“La refundación de la Patria”, de la teoría a la evidencia

El uso de la violencia con fines políticos y electorales es una de las grandes tragedias colombianas. En

pleno siglo XXI, cuando celebramos el bicentenario de nuestra independencia, esa tragedia permanece y

no está superada ni en su valoración histórica, ni en sus consecuencias más recientes, ni en el acontecer

político actual. Este libro reconstruye esa historia trágica de violencia, mafia y política desde los años 90

hasta 2009 y sus efectos sobre la transformación política e institucional de nuestra democracia.

Las imágenes de las bombas y los magnicidios del narco terrorismo, de las tomas y secuestros de la

guerrilla y de la avanzada paramilitar dejaron en la ciudadanía la sensación fundada de que eran los

actores armados ilegales quienes usaban la violencia para promover sus propios fines: frenar la

extradición, instaurar un régimen revolucionario, contener a las guerrillas o traficar drogas ilícitas. Sin

embargo, la información que ha ido conociendo el país con la desmovilización de guerrilleros y

paramilitares y con la llamada parapolítica y farcpolítica ha traído a la escena pública una posibilidad

más problemática: que no sólo actores clandestinos e ilegales, sino también actores públicos y legales

han usado la violencia y se han beneficiado de la violencia ejercida por otros para avanzar sus propios

fines.

Cuando en 2005 algunos de los autores de esta investigación publicamos las primeras investigaciones

sobre los posibles vínculos entre paramilitares y congresistas, (López, 2005; Arco Iris, 2006) los indicios

apuntaban a unos treinta Congresistas y una decena de partidos electos en 2002. A pesar de la airada

respuesta de los mencionados y del Gobierno, que nos señalaron de sesgados y exagerados, los hechos y

las investigaciones judiciales han demostrado que, lejos de exagerar, nos quedamos cortos.

Al iniciar esta investigación, en junio de 2008, la Fiscalía reportó estar investigando 264 funcionarios

públicos, 83 de ellos congresistas, por presuntos vínculos con el paramilitarismo. Al cierre de esta

publicación, en abril de 2010, la cifra había subido a 400 políticos de elección popular, de los cuales 102

son congresistas. De 87 de los 102 Congresistas investigados se han recopilado pruebas en los procesos

que adelanta la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, así como también de procesos contra 109

servidores públicos, 324 miembros de la fuerza pública y de otros 5.766 casos de ciudadanos

involucrados con las actividades criminales del narcoparamilitarismo, como lo muestra el siguiente

gráfico.1

1 Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Reintegración, Informe Ejecutivo, Mayo de 2010.

Esas cifras, reveladas por la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, indican que una

tercera parte de los Alcaldes, Gobernadores y Congresistas de Colombia de la última década pudieron

haber sido promovidos por el narco paramilitarismo y que cogobernaron con ellos, y otros con las

guerrillas. Esa cantidad de altos dignatarios y servidores públicos investigados ha puesto también de

presente que los ilegales no eran tan clandestinos ni aislados como se creía, sino que han contado con

toda una gama de personas “de bien” y una enorme estructura política para promover sus objetivos, en

todos los niveles territoriales, políticos e institucionales.

Dado el acumulado de evidencia académica, empírica y judicial sobre las diferencias de propósito,

método y alcance de la intervención política y electoral de diferentes grupos armados ilegales y

políticos, el objetivo central de esta investigación es contribuir a la comprensión de cómo se dio y qué

efectos trajo la penetración y transformación violenta e ilegítima de la política y la institucionalidad

colombiana por la influencia de diferentes grupos armados ilegales y del narcotráfico, tanto en cada

departamento como a nivel nacional, desde mediados de los años 90.

Sumando información judicial, electoral, política y del conflicto armado, esta investigación reconstruyó,

de una parte, la trayectoria y estructura política y electoral de los 102 congresistas investigados por

vínculos con ilegales, y, por otra, la operación violenta e injerencia política de actores armados ilegales,

para analizar la influencia conjunta que tuvieron en la transformación del mapa electoral regional y

nacional.

Al momento de cerrar esta publicación, 25 de los 102 congresistas investigados por vínculos con

organizaciones armadas ilegales habían sido condenados. Aunque el número de sentencias todavía es

bajo, las evidencias encontradas en los procesos judiciales superan de lejos las hipótesis más osadas que

se tenían sobre la magnitud e implicaciones de esos vínculos entre políticos, funcionarios públicos y

organizaciones criminales.

TIPO DE DECISION NOMBRE ENTIDAD

1 ERICK MORRIS TABOADA Corte Suprema de Justicia

2 LUIS EDUARDO VIVES Corte Suprema de Justicia

3 MAURICIO PIMIENTO Corte Suprema de Justicia

4 JUAN MANUEL LOPEZ CABRALES Corte Suprema de Justicia

5 REGINALDO MONTES Corte Suprema de Justicia

6 Dixon Tapasco Fiscalía - Juez

7 Alvaro Araujo Corte Suprema de Justicia

8 Karelly Lara (lista Cerrada) Corte Suprema de Justicia

9 Ricardo Elcure Chacón Corte Suprema de Justicia

10 Alvaro Garcia Corte Suprema de Justicia

11 Gonzalo Garcia Fiscalía - Juez

12 Vicente Blel Corte Suprema de Justicia

13 Fredy Sánchez Fiscalía - Juez

14 Jorge Enrique Ramírez Fiscalía - Juez

15 Rodrigo Burgos Fiscalía - Juez

16 César Augusto Andrade Fiscalía - Juez

1 Miguel de la Espriella Fiscalía - Juez

2 Jorge Luis Caballero Fiscalía - Juez

3 Alfonso Campo Escobar Fiscalía - Juez

4 Dieb Maloof Fiscalía - Juez

5 Emilio Enrique Angel Fiscalía - Juez

6 Carlos Arturo Clavijo Fiscalía - Juez

7 Muriel Benito Rebollo Fiscalía - Juez

8 Rocio Arias Fiscalía - Juez

9 Eleonora Pineda Fiscalía - Juez

1 Jorge Ignacio Morales Corte Suprema de Justicia

2 Pompilio Avendaño Fiscalía

3 Guillermo Gaviria Corte Suprema de Justicia

4 Luis Fernando Velasco Corte Suprema de Justicia

5 Alfredo Ape Cuello Corte Suprema de Justicia

6 Jairo Fernández Quessep Corte Suprema de Justicia

1 JOSE DE LOS SANTOS NEGRETE Corte Suprema de Justicia

2 Miguel Angel Duran Fiscalía

1 Gabriel Zapata Corte Suprema de Justicia

2 Myriam Paredes Corte Suprema de Justicia

3 Eduardo Enriquez Maya Corte Suprema de Justicia

4 Juan Manuel Corzo Corte Suprema de Justicia

5 Guillermo Rivera Corte Suprema de Justicia

6 Iván Díaz Mateus Corte Suprema de Justicia

1 Ruben Dario Quintero Fiscalía

2 Alvaro Moron Fiscalía

3 Miguel Pinedo Fiscalía

4 Humberto Builes Correa Fiscalía

5 Jorge Castro Fiscalía

6 Miguel Angel Rangel Corte Suprema de Justicia

7 Ciro Ramirez Fiscalía

8 Oscar Wilches Fiscalía

9 Rodrigo Roncallo Corte Suprema de Justicia

10 Luis Alberto Gil Fiscalía

11 Carlos García Fiscalía

12 Juan Carlos Martinez Fiscalía

13 Odín Sanchez Corte Suprema de Justicia

14 Juan Pablo Sanchez Corte Suprema de Justicia

15 Edgar Ulises Torres Corte Suprema de Justicia

1 William Montes Fiscalía

2 Jairo Merlano Fiscalía

INVESTIGACION PRELIMINAR O

INSTRUCCIÓN46

Varios

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y

FISCALIA

Fuentes: Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General de la Nación y Prensa

Archivado

ESTADO JUDICIAL DE LOS PROCESOS POR PARAPOLÍTICA CONTRA CONGRESISTAS O EXCONGRESISTAS

AUTO INHIBITORIO

LLAMADO A JUICIO

SENTENCIA CONDENATORIA

SENTENCIA CONDENATORIA ANTICIPADA

SENTENCIA ABSOLUTORIA

PRECLUSIONES

Ese acervo de información nos permitió también comparar la capacidad de penetración del narcotráfico

y otros actores armados ilegales en las instituciones políticas, en particular en el Congreso, y analizar las

diferencias en método y resultados de dicha injerencia.

Cuando el narcotraficante Pablo Escobar se hizo elegir a la Cámara de Representantes por Antioquia en

1982, entró como suplente de una lista con 16.650 votos, que equivalían al 0.2% del total de votos

depositados por el Senado ese año. Pese a haber sido electo, o más bien por ello, Pablo Escobar fue

denunciado por la prensa, por el Gobierno y Ministro de Justicia de la época y tuvo que dejar su curul al

año siguiente. El entonces jefe del Cartel de Medellín pasó a la clandestinidad y fue fuertemente

perseguido por el Estado hasta que fue dado de baja en 1993.

En 1994, con el llamado Proceso 8.000, se comprobó que el Cartel de Cali penetró de manera masiva el

Congreso y la campaña Presidencial. Los condenados por el Proceso 8.000 obtuvieron el 12% de las

curules con cerca de 900.000 votos, equivalentes al 8% de la votación de Senado. Si se suman algunos

investigados no condenados, se llega hasta al equivalente al 12% de la votación de Senado. Además de

penetrar el Congreso, el Cartel de Cali fue determinante en la victoria presidencial de Ernesto Samper,

cuya campaña financió con varios millones de dólares.

En 2002, los congresistas electos con apoyo del narco paramilitarismo obtuvieron el 34% de las curules

y más de dos millones de votos, equivalentes al 25% de la votación de Senado. Ocho de cada diez de

esos congresistas entraron a hacer parte de la coalición del Presidente Uribe y cogobernaron con él

desde entonces. En 2006, casi todos los congresistas de la parapolítica se reeligieron y mantuvieron la

misma proporción y representatividad dentro de la coalición de gobierno.

Tanto los datos de la fuerza pública como las investigaciones judiciales confirman que las guerrillas

tuvieron una influencia electoral más limitada al ámbito local y que más que ayudar a elegir, las Farc

primordialmente sabotearon las elecciones y asesinaron y secuestraron a centenares de políticos, entre

ellos más de una decena de congresistas. Según la Policía Nacional, el 70% de hechos de violencia contra

el sector político entre 1997 y 2007 fueron realizados por la guerrilla; 55% por las Farc y 14% por el ELN.

La justicia por su parte reporta que el 4% de los congresistas electos desde 2002 han sido investigados

por recibir apoyo de la guerrilla para su elección y no más de 10 investigaciones cursan en la Fiscalía por

los mismos hechos contra otros políticos. Por el contrario, el paramilitarismo es responsable de sólo el

7% de hechos violentos contra políticos, pero el responsable del 96% de las investigaciones contra

políticos por recibir su apoyo electoral, según los reportes de la Fiscalía General y la Corte Suprema de

Justicia.

Año/Grupo autor del delitoFARC ELN EPL AUC Narco ERP Del Común Indeterminado

1.997 505 75 - 11 - - 40 118

1.997 165 431 153 749 1.998 217 139 10 7 2 5 - 70

1.998 76 307 67 450 2.000 71 49 9 51 - 5 - 57

2.000 97 118 27 242 2.002 207 36 8 32 - 2 2 44

2.002 144 124 63 331 2.003 108 13 - 46 - - 10 33

2.003 132 42 36 210 2.006 49 3 - 2 2 - 39 27

2.006 81 14 27 122 2.007 83 3 - - 1 - 19 62

2.007 88 17 63 168 Totales 1.240 318 27 149 5 12 110 411

Totales 783 1.053 436 2.272 % del total 55% 14% 1% 7% 0,2% 1% 5% 18%

% del total 34% 46% 19% 100% Fuente: Policía Nacional

Fuente: Policía Nacional

Autoría de los hechos de violencia contra el sector políticoHechos de violencia contra el sector político

Años / Procesos

electorales Homicidios Secuestros Atentados

Total

hechos

No. Nombre Calidad o cargo del implicado

Grupo

Ilegal/Guerrilla

Lugar de los

hechos(Municipio

y Departamento)

Fecha de los

hechos

Estado de la

Investigación

1

Reservado en

expediente Ex Gobernador Guerrilla Tolima 2007

Preliminar, delito por

determinar

2

Reservado en

expediente Educadora FARC-Frente 18 Ituango-Antioquia

Instrucción por

rebelión

3

Reservado en

expediente Agente de Policia FARC-Frente 18 Ituango-Antioquia 2004

Instrucción por

rebelión

4

Reservado en

expediente Ex Alcalde de Arauca FARC Arauca 2007

Preliminar por

reelión

5

Reservado en

expediente Ex Representante a la Cámara FARC Arauca 2007

Preliminar por

rebelión

6

Reservado en

expediente Ex Gobernador del Tolima Indeterminada Indeterminada

Preliminar por

concierto para

delinquir

7

Reservado en

expediente ex político FARC Venezuela Indeterminada

Instrucción por

rebelión

8

Reservado en

expediente Alcalde de Milán FARC Milán/Caquetá Indetermindada

Preliminar por

rebelión

9

Reservado en

expediente Alcalde

FARC-Frente

XXV

Purificación-

Tolima Años 2001 a 2003

Preclusión de enero

de 2009 por concierto

para delinquir

10

Reservado en

expediente

1)Presunto miembro FARC 2)Candidato

Asamblea 3)Secretario Gobierno Deptal. 4)y5)

posibles miembros FARC FARC

Pasto y La Cruz-

Nariño Por establecer

Indagación por

concierto para

delinquir

11 Piedad Córdoba Senador Partido Liberal FARC Antioquia Por establecer

Investigación

preliminar en curso

de parte de la CSJ

12 Wilson Borja Representante Polo Democrático FARC Bogotá Por establecer

Investigación

preliminar en curso

de parte de la CSJ

13 Luis Fernando Almario

Representante Movimiento de Particiapción

Popular FARC Caquetá Por establecer Instrucción

14 Luis Fernando Velasco Senador Partido Liberal FARC Cauca Por establecer

Investigación

preliminar en curso

de parte de la CSJ

15 Edgar Ulises Torres Representante Cambio Radical ELN Chocó Por establecer Llamado a Juicio

16 Pedro Nelsón Pardo Representante FARC Guanía Por establecer Investigación Previa

17 Alexander Lopez Maya Senador Polo Democrático FARC/ELN Valle Por establecer

Investigación

preliminar en curso

de parte de la CSJ

18 Gema López Representante a la Cámara, Partido Liberal FARC Cauca Por establecer

Investigación

preliminar en curso

de parte de la CSJ

19 Carlos Julio González Senador Partido Liberal FARC Huila Por establecer

Investigación

preliminar en curso

de parte de la CSJ

20 Cielo González Villa Ex Alcaldesa Neiva FARC Huila Por establecer

Investigación

preliminar

21 Isaac Paez Lopez

Ex Candidato a la Alcaldia de Cartagena del

Chaira, Polo Democrático FARC Caquetá Por establecer

Fiscalía Décima de

Florencia le dictó

orden de captura

22 Jorge Luís Montes Concejal de Carmen de Bolívar, Cambio Radical FARC Bolívar Por establecer

Preliminar, delito por

determinar

23 Alvaro Leiva Ex Asesor de Paz FARC Por establecer Preliminar

24 Lázaro Viveros Ex Asesor de Paz FARC Por establecer Preliminar

25 Carlos Lozano Director del Semanario Voz FARC Por establecer Preliminar

26 William Parra Periodista FARC Por establecer Preliminar

27 Liliana Obando Fensuagro FARC Por establecer Preliminar

Fuente: Fiscalía General de la Nación y Corte Suprema de Justicia a Julio 2009

INVESTIGACIONES POR CASOS DE "FARC-POLÍTICA

El ELN es el grupo ilegal que más ha mezclado violencia contra unos y apoyo electoral contra otros. En

algunas regiones, como Arauca, llegó a capturar la administración local y regional al mismo estilo de los

grupos paramilitares, y en otras, como el Magdalena Medio, mayoritariamente se opuso a que líderes

sociales participaran en las elecciones locales y atacó a quienes resultaron electos, señalándolos de ser

cercanos a los paramilitares. Las diferencias de objetivo y estrategia de los grupos armados ilegales, su

carácter pro o anti estatal y el capital social al que accedieron y acumularon explican los alcances tan

disímiles entre lo que se conoce como parapolítica, farcpolítica y elenopolítica, como se explica en

detalle en el capítulo de Arco Iris de ésta publicación.

