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Jaime Delgado Rubio*

El factor demovilidad comunitariay el patrimonio arqueolgico

n este ensayo analizamos uno de los aspectos que por siglos han dina-mizado el sistema patrimonial en Mxico, que es el factor de movilidadcomunitaria en torno al patrimonio arqueolgico en Mxico, trmino conel cual describimos el conjunto de estrategias materiales y discursivas quediferentes comunidades a lo largo y ancho del pas han construido paralograr acceder a los beneficios asociados a los sitios arqueolgicos abiertosal pblico, ya sea a travs de vas formales o informales.1

Ante la gestin centralizada del Estado mexicano, el abandono de laspolticas pblicas y las incipientes clusulas de participacin social entorno al patrimonio arqueolgico en Mxico, algunas comunidades con-tiguas a sitios arqueolgicos no han sido entidades estticas o pasivas cuyospobladores estn a la espera de reformas de ley que les permitan una par-ticipacin efectiva para acceder a los recursos asociados a estos bienes, sinoque a lo largo de su historia han construido estrategias colectivas o indivi-duales para buscar accesos materiales y simblicos a los bienes ubicadosdentro de sus demarcaciones territoriales.

Movilidad comunitaria que en todos los casos ha provenido no de orga-nizaciones funcionales (polticas) expresamente fundadas para resistir, sinode ncleos duros comunitarios que han fortalecido su especificidad local,para desde all negociar su integracin colectiva, y la bsqueda de accesosa recursos asociados a bienes custodiados por el Estado.

Una vez logrados los accesos materiales, la movilidad comunitaria tam-bin ha construido didcticas de uso, es decir un conjunto de prcticas ydiscursos sobre la forma de ser y actuar frente a las autoridades que custo-dian estos bienes basados en su capacidad de organizacin, informacin yrecursos disponibles, pero sobre todo con una nocin de legitimidad inter-comunitaria, diferente a las normas jurdicas reconocidas por el Estado.

Abstract: This essay analyzes communitymobility surrounding Mexicos archaeologi-cal patrimony. It describes the body of mate-rial and discursive strategies that differentcommunities have constructed to takeadvantage of the benefits associated witharchaeological sites open to the public, whet-her through formal or informal means.Based on the cases studied, communitymobility has not been the product of func-tional (political) organizations expressly esta-blished for resistance, instead it has arisenfrom social networks and heterogeneouslocal communities with shared interests thatconverge on gaining access to specific resour-ces, even public property.Key words: community mobility, archaeolo-gical patrimony, community, public pro-perty.

A N T R O P O L O G A

* Arquelogo investigador de la Zona Arqueolgica de Teotihuacn, candidato a doctoren arqueologa por el IIA/FFyL-UNAM.

1 Jaime Delgado, Movilidad comunitaria y patrimonio arqueolgico, tesis de docto-rado, Mxico, IIA/FFyL-UNAM, 2012.

Resumen: En este ensayo se analiza el factorde movilidad comunitaria en torno al patri-monio arqueolgico de Mxico, con el cualse describen el conjunto de estrategias mate-riales y discursivas que diferentes comunida-des han construido para lograr acceder a losbeneficios asociados a los sitios arqueolgi-cos abiertos al pblico, ya sea a travs de vasformales o informales. De acuerdo con loscasos estudiados, la movilidad comunitariano ha provenido de organizaciones funcio-nales (polticas) expresamente fundadas pararesistir, sino de redes sociales y comunidadeslocales heterogneas con intereses comunes yconvergentes para acceder a determinadosrecursos, aun cuando tales sean consideradoscomo bienes pblicos.Palabras clave: movilidad comunitaria, patri-monio arqueolgico, comunidad, bienespblicos.

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De acuerdo con los casos estudiados que mostrare-mos a continuacin, la movilidad comunitaria, no haprovenido de organizaciones funcionales (polticas)expresamente fundadas para resistir, sino de redessociales y comunidades locales heterogneas, con inte-reses comunes y convergentes para acceder a determi-nados recursos, aun cuando tales sean consideradoscomo bienes pblicos.

La movilidad comunitaria tiene como una de suscaractersticas ms importantes el no estar estructuradao codificada, de all que su flexibilidad y capacidad decambio le permite transformarse y adecuarse para co-rregir rutas en los procesos de bsqueda de los recursosasociados al patrimonio arqueolgico, lo cual dificultaun intento de asimilacin y control por parte de lasinstituciones del Estado.

Esta capacidad de transformacin ha surgido enbuena medida por la permanente evaluacin por partede las comunidades sobre la actuacin de los polticosy autoridades, de all que sostenemos que ha sido en elmbito de la vida comunitaria, la casa, la plaza pbli-ca, la escuela etc., los lugares donde el habitante comnacumula un conjunto de percepciones sobre lo que sig-nifican los polticos y las polticas pblicas, el significa-do de democracia y de participacin social y, ms an,el significado del patrimonio arqueolgico.

Visto as, la movilidad comunitaria no ha existidoaisladamente, sino ha sido producto de la interaccin ycorrespondencia entre una norma formalmente insti-tuida y una informalmente legitimada, en un procesodinmico y dialctico.

Po lo tanto es errneo concebir a la movilidad co-munitaria como una prctica inmutable, ya que si bienhoy en da estas prcticas pueden tener orgenes remo-tos, tambin contendr otros ms de pocas pretritasy modernas, formando una compleja semntica devalores yuxtapuestos que se actualizan constantemente.

En el caso especfico del patrimonio arqueolgico enMxico, la movilidad comunitaria ha dejado como saldola prdida o el debilitamiento de normas codificadassustentadas por procedimientos jurdicos (procesos dedesinstitucionalizacin) y en otros casos diferentes nive-les de debilitamiento o desaparicin del inters generalo utilidad pblica de los bienes arqueolgicos. Luego

entonces, los conflictos suscitados en torno al patrimo-nio arqueolgico en Mxico no han tenido las mismasexpresiones, los mismos efectos o las mismas intensida-des, ya que su manifestacin depende en buena me-dida de su especificidad histrica.

