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1 SEGURITECNIA Abril 2015

A l hablar de detectives pri-vados suele venirnos a la mente el popular Sherlock

Holmes, personaje creado por sir Ar-thur Conan Doyle hace más de un si-glo y magníficamente interpretado por actores de la talla de Basil Rathbone, Peter Cushin y Jeremy Brett. O el no menos singular Hercules Poirot, fruto de la imaginación de Agatha Christie. Pero, en la actualidad, esa figura clá-sica, e instalada en el imaginario colec-tivo, de investigador con lupa –que a muchos, por cierto, incomoda– no se corresponde con la realidad de unos profesionales a los que la nueva Ley de Seguridad Privada presta mayor aten-ción que la anterior.

Por ello, para conocer su opinión sobre la norma aprobada en abril de 2014 y las inquietudes que les sus-cita el Reglamento que la armonizará,

Seguritecnia organizó el pasado mes de marzo un nuevo “Enclave de Ley” –el tercero tras los dedicados a la segu-ridad en grandes eventos y los nuevos servicios de seguridad–, con el patroci-nio de la Fundación Borredá.

Moderado en esta ocasión por Enrique González , redactor jefe de nuestra publicación, en el encuen-tro tomaron parte Eva Grueso y Fran-cisco Iglesias, presidenta y delegado en la Comunidad de Madrid, respec-tivamente, de la Asociación Profesio-nal de Detectives Privados de España (APDPE); Enrique Arranz, presidente del Colegio Oficial de Detectives Priva-dos de Cataluña; José Pimentel, secre-tario general de la Asociación Nacio-nal de Agencias de Detectives Privados de España (ANADPE); Javier Sandoval, presidente de la Asociación Internacio-nal de Detectives Privados (ASINDEP); y Juan Carlos Cabanach, presidente de la Asociación de Empresas de Detecti-

El pasado mes de marzo, el Hotel Meliá Castilla de Madrid fue testigo del tercer “Enclave de Ley” organizado por Seguritecnia, en este caso dedicado a la investigación privada. Durante el encuentro, los invitados realizaron una valoración positiva de la nueva Ley de Seguridad Privada, si bien manifestaron su deseo de que el futuro Regla-mento contemple cuestiones como la posibilidad de hacer coincidir la sede física del despacho con la comercial, in-tentar que los seguros de responsabilidad civil y de caución sean asequibles, fomentar la bidireccionalidad en el in-tercambio de información con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o luchar contra el intrusismo definiendo, por ejemplo, el ámbito de actuación de las emergentes empresas “de inteligencia”.

Las inquietudes de la investigación privada, a debate

Por Bernardo Valadés

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SEGURITECNIA Abril 2015 2

“Podemos estar sujetos a posibles represalias si el domicilio laboral

coincide con el particular. Es algo que

habría que tener en cuenta”

Francisco IglesiasDelegado de APDPE en la Comunidad de Madrid.

“Sería un error solicitar un catálogo de actividades. La

Administración es la que tiene en su mano

detectar el intrusismo e ir contra él”

Eva GruesoPresidenta de APDPE.

ros de responsabilidad civil y de cau-ción”, que han de ser suscritos a tenor del artículo 24 (Apertura de despachos de detectives privados) de la norma. “Hemos realizado diversas gestiones y no encontramos aseguradoras que cu-bran dichas coberturas”, advirtió.

Y en sintonía con sus colegas, José Pimentel valoró positivamente la Ley.

“En mi opinión, no ha suscitado re-chazo. Fija bien los criterios, aunque al-gunos se podrían haber perfilado más. Pero, en líneas generales, es positiva”, comentó.