Esas diferencias de propósito, método y alcance en la intervención política y electoral de grupos

armados ilegales han sido verificadas también por otras investigaciones académicas. Por ejemplo, el

Profesor Rodrigo Losada de la Universidad Javeriana, había analizado la racionalidad de las Farc para

boicotear o participar en las elecciones locales del año 2000, en pleno proceso del Cagúan, en diferentes

zonas, según su nivel de interés e influencia territorial (Losada, 2000). También analizó tres tipos de

estrategias político electorales usadas por grupos paramilitares en las elecciones del 2002 (Losada,

2006) llegando prácticamente a las mismos hallazgos de investigaciones periodísticas previas (López,

2005).

Aunque los hallazgos de las primeras investigaciones de parapolítica hechas desde organizaciones

sociales (López 2005, 2007 y Arco Iris 2007) han sido rebasados por las investigaciones judiciales, sus

estándares metodológicos han sido fuente de crítica y controversia (Gaviria, 2007). Infortunadamente,

con excepción de los trabajos citados del Profesor Rodrigo Losada, la academia nacional no ha

producido, hasta hora, investigaciones con sus estándares de calidad que validen o invaliden los

hallazgos de los investigadores sociales. Por fortuna, la academia internacional sí lo ha hecho. Los

profesores Daron Acemoglu del Massachussetts Institute of Technology y James Robinson de la

Universidad de Harvard con el apoyo de Rafael Santos Villagrán de la Universidad de Yale, realizaron una

investigación académica, que con sólidas bases conceptuales y econométricas no sólo corroboran los

hallazgos de las investigaciones nacionales de parapolítica sino que llega a conclusiones más profundas:

“Nuestro modelo parte de la observación que en una democracia actores armados no estatales

(en nuestro contexto, paramilitares), pueden controlar el comportamiento electoral de los

ciudadanos. Dado que los paramilitares tienen preferencias sobre las políticas, cuando ellos

deciden intervenir en la política, se reducen los incentivos de los políticos apoyados por estos

grupos para eliminarlos. El modelo predice que en áreas sin paramilitares las políticas están

focalizadas hacia los ciudadanos, mientras que en áreas donde hay paramilitares las políticas se

dirigen hacia las preferencias de éstos. Esto implica que en áreas con paramilitares los

ciudadanos obtienen menos bienes públicos (y otras políticas que ellos valoran). El modelo

además implica que los paramilitares van a tender a persistir en la medida en que produzcan

votos para los políticos que prefieren -en el caso colombiano, para el Presidente Álvaro Uribe—y

que este efecto es más fuerte en áreas donde estos políticos de otro modo no les habría ido tan

bien. Así, actores armados ilegales no estatales pueden persistir porque ellos pueden tener una

relación simbiótica con políticos específicos que detenten poder: los paramilitares dan votos a los

políticos con preferencias relativamente cercanas a ellos, mientras que los políticos a los que

ellos ayudan a ser elegidos implícitamente o explícitamente apoyan leyes o políticas que estos

grupos prefieren.

Investigamos empíricamente las implicaciones de nuestro modelo utilizando la experiencia

colombiana reciente donde dos principales actores armados no estatales, las “izquierdistas”

guerrillas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC y las “derechistas” fuerzas

paramilitares, las cuales en 1997 se agruparon en las Autodefensas Unidas de Colombia AUC, han

delineado el panorama político reciente. En primer lugar damos evidencia de que los

paramilitares, aunque curiosamente no las FARC, han influido de forma sistemática los resultados

electorales. En particular, después de que las AUC se involucraran en la política en el 2001, la

presencia de los paramilitares en un municipio está relacionada con el surgimiento de “terceros

partidos” no tradicionales. (Esto es, partidos diferentes a los liberales, a los conservadores, y a los

socialistas), los cuales son ampliamente reconocidos por estar directa o indirectamente

relacionados con paramilitares. (Ej. Lopez, 2007, Valencia, 2007) También encontramos que la

presencia paramilitar está asociada con una gran concentración de votos dentro de un municipio

en elecciones legislativas y con gran apoyo para el Presidente Álvaro Uribe, quien ha promulgado

varias políticas alineadas con las preferencias de los paramilitares, en las elecciones

presidenciales.

…

La principal predicción de nuestro modelo es que los paramilitares deben persistir más donde

ellos dan votos a los representantes del Ejecutivo que ellos prefieren, particularmente en áreas

donde a estos políticos no les habría ido tan bien. Esto pasa porque eliminar a los paramilitares

podría implícitamente costar valiosos votos en una elección. También mostramos que las

correlaciones entre los datos es ampliamente consistentes con esta predicción.

Finalmente, examinamos las votaciones en el Senado de la legislación para cambiar la

Constitución para remover el límite de un período presidencial y permitir la re-elección

presidencial para ilustrar un posible canal “quid pro quo” entre legisladores elegidos en áreas

altamente paramilitarizadas y el Ejecutivo. Encontramos evidencia de que entre mayor es la

proporción de votos obtenidos por una lista al Senado en zonas altamente paramilitarizadas,

mayor es la probabilidad de que ese Senador vote a favor de remover el límite del período

presidencial. La columna 2 de la Tabla 1 muestra que de aquellos que la votaron, todos excepto

3, de nuestros “top 20” senadores votaron a favor de la reelección.”2

2 Tomado de: Acemoglu, Daron, Robinson, James A., Santos, Rafael J (2009) “The Monopoly of Violence: Evidence from Colombia”. Traducción propia. Texto original:

“Our model begins from the observation that in a democracy non-state armed actors (in our context, paramilitaries) can control citizens‟ voting behavior. Since paramilitaries naturally have preferences over policies, when they choose to become involved in politics, this reduces the incentives of the politicians they favor to eliminate them. The model predicts that in non-paramilitary areas policies are targeted at citizens while in paramilitary areas they cater to the preferences of paramilitaries. This implies that in paramilitary areas citizens obtain fewer public goods (and other policies they value). The model further implies that paramilitaries will tend to persist to the extent that they deliver votes to politicians they prefer -in the Colombian case, to President Álvaro Uribe- and that this effect is stronger in areas where these politicians would have otherwise not done as well. Thus non-state armed actors can persist because they can be in a symbiotic relationship with specific politicians holding power: paramilitaries deliver votes to politicians with preferences relatively close to theirs, while politicians they helped elect implicitly or explicitly support laws and policies that they prefer. We empirically investigate the implications of our model using the recent Colombian experience, where two main non-state armed actors, the „left-wing‟ Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-The Revolutionary Armed Forces of Colombia) and „right-wing‟ paramilitary forces, which in 1997 coalesced into the Autodefensas Unidas de Colombia (AUC-United Self-Defense Organization of Colombia), have shaped the recent political landscape. We first provide evidence that paramilitaries, though interestingly not the FARC, have systematically influenced electoral outcomes. In particular, after the AUC got involved in politics in 2001, the presence of paramilitaries in a municipality is correlated with the rise of non-traditional „third parties‟ (that is, parties other than the Liberals, the Conservatives, and the Socialists), which are widely recognized to be often directly or indirectly associated with the paramilitaries (e.g., Lopez, 2007, Valencia, 2007). We also find that paramilitary presence is also associated with a greater concentration of votes within a municipality in legislative elections and with greater support for President Álvaro Uribe, who has enacted several key policies in line with the preferences of the paramilitaries, in the presidential elections. … The main prediction of our model is that paramilitaries should persist more where they deliver votes to the executive that they prefer, particularly in areas where this politician would otherwise not do well. This is because eliminating paramilitaries would implicitly cost valuable votes in the election. We show that there is a fairly robust correlation in the data consistent with this prediction. Finally, we examine the roll-call votes in the Senate on the legislation for changing the Constitution to remove the one-term limit and allow presidential re-election to illustrate a possible channel for the „quid pro quo‟ between legislators elected from high paramilitary areas and the executive. We find evidence that the greater was the proportion of votes a senator‟s list obtained in high paramilitary areas, the greater was the likelihood of the senator to vote in favor of removing the term limit. Column 2 of Table 1 shows that of those who voted all but three of our „top 20‟ senators voted in favor of re-election.3

3. There is no direct evidence that President Uribe is in some formal ‘coalition’ with paramilitaries, and we do not argue or believe that he is; in fact, the politicians in our theoretical model are not in such a coalition either. What matters is that President Uribe’s relatively conservative policies are closer to those preferred by the paramilitaries, who have strong conservative leanings and thus naturally have an interest in maintaining him in power. Some of our theoretical and empirical results then exploit the fact that he may take this into account in several of his key decisions.

Además de los trabajos ya mencionados, en lo restante de esta introducción se describirá el marco

teórico general por el que se orientó esta investigación, el contenido general y los principales hallazgos

de cada uno de los capítulos de esta publicación, así como los desafíos que tales hallazgos plantean al

marco teórico y analítico en que se basó.

Dos marcos conceptuales sirvieron de principales referencias a esta investigación. De una parte el

análisis sobre autoritarismos sub nacionales desarrollado por Edward Gibson (Gibson 2004) y de otra el

análisis sobre Captura y Reconfiguración Cooptada del Estado desarrollado por Luis Jorge Garay (Garay

et al, 2008).

Aunque el texto del profesor Gibson se concentra en el análisis de estrategias de resistencia política de

actores provinciales de México y Argentina –que no incurrieron en métodos violentos y menos mafiosos,

como en Colombia- ante procesos democratizantes desde el centro federal, su texto nos sirvió como

referencia para tratar de entender y analizar las estrategias de resistencia que desarrollaron las elites

regionales colombianas para contener la apertura del sistema político derivada de la elección popular de

alcaldes y de las reformas del proceso constituyente de 1991, así como las motivaciones que condujeron

a su alianza estrecha con narcotraficantes y otros actores armados ilegales.

Gibson inicia su análisis resaltando que una característica de casi todos los regímenes democráticos es

que ni las instituciones ni las prácticas democráticas están distribuidas uniformemente a lo largo del

territorio y que por lo tanto la “política territorial”, entendida como la manera como se libra la lucha

política a lo largo del territorio, es determinante en la configuración política e institucional resultante.

Colombia se enmarca perfectamente en esa heterogeneidad con por lo menos tres ingredientes

adicionales: la economía ilícita del narcotráfico, el conflicto armado y la falta del monopolio estatal de la

fuerza y la justicia.

En menos del 40% del territorio colombiano se concentra cerca del 70% de su población y producción

económica legal. Pero en el 60% del territorio, que alberga a no más del 20% de la población, se

concentra el origen del 100% de la economía ilegal del narcotráfico y de formas de crimen organizado y

armado que operan tanto en el territorio rural como en el urbano. Ese desbalance territorial e

institucional permite órdenes socioeconómicos muy diversos y prácticas políticas e institucionales muy

heterogéneas en diferentes regiones del país. (Duncan, 2006) Esos factores hacen, entre otros, que los

actores políticos y sociales en Colombia tengan preferencias y formas de actuación más o menos

proclives o de resistencia no sólo a ciertas formas de operación o reforma desde el centro nacional, sino

incluso a una operación institucional meramente legal y legítima.

Gibson analiza dos casos en detalle, uno del PRI en México y otro del Justicialismo en Argentina, y

concluye que son tres las principales estrategias que usan los actores provinciales para resistir intentos

de democratización desde el centro federal: 1. La parroquizalización del poder, 2. La nacionalización de

la influencia y 3. La monopolización de los vínculos institucionales entre el orden subnacional y el

nacional.

Por razones de espacio no profundizo en los detalles conceptuales de cada una, aunque invito al lector

a consultar en detalle el magnífico texto del Profesor Gibson. Para efectos de este libro me limito a

proponer que las motivaciones y estrategias usadas por actores políticos colombianos en el periodo de

estudio de esta investigación, se enmarcan en el tipo de motivaciones y estrategias que según Gibson

usan elites provinciales para resistir procesos nacionales de democratización y que dan lugar al llamado

autoritarismo sub nacional.

Por ejemplo, aunque el pacto frentenacionalista debía finalizar en los 70s, la mayoría de las elites

bipartidistas se resistieron a la competencia electoral de movimientos independientes o de izquierda y a

soltar el monopolio del manejo estatal local y nacional. Esa resistencia se enmarca en las estrategias de

parroquialización del poder y monopolización de los vínculos institucionales entre el orden subnacional y

el nacional que describe Gibson. Sin embargo, esa resistencia no se hizo sólo por métodos políticos sino

también violentos como lo demuestra el aniquilamiento de la Unión Patriótica y el asesinato de las

principales figuras de fuerzas políticas emergentes que desafiaban el statu quo de las fracciones

bipartidistas regionales y las ambiciones emergentes de la mafia. En ese cruce de intereses y de formas

de resistencia políticas y mafiosas quedaron las vidas de Luis Carlos Galán y el Nuevo Liberalismo, de

Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo y de la Unión Patriótica, de Carlos Pizarro y la AD M19 y de miles

de ciudadanos y líderes sociales y políticos que promovían una apertura política del sistema y una

confrontación a los intereses de la mafia.

Aunque esa estela de resistencia política y violenta venía desde los 80s, otros procesos que se

consolidaron a lo largo de la década de los 90s crisparon aún más esas formas de resistencia regional, o

de autoritarismo subnacional en Colombia, como por ejemplo, las reformas derivadas del proceso

constituyente de 91, en particular la modificación del sistema partidista y a los tipos de cargos y de

elección popular y los procedimientos para su elección.

Además de la elección popular de alcaldes que se aprobó desde 1986, varias de las reformas de la

Constitución del 91 tuvieron por propósito explícito permitir la entrada de nuevos jugadores y espacios

de competencia electoral, y reducir las fuentes de poder excluyente de las elites regionales y

bipartidistas. Decisiones derivadas del proceso Constituyente de 1991 como facilitar la creación de

nuevos partidos políticos, posibilitar mayores garantías electorales, como el tarjetón y la financiación

pública de campañas, la creación de nuevos cargos de elección popular como por ejemplo curules en

Cámara para los antiguos territorios nacionales y las gobernaciones, y el cambio de la forma de elección

del Senado, de una circunscripción regional a una nacional, tenían como objetivo abrir y democratizar el

sistema político y dar mayores garantías para la competencia electoral.

