proceso 2026 30agosto2015

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semanario de información y análisis
No. 2026 • 30 de agosto de 2015
CORRUPCIÓN
32 Aramburuzabala a López Dóriga: "No hay negociación posible con un extorsionador"
/Arturo Rodríguez García
ESTADOS /NUEVO LEÓN
ANÁLISIS
43 Loco furioso /Naranjo
46 Cambios perniciosos /Jesús Cantú
47 Preguntas sobre la mariguana al presidente /Sabina Berman
TERCER AÑO
11 Seguridad: pugnas internas derivan en caos /Jorge Carrasco Araizaga
14 Derechos humanos: impunidad eterna /Gloria Leticia Díaz
17 32 meses: 57,410 asesinatos /Enrique Mendoza Hernández y Adela Navarro Bello / Semanario Zeta
20 Desarrollo social: trampolín para unos cuantos /Mathieu Tourliere
24 México-EU: la relación pasmada /J. Jesús Esquivel
26 Al relevo, cuates y juniors /Arturo Rodríguez García
29 La solitaria de Los Pinos /Arturo Rodríguez García
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AÑO 38, No. 2026, 30 DE AGOSTO DE 2015
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agencia proceso de información
48 VENEZUELA: Los deportados de Maduro /Rafael Croda
52 CHILE: Una muerte que causó alegría /Francisco Marín 56 ESPAÑA: De ministro ejemplar a vergüenza
nacional /Alejandro Gutiérrez
CULTURA
60 Las élites, por integrar México con América del Norte /Judith Amador Tello
65 Páginas de crítica
ARTE: Leonardo y Miguel Ángel: una tomadura de pelo /Blanca González Rosas
MÚSICA: The Chicago Panamerican Ensemble /Raúl Díaz
TEATRO: Mi querido capitán /Estela Leñero Franco
CINE: Lobos de Manhattan /Javier Betancourt
TELEVISIÓN: Tanto amor /Florence Toussaint
LIBROS: Otra iglesia /Jorge Munguía Espitia
ESPECTÁCULOS
70 La odisea fílmica de los 33 mineros chilenos /Colu∫πmba Vértiz de la Fuente
72 "Metro Balderas" con la Sinfónica de Coyoacán /Roberto Ponce
TERCER AÑO /DEPORTES
74 Un desastre, el proyecto de cultura física /Beatriz Pereyra
77 Ponte al 100: Buenas intenciones, magros resultados /Raúl Ochoa
80 Palabra de Lector
82 Mono Sapiens / Virgilio en la historia /Helguera y Hernández
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E l lunes 3, durante una gira detrabajo por el Estado de México, el presidente Enrique Peña Nie- to adelantó el tono del discurso que dará el miércoles 2 de septiembre –al menos en la parte
económica– con motivo de su tercer informe de gobierno.
El país no ha registrado un crecimien- to económico “en los niveles que quisié- ramos”; “en el tamaño de crecimiento que hubiésemos querido llevar a la fecha”, dijo. Pero no estamos tan mal, sugirió, pues “a otras economías del mundo les ha ido peor”.
CARLOS ACOSTA CÓRDOVA Y agregó: “En México lo sentimos, lo explicamos, pero para quienes tienen,
quizá, un mayor conocimiento en el te-ma, entienden muy bien que el escenario global es difícil; que lamentablemente nos toca observar cómo diferentes regio- nes del mundo han enfrentado o están vi- viendo desaceleración en sus economías, incluso teniendo crecimientos negativos en el desempeño de sus economías”.
Es el discurso recurrente del mandatario, pero sobre todo del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien cotidia- na e invariablemente emplea la fórmu- la, cuando hay un dato malo en la econo- mía, de que otros países están peor que México.
Pero la información oficial en torno al desempeño de la economía en lo que va
de la administración de Peña Nieto, en es-pecial los datos y cifras del Banco de Mé- xico y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) –esas sí, sin adjetivos–, dan cuenta del fracaso en la conducción de la economía nacional, independiente- mente del entorno internacional.
El 26 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Pro- grama Nacional de Financiamiento al De- sarrollo (Pronafide), en el que se plantea- ban dos escenarios para el crecimiento económico: uno sin reformas, que es el crecimiento “inercial”, y otro con reformas estructurales.
E d u a r d o M i r a n d a
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En los primeros tres años de su gestión, Enrique Peña Nieto y su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, han venido esgrimiendo un falso discurso económico sobre una pretendida prosperidad nacional. Lo cierto es que convirtieron el país en una fábrica de pobres, según demuestran las propias cifras de instituciones como el Inegi y el Banco de México. Ante esta lacerante realidad, las pregonadas reformas estructurales –la fiscal y la energética– sólo evidencian un crecimiento torpe y excluyente. Al parecer, lo único que se multi- plica en México es la pobreza. Y todo indica que esta situación no cambiará en los últimos años.
Sin reformas, la economía crecería 3.8% en 2015, 3.7% en 2016, 3.6% en 2017 y 3.5% en
2018, al término de la administración.Pero con reformas, según el Pronafide, el ritmo de la economía sería acelerado: 4.7% en 2015, 4.9% en 2016, 5.2% en 2017 y 5.3% en 2018 (Proceso 2005).
A 20 meses de la publicación de ese documento y ya en plena vigencia y ope- ración las reformas, la realidad, cruda, ha sido un palmo de narices para el gobierno.
Los desatinos
Apenas el jueves 20, el Inegi dio a conocer que en el segundo trimestre de este año el PIB registró un crecimiento de 2.2% anual
real, inferior al 2.9% que se observó en el segundo trimestre de 2014, y también inferior
al 2.6% del primer trimestre de 2015.Una semana antes, el Banco de Méxi- co había hecho lo propio, al bajar su esti- mación para el incremento del PIB en 2015 a un rango de 1.7% a 2.5%, desde 2% a 3%, que estableció también en mayo pasado.
El punto medio del pronóstico de Ha- cienda para este año es de 2.4%, que no sólo no alcanza al crecimiento inercial es- perado para el año, de 3.8%, en el Pronafi- de; y queda muy lejos, casi a la mitad, del 4.7% que, con reformas, se planteaba en aquel documento.
El magro comportamiento de la econo- mía en este año, según los especialistas, se
debe al débil desempeño de las actividades secundarias (construcción, industria ma-
nufacturera y la minería); a que las expor-taciones no petroleras –el gran motor del crecimiento– están estancadas, y a que la construcción de nueva cuenta va a la baja.
Todo ello se ha compensado, en parte, por una mejor evolución del consumo y de las actividades terciarias (servicios y comercio). Pero que no alcanza para darle más aire a la economía en su conjunto.
El achicamiento de las cifras y de las expectativas oficiales de crecimiento, más allá de lo que impliquen en términos ma- croeconómicos, y en medio de un mundo turbulento, en el país han tenido una tra- ducción brutal en la vida de los mexicanos:
Economía:
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Por lo menos en los dos primeros años del gobierno de Peña Nieto se agre- garon a la pobreza 2 millones de mexicanos –suman ahora 55.3 millones las personas en esa condición– y los ingresos de 90% de la población se redujeron de manera dramática.
Hoy, no sólo son más bajos que en 2012, sino mucho peor que en 2008, al inicio de la crisis financiera internacional, según datos del Consejo Nacional para la
Evaluación de la Política de Desarrollo So-cial (Coneval) y del Inegi. “Yo hice un cálculo de que esos 2 mi-
llones de pobres más en un par de años, equivale a dos pobres por minuto, dice el prestigiado economista Gerardo Esqui- vel Hernández en entrevista.
A esa tasa está creciendo la pobreza. México, durante los primeros años de gobierno de Peña Nieto, fue una autén- tica fábrica de pobres, comenta Esqui- vel, licenciado en economía por la UNAM, maestro en la misma disciplina por El Co- legio de México y doctor por la Universi- dad de Harvard.
El “outsourcing”, un cáncer para el empleo
ROSALÍA VERGARA
Las cifras del Instituto Nacional de Es- tadística y Geografía (Inegi) de 2012 a 2015 son desalentadoras.