En el sentido positivo se advierte como un factorque contiene una sinergia organizativa que por smisma es capaz de incentivar la participacin social,elemento crucial si se piensa en planes y programas devinculacin y corresponsabilidad social en la protec-cin de los bienes arqueolgicos slo si respeta el con-tenido de la especificidad de lo local.

En el sentido negativo la movilidad comunitaria hadejado como saldo la prdida o el debilitamiento denormas codificadas por el INAH, sustentadas por proce-dimientos jurdicos (procesos de desinstitucionaliza-cin) y el debilitamiento o desaparicin del intersgeneral o utilidad pblica de los bienes arqueolgicos.

Para poder ejemplificarla, realizamos un anlisiscomparativo de cuatro comunidades contiguas a sitiosarqueolgicos que presentan desarrollos histricos dife-rentes: San Francisco Mazapa, Teotihuacn en el Estadode Mxico, cercano al sitio arqueolgico de Teotihua-cn; Ejido Miguel Hidalgo en el municipio de la Tri-nitaria, Chiapas, contiguo al sitio arqueolgico deChinkultic; la Colonia Tzacatipan en Cuetzalan, Pue-bla, contigua al sitio arqueolgico de Yohualinchan; lacolonia Santa Cruz en las estribaciones orientales dela Bocana del Ro en Copalita, Oaxaca.

En estos estudios de campo indagamos en las cade-nas de causas y efectos de ndole infraestructural (eco-nmicas, demogrficas, laborales) que histricamentehan ido generando las condiciones sociales y polticaspara la movilidad comunitaria, en busca de accesos for-

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males o factuales a los beneficios asociados a los bienesarqueolgicos localizados dentro de sus demarcacionesterritoriales, dando cuenta de las discrepancias existen-tes entre la declaracin jurdica de utilidad pblica delpatrimonio arqueolgico y la prctica real local, plan-teando posibles escenarios de solucin para los proble-mas que vive su conservacin y difusin.

Iniciamos con el caso de Teotihuacn, donde docu-mentamos la forma en la cual las pequeas comunida-des no pudieron a lo largo de su historia superar supoca pos-latifundista, ya que la escasez de agua, la des-truccin de la infraestructura de riego hacendaria y laproliferacin de minifundios (luego del reparto agrariocardenista) dejaron como saldo comunidades pobresque vivan por debajo del nivel mnimo de subsistenciaeconmica.2

En estas comunidades la conurbacin de ciudadescomo Pachuca y el Distrito Federal, ocurrida en ladcada de 1960, fue crucial para la movilidad comuni-taria, ya que los campesinos teotihuacanos se apresura-ron a sustituir sus tradicionales cultivos de maz-frijolpor los de maguey-tuna-nopal, con el propsito deampliar el tiempo libre que les permitiera aprovecharlas oportunidades de empleo que ofreca la conurba-cin en ciernes, sin abandonar del todo sus pequeasparcelas de cultivo.

En este contexto, la apertura al pblico de la ZonaArqueolgica de Teotihuacn fue clave en la creacinde empleos complementarios no agrcolas, con lo cuallas comunidades que lograban entrar en su administra-cin por vas formales (trabajo) o informales (venta oprestacin de servicios tursticos), construyeron a lolargo de casi treinta aos una extensa red de parentes-cos que termin por colonizar la administracin de lazona arqueolgica en todas sus reas sustantivas.3

Habiendo logrado esto, los circuitos de informacinya instalados en la zona empezaron a funcionar comoun enlace entre la poblacin que trabaja en el interiory sus parientes del exterior, circulando as toda clase deinformacin tcnica y operativa del INAH que permitea las comunidades evadir los procedimientos adminis-trativos de esta institucin. Lo anterior al grado dedesactivar la infraestructura legal del INAH, como porejemplo en lo referente a la proteccin de los vestigiosen la periferia del sitio, donde las restricciones estable-cidas por el INAH se han visto reducidas a simples tr-mites administrativos, lo cual tiene a la poligonal deproteccin arqueolgica al borde de la obsolescencia.

Foto1. La movilidad comunitaria en torno a los recursos asociadosa la apertura de las zonas arqueolgicas en Mxico responde aun fenmeno de profundas races histricas sobre la cultura polti-ca y social en Mxico.

2 Para la etnografa de estos casos y los principios tericos de lamovilidad comunitaria vase Jaime Delgado, op. cit..

3 Como ejemplo de ello debemos decir que hoy la operacincotidiana del sitio incluye a ms de 1 000 comerciantes ambulan-tes, 250 comerciantes establecidos, 150 trabajadores de base, 100policas y ms de 300 trabajadores eventuales, que circulan entodas direcciones para lograr la venta de una artesana, un cuarzo,una quesadilla, o brindar servicios de gua o taxi. Los datos nodejan lugar a dudas: de cada 10 personas que diariamente laboran,venden o prestan un servicio dentro de la zona, ocho proceden de

las comunidades circunvecinas al sitio arqueolgico; JaimeDelgado, Zona Arqueolgica de Teotihuacn: problemas y con-flictos en torno a su conservacin e investigacin, tesis de maes-tra, Mxico, IIA/FFyL-UNAM, 2008.

