$2.000Edición 2714 Semana del 13 al 19 de noviembre de 2013 - Circula los miércoles - Licencia Nº 002367 del Ministerio de Gobierno

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LA VERDAD DEL PUEBLO

Los acuerdos sobre el segundo punto de la agenda para la terminación del confl icto superan la crisis que agobiaba el proceso, y le dan oxígeno a las conversaciones. El acuerdo aunque parcial, es importante, opinan las partes.

Páginas/ 8 y 9

Reverdece la UPV Congreso Nacional

La paz con justicia social, las iniciativas políticas para las transformaciones que el país necesita y la reparación

integral serán temas de debate de la militancia upeista que calentó motores

en los exitosos “Reencuentros por la Esperanza”, y de cara al Congreso

Nacional se fortalece. La UP, el partido de la esperanza.

Página/ 10

Acuerdos en La Habana

La paz se construye con democracia

Invitamos a sobrevivientes, militantes, simpatizantes y amigos de la Unión Patriótica a que nos acompañen en las siguientes actividades:Bienvenida a la dirigente en el exilio Aída Abella -ex presidenta y ex concejal de la UP, el miércoles 13 de noviembre - 4.40 p.m. Aeropuerto El DoradoMARCHA Y ACTO PÚBLICO DE INSTALACIÓN V CONGRESO DE LA UPVIERNES 15 DE NOVIEMBRE. - 3.00 P.M. - PLAZA DE TOROS

5.00 P.M. ACTO POLÍTICO - CULTURAL - PARQUE SANTANDER / Carrera Séptima.

Noviembre13 de 2013/2

L M

Carta

s

DIRECTOR: Carlos A. Lozano Guillén. CONSEJO DE REDACCIÓN: Álvaro Vásquez - Nelson Fajardo - Carlos Sánchez - José R. Llanos -Arlés Herrera - Alberto Acevedo - Juan Carlos Hurtado Fonseca. COLABORADORES: Libardo Muñoz - Hernán Camacho - Hernando López - Nelson Lombana Silva - Ana Elsa Rojas - Wil-frido Jiménez - Hernán Durango - Felipe Valencia - ADMINISTRADORA: María del Carmen Garavito. DIAGRAMACION: Rafael Carrascal V. CARICATURA: Ca-larcá. OFICINAS: Carrera 13A Nº 38 - 32 Tels. (57-1) 232 14 61 - 320 20 35 Fax: 232 82 29, Bogotá (Colombia). Servicios Informativos: Prela, ALAI, Prensa Rural E-Mail: semanariovoz@etb.net.co Página WEB: www.semanariovoz.com - Permiso de tarifa postal reducida Nº 93 de Adpostal. Año LVI. Distribución vía Avianca.

U

VISIÓN

Estafan, timan y vuelven a engañarAunque hay que reconocer que la mayo-ría de los seres humanos somos am-biciosos y hasta arriesgados, también habrá que asegurar que resulta inex-plicable que en pleno Siglo-XXI existan personas que se dejan “tumbar” econó-micamente de individuos que estafan, timan y hasta vuelven para engañar...Es lo que acontece con las organizaciones de estafadores, mediante la modalidad de las famosas pirámides que engañan a ciudadanos incautos. Estas gestiones delictivas no son nuevas en Colombia debido a que a fi nales del año l.973 operó en Bogotá y otras importantes ciudades del país, la organización de timadores con el fl amante nombre de “Reto a la Grandeza” cuyos integran-tes involucraban a sus víctimas para engañarlos mediante paseos a lugares turísticos. En esa época correspondió al abogado huilense Rómulo González Trujillo, en calidad de Superintendente de Sociedades, el cierre de operaciones de esta red de estafadores y en conse-cuencia se evitaron nuevos engaños. Pero resulta que al ritmo de los ciclos económicos del país, en forma periódi-

ca, vuelven los estafadores y así tam-bién reaparecen las ilegales pirámides para el correspondiente engaño; estas organizaciones delictivas operan en for-ma muy similar a “Reto a la Grandeza”, de hace 40 años, o a la famosa “DMG”, de hace poco tiempo y la de ahora, o sea la “WCM777”. Entonces, conocidas plenamente las formas de actuar de estos estafadores ahora nos correspon-de a los ciudadanos del común ponerle punto fi nal a la acción delictiva de estos timadores y así fenecerá esta modali-dad de las pirámides, delito que es el más vil medio para engañar a personas ambiciosas y arriesgadas pero indiscuti-blemente con un alto índice de ingenui-dad... Jorge Giraldo Acevedo.

La reelección de SantosLa reelección de Santos está más que embolatada. La hundió la lucha social y popular. Con desespero trata de ganar terreno pero no lo logra. Es necesario que se distancie de Uribe en los temas de fondo. No puede ser la célebre pelea de comadres. Al fi nal uno y otro termi-nan compartiendo los huevitos guerre-ristas y neoliberales. La gente no le cree

a Santos, Uribe es su patrón y eso no lo puede ocultar. Lástima que la izquierda no entienda eso y se sigue cocinando en su propia salsa. Clara López y Robledo creen que la unidad es alrededor del Polo, con semejante prepotencia es im-posible la paz. Camilo López Tavares (vía Internet).

El futuro de la UPA propósito del Congreso de la Unión Patriótica es dable recordar que la historia de la UP está estrechamente li-gada a la historia del Partido Comunis-ta. El genocidio de la Unión Patriótica es el genocidio del Partido Comunista. Solo el anticomunismo cerrero y obtuso lo niega. El soporte fundamental de la UP ha sido y es el Partido Comunista. Se verá en el Congreso como se vio en el pasado. El traidor de Sebastián no lo creyó así y terminó de sirviente del que le dio el mejor plato de lentejas. Ahora está dedicado al anticomunis-mo. ¿Quién le estará pagando como a sus amigos divisionistas? Es una bue-na pregunta. Ojalá el señor Sebastián la responda. Roberto Jiménez (vía Internet).

n escupitajo desapa-rece en una fracción de segundos sobre el polvo de una tierra reseca y agrietada, sedienta y árida, don-de nada podrá germinar, pero es la parcela a donde llegan como fantas-mas, unos campesinos burlados una vez más por el poder terrateniente.

Este cuadro de miseria y hambre, es narrado de manera magistral por el escritor mejicano Juan Rulfo, en el cuento “Nos han dado la tierra”. Rulfo es el autor que mejor dibuja con su lenguaje sencillo, la trama de mentiras con que durante siglos, se ha mantenido al hombre del campo marginado de un bienestar mil ve-ces negado, en un episodio muy pa-recido a lo que ocurre en Colombia.

Hombres desesperados, con sus mujeres y sus hijos, agotados por el trabajo interminable ordenado por hacendados ricos, burlados por una reforma agraria falsa y por una revolución traicionada, cruzan por las páginas de El Llano en llamas y otros cuentos, que luego en una obra de conjunto titulada Pedro Páramo, aparecen unidos en una fotografía de cuerpo entero.

Estas páginas de Rulfo irrum-pieron con fuerza entrada la década de los sesenta y de entrada nos pu-sieron a pensar en los pobres cam-pesinos colombianos, a quienes ni

siquiera se les ha dado esa tierra re-seca y árida de uno de los cuentos del escritor mejicano.

En Colombia, el poder semifeu-dal de una oligarquía intransigente y sin escrúpulos, se niega histórica-mente con una revisión del injusto sistema de acumulación de tierras, identifi cado como el origen de un confl icto armado que suma cientos de muertes, entre hijos de una mis-ma patria.

“Nos han dado la tierra”

“El poder de los terratenientes, fortalecido ahora con el narcoparamilitarismo, es parte

de una forma de gobierno”

El poder de los terratenientes, fortalecido ahora con el narcopara-militarismo, es parte de una forma de gobierno.

Los testaferros de ese sistema, alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, abogados, ocupan curu-les en la estructura política y admi-nistrativa de Colombia, cuentan con el apoyo de una red de medios de in-formación ligados a los grandes in-tereses del sistema de acumulación

de riquezas e hicieron desaparecer el concepto de reforma agraria.

En el lapso de un poco más de medio siglo, se introdujo en Colombia el terrorismo de Estado, con unos 300 mil campesinos ase-sinados en veredas y pueblos, sólo para no darles la tierra, ni siquie-ra la tierra sedienta del cuento de Juan Rulfo.

Hoy, se requiere la verdad, la justicia y la reparación en el deba-te social de Colombia, antes de que seamos un país inviable, para que el campesino reciba una tierra fér-til que conduzca a la verdadera so-beranía alimentaria.

Agotados por el trabajo, sueñan con una parcela propia. El campesino merece una tierra fértil.

Noviembre13 de 2013/3TEMA DE LA SEMANA

H C

A días de realizarse el V Congreso de Unión Patriótica crece el entusiasmo y la expectativa por la ini-ciativa política de los upeistas frente a los temas nacionales. La paz, la movi-lización social y la participación po-lítica serán los temas centrales de su Congreso. El semanario VOZ conver-só con Carlos Lozano, miembro del Comité Central del Partido Comunista Colombiano, una voz autorizada para analizar la realidad política nacional y las perspectivas del futuro de la UP.

–¿Cómo ha sido el proceso de re-confi guración de la Unión Patriótica en las regiones mediante los prepara-tivos del legítimo V Congreso?

–La Unión Patriótica a pesar del genocidio político de que fueron víc-timas sus dirigentes y militantes, man-tiene una importante base social, inte-grada por los “sobrevivientes”, los inte-grantes de las coordinadoras regionales de víctimas, las organizaciones socia-les agrarias, en la actualidad integra-das a Marcha Patriótica y el Partido Comunista Colombiano, columna ver-tebral de la UP. Esta militancia ha par-ticipado con entusiasmo en las reu-niones regionales convocadas por las coordinadoras de víctimas y familiares

y el Partido Comunista y otras organi-zaciones sociales a nivel departamen-tal y municipal. De alguna manera de-muestran no solo que la UP es un re-ferente histórico revolucionario, sino que cuenta con una base social sólida de izquierda y sectores democráticos.

–Los temas centrales del V Congreso upeista serán no solo su plataforma política y la reforma de estatutos. Indudablemente el tema de la paz se atraviesa por la propia na-turaleza de la UP, ¿cuál es el objeti-vo en ese sentido?

–Bueno, el V Congreso de la Unión Patriótica, además de los temas que se-ñalas, se ocupará de la reparación inte-

gral, que implica la reparación econó-mica, política e integral, para que haya verdad, justicia y reparación. Un hecho como el genocidio de la UP no se pue-de repetir, debe quedar en la memoria histórica como un hecho repudiable, cuya principal responsabilidad la tiene el Estado dominante. Demuestra la fra-gilidad de la democracia en Colombia y el ejercicio violento del poder por la oligarquía que lo detenta. Es una ver-güenza histórica que debe quedar en la historia colombiana como una pági-na irrepetible, es la demostración de la

degradación del confl icto y de su peor exponente, el paramilitarismo como criatura del Estado.

La Habana

–Hace una semana la insurgencia de las FARC y el gobierno nacional anunciaron un segundo acuerdo en la agenda para la terminación del con-fl icto, el tema: la participación políti-ca un hecho ligado a la historia de la UP. ¿Qué opinión le merece?

–Es un acontecimiento histórico de enorme trascendencia. Aunque falta el compromiso del Gobierno para adelan-tar profundas reformas democráticas

que amplíen la participación ciudadana y que el constituyente primario sea el principal determinador de los cambios que el país requiere. Falta el acuerdo para que se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente de origen de-mocrático, popular y social. Sin embar-go, el acuerdo sobre el segundo punto de la agenda, abre la puerta de la aper-tura democrática real en Colombia.

–Algunos dicen que el acuerdo sobre el segundo punto oxigena la reelección de Santos. ¿Qué piensa al respecto?

–Claro que le sirve a Santos y a su reelección, es ingenuo creer que él promovió el proceso de diálogo de La Habana por motivos altruistas y demo-cráticos. Pero también le sirve al pue-blo. A quienes sostienen esa visión li-mitada del alcance trascendental del acuerdo, hay que recordarles que el primer benefi ciario debería ser la iz-quierda. Es una lástima que no esté uni-da y por ende no tenga la capacidad de aprovecharlo para ser opción de poder. De alguna manera, quienes desde la iz-quierda no entienden la importancia de la mesa de La Habana, desaprovechan esta oportunidad, dilapidan el capital político y social de los acuerdos de la guerrilla de las FARC y el Gobierno. El sectarismo los enceguece.

