22475 - "ASESORIA DE INCAPACES N° 1 DE LA PLATA C/

PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTROS S/ AMPARO"

La Plata, 10 de Diciembre de 2010.-

AUTOS Y VISTOS: Para resolver la medida cautelar solicitada

a fs. 122/132 y 134/135; y:

CONSIDERANDO:-

1. Que la Sra. Asesora de Incapaces N° 1, de La Plata solicita,

en el marco de la presente acción de amparo el dictado de una

medida cautelar por medio de la cual se ordenen a los demandados,

las siguiente medidas:

1.1. Obligar a los demandados a brindar una vivienda adecuada

a los once tutelados, o un subsidio equivalente a los fines de sufragar

un alquiler mensual para una vivienda que posibilite la vida familiar de

los mismos junto a su madre, garantizando el derecho a la educación

y el mejor desarrollo posible en materia de salud física y psíquica.-

1.2. Se resuelva con carácter cautelar la inconstitucionalidad

del art. 14 bis de la ley 24.714. -

2. Con relación a la primera pretensión cautelar, relata que los

11 niños residían junto a su madre en la Localidad de Quilmes, hasta

que por un hecho de violencia de la que fue víctima la Sra. “C”,

tuvieron que abandonar la vivienda que habitaban. Con motivo de ello,

se trasladaron a la Localidad de Florencio Varela, donde ésta sufrió un

nuevo hecho de violencia, que generó la intervención de la Fiscalía de

Instrucción N° 5 de Quilmes, y la Dirección de Políticas de Género del

Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. -

Afirma que no puede desconocerse la condición de

vulnerabilidad que presentan tanto la madre (mujer a cargo de un

hogar monoparental de más de diez hijos menores, en avanzado

estado de gravidez, víctima de violencia de género, y sin vivienda ni

trabajo formal), como sus representados, y que sin embargo no

recibieron el trato de tales. -

Señala que en esas condiciones, establecen su residencia en la

Localidad de Villa Elisa, y posteriormente en una vivienda ubicada en

la calle 75 N° 1181 entre 18 y 19 de La Plata, donde actualmente se

domicilian. -

Entiende que en la actualidad se encuentran atrapados en una

situación de inminente desalojo, en virtud de un convenio suscripto

por la Sra “C” ante la Fiscalía General del Departamento Judicial La

Plata, por el cual se comprometió a desalojar y dejar libre de

ocupantes la vivienda que actualmente ocupa en calle 75 N° 1181 de

La Plata, para el día 24-II-2011.-

Agrega que de acuerdo al informe confeccionado por la

Directora y el Equipo de Orientación Escolar de la EPB N° 22 los

menores que representa comenzaron a faltar a la escuela a partir del

mes de octubre, siendo su asistencia irregular, por temor a dejar sola

su casa y ser desalojados. -

Por otra parte, destaca que la progenitora de los mismos ha

realizado distintos reclamos ante organismos nacionales, provinciales

y municipales, sin obtener respuestas favorables.-

3. En lo atinente a la inconstitucionalidad del art. 14 bis de a

Ley 24.714, sostiene que la progenitora de sus representados percibe

la “pensión por madres de 7 o más hijos” (Ley 23.746), por la cual

recibe $ 1.015. Agrega que dicho monto es mucho menor al que

percibiría en caso de corresponderle la Asignación Universal por Hijo

por cada uno de ellos (haciendo un total de $ 2.420). Esgrime que la

norma cuya inconstitucionalidad se pretende establece una limitación

arbitraria en cuanto dispone que la asignación universal se abonará

por cada menor acreditado por el grupo familiar y hasta un máximo de

cinco menores, lo que constituye una clara afectación al principio de

igualdad ante la ley.-

4. Con carácter liminar, corresponde señalar que el art. 196 del

CPCC, habilita el dictado de medidas cautelares por parte de jueces

incompetentes, en supuestos de grave urgencia (conf. Gozaini,

Osvaldo A., Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de

Buenos Aires, Tomo I, Ed. La Ley, 2003, pág. 409).-

En igual sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en

la causa “Defensor del Pueblo de la Nación”, ha expresado que, sin

perjuicio de la resolución que corresponda adoptar respecto de su

competencia, “le corresponde al Poder Judicial de la Nación buscar

los caminos que permitan garantizar la eficacia de los derechos, y

evitar que estos sean vulnerados, como objetivo fundamental y rector

a la hora de administrar justicia y de tomar decisiones en los procesos

que se someten a su conocimiento, sobre todo cuando está en juego

el derecho a la vida y a la integridad física de las personas. No debe

verse en ello una intromisión indebida del Poder Judicial cuando lo

único que se hace es tender a tutelar derechos, o suplir omisiones en

la medida en que dichos derechos puedan estar lesionados [cfr.

causa citada precedentemente; Fallos: 328:1146]” (D. 587. XLIII.

