conflictos y consecuencias de negar los derechos humanos a los migrantes

Como se explicó en el primer capítulo, en la relación de determinación parcial mu tua que existe entre la globalización y la migración, cuando las políticas y los pro­gramas son abiertos e incluyentes, además de que reconocen los derechos humanos, los mi grantes se organizan para mejorar sus condiciones de vida y mantener sus redes políticas, culturales, sociales y económicas transnacionalmente, lo cual incide de ma nera positiva en la globalización.

Al contrario, cuando las políticas y los programas son cerrados y no reconocen los derechos humanos de los migrantes, la resistencia frente a los ataques de la so ­cie dad receptora tiene una salida conflictiva, que en su repetición sistemática inci di ría negativamente en la globalización. Sin embargo, la negación de derechos humanos tiene un precio a corto y mediano plazo: conflicto social con diversos grados de vio­lencia, que va desde los disturbios en las calles y la toma de espacios públicos, hasta la creación de nichos económicos para el crimen organizado y el terrorismo.

El conflicto es posible porque la negación de los derechos humanos a través de la securitización de las fronteras, los centros de detención como parte del endurecimiento de la política de asilo, la criminalización de la migración y la mar­ginación social derivada de la discriminación (véanse los capítulos segundo y ter­cero) conforman un “espacio de no existencia” (Coutin, 2003) que impide el reconocimiento in tersubjetivo de los migrantes (Honneth, 1997). Tanto el espacio de no existencia, como el desconocimiento intersubjetivo redundarían también en conflicto estructu ral si la vulnerabilidad e impunidad derivada de elementos cons­titutivos de la ilegalidad, como la securitización de la frontera, son tan sistemáticas que transforman a los migrantes en objetos —mercancías— negociables en la economía criminal.

En este capítulo se analiza la relación que existe entre el conflic to y la nega­ción o desconocimiento de derechos humanos en los campos descritos en los dos capítulos precedentes. Para ello se explicará primero —usando el trabajo de Coutin (2003)— cómo, en el plano social, la negación sistemática de derechos humanos constituye un espacio de desprotección social y jurídica, así como la fun ción político­económica del sostenimiento de este espacio. Enseguida se expli­cará —recurriendo a Honneth (1997)— cómo la falta de reconocimiento de dere­chos hu manos, derivada de esta desprotección jurídica, constituye una falta de reconoci miento intersubjetivo que desemboca en conflicto. Posteriormente, se darán ejemplos que ilustran cómo la negación de derechos humanos que resulta de la securitización de las fronteras, los centros de detención (como parte del

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endurecimiento de la polí tica de asilo), la criminalización de la migración y la exclusión derivada de la discriminación a migrantes son la causa determinante del conflicto social que involucra a los migrantes. Finalmente, se ilustrará cómo en su repetición sistemática la secu ritización de la cooperación convierte a los migrantes en mercancía de la economía criminal.

la negación de los derechos humanos como un espacio de no existencia

Las relaciones sociales que se construyen a través de la negación de los derechos hu ma nos en la ilegalidad se describen precisamente con lo que Coutin (2003) ha anali zado y conceptualizado como el espacio de no existencia. éste resulta de la disyuntiva entre la presencia física y la legal, pues aun cuando las personas están físicamente presentes, en términos jurídicos no lo están, ya que su entrada no ha sido registrada. Al no tener presencia jurídica, el nombre de los migrantes no apa­rece en cuentas de servicios, ni pueden establecer contratos arrendatarios, entre otras cosas. Oficial mente tampoco trabajan, por lo que no generan los derechos que corresponden a la antigüedad laboral, incluyendo los derechos sociales —en los países donde la regularización es una práctica— ni acogerse a las leyes de amnistía (Coutin, 2003).

El espacio de no existencia se construye a través de una serie de prácticas: pri mera, la realidad se reduce a lo que puede documentarse. Para efectos de legali­za ción, por ejemplo, las autoridades piden continuidad en la estancia, pero fre­cuen te mente las actividades durante los primeros años de inmigrado nunca son oficialmente registradas, es decir, si se vive con familiares, no hay evidencia de arrendamiento. Segunda, se establece una temporalización de la presencia. Por ejemplo, si alguien ha estado solamente siete años en el país, debe cumplir otros tres para ser conside rado para la legalización. Tercera, la legalización se fundamen­ta en la comprobación del empleo cuando generalmente ésta es imposible. Esto se refiere a casos como el pago en efectivo, que no deja prueba de la trayectoria laboral. Cuarta, hay un esta blecimiento de las políticas que restringen la reunifi­cación familiar o los viajes al exterior para visitar familiares. Quinta, existe una clandestinidad de la mayoría de las actividades cotidianas, como conducir, traba­jar, viajar, etc. Sexta y última, la movilidad se limita mediante la amenaza de depor­tación o detención temporal (Coutin, 1999).

Con estas prácticas, el espacio de no existencia excluye a las personas, les niega derechos, les restringe los servicios y, en estricto sentido, les borra la identi­dad ju rídica. En consecuencia, se convierte en un espacio de subyugación donde la iden tidad como personas también se erosiona (Coutin, 2003: 172). Se materia­liza como experiencias de exclusión cotidiana, especialmente en centros de trabajo, y toma la forma de efectos reales que van desde el hambre y el desempleo, hasta la violencia y la muerte (Cintron, Mahler y Coutin, citados en de Genova, 2002). Los límites físicos del espacio de no existencia son difíciles de definir, pues éste

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se encuentra en todos lados: los barrios, las tiendas, los lugares de esparcimiento, los centros de trabajo. En realidad, el espacio de no existencia corresponde al país receptor en su totalidad; en la medida en que la presencia de los migrantes es “ilegal”, oficialmente están “fuera” del territorio del país donde viven. En estricto sentido, su presencia se encuentra espacial y temporalmente en un espacio de no existencia (Coutin, 2003: 179).

Las implicaciones de negar derechos humanos a los migrantes documentados y los hijos de migrantes nacidos en el país receptor son graves si se toma en cuen­ta que el espacio de no existencia no se encuentra en un limbo de relaciones sociales: los migrantes documentados e indocumentados conviven y comparten la vida coti diana. Estos lugares solamente se vuelven prohibidos cuando se encuen­tran los indocumentados. Por ello, la construcción social de la “ilegalidad” opera para estig matizar a todo aquel que viene de fuera, independientemente de si tiene o no pape les. El espacio de no existencia sólo divide oficialmente a los que tienen perso nalidad jurídica de los que no, pues en la vida cotidiana es difícil distinguir a los migrantes documentados de los indocumentados. En la práctica no hay comunida des de migrantes indocumentados que se encuentren selladas. Los indo­cumentados viven o trabajan en el espacio donde habitan diversos tipos de resi­dentes documen tados, e incluso ciudadanos nacionales, que pueden ser cónyuges, hijos, sobrinos, amigos, etc., que viven en el mismo barrio que con la presencia de indocumentados se vuelve un espacio de no existencia (de Genova, 2002).

Por esta coincidencia espacial, la marginación de las minorías, derivada de la discriminación por origen nacional, es otra consecuencia de la “ilegalidad”. Las mi norías son grupos cuya presencia se ve como indeseable y una amenaza al orden público y la identidad nacional. Castles y Miller las definen como grupos

a los que se les ha asignado una posición subordinada en la sociedad por parte de los grupos dominantes, sobre la base de marcas socialmente construidas desde el fenotipo (esto es, la apariencia física o “raza”), los orígenes o la cultura; que tienen cierto grado de conciencia colectiva (o sentimiento de ser una comunidad), basado en una creen­cia, un idioma, tradiciones, religión, historia y experiencias compartidos (Castles y Miller, 2009: 46).

Las minorías étnicas se vuelven tales porque se les margina socialmente, es decir, se les niega la ciudadanía o el goce de derechos como miembros de países que fueron colonias o, en última instancia, se les impugna como parte de un rechazo más amplio hacia la diversidad cultural. La marginación social contra los migran­tes se ve cuando éstos se concentran en áreas residenciales marginadas y se dedi­can a trabajos de bajo estatus social, cuyo acceso a servicios y derechos está limitado por su condición de extranjero o no ciudadano. Así lo explican Castles y Miller:

Algunas minorías se constituyen sobre todo a partir de procesos de exclusión (a los que puede hacerse referencia como racismo) por parte de la mayoría. Otras se constituyen sobre la base de una conciencia cultural e histórica (o identidad cultural) entre sus

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miembros. El concepto de minoría étnica implica siempre cierto grado de marginación o exclusión, lo que lleva a situaciones de conflicto real o potencial (Castles y Miller 2009: 47).1

Así descrito, el espacio de no existencia coincide con dos de los elementos cons titutivos de la ilegalidad aquí encontrados: la penalización de la migración y la margi nación derivada de la discriminación a migrantes. Me parece que otros ele­mentos (los centros de detención temporal y las fronteras mismas) también son ámbitos de la ilegalidad que constituyen el espacio de no existencia por varias razones: primero, los centros de detención temporal impiden la libertad de circu­lación de los inmigrantes, incluyendo niños y niñas, y los colocan en un limbo, en un espacio donde su proyecto de vida está detenido y su futuro es incierto. Segundo, el tránsito y los es pacios físicos de cruce —por ejemplo, el paso por México hacia Estados Unidos, o por Marruecos hacia Europa; o la costa en Calais, Francia, donde los migrantes bus can cruzar hacia inglaterra— son ámbitos en los que no hay registro oficial de las personas, por lo que pueden morir, ser secuestra­dos o desaparecer sin que nadie se percate, sin que se registre.

La función político­económica del espacio de no existencia y de la negación de derechos humanos

Pareciera que la ilegalidad tendría la función de desincentivar la migración, pero como se discutió previamente, no logra ese objetivo y en su lugar constituye el es pa cio de no existencia. En realidad, es este efecto y no la disminución real de la migración lo que se busca. La desprotección jurídica y la clandestinidad del espa­cio de no existencia que constituye la ilegalidad tienen una función político­económica. Como la ley en general se conforma de tácticas y estrategias que los Estados implementan para mediar las contradicciones de las crisis sociales y las luchas políticas en torno al trabajo, las leyes migratorias en particular se convier­ten en tácticas para estable cer los parámetros de la disciplina y la coerción que permitan controlar el trabajo mi grante. La legislación migratoria tiene, entonces, la función de construir social mente a los migrantes como fuera de la ley para controlarlos y marginarlos, y así obtener mejores dividendos (Calavita, 2004; de Genova, 2002; Bustamante, 2002; Sola nes Corella, 2008; de Lucas, 2003).