En 2012, según Bouzas, había 33 millones 272 mil 12 asalariados; hoy son 34 millones 196 mil 141, alrededor de 1 millón más, aunque se incluyen los trabajadores
que laboran por su cuenta. En cuanto al monto de los emolumen-
tos, se necesitan más de tres salarios míni- mos para vivir. Según los datos oficiales, en 2012 había 7 millones 408 mil 615 trabajadores; hoy son sólo 7 millones 141 mil 682.
Según Alcalde, el decrecimiento del empleo se debe a que la contratación colectiva de trabajo está “secuestrada” por los patrones, pues son ellos quienes deciden la firma de los contratos colectivos: la mayoría de las veces lo hacen con sindicatos blancos.
En noviembre de 2012, el senador Ma- nuel Bartlett Díaz acusó al entonces presi-
dente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, porque, dijo, un año antes pactó con el entonces jefe del Ejecutivo, Felipe Calderón, la pre- sentación de iniciativas de ley preferentes para ser aprobadas en 30 días.
Desde 2000 con Vicente Fox, los panistas no habían podido avalar la reforma laboral calificada como patronal. Lo hicieron al final del sexenio calderonista. La iniciativa fue elaborada por la Confede- ración Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Al principio de su gestión, Calderón se autodenominó “presidente del empleo”. Dos años después, en 2008, era el “presi-
E n vísperas del tercer informe de gobierno de Enrique Peña Nieto, en materia laboral el balance es desolador. Vivimos en el país del outsourcing,
dicen abogados laboralistas consultados por Proceso, al tiempo que desmienten al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida: “la paz laboral que tanto pregona no existe”.
Para Arturo Alcalde y Alfonso Bouzas, las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo de 2012 sólo precarizaron las con-
diciones laborales. Hoy, dicen, los trabajadores gozan de menos prestaciones y su salario se depreció.
Desde su primer año de gestión, Nava- rrete Prida ha presumido que no ha habido huelgas en el país, lo cual es sinónimo de la “paz laboral”. Ve un saldo en ceros en cuanto a conflictos laborales y obrero- patronales. Pero la realidad es distinta, sostiene Alcalde.
“La ausencia de huelgas no significa paz laboral: si no hay huelgas, es por la extrema debilidad sindical y el temor de los trabajadores a perder el empleo si se atreven a ejercer sus derechos colectivos. En México –dice–, uno de cada 100 traba-
jadores está afiliado a un sindicato real.” En materia laboral, el escenario es peor
que antes de la aprobación de la reforma de 2012, secunda Bouzas. El desempleo es significativo, el empleo sólo crece en el sector informal, mientras la caída salarial es demostrativa: “Esto quiere decir que la pobreza se apodera de nuestro país. Es grave que 11 millones de personas vivan sólo con dos salarios mínimos”.
Los entrevistados aclaran, sin embargo, que sí ha habido huelgas: en marzo hubo una
de campesinos en Baja California; en junio lo hicieron los maestros disidentes; en julio, los trabajadores administrativos y académi- cos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y el jueves 27 tocó el turno al Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez.
Van ocho años de huelgas mineras en las secciones 17, de Taxco, Guerrero; 65, de Cananea, Sonora, y 201, de San Martín, Sombrerete, Zacatecas, por citar unos ejemplos.
El 25 de enero pasado, la STPS informó que en 2014 colocó a 1 millón 557 mil 350 personas “en un trabajo o actividad produc- tiva”, aunque omitió en qué sectores.
H u g o
C r u z
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Y agrega: “A eso nos estamos enfren- tando por una economía que no crece y que cuando crece lo hace de una manera no incluyente. Excluye a los sectores am- plios de los beneficios de ese crecimiento”.
–¿Por qué han sido tan pobres los resultados en materia económica? ¿Qué fue lo que falló en la operación, en la conduc- ción de la economía? –se le pregunta.
–Yo creo que fue una combinación de elementos. Nunca entendieron el entor-
no nacional e internacional. Faltó lideraz-go en el secretario de Hacienda, Luis Vide- garay, que desatendió la economía desde el primer año.
“Pero al final de cuentas me parece que hicieron un mal diagnóstico de la si- tuación. No tenían claro, a cabalidad, las causas del bajo crecimiento económico en los últimos años. Hubo una desatención de la parte administrativa.
“En 2013 toda la atención estuvo en- focada en la aprobación de las reformas. Y ahí el secretario de Hacienda jugó un papel muy importante. Y eso me parece que fue crucial para entender lo que creo
que marca esta gestión y que de alguna manera está determinando la tendencia de este sexenio.
Y el punto nodal de la mala gestión económica, dice Esquivel, se dio en el errá- tico manejo del gasto público desde el primer año.
Las falacias de Videgaray
Autor del reporte Desigualdad extrema en
México; concentración del poder económi-co y política, editado recientemente por OXFAM y que mereció comentarios y aná- lisis en casi todos los medios, Gerardo Es- quivel insiste en que el responsable de un mal manejo y ejercicio del gasto público es Videgaray.
“Es inexplicable que alguien que había sido secretario de Finanzas en el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México ha- ya hecho lo que hizo. Dice el entrevistado: decidió ejercer los recursos del presupuesto de una manera inexplicablemente muy lenta y eso le metió un freno a la eco- nomía muy significativo en 2013.
“Y eso explica por qué ese año fue de tan bajo crecimiento. Una cosa realmente atípica, pues crecimos inclusive por debajo de Estados Unidos, lo cual no había ocu- rrido en muchos años.”
En suma, dice el economista, pesaron más los factores internos para hacer del primer año de gobierno un desastre econó- mico, “pero que tuvieron que ver con una mala gestión, una desatención de parte del secretario Videgaray –‘por su propio inte-
rés político, por vocación o por petición delpresidente de la República’–, que terminó generando una situación de desacelera- ción en 2013 y de crecimiento mediocre en los años subsecuentes”.
–¿No era necesaria la reforma energé- tica, la que se dijo era la madre de todas las reformas estructurales de Peña Nieto?
–Es un mal diagnóstico simplemente pensar que el sector petrolero puede ser la base del crecimiento de la economía. Siem- pre he creído que pensar que eso sea la pa- lanca de desarrollo es equívoco. Porque es un sector que es muy pequeño, compara- do con el tamaño de la economía mexica-
dente del subempleo” por la proliferación de las empresas outsourcing que realizan contratos individuales que no sólo viola-
ban la ley, sino que precarizaron el empleo ( Proceso 1747).
Las outsourcing de recursos humanos –las llamadas empresas de servicios– son un fenómeno mundial, dicen los entrevistados. Sólo que en México “venden carne humana barata” a los empresarios, pues ofrecen empleos temporales, constriñen los salarios, merman los derechos de los trabajadores, controlan la seguridad social, e imponen los llamados sindicatos de protección.
“Estas reglas de outsourcing son totalmente ignoradas por la autoridad, que renunció a aplicarlas porque esto no le gustó al sector empresarial y logró una ne-
gociación con las autoridades para que ‘se hicieran de la vista gorda’”, destaca Alcal- de. Este esquema se observa en todas las
ramas de la industria, los bancos, asegura- doras, servicios y en miles de empresas.
Trabajadores indefensos
Un ejemplo emblemático de lo que permite la reforma laboral es el caso de la automotriz BMW que llegará a San Luis Potosí en 2016, donde se construye la planta.
Sin embargo, desde 2014 la compañía firmó un contrato colectivo con un sindica- to de la Confederación de Trabajadores de México. El documento es un fraude, sostiene Bouzas, pues no hay trabajadores.
El 5 de septiembre de 2012, el Sindi- cato Independiente de Trabajadores de la
Industria Automotriz, Similares y Conexos Volkswagen de México firmó un contrato colectivo de trabajo con los directivos de Audi de México, desconocido para los trabajadores de la planta en el municipio San José Chiapa, Puebla.
En ese momento se estaba cocinando
la reforma laboral para legalizar la flexibi- lización del empleo y la subcontratación, pero el contenido del documento signado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) ya preveía las nuevas regulaciones para los futuros trabajadores, porque en él se indicaba que devengarían salarios por cuota diaria que sólo podrán modificar los patrones y el sindicato.
