petroleo y desarrollo sostenible en ecuador

Petróleo y desarrollo sostenible en Ecuador

2. Las apuestas

Guillaume Fontaine, coordinador


2. Las apuestas

© De la presente edición:FLACSO, Sede EcuadorPáez N19-26 y Patria, Quito – EcuadorTelf.: (593-2-) 2232030Fax: (593-2) 2566139www.flacso.org.ec

ISBN: 9978-67-090-4Coordinación editorial: Alicia TorresCuidado de la edición: Paulina TorresDiseño de portada e interiores: Antonio MenaImprenta: RISPERGRAFQuito, Ecuador, 20041ª. edición: octubre, 2004

Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

IntroducciónPetróleo y desarrollo sostenible en la Amazonía: apuestas para la gobernabilidad democrática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Guillaume Fontaine

Capítulo IApuestas del caso Texaco

Los pasivos de la industria petroleraA propósito del juicio a la Texaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Fander Falconí Benítez

El juicio a Chevron TexacoLas apuestas para el Ecuador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Luis Yanza

Petróleo y medio ambiente en el Ecuador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45Ramiro Gordillo

Capítulo 2Apuestas de la política petrolera

Contratación petrolera ecuatoriana 1972-2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57Luis Alberto Aráuz

Importancia del petróleo en el Ecuador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67José Gordillo Montalvo

Metodologías de relacionamiento comunitario no ortodoxas:análisis político para abordarlas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75Iván Narváez

El papel del Ecorae en la región amazónica ecuatorianaUn ejemplo de crisis de gobernabilidad democrática en el Ecuador . . . . . . . . . . 91Karen Andrade

Índice

Capítulo 3Apuestas de los derechos territoriales

Propiedad de la tierra y riqueza del subsueloUn rezago colonial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109Edmundo Guerra

Derechos territoriales frente a las actividades petroleras . . . . . . . . . . . . . . . . . 121César Andy

Avances en el tema del derecho territorial indígenaen el ámbito internacional y específicamente en laOrganización de las Naciones Unidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127Alexis Tiouka

Derechos territoriales frente a las actividades petroleras:un reto para la gobernabilidad democrática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135Liliy La Torre López

Situación de los derechos territoriales indígenasen la Amazonía venezolana en el contexto de lagobernabilidad democrática actual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145Vladimir Aguilar Castro

El problema de la titulación de tierras en Pastaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149Bolívar Beltrán

Para entender el conflicto entre Sarayacu, Estado y empresas operadoras del bloque 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153Víctor López A.

Capítulo 4Apuestas de la consulta previa

Pronunciamiento sobre la consulta previa en los bloques 20 y 29 . . . . . . . . . . 173Frente de comunidades kiwchas de Rukullacta, Asociación Kallari, RICANCIE, REKOCA y cantón Archidona

La consulta previa petrolera - Bloques 20 y 29 de la Amazoníaecuatoriana: entre el desafío y la nostalgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187Xavier Izko

Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

Anexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

Presentación de autores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

Este volumen, segundo de una trilogía dedicada a la relación entre petróleoy desarrollo sostenible en Ecuador, es el producto de la confluencia de treslíneas de trabajo que se desarrollaron en el marco del Programa de EstudiosSocio Ambientales de FLACSO, en el año académico 2003-2004. En pri-mer lugar, recoge las mejores ponencias presentadas en el segundo ciclo deforos organizados por el Observatorio Socio Ambiental sobre esta proble-mática. En segundo lugar, refleja los primeros resultados de una investiga-ción del equipo, sobre el papel de la sociedad civil en la gobernabilidad de-mocrática, en relación con los megaproyectos extractivos en la Amazoníaandina. Por último, acompaña el esfuerzo que dedicamos a la formación delíderes indígenas amazónicos, a través del Diploma superior en derechos in-dígenas y recursos hidrocarburíferos, organizado conjuntamente con laCoordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COI-CA), con el auspicio del Ministerio Federal para la Cooperación y el Desa-rrollo de Alemana, InWEnt, Alianza del Clima y el Fondo Indígena.

Adrián BonillaDirector

FLACSO - Sede Ecuador

Presentación

El desarrollo sostenible como apuesta para la gobernabilidad democrática

Para la Amazonía ecuatoriana, el siglo XXI será marcado por la confronta-ción entre partidarios de la expansión de las actividades extractivas y aque-llos que quieren limitarlas para incentivar la conservación – tanto en los te-rritorios indígenas como en las áreas protegidas. Es característico de estatendencia, la multiplicación de los conflictos ambientales en la región en laúltima década: oposición de los shuaras y achuaras a Burlington Inc. en elbloque 24 (Morona Santiago y Pastaza), enfrentamientos entre las comuni-dades quichuas de Sarayaku y CGC-SanJorge en el bloque 23 (Pastaza), re-chazo a la consulta prelicitatoria de los bloques 20 y 29 por parte de un gru-po de comunidades quichuas del Napo y Pastaza, inicio de un conflicto con-tra Petrobras en el bloque 31 (Orellana), etc. El telón de fondo de estos con-flictos es la contaminación crónica y masiva en las provincias de Sucumbíosy Orellana que, además del juicio contra Chevron-Texaco, ha dado lugar amúltiples microconflictos con Petroecuador.

Desde el punto de vista del Estado ecuatoriano, no cabe duda de queesta situación incide negativamente sobre la política energética, en particu-lar porque determinó el fracaso de la novena ronda de licitaciones de blo-ques petrolíferos (declarada desierta en dos oportunidades). A ello cabe aña-dir las dificultades encontradas para la reforma de la Ley de Hidrocarburos,la reversión de la baja tendencial de rendimiento en los campos históricosdel país – Sacha y Shushufindi – y la reestructuración de Petroecuador, laincapacidad de utilizar a plena capacidad el oleoducto de crudos pesados, laindeterminación en la forma de explotar los considerables hallazgos delcampo ITT (Ishpingo, Tiputini, Tambococha).

IntroducciónPetróleo y desarrollo sostenible en la Amazonía:apuestas para la gobernabilidad democrática

Guillaume Fontaine

Desde la perspectiva de la sociedad civil, se evidencia la creciente impor-tancia de la exigibilidad de derechos y de la incidencia política, en particu-lar en el sistema internacional a través de la OEA, la OIT y los organismosfinancieros. Con ello queda demostrado que las metodologías de negocia-ción, resolución alternativa de disputas o manejo comunitario de conflictosno permiten encontrar soluciones institucionalizadas a los conflictos, sinoque se convierten en un factor más de la crisis de gobernabilidad democrá-tica, que afecta al país en general pero sobre todo a la región amazónica(Fontaine, 2004a; 2004d).

Como es conocido, el debate sobre la gobernabilidad arrancó en 1975,con la publicación de un informe sobre la crisis del Estado de bienestar so-cial en los países industrializados, encargado por la Comisión Trilateral aMichel Crozier, Samuel Huntington y Joji Watanuki. Veinte años después,la misma comisión encargó a un grupo de personalidades del mundo aca-démico, económico y político, denominado Grupo de Lisboa, reflexionarsobre la gobernanza (traducción del inglés governance) en el contexto de laglobalización de la economía (Petrella et al., 1995). Entre tanto, el MeridianInternational Institute (Washington D. C.) había tomado la iniciativa de unciclo de conferencias sobre el mismo tema, organizadas entre 1992 y 2000,en la cual convocaron a miembros de World Academy of Art and Science, laInternational Commission on Global Governance, el Club de Roma, etc. (Va-rios autores, 2000).

Simultáneamente, se multiplicaron los escritos sobre la gobernabilidad,en gran parte bajo la influencia de los organismos multilaterales de coope-ración, para analizar (y eventualmente tratar de superar) los obstáculos en-contrados por la mayoría de los países latinoamericanos en la fase de conso-lidación democrática. En ese contexto, poco se hablaba de gobernanza, aun-que en su mayoría los textos referidos fuesen inspirados por las teorías de lagovernance.1 Ahora bien, al retomar la distinción entre gobernanza y gober-nabilidad – traducción del inglés “governance” y “governability” (Solà,2000; Sosa M., 2000) – que empezó a generalizarse hace cuatro años, trasla publicación del Libro Blanco sobre Gobernanza (2000) por la Unión Eu-ropea, queremos enfatizar que los problemas de gobernabilidad son políti-cos y sociales, y no se limitan a los problemas de ingeniería institucional y

Guillaume Fontaine10

1 Para una síntesis de los aportes por la literatura publicada en América Latina sobre esos temas, Cf.Fontaine, 2004b.

de ajustes estructurales, como los que se multiplicaron en los años ochentay noventa.2

De manera sintética, se puede identificar tres aproximaciones a la go-bernanza y la gobernabilidad: neoliberal, marxista y social demócrata.Desde el enfoque neoliberal, característico de las reformas del BancoMundial, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, la “buena gober-nanza” es la que lograría hacer pasar las reformas económicas recetadas porel “consenso de Washington”, en condiciones de estabilidad política y enun contexto de globalización y mercados desregulados (Hewitt de Alcán-tara, 1997). En esta perspectiva, la gobernanza es, en sí, un sistema efi-ciente de reglas, que sólo funciona si es aceptado por la mayoría o los máspoderosos que afecta y descansa en propósitos comunes que no derivannecesariamente de obligaciones legales o formalmente prescritas por las le-yes o las constituciones políticas. En una perspectiva complementaria, al-gunos entienden por gobernanza la capacidad de hacer que las cosas se ha-gan sin necesariamente tener la competencia legal para ordenar que se ha-gan: mientras los gobiernos aplican reglas, la gobernanza utiliza el poder(Rosenau, 1992:4-5; Czempiel, 1992:250). Al extremo, este enfoque pue-de hacer caso omiso de la dimensión democrática de los arreglos entre losactores y acompañarse de fórmulas minimalistas de gobernabilidad, en unabanico de situaciones que van desde la “democracia delegativa” definidapor O´Donnell al autoritarismo del régimen de Pinochet, pasando por elfujimorismo.

El enfoque marxista se ocupa particularmente de los problemas de po-breza, agudizada por los planes de ajustes estructurales implementados enAmérica Latina en el último cuarto del siglo XX (B. Stolowicz, 1996; H. Yá-nez et al., 1996; E. Torres-Rivas, 2001). Al extremo, esta aproximación veen las teorías de la gobernanza una justificación de los modelos conservado-res de dominación y una legitimación del neoliberalismo, sin hacer necesa-riamente una distinción con la gobernabilidad. Este enfoque cuestiona losalcances de la globalización neoliberal y de la gobernanza global y conside-ra que las teorías de gobernabilidad insisten demasiado en la capacidad delos gobernantes de “viabilizar la reproducción de las condiciones de preser-

13Introducción

2 En 1998-1999 los proyectos en relación con la gobernabilidad representaban el 4,4% de la ayudaal desarrollo otorgada por la OCDE (Cerrillo, 2001). Existían 90 proyectos de gobernanza o go-bernabilidad en América Latina y unos 1.000 proyectos en Europa (Saldomando, 2000).

vación del poder”, a costa de una creciente separación entre gobernabilidady política (Nogueira, 1995: 55).

El enfoque social demócrata se divide a su vez en dos líneas de trabajo:regulacionista (Cf. Petrella et al., op. cit.: 111-112) y neoinstitucionalista(Mayntz, 2002; Feldman, 2001; Prats, 2001). La principal diferencia entreestos enfoques radica en la relación entre el actor y el sistema: mientras elprimero se centra en el papel de los actores no institucionales en los proce-sos de la gobernabilidad, el segundo se centra en las estructuras sistémicasde la gobernanza. Sin embargo, ambas hacen hincapié en la recuperacióndel control democrático sobre los procesos de reformas económicas e insti-tucionales, y destacan el papel de las instituciones, del Estado orientador yde la sociedad civil en la elaboración de nuevos contratos sociales. Ello im-plicaría un uso adecuado de los recursos naturales; mecanismos de solidari-dad y de responsabilidad entre las generaciones presentes y futuras; un mar-co dinámico y multivariable de promoción, diálogo e integración de lasidentidades culturales; la mayor participación posible de los individuos ygrupos en los procesos de toma de decisión, respaldada por un sistema deinformación y comunicación pluralista y orientado hacia los intereses delpúblico.

Para la discusión sobre la relación entre petróleo y desarrollo sostenibleen Ecuador, es particularmente relevante la interacción entre las dimensio-nes sistémicas y sociales de la gobernabilidad democrática. En efecto, en elcentro de los conflictos ambientales está la discusión en torno a las priori-dades en las políticas públicas, que condicionan la sostenibilidad del mode-lo de desarrollo, no solo para la región amazónica sino también para el país.Estas discusiones implican múltiples elementos, que van desde el pago de ladeuda externa y la participación del Estado en la renta petrolera al derechoa la consulta previa e informada para los pueblos y nacionalidades indíge-nas, pasando por el derecho de todo ciudadano a vivir en un ambiente sa-no y libre de contaminación. A ello se refieren, en su conjunto, los textosque presentamos en este libro, segundo volumen de la trilogía dedicada a lasrelaciones entre actividades petroleras y desarrollo sostenible, al cual hemosdado el subtítulo “Las apuestas”.

Este volumen es producto de la confluencia de tres líneas de trabajo quese desarrollaron en el marco del Programa de Estudios Socio Ambientales deFLACSO-Sede Ecuador en el año académico 2003-2004. Por un lado, este

14 Guillaume Fontaine

libro recoge las mejores ponencias presentadas en el segundo ciclo de forosorganizados por el Observatorio Socio Ambiental sobre esta problemática.Por el otro, refleja los primeros resultados de una investigación del equipo,sobre el papel de la sociedad civil en la gobernabilidad democrática, en re-lación con los megaproyectos extractivos en la Amazonía andina. Por últi-mo, acompaña el esfuerzo que dedicamos a la formación de líderes indíge-nas de la COICA3, a través del diploma superior en derechos indígenas y re-cursos hidrocarburíferos, que se abrió en octubre de 2003.

El segundo ciclo de foros socio-ambientales

Iniciamos este segundo ciclo de encuentros con el 9º Foro Socio Ambien-tal, dedicado al tema: “Juicio Texaco: Las apuestas para el Ecuador”. La ex-posición central fue asumida por Fander Falconí (coordinador de la maes-tría en economía, de FLACSO). La completaron las intervenciones de LuisYanza (Coordinador de la comisión de seguimiento del juicio contra Chev-ron-Texaco, FDA4), Humberto Piaguaje (representante secoya de los afecta-dos en este juicio) y Ramiro Gordillo (ex funcionario de TexPet, represen-tante del Foro Petrolero).

Con la oportunidad del 10º Foro Socio Ambiental, se lanzó el primervolumen de la presente trilogía (Petróleo y desarrollo sostenible en Ecuador. 1.Las reglas de juego) y se abrió un debate en torno a “Los megaproyectos y la(re) construcción de la RAE como espacio de gobernabilidad democrática”,tema central de un libro recientemente publicado por el ECORAE5. La po-nencia central fue asumida por Alex Hurtado (Secretario Ejecutivo delECORAE) y comentada por Jorge León (CEDIME6) y Karen Andrade(Observatorio Socio Ambiental de FLACSO).

El 11º foro fue dedicado al tema “Renta petrolera: ¿Qué gana el Estadoecuatoriano?”. La exposición central fue a cargo de Luis Alberto Aráuz (exfuncionario del Ministerio de Energía y Minas, representante del Foro Pe-trolero). Fue complementada por los comentarios de dos ex vicepresidentes

15Introducción

3 Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica.4 Frente de Defensa de la Amazonía.5 Instituto de Ecodesarrollo de la Región Amazónica Ecuatoriana.6 Centro de Estudios de los Movimientos Sociales del Ecuador.

de Petroproducción: Alberto Segovia (funcionario del Banco Central delEcuador) y José Gordillo (profesor invitado de FLACSO).

Este evento se prolongó en el II Encuentro de Ecuatorianistas de LASA,en el cual organizamos un panel titulado “Gobernabilidad democrática ydesarrollo sostenible”. En este panel, Iván Narváez compartió su experien-cia como gerente de protección ambiental de Petroecuador a través de unanálisis de las relaciones entre la industria petrolera y las poblaciones indí-genas y campesinas amazónicas, que reproducimos aquí.

El 12º foro fue dedicado al tema: “Los derechos territoriales frente a lasactividades petroleras: un reto para la gobernabilidad democrática”. Esteevento se dividió en dos partes. En un primer momento abordamos la pro-blemática territorial desde una perspectiva internacional, con la participa-ción excepcional de expertos internacionales, invitados en el marco del Di-ploma superior en derechos indígenas y recursos hidrocarburíferos: Lily LaTorre (directora de Racimos Ungurahui en Perú), Vladimir Aguilar (profe-sor agregado de la Universidad de los Andes (Venezuela) y asesor del CO-NIVE7) y Jaime Gonzáles (coordinador del Directorio Nacional de Recur-sos Naturales de la CIDOB8). También contamos con las intervenciones deAlexis Tiouka (delegado por la FOAG9 en el Grupo de trabajo sobre los pue-blos autóctonos de la ONU) y César Andy (coordinador de cooperacióneconómica de la COICA). Luego, abrimos un debate en torno a la cuestiónde la autonomía territorial, planteada por organizaciones indígenas ecuato-rianas, con la participación de Daniel Fausto Santi (representante quichuade Sarayaku), Víctor López (profesor invitado de FLACSO) y Bolívar Bel-trán (coordinador nacional del Centro Lianas-ISIS).

Este foro había sido antecedido por una conferencia magistral de Ed-mundo Guerra, sociólogo por la Universidad Central del Ecuador, funcio-nario de la unidad socio cultural de la Gerencia de protección ambiental dePetroecuador. Esta comunicación presenta un estudio comparativo sobre lapropiedad del subsuelo entre Ecuador y México, y está reproducido aquí.

Finalmente, cerramos este ciclo con el 13º foro, organizado conjunta-mente con el CDES10, sobre “Los derechos colectivos en la práctica: la con-


7 Consejo Nacional Indio de Venezuela.8 Confederación Indígena del Oriente Boliviano.9 Fédération d´Organisations Amérindiennes de Guyane Française.10 Centro de Derechos Económicos y Sociales.

sulta previa en los bloques 20 y 29”. Las exposiciones principales estuvierona cargo de Xavier Izko (consultor por la Universidad Politécnica Salesiana)y Meghan Morris (cooperante del Proyecto Kayari y consultora por elCDES). Fueron comentadas por René Unda (coordinador de postgrados dela Universidad Politécnica Salesiana), Domingo Tanguila (presidente de laFONAKIN11) y Nelly Shiguango (representante de la alianza de defensa te-rritorial de los bloques 20 y 29).

Plan del libro

El presente volumen se estructura en cuatro capítulos. En el primer capítu-lo, nos preocupamos por analizar las causas y consecuencias que tiene el jui-cio contra Chevron-Texaco para el país. En el segundo capítulo, abrimos undebate en torno a las principales apuestas de la política petrolera ecuatoria-na. En el tercer capítulo, nos preguntamos qué retos plantean los derechosterritoriales indígenas para la gobernabilidad democrática. El cuarto capítu-lo está dedicado a un proceso que, sin lugar a duda, tendrá consecuenciasduraderas para la redefinición del modelo de desarrollo y la implementaciónde las políticas públicas en la región amazónica, es decir la consulta prelici-tatoria que se llevó a cabo en el año 2003 en los bloques 20 y 29, ubicadosen las provincias Napo y Pastaza.

Cada capítulo es complementado por una serie de anexos informativos,en los cuales constan gráficos ilustrativos de los pasivos ambientales, las cro-nologías del caso Texaco y del conflicto en Sarayaku, un resumen de la in-tervención del Secretario del ECORAE en el 10º foro socio ambiental, eldetalle de la metodología aplicada en la consulta prelicitatoria de los bloques20 y 29, y algunos textos fundamentales que amparan los derechos territo-riales en Ecuador.

Al abrir el primer capítulo, Fander Falconí analiza el problema plantea-do por la evaluación económica de los pasivos ambientales dejados por Te-xaco, desde el enfoque de la economía ecológica. Un hito de esta contribu-ción es la discusión del argumento central de la economía ambiental neo-clásica, en torno a la definición de un “nivel de producción óptimo”, a tra-

17Introducción

11 Federación de Organizaciones y Nacionalidades Kichwas de Napo.

vés de la “maximización del excedente social”. En particular, en el caso de laexplotación petrolera, esta teoría choca con un problema insuperable, y esla “valoración económica de las externalidades”. El artículo concluye que esnecesario abrir un debate público para evaluar la viabilidad del modelo dedesarrollo basado en la exportación de recursos naturales.

Luis Yanza hace una reseña de la campaña contra Texaco, que se inicióen el año 1993 y llevó a la demanda contra esta empresa – ahora Chevron-Texaco – aceptada por el juez del Tribunal Superior de Lago Agrio en mayo2003. El punto central de esta campaña es como el Frente de Defensa de laAmazonía ha logrado mantener cierta cohesión entre los demandantes a lolargo del proceso, pese a la presión ejercida por la empresa a las elites polí-ticas y los gobiernos de turno. Yanza recuerda que lo que están demandan-do los afectados es la eliminación de todas las fuentes de contaminación, laremediación de los recursos hídricos y los suelos y, de manera general, lalimpieza de toda la región norte de la Amazonía ecuatoriana.

En su contribución, Ramiro Gordillo ubica la discusión en una perspec-tiva histórica, desde el inicio de las actividades petroleras, a finales del sigloXIX. La tesis principal de Gordillo es que, fuera del periodo de nacionaliza-ción, a principios de los setenta, el Estado ecuatoriano nunca enfrentó demanera idónea los retos planteados por el desarrollo de la industria petrole-ra. Tampoco existe, hasta la fecha, una política estatal clara en materia am-biental. Una consecuencia de estas carencias es que las responsabilidades so-ciales y ambientales son tradicionalmente confiadas a las empresas, sin unaverdadera coordinación.

El segundo capítulo se abre con una contribución de Luis AlbertoAráuz, que estudia la evolución de la renta petrolera a través de los sucesi-vos regímenes de contratación aplicados en Ecuador desde 1972. Enfatiza elpapel protagónico que tuvo el gobierno militar de Rodríguez Lara en incre-mentar la participación del Estado en esta renta, y señala que esta tenden-cia se revirtió a inicios de los años ochenta. El artículo concluye con la ne-cesidad de realizar una auditoría a los contratos de exploración y explota-ción firmados desde 1982, volver a formas de asociación en consorcio y re-formar la Ley especial de Petroecuador.

José Gordillo destaca la importancia estratégica del petróleo para la eco-nomía nacional, pero insiste en que estas actividades padecen de disfuncio-nes crónicas. El argumento central es que la empresa estatal no puede fun-


cionar como una empresa, debido a la presión ejercida sobre sus gananciasy organización por las autoridades de tutela. Concluye con la necesidad detomar en cuenta esta situación para entender los impactos sociales y am-bientales negativos que tienen las actividades petroleras en la región amazó-nica.

En su contribución, Iván Narváez analiza la evolución reciente del laproblemática ambiental y los modelos de relaciones comunitarias de la in-dustria petrolera con las poblaciones amazónicas. Subraya que la gestiónambiental no ha sido planificada por el Estado hasta un periodo reciente, yque todavía no lo es de manera integral. Además, la eficiencia de los instru-mentos de esta gestión sigue siendo el objeto de muchas críticas por partetanto de la industria como de la población. El artículo concluye con que elreformar las prácticas empresariales implica un mayor control político sobrelas actividades y una separación clara de las responsabilidades asumidas porlas empresas y el Estado.

Finalmente, Karen Andrade propone un análisis crítico del papel delEcorae y de las dificultades que encontró esta institución estatal al impulsarun desarrollo sostenible en la Amazonía, con recursos procedentes de la ren-ta petrolera. El funcionamiento del Ecorae y sus relaciones con el entornosocial e institucional refleja a escala amazónica el déficit de gobernabilidaddemocrática en el país, en particular por el manejo clientelar de muchosproyectos y la falta de transparencia en su gestión, por lo menos hasta la re-forma estructural que se impulsó en los tres últimos años. Esta contribuciónconcluye que es necesario para la sociedad civil de asumir un papel prota-gónico en la redefinición de las prioridades para el desarrollo sostenible enla Amazonía.

En el tercer capítulo, Edmundo Guerra compara la relación entre losmovimientos indígenas, las actividades petroleras y el estatuto legal de lapropiedad del subsuelo en México y Ecuador. Su argumento central es queel principio legal de la propiedad del subsuelo – que él califica de “rezagocolonial” – debe ser discutido, a la luz de la evolución de los derechos indí-genas reconocidos por la Constitución política del Ecuador. Pero la reticen-cia del Estado a asumir este problema se debe a la importancia estratégicade los recursos hidrocarburíferos y mineros para el Estado. Concluye advir-tiendo sobre la necesidad de reformularlo como un reto en la construcciónde la nación multicultural y pluriétnica.

19Introducción

César Andy reafirma la posición de la COICA en torno a estas activida-des y a la violación de los derechos colectivos, en particular territoriales.Plantea que la supervivencia económica, social, política, cultural y espiritualde los pueblos indígenas amazónicos está estrechamente vinculada con la se-guridad territorial. Su argumento central es que la distinción de los compo-nentes de la naturaleza en lo que atañe a la legislación territorial y ambien-tal conlleva la “desintegración jurídica” de los territorios y pueblos indíge-nas. Concluye mencionando la “Agenda indígena amazónica” como una he-rramienta puesta en marcha por la COICA para ubicar el componente delterritorio y de los recursos naturales en el centro de las acciones al nivel re-gional.

Alexis Tiouka revisa los avances de este tema en la agenda internacional,desde la Declaración de Viena para “la defensa de las naciones y los pueblosindígenas del hemisferio occidental”, en 1977. El hito de esta contribuciónes destacar que, a pesar de un decenio dedicado a los pueblos indígenas, laONU ni la OEA han logrado promover los proyectos de declaración de lospueblos indígenas que se elaboraron en su seno. Entre los principales obstá-culos discutidos por los países miembros, el autor menciona los temas deautodeterminación, derecho a la tierra, al territorio y a los recursos, y con-sentimiento libre e informado.

Lily La Torre presenta la situación de los derechos territoriales frente ala ampliación de las actividades petroleras en la Amazonía peruana. Ella de-nuncia la falta de seguridad territorial de la que padecen los pueblos indíge-nas, que conlleva – al extremo – la exclusión del derecho de propiedad delos suelos forestales demarcados dentro del título comunal. Concluye ha-ciendo énfasis en la necesidad para los pueblos indígenas de mantener suidentidad y autonomía en el mundo global, a partir del manejo territorial.

Vladimir Aguilar se preocupa por la situación de estos derechos en Ve-nezuela, introducidos en la Constitución de 1999. Advierte que el debatesobre este tema es relativamente nuevo y abarca cinco dimensiones de losderechos: son originarios, exclusivos, colectivos, no excluyentes y constitu-cionales. Concluye enfatizando el papel clave que asumen los pueblos indí-genas en la conservación de la Amazonía.

Bolívar Beltrán analiza el problema de la titulación de tierras en la pro-vincia de Pastaza, donde las actividades petroleras han generado varios con-flictos socioambientales. En su contribución recuerda que el proceso de le-


galización de los territorios se aceleró en 1992, con la licitación – por 12años – de más de un millón de hectáreas en esta provincia, a favor de comu-nidades quichua, shiwiar y zápara. Concluye que, ahora, el mayor reto paralos indígenas en este ámbito es la “reunificación del espacio territorial” don-de han vivido tradicionalmente.

Finalmente, Víctor López analiza el conflicto de Sarayaku en la perspec-tiva de la exigibilidad de derechos y el déficit de gobernabilidad democráti-ca. La problemática central de este artículo abarca la relación entre la vigen-cia de los derechos colectivos indígenas y las consecuencias de la política pe-trolera en la Amazonía. El caso particular del bloque 23, donde se enfren-tan los quichuas de Sarayaku con la empresa estadounidense Burlington,muestra que los intereses del Estado y la industria petrolera pueden chocarde manera frontal con el proceso de etnogénesis de las comunidades locales,caracterizado por López como un proceso de revitalización cultural, fortale-cimiento organizacional y definición de una alternativa autónoma de desa-rrollo.

El capítulo cuatro se abre con el planteamiento de las comunidades qui-chuas de Rukullacta, Kallari, Ricancie y el cantón Archidona (Napo), entorno a la consulta prelicitatoria de los bloques 20 y 29 (provincias de Na-po, Orellana y Pastaza), que se llevó a cabo en 2003. A partir de una obser-vación in situ de diez asambleas y varias entrevistas con el personal involu-crado, los autores formulan fuertes críticas en contra de este proceso. Enparticular, consideran que la consulta padeció de debilidades en cuanto alacceso a la información por la población, la capacitación a los facilitadores,la transparencia y el monitoreo en los procedimientos de votación, los pla-zos de ejecución, etc. El artículo concluye con la necesidad de reconsiderarel proceso en su conjunto.

Xavier Izko nos informa sobre la metodología aplicada por el equipoque él coordinó a lo largo del proceso de consulta previa, y discute las reac-ciones de una parte de la sociedad civil ante los resultados que conllevó. Latesis central de Izko es que el proceso cumplió con todos los requisitos for-males contemplados en la ley y los reglamentos que enmarcan la consultaprevia en Ecuador. Considera que la controversia desatada responde a inte-reses difusos de grupos ecologistas y comunidades indígenas en ruptura conla opinión mayoritaria en el sector. Concluye que esta experiencia novedo-sa en el país da cabida a una nueva aproximación a los problemas plantea-

21Introducción

dos por las actividades petroleras en la región amazónica, tanto por parte delEstado y la industria, como por parte de la sociedad civil.

En su conjunto, las contribuciones presentadas aquí muestran que la re-lación entre la sociedad civil y la gobernabilidad democrática en la defini-ción de un modelo de desarrollo sostenible para la Amazonía plantea unaserie de retos para el Estado ecuatoriano. Las apuestas que se mencionan enel presente volumen dejan percibir el grado de complejidad que enfrentaránlas políticas públicas en los próximos años, en particular por lo que atañe ala política petrolera. Este inventario no sería completo sin mencionar losproblemas que abarcan las cuatro dimensiones estructurales de la goberna-bilidad democrática y que recordamos a continuación.

En su dimensión política, es patente la falta de eficiencia del sistema ins-titucional12. Señales de ello son la confusa división o la superposición decompetencias entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, la ineficien-cia de los mecanismos de control y la insuficiente responsabilidad del Esta-do frente a la ciudadanía (en el sentido del inglés accountability). Por ejem-plo, es notoria la dificultad de acceder a los informes de monitoreo ambien-tal de la Dirección Nacional de Protección Ambiental (cuando existen).También es conocido el control del Ministerio de Energía y Minas en ma-teria ambiental, para la validación de los estudios de impactos ambientalesy planes de manejo ambiental producidos por las empresas, salvo en áreasprotegidas (que son del dominio del Ministerio del Ambiente). A ello seagrega la falta de coherencia de las políticas públicas entre sí, particularmen-te tajante en el caso de las políticas energética y extractiva, ambiental yneoindigenista13.

En lo económico, es conocida también la excesiva dependencia hacia losingresos de las actividades petroleras en Ecuador (por parte del Estado cen-tral y los organismos seccionales), la conformación de economías de encla-ve y la insuficiente integración de la RAE al mercado nacional. Este proble-ma se expresa también con la privatización de la política social, es decir, ladelegación de responsabilidades sociales a las empresas (públicas y privadas).Esta política se opone a la falta de autonomía financiera de Petroecuador,


12 Este aspecto corresponde a la crisis de governance en la literatura anglosajona, cuya traducción pro-pia es “gobernanza”. (Cf. A. Solà, 2000.)

13 Esto es particularmente obvio en el caso de la Reserva del Cuyabeno y el Parque Nacional Yasuní,con la superposición de áreas protegidas, territorios indígenas legalizados y bloques petroleros.

que desemboca en presupuestos operativos restringidos para enfrentar la cri-sis ambiental y social que afecta al norte de la RAE.

En lo social, es notoria la persistencia de la pobreza y las patologías so-ciales, que en 32 años de explotación petrolera se han ido profundizando.Otro problema, al respecto, es la falta de autonomía de los movimientos so-ciales frente a los poderes locales, así como la falta de actores estratégicos en-cargados legítimamente de representar los intereses colectivos de las pobla-ciones afectadas por las actividades petroleras o simplemente interesadas enel futuro de la región donde viven.

Finalmente, en su dimensión ética, cabe mencionar la persistencia delclientelismo, el nepotismo y la corrupción, que obstaculizan el ejercicio dela democracia, tanto a nivel local como a nivel regional. Pero, el mayor pro-blema, en esta perspectiva, es la fragilidad del tejido social y la ausencia deuna verdadera identidad regional, asumida por las poblaciones. Este fenó-meno contrasta con la importancia de la problemática territorial y la vitali-dad de las reivindicaciones identitarias planteadas por el movimiento indí-gena amazónico desde los años ochenta.

Guillaume FontaineQuito, agosto de 2004

23Introducción

El crecimiento económico sustentado en la exportación de productos pri-marios tiene un rostro desfigurado: no ha conducido a un desarrollo hu-mano, y además ha provocado la pérdida acelerada de su patrimonio natu-ral.

Al respecto, se pueden mencionar factores como la pérdida de la cober-tura vegetal original debido a transformaciones en el uso del suelo; altas ta-sas de crecimiento de la densidad e incremento poblacional que han conlle-vado a una presión sobre ecosistemas naturales2; un constante proceso dedeforestación y degradación de los bosques tropicales, y por ende la pérdi-da de biodiversidad no inventariada; la explotación petrolera (cerca de 3.3mil millones de barriles de 1970 al 2003) con los consiguientes impactos so-ciales y ambientales como los derrames petroleros3 y el vertimiento de aguasde formación.

El objetivo de este artículo es plantear que existen un conjunto de da-ños sociales y ambientales que se generan en los distintos eslabones de la ex-

Los pasivos de la industria petrolera A propósito del juicio a la Texaco1

Fander Falconí Benítez

1 Una versión preliminar de este artículo fue publicada en la Revista Enfoques Ambiente de Petroe-cuador.

2 Sin ser muchas veces causa directa, existe una asociación. Se puede recordar la célebre IPAT fór-mula planteada a inicios de los años setenta por John Holdren y Paul Ehrlich: cualquier impactoambiental (I) depende de la población (P), la “afluencia” (A) o consumo por habitante y la tecno-logía (T).

3 Ver “Informe Final del Proyecto FLACSO- Petroecuador, “Estudio sobre los conflictos ambienta-les en los campos Sacha y Shushufindi (1994-2002)”, publicado en noviembre de 2003, p. 32.

plotación petrolera (exploración, extracción, transporte, refinación y consu-mo), los cuales no han sido internalizados en los precios de mercado y tam-poco han sido compensados. Para los daños conmensurables, se debe esta-blecer un sistema de indemnizaciones a los perjudicados, incluso a los queel mercado actual o futuro infravalora como las siguientes generaciones.Otras afectaciones son inconmensurables debido a la ausencia de conoci-miento completo sobre la biodiversidad alterada o destruida, y por la difi-cultad de establecer medidas o valuaciones sobre impactos sociales como lapérdida de una cultura. El actual litigio entre la Texaco y los pobladoresafectados por la actividad petrolera enseña que es posible pedir retribuciónsobre la parte conmensurable de los daños sociales y ambientales. Se con-cluye que se requiere un genuino debate social en aras de poner en la balan-za los pro y contra de alcanzar un desarrollo económico sustentado en la ex-portación de recursos naturales.

Introducción

Las exportaciones, particularmente de productos primarios, tienen una me-moria ambiental o una mochila ecológica debido a las externalidades nega-tivas que generan y por el impacto de los flujos físicos del comercio exterior.El Wuppertal Institute de Alemania ha sido una de las instituciones pione-ras en contabilizar los flujos indirectos de materiales, lo que se conoce porsu nombre en inglés como total material requirement. Las exportaciones tie-nen impactos físicos directos e indirectos.

Dado el predominio de los bienes primarios en las exportaciones ecua-torianas, sin lugar a dudas su crecimiento físico aumenta la presión sobre losrecursos naturales, punto particularmente crítico en el caso del petróleo, yaque la explotación de nuevos yacimientos se ubica en áreas con predominiode bosques primarios en la Amazonía, con un alto valor por su endemismoy biodiversidad. Si a esto se suma que los ingresos del petróleo histórica-mente compensan el servicio de la deuda externa (amortizaciones e intere-ses), el panorama se torna preocupante (ver anexo 1. Gráfico 1). No es queel endeudamiento externo sea negativo per se, el hecho es que una parte deéste no se cristaliza en mejores niveles de vida, e incluso hay deudas odiosase inmorales.

28 Fander Falconí Benítez

Los productos primarios (recursos naturales renovables y no renovables)han reducido su participación en las ventas externas totales desde los añosnoventa. Sin embargo, el país aún se especializa en productos primarios, loscuales representaron el 74% del total de las exportaciones en términos mo-netarios en el año 2003, según cifras del Banco Central. En el 2003, del to-tal de las exportaciones, sólo cuatro productos: petróleo crudo, banano, plá-tano y camarón significaron el 62%. Buena parte de los productos prima-rios tienen una caída en los precios reales (por ejemplo el café), aunque noes el caso del petróleo, cuyo precio ha experimentado un alza vertiginosadesde el año 2000 cuando el crudo de exportación del Ecuador se situó encasi 25 dólares por barril en promedio. Esto es lo que autores como Mura-dian y Alier (2001) denominan la trampa de la especialización: la exporta-ción de productos intensivos en naturaleza y que además muestran un de-terioro constante de los términos de intercambio.

La extracción petrolera ha ascendido de 104,4 millones de barriles en1990 a 152,5 millones de barriles en promedio en el año 2003. El incre-mento de la extracción también está aparejado con el aumento de la parti-cipación en la extracción de las empresas petroleras privadas en detrimentode Petroecuador. En efecto, las empresas petroleras privadas participaroncon el 6% de la extracción en 1993, y para el año 2003 pasaron al 51%.(Véase Anexo 1. Gráfico 2). El punto clave es que no necesariamente estecambio estructural registrado en la última década ha significado una mejo-ra en las condiciones tecnológicas de la extracción, o ha tenido una contra-parte en actividades ambientales protectoras o mitigatorias.

Externalidades: un enfoque sustentado en la pluralidad de valor

Las externalidades se definen como los efectos externos económicos, socia-les y/o ambientales positivos o negativos provocados por las actividades pro-ductivas o de consumo que no están incorporados en los precios de merca-do y que repercuten sobre el bienestar de quienes las reciben. Según la eco-nomía convencional, el perjuicio o beneficio experimentado por un indivi-duo a causa de acciones ejecutadas por otras personas o empresas concluyecuando se le asigna un valor monetario de mercado, es decir cuando se lalogra internalizar en los costos y por ende en los precios. En este sentido, la

29Los pasivos de la industria petrolera

contaminación desde el lado económico, es simplemente una externalidadnegativa.

Frente a la concepción de que es posible proporcionar valores moneta-rios a los daños ambientales, internalizando las externalidades, lograr sende-ros óptimos de agotamiento de los recursos naturales, o lograr compensary/o reemplazar el capital natural por capital económico han surgido pro-puestas desde otros enfoques que señalan “la extrema dificultad de dar va-loraciones económicas actualizadas a la pérdida de biodiversidad u a otraspérdidas de “capital natural” (como los bosques de manglares, por ejemplo)o de admitir como criterio de decisión los bajos valores crematísticos atri-buidos a los daños sufridos por quienes padecen contaminación en minas oplantaciones” (Martínez Alier, 2003). Las externalidades acumulativas en eltiempo (por ejemplo las emisiones de CO2 y los CFCs) y los daños irrever-sibles de ciertos procesos productivos son claras muestras de los obstáculosconceptuales y técnicos de imputar precios de mercado.

Para reforzar esta argumentación y en el contexto de la idea errónea demonetizar los daños ambientales y mercantilizar la biodiversidad, el profe-sor Joseph Vogel, autor de importantes artículos y textos sobre biodiversi-dad como Genes for Sale. Privatization as a Conservation Policy (1994) y Elcártel de la biodiversidad: transformación de conocimientos tradicionales en se-cretos comerciales (editor, 2000), sostiene que el valor de existencia de losecosistemas (es decir, el valor por sí mismo) es difícil expresarlo en términosmonetarios debido a la ausencia de conocimiento sobre la biodiversidad y laincertidumbre sobre el valor intergeneracional. Vogel (1995) indica que losvalores morales de la biodiversidad, es decir los derechos de las especies acontinuar con su proceso de evolución, son inconmensurables. Por tal mo-tivo, llega a la resolución de que “la legitimidad de agregar los valores demercancía, amenidad y moral en un gran total y restar ese total del PIB pa-rece muy sospechosa”.

La dificultad o incluso imposibilidad de valorar las externalidades, im-pide conocer con certeza los niveles al cual deben aplicarse los distintos ins-trumentos para obtener la “producción óptima” (Falconí y Burbano,2003). La imposibilidad cierta de estimar los “costos externos ambientales”y consecuentemente el “costo externo marginal” relativizan la posibilidadde fijar el “instrumento óptimo” (bajo el enfoque de la economía de los re-cursos naturales con un enfoque neoclásico el impuesto o la tasa ecológica


tiene que ser igual al costo externo marginal en el punto de “producciónóptima”).

El nivel óptimo de producción no puede ser encontrado, como lo pos-tula la teoría neoclásica y su variante la economía ambiental, a través de lamaximización del “excedente social”, sino que corresponde a una “solucióncompromiso”, es decir que es un nivel de producción y de contaminaciónaceptado socialmente, en un proceso de diálogo en el que participan losafectados, y científicos, médicos, biólogos, físicos, químicos, economistas,etc. Por ejemplo, un estándar ambiental como partículas de plomo en un m3

de aire no puede ser determinado por la regla del “beneficio marginal netoprivado igual al costo externo marginal”4, sino por los niveles máximos quela biología del ser humano y otros seres vivos puede soportar (Falconí y Bur-bano 2003). Incluso, puede ser que la sociedad decida tener una contami-nación cero, y por lo tanto como comunidad se proporciona un valor extramercado a un ecosistema. Los ecosistemas prestan funciones indispensablespara el soporte de la vida, y también servicios culturales (espirituales, recrea-tivos, estéticos, etc.).

En el caso de la explotación petrolera falta este diálogo social, se asumesin beneficio de inventario que más es mejor, sin considerar las consecuen-cias de la obtención de crudo y sin tomar en cuenta si esa extracción se larealiza en el momento oportuno, es decir bajo un esquema de optimización,en donde se examinen los precios actuales y futuros, los costos, las reservasexistentes, etc.

Esto no significa que no se deba intentar valorar en forma pecuniaria losdaños sociales y ambientales, o peor aún que no se deban reclamar compen-saciones monetarias a las empresas que generan pasivos ambientales. Impli-ca reconocer que hay una pluralidad de valores, algunos son ciertos y mo-netizables, otros son inciertos y no monetizables. El litigio entre la Texaco ylos pobladores que se está ventilando ahora en cortes locales, demuestra quese puede y debe pedir retribución sobre la parte conmensurable de los da-ños sociales y ambientales.


4 ¿Es posible estimar el costo external para una familia que tiene un niño con retraso mental por con-taminación de plomo? La respuesta es un simple y rotundo no.

Pasivos ambientales petroleros

El petróleo, oro negro que no se produce, sino que se extrae, se transportay se quema, para utilizar una alegoría de Joan Martínez Alier, quien tambiénha divulgado el concepto de pasivo ambiental5; oro negro que se convierteen viscoso y que genera una torrente de aguas de formación, que muchasson más dañinas que los propios derrames de crudo. Oro negro cuya explo-tación liquida paulatinamente el oro verde, la biodiversidad, y las culturashumanas. El pasivo ambiental es el conjunto de daños ambientales, en tér-minos de contaminación del agua, del suelo, del aire, el deterioro de los re-cursos y de los ecosistemas, producidos por una empresa en su funciona-miento normal o por accidentes imprevistos, a lo largo de su historia.

Oro negro que se convierte en una marea negra fangoso por las catás-trofes como la del Erika y recientemente la del Prestige, y las manchas quecubren las costas de Galicia y Francia, y bañan a culturas y pueblos en laAmazonía.

En el caso de Ecuador, Wunder (2003) menciona que el boom petro-lero (1974-1982) no redujo la deforestación o la degradación forestal, sinoque al contrario la pérdida forestal se incrementó. Igualmente, a diferenciade lo que haría suponer la hipótesis de la denominada “enfermedad holan-desa”6 de que la riqueza petrolera iba a aliviar la presión sobre los bosques,ésta la aceleró debido a los impactos directos de la propia actividad de laindustria petrolera, la cual se concentró en el Nororiente, una zona hastaese entonces muy rica en bosques y biodiversidad, y por efectos de los im-pactos indirectos de la extracción petrolera: apertura de caminos y coloni-zación.

Un libro publicado por Fontaine (2003), en el cual se realiza un estu-dio comparativo entre Ecuador y Colombia, países dependientes del petró-leo y a su vez marginales en el concierto internacional en extracción y reser-vas petroleras, da cuenta de esta situación. En ambos países se han multipli-cado, particularmente en territorio de población indígena, situaciones de


5 Hector Sejenovich, de Argentina, quizá fue el primero en introducir este término para calcular lospasivos ambientales de la extracción petrolera en la provincia de Neuquen. Ver Alier http://www-.deudaecologica.org/cd-rcade/angles/alier.pdf

6 En forma muy simple, la idea es que con el “boom” de las exportaciones de un recurso natural, lamoneda local se aprecia en términos reales, reduciendo la rentabilidad de otras exportaciones, es-pecialmente las manufacturas (Sachs y Larraín, 1996: 668).

conflictos distributivos vinculados a la actividad petrolera, que son y debe-rían ser estudiados por la ecología política.

El petróleo es un recurso estratégico a escala planetaria. Los historiado-res recuerdan que casi todas las guerras se hacen por la especulación y vora-cidad, especialmente aquéllas que invocan las razones supuestamente máselevadas. Sin desconocer las causas geopolíticas, la guerra colonial de Esta-dos Unidos y el Reino Unido contra Irak (cuyo desenlace es incierto) fuetambién por el control de las segundas reservas de petróleo más importan-tes del mundo.

Al revisar la literatura que vincula temas económicos con los recursosnaturales en el Ecuador, hay pocos trabajos que conectan las cuestiones pe-troleras y económicas, o sobre una economía del petróleo, por lo que hacefalta una reflexión mayor. Por ejemplo, se han abandonado estudios críticossobre la problemática petrolera (Acosta, 1986) o sobre la generación y apro-piación de la renta diferencial petrolera (Bocco, 1987). El hecho de que secuente con pocas investigaciones sobre la renta petrolera en un país cuyo co-mercio exterior depende un limitado número de productos primarios, lla-ma la atención.

Ciertamente, hay investigaciones como la tesis de maestría de Burbanoen FLACSO (1996), quien sostiene que el país, lejos de cumplir un sende-ro óptimo de extracción del petróleo basado en sus niveles de reservas, pre-cios futuros y tasa de interés, extrae según las presiones fiscales. Del mismomodo, otros autores han realizado una reflexión sobre los denominados gas-tos defensivos petroleros, la incorporación del petróleo en las cuentas am-bientales, o sobre los óbices fiscales que provoca el vaivén de los precios delpetróleo. Ciertas instituciones gubernamentales han planteado y de hechohay un fondo de estabilización petrolero con una visión de corto plazo yfundamentalmente articulado a las orientaciones fiscales, sin considerar lanecesidad de que las siguientes generaciones también usufructúen de un re-curso agotable. Empero, nuevamente hay pocos trabajos que topen las ex-ternalidades negativas que genera la extracción petrolera, exceptuando elclásico libro de Judith Kimerling (1993) o los aportes que provienen de lasorganizaciones no gubernamentales.

Un estudio publicado por FLACSO (Falconí, 2002) sostiene que, en elcaso del petróleo, la compensación monetaria a los afectados por parte delos contaminadores ha sido escasa o nula. Todo esto sin dejar de lado que la


compensación no tiene como objetivo reducir la degradación ambiental, si-no solo compensar el bienestar perdido asociado con la degradación am-biental. Tampoco se puede descuidar que estos costos van más allá de aque-llo que es posible restituir y reparar, pues aparecen otros valores como la cul-tura, sustanciales para la coevolución de las sociedades.

¿Por qué ocurre esta situación? Debido a que existe una asimetría de po-der entre los contaminadores y los afectados. La política de las empresas pe-troleras para pagar el “costo de restauración” de los daños petroleros en ge-neral ha sido ofrecer insignificantes obras de infraestructura como en el ca-so de la Texaco, un juicio al que habría que prestarle mayor atención inter-na. Se puede aprender mucho de este litigio: primero, la posición de losafectados de trasladar el proceso judicial hacia cortes extra territoriales,plantea la problemática de que el valor de las externalidades depende de losderechos de propiedad y de los estándares ambientales y sociales que tienenlos distintos países a lo largo y ancho del planeta. Al respecto, hay una asi-metría en los estándares ambientales y sociales entre los países del Norte ylos países del Sur, todo ello sin entrar en aspectos institucionales más com-plicados como la corrupción de la justicia; segundo, el proceso resulta uncaso exitoso de asociación colectiva y solidaria en aras de solicitar una justacompensación a una empresa que provocó daños cuantificables y otros queno se puedan valorar en toda su dimensión: los cuantificables es necesarioque se indemnicen. Tercero, se sienta un precedente local, que será muy di-fícil de dejar de lado, y puede ser tomado como un buen prototipo para em-presas que generen pasivos ambientales en el pasado, presente y futuro.

Conclusiones

La actividad petrolera ha provocado daños ambientales y sociales, externali-dades locales y globales (verbigracia la quema de gas en la refinería de Es-meraldas o en Shushufindi a vista y paciencia de autoridades y pobladores).

El debate sobre la explotación petrolera debe ser puesto en una perspec-tiva más amplia. No se puede realizar una apología a la extracción petrole-ra, y plantear sin discusión que mayor extracción petrolera implica creci-miento económico y a su vez mecánicamente desarrollo económico. El cre-cimiento económico no puede ser un fin, y no se puede sostener en un re-


curso no renovable con un período de gestación geológica largo, en dondeen su uso deben prevalecer criterios de justicia intergeneracional.

La sociedad requiere un acuerdo en el cual se fijen normas y estándaresambientales, se compense a los afectados de las actividades extractivas y, enotros casos se haga cumplir la ley, como en el caso de áreas protegidas. Porejemplo, en el Parque Nacional Yasuní cerca del 60% de su territorio estáconcesionado a empresas petroleras, y hay efectos especialmente para el pue-blo Huaorani: ¿una porción de crudo pesado, de 16° API en promedio,compensa el deterioro un bosque húmedo tropical y una cultura? Definiti-vamente, no.


Antecedentes de las operaciones de Texaco en Ecuador1

Texaco operó en la Amazonía ecuatoriana desde 1964 hasta 1990 a travésde su subsidiaria Texpet. Perforó 339 pozos y extrajo 1’434.000 millones debarriles de petróleo afectando directa e indirectamente una área aproxima-da de 2.5 millones de hectáreas. Texaco utilizó una tecnología basada en elcriterio de la mínima inversión y la máxima ganancia caracterizada por unacompleta falta de preocupación por el medio ambiente y por la vida de loshabitantes de esta región. Producto de esta irresponsabilidad se derramarondirectamente a las fuentes hídricas aproximadamente 20 mil millones de ga-lones de agua de formación; quemaron al aire libre 235.000 millones de piescúbicos de gas y derramaron 16.800 millones de galones de crudo. Adicio-nalmente, Texaco dejó abandonadas a la intemperie 600 piscinas con dese-chos de petróleo y cientos de sitios contaminados por derrames de las tube-rías, pozos y estaciones. La utilización de esta tecnología le permitió a Texa-co un ahorro de más 4.000 millones de dólares ó 3 dólares por cada barrilde petróleo extraído.

El juicio a Chevron TexacoLas apuestas para el Ecuador

Luis Yanza

1 Cf. en el Anexo 2, la cronología del caso Texaco.

Impactos ambientales y sociales

El uso de esta tecnología provocó la contaminación de los ríos, lagunas, es-teros, pantanos y otras fuentes superficiales y subterráneas de agua. Conta-minaron también el aire por la quema de gas y el suelo por los frecuentesderrames de crudo.

Pero no solamente el medio ambiente se afectó sino también la salud desus habitantes conformado por las nacionalidades Siona, Secoya, Cofán,Huaorani, Kichwas y los colonos que llegaron a esta región en busca de me-jores días. Se calcula que son 30 mil personas afectadas directa e indirecta-mente. Las enfermedades que padecen son múltiples pero la que mayor-mente está afectando es el cáncer por beber agua contaminada con petróleo.Investigaciones hechas por un equipo de la Universidad de Harvard en1993, encontraron una rara y alta incidencia de 8 tipos de cáncer en las co-munidades afectadas por las operaciones de Texaco. El último estudio reali-zado en 1999 en la Comunidad San Carlos en la provincia de Orellana de-terminó que sus habitantes están en riesgo de contraer cáncer 130 veces másque los habitantes de Quito2, ya que el agua para consumo de humanos tie-ne altas concentraciones de hidrocarburos que rebasan enormemente (144veces más) los límites permitidos. En esta misma comunidad, en los últimos10 años, 10 personas fallecieron con cáncer en una población de mil habi-tantes. Lo que ha pasado y está pasando en esta comunidad sucede en lasdemás comunidades donde Texaco dejó su secuela de contaminación ymuerte.

El proceso legal contra Texaco (ahora Chevron Texaco)

En medio de este panorama de destrucción, en noviembre de 1993 un gru-po de afectados iniciaron acciones legales en contra de Texaco Inc. en el es-tado de Nueva York, en Estados Unidos de América, tanto en defensa de suspropios derechos como de los que tuvieren otras personas de la misma cla-se, ya que la demanda fue planteada como “acción de clase”3, acusando a Te-

38 Luis Yanza

2 Informe Yana Curi, 1999.3 Denominación utilizada en el sistema procesal de dicho estado para designar a las personas que pu-

dieren encontrarse en idéntica situación jurídica con respecto de la materia del litigio.

xaco de haber causado daños al medio ambiente y a la salud de las personascomo consecuencia de una tecnología barata e inadecuada que fue diseñadadesde Estados Unidos.

Desde el inicio Texaco intentó convencer al juez para que deseche la de-manda contando para esto con el apoyo del gobierno de ese entonces (Six-to Durán Ballén), quien a través de su embajador en Washington, Edgar Te-rán Terán mantuvo una posición favorable a los intereses de Texaco, adu-ciendo que este caso ponía en riesgo la soberanía nacional y la inversión ex-tranjera.

El juez no aceptó el pedido de Texaco y más bien dijo que si los deman-dantes llegaran a comprobar que la contaminación dejada por la compañíaen Ecuador era consecuencia de las decisiones tomadas en los Estados Uni-dos, la corte aceptaría la jurisdicción del caso. Lamentablemente el juez fa-lleció y con ello las esperanzas para los demandantes entraron en un cami-no más difícil porque el nuevo juez, Jed Rackoff, no fue muy sensible a losreclamos de los demandantes.

Con el nuevo juez, Texaco intentó por cuatro veces más que se desecheel caso lo que efectivamente logró en agosto de 1997. Los demandantesapelaron la resolución y en octubre de 1998 la Corte de Apelaciones resuel-ve que la demanda no puede ser desechada hasta que un “foro alternativo”adecuado lo tratara. El caso vuelve nuevamente al juez de primera instan-cia para que considere su decisión. Aprovechando esta situación, Texaco in-tenta por sexta vez desechar el caso usando los mismos argumentos legales.El juez aceptó la moción de desechar la demanda pero pidió a Texaco quese someta a la jurisdición del sistema de justicia ecuatoriana. Esta resolu-ción fue apelada por los demandantes insistiendo que Texaco debía ser en-juiciada en los Estados Unidos; sin embargo, la Corte de Apelaciones enagosto de 2002 ratifica la resolución de primera instancia en el sentido deque el litigio debe ser conocido y resuelto por los jueces ecuatorianos, “exi-giendo sin embargo a la demandada Texaco Inc., que se someta a la juris-dicción ecuatoriana y que se abstenga de alegar en su favor la prescripciónde las acciones”.

Con esta resolución, este caso se convirtió en uno de los pocos casos enque una compañía tan poderosa como Chevron Texaco sea obligada a repa-rar los daños en un país y con un sistema de justicia como el ecuatoriano.Desde este punto de vista, para los afectados no constituye una derrota,

39El juicio a Chevron Texaco. Las apuestas para el Ecuador

aunque para los jueces y el sistema judicial ecuatoriano es un gran reto y esla oportunidad de demostrar que en este país sí se puede hacer justicia.

Contexto político en el que se desarrolló el caso

El proceso legal contra Texaco coincide con un período de inestabilidad po-lítica que el Ecuador ha vivido en los últimos años. En los nueve años queel caso estuvo en los Estados Unidos, el Ecuador tuvo 5 presidentes, cadauno con distintos intereses y posiciones frente al caso. Sin embargo, a ex-cepción de Sixto Durán Ballén, los demás se alinearon a las aspiraciones delos demandantes aunque haya debido recurrirse a varias estrategias de pre-sión pública. Para citar un ejemplo, las comunidades afectadas por dos oca-siones tuvimos que tomarnos pacíficamente la Procuraduría General del Es-tado para exigir que el representante legal del Estado ecuatoriano asuma unaposición en defensa de los intereses de los afectados por Texaco.

Si bien los demandantes no hemos podido conseguir que Texaco sea en-juiciada en su propio país de domicilio, ésta tampoco pudo conseguir queel caso sea desechado completamente. No obstante, este litigio ha permiti-do sacar a la luz pública lo que hasta 10 o 12 años atrás estuvo oculto alláen la región amazónica: los conflictos socio ambientales generados por la in-dustria petrolera. A nivel internacional, este caso ha permitido poner en eltapete de discusión el doble comportamiento de las empresas transnaciona-les petroleras. Una cara tienen para su país de origen o de domicilio y otrapara los países en donde realizan sus operaciones.

Estrategias utilizadas para sostener el caso

Pero ¿cómo es posible que hayamos logrado sobrevivir estos 10 años de lu-cha contra una transnacional tan poderosa? En esto hay que resaltar 3 ele-mentos fundamentales:

- La unidad de los afectados representados por sus propios espacios de or-ganización. Las nacionalidades a través de sus propias organizaciones ylos colonos que, a raíz de esta demanda, crearon el Frente de Defensa de

40 Luis Yanza

la Amazonía en mayo de 1994 donde también se aglutinaron los demásgrupos sociales del Nororiente para seguir el caso. Estos grupos son losque mantienen el liderazgo del proceso, pese a todo los esfuerzos porparte de Texaco para romper con esta unidad; por ejemplo la negocia-ción que Texaco realizó en 1995 con el gobierno, con 4 municipiosamazónicos, con el Consejo Provincial de Sucumbíos y con dos federa-ciones kichwas.

- La presión pública ejercida a través de los medios de comunicación tan-to a nivel local, nacional e internacional. Fue a través de ellos y de unacantidad de eventos y espacios como foros, mesas redondas, paneles,que hicimos conocer al mundo las atrocidades cometidas por Texaco enel norte de la región amazónica ecuatoriana.

- El apoyo y solidaridad internacional de organizaciones no gubernamen-tales, organizaciones sociales y personas sensibles con la causa amazóni-ca. Con el apoyo de ellos hemos emprendido campañas de difusión yeducación al público, sobre todo en los Estados Unidos, acerca de lasconsecuencias negativas que trae la industria petrolera, violando dere-chos consagrados en la legislación nacional e internacional.

El caso en Ecuador

Previo a un período de consulta y reflexión en las comunidades afectadasse resolvió continuar con el proceso en Ecuador en base a la resolución dela Corte de Apelaciones del 16 de agosto de 2002. En este sentido, el 7 demayo de 2003 se presentó la demanda en la Corte Superior de Nueva Lo-ja ya que de acuerdo a la Ley de Gestión Ambiental le otorga competenciapara el conocimiento de las acciones civiles provenientes de afectacionesambientales.

Con fecha 13 de mayo de 2003, el presidente de la Corte Superior deNueva Loja, mediante providencia avocó conocimiento de la demanda “porser clara, completa y reunir los requisitos” que la ley establece. En el mismodocumento se cita al señor David O’ Reilly, representante legal de ChevronTexaco, a través de los canales diplomáticos correspondientes, previniéndo-le al demandado, al momento de citársele, la obligación de señalar domici-lio judicial para que reciba las notificaciones pertinentes.


El 11 de julio, Texaco fue notificada y señaló casillero judicial. El si-guiente paso es la audiencia de conciliación y el término de prueba pero aúnel presidente de la Corte no ha fijado fecha y hora para estas diligencias.

El 21 de octubre de 2003, el presidente de la Corte llamó a una Audien-cia de Conciliación y Contestación de la Demanda, e inmediatamente abrió eltérmino de prueba. Las partes, sobre todo los demandantes, solicitaron aljuez que se practiquen las inspecciones judiciales a fin de verificar en el cam-po las secuelas de la contaminación dejada por Texaco. Estas diligencias serealizarán a partir del mes de julio de 2004 y durarán aproximadamente unaño luego de lo cual el juez estudiará el caso y dictará sentencia. Sin embar-go, se prevé que habrá apelaciones y el caso podría llegar incluso a la CorteSuprema de Justicia dentro de 4 o 5 años.

Lo que se está demandando

A pesar de que se trata de la misma demanda que estuvo en Nueva York; sinembargo, por la diferencia entre la legislación americana y ecuatoriana, aho-ra se está demandando solamente por los daños ambientales. Esto es:

La eliminación o remoción de los elementos contaminantes que amenazantodavía al ambiente y a la salud de los habitantes; es decir, la remoción yadecuado tratamiento y disposición de los desechos y materiales contami-nantes todavía existentes en las piscinas o fosos abiertos por Texaco y quehan sido simplemente taponadas, cubiertas o inadecuadamente tratadas.

El saneamiento de los ríos, esteros, lagos, pantanos y cursos naturales y ar-tificiales de agua y la adecuada disposición de todos los materiales de de-secho.

La remoción de todos los elementos de estructura y maquinaria que sobre-salen del suelo en los pozos, estaciones y subestaciones cerrados, clausura-dos o abandonados, así como de los ductos, tuberías, tomas y otros ele-mentos semejantes relacionados con tales pozos; y, en general, la limpiezade los terrenos, plantaciones, cultivos, calles, caminos y edificaciones en loscuales todavía existan residuos contaminantes producidos o generados aconsecuencia de las operaciones dirigidas por Texaco, inclusive los depósi-tos para desechos contaminantes construidos como parte de las mal ejecu-tadas tareas de limpieza ambiental.

42 Luis Yanza

La reparación de los daños ambientales causados, conforme lo dispuesto porel artículo 43 de la Ley de Gestión Ambiental. En consecuencia, en la sen-tencia deberá ordenarse: la ejecución en las piscinas abiertas por Texaco delos trabajos necesarios para recuperar las características y condiciones natu-rales que el suelo y el medio circundante tuvieron antes de sufrir los daños;a contratación a costa de la demandada de personas o instituciones especia-lizadas para que diseñen y pongan en marcha un plan de recuperación de lafauna y flora nativas, en donde fuere posible; la contratación a costa de lademandada de personas o instituciones especializadas para que diseñen ypongan en marcha un plan para la regeneración de la vida acuática y, porúltimo, la contratación a costa de la demandada de personas o institucionesespecializadas para que diseñen y pongan en marcha un plan de mejora-miento y monitoreo de la salud de los habitantes de las poblaciones afecta-das por la contaminación.


Introducción

Durante la Colonia, se puede decir que, en general, la Corona española es-tableció en América un sistema minero basado en la regalía, caracterizadopor desvincular el suelo del subsuelo, que junto con sus riquezas mineraspertenecía al rey, quien otorgaba la propiedad y el derecho de explotarlas acondición de pagar el Quinto Real (20%). Este derecho podía ser revocadoantes del plazo establecido por diferentes causas.

El rey y sus magistrados mantuvieron el control, el poder de regulacióny la capacidad de orientar el rumbo del sector minero pues conocían de suimportancia para la Real Hacienda y para activar los otros sectores econó-micos en las colonias.

Por su parte, los gobiernos locales que se sucedieron en América duran-te la Colonia, dedicaron todo su esfuerzo a tres actividades económicas prin-cipales: minas, manufacturas y comercio. La decadencia de la actividad mi-nera desde finales del siglo XVII, entre otras causas, trajo consigo un dete-rioro de las otras dos actividades, provocando un panorama desolador deatraso y de pobreza en las provincias de la Audiencia de Quito, como lo des-cribe Gonzáles Suárez, cuando hace un balance del estado social de la Co-lonia, al terminar el siglo decimoséptimo.

En tiempos de la Independencia, el Libertador estableció que el Estado,propietario de la riqueza minera, delegaba esta potestad en el sector privadoy la mina pasaba a ser propiedad del concesionario.

Petróleo y medio ambienteen el Ecuador

Ramiro Gordillo

Siglo XX: El inicio de la producción de petróleo

A finales del siglo XIX, en 1886, el Congreso de la República del Ecuadorexpidió el Código de Minería. Hasta ese momento, siempre se incluyeronen la legislación minera, las breas y los alquitranes, más tarde llamados hi-drocarburos.

Durante la primera presidencia de Eloy Alfaro, se inauguraron los pri-vilegios que concedieron parcelas petroleras, por tiempo ilimitado, especial-mente en la península de Santa Elena.

Entrado el siglo XX, durante la presidencia de José Luis Tamayo, la Leyde 1921 o Ley de los Arrendamientos, fue la primera ley de hidrocarburospropiamente dicha que tuvo el Ecuador, la cual disminuyó en la práctica, laparticipación económica del Estado, a menos de la mitad del quinto real(20%) de la época colonial, y estableció derechos superficiarios irrisorios.

De este periodo, es posible afirmar que, luego de la puesta en vigenciade la ley de 1921, se inició una etapa caracterizada por la entrega indiscri-minada y discrecional, de cientos de arrendamientos de terrenos petrolífe-ros, en las provincias de Guayas, Azuay, Cañar y Manabí, a un número re-ducido y selecto de ecuatorianos influyentes, que no tenían nada que vercon la industria petrolera, cuyos apellidos se repetían en actividades finan-cieras, empresariales, fabriles, institucionales y filantrópicas, o a unos cuan-tos ciudadanos extranjeros bien relacionados que rápidamente los traspasa-ban a compañías.

Existieron varios arrendamientos concedidos a familiares cercanos delpresidente Tamayo, y otros a damas de la alta sociedad guayaquileña. La es-tructura estatal puesta al servicio de los intereses privados, no permitió alEstado recibir beneficios de los numerosos arrendamientos.

Esta situación de efervescencia petrolera se produjo como consecuenciadel descubrimiento de petróleo y gas en Ancón, razón por la que el mayornúmero de arrendamientos fueron otorgados en la península de Santa Ele-na. La extensión otorgada era de cuatro a cinco mil hectáreas y el Estado de-bía recibir el 6% del producto bruto de la explotación.