La plusvalía extraída del trabajo de los migrantes se encuentra en los gastos no devengados en derechos económicos, sociales, civiles y políticos, como

1 Algunos se oponen al concepto de minoría étnica por considerarlo colonialista y condescendiente, y que construye a los migrantes como víctimas. Sin descartar esta posibilidad dado que un análisis exhaus­tivo de las funciones discursivas del término están fuera de los objetivos de esta investigación, para los fines de la misma la categoría “minoría” permite identificar el locus del espacio de no existencia ampliado a residentes y sus hijos (véase national Council of La raza, 2008, y splc, 2010).

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seguridad social, salarios justos, seguros contra accidentes en el trabajo, acceso a la justicia, entre otros. Como observa Calavita, “el castigo que un inmigrante recibe por su situación administrativa de ilegalidad es denegarles plenos derechos económicos. Esta sanción y su marginación económica contribuye a reforzar la ‘flexibilidad’ que los inmigrantes suministran a la economía posfordista” (Calavita, 2004: 3). O en pa labras de Solanes Corella, los migrantes “no aparecen reflejados en las estadísticas oficiales porque representan nuestra fuerza de trabajo esclavi­zada, esa válvula de seguridad imprescindible para un sistema económico marcado por la adquisición de la fuerza de trabajo al precio más bajo posible, con la consi­guiente cesión de dere chos” (Solanes Corella, 2008: 146).

Bustamante (2002; 2007; 2011) se ha encargado de buscar empíricamente el vínculo entre ilegalidad­retribución político­económica. él asegura que la vulnera­bilidad social en la que se coloca a los migrantes indocumentados con la ilegalidad y la marginación social derivada de la discriminación y el racismo son elementos que no sólo no detienen el flujo de indocumentados, sino que generan la deman­da del trabajo indocumentado (Bustamante, 2002; 2007; 2011). Para él, la com­binación de una estructura social en la que los migrantes se encuentran en la parte más baja, con los elementos culturales que la justifican, redunda en varios grados de impunidad en las violaciones a los derechos humanos de los migrantes (Bustamante, 2002: 339).

La impunidad —entendida como la ausencia de costo social, económico o po ­lítico para el violador de derechos humanos, como lo sería un patrón— desem­podera a los migrantes y esto los hace vulnerables. Para Bustamante, la vulnerabi­lidad del migrante se entiende como una condición de desempoderamiento impuesta hete rogéneamente (2011: 98). no es la raza ni alguna característica inhe rente al migrante como sujeto lo que lo hace vulnerable: es el desempodera­miento derivado de la impunidad en la que permanece el perpetrador de violacio­nes a los de rechos humanos (Bustamante, 2002: 340). Los migrantes son menos vulnerables en su hogar que en el momento en que lo dejan para convertirse en migrantes, obvia mente por la “ilegalidad” (Bustamante, 2011: 98). Si un migrante es en sí mismo “ilegal”, no puede haber actos “ilegales” en su contra, y se ve impo­sibilitado para denunciar violaciones o exigir los derechos que, de ser otorgados, tendrían como consecuencia una renta menor a la obtenida por el empleador.

La vulnerabilidad asociada a la impunidad en la que permanecen las violacio­nes a los derechos humanos de los migrantes es necesaria para mantener el bajo costo de los servicios que proporcionan los migrantes, lo cual crea la demanda de este tipo de trabajo en las sociedades receptoras y explica el incremento en el número de migrantes en algún lugar, en un momento determinado. Para Bus ta­mante, si se re duce la vulnerabilidad, el costo del trabajo migrante se incrementa­rá y, en consecuencia, disminuirá la demanda por migración económica (Busta­man te, 2002: 344).

no obstante, las sociedades receptoras apuestan al bajo costo inmediato, a pesar del potencial para el conflicto de esa vulnerabilidad. Esto se debe a la falta de reco nocimiento intersubjetivo que constituye la ilegalidad.

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la negación de derechos humanos como desconocimiento intersubjetivo

Aunque los elementos constitutivos de la ilegalidad que generan el espacio de no existencia se convierten en mecanismos de control de los migrantes para mante­ner los costos del trabajo bajos para los empleadores, la vulnerabilidad que pro­voca el trabajo barato de los migrantes en el corto y mediano plazo tiene un precio muy alto para la sociedad receptora en su conjunto, debido a lo que Honneth (1997) ha deno minado como reconocimiento intersubjetivo. Según este autor, el reconocimiento intersubjetivo es el que se da de sujeto a sujeto, cuya experiencia fundamenta la con fianza, el autorrespeto y el honor, los cuales tienen la función de producir la auto estima y los sentimientos positivos en las personas. Existen tres formas de reconocimiento intersubjetivo: el amor, el derecho y la solidaridad. Cuando otros sujetos o la sociedad en su conjunto no reconocen a otros individuos, los afectados lo viven como un menosprecio que se expresa de tres formas correspondientes a las tres formas de reconocimiento: violación, des­posesión y deshonra.

En primer lugar, la violación es el tipo de menosprecio resultante de no reco­nocer a un individuo a través del amor. El amor garantiza la autonomía corporal y la confianza en uno mismo y los demás. En contraste, la violación corporal —a través de la tortura o la violencia física— tiene como consecuencia la pérdida de confian­za en uno mismo y los demás (Honneth, 1997). El fundamento de esta falta de reco nocimiento es

que cualquier intento de apoderarse del cuerpo de una persona contra su voluntad, sea cual sea el objetivo buscado, provoca un grado de humillación, que incide destructiva­mente en la autorreferencia práctica de un hombre con más profundidad que las demás formas de menosprecio; ya que lo específico en tales formas de lesión física, como ocurre en la tortura o la violencia, lo constituye no el dolor corporal, sino su asociación con el sentimiento de estar indefenso frente a la voluntad de otro sujeto hasta el arrebato sensible de la realidad (Honneth, 1997: 161).

En el contexto de la migración encontramos violación en prácticas como la de ten­ción temporal, las deportaciones colectivas y forzosas, las redadas en centros de trabajo, etc. Los migrantes son humillados con estas acciones porque son física­mente forzados a vivir en condiciones de encierro sin haber cometido delito algu­no, o son forzados violentamente a abandonar a sus familias y amigos.

En segundo lugar, la desposesión es el resultado de no reconocer a los indivi­duos a través del derecho. La desposesión se relaciona con la marginación social y la negación de derechos que las personas reclaman como miembros de una sociedad en la que participan activamente. La secuela de la desposesión de derechos es la pérdida de respeto en sí mismo y la convicción de no ser una persona tan moral­mente valiosa como los demás (Honneth, 1997). La desposesión cambia de acuerdo con el contexto social, “porque el contenido de significación de lo que vale como

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persona moralmente responsable ha cambiado en el desarrollo de las relaciones jurí dicas; la experiencia de la desposesión de derechos por ello se mide no sólo según el grado de universalización, sino también en cuanto al perímetro material de los derechos institucionalmente garantizados” (Honneth, 1997: 163).

En relación con la migración, los migrantes indocumentados no tienen acceso a derechos sociales básicos ni a los derechos laborales, aunque participan activa y positivamente en el país receptor pagando sus impuestos y contribuyendo a la eco nomía local. incluso los extranjeros residentes no gozan de derechos políticos y culturales básicos, a pesar de que pertenecen a las sociedades receptoras de diversas formas muy significativas. En estas prácticas, la desposesión se expresa como una pérdida de movilidad y con el acceso restringido a los servicios educa­tivos y de salud por parte de sus hijos y familiares, entre otros factores.

Finalmente, la deshonra es la consecuencia de no reconocer a las personas a través de la solidaridad. resulta de la falta de reconocimiento del estatus de las per sonas en la sociedad, es decir, de no respetar su dignidad y no reconocerlos so cial mente. La solidaridad lleva a la autorrealización a través de la aprobación social. Como lo apunta Honneth:

tales tipos de infravaloración cultural un sujeto puede referirlos a sí, en tanto que persona singular, en la medida en que los modelos de valorización social enraizados institucional e históricamente se han individualizado y, por consiguiente, se refieren a las capacidades individuales en lugar de a las cualidades colectivas, por eso, esta experiencia de menosprecio, como la de desposesión de derechos, está sujeta a un proceso de cambios históricos (Honneth, 1997: 163).

Los migrantes y las minorías experimentan deshonra porque se les mantiene segregadas como si no tuvieran la dignidad y el valor moral suficientes para perte­necer a la sociedad receptora. La deshonra es una experiencia cotidiana para grupos como los latinos en Estados Unidos y los musulmanes en Francia y España, quie nes son segregados por hablar español o profesar una religión diferen­te a la de la mayoría, respectivamente.

Para realizarse, los sujetos dependen del reconocimiento intersubjetivo, y si no lo tienen les queda un “hueco psíquico” en el que se albergan sentimientos negativos como la vergüenza, la cólera y el desprecio. En las reacciones a estos sentimientos “puede venir el impulso motivacional de una lucha por el reconoci­miento. Pues la tensión motivacional en que el singular es forzado a entrar por el sufrimiento de humi llaciones, sólo puede disolverla cuando vuelve a encontrar la posibilidad de un nuevo obrar” (Honneth, 1997: 168).

Sin embargo, según Honneth, la resistencia solamente es posible si las con­diciones apropiadas se dan en un contexto en particular, es decir, si los sujetos socia les se articulan en un movimiento social. En consecuencia, aquí se argumen­tará que si las condiciones no son apropiadas, la experiencia de falta de respeto se convertirá en una fuente de motivación para actos violentos, como los que se des ­cri ben a continuación.

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ilegalidad y conflictos derivados del desconocimiento intersubjetivo

La securitización de las fronteras, los centros de detención temporal como parte del en du re cimiento de la política de asilo, la penalización de la migración y la marginación derivada de la discriminación a migrantes constituyen una falta de recono cimiento intersubjetivo en la forma de violación, desposesión y deshonra, las cuales generarían diversas formas de conflicto, como se detallará subsecuentemente.