Esos cambios sólo fueron posibles porque se tomaron en una Asamblea Constituyente donde la

composición regional y partidista del poder político era sustancialmente diferente a la que tenía el

Congreso, pero implicaron un malestar y remezón político enorme entre las fuerzas que hasta entonces

ostentaban el poder. Un ejemplo de ese remezón, fue el cambio de la circunscripción electoral del

Senado. En primer lugar el Senado pasó de tener 114 curules, electas por circunscripción departamental,

a tener sólo 100, electas por circunscripción nacional. Además de tener un menor número de curules a

repartir, la circunscripción nacional provocó la pérdida de representación proporcional para todas las

regiones, con fuertes disparidades entre departamentos. Si los senadores electos se clasifican entre

senadores de origen departamental cuando obtienen más del 50% de su votación en un departamento,

y senadores nacionales si no logran dicho porcentaje en un solo departamento, se encuentra que el 42%

de los senadores electos después de la reforma de 1991 se considerarían nacionales, y el 58% serían

senadores de origen electoral departamental, mientras que hasta 1990, antes de la reforma

constitucional, éstos últimos representaban el 100%. Sin embargo, la tajada de senadores nacionales se

redujo drásticamente en 1994, cundo sólo el 18% de los Senadores electos fueron nacionales, y luego se

estabilizó por lo bajo: en 1998 fueron el 19%, en el 2002 el 23% y en el 2006 el 26%. ¿Qué

departamentos ganaron y perdieron curules en ese proceso de cambio y en el posterior ajuste?

Mientras que Caquetá, Quindío y Chocó no volvieron a tener representación en el Senado (Quindio

recuperó una curul en el 2010), Antioquia, Valle, Santander y Norte de Santander bajaron su nivel de

representación inicial y luego lo recuperaron parcial o totalmente. Cesar, Magdalena y Bolívar sólo

recuperaron en el 2002 el mismo número de curules que tenían en el Senado de 1990. Prácticamente

todos los Senadores electos por esos tres departamentos en 2002 fueron protagonistas del proceso

judicial de parapolítica. Meta, Risaralda y Huila sólo recuperaron el número de curules de 1990 en el

2006, y varios de ellos también terminaron involucrados en los procesos de parapolítica. Un caso

particular es Atlántico, al que le fue mejor después de la reforma que antes, pasó de cinco curules en el

Senado del 90 a nueve en el 98, en pleno apogeo de los caciques bipartidistas costeños y del proceso

8.000. También Sucre es un caso curioso. El célebre político sucreño Álvaro García Romero no salió

electo al Senador en 1990, pero supo adaptarse a las reformas del 91, y fue electo Senador desde 1992 y

fue incrementando su caudal electoral a partir de 1991, año en el cual Sucre incrementó su número de

curules en Senado de tres a cuatro, una de las cuales fue investigada en el proceso 8.000 y otra

condenada en el mismo proceso.

Dada la coincidencia en algunos departamentos entre perdida inicial de curules luego de la reforma en

el 91 y su posterior recuperación en los años electorales del proceso 8.000, 1994, y la parapolítica, 2002

y 2006, estos datos refuerzan la hipótesis de que esos cambios pueden ser resultado de la combinación

de legítimas formas de ajuste al nuevo sistema, pero también de formas ilegítimas de resistencia

electoral y armada a las reformas del 91, en particular a la nacionalización de la circunscripción de

Senado, en reacción a lo cual las elites políticas forzaron su posterior tendencia a la regionalización.

Además de ese elemento, otros factores que también reforzaron los miedos e intereses que unieron a

parte de las elites políticas con las redes mafiosas y paramilitares de sus regiones fueron por ejemplo, la

perdida, en 1986, del estatus legal de las organizaciones de Autodefensa, que habían servido de

cobertura a estructuras armadas de autodefensa de gamonales y narcotraficantes, y su posterior

restablecimiento, entre 1994 y 1997 con las llamadas Convivir. También el crecimiento y fusión del

narcotráfico tanto dentro de los paramilitares como de la guerrilla y su expansión armada y territorial,

así como la eliminación de la extradición en 1991 y su posterior restablecimiento en 1997. Todos estos

factores se exploran en detalle en el capítulo de Arco Iris. Por ahora baste decir que de ellos se derivaron

necesidades e intereses mutuos y complementarios entre elites políticas, mafiosas y armadas. Unos

necesitaban defenderse y otros contaban con chequera y ejércitos para ofrecer protección. Unos tenían

presencia en instancias políticas regionales y nacionales y los otros necesitaban llegar a esas instancias

para proteger su negocio, evitar la extradición y hacer valer sus intereses. Ambos tenían ventajas

comparativas de operación en ámbitos locales y regionales, pero amenazas y resistencias en actores e

instancias de poder nacional e internacional. En ese contexto, los métodos de resistencia política que

Gibson reseña en sus casos de estudio y los métodos de resistencia violenta que caracterizan el caso

Colombiano, confluyeron en lo que años después conoceríamos como la parapolítica.

En esa complementariedad de intereses, se pasó de métodos de resistencia política, como la llamada

operación avispa del Partido Liberal a inicios de los 90s, como una estrategia para maximizar los votos

de sus maquinarias locales y contrarrestar la competencia electoral de nuevos movimientos, a la aún

más sofisticada operación avispa que hicieron parapolíticos y narco paramilitares, sumando masiva

coacción armada y fraude electoral para diseñar e imponer sus propios distritos electorales (López,

2005; Losada, 2006), y así maximizar el número de curules que podían obtener en el Senado en 2002.

Paradójicamente el Partido Liberal terminó víctima de su propio invento, en la medida en que su

operación avispa fue usada en la parapolítica para independizar fracciones internas del Partido Liberal

en lo que luego serían los nuevos partidos de la parapolítica de la era uribista: Colombia Democrática,

Colombia Viva y Alas, entre otros. Tanto la operación avispa Liberal como la narcoparamilitar son

ejemplo de estrategias de parroquizalización del poder, como las que describe Gibson.

Esa parroquialización del poder local se combinó con estrategias de nacionalización de la influencia, por

ejemplo, hacer alianzas electorales mediante las cuales el narcoparamilitarismo logró que el 35% de los

senadores electos en 2002 fueran sus aliados y entraran a formar parte de la coalición nacional

gubernamental del Presidente electo ese mismo año. Desde allí se aseguraron de que se realizara un

proceso de paz con el narcoparamilitarismo y aprobaron la Ley de Justicia y Paz que sirvió de marco legal

al mismo. También lograron quedarse con cuotas burocráticas en varios Ministerios e incluso con el

Departamento de Inteligencia de la Presidencia, el DAS.

Como parte de la coalición gubernamental, los parapolíticos tuvieron mayor espacio y legitimidad

política para consolidar estrategias de monopolización de los vínculos institucionales entre el orden

subnacional y el nacional. Por ejemplo, mantuvieron o incrementaron su representación electoral en

Alcaldías y Gobernaciones, impusieron a sus allegados en instancias regionales del Ejecutivo Nacional,

como las Universidades Públicas y las Corporaciones Autónomas Regionales y penetraron también

instancias regionales de carácter judicial y de seguridad, como las Direcciones Seccionales de la Fiscalía y

el DAS.

Las monografías Departamentales que hacen parte de esta publicación describen la combinación de

esos tipos de estrategias en cada Departamento y la manera como actores legales e ilegales

transformaron el mapa electoral de cada departamento y luego desarrollaron procesos de captura y

cooptación de instituciones públicas locales, regionales y nacionales.

La otra fuente conceptual de ésta investigación es el libro La captura y reconfiguración cooptada del

estado en Colombia, de Luis Jorge Garay, Eduardo Salcedo, Isaac de León Beltrán y Bernardo Guerrero

(Garay et al, 2008). En él los autores recuerdan que la teoría económica clásica sobre captura del estado

se enfoca en la captura normativa y de rentas con fines económicos3. De acuerdo a Garay et al, la

captura del Estado, en su visión económica clásica, se define como “la acción de individuos, grupos o

firmas, en el sector público y privado, que influyen en la formación de leyes, regulaciones, decretos y

otras políticas de gobierno, para su propio beneficio como resultado de provisiones ilícitas y no

transparente de beneficios privados otorgados por funcionarios públicos” (Garay et al, 2008, p.16). Esa

teoría clásica supone que es el regulado el que captura a su regulador normativo con propósitos

fundamentalmente económicos, en los que “prevalece la estrategia de extraer ‘rentas del Estado para el

3 Ver: Becker, 1976; Stigler, 1971; World Bank, 2000; Hellman y Kaufmann, 2001

beneficio de individuos privados, firmas o sectores mediante la distorsión del marco legal y regulatorio’”

(Garay et al, 2008, p. 18).

En sentido más complejo, la teoría de captura del estado, CdE, propuesta por Garay et al, supera el

enfoque de la captura regulatoria con fines fundamentalmente económicos. La teoría de CdE alude

también “a la captura legislativa y jurisdiccional en la generación e interpretación [y aplicación] de leyes,

decretos y políticas públicas en general.” También incluye un factor diferencial importante: que quienes

participan en procesos de captura estatal pueden ser no sólo actores legales con intereses particulares,

sino también actores ilegales con intereses criminales. En éste último caso, supone que usualmente son

los ilegales los que capturan a los legales; que son los violentos los que instrumentalizan la política y

capturan el Estado para sus fines criminales. Aunque reconoce que los procesos de CdE también pueden

originarse en actores legales que instrumentalizan la ilegalidad y la violencia, supone que este sentido

de la captura es menos frecuente. Por último, supone que el objeto de esa captura no es meramente

económico, sino también penal, político y social. Dicho de otra forma, los que capturan no sólo aspiran

al poder y la riqueza, también aspiran a reducir su riesgo de exposición penal (el riesgo de ser develados,

capturados y juzgados) e incrementar su legitimidad política y reconocimiento social.

Además, Garay y los demás autores, desarrollan el concepto de reconfiguración cooptada del estado,

RCdE, y lo definen como “la acción de organizaciones legales e ilegales que mediante prácticas

ilegítimas, buscan modificar, desde adentro, el régimen político de manera sistemática e influir en la

formación, modificación e interpretación y aplicación de las reglas de juego y de las políticas públicas,

para obtener beneficios sostenibles y lograr que sus intereses sean validados política y legalmente, y

legitimados socialmente en el largo plazo, aunque estos no obedezcan al interés rector del bienestar

social.” (Garay et al, 2008, p.96)

Por definición la CdE que propone Garay et al es un proceso desde fuera del sistema, mientras que la

RCdE es un proceso desde dentro del sistema. En ambos casos, son procesos que pueden involucrar

actores, métodos e intereses legales e ilegales, legítimos e ilegítimos, y en los cuales los roles de los

participantes pueden cambiar de capturador/cooptador a capturado/cooptado o como facilitador o

actor de resistencia a procesos de CdE o RCdE.

No necesariamente los procesos de CdE y RCdE son secuenciales y lineales. Puede haber CdE en todos

los niveles territoriales (local, regional y nacional), relacionados o independientes, realizados por los

mismos actores o por actores distintos, con diferentes motivaciones, dependiendo del margen de

autonomía de definición de reglas o de operación de ellas.

La evidencia judicial, electoral y mediática de la guerrillopolítica y sobre todo de la narco y parapolítica

que recogió esta investigación, demuestra que, a diferencia de lo supuesto en ésta teoría, las formas de

captura invertida, de los legales hacia los ilegales, de las elites que instrumentalizan la violencia y el

narcotráfico para sus propios fines y conveniencia, son menos excepcionales y más corrientes de lo que

prevé la teoría de Garay y su equipo.

De otra parte, la evidencia empírica de este trabajo ratifica que tanto los procesos de CdE como de RCdE

no sólo tiene objetivos económicos, sino también de reducción penal y legitimación política y social. Así

lo corrobora el hecho de que como alcances en los niveles ejecutivos, legislativos y jurisdiccionales del

poder público. Para algunos actores del proceso de captura alcanzar legitimidad es crucial, para otros es

irrelevante.

Los hallazgos coinciden con los supuestos teóricos en cuanto a que las formas de captura invertida, y

también de captura usual, incrementan la exposición penal tanto de los actores supuestamente legales,

como los políticos, como de sus aliados ilegales, narcotraficantes y grupos armados ilegales, y que a

ambos se les ejecuta parte de ese riesgo. Sin embargo, la evidencia indica que los legales usualmente

logran minimizar su exposición penal, mientras que tienen ventajas para maximizar y ejecutar el riesgo

de exposición penal de sus socios ilegales. Los ilegales, además, tienen serios problemas de “riesgo

moral” típicos de la relación agente/principal para hacer cumplir a los políticos su parte de lo pactado.

Aunque los ilegales tienen en teoría el recurso diferencial y eficaz del chantaje y la violencia, los políticos

también acceden a esos recursos por otras vías y no dudan en usarlos. Son usualmente los políticos, no

sus socios ilegales, quienes logran prevalecer y legitimarse en el largo plazo. Los unos terminan

extraditados y los otros siguen gobernando.

Esta diferencia entre lo que el marco conceptual esperaba como usual y lo revelado por la evidencia

empírica y judicial no es la única, pero es crucial para comprender los hallazgos y conclusiones de esta

investigación. A lo largo de este capítulo introductorio y en el relato de cada capítulo se irán

desarrollando otros aspectos. Pasemos ahora a la descripción de cada capítulo de este libro y sus

principales conclusiones.

En el primer capítulo, la Corporación Nuevo Arco Iris, CNAI, analizó los objetivos y métodos que

diferentes actores armados ilegales han usado para interferir o capturar la representación política y

cooptar la operación estatal. Tanto la guerrilla como los paramilitares han usado las armas para tomarse

el poder y han logrado altos niveles de captura de rentas públicas y del aparato social y administrativo

municipal. Sin embargo, mientras la guerrilla quedó marginada del poder regional (con ejemplos

excepcionales como el ELN en Arauca) y nacional, los narcoparamilitares lograron consolidar una sólida

estructura de poder local, regional y nacional. Si ambos tenían ejércitos, plata y coacción armada, ¿Por

qué unos fueron más eficaces que otros en capturar la política y cooptar el Estado? Para responder a esa

pregunta, Arco Iris hace un análisis de la acción violenta y política de los ilegales desde los 80 y de las

estadísticas oficiales de violencia que se llevan desde 1997, las cuales construyó y analizó con la asesoría

metodológica de un grupo de estudiantes de la Universidad de los Andes, dirigidos por Juan Carlos

Rodríguez Raga, y de investigadores del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos –CERAC,

dirigido por Jorge Restrepo.

Arco Iris explora tres factores que explican la diferencia de estrategias de injerencia política de la

guerrilla y los narcoparamilitares: su carácter pro o anti estatal, su visión política y el capital social al que

accedieron o que acumularon. Concluye, que el carácter anti estatal, el proyecto político anticapitalista y

marxista y el acceso a un capital social pobre y marginado, limitaron la influencia y captura de las

guerrillas a la esfera local y les impidieron desarrollar procesos exitosos y sostenidos de CdE y RCdE a

nivel regional y nacional, con algunas excepciones. Por el contrario, el carácter pro estatal, el proyecto

pro capitalista y político coincidente con el de fuerzas de capital social sofisticado, ascendente e

influyentes, le permitieron al narcoparamilitarismo superar a la guerrilla en procesos sostenidos y

exitosos de CdE y RCdE en todos los niveles.

