1

INTERNATIONAL STUDIES ASSOCIATION

CONFERENCE

Global and Regional Powers in a Changing World

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, 2014

Panel: New Regional Responses to Media and Power in South America

Chair: Ernesto Vivares, PhD, FLACSO, Sede Ecuador

El DEBATE DE LA LEY DE MEDIOS: CIUDADANÍA, OPINIÓN PÚBLICA Y

CONFLICTO EN ECUADOR

Isabel Ramos

Mauro Cerbino

FLACSO, Sede Ecuador

Resumen

Este trabajo analiza las relaciones entre el sistema político y el sistema de medios, y los

modos en que esa relación se plasmó en la legislación y en el marco institucional de la

política estatal en el Ecuador, al momento de sancionar la Ley Orgánica de Comunicación.

En el marco de una ruptura populista que se caracterizaría por una dicotomización del

espacio social y político, surge una nueva relación entre los medios y el gobierno actual;

ambos establecen una disputa por la opinión pública, cuyo objetivo central será para el

gobierno, la consolidación de su proyecto hegemónico, para lo cual resulta indispensable la

politización de las empresas mediáticas, la cual ha logrado el gobierno, a través de sus

mismas lógicas y dispositivos.

1. Introducción

Partiré de una reflexión sobre los nuevos escenarios de confrontación entre el gobierno y

los medios de titularidad privada, tomando como centro el caso de Ecuador, que también

se observan en otros países de la región latinoamericana, especialmente en Argentina,

Bolivia y Venezuela, en el marco de gobiernos llamados neopopulistas. Según Follari, los

neopopulismos latinoamericanos están presentados por gobiernos de izquierda

2

“caracterizados por liderazgos personalistas fuertes, participación activa de movimientos

sociales y rechazo del neoliberalismo económico y liberalismo político”1.

Sostengo como tesis principal que dicha confrontación tiene el propósito de construir una

plataforma de disputa en torno de la opinión pública, teniendo en cuenta que - como una

amplia literatura lo sostiene- la misma se configura como la principal consecuencia de la

acción mediática.

La opinión pública, en conceptos de Gramsci, estaría vinculada con la hegemonía política,

“o sea, que es el punto de contacto entre la sociedad civil y la sociedad política, entre el

consenso y la fuerza”(…) “El Estado, cuando quiere iniciar una acción poco popular, crea

preventivamente la opinión pública adecuada…”2

Asumimos como supuesto que los gobiernos latinoamericanos mencionados pueden ser

interpretados bajo la teoría de la ruptura populista de Laclau, es decir, que en esta forma

particular de representación política tienen un signo en común. Según ilustra Laclau,

partiendo de la teoría de la ruptura populista, para que la misma se produzca:

…la condición ineludible es que haya tenido lugar una dicotomización del espacio social,

que los actores se vean a sí mismos como partícipes de uno u otro de dos campos

enfrentados. Construir al pueblo como actor colectivo significa apelar a «los de abajo», en

una oposición frontal con el régimen existente. Esto implica que, de una forma u otra, los

canales institucionales existentes para la vehiculización de las demandas sociales han

perdido su eficacia y legitimidad, y que la nueva configuración hegemónica –el nuevo

«bloque histórico», para usar la expresión gramsciana– supondrá un cambio de régimen y

una reestructuración del espacio público.3

Esta teoría no contempla, sin embargo, una aproximación directa, en torno al papel de los

medios de comunicación privados, tanto por lo que concierne a esa representación política

populista, como en lo específico de la disputa gobierno-medios.

1 FOLLARI, Roberto, La alternativa neopopulista. El reto latinoamericano al republicanismo liberal. Rosario,

2010, Homo Sapiens, p. 27

2 GRAMSCI, Antonio, Cuadernos de la cárcel 3, Ediciones Era, México, D.F., 1984

3 LACLAU, Ernesto, “La deriva populista y la centroizquierda latinoamericana”. Revista Nueva Sociedad, Nº

205, 2006, pp. 56-61

3

El populismo nos ilustra un modo de representación política, y la importancia de la

confrontación por la cual la lucha entre gobierno y medios es clave, ya que la sociedad

contemporánea no puede pensarse sin opinión pública.

Tampoco puede pensarse ninguna ruptura política ni tipo de gobernabilidad sin tener en

cuenta el conflicto con los medios. Dado que aquella está influenciada por los medios, hasta

el punto en que se puede hablar de una gobernabilidad mediática, de lo que se trataría es de

analizar si se configuran otras maneras de dar cuenta de una gobernabilidad que se re

politice a sí misma, desmarcándose del condicionamiento mediático. Sostenemos aquí que

la acción del gobierno de Rafael Correa va en este sentido y que en este contexto, la

opinión pública ya no es solamente influida por los medios sino también por el gobierno

(en el mismo escenario de lo mediático).

Al contrario de lo que desarrollamos en otros trabajos,4 el conflicto con los medios no

abona a una despolitización de lo político, sino que tiende a re politizar el gobierno y la

opinión pública, a través de la politización de los medios, y de la misma acción mediática,

también protagonizada por el gobierno. En las sociedades contemporáneas no es posible

pensar, hasta el momento, ninguna representación política ni conformación hegemónica sin

el rol de los medios de comunicación, razón por la cual la confrontación o disputa por la

opinión pública, en nuestra tesis, cobra un significado político particular.

La intención del presente trabajo es contribuir a una reflexión, por ahora muy poco

presente, que tenga en cuenta la articulación entre el sistema político y el de medios, con

relación al debate sobre la opinión pública, como marco de referencia para pensar el papel

de los medios en la representación neo populista del gobierno de Rafael Correa.

2. Las relaciones entre los medios y la política antes de Correa

4 CERBINO, Mauro y RAMOS, Isabel, “Medios de comunicación y despolitización de la política en Ecuador”.

En Cañizález, A. (Coord), Tiempos de Cambio. Política y Comunicación en América Latina, Caracas, Universidad Católica Andrés Bello – ALAIC, 2009, pp. 47-62, y también CERBINO, Mauro y RAMOS Isabel, “Medios y política en el Ecuador. Los términos de una confrontación. En Rodríguez Arrechavaleta, C. y Moreira, C. (Ed), Comunicación política y democratización en Iberoamérica, Universidad Iberoamericana. México, 2011, pp. 137-168, y CERBINO, Mauro y otros, “Ecuador: Comunicación gubernamental y despolitización mediática: De espaldas a la ciudadanía”. En Ponce M. y Rincón O. (Coord), Caudillismo, e-política y teledemocracia, Fin de Siglo -Universidad Católica del Uruguay. Montevideo, 2013, pp.147-166.