Garantías políticas

–Hablemos de reparación. Para muchos la reparación de la UP se suscribe al tema económico pero la dirigencia del movimiento insiste en una reparación política. Le pregun-to: ¿en qué consiste esa reparación política?

–La reparación política no es sola-mente el reconocimiento de la persone-ría jurídica, ya otorgada por el Consejo

“La UP surgió para la paz”La Unión Patriótica tiene toda la autoridad moral y ética para hablar de paz. Es el partido de la esperanza

de Estado, además el resarcimiento de los derechos políticos plenos a la Unión Patriótica, eliminados por la fuerza cri-minal de los actores del genocidio, en-tre ellos agentes del Estado sobre todo vinculados a las Fuerzas Militares, la Policía y los organismos de seguridad, así como caciques políticos nacionales y regionales vinculados a los partidos tradicionales. Implica, en consecuen-cia, devolverle las curules y cargos de elección popular, perdidos por la gue-rra sucia y el asesinato de quienes ha-bían sido elegidos por el voto popular. Es parte de la reparación integral, fun-damental para que el Estado pague la deuda histórica con la Unión Patriótica

y el Partido Comunista Colombiano. La reparación requiere que el Estado colombiano se comprometa a no co-honestar con este tipo de acciones cri-minales, al igual que el imperialismo de Estados Unidos que estimuló la lu-cha contrainsurgente, bajo los rigores de la doctrina de la seguridad nacional, contra el movimiento social, democrá-tico y popular.

La perspectiva

–Hablemos de participación. El Partido Comunista ha lanzado la pro-puesta de un frente amplio que jun-te las fuerzas revolucionarias, demo-cráticas y progresistas de Colombia. ¿La UP puede ser eje articulador de ese frente?

–La Unión Patriótica tiene un lugar en el Frente Amplio por la Paz, debe promoverlo y contribuir a su expansión y amplitud a nivel nacional. La UP, co-mo Marcha Patriótica, surgió para la paz, para actuar en dirección a la solu-ción política democrática del confl ic-to colombiano.

–Usted viene recorriendo el país y tomándole la temperatura a la políti-ca nacional, ¿qué mensaje lleva al V Congreso?

–La necesidad que la Unión Patriótica, además de insistir en la re-paración integral para que los críme-nes del genocidio no queden impunes, contribuya a la lucha por la paz con de-mocracia y justicia social; a la unidad más amplia de las izquierdas y secto-res democráticas, indispensable en la formación de una alternativa democrá-tica y popular. La izquierda puede ser opción de poder si supera los obstácu-los sectarios y hegemónicos que algu-nos mantienen como talanquera para la convergencia.

“La Unión Patriótica tiene un lugar en el Frente Amplio por la Paz”

“La izquierda puede ser opción de poder si supera los obstáculos sectarios y

hegemónicos que algunos mantienen como talanquera para la convergencia”

“La reparación política no es solamente el reconocimiento de la personería jurídica”

Carlos A. Lozano Guillén, candidato al senado por el Partido Comunista Colombiano.

Noviembre13 de 2013/4CAMPO

V A P R

Evento sobre la situación de derechos humanos en Nueva York. Foto Ramona Bunke / Agencia Prensa Ruralarias organizaciones so-

ciales colombianas, denunciaron an-te la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la brutal represión que han sufrido en los últi-mos meses las manifestaciones de pro-testa en el país.

En Washington (Estados Unidos), sede del organismo, fue expuesto el desmedido uso de la fuerza que las au-toridades del Estado colombiano lan-zaron contra protestas sociales como el paro agrario y popular, entre otras movilizaciones adelantadas durante el 2013.

Luz Stella Aponte, abogada de la Corporación Reiniciar, narró lo ocu-rrido en julio pasado en la región del Catatumbo, en donde comenzaron las protestas campesinas que fueron exten-diéndose a otras zonas de Colombia, así como a otros sectores sociales.

Según relató Aponte a la CIDH, du-rante los 53 días de protesta hubo cua-tro intentos de diálogo con el Gobierno. Pero mientras se trataba de negociar con las autoridades, la fuerza públi-ca arremetió contra los manifestantes, causando cuatro muertes violentas.

“Unas 200 personas fueron heridas de gravedad, sufrieron tentativa de ho-micidio y cuatro fueron víctimas de ho-micidio”, informó la vocera de las or-ganizaciones sociales.

“Hoy tememos por nuestras vidas, hay estigmatización pero, aparte de eso, la paramilitarización de la zona es una realidad, por mucho que lo niegue el gobierno”, añadió.

Las cifras

Durante la audiencia, celebrada el 31 de octubre pasado, las organizacio-nes sociales intervinientes informaron que, en el marco de las movilizaciones de los últimos meses, hubo al menos

15 personas muertas, más de 800 re-sultaron heridas y cerca de 3.000 fue-ron detenidas.

Franklin Castañeda, del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, explicó también que las protestas so-ciales que han sacudido Colombia a lo largo de este año han tenido un carác-ter pacífi co. Y aunque muchas de ellas han sido precedidas de reuniones con el gobierno, fueron reprimidas por los cuerpos de seguridad con un uso exce-sivo de la fuerza.

“Hemos sufrido un proceso de estig-matización”, dijo Castañeda, y además explicó que, en algunas regiones llegó a haber “toque de queda de facto”.

Para el vocero de las organizaciones sociales, la fuerza pública incurrió en

comportamientos irregulares para man-tener el orden en las protestas.

“El año pasado 600 personas fueron arrestadas en Colombia en el marco de la protesta social, este año ya son más de 3.000”, reportó.

Respuesta ofi cial

El viceministro de Defensa, Jorge Enrique Bedoya, trató de desvirtuar la contundente denuncia ante la CIDH con el falaz argumento de la infi ltra-ción.

“Nosotros respetamos la protesta pacífi ca. Pero en ciertos casos fue ne-cesario el uso de la fuerza para conte-ner a los terroristas que se infi ltran en-tre los manifestantes”, alegó.

Compromiso de la CIDH

Estudiarán represión contra campesinos

Organizaciones sociales denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la feroz represión contra la protesta social

Por su parte, el embajador de Colombia ante la OEA, Andrés González, expresó que “lamentamos profundamente cada una de esas muer-tes. No debían haber ocurrido”. El re-presentante del Estado colombiano agregó que “No podemos entender el uso de armas dentro en una protesta pacífi ca”.

El presidente de la audiencia, el co-misionado José de Jesús Orozco, soli-citó investigar los hechos y pidió cas-tigo para los causantes de los episodios de violencia.

Además, el comisionado advirtió de los peligros de la estigmatización so-cial, y manifestó una profunda preocu-pación por los episodios de uso despro-porcionado de la fuerza y por la “cri-minalización” de las protestas.

Orozco también instó a ambas par-tes (Estado y peticionarios) a aportar más información sobre los episodios denunciados.

En Nueva York

En otros escenarios también se de-nunció la represión contra el campesi-nado colombiano por parte de los or-ganismos estatales.

Diana Nocua, de la comisión nacio-nal de derechos humanos de Marcha Patriótica, y Olga Lucía Quintero, vo-cera de la Asociación Campesina del Catatumbo, se dirigieron a un públi-co internacional en otros espacios de Washington y Nueva York.

Las exposiciones incluyeron una muestra videográfi ca de la fuerte vio-lencia estatal contra las comunidades campesinas. Se proyectó el documen-tal “Hijos del Catatumbo”, entre otros trabajos de periodistas independientes y alternativos.

En “Hijos del Catatumbo” se mues-tran claramente las crudas imágenes de la Policía disparando contra los campe-sinos en paro, y éstos muriendo fren-te a las cámaras por impactos de bala en su cuerpo.

También registra cómo las víctimas de impactos por explosivos eran resca-tadas por otros campesinos, irreconoci-bles detrás de las cantidades de sangre.

En las intervenciones de Nocua y Quintero también se presentó la campa-ña por la libertad de los presos políticos “Yo te nombro libertad”. En particular, se habló del caso de Húber Ballesteros, líder sindical y vocero del movimiento Marcha Patriótica detenido en la cárcel La Picota de Bogotá.

Ballesteros, también dirigen-te de Fensuagro y de la Mesa de Interlocución y Acuerdo (MIA), fue detenido el 25 de agosto pasado en el marco del gran paro agrario y popular que movilizó a miles de personas en todo el país.

Luz Stella Aponte Jaramillo, abogada de la Corporacion Reinciar. Foto archivo particular.

Quiénes deben inscribir cédulasLos ciudadanos que cambiaron su lugar de residencia o domicilio.

Los colombianos cuya cédula fue expedida antes de 1988 y que nunca se han inscrito. Inscripción de cédulas de ciudadanía

Desde 8 de abril hasta 15 de diciembre: Inscripción automatizada en todas las registradurías del paísDesde el 16 al 22 de diciembre: se inscribe en puestos de votación y corregimientos en todo el territorio nacional.

Desde el 23 de diciembre de 2013 al 9 de enero de 2014: Retorna la inscripción a las registradurías.

Noviembre13 de 2013/5EDITORIAL

J R. L

Palabra itineranteNotas al sol

J C R A C M

Un congreso que alientaEl álbum de la desgracia

El problema de la salud

Es lógico que cada día el proble-ma de la salud se agrave de ma-nera dramática y que las solucio-

nes que diseñan y aplican los distintos go-biernos resulten inocuas, y por tanto han conducido a la sin salida en que nos en-contramos.

La razón es sabida, pero no existen vo-luntad ni propósito de abocar el problema en la forma que la situación exige, porque lesionaría los intereses de la clase empre-sarial que gobierna el país y se benefi cia de la situación. Además, los entuertos que afectan al sector de la salud en Colombia, a la burguesía y a los terratenientes no los afecta. Ellos tienen recursos sufi cientes para fi nanciar la atención de sus enferme-dades y achaques. Incluso algunas veces hasta acuden al extranjero para curarse.

Cuando se empezaron a aplicar las estrategias y orientaciones del mode-lo neoliberal y su decálogo el Consenso de Washington, voces de médicos y

científi cos dedicados a la cuestión de la salud humana, advirtieron y visionaron la catástrofe que hoy padece la inmensa mayoría de nuestros ciudadanos. Se anti-ciparon los horrores de los paseos de la muerte, las urgencias atendidas después de las interminables y torturantes horas de espera padeciendo, sin piedad, la des-atención de los facultativos.

El otro aspecto de este problema, es ha-lagüeño para los inversionistas que apro-vechando la ley defendida por Álvaro Uribe Vélez, la ley 100 de 1991, ven en los enfermos y en las enfermedades, una especie de mercado donde el dolor huma-no se convierte en mercancía, objeto de ganancias y negocios. Por tanto, mien-tras en el gobierno estén los capitalistas o sus representantes, es inútil esperar so-luciones que tengan en cuentan las reales necesidades de la inmensa mayoría de la población colombiana.

La situación se ve agravada por la na-turaleza y la composición de la Cámara de Representantes y el Senado, si bien es cierto que en esos cuerpos colegiados encontramos representantes progresistas, demócratas y comunistas, la correlación es ampliamente favorable a quienes de-fi enden el modelo neoliberal con todas sus consecuencias, aunque sean lesivas para los usuarios del sistema de salud colom-biano actual. Durante la discusión del pro-yecto de ley, quedó al descubierto un he-cho grave: la dependencia y compromi-so de algunos senadores con las empresas de salud, debido a que son fi nanciadas sus campañas por esas empresas.

El gobierno de Juan Manuel Santos, y su ministro de Salud, ante el desastre del sector, decidieron presentar un proyecto de ley para reformar la normatividad que lo regula. Autista, como todo gobierno bur-gués, no tuvo en cuenta las propuestas de los médicos, a través de sus organizacio-nes gremiales y asociaciones científi cas, la Asociación Médica Sindical, la Academia Nacional de Medicina y la Federación Médica Colombiana. Por tanto, las solucio-nes son aparenciales, ya que se han subor-dinado las reformas a los intereses del em-presariado vinculado al ahora negocio hos-pitalario. La salud humana una vez más ha quedado, como afi rma un médico demócra-ta, “en manos de los bancos, del capital fi -nanciero”.