El miércoles 26, el diario Cambio de Puebla informó que 2 mil trabajadores de origen alemán, argentino y brasileño arribaron a San José Chiapa para incor- porarse como empleados de planta de la armadora Audi en las áreas de pintura y
ensamblaje. Hay casos más extremos. El más
reciente es la aprehensión de Gustavo Labastida, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Calzado Sandak, el lunes 17. Su falta fue plantarse afuera de esa empresa trasnacional, filial de Bata Internacional, en Tlaxcala hace tres años, para exigir la reapertura de la empresa. En esa ocasión salió tras el pago de una fianza de 44 millones de pesos.
Alcalde y Bouzas aseguran que el outsourcing es el cáncer para el empleo y ha sido “el hijo predilecto” de la política laboral del gobierno federal en los últimos años.
O c t a v i o G ó m e z
Navarrete Prida. Presunciones
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na, es un sector –todo el energético: petró- leo, gas, electricidad– que emplea a menos de 1% de la población.
“Es decir, es un sector que por mucho que crezca es muy difícil que arrastre a la economía en su conjunto. Es un sector desvinculado de la economía y pensar que incluso duplicando o triplicando
el sector en México, que sería ya una cosa descomunal, el impacto que tendría en la economía en su conjunto sería relativa- mente pequeño.
“Entonces, pensar que esa era la solu- ción a los problemas del país y que atraer inversión extranjera en ese sector –princi- palmente el petrolero–, que fue donde estuvo el énfasis de la reforma energética, pues es equivocado porque simplemente no va a atraer suficiente inversión extranjera para transformar realmente al país, por hacer que regrese a la senda del crecimiento.”
–Bueno, algo se vio en la primera fase de licitaciones de la Ronda Uno: de 14 blo-
ques sólo pudieron adjudicarse dos. –Sí, el poco interés se debió a que, pri-
mero, las condiciones del mercado petrolero no son las óptimas en este momen- to y, segundo, a que también puede ser el costo de una percepción, de parte de los inversionistas extranjeros, de problemas en el estado de derecho del país, y que ter- mina siendo más costoso para ellos invertir en esta economía, derivado de posibles actos de corrupción, de complicidades (entre funcionarios y empresarios), reales o no. Basta con que los individuos tengan esa sospecha para dejar de invertir.
“Ahora van a relajar las reglas, que me parece equívoco también. Puede resultar en un menor porcentaje para el Estado en las utilidades. El gobierno pedía 40% sobre las utilidades, no sobre los ingresos. Recordemos que de cada barril que pro- ducía Pemex, más o menos 75% se lo que-
daba el Estado, de todo el valor del barril de petróleo.
El dispendio fiscal de 2014
Ya entrado en el análisis de las reformas –de las que sin duda deberá informar Pe- ña Nieto, por escrito ante el Congreso y en
su discurso a la nación–, Gerardo Esquivel, encargado de la revisión técnica de la tra- ducción al español del libro El capital en el siglo XXI, del destacado economista fran- cés Thomas Piketty, publicado por el Fon- do de Cultura Económica, aborda la reforma fiscal.
Contrario a lo que dice la mayoría de los analistas, en el sentido de que dicha reforma resultó recesiva, que le quitó recursos a las familias y a las empresas, Es- quivel apunta:
“El problema no es la reforma fiscal. Eso es importante entenderlo. Porque en todo caso la reforma fiscal aumentó los
ingresos del gobierno en una fracción mucho menor de lo que aumentó el gasto. Y eso es importante entenderlo, porque mucha gente culpa al aumento en los im- puestos de la desaceleración económica. Pero recordemos que eso le dio recursos al gobierno y que lo que gastó el gobierno fue mucho más que eso.
“Es decir, la verdadera reforma fiscal de 2014 no fue la tributaria; fue el aumento en el gasto público y que fue básicamen- te un dispendio de recursos, mal ejercido nuevamente, donde el gasto no estuvo efi- cientemente ejecutado, que no estuvo in- vertido en obras de impacto económico y social significativo.
“Ahí es donde estuvo el problema. El gasto, en términos reales, creció en 2014 en 9%. Desde los setenta no teníamos un aumento del gasto tan significativo. Enton- ces, la reforma fiscal tuvo esa dimensión
tributaria –de aumentar los ingresos del gobierno a costa de los contribuyentes–, pero lo que entró en vigor y que fue más re- levante para entender lo que ha pasado recientemente fue el aumento en el gasto… que además fue un gasto improductivo.”
–La reforma financiera. El plan era hacer que los bancos prestaran más y más
barato; que se convirtieran en un verdadero apoyo a la economía nacional.
–Pues los bancos, comerciales y de desarrollo, ni prestan más ni más barato. La implementación de esa reforma ha sido desacertada: porque si el problema es que los bancos no prestan, lo que hay que hacer es cambiar los incentivos para que presten los bancos.
“Lo único que hizo la reforma financiera fue darle más poder de cobranza a los bancos. Fue la parte más significativa de la reforma, porque quiere decir que ahora los bancos pueden cobrar de muchas maneras un crédito. Si en un crédito al consumo un
individuo que no paga su tarjeta de crédi- to y tiene cuenta bancaria en otro banco, el banco puede demandar una intervención en la otra cuenta. Tienen mucha mayor capacidad para cobrar esos créditos.
“El problema es que no cambian los incentivos. Y los incentivos son, para la banca privada, prestar al consumo que paga más de 40% al año en tasas de interés; mientras que prestarle a una empresa privada puede ser 12% al año, con el riesgo de que la empresa no funcione. Los incentivos para la banca son muy claros: prestémosle al gobierno federal, a los gobiernos estatales y municipales; prestémosle al consumo y cobremos altas comisiones.
“Lo que hace falta en el país es darle crédito a las empresas. El más reciente reporte sobre el sistema financiero del Banco de México dice que el crédito a las empresas no subió, el número de empresas que recibieron crédito no subió. Subió el crédi- to total que recibieron las empresas, pero eso no es lo que se quería con la reforma. No quería que recibieran más crédito las mismas empresas que ya recibían crédito. En la reforma se supone que la idea era ex- pandir el crédito a otras empresas, las que hasta ahora no reciben.
“Mientras no cambien los incentivos–bajar comisiones, regular las tasas de in- terés de los créditos al consumo, etcétera– la banca va a seguir feliz extrayendo recursos de los usuarios de la banca, mediante comisiones y altas tasas de interés.”
Poco optimista es la conclusión del entrevistado:
“Si seguimos por el mismo camino, ob- tendremos los mismos resultados. Si seguimos haciendo lo que hemos estado haciendo en las tres décadas de bajo crecimiento, pues seguiremos teniendo bajo crecimiento, mucha desigualdad y una enorme expansión de la pobreza.”
O c
Carstens. Reporte preocupante
TERCER AÑO
derivan en caos
Los fracasos en materia de seguridad y justicia han des- plomado la credibilidad de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, el presidente mantiene casi intacto el “equipo” encargado de ambas áreas, cuyos integrantes están en- redados en un ambiente de discordias, confrontaciones, desconfianza e injerencias. Es el caso de la PGR, la Sede- na, la Secretaría de Gobernación y hasta la propia Presi-
dencia de la República... Todo un caos.
Eduardo Miranda
Seguridad: pugnas internas
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
L a discordia ha sido el signo del equipo de seguridad y justicia. Salvo el recambio que hizo en la CNS, el presidente Enrique Peña Nieto está decidido a mante- nerlo intacto a pesar de que las
confrontaciones y la desconfianza entre sus integrantes han puesto en entredicho a su gobierno.
Desde la frustración del proyecto presi-
dencial de crear una Gendarmería Nacio- nal hasta las respuestas a las violaciones a los derechos humanos que han marcado el sexenio, pasando por la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, el conflicto ha sido permanente entre las instancias encargadas de la seguridad y la procuración de justicia.
En el centro de la división está la Se- cretaría de Gobernación (Segob), a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, quien lo mis-
mo ha tenido desavenencias con la milicia –en particular con el secretario de la De- fensa Nacional, Salvador Cienfuegos, por el caso Ayotzinapa– que con altos funcionarios de la Procuraduría General de la Re- pública (PGR).
Las pugnas alcanzan a la propia Presi- dencia de la República. El titular de la Con- sejería Jurídica del Ejecutivo federal, Hum- berto Castillejos Cervantes, ha entrado en conflicto con la titular de la PGR, Arely Gó- mez, quien se queja de una injerencia del funcionario aprovechando no sólo su cer- canía con Peña Nieto, sino las relaciones que tejió en la PGR como asesor en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón.