El caso teotihuacano no slo revela un vaco en elfuncionamiento de una poltica institucional, sino tam-bin advierte signos de un proceso de desinstitucionali-zacin, es decir, la prdida o debilitamiento de normascodificadas que estn sustentadas por procedimientosjurdicos, y donde la gente una vez que es conscientede la existencia de leyes que protegen los vestigios arque-olgicos aprende el funcionamiento del sistema insti-tucional para sacar ventaja de sus deficiencias yomisiones, que son empleadas para evadir la normativi-dad del instituto. Los altos ndices de crecimiento pobla-cional registrados desde 1970 en las comunidades delvalle teotihuacano, aun con las restricciones constructi-vas que en teora establece el Decreto Presidencial deProteccin Arqueolgica es slo una prueba de ello.4

Luego entonces, la medida de la valoracin de lasfamilias del valle de Teotihuacn no pasa por su con-formacin nuclear o institucional, sino por el grado decomunicacin que existe entre sus integrantes para eva-dir la norma, en detrimento de la conservacin de losvestigios y del inters general que en ellos se contienen.

En el caso del ejido Miguel Hidalgo, contiguo alsitio arqueolgico de Chinkultic, Chiapas, la situacinfue diferente. Aqu los factores de presin infraestruc-turales fueron originados por el despojo de tierras ind-genas ocurridos desde la poca colonial, seguido por laproliferacin de fincas y la migracin de trabajadorescentroamericanos, lo cual luego de casi dos siglos diocomo resultado la conformacin de una capa media detrabajadores sin tierra (principalmente jvenes), sub-asalariados y con bajos niveles educativos, que histri-camente han fungido como factores de presin hacialos recursos custodiados por el Estado.

En el caso particular de este ejido, la situacin seagudiz con la implantacin del programa guberna-mental del Banrural, que en 1970 introdujo de mane-ra extensiva fertilizantes y herbicidas qumicos parahacer ms productiva la tierra. Luego de su empleoindiscriminado por casi veinte aos, stos terminaronpor agotar las tierras, situacin que se identific comoel factor de presin ms reciente, lo cual llev a que el3 de octubre de 2008 el ejido decidiera tomar el sitio

arqueolgico de Chinkultic, provocando una confron-tacin con la polica estatal que dej como saldo seiscampesinos muertos y ms de 20 heridos.

Posterior al choque violento, las autoridades delejido replantearon su relacin con el INAH y los gobier-nos municipales y estatales, pues la cuota de sangre lespermiti honrar a sus muertos en la memoria colectivalocal y proyectar la imagen de un ejido rebelde concapacidad para desestabilizar al sistema poltico local,obteniendo con ello subsidios y plazas laborales parasus colonos jvenes.

Actualmente el sitio arqueolgico est en manos delos ejidatarios mediante una negociacin con el gobier-no del estado, en la que se acord que ocho personasdel ejido lo custodiaran mediante contratos rotativosde seis meses y sueldos garantizados por el municipio,a pesar de que el sitio es escasamente visitado por elturismo, situacin que corrobora nuestra afirmacininicial de que las fuentes de trabajo han sido la causams visibles de la movilidad comunitaria.

El caso de Chinkultic no slo revela la enorme dis-tancia que existe entre los nuevos gestores del INAHrespecto a la realidad vivida dentro de una estructuraagraria tradicional ejidal, tambin revela el abandonode las polticas pblicas en el campo, a la educacinpblica y a los programas de desarrollo social como lascausas subyacentes del conflicto. Con estas circunstan-cias identificamos que la nocin de utilidad pblica ointers general de los vestigios arqueolgicos de Chin-kultic se encuentra atrapada en la confrontacin entreun ejido endogmico y un gobierno local con viejasprcticas clientelares y subsidiarias.

Otro caso fue el de Cuetzalan, en la Sierra Norte dePuebla, donde tenemos registros de una pugna histri-ca tnica y racial entre mestizos e indgenas desde lapoca colonial agudizada durante la poca porfiria-na, lo que dej como saldo una apropiacin de tie-rras frtiles para el cultivo de caf y vainilla, as comoel monopolio de arrieros intermontanos por parte delos mestizos dominantes de la regin, todo ello bajouna marcada discriminacin y marginacin hacia losindgenas locales.

Aqu, la construccin de la carretera interserrana porparte del gobierno federal en la dcada de 1980 equilibr

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4 Ibidem.

la correlacin de fuerzas en disputa, en la medida quefavoreci los desplazamientos de las fuerzas laboral ycomercial indgena hacia ciudades contiguas. Tambinfue factor la denominacin de Cuetzalan comoPueblo Mgico, situacin que atrajo a los mestizoshacia el campo turstico, provocando una prdida deinters en las plantaciones de caf.

En esta coyuntura, los indgenas cuetzaltecos pudie-ron reapropiarse de sus antiguas tierras, capitalizarse ypaulatinamente incursionar en el sector turstico demanera alternativa y promoviendo sus rasgos culturales,entre ellos las artesanas en telar de cintura, temascales,medicina tradicional, posadas estilo indgena, etctera,al grado de convertirse en la actualidad en una compe-tencia real por el turismo frente a sus pares mestizos.

Afirmarse en su etnicidad fue un recurso histricode integracin/resistencia para las comunidades indge-nas cuetzaltecas y hoy en da, ante el arribo del turismonacional e internacional a su comunidad, se convirtitambin en un factor estratgico de competencia porlos servicios tursticos frente a la oferta mestiza. Alcapitalizar su alteridad tambin tomaron distancia po-ltica y cultural con las autoridades del INAH y los dife-rentes rdenes de gobierno, particularmente en el mbitomunicipal. Hablar frente a los otros en su lenguamaterna al momento de realizar todo tipo de transac-ciones comerciales, administrativas o polticas es sloun signo de estas fronteras tnicas.

En este caso afirmamos que Cuetzalan revela unproblema mayor que el de Chinkultic, pues los indge-nas cuetzaltecos no requirieron rebelarse ante las auto-ridades gubernamentales para replantear una relacincon ellas, sino optaron por construir distancias tnicas

y polticas para reafirmar su rechazo a las polticas p-blicas que derivan del Estado, del INAH y de los dife-rentes rganos de gobierno.

