presente caso, según nuestra
normativa tributaria, la gestión fiscal abarca 12 meses, de abril 2001 a marzo de
2002.
iv. De la verificación y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que la
Orden de Fiscalización Externa Integral Nº 0005OFE0104 abarca los períodos abril
2001 a marzo de 2002; sin embargo, en las cuentas contables de Ingresos 702400
VENTA DE HIDROCARBUROS CONDENSADOS y 708300 CESION OF WORK, se
identifican débitos por un lado de Bs167.420,15 equivalentes a $us23.815.-
registrado mediante comprobante OD 000044 de 1 de mayo de 2002 (fs. 92 Cuerpo
17 de antecedentes administrativos) por concepto del 13% del débito fiscal de la
venta de Condensado efectuada en la segunda quincena del mes de marzo de la
gestión 2001 a la Empresa Boliviana de Refinación; y por otro lado el importe de
Bs67.295,94 registrado mediante comprobante OD 00048 de 31 de mayo de 2002
(fs. 119 Cuerpo 17 de antecedentes administrativos), por concepto de trabajos
efectuados por el personal expatriado del contribuyente Total E&P Bolivia Suc.
Bolivia, servicios que fueron prestados en su totalidad en la gestión anterior.
v. Como se puede advertir la empresa TEPB, contravino el art. 46 de la Ley 843 y el
principio del ejercicio contable de la empresa, al efectuar sus ajustes contables de la
gestión 2001 en la gestión 2002, al debitar los importes en la cuenta de ingresos de
VENTA DE HIDROCARBUROS CONDENSADOS y CESION OF WORK,
disminuyendo así los ingresos de esta gestión y afectando directamente la base
imponible del Impuesto a las Utilidades de las Empresas.
vi. En consecuencia, como se señaló precedentemente, conforme a la normativa legal
y contable, que señala que toda empresa debe efectuar todos sus ajustes contables
al final del período correspondiente o sea antes de elaborar sus estados financieros,
cuya intención es la de expresar correctamente la información contable y financiera, y
siendo que el DS 24051 para esos efectos en su art. 39, concede un plazo para la
presentación de las declaraciones juradas, el pago de sus impuestos de 120 días
posteriores al cierre de la gestión fiscal, así como el art. 36 indica la forma de la
presentación de los Estados Financieros; se debe confirmar en este punto la
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Resolución del Recurso de Alzada, cuyos reparos por el IUE alcanzan a Bs41.855,04
y Bs16.823,99 respectivamente.
IV.4.9. Exportación de Crudo a precios inferiores de referencia
i. El recurrente señala que si bien la Secretaría Nacional de Energía estableció los
precios de referencia para el pago de regalías y participaciones, estos precios no se
aplican a las negociaciones y venta de los productos, siendo atribución del vendedor
negociar el precio de venta, por lo tanto, el pretender que una norma fije un precio de
referencia es atentar contra la economía de libre mercado, incluso si fuera así, no es
lógico que TEPB venda sus productos a precios bajos porque debe mantener
competitividad y debe mejorar los ingresos de la empresa, asimismo, no debe
olvidarse que los precios son referenciales, por lo que no se ha incumplido ninguna
norma que merezca una sanción.
ii. Al respeto, la Administración Tributaria observó que TEPB realizó exportaciones a
precios por debajo de los de referencia establecidos por la Secretaría Nacional de
Energía y señaló la existencia de una fuerte vinculación entre los compradores y
TEPB; asimismo, cabe señalar que al promulgarse la Ley de Hidrocarburos 1689 y el
DS 24577, Reglamento para la Liquidación de Regalías y Participaciones
Hidrocarburíferas, el cual en su art. 14 señala que para efectos de la valoración de
los hidrocarburos se tomará en cuenta su comercialización en el mercado externo.
