La Exclusión Social, El empleo y la Pobreza en las Américas

Aliaza Social Continental y Common Frontiers-Canada

Foro de la Sociedad Civil de las Americas, Toronto, Canada, Noviembre 1999

INTRODUCCIÓN: LA DESREGULACIÓN GLOBAL AGRAVA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Las organizaciones afiliadas a la Alianza Social Continental Hemisférica han estado permanentemente advirtiendo sobre los peligros de una globalización desregulada: de los crecientes índices de pobreza y desigualdades, de los trastornos sociales, de la marginación, y degradación ambiental. En los últimos dos años, especialmente desde la crisis asiática de 1997 otras organizaciones hacen eco a nuestras preocupaciones.

Organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y el Banco Mundial han documentado lo que ya sabíamos sobre las realidades de nuestro hemisferio: la inequidad y la pobreza han empeorado con la liberalización del comercio y la inversión. Nuestro hemisferio incluye a la vez la nación más rica del mundo y algunos de los países más pobres y menos desarrollados del planeta. Esta brecha existe entre las naciones y dentro de ellas. Virtualmente en cada país de nuestra región, Estados Unidos incluido, se pueden encontrar lugares donde una pequeña élite, adinerada y próspera, se ve rodeada por miles o millones de personas empobrecidas que luchan por encontrar un empleo decente en las ciudades o por lograr una subsistencia digna mediante la agricultura o la pesca. En casi todos los países, existen miles de personas sub-empleadas y sin vivienda, miles de desempleados y desempleadas y emigrantes en busca de tierra o de trabajo. En muchos países los pueblos indígenas se encuentran geográfica, política y económicamente marginados y empujados a tierras más pequeñas y menos productivas donde no es posible subsistir.

Es excesiva la cantidad de gente simplemente excluida de la estabilidad laboral, empleos estables, acceso a bienes raíces, (propiedades) viviendas y crédito, y del acceso a la educación, servicios de salud y un medio ambiente sano. la participación en la economía y de la sociedad en general es excesiva. La exclusión social ha acarreado graves trastornos a la cohesión social—puesto que se ha incrementado la inseguridad, la migración, la degradación ambiental y la criminalidad. Somos demasiados quienes estamos en la imposibilidad de ejercer nuestros derechos democráticos y contribuir a dar forma a las economías nacionales, de manera que éstas cumplan con el objetivo de responder a las necesidades de la gente en vez de las de un pequeño grupo de inversionistas. La exclusión social a menudo tienen "rostro" de mujer, de joven y de gente de color. Amplios sectores de la población han sido excluidos de una participación activa en la toma de decisiones en asuntos económicos, sociales y políticos en los países de nuestro hemisferio.

La exclusión social ha traído como consecuencia una creciente concentración de la riqueza sin ningún esfuerzo por incluir a todos los miembros de la sociedad en los beneficios del crecimiento económico para construir la capacidad social, incrementar la cohesión social, y

asegurar la protección de los derechos humanos y del medio ambiente. Es irónico

ver que mientras nuestras economías y políticas gubernamentales se encuentran

cada vez más integradas y concentradas, nuestras sociedades se ven cada vez más

fragmentadas y desintegradas.

La exclusión social no es nueva en nuestro hemisferio. Cuando comenzó la colonización de las Américas muchas formas de discriminación fueron implementadas para justificar sistemas económicos que llevó grandes riquezas a las naciones europeas. Los efectos de estas políticas son aun sentidos. Con el proceso de globalización se han exacerbado las diferencias de género, raza, étnica, capacidades mentales y físicas, etarias y orientación sexual. Ha existido una larga historia de represión de los excluidos sociales, especialmente cuando han puesto en tela de juicio al modelo económico dominante.

Tal como lo ya hemos argumentado en las reuniones anteriores de los ministros de comercio en las dos Cumbres de las Américas (Miami, 1994 y Santiago 1998), y durante la Primera Reunión de Jefes de Estado y Gobiernos de Europa, América Latina y el Caribe (Río de Janeiro, Junio

de 1999), acabar con la exclusión social y la pobreza debe ser el objetivo central para la cooperación de nuestras naciones. El comercio e la inversión no deben ser sólo fines en si mismo, sino instrumentos para obtener un desarrollo justo y sustentable.

A continuación desarrollamos cuatro temas que nos preocupan sobre la relación entre la liberalización del comercio e inversión por un lado y el desarrollo social y la protección ambiental por el otro.

PRIMER TEMA: EL INCREMENTO DE LA POBREZA E LA INEQUIDAD

En el último cuarto del siglo, la mayoría de los países de nuestro hemisferio han implementado cambios radicales en sus políticas económicas y sociales. La terminología de la "liberalización" ha sido utilizada para describir esta tendencia. Hemos experimentado un retorno a las antiguas posturas de "libre mercado" que fueron dominantes antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial. El rol del estado como ente regulador y redistribuidor del ingreso ha sido constantemente satanizado. Las empresas y funciones del Estado han sido privatizadas y desreguladas. Los salarios se han mantenido bajos y los intereses altos. Este es un cambio histórico, un alejamiento de las políticas Keynesianas que son la base de muchas políticas nacionales e internacionales a los problemas sociales y económicos del período post-guerra. Al centro del neoliberalismo encontramos la misma idea que ha guiado formas anteriores de liberalización económica -- en las cuales el capital privado tiene rienda suelta para seguir sus propios intereses nacionales e internacionales.

Estamos fundamentalmente opuestos a este camino. Como decimos enAlternativas para las Américas, la diferencia no reside en si aceptamos o no la apertura de nuestras económicas al comercio exterior. Nuestra oposición descansa en dos conceptos fundamentales: 1) Si tener un proyecto nacional y luchar activamente por él o no tenerlo y dejar al mercado la definición del proyecto nacional; y 2) Si se regula o no supranacionalmente al capital, especialmente especulativo.

Muchos países de América Latina y el Caribe han sido pioneros en las políticas neoliberales. Chile inició sus drásticos ajustes estructurales en los años 70 bajo la dictadura de Augusto Pinochet, quien tras un sangriento golpe de estado arrolló al movimiento popular. Durante los años 80, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) promovieron programas de "ajustes estructurales" a través de todo el hemisferio. Estos ajustes estaban diseñados para crear un clima propicio para la inversión extranjera y al libre flujo de bienes a través de nuestras fronteras. Los acuerdos de "libre comercio" han seguido las políticas de ajuste estructural, "fijando" las políticas neoliberales que facilitan el libre movimiento de productos y servicios al tiempo ofrecen nuevas oportunidades a la inversión extranjera. Estas políticas han continuado sistematicamente saqueando los recursos humanos y naturales en nuestro países.

Los tres países firmantes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), han experimentado dramáticos cambios económicos antes y durante la entrada en vigencia del TLCAN en 1994. México desde 1982 ha transitado por su más dramática transformación económica después de la segunda guerra mundial, revirtiendo políticas de larga data, eliminando instituciones, y reformando sus leyes. Canadá y Estados Unidos han sufrido también una versión propia de los ajustes estructurales, reduciendo los programas de asistencia social y de seguro de desempleo, privatizando las empresas estatales, reduciendo el rol regulador del Estado y promoviendo la inversión extranjera y el comercio por encima de otros intereses nacionales.

Por lo tanto no fue sorpresa que los índices de pobreza se agravaran durante los años 80, período en el cual, las políticas de ajuste estructural se hicieron comunes. Aun así, los neoliberales preveían que después del "apretarse el cinturón" las cosas mejorarían. El año pasado, durante la Cumbre de Santiago nuestros gobiernos afirmaron con convicción que la prosperidad se puede crear "mediante la integración económica y una mayor apertura de las economías". Muy al contario, las condiciones de la gente trabajadora y empobrecida se ha deteriorado a fines de los 90.