Finalmente nos trasladamos a Copalita Oaxaca, unacomunidad de pescadores agricultores asentadas sobrelas mrgenes de la Bocana del Ro, a 20 kilmetros deBahas de Huatulco.

Aunque en este caso no contamos con el tiemposuficiente para analizar detenidamente los factoresinfraestructurales que han ocurrido a lo largo de su his-toria, si pudimos registrar la forma en que se llev acabo la reubicacin de comunidades de la Bocana me-diante un convenio firmado entre el INAH y el FondoNacional de Fomento al Turismo (Fonatur) derivadode intereses econmicos de desarrolladores privados,quienes desde la dcada de 1970 tenan planes deexpropiar esta regin, por su potencial para el negociohotelero. Con la expropiacin en ciernes se iniciaronmltiples obras de construccin, tales como un aero-puerto, campos de golf, hoteles y restaurantes que handestruido de manera parcial o total ms de 70 sitiosarqueolgicos registrados en el rea, as como humeda-les y gran diversidad de flora y fauna endmica.

Hoy las comunidades reubicadas no tienen posibili-dad de acceder a sus antiguos recursos naturales dentrode la zona expropiada y tampoco tienen participacinpor va del empleo, venta o prestacin de servicios den-tro de la infraestructura turstica del parque eco- arqueo-lgico.

Bocana del Ro es un ejemplo diferente en la medi-da en que el Estado mexicano rene a diferentes para-estatales, como el Fonatur y la Secretara de Turismo(Sectur), para expropiar terrenos ubicados en zonas deplaya o de potencial para negocios tursticos, y poste-riormente negociarlos con el capital privado al margende problemas legales, pero sobre todo de problemticassociales; todo ello bajo la subordinacin del INAH, queal firmar esos convenios contraviene su propia norma-tividad, signos claros del tiempo presente donde lafuerza poltica del Estado acta en concordancia conel modelo neoliberal del libre mercado.

Aqu la utilidad pblica del patrimonio arqueolgi-co no pasa por los reclamos de una comunidad paratransformar su uso, sino la propia institucin y el Esta-

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do terminan por desplazar su inters general hacia unmodelo de negocios hoteleros bajo el eslogan de favo-recer el desarrollo econmico de las comunidades,siguiendo as los lineamientos generados por organis-mos internacionales como la UNESCO y el FMI.

Con lo expuesto hasta aqu podemos sealar que lamovilidad comunitaria no es un asunto menor, sino seconstituye con sus respectivas variantes en un poderfactual que no slo desafa la eficacia del poder insti-tucional, sino tambin los fundamentos y la naturalezade sus relaciones de los rdenes de gobierno con lascomunidades locales.

Discusin

Ante las problemticas expuestas identificamos dosposibles escenarios de solucin: el primero consiste enreconocer que el modelo institucional no funciona taly como est operando, pues la ruta que sigue cualquiersolucin o decisin en materia de proteccin y divul-gacin del patrimonio arqueolgico ha sido funda-mentalmente corporativa, ya que en el mejor de loscasos pasa por la decisin de un grupo colegiado comoel Consejo de Arqueologa, seguido de la I Coordina-cin Nacional de Arqueologa, la Secretara Tcnica, laSecretara Administrativa y la Direccin General, estaltima supeditada a decisiones ejecutivas de las autori-dades centrales, el Conaculta y la SEP, en una ruta quesi bien no es lineal en todos los casos, nunca consultalas bases reales del problema, como son las comunida-des y los propios arquelogos, a la hora de disear pla-nes y programas de manejo de sitios.

Esta situacin, aunada al abandono de las polticaspblicas en el pas en materia del campo, el empleo, elcombate a la pobreza, educacin, etctera, han propicia-do que durante aos las bases de la participacin social entorno a la valoracin y proteccin de dicho patrimoniosean un mero enunciado ornamental de los discursos ins-titucionales de utilidad pblica y social del patrimonio.

Por ello afirmamos que, de persistir las condicionesactuales, se continuarn gestando diferentes escenariosde desinstitucionalizacin, tal y como hemos mostradoen Teotihuacn y Chilkultic; o bien de gobernanza,como en el caso de Cuetzalan, o de los nuevos desa-

rrolladores operando en Bocana del Ro, Copalita,todo lo cual apunta a la afirmacin de JrgenHabermas, de que en muchos sentidos el Estado yadej de cumplir con su fin primordial, que es buscar elbeneficio de aquellos a quienes representa.5

Luego entonces, desde esta perspectiva resulta lgi-co pensar en dos escenarios posibles: el primero seracambiar el estatus jurdico de este tipo de bienes, y olvi-darnos de los atributos del Estado-institucin paradefinir qu debe ser considerado de utilidad pblica yqu no, alinendolos entonces a las leyes del libre mer-cado tal y como se ha planteado en diversas iniciativasde ley.

Un segundo posible escenario, al cual nos adscribi-mos en esta investigacin, consiste en reconocer que,as sean debilitados y cuestionados, tanto el Estado co-mo la nacin existen y son entidades que determinanla utilidad pblica y social, en el sentido antropolgicoy legal, de esos bienes.

De aceptar lo anterior, se hace necesario perfilar laspropuestas de esta investigacin hacia un objetivo cen-tral, que es proponer acciones concretas tendientes a

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Foto 2. La movilidad comunitaria no ha existido aisladamente,sino ha sido producto de la interaccin y correspondencia entreuna norma formalmente instituida y una informalmente legitimadaen un proceso dinmico y dialctico.