El endurecimiento de la política de asilo y conflictosen los controles fronterizos y centros de detención

Las detenciones prolongadas, en condiciones inhumanas, crueles y degradantes, así como la militarización y la presencia policiaca en las fronteras, frecuentemen­te desconocen o niegan los derechos humanos a la vida; estar libre de torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; la libertad y seguridad persona­les; la justicia pronta, expedita, en la lengua del detenido y sin distinción frente a los na cio nales; no ser detenido o encarcelado arbitrariamente; un trato digno en con­diciones de encarcelamiento; que sus documentos de identidad o migratorios no sean des truidos o confiscados arbitrariamente; no ser sujeto de expulsión colectiva y a que el caso propio lo analice un juez de manera individual, además del reco­nocimiento de la personalidad jurídica del migrante.2 Al desconocer las garantías jurídicas uni versales que son los derechos humanos, los centros de detención y los controles fronterizos son formas de desconocimiento intersubjetivo que constitu­yen violacio nes y desposesión, las cuales son el fundamento para dos tipos de conflicto: las pro testas dentro y fuera de los centros de detención, así como las tentativas violentas de cruzar las fronteras.

Protestas en los centros de detención

El conflicto en los centros de detención es muy frecuente, sobre todo en Europa, y sus expresiones más recurrentes son los motines, las huelgas de hambre y otras flagelaciones, así como las fugas. Esta recurrencia revela lo contradictorio que re ­sulta mantener en condiciones de encarcelamiento a personas que no han cometido ningún crimen y de la resistencia a la violación corporal que significa esta práctica fuera del sistema de justicia penal. Las personas confinadas en estos centros son fundamentalmente solicitantes de asilo esperando el fallo de la corte o una depor­tación inminente después de haber perdido el juicio de asilo. En países como reino Unido, ponen esta clase de migrantes con extranjeros que cumplen alguna

2 Para las referencias a los instrumentos de derechos humanos en los que se encuentran incluidos estos derechos, véanse los capítulos primero y segundo.

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condena por actos criminales, de tal forma que la sensación de ser tratado como delincuente es mayor.

Las razones más habituales de este tipo de conflicto son la inminente depor­tación de uno de los internos, luego de esperar la decisión del juez por un tiempo muy prolongado (hasta tres años); el aviso de rechazo de una solicitud de asilo, y el suicidio consumado de algún compañero luego de ser notificado de su deportación —por ejemplo, en Malta e italia—. En el caso de México, se registró un motín por el hacinamiento y las condiciones dentro del centro de detención. Existe también un creciente descontento ante el encierro de familias enteras, sobre todo niños y niñas, que no tienen conciencia de ser extranjeros; esto ha llevado a protestas por parte de la sociedad civil en reino Unido, Bélgica y Estados Unidos.

inglaterra es escenario frecuente de este tipo de conflicto. Por ejemplo, en fe ­brero de 2002, se registró un motín en el Centro de detención Oakington, en Cam­bridgeshire, donde casi la mitad de las instalaciones fueron incendiadas. En octubre de 2008, cuatro inmigrantes vietnamitas se escaparon de este centro, sor teando el alambre de púas, luego de caminar a gatas por un ducto similar a los del aire acondicionado. Tres de ellos esperaban deportación, aunque cuatro habían solicitado asilo. También en inglaterra, en noviembre de 2006, en el Centro de de tención de Harmondsworth, cerca del aeropuerto londinense de Heathrow, los mi grantes iniciaron incendios en las cuatro alas del edificio. Protestaban por el maltrato del que eran objeto por parte de los custodios. En 2005, nueve personas de zimbabue detenidas en este mismo centro, el más grande de todo el país, pasa­ron más de treinta y seis días en huelga de hambre en protesta por la suspensión de un decreto que prohibía las deportaciones forzosas a zimbabue. Asimismo, en agosto de 2007, una fuga de catorce detenidos precedió un motín en el centro de detención de Camps field, Oxfordshire, donde cohabitan criminales extranjeros y solicitantes de asilo fa llido esperando deportación. Ya en marzo de ese año se había registrado otro motín en dicho centro por esas mismas causas: desatención a las peticiones de comunica ción, como el envío de faxes y el uso de teléfonos, y la negación de información con tinua sobre los casos. En esa ocasión, el motín fue más grave, y nueve personas resul taron heridas. no fue raro entonces que, en junio de 2008, se registrara una nueva fuga, en la que lograron escapar siete internos.

Este tipo de conflicto, no obstante, no es privativo de inglaterra. En marzo de 2006, en Somos, Grecia, catorce de los veintiocho inmigrantes irregulares alber­gados en un centro de inmigración comenzaron una huelga de hambre. Los inmi­grantes protestaban contra una decisión de las autoridades locales de rechazar su petición de ser puestos en libertad antes del periodo mínimo de tres meses dicta­do por la ley. En París, Francia, el 22 de junio de 2008, inmigrantes detenidos en el centro de de tención vincennes, el más grande de Francia, se amotinaron y quemaron el edificio que albergaba unos 273 inmigrantes. El incendio empezó con la quema de camas, después de que muriera un tunecino de cuarenta y un años, supuestamente de un paro cardia co. Hubo veinte heridos entre las personas que esperaban expulsión, y dos de los edificios resultaron gravemente dañados.

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En Bélgica, en agosto de 2008, hubo un motín en un centro de detención cerca del aeropuerto de Bruselas, en la localidad de Steenokkerzeel. El motín se originó cuando un grupo de migrantes que esperaban deportación intentó fugarse; entre los detenidos se encontraba rothman Salazar, un ecuatoriano de diecinueve años a punto de ser expulsado del país tras seis años de vivir en Bruselas con su familia. Los detenidos quemaron camas y botes de basura en un baño, causando un incendio que se expandió rápidamente y dañó dos alas del edificio. Este complejo ya antes había sido objeto de manifestaciones por su trato a los niños y las mujeres. En abril de 2011, en un centro de detención localizado en la isla italiana de Lampedusa, un grupo de tunecinos que trataba de llegar a tierra firme se amotinó, después de que un avión despegó con treinta personas que serían deportadas. Los migrantes inicia­ron un incendio que fue apagado casi inmediatamente por los bomberos. Aunque algunos escaparon, debieron regresar porque la isla es muy pequeña y está más cercana a África que a Europa. En Malta, en agosto de 2011, unos cien migrantes africanos que llegaron a la isla provenientes de Libia protestaron por las condicio­nes del campo de detención en Safi. Los disturbios ocurrieron después de que un número importante de solicitudes de refugio fueran rechazadas. En el incidente, quince militares, un oficial de policía y un migrante resultaron heridos.

Además de los motines, hay casos de huelgas de hambre que movilizan a los ciu­dadanos en protestas masivas o inspiran motines en otros centros. Un ejemplo cla rísimo es otra vez inglaterra: en mayo de 2007, un grupo de quince mujeres pro testaron des­nudas en el centro de detención Yarl’s Wood por la numerosa detención de niños. decían que tenerlos así ha causado enfermedades virales. Las mujeres, quienes habían esperado meses la deportación en Bedford, también iniciaron una huelga de hambre, la cual empezó cuando once detenidas trataron de evitar que una madre y su hijo fueran removidos. La mujer que encabezaba la protesta estaba embarazada y fue separada de su hijo de seis años y llevada a la celda de aislamiento. Unas quince mujeres protestaron para que les dijeran a dónde la habían lle vado y demandaron el derecho de audiencia.

En ese mismo centro, en febrero de 2010, otro grupo de ochenta y cuatro muje­res estuvo en huelga de hambre por más de cinco semanas, debido al maltrato del que eran obje to por parte de los guardias, así como por el retraso en la ejecución de fallos a su favor por parte de las cortes migratorias que les habían concedido visas para quedarse en el país. Cuatro días después de iniciada la protesta, los guardias intentaron romper la acción colectiva encerrando a las mujeres en un corredor sin acceso a agua ni ins talaciones sanitarias. Algunas de las que intentaron escapar por una ventana fueron sometidas a segregación individual y presuntamente golpeadas. El acto provocó una manifestación ciudadana fuera de las instalaciones londi nenses de la compañía Serco, la cual tiene la concesión para administrar el centro.

En marzo de 2008, en el Centro de detención de Oakington, ciento cincuenta detenidos se fueron a huelga de hambre por las condiciones generales y la situación de casos particulares, por las cuales ya se habían ocasionado motines y fugas como se dijo antes. También se registraron huelgas de hambre simultáneas por parte de más de ciento cincuen ta internos de los centros de detención de Colnbrook, Londres, y Haslar, en Gosport.

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Además de las huelgas, las autoflagelaciones son también frecuentes; en in ­gla terra van en aumento año con año. Según la organi zación ncadc, en 2009 las autoflagelaciones habían aumentado el 25 por ciento, en comparación con 2008, pues mientras en este año se registraron 179 casos (uno cada dos días), en 2009 se reportaron doscientos quince, el equivalente a uno cada día y medio. Sin embargo, uno de los más dramáticos fue el caso ocurrido en Bélgica, en mayo de 2008, cuando un joven de Camerún que buscaba asilo se ahorcó en el baño de un centro de detención en la ciudad de Merksplas. El joven utilizó las sábanas de su cama y las ató a los barrotes de la ventana. La muerte del joven instigó un motín entre los detenidos, quienes rompieron muebles y otros objetos durante un distur­bio que duró varias horas. El joven llegó a Bélgica en 2005 y fue trasladado a Merksplas luego de que se le negara el asilo. Merksplas alberga a unos ciento cincuenta inmi grantes indocumentados provenientes de África. días antes del trágico suceso, mientras la policía trataba de ponerlo en un avión con dirección a Camerún, el joven se resistió con tal violencia que el capitán de la aeronave se negó a llevarlo, por lo que lo regresaron al centro de detención, donde se suicidó antes del siguiente in tento de deportación que tenía días después.

En el caso de América del norte, en Estados Unidos hubo un motín en el cen tro de detención de Mira Loma, en Lancaster, California, en abril de 2008. Los reportes de la prensa aseveran que el motín empezó con una pelea entre dos miem bros de bandas rivales. El centro alberga a unos novecientos inmigrantes que esperan fallos en sus juicios o la deportación. decenas resultaron heridos, dos de ellos en la cabeza (Associated Press, 2008). En México, en febrero de 2008, un grupo de 159 indocumentados que estaban detenidos en un espacio diseñado para ochenta personas en las instalaciones del inm, en el municipio tabasqueño de Tenosique, se amoti naron. Se estima que al menos siete de ellos lograron huir y se pidió el apoyo de la Policía Federal Preventiva (pfp) para controlarlos.