Por lo tanto, para determinar el precio de venta de exportación del petróleo, tendrá
que considerarse el precio de referencia.
iii. Si bien el mencionado DS 24577 que aprueba el Reglamento para la liquidación de
Regalías y Participaciones, se encarga de regular el cálculo del pago de regalías, la
Administración Tributaria tomó el precio referencial como base para el cálculo de los
tributos nacionales, tomando en cuenta que una empresa persigue fines de lucro y
por tanto es incoherente que comercialice sus productos por debajo del precio
referencial, más aún cuando TEPB no ha desvirtuado la pretensión de la
Administración Tributaria con documentos que justifiquen el precio pactado, los
cuales son evidentemente precios subvaluados, por lo que sobre la base de lo
anterior, la Administración Tributaria, correctamente, tomó como referencia, de
acuerdo al Cuadro Nº 33, “Evolución Precios Basket World Crude Oil Short Term
Contract/Spot Prices”, (fs. 8118 de antecedentes administrativos) el precio que se
cotiza en el mercado internacional, para determinar el valor de la exportaciones de
crudo; en consecuencia, corresponde confirmar en este punto la Resolución de
Alzada impugnada.
45 de 51
IV.4.10. Gastos varios no deducibles sin documentación original
i. La parte recurrente manifiesta que la Superintendencia Tributaria Regional acepta
que la falta de un documento original no impide a TEPB deducir un gasto siempre
que demuestre que el gasto ha sido efectuado. Observa que el cheque Nº 88655 no
habría sido cancelado; para tal efecto adjunta el extracto bancario de 31 de enero de
2002 que acredita que se canceló el total del cheque y por tanto este gasto -al igual
que los demás- debe ser deducido. Demostramos asimismo -dice- el pago de otros
gastos ($us. 157.378.44 y Bs. 2.590.040.17). Para corroborar los descargos en
materia de intereses, en calidad de prueba presenta el Anexo E, del Acuerdo de
Préstamo de Explotación suscrito con TOTAL Finance el 30 de noviembre de 2000,
cumpliendo con los requisitos del art. 76 y sgtes. de la Ley 2492 (CTB), por lo que los
pagos por interés están respaldados con documentación original. Respecto a los
muebles señala que son de propiedad de TEPB y sobre los aportes realizados a
YPFB son perfectamente deducibles, por haber sido hechos a solicitud expresa de
YPFB y en razón de las obligaciones pactadas (ver Anexo F).
ii. Al respecto, de la verificación y compulsa de la prueba presentada, se evidencia que
el recurrente presentó pruebas en instancia de alzada consistentes en Extracto
Bancario en original, conciliación bancaria y fotocopias simples de las facturas
observadas y afirma haber realizado el pago de las facturas mencionadas; sin
embargo, de la revisión de la conciliación bancaria, se evidencia que TEPB habría
emitido el cheque Nº 88655 por el monto de $us157.378,44.- a favor de Petrobrás,
siendo que el monto total de las facturas en cuestión asciende a $us143.430,60.- y
tal como fundamentó la Resolución de Alzada, al no comprobarse que por el monto
de las facturas se emitió el cheque Nº 88655 y además de no haber presentado las
facturas en original o fotocopia legalizada, corresponde confirmar la Resolución de
Alzada
iii. Sobre el resto de los gastos observados, por no estar respaldados con
documentación original, el contribuyente presentó en la instancia de Alzada,
documentación relacionada con los reparos realizados al Bloque XX Tarija Oeste y el
Bloque Berety, los cuales contienen documentación de respaldo en copia simple,
incumpliendo lo establecido en el art. 8 del DS 24051 (Reglamento al IUE), por lo que
corresponde confirmar en su totalidad de los reparos originados en gastos que
carecen de documentación original.
iv. Respecto al pago de intereses, el contribuyente presenta el Acuerdo de Préstamo
de Explotación suscrito entre Total Finance y TEPB, debidamente legalizado, el cual,
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en su cláusula primera, señala el objeto del mismo que son gastos de desarrollo
industrial, estando dicho préstamo asociado a la producción de la renta gravada; no
fue presentado antes porque se encontraba en etapa de legalización, debiendo
considerarse este gasto como deducible en vista del documento mencionado.