5 Jrgen Habermas, Ms all del Estado nacional, Madrid,Trotta, 1995, p. 45.

Fam Delgado RomeroResaltado



fortalecer el sentido inicial de la utilidad pblica de losmonumentos arqueolgicos en Mxico, vinculado a la edu-cacin y a las actividades cvico-culturales,6 as como ala reactivacin de los mecanismos de ley adecuadospara atender las infraestructuras socioeconmicascomunitarias que subyacen en la proteccin y valora-cin de dicho patrimonio.

Desde luego, para plantear las propuestas como lasque presentamos a continuacin no slo se requiere desolidez terica, sino tambin de un sustento jurdico(en el entendido de que el INAH es un rgano del Estadoy no puede actuar de otra manera), por lo que nuestraspropuestas atienden a la activacin de los artculos 30de la Ley de Bienes Nacionales, as como al artculo 2de la Ley Federal de Monumentos Arqueolgicos Ar-tsticos e Histricos de 1972, relacionado con los temaseducativo y de infraestructura, respectivamente; dospilares del patrimonio arqueolgico que nunca se hanactivado, ya sea por desdn, desconocimiento, incapa-cidad o falta de operacin poltica.

Propuesta 1. Creacin de las jornadas nacionales de difu-sin del patrimonio arqueolgico

Para dar paso a la construccin de esta propuesta, esnecesario reiterar que el debilitamiento o crisis delprincipio de inters general del patrimonio arqueolgico

nacional ha sido una constante en todos loscasos mostrados. Por inters general de los bie-nes arqueolgicos nos referimos al beneficiodel conjunto de la poblacin o los habitantesde un pas, asociado a la educacin y las acti-vidades cvicas y culturales de la sociedadmexicana en su conjunto, tal y como se esta-blece en el artculo 30 de la Ley General deBienes Nacionales:

En las zonas de monumentos arqueolgicos, la Secretarade Educacin Pblica a travs del Instituto de Antro-pologa e Historia podr otorgar permisos y concesionesnicamente para la realizacin de actividades cvicas oculturales, conforme a lo que disponga el reglamento quepara tal efecto se expida, siempre y cuando no afecte laintegridad, estructura y dignidad cultural de dichas zonasy monumentos, ni se contravenga su uso comn.7

En este sentido debemos recordar que el Estadomexicano, al haber declarado estos vestigios como bie-nes pblicos, y haberlos sujetado a un rgimen de pro-teccin especial fuera del mbito del comercio, debientonces soportar estas acciones con una polticapblica dirigida a la difusin de sus valores cientficose histricos en todos los sectores de la sociedad mexi-cana, tal y como se mandata en el artculo 2 de la LeyFederal de Monumentos y Zonas Arqueolgicas: LaSecretara de Educacin Pblica, el Instituto Nacionalde Antropologa e Historia, el Instituto Nacional deBellas Artes y los dems institutos culturales del pas,en coordinacin con las autoridades estatales, muni-cipales y los particulares, realizarn campaas perma-nentes para fomentar el conocimiento y respeto a losmonumentos arqueolgicos, histricos y artsticos.8

A pesar de su claridad, este mandato nunca se hacumplido. Para activarla satisfactoriamente retomamosuna idea inicialmente propuesta por Bolfy Cottom (co-municacin personal, 2011), quien ha sugerido realizarlas denominadas jornadas culturales de divulgacin del

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6 Por actividad cvica se entiende la promocin de los valoresdemocrticos republicanos, as como la conmemoracin de festivi-dades histricas de nuestro pas: no quedan comprendidos en esteconcepto los actos partidistas y de proselitismo poltico. Por acti-vidad cultural se entienden los actos relacionados con las expresio-nes artsticas, histricas o tradicionales de las distintas culturas delpas o de la cultura universal; Definicin de actividad cvico cul-tural (mecanoescrito), Archivo Tcnico del Sindicato de Inves-tigadores del INAH, Mxico, 2012.

7 Ley General de Bienes Nacionales, en Diario Oficial de laFederacin, Mxico, 8 de enero de 1982.

8 Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueolgicos,Artsticos e Histricos, en Diario Oficial de la Federacin, Mxico,1985.

patrimonio arqueolgico, con la idea de aprovechar lariqueza cultural y acadmica que generan diferentesinstituciones educativas del pas, y donde los estudian-tes de nivel de licenciatura que cursan carreras de per-fil social y humanstico cumplan con su servicio socialinformando sobre la realidad de esos monumentosdesde la perspectiva cientfica, adems de realizar undiagnstico del estado actual que guarda ese conoci-miento y valoracin entre diversos sectores de la pobla-cin mexicana.

No obstante, con la finalidad de concretar esta ideaoriginal hemos optado por dividirla en dos grandeslneas de trabajo: 1) la difusin del patrimonio arque-olgico y 2) la elaboracin de un diagnstico sobre elestado actual de su valoracin. Respecto a la primera,el objetivo central ser llevar el conocimiento de losaspectos de la poca prehispnica e histrica a diferen-tes escuelas, pueblos, colonias y plazas pblicas, guia-dos por tres ejes temticos fundamentales: 1) qu es elpatrimonio arqueolgico e histrico de su comunidad, 2)Para qu sirve conocerlo y 3) para qu sirve conservar-lo, directrices tericas sobre los que deben girar lasacciones de divulgacin.

De estas derivarn subtemas como la divulgacindel acervo arqueolgico en Mxico; el papel que juegael Estado mexicano en su proteccin y conocimiento;los riesgos que enfrenta su proteccin, as como losderechos que tienen las comunidades para participar desu proteccin y atencin a problemticas asociadas.

Respecto a la segunda, se propone construir un diag-nstico complementario a las acciones de difusin, quetiene como objetivo central identificar los significados yvalores que tienen estos vestigios en el mbito de su comu-nidad y en la vida nacional, as como la percepcin delpapel del papel del INAH y el Estado en su conservacin.