La mayoría de las personas naturales que recibieron arrendamientos pe-trolíferos, iniciaron en el Ecuador el lucrativo negocio de vender los dere-chos, o traspasar los contratos, a ciertas compañías extranjeras, ganando di-nero fácil en estas transacciones.

46 Ramiro Gordillo

Así, en 1927, Anglo Ecuadorian Oilfields, luego de consolidar sus pro-pios contratos con el Estado y varios traspasos de arrendamiento de algunosmiles de hectáreas de terrenos petrolíferos, inició en la península la produc-ción comercial de tres mil barriles por día de petróleo, y su refinación enuna pequeña refinería de segunda mano, que se instaló en La Libertad.

En 1937, mediante la Ley de Petróleos expedida por la dictadura de Fe-derico Páez, se crearon las concesiones como modelo contractual petrolero.Esta ley, modificada por el gobierno reformista de Enríquez Gallo, en suparte formal mantenía las mismas reglas de la ley de 1921, y en la parte eco-nómica, disminuía la posibilidad de ingresos para el Estado.

Las reyertas políticas de los partidos liberal, conservador y socialista, alo cual se sumó una áspera situación de conflicto contractual con las com-pañías extranjeras, representadas por algunos liberales influyentes, comoCarlos Alberto Arroyo del Río, tuvieron un peso relevante en la tempranadecisión del General Enríquez Gallo, de separarse del Ejecutivo, y convocaren agosto de 1938 a una Convención Nacional, para volver a la legalidad.Este hecho es confirmado, en cierta forma, cuando por primera vez se rom-pía la tradición de que un congreso constituyente, no nombraba presidenteprovisional al dictador que lo convocó.

Desde que entró en vigencia la Ley de Petróleo de 1937, a pesar del grannúmero (varias decenas) de concesiones para exploración de petróleo otor-gadas indistintamente por los siete diferentes gobiernos de turno, en todaslas regiones del país, a personas naturales y a compañías, para 1940, estabanvigentes solamente nueve concesiones en periodo de exploración en todo elterritorio ecuatoriano; de las cuales, cuatro eran compañías petroleras y cin-co personas naturales. De las compañías petroleras, una de ellas explorabaen el oriente (Shell) y las otras tres en el litoral. Todo el resto de concesio-nes habían desaparecido por diferentes razones. Este panorama da una cla-ra idea del manejo que los políticos liberales y conservadores dieron a la Leyde Concesiones en los primeros tres años de vigencia.

En este agitado periodo, desde 1925 hasta 1948, estuvieron vigentes dosleyes de hidrocarburos: una que consagraba los arrendamientos y otra lasconcesiones. Se repartieron en forma indiscriminada y discrecional, duran-te los veintitrés años, por todos los veintisiete gobiernos de turno, a vecessin cumplir con las leyes, primero contratos de arrendamientos, y luegoconcesiones tanto en la región litoral como en el oriente, a personas natura-

47Petróleo y medio ambiente en el Ecuador

les y a compañías, algunos de extensiones territoriales que rebasaban el má-ximo permitido por las leyes, o elementales normas de protección del Esta-do, pues se llegaron a entregar hasta diez millones de hectáreas, a una solacompañía, en una sola región.

Se disminuyeron los ingresos del Estado por la producción de petróleo,a cantidades sustancialmente menores a aquellas que fueran fijadas hacecuatrocientos años por el rey de España en la Colonia, llegando hasta me-nos de la tercera parte del quinto real, y se fijaron cantidades irrisorias delorden de unos pocos centavos de dólar, como pago anual de derechos su-perficiarios por hectárea de concesión.

Durante los años 1941 y 1942, a pesar de todos los eventos que lleva-ron a la suscripción del protocolo de Río de Janeiro que cercenó nuestro te-rritorio, el gobierno liberal de Arroyo del Río que era influyente abogado decompañías foráneas, fue muy activo entregando concesiones petroleras auna compañía extranjera que también operaba en el Perú, unas las otorgódurante los días mismos de la invasión, otras a los pocos días de la firma deltratado y algunas más tarde.

La producción de petróleo de la península de Santa Elena se incremen-tó paulatinamente durante estos años, beneficiando casi en su totalidad conlos ingresos a la compañía, y poco o nada al Estado. Desde finales de losaños veinte, el Estado subsidiaba a la concesionaria de refinación que ma-nejaba el abastecimiento del mercado interno, permitiéndole vender loscombustibles a precios bastante más elevados que los del exterior.

Cada gobierno de turno, en vista de la empobrecida economía del país, sevolvió dependiente de la compañía petrolera Anglo, a través de empréstitos ode adelantos de dinero para la escuálida hacienda pública y financiamientospara la realización de la obra pública. Esa era la tónica de aquellos tiempos.

Como se puede constatar, a partir del año 1948, el tema del abasteci-miento de derivados para el consumo del mercado interno fue convirtién-dose a través del tiempo en un problema recurrente que por su incidenciapolítica y económica demandaba cada vez mayor atención por parte del go-bierno, pues a pesar de estar en manos de la Anglo, concesionaria de pro-ducción y refinación de petróleo, el Estado debía arbitrar medidas en elasunto energético, tanto en la producción nacional de crudo y su refinación,como en proveer las divisas necesarias para realizar las importaciones quepermitan cubrir el déficit.

48 Ramiro Gordillo

El problema comenzaba a volverse crítico, pues en el año 1950 el fin delas exportaciones de petróleo de la península se veía cercano, y el monto delas importaciones de hidrocarburos para cubrir el mercado interno de com-bustibles era cada vez más grande, constituyéndose en un factor adicionalde deterioro de la economía nacional.

En resumen, el país dependía de un sistema energético bastante inefi-ciente, altamente concentrado en los hidrocarburos que sustentaban cercade las dos terceras partes del consumo, la otra tercera parte dependía de laquema de leña. La tasa de crecimiento anual de consumo final de energíaera mayor al 7%, mientras el PIB crecía a menos del 5%.

Para el año 1971, el crecimiento económico del país no estaba acordecon el consumo de energía, lo cual causaba una seria deformación del apa-rato económico y un deterioro acelerado del medio ambiente por contami-nación y deforestación, con el agravante de que estas condiciones no erantomadas en cuenta en ninguna política estatal que busque corregirlas. Noexistía ninguna regulación o ley para el manejo del medio ambiente, de for-ma que todas las operaciones petroleras de exploración y de explotación, detransporte y de distribución se realizaron durante más de setenta años, deacuerdo a la buena voluntad de las compañías, que evidentemente dabanprioridad a sus presupuestos operacionales, sin tener preocupaciones am-bientales ni siquiera de forma. Además, la tala indiscriminada de bosquespara ser utilizados como leña era imparable.

El país dependía en forma total del monopolio de las concesionarias derefinación para el manejo de todas las fases de su sistema de abastecimientode hidrocarburos para el mercado interno.

El mismo año, Velasco Ibarra promulgó la Ley de Hidrocarburos queabolía las concesiones y creaba nuevos sistemas de contratación petrolera,pero gracias a una disposición transitoria, la nueva ley tendría verdaderaaplicación después de treinta años, cuando hayan finalizado los contratos deconcesión suscritos antes de la expedición de la ley. Se había convertido auna ley tan importante en un mero elemento jurídico decorativo. Tampocose había previsto el problema del medio ambiente en este cuerpo legal.


1972-1975: El gobierno revolucionario-nacionalista

El punto central de la política petrolera del gobierno militar estaba dado porla aplicación de la Ley de Hidrocarburos de 1971, a los contratos de conce-sión, forma contractual que había sido derogada y que se aplicaba, sobre to-do al contrato de concesión suscrito con el consorcio Texaco-Gulf, que lue-go de haber realizado los más importantes descubrimientos de petróleo enel Oriente, entre 1967 a 1970, se aprestaba a iniciar la fase de explotaciónde los yacimientos. Al año de la toma del poder por parte de Rodríguez La-ra se firmaron los nuevos contratos petroleros.

De acuerdo al marco económico inicial expedido por el gobierno mili-tar, de cada barril de petróleo exportado por la compañía a un precio deventa de 2.5 dólares, el Estado participaba en 1.29 dólares netos, lo cual sig-nificaba que el ingreso del Estado era el 51.6% del precio de venta. Si el in-greso del Estado se lo relacionaba con el ingreso total neto por barril (2.05dólares), o sea el precio de venta (2.5 dólares) menos el costo de producciónde cada barril (0.45 centavos), la participación del Estado era del 63%, y dela compañía del 37%. Además, recibía timbres, tasas de vigilancia, tasas por-tuarias y otras tasas de servicios que hacían que en total el Estado participedel 66% de su petróleo y la compañía del 34%.

Sin duda, el ingreso del Ecuador a la OPEP significó el mayor acierto po-lítico de la dictadura militar, tanto en política exterior como en política in-terna, cuyo artífice fue el ministro de Recursos Naturales con su equipo ase-sor, ayudado por el soporte profesional de la Cancillería. Los resultados eco-nómicos obtenidos para el país por este hecho fueron notables, sin embargo,desde principios de 1975, paulatinamente se fueron dejando de lado estosmecanismos a medida que los detractores de la posición nacionalista del go-bierno, ganaban terreno y erosionaban el poder del general Rodríguez Lara.

De este primer periodo de casi cuatro años de la dictadura militar, sepuede concluir que la retórica revolucionaria-nacionalista no fue la prácticacorriente aplicada a los actos reales del gobierno, la proclama de revolucio-nario fue solo eso. El único sector importante de la economía del país don-de se aplicó el nacionalismo como doctrina, durante los tres primeros años,fue el petrolero.

Todo el proceso de reparación de los errores cometidos en el pasado conlas contrataciones petroleras, a veces fraudulentas o claramente perjudicia-

50 Ramiro Gordillo

les al Estado, emprendido con coraje por el nuevo gobierno, fue manejadoen forma acertada y de acuerdo a principios nacionalistas, que no eran otracosa que la legítima defensa de los intereses del Estado. Se dejaron, además,lineamientos claros sobre la materia que debieron ser respetados en el futu-ro. Esta fue una de las pocas veces en que la estructura del Estado, servía pa-ra el bien común y no a intereses particulares.

La posición que para algunos sectores políticos y económicos era extre-mista, produjo una reacción violenta de la derecha oligárquica y de las com-pañías, buscando la desestabilización, primero del ministro, y luego del go-bierno. En este contexto el general Rodríguez Lara, para llevar adelante supolítica petrolera nacionalista, contó con el gran apoyo del entorno y de lascircunstancias del negocio petrolero internacional, que experimentó en esosaños, los cambios estructurales más profundos de la industria petrolera enel mundo para establecer las nuevas relaciones de los países productores, conlas compañías y los países consumidores.

Los gobernantes del Ecuador, ante este panorama, tuvieron el acierto deingresar a la OPEP, lo cual permitió beneficiarse de la corriente internacio-nal favorable al Estado, situación que combinada con políticas, legislacióny regulaciones internas apropiadas, obtuvieron para el país una participa-ción neta de nada menos que los dos tercios de la producción petrolera delconsorcio Texaco-Gulf, cuando el inicio de la producción, y cerca del 80 porciento al final de 1975, lo cual significó para el Estado, ingresos económi-cos impensables antes del acceso de los militares nacionalistas al poder.

Aquí radica el mérito histórico del gobierno de Rodríguez Lara, queademás dejó implantadas ciertas políticas que no pudieron ser cambiadas fá-cilmente en el futuro, a pesar que durante el último año de ejercicio, la bús-queda de estabilidad política para garantizar su permanencia en el poder, lle-vó al presidente de facto a iniciar el abandono paulatino de estos principios.

En lo que respecta a la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana-CE-PE, si bien su conformación en 1972, como brazo ejecutor de las políticasdel Estado en materia petrolera, fue un gran avance, el nacionalismo, encambio, llevó a los gobernantes militares, auspiciados por una tecnocraciaestatal creciente en influencia y en número, a sobredimensionar las capaci-dades organizacionales, técnicas, financieras y económicas de la empresa es-tatal que recién nacía, lo cual les condujo a pensar que podían reemplazar alcapital y a la tecnología extranjeros.


Es evidente que las condiciones técnicas, administrativas y organizacio-nales de CEPE y los recursos financieros que la dictadura le asignó en sustres primeros años de actividad empresarial, de 1973 hasta 1975, no hacíanposible que pueda cumplir, ni aún en mediano grado, las tareas y las metasque se le habían encomendado por ley, especialmente en el plano de la ex-ploración y de la distribución de combustibles en el mercado interno. El de-sarrollo real de la empresa no era compatible con las expectativas demasia-do optimistas del gobierno.

En 1972, cuando se establecieron los nuevos contratos petroleros, las es-tipulaciones contractuales relacionadas con el medio ambiente eran declara-ciones generales de principio, sin que el gobierno ejerza ningún control am-biental sobre las operaciones petroleras. Consecuencia de ello, la coloniza-ción indiscriminada del Oriente, el atropello a las etnias autóctonas y la con-taminación provocada por la operación petrolera. La quema de petróleo, laacumulación de residuos petroleros y lodos de perforación en piscinas quecon las lluvias desbordaban inundando terrenos y contaminando arroyos yríos, la disposición en cualquier lugar de aguas de formación producida conel petróleo, eran la regla. La entrada de CEPE a operar y producir petróleoen el Oriente reprodujo los males causados por la compañía o los agravó. Lomismo sucedió con la operación de la refinería de Esmeraldas que dio inicioa una etapa de contaminación ambiental acelerada de la región, de las aguasde la costa y un crecimiento espontáneo desordenado de la ciudad. La preo-cupación ecológica del mundo se dio al iniciar la década de los ochenta.

La Ley de prevención y control de la contaminación ambiental fue ex-pedida en 1976, y en 1981 se puso en vigencia la Ley Forestal, leyes que porno ser directamente relacionadas con la industria petrolera no fueron apli-cadas a sus operaciones.

En 1982, en los contratos de prestación de servicios se hizo una men-ción general a los problemas del medio ambiente. Luego, desde 1985 cuan-do fueron suscritos, se dio inicio al tratamiento de los problemas ambienta-les por parte de las compañías que ante el reclamo de las poblaciones afec-tadas y la presión sobre el tema verde por organizaciones ecologistas de suspaíses de origen, establecieron departamentos para la relación con la comu-nidad y el manejo ambiental. Este trabajo realizado por las compañías, sincontrol del Estado, gastando en algunos casos ingentes cantidades de dóla-res muchas veces en forma inmediatista, trató de ser normado, sin éxito, en

52 Ramiro Gordillo

1990 cuando se estableció un reglamento de operaciones que tomaba encuenta al medio ambiente. Cuando en 1992, Petroecuador tomó a cargo laoperación de Texaco las prácticas ambientales cuestionables de la compañíase mantuvieron. En 1989 y 1992, se expidieron reglamentos y regulacionessobre el tratamiento de las aguas y el suelo, respectivamente.

Basta citar un ejemplo para ilustrar la forma de trato al medio ambien-te. Por años, en las décadas de los setenta, ochenta y aún entrados los no-venta, a fin de evitar durante el verano el polvo levantado por la circulaciónde vehículos y mejorar la capa de rodadura en las vías lastradas del Oriente,tanto el consorcio como la petrolera estatal más tarde, regaban petróleo pe-sado de desperdicio en los caminos como parte del trabajo de mantenimien-to. Los colonos residentes en las márgenes estaban agradecidos por esta de-licadeza.

Solamente en 1998, en la nueva Constitución del Estado se incluyó almedio ambiente como elemento prioritario del Estado. Luego, en 1999, seexpidió la Ley Ambiental y recién en el año 2001 se puso en vigencia el Re-glamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas. Se puede afir-mar con certeza que desde el punto de vista jurídico, antes de 1998 la in-dustria petrolera carecía de normativa ambiental. Actualmente existe nor-mativa legal suficiente para el tema ambiental, el problema radica en su apli-cación.

Debe anotarse que Petroecuador no cumple con las normas ambienta-les ni de seguridad industrial nacionales o internacionales en ninguna de susactividades industriales pues, aparentemente, el Estado no controla al Esta-do, por esta razón su acción contaminadora es imparable. Un buen patrónde esta actitud irresponsable constituyó el derrame producido en las IslasGalápagos por el buque Jessica, caso que quedó en la impunidad. Si bienexiste una gerencia de medio ambiente en Petroecuador, ésta no dispone delos medios económicos y técnicos suficientes y realiza su acción, muchas ve-ces, de acuerdo a intereses políticos particulares o de grupo. Por el contra-rio, la mayoría de las compañías que operan bajo las diferentes modalidadescontractuales en el Oriente, si cumplen las normas ambientales y existen ca-sos notables de operaciones petroleras en la selva compatibles con el ecosis-tema.

No se ha fijado una política de Estado clara que delimite el campo so-bre la conservación del medio ambiente para la industria y para los actores


afectados, por lo que la relación con las comunidades y con las etnias no lasmaneja ni las supervisa, sino que ha descargado cómodamente esta respon-sabilidad en las compañías que ejercen acciones sin coordinación, muchasveces de corto plazo y sin ningún marco de política general que las proyec-te en el tiempo. Las entidades estatales encargadas de la elaboración de po-líticas, reglamentos y normas no están agrupadas, por lo cual su acción esdesordenada, inconsistente y a veces contradictoria. Existe una influenciaexterior en asuntos puntuales con la óptica de manejo de problemas am-bientales y de relaciones con la comunidad sin tomar en cuenta las caracte-rísticas propias y las singularidades del Ecuador, por lo cual este tipo de ac-ción, sobre todo cuando individuos extranjeros tratan de llevar a cabo pro-testas por medio de medidas de hecho, está totalmente fuera de lugar.

Cuando en el año 2001, se dio la desaparición técnica de la DirecciónNacional de Hidrocarburos, con la idea de contratar con terceros los con-troles que deben ser realizados por el Estado, el problema empeoró.

54 Ramiro Gordillo

El estado ecuatoriano es el dueño de los yacimientos de hidrocarburos denuestro territorio y realiza su exploración y explotación, directamente a tra-vés de Petroecuador o mediante los contratos señalados en el artículo 2 dela Ley de Hidrocarburos. No se estipula en ninguna parte de la Ley, los con-tratos denominados de servicios específicos, alianzas operativas ni estratégi-cas para el desarrollo y explotación de campos.

La actual contratación petrolera ecuatoriana es parte de un proceso his-tórico que tiene como antecedentes las concesiones coloniales españolas pa-ra explotar los bitúmenes y breas de la península de Santa Elena, los privi-legios otorgados en 1878, los contratos de arrendamiento de la RevoluciónAlfarista de 1898 y 1908, los de arrendamiento al amparo de Ley sobre Ya-cimientos o depósitos de Hidrocarburos de 1921 a 1937, los de concesióndesde ese año hasta los de 1972 que alcanzaron los máximos beneficios pa-ra el país a través del consorcio constituido con Texaco y el de asociaciónque teníamos con City Investing Company.

Las regalías fueron del 12.5% para City y 18.5% para Texaco. El im-puesto a la renta unificado para ambos casos fue del 87.31%. El menciona-do consorcio, en los 20 años del contrato, dejó al Estado 23.5 billones dedólares, mientras Texaco recibió la suma de 1.643.458 dólares, lo cual sig-nifica el 93% para el uno y el 7% para la otra, según las liquidaciones ofi-ciales realizadas en 1994 por el Banco Central del Ecuador, el Ministerio deFinanzas, el Ministerio de Energía y Minas, Petroecuador y Texaco.

Contratación petrolera ecuatoriana1972 – 2003

Luis Alberto Aráuz

dcnoble

Cuadro de texto

Aráuz, Luis Alberto (2004). Contratación petrolera ecuatoriana 1972-2003. En Petróleo y desarrollo sostenible en Ecuador 2. Las apuestas, ed. Guillaume Fontaine, 57-65. Quito: Serie Foro FLACSO.

Esos resultados logramos gracias a la política petrolera nacionalista del go-bierno del general Guillermo Rodríguez Lara, la aplicación de la ResoluciónNo. 90 de la OPEP y a su respaldo político que, lamentablemente perdimosen 1993. Después involucionamos totalmente, desde 1982 a los contratosde prestación de servicios para la exploración y explotación de hidrocarbu-ros, de servicios específicos, participación, alianzas operativas o estratégicas,etc. Ninguno de estos contratos pagan regalías, el impuesto a la renta se re-bajó al 44.4% luego al 25% y al 15% que tenemos ahora.

Los contratos de prestación de servicios que duraron hasta 1999, en re-sumen, dejaron los siguientes resultados:

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Petroecuador Producing P/L Tariff Transport Net Profit Net Royal Ties Over contrib Income Tax Other TotalShare Cost $/B on 1 M$ in kind from to int market government government

M$ due to price take take(1) (2) (3) (4) (5)

1972 0 0 0.2400 0 0 0 745 16,457 20,640 37,8411973 0 0 0.2400 0 0 16,746 43,259 73,741 50,610 184,3561974 108,900 7,452 0.2400 2,177 99,270 51,748 184,571 184,098 201,413 721,1001975 166,523 10,788 0.2400 3,475 152,260 0 114,288 189,227 136,484 529,2591976 158,596 11,152 0.2400 4,056 143,388 0 156,993 255,601 112,731 668,7131977 538,793 29,734 0.2400 9,947 499,112 0 116,652 159,002 61,836 836,6021978 568,742 36,092 0.2400 10,920 521,730 0 129,661 108,544 55,632 815,5681979 1.010.179 39.425 0.2400 11,558 959,196 53,820 293,659 128,816 19,956 1,455,4471980 1,575,401 42,199 0.2400 10,912 1,522,290 56,784 483,392 138,677 18,756 2,219,8691981 1,613,446 56,366 0.2400 11,232 1,545,848 23,878 467,511 183,797 81,372 2,302,4061982 1,205,130 59,330 0,4267 19,856 1,125,944 0 466,798 185,261 148,563 1,926,5671983 1,194,751 55,431 0.4722 22,623 1,116,698 19,485 288,152 268,321 92,862 1,785,5181984 1,334,526 57,307 0.5249 26,709 1,250,510 78,935 281,656 266,447 50,245 1,925,8231985 1,286,229 71,101 0.5859 31,486 1,183,641 0 251,287 302,750 137,643 1,875,3221986 628,435 65,917 0.6567 34,657 527,821 0 69,830 139,553 64,267 801,5101987 432,020 44,342 0.9400 29,227 328,451 85,953 96,290 107,821 3,570 652,0851988 519,049 48,714 0.9600 51,928 418,408 145,067 129,535 94,644 4,801 792,4561989 752,140 41,038 0.9800 48,794 662,309 140,272 154,379 93,102 5,691 1,055,7531990 944,862 54,606 1.0000 49,540 840,717 126,324 222,952 186,901 7,324 1,384,2171991 818,766 62,215 1.0200 51,690 704,861 61,298 170,813 120,570 5,992 1,063,5351992 329,549 12,547 1.0200 20,004 296,998 28,311 58,439 25,683 1,654 411,085Totals 15,186,037 805,756 450,791 13,899,492 888,621 4,180,862 3,229,043 1,282,042 23,508,032

Actual Government Take

Separados Tivacuno y Shiripuno, Petroecuador recibió solo el 10% de losingresos generados por estos contratos y al pagar el 18.5% de regalías, ter-minó con una enorme pérdida. Actualmente tenemos todavía el contratocon AGIP, que desde 1999 reporta los siguientes resultados:

59Contratación petrolera ecuatoriana

Contratista Producción Costo+gastos Inversión Togal C+G+I Reembolsos a Saldo a pagar Tasa de servic. Restit. a Part. Estadobarriles dólares dólares dólares Cia. dólares dólares dólares Petroec. dólares

(*) dólares

OCCIDENTAL (**) 43,538,789 200,787,407 286,447,245 487,231,652 368,295,557 149,119,807 88,043,165 51,633,878 74,650,633

ELF BLOQUE 14 4,699,718 22,964,344 941,405,848 114,370,192 50,649,134 72,920,611 0 6,575,613 1,741,155

ELF-SHIRIPUNO (***) 204,021 1,850,645 10,516,000 12,366,645 2,434,688 9,937,237 0 252,434 40,389

ORYX (**) 27,973,872 89,898,405 192,332,401 282,230,806 210,705,427 149,119,807 54,364,413 35,627,603 59,810,037

TRIPETROL 1,046,541 5,270,509 58,163,655 63,434,164 18,113,096 51,195,532 0 110,927 17,370

TIVACUNO (***) 6,944,950 26,470,334 48,071,678 74,542,012 35,473,776 35,066,237 33,050,294 7,628,014 20,746,942

BLOQUE 16 (**) 20,405,454 81,231,417 718,221,527 799,452,944 230,220,765 641,550,655 9,442,789 23,353,786 31,143,210

TOTAL 104,813,345 428,470,061 1,405,158,354 1,833,628,415 915,892,463 1,108,909,886 184,900,661 125,182,255 188,149,736

Total generado 1,575,278,855%de ingreso al Estado 11,84%

(*) El saldo a pagar fue autorizado por el SRI para que las Cías.amorticen en el contrato de participación.(**) PETROECUADOR pagó en 1999 con su crudo de participación deudas por 18 MMUS$ a OXY y 9MMUS$ a ORIX y 13 MMUS$ a REPSOL(***) Contratos de servicios específicos para desarrollo y explotación.

1=2+3+42345=6+7+8678910=11+12+13+141112131415=1+5+916=1017=16+1518=7+8+1019=(8+10)/

Producción (BBL)Ingreso bruto (US$)BPPDReembolsosCostos y gastosInv. exploraciónInv. Des/ProdTasa serviciosPR*INAR(P-C)Q-ImpuestosImp. Renta+GAP+1%Restituciones Petroec.PartícipesLey 10 / 20Ley / 40CORPEISaldoCostos de Petroec.Saldo PaísMargen comercialidadRenteRenta petrolera

1,731,44033,093,856 19.114,744 23,164,176 13.387,689,506 4.448,296,260 4.797,178,410 4.158,635,248 4.998,635,248 4.99

844,296 0.49450,137 0.26346,288 0.2086,572 0.0517,277 0.01

32,643,720 18.86450,137 0.261,379%450,137100.000%

10,594,753255,559,767 24.1228 ,94784,388,962 7,9726,890,542 2,5417,145,605 1,6240,352,815 3,81110,256,921 10,4131,982,085 3,0269,840,887 6,598,433,949 0,8915,374,290 1,4545,539,595 4,302,648,688 0,25529,738 0,05133,901 0,0142,227,268 3,99210,020,173 19,8345,539,595 4,3021,683%123,814,43143,592%

12,829,354233,789,627 20.8235,14982,636,700 6.4523,079,280 1.8017,145,605 1.3442,411,815 3.3182,888,166 6.4624,296,682 1.8952,719,759 4.115,871,725 0.4620,406,528 1,5947,858,233 3,733,848,806 0,30641,468 0,05122,362 0,0143,245,597 3,37185,931,394 14,5047,858,233 3,7325,740%106,449,71750,474

11,241,862234,073,308 20.8230,80088,718,446 7.9028,168,539 2.5117,145,605 1.5343,404,302 3.8674,945,802 6.6715,361,447 1.3753,595,618 4.775,988,737 0.5318,586,040 1.6551,823,021 4.613,934,652 0.35562,093 0.05123,033 0.0147,203,243 4.20182,250,288 16.2251,823,021 4.6128,435%111,407,37651,892%

7,855,406195,289,531 24.8628,77472,814,388 9.2022,208,071 2.8312,859,203 1.6437,117,114 4.7363,346,103 8.0611,134,697 1.4246,601,637 5.935,609,769 0.7113,329,456 1.7046,429,582 5.913,142,162 0.40392,770 0.05102,900 0.0142,791,750 5.45148,859,947 18.9646,429,582 5.9131,190%98,640,98852,756%

3,318,20078,428,678 23.6436,06726,748,722 8.0610,089,959 3.044,286,401 1.2912,372,362 3.7323,723,863 7.143,201,300 0.9618,418,479 5.552,104,084 0.635,566,528 1.6822,389,565 6.751,327,280 0.40165,910 0.0541,316 0.0120,855,059 6.2956,039,113 16.8822,389,565 6.7539.953%42,912,12857.079%

11,173,606273,718,208 24.5030,61398,933,110 8.8532,298,030 2.8917,145,604 1.5349,489,476 4.4387,069,965 7.7914,335,996 1.2865,020,116 5.827,713,853 0.6918,895,984 1.6968,819,148 6.164,469,442 0.40558,680 0.05144,217 0.0163,646,809 5.70204,899,059 18.3368,819,148 6.1633.587%141,553,11754.067%

Jul-dic 1999

PERÍODO

US$ US$BBL US$ US$BBL US$ US$BBL US$ US$BBL US$ US$BBL US$ US$BBL US$ US$BBL

Ene-dic 2000 Ene-dic 2001 Ene-dic 2002 Ene-sept2003 Oct-dic 2003 2003

Situación de los contratos de prestación de servicios. Información a fines de 1999

Elaboración: Área Económica. Fuente: Reembolsos AGIP, liquidaciones y reliquidaciones provicionales2000,200Sujeto a cambio por reliquidaciones 1999 y 2002 en base a resoluciones provisionales mensuales

En resumen, en este contrato, la compañía ha recibido el 72.24% del ingre-so bruto y Petroecuador el 27.76%. Lamentablemente, desde 1997, la Di-rección Nacional de Hidrocarburos no ha realizado ninguna auditoría y na-die puede dar una información oficial definitiva.

Con las leyes No. 44 y 49, pasamos a los contratos de participación cla-sificados en dos grupos, el primero referente a las dos licitaciones y el otroa la modificación que permitió el cambio de contratos. En los contratos departicipación, correspondientes a la séptima y octava rondas, a través de lascolumnas X1, X2 y X3 combinadas con las L1 y L2 y la fórmula PC = X.Q1

y más relativas a la clase de crudos, cambio de los precios y otros factores in-troducidos, para reducir el porcentaje asignado al Estado en las ofertas pre-sentadas por las compañías en esas licitaciones.

En estos cuadros, destacamos el caso del gas del Golfo de Guayaquil en elque la compañía EDC se asigna el 90% de la producción del campo Amis-tad y a Petroecuador le entregan el 10% que no alcanza a cubrir la regalíadel 16% señalada en el artículo 49 de la Ley de Hidrocarburos.

Como el Art. 29 de los decretos 1416 y 1417 no permitían el cambio de

60

OCTAVA RONDA

COMPAÑIAS BLOQUE L1BPD L2BPDCIA. PE. CIA. P.E. CIA. P.E.

CGC - SAN JORGE 23 30,000 50,000 81,0 19,0 79,0 21,0 60,0 40,0ARCO ORIENTE INC. 34 30,000 60,000 87,5 12,5 86,0 14,0 81,5 18,5PEREZ COMPANC 31 1 60,000 80,5 19,5 80,0 20,0 80,0 20,0

X1% X2% X3%

Luis Alberto Aráuz

Séptima Ronda

Compañías Bloque L1BPD L2BPD X1% X2% X3%CIA. P.E. CIA. P.E. CIA. P.E.

Consorcio Santa Fe 11 15,000 25,000 77,0 23,0 67,0 33,0 57,0 63,0CAYMAN 18 35,000 45,000 74,2 25,8 73,9 27,1 71,1 29,0VINTAGE 19 30,000 60,000 72,5 27,5 70,0 30,0 70,0 30,0KERR MC GEE 21 30,000 60,000 67,5 32,5 60,0 40,0 60,0 40,0CITY ORIENTE 27 30,000 60,000 79,0 21,0 69,0 31,0 50,0 50,0TRIPETROL 28 20,000 40,000 69,0 31,0 55,0 45,0 20,0 80,0

L1MMPCS L2MMPCSEDC (Gas del Golfo 3 30 60 90,0 10,0 70,0 30,0 69,0 31,0

OCTAVA RONDA

COMPAÑIAS BLOQUE L1BPD L2BPDCIA. PE. CIA. P.E. CIA. P.E.

CGC - SAN JORGE 23 30,000 50,000 81,0 19,0 79,0 21,0 60,0 40,0ARCO ORIENTE INC. 34 30,000 60,000 87,5 12,5 86,0 14,0 81,5 18,5PEREZ COMPANC 31 1 60,000 80,5 19,5 80,0 20,0 80,0 20,0

X1% X2% X3%

Octava Ronda

Compañías Bloque L1BPD L2BPD X1% X2% X3%CIA. P.E. CIA. P.E. CIA. P.E.

CGC-SAN JORGE 23 30,000 50,000 81,0 19,0 79,0 21,0 60,0 40,0Arco Oriente Inc. 34 30,000 60,000 87,5 12,5 86,9 14,0 81,5 18,5PEREZ COMPANC 31 1 60,000 80,5 19,5 80,0 20,0 80,0 20,0

1 NdE: en los contratos de participación clasificados (PC), XQ equivale a un porcentaje de laquantidad producida.

un contrato a otro, mediante el Decreto No. 2633, las compañías lograroneste propósito y en detrimento del Estado, tenemos los siguientes resultados:

Al modificar los contratos de prestación de servicios para pasar al de conce-sión denominado de participación, no se hicieron las liquidaciones del ca-so, los saldos que debía Petroecuador pasaron a los nuevos contratos por unasuma de alrededor de los 1.108,9 billones de dólares y los reembolsos y ta-sas de servicio por una suma parecida desaparecieron de los activos de Pe-troecuador en perjuicio de toda la nación.

En los convenios de explotación conjunta de los yacimientos comunestransformados en contratos de participación, en desmedro a la equidad delreparto del crudo a las partes según el porcentaje de las reservas del yaci-miento perteneciente a cada una de ellas, tal como se puede observar en elsiguiente resumen:


Participaciónn en la producción de los contratos modificados y de participación (hasta dic. de 2003)

Contratista Bloque Fecha Producción Estado % Compaía %Produc.

PERENCO 7 Abr-00 6099485 1226768 20.11 4872717 79.89PERENCO 21 Dic-03 13041 2569 19.70 10472 80.30REPSOL 16 Ene-97 73907624 13053890 17.66 60853734 82.34OXY 15 Jul-99 31771662 4805352 15.12 26966310 84.88OXY Yana Quincha Ago-03 1231606 184880 15.01 1046726 84.99AEC (CITY) Tarapoa Ago-95 55072946 15344814 27.86 39727715 72.14CITY ORIENTE 27 Nov-98 2389532 561951 23.52 1827581 76.48CNPC AMAZON 11 Ene-01 256295 69927 27.28 186368 72.72ECUADOR TLC 18(pata) Ene-01 158189 52021 32.89 106168 67.11VINTAGE 14 Jun-99 6146757 794718 12.93 5352039 87.07VINTAGE 17 Abr-00 2490541 311319 12.50 2179222 87.50TOTAL 179537678 36408209 20.28 143129052 79.72

Yacimientos comunes

Contratista Yacimientos % Reservas Fecha Producción Petroecuador % Compañías %comunes Estado Comp. produc.

Perenco Coca-Payamino 54,00 46.00 Abr-00 12330051 3410112 27,66 8919939 72.34REPSOL Bogui-Capirón 85,00 15,00 Ene-97 17311773 3521441 20,34 13790332 79,66OXY Limóncocha 80,00 20,00 Jul-99 11164097 6720736 60,20 4443361 39,80AEC(CITY) Eden Yuturi 67,30 32,70 Nov-02 10824756 2162274 19,99 8660482 80,01AEC(CITY) Fany 78,56 21,44 Ago-95 29167715 8792934 30,15 20374681 69,85AEC(CITY Marian 7,60 92,40 Ago-95 2475760 694207 28,04 1782070 71,98ECUADOR TLC Palo Azul 95,00 5,00 Ene-03 4265653 2103390 49,31 2162263 50,69TOTAL 72,00 28,00 87539805 27407094 31,31 60133128 68,69

En los contratos de servicios específicos celebrados para el desarrollo y ex-plotación de los campos Tivacuno y Shiripuno, al margen de las disposicio-nes del Art. 19 de la Ley de Hidrocarburos, sin licitación ni pago del valorde las reservas entregadas, sus resultados constan en el cuadro de prestaciónde servicios.

Sobre los campos marginales cedidos a la explotación privada, y que ami juicio son los que mayores participaciones dan a Petroecuador en el re-parto de producción incrementada, encontramos que después de recibir laproducción de la línea base, obtiene las siguientes cantidades de petróleo.

En el 2001, los contratos de las alianzas operativas creadas fuera de la Ley,mediante acuerdo interministerial, firmado por los ministros de Finanzas yde Energía y Minas, permitieron entregar a una compañía de servicios la ex-plotación de los campos Víctor Hugo Ruales y Atacapi – Paraguaco.

En las noticias de prensa se dice que estos contratos son excelentes paraPetroecuador, pero todos sabemos que son mejores para los contratistas porsu adjudicación directa, duración, altos intereses, precios mayores a los de lacompetencia, pagos asegurados con fideicomiso y otras estipulaciones seve-ramente criticadas por la Contraloría General del Estado.

En el Registro Oficial No. 170 del 25 de septiembre de 2000 se publicóel Decreto No. 799 sobre las alianzas estratégicas a celebrarse con las empre-sas petroleras estatales. Revisados los contratos firmados en el 2002 con lacompañía SIPETROL para la explotación de los campos Paraíso, MCD, Bi-guno y Huachito, encontramos que estas alianzas en lugar de ser equilibra-das, equitativas, justas y de beneficio mutuo de las partes, lamentablementeson iguales o peores a los contratos celebrados con otras denominaciones.

62 Luis Alberto Aráuz

Contratos campos marginales

Contratista Fecha Producción Estado % Compañía %producc.

PINDO Ago-99 5033631 3435883 68.26 1597748 31.74PALANDA YS Ago-99 351009 1966692 55.98 1546317 44.02BERMEJO Ago-99 10250588 7565664 73.81 2684924 26,19TIGUINO Feb-00 6576054 3961317 60,24 2614737 39,76CHARAPA Ene-00 131549 98252 74.69 33297 25.31TOTAL 25504831 17027808 66.76 8477023 33.24

Desconocemos los términos de los acuerdos de entrega del crudo dilu-yente a varios contratistas pero sí sabemos que las mezclas de los crudos me-nores a 20° API con el petróleo de Petroecuador de 29° API, ocasionaronuna pérdida de 5° que afectaron a las ventas realizadas en el mercado inter-nacional, al transporte por el SOTE y en las refinerías al aumentar del 30 al50 % la producción de residuo, obligaron a importar gasolinas, naftas, LPGy diesel por más de 500 millones de dólares al año.

La afirmación de los allegados a las compañías de que el estado ecuatoria-no recibe el 75% de la renta petrolera nos obligó a concurrir al Servicio de Ren-tas Internas (SRI) y el aporte que entregaron tenemos en el siguiente cuadro:


N. Compañías Bloque Impuetso a la renta Compañías petroleras 1996-2002

1996 (S/.) 1997 (S/.) 1998 (S/.) 1999 (S/.) 2000 (US$M) 2001 (US$M) 2002 (US$M)

1 VINTAGE OIL ECUADOR 14 0 0 0 0 0 0 0

2 OCCIDENTAL 15 6,094,186,816 5,759,920,652 5,064,787,428 9,812,889,394 15,257,175 9,293,062 1,786,496

3 REPSOL 16 5,592,176,172 0 0 0 0 0 0

4 CAYMAN 18 - 0 0 0 0 0 0

5 CANADA GRANDE 1 - - 0 0 1,348 2,858 4,732

6 EDC 3 - - - - 0 0 0

7 KERR MC GEE 7 4,774,602,335 1,406,759,058 4,410,670,206 7,049,402,880 4,962,975 3,865,620 1,515,124

8 AGIP OIL 10 - - 0 0 11,629,503 16,536,046 10,191,299

9 LUMBAQUI 11 0 0 0 0 0 0 0

10 PEREZ COMPANC 31 - 0 0 0 0 0 0

PRENCO - - 0 120,679,498 0 0 658,098

11 CITY INVESTING Tarapoa 2,982,254,261 12,247,703,103 0 0 0 6,673,647 8,632,716

12 TECPECUADOR S.A. Bermejo - - 0 0 140,379 0 59,341

13 TECNIE SERVICIOS

PETROLEROS Charapa 234,331 605,347 1,935,366 111,249,967 27,071 31,557 0

14 BELLWETHER

INTERNATIONAL Charapa - - - 0 0 0 0

15 PETROLEOS

SUDAMERICANOS Pindo y Palanda - - - 0 6,896 7,400 0

16 CPVEN Tiguino - - - 0 0 0 0

17 PECS IECONTSA S.A. Tiguino 45,058,495 134,302 8,510 147,766,074 15,707 0 0

18 GRANTMINING S.A. Tiguino 0 0 0 0 0 0 77,690

19 PETROLEOS

COLOMBIANOS

LIMITED Tiguino - - - 0 0 0 31,681

20 VINTAGE

PETROLEUM

ECUADOR 19 - 0 0 0 0 0 0

21 PETROBRAS 0 0 0 0 0 0 109,672

Luis Alberto Aráuz64

Como estas cifras nos parecían increíbles, analizamos las declaraciones delimpuesto a la renta en el año 2002 y en lo principal constatamos en elcuadro de la siguiente página.

Según estos resultados, nos preocupa saber que las compañías pierdenmillones de dólares y, sin embargo, continúan en el país con sus actividadespetroleras.

En estos días, el Congreso Nacional tratará las reformas a la Ley de Hidro-carburos y parecería que al contrato de asociación y al de obras y servicios es-pecíficos les quieren transformar en otros de participación, o concesión al aña-dir una participación disimulada que nos lleva a recibir el 10 % en los crudosmenores de 20 grados API y al pago en especie a las compañías de servicios.

El reestablecimiento del contrato de gestión compartida es necesario pa-ra incrementar la recuperación de las reservas y la producción de los cam-pos deteriorados de Petroproducción, siempre que se mantenga la participa-ción mínima del 35%, las operaciones conjuntas y eliminen el último inci-so por improcedente.

Volver a cobrar las regalías en todos los contratos, es justo y necesario. Li-mitar su celebración al máximo de dos y prohibir los suscritos fuera de la ley,es positivo. Todos los ecuatorianos esperamos que por esta vez los diputadosprocedan de acuerdo con los intereses nacionales. Como Petroecuador nopuede mantenerse en crisis permanente, sin financiamiento ni estabilidad ad-ministrativa, es urgente que el Congreso le transforme en una verdadera em-presa petrolera, en centro de ganancias y en base de nuestra soberanía.

N. Compañías Bloque Impuetso a la renta

1996 (S/.) 1997 (S/.) 1998 (S/.) 1999 (S/.) 2000 (US$M) 2001 (US$M) 2002 (US$M)

22 BURLINGTON

RESOURSES

ECUADOR 24 - - - 0 0 0 1,450,400

23 CITY ORIENTE

LIMITED 27 0 0 0 0 0 0 0

TRIPETROL

HOLDING INC 0 0 0 0 0 0 0

24 OTRAS 0 0 0 0 0 0 17,723

TOTALES 19,488,512,410 19,415,122,462 9,477,393,009 17,241,987,813 32,041,054 36,410,190 24,534,972

Cotización del dólar S/. 3,191.30 S/. 4,391.90 S/. 6,825.00 S/. 16,080.00 S/. 25,000 S/. 25,000 S/. 25,000

Equivalencia en dólares US 6,106,762.89 US 4,420,665.01 US 1,388,629.01 US 1,072,262.92 US 32,041,054 US 36,410,190US 24,534,972

En conclusión, es necesario realizar una auditoría total de los contratosde exploración y explotación de hidrocarburos firmados desde 1982, susti-tuirlos por otros de asociaciones en consorcio y lo más importante es insistiren la necesidad de modificar sustancialmente la ley especial de Petroecuador.Si no logramos estos cambios, nuestra industria petrolera va a terminar en elcolapso. Los hidrocarburos pertenecen al pueblo ecuatoriano y su explora-ción y explotación tiene que realizarse en función de los intereses nacionales.

Contratación petrolera ecuatoriana 65

COMPAÑÍA

1 AGIP OIL DEL ECUADOR B.V.2 BELLWETHER INTERNATIONAL INC.3 BURLINTON4 CANADA GRANDE LIMITED5 CANAM OFFSHORE LIMITED6 CAYMAN INTERNATIONAL EXPLORATION S.A.7 CITY INVESTING COMPANY LIMITED8 CITY ORIENTE LIMITED9 ECUADOR TLC S.A.10 EDC11 GRANT MINING12 KERP MODEE EUADOR ENERGY CORP.13 LATINOAMERICANA14 LUMBAQUIOIL LTD.15 OCCIDENTAL EXPOR. AND PRODUC. COMP.16 OVERSEAS17 PERENCO18 PEREZ COMPAN19 PETROBELL INC.20 ETROBRAS ENERGIA OPERAACIONES EC. S.A.21 PETROLEOS COLOMBIANOS LIMITED22 PETROLEOS SUDAMERICANOS23 PETROLEOS SUDAMERICANOS DEL ECUA.24 PETROMANABI25 PREOSUD26 REPSOL-YPF ECUADOR S.A.28 SANTA FE29 TECPECUADOR S.A.30 TRIPETROL EPLOR.N AND PRODUCC. INC31 TRIPETROL HOLDING INC32 VINTAGE OIL DEL ECUADOR33 VINTAGE PETROLEUM ECUADOR INC34 YPF ECUADOR INCTOTAL

RUC #

1791401492001179143330000117917132060111791401557001179081335500117913586350011790749509001179128513100117917667920011791326830001179132055700117910039260011791242920001179128398800117906639810011790728005001179182350800117913338370011791738756001179179512100117917141640011791431855001179141459400109912443950011791749146001179175328300117914086830011791283988001179141013000117907033390011791292545001179079196700117912983730011790889629001

INGRESOS

52,165,892

19,974,149838,362

21,589,2381,149,777

229,494,3516,899,3824,621,1908,788,3437,788,621

29,044,8981,302,738

705,482171,105,63168,997,37311,432,7702,837,256

19,547,5266,990,652

1,866,0059,333,786

682,38018,655,63570,132,295

123,824,2173,268,040

19,060,666

24,934,457

937,031,112

COSTOS YGASTOS

5,541,4022,847,141

13,152,255793,822

22,895,8011,278,873

188,683,21813,978,433

5,639,07614,036,006

7,518,38757,458,070

1,371,92913,768,512

173,961,39274,291,899

8,346,6583,179,075

19,524,45620,604,195

2,076,95810,385,884

608,91420,190,58180,972,773

126,430,5763,265,731

18,952,203

30,092,598

941,846,818

IMP. A LARENTA

10,191,299

1,450,4004,732

8,632,716

0

77,6901,515,124

0

1,786,4960

658,0980

31,681109,672

0

17,1450

59,342

24,534,395

RELACION1/3

19.54

7.260.56

3.76

1.005.22

1.04

5.76

0.161.57

2.51

0.31

2.62

Impuesto a la renta de las compañías petroleras privadasAño 2002

Una introducción útil y conveniente

En algunos estudios se expresa que el petróleo se formó de un conjunto de mi-cro organismos y detritus vegetal que se transformó y acumuló a lo largo demilenios en capas gaseosas o pastosas, y que en ciertas ocasiones ha aflorado enforma de gas, de líquido o pasta. Vestigios de tales afloraciones se han registra-do en diversas comunidades del mundo, de allí que la denominación del pe-tróleo y sus derivados tiene una variada fuente idiomática, como por ejemplo:asfalto, que es de origen griego; oil, de origen inglés y aceite que es español.

Si nos remitimos a bibliografía especializada, recordaremos que en la de-nominada Edad de Hierro se hace referencia a afloraciones de aceite cuyoempleo en lámparas y candiles permitió que se establezca el llamado culto alfuego por parte de varias sociedades, además de utilizarlo como arma en lasguerras o lumbre de sus viviendas.

Posteriormente y ubicados ya en Centro y Sudamérica, es notorio el ca-so de los aztecas, de quienes se indica que mordían betún como que fuerachicle, además que a ese producto hidrocarburífero le daban un uso ceremo-nial y curativo. Los incas lo utilizaban para fortalecer el cabo de las velas desus barcazas.

Antiguos vestigios en Ecuador denotan que había afloraciones espontá-neas que permitieron a sus habitantes emplearlo en farmacopea y en reves-timiento de cabos de barcazas, así como calafateo de embarcaciones.

Importancia del petróleoen el Ecuador

José Gordillo Montalvo

dcnoble

Cuadro de texto

Gordillo Montalvo, José (2004). Importancia del petróleo en el Ecuador. En Petróleo y desarrollo sostenible en Ecuador 2. Las apuestas, ed. Guillaume Fontaine, 67-73. Quito: Serie Foro FLACSO.

Exploración y producción petrolera en la península

En el caso ecuatoriano, las primeras actividades exploratorias y de explota-ción petrolera en la época moderna se dieron en los territorios de la actualprovincia del Guayas, en áreas asignadas a nombre de personas naturales, ta-les como un señor de apellido Mier y luego de compañías tales como Caro-lina Oil Co., Anglo Ecuadorian y Cautivo Petrolera Ecuatoriana, todas ubica-das en la península de Santa Elena. Las modalidades contractuales en todosestos casos, fueron las de arrendamiento o concesión, con un pago de rega-lías que oscilaba entre 5 y 11%, pero una producción de 5 mil barriles quepaulatinamente fue descendiendo hasta llegar a apenas 400 barriles y la de-terminación de que tal actividad no era rentable; motivo por el cual no de-claraban utilidades y que debido a esa pequeña producción debían importargasolinas para satisfacer el mercado local, que a esa época era pequeño aún.

Exploración y producción petrolera en el Oriente

En el año 1964, bajo la administración de la Junta Militar de Gobierno, seotorgó al Consorcio Texaco-Gulf, en la región amazónica una concesión decerca de un millón y medio de hectáreas para que efectúe prospección pe-trolera y explote los recursos que obtenga por el lapso de 40 años.

Por cierto, la mencionada concesión no fue la primera realizada en laAmazonía, pues antes de ésta ya se concedió amplias áreas para exploraciónpor parte de las empresas Leonard Exploration y Royal Dutch Shell, las cua-les expresaron que no habían encontrado petróleo lo que originó la frase elOriente es un mito, equivocada sentencia pronunciada por el entonces pre-sidente de la república, Galo Plaza Lasso.

El año 1967 marca un hito en la historia petrolera ecuatoriana con eldescubrimiento de interesantes reservas por parte del consorcio formadopor las empresas Texaco y Gulf. El pozo descubridor Lago Agrio 1, perfora-do hasta un poco más de diez mil pies de profundidad hizo brotar petróleoen un caudal que superó 2600 barriles diarios. Este interesante evento atra-jo la mirada de otras empresas, varias de las cuales suscribieron con el go-bierno acuerdos de concesión y el gobierno promulgó importantes leyes enmateria hidrocarburífera.

68 José Gordillo Montalvo

Funcionamiento de la empresa estatal petrolera

Conforme lo ha mencionado el doctor Aráuz, el año 1972 es un significa-tivo punto de referencia para la nueva historia petrolera, a causa de la crea-ción de la Corporación Estatal Petrolera-CEPE, por parte del gobierno na-cionalista que a esa época nos regía.

Dicha empresa tomó a su cargo actividades referidas a las fases de explo-ración, explotación, transporte, refinación y comercialización, conforme asu ley constitutiva y a la Ley de Hidrocarburos. Negoció contratos de aso-ciación para exploración; tomó control sobre el poliducto Durán – Quito,administrado por la Empresa de Ferrocarriles y hasta entonces, la única lí-nea de transporte de combustibles. En esta época, Ecuador se incorporó ala Organización de Países Exportadores de Petróleo, en la cual el doctorAráuz tuvo activa participación en calidad de asesor del contralmirante Ja-rrín Ampudia, a la sazón ministro de Energía y, algún momento, presiden-te ejecutivo de la OPEP.

Durante este período, CEPE tomó importantes decisiones tales comoconstruir la Refinería Estatal de Esmeraldas, adquirir el 25% de las accionesdel Consorcio Texaco-Gulf y luego comprar todas las acciones de Gulf, demodo que quedó como socio mayoritario del Consorcio (62,5%), aunquela operación continuó a cargo de la empresa Texaco hasta que en los años1990 y 1991, Petroecuador tomó bajo su entera responsabilidad las opera-ciones a través de la filial temporal Petroamazonas, primero y luego de Pe-troproducción en su calidad de empresa filial permanente.

Los ingresos generados por el petróleo fueron cuantiosos, aunque a cri-terio de Aráuz no se puede establecer adónde fueron a parar, ni se puede de-terminar si hubo beneficio para la nación. Personalmente, estimo que sí lohubo pues de otra manera no habríamos podido mejorar las redes viales, nihabríamos logrado realizar considerables inversiones en los sectores eléctri-co y de telecomunicaciones. Hubo crecimiento de áreas urbanas, tales comoQuito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Manta, en las que las condiciones devida mejoraron paulatinamente y se generó una clase media numerosa y ro-busta. Sin embargo, ese crecimiento no fue definitivo pues no se canalizóhacia actividades productivas, como pudo haber sido el fortalecimiento in-dustrial, agrícola o minero, a pesar de las leyes de fomento industrial que fa-vorecían la inversión mediante exoneración de impuestos, pero que no ge-

69Importancia del petróleo en el Ecuador

neró una robusta actividad productiva que a la vez sea competitiva en el pla-no internacional y fomente de modo estable la generación de fuentes de tra-bajo en el sector privado. Y, por el contrario, se acrecentó el consumo debienes importados a bajo precio.

El empleo se incentivó al interior de las instituciones del gobierno cen-tral o de los organismos seccionales y autónomos, a la par que se incremen-tó de modo indebido el monto de la deuda externa en cada uno de los go-biernos por efecto del incontrolado gasto y la inflación que no se pudo o nose deseó controlar.

Esta época se caracterizó también por el aumento del precio de los com-bustibles en cerca de cincuenta veces; la variación del tipo de cambio de lamoneda que de 25 sucres por dólar pasó a cerca de 10000 sucres hasta elproceso de dolarización con una cotización de 25000 sucres por dólar en elgobierno del presidente Mahuad.

En el plano de la contratación petrolera, el contrato que se había sus-crito con el Consorcio Texaco – Gulf y que parecía inconveniente para elEcuador, resulta óptimo si se lo compara con los resultados alcanzados porlos últimos gobiernos en la aplicación de los contratos de participación ylos de prestación de servicios y los nuevos contratos de asociación. Mien-tras el Consorcio pagaba 87% en concepto de impuesto a la renta, empre-sas que suscribieron posteriores contratos entregan apenas un 44% e inclu-sive en los últimos contratos el ingreso para el Fisco apenas llega a un 15%.Situación que se debe a que se han aceptado cuantiosos valores de gasto einversión en las etapas de exploración e inicio de la explotación, lo cual hasucedido por haber designado como representantes del Estado en los de-nominados comités de administración de los contratos a personas no pre-paradas o no comprometidas con los intereses nacionales. Se han designa-do a relacionadores públicos o actores políticos a quienes se ha deseadocompensar un favor de campaña electoral. Ellos, sin tener la preparaciónnecesaria, han debido conocer y otorgar la aprobación de cuantiosos gas-tos e inversiones realizadas por las compañías privadas, bajo el supuestoque tales egresos monetarios son de su peculio y sin ser capaces de com-prender que en caso que dichas empresas declaren la comercialización delos yacimientos, todo ello se debería reponer a través del mecanismo deamortización de la inversión realizada y aprobada por el comité en la fasede exploración.


En las pocas ocasiones en que actuaron delegados con capacidad y co-nocimiento, además del criterio de honestidad, los costos y gastos fueronmenores y en varios casos inclusive se logró recuperar para el Fisco altos va-lores, que otrora habían sido indebidamente aceptados como costos de pro-ducción. Vale citar la recuperación de costos en el caso de la empresa CityInvesting Co. en el campo de operación unificada con CEPE, aunque la-mentablemente años después se revirtió esta decisión por un favor concedi-do por posteriores administradores, quienes al parecer laboraban más en be-neficio de las empresas que en pro del Estado, para quien trabajaban y dequien recibían la remuneración que les otorgaba el privilegio de ejercer esarepresentación.

En otras ocasiones ha sucedido que en las altas esferas de la adminis-tración del sector energético han estado personas que, pese a ser conocedo-res del sector petrolero, no han protegido los intereses nacionales sino el delas empresas, actuando en su favor, pese a que en su calidad de ministros osubsecretarios de Estado eran altos ejecutivos del directorio de la empresaestatal o miembros del Comité Especial de Licitación, CEL. Esto respon-de a la inquietud de Luis Aráuz, quien preguntaba porqué se habían entre-gado campos compartidos o porqué se habían efectuado cambios en lascláusulas contractuales, lo cual ha determinado que al Estado le correspon-da una proporción cada vez menor y, sin embargo, las empresas han expre-sado que pierden o tienen pocas utilidades, razón por la que no pagan im-puestos.

A criterio del doctor Aráuz, otra de las fallas fue la creación de Petroe-cuador en reemplazo de la antigua CEPE, apreciación que no comparto ple-namente. Considero que el cambio fue positivo y la administración funcio-naba adecuadamente mientras el control de los elementos administrativos yfinancieros estaba centralizado en la matriz del holding, apreciación que sebasa en el tiempo que me cupo la posibilidad de ejercer la vicepresidenciaejecutiva del sistema Petroecuador.

Considero que los problemas vinieron cuando se tomó la decisión dedescentralizar el manejo presupuestario y se otorgó a cada uno de los geren-tes de filial la posibilidad de contratar personal.

Y, por cierto, el problema administrativo y financiero se ahondó cuan-do el gobierno del presidente Durán Ballén redujo – o eliminó, mejor di-cho - la posibilidad de que Petroecuador pueda emplear el 10% de su pre-


supuesto en la ejecución de programas y proyectos con nuevas actividadesde inversión.

Como consecuencia de esta cuestión, Petroecuador no funciona comouna verdadera empresa, pues no puede reinvertir; no realiza actividades demantenimiento de sus instalaciones petroleras, ni de refinación o transpor-te. Con frecuencia tiene carencia de repuestos y la posibilidad de adquirir-los en el exterior es tan difícil como lo habrá sido a sus inicios, ya que se eli-minó la oficina de compras que se mantenía en la ciudad de Houston, Te-xas, la cual no solo que adquiría con mayor presteza, sino que lo hacía demanera más económica justificando así su existencia. Imagino que la pre-sión ejercida por algunos intermediarios comerciales habría determinadoque en los años 1993 o 1994 se haya suprimido esta dependencia, con unaadministración del sector petrolero estatal y un gobierno igual o semejanteal que decidió apartar al Ecuador de la OPEP.

Inquietudes como consecuencia del mal funcionamiento

Sería bueno averiguar o al menos intuir por sugerencia y en beneficio dequién se tomaron las decisiones antes indicadas. Ello debe quedar escrito enlas páginas de la historia. Y en esas páginas también se debería escribir lo queha acontecido con las decisiones tomadas respecto a la definición de cam-pos marginales y los intentos de privatización de la actividad petrolera en elEcuador, bajo el pretexto de la ineficacia del sector público que contrastacon la eficiencia del sector privado.

Al respecto inquiero: ¿sólo por ser público algo o alguien es deficiente ypor ser privado es eficiente? Considero que no. Si así fuera, consulto: ¿no es-tuvieron en manos privadas las actividades financieras y bancarias que tan-to daño causaron en años recientes en el Ecuador?

Creo, además, que cierta clase de actividad puede ser catalogada comoestratégica y en el caso ecuatoriano esa es la actividad petrolera, debido a lacuantía de recursos que genera para el Fisco y la posibilidad de que con ellosse puedan y deban efectuar inversiones sociales y productivas que den alivioa las necesidades de vida de la población.

Para el Ecuador, la producción y comercialización petrolera es estratégi-ca como lo es la propiedad y la administración del canal interoceánico para


Panamá y lo es la exploración del espacio para Estados Unidos. Ni uno niotro desearían privatizar su propiedad, aunque sí pueden concertar acuerdosy suscribir contratos para delegar parte de la producción o administraciónde estos servicios, como nosotros lo podríamos hacer y lo hemos hecho me-diante la suscripción de contratos de exploración.

Lo diferente es que tal administración debe estar adecuadamente con-tratada; que sus beneficios deben ser justamente compartidos, y que loseventuales perjuicios sean oportunamente identificados para procurar evi-tarlos, o evaluados para que sean cuantificados y valorados con el propósitode compensarlos.

No podemos olvidar el daño ambiental que ya se ha causado y debemosprocurar que en toda actividad petrolera del futuro se proteja a todos los se-res vivos: de la especie humana y todo cuanto pertenece a la fauna y la flo-ra. Pensemos que la Amazonía en su conjunto es un pulmón del mundo quedebemos cuidar. El respeto a los habitantes y dueños ancestrales de la Ama-zonía es relevante.


El Estado es el responsable de establecer las políticas ambientales y de relacio-namiento comunitario en el sector petrolero; lo viene haciendo a partir de unabase filosófico-política y técnico-económica tamizada por el discurso de la sus-tentabilidad, más visible desde la Conferencia de Río de Janeiro realizada enjunio de 1992, y conforme a lo que establecen la Constitución Política, la Leyde Gestión Ambiental, la Ley de Prevención y Control de la Contaminación,el Reglamento de Consulta y Participación, el Reglamento Sustitutivo del Re-glamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, yotras normas jurídicas e instrumentos administrativos pertinentes.

Con el fin de visualizar si la práctica empresarial petrolera en materia so-cio-ambiental está cumpliendo con el mandato constitucional y el ordena-miento jurídico1 en general, se aborda el tema dentro del ámbito de gestiónde las empresas privadas y estatal, del rol que el propio Estado cumple enese proceso en cuanto gestor de las políticas socio-ambientales en referencia,y del nivel socio-organizativo de los pueblos indígenas ubicados en las áreasde influencia petrolera, elemento político fundamental para exigir y verifi-car la aplicación de esos instrumentos técnico-jurídicos.

Metodologías de relacionamientocomunitario no ortodoxas:análisis político para abordarlasÉnfasis en el sector petrolero

Iván Narváez

1 La organización y fundamentación del Estado requieren de un ordenamiento jurídico, cuya nor-ma superior –la de mayor jerarquía- es la Constitución, por su contenido e importancia. El orde-namiento jurídico con su pluralidad de normas, leyes, reglamentos de leyes, decretos, ordenanzas,etc., encuentra en la Constitución su unidad y, al mismo tiempo, su validez. Es con apego a laConstitución, en el acatamiento de sus disposiciones, que se forma el sistema jurídico que rige enel país. Todo lo que se oponga o contradiga a lo prescrito en ella no tiene validez jurídica: es in-constitucional. (Salgado, 1987: 13)

Para el efecto se parte de un análisis básico de la noción “política am-biental”. La noción “política ambiental” implica definir previamente losconceptos ambiente y política. Respecto al concepto ambiente, una vertien-te asume al ambiente desde una perspectiva de carácter integral (visión ho-lística), es decir, entendiendo al ser humano como parte constitutiva de lanaturaleza y en forma indisociable del ambiente, dialécticamente interrela-cionados. Comprende al ambiente como el espacio creado por la interrela-ción de los elementos físicos: tierra, aire, agua y bióticos: flora, fauna y se-res humanos, en cuanto el ser humano es animal racional que vive en socie-dad y crea productos culturales que también son parte constitutiva del am-biente (Rodríguez y Roggiero, 1994: 46) siempre dinámico y como un pro-ducto histórico (creación social). Concluyen señalando que no existe aquel“estado natural” y peor “original” del ambiente.

La segunda perspectiva asume al concepto ambiente como el conjuntode elementos críticos relativos al aire, agua, suelo dentro de los procesos quelos afectan, particularmente la contaminación.

Por su parte el Estado, en general, comprende al ambiente como un sis-tema interrelacionado en ambas direcciones con otros sistemas, los cualesdeterminan al ambiente y son determinados por él. Esto incluye variables fí-sicas, bióticas, económicas, socio-culturales y, en consecuencia, políticas. Apartir de entonces el Estado trata de incorporar la idea de ambiente comoun todo (procesos y elementos) en planes, programas y proyectos, pero queson diferentes a las variables ambientales de un plan, programa o proyectoespecífico, aunque están interrelacionadas entre sí.2

Con respecto al concepto de política está sujeto a diversas interpretacio-nes y tiene como base la teoría del poder, directamente relacionada al go-bierno del Estado. Actividad humana tendiente a regir los asuntos públicos.

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2 La noción ambiente también es asumida desde una posición externa: se trata del conjunto de ele-mentos vivos (plantas, animales) y sus bases de sustento (tierra, agua, aire), pero donde el ser hu-mano es un factor. El ambiente es entendido como la “naturaleza”. A partir de aquí se pueden ob-servar dos tendencias: la que reconoce en el ambiente un valor casi sagrado, por lo que no puedeser alterado y, otra que asume al ambiente desde una triple dimensión: a) Como un conjunto deelementos que están a disposición de los seres humanos para ser aprovechados y manipulados enforma ilimitada y en función del interés económico –crematística-, b) Considerando como únicolímite de aprovechamiento del ambiente las necesidades humanas –antropocéntrica- y c) viendo alser humano como un accidente desgraciado que pone en peligro el equilibrio y la permanencia dela naturaleza –geocéntrica-.

En el sentido ambiental, el Estado ha asumido a la “política” como laidentificación completa de objetivos, estrategias, tácticas, planes, programasy proyectos en el campo específico. En todo caso el término “política am-biental”3 continúa conceptual y operacionalmente en franco desarrollo y noescapa a la macro comprensión que propicia la ecología política4.

Un tercer elemento que corresponde considerar es el diagnóstico am-biental y social del proceso extractivista de recursos naturales no renovables,a fin de establecer el nivel de gravedad de los impactos físicos, bióticos y so-ciales en las áreas de influencia, y precisar si se aplicaron, se aplican o no po-líticas socio-ambientales públicas, o si se requiere crearlas para que rijan lasoperaciones empresariales privadas y públicas.

Se deduce que las políticas ambientales deben ser coherentes con lasprescripciones de la norma constitucional, leyes generales, ordenanzasmunicipales, convenios internacionales y demás normativa ambiental se-cundaria, en función de los objetivos ambientales del Estado y del mane-jo técnico adecuado de los impactos negativos socio-ambientales que de-sencadenan los procesos: minero, hidrocarburífero, agroindustrial, made-rero, etc.

