LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE COMO MECANISMO DE

REESTRUCTURACIÓN A LA POLITICA MINERO-ENERGÉTICA EN COLOMBIA

La retórica y la realidad del discurso gubernamental hacia el tema de la minería siempre ha contado

con un fuerte margen de exclusión y mentira. El modelo neoliberal que se ha consolidado a lo largo

de los años ha llevado indiscutiblemente a un empobrecimiento de los colombianos y las

colombianas como símbolo irrestricto de la globalización. La economía de los ricos ha mejorado

sustancialmente bajo los postulados de la locomotora minera, olvidando las formas de producción,

comercialización y consumo propias de las comunidades campesinas, afrodescendientes e

indígenas1. Y no solo ello, ya que el desplazamiento de las comunidades -sin importar su índole-

muestra la fuerte huella que acaece a los colombianos y colombianas la minería de alto impacto y

sin consulta previa vinculante.

El impulso con el que se ha abocado las ultimas décadas en el país el tema de lo minero-energético

en Colombia ha alcanzado situaciones incontrolables. Por tal motivo, gran parte de la política

pública encarnada sobre ese presupuesto ha encontrado como mecanismo de solución la

privatización de la explotación y la adopción de medidas para la atracción de la inversión

extranjera, invisibilizando y estigmatizando a la minería artesanal, a la minería ancestral y a la

pequeña minería. Ese es el nuevo rol del establecimiento, un negociador al mejor postor de los

recursos naturales para su exportación, protegiendo los intereses de los inversores externos por

medio de leyes y decretos -para flexibilizar la entrada al pa ís- y olvidando los derechos de los

colombianos y colombianas que por décadas han visto a la pequeña minería como su único

sustento, sin olvidar, claro esta, la multiplicidad de impactos ambientales que son causadas a los

habitantes gracias a las extracciones de gran escala.

Si bien la política minero-energética actual ha contado con un desarrollo de larga data, el inicio

efectivo de la aplicación de las políticas públicas en este ámbito se encuentra en el «Plan de

desarrollo minero 2006-2010» seguido por el «Plan Nacional de desarrollo 2011-2014» del

gobierno actual. El desenvolvimiento continuo por todos los medios legales existentes ha

demostrado la sistemática transformación del país hacia un modelo económico extractivista

1 Suceso reconocido como tal bajo el pliego de exigencias de la Cumbre Nacional Agraria frente a los mandatos del buen vivir, la democracia y la paz.

generador exclusivo de materias primas, y ocultando los perjuicios holísticos que trae el generalizar

dicha practica dentro del país.

Según el ultimo censo minero realizado en el país2 se concluye, que dentro de Colombia existen

14.357 unidades de producción minera3, de las cuales el 56% declara que no posee ningún título

minero, y, como si fuera poco, solo fue censado el 55% del territorio colombiano. Por ello, el

gobierno ha comenzado una serie de acciones frente a aquellos que no poseen un titulo de

explotación minera, aduciendo un plan general para legalizar terrenos sin licencia o de lo contrario

«luchar contra la minería criminal4» expidiendo por tanto, el Decreto 2235 del 2012 que permite a

los órganos de coacción del Estado, destruir toda la maquinaria que sea utilizada para la

exploración o explotación de recursos ambientales sin los respectivos títulos mineros o requisitos

exigidos por la ley. De esa manera, y como una forma de blindar todo lo referente a la situación

minera del país hacia un modelo económico neoliberal, el Congreso de la República tiene en curso

la tipificación del delito de minería ilegal dentro del Código Penal Colombiano, y la creación de

una unidad especial de la Policía Nacional contra la minería «criminal» como lo ha denominado el

Jefe de Estado.