La disputa más reciente al interior del equipo presidencial de seguridad y justicia es en torno a la matanza de los 42 presuntos delincuentes en el rancho El Sol, a manos de la Policía Federal (PF), ocurrida el 22 de mayo pasado y conocida como la masacre de Tan- huato, aunque el predio se encuentra en el municipio de Ecuandureo, Michoacán.
Contrario a la versión oficial de que se trató de un enfrentamiento con un gru-
po del Cártel de Jalisco Nueva Generación(CJNG), filtraciones gubernamentales a la prensa aseguran que fue una ejecución extrajudicial en aparente venganza por el ataque de esa organización a una fuerza combinada del Ejército y la PF en Jalisco que dejó 15 muertos.
“Es fuego amigo”, dice a Proceso un integrante del gabinete de seguridad. “Con la filtración le pegan al secretario Oso- rio Chong y al comisionado general de la PF, Enrique Galindo Ceballos. Pero lo peor es el daño que le están haciendo directamente al presidente en un tema que es vi- tal para su gestión”, agrega.
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La ofensiva contra la Segob y la Policía Federal se produce justo en momentos en que ambas, al igual que la Comisión Na- cional de Seguridad (CNS), el Cisen y el Ór- gano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social –los que también dependen de Gobernación–, son seriamente cuestionados por la fuga del
Chapo Guzmán del penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, el 11 de julio pasado.
Con las funciones de seguridad reabsor- bidas, tras la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública a propuesta de Peña Nieto, la Segob es la protagonista de los desencuentros, internos y externos. En lo inter- no, la PF está marcada por las disensiones debido al afán del secretario Osorio Chong de tener el control directo de la corporación, la cual conserva mandos que trabajaron para Genaro García Luna cuando fungió como secretario de Seguridad Pública.
El más importante de ellos hasta el
pasado jueves 27 era Monte Alejandro Rubido García, quien ostentaba la titu- laridad de la CNS. Su permanencia en el puesto era cuestionada desde la fuga de El Chapo, el 11 de julio, pues bajo su mando estaban los penales federales, incluida la videovigilancia.
Rubido apenas duró un año y cinco meses en el cargo, donde había relevado a Manuel Mondragón y Kalb. Ahora, como tercer hombre de Peña Nieto en la CNS, de la que también depende la Policía Federal, se encuentra el extitular de la Coordina- ción Nacional Antisecuestro, Renato Sa- les Heredia.
La primera gran discrepancia en el gabinete de seguridad ocurrió desde el ini-
cio de la administración de Peña Nie- to, cuando se trató de echar a andar la
propuesta de la campaña presidencial de crear una Gendarmería Nacional para que formalmente los militares dejaran de combatir a la delincuencia organizada en la calle y regresaran a sus cuarteles.
En la iniciativa, el componente cas- trense era clave. Pero Osorio Chong no pu- do entenderse con los secretarios de la Sedena, el general de división Salvador Cienfuegos, y de Marina-Armada de Mé- xico, el almirante Vidal Francisco Soberón.
De acuerdo con testimonios de involu- crados en las negociaciones recabados por Proceso (1970), ambos se resistieron a que los soldados y marinos que se incorpora- ran a la Gendarmería Nacional quedaran bajo el mando de civiles.
El Ejército y la Marina se hicieron a un lado del proyecto, simularon participar en la capacitación y volvieron a lo que han estado haciendo desde finales del sexenio de Vicente Fox, y de manera intensi- va en el de Felipe Calderón: combatir directamente a la delincuencia organizada.
El secretario de Gobernación, apoyado en Rubido García, tuvo que improvisar. En lugar de un nuevo cuerpo nacional de seguridad, fue agrandada la Policía Federal y se creó la División de Gendarmería de la
corporación. Choque Cienfuegos-Chong
Los desencuentros de Segob con la milicia continúan. El más significativo ocurrió a principios de año, cuando Osorio Chong anunció que el gobierno permitiría la entra- da de civiles a las instalaciones del 27 Bata- llón Militar, en Iguala, Guerrero, tal y como lo exigían los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos desaparecidos en esa ciudad hace 11 meses.
“Desde diciembre está abierta la posi- bilidad a la Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos de visitar exclusivamen- te el cuartel militar de Iguala”, declaró el
secretario de Gobernación el 15 de enero, dos días después de que padres de los normalistas desaparecidos intentaron entrar por la fuerza al cuartel militar para buscar a sus familiares.
La declaración de Osorio molestó en ex- tremo al secretario de la Defensa. En su oficina, en la Ciudad de México, reunido con mandos de la Sedena, fue enfático: “No, no van a entrar. De mí depende y de nadie más”, expresó golpeando su escritorio con el puño, según la descripción que hicieron al reportero allegados al Alto Man- do del Ejército.
La negativa del general rebasó al secretario de Gobernación, quien terminó por aceptar que ni siquiera ingrese a esas instalaciones el Grupo Interdisciplina- rio de Expertos Independientes de la Co- misión Interamericana de Derechos Hu- manos (CIDH), que a invitación del propio gobierno de Peña Nieto investiga la desa- parición de los normalistas.
El pasado 17 de agosto, el grupo internacional, a través del chileno Francisco Cox, anunció que en definitiva no entrevistarán a los elementos del 27 Batallón de Infante- ría que salieron a las calles de Iguala a inte- rrogar a normalistas luego de que sus com-
pañeros fueron detenidos y desaparecidos.La negativa de los expertos se debió a que el gobierno mexicano pretendía que la entrevista a los militares se hiciera a través de un cuestionario. “No vamos a entregar- les el cuestionario, no tendremos control de cómo ni qué responden”, dijo Cox en re- chazo a la posición oficial, derivada del hecho de que el general Cienfuegos doblegó al titular de la Segob.
Osorio Chong tiene abiertos frentes en la propia Secretaría de Gobernación, a causa de proponerse el control total del aparato de seguridad, tanto en su opera- ción como en las labores de inteligencia.
E d u a r d o
M i r a n
d a
Sales Heredia, el nuevo comisionado de Seguridad, con Osorio Chong
Cienfuegos. Desavenencia
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Primero puso a un incondicional en el Cisen, sin importar su falta de credencia- les para hacerse cargo del aparato de inteligencia civil del Estado mexicano. Euge- nio Ímaz Gispert es una hechura de dos exgobernadores de Hidalgo: el propio Oso- rio Chong y Jesús Murillo Karam, primer titular de la PGR de Peña Nieto y hasta el
jueves pasado secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Coordinador de asesores, contralor y secretario de Planeación y Desarrollo del gobierno de Osorio en Hidalgo, Ímaz tuvo durante su primer año de gestión en el Ci- sen, entre febrero de 2013 y mayo de 2014, a Frida Martínez Zamora, clave en el control de Osorio. Graduada y posgraduada en derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Martínez Zamora se ha convertido en un factor real de poder en la toma de decisiones económicas en materia de seguridad.
De asesora jurídica en el propio go-
bierno del estado, Martínez Zamora pasó a la Oficialía Mayor del gobierno de Osorio al frente del área de Recursos Materiales y Adquisiciones. Luego se hizo cargo de Ad- ministración y Finanzas del Cisen. Ahora controla los recursos de la Policía Federal. Lo que haga o deje de hacer la corporación depende de lo que ella autorice.
Con la categoría de secretaria general de la PF, ocupa el puesto de oficial mayor. Todo pasa por ella: la administración de los bienes materiales, las licitaciones, ad- judicaciones, contrataciones de bienes y servicios, el control de las finanzas y el de los recursos humanos. Lo que quiera hacer el comisionado general de la corpora- ción, Enrique Galindo, tiene que ser auto- rizado por la mujer que Osorio impuso en la Policía Federal.
Osorio también redujo el margen del comisionado Galindo en alianza con Mon- te Alejandro Rubido, quien mantuvo en la corporación a sus viejos aliados desde el Cisen y, sobre todo, al equipo de García Lu- na. El caso más significativo fue el del co- misario Ramón Pequeño García.