En los últimos años se ha ido incrementando la brecha de ingresos entre los estratos más ricos y los más pobres, período que coincide con el auge en el comercio y la inversión extranjera. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), las desigualdades económicas han aumentado en 7 de 12 países estudiados

entre 1990 y 1997. Y como subregión, América Latina tiene la peor distribución de ingresos del mundo.

Las disparidades de ingreso no sólo no han mejorado, sino por el contrario han aumentado en las economías de rápido desarrollo y altamente liberalizadas como la chilena, al igual que en los dos países más desarrollados del hemisferio, siendo Canadá y Estados Unidos. Entre las naciones más industrializados, es Estados Unidos el país con el mayor nivel de desigualdad de ingresos.

La pobreza continúa siendo un rasgo prominente en nuestro hemisferio, tanto en el norte como en el sur. A pesar de los avances logrados durante los primeros años de los 90, al salir de la "década perdida" de los años 80, los índices de pobreza de la mayoría de las naciones se han mantenido o en su defecto han empeorado, comparado con el año 1980.

En 1997, el nivel de pobreza en América Latina, después de varios años de crecimiento económico sostenido, era de un 36%, inferior al 41% de 1990, pero aproximadamente en la misma proporción que en 1980 (35%).

En términos absolutos, el número de pobres se ha incrementado a un ritmo constante en América Latina subiendo desde la cifra de 136 millones en 1980 a 204 millones en 1997. En otras palabras, una o más de cada tres personas vive en la pobreza. Aproximadamente 90 millones, es decir un 15%, son indigentes – gente que vive en la extrema pobreza, impedida de satisfacer sus necesidades básicas – una proporción que tampoco ha mejorado desde 1980. En las áreas rurales, la pobreza se ha incrementado desde un 28% en 1980 a un 31% en 1997.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en las Américas existen todavía 105 millones de personas sin acceso regular a los servicios de salud. En muchos países de nuestra región, el acceso a la educación aun depende de los niveles de ingreso. Informes de la CEPAL revelan que por lo menos cinco países latinoamericanos no podrán lograr la meta de asegurar acceso universal a la educación primaria para el año 2000.

En los tres países miembros del TLCAN, acuerdo que algunos miembros de la comunidad empresarial proponen como el modelo para el ALCA, la pobreza no ha dado muestras de disminución, a pesar del impresionante

crecimiento de las inversiones y del intercambio comercial. Canadá, país que detenta el primer lugar en el Índice de Desarrollo Humano del PNUD, ha tenido que admitir el carácter de "crisis nacional" en lo referido a la situación de pobreza de la infancia. Aproximadamente 1,5 millones de niños y niñas (uno de cada cinco) viven bajo el nivel de pobreza, lo que representa un aumento del 45% entre 1989 y 1995.

Estados Unidos, denominado por su gobierno como la "envidia del mundo" por su estelar desempeño económico, cuenta no obstante con una población en la cual una de cada cinco personas vive en la pobreza. En algún momento del año dos millones de personas son afectadas por la falta de vivienda. El promedio de los sueldos reales y los ingresos por familia han disminuido en los últimos 25 años.

México, que supuestamente se iba a integrar al "primer mundo" a través de su acceso al lucrativo mercado norteamericano, ha presenciado un enorme incremento de la pobreza en los últimos años. Los índices de la pobreza subieron de un 50% en 1991 al 66% en 1994, precisamente cuando México experimento cambios estructurales destinadas a la liberalización de su economía. Después de la firma del TLCAN en 1994, la pobreza ha aumentado aun más.

De este modo la pobreza persiste, a pesar que nuestras naciones han aplicado diligentemente las recetas del TLCAN, de la OMC. La pobreza continúa a pesar que nuestros gobiernos acordaron en la Cumbre de las Américas en Santiago que "erradicar la pobreza continúa siendo uno de los grandes desafíos a enfrentar en nuestro hemisferio".

Es importante reconocer que la vía neoliberal hacia la globalización que hoy predomina en nuestro hemisferio no es la única ni mucho menos la mejor forma de insertarse en la globalización. Como resultado de acentuar el aumento de la competitividad en base a la mano de obra barata y la explotación de los recursos naturales, son las y los trabajadores y el medio ambiente que sufren.

La liberalización le otorga ventajas comparativas al capital -- a aquellos con más capital, tierra y habilidades -- aumentando la concentración de sus activos y favoreciéndolos en la rentabilidad del capital por sobre la rentabilidad laboral. Ello inevitablemente conduce a mayores niveles de desigualdad, aun economía esté en auge.

El empeoramiento en los términos de intercambio comercial, la deuda externa, y las desreguladas políticas de inversiones son también factores que limitan las posibilidades de las naciones para promover un desarrollo humano equitativo. Numerosos países de nuestra región dependen de la exportación de mercancías para mantener sus economías, lo cual se ha hecho más evidente debido a las políticas de liberalización comercial. Sin embargo, los precios de las mercancías han venido decayendo precipitosamente en los últimos años, reduciendo drásticamente los ingresos. Entre 1980 y 1997, el precio de la goma (caucho) decayó en un 52%, el del café en un 64% y el del azúcar en un 73%.

Contrario a los principios morales, los organismos otorgadores de crédito aumentaron las tasas de interés en forma unilateral durante los años 80 de un 3% al 20%. Como resultado, para muchos países, el pago de la deuda externa hoy en día se hace prácticamente imposible. América Latina y el Caribe asignan el 33% de sus ingresos por exportaciones al pago del servicio a la deuda externa, una proporción más alta que la que paga África o Asia. La utilización de inversión extranjera con fines especulativos de corto plazo también desvía la preocupación y recursos para un desarrollo integrado, productivo y de largo alcance en cada país.

Se ha incrementado el papel de las empresas de servicio del sector privado en la planificación y prestación de servicios en las áreas de salud, educación y asistencia social. La privatización sigilosa de los servicios sociales ha traído como consecuencia no solamente la pérdida de fuentes de empleo, sino también la reducción de servicios sociales y público.

Nuestros países se han comprometido en varias cumbres de las Naciones Unidas a erradicar la pobreza, universalizar el acceso a la educación, salud y vivienda digna, promover y defender los derechos de la mujer, mejorar las condiciones de vida de la infancia, y respetar la integridad cultural de los pueblos originarios. No obstante, el camino de la liberalización de las economías al libre comercio y la inversión frustra estas metas.

La crisis económica y social que hoy afecta a muchos de los habitantes de nuestro hemisferio nos advierte del peligro del camino a la liberalización. En América Latina y el Caribe la tasa general de crecimiento fue de un 2,3% en 1998, y se espera que la tasa de crecimiento medio para 1999 sea menos del 1%. Varios países de la región se encuentran en una situación de recesión económica.

Una estrategia de integración económica para nuestro hemisferio no puede producir "prosperidad para todos" al menos que rechace la vía neoliberal, confronte directamente los obstáculos estructurales al desarrollo sustentable y tome medidas deliberadas por construir economías sólidas e integradas con la participación efectiva de todos los miembros de la sociedad.

1. Recomendaciones sobre el ALCA la pobreza e inigualdad:

La liberalización económica de nuestro hemisferio no ha contribuido a la eliminación de la pobreza y la desigualdad. Creemos que con la expansión económica, el problema de la desigualdad seguirá creciendo si no es confrontado directamente. Es más, ka decisiones sobre la economía de la región no deben ser tomadas sin previa consulta pública. La opinión de la ciudadanía debe complementar a la democracia ejecutiva.