Una vez dictadas las políticas ambientales por el gobierno nacional –encada caso- a través de las instituciones correspondientes y en base a la nor-mativa vigente, de la ejecución, cumplimiento y control de dichas políticasson responsables el gobierno nacional (Estado), sus organismos e institucio-

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3 Muchos de los conceptos de política ambiental sostienen un enfoque predominantemente tecno-crático, limitándose a diseñar soluciones desde la perspectiva racional técnico-científica, el qué ha-cer, sin profundizar mucho en el aspecto de realizarlas, el cómo hacer. El cómo hacer es el puntocentral para la implementación de las políticas. Para lograr la eficacia de las políticas ambientaleses necesaria su incorporación en todos los sectores políticos. Además se requiere una coordinacióneficaz entre las políticas ambientales y las económicas. En conclusión, la política ambiental tieneque enfrentarse con los mismos problemas que otros sectores políticos tienen. En definitiva, la po-lítica ambiental no puede ser más eficaz de lo que es la política en general. Sólo en la medida enque el Estado sea capaz de controlar los proceso económicos y sociales, es posible que pueda in-fluir en los factores determinantes de la problemática ambiental ( Kenber, 1999: 18,19)

4 La ecología política es la ciencia que estudia los conflictos ecológicos, por ejemplo: del relaciona-do con los debates sobre la deuda ecológica y el intercambio ecológico desigual ha surgido el tér-mino biopiratería, además de que ha habido protestas contra empresas extranjeras de “bioprospec-ción” que compran muy barato recursos genéticos y conocimiento indígena. (Martínez Alier 2001:440,441). Precisamente estos son temas de preocupación de la ecología política.

nes especializados y de control, los gobiernos seccionales y empresas, es de-cir, el marco institucional público y privado.5

Política económica y socio-ambiental

El objetivo central de la explotación de recursos naturales no renovables porparte del Estado radica en la necesidad de disponer de recursos económicos,haciendo prevalecer el interés general (bien común), en otros términos: elEstado es quien tiene que precautelar que esos recursos adecuadamente ex-plotados, garanticen el desarrollo social y económico de sus pueblos, o loque es lo mismo y de alguna forma un objetivo de carácter universal: Lograrla preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramien-to y utilización racional de los recursos naturales, conforme a criterios deequidad que aseguren el desarrollo armónico de la sociedad y dichos recur-sos, la disponibilidad permanente de estos y la máxima participación social,para beneficio de las actuales y futuras generaciones.

Por otra parte, son responsabilidades del Estado: garantizar la preven-ción y control de los efectos nocivos de la explotación de los recursos natu-rales; regular la conducta individual y colectiva respecto a los procesos ex-tractivos; y, viabilizar la gestión ambiental de la administración pública. Entérminos generales, estos enunciados políticos contienen las ideas funda-mentales en relación a concebir al ambiente como patrimonio común, porlo que es indispensable la participación social y del Estado en su manejo. Elcarácter de utilidad pública que se trata de defender en función de los pue-blos que lo habitan y del desarrollo humano sustentable, constitucional-mente consta como prioritario.

El Estado ejerce la potestad de garantizar el derecho a vivir en unambiente sano; que los recursos naturales sean explotados y utilizados enforma eficiente (no sólo desde el punto de vista económico) para lograrel máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la comuni-dad. Es decir, sin desconocer las variables ecológicas y sociales dentro de

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5 En relación a los recursos naturales no renovables, los ministerios del Ambiente y el de Energía yMinas ejercen la mayor potestad político-administrativa y de control de gestión ambiental, porejemplo, en el caso ecuatoriano. Aunque ya existe en la Contraloría General del Estado, un áreadedicada a la Auditoría Ambiental.

la lógica y racionalidad económica sostenible asumida constitucional-mente6.

Política de justicia social y ambiental

La “política socio-ambiental” del Estado enfatiza una condición de interde-pendencia de los diversos elementos ambientales y explotación de los recur-sos naturales renovables y no renovables. La interdependencia es parte sus-tancial de la interrelación ecológica y la equidad en cuanto a la redistribu-ción de la riqueza generada por dicha explotación; en otras palabras, la po-lítica de justicia social implica que el aprovechamiento de los recursos natu-rales no puede lesionar el bien común ni el de terceros. El elemento comu-nitario en varias legislaciones ha sido asumido como un reconocimiento a laexistencia de actores sociales holísticos, como es el caso de los pueblos indí-genas y negros que expresan intereses diferentes a los de aquellos que con-forman simplemente la suma de individuos o seres genéricos.

El límite de uso de los recursos naturales según el Estado liberal capi-talista, está marcado únicamente por la capacidad de extracción y demandade recursos económicos (en el caso ecuatoriano para conformar el presu-puesto y cumplir con exigencias de carácter internacional -pago de los ser-vicios de la deuda externa-). Lo que contradice la parte doctrinal de su po-lítica ambiental que expresa que dichos recursos no se pueden explotar porencima de los límites permisibles, a fin de no alterar la calidad físico-quími-


6 El carácter predominante de la industria petrolera en la RAE, a dado lugar a que actores regiona-les exijan la implementación de una política socio-ambiental que recoja los criterios de la susten-tabilidad para la explotación de recursos naturales, y la base conceptual de la ecología como refe-rente teórico para la formulación de dichas políticas. Los pueblos originarios de la RAE desde sucosmovisión etno -cultural y holística han sido capaces de desestructurar el discurso empresarial(público y privado) eminentemente economicista y crematístico, que rompe la discreción de lasculturas indígenas pretendiendo articularlas a la sociedad nacional, sin considerar sus límites y con-diciones históricas con aquella cosmovisión holística, en la que prima la relación armónica delhombre con la naturaleza a través de ligamentos míticos inclusive, antes que por elementos de va-loración mercantil. En este proceso extractivo están presentes diversos agentes que actúan en inte-rrelación dialéctica, generando un proceso de acción –reacción para la construcción de espacios yejercicio del poder constituido. En este sentido es que se consolida la dimensión socio-ambientaly se recupera la dimensión política del discurso conservacionista, como un factor de poder de lospueblos indígenas y amazónicos (Narváez, 2000: 19).

ca y biológica natural que puede producir el agotamiento o deterioro gravede dichos recursos, de la base misma de esos recursos, o perturbar el dere-cho a ulterior utilización de los mismos, conforme convenga al interés pú-blico, de las comunidades asentadas en las áreas de influencia directa de losprocesos extractivos y de las generaciones futuras.

El Estado planifica su gestión ambiental tratando de cumplir con las di-rectrices internacionales sujetas a la noción de sustentabilidad desde hacepoco tiempo, sólo últimamente ha considerado a la variable socio-ambien-tal como necesaria y desde la perspectiva de la interdependencia de los ele-mentos ambientales. Pero no es explícita la forma y estilo de dicha planifi-cación dentro del contexto de la planificación del desarrollo socioeconómi-co. En este sentido, las contradicciones que se expresan son antagónicas ypermiten mostrar de cuerpo entero lo antípodas que son las políticas socio-ambientales sustentables, con la lógica y racionalidad del modelo económi-co-político (liberal- capitalista) vigente (Leff, 2002).

No obstante, el Estado expresa estar empeñado en implantar un plan am-biental amplio que involucre el manejo de cuencas hidrográficas, aguas lacus-tres y marítimas, bosques, fauna, flora, atmósfera, suelo, subsuelo, etc., desdelos lineamientos del desarrollo sustentable, por lo que con mayor razón la so-ciedad civil debe tratar de vigilar que el Estado cumpla con su propuesta.

El Estado tiene múltiples y variados instrumentos para ejecutar su polí-tica ambiental: plan ambiental nacional, sistema de información ambiental,educación ambiental vía formal y a través de medios masivos de comunica-ción, incentivos y estímulos económicos, inversiones estatales en proyectosambientales de interés público, legislación ambiental, sistema de áreas natu-rales protegidas, plan para emergencias ambientales, reglamentos de consul-ta y participación ciudadana, instructivos técnicos, entre otros y que confor-man lo que se conoce como: ordenamiento jurídico y marco institucional.No obstante, es evidente que la aplicación de estos instrumentos todavía esincipiente y aún se requiere definir un marco regulatorio específico quecoadyuve a superar la precaria gestión ambiental. Por ejemplo, no existe elreglamento a la Ley de Gestión Ambiental y ello no permite su mejor apli-cación, el Reglamento de Consulta y Participación para la Explotación deRecursos Naturales en territorios indígenas ha sido vetado por parte de lasnacionalidades indígenas por “inconsulto e incoherente”, la asignación derecursos económicos para la gestión ambiental es reducida, el Ministerio del

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Ambiente adolece de deficiencias económico-financieras y técnico-adminis-trativas profundas, debido al alto grado de ingerencia político-partidista.

Prioridades en política socio-ambiental en la región amazónica

Es impostergable la implantación de una política concreta y clara respectoal reracionamiento comunitario que aplican las empresas petroleras a las po-blaciones indígenas del área de influencia de sus proyectos extractivos, porlas siguientes razones:

Por disposición legal, en los contratos petroleros de participación, pres-tación de servicios, asociación, etc., consta la obligatoriedad de ejecutar losestudios de impacto ambiental (EIA) para cada proyecto en cada una de lasfases del proceso petrolero y extractivo en general.

En el EIA se establece la concreción de un plan de manejo ambiental(PMA) que incluye el plan de monitoreo, plan de contingencias, un plan derelacionamiento comunitario7 (PRC), etc. Cada uno de estos planes tieneuna estricta jurisdicción que no va más allá del área inmediata de influenciadel proyecto.

Estos planes deben ser formulados técnica y políticamente por las par-tes que intervienen en el proceso, es decir: empresa, comunidades indígenasy el Estado a través de la institución correspondiente (en el caso de Petroe-cuador, coordinando con la Gerencia de Protección Ambiental y Unidad deContratación Petrolera), conforme lo establece al Reglamento Ambientalpara las Operaciones Hidrocarburíferas (Decreto No.1215: R.O. No. 265del 13 de febrero del 2001).

Causas del problema: observaciones fundamentales

Actualmente las empresas petroleras (estatal y privada) asumen un rol queno les corresponde y que genera graves conflictos por las siguientes razones:las leyes generales por su propia naturaleza no son específicas respecto al re-


7 Los dos actores: pueblos indios y empresas petroleras tienen incompatibilidad de destinos históri-cos y la interacción entre estos dos poderes, en tan reducidos espacios, no perdura debido a la he-gemonía empresarial.

lacionamiento comunitario y en consecuencia hacen falta políticas estatalesexplícitas e instrumentos de aplicación, a fin de evitar que las empresas (quetampoco tienen potestad), hagan una interpretación extensiva de dichas le-yes, en función de sus intereses empresariales, incidiendo, actuando e impo-niendo criterios y políticas (económicas, socio-organizativas, culturales, dedesarrollo) exógenas e incompatibles con las culturas indígenas, no sólo enlas comunidades concretas de su área de influencia, sino, lo que es tan gra-ve, en todas las comunidades que conforman la nacionalidad correspon-diente y que no están dentro del área de influencia del proyecto.

Las empresas petroleras son especialistas en extraer hidrocarburos, deahí que la gestión empresarial transnacional en el desarrollo indígena ama-zónico sea arbitraria y errática porque carece de base conceptual y técnica alrespecto, ni es parte de su rol, por ello en gran medida dicha gestión desar-ticula los procesos socio-políticos y organizacionales autónomos e históricosadoptados orgánicamente por los pueblos indios a partir de su intrínsecacosmovisión.

Aquella práctica empresarial promueve divisiones internas, cooptaciónde dirigentes, ruptura de relaciones interpersonales y familiares. Si se consi-dera que en la Amazonía las relaciones de parentesco continúan siendo bá-sicas en los procesos socio-organizativos y políticos, su alteración artificiosaprovoca graves conflictos intra e interétnicos8. El ejemplo más reciente ydramático es la confrontación al interior del pueblo huaorani, entre miem-bros de la comunidad de Tiguino y miembros del grupo (taromenane –ta-gaeri), acaecido en mayo de 2003 y cuyo desenlace fatal refleja que sucesosde violencia como el descrito se producen en un espacio en compleja y di-námica interrelación de actores hegemónicos (empresas) y subalternos disí-miles, con intereses muy diversos y la vez específicos, dentro de un procesode integración más amplio signado por la violencia estructural y formas dedominación neocolonialistas que el propio Estado al ignorarlas las propicia,provocando mayores niveles de violencia que obstruyen el manejo de la con-flictividad social y étnica desde los referentes de la interculturalidad9.

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8 La base teórica y metodológica para el relacionamiento comunitario difiere de una empresa a otra,dependiendo de su origen: europeo, norteamericano o latinoamericano, y además, por el marcadointerés por obtener mayor rentabilidad económica incumplen los acuerdos, planes ambientales y co-munitarios e inclusive la normativa legal que rige para el efecto.

9 Interculturalidad, significa: “entre culturas”, es decir, relaciones, interacciones. Interculturalidad noes simple coexistencia de culturas diferentes, sino la convivencia de éstas en su diferencia, y la con-

Cada modalidad contractual (asociación, prestación de servicios, parti-cipación, etc.) determina la conformación del comité de gestión ambientaly relacionamiento comunitario, en el que por ser minoría, los pueblos in-dios están en desventaja frente a la hegemonía empresarial (pública y priva-da). Además, la asignación de los recursos económicos para la implementa-ción de los planes ambientales y comunitarios está sujeta a la decisión em-presarial (transnacional o nacional) y lo que es peor, los montos son estable-cidos por la empresa y la administración de esos recursos es manejada polí-ticamente en función de los intereses empresariales. Este poder de decisióntransnacional subordina a cualquier valor o concepto de desarrollo indíge-na plasmado en las propuestas de las comunidades, los desgasta, desvalorizay hace prevalecer el criterio neocolonialista forjado en consuno entre latransnacional y el propio Estado, provocando el debilitamiento socio-orga-nizativo y político de los pueblos indios.

Cabe tener en cuenta que los recursos económicos para la implementa-ción de los planes ambiental y de relacionamiento comunitario, en los con-tratos de prestación de servicios los cubre absolutamente el Estado, pero és-te, delega a la empresa transnacional su administración, y es así como des-de la gestión de recursos económicos públicos que la empresa transnacionalestablece relaciones de dominación que perjudican a las comunidades indí-genas, subsumiéndolas en niveles críticos de dependencia, particularmenteeconómica y política.

En las otras modalidades contractuales (participación, asociación) esarelación de dominación es mayormente visible, toda vez que en los comitésde gestión ambiental y comunitaria ya no participa el Estado y la relaciónes directa: empresa transnacional – comunidad indígena. Y, puesto que losrecursos que las empresas invierten en estas actividades son consideradosgastos, se reducen a la mínima expresión, configurando una relación en laque la empresa asume el papel de “intrusa bondadosa” y la comunidad in-dígena de pobre y extraña en su propia casa. Cuando la transnacional re-


vivencia solo es posible desde la vivencia de la propia vida cotidiana entre los diversos pueblos cul-turalmente diferenciados y con sentidos propios y distintos de la existencia. Implica encuentros dia-logales y una continua relación de alteridad entre sujetos concretos, entre seres humanos provistosde visiones distintas del mundo, entre los que producen intercambios simbólicos, de significados ysentidos; por ello y a diferencia de la pluriculturalidad, que es un hecho fácilmente constatable, lainterculturalidad es una realidad que aún no existe, pues se trata de un proceso a alcanzar, un pro-ceso que para que exista, debe ser construido (Guerrero 2000-09-10).

quiere aplicar un mayor control político sobre las comunidades, les generauna mayor dependencia económica a través del asistencialismo.

La conducción administrativa y política de los comités de gestión am-biental y relacionamiento comunitario es asumida por ejecutivos empresa-riales, lo que una vez más refleja aquella relación hegemónica empresarial yde sometimiento indígena, que desequilibra las negociaciones bipartitas(empresa – comunidad) o tripartitas (empresa-Estado-comunidad)10. La fal-ta de alternabilidad conductual desfigura la participación democrática in-dispensable para el fortalecimiento de los actores subalternos, que por sucondición social se encuentran en situación de debilidad política frente a lahegemonía del poder empresarial y estatal.

Las diferencias culturales de los actores en interrelación no son aprove-chadas por parte de las empresas y el Estado como oportunidad para forta-lecer identidades, sino más bien para imponer las condiciones de la culturadominante, en estos casos expresada a través del interés eminentemente cre-matístico empresarial, estatal, o político.

Por lo expuesto, es comprensible asumir que el Estado (por prescripciónconstitucional) sería legítima contraparte para coordinar con cada puebloindio o sus legítimos representantes y desde la perspectiva de la intercultu-ralidad, el destino histórico que se propongan aquellos, y no el que (subrep-ticiamente) pretenda imponer un actor coyuntural como una empresa (pe-trolera transnacional o nacional) que funciona dentro de la lógica y racio-nalidad del capital, que no tiene la suficiente capacidad científico-técnica nibase alguna para definir el desarrollo indígena y mucho menos su destinohistórico. Es evidente que existe una confusión del rol empresarial propicia-da por el propio Estado y aprovechada por las transnacionales en función desus intereses eminentemente económicos.

Otra versión explica que el conflicto entre actores hegemónicos (empre-sas, Estado) y pueblos indígenas en la región amazónica, además de las cau-sas históricas y las anteriormente enunciadas, existen aquellas generadas poractores internos y externos interesados en la génesis y permanencia del con-flicto, en cuanto éste posibilita su involucramiento, supervivencia y viabiliza

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10 La relación tripartita: Estado – empresas - pueblos indígenas es una modalidad reciente que aún nose perfecciona para una eficiente aplicación en la región amazónica y particularmente en las áreasde explotación petrolera. Últimamente ha tomado fuerza y se requiere de instrumentos como las“guías” para continuar con el proceso, el mismo que tendría que ver más con la implementación deplanes socio-ambientales específicos, mecanismos de consulta, por ejemplo.

la implantación de estrategias que trascienden los meros objetivos locales yregionales socioeconómicos y étnicos, alcanzando un nivel político de ordensupraregional y de Estado que tiene relación con la propia gobernabilidad.En este sentido, es visible una disputa por marcar el signo de veracidad cien-tífica del conflicto socio-ambiental y político amazónico, dentro de un con-texto más amplio, y en esa puja salen a relucir las excrecencias que marcan ladiferencia entre lo que realmente proponen los pueblos indios y lo que bus-can otros actores, en consecuencia, la construcción del discurso en torno a laconflictividad amazónica no escapa al interés específico del poder y de quie-nes respaldan la institucionalidad, o de quienes apuntan a estrategias de ca-rácter extra-institucional. Aquí el discurso aparece como un instrumento jus-tificativo y propiciador de estrategias que buscan la legitimación de determi-nada conducta política de los pueblos indios o de los otros actores.

Desde esta perspectiva, se considera que la conflictividad amazónica tie-ne diversas lecturas y es diferente en cada nivel organizacional: de primer,segundo o tercer grado y dirigencial, dependiendo del mayor o menor con-tacto con actores exógenos, y por factores de orden económico o político.De aquí se desprende la hipótesis de que para las organizaciones de base, losactores empresariales tienen mínima incidencia en la ineficacia de la aplica-ción de los procesos de relacionamiento comunitario y desarrollo local y re-gional, correspondiendo la mayor responsabilidad del fracaso de los mismosy grado de conflictividad, al alto nivel de politización de los procesos propi-ciados por un sector de la dirigencia organizacional, a la conformación deredes clientelares político-partidistas e inclusive religiosas, al deterioro orga-nizacional entre otras razones por el grado de participación electoral y sín-tomas de corrupción ético-política por parte de militantes elegidos a digni-dades de representación popular, y al interés por participar en actividadesproductivas o extractivas empresariales por parte de sectores dirigenciales,etc.. En todo esto tendría particular relevancia la propuesta de territoriali-dad indígena esgrimida por las nacionalidades amazónicas y elevada a cate-goría política de primer orden en los últimos 15 años.

Lo que implica que desde esta visión, es viable abordar fórmulas de ma-nejo del conflicto consensuadas, privilegiando la participación de las orga-nizaciones de base en la toma de las decisiones importantes y en función dela estrategia de relación tripartita (Estado-empresas-pueblos indios), en lamedida en que los objetivos colectivos tengan prioridad equivalente.


Otras preocupaciones prioritarias

La demarcación territorial indígena en la región amazónica es otro aspectoque no puede estar ausente de la política socio-ambiental estatal. Los pue-blos indígenas afectados exigen mayor eficacia al Estado a fin de no poster-gar el problema que por su propia magnitud, genera nuevos y crecientesconflictos intra e interétnicos y con otros actores.

La participación de los pueblos indígenas en la renta que genera el pro-ceso extractivo petrolero en la región amazónica es un punto nodal que vie-ne siendo excluido o minimizado por la política petrolera, no obstante cons-tar como precepto constitucional que prevalece sobre cualquier otro. Mien-tras más recursos económicos genera la RAE debido al incremento de la ex-tracción y precios internacionales de petróleo ($40.88 a junio de 2004) ma-yor es la pobreza en la que se debaten los sectores sociales marginales de laregión. Este hecho verifica las contradicciones intrínsecas del modelo ex-tractivo11que se aplica en la RAE.

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11 La naturaleza productiva o extractiva de los frentes económicos determina en gran medida diferen-tes formas de ocupación, uso y consumo del espacio, así como diferentes tipos de relaciones de tra-bajo, articulaciones internas y externas, grados de estabilidad, y capacidad de reproducción sosteni-da de las economías regionales. Cabe anotar que esta distinción entre frentes extractivos y produc-tivos es válida para todos los países de la cuenca amazónica. Su tendencia es estructurarse en tornoa un único producto. Los frentes de tipo extractivo son los que menor capacidad tienen para esta-blecer fronteras humanas y económicas duraderas. Animados por el dictado capitalista de “un má-ximo de producción al menor costo posible” los extractores ven fuertemente limitada su labor porla existencia, disponibilidad y accesibilidad de los recursos. Llegado un punto crítico en el que elagotamiento de los recursos permite solamente márgenes de ganancia por debajo de los esperados,entonces los extractores se trasladan a otras áreas en busca de nuevas fuentes de recursos. Ese pro-ceso cíclico, que obedece a una lógica capitalista, se ve acentuado por el carácter de frontera de laseconomías selváticas. Este se sustenta ideológicamente en la premisa generalizada de que los recur-sos de la selva son prácticamente infinitos y que cuando éstos desaparecen de un área, basta con tras-ladar la frontera extractiva ya que siempre “más adentro” hay más recursos que explotar.

Pero además dicho carácter se refleja en el comportamiento de los agentes económicos. Las eco-nomías de frontera, debido a la relativa abundancia de recursos y la falta de constreñimientos lega-les y fiscales, posibilitan la rápida acumulación de capitales para quienes cuentan con un capital ini-cial. Más aún, tal como lo ha señalado Bunker (1985:23) en su estudio sobre las economías extrac-tivas con base al ejemplo brasileño, debido a la baja tasa de capital y de trabajo sobre el valor de loextraído, en las fases iniciales de extracción se da un rápido incremento del ingreso regional (1985:23). Sin embargo, dichas posibilidades de acumulación van acompañadas de riesgos económicos.Uno de estos es que el volumen de recursos extraídos de una determinada área a lo largo del tiem-po y con rendimientos decrecientes no compense las inversiones realizadas y, por lo tanto, las ex-pectativas de ganancia de los extractores. Por ello al dictado de “mayor producción al mínimo cos-

Importancia fundamental de las políticas socio-ambientales

Desde su propia perspectiva, el Estado hace esfuerzos para abordar esta pro-blemática, en función de manejar los conflictos socio-ambientales desde lareferencia de la sustentabilidad que consta en la Carta Magna, pero dichoesfuerzo no satisface las expectativas de los actores sociales y pueblos indios.Por lo expuesto se puede afirmar que la gestión socio-ambiental en las áreaspetroleras privada y estatal es limitada, debido sobremanera a la deficitariapolítica socio-ambiental pública y la visión crematística de las empresas.

Las políticas ambientales y sociales no pueden ser soslayadas y hay queverlas desde dimensiones abiertas que no se restrinjan a la estrechez de la or-todoxia economicista. Esto implica romper la anquilosis técnico-filosófica dela tradición política respecto a lo ambiental y social y asumir referentes con-temporáneos que involucren las visiones alternativas propuestas por la diver-sidad de actores sociales internos y externos y por la propia sustentabilidad.

Poner en práctica una política socio-ambiental, por incipiente que sea,amerita inicialmente disponer de información técnica a partir de la evalua-ción de los daños socio-ambientales causados en cada caso específico, a finde eliminar las ineficacias que engendran las externalidades. La dificultad deelegir los diferentes mecanismos de internalización que implica la interven-ción de las autoridades públicas a través de normas, impuestos, mercado dederechos de contaminación para la fijación del objetivo, sólo se planteacuando el reglamentador se enfrenta a la imposibilidad de calcular el ópti-mo de contaminación, debido a la falta de información mediante la evalua-ción de los daños y a la falta de costos de reducción de los desechos de losdiferentes contaminadores, así como de la falta de información sobre los da-ños y los costos de descontaminación. Esto lleva a establecer que hay dosmecanismos que pueden implantarse: impuestos y normas drásticas.

Al margen de que no exista todavía una política ambiental de eco-estí-mulos y eco-impuestos, se puede advertir que el uso de instrumentos eco-nómicos con fines de protección ambiental sería justificable, (a mayor con-


to” los extractores agregan el imperativo de “mayor extracción en el menor tiempo posible”, para deallí trasladarse a otras áreas donde existan otras fuentes del recurso.

Los dos procesos mencionados explican la irracionalidad económica que suele caracterizar a losfrentes extractivos, los cuales recortan sus propias bases productivas en su afán de ganancias rápidasy cuantiosas. (Santos 1991: 239, citado en Narváez, 2001: 26).

taminación –mayor daño y a mayor daño mayor imposición, que tiene queser asumida por los contaminadores), a fin de precautelar el interés generaly el de las comunidades del área de influencia de los proyectos productivoso extractivos, por lo menos bajo el principio de “quien contamina paga e in-demniza”.

Las instituciones públicas de control, responsables de hacer cumplir lalegislación ambiental vigente en el sector petrolero, para citar el caso ecua-toriano, no han presentado al país, entre otros requerimientos, una evalua-ción de los planes de manejo ambiental y de desarrollo comunitario aplica-dos por las empresas privadas en sus áreas de influencia, que permita cuan-tificar su eficiencia y cumplimiento. En este aspecto es muy incipiente lagestión de control, y por ello el nivel de conflictos de las empresas con losdiversos actores amazónicos es muy alto, lo que limita la implantación de lapolítica propuesta. Si los organismos públicos de control asumieran en lapráctica la visión y misión que pregonan, fueran el vector privilegiado paraminimizar, o acabar con la tradicional conducta anti-ambiental y de perjui-cio social que todavía perdura en el sector petrolero.

El Estado no puede despojarse de su natural e intrínseca potestad deplanificar y ejecutar el desarrollo de los pueblos indígenas conjuntamentecon ellos, ni tampoco delegar esta potestad a ningún otro actor y muchomenos a las empresas petroleras transnacionales porque pueden tergiversarsu rol, pretendiendo asumir funciones que no les compete. En la regiónamazónica continental y ecuatoriana en particular hay experiencias trágicasal respecto y por ello se requiere que el Estado transparente y potencie surol, delimite los espacios de gestión de las empresas en el campo de las rela-ciones comunitarias, promulgando las políticas adecuadas, elaborando losinstructivos de relacionamiento comunitario en forma consensuada a fin deque sean perdurables.

La estrategia de los organismos internacionales: Banco Mundial, OLA-DE, ARPEL, etc., radica en impulsar mecanismos de relacionamiento tri-partito (Estado, empresas, pueblos indios) en función de viabilizar los pro-yectos extractivos en áreas geográficas altamente sensibles, social y ecológi-camente. Esta estrategia aparece como expedita, pero en el fondo puede ge-nerar nuevos instrumentos de dominación, neutralizar las estrategias de rei-vindicación política indígenas y hacer prevalecer el interés económico em-presarial y estatal inmediato, obstruyendo el incipiente desarrollo regional

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que tiene como referencia la sustentabilidad, y las prácticas ancestrales demanejo del bosque.

En este sentido el Estado, al reconocer a las empresas petroleras priva-das un estatus privilegiado como si tuvieran la misma calidad política quelos pueblos indígenas, connota una actitud que contradice su verdadera ra-zón de ser, cual es, impulsar todo tipo de procesos en función del bien co-mún, de los derechos de sus asociados, antes que propiciar estrategias quefavorezcan más al capital transnacional. Cabe enfatizar que la modalidad derelación tripartita aún está en estudio y requiere ser perfeccionada con máscriterio antropológico y político que el meramente económico, pero es unaalternativa no ortodoxa. La COICA ha resuelto suspender este proceso, has-ta que el Estado y las empresas petroleras decidan incorporar en la agendapara el diálogo tripartito, las verdaderas o más sentidas aspiraciones de lospueblos indios.

Conclusión

El presente texto propone el establecimiento de políticas ambientales a par-tir de un nuevo enfoque político que privilegie la participación de los gruposvulnerables y demás sectores sociales excluidos, organismos seccionales (mu-nicipios, consejos provinciales, juntas parroquiales) y demás actores como lospueblos indios u otras formas de representación legítimamente reconocidaspor ellos. En todo caso, que refleje la descentralización y desconcentraciónque propugna el propio Estado, desde una perspectiva de corresponsabilidad.

El contexto multidimensional globalizado no puede ignorar la importan-cia de lo local y mucho menos del desarrollo humano sustentable; el fortale-cimiento de los pueblos indios y gobiernos locales implica el desafío de esta-blecer una nueva institucionalidad, más representativa y sobre todo participa-tiva tanto en la gestión técnica como en la administrativa de la región amazó-nica y otras áreas de influencia petrolera, lo que permitiría fortalecer la críticaa esos procesos convencionales del desarrollo comunitario, haciendo prevale-cer que el progreso material local refleje las prioridades culturales, comunica-cionales, enfatizando la unicidad del desarrollo sustentable. El cambio para unnuevo sistema de valores que el desarrollo sustentable requiere, insiste en labúsqueda de un significado espiritual, de energías políticas y de procesos de


empoderamiento de las comunidades locales. Aunque esto choque contra lasprácticas tradicionales de políticas compensatorias de lucha contra la pobreza.

Lo anteriormente expuesto significa que el Estado debe impulsar crite-rios de democracia política, equidad social, eficiencia económica, conserva-ción ambiental, respeto a la diversidad cultural12 y extirpar aquellos valorescimentados sobre una cultura paternalista y clientelista, típica del modelourbano-industrial respaldado por los procesos de globalización, que restrin-gen la capacidad de visualizar el futuro desde una nueva institucionalidad nocentralizada ni asistencialista y con mayor preocupación por la naturaleza.

De lo que se trata es que tanto el sector privado y el público creen me-canismos flexibles de financiamiento, apertura democrática, estrategia de ad-ministración pública participativa y fortalecimiento de sistemas de interrela-ción, que afiancen la construcción de una sociedad humana, solidaria, en laque se practique la democracia integral, permitiendo y respaldando la cons-trucción de ciudadanía a través de procesos socio-organizativos autónomos13

y en función de la gobernabilidad democrática.14 Actualmente hay sectoresque plantean la institucionalización de los conflictos socio-ambientales quegenera el proceso extractivo petrolero en la región amazónica, como una for-ma propiciatoria de respuestas eficaces y oportunas a los conflictos.

90 Iván Narváez

12 La sociedad civil debe asumir un rol definitorio en la gobernabilidad democrática, es decir, que tie-ne relación con la democracia y el desarrollo humano sostenible. Conforme lo sustenta Fontaine(2004: 11) con estos antecedentes se entiende mejor la necesidad para los pueblos indígenas de con-tar con un liderazgo capaz de enfrentar con éxito los retos de la globalización y la democracia par-ticipativa en democracias plurales. Proceso en el cual se requiere de liderazgos transformacionales,pues estos, para la gobernabilidad democrática requieren de una plena comprensión de los intere-ses a corto y largo plazo del cambio social, el balance de poder, etc. Su eficiencia se mide tanto porla legitimidad, la credibilidad y la confianza que se es capaz de suscitar, cuanto por su habilidad atratar “adecuadamente” los conflictos, es decir a institucionalizar los arreglos que estos conllevan.Este enfoque tiene la ventaja de no encerrar el liderazgo en una perspectiva funcionalista, es decircomo una función que cumplirán algunos miembros de la comunidad y que contribuye al mante-nimiento del orden establecido (¿desorden establecido?). En este sentido, no sólo interesa la socio-logía ambiental de los conflictos ambientales, sino también me parece que tiene mucho que ver conla ejecución de la Alianza Indígena Amazónica AIA., concluye Fontaine (op. cit.).

13 La etnicidad constituye un elemento clave en los conflictos socio-ambientales vinculados con la ac-tividad petrolera, es también una condición de la redefinición de las políticas públicas de protec-ción del medio ambiente y de los derechos humanos (Fontaine, 2003: 37).

14 Podemos asumir que la “gobernanza” define la “interacción entre actores estratégicos causada por laarquitectura institucional”, mientras la “gobernabilidad” caracteriza “la capacidad que dicha inte-racción proporciona al sistema sociopolítico para reforzarse a sí mismo”. Dicho en otros términos,la gobernabilidad se articula con la gobernanza, o sistema institucional que enmarca la acción de losactores sociales, así como la gerencia pública (Fontaine, 2004:7).

La gobernabilidad democrática

El problema de la gobernabilidad democrática en el Ecuador se evidencia enla falta de normas y métodos concisos y transparentes que agiliten los pro-cesos ligados al desarrollo económico, social, político y cultural de la pobla-ción. Joan Prats (2001) nos plantea que la gobernabilidad es una condiciónnecesaria para el establecimiento de reglas, procedimientos y marcos insti-tucionales que generen desarrollo. “La gobernabilidad democrática se darásólo cuando la toma de decisiones de autoridad y la resolución de conflic-tos entre los actores estratégicos se produzca conforme a un sistema de re-glas y fórmulas que podamos calificar como democracia” (Prats, 2001:133).

En nuestro país, las reglas y procedimientos están contemplados en le-yes que rigen al gobierno y a la sociedad, pero éstas no son infalibles pues amedida que se hacen más complejos los problemas del país, es indispensa-ble realizar reformas al sistema legal. La sociedad civil (Cohen y Arato,2000) tiene como responsabilidad el velar que sus derechos y obligacionessean respetados tanto por la administración pública como privada.

Como sociedad civil debe entenderse el conjunto de actores y grupossociales que se interrelacionan con la intención de reproducir y poner enmarcha las instituciones1 y parámetros culturales que conforman la socie-

El papel del Ecorae en la regiónamazónica ecuatorianaUn ejemplo de crisis de gobernabilidaddemocrática en el Ecuador

Karen Andrade

1 De acuerdo al planteamiento de Habermas: “instituciones especializadas en la reproducción de tra-diciones, solidaridades e identidades” (Cohen et.al., 2000: 483).

dad, a través de procesos de integración social (Cohen et.al., 2000:483). Lasociedad civil tiene la capacidad de presionar al Estado desde el plantea-miento de estrategias y proyectos. Al respecto Prats nos dice que “la gober-nabilidad es una cualidad que proponemos se postule de las sociedades o sis-temas sociales, no de sus gobiernos. Hablamos de la gobernabilidad de unpaís o de una ciudad no de sus gobiernos, aunque obviamente las cualida-des y calidades de éstos son un factor importantísimo de la gobernabilidad”(Prats, 2001:120).

Para que un sistema sea gobernable es necesario que los actores se rela-cionen para tomar decisiones colectivas. Por actores estratégicos debemosentender “a todo individuo, organización o grupo con recursos de poder su-ficientes para impedir o perturbar el funcionamiento de las reglas o proce-dimientos de toma de decisiones y de solución de conflictos colectivos. Sinrecursos de poder suficientes para socavar la gobernabilidad no hay actor es-tratégico”. (Prats, 2001:120). Esta posibilidad de tomar decisiones colecti-vas está ligada al poder y nivel de conflicto que exista entre los actores exis-tentes y los emergentes. La capacidad de proponer estrategias y de resolverconflictos está relacionada con los diversos grados de institucionalizacióndel sistema socio político, que comprende las instituciones estatales y las or-ganizaciones no gubernamentales. En el momento en que no existe equili-brio entre las demandas planteadas por la sociedad civil y la respuesta a és-tas desde el Estado, se incrementan los conflictos ya existentes. La goberna-bilidad es una cualidad que debe surgir de los sistemas sociales y sus socie-dades, no de sus gobiernos, aunque es importante que éstos den sustentopara mantener los procesos de gobernabilidad democrática en cada país.

Hasta el momento, en el Ecuador no se ha podido consolidar una go-bernabilidad democrática pues los actores y grupos estratégicos no han lo-grado impulsar estrategias que induzcan al desarrollo continuo de los diver-sos sectores sociales, procurando una distribución más equitativa de la ri-queza, esto como consecuencia de asumir prácticas informales como elclientelismo y el populismo que no son representativos de los intereses detoda la población.

Un ejemplo que puede ser analizado en el marco de esta dinámica, es elcaso del Instituto para el Ecodesarrollo de la Región Amazónica – Ecorae.Esta institución fue creada con el fin de dar respuestas a las demandas de lapoblación amazónica, con la función de impulsar el desarrollo al planificar

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el progreso de la región desde diferentes dimensiones en las que se acogeríanlos proyectos financiados, desde lo económico, socio-cultural, político yambiental. En el curso de su historia, su labor ha sido criticada desde diver-sos sectores2, esto con base en la deficiente atención a gran parte de los gru-pos sociales que coexisten en la Amazonía, y sobre el análisis de los proyec-tos realizados en la zona, los cuales en muchos casos fueron criticados porla ausencia de control en la distribución de los recursos económicos.

Además, debe considerarse que un porcentaje considerable de las obser-vaciones negativas acerca de la función de la institución, han sido influen-ciadas por la frustración de varios sectores sociales3 que, por varias razonesno comparten la forma de actuar de la institución. La insatisfacción existen-te en algunos grupos aumenta en proporción cuando diversos problemas seconjugan. Los conflictos presentes en la RAE son consecuencia de diversosfactores que se unen en una acelerada explotación de los recursos naturales–que existen tanto en el suelo como en el subsuelo de la Amazonía-, condu-cen al crecimiento de los conflictos entre los actores. Los problemas y caren-cias que enfrentan las poblaciones, han impulsado a los habitantes tanto delárea rural y urbana, a plantear sus demandas ante el Estado y el sector pri-vado activo en la zona4, con el uso de diversas formas que van desde la con-solidación de grupos organizados hasta acciones radicales, como son los pa-ros de actividades y cierre de carreteras.

La gobernabilidad contempla el conflicto entre actores como “una di-mensión fundamental sin la que no sería posible interpretar la dinámica delas reglas, procedimientos o fórmulas llamadas a asegurar la gobernabilidaden un momento y un sistema sociopolítico dados. A mayor eficiencia adap-tativa de las fórmulas, mayor será el grado de procesamiento de los conflic-tos, mejor el aprendizaje colectivo y el desarrollo incremental de nuevas fór-mulas y, en definitiva, mayor la calidad de la gobernabilidad existente”(Prats 2001:126). Este planteamiento nos permite observar que los proce-

93El papel del Ecorae en la región amazónica ecuatoriana

2 Se tomó como referencia las opiniones vertidas en las entrevistas realizadas a diversos actores estra-tégicos (dirigentes de organizaciones, prefectos, alcaldes, entre otros), considerando su relación conlas actividades desplegadas por el ECORAE.

3 Muchas de las críticas fueron planteadas por actores que no lograron obtener en sus negociacionescon la institución, los resultados esperados. Aunque, también se recogió criticas favorables acercadel apoyo desplegado por el ECORAE en los pequeños proyectos productivos, en menor propor-ción.

4 Hago referencia principalmente a la industria petrolera.

sos de crisis de gobernabilidad pueden ser analizados desde un ejemplo co-mo es la crisis que vive el Ecorae, donde los errores y senderos transitadossin éxito han impulsado a la institución a mirarse hacia dentro, y replantearsu trabajo. A la vez, la presencia de esta institución en la RAE, ha provoca-do que varios sectores y actores estratégicos busquen y propongan iniciati-vas innovadoras, a más de exigir al Estado el cumplimiento de sus obliga-ciones ante la sociedad. Para entender el trabajo y la influencia que ha teni-do el Ecorae en la Amazonía, es necesario hacer una pequeña recapitulaciónde su historia y labores.

El Ecorae

La región amazónica alberga diversos grupos, tanto sociales como económi-cos, que continuamente se encuentran compitiendo por recursos y espaciosde poder. El acelerado proceso de colonización vivido por esta área desdemediados del siglo XX ha convocado a una gran variedad de grupos huma-nos procedentes de otras regiones del país, así como a empresas multinacio-nales y estatales, especialmente petroleras, compitiendo no sólo por el espa-cio sino por el usufructo de los recursos naturales y del territorio. Tal es elcaso de las poblaciones indígenas que han sufrido el enfrentamiento entresus culturas tradicionales y la modernidad, lo que implica una grave afecta-ción para el medio ambiente pues el uso de los recursos naturales cambia desentido, deja de ser sólo para la supervivencia, para convertirse en bien deusufructo económico.

Los problemas existentes en la Amazonía son diversos, su intensidad yforma varía en cada provincia. La urgencia de obtener recursos inmediatospara satisfacer las crecientes necesidades de una población que aumenta díaa día, justificó las políticas colonizadoras impulsadas por el Estado5, a másde la continúa movilización de personal que labora en la industria hidrocar-burífera (misma que incrementó su actividad a inicios de los años setentacuando se encontró reservas probadas de petróleo, lanzando en carrera alpaís hacia la modernización de las actividades del Estado6). Todos estos fac-

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5 Políticas sustentadas en la Reforma agraria, y puesta en práctica por el IERAC.6 Este impulso modernizador no fue concluyente, sólo se incrementó el gasto del Estado, sin impul-

sarse la inversión (Fierro-Renoy, 2003).

tores condujeron a una explotación acelerada de los recursos naturales; mi-les de hectáreas de bosques fueron taladas para proveer de material a la in-dustria petrolera7; y el comercio de madera creció favorecido por la apertu-ra de carreteras8.

La presión sobre la fauna y flora circundante a las áreas pobladas se in-crementó, en mayor medida, por el crecimiento porcentual de personas quellegaron en búsqueda de nuevas oportunidades al Oriente. Así podemos ob-servar que la tasa de crecimiento nacional entre 1974 y 2001 es de 2,33%por año, la tasa de crecimiento amazónico alcanza el 4,35%9. El aceleradocrecimiento poblacional impulsó la creación de nuevos asentamientos po-blacionales que casi en su totalidad se realizaron sin planificación alguna,con deficiencias que son acarreadas hasta la actualidad, tales como: falta dealcantarillado, deficiente distribución de los servicios de agua entubada yelectricidad, inseguridad ciudadana, entre otros.

Esta notable deficiencia en los servicios básicos, se reconoce en el con-tinuo reclamo de la población por una mayor atención del Estado, y ha pro-vocado que éste impulse varias acciones con el fin de satisfacer estas deman-das, a través de la intervención de los gobiernos seccionales, pero no han si-do completamente satisfactorias por estar siempre restringidas por proble-mas presupuestarios10.

Ante la imperiosidad de dar respuesta a las necesidades de la población,el Estado creó el Fondo para el Ecodesarrollo de la Región Amazónica, confin de impulsar el desarrollo económico de la región, por medio del Institu-to para el Ecodesarrollo Regional Amazónico –Ecorae-, y con la asignacióndirecta de recursos a los gobiernos seccionales. Esta entidad estaría encarga-da de planificar el progreso de la región desde diferentes dimensiones en lasque se acogerían los proyectos a implementar: económico, socio-cultural,político y ambiental.


7 Principalmente la madera fue utilizada como base en la construcción de carreteras, con el fin deestabilizar el terreno.

8 Estas carreteras fueron construidas para dar servicio a la industria petrolera, especialmente en lasprovincias de Sucumbíos y Orellana, y se convirtieron en un vehículo que aceleró el proceso de co-lonización en estas provincias (Little, 1992; Tamariz, et.al. 1997).

9 Datos calculados sobre la base de los censos realizados en el país por el INEC (Instituto Nacionalde Estadísticas y Censos).

10 Información proporcionada por los alcaldes y prefectos entrevistados en las cuatro provincias don-de se realizó la investigación.

El Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico fue constituidocon el fin de dar viabilidad a las necesidades crecientes de las provincias deloriente ecuatoriano11. A través de la ley 010 se formó el Fondo para el Eco-desarrollo Regional Amazónico, financiado con el ingreso de un impuesto acada barril de petróleo producido en la Amazonía, el mismo que actualmen-te12 se cotiza en USD$0,40 (cuarenta centavos de dólar)13. Esta cantidad esdepositada por Petroecuador directamente en la cuenta del Fondo en elBanco del Estado. Este fondo es distribuido de la siguiente forma: 28% pa-ra los consejos provinciales y el 57% para los municipios de las seis provin-cias amazónicas, el 5% para las juntas parroquiales, y el 10% restante está acargo del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico14.

Esta ley ha tenido varias reformas, siendo la última realizada en abril de2002 y publicada en el Registro Oficial N° 675 del 2 de octubre del mismoaño, Ley Nº. 82, donde se adscribe al Ecorae a la Presidencia de la Repúbli-ca, se crean secretarías técnicas en cada una de las provincias, se incluye elconcepto de desarrollo sustentable para la región y se considera necesariauna actualización periódica del plan maestro. Además, se contempla la fun-ción de financiar y cofinanciar la ejecución de programas y proyectos depreinversión, inversión y crédito productivo de desarrollo sustentable. Y a lavez, se da mayor libertad de acción al exonerar la presentación del presu-puesto para su aprobación al presidente de la República.

El 10 de septiembre de 2001, mediante Decreto Ejecutivo Nº 1840,publicado en el Registro Oficial Suplemento Nº 408, el Ecorae asume losbienes y derechos del Instituto de Colonización de la Región AmazónicaEcuatoriana (INCRAE), además de los recursos y asignaciones fiscales. Es-te instituto tenía por objetivo “vincular la región amazónica al resto del paísa través de un proceso de desarrollo integral, con un énfasis en las zonasfronterizas” (Tamariz et.al., 1997:85), además debía funcionar como ente

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11 Ley N° 10, publicada en el Registro Oficial N° 30, en septiembre 21 de 1992.12 El 1 de diciembre de 2003, se publicó en el RO No.222, que el tope actual del impuesto de la Ley

010 es de 0,40 centavos de dólar por barril de petróleo.13 Cuando se publicó la Ley 010, el impuesto era 0,10 centavos de dólar, con una cláusula que per-

mitía su incremento en 0,05 centavos por año. Al momento se encuentra en el tope permitido porley.

14 Entre 1992 y 1997 el ECORAE percibió el 15% de este fondo, pero con la reforma realizada a laley 010 en 1998, este porcentaje se redujo al 10%. El 5% de diferencia fue destinado al desarrollode las juntas parroquiales, según la reforma realizada en la Ley Nº82, RO Nº675 del 2 de octubredel 2002.

de planificación, coordinación y ejecución de programas de colonización dela región amazónica.

A inicios de 1979, los “programas de colonización dirigida” impulsadospor el IERAC pasaron a depender del INCRAE, pero este instituto no lo-gró afianzar sus objetivos en las provincias de Sucumbíos y Orellana (Tama-riz et.al., 1997). Esta política de colonización obligaba a las personas inte-resadas en tener propiedades en el oriente ecuatoriano, a organizarse en coo-perativas para poder reclamar sus tierras ante el Estado en el área rural (Pi-chón, 1993).

A partir de la reforma a la Ley 010 en el 2002, donde se introduce eltérmino “desarrollo sustentable”15 para delimitar las acciones del Ecorae, encondición de “mantener un justo balance entre las demandas ambientales yproductivas agrícolas de la región amazónica y entre el sector privado y pú-blico...” (Ley Nº82, RO Nº 675, Art. 2), las funciones del Ecorae se exten-dieron hacia establecer lineamientos para el desarrollo sustentable con unaactualización continua del “Plan Maestro para el Ecodesarrollo RegionalAmazónico”, el mismo que debe ser evaluado periódicamente y comple-mentado con un “Plan Operativo Anual Regional”.

Debido a la exigencia por ley de la presentación de un plan maestro, su-jeto a ejecución en conjunto con los organismos seccionales y otros entesprivados y públicos que trabajen en la región, es preciso que el Ecorae ase-sore técnicamente a los organismos seccionales y organizaciones sociales dela Amazonía, en la elaboración y ejecución de proyectos que permitan cum-plir con la meta de un desarrollo sustentable. Así también, esta institucióndebería ejercer como motor de gestión para conseguir y canalizar “recursosfinancieros y científicos-técnicos, nacionales y extranjeros” (Ley Nº82, RONº675, art. 4) destinados al ecodesarrollo16 amazónico.


15 De acuerdo a Roberto Caballero, en el glosario de la Ley de Gestión Ambiental se expone que elconcepto de “desarrollo sustentable” es el mejoramiento de la calidad de vida humana dentro de lacapacidad de carga de los ecosistemas; implica la satisfacción de las necesidades actuales sin com-prometer las necesidades de las futuras generaciones (Caballero, 2003), definición que se acerca ala planteada por el Informe Brundland, donde el desarrollo sostenible fue definido como “un pro-ceso que permite satisfacer las necesidades de la población actual sin comprometer la capacidad deatender a las generaciones futuras.” (Leff, 2000: 19)

16 El uso del término “ecodesarrollo” deja dudas en cuanto a su alcance y forma, pues en ningún mo-mento en la ley se especifica que significa exactamente. Suponemos que está vinculado a la idea deimpulsar un desarrollo que respete la naturaleza y mantenga cierto stock de recursos naturales.

Estos nuevos requerimientos llevaron a este organismo a reformular susestrategias y planteamientos. A fines de 2002, el Ecorae inició un procesode reestructuración17 que se extiende hasta el momento. Esto ha suscitadoposiciones encontradas18 entre la ciudadanía del oriente ecuatoriano pues,durante muchos años la acción de esta institución fue catalogada como asis-tencialista, clientelar19 y deficiente, lo que no evitó que muchas personasfueran favorecidas de manera personal al ser mínimos los requerimientospara ser beneficiario del financiamiento correspondiente a los proyectos20.

La relación entre el Ecorae y la sociedad civil en el marcodel financiamiento de proyectos

El Ecorae ha desplegado diferentes modos de trabajar a lo largo de su exis-tencia, en lo referente a la entrega de fondos con la aprobación de proyec-tos. El tratamiento ha sido diferente en cada una de las provincias estudia-das, los sectores favorecidos responden a necesidades similares pero actoresestratégicos diferentes que marcaron las negociaciones.

El primer periodo que identificamos es entre 1995 y 2001, cuando losproyectos financiados por el Ecorae beneficiaron a pequeños grupos, asocia-ciones, cooperativas y juntas parroquiales que representaban sectores espe-cialmente del área rural de la Amazonía. En este periodo, las cabeceras pro-vinciales recibieron mayor financiamiento que otras zonas, con un fuerteénfasis en los proyectos productivos. Este fenómeno responde al fin para elcual se creó esta institución: fomentar el desarrollo de la RAE. Pero, aún

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17 Este proceso de reestructuración abarca diferentes áreas como: la administrativa con la designaciónde representantes, directorio, contratación, temas salariales, y más; el área de planificación con eldesarrollo de: mega proyectos, macro proyectos, micro proyectos, unidades municipales de desa-rrollo sustentable - UMDS, secretarías técnicas, entre otros temas.

18 Entre las autoridades entrevistadas, se recogió diversas opiniones acerca del ECORAE: unas a fa-vor de las acciones emprendidas, otras en contra de la forma de trabajar de la institución y otrasenmarcadas en el escepticismo.

19 Asumo el concepto expuesto por Amparo Menéndez-Carrión (2003: 332), donde las prácticasclientelares se expresan como “mecanismos de dominación y exclusión colectiva asentada en dis-positivos informales de otorgamiento de beneficios de índole individual a través de complejas re-des de intermediación para la prestación y contraprestación de ‘beneficios’”.

20 Se recogieron comentarios acerca de que, algunas veces el trabajar para ECORAE constituyó una“catapulta política”; y que en su mayoría, los puestos de trabajo eran ocupados por personas alle-gadas a los gobiernos de turno sin considerar las facultades profesionales.

cuando las acciones se apreciaron como positivas, quedó insatisfacción tan-to en los sectores beneficiarios como en la institución misma, pues el apoyoestuvo dirigido principalmente a pequeños proyectos agropecuarios, más secarecía de asistencia técnica continua que pudiera brindarse a los beneficia-rios, lo que provocó falta de continuidad en estos proyectos. También, sepresentaron casos en que se entregó el financiamiento21 y no se desarrolla-ron las actividades propuestas. Así tenemos que, de acuerdo a datos presen-tados por el departamento de Planificación del Ecorae, entre 1995 y el 2001del total de los proyectos ejecutados, apenas un 30% se ha realizado más alládel primer anticipo y en algunos casos concluyeron exitosamente, mientrasque el restante 70% no ha pasado del primer desembolso (ECORAE, De-partamento de Planificación).

Las acciones emprendidas por el Ecorae para el financiamiento de pro-yectos que impulsaran el desarrollo del agro en la Amazonía ecuatoriana,aunque está lleno de falencias, no puede dejar de ser considerado como unimpulso notable para las familias beneficiarias. El problema está en que granparte de estos proyectos fueron entregados a personas o grupos que busca-ron su beneficio particular22 sin preocuparse por el desarrollo a largo plazode las poblaciones que representaban, lo que impidió consolidar procesosproductivos que brindaran continuidad en los proyectos y sustentabilidadeconómica a las poblaciones.

Aún es importante el apoyo al sector agrícola, tanto en un mejor con-trol de las plantaciones como en la implementación de proyectos pecuarios,piscícolas y de productos alternativos (como el maní de árbol, plantas me-dicinales, etc.). La población del oriente ecuatoriano crece incesantementey la producción de productos locales no alcanza a satisfacer la demanda ali-menticia, por lo que el comercio de productos de otras zonas del país es per-manente en las poblaciones de la RAE. La implementación de proyectosque impulsen la actividad agrícola es importante, siempre y cuando las pro-puestas se ajusten a las condiciones ecológicas que presenta la Amazonía23,


21 Esta información fue expuesta por Mario Ruales, ex-director del departamento de Planificación delECORAE, en un encuentro denominado “Diálogo entre Petroecuador, ECORAE, UDENOR,Autoridades Provinciales y Sociedad Civil para el desarrollo humano sustentable de Sucumbíos”,realizado en la ciudad de Nueva Loja, en marzo de 2003.

22 El manejo clientelar de los fondos del ECORAE llevó a favorecer a sectores con fuerza política, sinconsiderar que estos fondos debían servir de impulso para un desarrollo sustentable de la región.

23 Con este fin, el ECORAE ha realizado una serie de estudios que se reflejan en un documento de-

pues es imprescindible mantener un equilibrio en los ecosistemas. En el pa-sado, este punto no fue considerado por la institución al momento de cali-ficar los proyectos para su aprobación, por lo que muchos de éstos no tuvie-ron éxito24. En la actualidad, existe un intento del Ecorae en corregir estasequivocaciones, aunque aún no tenemos resultados concretos que nos per-mitan evaluar los cambios estructurales que plantea la institución.

Así, puede observarse de manera clara que la acción del Ecorae se diri-gió hacia el ámbito productivo agrícola y pecuario, brindando asistenciaeconómica y técnica en menor grado. El objetivo era impulsar la utilizaciónde espacios que ya fueron desbrozados y aprovechados en otras actividades,incrementar la producción agrícola, y de esta manera disminuir una impor-tación de productos al área desde otras provincias del país. Pero, a pesar dela gran cantidad de recursos económicos destinados al sector agropecuario,no todos los sectores se sintieron satisfechos, pues aducen que estos recur-sos fueron repartidos de manera desigual y discriminatoria, donde se advier-te un trato preferencial de una o dos provincias ante otras.

La provincia con mayor financiamiento en el área de los proyectos, en-tre 1995 y el 2001, es Napo. Esto puede ser consecuencia de dos factoresexpuestos por varias de las personas entrevistadas: intereses políticos y eco-nómicos, no sólo desde la población en búsqueda de satisfacer sus necesida-des más urgentes, sino también de aquellas personas vinculadas a ámbitospolíticos con necesidad de satisfacer su ansiedad de poder. Y, además, no de-be dejarse de lado que ha existido un tipo de tradición entre los secretariosejecutivos del ECORAE y su proveniencia de la provincia de Napo25.

El segundo periodo se desarrolla en el año 2002, el Ecorae invirtió enlos siguientes temas: agroindustria y desarrollo agropecuario, infraestructu-ra básica, turismo sustentable, transporte intermodal y generación energéti-ca, vinculados a la estrategia de desarrollo sustentable para la región, dondefueron favorecidos especialmente los consejos provinciales y los municipios.En este año, los proyectos agropecuarios recibieron el 35,68% de la inver-sión total en la RAE.

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nominado “Zonificación Ecológica Económica de la RAE”, que permitiría identificar el tipo deproyecto recomendable a realizar en un área específica.

24 Tal es el caso de los proyectos para cultivo de naranjilla.25 Este comentario surgió varias veces en algunas de las entrevistas realizadas para este estudio.

En la provincia de Sucumbíos, los beneficiarios fueron los gobiernosseccionales con un 37% del total, las organizaciones sociales con un 60% yotros con un 3% del total. La inversión fue diferente en la provincia de Ore-llana, donde los beneficiarios fueron las organizaciones sociales con un 44%del total, los gobiernos seccionales con un 12% y otros no especificados conun 44%.

En la provincia de Pastaza, los beneficiados de estas inversiones fueron:las organizaciones sociales con un 30% del total, los gobiernos seccionalescon un 54%, y con el 16% otros no especificados. En la provincia de Na-po, el financiamiento para proyectos en el año 2002 fue menor que en Pas-taza, pero mayor que en Orellana y Sucumbíos, donde las organizacionessociales se beneficiaron con un 43% y los gobiernos seccionales con un24%, mientras que el 33% fue para otros no especificados.

La distribución de recursos económicos, en las provincias, parece haberrespondido a exigencias de tipo clientelar pues no guardan una estructura si-milar entre las inversiones. La presentación de las inversiones en el año 2002no es igual en relación con los proyectos financiados en años anteriores, latransparencia en los datos no responde a las nuevas políticas predicadas porel Ecorae desde ese mismo año. El promedio anual de financiamiento en losaños anteriores fue de 2’555.490 dólares frente a 1’202.670,63 dólares en el2002, esta reducción es sentida por la sociedad con la disminución en la can-tidad de proyectos puestos en marcha. Además, se continúa dando prioridada los proyectos económicos y a la construcción de infraestructura, satisfa-ciendo necesidades de carácter inmediato desde la sociedad. Antes de conti-nuar con las inversiones del año 2003, debe revisarse uno de los proyectosimpulsados por el Ecorae en las municipalidades de la Amazonía, la creaciónde las unidades municipales de desarrollo sustentable – UMDS.

Hacia fines de 1999 e inicios del año 2000, se dio impulso a una inicia-tiva financiada por el Ecorae para desarrollar el sector agropecuario de laAmazonía ecuatoriana. Las UMDS tienen como objetivo mejorar la pro-ducción de las fincas; introducir especies más productivas tanto de cacao,café, árboles maderables y frutales; además de dar asistencia técnica a los pe-queños agricultores.

Esta es una de las propuestas del Ecorae reconocida como provechosapor las autoridades municipales. Las UMDS fueron implementadas en lamayoría de los municipios de la Amazonía. El Ecorae dio apoyo financiero


a la constitución de las UMDS26, frente a una contraparte municipal. Lafunción principal de estas unidades es impulsar la producción agrícola y pe-cuaria en el cantón donde se ubican, con el propósito de mejorar la calidadde vida de las familias involucradas. Su fin es proveer financiamiento a laspropuestas de los agricultores bajo una continua asistencia técnica27, con elapoyo de fincas demostrativas y continuas visitas a los proyectos financia-dos, sin necesidad de presentar proyectos elaborados.

En sus inicios, el proyecto tuvo un fuerte apoyo desde el Ecorae, luegoéste disminuyó por falta de recursos económicos en esta institución, pasan-do a ocupar un papel secundario en la distribución de los recursos. La re-ducción en el apoyo económico para el financiamiento de los proyectos(desde fines del 2001 hasta principios del 2003, las UMDS no recibierondinero del Ecorae28), fue justificada por esta institución como una conse-cuencia del proceso de reestructuración interna que estaban desarrollando29.

Al disminuir el aporte económico del Ecorae, el mantener a las UMDSse convirtió en responsabilidad de los municipios. No todos los municipiosde la Amazonía han acogido esta iniciativa, pero aquellas que la desarrolla-ron y aún continúan en el fortalecimiento de dicha unidad, están trabajan-do en la constitución de fincas experimentales para la transmisión de tecno-logía. Sin embargo, estas unidades han tenido que buscar alianzas estratégi-cas30 que les permita sustentar sus labores, pues el aporte del Ecorae fue sus-pendido por cerca de año y medio31.

Desde el 2002, el Ecorae se encuentra en un proceso de reestructura-ción, que comprende desde actividades internas dentro de la institución, co-mo la forma en que se realizan las inversiones en los proyectos impulsadosy/o financiados por ella. Así, tenemos que esta institución pretende conso-

102 Karen Andrade

26 Se entrevistó a los coordinadores de las UMDS de Shushufindi y La Joya de los Sachas, en el pe-riodo entre julio y agosto del 2003 en las oficinas de las unidades en los municipios.

27 La ayuda se realiza a través de la entrega de plantas (cacao, guaba, árboles maderables, productosde ciclo corto, etc.) y de los suministros necesarios para mantener las plantaciones.

28 Esta información fue proporcionada por los coordinadores de las UMDS de Shushufindi, La Joyade los Sachas y Arosemena Tola.

29 Desde inicios del 2003, las UMDS tuvieron que entrar a un proceso de liquidación de cuentas conel ECORAE, esto con el objetivo de obtener nuevos fondos desde esta institución.

30 Los municipios fueron los encargados de mantener activas las UMDS, tanto con apoyo económi-co como en el desarrollo de los proyectos.

31 De acuerdo a la información obtenida con los coordinadores de las UMDS visitadas, esta interrup-ción del apoyo por el ECORAE, se produjo en el periodo 2001-2002.

lidar las zonas potenciando el desarrollo empresarial local mediante el apro-vechamiento sustentable de los recursos naturales de la región y promoverla conformación de empresas de economía mixta. Además, se ha propuestoapoyar las iniciativas de los gobiernos seccionales que apunten al desarrollodel área rural, especialmente.

Los objetivos planteados por la institución se traducen en los tipos de in-versión planteados, a través de los megaproyectos (líneas estratégicas de ac-ción que orientan la definición de políticas regionales y establecen programasy proyectos), macroproyectos (inversiones productivas reembolsables en losque el Ecorae tendrá participación accionaria), y microproyectos (iniciativasde las diferentes organizaciones sociales de la región, orientadas a promoverel desarrollo humano sustentable bajo un sistema de co-financiamiento)32.

De acuerdo a la planificación expuesta por el Ecorae, todos los proyec-tos deben guardar las recomendaciones expuestas en el documento produ-cido por el programa de Zonificación Ecológica Económica. Este es uno delos puntos controversiales en los proyectos propuestos, pues muchos de ellospueden causar externalidades negativas para la conservación de la naturale-za. Por ejemplo, en el proyecto de transporte intermodal, la propuesta con-siste en aumentar la frecuencia del transporte tanto terrestre como fluvial enla Amazonía, lo que implica un incremento del impacto poblacional sobrela fauna y flora existente.

A partir de 2003, para ser beneficiario de un financiamiento del Ecoraees indispensable cumplir con ciertos requisitos y apegarse a un formato depresentación de proyectos33, éstos serán aprobados por un “tribunal” com-puesto por personal calificado y designado por el directorio34 de esta insti-tución. El cambio en las estrategias del Ecorae, continúa suscitando reaccio-nes encontradas entre la población y las autoridades de la Amazonía, puespara muchos los nuevos parámetros propuestos dificultan los trámites nece-sarios para la obtención de fondos, y contribuyen a generar conflictos entrelos organismos institucionales –gobiernos seccionales y otras instituciones


32 Plan Operativo Anual 2004, ECORAE.33 Este requerimiento ha sido impuesto a los proyectos a presentarse desde el 2003.34 El directorio del ECORAE se integra de la siguiente forma: el ministro del Ambiente o su delega-

do, el ministro de Relaciones Exteriores o su delegado, un representante de Petroecuador, un re-presentante de los gobiernos seccionales autónomos, un representante de los centros agrícolas delas provincias de la RAE, u un representante de las organizaciones indígenas amazónicas (LeyNº82, RO Nº675, art. 5, 2/10/2002).

del Estado, especialmente debido a la complejidad de las fórmulas exigidasy las restricciones de financiamiento. Y finalmente, unos pocos se muestranconvencidos en la posibilidad de lograr cambios que impulsen un desarro-llo más adecuado de la región.

Este fenómeno se produce por varias razones, por ejemplo: porque notodos tienen pleno conocimiento de la nueva dinámica que trata de desa-rrollar el Ecorae (en el sistema de inversiones); porque se han reducido losrecursos destinados a los pequeños proyectos de los cuales los principales be-neficiarios eran los finqueros35; y a este factor debe sumarse la dificultad queencuentran los posibles beneficiarios para diseñar los proyectos (metodolo-gía que desconoce la mayoría de la posible población beneficiada, es decircolonos o poblaciones indígenas).

En el 2003, las inversiones para pequeños proyectos se restringieron a unfinanciamiento por provincia de 33.000 dólares, destinados básicamente a pro-yectos agroproductivos. Los beneficiarios fueron escogidos tras la presentaciónde un proyecto, mismo que debía respetar el formato impuesto por el Ecorae,y acoger los requerimientos básicos del concurso: el más importante es el apor-te de un porcentaje de lo requerido por la organización a ser beneficiada, ya seaen término de aporte de mano de obra, infraestructura y/o materia prima.

Actualmente, el Ecorae busca extender sus líneas de acción a programasque abarquen un mayor territorio en la RAE, los megaproyectos. Esta estra-tegia sería posible si la institución obtiene recursos externos a la ley 010, poresto se replanteó la misión a futuro de la siguiente forma: “diseñar y ejecu-tar una estrategia consensuada con los actores locales, nacionales e interna-cionales que permita el desarrollo humano sustentable de la región basadoen un sistema de planificación, evaluación y rendición de cuentas”

Se ha dado mayor énfasis a solamente siete “mega”36 proyectos. Mas, esimportante aclarar que, hasta el momento en que finalizó la investigación,el Ecorae no había expuesto los presupuestos o alcances financieros necesa-rios para la realización de estos proyectos, como tampoco estaba claro el ti-

104 Karen Andrade

35 Por ejemplo, el promedio de recursos entregados a la provincia de Napo entre 1995 y el 2001, al-canza los 472736,5 dólares anuales.

36 Los megaproyectos han sido relacionados con las líneas estratégicas de acción, que impulsan a lainstitución a: 1) articular iniciativas de planificación integral de las zonas estratégicas de desarrollohumano sustentable; 2) estructurar y operativizar un sistema integrado de información, monitoreoy ordenamiento territorial; 3) impulsar empresas que aprovechen sustentablemente los recursos na-turales de la región; 4) transparentar a través de mecanismos e instrumentos las acciones de la ins-

po de alianzas a realizarse entre las instituciones u organizaciones vinculadasa la puesta en marcha de sus planes, o el tiempo necesario para desarrollarcada uno de éstos.

Apuntes finales

La gobernabilidad democrática en el Ecuador encuentra un difícil panora-ma para su reproducción y consolidación, pues no sólo constituye un obs-táculo que las reglas y procedimientos necesarios para su instalación no es-tén solventadas en procesos claros y transparentes, sino también la ausenciade estrategias acordes a las necesidades de la población formuladas desde lasinstituciones a cargo de la planificación del desarrollo. En la Amazonía, elEcorae actúa como el precursor de medidas y proyectos para impulsar el de-sarrollo propuesto por el Estado.