Al parecer, el descontento se inició porque estaban hacinados en un espacio insuficiente y exigían que se les deportara inmediatamente a sus lugares de origen. El número de migrantes fue aumentando en el transcurso de la semana. Estaban confinados en una garita y los autobuses que los trasladarían no llegaban, la situa­ción se complicó y comenzaron a quemar los muebles.

intentos violentos de cruzar las fronteras

Es tan difícil y costoso llegar a las fronteras europeas y norteamericanas, que no sor prende que en su desesperado afán por alcanzarlas, los migrantes quieran tomar­las por asalto. Un gran número de migrantes se reúnen en las fronteras, y apoyados en su numerosidad, intentan cruzarlas con violencia. Muchos tienen éxito, pero otros mueren en el intento a manos de la Patrulla Fronteriza. Esto ocurre en fronte­ras altamente vigiladas, como las existentes entre Europa y África, y Estados Unidos y México. Los sucesos ocurren entre migrantes cuya desesperación ha llegado a un punto de crisis, luego de un largo y tortuoso periplo para alcanzar la frontera.

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El caso más impactante es posiblemente el ocurrido en Melilla, España, en sep tiembre de 2005, cuando seis migrantes africanos murieron a manos de la policía marroquí, luego de que intentaran brincar la muralla fronteriza entre Marruecos y España. Unos seiscientos migrantes trataron de cruzar por asalto la cerca para llegar a la Península ibérica. Los servicios de seguridad respondieron y dispararon contra los inmigran tes, matando a algunos de ellos mientras intentaban brincar el muro. Otros murieron asfixiados en la estampida. Las garitas de Marruecos se encuentran en el bosque de Gourougou, desde donde se ve Melilla, que se halla a 5.6 kilómetros de allí. Muchos migrantes pasan meses viviendo en el bosque esperando cruzar la frontera. Los africanos estaban horrorizados con la idea de regresar a los bosques de Marruecos, donde pasaron hambre y abuso por parte de la policía marroquí. A algunos migrantes subsaharianos les ha llevado hasta tres años alcanzar la frontera, por lo que prefieren morir en el intento antes que regresar fracasados a sus países de origen.

En Grecia, en septiembre de 2008, decenas de inmigrantes afganos se enfrenta­ron a la policía naval. Cerca del puerto de Patras, se reunieron cientos de inmigrantes indocumentados, sobre todo de Afganistán, quienes intentaban llegar a Europa vía italia. El enfrentamiento vino después de que algunos de ellos y gente solidaria mar­chara al hospital donde convalecía un migrante que había sido atacado brutalmente, y pedían la liberación de otros inmigrantes. Toda vez que la policía intentara detener la manifestación, los inmigrantes arrojaron piedras contra los coches.

En Calais, Francia, en marzo de 2008, decenas de inmigrantes que intentan cruzar el Canal de la Mancha para llegar a Gran Bretaña empezaron a amotinar­se. Los inmigrantes esperan días para subirse a los tráileres y camiones que cru­zan el canal en ferries. El disturbio empezó luego de que se cancelaran planes para un albergue que sustituía a uno de la Cruz roja, cerrado en 2002 y que era usado por cientos de inmigrantes durante su espera.

Según la prensa, se trató de un enfrentamiento entre bandas rivales. desde que éste fuera desmontado, se instaló un campo informal, conocido entre migrantes y personas solidarias como la “jungla”. respondiendo a la presión británica, la poli­cía francesa desmontó el campo en septiembre de 2009 y detuvo a 276 personas, la mayoría de ellas originarias de Afganistán, Turquía y varios países africanos.

En América del norte, en septiembre de 2009, en la frontera entre México y Estados Unidos, se tuvo que cerrar la garita de San Ysidro­Tijuana (California), luego de que oficiales de migración se enfrentaran a balazos con los choferes de tres camionetas que trasladaban migrantes indocumentados e intentaban cruzar la frontera por asalto. En el percance resultaron heridas cinco personas y sesenta más fueron detenidas.

Conflictos por la penalización de la migración

La punición de la migración en sus tres expresiones (la indocumentada como deli­to, la penalización de la ayuda humanitaria al migrante y la ilegalización del trabajo

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indocumentado) viola los derechos humanos a la asociación y la manifestación, la libertad de conciencia; la seguridad y salud públicas; la privacidad y la vida pri­vada; no ser arbitrariamente despojado de los bienes propios; la libertad y segu­ridad personales; la justicia pronta, expedita, en su lengua y sin distinción frente a los nacionales; no ser detenido o encarcelado arbitrariamente; no ser expulsado por no cumplir con un contrato de trabajo; que sus documentos de identidad o migratorios no sean destruidos o confiscados arbitrariamente; reconocimiento de personalidad jurídica; derechos laborales (desde salario justo y sin discriminación, hasta sindicalización y asociación laboral); la seguridad social y las prestaciones vinculadas al empleo y salud de emergencia. Estas violaciones a los derechos humanos son una forma de desconocimiento intersubjetivo en la forma de despose­sión, y se expresa en dos tipos de conflicto: 1) protestas por la explotación laboral o la inacción guber namental frente a ésta y 2) demandas de protección y regulari­zación jurídicas.

Protestas por la explotación laboral y la inacción gubernamental

Por la falta de reconocimiento jurídico que limita o impide el emplazamiento a huel­ga, los trabajadores migrantes protestan violentamente para demandar salarios justos y castigo, así como el cese a la explotación por parte de los empleadores. Esta explotación incluye (pero no se limita a) la retención de salarios y documen­tos migra torios en caso de trabajadores temporales; detenciones arbitrarias dentro de los centros de trabajo; despidos injustificados; restitución del empleo y regula­rización migratoria, luego de despido injustificado; la denuncia de argucias de los empleadores para no manifestar su situación irregular a las autoridades y evitarse pagar los sueldos, por ejemplo; exámenes toxicológicos, llamadas anónimas a las autoridades migratorias y la denuncia de despido sin indemnización, o de despido luego de intento de organización sindical. Este tipo de conflicto se ha registrado tanto en la UE como en nA. Las de mandas se dirigen al gobierno para que los proteja de los abusos de los empleadores y estallan violentamente, luego que la explotación llega a un punto de crisis en total impunidad.

En ilia, Grecia, en abril de 2008, hubo un enfrentamiento entre agricultores de fresas y trabajadores agrícolas migrantes que demandaban incremento salarial. Según los sindicatos que apoyan a los migrantes, unos cuatrocientos de éstos fue­ron atacados por los agricultores. Los enfrentamientos ocurrieron en la plaza de neo Manolada, en ilia, donde se cultiva y produce el 90 por ciento de las fresas en Grecia. Los tra bajadores reciben salarios por debajo del promedio nacional, viven en barracas y se ven obligados a pagar más de la mitad de su salario al empleador por rentarlas. La semana previa al enfrentamiento, inmigrantes del sur de Asia y de los Balcanes se fueron a huelga para pedir un incremento de 36 a 47 dólares, pero los agricultores aseguraron que eso los arruinaría (Coenders, Lubbers y Scheepers, 2003).

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En Francia, en julio de 2007, trabajadores indocumentados de la cadena de co mida rápida Buffalo Grill tomaron las oficinas centrales de la cadena restauran­tera en viry­Chatillon, en el sur de París, luego de haber sido despedidos y denun­ciados ante las autoridades migratorias. Los inmigrantes, en su mayoría africanos con años de trabajar allí, enfrentaban deportación. El año anterior, un empleado había anun ciado su candidatura para la representación laboral, y meses después su situación irregular fue denunciada “anónimamente” ante la policía, la cual pro­cedió a ins pec cionar los papeles de los más de seiscientos empleados extranjeros de la cadena. Un grupo de trabajadores indocumentados, apoyados por la Federación de Comercio, distribución y Servicios, protestaron por la decisión ocupando las oficinas. La ocu pación, en el estacionamiento de las oficinas, duró un mes y resultó en la regulari zación de los veinte trabajadores que tomaron el restaurante. En otro caso (en septiembre de 2008), decenas de inmigrantes afri­canos ocuparon el antiguo y famoso restaurante La Tour d’Argent, el cual es un símbolo cultural de París, para exigir la regularización de siete empleados de Mali, quienes se habían decla rado en huelga y fueron expulsados del restaurante. El dueño dijo, como otros emplea dores en casos similares, que no sabía que eran trabajadores irregulares.

En junio de 2009, en inglaterra, decenas de estudiantes tomaron las instala­ciones de la Escuela de Estudios Africanos y Asiáticos de la Universidad de Lon dres, demandando la reinstalación de los trabajadores que fueron deportados luego de una redada. La compañía de limpieza subcontratada iss llamó a las autoridades migratorias en represalia porque un grupo de migrantes indocumentados que per­tenecen a un sindicato afiliado a la central obrera nacional Unison se fueron a huelga para protestar por el despido de uno de sus compañeros.

Los estudiantes también demandaron que la Universidad de Londres prohibie­ra la entrada de oficiales de migración en sus instalaciones, pues mientras la llama­da la hizo la empresa iss, fueron las autoridades de la escuela las que permitieron que más de cuarenta policías antimotines entraran a la sala de juntas donde los trabajadores fueron convocados para una supuesta “reunión urgente de empleados”.

demandas de protección y regularización jurídicas

Ante la falta de reconocimiento como sujetos de derechos, los migrantes protestan para demandar regularización migratoria, suspensión de su inminente deportación y un trato igualitario frente a los lugareños. destaca en este tipo de conflicto el caso de España, donde en junio de 2006 la policía desalojó a unos quinientos inmigrantes que tomaron la Catedral de Barcelona para pedir que se regularizara su situación. Otros quinientos salieron voluntariamente después de que la Se cre­taría de Mi gración les prometiera no identificarlos si lo hacían así. Los inmigrantes pedían regu larizar a todos los que no contaban con papeles; la mayoría provenía de india, Bangladesh, Pakistán, Ecuador y Colombia. En 2001, un grupo de migrantes había hecho lo mismo y había logrado la regularización.