Las concesiones extranjeras mineras abundan en el país, a la minería tradicional y a la pequeña

minería se le han exigido requisitos imposibles para poder participar dentro de las concesiones y la

destrucción de nuestro territorio esta justificada por el modelo extractivista neoliberal actual. La

lucha del Choco, donde los afros, los Embera, y los Wounnan, buscan subsistir a pesar de las

concesiones realizadas a multinacionales como AngloGold Ashanti y Votoratin, que en muchos

casos para los afros la minería es la única forma que tienen para su subsistencia. La creación de la

unidad especial contra la minería esta destruyendo las motobombas, y retroexcavadoras de los afros

que operan, según el gobierno, ilegalmente, quitándoles la única forma que el modelo económico

actual les ha permitido para su sustento; y por otra parte, los indígenas, siempre en pie de lucha

frente a la multinacionales, aduciendo que este tipo de minería afecta a los ríos San Juan, Quito y

Nóvita destruyendo la pesca como mecanismo originario de soberanía alimentaria.

2 Censo minero disponible en: http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/UserFiles/File/Minas/CensoMinero/CensoMineroDptal3.pdf 3 El mismo estudio reconoce que casi el 50% del país no fue censado. Es así, que de departamentos como: Amazonas, Guainía, Guaviare, Nariño, Quindío, San Andrés y Providencia, Sucre, Vaupés y Vichada aun no se cuenta con información alguna frente al tema de minería. 4 Sobre las declaraciones del Presidente Santos, Caracol Radio (2014) «Presidente Santos declara la minería criminal como objetivo de alto valor» [en linea] disponible en: http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/presidente-declara-la-mineria-criminal-como-objetivo-de-alto-valor/20140117/nota/2057260.aspx

No obstante a las declaraciones que ha realizado el gobierno frente a un apoyo de la formalización

de la pequeña minería y la minería ancestral, se desarrollan medidas de despojo de tierras y de

desplazamiento hacia aquellas comunidades que se ven afectadas por las concesiones realizadas

hacia la explotación por parte de grandes multinacionales o por proyectos energéticos. Un ejemplo

claro frente al tema energético se encuentra dentro de proyecto de la represa de Hidroituango, el

cual, desplazo a 400 mineros que barequeaban tradicionalmente a orillas del río Cauca y que al mes

de Diciembre del 2013 se encontraban viviendo dentro del coliseo de la Universidad de Antioquia

al no tener solución alguna frente a ello, tal como lo decía uno de sus líderes, «El río es la única

vida que conocemos, no sabemos hacer otra cosa diferente que extraer oro5» demostrando una vez

más, que la retórica de las instituciones del Estado nunca van acorde con las realidades del pueblo

colombiano.

El tema energético dentro del país, no es más esperanzador, hoy en día están operando

Hidroeléctricas o Termoeléctricas en el Valle del Cauca «Hidroeléctrica de Amaime»,

Barranquilla «Térmica Flores», Tulúa «Central Tulúa», Antioquia «Hidromontañitas», y el

Tolima «Hidroeléctrica Cucuana» ademas de otras tantas que se están construyendo en Sogamoso,

la subestación de Quimbo, y el complejo Hidroeléctrico de la Miel en Caldas.6 El cumulo de todos

los proyectos realizados dentro del territorio, es el claro ejemplo del irrespeto por el ambiente, ya

que los desequilibrios que genera el uso y la construcción de hidroeléctricas y termoeléctricas -sin

olvidar que son las dos formas más costosas de generar energía- son irreparables dentro de

términos sostenibles. Fernando Mejía, magíster en recursos naturales asevera:

El cauce se desvía a través de una presa de derivación, que permite subir el nivel del agua para encontrar la boca del túnel. El problema es que las aguas de infiltración (provenientes de la lluvia o el mismo río) se cuelan hasta los túneles y no alcanzan a abastecer suficientemente los cauces naturales cercanos..7

La destrucción del ambiente, y la afectación a los territorios de las comunidades indígenas,

campesinas, afros, no puede estar justificada dentro de una lógica individualista y desarrollista

hacía el modelo económico imperante en Colombia. Los megaproyectos mineros y energéticos

afectan los tejidos sociales de la comunidad, por lo que, la aceptación de los impactos de esos

proyectos debe estar mediada siempre por medio de una consulta previa vinculante -hoy inexistente