Para el Estado es importante crear medios de distribución de la riquezaque permita el crecimiento económico del país. El Estado, desde sus insti-tuciones y los gobiernos seccionales, encuentra difícil el lograr acuerdos quepermitan un mejor avance de los procesos emprendidos. La crisis del Esta-do se refleja en las crisis vividas en sus instituciones.

El Ecorae constituye un ejemplo de la crisis de gobernabilidad existen-te en el país, donde los problemas que azotan a la institución no sólo sondesencadenados por su propia acción, sino que además tienen su punto departida en un sistema político que responde a intereses personales y solucio-nes inmediatistas. La labor de esta institución ha sido muchas veces cuestio-nada y calificada como “clientelar”, pero también es reconocido por muchosactores37 que el apoyo a los pequeños productores es necesario para mejorarsu calidad de vida.

Las estrategias diseñadas por el Ecorae para impulsar el desarrollo de laRAE, desde diferentes dimensiones y tiempo, tanto en la aplicación de pro-yectos como en viabilizar alianzas entre los diversos sectores del Estado y la


titución; 5) desconcentrar actividades y funciones de la gestión institucional; 6) consolidar lasUMDS; 7) promover la investigación científica y tecnológica, y un sistema de comunicación quefortalezca las capacidades institucionales y la integración de la región; y por último, 8) intensificarlas acciones para la consecución de recursos financieros nuevos y adicionales, nacionales e interna-cionales.

37 Comentarios recogidos en las reuniones convocadas para el “Diálogo entre Petroecuador,

sociedad civil, en el primer periodo de su historia, estuvieron basadas en unapostura paternalista. En los últimos dos años han sido reformuladas, con ba-se en un proceso de reestructuración destinado a brindar un mejor servicioa la sociedad y permitir la optimización en el uso de los recursos económi-cos. La sociedad civil distingue desde dos perspectivas este proceso internodel Ecorae. Primero, surge la necesidad de despojarse de una idea asistencia-lista en la institución, haciendo frente a los nuevos lineamientos y requisi-tos impuestos para la entrega de recursos, en el campo de los pequeños ygrandes proyectos. Lo que nos conduce al segundo punto que es, la exigen-cia a la sociedad civil de mejorar técnicamente sus propuestas, de forma quesea posible realizar un seguimiento de las mismas (económico y financiero)y obtener resultados finales satisfactorios a las partes.

Pero, la sociedad civil no debe permanecer inactiva en este proceso. Lacrisis de gobernabilidad en el país no sólo es consecuencia de las deficien-cias que presentan los organismos estatales, también es producto de unaparticipación débil desde la sociedad civil, pues son los grupos sociales y susactores los que deben insistir en una reformulación de las políticas y, a lavez, proponer nuevas estrategias de desarrollo, que estén acorde con las de-mandas que plantean.

Si los procesos de crisis se replican en todas las instituciones, de mane-ra similar a la situación que existe en el Ecorae, se complica la capacidad delpaís para una instauración sólida de la gobernabilidad democrática. Reglasy procedimientos poco claros dificultan los procesos de consenso y de tomade decisiones, tanto en la sociedad como en el Ecorae y entre los dos, no di-gamos en el universo de las muchas otras instituciones que conforman el Es-tado y la sociedad ecuatoriana.

Podríamos afirmar que, muchos de los procesos inacabados emprendi-dos por el Ecorae en conjunto con los organismos seccionales y la sociedadcivil dan pleno ejemplo de una gobernabilidad débil, donde las reglas deljuego no son transparentes y donde los actores estratégicos siguen apostan-do hacia el beneficio propio. Si no es posible un cambio de posición y en-tablar relaciones más flexibles, la gobernabilidad democrática no podrá exis-tir plenamente.

106 Karen Andrade

ECORAE, UDENOR, Autoridades Provinciales y Sociedad Civil por el desarrollo humano sus-tentable”, realizadas en marzo y julio de 2003, con la asistencia de actores de las provincias de Su-cumbíos y Orellana.

Este artículo aborda el concepto de la propiedad de la tierra y lo contrapo-ne con la riqueza del subsuelo advirtiendo que el Estado latinoamericano sereserva el derecho de exploración y explotación cuando no lo delega a la ini-ciativa privada. ¿Por qué razón? Esta interrogante se responderá, luego deexaminar el principio jurídico que lo sustenta y la realidad de los pueblosindígenas de Ecuador y México, ambos países petroleros, desde una ópticahistórica y social.

El ‘principio jurídico’

Para Oscar Arrieta, Director Ejecutivo de la Organización Latinoamericanade Energía –OLADE-: “las legislaciones latinoamericanas se originan en elDerecho Romano y, a través de los tiempos, han mantenido el principio porel cual el dominio del subsuelo pertenece al Estado. Este principio está re-cogido, internacionalmente, bajo la denominación de la “Teoría del Domi-nio Público”.

“Este principio, sostiene Arrieta, fue establecido desde que nuestros te-rritorios formaban parte de los virreinatos de la Corona española en las Rea-les Ordenanzas (como las Ordenanzas de Toledo de 1574 o las Siete Parti-

Propiedad de la tierra y riqueza del subsuelo.Un rezago colonial1

Edmundo Guerra

1 Este es un extracto de un artículo más amplio titulado: “Ecuador y México: de la selva Lacandonaa la Amazonía. Dos estudios de caso en relación a la propiedad del subsuelo” del mismo autor.

das) y, en la época republicana, está contenido en forma expresa en lasConstituciones Políticas de nuestros países y se ha mantenido en las sucesi-vas modificaciones de las mismas”, concluye el funcionario de la OLADE2.

En ARPEL, la asociación que reúne a los países y empresas petroleras deAmérica Latina, la respuesta es tajante: “los derechos de propiedad de los re-cursos del subsuelo en México, Venezuela y Colombia, pertenecen a la Na-ción”, comenta Amanda Pereira, jefe de información3.

Desde la antropología jurídica, una de sus exponentes la doctora GinaChávez, coincide con Arrieta y sostiene que: “la idea de ‘dominio del sub-suelo’ del Estado, vigente en nuestros países, viene desde la Colonia, endonde, todos los territorios conquistados pertenecían a la corona. El rey da-ba mucha importancia al subsuelo puesto que de ahí se extraía el oro y laplata y estaba claro que toda riqueza que se sacara de cualquier parte del te-rritorio debía ser para la Corona”4.

Las Leyes de Indias otorgaron la propiedad (posesión) de la tierra a cier-tos grupos indígenas. Mientras estuvieron vigentes se entendía que la pro-piedad era total, esto es, que no se hacía ninguna distinción entre suelo ysubsuelo. En esta época, nadie puso en debate si había algún límite a la pro-piedad otorgada a los indígenas. Más tarde, en la época republicana, se pu-so en discusión por el interés del Estado de asumir la explotación y los be-neficios de los recursos del subsuelo.

En Colombia, a comienzos de siglo, 1920, se dio un caso de disputa te-rritorial entre el Estado y un municipio por tierras indígenas. Esta discusiónilustra la aseveración de Chávez:

“Los municipios no tienen derecho de propiedad sino sobre el te-rreno que por leyes especiales (españolas o de la República) les ha-ya sido cedido para área de población, como ejido, o para otros fi-nes determinados y especiales. También son dueños de todo terre-no que hayan adquirido por alguno de los medios traslaticios deldominio que reconoce el Código Civil. Pero aun tratándose de ta-

110 Edmundo Guerra

2 Entrevista por correo electrónico realizada al Secretario de la OLADE, Quito, Ecuador, marzo del2003.

3 Entrevista por correo electrónica realizada al Jefe de Información de ARPEL, Montevideo, Uru-guay, febrero del 2003.

4 Entrevista a Gina Chávez, Red de Antropología Jurídica, FLACSO, Quito, Ecuador, abril del2003.

les terrenos, si éstos han pertenecido a cualquier título a la Nación,ésta es dueña de los yacimientos de petróleo que en ella haya. Fue-ra de estos casos, los municipios no son dueños del suelo. Muchomenos lo son del subsuelo, porque éste desde la época de la Colo-nia ha pertenecido y pertenece a la Nación o a las entidades a lascuales ésta ha reemplazado”. Conforme al primer fallo de 1921, cu-yo ponente fue el doctor Rodríguez P., en la Corte Suprema de Jus-ticia de Colombia”. (Mayorga, 1994)

Así reza la sentencia del tribunal colombiano. El subsuelo pertenece a la Na-ción. En Venezuela se sostiene una lectura similar de este problema, comolo explica Miguel Burelli5, en su artículo: ‘Uslar Pietri y la siembra del pe-tróleo’:

“La otra institución continuadora del regalismo español bajo la te-sis del dominio eminente es la filosofía jurídica que hace del sub-suelo propiedad del Estado, en una arbitraria restricción del dere-cho de propiedad, el cual debe garantizar que el dueño del suelo loposea hasta el centro de la tierra, como ocurre en casi todas partes,pues hidrocarburos y otros fósiles, oro y todas las minas deben serdel dueño de la superficie.Bien diferente sería nuestra situación si no fuera estatal la propiedaddel petróleo y si cada dueño del suelo lo fuera igualmente del sub-suelo. Ocurriría lo que en otros países, donde el dueño de la tierra,por sí solo o en asocio con vecinos, exploraría y explotaría el pro-ducto y pagaría los impuestos.”

El rey español durante la Colonia se reservó el derecho sobre el subsuelo yeste criterio lo asumieron, nuevamente, los criollos americanos actores de lasguerras de la Independencia y fundadores de las nuevas repúblicas. Más tar-de, el Estado nación latinoamericano mantuvo este criterio real puesto queasí, las compañías norteamericanas aseguraban el control sobre los recursosmineros y petroleros.

111Propiedad de la tierra y riqueza del subsuelo

5 Ver en página web: www.iaeal.usb.ve

Durante la Revolución Mexicana se cambió la Constitución, y el artí-culo 27 normó la propiedad del suelo y las riquezas del subsuelo como pro-piedad de la nación, pero no el subsuelo en sí mismo. Se reguló la explota-ción del petróleo, los minerales, el agua, entre otros (patrimonios), y se pro-mulgaron leyes como la de Bienes Nacionales, en la que se señala cuáles sonbienes del dominio público de la federación mexicana según afirma el dipu-tado Cuauhtémoc Velasco Oliva, en su artículo “El uso del subsuelo y lasobras viales de San Antonio”6.

Pueblos ancestrales y riqueza

En la legislación latinoamericana actual no existe ningún impedimento pa-ra que este principio legal sea discutido y cambiado a favor, en especial, delos pueblos indígenas, de tal forma que el derecho sobre la propiedad de latierra sea integral, comprenda el suelo y el subsuelo, hasta el centro de la tie-rra, al decir de Burelli.

¿Por qué esta respuesta no es posible en la actualidad? Examinaremos losdos casos de Ecuador y México que tienen en similitud su carácter de paí-ses petroleros, ambos fuera de la OPEP, incomparables por el volumen dereservas y de producción, mientras México es el quinto productor mundial,Ecuador apenas alcanza cierta presencia en la región de América del Sur. Sinembargo, en los dos países la producción petrolera es significativa en los in-gresos totales nacionales.

México mantiene una posición nacionalista radical frente a los recursoshidrocarburíferos ya que se reserva para sí, para PEMEX, tanto la explora-ción como la explotación de hidrocarburos. En el Ecuador, por el contrario,se comparte esta actividad con la empresa privada, en especial con las trans-nacionales como Occidental, AGIP, Elf, Maxus-Repsol, etc. y, cada vez más,el Estado cede ante la presión de las empresas extranjeras para privatizar elsector.

¿Cuál es el punto de comparación crucial? Tanto México como el Ecua-dor tienen la presencia de un sector indígena ancestral en sus territorios, Ecua-dor en la región amazónica y México, en especial, en la Selva Lacandona.

112 Edmundo Guerra

6 Falta año de publicación o fecha de consulta en la página web Red Ecuatoriana de AntropologíaJurídica, FLACSO, Ecuador.

En los dos sectores los pueblos indígenas se mantuvieron alejados delcontacto con el mundo occidental hasta bien entrado el siglo XX, mantu-vieron sus culturas y tradiciones, conservando su propio idioma.

Tanto el Estado ecuatoriano como el mexicano, sin embargo, mantie-nen una postura similar frente a los derechos indígenas y los recursos delsubsuelo: están dispuestos a entregar la propiedad de la tierra pero se reser-van el usufructo de la riqueza del subsuelo.

El límite, por tanto, de los estados nación latinoamericanos, frente a losderechos indígenas expresa, por una parte, el carácter de estados subordina-dos a los intereses de las compañías transnacionales (hecho evidente, de ma-nera brutal y violenta en Irak, cuando el ejército norteamericano, una vezque bombardeó y saqueó el país, se apropia de sus recursos petroleros, de lasfuentes de agua, de los puertos marítimos, de los sistemas de comunicación,de la energía eléctrica, etc. Y, se los concesiona a las compañías norteameri-canas sin consultar al pueblo iraquí. El nacionalismo se termina en mediode la violencia, con el uso de la fuerza extrema, abriendo un tiempo de pri-vatización –asalto, robo y saqueo-).

De otra parte, se recalca que los estados latinoamericanos, luego de laIndependencia española (siglo XIX), no expresaron los intereses de los pue-blos indígenas, al contrario, los marginaron y excluyeron tanto del ejerciciodel poder, cuanto del reparto de las riquezas. Ahora, las compañías transna-cionales, que consideran que el petróleo es un recurso estratégico para elnuevo milenio, por sus escasas reservas propias, al no poder cambiar defuentes de energía, estarán más dispuestas a apoderarse de estos recursos y,en ningún caso, reconocerlos como derecho legítimo de los pueblos ances-trales de la región.

Examinemos de cerca la situación de México.

México

En México, el Estado de partido único, dominado por el PRI desde 1938hasta el año 2002, no representó a la mayoría de los pueblos que constitu-yen la nación mexicana, problemática impuesta desde la Colonia cuando elimperio español derrotó a los aztecas, aliado con los grupos étnicos someti-dos por Moctezuma.


En el transcurso histórico, el despojo territorial significó, en algunos ca-sos, la retirada de pueblos enteros hacia las zonas selváticas, como es el casode la Selva Lacandona, refugio de los tzetzales, tzochimilcos, tzotziles y cho-les, entre otros pueblos mexicanos.

La similitud o comparación con el caso ecuatoriano es pertinente, porsu actualidad, ya que el relato realizado por Castells, sobre la situación deinsurgencia del pueblo mexicano, liderado por el Ejército Zapatista de Li-beración –EZL- traza varios símiles entre la historia de los dos países. En es-te texto de Castells se lee:

“Durante siglos, los indios y los campesinos han sufrido el abuso de los co-lonizadores, burócratas y colonos. Y durante décadas, se los ha mantenidoen una inseguridad constante, ya que la posición de sus asentamientoscambiaba frecuentemente, de acuerdo con los intereses del gobierno y losterratenientes.En 1972, el presidente Echeverría decidió crear la reserva de la biosfera deMontes Azules y devolver la mayor parte de la selva a las 66 familias de latribu lacandona original, así que ordenó la reubicación de 4.000 familiasque se habían reasentado en esta zona tras su expulsión de sus comunida-des originales. Tras las tribus lacandonas y el repentino amor a la naturale-za estaban los intereses de la compañía forestal Cofotasa, apoyada por lacompañía de desarrollo gubernamental NAFINSA, que recibió los dere-chos de explotación forestal. La mayoría de los colonos se negaron a la reu-bicación y comenzó una lucha de veinte años por su derecho a la tierra,que aún persistía cuando Salinas asumió la presidencia en 1988. Salinas acabó aceptando los derechos de algunos colonos, pero restringiósu generosidad a aquellos pocos que apoyaban al PRI (Partido Revolucio-nario Institucional), el partido del gobierno. En 1992, un nuevo decreto abolió los derechos legales de las comunidadesindias que se habían reasentado por segunda vez. Ahora el pretexto era laConferencia de Río sobre el Medio Ambiente y la necesidad de proteger laselva tropical. También se restringió el forraje del ganado en la zona paraayudar a los rancheros de Chiapas, que competían con el ganado de con-trabando procedente de Guatemala. El golpe final a la frágil economía delas comunidades campesinas llegó cuando las políticas de liberalizaciónmexicanas de la década de los noventa, en preparación para el TLC, incre-mentaron las importaciones de maíz y eliminaron la protección del preciodel café. La economía local, basada en la silvicultura, el ganado, el café y el maíz,

114 Edmundo Guerra

quedó desmantelada. Además, la posición de la tierra comunal se hizo in-cierta tras la reforma realizada por Salinas del histórico artículo 27 de laConstitución mexicana, que ponía fin a la posesión comunal de la propie-dad agrícola por parte de los ejidos, en favor de la plena comercializaciónde la propiedad individual, otra medida directamente relacionada con elalineamiento de México con la privatización de acuerdo con el TLC. En 1992 y 1993, los campesinos, se movilizaron pacíficamente contra esaspolíticas. Pero después de que su enérgica marcha de Xi’ Nich, que llevó amiles de campesinos de Palenque a la Ciudad de México, quedara sin res-puesta, cambiaron de táctica. A mediados de 1993, en la mayoría de las co-munidades lacandonas no se plantó maíz, se dejó el café en las matas, losniños abandonaron las escuelas y se vendió el ganado para comprar armas.El encabezamiento de la Proclama de los insurgentes del 1 de enero de1994 decía: Hoy decimos BASTA!” (Castells 2000: 100)

Es evidente que los pueblos mexicanos, que no comparten el poder y queno forman parte del Estado son objeto de abuso de las empresas capitalistasy no son un punto de partida para la instauración de las políticas generalesdel Tratado de Libre Comercio. El mercado integrado con los EEUU des-truye las pequeñas economías, precisamente, por la vía del precio impuestopor el mercado.

Una comparación sí es posible entre Ecuador y México en este aspecto:el tratamiento que el Estado de cada uno de los dos países otorgó a los pue-blos indios. En primer lugar, ni en Ecuador, ni en México se los reconociócomo pueblos, sujetos de derechos por su propiedad ancestral del territorio.Durante la conquista española (siglo XVI-XIX) los pueblos indios fuerondesplazados de sus tierras, de sus lugares habituales de asentamiento y fue-ron obligados a trasladarse a otras lugares ya por la fuerza, ya por motivosde supervivencia.

Tanto en México como en Ecuador, los indios llegaron a convertirse encampesinos sin tierra. Fueron despojados por los encomenderos, luego porlos terratenientes y los mestizos sufriendo el abuso de los colonizadores, des-pués de los burócratas y, por último, de los colonos, estos coterráneos, pue-blo sin empleo, que se movilizó en búsqueda de la tierra prometida por elEstado.

¿De quién era esa tierra de colonización? Tanto en Ecuador como enMéxico, territorio ancestral de los indígenas.


En nuestro país, la región amazónica tuvo ese mismo trato a partir de1970 cuando el Estado promocionó e impulsó las políticas de colonizaciónpara los campesinos empobrecidos de Loja, Manabí, Pichincha, declarandoa la provincia de Napo-Pastaza como zona de tierras baldías.

Este largo proceso creó esta figura del colono que fue a enfrentarse caraa cara con los hombres de la selva, habitantes ancestrales de la zona.

La lengua

El aspecto cultural y de la lengua es otro de los puntos culminantes y seme-jantes en ambos países: en muchos casos, los pueblos vernáculos no habla-ban el español, se comunicaban en su propia lengua de carácter oral y losEstados nación, respectivos, no reconocieron su existencia sino hasta el fi-nal del siglo XX, en 1994 en México y, en 1998 en Ecuador.

El Estado ecuatoriano reconoce la existencia de los pueblos indios conderechos y deberes, recién en 1998, luego de la larga lucha en la década delos noventas, mediante paros generales o movilizaciones indígenas, cuandola Constitución de ese año incluyó un reconocimiento de los pueblos quich-wa, shuar y afroecuatorianos, como pueblos ancestrales con derechos pro-pios.

En México, este reconocimiento del Estado recién se produce en 1994,cuando el mediador Camacho se acerca a la región lacandona para interve-nir con el Ejército Zapatista de Liberación –EZL- y leer un comunicado delgobierno mexicano en idioma tzetzal y chol “era la primera vez que un altocargo mexicano reconocía las lenguas indias”, recuerda su secretaria.

Hay que insistir que la lengua existe independientemente que el Estadola reconozca o no. Su permanencia explica la fortaleza de los pueblos. Suinusitado deseo de sobrevivir.

El desplazamiento del territorio

En la selva Lacandona de México, los indios tzeltales, tzotziles y choles fue-ron movilizados para evitar los enfrentamientos con los campesinos sin tie-rra, fueron desplazados por los terratenientes.

116 Edmundo Guerra

En el Ecuador, por su parte, los indios secoyas, siona, cofanes y tetetes,que habitaban ancestralmente en las orillas del Aguarico, en la región norte dela Amazonía, fueron desplazados de sus territorios por los colonos y por lasempresas petroleras para iniciar la explotación hidrocarburífera en esa región.

Desde la llegada de Colón hasta 1994, tuvieron que pasar 500 años pa-ra que el Estado reconozca la existencia de estos pueblos, con su lengua y su te-rritorio. En el Ecuador sucede lo mismo. En el mismo tiempo histórico.

El punto nodal o crucial de este trato discriminatorio para el pueblo ver-náculo es la propiedad de los territorios. Ni el Estado mexicano ni el ecua-toriano reconocieron este ámbito de propiedad. Las revueltas liberales enambos países ingenió el derecho a la posesión comunal de la propiedad agrí-cola, hasta los años 1980.

A partir de ese año, con la propagación del neo-liberalismo, se proponeabolir todo tipo de propiedad comunal puesto que la tierra debía ser obje-to de comercialización, sujeto de la propiedad individual. Último reductodel capital que se expande por todos los rincones e impone su forma de re-lación social: la relación capitalista de producción, la apropiación privada delos medios de producción, la transformación del campesino en asalariado,la eliminación de las formas precapitalistas de relación comercial: trueque,presta manos, etc.

Cuando el EZL, representante de los pueblos indios mexicanos, planteasus reivindicaciones de los derechos del pueblo, el Estado mexicano, lidera-do por Salinas de Gortari, educado en Harvard, representante de la buro-cracia partidista y estatal, aliada con el FMI y a favor del Tratado de LibreComercio, fueron negadas. Por primera vez, los indios de la selva Lacando-na tenían una estrategia de largo aliento.

En el Ecuador, el caso es semejante, pero con una gran diferencia. Aquíno existe lucha armada ni partido guerrillero. La reivindicación viene por ellado de la lucha de masas. El avance político que se estructura, se gesta enlas comunidades indígenas en forma de lucha y movilización de masas.

La riqueza del subsuelo

Tanto el Estado ecuatoriano como el mexicano reconocen, en última instan-cia, la propiedad indígena sobre la tierra pero mantienen una posición in-


variable frente a la propiedad de las riquezas del subsuelo. Este es un ámbi-to no negociable, históricamente.

En 1995, el estado mexicano de Chiapas produjo 19,8 millones de ba-rriles de petróleo crudo y 202,6 millones de pies cúbicos de gas natural, quese extraen de los 117 pozos petroleros de la región. Las zonas extractivas másimportantes son el sector noroccidental y el litoral.

“Un tema difícil parece ser la demanda de las comunidades indias de man-tener la propiedad de su tierra, incluidos los recursos del subsuelo, una de-manda categóricamente rechazada por el gobierno mexicano puesto queChiapas es rica en hidrocarburos” (Castells, 2000: 105).

Los pueblos indígenas de Ecuador y México se aprestan a liberar esta lucha:reivindicar la propiedad de la riqueza del suelo y del subsuelo. Tanto en elEcuador como en México la propiedad del subsuelo es asumida por el Es-tado quien cede los derechos de explotación a las compañías multinaciona-les, estableciendo una política de hecho: la riqueza minera del subsuelo esdel Estado, de un estado de clase que no representa al conjunto social. Tan-to México como Ecuador son países pluriétnicos, pero el Estado no repre-senta la totalidad social, excluye y empobrece a la mayoría marginada.

Desde el punto de vista social, el Estado latinoamericano es una estruc-tura de clase, hegemónica del capital, que excluyó y excluye del poder a vas-tos sectores sociales, en especial a los indígenas. A pesar de ser naciones plu-rilingües y multiétnicas, Ecuador y México, tiene como lengua oficial el es-pañol, reconocen la existencia de otros idiomas pero no se los legaliza.

En la Amazonía se encuentran de manera frontal estas minorías étnicas(llamadas así por algunos antropólogos o pueblos o las autodenominadas na-cionalidades, para otros) con las grandes compañías transnacionales: Texaco,Chevron, ELF, Occidental, etc. Un encuentro directo entre el primer mun-do, el gran capital, y el cuarto mundo, pueblos de identidades primarias, endisputa seria por el territorio, por la riqueza del subsuelo: el petróleo.

Para Ecuador, desde 1972, cuando se inició la segunda era petrolera, lascifras entregadas por el sector hidrocarburífero a las cuentas nacionales sondecisivas tanto para los ingresos fiscales, cuanto para las exportaciones y labalanza comercial.

El sector hidrocarburífero se convirtió, en poco menos de 30 años, enel principal rubro de ingresos del estado nacional, en el sector más dinámi-

118 Edmundo Guerra

co de la economía al generar tanto fuentes de trabajo y empleo, directos eindirectos, cuanto al atraer inversiones internas e externas para completar suciclo productivo.

La discusión actual se centra entre una posición que alienta la exporta-ción de crudo, sin valor agregado, favoreciendo a los exportadores, y otraque busca el desarrollo de la industria paralela transformando el crudo enenergético sustitutivo, de la energía térmica, por ejemplo, la propuesta deun socio-estratégico para el campo ITT.

Contribución del sector hidrocarburífero a la economía nacional.Ecuador: 1972-2001

Fuente: Estadística de la industria petrolera 1972-2001, Petroecuador. Elaboración: Autor.

Esta riqueza se la disputan el Estado y las empresas transnacionales, exclu-yendo del pastel a las minorías étnicas a quienes se prefiere repartir migajas,expresión cierta de las políticas clientelares del Estado y de las empresastransnacionales, a través de largas y tediosas negociaciones entre los aboga-dos yuppies de las compañías petroleras y los dirigentes de las comunidadesindígenas.

El Estado se hace de la vista gorda y delega su responsabilidad, represen-tar al conjunto del tejido social, favoreciendo el interés del gran capital cu-ya máxima expresión son los contratos petroleros en donde el Estado solopuede aspirar al 18% de la producción petrolera de las empresas, mientraslas transnacionales se llevan el 82% de la riqueza del subsuelo a nombre de


Rubros económicos Resultados y promedios

Producción de petróleo 2.646,2 millones de barriles

Refinerías 1.085,1 millones de barriles

Venta interna de derivados 948,8 millones de barriles

Venta mercado internacional 421,0 millones de barriles de petróleo219,4 millones de derivados

Transporte por el SOTE 2.791,2 millones de barriles

Contribución al PIB 14.2%

Participación en las exportaciones 41.2%

Presupuesto General del Estado, financiamiento 40.6%

la estabilidad jurídica y de la recuperación de las inversiones, por veinteaños.

El Estado ecuatoriano, desde el punto de vista social, aparece comofragmentado pues, la nación que nunca se constituyó como tal, desde hacedos décadas, está tratando de cohesionarse, recién hacia el tercer milenio,ampliando el concepto de pueblo, hacia las etnias que fueron excluidas delpoder político, de la representación social y de la riqueza: los kichwas, losshuar, los achuar, los afroecuatorianos, los huaorani, etc.

120 Edmundo Guerra

Nuestra concepción sobre el territorio

Los territorios son el espacio que compartimos con otros seres vivos, en unarelación evolutiva natural como garantía de la sustentabilidad mutua, es lalibertad incondicional para la manifestación de nuestras espiritualidades,culturas y tradiciones.

No se puede pensar un desarrollo sustentable sin el vínculo que tene-mos con los territorios, con sus montañas, aguas, tierras, bosques, subsueloy cielos, donde identificamos nuestras existencias y provenimos para la vidadiaria y futura. Es la riqueza heredada por los ancestros y que estamos obli-gados a dejar a nuestros descendientes, si es que queremos continuar comoyine, kichua, hunikui, huourani y demás pueblos.

El desarrollo sustentable y el sistema económico tradicional

“Cuando hablamos de nuestro derecho al territorio no es solo a la tierra,hablamos de ejercer un poder, al igual que un ente público –un munici-pio, por ejemplo, ejerce dentro de los límites de su jurisdicción y compe-tencia. Es decir, el derecho a ejercer el manejo y control sobre lo que ocu-rre en esos espacios, cómo se usan y se dispone de ellos; a la participacióncomo colectividades en las decisiones que afectan a esos territorios y a losrecursos allí existentes.

Se aplica dentro de nuestro territorio, nuestras normas, costumbres ytradiciones; a autorregular nuestras formas de organización social y de re-

Derechos territoriales frente a lasactividades petroleras

César Andy

presentación; a orientar y administrar nuestra economía y el aprovecha-miento de las riquezas y recursos naturales existentes; y a precautelar elequilibrio ecológico y evitar la degradación ambiental.” (COICA, 1996).

Sobre la base de esta concepción, podríamos afirmar los siguientes puntosde partida sobre los derechos territoriales.

Concepción holística

Esto quiere decir que abarca dimensiones como lo espiritual, socio cultu-ral, político y económico. Para nosotros el territorio no es un simple bieno sólo un medio de producción, pues la dimensión espiritual del territorio,por ejemplo, nos lleva a afirmar que está estrechamente relacionado con losagrado que nos lleva a interactuar con los espíritus creadores y protectoresde todas las vidas, base material y espiritual de la vida a través de las gene-raciones.

Concepción política de la territorialidad indígena

La territorialidad como tal implica nuestra consolidación como pueblos, es-tá implícito el ejercicio del derecho a ser libre y gozar de la paz en nuestrosterritorios. Esta concepción es fundamental, toda vez que nuestros territo-rios son vistos como espacios de continuidad y afirmación cultural, espaciosde consolidación de las autonomías.

De las dos acepciones, encontramos algunos puntos críticos que con fre-cuencia se presentan como polos opuestos, tanto desde la visión planteadapor nosotros, como por la visión de los gobiernos nacionales, siendo éstos:

El territorio como bien colectivo

No es fácilmente asimilable y muchos no comprenderán esta visión. Se pue-de concebir la tierra como un bien exclusivamente productivo y sujeto apropiedad privada o colectiva y regulada desde el régimen jurídico, o seaenajenable, transferible, susceptible de gravámenes y de prescripción adqui-sitiva de dominio.

122 César Andy

Los territorios como inembargables, inalienables e imprescriptibles

Si bien, a través del reconocimiento de nuestros derechos en las constitucio-nes e instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, engran parte de los países de la región se ha otorgado a nuestras tierras el ca-rácter de inembargables, inalienables e imprescriptibles, aún hay varios as-pectos del derecho al territorio que siguen siendo controversiales y aún nohan logrado ser reconocidos por la mayor parte de los estados nacionales yen cierta medida también en el ámbito internacional.

Derechos sobre bienes integrales del territorio

El Estado se reserva derechos sobre bienes que forman parte integral del te-rritorio: el subsuelo, recursos no renovables, en algunos casos los recursosforestales, la fauna, las lagunas, ríos, aplicando regímenes legales diferencia-dos a los distintos componentes de la naturaleza; se produce así una desin-tegración jurídica de los territorios, que no solo dificulta el control y gestiónpor parte nuestra, sino que además es la causa de los mayores conflictos, in-cluso para aquellos que han obtenido el reconocimiento legal de propiedadde la tierra, provocando una gran vulnerabilidad a las condiciones de vidadel presente y de futuras generaciones.

La visión de separar los territorios y sus recursos es una cuestión que pa-ra nosotros se convierte en una cuestión cada día más compleja, ya que se-gún nuestra visión estamos intrínsecamente relacionados y no podemos se-pararlos porque nuestra existencia depende de los territorios y los recursosnaturales.

Evidentemente los mayores conflictos se dan porque los gobiernos, em-presas y otros actores, toman decisiones apropiándose de los recursos natu-rales existentes en nuestros territorios, sin respetar nuestros principios o de-rechos ya reconocidos, sea a nivel internacional o en la legislación nacional.

Por ello, hemos propuesto desde la COICA en varios escenarios de tra-tamiento del tema, los siguientes aspectos que hagan efectivo el reconoci-miento de nuestros derechos:

123Derechos territoriales frente a las actividades petroleras

- Seguridad de nuestros territorios.- Respeto a nuestra integridad cultural, económica y social.- Mejoramiento de nuestras condiciones de vida a través del desarrollo de

los planes de vida.- Redefinir el concepto de desarrollo.- Adhesión y cumplimiento a convenios globales.- Respecto por nuestras decisiones.- Indemnización y compensación por daños ambientales y socioculturales.- Objeción cultural.

Nuestra fragmentación jurídica y los alcances del ejercicio de la autoridadpropia, impide el ejercicio del derecho al territorio

Dos temas centrales adicionales forman parte de los desencuentros con lasnociones del Estado en varios de los países de la región y que debilitan enor-memente el ejercicio de nuestro derecho al territorio: la fragmentación jurí-dica al que nos han sometido los estados nacionales y los alcances del ejer-cicio de la autoridad propia para el control y el gobierno territorial. En al-gunos países, a pesar de los avances constitucionales, persiste la división ju-rídica sobre nosotros en una diversidad de formas de interpretación legal co-mo nativos, indios, tribus, naciones, pueblos, comunas, y más recientemen-te como evangélicos, católicos, mujeres, niños, ancianos. En concreto, he-mos perdido valores y principios humanos como colectividad y estamos pa-sando a valorar el otro, el externo.

Agenda indígena amazónica

La Agenda Indígena Amazónica (AIA) es un instrumento de unificación deesfuerzos de nuestras organizaciones, que posibilitará trabajar en función deunos planes comunes y prioritarios, siendo uno de ellos el componente deterritorios y recursos naturales.

Por la naturaleza de este planteamiento, nuestra reivindicación precisa-mente se ha concentrado en la seguridad territorial, en la que proponemoslas acciones siguientes:

124 César Andy

- Fortalecimiento de la capacidad política, organizativa y financiera convistas a autodeterminarnos como pueblos que somos en nuestros pro-pios territorios.

- Una coordinación y comunicación permanente de las estrategias y pla-nes que hemos desarrollado.

- Establecer una política de cooperación, desde nuestros intereses y prio-ridades.

- Incidencia con eficiencia en los distintos niveles en que nos interesa deacuerdo a los temas que nos afectan.

- Producir o sistematizar las propuestas o experiencias de consolidaciónterritorial, para elaborar directrices desde nuestro punto de vista.

- Impulsar y garantizar que los instrumentos internacionales en trata-miento, como la Declaración de derechos indígenas de la OEA y de laONU, inserten de manera definitiva el reconocimiento de los derechosterritoriales en toda su plenitud.


Introducción

El objetivo de esta presentación es abordar el tema del reconocimiento delos derechos territoriales, que es uno de los derechos fundamentales de losrevindicados por los pueblos indígenas a nivel mundial.

Luego de hacer una breve aproximación a la historia de la evolución deltema indígena en la ONU y de los derechos territoriales, abordaré el temade los contenidos de los artículos del proyecto de declaración relacionadoscon el tema que nos ocupa. Para finalizar, la manera en la que los derechosterritoriales son abordados en los demás documentos internacionales.

Reseña histórica

El año 1977 fue una fecha esencial para los indígenas de América, por elencuentro internacional sobre “Discriminación en contra de las poblacio-nes indígenas de América”. ¿Por qué es una fecha tan importante?, simple-mente porque terminó en la redacción de una “Declaración de principiospara la defensa de las naciones y los pueblos indígenas del hemisferio occi-dental”.

Lo importante que tiene esta declaración es que recoge en su contenidolos temas que ayudarían en el futuro a resolver los debates sobre la cuestión

Avances en el tema del derecho territorial indígenaen el ámbito internacional y específicamente en laOrganización de las Naciones Unidas

Alexis Tiouka

dcnoble

Cuadro de texto

Tiouska, Alexis (2004). Avances en el tema del derecho territorial indígena en el ámbito internacional y específicamente en la Organización de las Naciones Unidas. En Petróleo y desarrollo sostenible en Ecuador 2. Las apuestas, ed. Guillaume Fontaine, 127-134. Quito: Serie Foro FLACSO.

indígena, como reconocer el derecho a la tierra y al territorio, entre otros.Se contempla en esta declaración:

“El derecho a la autodeterminación con los principios de supervivencia deestos pueblos como naciones separadas.Toda nación tiene el derecho de tener una población estable, un territoriodefinido, un gobierno y la capacidad de mantener relaciones con otros es-tados y de existencia de una personalidad jurídica internacional para lospueblos indígenas (problemas de los tratados internacionales oral o escrito).El derecho a la tierra y al territorio ancestral de los pueblos indígenas.Y por fin el derecho al patrimonio y la propiedad intelectual como protec-ción del medio ambiente y de la integridad cultural de los pueblos indíge-nas.” (Declaración de principios para la defensa de las naciones y lospueblos indígenas del Hemisferio Occidental).

El otro punto importante es que a partir de la declaración de Viena se hacreado el primer grupo de trabajo en la ONU para que se ocupe específica-mente de los pueblos indígenas. Más tarde, este grupo de trabajo permitirála emergencia del proyecto de declaración de las Naciones Unidas sobre losderechos de los pueblos indígenas.

Este proyecto de declaración presenta algunas observaciones en el mo-mento de su redacción. ¿Por qué? La definición del término pueblos indíge-nas. Los indígenas no querían que se les considere como minorías étnicas ypoblaciones, sino como pueblos. Hizo falta muchos años, de 1985 al 1993,para poder conseguir un acuerdo sobre todas las cuestiones expuestas en es-te texto. Para lograr estas declaraciones o documentos se mantuvieron mu-chas disputas para que el grupo de trabajo aprobara el texto en el año 1993.Por ejemplo, esto aparece en la Asamblea General de la ONU en 1992, enla Comisión de los Derechos Humanos en marzo de 1993; en la Conferen-cia Mundial sobre los Derechos Humanos; y en la Declaración y el progra-ma de acción de Viena en junio de 1993. Pero finalmente, en 1993, el gru-po de trabajo aprueba el proyecto y lo remite a la subcomisión de derechoshumanos para la aprobación.

A pesar de todo, las discusiones continuaron, esencialmente a causa de unproblema. Los representantes de los estados negaban, y todavía niegan la in-serción del término pueblos. Según la Carta de los Derechos Humanos, el em-pleo de este término implicaba de hecho, el derecho a la autodeterminación.

128 Alexis Tiouka

Los indígenas también discutieron cierto número de puntos. Las orga-nizaciones indígenas pidieron que los derechos colectivos sean afirmados,que los derechos territoriales sean aplicables también a los recursos delsubsuelo, que su derecho a la autodeterminación sea reconocido. Ademásse formulan algunas interrogantes: ¿qué representa el proyecto de declara-ción para los pueblos indígenas?, la posibilidad de gozar de un documen-to que podría tener un valor equivalente al de la Declaración universal delos Derechos Humanos de 1948. Lo que esperan es el derecho a existir co-mo pueblo; el derecho a luchar contra todas las formas de discriminación;el derecho a defender su modo de vida y el derecho a vivir sobre sus terri-torios ancestrales.

Pero, sobre todo, que este instrumento se constituya al final en un prin-cipio fundamental y de obligatoriedad para los países del mundo, en el cuallos pueblos indígenas puedan hacer valer sus derechos. Hoy, algunos consi-deran que forman parte del derecho consuetudinario internacional. Pero pa-ra que verdaderamente se haga un instrumento jurídico hará falta que searatificado como un convenio internacional.

Hoy nos acercamos a finales de la década internacional de los pueblosautóctonos. El último encuentro tuvo lugar entre el 13 y 26 de septiembrede 2003, en el marco de la novena sesión del grupo de trabajo de la Comi-sión de los derechos humanos de las Naciones Unidas.

¿Cuáles son las conclusiones?

Falta mucha discusión sobre el tema. Después de 9 años de negociacionessolamente dos artículos han sido adoptados: los artículos que conciernenal derecho individual. Al fin de la octava sesión, la situación estuvo total-mente bloqueada tanto a causa de los estados como a causa de los indíge-nas. Los indígenas niegan todo cambio que concierne a los artículos re-dactados; y, los estados (sobre todo los más poderosos) se niegan a reco-nocer a los pueblos indígenas como entidades colectivas, no admiten el re-conocimiento de una relación específica entre estos pueblos y sus territo-rios: se debate sobre el contenido de los artículos del proyecto de declara-ción y particularmente sobre el derecho a la tierra y el derecho a la auto-determinación.

129Avances en el tema del derecho territorial

Uno de los principios fundamentales de la declaración es el derecho a laautodeterminación. El artículo 3 de la declaración hace referencia a que “lospueblos indígenas tienen el derecho a disponer de los mismos. En virtud deeste derecho, determinan libremente su estatus político y aseguran libre-mente su desarrollo económico, social y cultural”. Este derecho es esencialporque valida a todos los demás. Y es justamente el derecho que suscita másdebates y es el más controvertido.

¿Por qué? Muchos estados temen las implicaciones de este artículo.¿Cuáles son los argumentos de los Estados?, el único hecho del reconoci-miento del derecho a la autodeterminación corre el riesgo de poner en pe-ligro al Estado mismo. A pesar de que algunos estados dicen aceptar este ar-tículo ponen una condición: que su aplicación sea limitada a formas de au-tonomía interna lo que permitiría no poner en peligro la integridad de losestados.

El otro polo del debate es el derecho a la tierra, al territorio y a los re-cursos. Una vez más, hay muchas restricciones por parte de los estados. Susargumentos se ven allí como un atentado a la conservación de su soberaníasobre el territorio nacional. Lo que hay que tomar en cuenta sobre este pun-to es que lo importante para los indígenas no es forzosamente la recupera-ción de sus tierras, aunque es esencial para la preservación de la integridadde la colectividad, sino defender una concepción específica de la tierra y delmedio ambiente en general.

Por otra parte, desde el principio de sus relaciones con las instancias in-ternacionales, las Naciones Unidas y los indígenas pusieron por delante laimportancia de este lazo entre los indígenas y la tierra.

Otro problema es la cuestión del derecho a la tierra. Se plantean proble-mas específicos atados a la diversidad de las situaciones indígenas. En cier-tos países hay reconocimiento de este derecho, como Canadá y Nueva Ze-landa. Pero todavía hay numerosos países donde los indígenas no tienen laposibilidad de poseer oficialmente sus tierras y menos aún a título colectivo.

Donde hay más reconocimiento por los estados es en el dominio del de-recho a los recursos. En efecto, admitimos cada vez más, el valor de los sis-temas de desarrollo sostenible de los indígenas del mundo. Un ejemplo: alprincipio de la colonización había muchas críticas de las prácticas agrícolasde los indígenas de Amazonía. Pero hoy, los occidentales son concientes queesta agricultura es la más adaptada a este medio ambiente. Pues, hoy hay re-

130 Alexis Tiouka

valorización de las técnicas de los pueblos indígenas que supieron explotarde manera productiva los ecosistemas del bosque tropical sin agotarlos irre-versiblemente.

En el proyecto de declaración, encontramos un reconocimiento de estosconocimientos en el dominio de la gestión de los recursos en el artículo 26:

“Los pueblos indígenas tienen el derecho a poseer, a dar valor, de adminis-trar y de utilizar sus tierras y territorios, es decir el conjunto de su medioambiente que comprende las tierras, el aire, las aguas, fluviales y costane-ras, la banquisa, la flora, la fauna, otros recursos que poseen o que ocupany tradicionalmente notifican. Particularmente tienen derecho al reconoci-miento pleno de sus leyes, tradiciones y costumbres, de su régimen terri-torial y de las instituciones encargadas de explotar y de administrar sus re-cursos, así como las medidas eficaces de protección por parte de los Esta-dos contra toda injerencia o toda alienación o limitación de estos derechoso todo obstáculo a su ejercicio”.

Se toma en consideración el derecho a la tierra en los documentos internacionales

La cuestión del derecho a la tierra, al territorio y a los recursos está presen-te en la inmensa mayoría de los documentos actuales relativos a los indíge-nas. En el artículo 26 del proyecto de declaración, en la declaración de laOEA (en el Art. XVIII: Formas tradicionales de propiedad y supervivenciacultural. Derecho a tierras y territorios). En estos dos documentos se insis-te sobre la relación específica que los pueblos indígenas mantienen con sustierras y sus territorios y se recuerda la necesidad de protección de esta rela-ción. Por ejemplo, el artículo 25 del proyecto de declaración estipula:

“Los pueblos indígenas tienen el derecho a conservar y a reforzar los lazosparticulares, espirituales y materiales, que los unen con sus tierras, con susterritorios, con sus aguas fluviales, costaneras, con otros recursos que po-seen o que ocupan, tradicionalmente notifican, y de asumir sus responsa-bilidades en la materia con respecto a las generaciones futuras”.

Otro punto que se menciona en estos dos documentos es el derecho a la res-


titución de las tierras, los territorios y los recursos indígenas “que han con-fiscado, ocupado, utilizado o degradado” que está contemplado en la Decla-ración de la OEA (art. XVIII, numeral (7) y en la de la ONU (art. 27), conla precisión de que si la restitución es imposible, entonces es recomendableque hubiera compensación.

A causa de la relación específica que ata a los indígenas a sus tierras, lacuestión del desplazamiento de las poblaciones también es resaltada en es-tos documentos, particularmente a través de la noción de consentimiento li-bre e informado.

Estos textos recuerdan también que estos desplazamientos no debenefectuarse sólo en casos extremos o extraordinarios e, implícitamente, quelos desplazamientos forzados son prohibidos y constituyen una violacióngrave de los derechos humanos.

Se contempla en estos documentos la necesidad de proteger a los pue-blos indígenas contra las políticas y las acciones de los estados y en virtuddel derecho a la autodeterminación, los estándares que conciernen a la par-ticipación de los indígenas son muy importantes: ONU, art. 4, 19, 20 yOEA, art. XV numeral (2). Es por eso que el consentimiento libre e infor-mado de los pueblos indígenas es visto como un paso previo a todos loscumplimientos y medidas legales o administrativas tomados por los Estadosy que puedan afectar los intereses de los indígenas1:

“Los pueblos indígenas tienen el derecho a participar plenamente, si lo de-sean, según procedimientos que habrán determinado, en la elaboración demedidas legislativas o administrativas susceptibles de concernirles. Antesde adoptar y de aplicar tales medidas, los Estados deben conseguir el con-sentimiento, expresado libremente y con todo conocimiento de causa delos pueblos interesados” (ONU, art. 20)

Los pueblos indígenas tienen el derecho a escoger a sus representantes conarreglo a su modo de organización político-jurídica. Esta noción de consen-timiento libre e informado frecuentemente es recordada en el marco de losdiferentes derechos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, en la declaraciónde la OEA, es explicado que en el marco de la explotación de recursos na-turales, este derecho debe ser respetado:

132 Alexis Tiouka

1 Cf. proyecto de declaración

(5) “En caso de pertenecer al Estado la propiedad de los minerales o de losrecursos del subsuelo, o que tenga derechos sobre otros recursos existentessobre las tierras, los estados deberán establecer o mantener procedimientospara la participación de los pueblos interesados en determinar si los inte-reses de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de em-prender o autorizar cualquier programa de prospección, planeamiento oexplotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesa-dos deberán participar en los beneficios que reporten tales actividades, ypercibir indemnización sobre bases no menos favorables que el estándardel derecho internacional, por cualquier daño que puedan sufrir como re-sultado de esas actividades” (OEA, artículo XVIII, numeral (5)).

Podemos observar que el numeral quinto antes citado se apoya claramenteen el artículo 15 numeral (2) del convenio 169 de la OIT. En el mismo or-den de idea, la declaración de las Naciones Unidas evoca entre otras cosaseste derecho en el marco del derecho a las tierras y a los territorios:

“Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las priori-dades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras, territo-rios y otros recursos, en particular el derecho a exigir a los Estados que ob-tengan su consentimiento, expresado con libertad y pleno conocimiento,antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras, territorios yotros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilizacióno la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo. Tras acuer-do con los pueblos indígenas interesados, se otorgará una indemnizaciónjusta y equitativa por esas actividades y se adoptarán medidas para mitigarsus consecuencias nocivas de orden ambiental, económico, social, culturalo espiritual.” (Declaración de ONU, art. 30).

Estos artículos tienen la intención de obstaculizar toda explotación de losrecursos naturales en los territorios indígenas, pues la soberanía guberna-mental sobre los recursos naturales es restringida por los derechos y los in-tereses de los pueblos indígenas.

Para concluir: he tratado de presentar la situación de los pueblos indí-genas en el ámbito del derecho internacional con atención particular en eltema del derecho a la tierra y al territorio, y de algunas incursiones en otrosderechos fundamentales.


Aunque el proyecto de declaración contiene normas mínimas, éste per-mite realizar negociaciones fundamentales sobre los derechos de los pueblosindígenas pues representa el establecimiento de principios básicos de protec-ción que necesitan si quieren sobrevivir en las condiciones creadas por launiversalización económica y financiera y la implantación libre de multina-cionales sobre sus territorios. Sin embargo, este documento no constituirá,en ningún caso, un documento apremiante. Nada es todavía adquirido sinoencontramos en las organizaciones internacionales, así como en los tribuna-les de ciertos estados (Canadá, por ejemplo), una preocupación cada vezmás fuerte por la cuestión indígena. Además, la implicación de los indíge-nas y su participación plena como actores verdaderamente tendrá una inci-dencia sobre su futuro.

134 Alexis Tiouka


2. Las apuestas

Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9











Índice












Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

Anexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239


Territorio en el derecho occidental

En el derecho occidental, la propiedad es el ámbito de lo privado, como elterritorio es el ámbito de lo público.

En ese sentido, el término territorio nacional al que se refieren las cons-tituciones de los estados, encarna la idea de un patrimonio colectivo, asu-mido en forma absoluta, exclusiva y perpetua pero de un modo que superael contenido de la propiedad puesto que es, además, transgeneracional, in-divisible conceptualmente, inapropiable e indisponible individualmente, li-bre y autónomo en su administración interna y en la distribución de sus be-neficios y responsabilidades.

En fin, una concepción que, obviamente, es muy satisfactoria a los in-dígenas por su afinidad descriptiva, pero que las constituciones se reservansólo para caracterizar al territorio nacional.

Territorio en la concepción indígena

El pueblo y su territorio en toda su dimensión

Para los indígenas el territorio tiene dimensiones históricas, culturales, eco-lógicas, económicas y políticas.

Derechos territoriales frente a las actividades petroleras: un reto para la gobernabilidaddemocrática

Lily La Torre López

dcnoble

Cuadro de texto

La Torre López, Lily (2004). Derechos territoriales frente a las actividades petroleras: un reto para la gobernabilidad democrática. En Petróleo y desarrollo sostenible en Ecuador 2. Las apuestas, ed. Guillaume Fontaine, 135-143. Quito: Serie Foro FLACSO.

Si se tratara de presentar un sujeto jurídico único que tuviera la capaci-dad de integrar las relaciones de los múltiples sujetos, derechos y responsa-bilidades que se desarrollan al interior de un territorio indígena, ese sujetono podría ser otro que un pueblo, una nación (o una nacionalidad). Y así,se presenta esa relación pueblo-territorio que se define como una unidad.

El territorio como espacio vital

El libre desenvolvimiento de esos pueblos fundamenta el reconocimiento yel respeto de su base territorial, del espacio vital en el que se va a ejercer laproducción y reproducción material y espiritual de su existencia y donde sevan a ejercer sus derechos colectivos y sus autonomías.

Este concepto de la territorialidad indígena no tiene otro propósito quepermitir la continuidad histórica y cultural de los pueblos originarios y de-volverles la libertad.

El territorio como resultado y escenario de lucha

Los territorios indígenas, como hoy se presentan en los mapas, son la expre-sión de los resultados de una historia, en la que todavía hoy el territorio esel escenario y el objetivo de una lucha política. El resultado de esa lucha esla condensación transitoria del “estado de la situación” entre intereses y po-deres en conflicto.

El territorio como derecho originario y exclusivo

Solo a partir de una revisión internacional de los derechos de los pueblos in-dígenas es que los ordenamientos nacionales han comenzado a vislumbraralgo que parece obvio: el carácter originario, y no derivativo, del derecho te-rritorial indígena.

Los gobiernos han sido especialmente renuentes a aceptar la aplicaciónde este derecho territorial de carácter originario y exclusivo a los pueblos in-dígenas, aduciendo la soberanía absoluta que ejercen sobre el territorio na-cional y los recursos y sus atribuciones exclusivas para la distribución de es-tos derechos entre los particulares.

136 Lily La Torre López

Para los indígenas no existen dudas. Ellos no sólo se sienten dueños an-cestrales de sus tierras (desde tiempos inmemoriales) sino que, en muchos ca-sos, su vinculación con ese hábitat específico procede de un acto creadorprimigenio y resultado de los esfuerzos de muchas generaciones para adap-tarse, llegarlo a conocer y crear las condiciones que les permitan su existen-cia y desarrollo.

El reconocimiento del territorio por los estados

En el Perú, las reivindicaciones indigenistas de principios de siglo se crista-lizan en la Constitución de 1920 donde se reconoce, por vez primera, laexistencia legal de las comunidades indígenas. Desde 1969, las entidades in-dígenas amazónicas fueron bautizadas como comunidades nativas, y podíanacceder al reconocimiento de su propiedad territorial. En la Constitución de1979, se introdujo las garantías de inalienabilidad, inembargable e impres-criptibilidad de los territorios comunales así como el carácter colectivo de lapropiedad. Pero, con la Constitución de Fujimori en 1993, se eliminó dosde estas importantes garantías.

En los últimos años, la importancia del derecho internacional en referen-cia a la problemática indígena, ha impulsado los principios y los criterios queprogresivamente llevarían a estabilizar algunas de las definiciones vertebralesdel derecho indigenista y a su posterior desarrollo en los ámbitos nacionales.

Pero, a nivel nacional se mantiene la renuencia de muchos gobiernos arecocer los territorios originarios de los pueblos indígenas, porque podríanentrar a competir espacios con los pueblos indígenas, principalmente pordos de sus dimensiones definitorias: el territorio y la autodeterminación.

Desintegración jurídica de los territorios

Las organizaciones indígenas amazónicas han priorizado la atención al reco-nocimiento legal de sus derechos territoriales, impulsando procesos de titu-lación. En el Perú, AIDESEP ha contribuido a titular más de 10 millonesde hectáreas. El territorio es parte de su existencia misma y la seguridad so-bre ella les mantiene viva la esperanza de seguir siendo pueblo.


Sin embargo, habiéndoseles otorgado la propiedad superficiaria, no seles ha asegurado el control sobre su territorio y el uso pleno de sus recursosque se encuentran bajo condición.

En la concepción jurídica occidental, la propiedad tiene como razón deser su función económica: hacer que el bien sea útil al propietario, y la fun-ción económica de la propiedad predial en los sistemas occidentales se refie-re a un determinado pedazo de la corteza terrestre, el suelo agrícola, desti-nado a generar productos y frutos mediante la industria del hombre.

En el caso de los territorios indígenas esta forma de percibir la natura-leza del bien, lo desnaturaliza, le priva de significado y, los pueblos están te-niendo serios problemas para el pacífico disfrute, la gestión y el control desus territorios por esa desintegración jurídica de su patrimonio territorial.

Frente a la visión integral de la cosmovisión indígena –la visión de la vi-da–, el Estado y la ley responden descuartizando la naturaleza, regulando losderechos sobre las aguas, sobre los bosques, sobre los animales y sobre los re-cursos naturales y cada uno de sus componentes. El cielo, la tierra y las en-trañas de la tierra tienen su ley. Es la visión del lucro.

La territorialidad indígena supone un todo racional que debe reflejarseapropiadamente en las leyes.

Exclusiones legales de gran parte del territorio indígena original

Los procesos de ocupación colonial en la Amazonía, promovidos desde elEstado, y auspiciados con créditos de las agencias multilaterales han idoacompañados del desalojo a los indígenas de sus territorios, de la reduccióndel hábitat tradicional de estos pueblos, de una constante depredación delos recursos y de la deforestación de grandes extensiones de la Amazonía.

A esta invasión hay que agregarle los menguados espacios que han sidoreconocidos como tierras de propiedad de las comunidades indígenas, queles ha arrinconado, en muchas ocasiones, en islas al interior de lo que fue-ron sus territorios ancestrales.

En el Perú, tal vez, la exclusión más desvergonzada de territorio tradi-cional a los pueblos indígenas es la exclusión del derecho de propiedad delos suelos forestales demarcados dentro del título comunal.


En efecto, desde la primera ley sobre titulación de comunidades, se se-ñala que “La parte del territorio de las comunidades que corresponda a tie-rras con aptitud forestal, le será cedida en uso y su utilización se regirá porla legislación sobre la materia”. (D. Ley 22175, Art.11)

Casos como el de la invasión de tierras en San Ignacio en donde se ale-gó el hecho de que se trataba de tierras no tituladas sino sólo concedidas enuso, posibilitó discutir el derecho de los comuneros indígenas sobre susáreas territoriales, y abrió los ojos de las organizaciones indígenas ante unafaceta agresiva de esa norma que no se había valorado en su debida dimen-sión.

La masacre con que concluyó el episodio de San Ignacio da cuenta dela violencia que pueden generar estas caprichosas exclusiones legales.

Esta negociación de ciertos recursos amazónicos ha ido progresivamen-te desintegrando el derecho territorial indígena hasta reducir su prodigali-dad a los límites del genocidio.

Pero lo que no se puede hacer es fingir el reconocimiento jurídico de underecho histórico, entregando una piltrafa de ese derecho.

Reservas de dominio del Estado

Otros derechos del Estado sobre los territorios indígenas, son las reservas dedominio sobre bienes que, natural y jurídicamente, forman parte integran-te del bien principal (como el subsuelo, los recursos forestales, la fauna, lasaguas y sus elementos concomitantes, etc.).

Los mayores problemas de los pueblos indígenas provienen del poder deconcesión de los estados sobre estas reservas de dominio y que constituyenun obstáculo a la gestión eficiente de los territorios indígenas y algunas ve-ces, promueven perturbaciones tan graves que llevan a pueblos enteros a sudesaparición.

Como resultado de esa expropiación de los territorios indígenas y de lareserva de dominio del Estado sobre algunos de esos componentes, se posi-bilita la distribución de usos y derechos diferenciados, y generalmenteopuestos, entre diferentes sujetos con la evidente apetencia de las regalías re-sultantes de su explotación.


La cantidad de actores que definen, junto con los indígenas, el destinode los bosques amazónicos será cada vez mayor, mientras más recursos se va-yan “descubriendo” en los bosques, ríos, lagunas y cochas, etc. que suelentener un carácter sagrado y esencial para la existencia física y la vida econó-mica de cada pueblo.

En este contexto, el entramado de intereses es cada día más complejo ylos centros de decisión están cada día más lejanos e indeterminados.

Por ello, el escenario amazónico se vuelve extremadamente conflictivo,muy violento y muy poco propicio al control. La invasión es global y acele-rada.

La globalización consigue hacer visible y accesible cualquier oportuni-dad mercantil, y las espesas selvas amazónicas ya están revelando la posibi-lidad de algunos negocios importantes que han llevado a los actores econó-micos a presionar al Estado con el fin de reservar si no los espacios, sí los de-rechos necesarios para extraer las riquezas apetecidas al menor costo posible.

Territorio y petróleo

El petróleo recurso estratégico y de importancia nacional

Pero son los recursos del subsuelo de los territorios indígenas reservados aldominio del Estado, los que constituyen los más apetecibles objetivos paralos gobiernos.

Para ello, se establece el interés nacional y la importancia estratégica delpetróleo, después se propicia el marco legal y tributario promocional connormas muy flexibles para el control de sus impactos, que asegura la impu-nidad de sus consecuencias, muchas veces graves o devastadoras para lospueblos amazónicos.

Si esas reservas de dominio se fundamentan en los grandes intereses na-cionales querríamos entender cuáles de esos grandes intereses han sido favo-recidos por las explotaciones.

¿La dignidad de la persona?, ¿el entorno sano?, ¿la seguridad nacional?,¿el desarrollo equilibrado?, ¿u otro diferente a éstos, que se definen consti-tucionalmente como los más altos intereses nacionales, razón y fundamen-to de la delegación al Estado, del poder del pueblo soberano?


Concesiones y derechos fundamentales

La Amazonía peruana, el hogar tradicional de 64 pueblos indígenas, conuna biodiversidad reconocida como una de las mayores en el mundo, cuen-ta con una superficie total aproximada de 75 millones de hectáreas y ocupaaproximadamente el 61% del territorio nacional.

Por su filiación hidrocarburífera, el Gobierno ha dispuesto, sin consul-tar a nadie, que prácticamente toda la Amazonía, incluyendo los territoriosindígenas reconocidos o no, se oferten a las empresas petroleras. No se dis-cute el dominio eminente que expresa la soberanía del Estado.

Se cuestiona la libertad de decidir arbitrariamente el otorgamiento deconcesiones sobre recursos del subsuelo que permiten ingresar, moverse porlas tierras indígenas, y en muchos casos, depredar, destruir o desgarrar bie-nes considerados de trascendencia histórica para la supervivencia de un pue-blo indígena y que afectan sus demás derechos humanos fundamentales,tanto porque es una de las industrias más contaminantes que operan en es-te frágil ecosistema, como por la deficiente responsabilidad ambiental de al-gunas empresas y por la falta de concretas medidas de control y supervisiónde las normas por parte del Estado.

Para los pueblos indígenas, esta concesión no representa solamente unpermiso para pasar libremente por sus tierras hacia el lugar donde se en-cuentra el yacimiento o la cesión de una pequeña área para las labores deproducción. Lamentablemente, son muchos los derechos de los que se vendespojados al introducirse las empresas, algunos tan fundamentales como lasalud, el control autónomo de sus territorios ancestrales, el disfrute de lapaz, tranquilidad y seguridad, su vida espiritual, el desarrollo de su culturay de su identidad, su independencia, su alegría, su orgullo y el disfrute desus recursos en un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo deuna vida con calidad humana. Y, por supuesto, la dignidad.

Sin embargo, uno de los derechos más avanzados en el que los pueblosindígenas amazónicos pusieron sus esperanzas para poder afrontar el ingre-so de las empresas petroleras fue el derecho de consulta previa establecidopor el Convenio 169, que al no ser vinculante no permite el resolver conequidad este problema.

Las organizaciones nacionales representativas en los tres países hanpuesto en marcha proyectos de consulta y concertación de normas, a veces


avalados y hasta financiados por la banca multilateral, unos más participa-tivos que otros, unos más oficialistas que otros. Sin embargo, en líneas ge-nerales los procesos han sido muy frustrantes para los indígenas y se han es-tancado.

¿Y ahora qué?

Tal vez lo más sensato para los pueblos indígenas hoy, sea salir de las presio-nes del tiempo presente y tomar esas decisiones “fundacionales” que les vana permitir asegurar un futuro e incluso, porque no, intentar luego incorpo-rar a los mercados, paulatinamente y con el menor desgaste posible, el pro-ducto de sus innovaciones y prácticas.

La territorialidad es un segundo eje central de la plataforma. La agendade la consolidación territorial se orienta, a grandes rasgos, hacia dos proce-sos complementarios y convergentes. El de la definición y el reconocimien-to legal que culmina con la titulación (o en su versión más completa en ladelimitación de la circunscripción territorial indígena en los mapas nacio-nales); y el de la consolidación del derecho territorial que se traduce en unaapropiación real del territorio de parte de cada pueblo o comunidad indíge-na expresada en: apropiación cultural, legal, económica y política.

Para los pueblos indígenas, en la hora actual, ese reto se enmarca den-tro de otra necesidad: la de mantener su identidad y su autonomía en unmundo globalizado.

- La autonomía es decir, una existencia propia, reconocida y respetada co-mo pueblos, insertos en relaciones de igualdad con otros pueblos den-tro de contextos políticos interculturales.

- La autonomía territorial de los pueblos indígenas se concreta en aspec-tos como:- Una competencia, reconocida y respetada externamente, para dis-

poner las propias normas respecto a un territorio determinado.- Un control social, espiritual y cultural sobre el territorio y sus recur-

sos, incluyendo la protección de los propios conocimientos sobre labiodiversidad, el control sobre la transmisión de los valores que cons-tituyen la ética económica de cada pueblo, y la capacidad de autoge-neración de conocimientos en los nuevos contextos interculturales.


- La libertad para organizar la redistribución interna de derechos y obli-gaciones entre sus miembros, para establecer sujetos de derecho internoy para regular la transmisión de esos derechos.

- El control social de las variables que puedan afectar las relaciones deproducción, reposición y redistribución de los recursos (entre otras la li-bre determinación del desarrollo).

- Un marco de regulación de las relaciones de articulación con el resto delas entidades políticas, centrales o descentralizadas, que prevea: garan-tías específicas de seguridad jurídica y una eficaz reacción frente a lasperturbaciones ilícitas, ámbitos de competencia definidos y un diseñoadecuado de medios de resolución de conflictos.

- Un ámbito de jurisdicción sobre el territorio y el respeto externo hacialos órganos encargados de aplicarla.

- Por último, la gobernanza o el ejercicio autónomo de los derechos co-lectivos y de la autodeterminación como pueblo.



2. Las apuestas

Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9











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Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

Anexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239


El debate en torno a los derechos territoriales indígenas en Venezuela es, engeneral, relativamente novedoso (prácticamente como consagración jurídi-ca se ubica a partir de los cambios políticos y constitucionales de 1999), ypor lo tanto, aún no ha culminado. A partir de lo anterior, el marco jurídi-co internacional y nacional en el que se inscriben los derechos territorialesen Venezuela es:

El Proyecto de Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenasde la ONU.El Convenio 169 de la OIT, ratificado por nuestro país a finales delaño 2001.Los artículos de la CRBV (Constitución de la RepúblicaBolivariana de Venezuela) referidos a los derechos indígenas (artícu-los 119 al 126 del Capítulo VIII).La Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y tierras de los pue-blos indígenas del año 2001.

No obstante este marco jurídico, los derechos territoriales en Venezuela seinscriben igualmente en el ámbito de un conjunto de principios de carácterinternacional y nacional, a saber:

- El principio de la libre determinación de los pueblos indígenas, el cualdesde una perspectiva o vertiente interna plantea que los pueblos indí-

Situación de los derechos territoriales indígenasen la Amazonía venezolana en el contextode la gobernabilidad democrática actual

Vladimir Aguilar Castro

dcnoble

Cuadro de texto

Aguilar Castro, Vladimir (2004). Situación de los derechos territoriales indígenas en la Amazonía venezolana en el contexto de la gobernabilidad democrática actual. En Petróleo y desarrollo sostenible en Ecuador 2. Las apuestas, ed. Guillaume Fontaine, 145-148. Quito: Serie Foro FLACSO.

genas, una vez reconocidos como tales, adquieran el máximo de auto-nomía para la gestión de sus asuntos. En el ámbito de esta vertiente va-le la pena señalar además que el principio a la libre determinación co-mo derecho material no puede ser considerado a la vieja manera, es de-cir, como un derecho de secesión a través del cual los pueblos indígenaspueden separarse del Estado al cual fueron sometidos por razones histó-ricas, luego de su independencia. En este sentido, el principio a la libredeterminación debe ser objeto de una consideración limitada, es decir,no extensivo al derecho de secesión sino a una autonomía relativa.