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En Paola, Malta, en julio de 2006, unos doscientos inmigrantes indocumen­tados se amotinaron e hirieron con piedras a tres policías y dos soldados cuando las fuerzas de seguridad los detuvieron en su camino a la oficina del primer minis­tro. También resultaron heridos cuatro inmigrantes. El grupo fue interceptado en Paola, cerca de la capital valletta, por cientos de policías y soldados, algunos de ellos por tando trajes antimotines.

Los inmigrantes se quejaban por la detención en la que permanecen cientos de inmigrantes interceptados en su camino a Europa continental, pues Malta de tie­ne durante dieciocho meses a los inmigrantes indocumentados para desalentar la inmigración irregular, incluso antes de la directiva sobre retorno (véase el segun­do capítulo). Asimismo, se encuentra el caso de los treinta solicitantes de asilo, en Bruselas, Bélgica, quienes en julio de 2008 realizaron un plantón sobre seis plu­mas de construcción en varias obras a lo largo de la capital europea, demandando el de recho de trabajar y vivir en la ciudad. Los quejosos estaban molestos por la tardanza en procesar sus papeles.

El grupo de inmigrantes, mayoritariamente argelinos, iniciaron su plantón en una pluma cerca de la Grand Place y luego ocuparon varias cerca de la sede de la UE. En nápoles, italia, en julio de 2008, indigentes africanos se enfren taron a la policía en el duomo, luego de que éstos mantuvieran un plantón fuera de la cate­dral. La violencia se exacerbó cuando la policía trató de expulsar a los inmigran­tes del edificio y dos personas fueron arrestadas. Los inmigrantes —origina rios de Ghana, Costa de Marfil y Burkina Faso— protestaban porque un incendio los dejó sin casa y las autoridades no los reubicaron, mientras que a los italianos sí. En Grecia, en enero de 2011, trescientos migrantes africanos ganaron una huelga de hambre de seis semanas en la que demandaban permisos de residencia. Los huelguis tas se quejaron de que habían trabajado y vivido en Grecia durante años sin que se les diera acceso a prestaciones sociales y protección laboral. El gobier­no griego les dio visas debido a la presión ejercida por la prensa internacional. En 2011, Grecia había reemplazado a España e italia como uno de los países con más entradas de inmigrantes en toda Europa, a causa de las operaciones de Frontex en el Medite rrá neo (consúltese el segundo capítulo).

En Estados Unidos, las marchas y la represión a manifestaciones por la refor­ma migratoria frecuentemente terminan en disturbios. En mayo de 2007, se regis­traron manifestaciones de migrantes en diversos puntos de la Unión Americana; además, en Alabama, Maryland y Washington, d.C., fueron detenidos varios individuos que intentaban atacarlos con granadas, pistolas semiautomáticas y de municiones. En el caso específico de Washington, d.C., la policía local arrestó a Tyler J. Froatz, luego de que atacara a los marchistas. Se le decomisaron dos cuchillos, un martillo, dos pistolas y gas pimienta. En un posterior cateo en su casa, la policía encontró también quince pistolas, bombas molotov, una granada y más de mil cargas de municiones.

En mayo de 2010, en Santa Cruz, California, un grupo anarquista destrozó e incendió comercios y pintó grafitis, demandando una reforma migratoria luego de que se decretara la represiva Ley SB22010. Lo mismo ocurrió en Los Ángeles,

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donde la policía reaccionó ante la provocación de una persona que posiblemente ni estaba involucrada en una manifestación por los derechos de los migrantes documentados e indocumentados, convocada por la Multi­Ethnic immigrant Workers Organizing network. Mientras que los provocadores lanzaron botellas de plástico vacías, la po licía respondió con balas de plástico e hirió a veinticuatro personas, incluyendo a periodistas.

Conflictos por la marginación social y discriminación de minorías étnicas

La segregación y la marginación derivadas de la discriminación hacia las mi norías étnicas, en las que confluyen migrantes recién llegados, residentes y sus des­cendientes, niegan o desconocen los derechos humanos a la vida; a estar libre de torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; a la libertad de pensa­miento, conciencia y religión; a decidir sobre la religión de los hijos; la libertad y seguridad personales; la justicia pronta y expedita en la lengua que hablen los detenidos y sin distinción frente a los nacionales; así como a los derechos labora­les (desde salario justo y sin discriminación, hasta sindicalización y asociación laboral); la seguridad social y las prestaciones vinculadas al empleo; la educación y nacionalidad para sus hijos; con servar su cultura; derecho a la educación y la vivienda dignas, así como la no discrimina ción. Estas violaciones se viven como des­posesión y deshonra que se expresan en 1) apoyo a ideologías extremistas y 2) distur­bios sociales con detonante racial.

Apoyo a ideologías extremistas

La exclusión de las minorías étnicas se relaciona con el apoyo que algunos de sus miembros dan a ideologías extremistas. Esto es particularmente cierto en el caso de migrantes de origen árabe o musulmán. Existe una fuerte tendencia en la polí­tica pública a ligar el “terrorismo” con los migrantes recién llegados, cuando en realidad éste es un problema más antiguo relacionado con lo que se traduciría como “yihadistas hechos en casa” (homegrown jihadists), es decir, los hijos de los residentes musulmanes, quienes se sienten excluidos de la mayoría cristiana y encuentran en el islamismo —que no el islam—3 una forma de expresión.

de hecho, a partir del 11 de septiembre, cuando empezó a establecerse el dudoso vínculo entre migración y terrorismo, debido a que los perpetradores de los

3 Mientras que el islam acoge a una comunidad religiosa que alcanza 1.57 billones de personas alre dedor del mundo, el “islamismo” es un conjunto de ideologías políticas que buscan aplicar la sharia o ley islámi­ca en la rectoría del Estado. Una de las preocupaciones fundamentales en el islamismo son la pobreza y el lugar de las mujeres en la sociedad, por ello son naturalmente antagónicos con el Occi dente. Algunas corrientes islamistas utilizan medidas violentas en su proyecto de imponer la sharia en el mundo.

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ataques eran extranjeros, solamente en un caso de terrorismo posterior a los aten­tados en nueva York se ha encontrado la participación directa de inmigrantes: los ataques terroristas en la red ferroviaria de Madrid, España, el 11 de marzo de 2004. Todos los detenidos eran ciudadanos marroquíes residentes en territorio español. Uno de ellos obtuvo una beca del gobierno español para cursar un doc­torado en economía, aunque se desempeñaba como vendedor de bienes raíces (Jordán y Wesley, 2006).

Por el contrario, en los ataques del 7 de julio de 2005 en Londres, tres de los hombres que llevaban las bombas eran ciudadanos británicos de origen pakistaní. El cuarto atacante nació en Jamaica, pero fue llevado a Gran Bretaña a la edad de cinco meses. Todos eran musulmanes y británicos —parte de los cuatro millones que componen las minorías étnicas de la isla (el 7 por ciento del total de población británica). Una investigación realizada en Estados Unidos reveló que, mientras en los últimos años las agencias vinculadas con la migración han tenido como su prin­cipal función las acciones antiterroristas, entre 2004 y 2006 solamente se detuvo a un total de doce personas bajo la acusación de terrorismo, para una labor a la que han estado dedicadas 814 073 personas (Associated Press, 2007).

Hay evidencia de que la mayoría de las asociaciones musulmanas que brindan apoyo espiritual a los jóvenes socialmente excluidos no promueven el extremismo ni la violencia (Tanveer, 2004) y, en cambio, la discriminación religiosa sí es un mo tivo de conflicto entre las minorías étnicas y la mayoría de una sociedad (Fox, 2000). no es la migración sino el enojo de los jóvenes que viven en minorías migrantes lo que construye identidades defensivas que se articulan en redes polí­ticas manipuladas por los líderes de organizaciones extremistas, como ciertas ramas del islamismo político. Esto se ha demostrado en trabajos sociológicos que obser­varon que algunas de las personas que detonaron las bombas del 11 de septiem­bre tuvieron los primeros contactos con grupos extremistas después de haber sido vícti mas de discriminación en su empleo y centros de esparcimiento (a uno de ellos no lo dejaron entrar a una discoteca por ser asiático).

disturbios sociales con detonante racial

Los disturbios sociales son ocasionados principalmente por tres detonantes: a) ataques xenófobos, b) racismo institucional hacia minorías étnicas y c) enfren­tamientos entre minorías.

a) Ataques xenófobos

Los disturbios iniciados por ataques xenófobos ocurren regularmente como reac­ción luego de que algún migrante (presunta o realmente) haya cometido algún acto cri minal. Se presentan en localidades donde la inmigración es un fenómeno recien te y tiende a ser copiosa. La sociedad receptora percibe a los inmigrantes como la causa de problemas que en realidad son más añejos y complejos, como el

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desempleo o el incremento de los índices de criminalidad. También desaprueba los hábi tos y costum bres de los recién llegados, y entonces el enfrentamiento adquiere tintes racistas.

En Europa, el problema es endémico. En Almería, España, en febrero de 2000, los residentes locales atacaron tiendas y autos de inmigrantes, después de que una mujer fue presuntamente asesinada por un inmigrante marroquí. Anteriormente, un trabajador norafricano había sido acusado de matar a dos hombres; la policía dijo que esto no era evidencia de que los inmigrantes cometieran más crímenes que la comunidad local, pero la violencia contra ellos les impide incluso salir a tra­bajar, pues temen ser agredidos.

La situación también es grave en italia, donde el racismo institucional es alar­mante. En enero de 2010, en la localidad de rosarno, Calabria, se registraron dis­turbios luego de que dos trabajadores africanos —un nigeriano sin documentos y un profesionista originario de Togo— fueran atacados por jóvenes blancos, quie nes les dispararon con pistolas de aire comprimido. Esto tuvo lugar luego de que se corriera el falso rumor de que los africanos habían atacado a una italiana embarazada que, como consecuencia de dicho ataque, perdió a su bebé. Los disturbios ini ciados por este hecho se agravaron luego de que otros dos migrantes fueran atacados con barras de metal. El conflicto se extendió durante días e involucró a decenas de migrantes africanos que trabajaban como jornaleros para empresas controladas por ndrangheta, la mafia local. Los africanos duermen en fábricas abandonadas porque pocas perso­nas les rentan vivienda y ganan apenas unos 36 dólares por jornadas de más de doce horas. El enfrentamiento involucró a unos setecientos africanos y unos trescientos habitantes locales. Un italiano intentó atacar a los africanos con un trac tor. Al final, la policía reportó treinta y siete heridos, dieciocho de ellos policías y cinco migrantes.