4

Hasta la asunción de Rafael Correa a la Presidencia de la República, los vínculos

mantenidos por el Estado ecuatoriano con el sistema de medios privados,5 pueden ser vistas

como de connivencia e incluso de colusión, puesto que favorecieron y naturalizaron el

privilegio de los medios de gestión privada por sobre otros tipos de medios de

comunicación y por sobre las audiencias, sin que hayan existido diferencias sustanciales

entre los sucesivos gobiernos más o menos conservadores.

Las asimetrías en el acceso al espacio mediático y a la producción de contenidos para la

circulación masiva, que reflejan las profundas desigualdades de la sociedad ecuatoriana, se

han consolidado por vías normativas y legales.

La legislación y las políticas comunicacionales desarrolladas y mantenidas por gobiernos

de distinto signo han supuesto, como dice Tilly,6 la inscripción de desigualdades sociales

en la vida pública puesto que han consagrado el privilegio económico y enunciativo de las

empresas mediáticas privadas, por sobre los derechos de los periodistas y las audiencias.

Sostenemos, por un lado, que la histórica connivencia entre los medios y los gobiernos,

como revisaremos a continuación, ha generado un esquema en el cual la gobernabilidad

estaba fuertemente influenciada por los medios privados. Por otro lado, los negocios

mediáticos crecieron bajo el amparo de los distintos gobiernos.

Una breve aproximación a las normas legales existentes en el país en materia de prensa y

medios audiovisuales indica, con claridad, que las empresas mediáticas han sido

fuertemente respaldadas por los sucesivos gobiernos democráticos y dictatoriales, sin

distinción de tendencia ideológica ni de proyecto político.

Los beneficios asignados históricamente por el Estado ecuatoriano a los empresarios

privados que explotan medios de comunicación, pueden clasificarse bajo cuatro criterios.

Primero, aquellos que suponen la transferencia de fondos desde el Estado central a las

empresas mediáticas. Segundo, los que contribuyen a mejorar la rentabilidad de los medios,

5 HALLIN, Daniel y MANCHINI, Paolo, Sistemas mediáticos comparados. Tres modelos de relación entre los

medios de comunicación y la política. Barcelona, Hacer, 2008. Los autores establecen una relación directa

entre el sistema de medios y el sistema político.

6 TILLY, Charles, Contienda política y democracia en Europa, 1650- 2000. Barcelona, Hacer, 2007.

5

a través de la inyección de recursos provenientes de las entidades subnacionales de

gobierno, los partidos políticos, los trabajadores de prensa y los ciudadanos comunes. En

tercer lugar, medidas legales o reglamentarias que han proporcionado a las empresas

periodísticas y medios de comunicación un acceso privilegiado a espacios institucionales de

toma de decisiones que podrían incidir en la actividad del sector. Finalmente, regulaciones

que han facilitado la concentración de la propiedad de medios, la formación de

conglomerados y el ejercicio de prácticas oligopólicas.

Revisemos los beneficios legalmente establecidos que significan la transferencia, directa o

indirecta, de recursos públicos hacia los medios privados. La prensa gráfica inicialmente, y

luego la radio y la televisión, fueron reconocidas por el Estado ecuatoriano como

actividades industriales, lo que significó su incorporación a la larga lista de empresas

beneficiarias de la Ley de Fomento Industrial7, todas ellas vinculadas económica y

políticamente a las élites tradicionales. Es preciso tener en cuenta que la mencionada Ley

fue concebida como un mecanismo de la política estatal de fomento a la industrialización

por sustitución de importaciones implementada a mediados del siglo pasado, lo cual, según

entendemos, resulta difícilmente aplicable a la actividad de los medios masivos ya que a

pesar de que estos podrían ser considerados “industrias culturales”, queda por demostrarse

en un debate nacional, serio y riguroso, de qué modo los medios de comunicación han

contribuido al desarrollo del país como industrias.

Las ventajas acordadas a las empresas mediáticas -periodísticas y audiovisuales- a partir de

su reconocimiento como “industrias de transformación” se han traducido en importantes

transferencias de fondos públicos a manos de empresarios privados.

Los beneficios del régimen nacional de fomento industrial han estado vigentes por cerca de

50 años; entre ellas se estacan la exoneración de impuestos que gravan la constitución de

capitales y la emisión de títulos o acciones de las sociedades, la exoneración por 10 años de

derechos arancelarios, a la importación de maquinaria, equipos y repuestos que no se

7 Mediante Decreto Ejecutivo N° 1661, publicado en el Registro Oficial 252, del 27/08/1969, la prensa, la

radio y la televisión son declaradas “industrias de transformación protegidas por la Ley de Fomento Industrial”. Posteriormente, en 1987, se sanciona el Acuerdo Legislativo N°105, a través del cual se declara que la radiodifusión y la televisión serán consideradas “industrias de la publicidad” con la finalidad de puedan convertirse en sujetos de crédito de las instituciones financieras del Estado, carácter del que ya gozaban las empresas de prensa gráfica desde 1962.

6

produzcan en el país, exoneración de impuestos a las ventas y derechos arancelarios, entre

otros 8, del pago de impuestos a las radiodifusoras y televisoras comerciales a las ventas y

las ganancias9, y la reducción del 50% en las tarifas postales a las empresas periodísticas

10.

El segundo grupo de incentivos, según la clasificación que propusimos, posibilita que las

empresas mediáticas incorporen más recursos, a través de la aplicación de diversas normas

legales y reglamentarias, que disponen que entidades como los Municipios, los Consejos

Provinciales, los partidos políticos, los bancos, e incluso las personas individuales renten

espacios publicitarios, especialmente en los medios gráficos.

La “publicación por la prensa” ha sido consagrada principalmente a través de las sucesivas

leyes de elecciones, de las normativas del Poder Judicial y de las más diversas

reglamentaciones administrativas. Si bien los fondos que se movilizan a partir de estas

publicaciones no provienen directamente del presupuesto general del Estado suponen, para

los medios, fuertes y constantes ingresos aportados por entidades descentralizadas,

empresas comerciales y financieras, asociaciones sin fines de lucro y economías familiares.