Con esos insumos, Arco Iris demuestra que el carácter contrainsurgente del paramilitarismo, es más

mito político que realidad militar, y que con contadas excepciones fue poco efectivo como instrumento

de derrota militar de la guerrilla. También que el carácter social y revolucionario de la guerrilla es otro

mito histórico. Los narcoparamilitares fueron muy eficaces para masacrar y desplazar civiles inermes,

pero débiles para enfrentar a los combatientes de la guerrilla. Lo mismo ocurre con la guerrilla, fue

eficaz para secuestrar y asesinar políticos y civiles inermes, para tomarse pueblos y sembrar minas anti

persona, pero incapaz de repeler la avanzada paramilitar y defender la población campesina que decía

representar. Curiosamente tanto guerrillas como paramilitares nacieron como grupos de autodefensa,

los primeros del campesinado y los segundos de terratenientes y ganaderos. El gran crecimiento de la

guerrilla en los 90 desbordó su propia organización y disciplina interna y el narcotráfico transformó

completamente sus propósitos y accionar. De igual forma, las autodefensas contrainsurgentes

desaparecieron en los años 80 dando paso al narcoparamilitarismo. Lo que se expandió a lo largo de los

90s y se desmovilizó desde el 2003, bajo el marco legal de Justica y Paz, fue la federación de carteles del

narcotráfico más poderosa que haya tenido Colombia en su historia: las Autodefensas Unidas de

Colombia, AUC.

En la transición de grupos de autodefensa a narcoguerrillas y narcoparamilitares jugó un papel

determinante la distribución geográfica y poblacional del país (IGAC: mapa centros subregionales

urbanos 2002; DANE: Población Indígena, ROM y Afrocolombiana 2006), el cambio de actores y

relaciones en la cadena del narcotráfico y sus procesos de fragmentación y concentración (OCHA: mapa

cultivos de coca 2007) y la consecuente expansión de grupos armados ilegales (MOE, CERAC: mapa de

presencia violenta de grupos armados ilegales 2010).

En el caso de los narcoparamilitares otro factor determinante de su rápida expansión militar y política

fueron los llamados Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar), una alianza entre políticos, agentes de la

fuerza púbica y narcotraficantes disidentes de los Carteles de Medellin, Cali y Norte del Valle, que se

unieron para dar de baja al capo Pablo Escobar en 1993. Con el proceso 8.000 cayeron en desgracia los

jefes del Cartel de Cali, pero los demás socios de los Pepes pasaron luego a ser jefes de las AUC y

capitalizaron la red de relaciones que tenían con elites, políticos y miembros de la fuerza pública. La

principal consecuencia de ese ejemplo de captura invertida fue la facilidad, cobertura legal e impunidad

estatal con la que se expandió el narcoparamilitarismo por el país en menos de una década.

Por último, Arco Iris destaca que aunque el narcotráfico es sin duda un motor de la guerra en Colombia,

no es el único y no siempre es el más preponderante. Desde el año 2003 ha disminuido el número de

municipios con presencia violenta de actores ilegales, pero el cultivo de coca no cede

proporcionalmente y en cambio el desplazamiento forzado sigue creciendo, aunque en municipios

distintos a los cocaleros. Si hay más legalidad y fuerza pública, y menos ilegales y cultivos ilícitos en los

lugares donde se desplaza, ¿Quién sigue expulsando a la población y robando sus tierras? ¿Fuerzas

“legales”? ¿El desplazamiento sigue creciendo para provecho de actividades “legales” y no sólo del

narcotráfico? En los últimos 6 años se han asesinado más víctimas por sus demandas de devolución de

tierras que por sus demandas de verdad sobre masacres. Si la guerrilla está replegada y débil y los

narcoparamilitares están extraditados y sus ejércitos desmantelados, ¿Quiénes siguen asesinando a los

colombianos que reclaman su tierra? ¿Tal vez quienes efectivamente se la robaron y la usufructúan, que

ni fueron extraditados ni están desmantelados?

Las monografías departamentales elaboradas bajo la coordinación de la Misión de Observación

Electoral, MOE, y contenidas en el CD que acompaña esta publicación, describen el cambio del mapa

político de cada departamento durante la década de los 90 hasta el 2007, el contexto de conflicto

armado en el cual se produjo ese cambio y las hipótesis sobre los procesos de CdE o RCdE que se

produjeron en ese período, por la confluencia de actores e intereses legales, ilegales y toda una gama de

híbridos. En la primera parte de cada monografía se hace un análisis de las estadísticas de conflicto y

presencia de actores armados ilegales entre 1997 y 2007. En la segunda se analiza cómo se pasó de la

preeminencia electoral del partido liberal y conservador a la consolidación de algunas de sus fracciones

en nuevos partidos y al surgimiento de otras fuerzas políticas, lo que Acemoglu, Robinson y Santos

Villagrán llaman el surgimiento de terceros partidos. A partir de los resultados electorales obtenidos por

los Congresistas que a la postre resultaron investigados por parapolítica o guerrillopolítica, se

reconstruyó su respectiva estructura de poder electoral para cada elección nacional y regional. Esa

reconstrucción permitió establecer la evolución electoral y la sucesión de alianzas y partidos por las que

ha pasado cada uno de los 102 congresistas investigados por vínculos con ilegales y la manera cómo se

reconfiguro el mapa político y electoral de cada departamento.

En la tercera parte, uniendo información estadística, judicial, política, de prensa y trabajo de campo los

investigadores de la MOE formularon hipótesis de las formas de captura política e institucional que han

operado en cada departamento. Como hipótesis que son, ellas no constituyen señalamiento penal

alguno. Son análisis razonables con base en la información disponible, a veces solamente periodística y a

veces hasta judicial, para entender las formas de autoritarismo subnacional y los procesos de CdE y

RCdE que pudieron darse en cada departamento.

Las hipótesis de las monografías departamentales fueron hechas siguiendo el esquema planteado en el

marco teórico de Garay et al (2008), según el cual los procesos de CdE incluyen actores, métodos y

objetivos. Dentro de los actores siempre se identifica al menos un actor capturado y otro captor, entre

los cuales puede haber desde legales hasta ilegales y toda una gama de agentes e instituciones

capturadas. También se trataron de identificar los actores/factores instrumentales del proceso de

captura, entendidos como aquellos sin cuya participación no se concreta el proceso de captura o

reconfiguración pero que no necesariamente hacían parte intencional del mismo. También se

identificaron actores/factores de resistencia, entendidos como aquellos que explícitamente se

opusieron o resistieron procesos de captura y reconfiguración.

Las formas de captura analizadas en las monografías se diferencian entre tradicionales y complejas,

políticas y económicas. La captura tradicional está relacionada con medios ilegítimos pero no

necesariamente ilegales; por ejemplo, el clientelismo y el nepotismo. La captura compleja en cambio se

relaciona con medios abiertamente ilegales y hasta violentos; por ejemplo, fraude electoral, soborno,

cohecho, coerción armada, eliminación de competidores, concierto para delinquir, etc. La captura

económica está relacionada fundamentalmente con la captura de rentas o beneficios económicos,

mientras que la captura política está relacionada con acciones que propician representación electoral,

legitimación social, institucionalización política y menor exposición penal, es decir beneficios sociales,

penales y políticos.

Los métodos, objetivos y efectos de la CdE que se identifican y analizan en las monografías

departamentales se diferencian por el alcance y perdurabilidad de la captura, de corto a largo plazo. A

corto plazo puede operar la intimidación y el soborno, aunque varían los grados de exposición penal,

pero a largo plazo para influir de manera más permanente o menos esporádica en las decisiones

estatales se puede usar el camuflaje o manipulación de partidos u organizaciones políticas,

conceptualizada por Garay et al como captura instrumental de los partidos políticos, CiPP4.

Según lo señalado por Garay et al, la CiPP más eficaz a corto plazo puede darse mediante la coerción y

presión violenta sobre candidatos y electores, pero conlleva alta exposición penal. A mediano plazo y

con menor exposición penal puede aplicarse la financiación de campañas o los delitos contra el sufragio.

Más a largo plazo y con muy baja exposición penal puede usarse la creación de movimientos o partidos

que “nacen” capturados, pero en cuyo proceso de formación difícilmente podrían identificarse delitos.

Los hallazgos de las monografías departamentales ratifican algunos de esos preceptos teóricos y

desafían otros. Demuestran que la idea de los casos aislados y las pocas manzanas podridas no coincide

con la realidad. Las estructuras de poder electoral de los congresistas investigados y de las

organizaciones ilegales a las que están vinculados recogen centenares de alcaldes, diputados,

concejales y cuotas burocráticas, ubicadas desde el corazón de la Presidencia de la República hasta

pequeños cargos públicos de provincia. Aunque en la mayoría de departamentos, esos vínculos tienen

antecedentes que pueden rastrearse desde los años 80 ó 90 la impunidad disciplinaria y judicial ha sido

la norma.

4 La CiPP supera el tradicional conflicto de intereses derivado de la financiación privada de movimientos o campañas políticas. El financiamiento privado de la

política puede ser una forma de CiPP, pero no la única y ni siquiera la más relevante. La CiPP hace referencia más a procesos en los que “un grupo de interés actúa

para acomodar la formulación programática y la agenda política del partido, a la luz de sus intereses específicos” (p.71), la usa como medio para ingresar a la

maquinaria estatal y posteriormente manipula dicha maquinaria para lograr sus fines particulares. Una modalidad avanzada de CiPP es crear partidos o

movimientos para que, “desde el principio, la estructura ideológica responda a los intereses predominantes del grupo promotor o financiador.” (p.71).

Ese entramado de cuotas políticas y burocráticas no demuestra que todos tuvieran relaciones directas

con ilegales; más bien demuestra hasta qué niveles de la operación estatal tenían acceso los agentes

captores e ilegales. Desde el 2002, la mayoría de esas estructuras de poder han consolidado mayorías

regionales y nacionales y han confluido en unos cuantos partidos, en un proceso que se enmarca en el

concepto de captura instrumental de los partidos políticos, CiPP. No casualmente algunos de los

partidos surgidos en los 90 o creados a partir de la reforma política de 2003 han sido los más

involucrados en parapolítica o farcpolítica. Por la magnitud de su involucramiento, podría pensarse que

algunos de ellos nacieron capturados, es decir fueron creados o fortalecidos con el objetivo de

representar intereses y actores legales e ilegales. Tal parece ser el caso de Colombia Viva, Colombia

Democrática, Alas y Convergencia Ciudadana.

PARTIDO POLÍTICO

Curules electas

en Senado

2006

Curules

vinculadas con

parapolítica

2006

Curules

restantes

Nivel % de

riesgo 2006

Curules electas

en Senado

2010

Curules

vinculadas con

parapolítica

2010

Curules

restantes

Nivel % de

riesgo 2010

COALICION URIBISTA 70 35 35 50% 67 28 39 42%

MOVIMIENTO COLOMBIA VIVA 2 4 -2 200%

PARTIDO COLOMBIA DEMOCRATICA 3 4 -1 133%

PARTIDO CONVERGENCIA CIUDADANA 7 5 2 71%

MOVIMIENTO ALAS EQUIPO COLOMBIA 5 3 2 60%

PARTIDO CAMBIO RADICAL 15 8 7 53% 8 3 5 38%

PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL 20 7 3 35% 28 10 18 36%

PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 18 4 16 22% 22 7 15 32%

PARTIDO DE INTEGRACIÓN NAL. PIN 9 8 1 89%PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 18 4 13 22% 17 1 16 6%PARTIDO VERDE 6 0 6 0

POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO 10 0 10 0% 8 0 8 0

MIRA 2 0 2 0% 2 0 2 0

OTROS 0 0 0 0%

TOTAL 100 39 61 39% 100 29 71 29%

Fuente datos electorales: Registaduria Nacional del Estado CivilFuente datos judiciales: Fiscalía General de la Nación y Corte Suprema de Justicia

Procesamiento de datos: Claudia López

Nivel de riesgo por parapolítica por Partido Político, por número de curules del Senado 2006 y 2010 vinculadas con Parapolítica

PARTIDO POLÍTICO

Curules

electas en

Senado 2006

Curules

vinculadas con

farcpolítica 2006

Curules

restantes

Nivel % de

riesgo 2006

Curules

electas en

Senado 2010

Curules

vinculadas con

farcpolítica 2010

Curules

restantes

Nivel %

de riesgo

2010

COALICION URIBISTA 70 0 70 0 67 0 67 0

PARTIDO COLOMBIA DEMOCRATICA 3 0 3 0 0

MOVIMIENTO COLOMBIA VIVA 2 0 2 0 0

PARTIDO CONVERGENCIA CIUDADANA 7 0 7 0 0

MOVIMIENTO ALAS EQUIPO COLOMBIA 5 0 5 0 0

PARTIDO CAMBIO RADICAL 15 0 15 0 8 0 8 0

PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 18 0 18 0 22 0 22 0

PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL 20 0 20 0 28 0 28 0

PARTIDO DE INTEGRACIÓN NACIONAL 9 0 9 0

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 18 2 16 11% 17 1 16 6%PARTIDO VERDE 6 0 6 0%

POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO 10 1 9 10% 8 1 7 13%

MIRA 2 - 2 - 2 0 2 0%

OTROS 0 - -

TOTAL 100 3 97 3% 100 2 98 2%

Fuente datos electorales: Registaduria Nacional del Estado CivilFuente datos judiciales: Fiscalía General de la Nación y Corte Suprema de Justicia

Procesamiento de datos: Claudia López

Nivel de riesgo por parapolítica por Partido Político, por número de curules del Senado 2006 y 2010 vinculadas con Farcpolítica

De la comparación de las magnitudes de la parapolítica y la farcpolítica en el Congreso se derivan

algunas conclusiones. La primera que sus magnitudes son muy distintas. Aproximadamente el 39% de

los senadores elegidos en 2002 y prácticamente reelegidos en 2006 han sido investigados por

parapolítica, mientras que el 3% por farcpolítica. Segunda, hay una clara división por partidos entre uno

y otro fenómeno. Prácticamente todos los investigados por farcpolítica pertenecen a partidos de

oposición, el Liberal y el Polo Democrático, mientras que la mayoría de los investigados por parapolítica

pertenecen a partidos de la coalición uribista. Tercera, los parapolíticos están “sobre representados”

dentro de la coalición de gobierno. Mientras que en el Senado los investigados por parapolítica

representan el 39% de los miembros de la corporación, en la coalición uribista representan el 50% de

sus miembros. Esto se da porque 8 de cada 10 investigados por parapolítica pertenece a los partidos de

la coalición. Los Farcpolíticos, en cambio, están representados en máximo 13% en algún partido de

oposición y en un 3% en el Congreso como un todo.

Lo que empodera a los parapolíticos a nivel nacional no es sólo que se hagan elegir en el Congreso, sino

que una vez allí pertenezcan a la coalición de gobierno de una manera tan masiva que les permite ser

una masa crítica y decisiva dentro de la coalición. Aunque aparentemente eso no se refleja en el

contenido y sentido de su propia iniciativa legislativa, si se refleja en la del gobierno, como lo muestra el

capítulo de Congreso Visible.

Los nuevos partidos y las nuevas alianzas mayoritarias para las mesas directivas del Congreso y para las

elecciones nacionales y regionales, son resultantes del cambio del mapa político de cada departamento

y del país registrado a lo largo de los años 90, que se consolidó en las elecciones nacionales del 2002 y

las regionales de 2003. Esas nuevas mayorías partidistas, tanto regionales como nacionales, hacen parte

de la coalición política del Presidente Uribe, colaboraron con su lección y reelección y cogobernaron con

él en sus dos períodos. La mayoría de los sus líderes tiene investigaciones por vínculos con mafias de

corrupción o crimen organizado y veinticinco han sido condenados.