La experiencia de la problemática nacio-nal deja algunas enseñanzas que deben apli-carse ahora. Las soluciones de los proble-mas sociales se resuelven en favor del pue-blo cuando se logra movilizar en defensa de sus propios objetivos. Por tanto, debemos apoyar las movilizaciones convocadas por el Movimiento Nacional por una Salud Digna, Por un Nuevo Modelo de Salud, por Anthoc. Los partidos políticos, la CUT y todo el sin-dicalismo deben contribuir a masifi car y ra-dicalizar aún más las protestas contra el ma-cabro negocio de la salud. La meta debe ser obligar al estado a reasumir el deber de fi -nanciar el sistema de salud y reofi cializar el sistema de la prevención, la atención médica y aún la distribución de los fármacos utiliza-dos para superar las enfermedades. Una vez más el pueblo tiene la palabra, su acción or-ganizada, es la solución defi nitiva.

La foto en la casa de la hacien-da La Carolina en 1985, donde

aparece Santiago Uribe Vélez en com-pañía de los narcotrafi cantes Fabio Vásquez y parte del Clan Ochoa.

La foto de José Obdulio Gaviria, escudero de Uribe, departiendo con sus familiares, Pablo Escobar Gaviria y otros narcos y criminales.

Los videos de Uribe saludando en octubre 31 de 2001 a varios de los más destacados narcoparamilitares en las comunas de Medellín cuando era go-bernador de Antioquia.

El video del general Mario Montoya con los paramilitares del Chocó el 3 de mayo de 2002, después de la masacre de Bojayá.

Los videos y fotos de los paras en-trando a la Casa de Nariño siendo pre-sidente Álvaro Uribe Vélez.

Las fotografías tomadas en la boda de la hija del procurador Ordóñez, el 2 de enero de 2013, a la que asistieron personajes no muy santos como Juan José García Romero, hoy condenado por la justicia y la senadora Piedad Zuccardi, que está siendo procesada por parapolítica.

Los videos de seguridad e imáge-nes de la entrada a Casa de Nariño, en abril del 2008, de alias ‘Job’, el aboga-do de “don Berna”, quien sostuvo una reunión con el Secretario Jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo y el secretario de Prensa, César Mauricio

Velásquez, siendo presidente Álvaro Uribe Vélez.

Unas grabaciones que mues-tran la corrupción y el favoreci-miento al coronel del Ejército Robinson González del Río, acaban de tumbar al ex magis-trado Henry Villarraga, quien renunció el sábado a su car-go en el Consejo Superior de la Judicatura, mientras que en otro caso, algunos jueces son sor-prendidos en fl agrancia en su-puestas situaciones de corrup-ción en el complejo judicial de Paloquemao.

Este es el álbum de la desgra-cia de Colombia, todas estas imá-genes son un verdadero compen-dio de pruebas de la escandalo-sa relación entre la criminalidad, el narcotráfi co y la delincuen-cia con los poderes de este país. Fotos e imágenes son las que tie-ne el pueblo y la justicia colom-biana, para develar la verdad so-bre cómo gobiernan y usurpan los poderes quienes hoy posan de jueces e inquisidores del proceso de paz en La Habana.

Y aun así, tienen el gran desca-ro de escandalizarse por una foto de descanso merecido, en medio de agotadoras jornadas de traba-jo, por construir una propuesta de paz duradera y estable.

Que el acuerdo sobre partici-pación política logrado en

La Habana fuera presentado una semana antes del V Congreso de la Unión Patriótica obliga a ha-cer comparaciones entre lo que se podría avanzar ahora en garan-tías reales a las que hace 28 años le ofrecieron e incumplieron a la UP; permitiendo el Estado colom-biano que este movimiento nacido de un acuerdo de paz fuera demo-nizado, perseguido y exterminado. Alentando la persecución con acu-saciones temerarias. Y con la crea-ción de las Convivir, y los contex-tos ideológicos de sus políticas de seguridad nacional, participar di-rectamente en el genocidio. No fueron agentes aislados. Fueron planes de exterminio concebi-dos, fi nanciados y ejecutados des-de los más altos poderes. Después de muchos años. La Fiscalía así lo está investigando. El acuerdo de La Habana habla de propiciar una apertura democrática. Recordemos que fue en 1981 en su 13 Congreso cuando el Partido Comunista Colombiano lanzó esta audaz línea política que diera origen a la posi-bilidad de una solución política al confl icto político, social y armado. Han pasado muchos años. Y como predijera un día en El Caguán el je-fe guerrillero Mono Jojoy, se vuel-ve a hablar de paz después de miles

de nuevos muertos.El acuerdo sobre participación

política con alusiones claras sobre garantías, mecanismos de protec-ción, estatuto de la oposición y po-sibilidades para la representativi-dad parlamentaria de las regiones más afectadas por la violencia, y el compromiso claro de no repetición de los hechos que afectaron a la UP y a otras expresiones políticas como A Luchar, el Frente Popular y otros sectores, es mucho más avanzado y elaborado que lo que se planteó en los acuerdos de La Uribe. Faltaría que existiera verdadera voluntad política y acción administrativa pa-ra cumplirlos. Ello ha de pasar por la resolución defi nitiva del caso de la UP.

El Congreso de la UP no podía hacerse en mejor momento. Será un escenario ideal para escuchar la opinión y las propuestas de las víc-timas y para avizorar un escena-rio de encuentro entre las diferen-tes reagrupaciones de la izquierda y el movimiento social y popular. Nadie puede poner en duda la vo-cación pluralista y unitaria de la UP ni acusarla de ser portadora de par-tidismos perratas.

El regreso de Aida Abella a Colombia, después de tantos años, simboliza en forma clara y nítida los buenos vientos que pueden aho-ra soplar.

Noviembre13 de 2013/6

C F *

HECHOSHECHOSCOMENTARIOSCOMENTARIOS&&

ECONOMÍA

Marx denominó «ejér-

cito industrial de reserva» al sobrante relativo de población trabajadora res-pecto a la demanda de fuerza de traba-jo por parte del capital. Presenta diver-sas formas y constituye un elemento de presión de los capitalistas sobre el sa-lario de los trabajadores activos y va-ría de acuerdo con las necesidades del capital, según la fase del ciclo econó-mico en que se encuentra. También se ve afectado por la adopción de nueva maquinaria y nuevas técnicas de pro-ducción y, en fi n, por la ampliación de las relaciones capitalistas de produc-ción en el campo que, en Colombia, ha sido particularmente violenta, con más de cinco millones de desplazados que pasaron a engrosar esta «superpo-blación relativa», como se denomina, también, al ejército de reserva. En las estadísticas ofi ciales, una buena parte de este ejército de reserva no se conta-biliza. Tales estadísticas trabajan con las nociones de desempleo y subem-pleo, este último dividido en desem-pleo objetivo y desempleo subjetivo. Así, un desempleado es una persona

económicamente activa que no tiene trabajo y que lo está buscando en el momento en que se hace la encuesta. Pero si esa persona ha desistido de bus-car trabajo porque lleva mucho tiem-po sin conseguirlo, sale de la estadís-tica de desempleo.

De acuerdo con el DANE, al fi nali-zar el mes de septiembre, la tasa de des-empleo había descendido a 9por ciento, manteniendo una tendencia a la dismi-nución que viene desde hace unos años. En el gráfi co No. 1, podemos apreciar esta tendencia en términos de las tasas de desempleo, subempleo objetivo y de la suma de las dos. La tasa de des-empleo pasó de un promedio de 15 por ciento en 2001 a un promedio de 10,1 por ciento durante los nueve primeros meses de 2013. Por su parte, la suma de la tasa de desempleo más la de desem-pleo objetivo pasó de 26,8 por ciento a 21,7 por ciento entre los dos períodos.

La gente real

tras los porcentajes

Tomando las cifras en términos de personas y no de porcentajes, se aprecia que la llamada Población Económicamente Activa (PEA-que es como el DANE denomina a las personas

que están en el mercado laboral como empleadas o desempleadas) creció a una tasa promedio anual de 1,87 por ciento entre 2001 y 2013: pasó de 18.556.000 personas en el primer año a 23.163.000 personas, en el segundo. El número de desempleados, por su parte, decreció a una tasa promedio anual de 1,46 por ciento, al pasar de 2.779.000 personas a 2.328.000 personas. Esto parecería in-dicar que hay una adecuada absorción de la fuerza de trabajo que ingresa cada año al mercado laboral por parte de la estructura económica del país. No obs-tante, el subempleo objetivo -defi nido por las personas que están insatisfechas con su ingreso, el número de horas tra-bajadas o con el tipo de empleo que no consulta su profesión y que han hecho gestión para cambiar de empleo- creció, en el mismo período a una tasa prome-dio anual de 1,66 por ciento, o sea, más que contrarrestó el decrecimiento en la tasa de desempleo. Sumadas las dos va-riables, tenemos que el «ejército de re-serva» creció a un promedio anual de 0,05 por ciento, es decir, se mantuvo, prácticamente, constante durante el pe-ríodo, al pasar de 4.970.000 personas a 4.998.000 personas, lo que implica que la estructura productiva no está asimi-lando plenamente los incrementos de la PEA.

Si tomamos en cuenta el subem-pleo subjetivo, que se defi ne lo mismo que el objetivo pero que comprende las personas que, estando insatisfechas, no hicieron gestiones para cambiar de ocupación, tenemos que el número de personas en esta categoría aumentó de 5.897.000 a 7.190.000, con un cre-cimiento promedio anual de 1,67 por ciento. Al sumar el número de desem-pleados con los subempleados subjeti-vos, se tiene que el ejército de reserva del capital, en el promedio enero-sep-tiembre de 2013, ascendía a 9.518.000 personas, mientras que el promedio du-rante 2001 fue de 8.676.000 personas. El gráfi co # 2 ilustra esta situación.

Que no se nos diga, entonces, que la disminución del desempleo consti-tuye un éxito de la política económi-ca ofi cial. El ejército de reserva crece o disminuye según las necesidades del capital. En el caso de Colombia, como vimos, crece sostenidamente.

*Investigador del CEIS.

Hecho: Empleo industrial disminuyó 3,1% al finalizar agosto.

Comentario: Mientras, de una parte, el Gobierno nacional exulta con las cifras de desem-pleo total al fi nalizar septiem-bre (ver artículo central), de la otra, la industria manufacturera presenta este impresionante au-mento del desempleo que con-tradice el optimismo ofi cial. La política económica del gobier-no de Santos, basada en las fa-mosas «locomotoras», particu-larmente, la minero-energética, baja en generación de empleo, da muestras, de esta manera, de un rotundo fracaso. No es gratui-to, por tanto, que el nuevo presi-dente de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), Bruce McMaster, exigiera la elabora-ción de una política industrial para sacar al sector de la postra-ción en que se encuentra y, con él, la precariedad del empleo industrial, que se expresa en el hecho de que el empleo tempo-ral creció de un promedio de 37,7% en 2001, a un promedio de 42,6% en el primer semestre de 2013.

Fuente: DANE- Muestra Mensual Manufacturera.

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Hecho internacional: Baja de precios de productos básicos de América Latina y el Caribe.

Comentario: Según la CEPAL, la situación económi-ca crítica de la economía de los países desarrollados ha repercu-tido en los precios de los produc-tos básicos que exporta América Latina y el Caribe, si bien el ni-vel en el que se encuentran es, todavía, elevado. Uno de los factores fundamentales está da-do por la disminución de la de-manda china de este tipo de pro-ductos. Sin embargo, las expor-taciones de la región aumentan, destacándose las exportaciones de los países productores de pro-ductos agro-industriales sobre las de los países productores de hidrocarburos. En los próximos meses, se conocerá el impacto de la paralización del gobierno federal de los Estados Unidos en la economía de la región la-tinoamericana.

Fuente: CEPAL. La coyun-tura económica internacional y sus consecuencias macroeconó-micas para América Latina y el Caribe.

Sobre el ejército de reserva

Fuerza de trabajo y desempleo

POR

CE

NTA

JE

Centro de Estudios e Investigaciones Sociales (CEIS)

Invita a la conferenciaTáctica y estrategia en los procesos de

negociación

Fecha: 18 de nov. 2013Hora: 2:00 pmLugar: Carrera 8 No. 16-21, piso 5

Ahora es común ver largas colas de desempleados pasando hojas de vida, en cuiudades de Europa.