A pesar de su responsabilidad en la segunda fuga del Chapo Guzmán, por es- tar a cargo de la videovigilancia del je-
fe del cártel de Sinaloa, Pequeño Garcíafue removido de la División de Inteligen- cia, pero no separado de la corporación, a la que llegó de la mano de García Luna (Proceso 2020).
En su lugar, ingresó otro hombre de Osorio, Damián Canales, secretario de Se- guridad Pública del primero en Hidalgo. Con un reducido margen de acción, el comisionado general de la PF ahora sólo está en espera de que una vez consignados los funcionarios menores por la fuga de Guz- mán, Ramón Pequeño se haga cargo de la Policía Cibernética. Al menos esa era la in- tención hasta la salida de Rubido.
Los contrapesos en la PGR
Más grave aún es el caso de la PGR, no sólo por las confrontaciones que allí se libran, sino porque las diferencias llegan a la Pre- sidencia de la República. La titular de la PGR, Arely Gómez, hermana del vicepresidente de Noticias de Televisa, Leopoldo
Gómez, no acaba de tomar el control de la Procuraduría General de la República.
Aunque aspira a convertirse en la Fis- cal General de la República (FGR), cargo que, por ley, su titular deberá ocupar durante nueve años, la llamada “abogada de la nación” se mueve con desconfianza entre quienes toman las decisiones en la PGR.
Su primer contrapeso es el director en jefe de la Agencia de Investigación Crimi- nal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, el hombre de confianza de Peña Nieto para las inda- gatorias de la procuración de justicia en el Edomex.
El distanciamiento de Arely Gómez
respecto a la Presidencia de la República apunta directamente al consejero jurídico del Ejecutivo federal, Humberto Castille- jos Cervantes, a quien atribuye el nombra- miento de Felipe de Jesús Muñoz Vázquez como titular de la Subprocuraduría Espe- cializada en Investigación de Delincuen- cia Organizada (SEIDO).
La ascendencia de Castillejos en la PGR se atribuye a que el titular de la SEIDO tra- bajó con él en la misma Procuraduría Ge- neral de la República durante los gobiernos del PAN. Castillejos fue asesor del general en retiro Rafael Macedo de la Concha entre 2001 y 2005. Luego, entre 2006 y 2008, se desempeñó como coordinador de asesores del primer procurador del sexenio de Calderón, Eduardo Medina Mora, ahora ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Mientras Castillejos era el coordinador de asesores del procurador, Muñoz se desempeñaba como subprocurador de In- vestigación Especializada en Delitos Fede- rales, cargo que dejó para irse a trabajar con el mismo puesto en Edomex y luego como procurador general a Aguascalientes.
Para contrarrestar esa influencia y su- pervisar a Muñoz, Arely Gómez atrajo a su
oficina al extitular de la SIEDO (hoy SEI-DO) Noé Ramírez Mandujano, quien fue procesado en 2008 por el entonces procurador Medina Mora en la llamada “Opera- ción Limpieza”. Junto con los demás acu- sados por el ahora ministro de proteger en la PGR a la delincuencia organizada, Ra- mírez Mandujano consiguió la absolución de la justicia federal.
En la actualidad, Ramírez Manduja- no asesora a Arely Gómez. La procurado- ra nombró director general a quien fuera su asesor jurídico en el Senado, Christian Noé Ramírez Gutiérrez, hijo de Ramírez Mandujano.
Ella resiente otra injerencia, pero ésta desde la Segob. El subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales, José Alberto Rodríguez Calderón, fungió como procurador general de Justicia de Hidalgo en el gobierno de Osorio Chong, y antes de llegar a la PGR fue diputado federal del PRI por el mismo estado. Rodríguez Calderón
sustituyó a Mariana Benítez, quien actual- mente es diputada federal del PRI.
En “su equipo” tiene como subprocurador de Control Regional, Procedimien- to Penal y Amparo a Gilberto Higuera Bernal, quien fue colaborador de Muri- llo Karam en la Subsecretaría de Gober- nación, encargada de seguridad en el gobierno de Ernesto Zedillo. Higuera Bernal también fungió como procurador de Si- naloa y como subprocurador de Mace- do de la Concha en el gobierno de Vicen- te Fox.
Entre las pocas áreas de procuración de justicia bajo su control está la Subpro-
curaduría de Derechos Humanos, Preven- ción del Delito y Servicios a la Comunidad, donde designó en mayo pasado a Eber Omar Betanzos Torres, con quien coinci- dió en la década pasada en la oficina del entonces presidente de la SCJN, Mariano Azuela Güitrón.
TERCER AÑO
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A
lejadas de la agenda de En- rique Peña Nieto durante los
dos primeros años de gobier-no, las violaciones a los derechos humanos cobraron re- levancia a partir del segundo
semestre de 2014. La luna de miel del mandatario con los
medios extranjeros durante sus dos primeros años de gestión se agotó cuando salieron a la luz las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, Estado de México, y la desaparición de 43 normalistas de Ayotzi- napa en Iguala, Guerrero.
A esos hechos oprobiosos se sumaron las masacres de Apatzingán y Ecuandu- reo, en Michoacán este 2015. Luego vinie-
Al unísono, defensores de derechos humanos dicen
que México es un país de impunidades, sobre todo en esta materia. Y enumeran los agravios acumulados en los últimos meses: Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán, Ecuandureo, Ostula, Calera... Frente a este tsunami de sangre, ejecutados, desaparecidos, desplazados por trata de personas e incremento de actos de tortura que dejó Felipe Calderón, el presidente Enrique Peña Nieto está revolcado en esa ola.
GLORIA LETICIA DÍAZ
G e r m á n C a n s e c o
Derechos humanos:
Impunidad eterna
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ron las ejecuciones en Calera, Zacatecas, y los actos de represión en Ostula. En todos ellos han participado fuerzas federales de seguridad.
Defensores de derechos humanos ymiembros de grupos de trabajo de la Or- ganización de las Naciones Unidas (ONU) sostienen que la figura de Peña Nieto se resquebrajó ante su incapacidad de reno- var el modelo de seguridad sostenido por su antecesor, Felipe Calderón Hinojosa, que tiene a las fuerzas castrenses como fundamento de la política de combate al narcotráfico y de control social.
Aunado a ello, la figura presidencial se resquebrajó aún más con las posicio- nes reacias al escrutinio internacional ante los informes del Comité contra la Des- aparición Forzada y del relator especial
contra la tortura, Juan Méndez, expuestas en el último año de gobierno peñanietista.
La tragedia humanitaria no ha para- do, comentan a Proceso Santiago Corcue- ra Cabezut y José Antonio Guevara Bermú- dez, integrantes de los grupos de trabajo de la ONU sobre desaparición forzada y sobre detenciones arbitrarias, respectiva-
mente, así como los directivos del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y de la Red de Organismos Civiles de De- rechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, Mario Patrón Sánchez y Fernando Ríos Martínez.
“El baño de sangre y los datos de desaparecidos y de personas desplazadas se han agravado en los últimos tres años”, señala Corcuera. Eso sólo se explica, dice, por la decisión de Felipe Calderón Hi- nojosa de utilizar a las Fuerzas Armadas en labores de persecución del crimen organizado, que ya tenía el control, o casi, de poblaciones y municipios”. Vicente Fox,
aclara, no quiso enfrentar el problema. Maestro en derecho por la Universi-
dad de Cambridge, Inglaterra, y perito en el litigio contra México ante la Corte In- teramericana de Derechos Humanos en el caso de la desaparición forzada del gue- rrerense Rosendo Radilla –atribuida al Ejército durante la guerra sucia–, Corcue- ra lo admite:
“Frente a este tsunami de sangre, de ejecutados, desaparecidos, desplazados de trata de personas e incremento de tortura que deja Calderón, el presidente Pe- ña Nieto está revolcado en esa ola, y no ha podido o no ha querido cumplir su promesa de cambiar la estrategia de seguridad.”
Catedrático de la Universidad Ibe- roamericana e Integrante del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU desde 2004, Cor- cuera insiste en que mantener al Ejército en las calles es fuente de graves violaciones a derechos humanos.