Como lo afirmó desde el 2007 el ex Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, en la mayoría de los

casos también queda claro que fueron las elites regionales las que buscaron a los ilegales para

protegerse del secuestro, expandir sus propiedades, avanzar su carrera política y eliminar, a veces

literalmente, a sus competidores electorales. Otras formas de captura invertida. Por ejemplo, hoy está

claro que el paramilitarismo en Sucre fue un proyecto armado y dirigido por su propia clase política, o

que las elites bipartidistas de Santander y Norte de Santander, fuertemente golpeadas por la guerrilla,

fueron las promotoras del ingreso de paramilitares a sus departamentos, a la postre capitalizados por

nuevas fuerzas políticas como Colombia Viva y Convergencia Ciudadana. Sin embargo, muchos

miembros de esas elites terminaron víctimas de su propio invento. Las mafias a las que les pidieron

protección y votos a cambio de representación e impunidad, terminaron chantajeándolos y hasta

cobrándoles para dejarlos hacer política. Por ejemplo, en la Costa Caribe alias Jorge 40 les ofrecía

coerción armada y apoyo electoral a los parapolíticos en las elecciones de 2000 a 2003, pero les cobró

en el 2006 por dejarlos hacer campaña en sus zonas de dominio.

No sólo en los casos de parapolítica la evidencia indica que fueron los políticos los que buscaron a los

paramilitares; los políticos investigados por vínculos con las Farc aparentemente también hicieron lo

mismo. El caso de “farcpolítica” más sólido es el del representante del Caquetá Luis Fernando Almario.

El proceso judicial señala que fue él quien influyó en las Farc para que asesinaran a los Turbay,

señalándolos de haber llevado a los paramilitares al Caquetá. Con esos asesinatos, Almario logró

deshacerse de sus principales competidores electorales y empoderar su influencia política regional y

nacional. Las Farc, sin embargo, concluyeron que Almario los había usado y que a su vez él ayudaba a los

paramilitares, razón por la cual atentaron varias veces contra su vida.

Aunque la investigación se archivó, al Representante a la Cámara por el Huila Carlos Julio González

también se le sindicaba de haber ido al Caguan a pedirle a las Farc que, en sus zonas de influencia, le

permitieran hacer campaña y también que apoyaran a su hermana a la Alcaldía de Neiva. En este caso la

“traición” del político también parece haber jugado en su contra. Aparentemente las Farc “cumplieron”

su parte, pero una vez electo, los favorecidos no cumplieron la suya: hacer unas obras a favor de las

comunidades donde operan las Farc. La consecuencia fue la persecución a muerte de las Farc contra la

ex alcaldesa de Neiva, Cielo González, hermana del representante González, a quien las Farc le hicieron

por lo menos 3 atentados durante su gestión.

Salvarore Mancuso, por su parte, apoyó varias candidaturas al Congreso en el 2002, pero les hizo firmar

a sus socios el llamado Pacto de Ralito. Cuando sintió que esos políticos no lo estaban respaldando

debidamente en el proceso de desmovilización filtró el pacto y desencadenó el enjuiciamiento de varios

de ellos. Jorge 40 también le hizo firmar varios pactos a los políticos que recibieron su apoyo, (El Pacto

de Chivolo y Pivijai) Alias el Aleman forjó el Pacto por una Uraba Grande y Unida; alias Martín Llanos

promovió el llamado Pacto de Coordinación en el Casanare Magdalena Medio, y también se dieron

pactos electorales en Caldas y el Eje Cafetero, que a la porte fueron descubiertos por la justicia y han

servido de prueba para judicializar a los firmantes.

Además de quién captura a quién, lo que todos estos casos ejemplifican es el problema de

agente/principal entre políticos e ilegales. Dicho de manera simple, evidencian las dificultades de los

ilegales para hacer que los políticos les cumplan. Si los políticos ven en peligro su prestigio o record

judicial por cuenta de su relación con el mafioso o ilegal, no sólo se apartarán de él, sino que usarán su

posición política para combatirlos, de manera que se maximice la exposición penal de su antiguo

benefactor y se disminuya la propia. El resultado es que usualmente los legales y políticos beneficiados

por la acción de ilegales, terminan siendo sus más duros perseguidores. Por eso el gobierno del ex

presidente Samper se presenta como el más duro perseguidor del Cartel de Cali, y los parapolíticos dicen

ahora haber sido los más firmes denunciantes de la acción de los paramilitares en sus regiones.

Otra hipótesis que se propuso verificar esta investigación era si la captura política de la acción armada y

mafiosa de los ilegales terminaría en la conformación de unas nuevas elites políticas, creadas a partir de

la captura instrumental y sistemática de los partidos políticos, CiPP, y de los procesos electorales. Es

decir, si los ilegales crearían su propia clase política, sustituyendo a los viejos caciques y gamonales. No

siempre fue así. El análisis del origen y trayectoria política y electoral de los congresistas investigados

por vínculos con ilegales permite afirmar que no son una nueva clase política. La mayoría pertenece a la

generación de familias y fracciones políticas del bipartidismo frentenacionalista; son las esposas, hijos,

sobrinos o nietos del cacique x o y. Por las investigaciones de la narco parapolítica han desfilado figuras

de las elites regionales de antaño como, por ejemplo, los Vives, Caballero, Campo, Pinedo y Luna del

Magdalena; los López Cabrales, Jattin y de la Espriella de Córdoba; los García; Guerra y Arana de Sucre y

Bolívar; los Araujo y Molina del Cesar; los Pérez, Valencia Cossio y Uribe de Antioquia; los Barco y

Tapasco de Caldas; los Mestre, Ballesteros y Villareal de Santander; y los Mosquera Chaux de Cauca.

Otros casos son figuras de elites igualmente bipartidistas, pero más recientes, por ejemplo, Gómez Gallo

en Tolima; Ramírez en Boyacá, Torres y Montes de Oca en Chocó; Suárez Mira y Valencia en Antioquia;

Almario en Caquetá; y Montes y Cure en Bolívar. El último grupo más que de elites se trata de figuras

que se consolidaron a la par del proceso de captura política y estatal de los ilegales, que podrían ser

consideradas, si se comprueban esos vínculos, como parte de la “nueva” clase política de esas regiones.

Los casos más relevantes serían Rocío Arias y los llamados cuatrillizos en Antioquia; Eleonora Pineda en

Córdoba; Abadía, Martínez y Restrepo en el Valle; Ramírez Corzo y Elcure en Norte de Santander; Aguilar

y Gil en Santander; Meregh en Risaralda; Blel, Tafur, López en Bolívar; Maloof en Atlántico, Castro en

Magdalena.

Al margen de si pertenecían o no a las elites bipartidistas regionales, las estructuras y personajes

políticos ligados a los ilegales si asumieron un rol y unos métodos de intermediación política distintos.

En primer lugar entraron a hacer parte funcional e instrumental de un proyecto político común que

combinaba actores, intereses y actividades legales e ilegales. Pasaron de ser elites tradicionales políticas

a elites emergentes, híbridas, que mezclan y representan la legalidad e ilegalidad. Segundo, además del

clientelismo y la intermediación de bienes y servicios públicos, estas elites híbridas pasaron a cumplir

una función de encubrimiento, reducción de exposición penal y provisión de impunidad de los ilegales

con los que se asociaron. Tercero, usaron sus posiciones y funciones públicas en beneficio de intereses

mixtos, legales e ilegales, que cambiarían la configuración y operación institucional de sus regiones y del

país. Y cuarto, pasaron de beneficiarse de la acción armada y mafiosa de sus socios ilegales, y en algunos

casos a usarla directamente para sus propios objetivos, entre los cuales estaba consolidar su fuerza

política y económica regional y ganar mayor influencia en estructuras de poder nacional. En ese sentido,

sí se crearon unas nuevas elites híbridas y emergentes; híbridas por la combinación de legalidad e

ilegalidad, y emergentes por su asenso de espacios de poder regional a estructuras de poder nacional.

El empoderamiento desbordado de los jefes del narco paramilitarismo frente a esas elites los constituyó

en una amenaza para ellas mismas. Las tensiones entre elites emergentes y narco paramilitares

condujeron a la ruptura entre los otrora aliados y firmantes del llamado Pacto de Ralito y al fracaso de

los términos iniciales de la negociación para la desmovilización paramilitar. Fruto de ese rompimiento

los jefes narco paramilitares fueron extraditados a los Estados Unidos, mientras que la capitalización de

la tierra, la riqueza y el capital político amasado de manera violenta y conjunta con el narco

paramilitarismo quedó en manos de las elites híbridas y emergentes que se quedaron en Colombia y

pudieron proveerse mayor impunidad, prevalecer en la legalidad y reconstruir su legitimidad.

Además de la distorsión en la competencia electoral, la acción de las mafias armadas tuvo un efecto

detonante en la corrupción pública. Del clientelismo, la mordida, el cohecho y el soborno se pasó a la

captura masiva de recursos y negocios públicos en la fuente, mediante cambios legales, exenciones

tributarias, esquemas de concesión, contratos de estabilidad, zonas francas y carteles de contratación.

Esas formas de captura del Estado más complejas no dependen de un soborno “sino del uso de la

posición aventajada de poder del captor en la estructura económica, política o social” (Garay et al, 2008,

p.55).

Cada vez más, esas formas de captura compleja se hacen dentro de las formalidades de la contratación

pública, bajo un manto de legalidad. Las campañas electorales son grandes canales de reinversión de

recursos del narcotráfico y de la corrupción pública con el fin de sostener esos procesos de captura

compleja. El narcotráfico y la corrupción tornaron la competencia electoral en una pelea por el dominio

de posiciones privilegiadas que permiten desarrollar procesos sostenidos y muy rentables de CdE, e

incluso RCdE, y también que aseguran mayor impunidad, es decir que logran reducir la exposición penal

de los implicados en tales procesos. Por el nivel de involucramiento de los partidos en la parapolítica,

pareciera que los partidos más pequeños de la coalición de gobierno canalizan más recursos y relaciones

con el narcotráfico, mientras que los más grandes se dan abasto con los recursos del clientelismo, la

corrupción y la financiación privada. Además de la pobreza y dependencia estatal de los votantes y la

ineficacia de los controles institucionales, y a pesar del mayor nivel de organización partidista que logró

la reforma política del 2003, el voto preferente y la campaña individual siguen dificultando detectar la

financiación ilícita y desbordada de las campañas políticas.

Según el profesor Garay y su equipo, procesos sistemáticos y sostenidos de CiPP y CdE pueden llegar a

constituir una forma de impunidad institucionalizada y derivar en procesos socio políticos de

reconfiguración cooptada del Estado, entendidos como aquellos en los que “un grupo intenta infiltrar,

penetrar y usufructuar parcelas del Estado para luego reconfigurarlo con el fin de responder y servir a

sus propios intereses” (Garay et al, 2008, p.59). En entornos altamente descentralizados pero con débil

institucionalidad es de esperarse que tanto la CdE como su reconfiguración cooptada se den

especialmente y en primer lugar a nivel local o regional. La evidencia recopilada en las monografías

departamentales indica que ese tipo de procesos de RCdE se han presentado en departamentos como

Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, Cesar, Santander, Norte de Santander, Meta, Casanare y

Valle. En esos departamentos hay evidencia de que varias instituciones, entre ellas las administraciones

municipales, la gobernación, la representación en el Congreso, las corporaciones autónomas regionales,

la fiscalía, el DAS y la fuerza pública, estuvieron durante ciertos periodos más que infiltradas,

promovidas y cooptadas por organizaciones narco paramilitares que usufructuaban esas parcelas

estatales en su beneficio.

En Antioquia y Córdoba la huella de los herederos mafiosos y políticos de la era del capo Pablo Escobar y

el Cartel de Medellín parece no haberse superado, sólo cambiaron de nombre: de Cartel de Medellín a

los Pepes, de los Pepes a ACCU, de ACCU a Convivir, de Convivir a AUC, de AUC a Bandas Criminales.

Parte de las elites políticas que arrancaron aliadas al Cartel han perdurado desde entonces,

consolidando su poder regional y expandiéndose a nivel nacional. Sucre, Magdalena, Santander y Cesar

no han podido reponerse de haber sido los territorios de la segunda ola de expansión narcoparamilitar y

que ésta hubiera sido promovida por el grueso de sus elites y clase política. En Bolívar “las gatas”, “los

turcos”, los narco paramilitares y sus alianzas con políticos de provincia conquistaron Cartagena y el

resto del departamento. El Valle no ha podido salir de la narcopolítica del 8.000, apenas cambió de

cartel dominante: pasó del Cartel de Cali a los del Norte del Valle, y cambió de protagonista político: del

partido Liberal al Movimiento Popular Unido-MPU, al Partido de la U y al Partido de Integración

Nacional-PIN. Norte de Santander es quizá el departamento menos mencionado en la parapolítica, pero

uno de los más efectivamente capturados y cooptados por la mafia.

En esos departamentos los hilos del proceso 8.000 se conectan trágicamente con la parapolítica en lo

que parece ser una sola estela de narco política. Fue un liberal cordobés condenado por el proceso

8.000, Jaime Lara Arjona, quien le dio el aval a Eleodora Pineda para hacerse elegir concejal de Tierralta

en el año 2.000. Y fue otro liberal valluno condenado por el 8.000, Carlos Herney Abadía, quien le dio el

aval del MPU para hacerse elegir Representante a la Cámara por Córdoba en el 2002. A quien luego sería

una de las primeras condenadas por parapolítica, la avalaron los del 8.000, la acompañó como fórmula

el ex senador y compadre del Presidente Álvaro Uribe, Miguel de la Espriella, hizo campaña con el

senador y primo del Presidente, Mario Uribe, y tuvo como jefe de debate el narco paramilitar Salvatore

Mancuso. Semejante combinación de formas de lucha resultó imbatible electoralmente. Eleonora

Pineda pasó de concejal de Tierralta con 2.600 votos a Representante a la Cámara por Córdoba con

cerca de 87.000 votos. En 2007 aceptó que era miembro de estructuras paramilitares cordobesas y

recibió sentencia anticipada.

En Nariño, Samuel Escrucería padre e hijo fueron políticos, uno condenado por escándalos de

corrupción nacional y otro por narcotráfico en el exterior. Paola Escrucería, su nieta e hija

respectivamente, fue electa diputada de Nariño y otro hijo, Carlos Escrucería, es actual concejal de

Bogotá, luego de perder la alcaldía de Tumaco e incursionar en algunos negocios.

En Bolívar, el ex senador Vicente Blel logró superar el proceso 8.000 y fue finalmente condenado en el

de parapolítica. Piedad Zucardi entró a reemplazar a su marido, el ex senador liberal Juan José García,

condenado por diferentes escándalos de corrupción e investigado en el proceso 8.000. Enilse López,

llamada la Gata, quien al parecer ha tenido vínculos con ilegales desde la época del narcotraficante

Gonzalo Rodríguez Gacha hasta los narcoparamilitares, financió diferentes campañas presidenciales y de

congreso, eligió a uno de sus hijos alcalde y al otro congresista. En el 2002 la mayor votación por

Representante a la Cámara del país la obtuvo Eleodora Pineda en Córdoba. En el 2006 la obtuvo Héctor

Alfonso López, hijo de Enilse López, llamada la Gata, en Bolívar con 100.000 votos que le alcanzaron para

elegir dos curules.