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E J C H F.

LABORAL

n las últimas semanas los colombianos se han acostumbra-do a manifestaciones de protesta con-tra el sistema de salud. Miles de mé-dicos, estudiantes de medicina, traba-jadores del sector salud, enfermeras y usuarios, marchan en las principales ciudades del país para oponerse al ac-tual modelo.

Las movilizaciones han estado acompañadas por trabajadores afi lia-dos a Anthoc Nacional y otras orga-nizaciones sindicales. Los reproches a la reforma se dan porque enriquecerá más a las EPS, cambiándoles el nom-bre, entre otras cosas.

Los manifestantes dicen que no so-lucionará ninguno de los problemas en

el sistema y para lo que presuntamente fue creado. Esperanza Lozano, directi-va de la CUT Bogotá-Cundinamarca, sostuvo que el “engendro” de reforma del gobierno va a traer más corrupción. E incluso, esta puede extenderse a los hospitales con los cambios en el ma-nejo de los recursos.

“La excusa de quienes defi enden el proyecto del gobierno es que si la re-forma no pasa o si se acaban las EPS el sistema volverá a lo que era antes de la Ley 100. Es decir, que la plata se la robarán en los hospitales y en las enti-dades territoriales. Por lo cual, se en-tiende que su preocupación es porque no serán ellos los que salgan ganan-do con la corrupción”, explica Anthoc

Por otra parte, la Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud, ANSA, presentó un proyecto alter-nativo pero el gobierno lo desechó. Las organizaciones sociales aducen que el inicio de cualquier reforma debe empezar porque no haya EPS. “Sencillamente porque son empresas que no se necesitan. Se ganan, cual

Ni reforma ni Ley 100

Las marchas de las batas y los lápices

Médicos, trabajadores y estudiantes de ciencias de la salud, han colmado las calles de las ciudades capitales para rechazar el modelo que deja este derecho solo para quienes tienen cómo pagarlo parásitos, sumas astronómicas de di-

nero a costa del medicamento que le niegan a las personas o las cirugías que no hacen.

Entonces, sí hay cómo montar un sistema mejor que no sea corrupto y que sí responda a las necesidades de los pacientes. Sin embargo, los tentá-culos en el negocio de la salud son de-masiado grandes y los intereses de los senadores de la Unidad Nacional están atados a ellos”, explica Anthoc.

Jóvenes trabajadores

Asimismo, el Colectivo de Jóvenes Trabajadores (sector salud) expresó que la lucha por la salud está estrecha-mente ligada a la lucha por la vivienda, la educación, la alimentación, el acceso a los servicios públicos, la recreación y el deporte. Está ligada a un sistema de atención al enfermo que sea adecuado, oportuno y con las herramientas nece-sarias para el abordaje de los pacien-tes, está estrechamente ligada al traba-jo digno. Es decir, que los trabajadores

de la salud puedan formarse continua-mente para realizar un ejercicio idóneo y de la misma manera ser remunerados en forma justa.

Los jóvenes y estudiantes invitaron a rechazar la actual política de salud, desde la Ley 100 de 1993 hasta la ac-tual propuesta de Ley Ordinaria 210 de 2013; exigir la construcción parti-cipativa de un nuevo sistema y mode-lo de salud universal, equitativa y de igual calidad para todos y todas; de-nunciar la pretensión del gobierno de proteger el interés particular en con-tra de los postulados esenciales del Estado Social de Derecho; exigir el pago inmediato de las billonarias deu-das de las EPS, gobierno nacional y entes territoriales a hospitales públi-cos y privados para evitar un colapso inminente de la red de prestadores de servicios de salud.

También invitan a toda la sociedad a rechazar la liquidación de hospitales, el despido de trabajadores y las actua-les formas esclavistas, tercerizadas e indignas de contratación.

Miles de estudiantes de medicina y médicos marcharon desde el Parque Nacional en Bogotá hasta la Plaza de Bolívar. Foto J.C.H.

Cuatro trabajadores de Nestlé, la corporación más grande de pro-

ductos de alimentos y agua embotellada del mundo, decidieron entrar en huelga de hambre ante el incumplimiento de los acuerdos convencionales y el irres-peto a la dignidad de los trabajadores y Sinaltrainal por parte la compañía.

La huelga de hambre inició el 5 de noviembre pasado, en Bugalagrande, Valle del Cauca.

Desde hace varios meses los traba-jadores han denunciado la violación a los derechos laborales; las amenazas de muerte contra los dirigentes sindi-cales; verdad, justicia y reparación por el asesinato de 13 sindicalistas de esa multinacional; detener la masiva im-portación de leche en polvo y otras ma-terias primas que ponen en riesgo los

empleos y la estabilidad de pequeños y medianos productores; el mal proce-dimiento con materias primas no ap-tas para la producción y las presiones indebidas que ejerce sobre los nuevos trabajadores en contravía del derecho a la libertad sindical.

Los dirigentes sindicales también denuncian problemas de hermeticidad, falta de pasteurización y esterilización, oxidación de la lata, problemas de mi-crobiología, presencia de partículas metálicas, mala calidad de la materia prima importada y de algunos produc-tos terminados.

“El 17 de septiembre de 2013, Nestlé arrojó al relleno sanitario de Bugaseo, 35 mil kilos de leche en polvo de las importadas de Chile por ‘proble-mas de especifi cación por desviación

sensorial’. El pasado 5 de noviembre nuevamente salió leche en polvo de la planta en Bugalagrande en un vehícu-lo recolector de basuras de Proactiva-Bugaseo, con destino al mismo relle-no sanitario. La situación se agrava en la medida que población precarizada consume parte de este producto ya que es arrojada sin la debida desnaturaliza-ción”, denuncia Sinaltrainal.

Según Peter Brabeck-Letmathe,

Huelga de hambre en NestléLos problemas se agravan ante la negativa de la multinacional a dialogar

Cuatro trabajadores de Nestlé en huelga de hambre buscan presionar a la compañía a dialogar. Foto Sinaltrainal.

presidente de esa compañía: “Nestlé S.A. obtuvo en el 2011 un volumen de negocios de 90 mil millones de francos suizos. Nunca la habíamos pasado tan bien. Nunca habíamos tenido tanto di-nero. Nunca hemos estado tan saluda-bles. Nunca hemos vivido tantos años como ahora.”

Esas declaraciones contrastan con los ingresos de los trabajadores y pro-ductores.

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C

POLÍTICA

C A. L GE

omo dice el refrán: “Después de la tempestad viene la cal-ma”. Así se podría decir, después que los voceros del Gobierno Nacional y de la guerrilla de las FARC-EP, anuncia-ron el pasado miércoles 6 de noviem-bre, en La Habana, el acuerdo parcial sobre el segundo punto de la agenda, contenida en el “Acuerdo General para la terminación del confl icto y la cons-trucción de la paz estable y duradera” que rige los diálogos entre las dos par-tes en la capital cubana.

Nunca antes la Mesa de La Habana estuvo tan amenazada como en las úl-timas semanas, por las presiones del tiempo o de la paz exprés, esencial en la aspiración reeleccionista del presidente Juan Manuel Santos. Se habló desde la parte ofi cial de ruptura y las dos partes acariciaron la posibilidad de suspender los diálogos durante la campaña elec-toral. Las voces más sensatas se opu-sieron a las dos alternativas, funestas para el anhelo de paz de los sectores

democráticos del país. Sin embargo, el comunicado conjunto hizo renacer la confi anza en el país y en el exterior de que es posible avanzar en el diálo-go para el logro de la paz en Colombia.

El Comunicado conjunto

“De acuerdo con dicha Agenda, hemos logrado consensos sobre los si-guientes temas:

1. Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general, y en particular para los nue-vos movimientos que surjan luego de la fi rma del Acuerdo Final. Acceso a medios de comunicación.

2. Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa, en los dife-rentes niveles y diversos temas.

3. Medidas efectivas para promo-ver mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad.

Lo que hemos convenido, en su desarrollo, profundiza y robustece

nuestra democracia, ampliando los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición, al igual que espacios de participación política y ciudadana. Promueve el pluralismo y la inclusión política, la participación y la transpa-rencia en los procesos electorales y el robustecimiento de una cultura políti-ca democrática.

Constituye una apertura democrá-tica en el marco del fi n confl icto. La construcción de la paz requiere de par-ticipación ciudadana en los asuntos de interés público, en especial en los te-rritorios más afectados por la violen-cia y, también, en los mecanismos de implementación del presente Acuerdo.

El ejercicio de la oposición políti-ca es fundamental para la construcción de una democracia amplia. Ello cobra mayor relevancia luego de la fi rma de un Acuerdo Final, que abrirá espacios para que surjan nuevos movimientos políticos que requerirán garantías pa-ra el ejercicio de la política.

Se establece que, se convocará en un evento nacional a los voceros de partidos y movimientos políticos para integrar una Comisión que defi na los lineamientos del estatuto de garantías para los partidos que se declaren en oposición. La línea de tiempo se con-vendrá en el sexto punto de la Agenda.

Se acordó que esta Comisión, me-diante la realización de un foro, facili-tará la participación de voceros de or-ganizaciones y movimientos sociales, expertos y académicos para que hagan sus propuestas sobre el Estatuto de la Oposición. Y sobre estos lineamien-tos, se elaborará la normatividad co-rrespondiente” consigna el documen-to suscrito por las dos partes.

Importantes acuerdos

Aunque el acuerdo es parcial, por-que quedaron 14 temas pendientes, “to-dos muy importantes”, lo pactado está consignado en 20 cuartillas y se refi e-re a aspectos signifi cativos de la parti-cipación política y los derechos de la oposición. No se reduce a las garantías para las FARC ni a curules que la gue-rrilla recibirá a cambio de la dejación de las armas, como dicen con sesgo o con mala intención algunos medios de comunicación, sino al fortalecimiento

Acuerdo sobre participación política

La paz se construye con democracia

de la democracia y a los derechos de la oposición en el marco de mayores ga-rantías para la participación política. En el transcurso de la próxima ronda, que tendrá inició el 18 de noviembre, las partes informarán del contenido de lo acordado.

El jefe de la delegación guberna-mental, Humberto de la Calle Lombana, en El Espectador del pasado domingo 10 de noviembre, analiza “el verdade-ro signifi cado del acuerdo” y dice: “En las 20 cuartillas que contiene el acuer-do se trataron al menos 22 temas rele-vantes. Muy pronto habrá un informe conjunto para informar con más deta-lles a la ciudadanía”.

Sobre los temas pendientes, algunos serán rediscutidos al fi nal, otros en los siguientes puntos de la agenda y tam-bién unos pocos pasarán a instancias defi nidas que los analizarán y buscarán los consensos con partidos políticos y movimientos sociales. Es indispensa-ble bajo el principio de que “nada es-tá acordado hasta que todo esté acor-dado”. Los miembros de la delegación de paz de las FARC-EP declararon que el punto de la participación política es clave para “que se abran las puertas de la verdadera democracia”.

El trabajo fue intenso para lograr el acuerdo. Iván Márquez dijo para VOZ: “Aquí no ha habido vacaciones, hemos trabajado día y noche, a la mesa entre-gamos sesenta documentos sobre este punto”. Humberto de la Calle Lombana también reconoció ante los medios, la voluntad y el empeño de las FARC-EP para que este feliz momento llegara.

Iván Márquez y Humberto de la Calle Lombana, cada uno en las de-claraciones a los medios, recalcaron que el trabajo fue arduo y el acuerdo logrado es histórico y contribuye a for-talecer la democracia y la participación ciudadana.

A juicio de varios dirigentes políti-cos consultados, en particular algunos representantes de la izquierda, señala-ron que los acuerdos sobre este tema deben ser de “aplicación inmediata, porque son obligaciones constituciona-les”, no debe esperarse hasta la fi rma de la paz. La democracia debe fortale-cerse con los acuerdos de La Habana y los aportes de las fuerzas sociales y progresistas del país.

Humberto de la Calle Lombana. Iván Márquez.