A.1 Los gobiernos deben asegurar que las necesidades humanas tengan un rol primordial en el desarrollo y que el intercambio comercial sirva a esas necesidades y sea guíado por la justicia social.

A.2 Un acuerdo de libre comercio de las Américas debe incluir como objetivo principal, la erradicación de la pobreza y las desigualdades, dentro de y entre las naciones, al igual que entre los sexos y las razas.

A.3 Las naciones otorgadoras de créditos deben condonar los siguientes componentes de la deuda externa a los países en vías de desarrollo: la deuda impagable (aquella que no puede ser pagada sin poner en riesgo al estrato más pobre); la deuda que concretamente ha sido pagada; la deuda producto de políticas y proyectos mal diseñados; y la odiosa deuda adquirida por regímenes dictatoriales. [Temas importantes en la campaña del Jubileo 2000 expresadas en la Declaración de Roma del 17 de noviembre de 1998] (ver nuestras recomendaciones en el documento La Inversión, las Finanzas y la Deuda en las Américas)

A.4 Previo a la implementación de cualquier acuerdo comercial hemisférico de libre comercio, los gobiernos deben asegurar que contenga un plan de acción con objetivos y metas para que los gobiernos de todas las naciones del hemisferio respeten los compromisos para el

desarrollo humano iniciados en las siguientes conferencias de las Naciones Unidas (ver además la sección 4)

Cumbre Mundial en Favor de la Infancia (Nueva York, 1990) Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el

Desarrollo (CNUMAD) (Río de Janeiro, 1992) Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993) Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (Cairo,

1994) Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sostenible sobre el

Desarrollo de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (SIDS) (Barbados, 1994)

Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995) Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (Cumbre del Desarrollo)

(Copenhague, 1995) Cumbre Mundial sobre la Alimentación (CMA) (Roma, 1996) Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre

Asentamientos Humanos (Hábitat II) (Cumbre Urbana) (Estambul, 1996)

51º Asamblea Mundial sobre la Salud (Ginebra, 1998)

A.5 Se debe reconocer que la privatización de la educación pública y los servicios de salud se está implementando profundizando las desigualdades, reduciendo los niveles de entrega, aumentando el peso sobre profesores y proveedores de servicios de primera necesidad, muchas de las cuales son mujeres. Los gobiernos deben:

a. excluir la salud y la educación de los acuerdos de libre comercio;

b. deben velar por la calidad de estos servicios; c. asegurar que estos servicios sean universales y asequible, y deben

responder por ellos; d. reconocer, respetar y defender los derechos los pueblos originarios

en relación a la práctica, preservación y desarrollo de la medicina tradicional.

A.6 Las naciones donantes de nuestro hemisferio deben implementar el compromiso de las Naciones Unidas para canalizar el 0,7% del PNB al desarrollo internacional. Los gobiernos que entren en acuerdos bilaterales deberán implementar la política de reciprocidad de las Naciones Unidas, la Iniciativa 20/20. La iniciativa prevé que un mínimo

del 20% de la ayuda externa y el 20% de las rentas públicas del gobierno receptor sean invertidas en servicios sociales básicos. Se tiene que evaluar el impacto de las políticas y programas del Banco Mundial y el FMI, con la participación de la sociedad civil y comunidades locales. Programas de alivio de la pobreza en vez de tratar al pobre como una víctima indefensa, lo debe incorporar como un sujeto activo en la transformación de sus sociedades.

A.7 Los gobiernos deben tomar en cuenta las grandes diferencias en los niveles de desarrollo económico en el hemisferio cuando se entra en cualquier acuerdo comercial, y se deben establecer mecanismos que compensen el desarrollo social, tal como lo hace la Unión Europea. Además las asimetrías regionales deben ser consideras en las negociaciones sobre la reducción de los gravámenes comerciales. Nuestros países deben también continuar discutiendo el modelo de desarrollo actual y las alternativas presentadas por las comunidades, promoviendo el respeto por la organización social, económica y política de los pueblos originarios.

A.8 Los gobiernos deben reconocer su rol y responsabilidad en:

a) facilitar el debate democrático sobre acuerdos internacionales de libre comercio, asegurando la participación de la sociedad civil (ver Sección 4);

b) implementar políticas económicas y sociales que fortalezcan el bienestar de todos los habitantes, reconociendo la historia y los derechos específicos de los pueblos originarios;

c) responder a las necesidades específicas de las mujeres en el presupuesto nacional y en la ayuda externa;

d) promover un nuevo modelo de desarrollo basado en la participación popular en la planificación, toma de decisiones, implementación y evaluación de los planes de desarrollo.

TEMA 2: LA DIMINUCIÓN DE LA ESTABILIDAD LABORAL Y DE NORMAS LABORALES

Los defensores del libre comercio y de la liberalización económica, tales como el Foro Empresarial de las Américas, sostienen que éste creará prosperidad y empleo al aumentar las oportunidades para el comercio. De hecho la gente trabajadora ha presenciado una enorme pérdida en la estabilidad en el empleo en todo el hemisferio. Los trabajos permanentes han sido reemplazados por empleos precarios y temporeros, con pocos beneficios y bajos salarios. Los derechos internacionales de los trabajadores están en riesgo a través de todo el hemisferio, como consecuencia, ha traido un impacto negativo en el derecho ha ejercer la libre asociación, la negociación colectiva y el derecho a huelga.

Entre 1971 y 1998, un periodo en el cual, prácticamente, todos los gobiernos de la región redujeron las regulaciones comerciales y los controles sobre el capital, 17 de 18 países de América Latina muestran un deterioro del empleo o de los salarios reales, o de ambos. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el poder adquisitivo de las y los trabajadores se redujo dramáticamente durante los años 90, alcanzando un nivel 27% inferior al que valía en 1980.

Se han creado muy pocos empleos en el llamado "sector moderno". Casi todo el crecimiento en el empleo se ha dado en el sector informal. Los trabajadores y trabajadoras del sector informal están por definición excluídos de beneficios tales como seguros de salud, estabilidad de empleo y seguridad social, como sus empleos no son sindicalizados ni tampoco están legalizados ante los gobiernos. La mayoría de los empleos domésticos se encuentra también dentro del sector informal sin beneficios legales ni estabilidad laboral. La dimensión del sector informal ha aumentado en casi todos los países de América Latina entre 1990 y1996. En total, el sector informal constituía el 57% de la fuerza laboral del sector no-agrícola de América Latina en el año 1996.

Hoy más que nunca en el hemisferio las mujeres trabajan en empleos remunerados. Por un lado, esto significa nuevas oportunidades para las mujeres. Pero por otro lado, las mujeres están desproporcionadamente representadas en los empleos de más bajos salarios y con las peores condiciones de trabajo. Una gran proporción de quienes trabajan en el sector de la maquila y en las empresas agro-exportadoras son mujeres. Casi una cuarta parte de las mujeres asalariadas en América Latina (23%) ganan menos que el salario mínimo, una proporción mucho más alta que en el caso de los hombres (11%.) Las mujeres latinoamericanas ganan un cuarto menos (y hasta la mitad menos) que sus contrapartes hombres, mientras en

América Norte, las mujeres que trabajan por un salario perciben aproximadamente un 20% menos que los hombres.

Tanto en el Norte como en el Sur, los empleadores capitalizan debido al aparente interés de las mujeres en el trabajo a tiempo parcial, trabajo a destajo, o trabajo a domicilio, lo cual les permite combinar el empleo con la responsabilidad del cuidado infantil. Esto pareciera ser una "opción" muy popular para las mujeres, sin embargo ellas tienen muy pocas alternativas ante la ausencia de guarderías financiadas con fondos públicos y otros apoyos para la familia.