En el Valle, epicentro del proceso 8.000, buena parte de su clase política sobrevivió al escándalo y creció

hasta consolidar su poder regional y nacional. Carlos Herney Abadía, ex senador liberal condenado en el

8.000, lideró el Movimiento Popular Unido, MPU, y a través de él avaló a sus herederos políticos, a

quienes luego avaló por Convergencia Ciudadana y ahora por el PIN. Promovió a su hijo, quien pasó de

diputado valluno a concejal de Cali y luego a Gobernador del Valle. Se inventó a su hijo político, Juan

Carlos Martínez, y lo pasó de Diputado a Representante y luego a Senador, cargo en el cual cayó, como

su promotor, preso por vínculos con narcotraficantes y además con paramilitares. De otra parte, apoyó

los inicios de la carrera política de su prima segunda, Dilian Francisca Toro, como alcaldesa municipal, y

secretaria departamental. Luego la dejó de lado cuando ella tomó rumbos y patrocinios propios,

volviéndose heredera del “becerrismo” y del capital político de su esposo, Julio César Caicedo, ex

senador liberal investigado en el proceso 8.000. Según alias Rasguño, narcotraficantes del Cartel del

Norte del Valle financiaron las campañas de Toro al Senado. La fórmula a Cámara en el 2006 de la

senadora Toro fue el ex alcalde de Cartago, Luis Carlos Restrepo, también estrechamente vinculado con

narcotraficantes, según alias Rasguño. Otros políticos como el otrora representante a la Cámara, José

Ignacio Londoño, mencionado en grabaciones como nachito, pasaron incólumes por el 8.000, ejercen

como abogados de narcotraficantes y ahora aparecen mencionados como eslabones perdidos de

magnicidios como el de Álvaro Gómez Hurtado.

En Sucre, el ex senador Álvaro García Romero, sobrevivió a la investigación del 8.000 con Samper, apoyó

al entonces candidato y luego Presidente Cesar Gaviria y se convirtió desde entonces en gran cacique

departamental. Bajo su tutela se convirtió Coveñas en municipio y por su iniciativa se le asignaron

millonarias regalías petroleras. Desde entonces el municipio ha sido foco de desfalcos y desvío de

recursos públicos hacia campañas políticas y actividades ilegales. Con su participación se crearon frentes

paramilitares en Sucre y se coordinaron las actividades narco criminales de alias Cadena en el Golfo de

Morrosquillo y otras zonas sucreñas. Además de por ser financiador y promotor paramilitar, García fue

condenado por ser autor mediato de masacres como las de Macayepo y asesinatos de funcionarios que

denunciaron sus maniobras ilegales y por fraude electoral. Con su apoyo se eligieron los últimos cuatro

gobernadores de Sucre, tres de los cuales fueron condenados por parapolítica; el cuarto ejerce

actualmente el cargo.

En Cesar y Magdalena no hubo condenados por el proceso 8.000, pero casi toda su dirigencia política

estuvo involucrada en la parapolítica. Fue en esos departamentos donde el narco paramilitarismo

desarrolló las más evidentes operaciones de coacción armada y fraude electoral en las elecciones de

2002 a 2006, que a la postre se conocerían por las votaciones atípicas y la configuración de “distritos

electorales” paramilitares (López, 2005). Como resultado, esos grupos ilegales impusieron

sucesivamente alcaldes, diputados, gobernadores, casi la totalidad de la bancada parlamentaria y

apoyaron en cada uno de esos departamentos a un candidato presidencial distinto, posiblemente para

no poner todos los huevos en una canasta y tener como cobrar el respaldo al que fuera vencedor. Las

mismas triquiñuelas que se usaron para el fraude con coerción armada en las elecciones legislativas del

Magdalena en 2002 se repitieron en las presidenciales a favor del candidato Álvaro Uribe Vélez, quien

resultó ganador en ese departamento. Inexplicablemente esas pruebas sirvieron para condenar a los

legisladores, pero no sirvieron si quiera para investigar la campaña presidencial.

No obstante la victoria de Uribe en el Magdalena fue bien retribuida. El director de la campaña del

Presidente Uribe en el Magdalena, Jorge Noguera, fue nombrado director del DAS, y hoy se encuentra

en juicio por sus relaciones con la estructura paramilitar de alias Jorge 40, la misma que fraguó el fraude

en el Magdalena, y por haber puesto el DAS al servicio del narcoparamilitarismo.

En Santander los tradicionales políticos liberales terminaron casi todos involucrados en el proceso 8.000,

incluyendo a Eduardo Mestre, Tiberio Villareal y Norberto Morales Ballesteros. Algunos de ellos,

además duramente victimizados por la guerrilla, promovieron la conformación de grupos paramilitares

en asocio con la comandancia de la Fuerza Pública. Años más tarde esos grupos paramilitares cambiaron

de aliados políticos, de los liberales del 8.000 a Convergencia Ciudadana, liderada por Luis Alberto Gil y

Hugo Aguilar, y terminaron sacando de la arena política a los viejos caciques. Un proceso similar ocurrió

en Norte de Santander donde la escabrosa penetración paramilitar en el Catatumbo fue fuertemente

disputada por las guerrillas, quienes finalmente fueron replegadas. En la disputa cayeron miles de

víctimas inocentes. El triunfo paramilitar se sintió en todos los estamentos: la alcaldía de Cúcuta, la

gobernación, algunas universidades, el Das y la Fiscalía, entre otras instituciones, fueron capturadas por

narcotraficantes y paramilitares, algunas con la complicidad de sus superiores nacionales.

En otros departamentos de más reciente creación, pero inveterada e intensa presencia armada ilegal,

por ejemplo Meta y Caquetá, o más recientemente Arauca y Casanare, más que reconfiguración

cooptada ha habido una formación cooptada de su aparato político administrativo bajo la influencia de

grupos ilegales; en unos periodos por grupos guerrilleros y en otros por grupos narcoparamilitares,

como se relata en las monografías de esos departamentos. Arauca, por ejemplo, apenas estaba saliendo

de la captura política del ELN, cuando cayó presa de la captura del narco paramilitarismo. A diferencia

de lo que se cree, la mayor sentencia judicial sobre vínculos con la ilegalidad no ha sido ni del 8.000 ni

de la parapolítica, sino de la Elenopolítica en el departamento de Arauca.

Un objetivo del proceso constituyente de 1991 fue abrir el sistema político, unánimemente percibido

como cerrado y al servicio de un bipartidismo asfixiante y decadente. De que se abrieron las puertas no

hay duda. De hecho la mayoría de académicos y analistas condenan la Constitución del 91 por “exceso

de apertura”. Lo que está en discusión es quiénes entraron y cómo.

Cuando se mira la evolución del mapa político de cada departamento desde los 90s hasta hoy, para ver

cómo evolucionaron las fuerzas políticas, por partidos, fracciones y dirigentes, y cómo evolucionaron sus

resultados electorales, la respuesta a esa pregunta deja un sabor agridulce y por momentos amargo.

Indudablemente la elección popular de alcaldes y gobernadores le permitió a nuevos liderazgos políticos

asumir posiciones políticas importantes y conducir procesos de modernización social, urbana y política

en muchas ciudades y municipios. Pero también en casi todos los departamentos algún actor armado y

el narcotráfico aparecen como agentes de cambio del mapa político. El narcotráfico, aunque es menos

evidente en sus métodos, es el mayor protagonista por sus impactos. Con la influencia de su chequera y

capacidad armada se recompuso el mapa partidista, las alianzas electorales y las mayorías políticas, que

a la postre capturaron estructuras institucionales locales, regionales y nacionales y reconfiguraron

sustancialmente el sentido político y contenido institucional previsto en la Constitución.

La Constitución del 91 se quedó a la espera de una ciudadanía libre e informada, deliberante y

participativa, y comprometida con sus valores e instituciones que tornara en realidad su visión y sus

preceptos. Unos sobrevivieron y se fortalecieron, pero otros sucumbieron ante las nuevas mayorías

políticas híbridas y cooptadas que la injerencia armada y mafiosa impuso en cada departamento.

Las monografías departamentales reconstruyen la formación, captura y reconfiguración de la política y

la institucionalidad, reconstruyendo las estructuras de poder electoral que se formaron y su evolución

en la última década. Con otra metodología y usando exclusivamente información judicial, otro grupo de

investigadores fue mucho más allá. Se dio a la tarea de reconstruir las redes sociales y de corrupción que

se formaron entre ilegales, políticos y otro tipo de funcionarios y personas, según se deriva de

sentencias judiciales y fallos disciplinarios sobre parapolítica.

En el capítulo sobre redes de captura y reconfiguración cooptada del estado, los investigadores del

Grupo Método, dirigidos por Luis Jorge Garay, a partir de evidencia judicial, analizaron la estructura de

dos redes de corrupción que configuraron escenarios de CdE y RCdE en Colombia entre 1997 a 2008. La

primera red de corrupción analizada se localiza en el departamento de Casanare y la segunda red en los

departamentos de Sucre, Cesar, Córdoba, Atlántico y Magdalena. En dichas redes se observó una

participación preponderante de actores narco-paramilitares, aunque eso no implica que éstos sean los

únicos actores que han propiciado escenarios de Captura y Reconfiguración Cooptada en el Estado

colombiano. También grupos guerrilleros, en particular el ELN, los han producido.

Ya en el primer capítulo, de Arco Iris, se había planteado el capital social como un factor explicativo del

diferencial de “éxito” en procesos de CdE y RcdE realizados por diferentes organizaciones ilegales. El

capítulo del Grupo Método profundiza conceptual y metodológicamente en el concepto de capital social

como un factor diferencial y explicativo del alcance de las redes de corrupción analizadas. La corrupción

descrita en los procesos de CdE de las monografías departamentales deja en evidencia que ésta no es el

producto de la acción de un sobornador sobre un sobornado. Para cometer actos de corrupción a

semejante escala “se necesita formar y contar con redes sociales complejas y eficientes, que garanticen

confidencialidad y mediante las cuales se puedan realizar distintos actos y acuerdos jurídicos, políticos y

económicos…Por lo tanto, las redes de corrupción pueden ser analizadas como redes de aprendizaje y

gestión criminal” (Garay et al, 2008, p. 23). Ese tipo de análisis se hace en este capítulo, identificando los

actores participantes, el rol que desempeñan en la red y el tipo de relaciones que establecieron.

Ese análisis permite conocer importantes características y diferencias de tales redes. Mientas que en la

Costa Atlántica el actor articulador de la red era el jefe paramilitar alias Jorge 40, en la de Casanare era

una alcaldesa. Mientras que en la Costa hay un sofisticado sistema de fraude electoral y desfalco de

múltiples fuentes de recursos públicos, en el Casanare se concentra en el manejo de la contratación

pública y regalías municipales. Mientras que en la Costa la red cubre desde funcionarios locales,

pasando por Senadores hasta el director del Departamento de Inteligencia de la Presidencia de la

República, la de Casanare sólo llega hasta niveles regionales de gobernación y representantes a la

Cámara.

En esas redes los investigadores profundizan sobre el tipo y alcance del capital social que acumulan

dichas redes. Los intereses socialmente benéficos se oponen a aquellos que se consideran egoístas y

excluyentes, a partir de la acción de agentes y grupos poderosos. Esos intereses y logros estarían

determinados por el capital social, determinado no por la cantidad de contactos sociales a las que

acceda un individuo por ser parte de o relacionarse con una red social, sino por la cantidad o flujo de

beneficios escuetos (consecución de propósitos o realización de intereses) que obtiene de dicha

pertenencia o contacto. Tanto los propósitos como los beneficios buscados pueden o no estar alineados

con la Ley. En otras palabras el capital social también puede ser perverso.

Lo valioso de un contacto social, sea en capital perverso o no, no depende tanto de la posición de poder

del contacto sino de la naturaleza y calidad de la información que agregue. Un concejal por ejemplo

pueda estar lejos de tener el poder y la influencia de un Senador, pero en su espacio territorial y público

puede ser agente de información desconocida, o no redundante, para el actor armado con el cual hace

contacto. Por ejemplo, sabe cuál es el presupuesto del municipio, en qué se planea invertir, en dónde,

etc. Si un contacto social trae información que de otra manera el actor que lo recibe no conocía o no

podía conocer, ese contacto es fuente importante de capital social para su otro contacto. El actor que

permite conectar dos redes que pueden compartir información no redundante se convierte en un

puente estructural, determinante de la calidad y cantidad de capital social que puede derivarse de tal

conexión.

Por su puesto, existe una gran diferencia de capital social entre tener como máxima instancia de

contacto al concejal de un pueblo que al Presidente de la República. Esa es una de las diferencias de

acceso entre la llamada farcpolítica y la parapolítica. En la primera el puente estructural más recurrente

es un líder comunitario o un político local o regional. En la segunda el puente estructural más recurrente

es un senador y un alto funcionario del Ejecutivo que tienen contacto directo con la Presidencia de la

República.

Lo que las monografías y ese tipo de análisis permiten dimensionar es cómo fue el proceso de

relaciones, alianzas y alcances mediante el cual actores legales e ilegales, políticos y armados

transformaron la política y la institucionalidad local, regional y nacional. Trasladando de nuevo esa

realidad al marco teórico, puede decirse que la capacidad de esas redes para hacer captura instrumental

de la política y de los políticos para hacer captura instrumental de la ilegalidad les permitió a ambos

ascender de la escala de poder regional hacia la nacional, cuyo escenario más evidente, pero no único,

fue el Congreso de la República. La captura sustancial de curules en el Congreso, la consolidación de

dichas redes dentro de una nueva coalición mayoritaria de gobierno a partir del 2002 y la aprobación

por ella de profundas reformas en el Congreso configuran escenarios que posibilitan el paso de procesos

de captura regional de parcelas del Estado a reconfiguración cooptada de la estructura institucional del

Estado a nivel nacional. Según Garay et al, dentro de las condiciones que favorecen esos procesos se

encuentran:

La falta de diferenciación entre los intereses del Estado y los intereses privados

Países con precario desarrollo institucional, o con fallas protuberantes como Estado de Derecho,

y con gran riqueza natural o con posibilidades de servir de tránsito para la movilización de

recursos financieros, de proveniencia lícita o especialmente ilícita

Estados descentralizados con democracias débiles que configuran un entorno más propicio para

la captura de autoridades en el nivel local

Opacidad de los procesos de formulación de proyectos de ley por parte del gobierno y

tramitación por el legislativo

Escaso uso de mecanismos de control ciudadano como las audiencias públicas

Ausencia de mecanismos efectivos de petición y rendición de cuentas

Debilidad de los partidos políticos como entes representativos y tramitadores de pertenencias

ideológicas en la sociedad

Fragilidad y falta de representación de las agremiaciones

La fragmentación de partidos y movimientos políticos que debilitan su base ideológica y los

reduce a microempresas electorales

Estados de derecho en proceso de consolidación, pueden tener grupos no solamente

económicos o legales interesados y capaces de hacer CdE, sino también actores ilegales

En ese contexto, dado que hoy se tiene plena evidencia que el Congreso electo en 2002, prácticamente

reelecto en 2006, ha sido el más infiltrado por redes político/ilegales, los politólogos Elisabeth Ungar y

Juan Felipe Cardona, se dieron a la tarea de establecer cuál fue la gestión legislativa, desde el año 2002,

de los Congresistas que han sido investigados por tener presuntos vínculos con grupos armados ilegales.

Además de verificar su actividad legislativa, una hipótesis que se propuso verificar ese capítulo fue si los

investigados por vínculos con ilegales habían actuado como bancada, independientemente de los

partidos a los que pertenecían. Es decir si hubo una bancada “parapolítica” que hubiera promovido un

proyecto político y legislativo propio, y en particular si dichas iniciativas habían logrado reducir la

exposición penal de los ilegales con quienes están asociados y reconfigurar el diseño estatal en temas

como la economía agraria, la justicia criminal y el régimen político.

Para validar esa hipótesis, se recopiló la totalidad de proyectos que tuvieron como autor a por lo menos

uno de los congresistas investigados por sus presuntos vínculos con grupos armados ilegales –GAI-,

radicados entre 2002 y 2008. Las dificultades para llevar a cabo esa tarea no fueron pocas. En los

archivos del Congreso a veces no aparecen ni siquiera las gacetas de los debates. Es difícil establecer

cómo votan los congresistas cada proyecto o quién específicamente es el promotor de una iniciativa.