- El principio del establecimiento de un marco para la celebración deconsultas, la distribución de los beneficios y la solución de controversiasen relación con los proyectos privados de explotación de recursos natu-rales y energéticos que afectan a los pueblos indígenas, basado en losprincipios de la participación plena y eficaz de estos en las decisiones atodos los niveles que afecten a sus vidas, y en el consentimiento previo,libre y fundamentado de esos pueblos para la ejecución de proyectos yactividades en sus tierras y territorios.

En el contexto de lo antes expuesto, en el año de 1999 se creó un grupo detrabajo sobre los métodos y las actividades de las empresas transnacionales,en el marco de la Subcomisión para la promoción y protección de los dere-chos humanos de la ONU, el cual conjuntamente con el Grupo de Trabajosobre los pueblos indígenas, realizan un documento de trabajo sobre la po-sible elaboración de un proyecto de directrices para las empresas transnacio-nales cuyas actividades afecten a las comunidades indígenas, vale la pena re-saltar los principios consensuados en materia de derechos territoriales. Estosson:

- La celebración de consultas con las comunidades y pueblos indígenasantes, durante y después de la elaboración de proyectos del sector priva-do, susceptibles a que afecten territorios indígenas.

- La participación en los beneficios de las actividades del sector privadopor los pueblos y comunidades indígenas.

- La solución de conflictos.- El pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades

indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos naturales, así como la

146 Vladimir Aguilar Castro

protección contra las consecuencias negativas de la actividad de las in-dustrias de extracción y energéticas en sus tierras y territorios, comocondiciones necesarias para el establecimiento de relaciones justas entrelos indígenas, los estados y el sector privado.

En el ámbito nacional, los principios orientadores del reconocimiento de losderechos territoriales indígenas son:

- El carácter de derechos originarios que por poseer características parti-culares los condicionan en su ejercicio y en su origen.

- El carácter de derechos exclusivos que salen del derecho común, aplica-bles a los indígenas como integrantes de un pueblo o comunidad.

- El carácter de derechos colectivos, los cuales al estar determinados porel sentido de pertenencia y de vida en comunidad, son de ejercicio co-lectivo o individual, o derechos individuales derivados de un derechocolectivo.

- El carácter de derechos no excluyentes, los cuales no impiden la realiza-ción de otros derechos inherentes a la persona, incluso aquellos de ca-rácter difuso.

- El carácter de derechos constitucionales no limitables a la voluntad dellegislador sino a los términos establecidos en la propia Constitución.

En este contexto, el fundamento de los derechos territoriales indígenas enVenezuela es la condición de pueblos, distintos al resto de la población, concuya existencia y reconocimiento se materializa la noción pluricultural de lanación venezolana, definida en el Preámbulo de la Carta Magna.

A manera de conclusión

El reconocimiento de los derechos territoriales indígenas por parte del Esta-do venezolano, deriva de los supuestos siguientes:

- Los territorios indígenas han venido siendo ocupados de manera ances-tral y en forma consuetudinaria por parte de los pueblos indígenas.

- En la actualidad existe un marco jurídico internacional y nacional quegarantiza su existencia y por ende su reconocimiento.

147Situación de los derechos territoriales indígenas

- El reconocimiento de los derechos territoriales indígenas no es una con-cesión graciosa del Estado venezolano, sino que tiene como punto departida la condición específica, identitaria y cultural de los pueblos in-dígenas.

A partir de lo anterior, la madre Tierra (sus espacios territoriales) son el nú-cleo de la condición específica, identitaria y cultural de los pueblos indíge-nas. Los derechos territoriales indígenas constituyen derechos derivados delderecho indígena de propiedad colectiva.

En una perspectiva más general, dado el proceso de expoliación al queestá siendo sometida la Gaia (diosa de la tierra en la mitología griega), lospueblos indígenas a través del ejercicio y materialización de los derechos te-rritoriales, son los guardianes ancestrales de la madre Tierra. Esta últimasencillamente está más expuesta al acecho y al peligro expoliador sin la pre-sencia de los pueblos indígenas.

148 Vladimir Aguilar Castro


2. Las apuestas

Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9











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Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

Anexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239


La provincia de Pastaza, en relación con otras provincias amazónicas, tienemenor población la que se encuentra concentrada en los sectores urbanos yde colonización como Shell-Mera y el Puyo.

“Los pueblos indígenas ocupan el 91.8% de todo el territorio provincial.Los kichwa ocupan el 60.02%. Los huaorani ocupan el 13.87%. Losachuar controlan el 10.37%. Los zápara y shiwiar ocupan el 15.74%”*.

La legalización y sus contradicciones

El Instituto Nacional de Desarrollo Agrario –INDA- entre 1997 y diciem-bre de 2003 ha realizado 372 adjudicaciones en la provincia de Pastaza, ti-tulaciones que corresponden a ciudadanos y, en varios casos aislados, a co-munidades indígenas y otras a gremios como de artesanos y de colonos.

Existe un proceso de expropiación de un predio conocido como la Mo-rabia de alrededor de 400 hectáreas que está en pleno proceso de adjudica-ción a organizaciones indígenas y de colonos cerca de la población de Shell-Mera.

Independientemente del proceso general de adjudicaciones, la legaliza-ción de los territorios indígenas de la provincia de Pastaza ha tenido dos mo-

El problema de la titulaciónde tierras en Pastaza1

Bolívar Beltrán

1 Cf. en el Anexo 5, los principales textos que amparan la titulación de tierras en Ecuador.

dcnoble

Cuadro de texto

Beltrán, Bolívar (2004). El problema de la titulación de tierras en Pastaza. En Petróleo y desarrollo sostenible en Ecuador 2. Las apuestas, ed. Guillaume Fontaine, 149-151. Quito: Serie Foro FLACSO.

mentos históricos: antes de 1992 y posterior a la marcha de la Organizaciónde Pueblos Indígenas de Pastaza, OPIP.

Ahora, a los pueblos indígenas les toca construir el tercer momento his-tórico en el proceso de reconstitución de sus territorios.

Antes de 1992: Podemos mencionar que el proceso de adjudicación delas tierras en base de la Ley Agraria que ejecutaba el Instituto Ecuatorianode Reforma Agraria y Colonización-IERAC, imponía como política de go-bierno un proceso de colonización de las tierras supuestamente baldías, in-clusive uno de los requisitos para ser beneficiarios de la adjudicación era eldemostrar que se estaba en posesión de las tierras tumbando árboles. Algu-nas comunidades y ciudadanos indígenas accedieron de manera esporádicaa los títulos que entregaba el IERAC.

Año 1992 y posterior a éste: “En 1992 con la marcha de la OPIP se le-galizó 1´300.000 hectáreas a favor de las “comunidades” kichwa, zápara yshiwiar, quedando pendiente por legalizar el 36.43%, especialmente en ladenominada Franja de Seguridad Nacional”.

Los títulos obtenidos en 1992 tienen una vigencia de 12 años y ahorael proceso de reconstitución de los pueblos y nacionalidades indígenas tie-ne que estar íntimamente relacionado con la reunificación del espacio terri-torial donde estas colectividades ancestrales se han desarrollado como nacio-nalidades indígenas, y aquello será el territorio indígena.

El Estado Ecuatoriano a través de los distintos gobiernos ha definidouna política frente al tema de los territorios indígenas y es por ello que se hanegado a reconocer los territorios indígenas como unidades territoriales a fa-vor de los pueblos y nacionalidades indígenas y lo que ha optado es impo-ner un proceso sistemático de división de los espacios comunales a favor deciudadanos indígenas atentando contra la unidad territorial indígena.

Al revisar la legislación y sobre todo el proceso de adjudicación impues-ta por el IERAC antes, ahora INDA, se demuestra un total desconocimien-to de la realidad plurinacional del Estado ecuatoriano, una muestra de aque-llo son las adjudicaciones individuales, comunales, a organizaciones, etc.,sobre espacios territoriales ancestrales pertenecientes a un solo pueblo o na-cionalidad indígena.

150 Bolívar Beltrán

Propuesta de derechos territoriales

Para evitar esta atomización territorial es necesario que los derechos colecti-vos que garantizan la Constitución Política y el Convenio 169 de la OIT sepongan en práctica para salvaguardar y reunificar los territorios indígenas.

Para iniciar proponemos realizar un minucioso estudio y análisis de lostítulos obtenidos y que corresponden a los espacios territoriales indígenas,continuar con el proceso científico de realización del mapeo territorial conla asistencia de imágenes satelitales, posterior a ello realización de la pro-puesta legal que permita reformar los actuales títulos y la obtención de unsolo título a nombre de cada nacionalidad indígena.

Creemos en esta propuesta ya que nace de lo más profundo de los terri-torios indígenas y tiene un camino andado, el de las asambleas comunita-rias, decisiones políticas, apoyo técnico y ahora lo que se construye es la pro-puesta política de la reunificación legal de los territorios indígenas con au-tonomía. Autonomía que de ninguna manera perjudica la soberanía nacio-nal del Estado, implica respeto a la unidad en la diversidad y sobre todo vo-luntad de construir y preservar esa unidad y el compromiso pleno de com-portarse como achuar, shiwiar, záparas ecuatorianos.

La concepción de autonomía territorial no solo significa jurisdicción enel sentido legal de la palabra, implica un conjunto de dos estructuras (reglas,valores y actitudes) sociales, políticas, legales y económicas: las que favore-cen y preservan la diversidad y pluralidad y las que favorecen la unidad, laplasmación de fines comunes y un sentimiento de ser ciudadanos de una so-ciedad entera.

Lo que plantean las nacionalidades indígenas es plasmar su presente yfuturo con autonomía, sobre la base de un territorio determinado. Si la le-galización de las tierras en la provincia de Pastaza sigue como hasta ahora,el INDA continuará legalizando tierras indígenas a favor de comunidades,individuos y organizaciones indígenas y aquello en vez de consolidar las en-tidades territoriales indígenas está provocando su desintegración.

151El problema de la titulación de tierras en Pastaza


2. Las apuestas

Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9











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Anexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239


Introducción

Desde nuestra perspectiva, dos elementos claves para entender la conflicti-vidad socioambiental provocada por la ampliación de la frontera petroleraen la Amazonía centro sur de la región amazónica ecuatoriana (RAE) desdelos años 90, son:

- El inicio de una política petrolera, que para reducir el deterioro de laplataforma de producción, el “gasto público” en el sector petrolero o elsubsidio de los derivados para el mercado interno, así como para la am-pliación de áreas de exploración / explotación y reservas para el pago dedeuda externa con crudo, viene transfiriendo las operaciones hidrocar-buríferas a manos privadas, especialmente inversión extranjera (Doryany López (ed.), 1992).

- La consolidación del desarrollo constitucional de los derechos (colecti-vos, de los pueblos indígenas, difusos y otros), tanto en el marco de lareforma constitucional de 1998, como en la suscripción de ese mismoaño y su posterior ratificación (1999) por parte del Estado ecuatoriano,del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la OrganizaciónInternacional del Trabajo, OIT (1989).

Para entender el conflicto entre Sarayacu,Estado y empresas operadoras del bloque 231

Apertura petrolera, desarrollo constitucionalde los derechos colectivos y crisis en elcentro sur de la Amazonía ecuatoriana

Víctor López A.

1 Cf. en el Anexo 6, la cronología del conflicto en Sarayacu.

dcnoble

Cuadro de texto

López, Víctor (2004). Para entender el conflicto entre Sarayacu, Estado y empresas operadoras del bloque 23. Apertura petrolera, desarrollo constitucional de los derechos colectivos y la crisis en el centro sur de la Amazonía ecuatoriana. En Petróleo y desarrollo sostenible en Ecuador 2. Las apuestas, ed. Guillaume Fontaine, 153-170. Quito: Serie Foro FLACSO.

La política petrolera referida debe entenderse a la luz de los programas deajuste estructural propuestos para la salida a la crisis económico-financieradel país por las instituciones financieras internacionales (IFIs), como el Ban-co Mundial, el Fondo Monetario Internacional o el Club de París, en acuer-dos establecidos con los gobiernos nacionales, tanto los que fueron elegidosen las urnas, como con los de transición, instaurados después de las crisispolíticas de 1997 y 2001. A partir del año 2000, esta política de aperturapetrolera busca mantener el esquema monetario dolarizado de la economíaecuatoriana, procurando incrementar el volumen de exportaciones de cru-do, atraer inversión externa para la implementación de megaproyectos(oleoductos, refinerías2, repotenciación de campos y pozos, etc.), o para sim-plemente garantizar con petróleo créditos externos.

Por su parte, el desarrollo constitucional de los derechos humanos, par-ticularmente los referidos a los pueblos indígenas, se explica en función deun dilatado proceso de movilización social y definición de demandas porparte de los emergentes actores sociales y políticos indígenas, así como deecologistas, defensores de derechos y organizaciones de apoyo. Con la vigen-cia de la nueva Constitución Política del Ecuador (CPE, 11-08-98) y la ra-tificación del Convenio 169, el conjunto del Estado nación se ha obligadoa respetar principios democráticos que garantizan los derechos de las colec-tividades o ciertos derechos difusos, como son los ambientales. Este es el re-sultado de un proceso de interpelación entre las agendas del Estado y la so-ciedad civil, referidas a dos temas en común: etnicidad y globalización.(Fontaine, 2003:25).

El conflicto entre Sarayacu y el Estado con las operadoras del bloque 23en el centro sur de la RAE, según nuestra interpretación, nos permite sacaralgunas conclusiones preliminares en torno a una pregunta central: ¿con lavigencia de los derechos colectivos en la Constitución y con la ratificacióndel Convenio 169, en qué términos el gobierno nacional pretende llevar acabo el despliegue de la frontera extractiva petrolera en la Amazonía indíge-

154 Víctor López A.

2 El Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) violentó toda reglamentación ambiental y de consulta alas poblaciones afectadas por su construcción, inició operaciones a fines del 2003. No se identifi-can a la fecha proyectos para reducir los gastos por importación de derivados (gas, diesel, gasolinay asfaltos de calidad), lo cual ratifica que el Ecuador es un país con petróleo, más no un país pe-trolero, tal como lo advierte el experto petrolero Víctor Hugo Jijón, ex miembro del Comité deAdministración de Petroecuador (declaración en un medio de comunicación, 25/06/2004).

na no intervenida, sin producir crisis humanitarias o para la gobernabilidaddemocrática en la Amazonía?

A pesar del lugar común según el cual un conflicto por recursos natura-les es el choque de actores que pugnan por una serie de objetivos incompa-tibles (o percibidos como tales), y aún a pesar de que existe una marcadatendencia estructural-funcionalista por explicar el rol del conflicto en laconfiguración social y la cohesión al interior de los grupos enfrentados, co-mo lo sugiere Fontaine (2003), podemos decir que efectivamente el conflic-to es una realidad social con gran implicación entre los grupos involucrados.Precisamente, los aspectos referidos al acceso, uso, control, deterioro o pri-vación de los recursos naturales vinculados a la conflictividad socioambien-tal, son los factores que definen su caracterización, según lo propone Ortiz-T. (1997; 1999)

La gestión de la conflictividad socioambiental en la Amazonía centrosur, con un enfoque basado en la defensa de los derechos de las poblacionesafectadas por la ampliación de la frontera extractiva, viene siendo desarro-llada desde fines de los años 90, si bien su formulación es algo anterior. Adiferencia del enfoque de partes interesadas, que busca la definición de ob-jetivos comunes entre los socios del negocio extractivo por medio del análi-sis de las incompatibilidades, el enfoque de derechos para la gestión de losconflictos se centra en el análisis de la exclusión social, y su objetivo progra-mático se centra en la defensa de los derechos fundamentales de las pobla-ciones afectados por las industrias extractivas.

Por ello, cuestionamos el hecho de que se asuma la negociación comola salida exclusiva a los procesos de conflicto entre las empresas extractivas yEstado, frente a poblaciones locales, planteando que la gestión de los con-flictos socioambientales por medio de las estrategias para la exigibilidad delos derechos, fortalece a las organizaciones locales, define las responsabilida-des sociales de los diferentes sectores sociales, económicos o políticos, perotambién posibilita la definición de precedentes judiciales que impidan la rei-teración de políticas excluyentes y lógicas degradativas en el uso, control yacceso de los recursos naturales, en el escenario nacional de un sistema de-mocrático participativo (Gráfico 1).

155Para entender el conflicto entre Sarayacu

Gráfico 1

Elaboración: Víctor López.

La ampliación de la frontera petrolera en Pastaza: del norte al centro y sur

La actual provincia de Pastaza y su población indígena, al contrario de loque comúnmente se piensa, fue la primera en soportar operaciones petrole-ras, desde inicios de los años 40 por una subcontratista de la holandesa Ro-yal Dutch Shell. Según el alcance de Santos (1991) a la teoría desarrolladapor Bunker y otros para el estudio del despliegue de frentes económicos ex-tractivos y la consolidación de fronteras extractivas en la Amazonía, un pa-trón de ocupación del espacio por parte de agentes extractivos es su granmovilidad, ya que hasta que no se consoliden actividades económicas con-cretas (frentes) en un espacio regional (no solo mercantil) las fronteras ex-tractivas o demográficas (colonización) suelen ser móviles o discontinuas(Santos 1991:227-287).

Las actividades exploratorias de Shell dejaron una serie de pozos cerra-dos en los alrededores del Bobonaza, Curaray y Arajuno-Oglan, a más de uncentro poblado que lleva su nombre, para en 1948 abandonar el país. Cua-tro décadas después (1988) la estadounidense ARCO ganó la licitación del


EnfoqueStakeholders

Enfoque deDerechos

Análisis deincompatibilidades

Análisis de la exclusiónsocial

Estrategias de definiciónde objetivos compatiblesentre partes interesadas.MARCs: negociación,

facilitación

Estrategias de defensapromoción y garantía de los

derechos. Exigibilidad,incidencia y justiciabilidad de

los derechos y deberes.

bloque 10, con lo cual las operaciones petroleras volvieron a Pastaza.3 Des-pués de un prolongado y desgastante proceso de conflicto-acuerdo entre laempresa y la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza (OPIP) y otrasagrupadas en el Frente Indígena de Pastaza, así como de la construcción deun oleoducto secundario que causó conflictos además en el alto Napo, elProyecto Villano entró en fase de explotación en mayo de 1999 (Ortiz,1997; Varios autores, 2002; Zárate, 2002; Fontaine, 2003).

Con este proyecto no sólo se consolidó la frontera petrolera en el nortede Pastaza, sino que se abrió la posibilidad de ampliarla tanto al centro-oriente (selva baja) como al sur (provincia de Morona). Es así, que entre1996-97 el gobierno ecuatoriano licitó los bloques 23 y 24, con la perspec-tiva de que se articulen con el Proyecto Villano y el oleoducto del bloque10. Estos son los antecedentes fundamentales para entender la conflictivi-dad socioambiental en el centro sur de la RAE.

Cabe mencionar que los “Acuerdos de Sarayacu” (1989) establecidosentre la OPIP y el Estado, significaron un hito en la historia contemporá-nea de los pueblos indígenas amazónicos, ya que a propósito de la negocia-ción por la liberación de un relacionador de Arco, se presionó por el reco-nocimiento del derecho a la tierra, por medio de la legalización de territo-rios en Pastaza, previo a cualquier operación en el bloque 10. En agosto de1990, el Estado rechazó la propuesta de OPIP conocida como el “Acuerdosobre el Derecho Territorial de los pueblos Quichua, Shiwiar y Achuar de laProvincia de Pastaza a suscribirse con el Estado Ecuatoriano”, pero accedióparcialmente a su reconocimiento después de la campaña de presión Tun-guy, del levantamiento indígena de junio del 90 y de la marcha que salió dePuyo a Quito, Allpamanda, Causaimanda, Jatarishum! (Por la tierra, por lavida, levantémonos).

De ahí en adelante, la negociación se centró en la definición de meca-nismos y acciones para la atención de las necesidades de las comunidades yorganizaciones que se constituyeron en el proceso. Los convenios entre elconsorcio Arco-Agip (resumidamente, Arco), y las organizaciones de repre-sentación (OPIP y otras) en un primer momento (Acuerdo de Plano, en1994), posteriormente se hicieron entre las empresas y una serie de organi-


3 Cada uno de estos bloques petroleros tienen una extensión de 200.000 hectáreas. Los plazos segúnlos términos de contratación comprenden 4 años para la fase de exploración y 20 para la de explo-tación, con posibilidad de prorroga para cada una, si cabe el caso.

zaciones y comunidades independientes, aglutinadas en torno al ComitéTécnico Ambiental (CTA) y convocadas por el fondo que según el acuerdolas empresas se comprometieron a conformar para el “desarrollo social, con-trol ambiental y conservación de la biodiversidad en los territorios indíge-nas de Pastaza”(Ortiz, 1997).

Puede advertirse la diferencia del proceso de ampliación de la fronterapetrolera en Pastaza, con la ampliación indiscriminada de la frontera petro-lera y de colonización en el nororiente, durante el régimen militar de losaños 70 y las dos primeras décadas del período democrático (1979-1998).En este período de casi 30 años, por parte del Estado, sus agencias (especial-mente el IERAC e INCRAE) y contratistas (especialmente Texaco y la ac-tual Petroecuador) se desconocieron sistemáticamente los derechos de laspoblaciones indígenas a su permanencia física y supervivencia cultural, asícomo al conjunto de derechos territoriales o aún más, de participación ciu-dadana.

Sin embargo, tal como se detalla adelante, los avances formales por de-mocratizar la ampliación de la frontera petrolera en territorios indígenas dePastaza y Morona entre 1997-2002, demuestran un severo retroceso al fina-lizar este último año. La estrategia negociadora, común al Estado y las em-presas operadoras de los tres bloques licitados, consistente en la definiciónde salidas forzadas (acuerdos/convenios), la división de organizaciones indí-genas o la intimidación con el uso de la fuerza pública, desde diciembre del2002 -en Pastaza- retoma el uso del más antiguo medio para garantizar laampliación de actividades de un sector considerado estratégico: la ocupa-ción militar de tierras y territorios indígenas.

Cerramos este punto estableciendo que si a inicios de los años 90 fueposible condicionar el despliegue de la frontera petrolera por la emergenciade los pueblos indígenas como actores políticos, para fines de la década es-te factor resultó ser condicionante para el desarrollo constitucional de losderechos indígenas. Adelante veremos como a partir de la exigencia delcumplimiento de las nuevas obligaciones del Estado y otros sectores, se haprocedido no solo al condicionamiento, sino también al cuestionamiento yoposición a la apertura petrolera en territorios indígenas sin el consenti-miento de los pueblos amazónicos. Estos elementos en contraposición radi-cal, configuran el escenario de crisis emergentes a diferente nivel, sobre losque pasaremos revista.


Conflicto y crisis en Sarayacu: el escenario de los conflictos radicales en-tre pueblos indígenas, Estado y empresas en el bloque 23.

El contexto, origen y actores del conflicto

El 26 de julio de 1996 el Estado, por medio de Petroecuador, firma conla empresa argentina Compañía General de Combustibles (CGC-San Jor-ge) el “Contrato de Participación para la exploración y explotación de pe-tróleo, Bloque 23”. Las 200.000 hectáreas del bloque afectan a 35 comuni-dades y territorios kichwa, achuar y minoritariamente shuar. Entre las po-blaciones kichwa afectadas se encuentran comunidades y asociaciones filia-les de OPIP, cuyos territorios son proporcionalmente los más afectados, ycorresponden mayoritariamente a la Asociación Sarayaku y sus cinco comu-nidades, con alrededor de 1.200 habitantes. De las 135.000 hectáreas del te-rritorio de Sarayaku, se estima que el 85% está afectado por el bloque 23,mientras que un 20% es afectado por el bloque 104.

Bloque 23: comunidades y territorios afectados

Fuentes: Varios autores, 2002; Dirigentes de Sarayacu, 2002 y Asociación Achuar Copataza, 2001. Ela-boración: el autor.

Se encuentran también comunidades kichwa filiales a AIEPRA y FENAKI-PA que han establecido acuerdos con CGC.5 Seis comunidades achuar filia-les de la FINAE y una shuar filial a FICSH6 también son afectadas. De lascomunidades pertenecientes a la Asociación Achuar Copataza (AAC), cabe


Pueblo-grupo Comunidades Tierras /hectáreasKichwa 28 115.000,00 Achuar 6 n.dShuar 1 n.d.Total 35 199.820

4 Referencia de técnicos del Instituto Amazanga y dirigentes de la Asociación Sarayacu (2002).5 Asociación de Indígenas Evangélicos de Pastaza (AIEPRA) y Federación de la Nacionalidad Kich-

wa de Pastaza (FENAKIPA).6 Federación Interprovincial de la Nacionalidad Achuar del Ecuador (FINAE); Federación Interpro-

vincial de Centros Shuar (FICSH).

mencionar que Shaimi se desvinculó de su organización mayor para estable-cer un acuerdo con la petrolera. Alrededor del 40% del bloque 23 (80.000hectáreas) afecta la adjudicación de tierras y territorios de estas comunida-des, en las cuencas de los ríos Bobonaza, Copataza y Capahuari.

Asumiendo un postulado de la teoría de conflictos según el cual todoconflicto requiere de una serie mínima de actores o partes interesadas, po-demos establecer para este caso que los intereses de la empresa CGC, ope-radora del bloque 23 contratada por el Estado para su exploración y explo-tación, afectan las condiciones de reproducción socio-cultural y ambientalde los pobladores locales, motivo por el cual encuentran su resistencia a losproyectos extractivos, por medio de acciones directas a través de sus orga-nizaciones de representación, así como para la defensa de sus derechos encortes nacionales e internacionales, con el respaldo de organizaciones deapoyo.

Recordemos que las empresas petroleras privadas han diseñado un mo-delo basado en estrategias de persuasión y cooptación para vincular a las po-blaciones locales a la esfera de los intereses petroleros de las operadoras y elEstado, prefigurando así una serie de beneficiarios y socios del negocio pe-trolero entre los pobladores locales7. También se registra el esfuerzo por fa-cilitar las operaciones petroleras en el bloque 23 por parte de funcionariosde Petroecuador y de actores políticos como el gobernador de la provinciade Pastaza, el Consejo Provincial, el municipio de Puyo, e inclusive de par-te de ciertos diputados. El rol de ASOPEC8 ha consistido en desprestigiar alos dirigentes de Sarayaku y OPIP. No menos importante ha sido el respal-do de las fuerzas armadas y policía, para “resguardar el trabajo de CGC enlas áreas de exploración”9.

Víctor López A.160

7 Al parecer con apoyo de las empresas, se registra la aparición de fundaciones u ONG petroleras,para por su intermedio promover entre los diferentes jefes de familia de las comunidades coopta-das, la renuncia de sus derechos fundamentales (consentimiento informado, participación o mássencillamente la indemnización y compensación por afectaciones) forjando poderes jurídicos abier-tos en favor de sus representantes legales para la negociación con la petrolera CGC. La FundaciónShiriam Nunca, por medio de sus abogados se dedican a este tipo de actividades, registrándose de-cenas de estos casos entre kichwa, shuar y achuar de Pastaza y Morona.

8 Asociación de Empresas Petroleras Privadas del Ecuador.9 La militarización del bloque 23, tuvo relación directa con la paralización de actividades en el blo-

que 10, en Villano, por parte de sus socios de Canelos, que por el incumplimiento de ofertas toma-ron esta medida a inicios del año 2003.

En contraparte, las organizaciones representativas de los pueblos kich-wa, achuar y shuar, como son la OPIP, FINAE y FICSH han contado conel respaldo de organizaciones indígenas regionales, nacionales e internacio-nales, como son la CONFENIAE, CONAIE y COICA, pero también deorganizaciones no gubernamentales para la defensa de los derechos huma-nos, como Amnistía Internacional, CDES y CEJIL10, así como de ecologis-tas como Acción Ecológica-Oil Watch, y organismos de cooperación inter-nacional para el desarrollo, como la Unión Europea, Oxfam América, Pa-chamama, IBIS (cooperación danesa), entre otras.

Desde el momento en que conocieron -de manera extraoficial- la con-tratación de CGC por parte del Estado, las organizaciones kichwa y achuarhan definido una serie de condicionamientos, pero también acciones de re-sistencia y oposición abierta al ingreso de CGC a territorios indígenas de laprovincia de Pastaza, como lo demuestran –a continuación- las propuestasy acciones de los kichwa de OPIP11 y la Asociación Sarayacu y de FINAEentre los achuar.

Posiciones, intereses y derechos: asimetría y horizontalidad de los conflictos.

El Estado argumenta a favor de la ampliación de la frontera extractivis-ta petrolera en áreas antes no intervenidas de Pastaza y de territorios indíge-nas, la importancia de las rentas petroleras para el presupuesto general delEstado (PGE), la necesidad de superar el déficit fiscal creciente, así como laurgencia por cubrir los compromisos del país para el pago de la deuda ex-terna. Por estos motivos el sector oficial considera al sector petrolero comoel motor del desarrollo nacional.

Las empresas petroleras involucradas en el negocio extractivista, plan-tean que las concesiones adjudicadas por el Estado para la exploración y ex-


10 Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES); Centro para la Justicia Internacional (CE-JIL).

11 Es preciso recordar que los condicionamientos iniciales propuestos desde OPIP por medio de al-gunos de sus máximos dirigentes, abrieron en su momento la posibilidad al diálogo y negociacióncon la operadora del bloque 23. Pero, por presión de sus bases en contra de las políticas divisionis-tas y clientelares de CGC y las acciones coercitivas de sus subcontratistas, CGG para la explora-ción sísmica y Daimi Services para el relacionamiento comunitario, actualmente OPIP plantea lasalida de CGC.

plotación de hidrocarburos –en bloques petroleros- traerán a las poblacio-nes locales que no se opongan a sus actividades, los beneficios de la moder-na empresa petrolera. A cambio de la autorización o la negación de cuestio-namientos u objeciones a la intervención externa, las compañías realizanuna serie de ofrecimientos de todo tipo, para el progreso de los sectores tra-dicionalmente marginados de la atención del Estado.

Las compañías, de esta forma, demandan de las poblaciones locales larenuncia a sus derechos fundamentales, a cambio del ofrecimiento a laatención de sus necesidades básicas, la compensación por los impactos alambiente, la generación de empleo, los planes de desarrollo comunitario,etc. Para alcanzar las autorizaciones, desde las empresas se propicia la com-pra de conciencia entre los dirigentes locales, se fragmenta la unidad y sedeslegitima a las organizaciones representativas que se oponen a la intromi-sión petrolera, favoreciendo así, el surgimiento de organizaciones, grupos eindividuos cooptados por los favores económicos de las empresas. Adicio-nalmente, muchas de las veces el cumplimiento de los ofrecimientos seagota en la firma de los acuerdos y el ingreso de las cuadrillas de explora-ción sísmica y maquinaria, propiciándose – entonces – una conflictividadpermanente entre las poblaciones locales, las empresas petroleras, el Esta-do y la fuerza pública.

Para el caso del pueblo kichwa de Sarayacu, podemos decir que desdeinicios de los años 90 –con la entrega de territorios por parte del gobiernode Borja- se ha llevado a cabo un proceso interno de revitalización cultu-ral, fortalecimiento organizacional y definición de una alternativa autóno-ma de desarrollo. Sin embargo, la más seria amenaza para su territorio, elautogobierno y la reproducción sociocultural con identidad se encuentraen el marco de la política petrolera nacional, que busca expandir la explo-tación de crudo pesado al sur y al oriente del campo Villano en el bloque10 (en explotación desde 1999), especialmente hacia los contiguos bloques23 y 24.

Hasta el presente las fronteras exploratorias se han desplegado por lastierras y territorios de Canelos, Pacayacu y otras comunidades en los blo-ques 10 y 23, las que han firmado acuerdos con las empresas. Pero, la firmeoposición de Sarayacu al extractivismo petrolero en su territorio, ha deteni-do de manera pacífica –pero momentánea- el avance de las líneas de explo-ración sísmica en los límites mismos de su adjudicación territorial.


Las organizaciones de representación de Sarayacu, sus dirigentes, gruposde mujeres, técnicos, ancianos y el conjunto de sus habitantes, han decidohacer respetar los derechos constitucionales que les asisten como pueblo in-dígena amazónico, en su conflicto con la CGC y el Estado, a partir del año2001. Los derechos colectivos reconocidos por la CPE de 1998 (territorio,identidad, justicia, etc.), favorecen una gestión del conflicto que horizonta-liza las posiciones y demandas de las partes involucradas en el conflicto, fa-voreciéndose así la presión ciudadana y el control social necesarios para quelas decisiones del Estado no contradigan los preceptos que se garantizan conestos derechos (autonomía, pluriculturalidad, bienestar, dignidad, etc.). Eneste proceso, Sarayacu ha contado con el respaldo de una serie de organis-mos nacionales e internacionales, redes de solidaridad y cooperación finan-ciera, así como de activistas e individuos comprometidos con su propuestade autonomía.

La campaña de resistencia “Kapari” arrancó con la declaratoria de emer-gencia territorial de Sarayacu desde fines de 2002, y ha movilizado al con-junto del pueblo en la defensa de su territorio, aun a costa de las graves im-plicaciones que ha tenido para la seguridad y vida de sus miembros. La res-puesta del Estado y las empresas CGC y sus subcontratistas (CGG y Dai-mi), a los campos de Paz y Vida con que se detuvo la intromisión de cua-drillas de trabajadores y militares, consistió en la tortura de comuneros in-defensos, el intento de violación de menores de edad, la intimidación y lapersecución por todos los medios - inclusive de acciones judiciales- en con-tra de varios dirigentes indígenas amazónicos. Desde entonces, la empresa yel gobierno han insistido en el empleo de la fuerza pública para la ocupa-ción de territorios de Sarayacu.

A inicios de 2003, el libre paso de personas y embarcaciones por el ríoBobonaza hacia Sarayacu (la tradicional y más conveniente vía de acceso),fue bloqueado en Canelos y Pacayacu, para forzar la negociación y acepta-ción de Sarayacu al ingreso de CGG a sus territorios. En la zona de Moli-no, aguas abajo en el mismo Bobonaza, se estableció un control militar querestringe desde entonces, la libre circulación de los pobladores de Sarayacu,impidiendo la comunicación, el intercambio y libre circulación de ciudada-nos ecuatorianos en su propio territorio.

En una serie de declaraciones públicas el presidente de la República y suministro de Energía y Minas, durante el último trimestre de 2003, estable-


cieron que la militarización (ocupación militar) de los bloques 23 y 24 se-ría la estrategia final del gobierno para garantizar las operaciones de las em-presas. Por este medio se quiere favorecer el avance de la economía extracti-va en las últimas áreas de bosque primario en la RAE en territorios indíge-nas, espacios con gran potencial para el desarrollo turístico y de medios dedesarrollo limpio (MDL). El fomento a la inversión extranjera y la tan ma-nipulada seguridad jurídica, prevalecen en el discurso y práctica guberna-mental para favorecer intereses extractivistas, que ahondan la dependenciadel país del mercado petrolero internacional y empobrecen a las poblacio-nes de la Amazonía.

Así, tanto la sociedad nacional, el pueblo ecuatoriano y los pueblos in-dígenas se ven ante una situación de mayor vulnerabilidad, por los crecien-tes procesos de autoritarismo, deterioro ambiental, corrupción y exclusiónsocial, pero sobre todo por la institucionalización de la violencia como res-puesta a las demandas sociales y la creciente capacidad de presión y controlsocial por parte de los grupos sociales.

Análisis del conflicto en contexto de crisis emergentes

La ausencia de un salida adecuada al conflicto ha derivado en una crisis hu-manitaria a nivel local, ya que durante los periodos de emergencia para ladefensa del territorio, se afectaron las actividades productivas que garanti-zan la provisión y distribución de alimentos entre las familias de Sarayacu,suspendiéndose las labores agrícolas, educativas, de salud, recreación, orga-nizativas, etc. Los atropellos y violaciones de los derechos fundamentales delas personas, colectividades y el ambiente amazónico de Sarayacu, vistosdesde una perspectiva más general, han incidido negativamente en el debi-litamiento del Estado social de derecho y la vigencia de los derechos colec-tivos y de los pueblos indígenas en el Ecuador. Esto nos conduce a respon-der una serie de preguntas sobre lo que hacen u omiten los actores de esteconflicto frente a una emergente situación de crisis.

¿Qué hacen las empresas CGC y socios?

- Plantean que la concesión adjudicada por el Estado a su responsabilidady beneficio, traerá también beneficios (nadie habla de las responsabili-


dades implícitas) a las poblaciones que no se opongan a sus operaciones. - Demandan de las poblaciones locales (por medio de sus estrategias de

relacionamiento/división comunitaria) la renuncia a sus derechos fun-damentales, a cambio del ofrecimiento por atender sus necesidades bá-sicas, empleo, compensaciones y apoyos.

- Se apoyan en el Estado para forzar decisiones jurídicas inconstituciona-les o arbitrarias. - Con el resguardo militar y de la fuerza pública, bus-can el uso de la dominación legítima del Estado en favor de interesesmultinacionales y en contra de ciudadanos ecuatorianos.

¿Qué hacen Sarayacu y aliados?

- Hacen de la campaña de resistencia “Kapari” y la propuesta de autono-mía territorial, el núcleo del proceso de defensa de sus derechos.

- Utilizan mecanismos judiciales formales para una salida según derecho,en cortes y espacios nacionales e internacionales.

- Entienden que los “acuerdos” firmados en negociación con las empresasy el Estado no son mecanismos suficientes para garantizar el respeto yla garantía de sus derechos, especialmente territoriales.

- Proponen una serie de alternativas económicas ambientalmente sosteni-bles y culturalmente apropiadas en su territorio, con beneficios para elEstado y las poblaciones locales.

- Generan espacios y movilizan recursos para con la solidaridad a nivel lo-cal, nacional y global, por medio del trabajo en redes: derechos, ecolo-gía, democracia, académicas.

¿Qué hace el Estado ecuatoriano?

- Define una política petrolera excluyente, que no toma en cuenta la opi-nión/objeción de las poblaciones afectadas o potencialmente afectadaspor los proyectos extractivos (¿Es posible transparentar-democratizar es-te proceso?).

- Argumenta que en la ampliación de la frontera extractiva en territoriosindígenas tiene preeminencia el derecho de propiedad estatal del sub-suelo sobre el derecho a la tierra/territorio de los pueblos indígenas, pe-se a que éste es un derecho preexistente a los estados, según lo senten-


ció de la Corte Interamericana en el caso Awas Tingni y que se enunciaen las medidas cautelares en este caso.

- Enfatiza en la necesidad de “armonizar los intereses de los socios” en laexplotación petrolera, haciendo de la negociación una salida forzada yde la participación un buen negocio. En condiciones estructurales deexclusión social, asimetría, discriminación o violación de derechos, unasalida forzada/negociada, no solamente que agudiza la vulnerabilidad delos pueblos indígenas amazónicos, sino que cuestiona la vigencia real delEstado social de derecho, basado en la participación ciudadana sobera-na como principio democrático.

- Pretende resolver las demandas y reclamaciones de Sarayacu con el usode la fuerza, la omisión frente a la violación de derechos y en funciónde una seguridad jurídica anclada en el fomento de la inversión de ca-pitales en el sector petrolero.

- Desconoce que las decisiones del Sistema Interamericano de derechostienen fuerza vinculante para el Estado, sentando un precedente nefas-to para el sistema democrático nacional e interamericano.

- Mantiene el contrato con CGC, a pesar de haber caducado el plazo yhaberse hecho pública la situación de inminente quiebra de CGC enArgentina.

- Fiscaliza, por medio de la función legislativa, las políticas públicas y de-cisiones administrativas del sector petrolero, pero no alcanza a resolverlas irregularidades detectadas (¿es posible superar el problema de la ins-titucionalidad débil para el control estatal en sectores estratégicos?).

- Con la reclusión de los dirigentes indígenas acusados en los juicios pe-nales presentados por CGC y sus trabajadores, no solo se demuestra eluso malintencionado de las instancias judiciales por parte de la empre-sa, sino también que es posible la justicia como opción todavía vigentepara el tratamiento de conflictos y las inequidades que expresan.

¿Qué aporte brindan los espacios internacionales de derechos?

- Permiten distinguir lo legal de lo legítimo.- Fortalecen la judicialidad de los derechos colectivos, y específicamente

en este caso, de la relación de un pueblo indígena con su territorio.- Interpelan al Estado y las políticas públicas o por el empleo de la fuer-


za pública, cuando van en contra de su fin supremo: respetar y hacercumplir los derechos de los pueblos.

- Permiten adecuar a los contextos locales y nacionales, el esfuerzo porglobalizar la democracia, de acuerdo a la constitucionalización de losderechos de los pueblos.

- Permiten advertir una situación de crisis asociada al manejo de los con-flictos: crisis ambientales o humanitarias por contaminación, militariza-ción, autoritarismo, violencia.

¿Qué lecciones nos deja el proceso de defensa de los derechosen este caso?

Los conflictos socioambientales asimétricos (actores en desigualdad de con-diciones) pueden equilibrarse u horizontalizarse, en parte gracias al uso demedios judiciales y estrategias de exigibilidad de los derechos.

El factor determinante para horizontalizar los conflictos es la democra-cia como sistema político y social, por lo cual los conflictos deben trasladar-se de los escenarios locales y las estrategias de derechos, al escenario nacio-nal y global, por medio de estrategias democráticas, con plena incidenciapolítica en el nivel gubernativo y políticas públicas.

El sistema judicial no es aséptico, eficiente ni plural, como quisiéramos,pero sirve para mejorar el acceso a la justicia por parte de los pueblos indí-genas, tanto en lo nacional y global.

La formulación de demandas para exigir el cumplimiento de los dere-chos colectivos de los pueblos, requiere una comprensión amplia de los de-rechos culturales. La forma -culturalmente establecida- en que los pueblosindígenas o tradicionales definen su relación con el entorno natural-espaciosde vida- es el principio rector para el ejercicio de sus derechos colectivos, es-pecialmente los referidos al territorio, la tierra, el ambiente o la vida econó-mica, la organización social y la identidad.

No se debe dejar a los gobiernos de turno y sus autoridades, la iniciati-va para la implementación o seguimiento de los mecanismos, resolucioneso medidas de defensa de los derechos, si es que es posible hacerlo desde losactores sociales: medidas cautelares y visita de la CIDH.

Reconocer que la conformación de comisiones Estado-organizacionessociales, han sido útiles para salidas negociadas en momentos de crisis, pe-


ro no han mostrado efectividad para la definición de una salida adecuada alconflicto.

Los precedentes legales que deja el empleo exitoso de los derechos de lospueblos, está más allá de la simple y coyuntural salida negociada, lo que per-mite incidir en las políticas públicas y en la internacionalización de la justi-cia para los pueblos indígenas. Los mecanismos legales son una parte, no to-da la estrategia de defensa y consolidación de los derechos y la democraciade alta intensidad con participación soberana de los pueblos, en términos deBoaventura de Souza (s.f ).

Conclusiones preliminares

Para finalizar, queremos sugerir el debate en torno a una reflexión hecha poractivistas de los derechos humanos –tomando la problemática colombiana-según la cual la crisis de los movimientos sociales que condujo a la búsque-da de “respuestas de articulación de iniciativas y demandas” en los años 90,se centró en la “necesidad de recurrir cada vez más al uso del derecho y enconcreto del relativo a los derechos humanos, como instrumento válido pa-ra la reestructuración del tejido social, la recomposición de la legitimidad delas causas sociales y populares y el enfrentamiento colectivo a las políticassocioeconómicas neoliberales” (Romero 2001:22).

De manera preliminar, el trabajo referido concluye que “...se trata de re-conocer que el contexto mundial actual exige nuevas formas de acción y quepese a una desregulación progresiva producida por entes supranacionales,tales como la banca o las agencias multilaterales, aún queda por ponerse aprueba la normativa internacional que protege los derechos humanos” (Ro-mero, op.cit.). Pero, para el caso de los derechos de los pueblos indígenas,cabe decir que el empleo de este instrumental de derechos provenientes delderecho internacional (Convenio 169 de la OIT, organismo de la ONU),aunque consagrados en las actuales constituciones políticas, requiere para suaplicación efectiva, transitar los escenarios nacionales del sistema democrá-tico (de la democracia tutelada, para de Souza), y debe asumir los limitan-tes de una sociedad nacional poco democrática y fuertemente excluyente pa-ra con los pueblos amazónicos.


Se trata, según nuestra apreciación, de actualizar esa búsqueda de res-puestas para la articulación de iniciativas y demandas, formuladas y deman-dadas en términos del derecho internacional y sus espacios de justicia inter-nacional, con los escenarios nacionales y locales de la democracia en elEcuador y el resto de países de América Latina. El tema de los derechos hainiciado el tratamiento del nuevo tipo de democracia que se piensa posiblepara nuestros países, pero aspectos más allá de instrumental democrático –como son los derechos – tienen que ser desarrollados.

Nos referimos concretamente a aspectos vinculados a la orientación dela democracia a nivel local, las potencialidades efectivas de los gobiernos sec-cionales autónomos – para el caso ecuatoriano – y en rigor, sobre los arre-glos que identificaran al Estado, a las poblaciones locales y a los gobiernosseccionales, para la ampliación de la economía de mercado o de las fronte-ras extractivas, productivas o consuntivas -áreas protegidas- en el marco deuna democracia participativa. Se ha dicho que a diferencia de la ampliaciónde las fronteras petroleras, madereras o de colonización, impulsadas duran-te los gobiernos militares de los años 60-70, cuando se restringieron liber-tades individuales, se diezmaron poblaciones o se llevaron a cabo desplaza-mientos forzados, en el nuevo marco constitucional, institucional y norma-tivo del Estado social de derecho en el Ecuador, así como por el crecientepeso del derecho internacional, es necesario llevar a cabo procesos de con-sulta para el consentimiento libre e informado, así como de participación delas poblaciones potencialmente afectadas por los mega-proyectos de desa-rrollo económico.

Se ha anotado, adicionalmente, en la cronología del conflicto del blo-que 23, como en el afán de propiciar acuerdos efectivos con las operadoras,las organizaciones miembros del comité de coordinación del Bloque 23”(conformado por Asodira, Fenakipa y otras comunidades), bajo su propiainiciativa y entendimiento impulsaron un proceso de consulta previa, a pe-sar de que al momento no existía una ley que la norme y requiera, y lo quees aún más sorprendente, explicitando por parte de estas organizaciones el“renunciamiento [de sus derechos] para la ampliación de la frontera explo-ratoria en la Amazonía”12.


12 Cf. Anexo 5. “Cronología del conflicto en Sarayacu”.

Aunque casi anecdótico, este hecho nos plantea el reto por entender esapoca explorada parcela de la demanda indígena de recursos, los parámetrosque emplean para su valoración, así como de su apreciación y valoración delderecho positivo, en contextos de globalización, apertura económica y desa-rrollo constitucional de los derechos13. En esta encrucijada es que se ha dellevar a cabo el ejercicio de los derechos por parte de los estados nacionales,una vez que en la cuenca amazónica, casi todos los países se han obligado arespetar una serie de derechos a las colectividades o pueblos indígenas.


13 Para el tema de la demanda indígena en conflictos socioambientales en la Amazonía, ver: López A.V, “Nuestras necesidades no son nuestras debilidades: Gestión de Conflictos Socioambientales yDefensa de Derechos de los Pueblos Indígenas del centro sur de la Amazonía ecuatoriana.”, TesisFLACSO-CBC Colegio Andino, Quito, 2003, 167 p.


2. Las apuestas

Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9











Índice












Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

Anexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239


Capítulo 4Apuestas de la Consulta previa

El marco legal de la consulta previa

La consulta previa es un derecho establecido por la Constitución de la Re-pública en el Artículo 88:

“Toda decisión estatal que pueda afectar al medio ambiente, deberá pre-viamente contar con los criterios de la comunidad, para lo cual ésta serádebidamente informada. La ley garantizará su participación.”

La Constitución garantiza el derecho a la consulta previa con un mayor én-fasis tratándose del territorio de las nacionalidades indígenas:

“Art. 84. El Estado reconocerá y garantizará... los siguientes derechos co-lectivos:5. Ser consultados sobre planes y programas de prospección y explotaciónde recursos no renovables que se hallen en sus tierras y que puedan afec-tarlos ambiental y culturalmente...”

El Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) garan-tiza una consulta en la cual los pueblos interesados puedan participar libre-mente. Dicha consulta previa debe ser llevada a cabo para determinar si los

1 Con la cooperación de técnicos y cooperantes de la ONG Kallari.

Pronunciamiento sobre la consultaprevia en los bloques 20 y 29

Frente de comunidades kichwas de Rukullacta,Asociación Kallari, RICANCIE, REKOCAy cantón Archidona1

dcnoble

Cuadro de texto

Frente de comunidades kichwas de Rukullacta … [et al.] (2004). Los pasivos de la industria petrolera. A propósito del juicio a la Texaco. En Petróleo y desarrollo sostenible en Ecuador 2. Las apuestas, ed. Guillaume Fontaine, 173-185. Quito: Serie Foro FLACSO.

intereses de los pueblos serían perjudicados, con la finalidad de llegar a unacuerdo antes de que empiece cualquier actividad petrolera.

Aunque el derecho a una consulta previa existe en la Constitución des-de 1998, el Estado no había consultado a la población antes de licitar nin-gún bloque petrolero hasta cuando se realizó la consulta previa a la licita-ción de los bloques petroleros 20 y 29 en septiembre, noviembre y diciem-bre del año 2003.

La consulta prelicitatoria de los bloques 20 y 29

Para llevar a cabo el proceso de la consulta previa en los bloques 20 y 29, Pe-troecuador contrató a un equipo técnico de la Universidad Politécnica Sale-siana (UPS). El contrato estableció que la UPS realizaría la consulta con ba-se en el Reglamento de consulta y participación para la realización de activi-dades hidrocarburíferas puesto en vigencia en diciembre de 2002. Al iniciodel proceso de consulta, el equipo de la UPS estableció relaciones con los di-rigentes de las organizaciones de segundo grado FONAKIN, FOCIN, FEP-KIL, FENAKIN, FAOICIN, FICEN, FEKAN, ACIA y ANKISC y las jun-tas parroquiales de los dos bloques para lograr su apoyo a la consulta previa.Estas relaciones fueron fortalecidas en algunos casos con pagos directos delequipo a los presidentes y dirigentes de las organizaciones, particularmente alas organizaciones más grandes e influyentes de la región.

El equipo de la UPS también seleccionó un grupo de treinta líderes in-dígenas de las organizaciones y juntas parroquiales de los dos bloques, y lescontrató para ser facilitadores del proceso. Entre los facilitadotes estaba elex-alcalde de Archidona y candidato para diputado; el vocal de una juntaparroquial, varios dirigentes y miembros de las directivas de las diferentesorganizaciones del segundo grado y un defensor del pueblo.

El proceso de consulta incluyó talleres de información para los presiden-tes de las comunidades indígenas y asambleas comunitarias en algunas co-munidades, en las cuales los facilitadores kichwas presentaron informaciónsobre temas que tenían que ver con el petróleo y las comunidades tomarondecisiones al nivel comunitario sobre el ingreso de la actividad petrolera. Alfinal del proceso, se realizaron asambleas intercomunales, en las cuales lospresidentes de las comunidades presentes entregaron un acta final con sus

174

criterios y decisiones sobre la actividad petrolera a la UPS. Dichas actas fue-ron entregadas al Ministerio de Energía y Minas para evaluación. Todo esteproceso se llevó a cabo en un poco más de 60 días, el plazo establecido porel Reglamento de consulta y participación.

Esta evaluación de la consulta previa en los bloques 20 y 29 proviene deuna investigación que duró aproximadamente tres meses y se sustenta en laobservación de más de diez talleres y asambleas, entrevistas con el equipo ylos facilitadores del proceso y miembros de comunidades afectadas y la eva-luación de materiales y propaganda distribuidos durante el proceso.

Las debilidades de la consultaFalta de conocimiento y de conciencia de la población sobreel significado y el proceso de la consulta previa

El nivel de conocimiento sobre la existencia y el significado de la consultaprevia fue muy bajo durante todo el proceso. Algunos dirigentes manifesta-ron en las asambleas intercomunales que no supieron para que fueron con-vocados o que no habían escuchado sobre la consulta previa hasta que reci-bieron la convocatoria a la asamblea intercomunal, donde tenían que pre-sentar la decisión final de sus comunidades. Algunas comunidades aún des-pués de que terminó la consulta previa no sabían que era una consulta.

De las personas que tenían algún tipo de conocimiento sobre la consul-ta previa, la gran mayoría no entendía que la naturaleza de la consulta eraprelicitatoria y que tenían derecho a decir no a las actividades petroleras ensu región. Por lo general, las comunidades creían que ya existía un contratoentre el Estado y una compañía petrolera y que los facilitadores de las asam-bleas de la consulta fueron contratados por la petrolera para negociar conlas comunidades.

Según el equipo de la UPS, las actas y sus respectivas propuestas podíanser incluidas en el contrato entre el Estado y la petrolera. Sin embargo, noexistió la debida conciencia sobre la importancia de estas decisiones encuanto a la habilidad de las comunidades de exigir responsabilidades a la pe-trolera en el futuro. Como resultado, las comunidades firmaron actas sinentender que las propuestas de las comunidades podían ser utilizadas comouna justificación de las consecuencias de la actividad y una herramienta pa-

175Pronunciamiento sobre la consulta previa

ra evitar la responsabilidad por perjuicios causados; colocándoles a las co-munidades como cómplices de los impactos negativos de la actividad.

La convocatoria no fue completa

La consulta previa se dirigió únicamente a la población indígena rural, ex-cluyendo a la gente urbana, mestiza u otros terratenientes en los dos blo-ques, aunque el 25.9% de la población de la zona es urbano y existe un nú-mero significativo de gente mestiza. El promedio de asistencia en las asam-bleas comunitarias fue aproximadamente del 25% de los socios. Las asam-bleas intercomunales contaron con un promedio del 65% de asistencia delas comunidades de las parroquias. Según la contabilización final del proce-so, solamente contaron los votos de 229 comunidades, el 60% del númerototal de comunidades indígenas rurales. Este bajo nivel de participación ypráctica de exclusión dejó a más del 40% de la población rural y la totali-dad de la población urbana y mestiza de la zona sin voto en la decisión fi-nal. En total, menos de 10.000 personas de la zona fueron consultadas –apenas el 11% de la población.

El bajo nivel de participación se debió a la difusión incompleta y la fal-ta de anticipación de las convocatorias a los eventos de la consulta previa ya la exclusión de ciertos sectores. Los encargados de la entrega de las convo-catorias y los facilitadores afirmaron que no lograron convocar y capacitar atodas las comunidades a su cargo. La mayoría de los presidentes de las co-munidades que recibieron la convocatoria a una asamblea intercomunal larecibieron menos de 12 horas antes de la asamblea. Algunos presidentes fue-ron convocados verbalmente media hora antes de la hora prevista de la reu-nión. Simplemente el equipo de la UPS no canalizó los métodos tradicio-nales de lograr una convocatoria amplia y completa.

El bajo nivel de participación fue encubierto parcialmente mediante lafalsificación de datos por los facilitadores. En las asambleas comunitarias, leshicieron firmar la lista de asistencia a todas las personas que pasaban por lacasa comunal, aunque fuera para comer o asistir a la asamblea solo cinco mi-nutos. Algunos facilitadores pidieron a los familiares de las personas no pre-sentes que firmen y pongan números de cédula para justificar la presenciade personas ausentes.

176

El plazo fue demasiado corto

Si en algo están de acuerdo todos los actores que participaron en la consul-ta previa, desde los miembros del equipo de la UPS hasta la población de laregión, es que fue imposible llevar a cabo esta consulta en un plazo tan cor-to – un poco más de 60 días en total para consultar a más de 90.000 perso-nas.

El grupo de facilitadores pidió en su taller de capacitación más tiempopara poder capacitar a otros facilitadores ya que sabían que no iban a podercumplir con su trabajo por falta de tiempo (algunas comunidades están amás de cuatro horas de camino de la vía principal y otras requieren de unaavioneta para llegar), pero la sugerencia fue rechazada por el equipo de laUPS. En las comunidades que lograron visitar, casi todos comentaron queera imposible después de dos a cuatro horas capacitar sobre los temas nece-sarios, debatir, llegar a conclusiones y lograr una decisión. Otra consecuen-cia de la restricción de tiempo fue la falta de organización necesaria para lle-gar a un consenso.

Debido a la falta de tiempo para convocar, capacitar y llegar a un con-senso, muchos representantes manifestaron en las asambleas intercomuna-les que no sabían lo que querían sus comunidades. Aunque no querían to-mar una decisión tan apresurada y desinformada, los facilitadores les expli-caron que no existía más tiempo para capacitación o discusión.

La consulta previa realmente no representa una consulta

La mayoría de los eventos de la consulta previa, en vez de enfatizar la pre-sentación de criterios y debate, utilizaron una metodología que generó unaparticipación restringida y limitada. Los cuatro temas de la consulta previa:derechos, riesgos y oportunidades, compensaciones e indemnizaciones yáreas sensibles, fueron los componentes de la estructura de los eventos de laconsulta previa.

La participación de los facilitadores estaba restringida a la presentaciónde los cuatro temas, ya que fueron advertidos por el equipo de la UPS queno podían presentar otra información ni experiencia personal. Como resul-tado, las asambleas comunitarias dirigidas por los facilitadores consistieron


en la lectura y traducción de papelógrafos sobre los cuatro temas, copiadosdirectamente del folleto de la consulta previa. Ninguna de las asambleascontó con un ambiente participativo, ya que no se otorgaba un espacio pa-ra que la gente exponga, debata, opine y critique libremente sin restriccio-nes.

La agenda dada a las comunidades por la UPS para dirigir la asambleacomunitaria también incluía un esquema para la toma de decisiones. Segúnel esquema, cada comunidad tenía que tomar decisiones sobre los cuatro te-mas en el acta escrita por la comunidad, entonces tomaron resoluciones so-bre compensaciones, áreas sensibles, riesgos y oportunidades sin llegar aninguna conclusión relacionada al ingreso de la petrolera y sin conversar so-bre el punto clave de la decisión: ¿Quieren o no quieren y por qué?

La información fue insuficiente e incompleta

En los eventos de capacitación de la consulta previa existió minimización deriesgos, glorificación de beneficios y también omisión de mucha informa-ción. Mientras dieron listas y explicaciones de los impactos positivos de laactividad petrolera, omitieron completamente una explicación de muchosde los impactos negativos, particularmente los riesgos socio-ambientales. Laomisión de una discusión de dichos impactos impidió la habilidad de lagente de tomar una decisión informada.

Inclusive faltó información en los puntos que se intentaron glorificar enla consulta previa. Mencionaron el término tecnología limpia sin explicarcuáles tecnologías limpias podría exigir la gente. Las exposiciones sobre losderechos de la gente frente a la explotación petrolera también omitieron lospuntos claves de los derechos. No se mencionaron los mecanismos de mo-ratoria y amparo constitucional y tampoco se incluyó información sobre có-mo podían organizarse para pedir más tiempo o información. El problemade la falta y omisión de información también se agravó por la falta de ma-terial didáctico y visual para ayudar en la provisión y repaso de información.Lastimosamente, el folleto de la consulta previa que contiene la informaciónpresentada en los talleres, no fue entregado a la mayoría de los participan-tes en los eventos de la consulta previa.

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Los facilitadores y el personal de las oficinas no fueronpreparados lo suficiente

Los facilitadores, por su bajo nivel de preparación, capacitación y conoci-miento, cumplieron la función de traductores y promotores de la consultaprevia en vez de actuar como verdaderos capacitadores. No eran técnicos ysolo recibieron capacitación por seis días, durante los cuales tenían queaprender toda la información dada por el equipo de la UPS sobre leyes cons-titucionales, derechos colectivos, impactos ambientales y sociales de la acti-vidad petrolera, teorías y metodología de compensación e indemnización,formas de vigilancia, tecnologías petroleras, estudios de impacto ambientaly el proceso petrolero. Esta información tenía que ser aprendida para luegotraducir y transmitir a la gente de la zona.

En la práctica, las exposiciones de los facilitadores consistieron en la lec-tura de papelógrafos o del folleto de la consulta previa. A veces era claro queel facilitador no entendía lo que estaba leyendo, lo que se evidenciaba en laincapacidad de los facilitadores para contestar preguntas sobre la materia.Ninguno de los facilitadores entrevistados pudo explicar la tecnología lim-pia, y tampoco estaban preparados para presentar y enseñar los conceptos ycálculos de las compensaciones. Algunos ni siquiera pudieron explicar don-de estaban los límites de los bloques 20 y 29, mientras otros presentaron in-formación incorrecta. Los facilitadores tampoco tenían la habilidad ni lapreparación necesaria para transmitir y traducir efectivamente los conoci-mientos que tenían.

La gente no fue capacitada

Se esperaba en este proceso de consulta previa que en asambleas que dura-ban de dos a cuatro horas, los facilitadores capaciten a gente sin educaciónsuperior para tomar una decisión informada en materia de derechos y leyesaplicables, la definición y el cálculo de compensaciones e indemnizaciones,la evaluación de tecnología petrolera, formas de vigilancia social de lo quehace la petrolera, sistemas de gestión ambiental, fondos no reembolsables,el proceso petrolero y sus riesgos; y temas relacionados. Los que presentaronla información eran facilitadores sin experiencia. Por la complejidad del te-


ma y el tiempo otorgado a la capacitación, ni los facilitadores ni la pobla-ción obtuvieron la información mínima necesaria.

Aunque la mayoría de la gente consultada era kichwa, en algunas asam-bleas la información se presentaba solamente en español, y en otras, los fa-cilitadores presentaban sus temas en kichwa pero no dominaban el idioma.El tema de las compensaciones e indemnizaciones, generalmente fue expli-cada en español sin traducción e incluyó términos tales como costo de opor-tunidad, reposición, compensaciones, indemnizaciones, daños temporales,valor del dinero en el tiempo y fondos no reembolsables, que la mayoría delos participantes no entendían por su dificultad y la falta de traducción.Adicionalmente, toda la información presentada visualmente estaba escritaen español. Los impactos de la actividad petrolera también fueron presenta-dos con lenguaje técnico, y por falta de tiempo toda la información se pre-sentó con mucha rapidez sin seguimiento. De esta manera, los talleres yasambleas comunitarias se caracterizaron por la confusión.

En cuanto a la presentación de las decisiones finales, no fueron capaci-tados sobre cómo escribir actas para entregar. Tampoco fueron informadossobre las opciones que existen a la aceptación de la actividad petrolera, talescomo la moratoria, y como proceder para solicitarla y exigir una decisión encontra del ingreso de la petrolera. Los resultados se evidencian en las actasescritas en las asambleas, los productos finales de la consulta previa, las cua-les por falta de capacitación e información representan decisiones suma-mente apresuradas, desinformadas e inexigibles.

El proceso influyó en la gente

Cuando los facilitadores fueron capacitados, el equipo de la UPS declaróque la población tenía que decir sí y no tenía opción. Con esta idea, los fa-cilitadores entraron a las comunidades, muchas veces convenciéndoles queno tenían opción o dando información que representó una propaganda pa-ra una decisión a favor del ingreso de la petrolera. En lugar de desarrollaruna toma de decisiones informada y libre, minimizaron los riesgos y glori-ficaron los beneficios.

Se presentó todos los beneficios que trae la actividad, con énfasis en lanecesidad de pedir un fondo de compensaciones y formar una organización

180

para manejar el dinero que vendría de la petrolera. Después se presentó lamanera correcta de utilizar dichos fondos (con proyectos rentables, fruticul-tura, etc.) y la posibilidad de ampliar los fondos recibidos. Nunca mencio-naron el trabajo temporal, dependencia económica, pérdida de sustentabi-lidad y destrucción ambiental que trae la actividad petrolera. Mientras losdetalles sobre la propuesta de un fondo de compensaciones ocupan dos pá-ginas del folleto de la consulta previa dado por la UPS, la explicación sobrelos impactos ambientales de la explotación petrolera consta de nueve frases.

En lugar de enfatizar en la posibilidad de ser consultados, la consultaprevia supuso que la decisión estaba tomada y se concentró en qué deberíapedir la gente frente al ingreso inevitable de la petrolera. Un participantepreguntó en un taller si la capacitación era sobre la consulta prelicitatoria oun curso de negociación. Los resultados de este desequilibrio en la informa-ción se evidenciaron en las resoluciones que constan en las actas finales, quese concentran en las ideas dadas por la UPS sobre compensaciones y opor-tunidades y ni siquiera mencionan la mitigación de impactos o alternativasa la explotación petrolera.

Las decisiones finales no representan la verdadera opinión de la gente

Los votos de las asambleas intercomunales, que fue lo único que se presen-tó para decidir sobre el ingreso de la petrolera, representan decisiones apre-suradas, desinformadas y no representativas. Después de ser inundados conpromesas de becas, proyectos, fondos de millones de dólares, centros de sa-lud, escuelas, treinta años de indemnizaciones y trabajo con las petroleras ysin entender a fondo los impactos negativos de la actividad petrolera, obvia-mente muchas comunidades decidieron aceptar el ingreso de la petrolera.Los presidentes de muchas comunidades dijeron que su comunidad se ha-bía decidido a favor por la influencia del facilitador y su información dese-quilibrada pero que se habían arrepentido. Otros expresaron que la gentepensó que estaban firmando en la asamblea para aceptar la comida recibida,no para aceptar el ingreso de la petrolera. Por haber seguido el esquema dela UPS, algunas actas contenían las resoluciones de la comunidad sobre ca-da uno de los cuatro temas de la consulta previa, pero no expresaron unadecisión sobre el ingreso de la actividad petrolera. Por haber incluido reso-


luciones sobre compensaciones, la decisión parecía a favor de la petrolera, yautomáticamente pusieron un voto a favor. Otros presidentes llegaron sinacta por falta de anticipación de la convocatoria a la asamblea.

La contabilización de los votos también dejó a muchas comunidades sinpoder de decisión final. En el informe final de la UPS, el equipo manifestóque no había incluido los votos de 37 comunidades que habían decidido encontra de la actividad petrolera, e intentó justificar la omisión con explica-ciones falsificadas. Contabilizaron los votos finales sin mencionar la omi-sión de los votos de estas 37 comunidades y la ausencia completa del 30%de las comunidades. Si se hubiese contabilizado honestamente y de maneratransparente, tomando en cuenta todas las comunidades pertenecientes a losdos bloques, la decisión final de la población no habría sido a favor del in-greso de la petrolera.