v. Al respecto, corresponde señalar que el contribuyente presentó fotocopia legalizada
de partes de un contrato de préstamo de dinero por un monto de $us 41.700.000;
prueba presentada con juramento de reciente obtención que establece en el artículo
quinto que se computará un interés semestral, según utilización del capital; sin
embargo, la referida prueba al ser presentada en esta instancia jerárquica, refrenda
de por sí que en anteriores momentos de la determinación tributaria y durante la
impugnación en Alzada, el contribuyente no pudo desvirtuar lo aseverado por la
Administración Tributaria y por la Superintendencia Tributaria.
vi. Asimismo, el referido contrato de préstamo, por sí solo, no prueba que se hubieran
realizado efectivamente los pagos que el contribuyente señala, porque los
documentos referidos a estos pagos que cursan a fs. 9197-9219 de antecedentes
administrativos, además de no hacer referencia específica a ningún contrato en
concreto, no demuestra el origen de la obligación, lo que impide una completa y
correcta apreciación de dichos elementos probatorios. En consecuencia, al no ser
prueba suficiente para desvirtuar el trabajo determinativo realizado por la
Administración Tributaria por no cumplir a cabalidad con los dispuesto en los arts. 8 y
13 del DS 24051, corresponde confirmar en este punto la Resolución de Alzada.
vii. En cuanto a la depreciación de muebles y enseres del personal dependiente de
contratistas extranjeros, el contribuyente señala que dichos bienes son de propiedad
de TEPB; al respecto, conforme al art. 20 del DS 24051, las depreciaciones son
admitidas siempre que sean de propiedad de la empresa o contribuyente. De la
compulsa de antecedentes administrativos, se verifica que el contribuyente registra
en el rubro de Activos Fijos a los Muebles y Enseres, así como Muebles y Enseres
expatriados que fueron objeto de reparos por parte de la Administración
Tributaria, reparos sobre los cuales el contribuyente argumentó que son parte de los
bienes necesarios para sus actividades y que presentaría prueba para demostrar la
propiedad de cada uno de ellos; sin embargo, no se ha encontrado prueba suficiente
que demuestre la propiedad de los mismos, por lo que se presume que se trata de
bienes de las personas contratadas por el contribuyente que al no estar directamente
vinculados con la actividad de TEPB, no corresponde que se considere como gasto
deducible, debiendo confirmarse en este punto la Resolución de Alzada.
47 de 51
viii. En cuanto a los gastos del anexo D de los contratos de riesgo compartido, TEPB
señala que existe una relación contractual entre el contribuyente y YPFB que le
obliga a realizar aportes en favor de la empresa petrolera estatal, los cuales se
realizan a requerimiento de YPFB, existiendo documentación sobre los pagos, los
conceptos y la conformidad de los pagos. Al respecto, corresponde señalar que la
Administración Tributaria consideró que TEPB realizó gastos que fueron
considerados como donaciones, las cuales, al haber sido destinadas a una entidad
con fines de lucro, no cumplen los requisitos para ser considerados como gasto
deducible; en ese sentido cabe indicar que el DS 24806 aprobó los modelos de
contrato de riesgo compartido con sus respectivos Anexos B y D, estableciéndose en
este último Anexo, que la empresa se comprometía a aportar cada año a favor de
YPFB, ciertos fondos destinados a capacitación de personal, facilidades de viaje,
mejoramiento tecnológico, etc.
