otro tráfico de influencias en el tribunal

Otro tráfico de influencias en elTribunalDos sobrinas del magistrado Marco Antonio López

Magaña, lo acusan -y demandan un juicio político en su

contra- de haberlas despojado de la herencia que les dejó

su padre, hermano del funcionario, y de utilizar su

influencia en Juzgados y Procuraduría para perjudicarlas.

Señalan que la disputa por los bienes patrimoniales ha

significado una larga serie de atropellos “legales”. Explican:

mientras su padre nombró a una de ellas heredera

universal, en otro testamento aparecen como beneficiarios

el del Tribunal y un verificador de la Secretaría de Finanzas

Reportero:

Sergio Haro Cordero

Fotos. Sergio Haro

21 de Octubre del 2014 a las 12:10:00

Las jóvenes Gabriela Guadalupe y Laura Angélica cargan unamanta. Es su manera de manifestarse. Con unas cuantas frasesescritas, hacen notar su petición: juicio político. Luego la imagen de

Otro tráfico de influencias en el Tribunal http://zetatijuana.com/noticias/reportajez/11220/otro-trafico-de-influenci...

1 of 9 4/16/2015 11:31 PM

una mano que mueve los hilos, y debajo, las letras pequeñas setornan implacables: señalan al magistrado Marco Antonio LópezMagaña -tío de ambas- de peligroso y abusivo contra su familia, yde manipular los Juzgados a través de sus cómplices.

El fondo del asunto es el pleito por los bienes heredados tras lamuerte, hace dos años, de José Guadalupe López Magaña,hermano del magistrado, quien designó heredera única y universala una de las hijas, la misma que hoy, con su madre y hermana,pelean los bienes que les fueron arrebatados -denuncian- por unaserie de personajes bajo el aval de su tío, quien junto a unverificador de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado,aparecen como herederos.

En el jaloneo familiar están de por medio al menos siete terrenosen lugares estratégicos -Santa Mónica, Vistahermosa, Hípico-,aparte de media docena de autos antiguos de colección, valuadosen varios miles de dólares.

“Todo ha sido por las influencias del magistrado”, expone LauraAngélica López Martínez, denunciando además que llevan cerca de12 abogados que en nada les han apoyado para resolver el asunto.Rosa Alicia Martínez Salazar, la viuda, refiere el comentario de unode los abogados, de apellido Ruiz Vigil: “Señora, ya no le voy apoder llevar su caso, es que me habló el señor magistrado y pues,ni modo…”.

La historia


2 of 9 4/16/2015 11:31 PM

José Guadalupe López Magaña y Rosa Alicia Martínez Salazarestuvieron casados cerca de 30 años; durante la década pasadadecidieron separarse, aparentemente, él mostraba rasgos dedemencia senil. Dedicado al comercio, en base al trabajo y alesfuerzo, el comerciante había acumulado un pequeño patrimonio,sobre todo terrenos. También había adquirido autos de los llamadosoldies, de colección, de esos que valen más de 20 mil dólares porpieza.

Él era hermano del magistrado MarcoAntonio López Magaña. De hecho lafamilia de José Guadalupe aseguraque fue éste quien pagó los estudiosacadémicos del ahora funcionario delPoder Judicial, tiempo en el que hastavivió con ellos. Total, el proceso dedivorcio entre José Guadalupe y RosaAlicia, con expediente 128/2008, seenrareció y alargó -según la mismaversión- debido a la intromisión delfamiliar. Incluso apareció un abogado(Santiago Romero) reclamando

adeudos atrasados de honorarios.

En 2010, la salud del señor López Magaña tuvo una recaída y en


3 of 9 4/16/2015 11:31 PM

esa situación acudió a un notario, el licenciado Bracamontes, de laNotaría 8 en Mexicali. Pero al revisarse la información, resultó queél ya tenía un testamento en otra Notaría, la Número 14, queencabeza Arturo López Corella.

Los familiares aseguran que estando inconsciente e internado en elHospital Quirúrgico del Valle, al fallecido le sacaron una firma conhuella digital. “Yo no he testado”, fue el comentario de JoséGuadalupe en vida.

Resultó que en ese testamento aparecieron dos herederos a modo:

* Gerardo Enrique Guerra Martínez, persona que las hijas de JoséGuadalupe López Magaña identifican más como amigo de su tío elmagistrado, que de su padre. Guerra aparece en la página de laSecretaría de Planeación y Finanzas en calidad de verificador.

* El magistrado Marco Antonio López Magaña, hermano del occiso,y por ende, tío de las jóvenes demandantes.

“Ahí fue donde se dio el choque de trenes”, expone RicardoMontoya Obeso, asesor de las afectadas.

El 5 septiembre de 2012, el señor José Guadalupe falleció y entróen este marasmo legal otro personaje, la señora Elena MagañaMelgoza -madre de José Guadalupe y del magistrado MarcoAntonio-, una mujer ya de edad avanzada. Uno de los negocios delfinado de venta de autopartes, lo había puesto a nombre de lamamá.