Jaime Caycedo, Secretario General del Partido Comunista Colombiano y candidato a la

Cámara de Representantes por Bogotá, declaró: “El acuerdo parcial alcanzado en La Habana y suscrito por las partes el día de hoy es un paso muy impor-tante en el camino hacia una solución política. Compromete principalmente

Jaime Caycedo

“Blindaje contra el genocidio”al Estado colombiano con las garantías inherentes a cualquier proceso de paz con opción de avanzar exitosamente. Es el principio de un blindaje frente a la práctica del genocidio político como mecanismo para eternizar los privile-gios y el autoritarismo a través del te-rrorismo de Estado encubierto.

“De hecho, el acuerdo deja en cla-ro la inexistencia de garantías para la oposición democrática sometida al ex-terminio físico, la estigmatización, el hostigamiento mediático, la persecu-ción judicial por motivos de conscien-cia y la “muerte política” por sancio-nes administrativas. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia reconoció la existencia de planes de eliminación de miembros de la Unión Patriótica y el Consejo de Estado restituyó la per-sonería de este movimiento en un in-tento de resarcir la fl agrante injusti-cia”.

Jaime Caycedo

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POLÍTICA

C. A. L. G.E

a Habana (Cuba).- Andrés París es uno de los integrantes de la delegación de Paz de las FARC-EP en esta capital. Es bastante cono-cido, no solo porque tiene la relación con los medios de comunicación, si-no porque estuvo en los diálogos del Caguán y está vinculado al actual pro-ceso desde el comienzo, durante la lla-mada fase exploratoria que construyó el “Acuerdo General para la termina-ción del confl icto y la construcción de una paz estable y duradera”.

Conversamos con él en este tran-quilo territorio libre de América, don-de se respira revolución, solidaridad e internacionalismo, dos días después del anuncio del acuerdo sobre el segundo tema de la agenda sobre participación política, que “da oxígeno a un proceso que avanza con los ritmos necesarios pero que enfrenta una ofensiva mediá-tica permanente que busca limitarlo en sus efectos políticos”, como dice París.

–¿Qué tanta trascendencia tiene el acuerdo sobre participación política?

–A corto plazo el acuerdo impacta la opinión pública y da oxígeno a un proceso que avanza con los ritmos ne-cesarios pero que enfrenta una ofen-siva mediática permanente que bus-ca limitarlo en sus efectos políticos. A mediano plazo el acuerdo es el co-mienzo de una discusión que continua-rá, cuando abordemos el tercer punto

de la agenda. Los temas además están para el debate público y son de interés de todos los sectores políticos, sobre todo de los democráticos y de izquier-da. Adicionalmente, el acuerdo con-tiene el compromiso del gobierno de trabajar por una apertura democrática, reconociendo de hecho el carácter res-trictivo del régimen actual, dándonos la razón a quienes hemos luchado desde distintos espacios y formas por plenas garantías para el ejercicio de la políti-ca, especialmente de la oposición y de las fuerzas sociales.

–¿Tiene alguna limitación?–Los diálogos del actual gobierno

con los líderes de las movilizaciones muestran la tendencia del régimen que se pone de presente en La Habana, no han decidido aun meterse a la reforma y a los cambios de fondo, se mantie-nen en la periferia de los asuntos grue-sos de la problemática que detona la confl ictividad social y política. De ahí la importancia que los debates en La

Habana, que representan la confl icti-vidad social y política del país, deben acompañarse de acción política y so-cial en Colombia, el resultado de esos pulsos defi nirá la profundidad de los cambios para la paz.

La esencia del acuerdo

–¿Cuál es la esencia del acuerdo, en el entendido que el contenido está en condiciones de confi dencialidad?

–Indudablemente, la democratiza-ción del escenario nacional en el sen-tido de máxima participación y de-cisión ciudadana en los asuntos pú-blicos. Muy importante fue lograr el compromiso de proscribir el trata-miento de enemigo interno que se de-riva de la doctrina militar que impe-ra en Colombia. Pero todos los temas abordados son trascendentales co-mo la elaboración de un Estatuto de la Oposición, en un evento más allá de la mesa, o la revisión y transformación de normas como las de seguridad ciuda-dana o la ley 134 de 1994. El tema no está agotado y esperamos que esas re-formas sean exitosas en la medida que las fuerzas democráticas se apropien de ellas y más en esta coyuntura política.

–¿Hay quienes dicen que el acuer-do benefi cia las pretensiones reelec-cionistas de Santos?

–Los presidentes electos los últimos 24 años lo han hecho con las banderas de la paz. Solo Uribe lo hizo atizando la guerra. Es evidente que unos y otros que confrontan en la actual campaña electoral estudiarán el acuerdo alcan-zado alrededor del segundo punto de reforma política y así mismo modifi -carán las agendas electorales para no quedar en la orilla de los grandes an-helos de paz de los colombianos. El acuerdo va a benefi ciar a quienes enar-bolen la bandera de la paz, se abre todo un territorio político para la oposición, si se tiene en cuenta que en el acuerdo están sus banderas históricas como el derecho y las garantías para hacer po-lítica.Otra cosa es que por incompren-siones, divisiones etcétera, prefi eran que sean otros quienes se benefi cien de esta oportunidad.

–Según el ministro de Defensa el acuerdo sobre el segundo punto se

debe a la presión militar… ¿Qué opi-nión le merece?

–La confrontación armada continúa ante la terquedad ofi cial de no aceptar el cese bilateral de fuegos. Así las co-sas no se pueden interpretar unilate-ralmente los sucesos de la confronta-ción. Lo que hay que destacar es que el acuerdo se presenta como resultado de una ardua discusión en la mesa, que pone en evidencia es la voluntad polí-tica de las partes de llegar a un acuer-do o gran tratado de paz. Esas decla-raciones del ministro son exhibicionis-tas de una personalidad fanfarrona, no toma en cuenta que la guerra contrain-surgente fracasó desde el mismo mo-mento que fue concebida.

El Congreso de la UP

–Se reúne esta semana el Congreso de la Unión Patriótica. ¿Qué signifi -cado tiene y que importancia en el te-rreno político?

–El reconocimiento de los derechos de la UP es un símbolo de reconcilia-ción pero advertimos que no pueden ser demagógicas las actitudes del gobier-no. Devolverle todos los espacios per-didos a la UP es un acto de justicia. El exterminio al que fue sometida obliga al Estado a tomar las medidas para que

esta fatal experiencia no se repita. Este podría ser el principio de un proceso de transición hacia la democracia por la que hemos luchado, claro está, si el go-bierno se decide de verdad a coadyuvar a los cambios que son fundamentales para ello. Desde luego que se requiere de mucha movilización nacional dado que existen poderosos factores de po-der que ofrecerán resistencias.

–¿Cómo interpretan las recientes movilizaciones sociales y populares? Para el gobierno obedecen a consig-nas y orientaciones de las FARC.EP

–El escenario de La Habana en el que se realiza el proceso de paz requie-re de la activación de las luchas socia-les como requisito fundamental para profundizar los avances y consolidar el proceso de diálogo. Las moviliza-ciones sociales son apenas un efecto de una realidad nacional, en ese contexto combustionan las grandes desigualda-des sociales, los problemas económi-cos y la escandalosa ilegitimidad de las instituciones. Son esas movilizaciones las que están incidiendo, mucho nos es-timulan, de ahí que estemos bordeando los escollos para que no se nos esca-pen las posibilidades de encontrar so-luciones políticas a los problemas de la guerra y a esa crisis que tiene indig-nados a los colombianos.

Dice Andrés París de la Delegación de Paz de las FARC-EP

“Las movilizaciones sociales y populares nos estimulan”

“La guerra contrainsurgente fracasó desde el

mismo momento que fue concebida”

Comandante Andrés París de la delegación de Paz de las FARC-EP.

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D

R B

BOGOTÁ

os centenares de delega-dos participaron del acto inaugural de la II Asamblea Distrital por el reen-cuentro y la esperanza de la Unión Patriótica en Bogotá.

Un sonoro aplauso recordando al di-rigente y expresidente de la UP Mario Upegui e intervenciones de dirigentes del Partido Comunista Colombiano, PCC, la Juventud Comunista, las coor-dinadoras regionales en la capital co-lombiana, el movimiento Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia Contra el Olvido y el Silencio, y delegados de organizaciones sociales de las loca-lidades; dio apertura a una asamblea upeista marcada por la fraternidad, el debate y las perspectivas de una UP con iniciativa política para la paz y la nueva Colombia.

Un saludo de la exconcejal Aida Abella, desde su exilio motivó los de-bates de la concurrida asamblea. “La UP debe aportar en temas fundamen-tales: la paz y las movilizaciones socia-les que no se detienen en el país” dijo la dirigente Abella, quien arribará al país para ser delegada al V Congreso de la UP.

A juicio de Pavel Santodomingo, delegado por Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia Contra el Olvido y el Silencio, la asamblea previa al con-greso es un “escenario que debe cam-biar el dolor por esperanza”. El signi-fi cado de la Unión Patriótica en la ac-tual coyuntura resulta una propuesta

II Asamblea Distrital de la UP

Entusiasta encuentro

política necesaria para el empuje de la paz.

“De Urabá venimos miles y miles de familias desplazadas a Bogotá, en la década de los noventa en medio de la administración del entonces gober-nador Álvaro Uribe. La UP fue vícti-ma allí de masacres, asesinatos selec-tivos, desplazamientos. Hoy en el mar-co del proceso de paz de La Habana, proponemos un gran retorno a Urabá, para hacerle un homenaje a las vícti-mas y reclamar del gobierno nacional garantías políticas para la UP” le dijo a VOZ, Rigoberto Jiménez, militan-te del Partido Comunista y desplaza-do de Urabá.

“Mientras el gobierno privatizaba la UP socializaba” explicó el presiden-te de la UP, Ómer Calderón, recordan-do los programas sociales de cada ad-ministración local conquistada por la UP en los más de cien municipios a lo largo del país antes de ser víctima del genocidio.

El encuentro ratifi có el llamado a todos los miembros de la UP y de-más sectores democráticos y popula-res a cumplir un papel destacado en el actual momento político de la ciudad con base en la vigencia de su ideario de lucha por la paz y los cambios de-mocráticos, al igual que la persistente exigencia de verdad, justicia y repara-ción frente al peor genocidio político que se haya cometido en Colombia por parte de las autoridades.

A partir de ahora no se po-drán conceder nuevas li-cencias, autorizaciones

o permisos que permitan las cons-trucciones en la reserva forestal y por ninguna circunstancia podrán adelantarse actividades mineras en la zona protegida de los Cerros Orientales. Así lo determinó el pasa-do cinco de noviembre la Sala Plena el Consejo de Estado en un fallo en el que les determinó límites de re-serva forestal.

El pronunciamiento es la res-puesta a una apelación interpues-ta contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro de la acción popular inter-puesta por Sonia Andrea Ramírez Lamy en materia de protección al medio ambiente.

El Consejo de Estado en su deci-sión reconoció la pérdida de las con-diciones del suelo de reserva de gran parte de esas 973 hectáreas que fue-ron excluidas de la reserva forestal protectora, por ello se mantendrán.

De la misma manera el alto tri-bunal ordenó que en la franja de

adecuación que corresponde al área de ocupación pública prioritaria se deberá proyectar una zona de apro-vechamiento ecológico para com-pensar a los habitantes de la ciudad de Bogotá, los perjuicios ambienta-les sufridos.

El tribunal decidió respetar los derechos adquiridos a quienes ob-tuvieron licencias de construcción o construyeron legalmente en la franja de adecuación y en la “zona de recu-peración ambiental”, ubicada dentro de la reserva, antes del fallo.

Por su parte el Distrito Capital deberá elaborar un plan de reubica-ción de asentamientos humanos que amenacen ruina o estén en situación de riesgo no mitigable.

El Consejo de Estado instó al alcalde Distrital a que presente al Concejo un proyecto de reforma al Plan de Reforma Territorial que re-coja lo decidido en este fallo.

Hay que decir que mientras se daba el fallo en Bogotá el alcalde Mayor daba una conferencia sobre su Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en la Universidad de Harvard en los Estados Unidos.