Cuestión de ‘fronteras’Como suele suceder en los “Enclave de Ley”, el debate, acalorado y animado por momentos, se salió del guión estable-cido. Así, antes de abordar el siguiente tema previsto, Enrique Arranz abrió un nuevo filón tras considerar, al igual que Juan Carlos Cabanach, que la Ley de Se-guridad Privada “ha dado un toque más profesional” al colectivo. “Pero, por la parte que me toca, hay puntos que no han quedado claros, especialmente en lo relativo a las competencias, que nos lleva en Cataluña a situaciones, cuando menos, paradójicas. Si un detective pisa territorio catalán ya es motivo sufi-ciente para inspeccionarle”, expuso. Eva Grueso refrendó el argumento de su co-lega advirtiendo: “Si yo tengo el despa-cho en Madrid y cruzo la frontera de Ca-taluña, he de comunicarlo. Es una situa-ción para llevarse las manos a la cabeza”, se lamentó.

Llegados a este punto, Esteban Gándara esclareció que si la apertura de un despacho de detectives se co-munica a la Administración central, el mismo “tiene un ámbito de actuación nacional, es evidente. Pero en caso de

ves Privados (AEDP). Representando a la Administración y con el objetivo de escuchar y despejar en la medida de lo posible las dudas que pudieran sur-gir a los profesionales de la investiga-ción privada, también estuvo presente el comisario Esteban Gándara, jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía.

Valoración positivaLlegado el momento de abrir fuego, se solicitó a los asistentes una breve va-loración de la nueva Ley de Seguridad Privada un año después de su aproba-ción. Eva Grueso consideró que, en lí-neas generales, la norma es positiva, entre otras razones “porque los pro-pios detectives nos hemos preocupado de estudiarla”. Al respecto, tal y como quedó patente en el III Congreso Na-cional de Seguridad Privada celebrado en noviembre de 2014, conviene recor-dar que asociaciones como APDPE se han implicado activamente en la redac-ción de propuestas para el futuro Re-glamento.

Por su parte, Francisco Iglesias apuntó que, bajo su punto de vista, se ha pa-sado “de una fase de rechazo tangen-cial a la Ley a una aceptación de la misma. Está claro que tiene virtudes, pero también aspectos que deben de-sarrollarse”. En cuanto a Juan Carlos Ca-banach, hizo una lectura “muy positiva” de la norma. “Creo que profesionaliza al sector de la investigación privada. A la espera del nuevo Reglamento, soy opti-mista y estoy a favor del cambio legisla-tivo”, manifestó.

Por lo que respecta a Javier Sando-val, expresó un grado de consenso con la nueva Ley “muy elevado”, si bien ad-virtió que en la asociación que preside preocupan cuestiones como “los segu-

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Con el fin de no provocar demoras en el servicio, los profesionales de la investigación privada creen que la TIP es suficiente para identificarse ante los agentes

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“El grado de consenso de la Ley es muy elevado, pero en

nuestra asociación preocupan cuestiones como los seguros de

responsabilidad civil y de caución”

Javier SandovalPresidente de ASINDEP.

“En ocasiones, no estaría de más

anticiparse y comunicar a los agentes que

estás realizando una investigación para

evitar así problemas”

Juan Carlos CabanachPresidente de AEDP

se llevarían a cabo las inspecciones para verificar que, efectivamente, somos de-tectives habilitados”. Y Francisco Igle-sias fue más allá al razonar que la sede comercial podría brindarles una mayor seguridad. “No se debe olvidar que, te-niendo en cuenta la especialidad que desempeñamos, podemos estar sujetos a posibles represalias y que en muchos casos el domicilio laboral coincide con el particular. Es un razonamiento que habría que tener en cuenta”, solicitó.

De la misma opinión fue Enrique Arranz al mostrar su preocupación “por dar de alta un despacho en el mismo domicilio donde el detective vive con su esposa e hijos. Y sí, se nos dice que podemos tener una oficina comercial, pero junto al aval o las medidas de se-guridad representa un gasto más que dificulta nuestra actividad”.