Originario. "Defensor del Pueblo de la Nación c/ Estado Nacional y

otra s/ proceso de conocimiento", Res. del 18-IX-2007, considerando

3).-

5. Que en función de lo expresado, corresponde ingresar en el

análisis de la pretensión cautelar vinculada al otorgamiento de una

vivienda adecuada al grupo familiar afectado, y a que se les garantice

a los niños su derecho a la educación, como así también el mejor

desarrollo posible en materia de salud física y psíquica. Ello, a fin de

valorar si se encuentran reunidos los recaudos de procedencia de

este remedio cautelar (art. 22 del CCA), difiriendo el análisis de la

inconstitucionalidad del art. 14 bis de la Ley 24.714 al momento del

dictado de la sentencia.-

5.1. Verosimilitud en el derecho: Que los derechos que da

sustento a la pretensión, se hallan especialmente reconocidos en

diversas prescripciones constitucionales y en los tratados

Internacionales, entre los que se destacan el Pacto Internacional de

Derechos Económicos, Sociales y Culturales -art. 11-, la Declaración

Universal de Derechos Humanos -art. 25-, la Declaración Americana

de los Derechos y Deberes del Hombre -art. XI-, la Convención sobre

los Derechos del Niño -arts. 8, 9, 23, 24, 26 y 27-; los que, en las

condiciones de su vigencia, gozan de jerarquía constitucional -art. 75

inc. 22, CN- (Conf. Tedeschi, Sebastián, “El derecho a la vivienda a

más de diez años de la reforma de la Constitución”, en Abramovich,

Víctor – Bovino, Alberto – Courtis, Christian (compiladores), La

aplicación de los Tratados sobre Derechos Humanos en el ámbito

local, Ed. Del Puerto, 2007, pág. 751).-

En particular, ha de tenerse presente lo estatuido por el artículo

11, inciso 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales, cuyo texto expresamente prevé: “Los Estados

Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a

un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación,

vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las

condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas

apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho,

reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación

internacional fundada en el libre consentimiento”.-

En nuestro ordenamiento interno el art.14 bis de la Constitución

Nacional, prevé expresamente “el acceso a una vivienda digna”,

mientras que el artículo 36 el inc. 7 de la Constitución Provincial obliga

a la Provincia a promover “el acceso a la vivienda única y la

constitución del asiento del hogar como bien de familia”, garantizando

“el acceso a la propiedad de un lote de terreno apto para erigir su

vivienda familiar única y de ocupación permanente, a familias

radicadas o que se radiquen en el interior de la Provincia, en

municipios de hasta 50.000 habitantes, sus localidades o pueblos”.-

Por su parte, el Comité de Derechos Económicos Sociales y

Culturales de Naciones Unidas, en su Observación General Nº 4,

Punto 7, ha señalado –con relación al art. 11, inciso 1 del PDESC-

que "el derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido

estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que

resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o

lo considere exclusivamente como una comodidad. Debe

considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y

dignidad en alguna parte. Y así debe ser por lo menos por dos

razones. En primer lugar, el derecho a la vivienda está vinculado por

entero a otros derechos humanos y a los principios fundamentales

que sirven de premisas al Pacto. Así pues, 'la dignidad inherente a la

persona humana', de la que se dice que se derivan los derechos del

Pacto, exige que el término 'vivienda' se interprete en un sentido que

tenga en cuenta otras diversas consideraciones, y principalmente que

el derecho a la vivienda se debe garantizar a todos, sean cuales

fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos. En segundo

lugar, la referencia que figura en el párrafo 1 del artículo 11 no se

debe entender en sentido de vivienda a secas, sino de vivienda

adecuada. Como han reconocido la Comisión de Asentamientos

Humanos y la Estrategia Mundial de Vivienda hasta el Año 2000 en su

párrafo 5: 'el concepto de 'vivienda adecuada'... significa disponer de

un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado,

seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una

infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación

con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable"

(O.G. Nº4 "El derecho a una vivienda adecuada", Sexto período de

sesiones, 1991, documento E/1991/23).-

Asimismo, se ha señalado con notable acierto que “contra los

intentos de reductio ad absurdum del derecho a la vivienda, es

evidente que los estados no pueden satisfacer de manera inmediata

todos los elementos que integran el contenido del derecho a una

vivienda adecuada. El deber de progresividad establecido en el art.