Consejo de Estado sobre Cerros Orientales

Distrito deberá reubicar asentamientos humanosA partir de ahora no se podrán conceder nuevas licencias, autorizaciones o permisos que permitan las construcciones en la reserva forestal

Cerros Orientales de Bogotá. Foto Skyscrapercity.com

Luz Marina Aguirre y María Cepeda en la asamblea de la UP. Foto Ana Elsa Rojas Rey.

Asistentes a la asamblea de la UP en Bogotá. Foto Ana Elsa Rojas Rey.

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DERECHOS HUMANOS

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Homenaje a fi scales asesinados en CúcutaEn el Palacio de Justicia de la capital santandereana se realizó la

develación de la placa en honor a los fi scales especializados, María del Rosario Silva Ríos y Carlos Arturo Pinto Bohórquez, asesinados en el 2001 a manos de grupos paramilitares. Con esto la Fiscalía General de la Nación y la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas dieron cumplimiento a la sentencia profe-rida el 2 de diciembre de 2010 por el Tribunal Superior de Bogotá, sala de Justicia y Paz. En dicha sentencia también se condenó a Jorge Iván Laverde Zapata, alias El Iguano, jefe paramilitar del blo-que Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quien se encuentra recluido en la cárcel de Itagüí, Antioquia.

Carta a SantosEl pasado seis de noviembre la Corporación para la Defensa y

Promoción de los Derechos Humanos Reiniciar y la Coordinación Nacional de Víctimas y familiares del Genocidio contra la Unión Patriótica, radicaron en el despacho del presidente de la República, Juan Manuel Santos, cerca de 500 cartas suscritas por las vícti-mas, con el fi n de obtener una pronta decisión frente al caso UP en curso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El pasado 30 de octubre la Corporación Reiniciar entregó en Washington el mismo número de cartas a la CIDH en el marco del 149 periodo de sesiones de ese tribunal internacional. Como se

recordará, la Corporación Reiniciar representa a más de seis mil víctimas de la Unión Patriótica, en la demanda internacional con-tra el Estado colombiano, instaurada en 1993 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la búsqueda de justicia para las víctimas individualmente consideradas y la reparación política para el grupo como tal.

Asegurado mayor del Ejército por falso positivoDe forma voluntaria se presentó en las instalaciones de la

Fiscalía General de la Nación el mayor del Ejército Nacional Nelson Mauricio Molano Calderón para responder por una or-den de captura emitida en su contra por un Fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. De acuerdo con la investigación, el 24 de abril de 2005 en la vereda 12 de octubre del municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá, Jorge Andrés Beltrán Cortés murió como con-secuencia de un proyectil de arma de fuego, accionada por un grupo de militares del Batallón de Contraguerrilla Número 55 del Ejército Nacional. Los militares implicados en el caso se en-contraban bajo el mando del capitán Nelson Mauricio Molano Calderón, quien en el informe de patrullaje dejó consignado que el joven murió durante un combate sostenido con miembros de la guerrilla en el que también falleció el soldado profesional Samir Medina Polo.

l pasado dos de no-viembre fue asesinado el líder campe-sino del Tolima César García, oposi-tor activo al proyecto La Colosa, que hacia parte del Comité Ambiental y Campesino en el corregimiento de Anaime, municipio de Cajamarca en el departamento del Tolima. El cam-pesino de 37 años de edad, recibió un impacto de bala en la cabeza, en he-chos ocurridos en la vereda El Cajón, del corregimiento de Anaime, en frente de su esposa. Le sobreviven dos hijos. César era miembro de la organización “Conciencia Campesina”, del Comité Ambiental.

Un día antes, según informó a la Brigada Jurídica Eduardo Umaña, fue

asesinada en el municipio de Circasia la campesina Ana Isabel Valencia, dirigente de Marcha Patriótica en el Quindío e integrante del Comité Patriótico Departamental. El 30 de oc-tubre fue asesinado Edier Otero miem-bro de Marcha Patriótica del Quindío. El crimen ocurrió en la vereda Curumal del municipio de Génova.

Empezando el mes de octubre Milciades Cano Trujillo y Nancy Vargas ambos sobrevivientes del ge-nocidio contra la Unión Patriótica y

miembros de Marcha Patriótica en el departamento del Huila, fueron asesi-nados por sicarios que los esperaban cerca de su fi nca, ubicada en la zona rural del municipio de Algeciras. La pareja participó activamente en el pa-ro agrario y pertenecía a la Asociación de Trabajadores Campesinos del Huila.

Los dos campesinos fueron ataca-dos cuando regresaban del pueblo de hacer mercado, según dijeron vecinos que conocían su trayectoria como lí-deres del campo. Se movilizaban en

Crímenes contra líderes campesinos

Diez asesinados en dos meses

Víctimas son miembros de Marcha Patriótica, líderes opositores a proyectos mineros o reclamantes de tierras. A 2013 han sido asesinados más de 70 líderes reclamantes de tierras

Crímenes cometidos contra líderes sociales en medio de una negociación de paz, deben poner en alerta a la comunidad en general. Foto Kikyō.

una motocicleta de bajo cilindraje en el momento en que fueron baleados por los sicarios.

El 30 de septiembre la líder campe-sina Adelina Gómez de 36 años quien hacia parte del Comité de Integración del Macizo, (Cima) fue asesinada cuando llegaba a su casa en la vereda Cortaderas, del municipio Almaguer en el departamento del Cauca.

La campesina recibió impactos de bala que le proporcionaron dos sica-rios a bordo de una motocicleta luego de salir de una reunión donde se en-contraba discutiendo la problemática de la minería ilegal con otras mujeres líderes de la región.

Adelina conducía un proceso de de-fensa de derechos humanos y medio ambiente en el macizo colombiano. En el hecho también resultó herido su hi-jastro de 16 años al recibir un impacto de bala en una pierna.

El 16 de octubre la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz infor-mó del asesinato de cuatro personas por parte de paramilitares en Belén de Bajirá en Mutatá (Antioquia) y la exis-tencia de una lista de líderes comuni-tarios quienes son activos en la recla-mación de tierras, para ser asesinados.

Este es un indicativo de cuál es la real situación de derechos humanos en Colombia y una alarma para las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, así como para los organismos internacionales, para evitar el exterminio de los líderes so-ciales.

El pasado jueves 31 de oc-tubre, coincidiendo con la celebración del Día de las

Brujitas, apareció en la Mesa de Trabajo de la Sala de Profesores de la Institución Educativa de Palermo, en el Corregimiento de Palermo del Municipio de Sitionuevo, Magdalena,

una nota firmada por “Las Águilas Negras”, en donde se intimida a 18 pro-fesores para que se retiren de la insti-tución, por ser declarados objetivo mi-litar. La institución educativa ha sido prácticamente abandonada y está en riesgo nuevamente el año escolar de los estudiantes.

Es de aclarar, que este municipio del departamento del Magdalena, al igual que muchos otros, además de una alta cuota de muertos en el pasado, por parte de estos grupos al margen de la ley, aún cuenta con estructuras defi ni-das en su territorio, desde donde ma-nejan la vida pública y administrativa

de la comunidad.Palermo, ubicado al otro extremo

del Puente “Pumarejo” de Barranquilla, es meta a futuro, del gran megaproyec-to Portuario al servicio del TLC. ¿Será por eso que están presionando el des-alojo de los nativos y oriundos de es-te pueblo?

Paramilitares amenazan a profesores

Noviembre13 de 2013/12

F V

En el marco de la rea-

lización del X Festival Nacional de la Juventud por los derechos Juveniles y la Paz, jóvenes de todas las regio-nes del país manifestaron a través de Comités Preparatorios Regionales, combos, parches, grupos autónomos, Consejos de Juventud, asociaciones y un gran número de expresiones que construyen sus identidades alrededor de lo estudiantil, el trabajo, lo barrial, lo campesino, lo artístico, lo deporti-vo, lo étnico, el género y la orientación sexual; que se reunieron con el objeti-vo de encontrarse desde la diversidad y la alegría para superar la dispersión y carencia de referentes de unidad ju-venil en la lucha por los derechos ju-veniles y la paz.

Ante este panorama el X Festival propuso a la juventud colombiana ar-ticular y desarrollar un amplio, diver-so e incluyente movimiento juvenil por la paz con justicia social, la solu-ción política y los derechos juveniles, que impulse esta noción de paz como el componente por excelencia para la consecución de una vida digna, la par-ticipación en una amplia lógica que ga-rantice la intervención directa sin me-diaciones en la solución de sus más acuciantes problemas, la lucha por la educación como una bandera de dig-nifi cación y emancipación de nuestra condición de jóvenes y la desmilitari-zación como el aporte más sentido a la fi nalización de la guerra.

Un festival de temas

En este contexto el X Festival ana-lizó cómo la situación de la juventud colombiana, continúa siendo cada vez más precaria, pues la posibilidad de construir un proyecto de vida digno y el derecho mismo a ser joven se encuentra cercenado en las difi cultades para acce-der a la educación pública, al empleo digno y al sistema de seguridad social y pensiones, consecuencia directa de la implementación de un modelo en don-de los y las jóvenes no somos más que mano de obra barata para las transna-cionales y los monopolios nacionales.

O pie de fuerza para engrosar las fi -las de las fuerzas militares; por lo cual, los jóvenes seguimos movilizándonos con grandes hitos como el movimiento estudiantil, a través de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, el movimiento indígena, el valiente movimiento cam-pesino, las luchas cívicas en defensa del territorio, las luchas en rechazo al modelo agro-minero-industrial de la muerte; y donde los y las jóvenes co-mo lo expresa la declaración política decidimos en favor de la paz y los de-rechos juveniles.

Además el X Festival, expresó un rechazo general a los ataques contra la oposición y el pensamiento crítico por

los casos que desde la Procuraduría han arrebatado el derecho a disentir y a go-bernar a Piedad Córdoba, ex senadora de la Republica, Gustavo Petro alcal-de de Bogotá, Abel Jaramillo alcalde de Riosucio; las detenciones arbitra-rias contra Huber Ballesteros, David Ravelo y Carlos Lugo; por otro lado saluda el fl orecimiento de la UP y su

resurgir para la vida democrática co-lombiana en un mar de adversidades.

Las voces

La Redacción Juvenil de VOZ, Habló con algunos asistentes al X Festival:

Miyari González, estudiante de sociología de la UN Bogotá

–¿Qué signifi ca para el movimien-to estudiantil el X Festival?

–Las y los jóvenes del movimiento estudiantil hemos sido excluidos his-tóricamente de los espacios de parti-cipación y construcción política que se dan en el país, y en buena medida el papel al cual se nos ha querido ligar es al de delincuentes y vándalos. Este Festival se convierte, en ese sentido, en una apuesta de la juventud colombiana por romper los estigmas que alrededor de nosotros y nosotras han sido crea-dos, pero también implica el fortaleci-miento de la unidad entre las y los jó-venes en perspectivas de contribuir a la paz en nuestro país. Este Festival es una apuesta por la unidad, una apues-ta por la apertura de espacios de parti-cipación para la juventud y en esa me-dida una apuesta por la paz con justi-cia social.

–¿Cuáles consideras son los retos que quedan de este X Festival?

–Considero que las conclusiones que salieron de cada una de las mesas deben ir en función de ser una hoja de ruta de las y los jóvenes que participamos en el Festival, pero deben también vincu-lar a sectores que, no habiendo asistido

a dicho escenario, deseen hacerse par-tícipes de las conclusiones del mismo y quieran contribuir a su desarrollo.

Este es un momento histórico para la juventud colombiana, donde la unidad se convierte en una premisa fundamen-tal para garantizar los cambios democrá-ticos que requiere el país. Siendo este el panorama, el X Festival Nacional de la Juventud nos da tareas claras sobre las cuales debemos avanzar. Una de ellas, para mí la fundamental, es la construc-ción de un movimiento amplio juvenil por la paz con justicia social.

Escenario que debe contribuir a ca-nalizar las distintas peleas que las y los jóvenes colombianos venimos em-prendiendo, tales como la lucha por una educación gratuita y de calidad, la lucha por un trabajo digno, la elimi-nación del servicio militar obligatorio y el desmonte del ESMAD, por solo mencionar algunos de los múltiples es-pacios de pelea de la juventud colom-biana. En lo fundamental le hemos de-mostrado al país que las y los jóvenes somos agentes de cambio, que efecti-vamente somos el futuro, pero que le aportamos a este desde nuestro presen-te, desde nuestras distintas realidades.