Memorial de agravios
En el sexenio de Calderón, dice Santiago Corcuera, “empezaron las ejecuciones extrajudiciales y se malacostumbró al Ejér-
cito a realizar esos operativos. Lo malo esque no han cesado las masacres”. Y alude a los 22 muertos de Tlatlaya:
“eso demuestra que el Ejército no es ca- paz de controlar su violencia y hace un uso excesivo de la fuerza”; la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre: “falta aún escla- recer la participación del Ejército”; la masacre de 16 civiles en Apatzingán la Noche de Reyes de este 2015 y los 42 muertos en Ecuandureo, el 22 de mayo pasado: “dicen que actuaron elementos de la Policía Fe- deral, pero a lo mejor eran soldados”.
José Antonio Guevara Bermúdez, inte-
grante del Grupo de Trabajo sobre Desapa- riciones de la ONU, coincide con Corcuera. Para él, el estancamiento de la política de seguridad ha derivado en graves violaciones a los derechos humanos. Ante ello, las autoridades minimizan los hechos, como en el caso de Tlatlaya, en el de Ecuandu- reo, donde todo apuntaba desde el princi-
pio hacia las Fuerzas Armadas y la Policía Federal, respectivamente.
Director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de De- rechos Humanos (CMDPDH), Guevara Ber- múdez apunta que más allá de los tropie- zos políticos de la actual administración, las cifras de la violencia revelan que la estrategia de seguridad no ha cambiado durante la gestión de Peña Nieto.
“Entre 2006 y 2014 se presentaron 4 mil 55 denuncias de tortura ante la Procu- raduría General de la República (PGR), de las cuales mil 273 son atribuibles a militares –resalta–. Contamos con cifras conser-
vadoras de 24 mil 851 desaparecidos, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas, 281 mil 418 desplazados in- ternamente por la violencia; 8 mil 595 personas detenidas arbitrariamente bajo la figura del arraigo tan sólo a nivel federal.”
De acuerdo con los datos obtenidos por Guevara y la CMDPDH a través de di- versas solicitudes de información públi- ca, a los datos duros de la tragedia, agrega que habría que alertar sobre “27 asesinatos y ocho casos de desaparición forzada contra defensoras de derechos humanos y más de 80 periodistas asesinados y 17 desaparecidos”. Todo está documenta- do, dice.
Ministro de Asuntos de Derechos Hu- manos de la Misión Permanente de Méxi- co ante la ONU en Ginebra de 2006 a2009,
B e n
j a m
Corcuera. Baño de sangre
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Guevara sostiene que, en el ámbito internacional, la política de derechos humanos de la administración de Peña Nieto es con-
siderada regresiva. Muestra de ello, dice, son los desagui-
sados con el Comité sobre Desapariciones Forzadas y con el relator especial sobre tortura, Juan Méndez, en los que el gobierno de Peña Nieto confrontó las conclusiones de ambas instancias que describían a Mé- xico como un país donde las desapariciones y la tortura son delitos generalizados.
Otra pifia más de la administración de Peña Nieto es el retiro inopinado de la candidatura de Miguel Sarre para el Comi- té contra la Tortura para imponer a Claude Heller, “un diplomático sin experiencia en materia de tortura”, refiere Guevara.
Tras recordar que en diciembre pasado la cancillería intentó influir para que la Corte Penal Internacional no abra una in- vestigación contra México, el director ejecutivo de la CMDPDH considera que “son señales muy claras del pensamiento oficial del gobierno de Peña Nieto sobre có- mo percibe los derechos humanos y cómo trata de controlarlos”.
Mario Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), sostiene que los casos graves registrados en el últi- mo año pusieron al gobierno de Peña Nie-
to en el centro de la mirada internacionaly son, también, el resultado de su “visión electorera”.
Parte de la defensa de los familiares de las víctimas de Tlatlaya y Ayotzinapa, Pa- trón Sánchez sostiene que la reacción de Peña Nieto en esos asuntos estuvo moti- vada precisamente por una gran presión internacional y no por algún interés en es- clarecerlos y castigar a los culpables.
La presión internacional
A 11 meses de la desaparición de los normalistas en Iguala, en víspera de que el
Grupo Interdisciplinario de Expertos Inde- pendientes (GIEI) creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) rinda su sexto informe, Patrón Sán- chez reflexiona que “fue el momento políti- co” que obligó a Peña Nieto a tomar el caso.
“Era claro que al gobierno federal no le importaba la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa porque ocurrió en un estado gobernado en ese momento por el PRD; es decir, por la oposición. Por eso es que dura más de ocho días en incorpo- rarse al caso, y lo hace porque se le empieza a revertir el costo político por la presión internacional”, considera.
La desaparición forzada de los 43 normalistas sólo se explica por “el contubernio y aquiescencia entre el poder político y el crimen organizado”, sostiene Patrón.
Recuerda que entre octubre y noviembre de 2014, cuando México firmó el con- venio de colaboración con la CIDH, “el gobierno de Peña Nieto estaba expuesto a un escrutinio internacional durísimo y a una crítica porque se empieza a revelar su incapacidad para investigar un caso como el de Ayotzinapa, y es en ese contexto de debilidad política que dice sí a la asistencia técnica internacional, probablemente si se hubiera solicitado en febrero o marzo, el gobierno de Peña Nieto se hubiera negado”.
Con respecto a las 22 muertes de Tla-
tlaya a manos del Ejército, detrás de lascuales hubo la orden de “abatir” delincuentes, como lo demostró el Centro Prodh al revelar las indicaciones que lle- vaba el mando militar que encabezó el operativo el 30 de junio del año pasado, Patrón resalta que el caso acaparó reflec- tores por la influencia de Estados Unidos, lo que obligó a Peña Nieto a salir al paso de los cuestionamientos:
“Todo fue por una presión internacional muy vinculada con los Estados Unidos, porque fondos de la Iniciativa Mérida se destinaron al 102 Batallón, al que pertene- cen los soldados que operaron en Tlatlaya.”
A la mitad del sexenio de Peña Nieto y con tragedias humanitarias ocurridas en el último año, el panorama se avizora desolador, sobre todo para los defensores de derechos humanos, considera Fernan- do Ríos Martínez, secretario ejecutivo de la Red TDT, en la que confluyen 72 organizaciones sociales de 21 estados del país.
Responsable de la publicación Ante la adversidad y la indignación: La construcción colectiva. Agenda política 2015-2020, que se- rá presentada el próximo 2 de septiembre, Ríos Martínez asegura que si bien Peña Nie- to no modificó la política de seguridad de Felipe Calderón, concentrada en la actua- ción de las fuerzas armadas, el enfoque es distinto, está dirigido a respaldar las reformas neoliberales como la energética.
“Notamos un incremento de la mili- tarización en función del control de los megaproyectos –apunta–. No es raro que ahora los gendarmes cuiden los proyectos turísticos, carreteros, mineros, eólicos, y
es una expresión de control social.” Es sintomático, dice, que pese a un su-
puesto decremento del número de homicidios –“de los 27 mil asesinados en 2012, ahora resulta que en 2014 hay 19 mil”– se agravaron las expresiones de crueldad y se focalizaron.
Aunque admite que la difusión de casos graves como Ecuandureo, Apatzin- gán y Tlatlaya han hecho que la comunidad internacional mire hacia México, Ríos Martínez apunta: “Creemos que el crimen organizado en contubernio con el Estado se ha expandido de manera significativa. Podemos decir que no es cuestión de re- giones que estén especialmente asoladas por el crimen organizado, sino que han tenido una funcionalidad”.
Esa circunstancia, advierte, coloca en una posición de mayor riesgo a “los defensores de derechos humanos que somos vistos como enemigos públicos del pro- greso. Cada vez nos vemos más amena- zados al denunciar estas violaciones co- tidianas y sistemáticas de los derechos humanos”.
Y pone ejemplos: el reciente informe del Comité Cerezo, organización afiliada a la Red TDT, del 1 de junio de 2014 al 31 de
mayo de 2015 contabilizó 860 agresionesa defensores de derechos humanos, in- cluidas 47 ejecuciones extrajudiciales y 52 desapariciones forzadas.
Ríos admite que ante el proyecto pri- vatizador de la actual administración, la situación no será fácil para los defensores.
“Es claro que los defensores comuni- tarios se encuentran en una mayor vul- nerabilidad –dice–. Primero, porque se encuentran bajo la lupa de grandes empresas nacionales y trasnacionales que pretenden despojarlos, y porque utilizan un enorme poderío económico y político en un país donde prevalece una gran impunidad”.
