¿SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION SUPERIOR.? En nombre de los académicos de las universidades del Estado de Chile, de los académicos de las universidades regionales, y especialmente de los académicos de la Universidad del Bío-Bío, agradezco la invitación que la Comisión de Educación del Senado me ha cursado para exponer en este panel de expertos. Y si Uds. me permiten, quisiera iniciar esta breve reflexión con una interrogante que ayuda a disolver tanta clausura: ¿Es una Superintendencia de Educación Superior lo que el país necesita para resolver la profunda crisis estructural y valórica que sufre la educación superior?. Para que un organismo fiscalizador en materias de cualquier naturaleza referidas a la educación superior pueda jugar un rol trascendente y acorde con la sociedad en que éste se inscribe, en primer lugar debe existir un marco referencial, un orden institucional valórico que le permita un accionar coherente con el modelo de sociedad que la ciudadanía, en forma democrática y participativa, ha definido y acordado para sí. En este sentido - la falta de un proyecto compartido de sociedad que aspiramos construir, donde el rol de la educación superior pública y estatal ni siquiera está declarado ni asumido como estratégico en el desarrollo del país, menos aun, la responsabilidad financiera que le cabe al Estado para garantizar su permanente existencia, ni acordados los estándares normativos mínimos que definen lo que es cada institución, su perfil propio, su identidad, su compromiso geocultural de región y de país, lo básico que hace que una universidad tenga el status de universidad, y no otra cosa - estas ausencias, junto a la jibarización de la dimensión pública, distorsionan la misión transformadora de la realidad que debiera cumplir la educación superior, especialmente la estatal, en nuestro entorno socialmente segregado, tremendamente desigual y culturalmente malogrado. Más aun, cuando la vida entera de este país está regulada por las leyes del mercado, que no son leyes que construyan una sociedad sana, equilibrada, que interacciona, donde el concepto de solidaridad ha quedado proscrito, reemplazado constitucionalmente el año 81’ por la cruenta competitividad que degrada y destruye al otro, al delicado relieve del tejido social, en consecuencia que “la solidaridad es el criterio para juzgar el progreso moral en las sociedades democráticas” (Rorty). El cerebro humano, su estructura mental que actúa en base a una cadena neuronal espejo, está constituido para vivir con otras mentes. Estamos fisiológicamente diseñados para no estar solos, para vivir en comunidad. Por eso la solidaridad es una consecuencia natural y política a lograr. A propósito de lo anterior, no es casual que exhibamos el vergonzoso record, entre otros, de ser el segundo país de la OCDE donde aumentó considerablemente la tasa de suicidios en los últimos 15 años. También hemos logrado otros record mundiales, de desigualdad, y segregación social.

Tampoco es casual que en el país más eficiente del mundo, víctima de un sistema escolar altamente competitivo, en Japón, ocurra un intento de suicidio cada 15 minutos. Esto tiene que ver con la educación, porque todo tiene que ver con la educación, porque la educación es el entrenamiento para la vida. El objetivo final es lograr un país sano, feliz. Y esto ya es científicamente medible. Parece divertido, pero existen países más felices que otros, existen parámetros. Algo estamos haciendo mal, no sabemos convivir, y esto es el resultado de una educación que solo evalúa la eficiencia instrumental, una PSU anacrónica que pedagógicamente no se sostiene, que condena socialmente, que segrega. Por otro lado, el empobrecimiento de los currículos y contenidos, estamos instruyendo pura empiria , lo demás es inútil para el mercado, y no aprendemos a interpretar, a reflexionar, para ser más persona. Este deterioro, este funcionalismo mecanicista y tecnocrático extremo es nuestro fracaso como sociedad, como educadores, como legisladores. Hablar de educación es hablar de valores, de la incorporación del pensamiento crítico, creativo, que se hace fértil en el pluralismo, en la convivencia en diversidad, en una educación holística, en la filosofía que incluye la ética, las normas de convivencia. Un estudiante me planteaba la necesidad de incorporar otros contenidos: aprender a meditar en el aula, formación cívica, adquirir habilidades para la vida. ¿Con que parámetros se va a medir y fiscalizar la condición de equidad en la educación superior si no hemos definido ni acordado su significado social, ni menos los valores intangibles fundamentales en la concepción de un proyecto educativo con sentido de país ¿Es sólo la condición básica “sine cuanón” de fiscalizar el dinero como único valor a resguardar? ¿Cómo vamos a lograr que se cumpla la ley que prohíbe el mal del “lucro” en las universidades si no hay convicción ni voluntad política para prohibirlo, solo regularlo? ¿En que estamos pensando cuando pronunciamos la palabra “calidad” en la educación? ¿en más estándares de eficiencia instructiva y profesionalizante? ¿en una calidad con una mera perspectiva empresarial que sustituye la educación inspirada en la formación de valores? ¿en los punitivos y descontextualizados métodos estandarizados de medición, ? ¿en los ranking de publicaciones que no impactan ni aportan a nuestra realidad sociocultural? ¿en la maraña de una publicidad engañosa? ¿o en la capacidad que adquirimos para construir una sociedad más justa y solidaria a partir de nosotros mismos, con identidad y en la formación sistemática y metodológica de valores ciudadanos? Esta es la calidad a la que aspiran los estudiantes y la sociedad entera. Calidad en la coherencia entre lo que se enseña, como se enseña, y la pertinencia de conocimientos de aprendizajes que requiere la sociedad. La otra calidad, la de las reformas y recetas educacionales impuestas a la medida del modelo neoliberal, está comprobado: fracasó.