2.1. del propio PIDESC, de hecho, reconoce este límite. Sin embargo,

que la satisfacción del derecho pueda ser progresiva, no debe

entenderse, como ya se ha apuntado como una autorización para

postergar sine die el cumplimiento de las obligaciones estatales en

materia de vivienda. Siguiendo los criterios de la Observación general

N° 3 y los Principios de Limburgo y Mastricht, los estados tienen, al

menos los siguientes deberes inmediatos en materia de vivienda: A)

El deber de no adoptar medidas de carácter deliberadamente

regresivo en cuestiones habitacionales, promoviendo desalojos

arbitrarios o impulsando recortes o limitaciones en sus políticas, a

menos que éstas redunden en mayor eficacia global del conjunto de

derechos sociales garantizados en el PIDESC. B) El deber de adoptar

medidas legislativas y administrativas deliberadas, concretas y

dirigidas de la manera más clara posible a cumplir con los objetivos

del PIDESC. C) El deber de adoptar esas medidas en un tiempo

razonablemente corto. D) El deber de desplegar todos los esfuerzos

posibles y de recurrir al máximo de recursos humanos, naturales,

tecnológicos, informativos y financieros a su alcance para satisfacer el

derecho a la vivienda. E) El deber de garantizar el ejercicio de los

derechos habitacionales sin discriminación. F) El deber de dar

prioridad en su actuación a los grupos más vulnerables y a los que

tengan necesidades más urgentes. G) El deber de garantizar, incluso

en situaciones de crisis, de ajuste o de escasez de recursos, al menos

el contenido «mínimo» del derecho a la vivienda, sobre todo para

aquellas personas y colectivos que carezcan de un techo de manera

absoluta” (Pisarello, Gerardo, Vivienda para todos: un derecho en

(de)construcción, Icaria Editorial, Barcelona, 2003, págs. 117/118).-

Asimismo, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los

Asentamientos Humanos - conocida más comúnmente como "Hábitat

II", que tuvo lugar en Estambul, Turquía, del 3 al 14 de junio de 1996 –

aprobada sin reservas de la Argentina-, se señaló que las condiciones

inadecuadas, tales como el impacto de la pobreza, la falta de acceso

a la tierra y tenencia segura son la causa principal de los conflictos

sociales violentos y de la disminución de la seguridad personal.

Teniendo esto como referencia, se llegó a un acuerdo sobre el

derecho a la vivienda adecuada, reconociendo la obligación

fundamental de los Estados de facilitar a las personas la obtención de

vivienda y de proteger y mejorar los hogares y los vecindarios.-

En igual sentido, la Suprema Corte de Justicia provincial ha

enfatizado en un reciente pronunciamiento que “tal como lo ha

expresado el Comité D.E.S.C. (Observación General Nº 4), "los

Estados Partes deben otorgar la debida prioridad a los grupos

sociales que viven en condiciones desfavorables, concediéndoles una

atención especial (…) a pesar de los problemas causados

externamente, las obligaciones dimanadas del Pacto continúan

aplicándose y son quizás más pertinentes durante tiempos de

contracción económica" (v. punto 11º). Por tales razones, cobra plena

actualidad la necesidad de proveer de inmediato a una solución

respecto del problema habitacional. De ello surge claro, según

entiendo, que sin el reconocimiento de prestaciones positivas por

parte del Estado, se continuarán vulnerando, por omisión, derechos y

principios de raigambre constitucional y convencional.” (causa

A.70.717 del 14-VI-2010). –

Respecto de los desalojos forzosos, como el que da origen al

presente amparo, tiene especial importancia la Observación General

Nº 7, que los define como “el hecho de hacer salir a personas,

familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan,

en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados

de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos ...”