Los nuevos empleos se encuentran principalmente en industrias orientadas a la exportación de partes, a bajos salarios, para las empresas transnacionales. La globalización ha aumentado la subcontratación, especialmente de las muejeres trabajadoras. Los subcontratistas, están por lo general ubicados fuera del ámbito que norma las relaciones laborales. En el sector público, la reestructuración y las privatizaciones han causado despidos masivos. Los despidos han intensificado son producto de las medidas impuestas por los paquetes de "rescate" impuestos por el Fondo Monetario Internacional (FMI). En algunos países se han creado nuevos empleos en la agricultura pero principalmente en granjas agro-exportadoras en la colecta de frutas u hortalizas. Los horarios son largos, y las condiciones de trabajo son regularmente pobres y peligrosas.

Los riesgos ocupacionales son un problema serio en toda la región. La OPS reporta que 300 trabajadores y trabajadoras mueren cada día en América Latina y en el Caribe debido a los accidentes en los centros de trabajo, cifra que aumenta a diario.

Desde 1981, los servicios de nuestros frágiles sistemas de seguridad social han sido privatizados y restructurados. Ello no tan solo ha dañado a sus beneficiarios sino que tambien a colocado a la gente en situación de mayor vulnerabilidad.

Mientras las condiciones económicas han empeorado se ha manifestado, un incremento de las peores formas de violencia y explotación sexual de las mujeres, espcialmente de las adolescentes y mujeres jóvenes.

La inmigración nacional e internacional, ha aumentado en varios países. Las leyes y reglas de emigración son más restrictivas, más crueles e

inhumanas, y las trabajadoras y trabajadores emigrantes carecen o tienen poco acceso a los derechos laborales.

En varios lugares de Estados Unidos y Canadá se han implementado esquemas de "workfare". Los programas de "workfare" exigen que la gente sin empleo trabaje a cambio de beneficios precarios en un sistema leonino y degradante. Los programas del workfare han remplazado también puestos de trabajo en el sector público y privado, especialmente en las municipalidades. En Estados Unidos, la utilización laboral de presos en los últimos años se ha incrementado al punto que hay quienes especulan que el crecimiento desproporcionado de las mega-prisiones sea parte de una estrategia para asegurar mano de obra barata en Norte América.

El trabajo infantil es una realidad constante en la mayoría de los países de la

región. La OPS estima que 19 millones de niñas y niños trabajan en las

Américas.

En general, en relación a las economías más "cerradas" del pasado, el incremento del empleo no ha mejorado bajo los regímenes de intercambio liberalizado. La OIT declara en forma categórica en su informe más reciente sobre la situación laboral de las Américas que "el crecimiento económico y la estabilidad de los precios no han producido mejoras significativas en la situación de empleos o de sueldos."

Se ha ido incrementando el nivel de desempleo en América Latina y el Caribe durante los años 90, especialmente a partir de la crisis asiática de 1997. Según la OIT, el desempleo en América Latina y el Caribe podrá alcanzar un 9,5% en 1999, " sobrepasando el punto más alto de los índices de desempleo alcanzados durante la crisis de deuda externa de los años 80, a pesar de un década de modernizaciones y reformas económicas."

El MERCOSUR, el Acuerdo Comercial de los Países del Cono Sur que incluye a Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, ha fallado también en cumplir con las promesas de aumentar la cantidad y la calidad de los empleos. Se estima que 300.000 empleos se perdieron en la agricultura

e industria brasilera a causa de la liberalización de las regulaciones comerciales de 1995 y 1996. En el conjunto de los cuatro países, casi dos tercios de los 80 millones de trabajadores y trabajadoras asalariadas laboran en empleos sin regular y sin beneficios. A pesar de un interés inicial por seguir una aproximación gradual y sectorial a la liberalización comercial, los gobiernos de la región optaron por imponer políticas competitivas basadas en bajos salarios, bajos estándares sociales y reducidos impuestos. Los empleadores de las empresas transnacionales pueden poner a un país en contra de otro, aprovechándose de las ventajas concedidas producto de la falta de reglamentación laboral.

El TLCAN y el empleo

En los primeros cinco años de su implementación, las promesas del TLCAN no se han cumplido para los trabajadores de ninguno de los tres países miembros. Aunque el empleo ha aumentado en los últimos años, ha existido una pérdida significativa de remuneraciones altas en el sector de la manufactura, dando como resultado presiones por reducir sueldos y normas.

En Estados Unidos y Canadá la mayoría de los nuevos empleos se localizan en el sector de los servicios, con salarios inferiores, pocos beneficios y bajos índices de sindicalización. En su mayoría son empleos a tiempo parcial o temporarios. En ambos países los empleadores utilizan la amenaza del traslado de la producción a los países del Sur de acuerdo a las disposiciones del TLCAN con el fin de disuadir a los que intentan organizar sindicatos o presionar por mejores salarios. El programa de seguro de desempleo se ha recortado en Canadá para aproximarlos a los índices más bajos de cobertura que son la regla en Estados Unidos. Los bancos y las empresas administradoras de sistemas de salud esperan ansiosamente una mayor privatización de los planes de pensiones y de los servicios de salud, en la senda del modelo ya implementado en Chile. Los aumentos salariales han sido mínimos, permitiendo apenas recuperar lo perdido durante la recesión experimentada en Norte América a principios de los años 90. En Canadá, el desempleo se mantiene alto, cerca de un 8% a nivel nacional.

La situación de México requiere un análisis especial, en tanto es utilizado como modelo para el ALCA. ¿Ha sido la liberalización

económica beneficiosa para las trabajadoras y trabajadores mexicanos? Los hechos dicen que no:

o La cantidad de desempleados creció de 819.000 en 1993 a

985.000 en 1997.

o La cobertura de la seguridad social declinó para la población

económicamente activa (PEA) de un 36% en 1993 a un 33% en

1998.

o Casi dos tercios de las trabajadoras y de los trabajadores no recibe ningún tipo de beneficio de empleo, ni siquiera los

exigidos por ley (seguridad social, pago de vacaciones y bonos por

feriados oficiales).

o La proporción de trabajadoras y trabajadores que perciben un salario inferior al mínimo ha aumentado, de un 19% en 1993

a un 21% en 1997.

o El salario promedio mínimo perdió más de un 75% de su poder adquisitivo entre 1976 a 1998.

o El trabajo infantil continúa, a pesar de ser ilegal bajo la ley

mexicana. De acuerdo a algunas estimaciones existen más de 10

millones de menores trabajando.

o La productividad ha aumentado pero los salarios han disminuido. Durante el período del vigencia del TLCAN la

productividad laboral en el sector manufacturero ha aumentado en

un 36%, sin embargo los salarios reales han decaído en un 17%.

Es difícil separar los efectos del TLCAN de las características de la re-estructuración y de la integración económica. El TLCAN ha tenido un fuerte impacto negativo en el mercado laboral creando un marco proclive en el cual las opciones de las políticas sociales están predispuestas en favor de la competitividad y el libre movimiento de capitales, a la vez que se aleja de las normas y los derechos laborales. A pesar de la presentación de numerosas demandas por violaciones a los derechos laborales en México, bajo el contexto del Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN), no se han registrado cambios estructurales que mejoren las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras.

Este siglo se inauguró con la lucha por reducir la semana de trabajo, por el pago de horas extras y por un salario mínimo decente. Los trabajadores y trabajadoras organizadas lucharon exitosamente para que

sus derechos fueran reconocidos en las leyes nacionales y en los acuerdos internacionales. Sin embargo ahora, el slogan es "la flexibilidad" – en pos de lograr una fuerza laboral con pocos trabajadores de planta y una gran masa de trabajadores temporales y de corto plazo.