Lo que llama nuestra atención es que es el Estado quien ha dispuesto que estas

transferencias sean obligatorias.

La tercera ventaja mencionada consiste en que, además de los beneficios económicos ya

mencionados, el Estado ecuatoriano ha legitimado la participación de los dueños de medios

en espacios políticos y administrativos en los cuales se toman decisiones que inciden

directa o indirectamente en sus propias actividades empresariales. Por ejemplo, la

existencia de una posición de legislador nacional “por el periodismo y las instituciones

culturales”, consagrada en las Constituciones de 1929, 1945 y 1967, que fue ocupada casi

siempre por empresarios o por empleados jerárquicos de empresas mediáticas, demuestra

esa connivencia entre instituciones del Estado y dueños de medios en el ámbito de la

participación política. Debe tenerse en cuenta además que la vinculación entre el Estado, y

8 Para mayor información, la “reseña histórica” publicada en el portal web oficial de la Secretaría Nacional

de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, creada en 2007 por el actual gobierno del Ecuador indica que “La planificación estatal en el Ecuador se inició con la Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica (Junapla), creada mediante Decreto Ley de Emergencia número 19, del 28 de mayo de 1954. En 1979, fue remplazada por el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE)”. 9 Decreto Supremo N° 533, Registro Oficial 405, 2/04/65; Decreto Supremo N° 1852, Registro Oficial 570,

24/08/1965. 10

Decreto Supremo N° 256, publicado en el Registro Oficial 165, del 17/02/1971.

7

los distintos gobiernos se produjo también por la designación de periodistas connotados y

propietarios de medios en ministerios estratégicos y en sedes diplomáticas consideradas

apetecibles.

En un marco legal así establecido, no es extraño que las asociaciones empresariales que

explotan radioemisoras y canales de televisión hayan sido llamadas en 1995, a formar parte

del Consejo Nacional de Radio y Televisión, CONARTEL. Su posición, con voz y voto, en

la autoridad colegiada que regula sus actividades fue asegurada por la Ley de Radiodifusión

actualmente vigente11

, sin que, desde su puesta en vigencia hasta el año 2008, se hayan

realizado reclamos formales desde alguna entidad del Estado, por el evidente conflicto de

intereses.

En Ecuador existen leyes a partir de las cuales, no solo se hace posible, sino que se fomenta

la concentración de la propiedad de medios de comunicación, y se contribuye a la

formación de conglomerados mediáticos que favorecen la concentración de audiencias,

como el decreto expedido por el gobierno de facto de 193712

que permite que las empresas

periodísticas puedan instalar estaciones de radio, lo cual ha permitido que los accionistas de

medios gráficos también se conviertan en dueños de radiodifusoras y canales de televisión.

Los enormes beneficios que ha transferido el Estado hacia los medios han contribuido a

potenciarlos, cuando no a delegarles poder. Esto ha neutralizado la posibilidad de

constitución de medios que no sean de exclusiva titularidad privada, estableciéndose una

paulatina autonomización, y por ende una capacidad de condicionar las distintas acciones

de gobierno, en un proceso de adquisición de poder que llegó en ciertos momentos a poner

en jaque a los mismos gobiernos. Los beneficios económicos y políticos han sido

concedidos sin ninguna exigencia de calidad, relevancia pública e interés social en los

productos informativos y de entretenimiento que difunden los medios de masas. Tampoco

se ha exigido debidamente el cumplimiento de obligaciones laborales. Es decir, el Estado

ecuatoriano no ha ofrecido a los trabajadores de prensa la misma protección que a los

empresarios mediáticos, como tampoco a los ciudadanos comunes y a los colectivos

comunitarios.

11

Ecuador, Ley Reformatoria a Ley de Radiodifusión y Televisión, publicada en el Registro Oficial 691 del 9/05/1995. 12 Decreto Supremo N° 26, publicado en el Registro Oficial 58, del 7/12/1935.

8

3. El giro de Correa en los vínculos con los medios: escenarios y episodios de contienda

La confrontación entre Poder Ejecutivo y medios se ha desplegado en tres escenarios, con

sus respectivos episodios contenciosos, que podemos anotar con claridad. El primer

escenario es el que configura la confrontación desde el plano retórico. El segundo se

sostiene en la judicialización de la acción mediática; el tercero tiene relación con la

introducción de cambios normativos que tienden a modificar el estado de cosas

anteriormente descrito en cuanto a la connivencia Estado-medios.

En Ecuador en los últimos años, en consonancia con países como Argentina y Venezuela, el

mimetismo de la política y la comunicación mediatizada ha traspasado los pocos límites

imaginables, configurando una reinvención de la comunicación política que, desde la llegada

de Rafael Correa al gobierno en 2007 presenta dos rasgos específicos. Por un lado, la

comunicación gubernamental cuenta con un único narrador y está fuertemente sostenida por

un dispositivo propagandístico que impugna cierto modo de concebir la política, y de

comprender y administrar lo público, objetando el imaginario liberal de la prensa y

denunciando su actuación política y corporativa, pero, paradojalmente, emplea estrategias

similares a la de los medios comerciales. Del otro lado, el gran espectro de medios, cuya

naturaleza se había alejado tiempo antes del puro ejercicio de contralor de las instituciones

democráticas, perdiendo terreno en cuanto a equilibrio y calidad periodísticos, priorizó su

actoría política al desplegar acciones abiertamente propagandísticas y corporativistas, y al

disputarle directamente la palabra política al Ejecutivo.