(Observación General Nº 7, Punto 3).-

Particular interés para el caso de autos presenta el punto 16 de

la Observación General citada, en cuento dispone que “Los desalojos

no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin

vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos.

Cuando los afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el

Estado Parte deberá adoptar todas las medidas necesarias, en la

mayor medida que permitan sus recursos, para que se proporcione

otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según

proceda”.-

En dicho documento el Comité puso de manifiesto que

“fundamentalmente, las obligaciones de los Estados Partes en el

Pacto en relación con los desalojos forzosos se basan en el párrafo 1

del artículo 11 interpretado junto con otras disposiciones pertinentes.

En particular, el párrafo 1 del artículo 2 obliga a los Estados a utilizar

‘todos los medios apropiados’ para promover el derecho a una

vivienda adecuada. Ahora bien, dada la naturaleza de la práctica de

los desalojos forzosos, la referencia en el párrafo 1 del artículo 2 al

logro progresivo de tales derechos basándose en los recursos

disponibles rara vez será pertinente. El propio Estado deberá

abstenerse de llevar a cabo desalojos forzosos y garantizar que se

aplique la ley a sus agentes o a terceros que efectúen desalojos

forzosos (tal como se definen en el párrafo 3 supra). Este

planteamiento se ve reforzado además por lo dispuesto en el párrafo

1 del artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y

Políticos, que complementa el derecho a no ser desalojado

forzosamente sin una protección adecuada” (Observación General Nº

7, Punto 8).-

Asimismo, debe tenerse en cuenta que la afectación del

derecho a la vivienda digna puede traer aparejada la violación de

otros derechos también protegidos por nuestra Constitución Nacional.

En este sentido ha señalado el citado Comité que “dadas la

interrelación y la interdependencia que existen entre todos los

derechos humanos, los desalojos forzosos violan frecuentemente

otros derechos humanos. Así pues, además de infringir claramente

los derechos consagrados en el Pacto, la práctica de los desalojos

forzosos también puede dar lugar a violaciones de derechos civiles y

políticos, tales como el derecho a la vida, el derecho a la seguridad

personal, el derecho a la no injerencia en la vida privada, la familia y

el hogar, y el derecho a disfrutar en paz de los bienes propios”