Así también, la relación que debe existir entre la educación superior, la universidad, y la sociedad, es un debate olvidado en este país, así como el sentido y compromiso social que tiene, o debe tener el ejercicio de las profesiones, para la construcción de una sociedad más humana y solidaria Estas ausencias esenciales dejan sin una más profunda perspectiva social la misión de un organismo que finalmente resulta reduccionista, ya que, al solo limitarse a controlar el lucro, ni siquiera a eliminarlo, sino legitimarlo como práctica legal, toma distancia de los verdaderos y graves problemas estructurales y valóricos que presenta el sistema educacional en todos sus niveles. Así, con soluciones aisladas, descontextualizadas, de parche, se frustran las legítimas demandas ciudadanas a las cuales debiera responder. Lo que este país necesita, y digámoslo sin eufemismos, es la urgente necesidad de una Reforma Constitucional que otorgue una dirección, un sentido, una respuesta democrática, participativa y global al problema de la educación, lo cual permitiría no dispersar los esfuerzos ni despilfarrar la energía que este cambio requiere, energía poderosa que compareció en la histórica movilización estudiantil que sí debemos capitalizar porque movilizó el alma de la ciudadanía toda. Nuestros estudiantes protestaron por el lucro, porque era lo más patente, evidente, pero detrás subyace la frustración ante el deshumanizado modelo educacional que sustentamos, el cual actúa como otro medio de reproducción de la desigualdad Son los profesionales frustrados que no encuentran trabajo en su área específica por la falta de planificación y regulación de una sobreoferta indiscriminada de carreras como un producto más de mercado e instrumento del lucro. Recientemente el Colegio de Dentistas, en declaración pública, recomendaba a los estudiantes no seguir la ya saturada carrera de odontología. Son los profesionales y sus familias endeudadas hasta la eternidad con los créditos de mercado para poder autofinanciar la falsa “movilidad social” y los altísimos aranceles – los más altos del mundo - que solo enriquecen a los bancos. Son los profesionales que están impedidos de tener sentimiento de retribución social con su país, porque este país no les ha dado nada, y la gratuidad que todos los Estados garantizan como un derecho irrenunciable, aquí es una quimera inalcanzable. Es triste escuchar que su protesta no sirvió de nada. Debemos hacerles sentir que sí sirvió su denuncia, y que los vamos a invitar a pensar la educación. Porque no fue una niñería de cabros chicos, no fue una pataleta. No podemos olvidar Mayo del 68’, primero empezaron los estudiantes, luego siguieron los trabajadores, la sociedad entera. Y trascendió. En el contexto de las movilizaciones del año pasado, se sucedieron múltiples performance de suicidios colectivos en la gran mayoría de las ciudades a lo largo del país exigiendo demandas estudiantiles, educación gratuita y de calidad social. Así, por ejemplo, en pleno centro de Concepción, estudiantes se tendieron en el suelo bajo la lluvia simulando un suicidio colectivo en protesta por sus demandas no escuchadas.

Que curioso, me dejó pensando. Finalmente, para revertir este adverso escenario, se propone crear urgentemente Grupos de Trabajo inclusivos, formados por los actores relevantes de la educación superior (estudiantes, académicos, rectores y funcionarios) políticos y gobierno, para abrir un amplio debate público, de cara a la ciudadanía, la discusión sobre cuales son las políticas públicas que garanticen el sistema de educación que este país requiere. No solo reformismos legales para establecer controles y límites de lo inadmisible, sino la construcción de un modelo de sociedad que permita definir el sistema educacional, la pedagogía que el país demanda para su desarrollo, para dar un salto cualitativo en la formación integral de sus ciudadanos. Se propone crear las instancias legislativas para iniciar simultáneamente una amplia discusión ciudadana sobre la urgente Reforma Constitucional que Chile requiere y que permitirá llevar a cabo los profundos cambios y articulaciones para superar la fuerte inequidad social en educación, salud, previsión, participación, y representación, que la ciudadanía, en todo su derecho, reclama. Y quisiera terminar con otra interrogante: ¿si otras naciones han hecho los cambios constitucionales, y específicamente en educación, que les ha permitido alcanzar el desarrollo y el bienestar social deseado, con equidad, porqué no podemos nosotros ser capaces de lograrlo, y ahora? Hace ya mucho tiempo, Suecia lo logró porque comprendió que la gratuidad, y no el mercado, era una condición de inclusión imprescindible para rescatar todos los talentos, los cuales se encuentran, afortunadamente, por igual dispersos en todos los estratos sociales, para ponerlos al servicio del país. Leonardo Seguel Briones Arquitecto - Docente Presidente AAUBB Campus Concepción Valparaíso, 17 de enero de 2012