Pese a esas dificultades, combinando los archivos del Congreso, del Proyecto Congreso Visible y de

prensa se identificaron 150 iniciativas legislativas que propusieron los congresistas investigados y se

clasificaron según la proporción de congresistas investigados sobre el total de autores y de acuerdo al

tipo de reforma (legal o constitucional), el alcance (local, regional o nacional), el tema (político,

económico, judicial y otros), y a si fue aprobada o no.

De acuerdo al marco teórico de Garay y su equipo, lo que teóricamente se debe esperar es que aquellos

proyectos en los cuales la presencia de parlamentarios investigados por sus vínculos con GAI es más

amplia, tenderían a ser sobre temas que de una forma u otra benefician los intereses de reducción de

exposición penal, económicos y políticos de las organizaciones ilegales. Así mismo, en la medida en que

estos sean más o menos exitosos convirtiéndose en ley, podrían plantearse conjeturas acerca del nivel

de penetración e influencia de los grupos armados en la actividad legislativa y reconfiguración cooptada

del Estado.

La evidencia encontrada no permite afirmar que haya habido una bancada parapolítica. Los investigados

por parapolítica no son más organizados, activos o exitosos en su iniciativa legislativa que el resto de los

Congresistas. Tanto sus iniciativas como las de los demás congresistas tienen menor probabilidad de ser

aprobadas que las del gobierno. Sin embargo, en términos territoriales y temáticos sus iniciativas sí

marcan ciertas tendencias. La mayoría de los proyectos presentados por parapolíticos son leyes

ordinarias de alcance nacional y temáticamente se concentran en temas como presupuesto, finanzas y

regalías; seguridad social; reformas a la justicia y a los organismos de control; reformas al sistema

político y electoral. Esa concentración temática coincide con el hecho de que la mayoría de congresistas

investigados por parapolítica pertenecieron a las comisiones quintas, terceras y cuartas, que tratan

asuntos agrarios, económicos, presupuestales y tributarios.

En relación con la hipótesis de búsqueda de reducción de la exposición penal, es evidente que la Ley de

Justicia y Paz, de iniciativa gubernamental, consagró muchas ventajas en materia penal y política para

los paramilitares y sus aliados, pero la iniciativa legislativa de los parapolíticos que más directamente

buscaba beneficios penales para ellos era el Proyecto 244/04C5, que pretendía eliminar la extradición

para quienes estuvieran participando en procesos de paz. Mientras que el proyecto de Justicia y Paz del

gobierno fue aprobado, el de no extradición de los parapolíticos fue archivado.

Dado que en las iniciativas presentadas por los congresistas investigados por parapolítica no se encontró

un patrón de actuación en bancada, otro capítulo exploró si tal patrón existió en proyectos de iniciativa

del gobierno. Dado el enfoque temático que se detectó en las iniciativas de los investigados, las

declaraciones públicas de paramilitares sobre su interés en ciertos temas y los efectos directos que

algunas leyes podían tener sobre ellos, la segunda parte del trabajo de Ungar y Cardona se dedicó a

reconstruir el trámite de ocho iniciativas. Tres de carácter político electoral (reforma política de 2003,

reforma política de 2007 y reelección presidencial), cuatro de carácter económico (ley de saneamiento

de la propiedad, estatuto de desarrollo rural, ley de biocombustibles y ley forestal) y una de carácter

penal (la ley de justicia y paz).

En el trámite legislativo de esas iniciativas sí hay un patrón de actuación en bancada de la mayoría de

investigados por parapolítica, aunque ella depende más de su condición de miembros de la coalición de

gobierno que del hecho de ser investigados por parapolítica. Excepto el proyecto de justicia y paz, que

estaba directa y casi exclusivamente dirigido a beneficiar a miembros de grupos paramilitares, en los

demás tal relación no es tan directa. Las demás leyes podían beneficiar e interesar tanto a actores

legales como ilegales. Únicamente en la ley de saneamiento de la propiedad, que no era de iniciativa

gubernamental, se adoptaron medidas específicas tendientes a evitar que se beneficiaran

oportunistamente actores e intereses ilegales. En los demás proyectos no se tomaron medidas

específicas en ese sentido. Otras se hundieron cuando trataron de incluir normas que castigaban la

influencia de grupos ilegales, como ocurrió con la reforma política de 2007.

No en todos estos proyectos la actuación de los congresistas investigados es igualmente destacada, en

calidad de autores, ponentes o exponentes; sin embargo, en todos los casos es evidente que su apoyo y

voto a favor fue determinante para su aprobación, especialmente en Comisiones. Tan importante era la

confiabilidad del apoyo y voto de los investigados por parapolítica en el trámite de esas leyes, que el

5 Ese Proyecto fue liderado por la entonces representante Rocío Arias (Convergencia Popular Cívica; condenada a 45 meses de prisión dentro del proceso de la parapolítica) en

compañía de Jesús Doval (Cambio Radical; con instrucción dentro del proceso de la parapolítica), Zulema Jattin (Partido de la U; con investigación previa dentro del proceso de la

parapolítica), Jorge Enrique Ramírez (Partido Liberal; con instrucción dentro del proceso de la parapolítica), Miguel Ángel Rangel (Partido de la U; detenido y en juicio dentro

del proceso de la parapolítica), Jorge Luis Caballero (Apertura Liberal; condenado a 6 años y 6 meses de prisión dentro del proceso de la parapolítica), así como el senador Óscar

de Jesús Suárez (Alas Equipo Colombia; con investigación previa dentro del proceso de la parapolítica)

gobierno propuso en por lo menos dos de ellos trasladar su trámite de la Comisión Primera a la Tercera,

donde los parapolíticos tenían control de las mesas directivas y mayor influencia en la votación.

Los ilegales no lograron por su cuenta o por cuenta exclusiva de sus más allegados concretar su interés

primario: la reducción de su exposición penal, como lo constata el hecho de que el proyecto de no

extradición haya sido archivado, pero sí lo lograron como parte de la coalición gubernamental y del

apoyo a sus iniciativas, como lo comprueba la aprobación de la Lay de Justicia y Paz. Los legales e

híbridos también lograron concretar varios intereses comunes, por ejemplo, exenciones tributarias y

otros beneficios en proyectos agroindustriales que pueden capitalizar actores e intereses tanto legales

como híbridos. Y lograron bloquear normas que podían afectar y sancionar a sus allegados políticos,

como por ejemplo normas sancionatorias por responsabilidad política previstas en las reformas

políticas.

Exceptuando Justicia y Paz, la evidencia indica que las modificaciones normativas que pueden beneficiar

intereses ilegales no son aprobadas en el Congreso si lo hacen de forma expresa, y si son de iniciativa de

los congresistas o de los investigados, pero pasan si son iniciativa del gobierno y están planteadas de

forma imprecisa, de manera que en principio benefician intereses legales, pero sin adoptar medidas

específicas para prevenir que los usufructúen también intereses ilegales. Lo que eso indica es que el

método predominante de captura legislativa es hacer confluir en el trámite legislativo intereses legales e

ilegales, y no prever mecanismos específicos para excluir el beneficio de los ilegales. La captura

normativa se hace a través de normas que se justifican y promueven en nombre de intereses legales,

pero cuyas consecuencias económicas, políticas e institucionales se pueden usar también en provecho

de actores e intereses híbridos e ilegales.

Además del nivel de influencia de los investigados por vínculos con ilegales en el trámite de normas que

beneficien a sus aliados, otro aspecto que se analizó en esta investigación fue el impacto de dichas

normas en la estructura institucional del estado. En los términos de nuestro marco teórico se examinó si

a través de esas normas se logró cierta reconfiguración cooptada del estado, RCdE. Reconfiguración por

introducir cambios sistémicos en la estructura del Estado Colombiano, prevista en la Constitución de

1991, y cooptada por el nivel de participación e influencia de actores e interese ilegales o híbridos en su

trámite legislativo.

En relación con el nivel de cooptación la evidencia es contundente y aterradora. El Congreso electo en

2002, prácticamente reelecto en 2006, ha sido el más cuestionado judicialmente en la historia del país.

Cualquier comparación del número de congresistas investigados y la gravedad de los delitos por los que

son investigados permite esta afirmación. Por ejemplo, en el proceso 8.000, del Congreso electo en 1994

16 congresistas y otros políticos fueron condenados, la mayoría por el delito de enriquecimiento ilícito,

al haberse comprobado que financiaron sus campañas con recursos del Cartel de Cali. En la parapolítica,

del Congreso de 2002 y 2006, están siendo investigados 102 Congresistas, de los cuales 25 ya han sido

condenados por concierto para delinquir agravado, y algunos incluso por vinculación con delitos como

asesinato y determinación de masacres. Los congresistas del 8.000 llegaron al Congreso masivamente

avalados bajo la sombrilla del Partido Liberal. Los del 2002 llegaron avalados por una mayor variedad de

partidos y movimientos políticos, que encuadran dentro del concepto de CiPP.

Tampoco hay duda que, desde el 2002, a través del Congreso se han tramitado reformas legales y

constitucionales de hondo calado institucional como la reelección, la modificación del sistema penal, la

creación de un régimen de justicia transicional y múltiples reformas económicas, políticas y electorales.

Como ya se explicó en el trámite exitoso de esas reformas, los parapolíticos que formaban parte de la

coalición de gobierno fueron fundamentales. Desde el llamado Congresito, derivado de la Asamblea

Nacional Constituyente de 1990, ningún otro Congreso aprobó tantas y tan profundas reformas, tanto

por su contenido como por sus efectos en la estructura institucional política, electoral, penal y agraria

colombiana.

Del análisis del alcance de la reconfiguración del Estado se encargaron Mauricio Villegas y Javier Revelo

de Dejusticia, mediante el análisis del impacto que tuvieron las leyes analizadas sobre la estructura

institucional prevista en la Constitución de 1991 para cada tema. Para ello se analizaron los

pronunciamientos de la Corte Constitucional, en los casos que se produjeron, y en todos los casos se

comparó lo dispuesto en la Ley aprobada con lo dispuesto sobre el tema en la Constitución del 91. El

objetivo era verificar qué tanta reconfiguración estatal implicaron dichas normas. El análisis se hizo

siguiendo la división temática que se usó para analizar también el trámite de las leyes, en tres grandes

bloques temáticos: sistema político electoral, justicia transicional y economía agraria.

Los investigadores de Dejusticia encontraron que algunas de esas leyes, una vez salidas del Congreso, se

desconfiguraron, bien por la intervención de los jueces o por la volatilidad de las mayorías políticas. Eso

no sucedió, sin embargo, con todas las leyes del proyecto uribista. En aquellas de contenido político, las

que contienen las reglas de juego democrático, el gobierno ha contado con un margen de maniobra

mayor y por eso ha sido capaz de ir más lejos en la consecución de sus objetivos. En otro tipo de leyes,

en cambio, sobre todo en aquellas de contenido penal o económico, el margen de maniobra

gubernamental ha sido más limitado.

Reconocen que hacer un análisis de reconfiguración es de por sí complejo, y hacer uno de RCdE es aún

más difícil, dado el amplio margen de interpretación del propio texto constitucional, la laxa facultad

reformatoria que tiene el legislativo y la dificultad de precisar los objetivos y los impactos, normativos y

prácticos, reales y potenciales de las normas analizadas. Aunque el gobierno sí logró sacar exitosamente

del Congreso su agenda legislativa, con los parapolíticos como parte de su coalición, no logró pasar el

examen de constitucionalidad de varias de esas normas.

Si algunas de esas normas no están vigentes, no fue por reconsideración del gobierno sobre su

contenido o por la exclusión de los parapolíticos de las bancadas del uribismo, sino por la acción de las

Altas Cortes. La Constitucional por revisiones de contenido y trámite, y la Suprema por la comprobación

de los vínculos con ilegales de un nutrido número de congresistas y otros altos dignatarios estatales con

el narcotráfico y el paramilitarismo. Las Cortes han jugado, hasta donde sus facultades legales se lo

permiten, una función de control contramayoritario al proceso de RCdE.

Según Dejusticia, la justicia protagónica, en cabeza de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de

Justicia, apoyadas por una especie de alianza implícita de organizaciones de derechos humanos y medios

de comunicación independientes, lograron, en el transcurso de pocos años, frenar un proyecto

relativamente amplio de RCdE. Ese freno, sin embargo ha tenido grados diferentes: en el caso de la Ley

de Alternatividad Penal y la Ley de Justicia y Paz, las altas Cortes lograron obstaculizar claramente el

proyecto inicial; algo similar sucedió con el Estatuto de Desarrollo Rural y la Ley Forestal. En el caso de

las reformas políticas, en cambio, la actuación de los jueces ha sido mucho menos eficaz para detener el

proyecto inicial de RCdE.

Dejusticia concluye que los cambios normativos introducidos por el proyecto uribista no son menores y,

por el contrario, hacen parte de un proyecto político conservador de amplia envergadura. Reconoce que

se trata también de un proyecto innovador, en la medida en que articula los intereses legales de ciertos

sectores de clase media urbana y de la clase política, con frecuencia ligados a la propiedad rural, con

intereses ilegales de narcotraficantes y paramilitares, que por lo general también están vinculados a la

tierra. La fortaleza de este proyecto consiste justamente en esa capacidad para apoyarse en intereses

contradictorios desde el punto de vista legal, pero compatibles política y económicamente, y

mayoritarios electoralmente bajo la figura presidencial de Álvaro Uribe.

Los intereses ilegales, así como el eventual oportunismo ilegítimo de procesos legales, se habrían podido

neutralizar en el proceso político o en el trámite legislativo si no hubiera habido tal nivel de cooptación

del Congreso y pasividad del Ejecutivo. Por ejemplo, antes de tramitar el estatuto de desarrollo rural, o

como parte de él, el gobierno pudo censar las tierras usurpadas mediante desplazamiento forzado y

liderar procesos de restitución o compensación. No sólo los proyectos de economía agraria del gobierno

no incluyeron ese tipo de precauciones para evitar que los actores de la guerra capitalizaran el despojo,

sino que la Corte Constitucional tuvo que ordenarle al gobierno que las tomara, como parte de sus

sentencias sobre desplazamiento, e incluso conminarlo mediante autos posteriores, ante el

incumplimiento. Un análisis como ése se puede hacer para cada norma. Podría haberse incluido un

estatuto de víctimas como parte de la Ley de Justicia y Paz, o el uso de la violencia con fines electorales y

políticos habría podido ser eficazmente sancionado en las reformas políticas, o un adecuado balance de

poderes entre ramas del poder público pudo haberse tramitado como parte de la reelección

presidencial.

La evidencia acumulada tanto por Congreso Visible como por Dejusticia nos lleva a una hipótesis

espinosa. Aparentemente, nada en la gestión legislativa y política de los investigados nos lleva a concluir

que tenían un proyecto político-legislativo propio y particular o que se hubieran jugado a fondo para

promoverlo. Ni la iniciativa ni las ponencias ni las proposiciones ni las votaciones de los investigados

permiten concluir eso. De haber sido así, el Congreso sería el agente de reconfiguración y el Ejecutivo

sería instrumental, por ejemplo a través de la ratificación y sanción de las normas aprobadas por la

supuesta bancada parapolítica. Todo indica que es al contrario. El que tiene un proyecto político-

ideológico-legislativo propio es el Ejecutivo, no los parapolíticos, y es aquél el que está en capacidad de

sacarlo adelante, usando instrumentalmente a los investigados por parapolítica como parte de sus

mayorías políticas y legislativas. Eso no es ninguna incriminación, es un hecho que surge de la evidencia.