R a
f a e
l d e
l R í o / P r o c e s o
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E
l discurso del “México en paz” y la ausencia de una estrategia pública e integral de combate al narcotráfico y al crimen organizado en la administración
de Enrique Peña Nieto han re- dundado en un incremento de los asesinatos, producto de la violencia y la inseguridad en el país.
En los primeros 32 meses del regreso del Partido Revolucionario Institucional a Los Pinos suman 57 mil 410 los homicidios dolosos.
Si comparamos estas cifras con el periodo correspondiente a los primeros 32 meses del sexenio del panista Felipe Cal- derón Hinojosa o con sus tres últimos años de gobierno, la cifra de Peña Nieto supera el pasado inseguro.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó 33 mil 347 averiguaciones previas por homicidio doloso entre el 1 de diciembre de 2006 y el 31 de julio de 2009; es decir, en los primeros 32 meses del caldero- nato. La misma institución registró 47 mil 988 averiguaciones previas y víctimas por homicidio doloso del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2015, los primeros 32 meses del actual sexenio.
De poco le ha servido al gobierno de Enrique Peña Nieto reiterar que durante su gestión las cifras de los homicidios han ido a la baja. Su discurso en ese sentido no se sustenta en la realidad, según documenta el semanario Zeta , de Tijuana, en la edición que comen- zó a circular de manera simultánea a este número de Proceso. A partir de cifras recabadas en varias instituciones públicas del país, el equipo de periodistas tijuanenses comprobó que durante los primeros 32 meses de gestión peñanietista ha habido 57 mil 410 homicidios dolosos. Así llega el mexiquense a su tercer informe de gobierno. Estos son los resultados de la investigación de Zeta.
ENRIQUE MENDOZA HERNÁNDEZ Y ADELA NAVARRO BELLO/ SEMANARIO ZETA
M a r g a r i t o P é r e z / P r o c e s o f o t o
32 meses:
57,410 asesinatos
TERCER AÑO
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Al llegar ambos mandatarios a su tercer informe de gobierno, oficialmente Pe- ña Nieto supera a Calderón con 14 mil 641 asesinatos intencionales.
Asimismo, mientras que Zeta documen- tó en el sexenio de Calderón 83 mil 191 ejecuciones, en el de Peña Nieto fueron 57 mil 410 sólo en 32 meses; es decir, de mantener- se el promedio de mil 794 asesinatos men- suales, el mandato peñista registraría alrededor de 130 mil asesinatos intencionales.
Pero si equiparamos los primeros tres años de la administración de Peña con los últimos tres de Calderón, considerando que la inseguridad arreció al final del sexenio pasado, la administración priista tampoco sale bien parada.
De 2010 a octubre de 2012, el último trienio de Calderón, se contabilizaron 61 mil 775 asesinatos relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico. Duran- te los 32 meses de Peña, de diciembre de 2012 a julio de 2015, los muertos han caí- do por cientos hasta llegar a 57 mil 410; si se considera el promedio de mil 800 homicidios dolosos por mes, para octubre de
2015 sumarían 62 mil 810 los ejecutados,y para diciembre se situaría en 66 mil, so- brepasando la cifra acumulada en el últi- mo trienio de su antecesor.
La diferencia en la política de combate a la inseguridad entre ambos gobiernos es sustancial. La seguridad fue el eje del sexenio de Calderón; las reformas lo han sido en el de Peña. Ni una ni otra han funcionado.
Peña supera a Calderón
Al comparar las estadísticas oficiales del SESNSP, durante los primeros 32 meses de los gobiernos de Calderón y de Peña, en
vísperas del tercer informe de gobierno, el priista superó al panista.
Los ejecutados en lo que va del pre- sente gobierno se resumen así:
–2012: 2 mil 325 (únicamente el mes de diciembre, dado que Peña tomó pose- sión el día 1 de ese mes)
–2013: 23 mil 928 –2014: 20 mil 276 –2015: 10 mil 881 (hasta julio de 2015) Total: 57 mil 410. Si se considera el promedio de ejecu-
ciones por mes en la República (mil 800), al finalizar 2015 la cantidad de homicidios dolosos sería similar a la de 2014.
En los números se refleja que la apre- hensión de las cabezas criminales –parte de la estrategia del gobierno federal para combatir a las organizaciones criminales– no disminuye la inseguridad ni la violencia en el país.
Joaquín El Chapo Guzmán Loera, re- capturado en febrero de 2014, año en que las ejecuciones, aun por debajo de las de 2013, registraron una cifra alta: 20 mil 276. Con la fuga de Guzmán, el 11 de julio pasado, el año concluirá con números similares en materia de ejecuciones.
La retirada de las Fuerzas Armadas de
retenes, puntos de revisión y patrullaje en carreteras federales y ciudades del país tampoco incidió en una disminución en el número de asesinatos. Lo que sí ha varia- do en el sexenio peñista es la movilidad de la violencia.
En la pasada administración, la san- grienta guerra de cárteles y delincuentes organizados estaba en el norte del país; en la actual, la inseguridad se mudó al centro y al sureste. Sinaloa y Baja California salieron de los primeros cinco sitios de estados con mayor violencia, y entraron Jalis- co y Michoacán.
Los 57 mil 410 ejecutados en los pri-
meros 32 meses del gobierno de Peña Nie- to es producto de una investigación reali- zada por Zeta a partir de los registros del SESNSP, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las procuradurías estatales, institutos forenses, asociaciones civiles y estadísticas municipales de medios de comunicación y otras autoridades.
Se consideran como homicidios dolosos las ejecuciones, los asesinatos en en- frentamientos armados, los homicidios- agresiones, los asesinatos intencionales en reyertas por narcomenudeo, los cuerpos amorfos o irreconocibles localizados en narcofosas, así como los que fueron in- cinerados, desmembrados, desollados o colgados.
Ocultamiento de cifras
La cuna del peñismo, el Estado de México, es donde más asesinatos se registraron en los primeros 32 meses de gobierno de Pe- ña Nieto. La entidad ocupa el lugar núme-
Las es tadí s ticas de “Ze ta”
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ro uno de la lista en la investigación de Ze- ta, con 7 mil 771 homicidios dolosos. De continuar al promedio, superará los 16 mil ejecutados que durante el sexenio pasado ubicaron a Chihuahua en ese deshon- roso lugar.
La impunidad en México, principal factor que permite a los sicarios de los cárteles
de la droga y de las organizaciones criminales continuar con las matanzas, ubica a los siguientes estados como los más violentos:
En segunda posición, Guerrero, con 5 mil 242 homicidios dolosos; Chihuahua en la tercera, con 4 mil 742; Jalisco en la cuarta, con 3 mil 492, y Michoacán con 3 mil 304.
En contraparte, los que registran menos asesinatos intencionales son: Aguas- calientes, 123 en el periodo mencionado; Yucatán, 133, Campeche, 195; Tlaxcala, 223, y Baja California Sur, 247.
Hasta ahora, el gobierno de Peña Nieto no ha podido bajar la incidencia delictiva re- lacionada con los homicidios dolosos, aun-
que lo pregonó durante su campaña y en los primeros meses de su administración.
Al inicio gozó del beneficio de la duda de los más escépticos ante la promesa de que “en un año” su gobierno empezaría a ofrecer resultados de su “estrategia” contra la inseguridad, sobre todo en la dismi- nución de los delitos de alto impacto, como los homicidios dolosos.
Lamentablemente, la “estrategia” del sexenio priista durante estos primeros 32 meses se ha centrado en repetir que la “incidencia delictiva” va a la baja o que se ha “reducido a su mínima expresión”.
En 2013, por ejemplo, Peña Nieto de- claró en el Foro de Davos, Suiza:
“Ha habido una disminución real en el número de homicidios que se cometen en nuestro país, una disminución de prácti- camente 30% de homicidios vinculados al crimen organizado, lo cual nos resulta alentador.”
Al año siguiente, el 29 de julio, Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secreta- ría de Gobernación, declaró: “La violencia se ha reducido a su mínima expresión”.
Y en 2015 continúa la misma perora- ta: “Sin duda, los niveles de violencia que se están registrando están disminuyendo,
sobre todo los homicidios y secuestros”,declaró Peña Nieto el 11 de junio en una entrevista con la agencia EFE en Bruselas, sin respaldar su dicho con estadísticas.