Tal como se ha señalado en el documento Alternativas para las Américas, la gente trabajadora de nuestra región cree que un sistema de intercambio comercial justo es aquel que reconoce que las normas laborales y otras medidas para mejorar el bienestar de las trabajadoras y trabajadores no pueden ser dejadas exclusivamente en las manos del mercado. Al menos que se den pasos concretos para promover los derechos laborales, la liberalización económica continuará empujando hacia abajo las normas laborales y la estabilidad en el empleo a través de todo el hemisferio.

Recomendaciones relativas al empleo y el ALCA

La liberalización en nuestro hemisferio descansa en un deliberado ataque a las normas laborales y a los derechos de los trabajadores y trabajadoras. La pérdida de la estabilidad laboral y de el deterioro de las condiciones de trabajo deben ser enfrentados directa y deliberadamente, y revertido en los acuerdos hemisféricos de libre comercio..

B.1 Los gobiernos deben asegurar la ratificación, implementación y fiscalización de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativos a los derechos fundamentales de las y los trabajadores. (ver el listado de convenciones en la sección 4)

B.2 Se debe incluir en cualquier acuerdo hemisférico de libre comercio una Cláusula sobre los Derecho de las Trabajadoras y los Trabajadores basada en los siete convenciones centrales de la OIT, con mecanismos que le permitan un rol fiscalizador y de supervisión

B.3 Los gobiernos deben incluir en todo acuerdo hemisférico de libre comercio mecanismos para el ajuste y la creación de empleos de alta calidad, con cupos específicos para las mujeres. Estos mecanismos deben contar con:

a) la administración de fondos nacionales, donde contribuya el empleador para compensar a aquellos que pierdan sus fuentes de empleo debido a la reestructuración;

b) programas de capacitación laboral;

c) programas de desarrollo de infraestructura; e

d) iniciativas para la creación de nuevas fuentes de empleo.

B.4 En cualquier acuerdo de hemisférico de libre comercio, los gobiernos deben incluir mecanismos para elevar las normas laborales básicos y los programas sociales esenciales, tales como: la salud; guarderías infantiles; educación; y protección a las y los trabajadores desempleados. Se deben crear mecanismos que combatan el hostigamiento por motivos sexuales o relacionados con la maternidad. Estos mecanismos deben ser diseñados con el motivo de las condiciones laborales y de vida de todos los trabajadores y trabajadoras y para lograr así una distribución mas justa de los ingresos al interior de un país. Los gobiernos deben usar las mismas líneas directrices para establecer un salario digno. Normas comunes deben regular las horas de trabajo, el pago de horas extras, períodos de descanso y vacaciones. Como un primer paso los países deben acogerse a las normas fijadas por la OIT en esos áreas. Sobre esos acuerdos se debe nivelar hacia las mejores normas existentes en el hemisferio. Este proceso debe ser realizado con la amplia participación, no solo de los gobiernos, pero además con la amplia representación de sindicatos y organizaciones gremiales de los empleadores.

B.5 Dentro del proceso de negociación del ALCA, se debe reconocer la participación del Foro Laboral e implementar la creación de un Grupo de Trabajo sobre Asuntos Sociales y Laborales. Con la participación de la OIT, con representación similar a la de los foros empresariales y las entidades negociadoras.

B.6 Reconociendo el crecimiento expansivo del sector laboral informal, se deben desarrollar mecanismos para extender los derechos y normas laborales hacia este sector. Ello incluya el ejercer presión a los gobiernos para que ratifiquen, implementen y regulen la convención 177 sobre el trabajo a domicilio y la convención 175 sobre empleo a tiempo parcial (ver la sección 4).

B.7 Aceptar las necesidades de la mujer trabajadora tanto en el ámbito remunerado como en él no remunerado, y considerar la carga desproporcionada que asume la mayoría de las mujeres en el cuidado a niños y otros miembros de la familia, así como el trabajo doméstico, trabajo que se caracteriza por su subestimación.

B.8 Analizar los efectos de la liberalización comercial sobre las mujeres y medir los impactos de los acuerdos comerciales en los sectores formales, informales y no remunerados de la economía, a través de estudios segregados por género y que tome en cuenta y mida el valor del trabajo no remunerado.

B.9 Hay que establecer políticas y programas que permitan la implementación de guarderías infantiles de bajo costo, asequibles, y de alta calidad, para que mujeres se puedan integrar al trabajo remunerado, sea dentro o fuera del hogar.

B.10 Asegurar los derechos laborales de los las trabajadoras y los trabajadores temporeros y migrantes. En el caso de emigrantes originarios dentro de las fronteras nacionales, es importante promover la capacitación, mejorar las condiciones de vida y trabajo, proveer remuneraciones justas y respetar todas sus formas de organización social y económica y sus métodos de producción.

TEMA 3: LOS BAJOS NIVELES DE SUSTENTABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL

Como ya enunciado en el Foro sobre Medio Ambiente en la Cumbre de los Pueblos de las Américas, consideramos que el actual proceso del ALCA es incompatible con los principios y criterios del desarrollo sustentable. El modelo de desarrollo promovido por quienes diseñan el ALCA, que se basa en el TLCAN, descansa casi exclusivamente en la expansión y aumentar la movilidad y flexibilidad del capital. Esto pone énfasis indebido en la explotación de los recursos naturales y le resta valor a la preservación de la tierra, de las aguas, de la flora y la fauna para el beneficio de las generaciones presente y futura. Según el modelo, los alimentos, los recursos genéticos y otras formas de vida son meras mercancías a producirse y comercializarse al más bajo precio posible.

El propuesto ALCA también limitaría la capacidad de nuestros gobiernos de legislar y tomar acciones a favor de la sustentabilidad. Tanto en el Norte como en el Sur, se ha ido destruyendo el marco de reglamentación pública que protege nuestra alimentación, salud y medio ambiente, al tiempo que demuestra una marcada tendencia hacia la privatización y la auto-regulación por las empresas. El otorgamiento de patentes a empresas por formas de vida representa un atentado directo a la biodiversidad. Otros aspectos de los acuerdos comerciales, tales como las cláusulas de "trato nacional", las controversias entre inversionistas y estados, y las reglas sobre requisitos de desempeño también obran en contra de las metas de protección del medio ambiente.

A pesar de los majestuosos pronunciamientos de los gobiernos hechos en las cumbres internacionales tales como la Conferencia sobre Desarrollo y Medio Ambiente de las Naciones Unidas en Río de Janeiro en 1992, con su acento sobre el comercio liberalizado, se ha ido incrementando la deforestación, la degradación de los suelos, la sobre-pesca y la extracción de minerales, petróleo, y gas. Las nuevas redes de transporte que comprenden carreteras, canales y sistemas de tubería están haciendo peligrar nuestros ecosistemas y las comunidades indígenas. Es necesario trabajar aun más el desarrollo de formas alterntivas de consumo, de desechos innecesarios y dañinas para el medio ambiente, y en el desarrollo de fuentes alternativas de energía.

Los sectores de la minería y de la manufactura continúan contaminando el aire y las aguas con los desperdicios de los procesos de producción. Por no alejar a los inversionistas los gobiernos se resisten a aplicar las sanciones correspondientes. La falta de control sobre las emisiones de gases contribuye al efecto invernadero y a los cambios climáticos. Los proyectos vinculados al petróleo y al gas han causado dislocaciones sociales masivas y destrucción ambiental, derramando por lo general desperdicios tóxicos sin ninguna preocupación por las consecuencias de largo plazo. La industria maquiladora a lo largo de la frontera de México y Estados Unidos tiene fama de contaminadora, y los problemas continúan a pesar de los acuerdos firmados junto con el TLCAN en el sentido de tomar mayores medidas para combatir la contaminación.