De este modo, la comunicación mediatizada se ha convertido en una de las principales líneas

de conflictividad política en el país, en el contexto de vigentes reformas estatales, al punto tal

que en las alocuciones presidenciales más importantes para la agenda de gobierno el

Ejecutivo dedica largas intervenciones a calificar la actividad de la prensa de “mediocre”,

“corrupta” y “representante de los intereses de la partidocracia”, llevando la disputa incluso

al ámbito de la justicia ordinaria. Este tema ha tenido amplias repercusiones internacionales

y le ha valido críticas de organismos como Reporteros Sin Fronteras (RSF), y la Relatoría

para la libertad de expresión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

9

Asistimos a un escenario inédito donde la comunicación mediatizada ha cobrado un papel

medular en los modos de configurar representaciones sobre lo social y lo político, y en el que

las estrategias propagandísticas del Ejecutivo y de los medios empresariales responden a

lógicas comunicacionales similares que se despliegan en el ámbito mediático. El corolario es

que el debate en torno a temas nacionales y de interés público queda subsumido bajo una

fórmula contenciosa polarizada donde se representan y tienen la palabra exclusivamente dos

actores del juego político, las empresas de medios y el Ejecutivo. Los beneficios de este

juego de espejos se reparten de lado y lado: el gobierno capitaliza, tanto el desgaste de los

medios -que en el país es de años recientes- como la erosión de la oposición política, y éstos

venden contenidos apocalípticos y futuristas sobre un gobierno al que califican de

“autoritario”, “déspota” y hasta “dictatorial”, posicionándose abiertamente como contendores

del arco opositor. Su mayor implicación es la disputa por hegemonizar el clima de opinión.

Si bien se puede afirmar que Correa contó con un relativo apoyo de las más importantes

empresas de medios nacionales durante su primera campaña presidencial, ya desde los

primeros meses de gestión se produjeron algunos episodios que, a posteriori, pueden ser

leídos como un giro de parte del Ejecutivo hacia la identificación de las empresas de medios

privados como el principal enemigo político a combatir, y hacia un afán regulatorio que

estaba ausente en las agendas legislativas de sus antecesores. Es como si el pacto tácito que

históricamente sostuvieron los medios y los distintos gobiernos hubiera llegado a su fin.

Cronológicamente es posible establecer el 9 marzo de 2007 como la fecha exacta de la

ruptura de relaciones con los medios comerciales, a propósito de un editorial publicado por el

diario La Hora titulado “Vandalismo oficial”, en referencia a la disputa entre el Ejecutivo y

el Congreso, cuyo mismo título pone de relevancia el comportamiento que se atribuye al

gobierno:

Pensando solamente en sus intereses partidistas o de grupo hemos llegado a una

desinstitucionalización y a una pugna en la cual ya no hay mediadores posibles. (…)

El desquite, el incremento de la venganza y los resentimientos entre los sectores, son

definitivamente los causantes de la crisis en la que sus propios actores ya están

temerosos. (…) Elemento vital es la indecencia de las fuerzas policiales, ya que si

bien es lógico que acepten las órdenes del Ejecutivo no pueden convertirse en

cómplices y en verdaderos autores por omisión, de las barbaridades realizadas frente

a ellos por turbas fanatizadas, enajenados gubernamentales y delincuentes

disfrazados, como constató la ciudadanía en los actos cobardes del vandalismo

10

oficial.(…) Esta política que sale definitivamente de la Presidencia de la República y

que pretende gobernar con tumultos, piedras y palos es vergonzosa para el primer

mandatario que se ufana de ser un hombre civilizado y respetuoso de las opiniones de

los demás.13

El mismo día, la Asociación de Editores de Periódicos de Ecuador (AEDEP) publicó un

comunicado sobre el tema, titulado “Intolerable”, en el que se señala como culpable de la

crisis a la clase política dirigente, así como a los titulares de las funciones, incluido el

Presidente.14

A partir de ese momento los descalificativos del Ejecutivo hacia la prensa

fueron in crescendo y el enfrentamiento escaló.

La piedra angular de esta arquitectura triangular son los enlaces presidenciales. Se trata de la

alocución monologal directa de Correa que, bajo la denominación “El presidente dialoga con

el pueblo”, se emite regularmente, desde 2007, los días sábados por cadena nacional. El

mismo constituye un ejercicio de comunicación política sobre lo público, en el sentido de la

puesta en común de aquellas cuestiones de interés colectivo, que apuesta fuertemente por la

construcción de dos tipos de destinatarios. Por una parte, se apunta al refuerzo del

“prodestinario como colectivo de identificación” 15

mediante la construcción de un nosotros

inclusivo con la figura del “pueblo ecuatoriano”. Esta modalidad enunciativa intenta

construir un “efecto de realidad” 16

, que refuerza el imaginario sobre la toma de decisiones en

dicha situación comunicacional, como si la nueva política se ejecutara al alcance de todos los

ciudadanos. Por otra parte, este mismo discurso crea un “contradestinatario”17

, la prensa

nacional y los periodistas, calificándolos con los apelativos del tipo “mediocres”,

“representantes de los intereses de la partidocracia”, “sicarios de tinta”, “corruptos”,

13

“Vandalismo oficial”, La Hora, Viernes 9 de marzo de 2013, consultado el 14 de marzo de 2013, en http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/543753/-1/Vandalismo_oficial.html#.UUH1I9bZaHM 14

“Editores de periódicos no rectificarán ante gobierno de Ecuador”, en EcuadorInmediato.com, consultado el 13 de marzo de 2013, http://208.109.252.189/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=50439&umt=editores_periodicos_no_rectificaran_ante_gobierno_ecuador 15

VERÓN, Eliseo, “La Palabra Adversativa. Observaciones sobre la enunciación política”. En El discurso

político. Lenguaje y acontecimientos. Buenos Aires, Hachette, 1987, p. 17.

16 BARTHES, Roland, El Susurro del Lenguaje. Más allá de la palabra y de la escritura. Barcelona, Paidós,

2002, p. 186.

17 VERÓN, Eliseo, op. cit., p. 17

11

“pelucones”, “prensa corrupta”, siendo los enlaces sabatinos los espacios privilegiados donde

el presidente se enfrenta verbalmente con la prensa nacional y los periodistas.

Las siguientes declaraciones del mandatario ejemplifican lo dicho:

“Lo que está en el centro del debate no es la libertad de expresión – no nos dejemos engañar -

la cual somos los primeros en defender, sino la contradicción ética y técnica de negocios

privados con fines de lucro e intereses políticos y grupales, proveyendo un bien público

indispensable para la sociedad: la información” (Declaraciones del Ejecutivo durante el

Informe a la Nación, 10/08/ 2011).

“La prensa corrupta en nuestro país, en nombre de la libertad, nos hace esclavos y esclavas

de lo que calla o lo que dice. Media docena de familias son dueñas de medios de

comunicación nacionales; esa es la vulnerabilidad en la que estamos” (“Presidente insta a que

los medios demuestren si el Gobierno miente en cadenas nacionales (audio), El Ciudadano,

10/11/2011).