Cindi Pérez Asociación de Jóvenes

Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta

Riosucio Caldas

–¿Qué signifi ca para los jóvenes de Cañamomo el X Festival?

–Para los jóvenes de Cañamomo, el X Festival signifi ca la posibilidad de fortalecer primero lazos entre el mo-vimiento juvenil colombiano, de cara a la construcción de una paz que ten-ga en cuenta el sentir de los diferentes sectores. Además fue un espacio im-portante para el encuentro de jóvenes de diferentes etnias, eso nos fortalece y nos permite construir apuestas comu-nes en la defensa de nuestros derechos, el territorio, la cultura y la autonomía.

–¿Cuáles consideras son los retos que quedan de este X Festival?

–Sin duda uno de los principales re-tos del festival es lograr afi anzar la lu-cha de los jóvenes en la consecución de la paz, impulsar una gran agenda de movilización por los derechos ju-veniles dentro de lo cual se encuen-tra la Gran Marcha Juvenil por la Paz con Justicia Social y por los Derechos Juveniles a realizarse en 2014.

Por último el X Festival se suma a este gran torrente de transformación que hoy recorre el mundo entero y se asien-ta en América Latina con la esperanza de trastocar las fi bras más sensibles del modelo, y donde el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, que se realizará en la hermana ciudad de Quito-Ecuador, entre los días 7 y 13 de diciembre, será su escenario más pro-picio. Disponiéndonos a partir de este momento a contar con una gran partici-pación en este escenario como un grito juvenil y estudiantil contra el imperia-lismo, un grito de dignidad por la auto-determinación y la vida.

Ecos del Festival

Amplio y diverso es el movimiento juvenil

HOLA JUVENTUD

Miyari González.

Estudiantes de secundaria en el X Festival Nacional de la Juventud.

Cindi Pérez.

Aspecto general del Festival Nacional de la Juventud.

Noviembre13 de 2013/13

A A

INTERNACIONAL

El gobierno del presiden-

te Nicolás Maduro, confi rmó la sema-na pasada la existencia de un plan de sabotaje económico y de desestabiliza-ción contra la Revolución Bolivariana, reafi rmando la existencia de un docu-mento, hasta ahora secreto, que grupos de ultraderecha colombianos y venezo-lanos, con la asistencia de los Estados Unidos, habrían preparado en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, el pa-sado mes de junio.

El documento, del cual apenas se conocían rumores, fue revelado el pasado 5 de noviembre por la perio-dista, investigadora social y abogada norteamericana Eva Golinger. Es un documento de apenas tres cuartillas, elaborado con el membrete de la deno-minada Fundación Internacionalismo Democrático, que preside nada me-nos que el ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez.

Pese a la brevedad del texto, plantea todo un plan de acción terrorista y deses-tabilizador, que busca detener el proceso de la revolución bolivariana, derrocar al presidente Nicolás Maduro y otorgarle un papel protagónico a sectores disiden-tes de las Fuerzas Armadas de ese país, con los cuales ya hay establecidos con-tactos para el plan conspirativo.

Bajo el nombre general de ‘Plan Estratégico Venezolano’, las líneas ge-nerales del documento establecen: a)

perfeccionar el discurso confrontacio-nal del ex candidato Henrique Capriles, como fi gura emblemática del complot. b) generar emoción con mensajes cor-tos que lleguen a la mayor cantidad de personas; incrementar los problemas con el desabastecimiento de produc-tos básicos de la canasta alimentaria. c) mantener e incrementar los sabota-jes que afecten los servicios a la pobla-ción, particularmente al sistema eléctri-co, que permitan culpar al gobierno de supuestas inefi ciencias y negligencias.

En otros aspectos que no ocultan la intervención extranjera, el docu-mento plantea: d) apoyar la normaliza-ción de las relaciones Estados Unidos Venezuela; le restaría fuerza a la cam-paña del gobierno sobre la injerencia de Estados Unidos. e) crear situacio-nes de crisis en las calles, que facili-ten la intervención (militar directa) de Estados Unidos y de fuerzas de la OTAN, con el apoyo del gobierno co-lombiano. Procurar muertos y heridos, cuando sea posible.

Los complotados

En lo que podría llamarse como el remate fi nal, el plan propone: f) crear un ambiente de descrédito y debilita-miento al gobierno, que le aporte ma-yor credibilidad a la oposición; g) in-crementar fondos de abastecimiento de la oposición, con el fi n de alcanzar al menos el 55 por ciento de las alcal-días, en las elecciones municipales (de diciembre próximo).

Plantea el documento “mantener la campaña contra la injerencia cubana, afectar las misiones sociales y restarle apoyo popular al gobierno”. “Difundir el documento “Somos una alternativa mejor”, contratar periodistas y repor-teros de medios nacionales e interna-cionales, como la CNN” y en gene-ral “extender la imagen de crisis de Venezuela”.

La reunión de Cúcuta, donde se aprobó el plan conspirativo, se rea-lizó entre el 12 y el 14 de junio pasa-do y en ella participaron, según la ver-sión de Golinger, José Obdulio Gaviria, Francisco Santos, Plinio Apuleyo Mendoza, Antonio Sánchez García, Onésimo Duarte y Fernando Andrade, por la parte colombiana.

En representación de los sectores golpistas venezolanos, vinculados a la Mesa de Unidad Democrática, MUD y el Partido Primero Justicia, Ramón Guillermo Aveledo, María Corina Machado, Edmundo Gómez Urrutia, Julio Borges y Delia Solórzano, en-tre otros.

La mano del imperio

Como asesores estratégicos, se se-ñala los nombres del controvertido

J.J. Rendón, y del coordinador pa-ra América Latina de la Agencia para el Desarrollo de los Estados Unidos, USAID, con sede en Bogotá, Mark Feierstein. De acuerdo al historial de Feierstein, probablemente la USAID estaría a cargo de la fi nanciación del complot contra Venezuela.

En vista de que la oposición de de-recha no ha podido derrotar al gobier-no revolucionario por la vía electoral, acude a un plan multidimensional, en el que se combinan fuerzas nacionales e internacionales, que el fi lósofo nor-teamericano Gene Sharp califi có como ‘golpe de estado suave’.

Conocido el documento, el presi-dente Maduro dijo por su parte que se ha diseñado un plan del gobierno para enfrentar la guerra económica de la derecha. El Partido Comunista de Venezuela, de acuerdo con decla-raciones de Jul Jabour, miembro del Buró Político, advirtió que “la oposi-ción continúa la desestabilización pa-ra evitar que se efectúen las eleccio-nes del 8 de diciembre”. También el Partido Patria para Todos, a través de su secretaria de organización, Ilenia Medina, llamó a “no caer en provoca-ciones que están orientadas a desesta-bilizar el país”.

Venezuela

“Golpe de estado suave” contra Maduro

La prestigiosa abogada y periodista norteamericana Eva Golinger, revela contenido de documento conspirativo de la ultraderecha venezolana e internacional para desestabilizar el gobierno de Nicolás Maduro. El sabotaje a las redes eléctricas ya estaba previsto

Mark Feierstein, coordinador de la USAID para la región, con sede en Bogotá, estaría detrás del golpe desestabilizador contra Nicolás Maduro y la Revolución Bolivariana, según denuncias de Eva Golinger.

Elecciones en Chile

Protesta social marca la pautaEn medio de extraordinarias movilizaciones sociales, en que los trabajadores reclaman salarios decentes y derechos sociales, el país austral va a las elecciones el próximo domingo

Huelgas nacionales en varias actividades de servicios públicos chilenos, algunas de las

cuales llevan hasta cuatro semanas de duración, han servido de marco a la campaña electoral que llega a su recta fi nal y que concluirá con los comicios ge-nerales del próximo 17 de noviembre en ese país.

Catorce gremios económicos, que integran la Mesa del Sector Público, lideran la protesta, que pro-vocó un paro general de actividades el jueves de la semana pasada y puso en las calles a los trabajado-res del sistema médico legal, a los empleados muni-cipales, a los recolectores de basuras, a los funciona-rios de los ministerios del Trabajo, Obras Públicas, Educación y Tesorería General de la Nación, entre otros sectores. Los huelguistas reclaman aumentos de salario decentes, estabilidad, regulación del dere-cho a la huelga y otras reivindicaciones.

Este preámbulo de lucha social, que mide la in-tensidad de las reclamaciones de cambios sociales

Aspecto de las protestas sociales en Chile.

democráticos, enmarca las elecciones presidencia-les, en las que la candidata del Movimiento Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, obtendría el 47 por ciento de la votación, con lo que no necesitaría lle-gar a una segunda vuelta. Aunque el padrón electoral

establece que el ganador necesita la mitad más uno de la votación, si ésta triplica los resultados de su inmedia-to seguidor, no habrá tercera vuel-ta, y este sería el caso de Bachelet.

La candidata de Nueva Mayoría registró un programa de gobierno que propone reformas en el siste-ma educativo, en materia tributaria y una reforma constitucional que reemplace buena parte de la actual carta política, aprobada bajo la dic-tadura de Pinochet.

El partido Comunista de Chile, que hace parte de la base social de apoyo a Michelle Bachelet, presentó una propuesta programática de sie-te capítulos, sugiere la revisión del

derecho de huelga, un estado moderno garantista, el fortalecimiento regulador del estado en la economía, un régimen de libertades individuales y mecanismos de integración latinoamericana, robusteciendo espe-cialmente la colaboración con la CELAC.

Noviembre13 de 2013/14TEORÍA Y CRÍTICA

N F

E n momentos en que los aspectos técnicos y tecnológicos ensanchan su dominio sobre los bienes de consumo y servicios; es de-cir, sobre el conjunto de los aspectos que hacen el aparato de reproducción (producción, distribu-ción, circulación y consumo /servicios); el pro-blema de la propiedad sobre la tierra y el espa-cio, se hacen más signifi cativos para impulsar o retrazar el desarrollo de las fuerzas productivas.

El propósito de este trabajo sobre la renta de la tierra, usada para fi nes relacionados con las urbes, consiste en descifrar las categorías bá-sicas, que dan cuenta de la mala distribución y redistribución de la misma. Veamos.

Adam Smith afi rmaba, en esta dirección, que “la renta, considerada como el precio que se pa-ga por el uso de la tierra, es naturalmente el pre-cio más elevado que el colono se halla en con-diciones de pagar en las circunstancias en que la tierra se encuentra.

Al estipularse las cláusulas del arrendamien-to, el propietario se las compone para no dejar al colono sino aquella porción del producto que es necesaria para mantener el capital que pro-porciona la simiente, paga el trabajo, compra y mantiene el ganado, conjuntamen-te con los otros instrumentos de la-bor, y además de los benefi cios or-dinarios del capital destinado a la labranza en la región”1. Y renglón seguido complementa, al decir que “Acaso habrá quien imagine que la renta de la tierra no es otra cosa si-no un benefi cio razonable o un in-terés del capital que el propietario empleó en mejorar el suelo2”.

Aquí, se muestra la contradic-ción que plagó la economía política burguesa, al confundir el pago del arriendo, como herencia del pasa-do medioeval, con la renta en cuan-to producto del trabajo. Dicha con-fusión tiene su soporte en la inca-pacidad de ciertas burguesías para expropiar el latifundio improducti-vo y transformar esas tierras expro-piadas en tierras productivas, bajo relaciones capitalistas. Ahora, si esto no se lo-gra, esas tierras transitan a formas de propiedad burguesas, tal como sucede, con el capital arti-culado a la construcción y grandes obras civiles.

Dichos capitales trasladan el problema de la renta del campo a la ciudad, que se expande per-manentemente, a través de mercantilizar la tie-rra, compra y venta de la tierra en el mercado, cuyos precios se disparan a las alzas, cuando la fertilidad del suelo es máxima; pero también van a las bajas, cuando el deterioro de la fertilidad (renta diferencial 1) es evidente; situación que obliga a cambiar la diferencial 1, por la diferen-cial 2 (ciencia, técnica y tecnología).

Al trasladar esta situación, que es nítida en las relaciones agrarias, al campo; encontramos

que existen espacios, zonas, territorios, entre otros, que pierden valor por el deterioro a que son sometidos por los propietarios y arrendata-rios actuales, al punto que el deterioro se con-vierte en punto de partida para posteriores pro-cesos de revalorización; situación aprovechada por las grandes empresas capitalistas dedicadas a la construcción.