Con estos diagnsticos se conformar una base ana-ltica para dos fines concretos: realizar foros de discu-sin entre la comunidad acadmica, los funcionarios yrepresentantes de los sectores de la sociedad civil noespecializada, con el fin de evaluar la pertinencia de laspolticas pblicas en materia de valoracin y protec-cin del patrimonio arqueolgico nacional.

Ambas acciones parten de la premisa de que los bie-nes arqueolgicos son testimonios concretos sobre el

origen del devenir histrico de nuestros pueblos, gene-rando con ello un sentido de identidad y pertenenciaentre nios, jvenes y adultos en nuestro pas; un con-trapeso social ante el embate de la mundializacin, laglobalizacin, la ausencia de grandes ideologas, la glo-balizacin, el libre mercado, la proliferacin de nuevastecnologas y la atomizacin de identidades colectivas,entre otros fenmenos.

En este particular coincidimos Jos Luis Punzo(comunicacin personal, 2012) respecto a que debe-mos aprovechar algunas de las nuevas tecnologas, elperiodismo y los medios de comunicacin electrnicapara fomentar el inters en estas campaas de divulga-cin.

Formas de operacin

No obstante, para hacer operativo y eficaz este pro-yecto, consideramos pertinente concretarlo medianteun convenio bilateral entre las autoridades centralesdel INAH con su Escuela Nacional de Antropologa eHistoria, y de la UNAM con sus facultades de ciencias yhumanidades;9 dicho convenio deber estar coordina-do por un grupo colegiado autnomo, responsable dedefinir las directrices tcnicas y acadmicas para esteefecto, as como por un grupo de intermediacin paralos conflictos que surjan del dilogo y monitoreo deacuerdos.

Al delimitarlo como un convenio piloto, su eficaciaen una primera etapa estar siendo evaluada y monito-reada con la finalidad de discutir y afinar una segundafase de implementacin, en la cual se pretende escalar-la a otros mbitos acadmicos y gubernamentales.

En tal contexto, estas jornadas debern realizarse ini-cialmente dentro de las escuelas primarias, secundarias y

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9 Por parte del INAH participaran la Coordinacin Nacionalde Difusin, la Coordinacin Nacional de Antropologa y laCoordinacin Nacional de Arqueologa; por la ENAH: alumnos detodas sus licenciaturas (antropologa social, antropologa fsica,arqueologa, etnologa, etnohistoria, lingstica e historia). Por laUNAM: alumnos del Instituto de Investigaciones Antropolgicas,as como de las licenciaturas en antropologa social, comunicacinsocial, historia, trabajo social, turismo, bibliotecologa, profesora-do en ciencias econmicas, profesorado en educacin especial yprofesorado en historia.

preparatorias, donde las condiciones de seguridad paralos prestadores de servicio social y diagnosticadoresestn plenamente garantizadas, para posteriormentetrasladarlas a algunos centros de poblacin de comuni-dades urbanas y rurales, con cobertura en diferentessectores de la poblacin.

Por lo que toca al diagnstico, ste se realizarmediante el levantamiento de entrevistas enfocadasen la metodologa planteada por Sierra,10 completndo-las con entrevistas libres aplicadas a actores con lide-razgos en la comunidad.

Parte fundamental del proceso ser la capacitacinde los prestadores de servicio social, para lo cual elgrupo de coordinacin deber decidir entre diferentesinstituciones educativas para realizar esta tarea, porejemplo la Escuela Nacional de Antropologa e Histo-ria, la Escuela Nacional de Conservacin y Restaura-cin o el Instituto de Investigaciones Antropolgicasde la UNAM; tambin definirn los trminos de la ela-boracin del material de apoyo didctico tales comotrpticos, pendones, cuestionarios y materiales de apo-yo para las jornadas culturales de los prestadores de ser-vicio social.

Estas acciones requeran de un fondo econmicoespecial, tanto para el estmulo econmico de los pres-tadores de servicio social, viticos y elaboracin delmaterial didctico, como para el propio funcionamien-to del equipo coordinador, fondos que sern gestiona-dos por mediacin de la SEP, el INAH y la UNAM.

Habiendo obtenido resultados concretos de esta pri-mera etapa, se sugiere entrar a una segunda fase delproyecto, que consiste en ampliar la cobertura a otrasentidades del pas, as como el nmero de convenioscon otros institutos de educacin y gobiernos munici-pales y estatales, tal y como mandata la ley; sin embar-go, debe subrayarse la necesidad de integrar a todasaquellas organizaciones culturales, privadas o pblicas,que a lo largo y ancho del pas realizan estn labor demanera cotidiana.

Para garantizar la eficacia legal y poltica de estainiciativa es fundamental que el convenio sea firmadoante notario pblico, quien deber establecer puntual-mente la identificacin de las partes firmantes del con-venio, la legitimacin de las partes firmantes, lanormativa de aplicacin, la conformacin de un grupocolegiado de coordinacin, la firma de los compromi-sos concretos entre las partes, la creacin de una comi-sin de seguimiento de acuerdos, la implementacinde grupos de intermediacin de conflictos, el estableci-miento de la duracin y posibilidad de prrroga (ex-presa o tcita), la delimitacin de las jurisdiccionescompetentes en cada temtica, as como la trasparenciaen el manejo de los recursos financieros.

De esta forma, las jornadas nacionales de divulga-cin de los bienes arqueolgicos no slo daran cum-plimiento a los mandatos de la Ley General de Bienesy la Ley Federal de Zonas y Monumentos Arqueolgi-cos, sino que ira ms all del INAH al dar contenido alartculo 3 de la Constitucin, que aborda el derecho delos gobernados a ser informados como un derechocivil. En el mbito social se espera que estas accionesse liguen al sistema educativo nacional, cerrando elcrculo formacin de ciudadanos-trasmisin de cono-cimiento-fortalecimiento de una identidad, por msdiversa que sta sea.