Pero la campaña de imagen en las en- trevistas a medios extranjeros no ha funcionado del todo; los datos duros reflejan lo contrario de la versión oficial. La realidad es que, en términos globales, las ejecuciones van en aumento.
Peña Nieto llega a su tercer informe de gobierno ignorando el verdadero problema de la violencia que se evidencia todos los días.
La comparación de las estadísticas del
SESNSP con la información que le pro- porcionaron a Zeta los institutos forenses del país, así como las procuradurías y fiscalías, unidades de servicios pericia- les, registros periodísticos de los estados y asociaciones civiles de familiares de las víctimas, este semanario documentó 57 mil 410 homicidios dolosos en 32 meses
del gobierno de Peña Nieto. La cifra incluye “ejecuciones”, “enfren-
tamientos”, “homicidios-agresiones”, los homicidios dolosos producto del narcomenudeo y hasta aquellos cuerpos amorfos e irreconocibles de los que “no hay de- nuncia”, según argumentan funcionarios de las procuradurías y fiscalías al referirse a los desenterrados de narcofosas, incine- rados y desmembrados, porque “nadie re- clama los cuerpos”, como declaró un funcionario de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.
Una de las conclusiones de la investi- gación de Zeta es que el gobierno de Peña
Nieto sigue ocultando el número real de asesinatos intencionales: El secretariado ejecutivo informa sólo de 47 mil 988 homicidios dolosos, entre víctimas y averiguaciones previas, cometidos entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de julio de 2015.
Zeta documentó 57 mil 410 homicidios intencionales; lo que significa que el gobierno federal oculta por lo menos 9 mil 422 ejecuciones.
A pesar que desde 2014 el SESNSP, de- pendiente de la Secretaría de Gobernación, empezó a registrar víctimas de homicidio doloso –en años anteriores sólo reportaba averiguaciones previas que contenían uno o más asesinatos intencionales–, las cifras del gobierno de la República son inferiores a las del Inegi.
El instituto registró 19 mil 669 homicidios dolosos ese año, mientras el secretariado ejecutivo mencionó 17 mil 324 víctimas; es decir, el gobierno federal no reconoció por lo menos 2 mil 345 asesinatos intencionales.
En julio último, el Inegi informó que obtuvo sus estadísticas a partir de las de- funciones que registran las 4 mil 799 ofi- cialías del Registro Civil y las mil 185 agencias del Ministerio Público cada mes;
en tanto, el secretariado ejecutivo sólo va-ció la información enviada por las procu- radurías y fiscalías de las 32 entidades sin verificar si eran correctas.
Estado de México, el terror
Durante el sexenio de Felipe Calderón, Chihuahua fue el estado más violento: 16 mil 467 ejecuciones, según documentó Ze- ta. En el de Peña Nieto, el Estado de Méxi- co, gobernado por el priista Eruviel Ávila, es ya la entidad federativa más sangrien- ta, con 7 mil 771 homicidios intencionales en apenas 32 meses.
En el sexenio calderonista, el Estado de México, que ocupó el cuarto lugar en ejecuciones –4 mil 532–, desplazó a Chi- huahua, Sinaloa y Guerrero en los primeros 32 meses de gestión peñista.
La otras entidades federativas más sanguinarias son: Guerrero, con 5 mil 242 homicidios dolosos; Chihuahua, con 4 mil
742; Jalisco, con 3 mil 492, y Michoacán, con 3 mil 304.
Uno de los casos más emblemáticos por su inseguridad es el de Veracruz, gobernado por Javier Duarte de Ochoa, co- rreligionario de Peña Nieto. Al término del sexenio de Felipe Calderón, Veracruz ocu- pó el lugar número 16, con mil 714 ejecuciones entre el 1 de diciembre de 2006 y el 30 de noviembre de 2012.
En los primeros 32 meses de la admi- nistración peñista Veracruz se ubica en el décimo lugar de los estados más violentos, con 2 mil 189 homicidios dolosos, só- lo superado por el Estado de México (7 mil
771), Guerrero (5 mil 242), Chihuahua (4 mil 742), Jalisco (3 mil 492), Michoacán (3 mil 304), Sinaloa (3 mil 119), Distrito Fede- ral (2 mil 831), Tamaulipas (2 mil 465) y Ba- ja California (2 mil 244).
Hoy, Veracruz es claro ejemplo de opa- cidad en materia de estadísticas sobre los homicidios dolosos. Duarte sólo informó al secretariado ejecutivo acerca de mil 786 averiguaciones previas y homicidios dolosos entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de julio de 2015.
Zeta documentó 2 mil 189 en el mismo periodo; es decir, la administración de Duarte no reportó en ese lapso por lo menos 403 asesinatos intencionales.
D a v
/ P r o c e s o
f o t o
Ciudad de México. Inseguridad
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Pese a que Enrique Peña Nieto y Rosario Robles reconocieron a lo largo del mes que la política gubernamental para abatir la pobreza fracasó en su objetivo, lo cierto es que sí hubo beneficios para muchos: funcionarios de
la Sedesol o la Sedatu. Por ejemplo, éstos aprovecharonsus puestos como escaparates para ganar elecciones, utilizaron sus influencias para obtener plurinominales o, de plano, como se sospecha en ciertos casos, des- viaron el presupuesto para algunas campañas.
MATHIEU TOURLIERE
T anto Enrique Peña Nieto como la hasta hace poco titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlan- ga, reconocieron el último mes que la política social del gobier-
no fracasó en su propósito de reducir la pobreza en el país, aunque apuntan que contuvo su agravamiento y la volvió más aceptable para los “más pobres de los más pobres”.
Sin embargo, mientras 2 millones de mexicanos se hundían en la pobreza entre 2012 y 2014, algunos funcionarios aprove- charon sus cargos en el manejo de la polí-
Desarrollo social:
M i r a n
d a
tica de desarrollo –que suma más de 5 mil programas federales, estatales y municipales– para satisfacer sus ambiciones po- líticas y conseguir diputaciones en la LXIII Legislatura, que arrancó este sábado 29.
Uno de ellos es el priista coahuilense Ja- vier Guerrero García, subsecretario de De- sarrollo Comunitario y Participación Social
desde 2013 y brazo derecho de Robles en la Sedesol. En octubre de 2014 y a petición de Enrique Peña Nieto, este exdiputado federal y excolaborador de los gobernadores Enri- que Martínez y Rubén Moreira fue enviado a Guerrero a coordinar, en nombre de la Sede- sol, la reconstrucción del estado y la aplica- ción de la Cruzada Nacional Contra el Ham- bre (CNCH).
Cinco meses después fue nombrado delegado general del CEN del PRI en Gue- rrero y se sumó a la campaña del aspiran- te tricolor a la gubernatura, Héctor Astudi- llo Flores, quien recuperó el estado de las manos del PRD el 7 de junio.
Ahora Guerrero García ocupará una vi- cecoordinación en San Lázaro.
Otro alto funcionario priista que ganó una diputación federal plurinominal es Jorge Carlos Ramírez Marín, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial (Sedatu) hasta febrero pasado, cuando Peña Nieto lo sustituyó con el ex- procurador Jesús Murillo Karam.
Su subsecretaria de Desarrollo Agrario, Georgina Trujillo Zentella, también fue pre- miada con una plurinominal por el tricolor. Ambos tendrán sendas vicecoordinaciones a su cargo en la Cámara de Diputados.
La Sedatu, dependencia creada en 2013 por Peña Nieto, disponía de un presupues- to de más de 26 mil millones de pesos en 2014; de esos, 22 mil 904 millones se destinaron a subsidios para la construcción y la mejora de viviendas de la población margi- nada del país.
En 2015 la asignación de recursos a la dependencia se redujo a 22 mil millones de pesos, de los cuales 18 mil millones se orientaron a los subsidios.
Yolanda de la Torre, exdelegada federal de la Sedatu en Durango, forma parte de la lista de diputados plurinominales del PRI. La reemplazó el exdiputado priista –fe-
deral y local– José Ricardo López Pescador,quien hasta finales de junio pasado super- visaba los contratos en la Unidad de Mine- ría de la Se

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