ix. De esta manera, el Anexo “D” del Contrato de Riesgo Compartido para el Bloque XX
Tarija – Oeste y para el Bloque Bereti, establece que la empresa se compromete a
realizar aportes a favor de YPFB que serán destinados a capacitación del personal
de YPFB, Facilidades de viaje para los funcionarios con temas relacionados con la
exportación de gas natural, mejoramiento tecnológico administrativo y otros
conceptos. Además, el mencionado Anexo establecía un procedimiento para realizar
estos pagos; sin embargo, se debe tener presente que los gastos realizados por el
recurrente a favor de YPFB, efectivamente no pueden ser considerados como
donaciones, puesto que no se trata de una decisión unilateral de voluntad del
contribuyente de aportar benéficamente a YPFB, sino que dichos aportes se
realizaron en estricto cumplimiento del contrato de riesgo compartido suscrito; por lo
tanto, estos pagos de ninguna manera son liberalidades de TEPB, por lo que el
argumento de la Administración Tributaria no corresponde a la realidad de los
hechos; consecuentemente, dichos pagos deben ser considerados gastos deducibles
para determinar la utilidad imponible del IUE, ya que cumplirían con lo dispuesto en
el art. 47 de la Ley 843 y art. 7 del DS 24051.
x. Sin embargo, de la compulsa del cuaderno de antecedentes cursante a fs. 3714-
3762 y a fs. 5779-5798, se evidencia la existencia de gastos sin respaldado de las
facturas originales, aspecto que incumple con el art. 8 del DS 24051, referidas al
respaldo documental para los gastos deducibles; consiguientemente, corresponde
confirmar estos reparos.
48 de 51
xi. Por otra parte, se corroboró que la factura Nº 0012 de Letreros Luminosos NT, tiene
como concepto “placas de bronce” (fs. 3751), y la factura Nº 5789 de Eventus S.R.L.,
como concepto “servicios en acto firma de contratos”(fs. 5789), aspectos que
demuestran que dichos gastos no obedecen a ninguno de los fines enumerados en
los Anexos “D”, en el entendido de que el numeral denominado “otros conceptos”, se
refiere a conceptos de infraestructura, tal como se puede advertir del propio texto del
contrato.
xii. No obstante de lo anterior, al tratarse de pagos y gastos que pueden ser deducidos
por el contribuyente, se establece que los gastos mencionados referidos a los
aportes de TEPB a YPFB, no han sido debidamente documentados por lo que no
corresponde considerar a los mismos como gastos deducibles, debiéndose confirmar
con distinto fundamento la Resolución de Alzada.
IV.4.11. Gastos varios no deducibles de los Bloques San Alberto y San Antonio.
i. El recurrente Total SA plantea en su recurso jerárquico que, con relación a los gastos
varios no deducibles de los Bloques San Alberto y San Antonio que fueron
observados durante la fiscalización efectuada por la misma Administración Tributaria
a Petrobrás Bolivia SA, como operador de los mencionados bloques, se adjuntó en
calidad de descargos el memorial presentado por Petrobrás Bolivia SA acreditando el
pago de los descargos no aceptados en su Vista de Cargo.
ii. Indica, de igual forma, que es extraña la aseveración efectuada por la
Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, en sentido de que TEPB debería
presentar mayor documentación que respalde dicho pago; al respecto cita el art. 76
de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 16-f) de la Ley 2341 (LPA), y aclara
que a efectos de contar con la documentación que respalde la pretensión de TEPB,
la Superintendencia pudo requerir al SIN la documentación que respalde el pago
relacionado con los mencionados importes observados, siendo que los mismos se
encuentran en poder de dicha institución debido a la fiscalización efectuada a
Petrobrás, y ésta realizó el pago de las observaciones efectuadas sin distinguir qué
importes afectaban a cada socio y en qué porcentaje de participación.
iii. Al respecto, cabe señalar que la doctrina tributaria aceptada define a la prueba
“como el medio por el cual es posible la demostración de los supuestos fácticos que
las normas jurídicas señalan como generadores de una obligación o para el
reconocimiento de un derecho, asimismo el objeto de la prueba es demostrar las
realidades susceptibles de ser demostradas, y la finalidad de la misma se satisface
cuando la prueba da certeza de esa realidad, mediante la confrontación directa del
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medio de prueba con el hecho objeto de comprobación” (Las pruebas en el proceso
tributario, Elizabeth Whittingham García, pag. 13).