A través del continente las firmas agro-exportadoras utilizan enormes cantidades de pesticidas y fertilizantes, y los vertidos peligrosos contaminan los ríos y tierras, repercutiendo seriamente en la salud de los trabajadores y trabajadoras agrícolas y de consumidores. En algunos países se ha triplicado el uso de los pesticidasen los últimos cuatro

años, y actualmente 80.000 sustancias químicas están a la venta en la región. Según reporta la OPS, "La utilización de químicos y su impacto en el medio ambiente se traduce no solo en envenenamiento, sino que también en defectos de nacimiento, cáncer y esterilidad además de alteraciones en el comportamiento e inmunología de las personas."

El deterioro en las condiciones rurales y la seguridad alimentaria

En las áreas rurales, millones de pequeños productores han sido desplazados a causa del renovado énfasis puesto en la agro-exportación de frutas, flores, y hortalizas. Con la liberalización del comercio, muchos países han reducido la producción de granos básicos, dado que tales productos pueden ser importados a precios más bajos de los países asiáticos o de América del Norte. Sólo en Brasil, casi tres millones de productores tradicionales han quedado sin trabajo debido a la caída en los precios de los granos básicos luego de la implementación de la liberalización de los mercados a principios de los años 90. Las importaciones de maíz a México subieron precipitosamente a mediados de los 90, lo cual ha tenido un efecto desastroso en los productores agrícolas mexicanos. Los productores centroamericanos han sido golpeados no tan solo por el "dumping" ocasionado por los precios bajos de los granos y productos lácteos, sino también por la supresión gubernamental de los programas de apoyo a los productores y las elevadas tasas de interés-nacional e internacional, como también por la caída en los precios de las mercancías y los regímenes de cuotas. América Latina, un exportador histórico neto de alimentos, es ahora un importador neto de alimentos. Por consiguiente, en los últimos 15 años la seguridad alimentaria ha decaído constantemente en América Latina.

Se han visto afectados también los pequeños productores agrícolas de Canadá y los Estados Unidos. Este sector ya vive la más profunda crisis desde los años 30 de este siglo. Como resultado de la combinación de bajos precios de granos básicos, la disminución de los apoyos de los gobiernos y mayor control corporatista sobre los insumos y la distribución de las cosechas, el 10 por ciento de los pequeños productores desaparecieron entre 1994 y 1997.

La utilización e importación de alimentos genéticamente alterados, tanto en el agro como en el consumo, es económica y ecológicamente peligrosa.

Evidentemente el actual modelo de intercambio comercial no es sostenible en términos sociales ni en términos ambientales. Al menos que sea reorientada, la flexibilización comercial y de inversiones operará contra la sustentabilidad social y ambiental; empeorando nuestra calidad de vida.

Recomendaciones sobre la Sustentabilidad Ambiental y Social y el ALCA

Los acuerdos de libre comercio deben promover el objetivo de la seguridad ecológica y la sustentación social protegiendo la biodiversidad, y preservando los ecosistemas y las comunidades rurales. Para asegurar este objetivo presentamos las siguientes recomendaciones:

C.1 Antes de implementar nuevos tratados de libre comercio hay que revisar y re-evaluar a fondo los tratados ya firmados (TLCAN, MERCOSUR y OMC). Hay que tomar decisiones precisas para modificar estos tratados. Al revisarlos es preciso tomar en cuenta su impacto en las comunidades marginadas, en el desarrollo, en la democracia, en el medio ambiente, en la salud, los derechos humanos y los derechos de las mujeres, la infancia y de los pueblos originarios. La re-evaluación de estos acuerdos debe contar con la plena participación de la sociedad civil.

C.2 Se debe establecer la primacía de los tratados internacionales sobre el medio ambiente por encima de los acuerdos de libre comercio.

C.3 Se debe reconocer que el crecimiento y la integración deben tener una justificación ambiental y económica. Tal proceso de reconocimiento incluye: la transparencia y la democracia en la toma de decisiones, consideración de propuestas alternativas, y mecanismos de consulta, tales como plebicistos para refrendar proyectos y políticas.

C.4 En el caso de diferentes regulaciones ambientales entre el país de origen de una compañía transnacional y el país donde opera, las regulaciones más estrictas deben ser aplicadas.

C.5 Hay que diseñar un plan para internalizar, en forma gradual, los costos sociales y ambientales de la producción y el consumo para evitar los vertederos ambientales.

C.6 Hay que reconocer la deuda ecológica entre naciones, ya que los países más desarrollados ocupan un "lugar exagerado en el espacio medio ambiental", estableciendo consejos de seguridad ecológica a nivel nacional y regional. Tales consejos deben ser fianciados por mecanismos de caracter regional.

C.7 Hay que implementar y reglamentar acuerdos que terminen con la exportación de productos dañinos para el medio ambiente, utilizando principios preventivos, y asegurando un proceso público de fiscalización, transparente y autonomo.

C.8 Se debe aplicar el principio de precaución en las regulaciones de los acuerdos comerciales (tomar la vía de mayor cautela en caso de dudas sobre los riesgos), y no el de la vía de la evaluación del riesgo (en el que sólo los riesgos probados por la ciencia se sobreponen a los supuestos beneficios económicos).

C.9 Restablecer el derecho de los gobiernos para regular y dirigir la inversión y comercio para que beneficie y no dañe la sustentabilidad social y ambiental. Los gobiernos deben respetar los derechos de las comunidades originarias para planificar la utilización de sus tierras. Los gobiernos tienen la obligación de compenzar en forma justa a esas comunidades, en concordancia con normas locales e internacionales, cuando sus tierras son utilizadas para proyectos de desarrollo. (ver nuestro documento sobre La Inversión, las Finanzas y la Deuda en las Américas para conocer tales recomendaciones)

C.10 En cualquier acuerdo de libre comercio hemisférico hay que proteger la biodiversidad:

a) rechazando la propiedad intelectual sobre las formas de vida;

b) reconociendo y protegiendo los derechos colectivos de las comunidades locales en la conservación de las especies;

c) reconociendo los derechos para la autonomía de las comunidades originarias y negras sobre su hábitat tradicional. (ver la Convención 169 de la OIT - sección 4);

d) garantizando los derechos para el libre tránsito de ideas y el acceso a los recursos genéticos;

e) promoviendo acuerdos conjuntos entre gobiernos y la sociedad civil reconociendo el derecho de un país de descubrir, conservar y gozar del uso privilegiado de las propiedades biológicas y genéticas de plantas y animales en sus lugares de origen.

C.11 Debemos oponernos a los proyectos que causen cambios climáticos:

a) re-canalizando la inversión pública y privada hacia el uso de energías limpias y eficientes;

b) eliminando subsidios para el uso de combustibles a base de carbón;

c) declarando una moratorio sobre la exploración de nuevos yacimientos de carbón, gas natural y petróleo;

d) respetando los derechos de los pueblos originarios que sean afectados por la producción energética; e

e) implementando estudios sobre impacto ambiental;

f) apoyar formas alternativas de desarrollo basados en el respeto al conocimiento tradicional y las formas de producción.

C.12 Oponerse a proyectos mineros que causen daño ecológico:

a) asegurando que las comunidades afectadas tengan la oportunidad de aprobar tales proyectos por adelantado;

b) implementando y aplicando las más altas normas de salud y seguridad para las y los trabajadores junto con la implementación de las más estrictas regulaciones ambientales para la minería;

c) declarando un moratorio a la exploración minera en regiones ecológicamente delicadas y de importancia cultural;

d) estableciendo prioridades e iniciativas en la minería diseñadas a reducir el consumo y aumentar la eficiencia en el procesamiento de minerales;

e) invirtiendo en la investigación y desarrollo para el manejo de residuos minerales.