Tres días después del fallecimiento, la razón social del negocio fuereactivada a nombre de la señora, y el 10 de septiembre seapareció un notario -el número 13, Rodolfo González- con la firmade un poder otorgado para pleitos y cobranzas por parte de lamadre del magistrado.

“Ese poder lo extendió a favor de Gerardo Enrique GuerraMartínez, el mismo que aparece en el testamento”, refiere LauraAngélica López Martínez, quien asegura que este dizque herederono tenía ninguna relación con José Guadalupe. “Era amistad de mitío Marco, el magistrado”.

Aseguran que con ese poder les robaron todo lo que había en lanegociación, incluidos cinco autos, algunos de colección, como unPlymouth Coupé 1949, un Ford Sedán 1930, un Chevrolet DeluxeCoupé 1940, un pick-up Ford 1950 y un Jeep 1970.

Una de las jóvenes afirma que Gerardo Enrique Guerra alteró


4 of 9 4/16/2015 11:31 PM

documentos para darlos de baja en la dependencia donde labora:“La firma que aparece en el trámite de baja no corresponde a laque era de mi papá”, sostiene la joven Laura Angélica, quien esabogada de profesión.

“Los carros se los robaron”, expresa por su parte Ricardo Montoya,y por ese motivo, el 22 de septiembre de 2014 interpusieron unadenuncia de robo ante la Procuraduría General de Justicia delEstado, asentada con el NUC 0202-2012-36054, pero parece estarestancada. Valga aclarar que la procuradora general de Justicia delEstado, licenciada Perla Ibarra del Socorro fue, hasta noviembre de2013, magistrada del Tribunal Superior de Justicia, y por lo tanto,compañera de Marco Antonio López Magaña, el tío de lasdemandantes.

“El abogado que originalmente fue contratado para tramitar undivorcio, se tardó cinco años en reclamar honorarios, a los cincoaños, cuando el señor fallece, presenta una demanda en el mismoJuzgado Familiar por la falta de pago de honorarios”, comentaMontoya, añadiendo que la Juez Tercero de lo Familiar ordenó elembargo de todos los bienes, siendo que la masa hereditaria habíasido repartida. Se trata de la juez Carmen Alicia López Galindo, aquien acusan de estar coludida con el magistrado López Magaña,igual que a la secretaria de Acuerdos, Araceli de Anda.

“En el hipotético caso que el señor López Magaña no hubierapagado los honorarios, en cinco años prescribe la acción, además,la juez ordena el embargo de todos los bienes”, cuestiona Montoya.

Entonces aparece un acreedor reclamando la sucesióntestamentaria con un pagaré fechado en 2004 - que consideranfalso- y por 20 mil dólares. Según la trama, había un acreedororiginal de un pago, Nicolás García Haro, quien endosó enpropiedad a Pedro García por un presunto adeudo no especificado.

Según Montoya, están pidiendo que se dé vista al Servicio deAdministración Tributaria (SAT) para que se justifique el egreso deese dinero y la cuenta de donde salió esa presunta suma.“Encontramos que había firmas a destiempo, que al ver la relaciónque el magistrado tiene con la Juez Tercera, pues fue su secretariade Acuerdos cuando el magistrado era Juez del Segundo Familiar”,refieren.

Ante las presiones de la familia, la juez se tuvo que excusarse y elcaso se turnó al Juzgado Primero, pero cayeron en otro conflicto. ElJuez Primero de lo Familiar -de apellido Ruiz de Chávez- ya habíasido conocedor del asunto y se había excusado en el juicio de


5 of 9 4/16/2015 11:31 PM

divorcio.

“Aquí hay algo ilegal dentro del procedimiento y algo político”,indica Montoya Obeso, quien se pregunta si el magistrado se estáaprovechando del poder que tiene para destruir a sus familiares.“Parece que no está satisfecho de haber hecho una fortunagrandísima, de haber saqueado la casa de los señores, de haberlesrobado. Alguien dijo que podría ser presidente del Tribunal, quélástima sería que la justicia en Baja California estuvierarepresentada por un individuo como ese”, expone el asesor de lafamilia.

En suma, los familiares agraviados han interpuesto demandas, doscontra los notarios públicos, una contra Arturo López Corella de laNotaría 14, y otra contra Rodolfo González Quiroz, de la 13. Aparte,ante el Congreso del Estado presentaron una demanda de juiciopolítico contra el magistrado -y tío de las jóvenes- Marco AntonioLópez Magaña.

De igual manera, hay una denuncia penal por robo de vehículos yotra contra Santiago Romero Osorio por el presunto delito defalsificación de documentos, y demandas de juicio político contra lajuez López Galindo y la secretaria de Acuerdos, Araceli de Anda.

“No estamos en contra de que alguien tenga una profesión, untrabajo, una función, pero que lo hagan bien, honestamente, que nose aprovechen de que tienen un registro de notario para abusar delpueblo”, puntualiza Montoya Obeso, quien recalca que todos estosseñalamientos nada tienen que ver con las aspiraciones políticasdel magistrado López Magaña.