A dichos requerimientos, Esteban Gándara se mostró receptivo. “Pro-bablemente”, avanzó, “el Reglamento tendrá que valorar la naturaleza de la sede física del despacho cuando pueda constituir el domicilio particular del de-tective. Esa será, posiblemente, la única excepción que contemplará. Sería ló-gico”. Pero insistió en la necesidad de contar con una sede física para evitar “los despachos deambulantes. Éste es un importante cambio que introduce la Ley. Se acabó el detective con el libro de registro a cuestas”.

Respecto a la posibilidad, planteada por Javier Sandoval, de que una sede comercial pudiese ser compartida por varios detectives –pensando, sobre

realizar dicho trámite en las dos comu-nidades autónomas –Cataluña y País Vasco– que tienen competencias en materia de seguridad privada, su activi-dad ha de ceñirse al territorio donde ha solicitado la autorización o presentado la declaración responsable”, tal y como precisa el artículo 24 de la Ley.

Para intentar despejar las dudas de Arranz y Grueso, el comisario jefe se preguntó: “¿Qué van a inspeccionar en Cataluña al detective privado que llega de fuera? ¿El servicio que está pres-tando? Muy bien, pero éste no ha de ser comunicado. Y este asunto lo tendrá que aclarar el Reglamento. Permitidme un ejemplo: un servicio de escolta se autoriza en Huelva. Si la persona custo-diada va a Barcelona, ¿se tiene que co-municar su entrada en la ciudad? Evi-dentemente, no”.

Sede físicaOtro de los temas que preocupa a los detectives es su sede laboral. En con-creto, el apartado 2 del citado artículo 24 de la Ley insta a “fijar un domicilio como sede física del despacho en el que se desarrollará la actividad, se lle-vará el libro-registro y se encontrará el archivo de los expedientes de contrata-ción y de los informes de investigación”.

Sobre dicha cuestión, Eva Grueso so-pesó la posibilidad de contar con una oficina ubicada, por ejemplo, “en un centro de negocios y cuya dirección fuese la que figurase en el Registro Na-cional de Seguridad Privada. Sería ahí donde se dirigirían las reclamaciones y

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“Están proliferando las empresas que se autodenominan ‘de inteligencia’, pero ¿cómo se las va a

regular y controlar?”

Enrique ArranzPresidente del Colegio Oficial de Detectives Privados de Cataluña.

“Los detectives privados estamos acostumbrados a comunicar delitos. Y la relación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

debe basarse en la confianza”

José PimentelSecretario general de ANADPE.

todo, en los autónomos sin demasia-dos recursos económicos que acceden al sector–, el comisario jefe de la Uni-dad Central de Seguridad Privada mos-tró cierto escepticismo. “Lo más pro-bable es que el Reglamento diga que una sede comercial no pueda ser com-partida. En el caso del despacho, indu-dablemente no, porque su actividad es exclusiva y excluyente”, matizó.

Y con el fin de dejar clara la diferen-cia entre sedes físicas (despacho) y co-merciales, subrayó que el Reglamento, a priori, “no será contrario a estas últi-mas, cuya función deberá ser la que su nombre indica. Y llegado el caso, po-drían inspeccionarse para verificar que allí no se está llevando a cabo una acti-vidad de seguridad privada ni que en la misma se encuentra el libro de registro o los expedientes”.

Puestos a esclarecer cuestiones, Gándara recordó que las medidas de seguridad exigibles a los despachos “no son para asegurar al detective, sino la información, resultado de su trabajo y de la que es custodio”. Una exposición compartida por Enrique Arranz, quien requirió, además, que las medidas sean “razonables”. “Al hilo de lo que he co-mentado anteriormente, si a los seguros de responsabilidad social y caución su-mas una serie de desembolsos en ma-teria de seguridad, abrir o gestionar un despacho se complica…”.

Seguros y sancionesPrecisamente, los seguros de respon-sabilidad social y caución constituye-ron el siguiente asunto a debatir. En re-lación con el primero, los integrantes de la mesa lo consideraron positivo para, según apuntó Enrique Arranz, “evitar problemas”. Más preciso, José Pimentel planteó que la cuantía del mismo fuese “menos gravosa” y, en consecuencia, “más asequible”. Sobre el aval o seguro de caución, el secretario general de ANADPE reveló que su asociación pro-puso que fuese de 6.000 euros “para cu-brir, al menos, dos infracciones graves”.