(Observación General Nº 7, Punto 4). También destacó que “las

mujeres, los niños, los jóvenes, los ancianos, los pueblos indígenas,

las minorías étnicas y de otro tipo, así como otros individuos y grupos

vulnerables, se ven afectados en medida desproporcionada por la

práctica de los desalojos forzosos. En todos estos grupos las mujeres

son particularmente vulnerables a causa de la discriminación jurídica

y otras formas de discriminación que suelen darse en materia de

derecho de propiedad (incluida la propiedad de una vivienda) o del

derecho de acceso a la propiedad o a la vivienda, y de su particular

vulnerabilidad a los actos de violencia y abuso sexual cuando se

quedan sin hogar. Las disposiciones contra la discriminación del

párrafo 2 del artículo 2 y del artículo 3 del Pacto imponen a los

gobiernos la obligación adicional de velar por que, cuando se

produzca un desalojo, se adopten medidas apropiadas para impedir

toda forma de discriminación” (Observación General Nº 7, Punto 10).-

Por su parte, el citado Comité, con relación al derecho a la

alimentación en su Observación General Nº 12, Punto 6, lo definió de

la siguiente manera: “el derecho a la alimentación adecuada se ejerce

cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros,

tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación

adecuada o a los medios para obtenerla. El derecho a la alimentación

adecuada no debe interpretarse, por consiguiente, en forma estrecha

o restrictiva asimilándolo a un conjunto de calorías, proteínas y otros

elementos nutritivos concretos. El derecho a la alimentación

adecuada tendrá que alcanzarse progresivamente. No obstante, los

Estados tienen la obligación básica de adoptar las medidas

necesarias para mitigar y aliviar el hambre tal como se dispone en el

párrafo 2 del artículo 11, incluso en caso de desastre natural o de otra

índole”. (OG Nº12, "El derecho a una alimentación adecuada", 20º

período de sesiones 1999).-

Por lo expuesto, y teniendo en cuenta que la solicitud de la

Asesora de Incapaces N° 1 de La Plata está dirigida a procurar por

parte del Estado provincial y Municipal, el efectivo cumplimiento a las

directivas emanadas de los tratados internacionales de derechos

humanos, es dable considerar -siempre en grado de probabilidad y no

de certeza- que el derecho invocado resulta verosímil (art. 230

CPCC.), habilitando de ese modo el dictado de la medida cautelar.-

5.2. Peligro en la demora: Que el mismo se encuentra

configurado en el caso de autos toda vez que, si no se concede la

medida peticionada, los once menores de edad involucrados deberán

afrontar una situación de desprotección que afecta no sólo su derecho

a la vivienda digna sino también otros derechos, tanto civiles como

sociales -con el consecuente agravamiento del riesgo de afectación

de sus derechos constitucionales-, situación que indudablemente

requiere de un pronto remedio, o dicho en términos constitucionales,

una rápida "acción positiva" que le asegure la vigencia de los

derechos de los habitantes, dentro de la garantía constitucional a una

"tutela judicial continua y efectiva" (arts. 15 Const. prov. y 9 de la Ley

13.928). -

En igual sentido, la Corte Suprema ha afirmado que: "es de la

esencia de las medidas cautelares innovativas enfocar sus

proyecciones -en tanto dure el litigio- sobre el fondo de la

controversia, ya sea para impedir un acto o para llevarlo a cabo. Tales

medidas están orientadas a evitar la producción de perjuicios que se

podrían producir en caso de inactividad del magistrado, tornándose de

muy dificultosa o imposible reparación en la oportunidad del

pronunciamiento de la sentencia definitiva" (Corte Sup., "Camacho

Acosta", Fallos 320-1633).-

5.3. No afectación del interés público:

No se advierte “prima facie” que la medida cautelar peticionada

pueda producir una grave afectación al interés público.-

Como he señalado desde hace tiempo en diversas

oportunidades, la sola inobservancia del orden legal, por parte de la

administración, vulnera el interés público determinado por el pleno

sometimiento de la misma al ordenamiento jurídico, como postulado

básico del Estado de Derecho (Conf. Causas N° 7156,

"MANTENIMIENTOS DEL SUR S.R.L.”, res. del 8-VII-2005; N° 2873,

"CLUB NAUTICO HACOAJ”, res del 25-X-2006; N° 11004,

"SAVAFAMA S.A.”, res. del 8-V-2006; N° 12443, "ABDALA”, res. del

7-V-2007, entre muchas otras).-

5.4. Alcance de la medida cautelar:

Que sin perjuicio de lo señalado hasta aquí, advierto que la

solicitud cautelar de inconstitucionalidad del art. 14 bis de la ley

24.714, para que se le sustituya a la progenitora de los menores

representados en autos por la asesora accionante, la pensión por

madres de 7 o más hijos que actualmente viene percibiendo, por la

Asignación Universal por Hijo sin la limitación contenida en la norma

cuya inconstitucionalidad se pretende, excede en demasía el ámbito

de conocimiento cautelar, máxime teniendo en cuenta que se

pretende sustituir una prestación asistencial que se encuentra

percibiendo una persona que no se ha presentado en autos y que los

demandados en la presente causa no resultarían ser los obligados al

cumplimiento de las prestaciones en cuestión (Estado Nacional).-