Propuesta 2. Activacin de los consejos consultivosestatales/minicipales

Como hemos mencionado, la nocin de utilidad p-blica del patrimonio pasa por una crisis generalizada entodos los casos expuestos; pero tambin debemos sea-lar que hay una lnea que conecta este fenmeno conlas condiciones de infraestructura subyacentes en cadacomunidad, dado lo cual nos parece pertinente pre-guntarnos: debe esta institucin (INAH) atender pro-blemticas de usos materiales que exigen diferentesgrupos comunitarios en torno a los sitios arqueolgicosabiertos al pblico en Mxico?

La respuesta es afirmativa, y no slo por la realidadexpuesta en estos casos, sino porque as se establece enel artculo 73 de la Constitucin Poltica de los EstadosUnidos Mexicanos, el cual faculta al Congreso para le-

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10 Francisco Sierra, Funcin y sentido de la entrevista cualita-tiva en investigacin social, en Jess Galindo Cceres (ed.), Tcni-cas de investigacin en sociedad, cultura y comunicacin, Mxico,Addison Wesley Longman/Conaculta, 2003.

gislar en materia de monumentos arqueolgicos de in-ters nacional, y al mismo tiempo mandata a los tres ni-veles de gobierno, federal, estatal y municipal, comocoadyuvantes con el INAH en las siguientes acciones: a)mbito federal: preceptos constitucionales y diversos or-denamientos de ndole federal; b) mbito estatal: con-stituciones estatales, leyes diversas y sus respectivosreglamentos; c) mbito municipal: bandos de polica ybuen gobierno, reglamentos, circulares y disposicionesadministrativas que expidan los ayuntamientos con-forme a ley.

En este sentido, el artculo 3 de la Ley Federal sobreMonumentos y Zonas Arqueolgicos, Artsticos e His-tricos, promulgada en 1972, tambin es claro al defi-nir las competencias que coadyuven con el INAH en elcumplimiento de la proteccin de dicho patrimonio:

1. El Presidente de la Repblica2. El Secretario de Educacin Pblica3. El Secretario del Patrimonio Nacional4. El Instituto Nacional de Antropologa e Historia (INAH)5 . El Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA)6 . Las dems autoridades y dependencias federales,

en los casos de su competencia.

Este ltimo se refiere a instituciones federales comolas secretaras de Educacin Pblica; Desarrollo Social;Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; Turismo;Agricultura, Ganadera y Desarrollo Rural; Comunica-ciones yTransportes; Medio Ambiente y Recursos Natu-

rales, as como a todas aquellas institucio-nes culturales relacionadas directa o indi-rectamente con el patrimonio arqueolgicoen Mxico.

Por ello nuestra segunda propuesta con-siste en reactivar un mecanismo de ley quehistricamente ha estado cerrado, y se refie-re precisamente a la atencin de estas infra-estructuras: nos referimos a la conformacinde los Consejos Consultivos Estatales orde-nados en el artculo 2 de Ley Orgnica delINAH, que a la letra dice: Impulsar, previoacuerdo del Secretario de Educacin Pbli-ca, la formacin de Consejos ConsultivosEstatales para la proteccin y conservacin

del patrimonio arqueolgico, histrico y paleontolgi-co, conformados por instancias estatales y municipales,as como por representantes de organizaciones sociales,acadmicas y culturales que se interesen en la defensade este patrimonio.11

En funcin de este mandato, debemos aclarar que elConsejo Consultivo Estatal tendr como objetivo cen-tral concertar y coordinar acciones entre la SEP, el INAH,los gobiernos federal, estatal y municipal, as comodiversos grupos de la sociedad civil para articular demanera participativa tanto las necesidades de conserva-cin arqueolgica como las necesidades urbanas y dedesarrollo social y educativo que inciden en la protec-cin, destruccin y valoracin del patrimonio arqueo-lgico nacional.

Con base en este postulado, los Consejos Consul-tivos Estatales debern funcionar como un espacio pol-tico democrtico, donde los participantes comunitariostengan la capacidad de incidir en la toma de decisionesdentro del Consejo y convertirse en interlocutores po-ltico-sociales frente a la institucin, y no como un es-quema de asimilacin de pobladores a las dinmicasdel INAH o del gobierno de cada entidad federativa, taly como ha sucedido hasta ahora.

Al tener un carcter consultivo, el Consejo deberser un organismo que el Estado-INAH debe consultar

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11 Ley General de Bienes Nacionales, en Diario Oficial de laFederacin, Mxico, 8 de enero de 1982.

para formular polticas culturales, ligando los rdenesde gobierno competentes para la atencin y resolucinde problemticas locales. Visto as, este es el canal ade-cuado para que las problemticas locales lleguen a lainstitucin, y de all se concreten en las polticas cultu-rales aplicables a cada comunidad.

En su operacin se prev que confluirn una grancantidad de intereses, lo que es comn cuando se tra-tan situaciones que ataen a problemas de subsistenciabsica concreta, no obstante un acierto visible de estemandato es reconocer que si bien tales intereses pue-dan ser variados y diversos, debern estarn guiadospor el principio de inters general, evitando con ello querespondan solo a intereses de individuos o de grupo.

No obstante, ya ha habido un intento por activareste mecanismo en la historia del INAH: sucedi en Oa-xaca en el ao 2009, y termin por convertirse en unespacio para el forcejeo poltico por parte de lderespolticos locales versus el gobernador del estado (BolfyCottom, comunicacin personal, 2011).

Dos problemas de operacin se advierten en la con-formacin de este Consejo en Oaxaca: el primero fueconceptual, ya que se pretendi implementar como undecreto de las autoridades del instituto sin haber reali-zado una fase de preparacin previa en la cual se estu-

diara de forma multidisciplinaria a las comunidadescon que se quera trabajar; el segundo fue de escala ygrado, pues al ser la primera vez que se intentaba cons-tituir, lo pertinente era implementarlo primero comoplan piloto en un municipio especfico, luego afinarloy perfeccionarlo, y as estar en posicin tcnica y meto-dolgica para escalarlo a otros municipios, hasta con-solidarlo en una entidad federativa.