iv. Asimismo, la doctrina indica que la prueba puede concebirse “como la actividad que
desarrollan las partes con el tribunal para que éste adquiera el convencimiento de la
verdad o certeza de un hecho o afirmación fáctica o para fijarlos como ciertos a los
efectos de un proceso” (Diccionario Jurídico Espasa, pag. 1206).
v. En este entendido, la legislación nacional, en el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), señala
que en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien
pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los
mismos, se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o
tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se encuentra en poder
de la Administración Tributaria.
vi. De la revisión y compulsa del expediente y de los antecedentes administrativos, se
evidencia que la Administración Tributaria estableció reparos en el IUE por gastos
varios en los Bloques San Alberto y San Antonio sin respaldo documental,
estableciendo un reparo por este concepto de un total de Bs864.810,13.- importe que
corresponde al 15% de participación de TEPB en los bloques citados (fs. 15.346 del
Cuerpo 37 de antecedentes administrativos). Por otra parte se evidencia que la
Administración Tributaria efectuó fiscalización integral a Petrobrás Bolivia SA como
operador de los bloques petroleros San Alberto y San Antonio, y determinó diversos
gastos que no son deducibles en la gestión 2001-2002, a efectos de determinar el
IUE, como ser las donaciones a YPFB por conceptos de Fondos de Cooperación,
gastos que corresponden a gestiones anteriores, gastos no relacionados con la
actividad de la empresa y gastos sin facturas originales.
vii. Consiguientemente, de lo señalado en los párrafos precedentes, cabe indicar que si
bien la Administración Tributaria fiscalizó a Petrobrás Bolivia SA, este hecho no
exime a TEPB a presentar la documentación que respalda los gastos varios de
acuerdo con su participación en los bloques petroleros, de conformidad a lo
establecido en el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), solicitando al operador los registros
de las gastos efectuados y respaldar con originales o fotocopias debidamente
legalizadas a objeto de cumplir con el art. 8 del DS 24051 (Reglamento al IUE) que
establece la obligación de respaldar los gastos necesarios, con documentos
originales.
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viii. Respecto a que los documentos de respaldo se encuentran en poder de la
Administración Tributaria, cabe indicar que esta prueba debió ser ofrecida ante la
Administración Tributaria como en la instancia de alzada, e indicar dentro de qué
procedimiento administrativo fue presentado al SIN con objeto de que pruebe que se
encuentran en poder de la Administración Tributaria; sin embargo, de acuerdo a lo
argumentado en el Recurso de Alzada, se evidencia que TEPB solicitó a dicha
instancia requiera al operador para que proporcione la documentación de respaldo,
solicitud que no corresponde, debido a que el contribuyente se encuentra en la
obligación de desvirtuar la pretensión de la Administración Tributaria con objeto de
hacer valer sus derechos y respaldar con documentos su activad gravada conforme
establece el num. 4 del art. 70 y 76 de la Ley 2492 (CTB). En consecuencia,
corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada en este
punto.
Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente; a la autoridad
administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo
en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia
eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la
Resolución STR-SCZ/No. 0139/2007, de 8 de junio de 2007, del Recurso de Alzada,
emitida por el Superintendente Tributario Santa Cruz, le corresponde el
pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico.
POR TANTO:
El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución
Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución
Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato
de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB).
RESUELVE:
PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución STR-SCZ/No. 0139/2007, de 8
de junio de 2007, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz,
dentro del Recurso de Alzada interpuesto por TOTAL E&P BOLIVIE SUCURSAL
BOLIVIA; en consecuencia queda firme y subsistente la deuda tributaria de
Bs46.963.779.- equivalentes a 39.416.340.- UFV; conforme dispone el inc. b) del art.
212-I de la Ley 3092 (Título V del CTB).
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SEGUNDO. Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la
presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria,
teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso
contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución
Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la
jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de
2006.
Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.
Fdo. Rafael Verrgara Sandóval
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL INTERINO
Superintendencia Tributaria General