Resulta interesante que, a tres años de su institucionalización, los enlaces hayan adquirido una

nueva característica: se incorporó un segmento denominado “La libertad de expresión ya es de

todos”, donde el presidente critica -mediante informes editados al estilo de los informativos de

televisión - el tratamiento mediático sobre los principales y más polémicos temas de interés

nacional, apuntando a poner en evidencia su intencionalidad política. La creación de dicho

espacio revela la importancia que tienen los medios de comunicación nacionales para el

gobierno, en tanto agentes con discursividad política propia y de enorme peso en la

configuración de la opinión pública nacional.

Durante los casi seis años del gobierno de Correa, además de otros contenidos (anuncios de

medidas de política económica, de diversos proyectos y en general de iniciativas

gubernamentales), los referidos calificativos irán en la semana siguiente a formar parte de la

agenda de los medios.

Para los funcionarios encargados de gestionar la comunicación gubernamental, este bloque

propagandístico contiene en su interior elementos diferenciales, ya que distinguen con claridad

contenido y funciones de los productos que ponen a circular: identifican la posición política

gubernamental en los enlaces, separada de la información sobre la gestión, que es difundida a

través de los spots y cuñas. En palabras de un alto funcionario:

El Presidente, todos los sábados, se expone al escrutinio público, contando, para bien o para

mal, lo que hizo -minuto a minuto- durante todos los días de su semana (…) el Gobierno

12

tiene la obligación de decirles a los ciudadanos qué hace, qué va a hacer y cómo piensa el

bien de su país18

.

En dos de esos enlaces se han hecho dos anuncios que afectan la labor de los medios. El

primero fue el pedido al Secretario de Comunicación de hacer operativa la prohibición de

pautar en los medios privados. A reforzar el impacto de este anuncio, semanas después llega

otro que impone la prohibición de que los ministros concedan entrevistas en los medios

privados. Está claro que ambas medidas tienen repercusiones tanto en lo económico como en

lo simbólico. En lo primero, porque la pauta publicitaria gubernamental tradicionalmente ha

representado un aporte significativo a los ingresos de los medios tanto gráficos como

televisivos. En lo segundo, porque afecta directamente el desempeño de los medios, siendo las

fuentes ministeriales algunas de las más utilizadas.

Aunque no sería preciso afirmar que en el pasado no se hayan dado querellas judiciales de

parte de los distintos gobiernos hacia algún medio o periodista, es en el gobierno de Correa en

el cual se multiplican los casos de judicialización de la información y de la opinión. Además

del ya señalado juicio por injurias por el editorial del diario La Hora (el cual fue desechado

por los jueces), debemos dar cuenta del juicio en contra de Emilio Palacio y del diario El

Universo, así como de los periodistas Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, quienes

escribieron un libro llamado “El gran hermano” que contiene los resultados de una

investigación periodística sobre los negocios del hermano del presidente. No es nuestro

menester entrar a discutir sobre los contenidos de los textos - un editorial en el caso de

Palacio, el libro en el de los otros periodistas- que motivaron las querellas judiciales en ambos

casos por injurias o difamación. Lo que es necesario señalar es que estos textos motivaron al

demandante - el presidente – a pedir una suma gigantesca de dinero (ochenta y diez millones

de dólares respectivamente) como indemnización y también la cárcel para los responsables.

A partir del hecho de que los jueces han dado en ambos casos la razón al demandante, éste, en

un gesto de alto contenido simbólico les otorga el perdón, no para interrumpir el conflicto con

los medios o intentar subsanarlo, sino para reafirmar que la ciudadanía tiene la obligación de

no olvidar que, más allá del perdón, el juicio ha demostrado que la prensa no es lo que dice

ser.

18

Vinicio ALVARADO, Secretario General de la Administración Pública y Comunicación, según entrevista

realizada el 28 de enero de 2009.

13

Entre los objetivos que el gobierno se propuso en este juicio, ha estado “lograr que los

ciudadanos de Ecuador superen el miedo a esa prensa que actúa de manera corrupta y abusiva.

Se demostró que se puede enjuiciar y vencer al abuso del poder mediático”.19

El tercer escenario es el de los cambios introducidos a nivel de normativas que afectan los

intereses de los propietarios de medios. En particular podemos señalar la introducción del

gravamen del IVA al papel periódico, la prohibición (elevada a norma constitucional) de que

los accionistas de entidades financieras puedan participar en los negocios mediáticos, y la

prohibición de que los accionistas de medios de comunicación puedan, contemporáneamente,

serlo de otras empresas económicas. Señalamos también, la existencia de normas que fijan un

nuevo piso salarial para los trabajadores de prensa, la multiplicación de las inspecciones

laborales a las empresas mediáticas, la abolición de la figura de los “pasantes” (con la cual

muchas veces se encubrían trabajos no remunerados), y las investigaciones en torno al

domicilio de algunas empresas mediáticas en los paraísos fiscales.

3.1. El debate de la Ley de Comunicación. El mayor escenario de disputa

Según mandato constitucional, el gobierno nacional impulsó en 2009-2010 la sanción de la

Ley Orgánica de Comunicación, para reemplazar a la antigua normativa sancionada en 1979, y

a las reformas parciales efectuadas en los subsiguientes períodos democráticos. Inicialmente,

su discusión fue posible por el fortalecimiento del Estado en el ámbito de las comunicaciones

y los medios.

Actualmente el proyecto se discute en segundo debate ampliado, sin que se evidencien

voluntad política y acuerdos mínimos de los bloques legislativos, incluido el del partido de

gobierno. Los debates públicos sobre la Ley se han convertido en el escenario intensificador

19

“Rafael Correa anunció perdón sin olvido para sentenciados en caso El Universo”, El Universo, 27 de

febrero de 2012, consultado el 14 de marzo de 2013, en

http://rafaelcorreacontraeluniverso.eluniverso.com/2012/02/27/rafael-correa-anuncio-perdon-sin-olvido-para-

sentenciados-en-caso-el-universo/

14

de los enfrentamientos, que ya eran abiertos y sistemáticos, entre el Ejecutivo y las empresas

mediáticas.