Este hallazgo no supone ni sugiere que el Ejecutivo promovió su proyecto político y legislativo y

condicionó instrumentalmente a sus bases políticas y al crimen organizado. De hecho no hay ninguna

evidencia judicial, hasta ahora, de que el Presidente tuviera vínculos o acuerdos con el crimen

organizado, de los cuales se deriven su agenda política y legislativa. La instrumentalización no es del

Ejecutivo hacia el crimen organizado sino de éste a la coalición uribista en el Congreso, conformada en

cerca de un 50% por parapolíticos. El propio Presidente Uribe reconoció y solicitó públicamente el voto

de los parapolíticos para apoyar su agenda legislativa, “Le voy a pedir a los congresistas que nos han

apoyado, que mientras no estén en la cárcel, voten los proyectos del gobierno”. De otra parte, es un

hecho histórico y no coyuntural de este gobierno, que son los presidentes los que tienen agenda política

y legislativa propia y usan su poder e influencia en el Legislativo para sacarla adelante. Lo tormentoso en

este caso es la magnitud de la confluencia de actores e intereses legales e ilegales que recaen en la

gestión legislativa de este gobierno, el mutuo respaldo que se ofrecieron, la relación “quid pro quo” a la

que se refieren Acemoglu y Robinson, y el tremendo impacto institucional que las leyes analizadas

tuvieron en modificar el diseño institucional previsto en la Constitución del 91.

Podría pensarse que el papel del Ejecutivo habría sido más el de

conceptualizador/coordinador/concertador de múltiples intereses e impulsor/administrador del

proyecto adscrito como resultado de una alianza entre sectores sociales, legales, ilegales e híbridos que

constituyen su base política y social –proceso en el que se habrían reproducido dinámicas de

captura/cooptación por parte de agentes ilegales a agentes e instituciones legales en algunas instancias

y viceversa en otras, incluso a nivel del ejecutivo mismo–, tomando provecho de las oportunidades y

privilegios que usufructúa en su condición excepcional en el contexto político e institucional.

La conclusión sobre el rol del Ejecutivo actual en los procesos de CdE y RCdE en Colombia resulta difícil

pero no sorprendente. Ocho de cada diez investigados por parapolítica hacen parte de la coalición

uribista. Esos investigados han proclamado reiteradamente su uribismo y su lealtad y coincidencia con el

proyecto político y la visión de Estado del Presidente Uribe. Además, en múltiples ocasiones, miembros

de grupos narco paramilitares han manifestado que el proyecto que recoge sus aspiraciones es el

uribista y en particular la política de seguridad democrática. En cambio, son escasas las declaraciones del

Presidente Uribe condenando el aprovechamiento ilegal e ilegítimo de su proyecto político por parte de

ilegales, ni antes, ni durante, ni después de las varias condenas y comprobaciones de que la narco

ilegalidad y parapolítica estaba, también, dentro de su coalición. Por el contrario, acogió a los políticos

vinculados con organizaciones narcoparamilitares dentro de su coalición y cogobernó con ellos en sus

dos mandatos.

Lo cuestionable del proyecto político e institucional uribista, que se desprende del análisis legislativo e

institucional realizado, no es que sea un proyecto legal, conservador y de derecha, sino que haya tenido

tal nivel de coincidencia ideológica y logros electorales y legislativos conjuntos con una porción de la

derecha ligada a la mafia y el paramilitarismo. También, que los protagonistas legales de ese proyecto

político, como el propio Presidente, hubieran hecho poco o nada para evitar la captura o

aprovechamiento de su proyecto político como instrumento de legitimación e impunidad de esa

derecha mafiosa. Y, peor aún, que en muchos casos les hubieran facilitado tal captura o

aprovechamiento instrumental, como en el caso de las reformas políticas, y algunos proyectos de

economía agraria.

No solo por el análisis de cada norma sino en conjunto por los hallazgos de toda la investigación, la

cooptación o aprovechamiento instrumental se ha dado en una dirección contraria a la que la teoría de

captura del estado de Garay suponía como prevalente. Ha sido reconfiguración, porque en efecto tanto

el mapa político como el diseño institucional del Estado cambiaron sustancialmente, respecto a la

configuración constitucional del 91. Ha sido cooptada porque en ella confluyeron actores, intereses y

beneficios legales, híbridos e ilegales. Sin embargo, ha sido una cooptación o captura determinante pero

en la dirección contraria a la supuesta como usual en la teoría, no sólo instrumentalmente de los ilegales

hacia los legales, sino prevalentemente instrumental de los legales sobre los ilegales.

Esto, sin embargo, no sugiere que los ilegales sean “víctimas” de los legales. Los procesos de captura y

cooptación no son estáticos. Durante el periodo en el que los ilegales pudieron usar masiva e

indiscriminadamente su estructura armada, su control territorial y su capacidad organizada de violencia

tuvieron cómo imponer y hacer prevalecer sus intereses y preferencias, y amasaron enorme poder y

fortunas. Ésa es la característica de los noventas. Sin embargo, sin esos activos diferenciales producto de

la desmovilización y además con una alta exposición penal, el balance de poder cambió a favor de sus

aliados legales. En todo caso, el papel del crimen organizado ha sido decisivo, sea como

capturador/cooptador o como capturado/cooptado o como aliado comprometido en la CdE o RCdE, por

su innegable y poderoso papel de coerción, intimidación e imposición de intereses sobre amplios grupos

de la sociedad y el Estado.

Por último es importante retomar el tema de quiénes prevalecen y se legitiman a la par de procesos

sostenidos de CdE y RCdE. En primer lugar, es importante anotar que tales procesos no empezaron en el

2002. La captura armada y mafiosa de la política y las instituciones lleva ya varias décadas y

precisamente por eso lo que pudimos analizar en esta investigación fueron sus resultados acumulados,

desde los 90 hasta 2007, y no meramente coyunturales. De ese cúmulo se concluye que la forma de

captura prevalente ha sido la captura invertida, que en ella confluyen actores legales e ilegales, y que

usualmente los legales logran prevalecer y legitimarse en el largo plazo, mientras que los ilegales son

sustituidos, dado que se ejecuta más frecuentemente en su contra su alta exposición penal.

El capítulo de Gustavo Duncan explica los profundos cambios que sufrió la función mediadora de los

políticos en las relaciones entre centro y periferia, a la par del conflicto armado y el narcotráfico.

Además de permitir dimensionar las lógicas de dichos cambios, el capítulo permite entender también

los resultados diferenciales de permanencia y legitimación que se producen entre actores legales e

ilegales en el largo plazo. En un artículo de prensa Duncan6 afirmaba al respecto que “Los capos del

narcotráfico y del paramilitarismo serán encarcelados, eliminados y arruinados [y que por lo tanto] no

será con nombre propio, ni con el nombre de sus hijos o nietos, que los Escobares y Bernas se asimilarán

a la sociedad como élites legítimas.”

Por el contrario, Duncan coincide con lo encontrado en ésta investigación, en el sentido que:

…Son otro tipo de figuras sociales ligadas a ‘paras’ y ‘narcos’ los que se asimilarán como

élites emergentes: la clase política que protegió su expansión y los empresarios que se

dedicaron a lavar y a encubrir sus ganancias.

…políticos y empresarios corruptos que poseen las destrezas sociales para insertarse en el

poder legal, al tiempo que disponen del capital y la fuerza de narcotraficantes y

paramilitares, poco a poco se labran un espacio central dentro de las élites del país. Pueden

llegar a los principales cargos públicos y realizar los negocios más lucrativos con la

aprobación del Estado sin que los abundantes cuestionamientos sobre actuaciones

comprometedoras desafíen su poder en expansión.”

En esta investigación nos hemos ocupado de la reconfiguración cooptada del mapa político e

institucional. Otra investigación en curso explora lo relacionado con el mapa económico. Faltaría por

explorar lo relacionado con la fuerza pública y el papel funcional y promotor que muchos de sus mandos

cumplieron en la expansión y cumplen todavía en la reconfiguración del narcoparamilitarismo. Aunque

la Policía Nacional estuvo más dispuesta a ofrecer información para ese análisis, las Fuerzas Militares se

negaron. Por ahora, no contamos ni con garantías de información ni con garantías sobre nuestra vida

para adelantar esa investigación.

Por último, esta investigación nos deja sinsabores como ciudadanos y desafíos intelectuales. Desde el

punto de vista intelectual nos quedan inquietudes como ¿Qué tipo de Estado podemos esperar de la

participación determinante de mafias en los procesos políticos y económicos de su formación? ¿Qué

tipo de Estado resulta cuando parte de las fuerzas legales y estatales que participan en su construcción

están cooptadas por actores e intereses del crimen organizado? ¿O cuando las fuerzas supuestamente

6 Gustavo Duncan, Columna: El país que somos, El Espectador, Abril 28 de 2009

legales han usado y cooptado al crimen y la ilegalidad para su propio beneficio en el proceso de

construcción de Estado? Según estimativos oficiales, la magnitud de la tajada de la corrupción sobre el

presupuesto general de la Nación asciende a 5.2 billones7 (4 billones del presupuesto del gobierno

central y 1,2 billones de los gobiernos territoriales), es decir 1,1 puntos del PIB8. Otras fuentes, estiman

en 2 puntos del PIB el peso económico del negocio del narcotráfico en la economía colombiana9. ¿Qué

implicaciones tiene que la corrupción tenga en Colombia un peso económico equivalente a no menos

del 50% del narcotráfico? ¿Es mera coincidencia? ¿O es que las dos actividades están relacionadas? ¿Es

la corrupción una forma de lavado de activos del narcotráfico?

Como ciudadanos nos deja esperanza porque la actitud demócrata y valiente de miles de ciudadanos,

dirigentes y funcionarios, en particular dirigentes sociales, fiscales, jueces y periodistas, evitaron que la

captura y reconfiguración cooptada de nuestra democracia fuera mayor. Pero por otra parte, nos deja

también un profundo dolor de patria. Cuando en 2007 algunos autores de ésta investigación nos

atrevimos a estimar en unos 50.000 homicidios y en unos 10.000 desparecidos (Arco Iris, 2007) el saldo

trágico de la historia que se relata en este texto, desde esferas gubernamentales se nos señaló de

apátridas y apologistas de la desesperanza. En Abril de 2010, la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía

General de la Nación oficializó que a partir de las investigaciones que se han desempolvado por las

denuncias hechas por las víctimas, las indagaciones de Fiscales y las confesiones de los desmovilizados,

ha logrado documentar los siguientes casos de violaciones s loa derechos humanos:

7 Ver: http://www.auditoria.gov.co/9_documentos/ponencias/2010_04_15_PonenciaAuditorContratacionVisibleIbague.pdf 8 Para una mejor comprensión, un punto del PIB representa 4,9 Billones de pesos. Fuente: DANE.

Cuentas Nacionales (2007) Ver: http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=128&Itemid=85 9 Ver:

http://www.cesifogroup.de/pls/guestci/download/CESifo%20Working%20Papers%202008/CESifo%20Working%20Papers%20November%2020

08%20/cesifo1_wp2459.pdf

Conducta / Hechos de violencia

Número de casos

documentados*

Homicidios 163.762

Desaparición Forzada 31.841

Masacres 1.309

Reclutamiento de Menores (Menores identificados y ubicados como víctimas de reclutamiento 3.557

Desplazamiento Forzado Masivo (por comunidades) 66.562

Violencia de Género 552

Secuestros 2.860

Extorsión 3.184

Narcotráfico 58

Otras Conductas 25.718

Participación de la fuerza pública con Grupos armados ilegales (citados por postulados en

versiuón libre bajo juramento) 328

Participación de políticos en Grupos armados ilegales 404

Infortunadamente, una vez más nuestras estimaciones se quedaron cortas. No fueron 50.000 sino

163.762 los homicidios y no fueron 10.000 sino 31.841 los colombianos desaparecidos violentamente.

Según el director de la Unidad de Justicia y Paz, por lo menos el 98% de esos delitos fueron cometidos

por grupos narcoparamilitares.

Para dar a conocer el tamaño de la tragedia derivada de la toma total del poder político y estatal por

dictaduras militares de los países del Cono Sur, se establecieron Comisiones de la Verdad. Estas fueron

algunas de sus conclusiones. En Argentina, el Informe Final de la Comisión, a Noviembre de 1989,

estableció haber documentado 8.960 casos de desapariciones10. En Chile, el Informe Final de la

Comisión se refiere a 1.213 casos de desaparición en el año 1973 por agentes estatales, otros 30

cometidos por ciudadanos, más 403 casos de detenidos desaparecidos11. En Uruguay, el Informe de la

Comisión se refiere a 128 casos de desaparición documentados y confirmados y a 56 descartados, a

partir de junio de 197312.

En ninguno de esos países fue posible procesar judicialmente todos esos casos. Por eso, la Comisión de

la Verdad cumplió un papel de verdad, justicia y reparación. En Colombia de los hechos de violencia

10 Ver: Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (1984). ""Nunca Más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas". Consultado el 6 de junio de 2010 en: http://www.desaparecidos.org/arg/conadep/nuncamas/nuncamas.html 11 Ver: Comisión de verdad y reconcialiación (n.d). "Violations of human rights by region" in "THE TRUTH AND RECONCILIATION COMMISSION REPORT ". Consultado el 6 de junio de 2010 en: http://www.derechoschile.com/basicos/ddhhchile/rettig/english/rettigengindex1.html 12 Ver: Comisión para la Paz. (2003). Informe final de la comisión para la paz. Consultado el 6 de junio de

2010 en: http://www.presidencia.gub.uy/noticias/archivo/2003/abril/Informe_final.doc.

documentados, la Unidad de Justicia y Paz reportó, a Abril del 2010, el siguiente balance de su

procesamiento judicial:

Investigaciones iniciadas por hechos cometidos 384.652

Versiones iniciadas 2.431

Delitos confesados en versión libre 67.828

Postulados con imputación 255

Número de delitos imputados 19.497

Número de delitos con formulación de cargos 7.650

Cargos legalizados 1.435

Postulados con formulación de cargos 101

Número de postulados que terminaron formulación de

cargos y las diligencias se encuentran en la sala de

conocimiento en espera de realización de audiencia de

control de legalidad 58

Postulados con audiencia de control de legalización de

cargos 12

Sentencias proferidas 2

Casos impulsados en la justicia ordinaria por

información recibida en versión libre 6.736

Casos impulsados en la justicia ordinaria por

actividades de investigación realizadas por justicia y

paz (no recibida en versión) 2.482

Justicia y Paz - Investigación de Delitos

Casos impulsados en la Justicia Ordinaria

Aunque la labor de la Justicia para tratar de establecer y judicializar la tragedia democrática y

humanitaria ha sido heroica, es poco probable que por la vía judicial se llegue antes de 200 años a un

cierre histórico de esas tragedias.

Colombia no ha tenido hasta hora una Comisión de la Verdad. El gobierno de Álvaro Uribe sostuvo

siempre que no era necesario; que Colombia había sido y era una democracia ejemplar.

El Estado Colombiano no fue tomado por una dictadura militar. Los avances judiciales apenas permiten

estimar que una tercera parte del poder político y estatal fue capturado por estructuras de poder

organizado con componentes armados, mafiosos, financieros y políticos

Sin embargo, en democracia, Colombia ha tenido tres veces más desaparecidos que las tres dictaduras

militares del Cono Sur sumadas. Esa es la horrorosa magnitud de la tragedia humanitaria y democrática

que causaron quienes se propusieron “refundar la patria”.