Esteban Gándara trató de calmar los ánimos argumentando: “no se trata de que el despacho tenga que avalar

600.000 euros, una barrera de entrada excesivamente elevada con una proba-bilidad de ejecución muy baja. En con-secuencia, no tiene justificación. Por lo tanto, se ha de bajar esa barrera de ac-ceso al sector para los que no están en él. El aval tendrá que ser proporcional a la posibilidad que trata de asegurar, y siendo así no puede ser a la máxima. Además, que yo recuerde, en la historia de la seguridad privada no se ha puesto nunca una sanción de 600.000 euros”.

IdentificacionesTras el habitual coffee break, los profesio-nales de la investigación privada saca-ron a relucir algunas de las dificultades que encuentran a la hora de realizar su actividad. Una de ellas, según Francisco Iglesias, es la identificación de los de-tectives privados por parte de las Fuer-zas y Cuerpos de Seguridad. Para agi-lizarlas, propuso una mayor formación de los agentes y la habilitación de un “teléfono centralizado” donde los inte-grantes de una patrulla puedan consul-tar los datos del profesional, evitando así “perjuicios directos por esa demora. Además, bastaría mostrar la Tarjeta de Identidad Profesional (TIP) y no sería ne-cesario enseñar el DNI”.

Una opinión refrendada por Enrique Arranz, quien sugirió la aprobación de un protocolo de identificación. “Si ya le has mostrado la TIP al agente, éste tiene que cerrar el proceso de la manera me-nos lesiva posible”, insinuó. Por su ex-periencia en Baleares, Juan Carlos Ca-banach explicó que las identificacio-nes que se realizan en el archipiélago pueden calificarse de “exquisitas”. Y, le-jos de culpabilizar a los representantes de la seguridad pública, hizo un ejer-cicio de autocrítica: “A veces envías un detective junior a un pueblo para resol-ver un tema sencillo y cuando llegan los agentes se pone nervioso y complica el asunto. En ocasiones, no estaría de más anticiparse, comunicar que estás reali-zando una investigación y evitarte así problemas”.

Un argumento refrendado por José Pimentel –“siempre he intentado ade-lantarme a una identificación”, desveló–

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Esteban GándaraComisario jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada del CNP.

“La Ley erradica los despachos

‘deambulantes’. Este es un importante cambio. Se acabó el detective

con el libro de registro a cuestas”

Pero, ¿qué problemática plantea di-cho apartado? Para Eva Grueso, el quid de la cuestión es “sustituir el término denunciar por comunicar. Y si los de-tectives denuncian erróneamente, ¿ello puede ser motivo de responsabilidad civil o penal?”, se preguntó. Un interro-gante ampliado por Enrique Arranz: “Si el cliente no tiene obligación de denun-ciar, ¿por qué lo vamos a hacer noso-tros? Además, podrían distinguirse tipos de delito. No es lo mismo atentar contra la salud pública que un hurto interno o el mercadeo con alguna sustancia”.

Por el contrario, José Pimentel opinó que el tema de las denuncias no da lu-gar a ninguna controversia. “Los detec-tives privados estamos acostumbrados a comunicar delitos. En mi caso, he lle-vado a cabo operaciones conjuntas con el Cuerpo Nacional de Policía y la Guar-dia Civil. Y esta relación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad debe basarse en la confianza. Si no es así, mal vamos”, puntualizó.

Siempre paciente, y anotando en su libreta los argumentos planteados, Esteban Gándara razonó por qué la Ley dice “denuncia” y no “comunicación”. “Los detectives privados no sois los úni-cos obligados a denunciar. También es-tán los médicos, a los que las leyes no eximen de ese deber. Y como ellos, vo-sotros sois profesionales. Es importante el matiz. Por eso en la norma aparece el término “denunciar” y no “comunicar”. Y, lógicamente, no distingue entre tipos de delitos. El Reglamento hablará de ello para esclarecerlo y enmarcarlo”, anticipó.