Se ha producido una polarización discursiva entre el gobierno nacional y los medios, cuya

consecuencia es que, mientras el oficialismo no ha logrado involucrar en este debate a los

ciudadanos, el sector de los medios empresariales consiguió unificar una agenda y aglutinar a

otros actores en torno a sus reivindicaciones corporativistas.

La Asamblea Constituyente del año 2008 abrió espacios para la discusión de los derechos a la

comunicación, los que fueron ocupados por algunos colectivos y organizaciones que

concurrieron a presentar diversas propuestas. En ese marco, y pese a la resistencia expresada

por las empresas mediáticas, el texto constitucional actualmente vigente contiene, por primera

vez, algunos derechos vinculados a la comunicación que han sido históricamente reivindicados

por sectores progresistas y organizaciones de base. La Constitución obliga entre otras cosas a

que el Estado garantice la existencia de medios de propiedad pública, privada y comunitaria, e

impida la monopolización directa o indirecta del espacio mediático (artículo 17).

Adicionalmente, se dispone que la información que circule públicamente sobre hechos y

acontecimientos de interés general sea “veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin

censura previa” (artículo 18).

El proyecto de ley de comunicación busca asegurar el ejercicio y la exigibilidad de estos

derechos constitucionales. Pero la presentación del mismo en el mes de septiembre de 2009

abrió un período de fuertes enfrentamientos -que se mantuvo hasta el primer trimestre de

2012- entre el Presidente Rafael Correa, los altos funcionarios de su gobierno y los

representantes más reconocidos de la denominada “prensa nacional”. Con esto se ha

inaugurado un episodio contencioso20

de características particulares, dadas las repercusiones

políticas y sobre todo económicas que podría tener la aprobación de esta ley en el

funcionamiento de los medios de comunicación privados o comerciales.

Por todo esto, el rechazo generado desde las empresas mediáticas a la iniciativa gubernamental

de impulsar una nueva estructura legal para el sector ha dado forma a una serie de acciones de

corte corporativo que se describen a continuación.

20

Cfr., TILLY, Charles, op. cit.

15

Los medios de mayor cobertura nacional21

no están produciendo contenidos que contribuyan a

un debate democrático en el cual las audiencias puedan formarse su propia opinión sobre los

contenidos de la futura ley de comunicación. Por el contrario, han promovido en bloque una

campaña de grandes proporciones en contra de la regulación estatal de sus actividades, cuya

característica es la implementación de estrategias comunes entre las mismas empresas que al

momento de captar segmentos de mercado se habían comportado como rivales.

Otra expresión de lo señalado fue la publicación en veintidós medios gráficos, en el ámbito

nacional, de una sobrecubierta a página completa con la siguiente leyenda:

Querido Lector, te agradecemos por preferir nuestro diario. Sabemos que podrías escoger

otro, estás en la libertad de hacerlo, es tu derecho, tu elección y eso se respeta. Tienes todo

nuestro respeto. Elegiste leer esto en total libertad y por tu derecho a estar informado. Por

respeto a tu decisión asumimos con seriedad la tarea de informar.

Otro recurso de esta campaña es la publicación, en la mayoría de medios gráficos del país, de

segmentos o de secciones creadas ad hoc, cuyos títulos intentan destacar que estos medios han

cumplido siempre con su obligación de informar: “Lo conoces porque pudimos informarte”,

“Periodismo positivo”, “No hemos callado” y “La historia en los medios”; es decir, se

observan altos índices de auto-referencialidad en la producción informativa. De este modo, los

contenidos orientados a posicionar una imagen positiva de los medios son presentados como

si se tratara de notas informativas o de grandes reportajes. Lo novedoso es que asistimos a la

construcción de una voz unificada corporativamente, que se ejecuta mediante la articulación

de ayudas recíprocas. En otro trabajo hemos mostrado cómo en el caso del diario El Comercio,

dicha “cooperación” se da inter países, pues se realiza entre este periódico y el diario Clarín,

el de mayor circulación de Argentina. Se trata de relatos periodísticos alineados

21

Los medios de comunicación que se encuentran confrontados con el gobierno desde 2007 son los diarios El

Universo, El Comercio, La Hora y Hoy, y las cadenas televisivas Ecuavisa y Teleamazonas.

16

regionalmente22

, en lo que Chomsky denominó como una “acción colectiva táctica de los

medios”, en el marco de “un sistema de mercado dirigido” 23

.

En todos los casos, el argumento central ha sido la defensa de la “libertad de expresión” y del

libre flujo de la información. El problema principal de este argumento es que el reclamo de

este derecho se hace desde una concepción restringida; es decir, los medios de comunicación

lo interpretan como su patrimonio exclusivo, equiparándola con libertad de información

(libertad editorial), y ocultando con ello la condición específica de esta última, dentro de la

cual la responsabilidad democrática es definitoria.

La manifiesta convergencia entre contenidos informativos y publicitarios no hace sino ratificar

el doble rol que cumplen los medios de comunicación comerciales en las sociedades

capitalistas contemporáneas: en primer lugar como espacios de producción y circulación de

información sobre temas de actualidad y de interés común y, en segundo, como defensores de

determinados intereses empresariales y económicos. Lo interesante es que, en muy pocas

ocasiones es posible advertirlo con tanta claridad como en los momentos que se viven en

Ecuador. Lo que podríamos cuestionar, sin embargo, es que esta ostensible defensa de

intereses corporativos disfrazada de libertad de expresión, sea presentada como noticia de

actualidad, información de interés general y opinión experta.

Nuestra tesis es que la asunción del papel de oposición al gobierno por parte de los medios

privados se debe, en primer lugar a un intento por defender privilegios adquiridos

históricamente; en segundo lugar, a la tradicional dependencia de la agenda política, generada

desde el oficialismo, que le impide transformar esa lógica en nuevos modos de producción

periodística.

4. De la mediatización de la política a la politización de los medios

22

ORLANDO, Rocío, Discursividades mediáticas contra hegemónicas: nuevas leyes de comunicación y

radiodifusión en Argentina y Ecuador. Quito, Flacso/Abya – Yala, 2012.

23 CHOMSKY, Noam, Los guardianes de la libertad: propaganda, desinformación y consenso en los medios de

comunicación de masas. Barcelona, Crítica, 2003.