C.13 Hay que desarrollar y revisar la aplicación de medidas sanitarias y fito-sanitarias a través de una amplia consulta ciudadana con el objetivo de asegurar la más alta calidad para las productos horto-frutícolas junto con la protección al consumidor y el medio ambiente.

C.14 Se debe establecer un proceso gradual que permita a cada país adoptar políticas de transición e identificar las oportunidades y amenazas que puedan afectar a los diversos sectores de la economía.

C.15 Hay que preservar y restablecer la autoridad de los gobiernos para desarrollar la diversificación de las economías basadas en recursos naturales, promoviendo el control local y el valor agregado a los procesos de explotación forestal, pesquero y de todos los recursos naturales y modificando nuestras estilos de consumo.

C.16 Los acuerdos de libre comercio deben promover la seguridad alimentaria promoviendo la reconstrucción de sistemas locales de producción para así promover la auto-gestión en la producción agrícola. Para este fin recomendamos:

a) establecer programas que reduzcan el uso de químicos tóxicos en la agricultura y mejorar las normas de salud y seguridad de las y los trabajadores agrícolas expuestos al uso de pesticidas.

b) establecer incentivos para la conservación de los suelos y los recursos naturales.

c) restablecer la importancia de la seguridad alimenticia, reforma agraria y el derecho originario de los pueblos indígenas para vivir del uso de sus tierras ancestrales asegurando que los acuerdos de libre comercio no interfieran con estos derechos (ver también la sección 4 en relación al derecho a la alimentación y los derechos de los pueblos originarios).

d) fortalecer y apoyar las organizaciones rurales, asegurando que los intereses de pequeños agricultores estén representados en las discusiones sobre el comercio.

e) asegurar sosten privado y público a las pequeños productores, incluyendo las empresas familiares, las cooperativas agrícolas y las

cooperativas procesadoras de alimentos; junto con la investigación, capacitación y mejoras en las redes de distribución alimenticia.

f) mantener el poder regulador de los gobiernos para implementar ciertos instrumentos de política como la franja de precios y aranceles en los sectores textil y de la agricultura.

g) asegurar que las pruebas de nuevos alimentos y drogas se lleven acabo en una forma pública, transparente, autonoma y responsible.

h) eliminar la producción y la exportación de alimentos alterados genéticamente.

TEMA 4: LOS DERECHOS DE LAS CORPORACIONES VERSUS LOS

DERECHOS DE LOS PUEBLOS

Renato Ruggiero, ex-Director General de la Organización Mundial de Comercio (OMC), ha comparado las negociaciones de los acuerdos internacionales de inversiones con "la redacción de una constitución de una economía mundial única." De modo similar, el TLCAN y el MERCOSUR limitan lo que un gobierno puede y no puede hacer. En el caso del ALCA, la comunidad empresarial quisiera ver la imposición de condiciones aún más estrictas a los poderes reguladores del estado, garantizando aún más derechos exclusivos a inversionistas y empresarios.

Como organizaciones de la sociedad civil de las Américas, insistimos en que cualquier futuro acuerdo económico para nuestras sociedades, ya sea a través de la OMC o del ALCA, debe ser ampliamente debatido en cada una de nuestras naciones en un proceso participativo y democrático. Debemos examinar cuidadosamente las consecuencias para nuestros pueblos. Adicionalmente, nosotros creemos que el ALCA y la OMC deben subordinarse a los existentes regímenes establecidos sobre derechos humanos, tal como se refleja en las constituciones nacionales y los acuerdos internacionales.

En el transcurso de los últimos cincuenta años, la evolución de los convenios y declaraciones internacionales ha conllevado a definiciones

cada vez más detalladas de los estándares sociales y de los derechos humanos. Estos incluyen: los derechos civiles y políticos; los derechos económicos, sociales y culturales; y los derechos ambientales, comunitarios, y de los pueblos.

Nuestros gobiernos parecieran abrazar una nueva arquitectura internacional que protege el comercio y la inversión y no los derechos humanos. El individualismo, la competencia, y el poder de las corporaciones están remplazando los valores de la democracia, la solidaridad y la justicia social. Los representantes elegidos a nivel nacional han abdicado su capacidad de control en decisiones que afectan a la población a la cual deben responder. A pesar de la existencia casi universal de la democracia electoral en nuestros países en los años 90, nos encontramos más alejados de la toma de decisiones.

La participación ciudadana es la clave para re-establecer el control sobre nuestras vidas y nuestro futuro. Sin embargo la exclusión política y la violación a los derechos humanos continúan asolando nuestra región.

Creemos que los derechos humanos deben sobreponerse a los acuerdos comerciales. Previo a una mayor liberalización de la inversión y el comercio, exigimos que nuestros gobiernos revisen sus compromisos contraídos a través de las declaraciones e instrumentos de derechos humanos a nivel nacional, regional e internacional.

De particular importancia para nuestra región es el Protocolo de San Salvador, también conocido como el "Protocolo Suplemental a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales", convenio que está ligado a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Protocolo ha sido ratificado por diez estados afiliados; falta sólo uno para que entre en vigencia.

Las empresas transnacionales deben asumir sus responsabilidades ante las comunidades en las cuales operan. En muchas ocasiones, sus presupuestos exceden los de los gobiernos.

Con respecto de la participación de la sociedad civil en el diseño del ALCA, consideramos que las pocas iniciativas emprendidas hasta la fecha han producido resultados completamente insatisfactorios. La creación del Comité de la Sociedad Civil luego de la Cuarta Reunión de

los Ministros de Comercio para el ALCA realizada en San José, Costa Rica inicialmente causó entusiasmo, pero ha servido sólo para recoger propuestas escritas de los grupos de la sociedad civil. La problemática planteada en estos documentos no ha sido ni analizada ni discutidas. A diferencia de la experiencia del grupo de presión empresarial, no hemos tenido una oportunidad seria de entablar un diálogo con nuestros representantes elegidos. Luego de las declaraciones de la Reunión Ministerial de San José y de la Cumbre de las Américas en el sentido de asegurar un proceso de negociación "transparente", insistimos en un debate abierto y de plena participación a nivel nacional y regional.

4. Recomendaciones sobre el ALCA, la democracia y los derechos humanos

El comercio debe subordinarse a los derechos humanos y no al revés. Nuestros gobiernos deben recordar que tienen la obligación de defender la democracia y los derechos humanos por sobre los derechos de los inversionistas y el empresariado.

D.1 Los gobiernos deben reconocer la primacía de los derechos humanos por sobre los acuerdos de libre comercio, incorporando este principio en el preámbulo y en las cláusulas reguladoras de cualquier acuerdo comercial hemisférico.

D.2 Los gobiernos deben asegurar que:

a) nada de lo acordado en el tratado hemisférico de libre comercio debe sobreponerse a los convenios internacionales y regionales en materia de derechos humanos o a las leyes nacionales que protejan los derechos humanos y ciudadanos;

b) cuando un estado sea acusado de violar los derechos humanos en el contexto

de los acuerdos comerciales de libre comercio, los organismos reguladores de dichos acuerdos cederán su jurisdicción ante los organismos apropiados y competentes para investigar las presuntas violaciones;

c) una revisión se efectuará a cualquier propuestas de acuerdo de libre comercio con la plena participación de las organizaciones de la sociedad civil que permita asegurar que las propuestas sean acordes a los convenios y tratados internacionales sobre los derechos humanos (ver listado) y:

d) que los países suscriban y ratifiquen los siguientes pactos, convenciones y declaraciones:

Pactos

Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos (1966) Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y

Culturales (1966) Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, llamado el Protocolo de San Salvador (1988)

Convenciones

Convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), incluyendo los Convenios 29 y 105 sobre la Abolición del Trabajo Forzoso; Convenios 87 y 98 sobre el derecho de Sindicación y Negociación colectiva; Convenios 111 y 100 sobre la Discriminación en el empleo y ocupación; y el Convenio 138 sobre la Edad Mínima; además el Convenio 175 sobre el Empleo a Tiempo Parcial; y el Convenio 177 sobre Trabajo a Domicilio (complementada por la Recomendación 184).