Bajo esa égida del capital, incapaz de revolu-cionar o transformar las relaciones agrarias do-minantes, se prefi ere engordar dichos lotes con el propósito de acumular excedentes a través del arriendo. Este tipo de engorde, será llamado ren-ta absoluta, entendiendo que “la apropiación de la renta es la forma económica en que se realiza la propiedad de la tierra”3 .

Al traducir el asunto a las re-laciones de los propietarios con el Estado; y el Estado con los asala-riados del campo y los propieta-rios de la tierra; encontramos que Marx tenía mucha razón; cuan-do consideraba que cuando pier-de fuerza su proyecto político (el del latifundio), sencillamente, se dispara y eleva su productividad (palma africana).

Es una renta soportada en la explotación del campesino emi-grante a las grandes urbes por vía violenta o legal, mientras que se atempera la capacidad produc-tiva.

Así las cosas, en este momen-to irrumpen grandes empresas ca-pitalistas de la construcción, que se apropian de las tierras, las en-gordan y las venden a una fran-ja específi ca de obreros del sec-tor. Colocan en funcionamiento y entrelazan la renta absoluta (ré-gimen absoluto), con la renta di-

ferencial que traslada la ganancia en su va-riante renta diferencial o el aseguramiento de óptimas condiciones tecnológicas (renta diferencial 2) y renta diferencial 1 o grado de valorización de la tierra urbana.

Ese capital acumulado del proceso ante-rior (acumulación originaria de capitales), es retomado por Marx, y sugiere que desa-rrollemos el debate a fi n de elevar los cono-cimientos sobre la renta de la tierra en con-diciones urbanas.

Es un proceso en el cual se traslada ca-pital dinero de las relaciones agrarias, con-servando ciertos soportes, tales como capi-tal dinero en los bancos; que permiten, se-gún el patrimonio que poseen, entablar el debate con los que son: El latifundio impro-ductivo de explotación extensiva del cam-pesino, artesanos y propietarios de la urbe, las transnacionales en busca de la apropia-ción de altas tasas de ganancia y un Estado,

históricamente represivo e indolente, que apunta a un buen recaudo de impuestos, conservando su carácter de clase; es decir golpeando el trabajo a favor del capital. Son tres entes que mantienen es-tos países con niveles de progreso a cuenta gotas e impiden una verdadera reforma progresista del territorio (Ordenamiento territorial) y la propie-dad sobre la tierra con créditos blandos (Reforma agraria integral).

1 Smith, Adam: Investigación acerca de las causas y la naturaleza de la riqueza de las nacio-nes, Fondo de Cultura Económica, México 1990, página 140.

2 Ibídem 140.3 Marx, Carlos, EL CAPITAL, tomo 3, en MEW,

tomo 25, página 647.

Entablar el debate con los que son

La renta de la tierra urbana

Las construcciones de las zonas rurales constrasta con las de millones de colombinaos en zonas periféricas de las grandes ciudades y del campo.

Noviembre13 de 2013/15

La fr

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Clavos Calientes

JAQUE MATE

Hay lunas que se van y nos dejan el recuerdo de una

noche estrellada; hay fl ores que se marchitan y nos dejan impregnado el dulce aroma que nos cubre con el olor cual dulce manto; hay amigos que mueren y nos deja el ejemplo, la lealtad, fraternidad, valentía, pa-ra que en ese recuerdo en cada uno de sus amigos y amigas se eternice para seguir viviendo.

El hombre de las mil primaverasEse era nuestro amigo Julio

Castiblanco, ejemplar padre, espo-so, hermano y militante del Partido Comunista. Durante 35 años su ma-yor responsabilidad se centró en ser el conductor de reconocidos cama-radas como Álvaro Vázquez del Real; se convirtió en la mano dere-cha del compañero, le salvó la vida cuando fue víctima del vil atentado por los años 80.

Era un hombre que con inteli-gencia y con su ejemplo les ense-ñaba a sus demás compañeros de trabajo que un conductor no se de-bía limitar a manejar un vehículo, sino que es una persona que apoya las iniciativas políticas, las activi-dades, como un miembro más de la organización.

Era el secretario político de la célula Jesús Árias, en honor a un compañero conductor asesinado por los paramilitares.

A su compañera de lucha sus hi-jas e hijos, especialmente a Yarima, un abrazo solidario, de los y las in-tegrantes de la redacción del perió-dico VOZ. Se ha ido el amigo, el compañero de las mil primaveras. Su ejemplo queda en cada uno de quienes lo tratamos y lo conocimos. Lo estimamos y lo seguimos recor-dando con el mismo cariño que nos unió en vida.

A E R R

Julio Castiblanco.

“Quienes creemos en la Paz con justicia social entendemos la fi rma del segundo punto de discusión en La Habana como

una oportunidad para mantener la esperanza por el fi n del confl icto”.

Ángela María Robledo, representante a la Cámara.

La chiva de VOZ

Desde el martes 5 de noviem-bre, por vía Twitter, el semana-rio VOZ advirtió en primicia in-formativa, que al día siguiente se conocería el acuerdo sobre el se-gundo punto de la agenda de la participación política de los diá-logos de La Habana. Otros me-dios estaban especulando que ha-bría una nueva prórroga a la espe-ra del consenso. Sin embargo, el Twitter de VOZ y las declaracio-nes del Director a RCN Radio y Telesur, anunciaron el inminente acuerdo en la mañana del miér-coles 6 de noviembre tal y como ocurrió.

Raúl Reyes descansa en paz

Pasó desapercibido el sepelio de Raúl Reyes, hace dos sema-nas, realizado de manera discre-ta y con pocos asistentes, entre ellos algunos dirigentes y militan-tes de izquierda y el padre Darío Echeverri. El Gobierno Nacional, el anterior y el actual, se habían negado a entregar los restos del jefe guerrillero a sus familiares, sin embargo por decisión del alto Gobierno hace dos semanas fue-ron recibidos por los familiares, acompañados, por razones huma-nitarias, de varias personas que concurrieron a la ceremonia en un cementerio del noroccidente de Bogotá. “Por fi n descansa en paz” dijo uno de sus familiares.

Campaña infame

El uribismo está dedicado a difundir fotografías que recibe

de organismos de inteligencia y de fuentes militares para atacar el proceso de paz. A raíz de las fo-tografías en que miembros de la Delegación de Paz de las FARC-EP están descansando después de las arduas reuniones de trabajo, demuestran el espionaje que están realizando agentes de Colombia en Cuba, violando la soberanía del país caribeño que abrió sus puertas con generosidad a los diálogos de paz del Gobierno de Colombia y la guerrilla fariana. Se rumora que también tienen fotografías de los funcionarios del Gobierno en ac-tividades de recreación en los mo-mentos libres. El propio Álvaro Uribe Vélez recibe las informa-ciones que difunde por Twitter. Enemigos de la paz dentro y fue-ra del Gobierno.

Soberanía a medias

El Gobierno Nacional armó es-cándalos chouvinistas cuando em-barcaciones nicaragüenses transi-tan por aguas colombianas o por las que están en litigio por el fallo de la Corte de La Haya. Igual lo hizo cuando aviones supersónicos rusos, según la FAC, sobrevolaron por el espacio aéreo de San Andrés en dirección a Managua. En con-traste, la queja por la violación de aguas territoriales de un barco de guerra de Estados Unidos no pa-só de una queja inocua. Y cuando protestaron gentes sensatas por la violación a la soberanía nacional, el presidente Santos replicó que no era necesario armar una tormenta en un vaso de agua. Como quien di-ce, soberanía a medias y depende de quién es la que practica el go-bierno colombiano.

Noviembre13 de 2013/16

LA VERDAD DEL PUEBLO

F S J.*

SEMANA

Amado Rivero tiene 65

años y es obrero. Su principal obra es la construcción de la Comuna Socialista Che Guevara, del municipio de Palavecino, en el Estado de Lara, Venezuela.

De día pega ladrillos; en las noches, supervisa los cimientos de la comuna de la que es vocero. En sus ratos li-bres, escribe para varios blogs y desde esas trincheras que ofrecen los medios alternativos defi ende la necesidad del Estado Comunal.

En la comuna Che Guevara hay aproximadamente 18 mil habitan-tes. Ésta es una de las 1.401 comu-nas que contabilizó el Censo Comunal 2013, además de los 40.035 Consejos Comunales, y las 71.521 organizacio-nes sociales, según los resultados del Ministerio del Poder Popular para las Comunas.

Si bien las cifras de las comunas son alentadoras, Amado Rivero acla-ra que solo hay 123 registradas o pre-registradas y que la meta es formar al menos tres mil comunas, con un buen nivel ideológico socialista.

“Una vez alcanzado ese nivel, de más del 60 por ciento del territorio na-cional cubierto por comunas, seremos nosotros quienes impulsemos una nue-va Constituyente Nacional para crear el Nuevo Estado Comunal Socialista”, afi rma Rivero.

De las comunas se ha dicho que son de papel o han sido reducidas a meras organizaciones productivas, rurales desconociendo como enfatiza Rivero, que son las bases de la Revolución Bolivariana, y que reemplazarán a los municipios como base primaria, como lo propuso Hugo Chávez en su refor-ma constitucional, añade el líder co-munero.

¡Para los enemigos de las co-munas y su poder popular, que se-gún Rivero, están dentro del mismo Estado, él tiene una respuesta con-tundente: “Una vez se concreten co-mo formas de gobierno; no podrán ser de papel porque están formadas por líderes, hombres y mujeres que no tienen un sueldo, que no les im-porta pasar un día sin comer. Ese es

En Venezuela

¡Comunas o nada!El pueblo reclama el poder popular para profundizar la Revolución. Testimonios de dos aguerridos comuneros socialistas y bastiones de la Revolución Bolivariana

Amado Rivero.

Jose Uriepero.

el miedo que tienen, que los líderes unidos con sus pueblos jamás serán vencidos”.

El pueblo está hambriento de po-der popular! En opinión de Modesto Emilio Guerrero, biógrafo de Chávez, desde el año 2002 se desató un fe-nómeno de poder social y formas de

organización de los trabajadores y pobres.

“(…) De hecho, y sin mucha con-ciencia de su propio proceso de con-junto, ese movimiento ha comenzado a practicar formas democráticas, no jerárquicas, de relación social, con-trarias a las impuestas por el Estado

existente”, afi rma Guerrero en su co-lumna El Poder Popular después de Chávez.

Por eso, al igual que Rivero, en Caracas, José Uriepero, otro valiente comunero, profundiza la Revolución en la Comuna Socialista El Cementerio y protege sus conquistas.

En esta comuna localizada en el municipio bolivariano Libertador, en el distrito capital, tienen dos empresas de propiedad social directa comunal y otra para la comercialización y venta de quesos y charcutería.

Gracias a éstas dos últimas, pro-ductores agropecuarios y pecuarios de los estados de Táchira y Guarico distribuyen sus productos en la capi-tal, generan empleos directos y ven-den a precios económicos. Con las ganancias, ayudan a la población y otorgan becas estudiantiles, todo en la comuna.

“Nuestra comuna no ha recibido dinero de parte del Estado venezola-no. De hecho, esta es la verdadera au-togestión. Se propone la economía so-lidaria donde se busca benefi ciar más a la comunidad que a la generación de dinero”, aclara Ulperio.

Además, la comuna tiene un fondo social como mecanismo de respuesta inmediata a la crisis; sin dejar de pre-sionar al gobierno en temas como la calidad de los servicios, la educación, la seguridad y la vivienda, etc.

El objetivo es demostrar que las comunidades organizadas son capa-ces de generar recursos. De éstos se benefi cian todos los habitantes sin dis-tinción de credo e ideología política, aun cuando, la mayoría de los comu-neros activos son revolucionarios co-mo José.

“Indudablemente la comuna es la base fundamental de la sociedad so-cialista porque ella impulsa los valo-res de solidaridad, respeto, tolerancia, y humildad. El cultivo de estos valores son los que salvarán nuestra sociedad, de lo contrario vamos defi nitivamente hacia nuestra destrucción como socie-dad”, afi rma Uriepero.

* Periodista, magíster en relaciones internacionales y sindicalista.