17

Según Verón, nos encontraríamos en un proceso de transformación y de paso de las

sociedades mediáticas hacia las sociedades postindustriales en vías de mediatización, de una

gradual implantación de tecnologías de comunicación en la trama social, a sociedades en las

que todas las prácticas y relaciones sociales se encuentran atravesadas por la comunicación

mediatizada24

.

En las primeras, la televisión tendría un rol clave en la construcción de acontecimientos de

orden político, y la experiencia mediatizada se constituye en el espacio de socialización por

excelencia, ya que la mayoría de las personas no podemos acceder a mucho de lo que sucede

en el mundo sino es a través de los medios masivos.

La mediatización de lo político se refiere concretamente a los vínculos de dependencia mutua

que se generan entre el discurso político y el periodismo, y que van desde la devoción y la

colaboración incondicional hasta la disputa y confrontación permanentes, como en el caso

que estamos describiendo. Sucede que desde años recientes al fenómeno de la mediatización

se le ha agregado el componente de la campaña permanente de confrontación de lado y lado,

lo que se acompaña con la desaparición de los límites entre el discurso político y el discurso

de la información, pero de un modo que va de cierta mimetización a la diferenciación del

gobierno con los medios.

La utilización de la lógica mediática no es negativa per se. A falta de alternativas por ahora

viables en la escena política dicha utilización podría, en contra de previsiones de carácter

nostálgico, significar algo distinto que aquel modo de concebir la política con relación a la

opinión pública, tal es el ilustrado, institucionalista y elitista25

.

La perspectiva elitista proyecta a la población en un papel pasivo, meramente receptivo y

por lo tanto manipulable, planteando la incapacidad de la población de contribuir a las

decisiones políticas26

. Dicha perspectiva se basa en la convicción de que la opinión pública

padece de una progresiva desafección con relación a la política, y muestra una actitud por

demás emocional e irreflexiva, a la que contribuyen por un lado los medios y la

24

Cfr., VERÓN, Eliseo, El Cuerpo de la Imágenes. Buenos Aires, Norma, 2001.

25 GROSSI, Giorgio, L´opinione pubblica. Teoria del campo demoscopico. Roma, Editori Laterza, 2004.

26 Ibíd., p. 48.

18

mediatización de la esfera pública, y por el otro, el empobrecimiento del rol de los partidos

como promotores de espacios de discusión. Unos años antes, Bernard Manin había

anunciado el paso de una democracia de partidos a una de audiencias, poniendo en evidencia

efectivamente el poder de los medios por sobre las organizaciones políticas27

.

Ésta se trataría de una visión “mediófoba” 28

, que concibe a los medios como actores que

degradan la política al sustituirla e intentar ocupar su lugar y sus funciones. Una suerte de

contracción de la democracia en la que “los medios [subordinarían] al sistema político” 29

, y

proyectarían la existencia de una opinión pública despolitizada.

Cabe preguntarse: ¿bajo qué aproximaciones conceptuales se puede afirmar que la opinión

pública es un espacio despolitizado? Por un lado, cuando se la concibe bajo la noción de

“espiral del silencio”,30

la cual, según la autora, se produce cuando las opiniones que reciben

mayor apoyo parecen más fuertes de lo que son, y las “otras” opiniones aparecen como más

débiles, “lo cual incita a la gente a proclamar sus opiniones o a ´tragárselas´, y mantenerse en

silencio, hasta que, en un proceso en espiral, un punto de vista llega a dominar la escena

pública, y el otro desaparece de la conciencia pública al enmudecer sus partidarios” 31

. Por

otro lado, cuando la política queda expuesta a una versión espectacularizada y sostenida en

imágenes por la acción mediática, lo cual conduciría a una pérdida del poder simbólico de la

palabra y a un declive en el debate público.32

En este contexto y ante la constatación de que

efectivamente nos encontramos en el plano de la mediatización de la política, nos

preguntamos si en todo momento y de todos modos se debería concebir esta relación como

propia de la anti política y del pos político. Dicho de otra manera, esta coincidencia entre

representación política y lógica mediática, ¿conduce necesariamente a una sujeción de la

27

Cfr., MANIN, Bernard, Los principios del gobierno representativo. Madrid, Alianza Editorial, 2006.

28 EXENI, José Luis, “Gobernabilidad Mediática. Mass media y grado de gobierno: difícil (des) encuentro”,

Organicom, Nº 4, 2005, pp.90-105.

29 Ibíd., p.97.

30 NOELLE- NEUMANN, Elisabeth, La espiral del silencio: opinión pública: nuestra piel social. Madrid, Paidós

Ibérica, 1995.

31 Ibíd., pág. 22.

32 VERÓN, Eliseo, “Mediatización de lo político. Estrategias, actores y construcción de los colectivos” en De

Gilles Gauthier, André Gosselin y Jean Mouchon (Ed), Comunicación y Política. Barcelona: Gedisa, 1998

19

lógica política a la mediática? ¿Qué otras posibilidades se pueden vislumbrar bajo estas

lógicas, para que un gobierno recobre una acción política desmarcándose, no de lo

mediático, pero sí de los medios?

Que un gobierno dispute el hecho de que los medios se consideren a sí mismos por encima

del poder político, podría significar que ese gobierno recobra la capacidad de retomar el

control de la gobernabilidad -incluso de una gobernabilidad mediática- y de re-politizar en el

propio terreno de lo mediático tanto su acción como la relación con la opinión pública,

intentando así sustraerla de la influencia de los medios.

Junto con esta perspectiva, que habría que observar también empíricamente y no solo

teóricamente, cabría la posibilidad, y esta es nuestra propuesta, de que en el propio terreno de

lo mediático, una vez que un gobierno rompe con la connivencia con los medios,

recuperando así su capacidad de gobernar aún en contra de los medios, a la opinión pública

se le abra un escenario para la toma de posiciones que no deberían ser consideradas

secundarias desde el punto de vista de lo político.

El giro del gobierno de Correa en la relación con los medios ilustra un modo distinto de

comprender el papel de la mediatización en la relación entre el gobierno, la política, los

medios y la opinión pública. Dicho gobierno ha apostado por instalar a través de los medios

la idea de que la política es fundamentalmente conflicto. Para ello, ha buscado entender

exhaustivamente la lógica de funcionamiento mediático que se sostiene en el impacto, la

inmediatez y la personalización, entre otras figuras, empleando los mismos códigos y

lenguajes audiovisuales, para responderle a aquélla bajo el signo de la confrontación. Frente

al gran espectro de medios de propiedad privada en el país que padecen del “miedo al

disenso” 33

-es decir, que en sus agendas periodísticas invisibilizan conflictos sociales y

problemas estructurales irresueltos que tienen que ver con las desigualdades de la estructura

social34

, anulando con ello las diferencias o bien volviéndolas exóticas o meras anécdotas-

33 MIRALLES, Ana María, El miedo al disenso. El disenso periodístico como expresión democrática de las

diferencias y no como provocación de violencia. Barcelona, Gedisa, 2011.