5 Nota completa en: Revista Semana (2013) «Drama de los mineros en el campus de la U. Antioquia» [en linea] disponible en: http://www.semana.com/nacion/articulo/mineros-en-el-campus/358378-3 6 Otros proyectos en adjudicación: Hidroeléctrica del río Ambeima «Tolima», Planta Carlos Lleras Restrepo «Antioquia», Pescadero «Ituango», Térmica Gecelca «Córdoba», Térmica Tasajero «Norte de Santander», Termonorte «Magdalena», y el proyecto Hidroeléctrico de San Andrés. 7 Entrevista a Fernando Mejía: UN Periódico (2012) Daños ambientales, los pecados de las hidroeléctricas, [en línea], disponible en: http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/danos-ambientales-los-pecados-de-las-hidroelectricas.html

dentro del marco jurídico- y que propugne por dar conocimiento a los pobladores de todos y cada

uno de los efectos nocivos que traen dichos megaproyectos. La pugna en nuestro territorio debe

incoarse por la protección de lo originario y ancestral con apoyo de las instituciones de gobierno y

no hacía la privatización de los recursos naturales. Colombia se abre espacio para la exportación de

energía eléctrica y de recursos de índole extractivista, con cumulo de violación de derechos

humanos y deshumanización por el «progreso económico»

La lógica neoliberal donde se busca la privatización de todos los campos de la vida social ha

impulsado campañas frente a la desigualdad y la inequidad. La mercantilización de todos los

aspectos de la vida, ha llevado a la pobreza a miles de personas, la política de acuerdos y tratados

internacionales ha demostrado una deshumanización de los entes estatales hacía los colombianos y

colombianas, que día a día, luchan por encontrar una forma de subsistencia dentro de la

competitividad e individualismo que ha enmarcado en las ultimas décadas las políticas públicas del

poder constituido. El efecto lógico de lo que se ha desenvuelto, a lo largo de los años en Colombia,

es un despojo de tierras y territorios, y la generación de una violencia por el desplazamiento forzado

que trae implícitamente el extractivismo depredador que únicamente responde a los intereses de la

clase dominante del país. No puede permitirse más, que la distinción entre lo público y lo privado

se ejerza en términos en los cuales, lo público actúe exclusivamente para proteger a lo privado, eso

es un monopolio ejercido por parte del Gobierno para beneficiar a las multinacionales extranjeras en

detrimento del interés común, de los derechos originarios del pueblo, y una exterminación

sistémica contra las tradiciones propias de una pluralidad inigualable existente dentro de nuestro

territorio.

Las circunstancias políticas que vive el país, incluyendo aquellas que agravan y ahondan aun más

los problemas de la sociedad, no pueden hacer perder a los movimiento sociales y políticos la

perspectiva histórica con la que han visto su nacimiento y maduración como base indiscutible para

las luchas de reivindicación social y política. La fundación de nuestro país, se ha visto

históricamente como un suceso especifico, es decir, se le reduce a una sola fecha y a un único

acontecimiento que enmarca nuestra fundación como sociedad independiente. Olvidando por tanto,

la serie de cabildos y de decisiones decisivas emanadas desde el poder popular para emanciparnos

como una República, en realidad, para tratar de mantener una autodeterminación en la construcción

común por un contrato real igualitario.

Lo voluble de nuestro tejido social identifica claramente la complejidad de nuestra

autodeterminación y el fuerte compromiso con el que se cuenta para cambiar el statu quo que se nos

ha impuesto. No obstante, la misma esencia con la que se han desenvuelto las luchas sociales -con

sus errores y aciertos- han traído una serie de acontecimientos políticos que nos enmarcan hacia un

sistema político y económico muy bien definido, pero no por ello, inviolable. Una de las

características propias de la realidad se encuentra en la capacidad misma de poder ser reformada a

conveniencia, respondiendo, claro esta, a la necesidad.