En México, la situación es cada vez más preocupante. En un informe entregado a la alta comisionada de las naciones Unidas para los derechos Humanos, navi Pillay, las organizaciones de derechos humanos aseguraron que entre 2004 y 2011 habían documentado por lo menos sesenta y dos ataques xenófobos dirigidos a albergues de migrantes, que incluían amenazas de muerte, hostigamiento telefónico y allanamiento de sus instalaciones. Tan sólo en 2011, las organizaciones registraron quince ataques (nss Oaxaca, 2011). Uno de los ataques más graves tuvo lugar en Saltillo, Coahuila, en septiembre de 2009, cuando un hondureño fue acu sado de robar y matar a puñaladas a una comerciante local. En respuesta, un albergue para migrantes, la Casa Belén, fue apedreado por desconocidos, y su coordinador, Pedro Pantoja Arreola, recibió amenazas telefónicas de muerte. La Casa Belén recibe entre ochenta y cien migrantes todos los días, quienes se quedan como máximo un par de días. El legislador local derechista, Carlos Orta Canales, abogó por la regulación de los refugios para migrantes, porque éstos por lo general cometen delitos.

Otro serio incidente ocurrió en agosto de 2011, cuando Luis Fernando Car dona, migrante guatemalteco de diecinueve años, fue apedreado hasta la muerte por elemen tos de la policía de Tultitlán, Estado de México. Cardona se alojaba en el albergue Casa San Juan diego, ubicada en la colonia Lechería, donde se gesta un movi miento antiinmigrante cada vez más fuerte. La gente de Tultitlán

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no siempre se ha opuesto a que opere el albergue. En diversas ocasiones impidie­ron que la policía abu sara de los migrantes y proporcionaron comida y agua a los extranjeros. Sin em bargo, en 2011 empezaron a exigir a las autoridades que cerra­ran el albergue, argu men tan do que los migrantes alientan los delitos y el narcotrá­fico, y producen su ciedad. El alber gue es parte de la iglesia local, donde el cura ha dado refugio a más de cien mi grantes por día en los últimos años. En 2010, el alcalde de Tultitlán, Marco Antonio Calzada Arroyo, expresó declaraciones xenófobas a la prensa nacional, diciendo que los migrantes generan delitos porque consumen drogas y defecan en las calles.

b) Racismo institucional hacia las minorías étnicas

Los disturbios de este tipo ocurren cuando las tensiones entre la mayoría y las minorías han alcanzado un punto de crisis. ésta puede provocarla el asesinato de un miembro del grupo minoritario a manos de la policía o de un civil del grupo ma yoritario. El asesinato queda en total impunidad. El caso que mayor impacto ha causado es el que llevó a los disturbios raciales de Londres, ingla te rra, el 4 de agos­to de 2011, cuando Mark duggan, de veintinueve años de edad y descen diente de caribeños, supuestamente traficante de drogas y miembro de una pandilla, re ci bió un tiro fatal a manos de la policía londinense. duggan estaba bajo vigilancia poli­ciaca porque las autoridades sospechaban que podía cometer un homicidio. dos días después, miembros de la comunidad afrocaribeña realizaron una manifes­tación pacífica para demandar justicia. La manifestación llevó al vandalismo con­tra patrullas policiacas, un hecho que derivó en tres días de disturbios en Tottenham, un área urbana ubicada al norte de Londres. Los disturbios en esta ciudad incluyeron saqueos e incendios que se extendieron al sur de Londres y a otras ciudades impor tantes del país, como Birmingham, Liverpool y Bristol. Tres personas murieron y más de cien fueron arrestadas.

Los disturbios raciales en inglaterra no son un fenómeno nuevo. En mayo de 2001, en Oldham, Manchester, jóvenes de origen asiático se enfrentaron a una banda de jóvenes blancos. El enfrentamiento se convirtió en un ataque racial ma sivo en el que hombres, mujeres y niños de origen asiático fueron objeto de ata­ques verbales y físicos. Oldham es un condado multiétnico, compuesto de sajo­nes, pakis taníes y bangladesíes. El desempleo entre los asiáticos es del 25 por ciento. después de los enfrentamientos en Oldham, el racista national Front intentó organizar una marcha, en Bradford, Yorkshire, que fue prohibida por el secretario del interior. La Anti­nazi League intentó hacer una contramarcha que sí fue permitida; en el trans curso de ésta, se rumoró que los del national Front se reunieron en un pub, y poco después se armó una confrontación fuera de éste, donde un pakistaní fue apuñalado. Esto ocasionó disturbios en los que la policía fue atacada y varios restaurantes fueron vandalizados. Al menos trescientos poli­cías y seis civiles resultaron heridos.

En Londres, en julio de 2006, la policía, armada con macanas, esposas y es cudos antimotines, patrullaba la ribera del Támesis para amortiguar las tensiones

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entre pescadores deportivos e inmigrantes del este de Europa. Se culpa a los inmi­grantes de contribuir a la escasez de peces por guardar su pesca para el consumo, en vez de regresarlos al río. Meses después, en octubre, se registraron enfren­tamientos similares en la ciudad de Windsor. La mayoría blanca se enfrentó a la minoría asiática, después de que una lechería musulmana fuera incendiada y las ventanas de la mezquita fueron rotas.

Antes de los disturbios en Londres, un incidente similar de abuso policiaco ocu rrió en París, Francia, en 2005, ocasionando disturbios que duraron dos semanas a partir del 27 de octubre (Koff, 2009; Koff y duprez, 2009). Jóvenes descendientes de inmigrantes norafricanos incendiaron coches y saquearon tiendas, luego de que dos muchachos murieran electrocutados en una subestación eléctrica en el popular barrio de inmigrantes Seine­Saint denis, cuando eran perseguidos por la policía. El saldo fue de más de siete mil autos quemados y unas dos mil personas detenidas.

Menos sonado, pero también grave, es el caso de Bélgica, donde se han regis­trado diversos episodios. Antes de los disturbios en París, en noviembre de 2002, en Amberes, el asesinato a balazos de un marroquí de veintiséis años desató distur­bios en esta ciudad. El joven fue asesinado por un ciudadano belga de sesenta y seis años, quien le disparó en varias ocasiones. El asesinato causó gran descon­tento en el distrito de Borgerhout, el cual tiene una amplia población inmigrante. El padre de la víctima y los miembros de la mezquita intentaron calmar a los jóvenes, pero no tuvieron éxito. Sin embargo, también estuvo presente Abou Jahjah, un personaje importante de la Liga Árabe Europea, quien inició una cam­paña de patrullaje de las calles de Bruselas para asegurarse de que no se acuse falsamente a inmigrantes de cometer crímenes. Como Francia, Bélgica tiene una numerosa población inmigrante, especial mente de origen marroquí, entre quienes hay desempleo considerable. Sin embargo, a diferencia de Francia, los inmigrantes no se concentran en guetos alrededor de las ciudades grandes.

Como eco de los disturbios de París, en la capital y provincias belgas de Ambe­res, Lokeren, Mechelen y Ledeberg, jóvenes musulmanes provenientes de familias de inmigrantes cometieron desmanes, entre los que se incluyó la quema de quince automóviles. Los disturbios se extendieron durante cuatro noches en no viembre de 2005. Un año después de estos disturbios, también en Bélgica, al parecer para conmemorar los de París de 2005, jóvenes musulmanes de familias inmigrantes celebraron el ramadán tirando piedras a los transeúntes, y destruyendo y queman­do autos estacionados. Asimismo, tiraron bombas molotov a un hospital. Los jóvenes estaban furiosos por el deceso de Fayçal Chaaban, un joven de veinticinco años de edad que murió en custodia.

Por otra parte, en Milán, italia, hubo una marcha para denunciar la muerte a golpes de un joven de Burkina Faso, a manos de los dueños de un bar donde lo sorprendieron llevándose dos paquetes de galletas. Los quejosos rompieron moto­cicletas y derribaron botes de basura en su camino. éstos no eran trabajadores indo cumentados, sino hijos de inmigrantes africanos nacidos en italia. Asimismo, en Tesalónica, Grecia, en agosto de 2007, inmigrantes nigerianos y lugareños se enfren taron después de que un inmigrante muriera al aventarse por el balcón de

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una cafe tería pensando que lo estaba persiguiendo la policía. El inmigrante vendía discos compactos y pensó que dos hombres eran policías y lo iban a detener. Los nigeria nos se reunieron fuera de la cafetería y empezaron a tirar piedras a la poli­cía, que respondió al ataque.

En Estocolmo, Suecia, en junio de 2010, unos cien jóvenes de ascendencia somalí quemaron una escuela y tiraron piedras a la policía durante las dos noches que duraron los disturbios raciales. La razón fue que les negaron el acceso a un baile que se llevaba a cabo en la escuela. En España, un incidente peculiar tuvo lugar en el barrio de Lavapiés, en Madrid, en julio de 2011, después de que ofi­ciales de la policía pidieron a un inmigrante senegalés que se identificara. Antes de que las fuerzas del orden pudieran actuar, docenas de personas llegaron al lugar y forzaron a la policía a dejar en paz al hombre. Los vecinos recibieron el apoyo de un grupo antifascista que llegó alertado por un vecino.

En Canadá, el racismo institucional ha estallado en disturbios en lugares como Montreal, en Quebec. En agosto de 2008, ocurrió el asesinato del joven hondure­ño de dieciocho años, Freddy villanueva, quien murió a manos de la policía. Freddy jugaba dados con su hermano danny y otros seis amigos en el barrio de migrantes de Montreal nord, cuando la policía llegó a arrestar a danny por un presunto robo. Freddy se interpuso entre su hermano y la policía para evitarlo, y les pidió que se fueran; sin embargo, como sacó las manos de los bolsillos, la poli­cía interpretó el gesto como una amenaza y le dispararon. El asesinato provocó una manifestación pacífica que terminó en disturbios en los que los inconformes des­trozaron comercios y paradas de autobús. Un policía resultó herido de bala. Los barrios de migrantes en Mon treal son similares a los guetos donde se registraron los disturbios de París en 2005.