34 FISS, Owen, “Las dos caras del estado”, en Democracia y disenso. Una teoría de la libertad de expresión.

Buenos Aires, Ad-Hoc, 2010.

20

la acción del gobierno de Correa ha adoptado los signos del campo audiovisual como un

modo predominante de apelación política, para problematizar públicamente los conflictos de

intereses sociales, económicos y políticos que existen en el país. Esta acción le ha permitido

avanzar en un intento de ampliación de la lucha política, más allá de las instituciones

tradicionales, y en un gesto de politización de los medios y de la opinión pública, mediante

el cual el conflicto adquiere significado político.

El gobierno constituye a los medios como principales enemigos políticos, y estos ocupan el

lugar de la oposición. Las consecuencias podrían consistir en una metonimización de la

lógica amigo-enemigo, por la cual el gobierno sintetiza en los medios toda oposición política

posible. Lo que operativiza esta construcción es que la confrontación con los medios

conlleva el descrédito y la deslegitimación de los propios medios, lo que hace tambalear los

supuestos que ubican ideológicamente a los medios como garantes de la democracia, como

escenarios de pura rendición de cuentas, y como mediadores neutrales entre los gobernantes

y la sociedad.

La ruptura producida por la confrontación, el establecimiento y diferenciación entre medios

privados y medios públicos o estatales a los que hemos hecho referencia, tienen como

consecuencia que también se visibilicen para la ciudadanía los clivajes políticos e

ideológicos que atraviesan las estructuras y acciones de los medios, permitiendo el

discernimiento entre aquellos que guardan afinidad con las propuestas de gobierno, y

aquellos que se les oponen, develando así su carácter de actores ideológicos. Según un

estudio cualitativo realizado en tres ciudades del Ecuador35

, los ciudadanos reconocen a los

grandes medios de comunicación privados como parte de los sectores de oposición; éstos

compartirían con los partidos políticos tradicionales y los empresarios privados la defensa de

intereses similares, todos contrapuestos a los del gobierno actual.

Dado el carácter históricamente mimético entre los medios y la política en Ecuador,

pareciera que un proceso de democratización y de politización debía necesariamente iniciarse

en una disputa con los medios, que empezaron a ser visibilizados no como garantes puros de

los intereses públicos, sino de sus propias lógicas corporativas. Esto conlleva a que la

35

Trabajo realizado por Perfiles de opinión, Quito, 2012.

21

gobernabilidad, tan sujeta en las últimas décadas a la acción de los medios de comunicación,

quede configurada de un modo más político que mediático, no obstante no haya eliminado

del todo esta lógica, apartándose del fuerte condicionamiento de los medios de titularidad

privada, una vez puesto en evidencia su carácter eminentemente comercial y corporativo.

La politización de los medios, y su consecuente desacreditación puede ser mostrada

claramente en las reiteradas menciones del presidente Correa al argumento por el cual los

medios no tienen legitimidad porque “no han sido libremente electos por el pueblo”. A

nuestro entender, esa afirmación que parecería descabellada, acaba por ser el argumento con

el cual, en primer lugar se politiza a los medios, al ubicarlos como interlocutores que

tendrían la misma naturaleza del gobierno, para, en segundo lugar, desacreditarlos. El

proceso de desacreditación, tomando la idea de Mac Luhan de que “el medio es el mensaje”,

no solo desacredita a su enunciador, sino también al enunciado, es decir, también a los

mensajes.

5. A modo de conclusión

A lo largo de este trabajo intenté analizar el papel que cumple lo mediático en la acción de

gobierno del presidente Rafael Correa. En este sentido, se ha argumentado que, en contra de

visiones elitistas, la utilización de las lógicas mediáticas en la confrontación con los medios

privados, puede significar la politización de la relación entre los medios y la opinión pública.

Laclau asocia la emergencia del populismo con algunas características: la equivalencia entre

demandas insatisfechas, la constitución de un pueblo, la producción de símbolos ideológicos a

través de los cuales se articule una identidad colectiva, y la emergencia de un líder que se

constituya en el factor aglutinante36

. Según el esquema de la ruptura populista, el líder asume

las demandas particulares, cadenas de equivalencias del espectro de la sociedad, interpreta una

radical oposición al bloque histórico que ha excluido a una parte de la misma, y las transforma

en una interpelación política. La devolución de las demandas sociales en signo político

adviene en un esquema de interpelación que es actualmente imposible sin el recurso a los

36

LACLAU, Ernesto, op. cit., p. 60

22

medios masivos. Como hemos mencionado, la articulación populista no puede prescindir de la

lógica mediática.

Algunos aspectos de la lógica mediática son: el lenguaje simple, binario, el uso de términos

que circulan en imaginarios populares, la referencia a problemáticas de la vida cotidiana, la

búsqueda de impacto emocional, la moralización cuasi paternal de la sociedad, el alejamiento

de los aspectos más formales o argumentados del discurso, y el ponerse en el lugar de otros,

vía una fuerte personalización. Así lo reflejan los ciudadanos cuando afirman que, en contraste

con gobiernos anteriores, “ahora este gobierno está consultando al pueblo”.

Por paradójico que parezca, la posibilidad de reducir la influencia social de los medios de

comunicación y de la lógica mediática (que llamamos mediatización de la política y de la

gobernabilidad mediática), es disputar, en el mismo terreno de aquellos, la formación de la

opinión pública, que se vuelve objeto de los medios y objeto de la política, con signos y

orientaciones políticos distintos. La polarización y el conflicto asumen así un valor

efectivamente político.

No estoy en condiciones, por el momento, de indicar si están dadas las bases para una

transformación duradera, ni el tipo de implicaciones que tendrá este proceso en el largo plazo

para el significado de la representación política, la gobernabilidad y la democracia en Ecuador

y la Región.