Otros Convenios de la OIT como el Convenio 169 sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas y Tribales; Convenio 102 sobre la seguridad social; la Convención Internacional sobre los trabajadores Migratorios; y los Convenios 122 y 156 que exigen la eliminación de la discriminación contra la mujer.

Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (1981)

Convenios sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación Racial (1966)

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984)

Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1989)

Convención Americana sobre los Derechos Humanos

Declaraciones

Declaración Universal de Derechos Humanos (UN) (1948) Declaración sobre el Derecho al Desarrollo (1986) El Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los

derechos de las poblaciones indígenas

El Proyecto de la Declaración Americana sobre los derechos de las poblaciones inidígenas

Declaración Mundial de la Salud (Salud para Todos en el Siglo 21) 1998.

Agenda 21 (1992) La Declaración de la UNESCO sobre el Derecho Cultural (1998)

D.3 En cualquier acuerdo hemisférico sobre libre comercio, los gobiernos deben asegurar el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. Hay que implementar mecanismos que eliminen la discriminación y la opresión, junto con otras estructuras y procesos que aseguren la representación y participación de los pueblos originarios y de sus organizaciones en las negociaciones de los tratados comerciales.

D.4 En cualquier acuerdo hemisférico sobre libre comercio, los gobiernos deben asegurar el reconocimiento de los derechos de la mujer. Hay que implementar mecanismos que eliminen la discriminación y la opresión, junto con otras estructuras y procesos que aseguren la representación y participación de la mujer y de las organizaciones más diversas del ámbito de la mujer en las negociaciones de los tratados comerciales.

D.5 En cualquier acuerdo hemisférico sobre libre comercio, los gobiernos deben incluir una cláusula valorando los derechos humanos y la democracia, tal como dice en los acuerdos comerciales implementados por la Unión Europea. Hay que reconocer que este es un paso necesario pero aun insuficiente para la más amplia protección de los derechos humanos.

D.6 Para promover la protección de los derechos humanos dentro del contexto de la liberalización comercial, los gobiernos deben mejorar los instrumentos regionales e internacionales para incorporar el derecho a apelar como es el caso de la Carta Social Revisada del Tratado de Maastrich de la Unión Europea. La Carta permite a individuos y o grupos el derecho a apelar por violaciones a sus derechos económicos, sociales y culturales.

D.7 Promover la preservación de la cultura de cada una de nuestras naciones, y nos debemos oponer a cualquier intento por considerar la cultura como un bien comercial.

D.8 Los gobiernos deben asegurar la transparencia y responsabilidad en el desarrollo, adopción e implementación de acuerdos bilaterales y multilaterales de libre comercio en la región. Con esto queremos dejar en claro que los acuerdos deben ser abiertos al escrutinio y aportes de la opinión publica. Deben ser el objeto de revisión seria por las asambleas legislativas, congresos y parlamentos junto con consulta publica a la sociedad civil a nivel nacional e internacional; no sólo durante las negociaciones sino además durante la implementación, control y revisión de los acuerdos. Los sectores directamente afectados deben tener acceso directo al proceso de negociación.

D.9 Los gobiernos deben asegurar la presencia de suficientes recursos que permitan:

a. la implementación de tratados internacionales de derechos humanos (ver listado en la sección 4.2) en los países menos desarrollados de nuestra región;

b. la participación de partes interesadas y la participación de individuos, comunidades y sociedad civil directamente afectada en el periodo de discusión de los acuerdos de libre comercio, junto con su implementación y revisión de los mismos; y

c. la apelación legal de decisiones sobre comercio que violenten los acuerdos sobre derechos humanos, por parte de grupos directamente afectados o de terceros actuando en representación de éstos.

d. CONCLUSIÓN: LA NECESIDAD DE UNA ESTRATEGIA "JUSTA" PARA LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA

Para nuestros pueblos, las trabajadoras y los trabajadores, y la mayoría de la gente de las Américas, la liberalización e integración económica,

por su forma de implementación, ha profundizado las brechas y las exclusiones en nuestras sociedades. Como resultado, la situación de millones de seres humanos es de mayor injusticia y desigualdad mientras ofrece un futuro arriesgado para todos los demás. Debemos entonces cambiar de rumbo. Debemos reparar la deuda social interna; en esta tarea las élites de nuestras sociedades tienen una responsabilidad especial. Debemos asegurar que toda la población tenga acceso a, y pleno goce de, los derechos humanos al tiempo que mejoramos los términos del comercio internacional para las naciones del Sur.

Llamamos a nuestros gobiernos a garantizar que no se seguirá adelante con los esfuerzos por expandir el comercio y la integración económica hemisférica hasta que no expandan claramente las amplias metas de la Cumbre en materia de democracia, sustentabilidad, y la erradicación de la pobreza. Si el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) no va a favorecer a dichos objetivos, debe ser rechazada o radicalmente modificada.

Bajo la guía de el Grupo de Revisión e Implementación de Cumbres (GRIC), se han iniciado algunos esfuerzos por mejorar los niveles de educación en la región, reducir la corrupción, trabajar en dirección a un desarrollo sustentable, y completar otras tareas del Plan de Acción de la Cumbre de las Américas. Sin embargo, tales iniciativas corren el riesgo de verse frustradas por el poder preponderante de las tendencias económicas y reglamentos comerciales. Nuestros gobiernos deben reconocer los vínculos entre la inversión y el comercio liberalizado y las limitaciones en promover el desarrollo humano sustentable.

Nuestras naciones, tanto en sus planes nacionales de desarrollo como en los acuerdos internacionales, han suscrito en general los objetivos de asegurar servicios universales e igualdad de oportunidades para toda la población. Una base sólida, una en la que todos y todas laboren o aporten en un sentido constructivo a la sociedad sería considerada como una fuerte señal de estabilidad y sustentabilidad. Sin embargo, bajo la liberalización económica, la distribución de los ingresos ha empeorado. Si el pastel crece, pero poca gente puede alimentarse, ¿podremos sentirnos orgullosos de nuestros logros?

Como lo afirma el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, "la verdadera riqueza de una nación es su gente." Los gobiernos deben recordar que los objetivos de la integración económica y del incremento

de las inversiones y el comercio son para mejorar la calidad y los niveles de vida, dentro y entre las naciones—sin ello, no tiene ningún sentido.

Llamamos a nuestros gobiernos a rechazar "la estrecha vía" a través de la cual todos competimos para vender nuestros recursos naturales y fuerza laboral al menor precio posible. En su lugar, creemos que existe la posibilidad y responsabilidad de adoptar el "camino justo": aumentado capacidades y habilidades, mejorando las normas laborales y condiciones de vida, respetando y valorando la diversidad cultural y la biodiversidad en nuestro hemisferio. Nuestros pueblos exigen la construcción de un nuevo modelo de desarrollo, con justicia democracia y libertad. Sólo de esta manera podremos evitar la exclusión social y asegurar que cada persona goce de una subsistencia digna y sustentable.

N.B. La versión integral de este documento, con todas las referencias, está disponible en inglés, español y francés en el sitio web de Common Frontiers<http://www.web.ca/comfront>