La decisión de la gente fue manipulada y controlada

Uno de los problemas más graves del proceso fue la remuneración de los fa-cilitadores por Petroecuador para llevar a cabo la consulta previa. A travésde la UPS, Petroecuador, una entidad sumamente interesada en el ingresode la petrolera, dio un monto mensual a los treinta facilitadores y según va-rias fuentes también a algunas organizaciones. Esta remuneración compro-metió a los facilitadores y a los dirigentes a actuar por los intereses del go-bierno y no a favor de los intereses de la población y, cohibió la supuestaneutralidad de los facilitadores y la legitimidad del proceso de la consultaprevia.

A los facilitadores se les prohibió hablar sobre sus opiniones personalesy se les comprometió a difundir únicamente la información oficial de laconsulta previa. La presión del equipo también estuvo acompañada por elinterés personal de los facilitadores, que en algunos casos era solamente ob-tener ganancias o trabajo. Es así que, comprometidos e influidos, ingresa-ban los facilitadores a las comunidades para capacitar. Muchos glorificabanlos beneficios de decir sí sin mencionar los riesgos, otros declaraban que losriesgos iban a ser eliminados y otros simplemente afirmaban que la acepta-ción de la petrolera era inevitable. Los presidentes de algunas organizacio-nes también visitaron a sus bases, y presionaron la decisión a favor del in-greso de la petrolera.

182

En las asambleas intercomunales, los presidentes de las comunidades ex-presaron que no querían tener la presencia ni la manipulación de ningún fa-cilitador o de la UPS. Sin embargo, dos a cuatro facilitadores, un miembrodel equipo de la UPS y un presidente de una junta parroquial u organiza-ción estaban presentes en cada una de las asambleas finales para hacer pro-paganda sobre la naturaleza participativa del proceso de consulta y los be-neficios de aceptar al ingreso de la actividad petrolera. Las ayudas memoriasde algunas asambleas no mencionan la presencia ni las palabras de ningunade estas personas, ni tampoco los reclamos de los participantes sobre la ma-nipulación y actas corruptas de sus dirigentes durante la consulta previa.

Falta de transparencia y monitoreo

Las organizaciones involucradas declararon el apoyo incondicional de las or-ganizaciones indígenas y sus bases a la consulta previa sin convocar a unaasamblea general o un foro para recibir criterios sobre como se estaba lle-vando a cabo el proceso. Las voces de oposición a la consulta previa fueronamenazadas, calladas o escondidas para crear la ilusión de que las organiza-ciones, sus bases y la UPS estaban unidas en el apoyo a la consulta previa.La dirigente de territorio de la FONAKIN y socios de organizaciones quese pronunciaron públicamente en contra de la consulta previa, fueron noti-ficados de su expulsión de la organización, amenazadas, discriminadas y laparticipación de los dirigentes de las federaciones nacionales en el procesofue bloqueado. Pero, la voz y la posición firme de las mujeres y hombresfuertes lograron realizar una gran asamblea provincial, declarando inconsti-tucional el reglamento y el proceso de la consulta previa. Una carta públicafue difundida, la cual hablaba sobre el respaldo total de las organizaciones ysus bases al proceso de la consulta previa, a pesar de que varias comunida-des y dirigentes se habían pronunciado públicamente en contra del proce-so. En vez de reconocer las inquietudes de las bases sobre la consulta previa,la carta atribuye el rechazo del proceso a “grupos de supuestos activistas eco-logistas y gente desinformada”.

Los supuestos veedores del proceso no participaron en la consulta pre-via ni recibieron información sobre como podían participar. Varios facilita-dores y organizaciones manifestaron que la presencia de veedores no era


bienvenida y que significaba interferencia en la culminación exitosa de laconsulta previa. El ingreso a las oficinas de la consulta y a los eventos de laconsulta fue bloqueado, particularmente a aquéllos que según los facilitado-tes, parecían ser ambientalistas. Los participantes que dieron invitaciones aveedores fueron amenazados por sus organizaciones. Esta intención de es-conder información y restringir la participación evidencia un proceso pocotransparente, el deseo de llevar a cabo el proceso sin monitoreo y la falta deneutralidad en el proceso.

Las acciones de las comunidades

Los aspectos mencionados del proceso produjeron que la gente estuviera de-sinformada y manipulada, que tomara decisiones apresuradas y no represen-tativas, que hubiera falta de neutralidad y transparencia, que existiera exclu-sión y faltas de consensos, y por ende, una falta de una verdadera consultaa la gente. Estas fallas violaron derechos consagrados en la Constitución dela República y el Convenio 169 de la OIT. La consulta previa también fuellevada a cabo con base en el Reglamento de consulta y participación, queno contó con el consenso de la población indígena ni sus entidades repre-sentativas y fue declarado inconstitucional por varias instituciones y organi-zaciones.

La cooperativa Rukullacta, con diecisiete comunidades unidas, realizóla gran asamblea, el 6 marzo de 2004, en la comunidad Purutu Yacu, sub-centro de la cooperativa, ante la amenaza y discriminación a la dirigente deterritorio de la FONAKIN, representante de la cooperativa Rukullacta,apoyando y ejerciendo sus propios derechos en defensa de sus 42.000 hec-táreas de territorios. Tomaron una posición única y resolvieron decir no a laintervención petrolera, y declararon la inconstitucionalidad de forma del re-glamento y nulidad del proceso de consulta de los bloques 20 y 29. El 20de marzo de 2004, se realizó la asamblea provincial de Napo, con la parti-cipación de RICANCIE, REKOCA y miles de ciudadanos, educadores, co-munidades, estudiantes, grupos sociales, autoridades locales y una dirigentede territorio de la FONAKIN. A pesar de las amenazas y discriminación desus compañeros, con una posición firme se unieron para declarar formal-mente la nulidad de la consulta previa debido a estas violaciones de dere-

184

chos colectivos y civiles y demandar una consulta inclusiva, equilibrada, in-formativa, participativa y justa a la población de los bloques 20 y 29.

En estas manifestaciones de las organizaciones bases, se llamó a las au-toridades locales a ser equitativas con las comunidades y se apeló a la obli-gación de apoyar a los gobiernos municipales de Archidona y Loreto. A pe-tición de las organizaciones, en el mes abril de 2004, el cantón Loreto, enuna asamblea cantonal, resuelve declararse –a través de ordenanza munici-pal– cantón ecológico. El 15 de mayo de 2004, el municipio de Archidona,realizó la asamblea del cantón con la participación de 80 comunidades ytambién lo declararon cantón ecológico por ser un cantón de importanciahistórica y cuna de la cultura kichwa. Estas ordenanzas se encuentran enproyecto para ser divulgadas a la sociedad civil y comunidades.

Para fortalecer la unidad de las tres provincias Napo, Orellana y Pasta-za, se formó un frente en contra de toda actividad que atente a los territo-rios indígenas.

La CONAIE (Consejo de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) y laCONFENIAE (Confederación de Nacionalidades Indígenas Amazónicasdel Ecuador), con las resoluciones de las asambleas, se unieron para defen-der los territorios de las nacionalidades de la región amazónica, asumiendola responsabilidad de presentar la demanda de inconstitucional del Regla-mento de consulta y participación y nulidad del proceso de la consulta enlos bloques 20 y 29 ante las autoridades competentes.

A los pueblos indígenas nadie podrá devastarlos, porque aún tienen raí-ces grandes que les hacen cada día más fuertes y esa fuerza de unidad hacesoñar en ser libres y dueños absolutos de sus territorios.

Ama killa, ama llula, ama shua



2. Las apuestas

Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9











Índice












Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

Anexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239


Introducción

Durante los meses de septiembre a diciembre de 2003, se llevó a cabo la pri-mera consulta previa petrolera a los pueblos indígenas de la Amazonía ecua-toriana (bloques 20 y 29, provincias de Napo, Orellana y Pastaza). La con-sulta fue coordinada por la Universidad Politécnica Salesiana – UPS, porencargo del Estado ecuatoriano y con el aval de las federaciones, juntas pa-rroquiales y comunidades indígenas de la región, y ha constituido perma-nentemente el ejercicio de una “acción comunicativa” (cf. Fontaine, 2003:493).

Con anterioridad a la consulta, y como instancia de preparación de és-ta, se había realizado el “diagnóstico socio-económico de los bloques 20 y29” (agosto – noviembre de 2002). El diagnóstico incluía una metodologíapara la valoración económica de los bienes y servicios ambientales que po-drían verse afectados potencialmente por un eventual proceso petrolero, yuna “metodología de consulta previa para la negociación de conflictos so-cio-ambientales”. En el marco del diagnóstico fueron elaboradas tambiénbases de datos socio-organizativas de todas las comunidades del área (quefueron luego reajustadas en el marco de la consulta), y propuestas relaciona-das con la identificación de compensaciones socio-ambientales y con el di-seño de un fondo para el desarrollo regional. Adicionalmente, se llevaron acabo cinco talleres subregionales para sistematizar las percepciones y expe-

La consulta previa petrolera – Bloques 20 y 29 de la Amazonía ecuatoriana: entre el desafío y la nostalgia

Xavier Izko

dcnoble

Cuadro de texto

Izko, Xavier (2004). La consulta previa petrolera -Bloques 20 y 29 de la Amazonía ecuatoriana: entre el desafío y la nostalgia. En Petróleo y desarrollo sostenible en Ecuador 2. Las apuestas, ed. Guillaume Fontaine, 187-228. Quito: Serie Foro FLACSO.

riencias de las comunidades con relación al petróleo. Los resultados de losdiagnósticos y la propuesta metodológica fueron socializados con las orga-nizaciones indígenas (febrero de 2003), y avalados por el Estado y por losactores locales1.

Posteriormente, a solicitud de las organizaciones indígenas del área y so-bre la base de las propuestas realizadas, la Universidad Politécnica Salesianadecidió encargarse de la aplicación de la consulta previa, a fin de que las co-munidades pudieran ejercer con plena conciencia sus derechos ciudadanos2.Como paso previo a la consulta, se definió una propuesta metodológica quepermitiera abarcar los distintos niveles organizativos de las comunidades yalcanzar a la mayoría de la población indígena del área (ver más adelante).

Abordaremos primero, en forma resumida, los principales componentesde la consulta (metodología, proceso, resultados), para analizar a continua-ción sus principales proyecciones. En este sentido, el presente trabajo nopretende tomar una posición a favor o en contra de un petróleo “posible”,sino describir y analizar el proceso de consulta, y las implicaciones de lospronunciamientos de los pueblos indígenas de los bloques 20 y 29 de laAmazonía ecuatoriana. Cabe señalar que los contenidos del presente artícu-lo reflejan los consensos alcanzados con los indígenas del área y sus institu-ciones representativas.

El área de los bloques 20 y 29

El área total ocupada por ambos bloques es de 448.276 ha. (ver mapa ad-junto), que representa el 21.4% del área total correspondiente a las jurisdic-ciones de los 8 cantones y 24 parroquias de las tres provincias (Napo, Pas-

188 Xavier Izko

1 Ver UPS 2003 para los resultados del diagnóstico. Cf. Anexo 6. “Metodología para la realizaciónde la consulta previa en los bloques 20 y 29”.

2 El pedido de las organizaciones indígenas fue formulado a raíz del taller de devolución de los re-sultados del diagnóstico participativo en febrero del 2003, organizado conjuntamente con la FO-NAKIN (Napo), ANKISH y ACIA (Pastaza). La Universidad ha aceptado el reto de coordinar laconsulta previa en el marco de su mandato, que articula las actividades académicas con el compro-miso en favor de los actores menos favorecidos; por otra parte, con el antecedente del trabajo yarealizado previamente (diagnóstico participativo del área en el 2002), era necesario consolidar lascondiciones para que las organizaciones locales emitieran un voto responsable frente a la consulta,proporcionando al mismo tiempo instrumentos de negociación con el Estado y las empresas, y ex-plorando nuevas oportunidades de participación y control social.

taza y Orellana – 2.094.171 ha)3. Algunas parroquias, como Puerto Napo,tienen la totalidad de su territorio dentro de los bloques, mientras que otras,como Chontapunta, apenas el 1.6%; lo mismo sucede con las nueve fede-raciones indígenas que están presentes en el territorio de una o varias pro-vincias y atraviesan ambos bloques. En términos jurídico-administrativos ypolíticos, han sido involucradas todas las federaciones y parroquias, aunquesu sede estuviera fuera de los bloques.

En términos generales, la confluencia de distintas zonas de vida, micro-climas, relieves y paisajes (de montaña, fluviales, selváticos, lacustres), y es-pecies de fauna y flora, confieren a la región un perfil singular en cuanto aexistencia de recursos naturales estratégicos, cuya orientación predominan-te parece ser la conservación de carácter protectivo (55.5% de los recursostienen una vocación relacionada con la protección total y usos muy restrin-gidos); con todo, existen zonas susceptibles de manejo sostenible (sobre to-do forestal, no maderable y servicios ambientales) y otras cuya acelerada de-forestación debe comenzar a ser equilibrada con prácticas de revegetaciónparcial e incluso (en las laderas) de conservación de suelos.

Se debe considerar, además, la presencia de prácticas culturales ancestra-les, diversamente interpoladas con la cultura occidental, corredores chamá-nicos, y más de 215 petroglifos y vestigios arqueológicos que certifican laexistencia de una gran riqueza arqueológica, cultural y étnica. A ello se aña-de el hecho de que, en términos comparativos, algunos de los cantones delos bloques (Archidona y Tena) constituyen las zonas más densamente po-bladas de toda la Amazonía.

En otras palabras, naturaleza y cultura parecen darse la mano para reco-mendar acciones focalizadas de explotación de recursos no renovables, in-cluyendo una zonificación final priorizada de los “lugares sensibles” de la re-gión, a ser respetados por los futuros procesos de exploración y explotaciónpetrolera4.

189La consulta previa petrolera

3 Las parroquias más directamente involucradas, por tener población dentro del área de los bloques,son las siguientes: a) Provincia de Napo: Cotundo, San Pablo de Ushpayacu, Puerto Misahuallí,Ahuano, Talag, Puerto Napo, Pano, Chontapunta; adicionalmente, están dentro del área de losbloques las comunidades adscritas directamente a los cantones de Tena, Archidona y Julio Arose-mena; b) Provincia de Orellana: San José de Dahuano, San Vicente de Huaticocha, Ávila Huiru-no; c) Provincia de Pastaza: parroquia El Triunfo (una pequeña sección, poblada por colonos), ycantones Arajuno y Santa Clara.

4 Ver UPS 2003 (Resumen Ejecutivo – conclusiones)

La consulta previa y el Reglamento de consulta

La consulta previa

El derecho a la consulta previa está amparado por el Convenio 169 de la Or-ganización Internacional del Trabajo-OIT sobre pueblos indígenas y tribalesen países independientes (1989) y constituye uno de los instrumentos inter-nacionales más avanzados en cuanto al reconocimiento de los derechos de lospueblos indígenas5. Este derecho ha sido recogido por la Constitución de laRepública6, la Ley de Gestión Ambiental y el Reglamento Ambiental paraoperaciones hidrocarburíferas, pasando a ocupar un lugar privilegiado en lapirámide jurídica, conforme al Art. 163 de la Constitución: “Las normascontenidas en los tratados y convenios internacionales, una vez promulgadosen el Registro Oficial, formarán parte del ordenamiento jurídico de la Repú-blica y prevalecerán sobre leyes y otras normas de menor jerarquía”.

190 Xavier Izko

5 Para una visión global de los alcances del Convenio 169, ver M. Gómez, 1995.6 El Convenio 169 de la OIT fue reconocido por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecua-

dor en 1989, ratificado por el Congreso Nacional el 24 de abril de 1998 y publicado en el Regis-tro Oficial N° 206 de junio de 1999.

Mapa 1: Jurisdicciones de las juntas parroquiales del área de los bloques

En términos generales, con la ratificación del Convenio 169 de la OIT,el Estado ecuatoriano reconoce el derecho de los pueblos indígenas a par-ticipar activamente en el manejo, administración y uso de los recursos ubi-cados en sus tierras, y el de ser consultados ante actividades de exploracióny/o explotación de los mismos, cuando pertenezca al Estado la propiedadde los recursos del subsuelo, lo que constituye un avance significativo res-pecto a las constituciones de 1945 y 1978. Como dice el Convenio (Art.7), a los pueblos afectados les ampara el “derecho al desarrollo indígena yal control de los procesos de desarrollo en las regiones de asentamiento in-dígena”, conforme a los mecanismos de participación previstos en la Ley deGestión Ambiental. De igual manera, el Convenio reconoce las aspiracio-nes de los pueblos indígenas “a asumir el control de sus propias institucio-nes y formas de vida y de su desarrollo económico, y a mantener y fortale-cer sus identidades, lenguas y religiones dentro del marco de los estados enlos que viven”.

Con relación al derecho de consulta, el Convenio vela para que los pue-blos indígenas que se encuentran dentro del área de influencia de una lici-tación de recursos no renovables, sean informados adecuadamente sobre elalcance del proyecto petrolero, expresen su opinión sobre éste y lleguen aconsensos con el Estado, en el marco del diálogo y la participación demo-crática.

El artículo 6 del Convenio 169 señala la política de aplicación de esteinstrumento internacional y las obligaciones gubernamentales que de él sedesprenden:

“1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos debe-rán: - consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiadosy en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que seprevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles di-rectamente- establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados pue-dan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sec-tores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones eninstituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole res-ponsables de políticas y programas que les conciernan- establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e inicia-


tiva de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursosnecesarios para este fin.2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberánefectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, conla finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de lasmedidas propuestas”.

Si la consulta a las poblaciones locales es un derecho, su cumplimiento ypromoción son responsabilidades que el Estado debe encargarse de cumpliry de hacer cumplir entre sus contratistas y los diferentes sectores de la socie-dad civil. De hecho, la ausencia del Estado en algunas de las áreas en don-de se manifiestan intereses contrapuestos, trae como resultado que las par-tes involucradas hayan tenido que encontrar frecuentemente sus propiosmecanismos para la solución de sus conflictos. De ahí la necesidad de queel Estado desempeñe un rol más activo para asegurar un mejor balance en-tre las partes.

En este marco, es deber del Estado informar, capacitar y comunicar alos pueblos indígenas para que puedan decidir lo que más conviene a sus in-tereses, garantizando “procedimientos apropiados” para la consulta “a travésde sus instituciones representativas”, participando siempre que sea posibleen los beneficios que reporten tales actividades y percibiendo una indemni-zación equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado deesas actividades (Convenio 169, Art. 15, No. 2; Constitución de la Repú-blica, Art. 84, No. 5). Por otra parte, como dice el Art. 88 de la Constitu-ción: “toda decisión estatal que pueda afectar al medio ambiente, deberácontar previamente con los criterios de la comunidad”.

El Reglamento de consulta

El “Reglamento de consulta y participación para la realización de activida-des hidrocarburíferas”, sancionado por el decreto 3401 de la Presidencia dela República (02.12.2002), constituye hasta el momento el mecanismo ofi-cial que pretende garantizar el cumplimiento de este derecho a las poblacio-nes indígenas comprendidas en los proyectos hidrocarburíferos que podríanser impulsados con participación de compañías transnacionales.

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El Reglamento establece que la consulta prelicitatoria a los pueblos in-dígenas se realizará previa la convocatoria por parte del organismo encarga-do de llevar a cabo las licitaciones a los procesos licitatorios hidrocarburífe-ros (Título I, Cap. I, Art. 7). De acuerdo al Reglamento, esta consulta pre-licitatoria a pueblos y nacionalidades indígenas tiene por objeto:

a) Contar previamente con los criterios, comentarios, opiniones y propues-tas de las nacionalidades indígenas que habiten en el área de influencia di-recta del bloque a licitarse relativos a los impactos socio-ambientales posi-tivos y/o negativos que pueda causar en sus territorios la realización de losplanes y programas que se desprendan de las licitaciones petroleras y de lasuscripción de los correspondientes contratos de exploración y explotación.b) Recibir criterios sobre las estrategias y medidas socio-ambientales gene-rales de prevención, mitigación, control, compensación y rehabilitaciónrelativas a los impactos socio-ambientales negativos, así como de impulsoa los impactos socio-ambientales positivos, que deberá considerar el orga-nismo encargado de llevar a cabo las licitaciones en la realización de losprocesos licitatorios petroleros, la adjudicación y suscripción de contratosy las actividades de control de ejecución de los mismos.c) Contar con los criterios sobre los mecanismos de participación de las na-cionalidades indígenas que habiten en el área de influencia directa del blo-que a licitarse, a través de sus organizaciones representativas, en la ejecu-ción de las medidas socio-ambientales de prevención, mitigación, com-pensación, control y rehabilitación relacionadas con los impactos socio-ambientales negativos, así como de impulso a los impactos socio-ambien-tales positivos que se causen en sus territorios a causa de la realización delas actividades hidrocarburíferas que se desprendan de las licitaciones pe-troleras y de la suscripción de los correspondientes contratos de explora-ción y explotación. La información que obtenga el organismo encargadode llevar a cabo las licitaciones de estas consultas podrá ser incluida en lasbases de licitación y otras secciones aplicables de la documentación preli-citatoria.d) Establecer consensos apropiados con el Estado respecto del alcance delproyecto petrolero en cuanto a sus aspectos ambientales y sociales.

Sin embargo, el proceso de elaboración del Reglamento ha sido controver-tido y sigue siendo considerado por muchos un proceso inconcluso y falli-do. También han sido señalados vacíos de distinta magnitud en el Regla-


mento. Además de eventuales fallas de procedimiento (no existía una leyprevia que lo amparara), la crítica más persistente es la ambigüedad del Re-glamento, ya que la consulta se reduce en la práctica a identificar los impac-tos y definir su manejo, sobre la base de una decisión previamente adopta-da por el Estado. Aún cuando no se admitiera la posibilidad absoluta de ve-to por parte de las comunidades, una de las implicaciones del derecho cons-titucional de los pueblos indígenas a ser consultados, debería ser indagar sucriterio respecto a la posibilidad de que se realicen o no actividades hidro-carburíferas (Ortiz, 2002).

A lo largo del proceso de diagnóstico (2002) y de consulta (2003), losdebates con los representantes de las comunidades sobre el Reglamento ysus alcances ocuparon un lugar central. En general, se creó el consenso deque el Reglamento era el instrumento formalmente vigente, perspectiva ra-tificada por el CODENPE (Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades yPueblos del Ecuador), quien cita el “Reglamento en vigencia” (Art. 25) alaprobar la base de datos elaborada por la UPS7. Sin embargo, el Reglamen-to debía ser complementado y realimentado desde la práctica, en la perspec-tiva de que los cambios realizados pudieran apoyar la discusión sobre unaeventual reforma integral del Reglamento.

Los vacíos del Reglamento fueron complementados en distintas direc-ciones:

Con relación a la consulta “a través de las instituciones representativas”se decantaron posibles ambigüedades, identificando y activando los distin-tos sistemas organizativos locales (federaciones, organizaciones de segundogrado, parroquias y comunidades; ver metodología), a fin de asegurar suparticipación y su toma de decisiones oportuna e informada. Esta aproxi-mación exigía espetar los procedimientos de representación y delegación vi-gentes en las comunidades y organizaciones, en una suerte de “sufragio uni-versal diferido y delegado” (ver más adelante).

En este marco, se definió un sistema de interlocución que permitierahacer llegar la información y la capacitación a todos los niveles de las orga-nizaciones, aunque con distintas intensidades en función del tiempo dispo-nible, con temarios definidos conjuntamente a lo largo del proceso.

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7 Carta del CODENPE del 25.08.03, dirigida a Petroecuador.

Los instructivos para los talleres-asamblea comunitarios incluyeronabiertamente la posibilidad de hacer un pronunciamiento en contra o a fa-vor del petróleo.

Adicionalmente, se recogieron y afinaron las propuestas preliminaresformuladas por las comunidades durante los talleres de consulta de la fasede diagnóstico (2002). Dichas propuestas, al ser activadas en caso de que seviabilizara el proceso petrolero, incluían los siguientes puntos, que fueronprecisados y complementados durante la consulta (ver más adelante): (i) uti-lización de tecnologías y procesos “limpios” por parte de las compañías; (ii)establecimiento de un fondo para el desarrollo regional (fideicomiso), a ma-nera de “compensación estructural” a las poblaciones locales (5% de las in-versiones petroleras, más otros fondos que se pudieran levantar ante orga-nismos internacionales), complementario a la realización de estudios de im-pacto ambiental en forma participativa (EIAs) y a la aplicación de indemni-zaciones por los eventuales daños causados; (iii) respeto a las “áreas sensi-bles” de las comunidades (núcleos densos de naturaleza y cultura), ademásde las reservas y parques; (iv) definición de criterios básicos del proceso departicipación y vigilancia comunitaria, incluyendo códigos de conducta delas compañías petroleras.

Metodología para la realización de la consulta8

La preparación de la metodología de consulta requirió un tiempo de dos me-ses y su aplicación tomó cuatro meses adicionales entre el 2002 y el 2003.

Las actividades realizadas durante el proceso de consulta han sido las si-guientes:

- Identificar las comunidades participantes y establecer con sus organiza-ciones matrices consensos apropiados tendientes a su participación.

- Definir y aplicar parámetros apropiados de participación y pronuncia-miento.

- Capacitar a los facilitadores y representantes comunitarios mediante lacelebración de talleres y la elaboración de materiales ad hoc.


8 Cf. el detalle de la metodología en el Anexo 4.

- Comunicar y difundir oportuna y apropiadamente, a través de los me-dios de comunicación locales y nacionales, los contenidos relativos a losderechos de las poblaciones indígenas, así como a las oportunidades yriesgos del proceso de exploración y explotación petrolera.

- Recabar los criterios, opiniones y propuestas de las comunidades y susrepresentantes legítimos a propósito del proceso petrolero (asambleascomunitarias e intercomunitarias).

- Supervisar y realimentar permanentemente el proceso de realización dela consulta previa.

- Sistematizar y elaborar una memoria técnica del proceso.

Resultados alcanzados

Las evaluaciones por parte de los facilitadores subrayan su satisfacción conlos contenidos y organización de la capacitación; así, el 97.4% opinan quela capacitación fue buena o muy buena. Cabe destacar que de un promediogrupal inicial de 3/10, los participantes autoevaluaron públicamente sus co-nocimientos con un 6.4/10, lo que implica más del doble de aprendizaje enlos temas propuestos e incrementos sustanciales, especialmente en los temasde compensaciones y consulta previa, así como en las calificaciones indivi-duales, cuyos valores mínimo y máximo pasaron de 1/5 al inicio a 5/9 al fi-nal, respectivamente. Las calificaciones objetivas demostraron igualmenteque todos los participantes demostraban un buen nivel de conocimientosgenerales con relación a la temática9. No obstante, la mayoría de los facili-tadores señalaron temas de capacitación que necesitaban ser ampliados ydieron sugerencias para mejorar los materiales y la organización de los even-tos10.

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9 Con relación a los resultados finales de la consulta (favorables al inicio de un proceso petrolero“condicionado” – ver más adelante), es interesante constatar que, de acuerdo a las evaluaciones delos conocimientos adquiridos, los facilitadores estaban en condiciones de precisar mucho mejor losriesgos/amenazas del petróleo que las oportunidades. Esta relativa mayor capacidad de dar cuentade los aspectos negativos es atribuible a los siguientes factores: (i) el énfasis de los talleres de con-sulta (UPS, 2002) en los riesgos y daños socio-ambientales causados por el petróleo; (ii) la infor-mación contra el petróleo por parte de grupos opuestos al proceso petrolero y a la consulta misma,difundida permanentemente a través de los medios de comunicación locales, y realimentada por lasituación de Sucumbíos (juicio a la Texaco) y de Sarayaku.

El balance general de los talleres intercomunales de capacitación (un re-presentante de cada comunidad, más los representantes de federaciones yjuntas parroquiales) ha sido altamente positivo, tanto con relación a los con-tenidos, como a las exposiciones, la organización y el taller en general. Deacuerdo a los cuestionarios administrados entre los participantes, el 98.25%estimaron que los talleres habían sido buenos o muy buenos, oscilando en-tre el 100% en cuanto a contenidos y el 92.75% en cuanto a organización.No obstante, los participantes formularon sugerencias relacionadas con larealización de talleres adicionales de capacitación, sobre todo en las comu-nidades, que involucraran también a las mujeres; la entrega oportuna demateriales, la mayor claridad en las exposiciones, la capacitación adicionalde los facilitadores, la mejor coordinación con las bases y la mejor organiza-ción de las comunidades. También cabe señalar la existencia de ritmos y ca-pacidades diferentes en los facilitadores. El logro más importante ha sido laparticipación activa de la mayoría de delegados de las comunidades, lo queposibilitó su posterior conducción de las asambleas comunitarias. Adicio-nalmente, en la mayoría de los talleres los participantes decidieron elaboraractas de recomendaciones, que orientaran el posterior trabajo de las comu-nidades11.

En cuanto a los talleres comunales, la mayoría de la gente ha aceptadoy entendido las explicaciones dadas por los facilitadores y los delegados a lostalleres intercomunales, solicitándoles toda la información posible. La capa-citación, realimentada permanentemente por los programas radiales diariosen kichwa y castellano, confirmó la necesidad de actuar sobre la base de in-formación y argumentos ciertos. Al igual que en los demás talleres, los par-ticipantes formularon sugerencias relacionadas con la realización de talleressimilares sobre los mismos temas y sobre otros temas de interés comunita-rio, con apoyo de folletos y documentos; también pidieron mayor tiempopara el tratamiento de los temas, para el trabajo de grupos y para el análisisen plenaria.


10 Muchos de los temas fueron abordados de nuevo a raíz de la revisión conjunta del proceso y de susresultados. No obstante, el pedido formal de ampliación de la capacitación está en proceso de seratendido en el período post-consulta, a través de la profundización de la temática petrolera y de lacreación de condiciones apropiadas de participación en el proceso de exploración y explotación hi-drocarburífera.

11 Algunas actas (como la de 24 de Mayo - Orellana) fueron transmitidas por la radio local, como unejemplo de acuerdo entre las organizaciones y como el ejercicio de un derecho ciudadano.

En general, la demanda por momentos de capacitación e informaciónadicionales ha sido compatible con la sensación de haber recibido una in-formación lo suficientemente pertinente y apropiada como para posibilitarun pronunciamiento.

Los pronunciamientos de las comunidades

Analizaremos a continuación los resultados de los pronunciamientos de lascomunidades y organizaciones del área de los bloques acerca del proceso pe-trolero. Para poder calibrar apropiadamente su alcance, los pronunciamien-tos son considerados en el marco socio-organizativo en el que fueron pro-nunciados.

Las asambleas comunitarias

Programación y características

Una de las actividades fundamentales del proceso de consulta previa han si-do los talleres – asambleas al nivel de cada comunidad, cuya realizaciónapropiada exigió una organización sumamente prolija para lograr los obje-tivos de participación trazados. Además de los factores externos (incesantesataques de grupos fundamentalistas opuestos a la consulta), la programa-ción debía tener en cuenta factores como la cantidad de comunidades a car-go de cada facilitador, la entrega oportuna de convocatorias, la disponibili-dad de tiempo de los dirigentes comunitarios y de los miembros de la co-munidad, la consideración de divisiones y disputas al interior de las comu-nidades, el acceso a las comunidades (vial y fluvial), la disponibilidad de re-frigerios en cada comunidad, etc.

En este espacio, como hemos señalado, los miembros de las comunida-des han recibido en una primera parte (el taller) la información necesaria so-bre los diversos temas contenidos en la consulta previa, a través de los dele-gados que participaron en los talleres intercomunales de capacitación, apo-yados por los facilitadores. Durante la segunda parte (alrededor de cinco ho-ras), los participantes se han instalado en asamblea extraordinaria, han deli-

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berado sobre los temas abordados y han tomado las resoluciones más perti-nentes respecto a la conveniencia o no de que se lleven a cabo actividadesde explotación hidrocarburífera en su territorio. Como hemos señalado, lostalleres comunales se realizaron después de los intercomunales (en los queparticiparon miembros de cada comunidad), que estuvieron precedidos yacompañados por programas radiales.

Con la finalidad de que los talleres-asambleas se desarrollaran de acuer-do a lo previsto, los presidentes de las federaciones y parroquias, junto conlos facilitadores y con el apoyo del equipo técnico de la UPS, creyeron ne-cesario que se diseñara una propuesta de instructivo para el desarrollo de lasreuniones. Dicho instructivo desarrollaba los aspectos formales de las asam-bleas, es decir, convocatorias, participaciones, horarios, constitución de laasamblea y su legalidad, sugerencia de formatos para capturar los pronun-ciamientos, etc. En este instructivo constaba expresamente la posibilidad depronunciarse en contra del petróleo, en caso de que los riesgos parecieranincontrolables o fueran más grandes que las oportunidades.

Desarrollo de los talleres-asambleas

En la totalidad de los talleres-asambleas se recurrió al mismo tipo de proce-dimientos, ya que la práctica parlamentaria es conocida por todos los presi-dentes y miembros de las comunidades. En este caso especial, los presiden-tes de las comunidades resaltaron el hecho histórico de que por primera vezhabían sido tomados en cuenta y convocados para ser capacitados y consul-tados sobre un asunto de vital importancia para la vida de las comunidades.

En el momento de instalación de la asamblea extraordinaria por partede los dirigentes de la comunidad, se procedió a constatar la existencia dequórum; posteriormente, se inició el análisis y la discusión de los temas pre-sentados, para proceder luego a la toma de decisiones y resoluciones, quefueron registradas por el secretario/a de la asamblea.

Un elemento fundamental en la realización de estos eventos fue la deci-sión de que los talleres se desarrollaran en su mayor parte en kichwa, lo quecoadyuvó a un mejor entendimiento y captación de los temas de la capaci-tación.

Las deliberaciones culminaron en la escritura del acta de la asamblea,que contiene los pronunciamientos de los participantes y directivos. Las re-


soluciones fueron tomadas mediante votación simple, ya que los participan-tes habían dado a conocer previamente sus criterios y razonamientos perso-nales. Las asambleas culminaron con la suscripción del acta por parte de ca-da uno de los participantes y de los directivos de la comunidad, si bien notodas las asambleas lograron procesar el acta correspondiente (ver más ade-lante).

Las actas fueron entregadas en forma directa por los dirigentes de las co-munidades a los facilitadores o a las oficinas de consulta; pero también fue-ron remitidas a las federaciones o juntas parroquiales. Todas las actas fueronconcentradas luego en el equipo de la UPS, a fin de proceder a su análisis ynotarización.

Pronunciamientos

Analicemos brevemente la dinámica de la participación y de los pronuncia-mientos de cada comunidad.

En general, fueron convocadas el 97% (368) de las comunidades indí-genas del área, incluyendo comunidades de indígenas y colonos; el 3% res-tante no se dejó convocar por problemas organizativos internos o por opo-sición al proceso de consulta, normalmente orquestado desde afuera de lapropia comunidad. De ellas, se reunieron en asamblea 337 comunidades (el88.91%). En distintos sectores (por ejemplo, Tálag y Misahuallí), algunasde las comunidades convocadas se negaron a realizar la asamblea - taller o apronunciarse, debido a la naturaleza de las actividades que realizaban (eco-turismo), que consideran podrían verse afectadas por la actividad petrolera,y por influencia de un grupo local contrario a la consulta (ReCoka). Otrascomunidades no participaron por falta de interés, por estar en otras ocupa-ciones, por haber hecho caso omiso de la convocatoria enviada por el presi-dente de la comunidad o porque el propio presidente de la comunidad senegó a convocar a pesar de la insistencia de sus bases en ser consultadas (unacomunidad). A pesar de todo, el porcentaje de realización de asambleas hasido muy alto (el 89%).

De las 337 comunidades consultadas, se han pronunciado mediante al-gún tipo de acta 291 comunidades, el 76.78% del total; de ellas, 263 comu-nidades han entregado un acta válida, es decir, que contenga el pronuncia-

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miento de la comunidad y las firmas de los participantes, lo que representael 90.37% de las comunidades que han emitido actas, el 78% de las que hancelebrado asamblea y el 69.39% del total de comunidades existentes en elárea de los bloques. El 89.73% del total de actas válidas se pronuncian porun sí condicionado. Por bloque, sobre el total de actas válidas, se ha pronun-ciado por un sí condicionado el 90.76% de las comunidades en el bloque20, y el 87.34% en el bloque 29. El resto de las comunidades se ha pronun-ciado por un no al petróleo (9.2%) o por la moratoria (1.27%).

Con relación a las asambleas internas de las organizaciones, que se ins-talan cuando asisten la mitad de los socios más uno, los dirigentes conside-ran que la participación ha sido un éxito, sobe todo teniendo en cuenta elcontexto adverso que rodeó a la consulta; de hecho, es difícil lograr más del60% de participación en promedio.

En cuanto a la entrega de actas, se ha visto dificultada por varios facto-res; entre ellos, cabe nombrar los siguientes:

- Poca capacidad de algunas comunidades para redactar las actas. Comola consigna era que el facilitador se retirara para dejar deliberar a laasamblea, algunas comunidades no pudieron elaborar el acta el mismodía de la asamblea y fueron postergando su entrega.

- Interferencia de otros procesos: ingerencia de organizaciones ecologistasradicales, partidos extremistas, dirigentes antiguos que no entendían elproceso; incidencia de las experiencias de otras comunidades fuera delárea (casos Texaco en Sucumbíos y Sarayaku en Pastaza), etc.

- Desinterés y olvido de algunas comunidades, o diferencias fuertes deopinión en la asamblea.

- Chantaje de algunos dirigentes; de hecho, los presidentes de algunas co-munidades se negaron a firmar el pronunciamiento positivo de la ma-yoría de los participantes porque tenían otra posición, y propusieroncambiar el pronunciamiento que había prevalecido en la asamblea.

- Imposición desde los dirigentes de alguna de las organizaciones mayo-res que temían perder control o influencia con un pronunciamiento in-dividualizado (y afirmativo) de sus bases; este tipo de actitudes estuvie-ron también influidos por grupos externos de “apoyo”. Esto tendió a su-ceder, por ejemplo, en ACIA (Pastaza) y en la cooperativa Rukullakta(Napo).


Teniendo en cuenta el contexto de la consulta, se resolvió reconvocar en va-rias ocasiones sucesivas a aquellas comunidades en las que no se había podi-do realizar el taller – asamblea, intentando que el derecho al pronuncia-miento fuera ejercido en su plenitud. Los informes de cada facilitador dancuenta de la dinámica de convocatoria, asistencia y pronunciamiento en ca-da comunidad, así como las razones de las actas faltantes.

Si bien hubiera sido conveniente disponer de un tiempo mayor, la ma-yoría de las comunidades se sintieron lo suficientemente informadas (radio,talleres intercomunales y taller comunitario) como para deliberar y adoptarresoluciones. Por otra parte, conviene tener en cuenta que sobre estos pro-cesos pesan enormes pasivos socio-ambientales, que no pueden ser absuel-tos en su totalidad de manera inmediata.

De todas formas, considerando las circunstancias desfavorables queacompañaron al proceso (simultaneidad de los episodios de Texaco y Sara-yaku; hostigamiento permanente de grupos opuestos a la realización de laconsulta, que no vacilaron en recurrir a métodos como el chantaje, la desin-formación y la calumnia), se ha cumplido ampliamente con los objetivostrazados.

Las asambleas intercomunitarias

Estructura y funciones

Las asambleas intercomunitarias son los espacios de expresión y participa-ción del conjunto de los miembros de las comunidades, pertenecientes entérminos socio-organizativos a las federaciones y en términos socio-territo-riales a las juntas parroquiales. Conforme al instructivo elaborado conjun-tamente entre el equipo UPS y los presidentes de federaciones y juntas pa-rroquiales (Tena, 27/11/2003), el objetivo de estas asambleas era recoger lospronunciamientos de las comunidades para validarlos, complementándolosapropiadamente en función de las orientaciones colectivas. Adicionalmen-te, otros objetivos eran reflexionar, analizar y discutir en forma conjunta so-bre el proceso de consulta previa, sus aciertos y debilidades, así como emi-tir un pronunciamiento colectivo sobre las posiciones y propuestas, relacio-nados con la pertinencia de promover o no procesos de explotación hidro-

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carburífera en sus territorios. En este sentido, la función de la asamblea in-tercomunal fue validar las decisiones de las comunidades, pero no podía iren contra de ellas si ya había habido un pronunciamiento explícito, salvocuando el proceso de toma de decisiones hubiera estado gravemente vicia-do. En este sentido, las decisiones comunitarias podrían, en último extre-mo, prescindir de la validación de la asamblea intercomunal12; pero lasasambleas intercomunitarias no pueden prescindir de los pronunciamientoscomunitarios, una vez emitidos13.

Por razones prácticas (facilitar la organización y asistencia de los presi-dentes de las comunidades), las asambleas se realizaron en las cabeceras pa-rroquiales o cantonales, aunque las convocatorias fueron firmadas por elconjunto de presidentes de federaciones existentes en un determinado espa-cio parroquial, además del presidente de la junta parroquial misma. A pesardel estrecho margen de tiempo disponible entre la convocatoria y la realiza-ción de las asambleas intercomunitarias, éstas se celebraron con absolutatransparencia y de acuerdo a lo establecido en el instructivo elaborado. Lasdiscusiones se desarrollaron de manera profundamente democrática, con-forme a mecanismos parlamentarios conocidos y practicados por todos losdirigentes participantes. Los facilitadores se reintegraron en este momentoa sus respectivos espacios organizacionales, como un miembro más, aunquecalificado por el proceso de formación vivido y la experiencia adquirida. Latarea de conducción de las asambleas fue encomendada a los presidentes ysecretarios ad hoc elegidos por los participantes, que asumieron esta labor demanera responsable, eficiente y transparente, con el reconocimiento de losparticipantes.


12 Es el caso de las comunidades cuyos presidentes no pudieron asistir a las asambleas, pero cuya opi-nión es considerada plenamente legítima para los fines de la consulta, salvo en caso de que hubie-ra habido impugnación.

13 Existe a veces en las comunidades un mal entendido “asambleismo”, que es utilizado de manerapoco democrática por algunos dirigentes para impedir que las comunidades se pronuncien, con elpretexto de que son “manipulables”. En este sentido, el verdadero camino es seguir exponiendo alas comunidades a procesos de información y capacitación como el realizado a propósito de la con-sulta, de manera que estén en condiciones de poder expresar sus propias percepciones en formacomplementaria a las de sus dirigentes.

Agenda y desarrollo

Durante el período de consulta se realizaron 13 asambleas intercomunita-rias, que se han llevado a cabo en el lapso de dos semanas de trabajo en lassiguientes parroquias o sectores:Napo: San Jacinto (Archidona), Mondayacu-Cotundo, Pano, Talag, Tena –Chambira (comunidades independientes), Ahuano, Puerto Napo - Arose-mena Tola, Misahualli y San Pablo.14

Pastaza: Santa Clara, AMA-Arajuno y El Triunfo15

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14 La asamblea de la Cooperativa Rukullakta, organización adscrita a la FONAKIN, se celebró des-pués de finalizado el proceso de consulta, dos semanas después del plazo final previsto (30 de no-viembre) (15.12.03). El acta de la cooperativa fue emitida el 17.12.03 y es contraria al proceso pe-trolero, aunque reconoce y valida el proceso de consulta. La Cooperativa Rukullacta (Napo) ha si-do la organización que ha recibido mayor apoyo durante el proceso de consulta para la realizaciónde innumerables asambleas internas, muy por encima del promedio de apoyo brindado, debido asu compleja y, a la vez, estructuralmente débil organización interna (entre otros factores, ausenciade personería jurídica definitiva); adicionalmente, ha sido la organización que ha contado con elmayor número de facilitadores. Con todo, han existido intentos evidentes de condicionar los re-sultados de estas asambleas por parte de miembros de Recoka, junto con integrantes de otros gru-pos ecologistas y algunos dirigentes locales afines a sus planteamientos. En una ocasión llevaronbuses llenos de gente para que corearan incesantemente las consignas de sus líderes e intentaranconvertir la asamblea de la cooperativa en “asamblea del pueblo”. Los miembros de la cooperativa,sin embargo, desestimaron esta sugerencia y les invitaron a retirarse, declarando que sus resolucio-nes debían ser tomadas solamente por ellos, sin la presencia de mishus (mestizos).Por otra parte, ha existido una flagrante falsificación de una convocatoria interna del presidente dela cooperativa, ya que se emitió por la radio una convocatoria supuestamente firmada conjunta-mente por la cooperativa y miembros de organizaciones ecologistas, en la que se convocaba a laFONAKIN (Napo), la CONAIE, la CONFENIAE, el CODENPE y otras instituciones naciona-les a participar en la asamblea de la Cooperativa. Salvo asesores directos de algunos de los gruposmencionados, venidos desde Quito, nadie más participó en esta asamblea; el presidente de laCONFENIAE participó en una asamblea posterior. El entonces presidente de la Cooperativa tu-vo que hacer una declaración pública por Radio Ideal del Napo, desmintiendo la convocatoria.En este caso, y a pesar de numerosas reuniones previas en los subcentros, los dirigentes de la coo-perativa decidieron apelar solamente al nivel intercomunitario, desconociendo el instructivo apro-bado por los presidentes de las federaciones y parroquias, en el que consta expresamente la necesi-dad de contar previamente con actas comunitarias para avalar los pronunciamientos de los presi-dentes en la asamblea intercomunal, a fin de conjurar el riesgo de eventuales manipulaciones (vernota 13). Sin embargo, todas las comunidades apoyaron el proceso de consulta previa y algunas deellas emitieron individualmente pronunciamientos favorables a un proceso petrolero condiciona-do, antes de la declaración colectiva.

15 Adicionalmente, se celebró una asamblea en la organización Ayllupura de Arajuno, compuesta poruna sola comunidad y en proceso de crecimiento; la comunidad se pronunció por un sí condicio-nado, pero entregó tarde su acta, por lo que no es considerada aquí. En cuanto al Triunfo, alrede-dor del 95% de las comunidades de la parroquia están integradas por colonos serranos, aunqueexiste también una minoría de indígenas kichwas amazónicos y shuaras en algunas comunidades.

Orellana: 24 de Mayo

Las asambleas fueron convocadas simultáneamente por todos los presiden-tes de las federaciones presentes en cada sector, más los presidentes de las pa-rroquias respectivas. La concurrencia del 68% de los dirigentes de las comu-nidades involucradas en la consulta, a pesar de la rapidez de la convocato-ria, da cuenta de la importancia que las comunidades han otorgado a esteproceso, avalado y legitimado por ellas. En todo caso, se trata de una con-currencia superior al promedio de presencia de las bases a las asambleas con-vocadas por sus propias dirigencias. La mayoría de las asambleas fueron rea-lizadas en kichwa.

De acuerdo a la convocatoria, los representantes de las comunidades sereunieron un tiempo aproximado de ocho a diez horas de trabajo. Los mo-mentos contemplados eran los siguientes: (i) lectura de los pronunciamien-tos de los presidentes; (ii) análisis, discusiones, toma de decisiones y plan-teamiento de propuestas; (iii) elaboración y suscripción del acta.

El primer momento de la asamblea (en la mañana) fue la lectura de lospronunciamientos comunitarios transcritos en actas, añadiendo eventualescomentarios respecto a las resoluciones tomadas y las propuestas realizadas.

En el segundo momento de la asamblea intercomunitaria (en la tarde),se dio paso a la participación de los presentes. Este espacio fue utilizado pa-ra recapitular los pronunciamientos de las comunidades y ratificarlos, ade-más de reflexionar, analizar y discutir en forma conjunta sobre el proceso deconsulta previa, los pronunciamientos realizados y las propuestas formula-das. La participación fue registrada por el secretario/a de la asamblea.

El tercer momento (final de la tarde) fue la elaboración del acta de laasamblea, que contiene los pronunciamientos de los participantes y directi-vos. Como en el caso de las asambleas comunales, las resoluciones fuerontomadas mediante votación simple, ya que las participantes habían dado aconocer previamente en forma extensa sus criterios y se remitían a pronun-ciamientos anteriores realizados por cada comunidad. A continuación seprocedió a la suscripción del acta por cada uno de los participantes en laasamblea y de los directivos de la misma.


Debido a que se trató de un pronunciamiento colectivo, fue imposible realizar una discriminacióndetallada por comunidad.

Pronunciamientos

En general, como hemos señalado, la participación de los 229 presidentescorresponde al 67.9% de las 337 comunidades que han realizado asambleacomunitaria. Todas las asambleas intercomunales se instalaron con quórumsuficiente.

En la mayoría de los casos, los presidentes participantes ratificaron lospronunciamientos realizados por sus comunidades; sin embargo, cabe seña-lar que algunos presidentes decidieron cambiar el pronunciamiento de susbases sin el consentimiento expreso de ellas; por ejemplo, en algunos casosel anterior sí condicionado se decantó en un pedido de moratoria o en unpronunciamiento en contra. Con estas salvedades, y con relación a las asam-bleas en las que ha existido algún tipo de pronunciamiento formalizado enacta, los resultados son los que siguen:

Se pronuncian a favor de un sí condicionado al proceso petrolero el76.4% de los presidentes.

Se pronuncian contra el proceso petrolero el 13.1% de los presidentes. Se pronuncian por una moratoria de la consulta y del proceso petrole-

ro el 7.9% de los presidentes16.Manifiestan tener opiniones divididas el 2.6% de los presidentes que

participaron en las asambleas.

La asamblea intercomunitaria de ACIA ha sido aplazada indefinida-mente (ver más adelante), por lo que su falta de pronunciamiento ha sidoconsiderada como abstención17.

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16 La moratoria es una tendencia que no apareció en los pronunciamientos comunitarios. Además deun porcentaje minoritario de presidentes individuales de Tálag y San Pablo (que votaron en unadirección distinta a la de sus comunidades), la parroquia de El Triunfo (Pastaza) se pronunció co-lectivamente por la moratoria.

17 En el caso de la Asociación de Comunidades Indígenas de Arajuno - ACIA (Pastaza), instituciónmiembro de la OPIP, la situación ha sido también compleja. ACIA recibió un apoyo especial en elproceso de consulta, al hacer posible la selección de dos facilitadores en lugar de uno (número pro-porcional a la cantidad de comunidades), en consideración a la dispersión territorial del área. Enel taller intercomunal de capacitación, impartido a alrededor de 50 presidentes y miembros de lascomunidades y de la directiva de ACIA, todos los participantes manifestaron su agradecimiento yfelicitaron efusivamente al equipo de la UPS. Como puede apreciarse por los resultados de la eva-luación, fue uno de los talleres mejor evaluados del proceso. En este taller fue validado por prime-

Más allá de los pronunciamientos de los presidentes (la mayoría a favorde un sí condicionado a favor del petróleo), el resultado principal de estasasambleas intercomunales ha sido la validación global del proceso de con-sulta (no se registró ninguna denuncia sobre irregularidades en los procedi-mientos y en la participación), y las tendencias generales de los pronuncia-mientos comunitarios. Las diferencias en cuanto a los porcentajes, con rela-ción de los pronunciamientos de las comunidades, se explican por la ausen-cia de una parte de los presidentes (la mayoría de los ausentes eran partida-rios del sí condicionado), por la decisión ilegítima de algunos presidentes decambiar sin motivo el voto comunitario y por el peso proporcional de lospronunciamientos de una asamblea intercomunal (El Triunfo) que no estu-vo precedida por asambleas comunitarias.

Resoluciones

En los pronunciamientos de las catorce asambleas intercomunitarias que sereunieron prevalecen las resoluciones relacionadas con ocupación de la fuer-za de trabajo local, capacitación – educación, fortalecimiento organizativo,fondo de compensaciones, protección de áreas sensibles, proyectos produc-tivos, infraestructura social y productiva y salud.

En realidad, desde un repensamiento global de las propuestas realizadasen el marco del comité de presidentes de federaciones y parroquias, aparececlaro que la creación de un fondo de compensaciones permitiría absolver lamayoría de las demandas, bajo la forma de una capitalización de los aportes


ra vez en forma conjunta el instructivo para las asambleas comunitarias, en el que se recoge la po-sibilidad de realizar un pronunciamiento a favor o en contra del petróleo.Posteriormente se realizaron las asambleas - talleres en todas las comunidades. Algunas comunida-des se pronunciaron favorablemente al inicio del proceso petrolero y transcribieron su pronuncia-miento en actas (de hecho, algunas de estas actas fueron entregadas al equipo de la UPS), aunqueponiendo condiciones drásticas que hubieran transformado el sí en un no en caso de incumpli-miento de las propuestas. Aparentemente, este hecho intranquilizó a algunos dirigentes de Pastaza(que habían adoptado ya al nivel provincial una posición a favor de la moratoria de la explotaciónpetrolera, a partir de experiencias previas negativas, como la de Sarayaku) y a miembros de orga-nizaciones de apoyo no-indígenas. En la última asamblea deliberativa, convocada por la directivade ACIA (diciembre del 2003) y en la que participaban representantes de la mayoría de las comu-nidades, la palabra fue monopolizada rápidamente por miembros de 3 comunidades, apoyados porun grupo de “solidaridad” compuesto por estudiantes de la Universidad Central, que invitaron ala asamblea a pronunciarse contra el petróleo. Con todo, el pronunciamiento colectivo quedó di-ferido para una asamblea posterior, hasta ahora pendiente.

de las empresas, más otras donaciones internacionales, que serían redistri-buidas hacia las comunidades bajo la modalidad de cuotas por población ypetróleo. Los fondos serían manejados bajo la modalidad de un fideicomi-so (ver “Propuestas de las comunidades”).

Notarización de las actas comunales e intercomunales, y validación porparte del Estado y de los presidentes de federaciones y parroquias

Una vez consignadas las actas, tanto comunitarias como intercomunales, és-tas fueron fotocopiadas y llevadas a la notaría del cantón Tena para su debi-da notarización como copias fieles del original. Fueron notariadas como co-pia fiel del original un total de 263 actas comunitarias y 14 actas interco-munales.

La validación de las actas comunales e intercomunales ha contado conuna última instancia que le ha dado una legitimación adicional, ya que hansido revisadas por los presidentes de federaciones y juntas parroquiales,comparando el original y las copias notariadas, y avaladas como fidedignas.Al mismo tiempo, este hecho ha permitido una apropiación del proceso porparte de los representantes de las organizaciones.

Conforme a las modalidades previstas, los pronunciamientos, opinionesy propuestas de las asambleas fueron presentados formalmente en cada unade las oficinas de consulta (Archidona y Ahuano), donde han sido revisadosy completados, para dar inicio al proceso de sistematización por parte de laUniversidad Politécnica Salesiana, en cuanto encargada de facilitar el proce-so de consulta.

El Estado avaló los resultados de la consulta el 20 de diciembre de 2003.

Las propuestas de las comunidades18

Antecedentes

En el marco de la reciente consulta previa a los pueblos indígenas de los blo-ques 20 y 29 de la Amazonía ecuatoriana, propiciada por el Estado en apo-

208 Xavier Izko

18 Se trata de un resumen de propuestas más específicas, ya presentadas al Estado y básicamente acep-tadas. Estas propuestas están en proceso de ser ampliadas y concretadas durante la etapa post-con-sulta.

yo al ejercicio de un derecho colectivo, amparado por el Convenio 169 dela OIT y reconocido por la Constitución, la mayoría de las organizacionesy comunidades del área han emitido pronunciamientos globales favorablesal inicio de un proceso de exploración y explotación petrolera.

Las decisiones de las comunidades están sustentadas en los siguientesfactores:

- El reconocimiento del derecho del Estado a utilizar el petróleo, queconstituye una parte fundamental de los ingresos fiscales.

- La convicción de que es posible controlar en gran medida los riesgosambientales y sociales que acompañan al proceso petrolero (tecnologíaslimpias, respeto a las áreas sensibles, vigilancia social).

- La perspectiva de poner en marcha procesos tendientes a una mejor dis-tribución de los ingresos derivados del petróleo para promover el desa-rrollo regional, tanto bajo la modalidad de un fondo regional de com-pensaciones al inicio del proceso petrolero (5% de las inversiones de lascompañías petroleras, por fases; donaciones internacionales), como deuna redistribución más equitativa de la renta petrolera al final (Estado).

En este sentido, se trata de un sí condicionado, ya que forma parte indiso-luble de dicho pronunciamiento la formulación de una serie de propuestassocio-ambientales, que tienen como referente el Convenio 169 de la OIT(ratificado por el Ecuador), la Constitución Política del Estado y las demásnormativas ambientales de la República (Ley de Gestión Ambiental, Regla-mento Sustitutivo de Operaciones Hidrocarburíferas, normativas de Petroe-cuador).

Las propuestas concretan los planteamientos de los pueblos indígenas yhan sido elaboradas durante un período de un año y medio, entre agosto de2002 (inicio del diagnóstico y los primeros talleres de metodología de con-sulta), y la finalización de la consulta previa en diciembre de 2003. En elmarco de la consulta, las propuestas fueron debatidas en alrededor de 400talleres y asambleas (comunales, intercomunales y de presidentes de federa-ciones y parroquias) durante los meses de octubre, noviembre y diciembredel año 2003.

De las “malas prácticas” de muchas de las empresas petroleras en el pa-sado reciente (daños al medio ambiente, a la cultura y a las organizaciones


locales), es preciso extraer difíciles “lecciones aprendidas” para que se con-viertan en referente del futuro proceso de exploración y explotación en elárea de los bloques. En esta dirección, las propuestas plantean la necesidadde realizar un esfuerzo mucho más consistente por:

- Redefinir la “cultura petrolera” de muchas compañías, evitando aproxi-maciones directas a cada espacio comunitario, que se presta a manipu-laciones y a la división de las organizaciones.

- Implementar tecnologías limpias.- Asegurar la participación de las poblaciones locales en el marco de sus

propias instituciones representativas.- Apoyar iniciativas de compensaciones colectivas y mejor redistribución

del ingreso, para que los habitantes de la región puedan vivir en digni-dad.

Por otra parte, como ha sido evocado al inicio, el fundamento del Conve-nio 169 de la OIT, suscrito por el Ecuador, es el reconocimiento de las as-piraciones de los pueblos indígenas “a asumir el control de sus propias ins-tituciones y formas de vida y de su desarrollo económico, y a mantener yfortalecer sus identidades, lenguas y religiones dentro del marco de los esta-dos en los que viven”. En forma paralela a las modalidades del proceso deconsulta previa (prescritas por el Reglamento), el proceso de ejecución de al-ternativas de desarrollo de los bloques deberá contar también con la parti-cipación directa de las mismas organizaciones representativas de las comu-nidades (federaciones y parroquias); para ello, deberán seguir siendo capa-citadas, a fin de que estén en grado de desempeñar un rol protagónico en elproceso de toma de decisiones y en el control social del proceso de explora-ción y explotación petrolera.

Capacitación

El proceso de consulta ha contribuido poderosamente a elevar los conoci-mientos, la conciencia y el nivel de organización local. Sin embargo, frentea los inmensos pasivos sociales no cubiertos todavía por las instituciones delEstado ni por la cooperación internacional, quedan al descubierto una seriede aspectos que las organizaciones solicitan satisfacer. La primera serie de

210 Xavier Izko

propuestas se relaciona con la profundización de las distintas temáticas re-lacionadas con derechos colectivos, participación y vigilancia social, norma-tivas petroleras, tecnologías limpias, monitoreo socio-ambiental, fortaleci-miento organizativo, gestión del desarrollo local y manejo de conflictos.

Estas demandas a corto plazo están en proceso de ser satisfechas por elEstado, a través de la ampliación y focalización de la capacitación duranteel período post-consulta previo a la licitación petrolera. Otras demandas decapacitación y profesionalización se relacionan con la implementación deun fondo de compensaciones (ver más adelante).

Aspectos ambientales y sociales de los contratos

Las propuestas de las comunidades se relacionan también con el cumpli-miento de las normativas ambientales, en particular la implantación de unsistema de gestión ambiental que prevenga, disminuya y/o controle los im-pactos ambientales, dando cumplimiento a la legislación ambiental, desa-rrollando medidas preventivas y/o correctivas, y adoptando normas de cali-dad ambiental tipo ISO 14.001.

Junto a ello, piden que se concrete la realización de estudios de impac-to ambiental participativos (EIA-P) y la implementación de procedimientosde vigilancia social, inscritos en el marco institucional y participativo delfondo de compensaciones (ver más adelante) y financiados a través de él.Plantean que el conjunto de acciones de control, vigilancia y evaluación delas actividades hidrocarburíferas se realice de manera organizada e indepen-diente, planteando temas relevantes para la vida comunitaria, y contandocon medios para difundir sus acciones y resultados a la sociedad.

Conforme a las normativas de Petroecuador, también planean que losseguros de las compañías petroleras cubran los riesgos de vida y salud hu-manas, la contaminación, y eventuales afectaciones al ecosistema, a la floray a la fauna, en el entendido que la afectación del ambiente será de enteraresponsabilidad de las compañías.

Por otra parte, solicitan que en cada una de las etapas del proceso petro-lero sean implementadas las tecnologías más limpias disponibles, descritas yanalizadas durante la consulta19.


Indemnizaciones y compensaciones20

Las propuestas incluyen la indemnización directa de los daños eventualescausados a las fincas, proyectos productivos o propiedades. Para ello, se re-currirá a métodos como costo/beneficio y costos de oportunidad, sobre labase de precios actualizados de mercado, considerando la extensión e inten-sidad del daño (total o parcial) y el tiempo que va a durar (temporal o per-manente). Adicionalmente, se recurrirá a métodos de valoración de todoslos bienes forestales (maderables y no maderables) y de los servicios ambien-tales que sean afectados (agua, aire, control de la erosión, etc.), sugeridospor el diagnóstico socio-económico de los bloques. No obstante, en la pers-pectiva actual de las comunidades, el objetivo es que las medidas socio-am-bientales a ser implementadas prevengan los impactos y eviten o minimicenla necesidad de realizar indemnizaciones.

En cuanto a las compensaciones, las comunidades plantean que la com-pañía o compañías titulares inviertan un porcentaje del total de sus inver-siones por fase en la creación de un fondo de compensaciones colectivas, cu-yas ventajas son las siguientes:

- Permite el planteamiento de propuestas que superen el inmediatismo yla coyuntura, en el marco de un plan global de desarrollo de los bloquesque oriente las acciones del fondo.

212 Xavier Izko

19 Ver Oportunidades y riesgos del petróleo (Folleto de capacitación n° 3. Quito, UPS, 2003. Ademásde las tecnologías conocidas y experimentadas en los bloques más “sostenibles”, es importante im-plementar tecnologías térmicas avanzadas para la extracción de los petróleos más pesados del tipo“pungara”, abundantes al norte del área de los bloques, obteniendo y usando sosteniblemente elagua requerida en cantidad y calidad. De todas maneras, aunque quedan muchos asuntos por re-solver, los avances técnicos de las operaciones a partir de los noventa permiten demostrar que esposible lograr una importante disminución de riesgos y de impactos ambientales directos (Albán,2003: 147).

20 En las propuestas se distingue cuidadosamente entre indemnizaciones (pago por los daños causa-dos a un determinado propietario o comunidad) y compensaciones colectivas, cuya justificación sebasa en las consecuencias globales de la irrupción de las compañías en el espacio comunitario, e in-cluye tanto el uso directo o indirecto de este espacio, cuanto los impactos asociados (ambientalesy sociales) cuya medición es difícilmente cuantificable (ver Indemnizaciones y compensaciones parael desarrollo regional. Folleto de capacitación n° 4. Quito, UPS, 2003). Esta diferenciación ayuda aevitar eventuales expectativas de derrames susceptibles de ser indemnizados (cf. Bustamante,2003:42-43), ya que los verdaderos beneficios se focalizan en las compensaciones colectivas para eldesarrollo regional (ver más adelante).

- Salvo en el caso de indemnizaciones directas o compra directa de bienesy servicios a un privado, este fondo sustituye la necesidad de que la pe-trolera realice inversiones directas en las distintas subáreas de los blo-ques, que serán canalizadas a través del fondo.

- En este sentido, crea las condiciones para evitar el riesgo de manipula-ción y conflicto, al soslayar la relación directa de los antiguos “relacio-nadores comunitarios” con cada comunidad y familia.

El fondo se estructurará a partir del 5% de las inversiones petroleras por fa-se, complementado por otras posibles inversiones y donaciones de organis-mos internacionales, que serán colocadas en un fideicomiso. La compañíapetrolera se relacionará directamente con los representantes del fondo (demayoría indígena) y sus distintas instancias (directorio, comité técnico, co-mité administrativo, comités subregionales), conforme al organigrama defunciones en proceso de definición.

En este contexto, todas las comunidades se benefician proporcional-mente, según cuotas diferenciales de población y producción petrolera porárea, contribuyendo a controlar las inequidades en el proceso de desarrolloregional21.

El conjunto de recursos canalizados por el fondo se invierte en el mar-co de un plan global de desarrollo de los bloques, con líneas de proyecto via-bles que se complementan con otras propuestas en curso dentro del área22.Las comunidades preparan propuestas según la cuota que les corresponde(población y petróleo), con apoyo de los especialistas del fondo. Estas pro-


21 Este tipo de propuesta va más allá de las modalidades habituales de distribución clientelar o de lostípicos fondos concursables, donde la oferta es capturada por quienes tienen mayor capacidad dedemanda. En este caso, no se trata de ningún “fondo concursable”, sino de un fondo por cuotas,de manera que todos reciben algún tipo de beneficio. Una vez cumplidos los requisitos para la asig-nación de recursos, estas cuotas se asignarían en función de dos criterios básicos: (i) número de ha-bitantes indígenas rurales por parroquia (incluyendo también las comunidades conformadas porcolonos), que se beneficiarían proporcionalmente con el 50% de los recursos disponibles; y (ii)cantidad de petróleo existente en una determinada zona (el otro 50%), considerando la mayor ex-posición a riesgos por parte de las comunidades y familias en cuyos predios se localizarán las acti-vidades hidrocarburíferas. De esta manera, se pondrán las bases para conjugar la equidad con ladistribución proporcional de los beneficios.

22 Es tan emblemática como patética la falta de apropiada sinergia y coordinación entre institucionesde desarrollo, organizaciones indígenas y entidades gubernamentales, algo que afecta tanto al pe-tróleo (ver Barrera de Jorgenson, 2003: 182-83), como a las demás dimensiones del desarrollo (verIzko, 2003a: 80; 2003b: 115 ss., con relación a las políticas forestales sudamericanas).

puestas son revisadas, realimentadas y aprobadas por las distintas instanciasde fondo, y ejecutadas por las comunidades con el correspondiente asesora-miento técnico23. El fondo poseerá tanto componentes reembolsables (pro-yectos productivos) como no reembolsables (investigación e información,capacitación y profesionalización, fortalecimiento institucional y organiza-tivo, infraestructura social, rescate y dinamización cultural).

Finalmente, las comunidades solicitan que este conjunto de propuestasfiguren en las bases de las licitaciones, solicitud que está en proceso de serconsiderada favorablemente por el Estado.