“Aquí se ve lo que venimos arrastrando”, tercia la señora RosaAlicia, mientras sostiene en sus manos un legajo de los tantosexpedientes que se siguen acumulando, y recuerda los tiempos deestudiante de Marco Antonio López Magaña, quien vivió en la casafamiliar de ella y José Guadalupe. “Apenas empezó en launiversidad y vivió unos años con nosotros, no sé por qué el señorse porta así…”, dice en referencia al magistrado, quien -por elmomento, asegura- optó por no hablar sobre el tema.

Este reportero solicitó una entrevista con el magistrado MarcoAntonio López Magaña, quien por tercera persona primero ypersonalmente después, declinó amablemente proveer información,hasta que no concluya el proceso de relevo en la presidencia delTribunal Superior de Justicia de Baja California, lo cual sucederá, sino hay cambios, el próximo martes 4 de noviembre.


6 of 9 4/16/2015 11:31 PM

Más injusticias

“Hay elementos absurdos”, sostiene Juan Pablo Leyva, quien llevauna de las partes del juicio penal en torno a la disputa familiar porel conocido Hotel Cortez, en San Felipe, proceso en el que tres delos hijos del fallecido dueño se han apoderado del negocio,despojando no solo a sus otros dos hermanos, sino a la viuda ymadre de todos ellos.

“Se está consignando una averiguación previa al Juzgado penal yse pide la orden de aprehensión contra las personas denunciadas,está comprobado el cuerpo del delito a juicio del Ministerio Publico,es absurdo que no les dé a las víctimas la posibilidad de restituirlosen sus derechos”, refiere Leyva Rodríguez, para complementar quese presentó un escrito, se consignó el expediente ante el juez penaly se solicitaron las órdenes de aprehensión contra los indiciados, yen automático se debió haber dado posesión en sus bienes. Perono fue así.

Se presentó la petición pero la negaron, ya que el expedienteestaba en trámite; ahora en el Juzgado, donde negaronoriginalmente las órdenes de aprehensión -en apelación al TribunalSuperior de Justicia-, implica para Juan Pablo “recorrer un caminointerminable”.

El caso involucra a una conocida familia de San Felipe, donde tresde los hijos -Jorge, Juan Jesús y Javier Rodríguez - se han


7 of 9 4/16/2015 11:31 PM

apoderado del inmueble, haciendo a un lado a dos de los hermanosy a su madre. Juan Pablo Leyva explicó que los hechos sesuscitaron desde septiembre de 2005, cuando los dos hermanosfueron desalojados tanto de las oficinas del hotel en Mexicali, comode las de San Felipe.

A raíz de estos hechos, se presentó una denuncia -932/05107 AP-,y en noviembre de ese año se efectuó una asamblea de accionistasdonde se designó a Leyva como presidente del Consejo deAdministración. La parte contraria impugnó y fue confirmadajudicialmente la decisión de la asamblea, desde entonces, el grupode tres hermanos ha estado en posesión del Hotel Cortez, que secalcula, genera ingresos anuales por cerca de millón y medio dedólares.

Ante esta situación, encabezando a los hermanos y la madredesalojada, Juan Pablo Leyva interpuso una denuncia formal dehechos por los posibles delitos de despojo, fraude, administraciónfraudulenta y robo con violencia, acusando a los hermanos Javier,Jorge y Juan Jesús Rodríguez Romero.

En el proceso penal, el 19 de junio de 2014, el Agente delMinisterio Publico consignó la investigación al Juzgado SextoPenal, pero la juez Marisela Macalpin negó la orden deaprehensión, bajo la presunción de que “no se acreditaban losdelitos por los que fueron consignados”.

“Es preocupante que en un caso tan claro, donde los autores deldelito están confesos y hay un cúmulo de pruebas en su contra, lasautoridades se nieguen a dictar el derecho y a restituir la posesióna favor de las víctimas”, sostiene Leyva Rodríguez, además deafirmar que se trata de un caso de influyentismo, impunidad ycorrupción. Acusa que durante la anterior administración el casoestuvo literalmente bloqueado.

“Los agentes del Ministerio Publico que se hicieron cargo de lainvestigación, lejos de avanzar en la misma, estuvieronobstruyendo la labor de la justicia”, dice el denunciante.

El caso se originó a raíz de la muerte de Juan NepomucenoRodríguez Mérida -hermano del ex alcalde cachanilla José MaríaRodríguez Mérida-, quien dejó en testamento como “legataria enusufructo vitalicio del hotel” a su esposa, que a sus 85 años deedad, está siendo despojada junto con dos de sus hijos. Lo peor esque quienes la han hecho a un lado, son sus otros tres hijos.(Sergio Haro/ZETA Mexicali)


8 of 9 4/16/2015 11:31 PM

otro tráfico de influencias en el tribunal

Documents