Con estas observaciones, en lo sucesivo preferimoshablar de la conformacin de un Consejo ConsultivoMunicipal, para lo cual se hace indispensable obtenerdiagnsticos de escala microsocial con perspectiva his-trica realizados por especialistas en los tres niveles deanlisis discutidos en esta investigacin: infraestruc-turales (territorio, economa, demografa, tecnologa,fuentes de trabajo), estructurales (relaciones polticas,educacin, tenencia de la tierra, produccin artesanal oturstica) y superestructurales (religin, manifestacionesartsticas y culturales y leyes), pues con este ordena-miento de los campos de investigacin es posible identi-ficar los factores que propician la movilidad comunitariahacia los entornos de los sitios arqueolgicos.

Con la identificacin de estas problemticas se en-tiende que el grupo coordinador de este Consejo podrestar en condiciones tcnicas y acadmicas para movili-zar a diversos sectores de gobierno, ligando las compe-tencias gubernamentales confluyentes en el problemade la proteccin y valoracin del patrimonio arqueol-gico tal y como se mandata en la ley.

Para cumplir satisfactoriamente con ello es necesarioque la conformacin del Consejo Consultivo Muni-cipal se apegue a la firma notariada de un conveniomarco de colaboracin entre la SEP-INAH y los tresrdenes de gobierno, en el cual se fijen puntualmentela justificacin legal y social de su constitucin, la nor-mativa, los compromisos de las partes, la creacin deuna delegacin que d seguimiento de acuerdos y me-diacin de conflictos, as como las jurisdicciones ycompetencias de cada problema.

El siguiente paso de esta iniciativa ser lograr unaconvocatoria dirigida a la representacin de todos losactores sociales, polticos e institucionales del munici-pio, para lo cual es necesario que dichas instituciones ylos rganos municipales se convenzan de que dicha

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negociacin con los sectores de poblacin in-volucrados no pone en riesgo su papel comocustodio del patrimonio, ni sus misiones insti-tucionales o gubernamentales, pues lo que se bu-sca es identificar y responder a las problemticaslocales que confluyen en la conservacin yvaloracin del patrimonio arqueolgico, sincontravenir la declaracin jurdica del mismo.

Para resolver los conflictos que surjan de lanegociacin se sugiere la creacin de un grupocolegiado de mediacin de conflictos,12 el cualpodra estar integrado por autoridades civiles,acadmicas o polticas de reconocida autori-dad moral. Una vez logrado lo anterior, es ne-cesario darle un seguimiento especfico a cadauno de ellos, definiendo quin o quines lorealizarn, cmo se le dar seguimiento, porparte de quin, y definir las sanciones en casode no cumplir con lo acordado.

El documento generado por los participan-tes deber ser lo suficientemente claro en cuanto a losmecanismos de obligatoriedad para que las partes fir-mantes no evadan su responsabilidad en los compromi-sos establecidos.13 As, pues, la negociacin no laentendemos como un reconocimiento pleno de lasdemandas del otro, sino como una decisin en la quetodas las partes puedan encontrar soluciones al proble-ma de la conservacin y valoracin del patrimonio en elmbito de sus problemticas locales, guiados por elinters pblico que ste contiene.

Si aceptamos que las infraestructuras comunitariasson el teln de fondo sobre el que se recortan la valo-racin y conservacin del patrimonio, entonces debe-mos aceptar que las propuestas mostradas aqu son

necesariamente complementarias, pues el xito de unaes directamente proporcional a la ejecucin de la otra,y viceversa.

La movilidad comunitaria documentada aqu noes privativa de Teotihuacn, Chinkultic, Copalita oCuetzalan, de hecho estn presentes en todos lossitios arqueolgicos abiertos al pblico en el pas,desde Baja California hasta los sitios mayas del sures-te; no obstante, cada comunidad ha buscado accedery usar esos recursos bajo circunstancias socioecon-micas diferentes.

Pero todas estas variantes tienen algo en comn: elreiterado problema sobre la necesidad de concientizar ala poblacin local acerca de la importancia de conser-var los vestigios arqueolgicos no slo pasa por unadifusin educativa, sino por el grado de incidencia queestas polticas tengan en sus condiciones infraestructu-rales, es decir, del mejoramiento de sus condiciones desubsistencia.

Luego entonces, la verdadera crisis del sistema insti-tucional no consiste en tener problemas, nada en elmundo est libre de ello, la verdadera crisis del INAH escon la participacin social y el largo plazo. Valga esteensayo para abrir la discusin al respecto.

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12 Por conflicto entendemos una situacin en que las partesestn en desacuerdo o tienen posiciones encontradas con respectoal acceso o distribucin de determinados recursos en este casomateriales y simblicos en el mbito cultural, y actan movidaspor su conviccin de que los intereses de los involucrados se hallancontrapuestos; Alfredo Gonzlez, Mtodos alternativos de manejo deconflictos y sus aplicaciones en materia ambiental. Manual de concep-tos bsicos, Mxico, PNUD/Semarnat/GEA, 1996.

13 Establecer los procedimientos y las sanciones para casos deincumplimiento es algo que por lo general resulta desagradable abor-dar, pero es importante hacerlo para evitar los tiempos indefi-nidos.

Foto 3. Se espera que estas acciones se liguen al sistema educativo nacional,cerrando el crculo formacin de ciudadanos-trasmisin de conocimientos-fortale-cimiento de las identidades, por ms diversos que stos sean.

el factor de movilidad comunitaria.pdf

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