Análisis del proceso y de sus resultados

El petróleo es un tema particularmente complejo, que ha dado lugar a po-larizaciones radicales, desde el más trágico pesimismo socio-ambiental has-ta una variada gama de optimismos tecnológicos24. Estas contraposiciones sesitúan en la raíz de esos “diálogos fragmentados” que caracterizan el escena-rio socio-ambiental ecuatoriano y, más específicamente, el de la RAE; de he-cho, el petróleo suele ser visto, alternativamente, como el causante de todoslos males o como la única oportunidad para el desarrollo del Ecuador, y tie-ne como correlato el intento de imponer el proyecto petrolero a cualquiercosto o impedirlo a través de la creación de un escenario de confrontacióne incertidumbre.

En este marco, la consulta representa una gran oportunidad de ordena-miento del caos socio-ambiental y económico que asedia al sector petrolero(Albán, 2003:142), ya que constituye la institucionalización de una prácti-

214 Xavier Izko

23 En este sentido, aunque todas las comunidades tienen asegurado el apoyo que les corresponde, elmomento y las modalidades de asignación de la cuota dependen de la calidad de las propuestas yde la real capacidad adquirida para su ejecución por parte de los actores locales, cuya promociónes sobre todo responsabilidad de los funcionarios del fondo de compensaciones, en diálogo perma-nente con las comunidades.

24 Un ejemplo del primero es el libro de Kimerling (1993), mientras que la apología de las “tecnolo-gías de punta” (en proceso de aplicación por parte de compañías como Agip, Occidental o Repsol-YPF) constituiría un ejemplo elocuente de optimismo tecnológico (cf. Bustamante, 2003: 28). Sinembargo, es importante contextualizar estas posiciones en las distintas situaciones socio-ambienta-les donde cobran arraigo. En el caso de los bloques 20 y 29, las propuestas indígenas intentan re-coger las mejores prácticas existentes, adecuándolas a su propio contexto. Ver, entre otros, Fontai-ne, 2003; Acosta, 2003; Varios autores, 2003a y 2003b para una apreciación global de los antece-dentes y tendencias relativos a la geopolítica, la cultura y la economía política del petróleo.

ca democrática, generadora de acuerdos entre la sociedad y el Estado sobreel alcance y las características de la operación petrolera.

Por otra parte, conviene señalar que, antes que un pronunciamiento conrelación al proceso petrolero, se trataba del ejercicio de un derecho colecti-vo, además de un derecho ciudadano, avalado por la Constitución de la Re-pública en ratificación de convenios internacionales, que acreditan a lospueblos indígenas en cuanto tales como sujetos de este derecho. En este ca-so, a los derechos derivados de la participación ciudadana se unen los dere-chos derivados de la convocación colectiva, aplicada a decisiones vitales so-bre el control y manejo de recursos naturales, con implicaciones para el paísy para las poblaciones locales.

Este hecho tiene implicaciones importantes para el desarrollo de la re-gión. En cuanto ciudadanos, los indígenas constituyen una minoría relativacon respecto a los habitantes de las ciudades amazónicas y los grupos mes-tizos rurales, por lo que parecería corresponderles una “cuota de progreso”proporcionalmente menor con relación al resto de la población. En cambio,como pueblos indígenas requieren un tratamiento diferencial y preferencial,tanto con relación al proceso de explotación, como con relación a la distri-bución de la renta petrolera: ellos son los habitantes originarios de los terri-torios amazónicos, han soportado sucesivas oleadas “civilizatorias” por par-te de la sociedad mayor y podrían ser los más afectados por el petróleo, por-que son los que habitan en mayor número las zonas extractivas y son tam-bién los más vulnerables.

Adicionalmente, conforme al Convenio 169 de la OIT, el proceso deejecución de alternativas de desarrollo de los bloques deberá contar con laparticipación protagónica de las mismas organizaciones representativas delas comunidades, en cuanto a la toma de decisiones y el control social delproceso petrolero.

Por otra parte, la experiencia de los bloques 20 y 29 está permitiendotransparentar todo un “juego de oposiciones”, que se inscriben en el marcode la relaciones de poder y conflicto, entendido como un “intercambio mu-tuo e intencional de sanciones negativas o comportamientos punitivos”, quedisminuye las probabilidades del otro de alcanzar los objetivos que persi-gue25. Cuanto más importantes y mutuamente excluyentes son los intereses


25 El poder debe ser entendido, precisamente, como la voluntad de estructurar el posible campo de

en juego, y cuanto más disminuyen las posibilidades de alcanzarlos, tantomás violencia potencial es generada en el conflicto.

Paradójicamente, en este primer momento los “opositores” de las comu-nidades no han sido tanto el Estado o las petroleras, porque el primero haposibilitado el ejercicio de sus derechos y las segundas (a instancias del Es-tado y de las comunidades) están dispuestas al diálogo, a utilizar tecnologíaslimpias, y a apoyar el involucramiento comunitario y la constitución de unfondo de compensaciones. En la percepción de las comunidades, los princi-pales oponentes actuales han sido, más bien, grupos de reales o supuestos“ecologistas” radicales que, más allá de sus opiniones libres respecto al pe-tróleo, han querido impedir el ejercicio de sus derechos y pretenden impug-nar la legitimidad de sus conquistas. Puede esperarse que cuando inicie elproceso petrolero surjan nuevas coyunturas que posicionen a las compañíaspetroleras o al mismo Estado como posibles antagonistas, aunque no se tra-ta de algo deseable; en todo caso, las comunidades necesitan prevenir al má-ximo los posibles impactos de la exploración y explotación, solventando du-das y anticipando problemas que puedan surgir en el ejercicio real de la vi-gilancia comunitaria, en el manejo del fondo de compensaciones, en laidentificación de la cuantía de las indemnizaciones por eventuales dañoscausados, etc. Pero, en este momento, el campo de oposiciones está ambi-guamente signado por la confrontación entre comunidades y grupos de eco-logistas fundamentalistas, y potencialmente entre comunidades a favor y encontra del petróleo, ésta última la minoría26.

Por otra parte, a la luz de los resultados del proceso de consulta, es im-portante señalar que, si bien las petroleras y las comunidades tienen intere-ses claramente distintos (en parte, también el Estado), no se trata de intere-

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acción de los otros, a través del control de sus acciones, haciendo más viables determinados tiposde comportamiento e inhabilitando o anulando otros, y aspira a controlar los márgenes de incer-tidumbre de la acción social (cf. Izko, 1995). Este intento de demarcación del campo de interac-ciones incluye también la búsqueda de legitimidad y, más allá de cualquier cristalización esencia-lista, es compatible con el desplazamiento o la modificación sucesiva de las alianzas estratégicas ini-ciales (cf. Fontaine, 2003: 29-31).

26 Este hecho no significa necesariamente la negación de una posible convergencia entre ecologismoy etnicidad (cf. Fontaine, 2003: 307 ss.), sino entre cierto tipo de ecologismo fundamentalista ylas propuestas comunitarias a favor de un petróleo más sostenible. Existen, en cambio, condicio-nes apropiadas para la colaboración entre instituciones especializadas en desarrollo sostenible y lascomunidades, en la medida en que las comunidades seguirán necesitando mediaciones sólidas ensu relacionamiento con el Estado y las petroleras.

ses completamente antagónicos; de hecho, los acuerdos que hagan viable elproceso petrolero pueden surgir solamente de una convergencia al menosparcial entre los tres tipos de actores, sobre todo considerando que los re-presentantes del Estado deberían representar de manera apropiada los inte-reses de las poblaciones locales. Y este hecho constituye un importante refe-rente para la superación de eventuales conflictos.

Al contrario, pareciera negada de antemano la posibilidad de acuerdoentre las comunidades que se han pronunciado por el sí y los grupos ecolo-gistas (una minoría combativa acompañada por algunas comunidades), yaque estos grupos buscan deslegitimar por cualquier medio los pronuncia-mientos comunitarios y la consulta misma; en otras palabras, niegan las ba-ses mismas sobre las que podría construirse una convergencia posible.

Los graves problemas inherentes al sector petrolero o causados por él(daños socio-ambientales, inversión ineficiente e inequitativa de los ingre-sos del petróleo, etc.), han provocado una actitud de rechazo en distintas zo-nas de la Amazonía por parte de organizaciones indígenas, en alianza con al-gunas ONG (cf. Fontaine, 2003: 283 ss.). Estos antecedentes justificaríanuna actitud de extrema cautela en el caso del Napo; pero cuando ha queda-do ya patente, tras una consulta transparente y legítima, el intento de las co-munidades de revertir la antigua situación, cabe preguntarse cuál es exacta-mente el sentido de seguir oponiéndose al proceso mismo de consulta. Pro-bablemente, además de la eventual desinformación y de los inevitables inte-reses en juego27, la respuesta se mueve en la dirección de posiciones funda-mentalistas irreductibles, acompañadas por la incredulidad y el insoportableescándalo de que una vasta área como el Napo, Orellana y parte de Pastazase haya pronunciado a favor de un sí condicionado al petróleo; incredulidadque se nutre de uno de los mitos más cultivados por determinados gruposde ecologistas durante los últimos años: la identificación del indígena con elrechazo al petróleo.


27 En la última reunión formal del comité de presidentes de los bloques (12/2003), uno de los diri-gentes de la CONFENIAE se refería significativamente a las “transnacionales verdes” en todas susmodalidades, aludiendo al hecho de que tampoco ellas constituyen una alternativa para las comu-nidades, en la medida en que la riqueza sigue estando concentrada en otras manos. En este senti-do, aunque más amigable con la naturaleza, el “capitalismo verde” sigue siendo insostenible mu-chas veces por el lado de la equidad; en este sentido, puede provocar desequilibrios y pobreza, quepodrían traducirse en presiones sobre los recursos naturales.

Una caracterización sumaria de los grupos ecologistas en la escena de losbloques permitiría hablar de la coexistencia de organizaciones activistas fun-damentalistas locales, como Recoka, que se mueven en un primer plano, yorganizaciones ecologistas nacionales e internacionales, que ocupan un se-gundo plano en la penumbra, desde donde asesoran y apoyan a las prime-ras para dar una apropiada contundencia a sus posiciones. Por otra parte, es-tas organizaciones parecen poseer cierta orientación ética (aunque a la vezutilitarista) en sus relaciones con las comunidades contrarias al petróleo; pe-ro desconocen por completo cualquier código ético cuando se trata de con-frontar a sus reales o supuestos “enemigos”, bien se trate del equipo de laUPS o de los representantes de las federaciones, parroquias o comunidadesque no secundan sus posiciones. En esta dirección, no han dudado en recu-rrir a cualquier tipo de argumento plausible, aunque fuera completamentefalso, con tal de intentar imponer sus opiniones28. Su real o supuesta luchaa favor de las comunidades, se convierte en una lucha contra quienes pare-cen oponerse a sus convicciones, aunque se tratara en este caso solamente dela probabilidad de un pronunciamiento a favor del petróleo.

En realidad, ninguno de los grupos ecologistas relacionados con los blo-ques tenía la suficiente cultura política como para considerar como puntode partida las percepciones de las comunidades. Lo único que estaban engrado de tener en cuenta eran sus propias posiciones, asumidas de antema-no, buscando convencer a las comunidades a sumarse a ellas, incluyendogestos equívocos o chantajes explícitos, como regalos y promesas de becas yde “proyectos”, e intentando desacreditar al mismo tiempo a quienes no lassecundaban. Esta es, en general, la gran diferencia entre activistas de cual-quier signo y movimientos socio-ambientales que buscan el desarrollo sos-tenible de las comunidades, partiendo de sus percepciones y problemas pa-ra buscar una convergencia posible. El desarrollo sostenible acepta diferen-cias entre la realidad y las propuestas ambientales, ya que se guía por prin-cipios progresivos que buscan acercar en forma sucesiva los comportamien-tos de la gente al “ideal” ambiental (Izko, 2003a)29.

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28 En algunos casos ha sido necesario desmentir las informaciones falsas de Recoka mediante cartasfirmadas por todos los representantes de las federaciones y parroquias, incluyendo las que luego seopusieron al petróleo o se abstuvieron de pronunciarse (ACIA o Santa Clara de Pastaza).

29 En una dirección paralela, también en nuestro caso los grupos ecologistas han hecho gala de unavisión maniquea de las posiciones posibles (a favor o en contra del petróleo), como una estrategiapara intentar reforzar su legitimidad y su capacidad de movilización (Fontaine, 2003: 354).

Una de las principales lecciones que podrían ser extraídas por los socio-ambientalistas es dejar de juzgar a los indígenas desde parámetros meramen-te objetivistas (biologistas, ecologistas o basados en ciertos postulados de po-lítica económica), que dictaminan de antemano qué es lo mejor o lo peorpara ellos. En esta longitud de onda, cuando los comportamientos de las co-munidades no siguen las reglas de juego trazadas, existe la tendencia a pen-sar en alguna oscura conjura que ha tergiversado los objetivos trazados. Ajuzgar por el comportamiento práctico de no pocos ambientalistas (a veces,también por sus opiniones), la gente es todavía un molesto rodeo en el ca-mino hacia la conservación de la naturaleza30.

Con todo, conviene precisar las posiciones comunitarias con relación alcontexto global de la Amazonía ecuatoriana. Ha pesado fuertemente sobreel proceso de consulta la simultaneidad del juicio a la Texaco en Lago Agrio(Sucumbíos) y la dramática situación de Sarayaku en Pastaza, que han sidomanejadas por los opositores a la consulta previa como los paradigmas decualquier proceso petrolero en el futuro de la Amazonía, inhibiendo o po-niendo obstáculos a la participación.

Los indígenas del área de los bloques opinan que ambas situaciones (Te-xaco y Sarayaku) deben ser solucionadas, compensando a los perjudicados yabordando el conflicto desde sus raíces. Pero también son conscientes deque el pasado no tiene por que volver a repetirse. Desde su punto de vista,la realización de la consulta previa ha tenido precisamente el sentido de evi-tar en adelante este tipo de situaciones, contribuyendo a controlar los dañosy procurando un beneficio mucho más consistente para las comunidades.

En este sentido, el “sí condicionado” es al mismo tiempo, en muchossentidos, un no a la manera como el petróleo ha sido extraído y utilizado, alos procedimientos de las petroleras y del mismo Estado:


30 Estas actitudes no están muy lejos de las “imágenes distorsionadas” y del “ecomesianismo” a quealude Gudynas, que es necesario balancear con la conciencia de la incertidumbre y del riesgo, apli-cadas por Gudynas a los ecosistemas (2003:161-163). Cabe decir lo mismo de la “incertidumbre”social y de la relativa imprevisibilidad de los comportamientos. En otro lugar (Izko, 1998; Izko,2003b: 64 y ss.), hemos definido el desarrollo sostenible a partir de la “lógica de la apropiada im-perfección”, en contraposición a la lógica de la eficacia inmediata que rige los objetivos de muchosespecialistas. En esta dirección, son fundamentales los “principios progresivos” del desarrollo sos-tenible (minimizar el daño, optimizar los usos), en la perspectiva de manejar los recursos desde laspresiones y las lógicas productivas de la gente, acercando progresivamente sus comportamientos alideal ambiental.

- El pronunciamiento comunitario representa la exigencia de que el Esta-do (que reivindican también como “suyo”) haga cumplir las normativasambientales.

- Los pueblos indígenas exigen que las nuevas condiciones se cumplan(tecnologías limpias, vigilancia social, fondo de compensaciones).

- De igual manera, las compañías petroleras deberían entender claramen-te que es preciso redefinir las estrategias basadas en la “cultura petrole-ra” de los antiguos relacionadores comunitarios.

- En este sentido, también el “sí” puede ser revertido si no se cumplen lascondiciones pactadas con las comunidades.

Desde experiencias como Texaco y Sarayaku, existían expectativas de que lospronunciamientos de los bloques 20 y 29 serían contra el petróleo; pero noha sido así. Con relación al pasado del área de los bloques, el común recha-zo del proyecto petrolero por parte de comunidades y grupos ambientalis-tas se fundamentaba en razones distintas, que sustentaban una aparenteconvergencia. Mientras algunas ONG y grupos ecologistas niegan el petró-leo en cuanto tal (amparados en intereses legítimos, o convicciones ideoló-gicas y “morales”), muchos indígenas niegan sobre todo las condiciones enlas que se ha producido hasta ahora la explotación petrolera; pero estánabiertos a reconsiderar su posición en caso de que existan evidencias de queel Estado y las petroleras estén realmente dispuestas a poner todos los me-dios para prevenir los daños socio-ambientales, facilitar el control comuni-tario y distribuir los beneficios del petróleo (Fontaine, 2003: 397-408, 436y ss.).

En este sentido, más allá de la capacidad de manipulación de los distin-tos gobiernos, el movimiento indígena no es un actor monolítico. Sin du-da, seguirá teniendo posiciones comunes frente al Estado y la sociedad civilno indígena, en reivindicación de los propios derechos; pero manteniendo,al mismo tiempo, posiciones pluralistas en su interior. A partir de ahora, nopuede decirse que el rechazo al petróleo en cuanto tal sea un atributo delmovimiento indígena, aunque sí el rechazo a todo lo que podría obstaculi-zar un proceso realmente participativo, redistributivo y con control de losimpactos ambientales. Esta es una de las implicaciones del pluralismo de lospueblos indígenas, que tiene como correlato la consolidación de una capa-cidad de procesamiento de las diferencias internas.

220 Xavier Izko

En lugar de sacar lecciones pertinentes, algunos grupos han intentadotodavía demostrar que la consulta no ha sido legítima. Y este es precisamen-te el escándalo: los indígenas tendrían que haberse pronunciado contra elpetróleo, sobre la base de una serie de evidencias “objetivas”: el petróleo esmalo para el planeta, los daños ambientales y sociales son inevitables, la ri-queza ha sido mal distribuida...

Las percepciones y las lógicas culturales de la mayoría de los indígenasdel área de los bloques parecen ir en una dirección distinta31, más allá de esa“salvaje inocencia”, autosuficiente y autocontenida, que les es atribuida poralgunos operadores sociales para satisfacer sus propias veleidades intelectua-les o para compensar los males de su civilización. Los indígenas siguen sien-do en muchos sentidos una construcción de los sucesivos imaginarios no-indígenas, hechos a la medida de otros preconceptos y de otras ideologías,herederas a menudo de una visión sustantiva y estática de la cultura y de laidentidad32. Una vez más, de otras maneras, los indígenas no pueden ser si-no manipulados (Juratorio, 1994, García Canclini, 2001:125).

Los indígenas del área de los bloques son conscientes de que la búsque-da de alternativas energéticas es una prioridad mundial. Pero piensan tam-bién que, ante la falta de alternativas inmediatas, el Ecuador sigue necesi-tando el petróleo y es muy probable que lo siga explotando durante algunasdécadas más; por otra parte, la supresión radical del petróleo, sin otras alter-nativas disponibles, crearía un mayor caos socio-ambiental, considerando laactual dependencia de este recurso. En este sentido, el desarrollo petroleroes uno de los medios con los que cuenta una sociedad, si así lo decide y dis-


31 Fontaine (2003:102), siguiendo a Habermas, postula el recurso al concepto de lógicas racionalesde los actores (identificación de principios generales compartidos por cada grupo de actores queaspiran a regular los comportamientos y las interacciones), en contraposición a necesidades, inte-reses, motivaciones o relaciones de fuerza. Esta aproximación es oportuna y necesaria, consideran-do al mismo tiempo que, en el caso de los indígenas amazónicos, sus lógicas “racionales” están ine-vitablemente signadas por adscripciones culturales en las que son importantes los aspectos no ver-bales y simbólicos (gestos, silencios, rituales, posiciones de facto…), por lo que también puede de-cirse que determinados comportamientos transparentan lógicas que no siempre pueden ser eleva-das de manera inmediata al nivel discursivo y que es necesario descifrar (Izko, 1996). De ahí la ne-cesidad de activar mediaciones hermenéuticas que permitan “traducir” el conjunto de códigos cul-turales nativos, para aproximarlos a una lógica discursiva de “racionalidad ampliada”, de maneraque los indígenas estén en grado de desplegar frente a sus interlocutores toda una gama de respues-tas posibles.

32 Cerbino (2003) analiza algunos de los “males” que aquejan a la cultura ecuatoriana contemporá-nea, muchos de ellos aplicables a la situación que consideramos.

pone, para la búsqueda de su sostenibilidad económica, ambiental y social(Potes, 2003:157). Sin embargo, la misma naturaleza del petróleo como re-curso no renovable y contaminante, exige identificar urgentemente otras al-ternativas energéticas e invertir en forma mucho más focalizada los ingresospetroleros en la diversificación sostenible de la economía nacional y en ladisminución de la misma dependencia del petróleo.

Por otra parte, desde las percepciones indígenas del área los bloques,una de las razones del sí condicionado al petróleo es el fracaso o la insufi-ciencia de los modelos de desarrollo (cf. Fontaine, 2003: 316-320). En otraspalabras, se sienten decepcionados por un progreso que no acaba de llegar,al menos en sus formas más válidas. Existen iniciativas laudables, pero - des-de su percepción - insuficientes, lentas, discontinuas, focalizadas, difícil-mente replicables. Sienten (y así lo han analizado en los talleres) que activi-dades alternativas como el turismo comunitario o el aprovechamiento de labiodiversidad benefician solo a unos pocos y de manera limitada33; peropiensan, al mismo tiempo, que una apropiada inversión de los excedentesdel petróleo podría consolidar propuestas para el desarrollo sostenible de suscomunidades, en la perspectiva de constituirse en una “oportunidad para laconservación” (Barrera de Jorgenson, 2003).

En este sentido, la percepción del desarrollo que tienen los pueblos in-dígenas del área de los bloques no es clausurar sus territorios para habilitarun proceso exclusivamente endógeno que nunca acaba de llegar, sino abrir-los a una explotación petrolera controlada, cuyos réditos haga posible el de-sarrollo local34. Sus respuestas son, seguramente, un reto para ellos mismos;

222 Xavier Izko

33 Dos de las comunidades líderes en el campo del ecoturismo regional (Huacamayos-Aacllac y RíoBlanco) se han pronunciado por un sí condicionado. No solamente han dicho sí los indígenas po-bres y menos capacitados… En la asamblea parroquial de Tálag, uno de cuyos recursos oficiales esel ecoturismo, se promovió una discusión cuyo desenlace fue que el ecoturismo solo beneficiaba a12 familias y - parcialmente - a una comunidad. En este sentido, es importante apreciar, no solola existencia, sino la intensidad y la cobertura real de las prácticas alternativas de desarrollo, así co-mo su capacidad de sustituir las prácticas que conducen a la degradación de los ecosistemas, en si-nergia con las actividades económicas más sostenibles (cf. Izko, 2003: 66).

34 En forma paralela, asistimos a una curiosa paradoja. Por un lado, Ecuador está dejando de ser unaprioridad para un buen sector de la cooperación internacional (si no en cuanto a su presencia, sí almenos en cuanto a su intensidad), que niega más apoyo al país con el argumento de que posee im-portantes recursos naturales susceptibles de ser activados (petróleo, camarones, flores, banano); porotro lado, determinados sectores, apoyados también desde otros frentes de la cooperación interna-cional (esta vez privada), hacen indecibles esfuerzos por impedir que el Ecuador produzca petró-leo, que es uno de los principales recursos susceptibles de ser invertidos y distribuidos equitativa-mente en el desarrollo nacional.

pero son sus respuestas y solo a partir de ellas se podrá seguir explorando lasalternativas disponibles e inventar otras nuevas. Se ha obtenido acuerdosconsistentes; falta asegurar una planificación rigurosa que se traduzca en unvuelco de las prácticas del sector petrolero, y en programas sostenibles ymulticulturales de desarrollo (Albán, 2003:145).

Las comunidades del Napo son conscientes de la precaria situación deotros bloques donde no hubo consulta previa; pero sus respuestas pretendenser distintas en su propio territorio, porque esperan que cambien tambiénlas actitudes de las petroleras y del mismo Estado (ver propuestas) y deman-dan, para ello, el reconocimiento y el apoyo de la sociedad civil, además delEstado y de las compañías. El pasado no tiene que volver a repetirse.

Por otra parte, los pronunciamientos de las comunidades expresan unsentido identitario, hecho de significados compartidos (respeto de las áreassensibles de las comunidades, participación en el proceso de desarrollo, tec-nologías limpias, fondo de compensaciones, indemnizaciones justas), que esposible articular en torno a tres factores fundamentales: la tradición (perma-nente referencia a su condición de pueblos kichwas del Napo, respeto de lanaturaleza y la cultura y reconocimiento de las formas organizativas locales);la validación de los actuales liderazgos (representantes de federaciones y pa-rroquias), en proceso de ser luego complementados por formas más caris-máticas y, a la vez, funcionales de liderazgo en el marco del futuro fondo decompensaciones, y la aspiración a que esta legitimidad sea refrendada por elEstado para poder viabilizar un proceso de desarrollo con la participación ycontrol comunitario (cf. Fontaine, 2003: 167-168). En un contexto socie-tal caracterizado por un creciente cambio cultural y vinculación con el mer-cado, como el de los Napo-kichwas, existen precisos intereses y necesidadesde carácter socioeconómico, que se han manifestado permanentemente enlas reivindicaciones expresadas durante la consulta previa; sin embargo, almismo tiempo, existen demandas relacionadas con la necesidad de salva-guardar el patrimonio cultural y ecológico (las “áreas sensibles” de las comu-nidades). En este sentido, es importante señalar que los grupos que se hanpronunciado por el sí condicionado al petróleo, actúan al mismo tiempo endefensa de su biodiversidad y de sus tradiciones, en un equilibrio difícil, cu-yo balance está todavía en proceso y que debe ser apoyado desde afuera delespacio comunitario. Estos pronunciamientos, mucho más desagregados enlas propuestas de cada comunidad, expresan globalmente la voluntad de via-


bilizar un desarrollo sostenible petrolero con participación directa de las co-munidades.

Sin embargo, los significados identitarios que acarrean son parcialmen-te cambiantes e intercambiables. Por un lado, no se trata de cristalizacionesidentitarias inmutables, definidas de antemano, de manera que las lógicasculturales prevalezcan “siempre” sobre lógicas basadas en intereses o necesi-dades, o viceversa. La puesta en evidencia de un determinado “interés” o“necesidad”, como las propuestas de desarrollo local, encierran al mismotiempo una lógica cultural (el control del proceso de desarrollo, el respetode una naturaleza culturizada) y viceversa: las lógicas culturales se manifies-tan inevitablemente a través de determinados intereses o necesidades, aun-que no siempre se trata de algo inmediatamente discernible. No todo se re-duce a una pura racionalidad instrumental, pero tampoco existen significa-dos identitarios atemporales y abstractos.

Por otro lado, no se trata de lógicas culturalmente irreductibles y anta-gónicas, defendidas a veces desde las visiones tácticas o ingenuas de algunossocio-ambientalistas para justificar sus plataformas de acción. Existen a me-nudo intereses compartidos entre distintos tipos de actores (indígenas, Es-tado, empresas, ambientalistas); lo que cambia es la importancia relativa deesos intereses y valores en sus respectivas lógicas de acción (Fontaine, 2003:30), que es necesario “manejar” y equilibrar constantemente a lo largo de lainteracción mutua, teniendo en cuenta que la convergencia parcial de inte-reses es la condición importante para disminuir los riesgos de conflicto y al-canzar consensos, como hemos afirmado anteriormente35.

Finalmente, las identidades suelen conjugar el intercambio lateral de sig-nificados entre los distintos significados en juego con su activación diferencia-da a lo largo del tiempo. Como sucede en el campo del desarrollo sostenible

224 Xavier Izko

35 Sin embargo, conviene tener en cuenta que los valores y las posiciones basadas en fundamentos denaturaleza ética son a menudo frágiles en el universo comunitario; en realidad, al contrario de po-siciones intracomunitarias que promueven todavía determinados valores culturales tradicionales,no puede decirse que exista una ética relacional estable en las relaciones con la “sociedad mayor”:en cierta manera, estas relaciones cambiantes se han nutrido del “coyunturalismo” a menudo atrozal que las comunidades se han visto sometidas a lo largo de su historia y expresan, por tanto, elmismo grado de manipulación potencial previamente experimentado, pero también la ausencia deparadigmas definidos de relacionamiento intercultural. Se trata, en el fondo, de una curiosa alqui-mia social, que transmuta relaciones con conceptos y hace prevalecer las más apropiadas en cadacircunstancia, aunque intentando mantener una coherencia básica con las posiciones asumidas porla colectividad.

(Izko, 2003a), también las comunidades indígenas han aprendido a activar demanera selectiva los componentes relacionales de su identidad, considerandolos distintos contextos socio-ambientales y estableciendo vinculaciones apro-piadas entre todos ellos (tradiciones, acceso y uso de los recursos, sistemas derepresentación, etc.). De esta forma, las alternativas identitarias disponiblesson utilizadas de manera sinérgica y procesual: en un momento dado, la al-ternativa 1 puede ser mejor que la alternativa 2; pero la alternativa 2 puedeser activada más adelante, cuando existan condiciones apropiadas, dando lu-gar a una suerte de “complementariedad diacrónica” entre ellas a lo largo deltiempo. Muchas visiones “planas” y mecánicas de las relaciones sociales tienensu origen en la falta de entendimiento apropiado de esta suerte de alquimiasocial que trasmuta parcialmente espacios y tiempos, y que exige conocer tan-to los códigos cultural-relacionales como sus contextos de utilización.

Queremos concluir nuestro análisis con unas breves reflexiones sobre elrol del Estado. En el marco de la consulta previa, el Estado ha ejercido surol de prestar apoyo logístico y financiero a los procesos de participación lo-cal. Por otra parte, al tiempo que aplica una ley y un reglamento (que tuvoque ser completado desde el proceso mismo de consulta, previo consensocon las comunidades), el Estado comienza a erigirse en mediador y a insti-tucionalizar la aplicación de una práctica que ha tenido como resultado glo-bal la afirmación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas locales.Las exigencias de participación y desarrollo incorporadas en estos derechosseñalan precisamente en la dirección de esa necesaria “buena gobernabili-dad”, que interpela la capacidad del Estado para promover nueva prácticassocio-ambientales (Fontaine, 2003: 248, 491, 495-96).

Un gran reto pendiente es dar continuidad a este proceso. Si la orienta-ción estructural de las empresas es la maximización de las ganancias, éstassolo tenderán a aceptar nuevas responsabilidades cuando el Estado asuma surol de vigilar por el cumplimiento de la normativa socio-ambiental (inclu-yendo una adecuada complementación de la actual), aunque también se de-be intentar la ampliación o redefinición de las actuales visiones corporati-vas, sobre todo las relativas al relacionamiento comunitario y al apoyo al de-sarrollo local, por conveniencia de las propias empresas. En el caso de losbloques 20 y 29, la vigilancia del Estado exige también incluir en las nue-vas bases de licitación las propuestas de las comunidades y hacerlas aceptarpor parte de las empresas.


El reto de promover una nueva gobernabilidad está relacionado con lacapacidad del Estado de responder a las nuevas demandas de los actores lo-cales (en particular los pueblos indígenas), lo que exige redefinir el espaciode relacionamiento con las empresas, y articular de manera más coherente ysolidaria economía y sociedad. En esta dirección, el Estado deberá utilizarsu poder de mediación para promover alianzas y administrar relaciones, de-finiendo claramente la responsabilidad socio-ambiental de las empresas ydando seguimiento al proceso de aplicación de los acuerdos. Solo así se pon-drán las bases de un nuevo modelo de desarrollo que logrará evitar futurosconflictos36.

Conclusiones

Ha sido la primera vez que se lleva a cabo en el país un proceso de esta na-turaleza, centrado en una temática cuya naturaleza dificultaba una toma deposición equilibrada.

Sin embargo, a pesar de su tremenda complejidad organizativa y de ha-ber tenido lugar en un momento incierto, el proceso de consulta previa haestado dotado de la mayor legitimidad:

- Se ha contado con el previo aval de todas las organizaciones del área an-tes de iniciar el proceso.

- Ha existido una activa involucración de todos los niveles de las organi-zaciones en los talleres de capacitación, con un alto porcentaje de parti-cipación.

- La mayoría de los participantes ha manifestado que constituye un he-cho sin precedentes para la región haber sido tomada en cuenta por pri-mera vez para ser capacitados y consultados.

- Ante todos los participantes fueron expuestos tanto los riesgos como be-neficios del petróleo y conocieron la posibilidad de optar por el sí o el

226 Xavier Izko

36 Los espacios dejados por el Estado han sido ocupados por las empresas y, en algunos casos, por lasONG y las organizaciones ecologistas. Las primeras han aprovechado los vacíos del Estado para in-tentar imponer sus propias condiciones; las segundas, no poseen la legitimidad necesaria para eltratamiento democrático de los conflictos socio-ambientales y “su propensión a erigirse en media-dores ventrílocuos presenta un obstáculo a la institucionalización de los conflictos socio-ambien-tales” (cf. Fontaine, 2003: 478).

no al ingreso de la actividad petrolera en la zona, a través de los talleresde metodología de consulta (2002), la capacitación impartida en talle-res regionales y locales (2003) y la información difundida por radio yfolletos (2003).

- La mayoría de las comunidades ha emitido pronunciamientos válidos.- El proceso ha sido validado por las asambleas intercomunales, y por el

comité de presidentes de federaciones y juntas parroquiales.- Los resultados de la consulta han sido aprobados formalmente por el

Estado (12/2003).

Por otra parte, es necesario subrayar que, a raíz del proceso de consulta, to-das las federaciones y juntas parroquiales han convergido por primera vezen la historia de la región, y han puesto los cimientos de una fructífera co-laboración futura en el marco del comité de la nacionalidad kichwa del áreade los bloques. Las comunidades mestizas también están invitadas a partici-par a través de sus respectivas parroquias.

Con todo, quedan por ser absueltos una serie de retos inmediatos im-portantes para las organizaciones y para el mismo Estado. Estos retos se re-lacionan, por un lado, con la ampliación (en intensidad y cobertura) de lacapacitación y el fortalecimiento organizativo, considerando los enormespasivos socio-ambientales preexistentes. De hecho, la primera condición pa-ra una apropiada resolución de los conflictos en el marco de la cooperación,la reciprocidad y el intercambio, es la existencia de sujetos con capacidadesparitarias de interlocución, a fin de que no existan desequilibrios substan-ciales en las relaciones de fuerza.

Por otro lado, existen retos fundamentales relacionados con el cumpli-miento de las demandas indígenas (debidamente incorporadas en la base dela licitación y de los contratos) y con la continuación misma del proceso.Solo así podrá mantenerse y reforzarse la incipiente unidad, fortaleciéndosela capacidad de las instituciones locales para apoyar a sus bases en un mo-mento decisivo para el futuro de la región, incorporando apropiadamente ala minoría que se ha pronunciado contra el petróleo.

En adelante, no está ya en cuestión la toma de posiciones a favor o encontra del petróleo en el área de los bloques, sino la convocatoria de todoslos sectores del Estado y la sociedad civil para hacer posible un proceso pe-trolero con plena participación de las comunidades locales, que minimice


los riesgos socio-ambientales, que incorpore procedimientos participativos yde vigilancia social en todas sus etapas, que respete las “áreas sensibles” delas comunidades (hechas de naturaleza y cultura), y que contribuya eficaz-mente a una mejor distribución del ingreso, susceptible de dinamizar el de-sarrollo de los pueblos indígenas de la región.

Como recuerda García Canclini (2001:36), en un mundo creciente-mente globalizado, una de las mejores maneras de encarar los riesgos es de-jarse interpelar despiadadamente por la descarnada realidad macro-social,que pone al descubierto las tendencias de la globalización; pero fijando agu-damente la mirada, al mismo tiempo, en procesos socio-culturales específi-cos (en su estructura objetiva y en los imaginarios de sus actores), para in-tentar captar la manera como sujetos individuales y colectivos representansu lugar y sus posibilidades de acción en dichos procesos, más allá de la sim-ple oposición. De hecho, estudios de caso como los desarrollados por Fon-taine (2003:476) demuestran que, más allá de la reivindicación territorial oidentitaria, la etnicidad puede convertirse en soporte y referente de una crí-tica a la modernidad, desde el abstencionismo (como en el caso de los u’wa)hasta la demanda de participación (kichwas de Pastaza – bloque 10) y de rei-vindicación del control de un proceso petrolero más sostenible, formulan-do alianzas estratégicas de geometría variable para convertirse en sujetos dedesarrollo.

Con la realización de la consulta previa existen condiciones para dar unavuelta de página a las tradicionales prácticas petroleras, estatales y ecologis-tas, e inaugurar una nueva etapa que podría tener importantes consecuen-cias para la región y para el país.

228 Xavier Izko


2. Las apuestas

Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9











Índice












Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

Anexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239


Bibliografía

Acosta, Alberto. 1986. “Transformaciones y contradicciones en el mercadopetrolero”, en A. Acosta et al., Ecuador: petróleo y crisis y económica.Quito: ILDIS.

Acosta, Alberto. 2003. “Ecuador: entre la ilusión y la maldición del petró-leo,” Ecuador Debate, 58:77-100. Quito: CAAP.

Albán, Jorge. 2003. “Participación, consulta previa y participación petrole-ra”, en G. Fontaine (ed.) Petróleo y desarrollo sostenible en Ecuador. 1.Las reglas de juego, Quito: FLACSO, pp. 139-152.

Amin, Samir. 1998. El capitalismo en la era de la globalización, Barcelona:Paidós.

Barie Cletus, Gregor. 2003. Pueblos indígenas y derechos constitucionales enAmérica Latina: un panorama. La Paz, Comisión Nacional para el De-sarrollo de los Pueblos Indígenas, Gobierno de la República de Méxi-co, Ed. Abya – Yala, Banco Mundial Fideicomiso Noruega.

Barrera de Jorgenson, Amanda. 2003. “El petróleo: ¿una amenaza o unaoportunidad para la conservación y el desarrollo sostenible en Ecua-dor?”, en G. Fontaine (ed.) Petróleo y desarrollo sostenible en Ecuador. 1.Las reglas de juego. Quito: FLACSO, GPA Petroecuador, pp. 181-186.

BID. 2002. “Informe Anual”, Documento, Washington D. C.Bocco, Arnaldo M. 1987. Auge Petrolero, Modernización y Subdesarrollo.

Quito: Corporación Editora Nacional, FLACSO.Burbano, Rafael. 1996. Los costos ambientales y la pauta intertemporal de ex-

tracción de petróleo en el Ecuador. Tesis de Maestría en Economía 1993-1995, FLACSO, Quito.

Bibliografía

Burelli, Miguel. 2003. “Uslar Pietri y la siembra del petróleo”, en Documen-tos de la Red de Antropología Jurídica.

Bustamante, Teodoro. 2003. “Las perspectivas de discusión de los temas so-cio-ambientales vinculados a la explotación petrolera en el Ecuador:posiciones encontradas o encuentro de posiciones”, en G. Fontaine(ed.) Petróleo y desarrollo sostenible en Ecuador. 1. Las reglas de juego.Quito: FLACSO, GPA Petroecuador, pp. 27-50

Caballero, Roberto. 2003. “La evolución del régimen de contratación conrelación al manejo sustentable de las actividades hidrocarburíferas”, enG. Fontaine (Ed.), Petróleo y desarrollo sostenible en Ecuador. 1. Las re-glas de juego. Quito: FLACSO, GPA Petroecuador.

Cassirer, Ernst. 1968. El mito del Estado. México: Fondo de Cultura Econó-mica.

Castells, Manuel. 2000. La era de la información. T2. El poder de la identi-dad. México: Siglo XXI.

Cerrillo, Agustí. 2001. “La cooperación al desarrollo y el fomento de la go-bernabilidad” en: Instituciones y Desarrollo, 8-9. Barcelona, IIG,pp.543-576.

Cohen, Jean L., Arato, Andrew. 2000. Sociedad civil y teoría política. Méxi-co: Fondo de Cultura Económica, 699 p.

Czempiel, Ernst-Otto. 1992. “Governance and democratization”, en Rose-nau et al, Governance without government: order and change in worldpolitics. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 250-271.

Doryan y López (Ed.) 1992. Transición hacia una economía no petrolera enEcuador: retos y perspectivas. Quito: INCAE, Programa de Estudios yEntrenamiento Económico –PROGRESEC.

Ecorae. 1996. “Plan Maestro para el Ecodesarrollo de la región AmazónicaEcuatoriana”, Quito, Ecorae. Mimeo, 128 p.

Ecorae. 2003a. “Documento base para la reingeniería institucional. Resu-men Ejecutivo”, Quito. Mimeo.

Ecorae. 2003b. “Plan Operativo Anual 2004”. Quito. Mimeo.Ecorae. 2003c. (Re) Construir la región amazónica ecuatoriana, una perspec-

tiva regional desde lo local y lo comunitario. Quito: Ecorae.Ecorae, s/f. “Desafíos de la Amazonía”. Quito. Documento de consulta, 12 p.Falconí, Fander. 2002. Economía y desarrollo sostenible ¿Matrimonio feliz o

divorcio anunciado? El caso de Ecuador. Quito: FLACSO, 229 p.

232

Falconí Fander y Burbano, Rafael. 2003. “Instrumentos económicos para lagestión ambiental: Decisiones monocriteriales versus decisiones multi-criteriales”. México D. F., Comunicación, Colegio de México.

Fontaine, Guillaume (Ed.). 2003a. Petróleo y desarrollo sostenible en Ecuador.1. Las reglas de juego. Quito: FLACSO, GPA Petroecuador, 220 p.

Fontaine, Guillaume. 2003b. “Aportes a una sociología del conflicto socio-ambiental”, en G. Fontaine (ed.), Petróleo y desarrollo sostenible enEcuador. 1. Las reglas de juego. Quito: FLACSO, GPA Petroecuador,pp. 79-104.

Fontaine, Guillaume. 2003c. “Geopolítica del petróleo en América Latina”,Ecuador Debate 58:49-76. Quito: CAAP.

Fontaine, Guillaume. 2003d. El Precio del petróleo. Conflictos socio-ambientalesy gobernabilidad en la región amazónica. Quito: FLACSO, IFEA, 530 p.

Fontaine, Guillaume. 2004a. “Enfoques conceptuales y metodológicos pa-ra una sociología de los conflictos ambientales” en Martha Cárdenas yManuel Rodríguez (Ed.), Guerra, sociedad y medio ambiente. Santa Fede Bogotá: Fescol, Foro Nacional Ambiental, pp. 503-553.

Fontaine, Guillaume. 2004b. “Políticas energéticas en la cuenca amazónica:los megaproyectos extractivos como problema de gobernabilidad de-mocrática”, en Revista electrónica de la red de manejo de cuencas hidro-gráficas para Latinoamérica y el Caribe, 1. Santiago de Chile: FAO-RLC. Por publicarse.

Fontaine, Guillaume. 2004c. “Introducción: Construyendo capacidades deliderazgo para la gobernabilidad democrática”, en: Varios autores. Ma-nual de capacitación en derechos indígenas y recursos hidrocarburíferos.Quito. En preparación.

Fontaine, Guillaume. 2004d. “Sísifo o la paradoja de la negociación eficien-te. Contaminación, manejo de conflictos y crisis de gobernabilidad enla Amazonía ecuatoriana”. Comunicación al “II Encuentro de Ecuato-rianistas de LASA. Mesa 24: Gobernabilidad democrática y desarrollosostenible”. Quito: FLACSO.

García Canclini, Néstor. 2001. La globalización imaginada. México: Paidós.Gudynas, Eduardo. 2003. Ecología, política y ética del desarrollo sostenible.

Quito: ILDIS, Abya Yala.Guerra, Edmundo. 1998. El Ecuador y el petróleo, siglo XX. Quito: Petroe-

cuador.

Bibliografía general 233

Guerrero, Patricio. 1999. Reflexiones sobre interculturalidad. Quito: Univer-sidad Politécnica Salesiana.

Habermas, Jürgen. 1998. Más allá del Estado nacional. México D.F: Fondode Cultura Económica

Habermas, Jürgen. 1999. La inclusión del otro (sobre la política deliberativa)México D.F: Fondo de Cultura Económica.

Hewitt de Alcántara, Cynthia. s/f. Usos y abusos del concepto de gobernabili-dad. Ginebra. UNRISD. http: //www.unesco.org/issj/rics155/alcanta-raspa.html. (última consulta 26/07/2004).

Izko, Xavier (con la colab. de L. Mejía y equipo PROBONA). 1998. Orde-namiento de los Recursos Forestales, desarrollo sostenible y pobreza rural enEcuador / Forest land use plannig, sustainable development and rural po-verty in Ecuador-South America. Quito: UICN-PROBONA.

Izko, Xavier. 1995. “Identidad y violencia en los Andes ecuatorianos”, en J.Echevarría et al., Violencia en la región andina. El caso de Ecuador. Qui-to: FLACSO, pp. 85-130.

Izko Xavier. 1996. “Intercultural communication and technology in An-dean countries”, in M. Singer et al., Communicating across culturalfrontiers, Chicago: The University of Chicago Press, pp. 101-161.

Izko, Xavier. 2003a. “La activación del valor: del abordaje plural de méto-dos de valoración, al diseño de políticas e incentivos”, en X. Izko et al.,Herramientas para la valoración y manejo forestal sostenible de los bosquessudamericanos. Quito: UICN, pp. 59-91.

Izko, Xavier. 2003b. “Normativas y políticas forestales sudamericanas”, enX. Izko et al., Herramientas para la valoración y manejo forestal sosteni-ble de los bosques sudamericanos. Quito: UICN, pp. 115-136.

Jochnick, Chris et al. 1994. Violaciones de derechos en la Amazonía Ecuato-riana. Las consecuencias humanas del desarrollo petrolero. Quito: CDES,Abya Yala, 192 p.

Kenber, Mark. 1999. Planificación y políticas ambientales. Quito: FundaciónNatura.

Kimerling, Judith. FCUNAE. 1993. Crudo Amazónico. Quito: Abya-Yala, 154 p.Leff, Enrique. 2002. Saber ambiental, sustentabilidad, racionalidad, comple-

jidad y poder. México: Siglo XXI, PNUMA.Little, Paul. 1992. Ecología Política del Cuyabeno. El Desarrollo no sSosteni-

ble de la Amazonía. Quito: Abya Yala, ILDIS 202p.

234

Martínez Alier, Joan. 2003. “Prefacio”, en F. Falconí et al., Globalización yDesarrollo en América Latina. Quito: FLACSO.

Martínez Alier, Joan; Schlupmann Klaus. 1997. La Ecología y la Economía.Santa Fe de Bogotá: Fondo de Cultura Económica.

Martínez Alier, Joan; Roca Jusmet, Jordi. 2001. Economía, ecología y políti-ca ambiental. México: Fondo de Cultura Económica.

Martínez, Esperanza (Ed.). 2000. El Ecuador post petrolero. Quito: AcciónEcológica, ILDIS, 254 p.

Mayntz, Renate. 11/2002. “Nuevos desafíos de la teoría de Governance” en:Instituciones y Desarrollo, 7. Barcelona: IIG. http: //www.iigv.org/revis-ta/?p=7 02. (última consulta 26/07/2004).

Mayorga, Fernando. 1994. “Los resguardos indígenas y el petróleo. Oríge-nes y perspectivas del oro negro en Colombia”, Revista Credencial His-toria 49. Bogotá, http://www.banrep.gov.co/blaavirtual7credencial/ene-ro94/enero1.htm. (última consulta 26/07/2004).

Menéndez-Carrión, Amparo. 2003. “Para repensar la cuestión de la gober-nabilidad desde la ciudadanía. Dilemas, opciones y apuntes para unproyecto,” En: Simón Pachano (comp.) Antología, Ciudadanía e iden-tidad. Quito: FLACSO-Sede Ecuador, 393 p.

Muradian Roldán, Martínez Alier, Joan. 2001. “Trade and environment: froma Southern perspective”, Ecological Economics 36. Barcelona, pp. 281-297.

Muratorio, Blanca. 1994. “Discursos y silencios sobre el indio en la con-ciencia nacional”, en B. Muratorio (ed.), Imágenes e imagineros. Repre-sentaciones de los indígenas ecuatorianos, siglos XIX-XX. Quito: FLAC-SO, pp. 9-24.

Narváez, Iván. 2000. La Dimensión Política en la Problemática Socio-am-biental Petrolera. Quito: Petroecuador.

Narváez, Iván. 2001. Frontera violenta. Quito: Petroecuador.Narváez, Iván. 2004. Derecho ambiental y temas de sociología ambiental. Qui-

to: sin publicar.Nogueira, Marco A. 1995. “Gobernabilidad democrática progresiva. Dile-

mas y requisitos”, Análisis Político, 25. Bogotá: IEPRI-UniversidadNacional de Colombia, pp.55-68.

Ortiz, Pablo. 1997. Globalización y conflictos socioambientales. Aproximacióncomparativa en torno a actores, estrategias y escenarios. Quito: FAO(FTPP), Manarac-Abya Yala, 135 p.


Ortiz, Pablo. 2002. “Hacia una metodología participativa de consulta pre-via informada entre Estado y pueblos indígenas de la Amazonía ecua-toriana”, en Universidad Politécnica Salesiana – UPS, “Diagnósticosocioeconómico y cultural de los bloques 20 y 29 de la Amazoníaecuatoriana, y Metodología de Consulta previa para la solución deconflictos socio-ambientales”. Quito: UPS – Petroecuador.

Petrella, Ricardo (Dir). 1995. Limits to competition. The Group of Lisbon.Cambridge (Mass): Mitt Press, 225 p.

Petroecuador. 2002. “Estadísticas hidrocarburíferas 1972-2001”. Docu-mento, Quito.

Pichón, Francisco. 1993. “Colonización y deforestación en la frontera agrí-cola de la región amazónica ecuatoriana, Resultados preliminares deuna encuesta de hogares en el nororiente”, en Varios Autores, Amazo-nía: escenarios y conflictos. Quito: Cedime, 811 p.

Potes, Verónica. 2003. “La participación ciudadana en el desarrollo energé-tico sustentable en América Latina y el Caribe”, en G. Fontaine (ed.)Petróleo y desarrollo sostenible en Ecuador. 1. Las reglas de juego. Quito:FLACSO, GPA Petroecuador, pp. 153-162.

Prats I., Joan. 2001. “Gobernabilidad democrática para el desarrollo huma-no, Marco conceptual y analítico”, Revista Instituciones y Desarrollo, 8-9. Barcelona: IIG, pp. 103-148. //http:www.iigov.org/rev/?p=10 04(última consulta 26/07/2004).

Prats I., Joan. 2003. “El concepto y el análisis de la gobernabilidad”, Insti-tuciones y Desarrollo, 14-15. Barcelona: IIG, pp. 239-269. http: //ww-w.iigov.org/revista/?p=14 08 (última consulta 26/07/2004).

Rodríguez, Nelson; Roggiero, Roberto. 1994. “Factores ambientales en re-lación con la población y en medio ambiente”, en: Seminario Andino:formación ambiental, población y desarrollo. Quito: Ed. Universitaria.

Roldán, Roque. 2004. Manual para la formación en derechos indígenas, terri-torios, recursos naturales y convenios internacionales. Quito: Ed. COI-CA, InWEnt, Abya Yala.

Romero, A. 2001. Los DESC también nos tocan. Ayudas para desarrollar ta-lleres de sensibilización; Bogotá: Plataforma Colombiana de DerechosHumanos, Democracia y Desarrollo, PIDHDD-Diakonía-Suecia yNovib-Holanda.

236

Rosenau, James. 1992. “Introduction. Governance, order and change in worldpolitics” en J. Rosenau et al., Governance without government: order andchange in world politics. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 1-29.

Sachs, Jeffrey; Larraín, F. 1996. Macroeconomía en la economía global. Pren-tice Hall: Hispanoamérica S. A.

Saldomando, Angel. 2000. “Gobernabilidad: democracia y reformas”, en:Documentos del IIG, 130. Barcelona: IIG. http://www.iigov.org/docu-mentos/?p=4 0130 (última consulta 26/07/2004).

Salgado, Hernán. 1987. Instituciones Políticas y Constitución del Ecuador.Quito: ILDIS.

San Sebastián, Miguel et al. 2000. Informe Yana Curi. Impacto de la activi-dad petrolera en la salud de poblaciones rurales de la Amazonía ecuato-riana. Quito: Abya Yala, 112p.

Santos, F. 1991. “Frentes económicos, espacios regionales y fronteras capi-talistas en la Amazonía”, en: Santos, F. et al., Amazonía 1940-1990, elextravío de una ilusión. Lima: PUCP, 320 p.

SELA. 2002. “La integración latinoamericana y caribeña ante los nuevosdesafíos de la actual situación internacional”, en Documentos de la Se-cretaría. Montevideo: SELA.

Solá, Amadeu. 2000. “La traducción de governance”, en Punto y Coma.(Servicio de Traducción de la Unión Europea), 65. Consultable en in-ternet, url:

h t tp : / / europa .eu . in t /comm/trans l a t ion/bu l l e t ins /puntoyco-ma/65pyc652.htm (última consulta: 26/07/2004.

Sosa, Beatriz. 2000. “Governance: la comprensión y la expresión” en Puntoy Coma (Servicio de Traducción de la Unión Europea), 66. Consulta-ble en internet, url:

h t tp : / / europa .eu . in t /comm/trans l a t ion/bu l l e t ins /puntoyco-ma/66/pyc667.htm (útima consulta 26/07/2004).

Souza Santos, Boaventura de. s/f. “Globalización y Democracia”, ponenciapresentada en el Foro Social Mundial Temático.

http://www.indepaz.org.co/documentos.htm?x=19826 (última consulta26/07/2004).

Stolowicz, Beatriz.1996.”La gobernabilidad como dominación conservado-ra” en: H. Yánez Quintero, et al, 1996, El Mito de la Gobernabilidad.Quito: Trama. pp. 35-57.


Tamariz, Ma. Eugenia y Villaverde, Xavier. 1997. Diagnóstico de la tenenciade la Tierra en las provincias de Sucumbíos y Napo. Quito: FEPP, 197 p.

Torres-Rivas, Edelberto. 2001. “La sociedad civil en la construcción demo-crática: notas desde una perspectiva crítica”, Instituciones y Desarrollo,8-9. Barcelona: IIG, pp.143-170.

http//www.iigov.org/revista/?p=8 04 (última consulta: 26/07/2004).Universidad Politécnica Salesiana – UPS. 2002. Diagnóstico Socio-económi-

co y cultural de los bloques 20 y 29 de la Amazonía Ecuatoriana, y Me-todología de Consulta Previa para la solución de conflictos socio-ambien-tales. Quito, UPS – Petroecuador, 4 vols.

Varios Autores. 2000. Global governance. The International Meridian Insti-tute.

http://www.meridianinternational.org/globalgovernance.htm. (última consulta26/07/2004).

Varios Autores. 2002. Petróleo, Ambiente y Derechos en la Amazonía CentroSur. Quito: CDES-OPIP-Amazanga, 72 p.

Varios Autores, 2003a. La ecología a la cola de la política. Quito: Abya Yala,CEP.

Varios Autores.2003b. El Oriente es un mito. Quito: Abya Yala, CEP.Velasco, Cuauhtémoc. 2003. “El uso del subsuelo y las obras viales de San

Antonio”, en Documentos de la Red de Antropología Jurídica. Mimeo.Vogel, Joseph H. 1995. “Una alternativa de mercado para la valoración de

la biodiversidad: El caso de Ecuador”, Gestión. Quito.Wunder, Sven. 2003. Oil, Wealth and the Fate of the Forest. Londres: Rou-

tledge.Yánez, Hernán (Comp). 1996. El Mito de la Gobernabilidad. Quito: Trama.Zizek, Slavoj. 1999. “Dije economía política, estúpido”, en The Ticklish

Subject, 118: 30 Londres: Verso.

238

Anexos

Anexo 1Los pasivos de la industria petrolera1

1 Elaborado por Fander Falconí.

Gráfico1Petróleo para pagar deuda externa

Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Estadística Mensual No. 1824.

Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Estadística Mensual No. 1824.

Gráfico 2Extracción petrolera

1964 Acuerdo de concesión firmado entre el consorcio Texaco-Gulf yla Junta Militar.

1967 El consorcio Texaco-Gulf anuncia el descubrimiento de impor-tantes reservas en la región amazónica.

08/1973 Acuerdo firmado entre el gobierno y el consorcio, mediante elcual el consorcio pierde la mayor parte de la concesión peroconservará el control hasta 1992; CEPE entra en el consorcioen un 25% a un precio evaluado a 65 millones de dólares.

12/1976 Nuevo acuerdo entre el gobierno y Texaco-Gulf, según el cualCEPE toma control de Gulf y se vuelve principal accionista delconsorcio, con el 62,5%; no obstante, Texaco sigue operando elbloque.

1991 Publicación en inglés del libro de J. Kimerling, Amazon Crude,sobre los impactos ambientales de la era Texaco.

06/1991 Acción Ecológica organiza la primera ocupación de las oficinasde Texaco en Quito y un boicot de los productos de la empre-sa.

04/1992 El gobierno de R. Borja firma un contrato con la empresa cana-diense HPT-Agra, para la realización de una auditoria ambien-tal de las actividades de Texaco.

2 Elaboración: Guillaume Fontaine.

Anexo 2 Cronología del caso Texaco2

1993 HBT-Agra entrega un informe preliminar, que el presidenteDurán Ballén se rehúsa a publicitar; poco después, el Congresoconsigue una copia del informe y lo hace analizar por expertasecologistas; éstas denuncian varios defectos de procedimientoque invalidan parte el informe.

11/1993 En nombre de 30.000 personas, María Aguinda y 75 residentesde la Amazonía ecuatoriana presentan una demanda contra Te-xaco ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, bajo la figurade “acción de clase”; defendidos por Cristóbal Bonífaz, de la fir-ma Kohn, Nast & Graf (especializada en este tipo de acciones).

12/1993 Texaco pide el envío de la demanda con motivo de “foro noconveniente”.

1994 Primer informe sobre los impactos a la salud de la era Texaco,por Chris Joshnick y el Centro de Derechos Económicos y So-ciales.

01/1994 Lanzamiento de la 7ª ronda de licitaciones de bloques petrolí-feros por el gobierno; auge de la campaña “Amazonía por la Vi-da” encabezada por Acción Ecológica.

04/1994 El juez Broderick, a cargo del “caso Texaco” pide un comple-mento de información a la empresa.Creación del Frente de Defensa de la Amazonía, con el comitéde demandantes contra Texaco y la Coordinadora de organiza-ciones populares del Nororiente.

06/1994 El ministro de Energía y Minas admite públicamente que el in-forme de HBT-Agra no cumple con las exigencias y que Texacotendrá que pagar los daños; caso contrario, podría ser deman-dada por el gobierno ecuatoriano.

12/1994 En nombre de 25.000 residentes de la Amazonía peruana, unademanda es presentada por Gabriel Ashanga Jota contra Texa-co, que se sumará con la “demanda Aguinda”.

1995 Segundo informe sobre los impactos a la salud de la era Texaco,publicado por el Dr. Miguel San Sebastián.

03/1995 Defunción del juez Broderick; se confiará a varios jueces interi-nos antes de nombrar al juez Rakoff.

05/1995 Firma de un contrato entre el ministerio de Energía y Minas,Petroecuador y Texaco, para la remediación del área operada

244

por Texaco; el programa se lleva a cabo con los municipios deNueva Loja, Shushufindi, Joya de los Sachas y Francisco deOrellana, así como el Consejo Provincial de Sucumbíos. Un acuerdo es firmado entre Texaco y las organizaciones kich-was FCUNAE y FOISE, para la realización de obras de com-pensación social financiadas por la empresa.

1996 El gobierno de A. Bucaram acepta la idea de ser citado en el jui-cio, pero se rehúsa a levantar la “inmunidad diplomática” parasometerse a la jurisdicción de la corte de Nueva York; el juezRakoff pide aclaración de la postura del gobierno ecuatoriano.

01/1996 Texaco pide de nuevo que la demanda Aguinda sea anulada. 06/1996 El embajador del Ecuador en Estados Unidos formula el recha-

zo del gobierno a ser citado en el “caso Texaco”.09/1996 Creación de una red de monitoreo ambiental en la región nor-

te de la Amazonía; funcionó 2-3 años antes de divisiones entrelas organizaciones miembros.

11/1996 El juez Rakoff, a cargo del expediente, acepta la petición de Te-xaco de desechar el juicio, citando a un juicio anterior enuncia-do por la Corte Suprema de Houston (Texas). Una primera “ac-ción de clase” se había intentado contra Texaco ante esta corte,a nombre de Gabriel Sequihual. Pero el juez Black, a cargo deeste expediente, había devuelto el caso ante las cortes ecuatoria-nas, a causa de “forum no conveniente” y de “comité interna-cional”, sin pedir mayor información.

04/1997 Tras el “bucaramato”, el gobierno de Fabián Alarcón firma unacarta en la cual considera que el juicio no atenta contra la sobe-ranía nacional y protege los intereses de los ciudadanos ecuato-rianos; no obstante, se rehúsa a involucrarse en el caso; los de-mandantes piden recalificación de la “demanda Aguinda”.

08/1997 El juez Rakoff niega la moción de los demandantes de reconsi-derar el caso y anula la “demanda Jota”.

09/1997 Los abogados apelan esta decisión ante la Corte de Apelacióndel Segundo Distrito de Nueva York

09/1998 Firma del “Acta final” que libera a Texaco de toda obligación enel Ecuador, tras un programa de remediación muy criticado porsu alcance limitado y falta de transparencia.

245Anexos

10/1998 La Corte del Segundo Circuito del Distrito Sur de Nueva Yorkpide reconsiderar la decisión del juez Rakoff y manda el casoante el Distrito Federal; la Corte de Apelación confirma que laintervención de la República del Ecuador no es indispensable,ni requerida para que el expediente siga su curso.

1999 Texaco es condenada por una corte estadounidense a pagar176,1 millones de dólares por discriminación racial.

09/1999 Carta de Texaco al presidente del FDA en la cual se evoca porprimera vez la posibilidad de un arreglo extra judicial.

01/2000 El juez Rakoff pide un nuevo suplemento de información en elcaso, para determinar si la jurisdicción ecuatoriana no es mejorcalificada para el juicio.

07/2000 Texaco ofrece 20 millones de dólares más el pago de los hono-rarios de los abogados para solucionar el conflicto; los deman-dantes rechazan la oferta.

10/2001 Adquisición oficial de Texaco por la empresa estadounidenseChevron.

08/2002 La Corte de Apelación confirma la decisión de juez Rakoff demandar el “caso Texaco” ante los tribunales ecuatorianos.

05/2003 La demanda contra Chevron-Texaco es aceptada por el juez deltribunal de Lago Agrio, bajo el nombre de Humberto Piyagua-je.

10/2003 Audiencia de conciliación en Lago Agrio. Durante 6 días el juezescucha las declaraciones de las partes. Se pide además 128 ins-pecciones judiciales en el área operado anteriormente por Texa-co. Se estima que el plazo para realizar estas inspecciones será deun año y medio a dos años.

246

Visión

El Ecorae es un organismo líder, transparente y participativo que promueveel desarrollo humano sustentable con identidad amazónica, fortaleciendo laintegración de la región al país y a la cuenca, en un marco competitivo ydescentralizado.

Misión

Diseñar y ejecutar una estrategia consensuada con los actores locales, nacio-nales e internacionales, que permita el desarrollo humano sustentable de laregión basada en un sistema de planificación, evaluación y rendición decuentas.

Políticas institucionales

• Consolidar zonas de desarrollo que presenten oportunidades y condicio-nes inmediatas para potencializar los factores de desarrollo sostenible enla región.

Anexo 3Intervención del Secretario general del Ecorae en el X Foro Socio Ambiental de FLACSOLos megaproyectos y la (re) construcción de la RAE como espacio de gobernabilidad democrática. Modelo de gestión institucional.

Alex Hurtado

• Estimular la capacidad emprendedora de los diferentes actores y fomen-tar la incubación de empresas de diferente tamaño y fortalecer las em-presas existentes, para el uso sustentable de los recursos de la región.

• Promover y fomentar la conformación de empresas de economía mixtacon socios estratégicos regionales, nacionales e internacionales.

• Apoyar a las iniciativas de las organizaciones sociales y complementar es-fuerzos para la ejecución de proyectos prioritarios de los gobiernos sec-cionales, especialmente en el área rural.

Modalidades de la inversión institucional

• Megaproyectos: Líneas estratégicas de acción que orientan la definiciónde políticas regionales y establecen programas y proyectos.

• Macroproyectos: Inversiones productivas reembolsables en los que elEcorae tendrá participación accionaria.

• Microproyectos: iniciativas de las diferentes organizaciones sociales de laregión, orientadas a promover el desarrollo humano sustentable bajo unsistema de co-financiamiento.

Líneas de acción

• Transporte intermodal: Promover una estrategia de integración de las re-des fluvial, terrestre y aérea en la región y cuenca amazónica para el fo-mento del comercio interregional, intraregional e internacional.

• Turismo sustentable: identificar la demanda para promocionar los desti-nos turísticos en la región.

• Agroindustria y desarrollo agropecuario-forestal: propender a mejorar laproductividad y comercialización de los productos agrícolas.

• Saneamiento básico: coordinar con los gobiernos locales la implantaciónde una estrategia integral de manejo de desechos sólidos, líquidos y pro-visión de agua segura en la región.

• Conectividad: intercomunicar a los actores de la Amazonía para una am-plia participación en la toma de decisiones.

• Biodiversidad: generar capacidades para conservación, conocimiento y

Alex Hurtado248

uso de la biodiversidad en la Amazonía.• Cogeneración: Incorporar la energía a los procesos productivos y socia-

les para mejorar la calidad de vida.• Ordenamiento territorial: propiciar el uso adecuado del territorio de

acuerdo a sus características biofísicas homogéneas.• Unidades municipales de desarrollo sustentable –UMDS: fortalecer la

capacidad de gestión local de los gobiernos municipales. • Descentralización: apoyar el funcionamiento descentralizado del sector

público en la región. • Diálogo petrolero: propender a que parte de la renta de la explotación

petrolera se reinvierta en la región. • Desarrollo del capital humano: extender la oferta educativa y mejorar la

calidad de la educación en la región.

Desarrollo de capacidades para conservación y uso de la biodiversidad:

Objetivo:• Fomentar la conservación y uso de la biodiversidad como factor de de-

sarrollo sostenible; privilegiando el desarrollo de capacidades en gobier-nos y comunidades locales.

• Apoyar a los gobiernos y comunidades locales en el desarrollo de capaci-dades de gestión y planificación sobre conservación y uso de biodiversi-dad.

• Divulgar conocimientos sobre conservación y uso de la biodiversidad.• Fomentar la relación entre gobiernos y comunidades locales en proyec-

tos de biodiversidad.• Apoyar a los gobiernos y comunidades, en el desarrollo de iniciativas

económicas o la gestión productiva de la biodiversidad.• Aplicar tecnologías apropiadas, fomentar el uso de energías renovables y

desarrollar capacidades para su gestión; garantizar conectividad y trans-parencia de la información sobre biodiversidad amazónica.