En Estados Unidos, en septiembre de 2010, unas trescientas personas se amo tinaron en Los Ángeles después de que un inmigrante guatemalteco, Manuel Jami nes, de treinta y siete años, fuera asesinado de un balazo por la policía. Unos veintidós manifestantes fueron arrestados después de tirar piedras, huevos y bote­llas a las instalaciones de la estación de policía. ésta disparó contra Jamines luego de que se negara a dejar un cuchillo con el que quería intimidar a integrantes policiacos. Antes de este incidente, se habían registrado ya en Los Ángeles distur­bios ocasionados por racismo institucional dirigidos contra afroamericanos. El caso más importante es el de los enfren tamientos derivados por la transmisión televisi­va del video en el que unos policías asesinaron a golpes al automovilista afroame­ricano rodney King, en 1992. Los disturbios se extendieron durante varios días en esa ciudad, así como en San Francisco, nueva York y Atlanta.

c) Enfrentamientos entre minorías

Este tipo de violencia tiene que ver con la creciente marginación de las minorías étnicas, las cuales compiten por recursos y territorio en iguales condiciones de mar­ginación. Por ejemplo, en Atenas, Grecia, el 30 de agosto de 2008, se registró en la Plaza Omonoia, en el centro de la ciudad, un enfrentamiento entre unos ciento

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cincuenta inmigrantes africanos que trabajaban como vendedores ambulantes. El incidente dejó trece personas heridas, algunas de ellas de gravedad. Según testigos, los inmigrantes llevaban armas blancas y peleaban por el territorio. Un po licía heri­do disparó a un inmigrante y a un transeúnte. Se arrestó a cincuenta y seis personas.

Un caso grave se dio en Almería, España, el 6 de septiembre de 2008. Aquí los inmigrantes africanos se amotinaron en el barrio marginal de roquetas del Mar —conformado por unas doscientas casas—, luego de que un inmigrante senegalés de veintiocho años fuera asesinado. Según testigos, el africano fue agredido por un español de origen gitano, cuando el primero trató de intervenir en una disputa entre africanos y gitanos. Los amotinados incendiaron dos casas de parientes del presun­to culpable, así como varios automóviles. Los disturbios duraron siete horas y se repitieron la noche siguiente. La víctima trabajaba en los invernaderos al me rienses y tenía tres años de radicar en España, donde vivía con su esposa y dos hijas.

Otro ejemplo lo da de nuevo inglaterra. En octubre de 2005, en Birmingham, jóvenes afrobritánicos (cristianos) y asiático­británicos (musulmanes) se enfrenta­ron luego de que una adolescente de origen caribeño y estatus migratorio irregular fuera víctima de una violación tumultuaria por parte de jóvenes asiáticos. Al pare­cer, la joven fue sorprendida robando en la tienda de un asiático, quien ofreció no denunciarla a cambio de favores sexuales. después de esto, se dice que la chica fue violada por un grupo de entre ocho y diecinueve hombres asiáticos, aunque también se asegura que no hay evidencia lo suficientemente sólida para confirmar la existencia de la violación masiva. Sin embargo, la posibilidad suscitó enfrenta­mientos entre jóvenes pertenecientes a las dos minorías y derivaron en disturbios en los que mu rieron dos jóvenes y se vandalizaron comercios y lugares comunita­rios de sus res pectivos barrios.

También en Bradford, inglaterra, en enero de 2008, ocurrió un enfrentamiento entre británicos de origen asiático y polacos, iniciado por los británicos. Los jóve­nes argumentaban que los inmigrantes económicos de Europa del Este les quitan los trabajos. En Bradford hay un gran número de asiáticos y ya antes ha habido enfrentamientos entre asiáticos y blancos. Los inmigrantes se han asentado en cinco de los barrios más pobres, los cuales tienen altos porcentajes de minorías ét nicas. Los enfrentamientos se limitan a amenazas verbales, vandalismo hacia los autos y pequeñas peleas. Líderes comunitarios sostienen que la actitud de estos mu cha­chos es una especie de revanchismo, por lo que ellos han tenido que sufrir du rante años a manos de la mayoría blanca. Los asiáticos se defienden de acusaciones de racismo, arguyendo que no se trata de raza, sino de número, pues perciben que están llegando demasiados polacos, quienes se dedican a vender mercancías en las calles, como joyería de fantasía.

Asimismo, en la ciudad de dewsbury, reino Unido, en febrero de 2008, inmi­grantes húngaros y pakistaníes se enfrentaron con machetes y cuchillos en ravensthorpe, una comunidad multirracial. El choque empezó porque supuesta­mente los húngaros tocaron a una chica pakistaní. Hubo varios heridos. Ya había habido un enfrentamiento entre iraquíes y pakistaníes en el verano de 2007, cuando los iraquíes kurdos hostigaban sexualmente a las pakistaníes.

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Hay otros casos en los que la violencia resulta de las actividades de bandas rivales organizadas étnicamente. En Madrid, el 21 de enero de 2007, unos mil jóve­nes españoles arrojaron piedras a la policía y causaron incendios en un suburbio madri leño, luego de un fin de semana de enfrentamientos contra una banda de jóvenes latinoamericanos conocida como los Latin Kings. Los jóvenes españoles culpan a aquéllos del incremento del crimen; muchos jóvenes ecuatorianos se han sumado a las filas de los Latin Kings por el alto desempleo que hay entre ellos. También en Los Ángeles, California, se suscitó un motín en la cárcel Pitchess, que se prolon gó durante cinco días, luego de que bandas de latinos y afroamericanos se enfrentaran en febrero de 2009. El motín involucró a más de trescientos internos, de los cuales unos treinta resultaron heridos. Este enfrentamiento es un reflejo de las crecientes tensiones entre afroamericanos y la cada vez más abundante minoría latina, quienes compiten por los trabajos con mejores salarios y el acceso a los be neficios sociales.

consecuencias estructurales de la ilegalidad: el migrante como mercancía en la economía criminal

El desconocimiento intersubjetivo de los migrantes resulta en conflicto estructural si la vulnerabilidad e impunidad derivada de la ilegalidad sirve para objetivizar a los migrantes. La securitización de la cooperación para el desarrollo —que con traviene el derecho al desarrollo— tiene una incidencia más estructural que objetiviza la migración en dinámicas globalizadoras de tipo penal. Por ejemplo, en italia, en sep­tiembre de 2008, hubo un motín de inmigrantes, luego de que seis africanos mu ­rie ran de varios disparos detonados en la tienda de un sastre en Castelvolturno, cerca de nápoles. Al parecer, se trataba de sicarios de la Camorra, la versión napo­litana de la mafia. Los muertos eran de Ghana, Togo y Liberia, y tenían entre veinticinco y treinta y un años de edad. Hay versiones de que los africanos se nega­ban a pagar protección de la mafia. docenas de amotinados rompieron ventanas, destruyeron coches y lanzaron piedras a la policía pi diendo justicia y denunciando que las autoridades asumían sin fundamentos que se trataba de un asunto de drogas. de acuerdo con el informe policiaco, por lo menos seis hombres armados dispararon ciento treinta balas. En Caserta, los africanos volcaron co ches y derribaron botes de basura, además de tirar señales de tránsito en una protesta espontánea contra los ataques de la mafia. Esta agresión a los inmigrantes fue la gota que derramó el vaso en una serie de ofensivas contra africanos que generó otras revueltas.

Aunque en italia se han registrado casos de este tipo aisladamente, en México el problema adquiere dimensiones escandalosas para este país y su socio comercial principal, Estados Unidos, con el que mantiene acuerdos de cooperación en segu­ridad que suplen los acuerdos de cooperación para el desarrollo. Al retomar la migra­ ción con cooperación para la seguridad y la desterritorialización de los controles fronterizos, y no con cooperación para el desarrollo, México y Estados Unidos han colocado el fenómeno migratorio en medio de las actividades de la delincuencia

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organizada, y lo han vuelto un objeto de la economía delicuencial, una mercancía con demanda entre cárteles criminales, debido a dos razones: 1) porque el reforzamien to del control de la frontera entre México y Estados Unidos ha desin­centivado a los migrantes para que crucen solos y paguen por los servicios de un pollero y 2) la vulnerabilidad derivada de la ilegalidad los convierte en el objeto ideal de actividades económicas criminales transnacionales, como la trata de per­sonas, el tráfico, la extorsión, la utilización (mulas), el reclutamiento como sicarios y, sobre todo, el secuestro.

La demanda de traficantes de personas

Cabe recordar que las operaciones Gatekeeper, en El Paso, Texas; Blockade­Hold the Line, en San diego, California, y Safeguard, en Arizona, así como la iniciativa Mérida en la frontera de México con Guatemala, han hecho que tanto migrantes mexicanos como centroamericanos, sudamericanos y caribeños que atraviesan Mé ­xico para llegar a Estados Unidos recurran a polleros para lograr su objetivo. Los migrantes más vulnerables, sin embargo, no son los mexicanos, pues mientras que éstos tienen documentos para llegar hasta la frontera México­Estados Unidos, cono­cen el terreno y pueden contratar a polleros locales e independientes, los ex tran jeros se ven obligados a contratar a un traficante desde el momento que tienen que cruzar la frontera México­Guatemala, pues no tienen papeles para este primer cruce, ade­más de que se enfrentan a lo desconocido. Al llegar a la frontera centro americana, la delincuencia organizada monopoliza el tráfico de personas, especialmente el cár­tel de Los zetas, que han reemplazado a las maras como la principal amenaza crimi­nal contra migrantes.

Las maras son pandillas transnacionales que tuvieron su origen entre los sal­vadoreños asilados en Los Ángeles, California, como consecuencia de la guerra en Centroamérica. En la medida en que se convirtieron en un problema grave de de lincuencia juvenil y se extendieron geográficamente, sobre todo a Atlanta, dallas, Los Ángeles, Washington, d.C. y nueva York, fueron deportados a El Salvador, donde se empezaron a extender a Honduras y Guatemala. Como los gobiernos de estos países aplicaran medidas policiacas para contenerlos, entre 1998 y 2003, las clicas o células de las maras —especialmente la Mara Salvatrucha 13 y Barrio 18— empezaron a extender sus actividades en México, donde se diversificaron y no sólo se dedicaron a actividades propiamente pandilleriles, sino también al robo, viola­ción, extorsión y secuestro de migrantes centroamericanos, desde la frontera Tecún­Umán­Ciudad Hidalgo, y a lo largo de la ruta del ferrocarril Chiapas­Mayab. Este tren atraviesa varios estados mexicanos que forman la ruta migra­toria hacia Estados Unidos (Yucatán, Campeche, Chiapas, Tabasco, veracruz y Oaxaca) y es usado por los centroamericanos para acercarse a su destino final. Por su vulnerabilidad, los migrantes centroamericanos eran las víctimas favoritas de estas pandillas: no hay re gistro de su entrada, y su presencia es irregular, por ello no se atreven a denunciar los delitos de los cuales son víctimas. Los sobrevivientes

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de los ataques de las maras atestiguaron que éstas arrojan a los migrantes al tren en marcha, matan y mutilan a los varones y violan con sadismo a las mujeres, a quienes después venden a las bandas dedicadas a la trata sexual o laboral.