Nuestros hermanos Latinoamericanos8 hoy están viviendo una serie de cambios institucionales

absolutamente profundos y estructurales en la búsqueda de la igualdad y equidad social, ¿Porque

no empezarlo a hacerlo ahora nosotros? Las reflexiones mínimas a las que tenemos que remitirnos

se encuentra en nuestro territorio, en nuestra Pachamama9

La Carta Política que hoy nos rige, y que establece un determinado constato social ya no responde a

los supuestos mínimos del clamor popular. Ella, ya no cuenta ni siquiera con su propia esencia, ya

que el poder político oligárquico excluyente en estos últimos veintitrés años se ha encargado de

realizarle treinta y ocho reformas que han apaciguado a aquel poder constituyente que la redactó y

que en su momento trato de responder a los clamores sociales. La creación del sistema general de

regalías10, o la ley de la regla fiscal11 son pequeñas muestras de lo que el modelo económico

neoliberal imperante en Colombia puede hacer, o en otras palabras, lo que hoy vivimos de acuerdo a

las políticas públicas del Estado, no es más que el recrudecimiento de la pobreza social y territorial

con la que hoy carga el pueblo colombiano.

Elaborar una Carta Política no es tarea sencilla. Necesita de un compromiso social y de una

voluntad generalizada por querer cambiar las cosas como las conocemos, se necesita entonces, un

compromiso hacia abolir la pobreza a la que nos ha llevado el modelo estatal actual. La posibilidad

de una Asamblea Nacional Constituyente se erige entonces como un campo de lucha política por

alcanzar los objetivos sociales, por comenzar a reestructurar desde los cimientos a la sociedad,

alcanzando per se la igualdad económica, social y política con la que ha soñado nuestro pueblo.

8 Cambios que se dan en Bolivia con la Carta Política del 2006, en Ecuador con la Carta Política del 2007, en Venezuela con la Carta Política de 1999, y los procesos pre-constituyentes que están viviendo tanto Chile como Brasil donde los movimientos sociales han logrado grandes avances en búsqueda de una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente originaria 9 La Pachamama es una deidad Inca con la cual se suele representar a ta tierra dentro de la cosmovisión indígena. 10 Acto legislativo 05 del 2011. «Por el cual se constituye el Sistema General de Regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución y se dictan otras disposiciones. 11 Acto legislativo 03 del 2011 y ley 1437 del 2011. El primero le da a la «Sostenibilidad fiscal rango constitucional; el segundo se enmarca en la política que «el gasto del Estado no puede ser superior a la meta anual establecida» poniendo en grave peligro el reconocimiento de los Derechos Fundamentales de los ciudadanos.

El lograr posicionar una Asamblea Nacional Constituyente es la única oportunidad con la que se

cuenta para acabar con las políticas publicas del gobierno, que ha estructurado desde todos los

ámbitos posibles el mantener el modelo económico extractivista generador de pobreza, y

desplazamiento; que roba nuestros recursos naturales y destruye la naturaleza. Han sido tantas y tan

sistemáticas las reformas que se han realizado para mantener y ahondar cada día más en políticas

de explotación minero-energéticas desiguales y con poca participación, que la única forma de

establecerse en pie de lucha por cambiarlo se encuentra en una Asamblea Nacional Constituyente,

no solo porque ella puede cambiar el modelo económico existente, sino, porque lograría derogar -

con base en una nueva constitución- cada una de las leyes que han sido dictadas por el gobierno en

un marco de exclusión e inexistencia de participación social.

La proliferación de los títulos mineros y de las concesiones efectuadas por el gobierno se han hecho

de una manera unilateral, aquellos principios que la Carta Política establece donde el poder popular

es el verdadero soberano, ha sido violentado. Las comunidades rurales, indígenas, afros, y cualquier

otra que habite cada rincón del territorio ha perdido las garantías de participación, han visto como

las consultas populares reconocidas en la Carta Política no son vinculantes, viendo por tanto las

destrucción de sus paisajes de su riqueza y de su población.