En función de ello, se habrá de ordenar con carácter cautelar, a

la Municipalidad de La Plata y a la Provincia de Buenos Aires, arbitrar

los medios necesarios y adecuados para garantizar a los menores

representados en autos por la Asesora de Incapaces N° 1 de La Plata,

el derecho a la vivienda digna, en un lugar cercano al sector de su

actual vivienda (calle 75 N° 1181 e/18 y 19 de La Plata), que cuente

con condiciones sanitarias y de habitabilidad suficiente, debiendo

asimismo garantizar el derecho a la educación en el establecimiento al

que actualmente concurren, la provisión de alimentos necesarios para

asegurar una dieta que cubra las necesidades nutricionales básicas

de los once menores de edad y realizar controles sobre la evolución

de su salud en forma periódica (Conf. CSJN, “Rodríguez, Karina”,

Fallos 329:553).-

5.5. Contracautela: teniendo especial ponderación por la

naturaleza de los intereses y derechos involucrados, se habrá de

eximir a los peticionantes de prestar caución alguna (art. 20 Ley

13.928 y 200 inc. 2 CPCC.).-

Por ello, RESUELVO:-

Ordenar, con carácter cautelar, a la Provincia de Buenos Aires

y a la Municipalidad de La Plata a que, de manera inmediata a la

notificación de la presente, por intermedio de los organismos

competentes, arbitren los medios necesarios y adecuados para

garantizar a los menores representados en autos por la Sra. Asesora

de Incapaces N° 1, de La Plata, el derecho a la vivienda digna, en un

lugar cercano al sector de su actual vivienda (calle 75 N° 1181 e/18 y

19 de La Plata), que cuente con condiciones sanitarias y de

habitabilidad suficiente, debiendo asimismo garantizar el derecho a la

educación en el establecimiento al que actualmente concurren, la

provisión de alimentos necesarios para asegurar una dieta que cubra

las necesidades nutricionales básicas de los once menores de edad y

realizar controles sobre la evolución de su salud en forma periódica,

los que deberán ser informados en autos. Ello hasta tanto se dicte

sentencia firme en los presentes autos, bajo apercibimiento de lo

dispuesto por el art. 163 de la CPBA y sin perjuicio de las astreintes

que se habrán de imponer a la persona del funcionario remiso y en

beneficio de los menores involucrados en autos (art. 37 del CPCC). A

tal fines, líbrese oficio al Sr. Gobernador de la Provincia de

Buenos Aires y al Intendente de la Municipalidad de La Plata, con

trascripción íntegra de la presente y con adjunción de copias.-

Regístrese. Notifíquese por cédula a la Fiscalía de Estado y

a la Municipalidad de La Plata con copias y con habilitación de

días y horas (arts. 135 inc. 5 y 153 CPCC., y 27 inc. 13 y 31 decreto

ley 7543/1969).-

LUIS FEDERICO ARIAS Juez

Juz.Cont.Adm.Nº1 Dto.Jud.La Plata

Audiencia:

22475 - "ASESORIA DE INCAPACES N° 1 DE LA PLATA C/

PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTROS S/ AMPARO"

/// A la audiencia del día de la fecha, 23 de Febrero de 2011,

siendo las 10.30 horas se presentan ante los Actuarios las siguientes

personas: La Dra. Ida Sherman, Asesora de Menores, la Dra. Sandra

Nilda Grahl, Directora de Asuntos Legales de la Municipalidad de La

Plata, el Dr. Ariel Bayon credencial 26.373 del CALP, letrado

apoderado de la Municipalidad de La Plata, Leticia Zabala por la

Dirección General de Tierras y Viviendas de la Municipalidad de La

Plata, el Arq. Rubén Opel por parte del Instituto de la Vivienda, la Dra.

Liliana Raies, del Departamento de Inmobiliaria y Social del Instituto

de la Vivienda, y la Dra. Valentina Ares, letrada apoderada de la

Fiscalía de Estado. Abierto el acto, luego de un intercambio de ideas,

las partes formulan la siguiente propuesta para dar cumplimiento a la

medida cautelar ordenada: El Instituto de la Vivienda de la Provincia

de Buenos Aires representado en éste acto por el Arq. Opel, con el

patrocinio de la Fiscalía de Estado manifiesta que se compromete en

un plazo máximo de 120 días, a transferir mediante convenio a la

Municipalidad de La Plata, una vivienda industrializada tipo Anahí, de

tres dormitorios y demás comodidades que la hacen dignas para su

habitación y que tienen certificado de aptitud técnica otorgado por la

Nación, y a depositar desde el día 1 de marzo del corriente año y

hasta la fecha de entrega de la vivienda, en una cuenta de autos la

suma de $ 1.500 que se da en pago a la Sra “C” para afrontar el pago

del alquiler de una vivienda hasta tanto le sea entregada por la

Municipalidad la vivienda prometida. Por su parte, la Municipalidad de

La Plata se compromete a facilitar una fracción de terreno ubicada en

la calle 9 y 635 que posee los servicios de la zona, donde se instalará

la vivienda proporcionada por el Instituto de la Vivienda, y que

entregará en comodato a la parte actora mientras perdure la situación

de emergencia habitacional. Finalmente, la Sra. Asesora de Menores

expresa que toma conocimiento de la propuesta que antecede y la

acepta. No obstante se compromete a citar a la Sra “C” en el día de la

fecha a la Asesoría a efectos de que brinde su consentimiento. Con lo

que no siendo para más se da por finalizado el acto, firmando los

comparecientes, previa lectura y ratificación por ante mi que doy fe.-