249Anexos

Cobertura de servicios 1999 - 2003

• Agua potable urbana: • Cobertura con conexión = 73.0 - 54.1%• Calidad del servicio = 51% es deficiente

• Alcantarillado: • Cobertura con conexión = 61.0 - 34.9%• Calidad del servicio = 74% es deficiente

• Agua potable rural:• Cobertura con tubería = 20.0 - 28.8%

Lineamientos estratégicos - objetivosPropuesta de desarrollo sustentable:

Objetivo:Fortalecer el desarrollo empresarial , para generar un flujo sostenido de lademanda turística, mediante el diseño de productos turísticos que conside-ren valor agregado en el aprovechamiento de la biodiversidad y las culturasancestrales

Políticas:• Desarrollar 8 destinos y 2 corredores turísticos competitivos, en base a

clusters, considerando la generación de alianzas estratégicas productivas,con lo agropecuario y artesanal; con la cultura local ancestral y con laconservación de ecosistemas, que generen valor agregado en los produc-tos turísticos.

• Conformar empresas de economía mixta para desarrollar los proyectosestratégicos.

• Generar incentivos para motivar el marketing de los destinos y corredo-res turísticos.

• Generar incentivos para desarrollar tecnología e investigación.• Prestar asistencia técnica a la mediana y pequeña empresa turística para

que desarrolle productos turísticos aptos a las necesidades cambiantes delos turistas nacionales e internacionales.

• Certificar el recurso humano para lograra la calidad en la prestación deservicios.

Alex Hurtado250

Estrategia:• Vincular la demanda internacional del destino Galápagos, a los nuevos

destinos (Nuevo Rocafuerte, nacionalidades indígenas y Loja- Zamora),mediante rutas aéreas.

• Vincular la demanda nacional e internacional de los destinos de las re-giones Andes (Quito, Baños, Cuenca) y Pacífico (Guayaquil y Manta) alos destinos del eje amazónico andino, con productos especializados.

• Promover en el empresario la necesidad de cambio, en el uso de la infor-mación y de la tecnología y de la inversión en el recurso humano.

• Promocionar el uso del crédito para el mejoramiento de los servicios, lapromoción del destino, la promoción del negocio y la asistencia técnica.

Instrumentos de gobernabilidad y transparencia institucional

Fideicomiso Ecorae (Eliminar discrecionalidad en el gasto).• Constituído y presentado públicamente en el website (ecorae.org.ec).• Actualmente en plena funcionalidad.• Programa de microproyectos de Ecorae.• Inversión.• Preinversión.• Programa para el Desarrollo Humano Sustentable GTZ-Ecorae.• Programa de Innovación Tecnológica INIAP-Ecorae.• Programa del Fondo Cafetalero MAG-Ecorae.

Sistema de fondos concursables (eficiencia en la asignación de recursos)

Convocatoria y bases del concurso públicas y de libre acceso.• Rigurosidad técnica en la calificación y priorización de la inversión con

criterios universales.• Gestión financiera terciarizada con capacidad de toma y rendición de

cuentas en cualquier momento.• Proceso de adjudicación de recursos sistematizado, ágil y transparente.• Mecanismo que atrae el aporte de recursos de la cooperación nacional e

internacional.

251Anexos

Información sobre la inversión publicada en Internet (transparencia en lagestión y veeduría social)

• Presupuesto de inversión.• Convenios y acuerdos.• Proyectos.• Productos. • Personal.

Gestión desconcentrada hacia las secretarías técnicas provinciales (fortale-cimiento de la gestión local)

• 6 oficinas provinciales con capacidades y competencias en:• Diseño, evaluación y gestión de proyectos.• Asistencia técnica (planificación local).• Coordinación.• Seguimiento y evaluación de impacto.• Gestión local.• Veeduría social de los actores locales.

La RAE como espacio de gobernabilidad democrática

Rol del Ecorae:• Facilitador de iniciativas públicas, privadas y comunitarias que generen

factores de gobernabilidad.• Articulador de iniciativas que agreguen valor, amplíen cobertura, mejo-

ren calidad e impacto de los proyectos.• Proveedor de capital semilla que permita promover inversiones públicas,

privadas y comunitarias para el desarrollo sostenible.• Promotor de construcción y desarrollo de capital social y de la conserva-

ción y el uso sustentable del capital natural.• Planificador de un desarrollo regional con identidad amazónica.• Potencializador de factores de desarrollo sostenible.• Dinamizador de formas de relación equitativa entre la RAE y el conjun-

Alex Hurtado252

to de la nación ecuatoriana.• Generador de condiciones que promuevan ventajas comparativas y com-

petitivas a nivel regional.• Promotor de iniciativas locales, regionales y globales que fortalezcan la

visión y dimensión de la cuenca amazónica.

Principales factores de gobernabilidad

Gobernabilidad ambiental. Objetivos:• Adecuado equilibrio entre objetivos de conservación y objetivos de de-

sarrollo. • Desarrollar iniciativas locales y regionales sobre conservación y uso sus-

tentable de capital natural.• Desarrollo de capacidades de los gobiernos y comunidades locales que

permitan conservar con gente. • Impulso de iniciativas que promuevan la economía de la biodiversidad

fundamentada en el uso sustentable de sus recursos.• Incidir cualitativamente en las formas de relación Estado-petroleras-co-

munidades, para superar la visión reactiva que compensa impactos so-cio-ambientales y definir una visión proactiva que asume compromisosen pos del desarrollo sostenible.

• Lograr niveles de sinergia y complementariedad entre las políticas am-bientales-sociales-económicas.

Gobernabilidad socialObjetivos:• Coadyuvar en las políticas de constitución y desarrollo de capital social

en la RAE.• Fomentar la interrelación entre capital social, capital natural y capital

económico.• Consolidar los procesos de transferencias de competencias y desarrollar

capacidades que permitan ejercerlas.• Fortalecimiento de las secretarias técnicas del Ecorae como instancias de

promoción de desarrollo sostenible en la RAE.

253Anexos

• Incidir en políticas públicas, privadas y en organismos de cooperaciónpara mejorar calidad y ampliar cobertura de los servicios básicos y de in-fraestructura para el desarrollo de la RAE.

• Garantizar que en los proyectos que se ejecutan en la RAE se incorporenadecuadamente la dimensión étnica y de género.

Gobernabilidad económicaObjetivos:• Impulsar el ordenamiento territorial para establecer potencialidades y

aprovechamiento óptimo.• Potenciar el capital humano y la innovación tecnológica.• Promover la generación de valor agregado en los productos y servicios

que oferta la Amazonía.• Diversificar la producción para incrementar la productividad y mejorar

la seguridad alimentaria de los habitantes de la RAE.• Promover ventajas comparativas y competitivas a nivel regional.• Promover el desarrollo de iniciativas económicas sobre uso sustentable

de capital natural.

El ser Amazónico…

Tuve la suerte de compartir con los indígenas kichwas mis primeros años.Es por eso que tuve dificultad al entrar a la escuela pues, hablaba más kich-wa que español. Piguali, gran cacique indígena y chamán del Ahuano meenseñó el valor del equilibrio en la selva.

Hoy la visión colonizadora que subsiste sobre la Amazonía rompe y al-tera la armonía de su origen. Nuestra región y el ser amazónico no puedenser pensados desde un culto del pasado o desde la sola cosmovisión indíge-na, requerimos reconstruir una visión del presente y del futuro de la Ama-zonía y de la Cuenca en medio del proceso de globalización que niega susidentidades ambientales, económicas y culturales.

Necesitamos que los habitantes de la región recuperemos nuestra capa-cidad de ser amazónicos y que el Ecuador descubra como parte de su iden-tidad a la región amazónica.

El Ecorae propone que la causa de la Amazonía sea un compromiso detodos.

Alex Hurtado254

Constitución política

Art.- 84.- “El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos indígenas, deconformidad con esta Constitución y la ley, el respeto al orden público y alos derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:”

No. 2.- “Conservar la propiedad imprescriptible de las tierras comunitarias,que serán inalienables, inembargables e indivisibles salvo la facultad del Es-tado para declarar su utilidad pública. Estas tierras estarán exentas del pagodel impuesto predial.”

No. 3.- “Mantener la posesión ancestral de las tierras comunitarias y a ob-tener su adjudicación gratuita conforme a la ley”.

Convenio 169 de la OIT

Art.- 13.- 1.- “Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los go-biernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y va-lores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierraso territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de algu-na otra manera, y en particular, los aspectos colectivos de esa relación.

Anexo 4Textos fundamentales que amparanlos derechos territoriales en Ecuador3

3 Reseñados por Bolívar Beltrán.

2.- “La utilización del término “tierras”en los artículos 15 y 16 deberá incluirel concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regionesque los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”.

Art. 14. 1.- “Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de pro-piedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”.

“2.- Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para de-terminar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente ygarantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión”.

“3.- Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistemajurídico nacional para decidir las reivindicaciones de tierras formuladas porlos pueblos interesados”.

La Ley de Desarrollo Agrario

Menciona entre las facultades del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario-INDA:

Art.- 38.- “LEGALIZACIÓN.- El Estado protegerá las tierras del INDAque se destinen al desarrollo de las poblaciones montubias, indígenas yafroecuatorianas y las legalizará mediante adjudicación en forma gratuita a lascomunidades o etnias que han estado en su posesión ancestral, bajo la condiciónque se respeten tradiciones, vida cultural y organización social propias, in-corporando bajo responsabilidad del INDA, los elementos que coadyuven amejorar sistemas de producción, potenciar las tecnologías ancestrales, lograrla adquisición de nuevas tecnologías, recuperar y diversificar las semillas ydesarrollar otros factores que permitan elevar sus niveles de vida. Los proce-dimientos, métodos e instrumentos que se empleen deben preservar el sis-tema ecológico.”

Reglamento ley de desarrollo agrario

Art. 60.-“Para la aplicación del Art. 36 de la ley de desarrollo agrario y a pe-tición de los interesados, el Director Ejecutivo del INDA ordenará las inda-gaciones y la realización de los informes necesarios para determinar las áreasy organización social propia de las comunidades o etnias respectivas”.

256

26/07/1996 Firma del contrato de participación entre Petroecuador yCGC / B23.

10/09/1997 “Convenio de Aporte” entre C. P. de Pastaza y CGC por$120.000/ dos años, en cumplimiento a la cláusula 5.1.27del contrato con Petroecuador.

28/11/1997 Presentación del EIA a autoridades y representantes de lascomunidades en Puyo. Entre las recomendaciones de Walshse habla de “Medidas para prevenir la integridad territorial”y recomienda establecer “Acuerdos por comunidades en susunidades territoriales” para apoyos y compensaciones de laspartes, así como la creación de “Junta regional de las comu-nidades incluidas en el bloque 23”.

Desde 1997 Relacionadores comunitarios de CGC inician trabajo para

llegar a acuerdos con las comunidades y organizaciones “in-dependientes” de Pastaza en 1998. Condicionamiento deOPIP y Sarayacu al inicio de cualquier diálogo sobre el B23,hasta que se cumpla con los acuerdos firmados en relación alB10. La FINAE se opone desde un inicio al ingreso de lasoperadoras del B23.

9/04/1999 Se dicta el Acuerdo Ministerial No. 197, en el que el Minis-tro de Energía, René Ortiz, prorroga por un año las activida-

Anexo 5Cronología del conflicto en Sarayacu4

des de las empresas CGC y Arco, “cuyas actividades se en-cuentran afectadas por las acciones de las organizaciones in-dígenas” (Art. 2). Según la prorroga, “el tiempo que deman-de el retorno a la normalidad... no se computará a los plazos”(Art. 3).

04/2000 Reunión entre gerente de CGC y la Asamblea General de Sa-rayaku, para ofrecer los $ 60.000 que ha venido manejandoel CPP, para autorizar trabajos en sus tierras, pero “despuésde una larga discusión la Asamblea... no acepta y rechaza lapropuesta.” Las mujeres de Sarayaku piden la salida de CGC.

24/06/2000 Reunión entre Sarayaku-OPIP-CGC en Puyo, para informara la compañía que se “decide no mantener más el diálogo nimás la negociación con CGC”. Establecen que “el principalargumento es la falta de garantías y seguridad jurídica para lavida de los pueblos kichwas de la cuenca del Bobonaza, espe-cialmente el territorio de Sarayaku.”

01/12/2001 Cumbre de Pacayaku para la definición de “propuesta globaldel pueblo kichwa sobre explotación petrolera en Pastaza enlos bloques 10 y 23”. Participan 300 delegados de OPIP, Fe-nakipa y Aiepra. Se exige la incorporación de miembros de or-ganizaciones y comunidades en equipos para Plan de manejoambiental; desarrollo comunitario planificado y consensuado;servicios petroleros manejados por las organizaciones indíge-nas; pago de indemnizaciones por los impactos de la actividadpetrolera y financiamiento de un plan de desarrollo estratégi-co. Inicio de la campaña exploratoria en el 40% del bloque 23.

11/02/2002 Asamblea de Sarayaku resuelve: “Defender y mantener nues-tra posición de no permitir el ingreso de ninguna empresa enla circunscripción territorial de Sarayaku”, con presencia delgobernador de Pastaza, Comandante de Policía, Jefe de Bri-gada 16, presidente Confeniae y otras autoridades.

06/03/2002 FENAKIPA, OPIP y AIEPRA anuncian la formación delFrente de la Unidad de la nacionalidad Kichwa de Pastazapara elaborar una propuesta conjunta a CGC previo al inicio

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4 Elaborado por Víctor López.

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de fase sísmica. Sin embargo, hay discrepancia por la inten-ción de constituir el territorio autónomo kichwa de Pastaza(TAKIP), lo cual es rechazado por FENAKIPA, ya que su-pondría la desaparición de organizaciones como ésta.

04/04/2002 Ruptura del diálogo entre Frente Kichwa-CGC, por manio-bras de Daymi Services, subcontratista para relacionamientocomunitario, por fragmentar a las organizaciones y amenazarcon “el uso potencial de la fuerza pública”. Fenakipa y Aiepradesisten, pero OPIP y sus asociaciones preparan acciones le-gales, a instancia de la demanda de Sarayaku.

07/07/2002 Firma del “Acuerdo general para la exploración sísmica 2Dde la Compañía General de Combustibles”, entre CGC, FE-NASH, AIEPRA, Asociación Pacayaku, Asociación de Cane-los, Fenakipa, y las comunidades de Remolino (kichwa) yShaimi (achuar), y “las supuestas comunidades independien-tes de Sarayaku”

24/08/2002 Cumbre de Sarayaku, en la que participan todas las asocia-ciones de la OPIP, excepto Pacayaku –que decidió consultara socios- “y decidieron apoyar la presentación de la demandade recurso de amparo constitucional”. Se declara en estadode emergencia toda la circunscripción territorial del puebloKichwa de Pastaza.

20/11/2002 La Asociación Sarayaku presenta una queja ante la Defenso-ría del pueblo del Ecuador, por la intromisión de CGC ensus territorios, consiguiéndose el 28 de nov. 2002, la “Decla-ración Defensorial de Protección”, resolución según la cualtodas las autoridades civiles y militares tienen el deber de res-petar a los habitantes de Sarayaku, al estar protegidos consti-tucionalmente.

28/11/2002 OPIP, en representación de sus 11 asociaciones, presenta unrecurso de amparo constitucional ante la Corte Superior deJusticia de Pastaza, en contra CGC y Daymi. El juez 1º de loCivil ordena el 29 nov/02, llevar a cabo una audiencia públi-ca con los demandados y “que se suspenda cualquier acciónactual o inminente que afecte o amenace los derechos queson materia de reclamo”.

Anexos

4-12/12/2002 Intromisión de CGG a territorio achuar, lo que provoca laretención de ocho trabajadores y la posterior negociación conel gobierno para su liberación: “Acuerdo de Intención” entreEstado y FINAE-FICSH-FIPSE.

17/12/2002 CGC, violando todas las órdenes y acuerdos, irrumpe en te-rritorios de Sarayaku, por lo que se retiene a 2 trabajadoresde Pacayaku.

Fin 12/2002 Se inicia el bloqueo del río Bobonaza en Canelos y Pacayaku

para todo miembro de Sarayaku, mientras no acceda a firmarun acuerdo con CGC. Declaratoria de emergencia territorialen Sarayaku y campaña de resistencia Kapari.

6/01/2003 El Gerente de CGC define a Sarayaku como “zona de explo-tación”, mientras el Gobernador declara haber ordenado lapresencia de Fuerzas Armadas y Policía para garantizar su tra-bajo.

11-13/01/2003 CGC apertura más campamentos en territorio de Sarayaku,por lo que se instalan 4 “campos de paz y vida” para detenerpacíficamente a las cuadrillas. Se produce una disputa entretrabajadores de CGC y el ejército y comuneros de Sarayaku,por lo que el comandante de la Brigada 17 dispuso que 40efectivos “se desplacen para garantizar las operaciones petro-leras en la zona de Villano, dentro del bloque 10... y en elsector de Sarayaku... en el bloque 23”

15/01/2003 Sarayaku denuncia que “...obreros de la compañía...han vio-lado los Acuerdos de Sarayaku infiltrándose en nuestros te-rritorios, abriendo campamentos por lo que la comunidad haprocedido a expulsar a más de 25 obreros pacíficamente, porla persistencia procedieron a detener a cinco miembros de lafuerza de seguridad, con esto se confirma la presencia ilegal einconstitucional de grupos armados a favor de la Cía. CGC-Texaco Chevron.”

25/01/2003 Captura por parte del ejército de 4 comuneros en Wirakaspi;vendados y atados de pies y manos fueron entregados a fun-cionarios de CGC, quienes los llevaron a Chontoa en heli-

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cóptero, para someterlos a vejámenes, maltrato físico, ame-nazas y torturas. Al ser entregados por guardias de CGC a laPolicía en Puyo, indicaron que “estos son guerrilleros que nodejan trabajar y pido que les maten.”

30/01/2003 Reunión con el presidente Gutiérrez, los ministros de Ener-gía y Minas y Gobierno, dirigentes de Sarayaku, OPIP yCONAIE y sus asesores. El Ministro de Energía procura ha-cer de ésta una instancia de mediación y negociación, por loque busca -sin éxito- el ingreso de representantes de CGC.Durante la reunión las autoridades explicitaron su punto devista, según el cual todo se trata de un conflicto entre las co-munidades que aceptan (mayoría) y las que se oponen a laexplotación petrolera, con lo cual “deliberadamente asumencomo propia la tesis fabricada por la empresa CGC.” Seacuerda una visita a la comunidad para el 3 de febrero, así co-mo la conformación de una comisión jurídica para que ela-bore un informe legal sobre el contrato del bloque 23.

2/02/2003 CGG, subcontratista para exploración sísmica de CGC, con-firma su retiro de las operaciones en el bloque 23.

4/02/2003 Carta al gobernador de Pastaza del comité de coordinaciónBloque 23 CGC (FENASH-P, FENAQUIPA-PACAYAKU-AIEPRA y Shaimi), donde se manifiesta que “luego de haberrealizado la consulta previa a pesar de que la ley no estabaaprobada de consulta y participación, basándose en la faltade instrumento legal, unido a otros hechos como es el renun-ciamiento para la ampliación de la frontera exploratoria en laAmazonía”, se procedió a la firma de un convenio de coope-ración y financiamiento entre estas organizaciones y la CGC($ 1 millón).

4/03/2003 El presidente de la Asociación de Compañías Petroleras (Re-né Ortiz) realiza el anuncio de que el MEM concedió “el per-miso de fuerza mayor a las compañías CGC que opera el blo-que 23 y Burlington el bloque 24, ante los problemas con lascomunidades de Sarayaku.”, tachando de “delincuentes” alos dirigentes “por sustraerse equipos, explosivos y armas delos campos”.

261Anexos

17/03/2003 CGC anuncia la suspensión temporal de actividades en elbloque 23, por el conflicto con Sarayaku, pero advierte que“no dejará el bloque”. La medida se sustenta en la declarato-ria de fuerza mayor por 60 días que le otorgaron las autori-dades del gobierno, en febrero. Se conoce que CGC y sus tra-bajadores plantearon juicios penales en contra de dirigentesindígenas por plagio y robo.

03/2003 Amnistía Internacional lleva a cabo una campaña de denun-cia del hostigamiento a dirigentes y reclamo ante el gobiernode Gutiérrez.

05/2003 Visita de la Comisión de Derechos Humanos del CongresoNacional por pedido de OPIP, para investigar los hechosocurridos contra miembros de Sarayaku y definir sancionessobre las detenciones arbitrarias y el intento de violación.

5/05/2003 Resolución la Comisión Interamericana de Derechos Huma-nos (CIDH) por el caso de tortura, intento de violación ypersecución a dirigentes, en la que otorga medidas cautelarespara protección del pueblo y territorio de Sarayaku, por par-te del Estado ecuatoriano.

10/2003 Audiencia en Washington, ante la CIDH, en la que el go-bierno reconoce no haber implementado las medidas por loremoto del territorio, lo costoso del procedimiento y por susintereses extractivos en la zona.

10-11/2003 Declaraciones de Gutiérrez y Arboleda amenazando con usarfuerza pública o “militarizar” el territorio de Sarayaku en di-ciembre.

02/12/2003 Llamamiento al ministro de Energía por parte de la Comi-sión de Asuntos indígenas del Congreso para que expliqueuna serie de declaraciones ofensivas y la situación en Saraya-ku.

05/12/2003 Campaña de apoyo a Sarayaku y marcha de CONAIE yONG ambientalistas y derechos, universidades pidiendo ellevantamiento del bloqueo y puestos militares en el Bobona-za.

06/12/2003 Agresión violenta a dirigentes de Sarayaku en Pacayaku y Ca-nelos.

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01/2004 Declaraciones del Ministro Arboleda, según las cuales “laOEA no manda en el Ecuador”.

02/2004 Recusación de los dirigentes y comuneros de Sarayaku y FI-NAE en los procesos legales iniciados por CGC, demostran-do su inocencia.

04/2004 El ejército incursiona en la frontera ecuatoriana-peruana so-bre el río Curaray en la zona de Yanayaku, provincia de Pas-taza, en territorios kichwa de OPIP, argumentando haberidentificado un grupo armado irregular, presumiblementeFARC.

05/2004 El Congreso de la Confederación de Nacionalidades Indíge-nas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), decide re-tirar el apoyo al gobierno de Gutiérrez, mantenido despuésde la ruptura de Pachakutik-Conanie con Sociedad Patrióti-ca un año atrás. La militarización de territorios indígenas enPastaza brindó a CONAIE el espacio necesario para pedir lasalida del presidente de CONFENIE, pero no fue suficiente,consiguiéndose empero el cambio de política de la organiza-ción regional y su ruptura con el gobierno central.

263Anexos

Cronograma

De acuerdo con el Reglamento, el tiempo previsto para la realización de laconsulta era entre 60 y 90 días. Después de haber elaborado y consensuadocon el Estado la metodología de consulta (junio – julio), el equipo de laUPS inició las tareas de preparación del proceso durante el mes de agosto(organización de los equipos). Durante las 3 primeras semanas de septiem-bre de 2003 tuvieron lugar reuniones con las distintas federaciones y parro-quias, con la finalidad de crear consensos y preparar el proceso de consulta.Entre el 22 de septiembre y el 15 de diciembre (12 semanas adicionales) sedesarrollaron las actividades relacionadas con la capacitación, la comunica-ción, los pronunciamientos comunitarios, la notarización de las actas comu-nales e intercomunales y la elaboración de propuestas.

Adicionalmente, cabe recordar que durante la realización del diagnósti-co y la elaboración de la metodología de consulta preliminar (2002), se lle-varon a cabo 5 talleres subregionales sobre la consulta previa, en los que par-ticiparon delegados de las distintas comunidades y organizaciones, quienesluego socializaron los contenidos en sus respectivas instituciones. Los infor-mes de estos talleres recogen las percepciones de las comunidades sobre elpetróleo y plantean propuestas que orientaron el desarrollo posterior de laconsulta y la elaboración de materiales de capacitación.

En conjunto, las actividades relacionadas con la información y capaci-tación directa a las comunidades sobre las implicaciones de la consulta pre-

Anexo 6 Metodología para la realización de la consulta previa en los bloques 20 y 29

Xavier Izko

via tomaron un tiempo superior a los 4 meses (120 días). Explicitamos acontinuación el alcance de cada una de ellas.

Identificación de las organizaciones interlocutoras

En cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, los sujetos prioritarios dela consulta han sido los pueblos indígenas originarios del lugar donde sepiensa llevar cabo procesos de explotación de recursos no renovables comoel petróleo, además de comunidades mixtas (indígenas y colonos). El restode la ciudadanía (habitantes rurales no indígenas, ONG, habitantes urba-nos) ha sido informado a través de la permanente difusión realizada me-diante programas radiales y la distribución focalizada de material impreso.Adicionalmente, fueron habilitadas dos oficinas de consulta (cuya apertu-ra fue notificada por prensa y radio), donde podían consultar el materialdisponible y dejar constancia escrita de sus criterios y pronunciamientossobre el petróleo, como señala el Reglamento de consulta. En este sentido,la consulta ha sido realizada a toda la población, pero mediante modalida-des diferenciadas que priorizaban a los pueblos indígenas, conforme alConvenio 169 de la OIT.

La primera exigencia de la consulta previa era que el pronunciamientode las comunidades fuera libre e informado. En otras palabras, debía existirun proceso previo de información y capacitación en el que se explicara el al-cance de los derechos colectivos con relación a la consulta previa, los riesgosy oportunidades del proceso petrolero, los procedimientos de compensacióne indemnización (en caso de ser viable el proceso), y las medidas de preven-ción y mitigación de los eventuales impactos socio-ambientales. Este con-junto de componentes se constituyó en referente de la propuesta de capaci-tación (ver más adelante).

Sin embargo, el Convenio 169 y el Reglamento de consulta proponenque los pueblos indígenas sean interpelados a través de sus “organizacionesrepresentativas”. En este sentido, era fundamental proceder a la identifica-ción de las organizaciones indígenas del área de los bloques, especificandosu nivel de representatividad y sus relaciones mutuas. Para ello, se elaboróuna base de datos, sucesivamente revisada y ajustada con los representantesde las comunidades, que permitió identificar 379 comunidades en el área de

Xavier Izko266

los bloques, distribuidas entre nueve (9) federaciones y catorce (14) parro-quias con población dentro del área; también fueron identificadas cinco (5)organizaciones de segundo grado, adscritas a la federación más grande (Fe-deración de organizaciones y nacionalidades kichwas de Napo - FONA-KIN).

De esta forma, se establecieron dos referentes básicos de interlocución5:

• Federaciones indígenas para las comunidades federadas, incluyendo ni-veles crecientes de complejidad, como es el caso de las OSG.

• Parroquias para las comunidades no federadas.

Un proceso de esta naturaleza debía permitir la participación directa de lamayoría de la población indígena en la toma de decisiones. Sin embargo, elcarácter electivo, representativo y delegado del sistema democrático no sue-le garantizar suficientemente esta participación (Albán, 2003).

En lugar de diseñar una metodología que localizara la consulta en losniveles superiores e intermedios de las organizaciones (dirigentes o presiden-tes de comunidades, en el mejor de los casos), se optó por una metodologíamás compleja, que permitiera alcanzar también al máximo número de co-munidades de base, de manera que la mayoría estuviera lo suficientementeinformada como para poder pronunciarse a propósito del proceso petrole-ro. Si bien era una metodología exigente, considerando las características delproceso y el tiempo disponible, los resultados obtenidos avalan la decisiónadoptada. Por otra parte, se trataba de un proceso ya iniciado durante el2002, a raíz de la realización del diagnóstico participativo y de la elabora-ción de propuestas metodológicas complementarias para la futura consultamediante talleres por subzonas (Ahuano, Santa Clara, San Pablo, Misahua-llí, 24 de Mayo).

En este marco, una vez identificadas las organizaciones locales, se deci-dió interpelar a cada uno de los niveles organizativos existentes, en una di-

Anexos 267

5 Las organizaciones indígenas que tenían un carácter exclusivamente “funcional” sin base territoria-lizada (productivo, ecoturístico, etc.) no fueron consideradas como interlocutores directos, en lamedida en que sus miembros pertenecieran simultáneamente a una de las comunidades adscritasa federaciones o parroquias, desde las que fueron convocados. Lo mismo sucedió con las organiza-ciones barriales de indígenas que estaban adscritos simultáneamente a una comunidad.

Xavier Izko268

námica que ha permitido recorrer el camino de “arriba hacia abajo y de aba-jo hacia arriba” de las organizaciones:

• Selección de facilitadores por parte de sus respectivas federaciones, OSGo parroquias, para su capacitación por parte del equipo de la UPS. Dehecho, el Reglamento de consulta aconseja la participación de “técnicosindígenas” como facilitadores. En esta dirección, se debía proceder a laespecificación del número de facilitadores por organización representati-va, sobre una base de proporcionalidad que fue discutida y consensuadacon los presidentes de federaciones y parroquias.

• Realización de talleres intercomunales de capacitación de 2 a 3 días deduración (2.5 días en promedio), con delegados de cada comunidad.

• Realización de talleres-asambleas comunales de un día en cada comuni-dad (información en la primera parte y toma de decisiones transcritas enactas durante la segunda). Las comunidades, debidamente convocadas einterpeladas por los dirigentes de los distintos niveles organizativos (fe-deraciones y parroquias), constituyen el espacio que legitima todo elproceso organizativo; en esta dirección, debían ser también el espaciofundamental de pronunciamiento sobre el petróleo.

• Realización de asambleas intercomunales de un día de duración, comoinstancia de validación de las asambleas comunales y de la dinámica co-munitaria.

• Reuniones periódicas con presidentes de federaciones y parroquias paraacompañar y realimentar el proceso de consulta.

Información, capacitación y pronunciamientos

Debía diferenciarse cuidadosamente los espacios de información y capacita-ción de los espacios de pronunciamiento y toma de decisiones informada:

• Además del contenido informativo de la creación de capacidades, la in-formación fue proporcionada a través de materiales impresos, videos ycuñas radiales, que sirvieron de soporte a la capacitación y a la toma dedecisiones; la capacitación fue impartida en talleres a distintos niveles:

• el nivel de mayor intensidad se dio con el equipo de 32 facilitadores(11 días de talleres, más 4 días adicionales de revisión y realimenta-ción constante del proceso desde la práctica);

• el segundo, en 9 talleres intercomunales con alrededor de 400 dele-gados de la mayoría de las comunidades (3 días de reuniones por ta-ller, con un promedio de 45 participantes);

• el tercero, en 337 talleres realizados en otras tantas comunidades (el89% del total), que convocaron a más de 9.000 personas (medio díade información, acompañada por el presidente o delegado que asis-tió a los talleres intercomunales, más el facilitador);

La toma de decisiones se dio en tres momentos:

• durante la segunda parte de cada taller comunitario, transformado enasamblea extraordinaria de la comunidad, sin la presencia de facilitado-res (pronunciamiento de alrededor de 9.000 personas);

• también cumplieron esa función las asambleas intercomunales, comoinstancia de validación del proceso de participación comunitaria (parti-cipación de 229 presidentes de comunidades);

• finalmente, todo el proceso de participación y consulta fue ratificado porel comité de la nacionalidad kichwa de los bloques 20 y 29, que prolon-ga e institucionaliza las reuniones semanales de los presidentes de 9 fe-deraciones y 14 juntas parroquiales (23 personas en promedio), encarga-dos de dar seguimiento a la consulta.

De esta manera, se ha tratado de un proceso de aproximaciones sucesivas alas organizaciones y comunidades, combinando distintos niveles de toma dedecisiones, en una dinámica de mutua realimentación.

Aprobación y revisión de las bases de datos de las organizacionesy comunidades

Con anterioridad al inicio de las actividades, y como condición para el arran-que de las mismas conforme al Reglamento de consulta, el Consejo de Desa-rrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador – Codenpe, en Oficio 105

Anexos 269

SD del 25 de Agosto de 2003, certificó la base de datos de las organizacioneselaborada a raíz del diagnóstico realizado en el 2002 e integrada por 484, co-munidades adscritas a distintas federaciones y parroquias. El Codenpe sugirióalgunos cambios en el caso de 8 comunidades que habían cambiado de juris-dicción durante el tiempo transcurrido entre el diagnóstico y la consulta.

Estas bases fueron revisadas posteriormente con los facilitadores delega-dos de las organizaciones y ajustadas en consecuencia. La base de datos fi-nal depurada está constituida por 379 comunidades. El proceso de ajusteobedecía a las siguientes razones:

• Faltaban nuevas comunidades de la provincia de Orellana (parroquiasDahuano, Waticocha y Ávila Huiruno) y de otras federaciones no ads-critas a la CONAIE, como AMA (Arajuno – Pastaza).

• En la base inicial estaban incluidas algunas organizaciones (8) conforma-das exclusivamente por colonos, que no fueron consideradas sujetosprioritarios de los talleres, previo consenso con las organizaciones indí-genas, y que fueron interpelados mediante los procedimientos orienta-dos al resto de la población (información radial; visitas a las oficinas deconsulta habilitadas).

• En Tena y Archidona estaban registradas organizaciones barriales o gre-miales conformadas por indígenas que estaban ya adscritos a una deter-minada comunidad, por lo que se estaba duplicando la convocatoria.

• Algunas organizaciones habían cambiado de nombre, se habían fundidocon otras o habían aparecido recientemente.

• Una parte significativa de las organizaciones que habían sido registradasen las parroquias Ahuano y Chontapunta pertenecían, en realidad, albloque 21, por lo que tenían que ser excluidas de las bases de datos; dehecho, el 29.5% y el 98.6% del territorio de cada una de las parroquias,respectivamente, estaba fuera de los bloques.

El proceso de diagnóstico permitió identificar la existencia de federacionesindígenas adicionales a la FONAKIN, adscrita a la CONAIE; estas federa-ciones eran ignoradas usualmente por el Estado y por la mayoría de las ins-tituciones de apoyo.

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Reuniones previas con las organizaciones para definir consensos

Como preparación de la consulta, entre fines de agosto y fines de septiem-bre de 2003 se realizaron quince reuniones con representantes de las prin-cipales federaciones y parroquias del área de los bloques, a fin de concordarla factibilidad y modalidades de realización de la consulta. Se mantuvieronreuniones a distintos niveles con directivos y presidentes de OSG, y asam-bleas ampliadas con miembros de las comunidades6. Los objetivos de lasreuniones y asambleas eran los siguientes: (i) explicar los antecedentes de laconsulta previa (diagnóstico participativo y talleres comunitarios – septiem-bre a diciembre de 2002), retomando los contactos desde la última reuniónde febrero de 2003 (devolución de resultados de la consultoría, realizada através de la FONAKIN); (ii) revisar y completar la base de datos de las or-ganizaciones; (iii) justificar las relaciones existentes entre la propuesta deconsulta previa y las conclusiones y recomendaciones del diagnóstico parti-cipativo y de los talleres zonales (septiembre-diciembre de 2002); (iv) expo-ner y debatir la propuesta de consulta (información, capacitación, asambleasde pronunciamiento), y discutir tópicos relacionados con el Reglamento deconsulta; (v) solicitar los avales correspondientes para iniciar la organizacióndel proceso de consulta. Los presidentes de la CONFENIAE y del Parla-mento Amazónico participaron también activamente en una reunión conrepresentantes de las organizaciones de segundo grado y presidentes de jun-tas parroquiales afines a la FONAKIN.

Tras estas reuniones y asambleas ampliadas, se creó consenso acerca dela conveniencia de dar inicio al proceso de información, capacitación y – alfinal del mismo – de consulta formal, así como acerca de la metodología ylos instrumentos necesarios para llevar a cabo dicho proceso (selección delequipo de facilitadores, delegados directamente de las federaciones y juntas

Anexos 271

6 Las reuniones mantenidas convocaron a los presidentes, directivos y miembros de base de las si-guientes instituciones: federaciones y OSG indígenas de las tres provincias (Napo: FONAKIN,adscrita a la CONFENIAE y la CONAIE; FOCIN, FAOICIN, FICEN y FEKAN, adscritas alGobierno de Federaciones y Organizaciones Kichwas del Napo-GOFOKIN y a la COIRA; Pasta-za: ANKISC y ACIA, adscritas a la OPIP, la CONFENIAE y la CONAIE; AMA y Ayllu Pura, in-dependientes; Orellana: FEPKIL, adscrita a la FONAKIN), y juntas parroquiales de la provinciadel Napo. En el caso de la FONAKIN, también tuvo lugar una reunión de consenso preliminar enla asamblea extraordinaria de Mondayaku, con la participación de más de 300 personas de un grannúmero de comunidades.

parroquiales; organización de talleres con representantes de las organizacio-nes y comunidades; realización de asambleas comunales e intercomunales).

Convocatoria a la consulta y apertura de las oficinas de consulta

Una vez alcanzados consensos básicos acerca del inicio del proceso de con-sulta, se procedió a publicar la convocatoria en la prensa.

El Reglamento (Título III, Cap. 1, Art. 23) prescribe:

“la convocatoria deberá hacerse mediante dos publicaciones en días conse-cutivos en dos periódicos de mayor circulación nacional y, de ser posible,en un periódico local de la circunscripción territorial correspondiente alárea a ser licitada, así como mediante cuñas radiales en el área correspon-diente al bloque a licitarse y a través de otros medios de comunicación dis-ponibles que aseguren una efectiva difusión de la convocatoria”.

La convocatoria fue realizada en kichwa y castellano (“El Comercio”, “ElHoy” y 18 radios) y contenía la siguiente información:

a) Identificación del bloque, denominación del área y ubicación geográfi-ca.

b) Objeto de la consulta.c) Mención general de las fases de la actividad hidrocarburífera que se lle-

vará a cabo.d) Mención general del marco regulatorio que rige el proceso de consulta

previa.e) Cronograma y ubicación del proceso de consulta, así como instrumen-

tos de consulta a aplicar.f ) Ubicación de la oficina de consulta, período y horario de atención. Las

oficinas de consulta, una por bloque, fueron localizadas en Ahuano(bloque 20) y en Archidona (bloque 29).

Simultáneamente, se procedió a habilitar dos oficinas de consulta, una porbloque. La función de estas oficinas ha sido, como prescribe el Reglamen-to, informar a la ciudadanía en general acera del alcance del proceso de con-

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sulta, colaborar en el proceso de organización de la consulta, recabar even-tuales opiniones de la ciudadanía en general y procesar los aspectos forma-les de los pronunciamientos de las organizaciones representativas de las co-munidades indígenas.

Reuniones de organización y acompañamiento del proceso

Todo el proceso fue diseñado y organizado conjuntamente con 23 represen-tantes de las 9 federaciones y 14 juntas parroquiales participantes. Para estefin, además de las reuniones preparatorias, han sido mantenidas reunionespermanentes en los siguientes escenarios:

- inauguración de las oficinas de consulta; - reuniones de supervisión del proceso de capacitación (facilitadores y ta-

lleres intercomunales);- reuniones semanales para programar, validar el proceso de consulta y

adoptar decisiones conjuntas. Además de la organización y convocatoriaconjunta de los eventos, se revisaron y concordaron los instructivos pa-ra la realización de asambleas (comunales e intercomunales).

También se emitieron distintos comunicados, entre ellos una carta de pro-nunciamiento colectivo del grupo, suscrita por todos los presidentes de fe-deraciones y parroquias, para desautorizar los intentos de desinformación ydesestabilización del proceso de consulta por parte de algunos grupos eco-logistas.

Adicionalmente, se ha mantenido en Quito reuniones semanales al ini-cio y quincenales después con Petroecuador y el Ministerio de Energía y Mi-nas, para coordinar el inicio de la consulta e informar sobre el desarrollo delproceso. De igual manera, se ha organizado y realizado 6 visitas a la zona endistintos momentos del proceso, tanto con personeros de Petroecuador co-mo del MEM, encargado oficial del seguimiento al proceso. A raíz de la cul-minación del proceso de consulta, se realizó también una visita de inspecciónfinal al área de los bloques por parte de funcionarios del Ministerio y de Pe-troecuador, y se procedió a clausurar formalmente las oficinas de consulta.Además de visitar las oficinas y conversar con el equipo de la UPS y con los

Anexos 273

facilitadotes, los funcionarios participaron en la reunión semanal de presi-dentes de federaciones y juntas parroquiales (que contó con la presencia delpresidente del Parlamento Amazónico de la CONFENIAE), donde expusie-ron sus puntos de vista y respondieron a las preguntas de los participantes.

Monitoreo, evaluación y seguimiento

Un elemento clave de la consulta fue la evaluación y monitoreo permanen-tes, que ha permitido realimentar el proceso y hacer correcciones sobre lamarcha para obtener mejores resultados en cada uno de los eventos. Sus re-sultados son analizados más adelante. Para realizar esta evaluación se ha con-tado con varios instrumentos:

• Formulario de evaluación entregado a cada uno de los participantes lue-go de cada evento (con excepción de los dos primeros talleres, que sir-vieron para validar los instrumentos a ser utilizados).

• Grupos focales y entrevistas colectivas con los facilitadores.• Entrevistas informales a los participantes.

Por encima del equipo de la UPS, el seguimiento del proceso estuvo en ma-nos del grupo de presidentes de federaciones y parroquias. Además de tareasrelacionadas con la programación, sus funciones básicas fueron revisar per-manentemente los resultados que se iban alcanzando, para realimentarlosdesde el proceso mismo de ejecución, y validar el proceso de consulta.

También se preveía la intervención de observadores externos. Ademásde funcionarios del Ministerio de Energía y Minas y de Petroecuador, el Re-glamento posibilita la participación de otras instancias del Estado (Ministe-rio del Ambiente, CODENPE), de las instituciones representativas de lospueblos indígenas (CONFENIAE, CONAIE, etc.) y del CEDENMA, queintegra a la mayoría de las organizaciones ambientalistas. Además del CO-DENPE (quien avaló las bases de datos y el arranque del proceso de consul-ta), participaron activamente representantes de la CONFENIAE, en parti-cular, el presidente del Parlamento Amazónico, quien se integró en formasemi-permanente a las reuniones del grupo de presidentes de federaciones yparroquias.

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Finalmente, se elaboraron distintos organigramas y un cronograma delproceso (talleres y asambleas), que ha ido siendo ajustado en función de laevolución real de los acontecimientos.

Comunicación y capacitación

Comunicación

Durante el proceso de preparación y ejecución de la consulta, se elaboró ydistribuyó distintos materiales de comunicación, que apoyaron permanen-temente el proceso.

Los materiales elaborados y distribuidos han sido los siguientes:

• 3.000 cartillas de consulta, a colores (10 páginas en kichwa y otras 10 encastellano), elaboradas y validadas conjuntamente con los encargados decomunicación de las organizaciones indígenas. En ellas se resume de ma-nera crítica el rol del petróleo en la región y en la economía nacional, seresume el diagnóstico de los bloques y se señalan las principales implica-ciones de un ejercicio apropiado de los derechos colectivos. En la porta-da de las cartillas figura un texto sugerido directamente por el grupo decomunicadores indígenas en el 2002 (“Ayer decidieron nuestro presen-te, hoy damos los primeros pasos para decidir nuestro futuro”), que apa-rece también en las pancartas.

• Pancartas, discos compactos y video (kichwa – castellano), que sinteti-zan los principales temas relacionados con la consulta y el proceso petro-lero. Los discos compactos sirvieron de referencia para la difusión de tresbloques informativos sobre la consulta y el proceso petrolero, a través delas cuatro radios de mayor frecuencia de la región (dos en Tena y otrasdos en Puyo). Las pancartas fueron colocadas en lugares estratégicos.

• 1.200 folletos de capacitación (22 páginas), cuya finalidad fue la de apo-yar la capacitación de los facilitadores, los delegados de las comunidadesy los presidentes de federaciones y parroquias. Los folletos han sido va-lidados con los facilitadores comunitarios e incluyen los principales te-mas relacionados con el proceso de consulta (ver capacitación). Al nivel

Anexos 275

de contenidos, este folleto ha constituido el referente del proceso de ca-pacitación, junto con la elaboración de resúmenes verbales o escritos ypapelotes.

Los espacios de distribución de los materiales impresos y del video han sidolas federaciones y juntas parroquiales, los talleres intercomunales de capaci-tación y los talleres comunitarios; también han sido distribuidos entre insti-tuciones de la sociedad civil (educación bilingüe e intercultural, ONG, etc.).

Capacitación

- Contenidos

Los contenidos elaborados para el proceso de capacitación han sido el resul-tado de distintas investigaciones por parte del equipo consultor acerca de latemática petrolera, los derechos colectivos, participación y control social,compensaciones e indemnizaciones, áreas sensibles y comunicación. Estoscontenidos han sido compartidos y validados, en forma sucesiva, algunoscon el grupo de comunicadores (2002) y otros con el de facilitadores y pre-sidentes (2003).

El referente para la elaboración de los contenidos han sido las necesida-des de capacitación de los diferentes integrantes de las comunidades, sus di-rigentes y organizaciones (conforme a las demandas formuladas en los talle-res de consulta de 2002), complementadas por otros aspectos que debían serconocidos por los participantes de este proceso, con la finalidad de que sudecisión fuera absolutamente informada y consciente.

Además de información general sobre el proceso, los contenidos de losfolletos de capacitación abordan los siguientes temas:

• Derechos, responsabilidades, participación y vigilancia social: las basesde la consulta previa.

• Consulta previa (características, desarrollo).• El petróleo: riesgos y oportunidades7.

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7 Por tratarse de uno de los temas más cuestionados, resumimos aquí el contenido del folleto de ca-pacitación con relación al petróleo. El petróleo es descrito como uno de los principales recursosenergéticos, aunque escaso, limitado y contaminante; un recurso que ha contribuido substancial

• Indemnizaciones y compensaciones para el desarrollo regional.• Áreas sensibles (naturaleza y cultura). Se trata de lugares sagrados y sitios

de importancia ecológica, adicionales a los parques y reservas, que fue-ron identificados preliminarmente por los participantes y por cada co-munidad en los talleres (petroglifos, lugares chamánicos, etc.). El folletoresume sus características e importancia y concluye la necesidad de quesean respetadas.

- Modalidades

En cuanto a las modalidades, como hemos señalado, la capacitación fue im-partida a distintos niveles: facilitadores, talleres intercomunales con presi-dentes de comunidades y talleres con las comunidades.

El primer nivel de capacitación se relaciona con los facilitadores comuni-tarios. Como hemos anticipado, los facilitadores fueron seleccionados directa-mente por las federaciones y parroquias. La mayoría de ellos habían estado vin-culados a procesos de capacitación formal y habían desempeñado cargos en susorganizaciones; por otra parte, más allá de sus posiciones personales, debían sercapaces de orientar las decisiones de las comunidades, exponiéndolas tanto alos aspectos negativos cuanto a los potencialmente “positivos” del petróleo.

Anexos 277

mente al financiamiento del presupuesto del Estado, aunque no ha sido bien invertido en la dina-mización del aparato productivo y se ha incrementado considerablemente la deuda externa. Conrelación a la Amazonía, las rentas petroleras se han distribuido con un criterio centralista, de repar-to desigual y de discriminación regional. Por eso, la historia del petróleo en la Amazonía ha sidoen buena medida una historia de alteración de los hábitat naturales y formas de vida, así como dedaños en la salud y en las propias relaciones comunitarias y familiares. El folleto incorpora expre-siones como “colonización descontrolada”, “destrucción o contaminación”, “etnocidio”, “conflic-tos y violación de derechos”, “desarticulación de formas de organización local”... Se nombran tam-bién los problemas pendientes: (i) débil adopción de métodos modernos de conservación del am-biente, mitigación de los impactos ambientales negativos, mecanismos de monitoreo y control…;(ii) ausencia de mecanismos y procedimientos claros y eficientes de indemnización y compensa-ción; (iii) falta de visión clara y consciente de las dimensiones sociales, demográficas y culturales;(iv) imprecisiones, desinformación e incomprensión de los procesos globales en los debates petro-leros, sesgados hacia visiones e intereses particulares y posiciones que impiden construir propues-tas alternativas de aprovechamiento de este recurso, de forma más equitativa y sostenible. Tambiénse describe el importante avance logrado al nivel legislativo durante las últimas décadas.En cuanto a las tecnologías, se describe minuciosamente los “impactos en el ambiente y la cultu-ra” a propósito de cada una de las fases del proceso petrolero, se habla de las nuevas tecnologías yse nombran experiencias parcialmente exitosas de control y mitigación de daños ambientales. Fi-nalmente, se analiza los principales desafíos para la región amazónica, concluyendo que el proble-ma de la gestión socio-ambiental es fundamentalmente político y organizativo, no solo técnico.

Durante el proceso de formación de facilitadores se enfatizaron los as-pectos metodológicos vinculados al desarrollo de destrezas para aprender yenseñar, y se manejaron los principales conocimientos formales relacionadoscon la consulta, incluidos en el folleto de capacitación, a través de modali-dades de formación presencial y semi-presencial. Además de los 11 días decapacitación formal, durante el desarrollo de los talleres y asambleas se rea-lizaron también jornadas de evaluación y refuerzo temático.

El segundo nivel fue la capacitación de los delegados comunitarios entalleres intercomunales. Por un lado, había que adecuar los contenidos (de-rechos colectivos, consulta previa, riesgos y oportunidades de la explota-ción petrolera, áreas sensibles y compensaciones e indemnizaciones) a la ca-pacidad de comprensión de los participantes, mediante la preparación deguías y exposiciones en power point, resúmenes en papelotes, etc., entre-nando a los facilitadores en su manejo interactivo; por otro, era necesariopensar en todos los aspectos operativos (fechas y convocatorias, materiales,locales, alimentación, movilización, alojamiento, equipos, material de con-sulta…) e intentar que el tiempo disponible, las distancias, la composiciónde los participantes, la naturaleza del tema y los permanentes ataques deopositores a la consulta no conspiraran demasiado en contra de la dinámi-ca planificada.

Al inicio (2 primeros talleres), el equipo de la UPS se encargó de los te-mas principales, con la colaboración de los facilitadores (trabajo de grupos,etc.). Sin embargo, a partir del tercer taller los facilitadores se fueron hacien-do cargo de la exposición en lengua kichwa, con apoyo del equipo de la UPSen el debate, adquiriendo, paulatinamente, más y mejores destrezas expositi-vas y de comunicación con la gente, a través de la asunción progresiva de res-ponsabilidades. A pesar de algunas dudas iniciales en el manejo de conteni-dos, el uso de la propia lengua elevó notablemente la participación de los de-legados de las comunidades. Una vez evaluados los dos primeros talleres (Te-na y Mondayacu), se procedió a conformar dos grupos de facilitadores, deacuerdo a criterios como la pertenencia geográfica de los facilitadores, y sushabilidades y destrezas para apoyar tareas de exposición, animación, etc.

Con el fin de consolidar los conocimientos y el trabajo de los delegadoscomunitarios en sus comunidades, los técnicos de capacitación y comunica-ción reforzaron la parte relacionada con la manera de llevar a cabo un taller-asamblea, mediante varios ejemplos y simulaciones.

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En total, estos talleres convocaron a 360 participantes y 59 observado-res de las comunidades, federaciones o confederaciones.

El tercer nivel fueron los talleres–asambleas comunitarios, el espacio delas comunidades, que se decidió alcanzar directamente para posibilitar elpronunciamiento de la mayoría. Durante la primera parte del taller (alrede-dor de 5 horas), los miembros de la comunidad recibieron información so-bre los diversos temas relativos a la consulta previa (derechos, consulta, ries-gos y oportunidades, etc.). Posteriormente se dio paso a preguntas y res-puestas, aclaraciones y ampliaciones de algunos de los aspectos presentados.Durante la segunda parte, el taller se trasformó en asamblea y los miembrosde cada comunidad, acompañados por los dirigentes que asistieron a los ta-lleres de capacitación, deliberaron sobre los temas abordados y adoptaronsus propias resoluciones. Estos talleres estuvieron precedidos y acompaña-dos por los talleres de consulta (2002), y la difusión de cuñas radiales, car-tillas y folletos; adicionalmente, los delegados de las comunidades fueroncapacitados durante tres días sobre la forma de compartir con sus comuni-dades los conocimientos adquiridos, por lo que una buena parte de los in-tegrantes de cada comunidad había sido ya expuesto previamente a infor-mación sobre el tema petrolero y la consulta previa. Cada delegado comu-nitario, con la información proporcionada en los talleres intercomunales,elaboró un resumen en papelote, con el fin de que este le sirviera de guía enla entrega de la información a su comunidad. Este trabajo fue apoyado porel facilitador respectivo.

La asignación de los facilitadores fue realizada conforme al lugar de pro-cedencia y a su pertenencia a una organización de base, de segundo grado,federación o junta parroquial, lo que facilitó el buen desarrollo de los talle-res-asamblea; por otra parte, el hecho de ser de la zona hizo que las resisten-cias de los miembros de las comunidades fueron casi nulas, salvo las excep-ciones que puede suscitar un tema tan controversial como es el desarrollo deprocesos de explotación petrolera.

Anexos 279

Presentación de los autores

Vladimir Aguilar: Doctor en Estudios de desarrollo por el Institut d´Etu-des du Développement (Ginebra, Suiza). Investigador docente asociado dela Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (Cen-tro de Estudios Políticos y Sociales de América Latina, CEPSAL), Mérida,Venezuela. Investigador invitado del Centro de Investigaciones Antropoló-gicas de la Universidad Nacional Experimental de Guyana (CIAG-UNEG).Ha publicado entre otros: Los conocimientos indígenas amenazados (Caracas,2003, Fundacite-Guayana-UNEG-CIAG, ULA), Ambiente y derechos indí-genas en la agenda política internacional (Quito, 1999, COICA-FIEB). Escoautor de Europe and the South in the 21st Century. Challenges for RenewedCooperation (París, 2002, Karthala), Geopolítica e Relaçoes Internacionais(Rio de Janeiro, 2002, Jurúa), y La posibilidad de seguir soñando. Las cienciassociales de Iberoamérica en el umbral del siglo XXI (España, 2000, Literastur).

Karen Andrade: Antropóloga, egresada de la Maestría de Ciencias Socialescon especialización en Estudios Socio Ambientales, de FLACSO Sede Ecua-dor. Actualmente, labora en el Observatorio Socio Ambiental de FLACSO.En el pasado ha trabajado como consultora para la Fundación ECOCIEN-CIA y para la consultora ambiental ENTRIX.

César Andy: Coordinador del área económica de la COICA (2003-2005).Entre el 2001 y el 2002 fue parlamentario de la CONFENIAE. Ocupó elcargo de gerente en una compañía kichwa y fue coordinador de un proyec-to de etnoturismo de la comunidad Armenia, en la Amazonía ecuatoriana.Además, ha sido representante indígena múltiples veces, a nivel comunita-rio y regional.

Luis Alberto Aráuz: Doctor en Jurisprudencia y abogado de los tribunalesde la República del Ecuador. Fue subsecretario del Ministerio de Gobiernoen 1968 antes de convertirse en el asesor y luego director jurídico de insti-tuciones gubernamentales como la Junta nacional de planificación y coor-dinación económica (1969-1974), la Comisión Asesora de políticas petro-leras del Ministerio de Recursos Naturales y Energéticos del Ecuador (1972-

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1974), la Dirección de Minas y Energía (1975-1979), el CONADE y la vi-cepresidencia de la República (1985-1988) y la OLADE (1992-1995). Almomento, se desempeña como consultor petrolero de libre ejercicio profe-sional, director del Foro de Opinión Petrolera Ecuatoriana (FOPEC). Hapublicado, entre otras obras, Visión histórica petrolera ecuatoriana (1999),Manual de Derecho Minero Ecuatoriano (1997), Frente a nuestra realidad pe-trolera ecuatoriana (1990), El papel de la OLADE en el proceso de liberaciónde América Latina (1983), Legislación petrolera internacional (1979).

Bolívar Beltrán: Doctor en Jurisprudencia y abogado de la República delEcuador. Ex Director del departamento jurídico de la Confederación de na-cionalidades indígenas del Ecuador (CONAIE). Fue miembro del equipode asesores del diputado indígena Miguel Lluco; coordinador del proyectode la Comisión de Asuntos indígenas del Congreso Nacional para la apro-bación del Convenio 169 de la OIT; asesor de la doctora Nina Pacari Vega,segunda vicepresidente del Congreso Nacional; asesor legal de la nacionali-dad secoya; secretario de la Comisión de Asuntos indígenas del CongresoNacional. Ex coordinador del Instituto de ciencias de estudios interdiscipli-narios ISIS; y Director ejecutivo del Instituto Nacional de Desarrollo Agro-pecuario (INDA). Autor de Derechos de los pueblos indígenas en el Ecuador:manual para el ejercicio de los derechos de los pueblos y las nacionalidades indí-genas, Quito, Fundación de Culturas indígenas Kawsay.

Fander Falconí: Doctor en Economía ecológica y gestión ambiental, porla Universidad Autónoma de Barcelona (España). Actualmente es coordi-nador del Programa de Economía en FLACSO Sede Ecuador. Ha publi-cado en particular: Economía y desarrollo sostenible: Matrimonio feliz o di-vorcio anunciado (Quito, 2002, FLACSO); “La desmaterialización de laeconomía”, Ecuador Debate, 55 (Quito, CAAP); “Integrated assessment ofthe recent economic history of Ecuador” en Population and environment(Kluber Academia/Human Sciencies Press); “An Integrated Assessment ofChanges of Land Use in Ecuador”, en Advances in Energy Studies. Explo-ring Supplies, Constraints, and Strategies (Porto Venere (Italia) 2001); Deu-da externa y condicionalidad económica y ambiental (Quito, 2001, CDES);“La (in)sustentabilidad de la economía ecuatoriana: una visión a través delos indicadores de sustentabilidad débil” Ecología política, 18 (Barcelona,

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Icaria).

Guillaume Fontaine: Doctor en Sociología por la Universidad SorbonneNouvelle (París 3, Francia). Profesor-investigador de FLACSO, donde creóel Observatorio Socio Ambiental de FLACSO. Actualmente coordinador delDiploma Superior en Derechos Indígenas y Recursos Hidrocarburíferos, or-ganizado conjuntamente por FLACSO Ecuador, COICA, InWEnt y Alian-za del Clima. Es autor de El Precio del petróleo. Conflictos socio-ambientales ygobernabilidad en la región amazónica (Quito, 2003, FLACSO, IFEA) y edi-tor de Petróleo y Desarrollo sostenible en Ecuador. T1. Las Reglas de juego (Qui-to, 2003, FLACSO). Ha publicado varios artículos sobre sociología de losconflictos ambientales, entre los cuales: “Logique de conflit et conflit de lo-giques: ethnicité versus pétrole dans le Sararé”, en Guillermo Uribe (Ed.), LaColombie à la recherche de la paix (Grenoble, 2003, Cahiers du GRESAL);“Enfoques conceptuales y metodológicos para una sociología de los conflic-tos ambientales”, en Martha Cárdenas y Manuel Rodríguez (Ed.), Guerra, so-ciedad y medio ambiente (S. F. de Bogotá, 2004, Fescol, Foro nacional Am-biental); “Actores y lógicas racionales en los conflictos socio-ambientales: elcaso del bloque 10 en Ecuador (Pastaza)”, en Fander Falconí et al. (Ed.), Glo-balización y desarrollo en América Latina (Quito, 2004, FLACSO).

José Gordillo: Maestría en Estudios Económicos y Demográficos por ElColegio de México. Postgrado Ejecutivo de Gerencia Avanzada, InstitutoCentroamericano de Administración de Empresas, INCAE, Quito. Exvice-presidente del Consejo de Administración y ex presidente ejecutivo de Pe-troecuador. Consultor internacional, profesor principal de Estadística Eco-nómica, en la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Central delEcuador. Autor de numerosos estudios e informes, entre los cuales: “Plani-ficación en la Empresa”, “Deshonestidad Vía Lavado de Sucres”, “Perspec-tivas y Plan Estratégico de las Actividades de Petroecuador”, “Aporte deCEPE a la Economía Ecuatoriana”, “Rol de CEPE en la economía delEcuador”, “Población Petróleo y Desarrollo”, “La Fuerza de Trabajo en elEcuador”, “Notas previas para la Definición de Políticas de Población yEmpleo”, “Proyección de la Población Económicamente Activa del Ecua-dor 1990-2005”.Ramiro Gordillo: Ingeniero civil. Ex presidente ejecutivo de Petroecuador.

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Actualmente consultor y miembro del Foro Petrolero. Es autor de: ¿El orodel diablo?. Ecuador: historia del petróleo (Quito, 2003, Corporación Edito-ra Nacional).

Edmundo Guerra Vivero: Sociólogo. Actualmente trabaja como especialis-ta en Protección Ambiental en la Gerencia de Protección Ambiental de Pe-troecuador. Además ha desempeñado la labor de coordinador en dos pro-yectos financiados por Petroecuador y ejecutados por FLACSO Sede Ecua-dor, sobre “derecho consuetudinario de las etnias amazónicas” y “elabora-ción de indicadores socio ambientales para las áreas petroleras”. Es autor dellibro Políticas corporativas y relacionamiento comunitario de Petroecuador(Quito, GPA-FIGEMPA), Ecuador y el petróleo (Quito, Ptroecuador). Ade-más es coautor de Las medidas de Sixto y Dahik (Quito, El Conejo), y Ecua-dor y Perú: ¿futuro de paz? (Quito, El Comercio).Xavier Izko: Consultor internacional. Experto en temas socio-ambientales,trabaja para el Centro Internacional de Mediación para Ambiente y Desarro-llo-OmCED (Universidad para la Paz de las Naciones Unidas, Costa Rica-ElConsejo de la Tierra-UICN). Entre otras funciones, se ha desempeñado co-mo experto de la Unión Europea en Bolivia, ha fundado y coordinado el Áreade Antropología de la FLACSO (Quito-Ecuador), ha sido coordinador delPrograma de Bosques Nativos Andinos (UICN-Intercooperation/GobiernoSuizo) y de la Iniciativa Sudamericana para el Uso Sostenible (UICN), y hacolaborado como experto con la UNESCO, la ONU, el BID, IDRC-Cana-dá, y otras instituciones. Es autor o coautor, entre otros textos de referenciade: Herramientas para la Valoración y manejo forestal sostenible de los bosques su-damericanos (Quito, 2004, UICN-Sur); “Identidad y violencia en los Andesecuatorianos”, en J. Echevarría, A. Menéndez-Carrión (eds.), Violencia en laregión andina. El caso de Ecuador (Quito, 1995, FLACSO); “Interculturalcommunication and technology in Andean countries”, en M. Singer, J.W.Fernandez, Communicating across cultural frontiers (Chicago, 1996, The Uni-versity of Chicago Press); Ordenamiento de los Recursos Forestales, desarrollosostenible y pobreza rural en Ecuador / Forest land use plannig, sustainable deve-lopment and rural poverty in Ecuador-South America (con la colab. de L. Me-jía y equipo PROBONA, La Paz, 1998, UICN-PROBONA).Lily La Torre: Abogada, Universidad Católica del Perú (Lima). Asesora le-

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gal de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENA-MAD), de las organizaciones del pueblo achuar del Perú. Miembro funda-dora de la red internacional Oilwatch. Miembro del consejo directivo deAlianza Amazónica. Actualmente, es directora del Grupo de trabajo “Raci-mos de Ungurahui”, mismo que contribuyó a fundar. Ha publicado Sóloqueremos vivir en Paz (Copenhague, 1998, IWGIA); coautora de Justiciaambiental: Construcción y defensa de los nuevos derechos ambientales, cultura-les y colectivos en América Latina” (México, 2001, PNUMA)

Víctor López: Master en Ciencias Sociales con mención en Gestión Am-biental y Desarrollo, por el Colegio de Estudios Regionales Andinos, Cen-tro Bartolomé de las Casas y la FLACSO Sede Ecuador. Profesor asociadode FLACSO (desde 2003) y la Universidad Andina Simón Bolívar. Es edi-tor y co-autor, entre otros textos de referencia, de: Transnacionales, Estadosnación y derechos humanos de los pueblos (Lima, 2003, APRODEH); Haciaun proyecto de alternativas económicas, ambientalmente sostenibles y cultural-mente apropiados de los pueblos indígenas y tradicionales (Quito, 2003, Alian-za Amazónica-CONFENIAE); Petróleo, ambiente y derechos en la Amazoníacentro-sur (Quito, 2002, CDES-OPIP-Instituto Amazanga); Planificaciónsocioambiental y compañías petroleras: evaluación y diseño de modelos alterna-tivos (Quito, 2001, Petroecuador-PUCE); Conflictos socioambientales: desa-fíos y propuestas para la gestión en América Latina (Quito, 2000, FAO-FTPP-/Comunidec/Abya Yala).

Iván Narváez: Master Executive en Tecnología y Gestión Medioambientalpor la Escuela de Organización Industrial (España-EOI) y la Escuela Poli-técnica Nacional-Instituto de Postgrado (Quito, Ecuador); Maestría enCiencias Sociales por FLACSO Sede Ecuador. Ex gerente de protección am-biental y ex jefe de la unidad de protección ambiental de Petroecuador. Ac-tualmente es consultor y profesor de Sociología Ambiental en la Escuela deIngeniería Ambiental – FIGEMPA, Universidad Central del Ecuador. Hapublicado, entre otros libros: Enfoque Político para la Implantación de Siste-mas de Gestión Ambiental ISO 1400 en el Sector Petrolero (Quito, 2002, Pe-troecuador), Frontera Violenta: Explosiones del SOTE e Impactos Socioam-bientales (Quito, 2001, Petroecuador), La Dimensión Política en la Proble-mática Socioambiental Petrolera (Quito, 2000, Petroecuador), Operación

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ITT: La Última Frontera Extractiva (Quito, 1999, Petroecuador), RAE: Ex-plotación Petrolera, Perspectivas de un Manejo Sustentable (Quito, 1998,UNP); Maxus – Huaorani: Poder Étnico Vs. Poder Transnacional (Quito,1996, FESO), y Flexibilización Laboral y Crisis (Quito, 1992, FESO).

Alexis Tiouka: Delegado internacional de la Federación de las Organizacio-nes Autóctonas de Guyana, en la Comisión de Derechos Humanos de lasNaciones Unidas (desde 1998). Delegado internacional de la F.O.A.G., anivel regional, nacional e internacional. Profesor invitado del Institut d´en-seignement supérieur de la Guyane y de l´Ecole Polytechnique Fédérale de Laun-sanne. Autor “Droits collectifs des Peuples autochtones : le cas des Amérin-diens de Guyane française”, en I. Schulte-Tenckhoff, 2002, Altérité et droit,Contributions à l’étude du rapport entre droit et culture; “Nous sommes làpour parler d’égal à égal … Entretien avec Alexis Tiouka, représentant de laF.O.A.G. “, en Recherche Amérindienne au Québec : mondialisation et straté-gies politiques autochtones, XXXI, 3, 2001; “Droits des Peuples Autochtonesà la terre et au patrimoine”, en JATBA, 40 (1-2), 1998.

Luis Yanza: Desde el 2002 hasta la actualidad es coordinador del proceso le-gal en contra de Chevron-Texaco. Además es fundador del Frente de Defen-sa de la Amazonía, del cual fue presidente entre 1994-2002. Así también,ha desempeñado otros cargos como Secretario Ejecutivo de la Coordinado-ra Popular de Organizaciones Sociales del Nororiente, 1992 y 1994; Jefe fi-nanciero de la Casa de la Cultura (Núcleo de Sucumbíos), 1989-1995; ydocente del Centro de Formación Artesanal Ecuador, Nueva Loja, desde1986 hasta 1994.

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petroleo y desarrollo sostenible en ecuador

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