Es de especial importancia entonces, no solo lo referente a la explotación de la naturaleza en un

marco de sostenibilidad, igualdad y equidad; hay que entrar a discutir con el poder originario la

participación sobre el subsuelo. Tradicionalmente se ha considerado al subsuelo un tema único y

propio del Estado, es decir, de aquellos que se encuentran dentro del poder constituido y que por

ende son los únicos que obtienen un beneficio real sobre él. Todo lo referente al subsuelo es un

beneficio generalizado con el que cuentan los colombianos y las colombianas, que debe ser

discutido en un marco de igualdad y regularización, así se comienza alcanzar los objetivos

fundamentales de lo que es la igualdad y con ella la participación popular. Desde ese tópico en

especifico es que se puede comenzar a debatir por parte del pueblo colombiano la pertinencia sobre

las concesiones, la apropiación privada de los recursos naturales y las contraprestaciones

económicas que ello conlleva.

El actual proceso pre-constituyente que vive Colombia, encarna la posibilidad de construir una

nueva Carta Política, que elimine los principales problemas minero-energéticos, y que se explica

entorno a los clamores populares. Los sucesos recientes del país como lo es la movilización

permanente de la sociedad en pro por un cambio estructural del Estado, es un cumulo histórico de

condiciones de posibilidad en la perspectiva hacía un futuro, hacía un nuevo contrato social que no

solo reestructure el modelo de Estado actual, sino que dentro de un marco de legalidad se logre que

los proyectos mineros, de hidrocarburos, y energéticos midan los impactos que tienen sobre el

medio social y natural en donde se han desarrollado y desarrollarán. Sin olvidar, establecerlos en

beneficio de las comunidades, con modelos de producción campesina orientados a la soberanía

alimentaria y la conservación del medio ambiente.

Es perfectamente conocido, que el actual sistema de regalías, es una de las formas más fuertes de

centralización económica que ha vivido el país desde la Carta Política del 91. El gobierno en el

sistema actual, tiene la facultad de concentrar el gasto público y desde su orden central, establecer

de acuerdo a sus propias percepciones, la inversión. De ahora en adelante, la regiones que exponen

sus recursos naturales, su población, ademas de tener que soportar con la carga que implícitamente

trae la explotación minera, no reciben la proporción de lo que sacrificaron. Si bien la reforma

permite una mejor planeación de la gran explotación minera, ¿Que pasa con la pequeña minería, la

minería ancestral y la minería tradicional? El estado de cosas actuales, ha llevado que el gobierno

acapare los beneficios de los recursos naturales y con ello, la inequidad frente a los beneficios.

Cuando se habla de Asamblea Nacional Constituyente, se habla de una practica política

transformadora, en la cual el pueblo rompe con la división social impuesta por el poder constituido.

De ahí, que el pueblo y las organizaciones sociales no son herramientas para lograr convocar a una

Asamblea Nacional Constituyente, en realidad son el poder constituyente, que logra ser creativo al

poder cambiar desde aquello que les ha sido arrebatado el Estado para volverlo inclusivo e

igualitario. Un poder constituyente, construido en conjunto, es liberador en la medida que rompe los

esquemas que se le impusieron, ademas de fundador de una revolución del estado de cosas en el que

vive. Solo una Asamblea Nacional Constituyente lograría romper con la lógica que hoy conocemos

con lo minero-energético del país.

La Asamblea Nacional Constituyente es el mecanismo más adecuado y más importante para

cambiar las lógicas con las que se ha vivido dentro del ámbito minero-energético del país ¿Porque?

Sencillamente porqué el poder constituido ha surgido dentro del ámbito nacional con una serie de

políticas en diferentes intereses. Lograr victorias sociales en determinados aspectos, es mantener lo

que conocemos en otros. El hecho de lograr cambiar la política minero-energética desde un aspecto

únicamente legalista, es permitir que en los años venideros el poder constituido vuelva a tratar de

cooptar aquellas victorias sociales, es decir, el cambio por el que debe el poder constituyente velar,

es por un cambio del modelo de Estado, un cambio en el modelo económico y un cambio en la

organización social existente. Solo la victoria desde ese punto de vista lograría garantizar un Estado

que responda a las generaciones futuras.