Hasta 2008, las maras eran las principales secuestradoras, explotadoras, ase­sinas y violadoras de migrantes, pero al parecer desde ese año hubo un relevo por parte de Los zetas, una organización criminal creada por comandos militares de élite coptados por el cártel del Golfo, el cual los contrataba como sicarios o para rea lizar tareas específicas. Con el tiempo, su éxito les dio la seguridad necesaria para independizarse y pelear a sus antiguos aliados del cártel del Golfo las rutas de la droga y otras actividades ilícitas. Tienen su sede de operaciones en nuevo Laredo, Tamau lipas, y se extienden a lo largo del Golfo de México para controlar las rutas del con trabando de armas y tráfico de drogas. éstas, provenientes de Colombia, pasan por Centroamérica, entran por Chiapas y se dirigen hacia Estados Unidos a través de una de estas rutas: la de Oaxaca­Guerrero­Michoacán­Sinaloa­Sonora, o la de Ta basco­veracruz­Tamaulipas. En ambas rutas hay coinci­dencia geográfica con las maras y el tránsito de los migrantes centroamericanos y cubanos que quieren llegar a Estados Unidos, por lo que este cártel desplazó a las maras en el negocio del se cuestro, exterminio y reclutamiento de migrantes. A esta actividad económica añaden su sello personal: gran violencia y sadismo.

Según informes de inteligencia de Estados Unidos, la cooperación para la se ­curitización de las fronteras México­Guatemala y México­Estados Unidos, con el triple propósito de contener el tráfico de drogas, personas y armas (aunque no para contener las pandillas y las armas provenientes de Estados Unidos hacia México) ha incentivado a Los zetas —el cártel más atacado por el gobierno mexicano— a ampliar sus actividades criminales. Los zetas empezaron su diversificación con la extorsión, la venta de protección a comercios, y aprovechando la coincidencia de rutas de la migración y la droga, con el secuestro, tortura y tráfico de migrantes centroamericanos y cubanos, con el fin de pedir rescate a sus familiares. En el su reste mexicano, Los zetas han coptado a pequeños consorcios y bandas crimi­nales con los que se han aliado para cobrar renta a los coyotes y secuestrar a los migrantes que viajan de forma independiente, o con quienes no pagan por el uso de la ruta. Las operaciones de tráfico de personas de Los zetas se ubican en Quintana roo y Yu catán, e incluyen a centroamericanos y cubanos que llegan por Puerto Juárez. Los zetas mantienen una vasta red de casas de seguridad y acceso a documentos mi gra torios apócrifos que facilitan el tráfico de drogas y de personas, además de que cobran un promedio de diez mil dólares por secuestrado. A este precio, el secuestro de migrantes se está volviendo una actividad cada vez más recurrente porque reditúa enormes dividendos que se “lavan” con las remesas.

Para adueñarse del negocio del secuestro de migrantes, Los zetas han tenido que disputarse el monopolio con las maras. Los reportes de inteligencia mexicanos y estadunidenses indican que, desde 2008 —año en que Los zetas decidieron inde pendizarse del cártel del Golfo y emprender sus propios negocios—, la prin­cipal amenaza contra los migrantes proviene de Los zetas y no de las maras, quienes en todo caso trabajan a sueldo para éstas u otras bandas organizadas de

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tráfico y trata de personas. Las maras, como pandilla transnacional, siguen tenien­do un papel impor tante en transportar droga para los cárteles en la frontera con Estados Unidos. En 2010, luego de la masacre de setenta y dos migrantes indocu­mentados en San Fernando, Tamaulipas, se reveló que desde 2009 Los zetas también reclutan a los migrantes como sicarios.

La vulnerabilidad de los migrantes frente al crimen organizado

El secuestro de migrantes como negocio criminal en boga demuestra que la securi­tización de las fronteras, lejos de detener la delincuencia organizada y el tráfico de personas, solamente convierte a los migrantes en objetos del crimen organizado. Esto es posible por su vulnerabilidad, que los convierte en el objeto ideal de la eco­nomía criminal. Como carecen de la protección de la ley y viven con el cons tante temor de ser deportados, los migrantes indocumentados fácilmente se vuelven mer­cancías en la economía delicuencial. Es la impunidad de la que habla Bustamante (2011): no hay costo social o judicial alguno por desaparecer, matar o lucrar con los mi grantes. El secuestro de migrantes es un negocio muy lucrativo para Los zetas desde 2006 y va en aumento. desde ese año, en Oaxaca, las organizaciones huma­nitarias que ayudan a migrantes, particularmente las de trabajo pastoral, han regis­trado decenas de secuestros masivos de migrantes por parte de Los zetas.

En octubre de 2008, un comando de unos doce zetas secuestró a treinta y dos migrantes provenientes de Guatemala, Honduras y nicaragua que venían en un tren y pasaban por el estado de Puebla. Los criminales recibieron el apoyo de policías municipales y pidieron a los familiares 3 500 dólares de rescate por cada migrante secuestrado. La operación fue descubierta porque dos de los migrantes lograron escapar y alertaron a los pobladores del municipio de Lara Grajales, quienes incen­diaron una patrulla y dos motocicletas de la policía municipal. En junio de 2009, una banda —que pueden haber sido zetas o maras— secuestró a sesenta y un migrantes centroamericanos que viajaban en el ferrocarril Chiapas­Mayab, y en el trayecto los criminales asesinaron al menos a dos hombres y violaron a tres mujeres.

En septiembre de 2009, un grupo de zetas coludidos con la policía municipal secuestró a quince cubanos que llegaron en lanchas a Puerto Juárez, Cancún. Ya en tierra fueron interceptados por los criminales, quienes los llevaron a una casa de seguridad donde fueron brutalmente golpeados hasta conseguir los contactos de sus familiares en Estados Unidos, a quienes pidieron diez mil dólares por llevarlos a Florida. Los cubanos pidieron ayuda a los vecinos, quienes alertaron al ejército y a la policía federal, que los liberaron después de diez días de cautiverio.

Según un reporte de la cndh de junio de 2009, de septiembre de 2008 a fe ­brero de 2009 se registraron 198 secuestros que implicaban a 9 758 migrantes. La cifra real de secuestros es evidentemente mayor porque solamente se registraron los casos denunciados. La mayoría de los secuestros son ejecutados por zetas o maras, solos o con ayuda de policías locales o federales, aunque también hay casos

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en que los secuestradores eran exclusivamente policías. El rescate solicitado a los familiares va de mil quinientos a diez mil dólares.

En 2010, la situación empeoró: entre abril y septiembre de ese año, la cndh do ­cu mentó doscientos catorce secuestros masivos que involucraban a 11 333 migrantes, el 6.2 por ciento de los cuales era salvadoreños; el 11.2 por ciento, guatemaltecos; el 10.6 por ciento, mexicanos; el 5 por ciento, cubanos; el 4.4 por ciento, nicaragüen­ses; el 1.6, colombianos; y 0.5 por ciento, ecuatorianos. del total de 11 333, un 15.7 por ciento eran mu jeres (cndh, 2011).

La recurrencia en el secuestro de migrantes por parte de las bandas del crimen organizado, solas o en contubernio con las autoridades, es el re flejo de un problema estructural. Si se ubican en un contexto internacional, los migrantes documentados e indocumentados, pero sobre todo estos últimos, siempre son objeto de los problemas de violencia más agudos de una sociedad. Por ejem plo, los migrantes en ciudades italianas como nápoles son blanco de las actividades de la mafia, no sólo porque el crimen organizado siempre ha sido un problema grave en el sur de ese país, sino también porque italia es ahora uno de los países en el mundo con mayor racismo institucional.

En otro ejemplo, en reino Unido los migrantes polacos se encuentran en cons tante conflicto con la minoría pakistaní, porque ésta ha sido objeto constante del racismo de la mayoría blanca y tiene una actitud defensiva que se manifiesta en violen cia racista. En Estados Unidos, los migrantes mexicanos no son objeto del crimen organizado, pero sí de los grupos de supremacía blanca. En otras palabras, no es fortuito que los migrantes que pasan por territorio mexicano y los que están en italia sean víctimas del crimen organizado, porque es el tipo de vio­lencia que existe en italia y en México.

Aquí se demostró que la negación y el desconocimiento de los derechos hu ­manos que se dan en los elementos constitutivos de la ilegalidad conforman lo que Coutin (2003) denomina el espacio de no existencia, y constituyen lo que Honneth (1997) ha denominado una falta de reconocimiento intersubjetivo. Si bien la vul­nerabilidad de los migrantes en la ilegalidad (Bustamante, 2002) es lo que genera su demanda y un beneficio político­económico para las sociedades receptoras, ésta tiene un impacto social a corto, mediano y largo plazo: conflicto social de diversos calibres. El conflicto va desde apoyo a ideologías extremistas, hasta moti­nes en los centros de detención y disturbios raciales. A largo plazo, la securitiza­ción de las fron teras y la vulnerabilidad de los migrantes los objetiviza, los convier­te en mercancía en la economía criminal.

Si el desconocimiento y la negación de los derechos humanos generan con­flicto, es evidente que el mejor camino para prevenirlo no es más policías, milita­res, leyes punitivas o segregación de minorías étnicas. La necesidad de reconocer derechos humanos a los migrantes va más allá de cualquier duda. El cuestiona­miento que debe ocuparnos ahora es cuál es la mejor forma de reconocer los derechos humanos a los migrantes. En particular se presentan dos opciones: una ciudadanía que in cor pore los derechos humanos universales, o la aplicación de derechos humanos universales más allá de las ciudadanías nacionales. El siguien­te capítulo estará dedicado a este asunto.

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