Información y datosAl salir a relucir las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los investigadores privados no dejaron pasar la oportunidad de es-cenificar su relación con quienes repre-sentan a la seguridad pública, haciendo especial hincapié en el intercambio de información, “muy interesante para los despachos de detectives”, según Juan Carlos Cabanach. Un tema que, en opi-nión de Eva Grueso, se ha de ampliar aún más. “Nos esforzamos en obtener una información que la Administración ya tiene, desde relacionar la matrícula

pero no compartido por Francisco Igle-sias, quien reveló que en una pequeña población, al informar a la Guardia Civil de su presencia, “a los diez minutos te-nía una patrulla en la calle y al investi-gado esperándome”.

Para zanjar la discusión, Esteban Gándara puso un ejemplo práctico. “Cuando se identifica a un abogado en relación con su labor, se le solicita su documentación profesional. Y si hay du-das sobre su identidad personal, se le pide el DNI. Esto es así y nadie puede considerarse un ser especial o impune. De lo contrario, se vulnerarían leyes superiores. Luego, habrá que ver si la identificación se puede protocolizar o realizarla de mejor manera”, reflexionó. Igualmente, para dar respuesta a Fran-cisco Iglesias, admitió la existencia de un teléfono centralizado, “una especie de 091 para la seguridad privada”.

¿Denuncia o comunicación?En el animado debate también salió a la palestra el cuarto apartado del artículo 37 de la Ley de Seguridad Privada: “Los detectives privados no podrán investi-gar delitos perseguibles de oficio, de-biendo denunciar inmediatamente ante la autoridad competente cualquier he-cho de esta naturaleza que llegara a su conocimiento, y poniendo a su dispo-sición toda la información y los instru-mentos que pudieran haber obtenido hasta ese momento”.


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de un vehículo con su titular hasta la vida laboral de un individuo. En este sentido, sería deseable una bidireccio-nalidad”, propuso.

Para Enrique Arranz, la obtención de información y datos suele quedar en papel mojado. “Según la Ley, las enti-dades privadas de seguridad persiguen un ‘legítimo interés’. Si esto es así, en-cuentro ilógico, por ejemplo, que los re-gistradores de la propiedad tachen da-tos de una escritura pública a su antojo. Es un problema grave y absurdo que se debería solventar”. Una propuesta que contó con la aprobación de Javier San-doval y de Juan Carlos Cabanach, quien reconoció que existen “algunos proble-mas” para recabar determinados datos, informes, etc.

Con una visión más esperanzadora, José Pimentel afirmó que “siempre que la he necesitado, en las sedes policia-les me han facilitado la información re-querida. De manera especial, me gusta-ría destacar el buen hacer de la Unidad Central de Seguridad Privada. Luego, la Ley deja una puerta abierta a esa cola-boración demandada”. En concreto, el secretario general de ANADPE se refería al artículo 14.3: “Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán facilitar al per-sonal de seguridad privada, en el ejer-cicio de sus funciones, informaciones

que faciliten su evaluación de riesgos y consiguiente implementación de medi-das de protección. Si estas informacio-nes contuvieran datos de carácter per-sonal, sólo podrán facilitarse en caso de peligro real para la seguridad pública o para evitar la comisión de infracciones penales”.

Sobre dicha cuestión para la que los detectives privados reclaman una

mayor atención que posibilite un me-jor desempeño de su labor y, por lo tanto, redunde en un servicio más efi-caz, Esteban Gándara, en respuesta a la solicitud de Eva Grueso, hizo alusión a la norma: “El intercambio de infor-mación no puede ser con la Adminis-tración, sino con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, recordó. Y aquélla sólo tiene sentido “en un ámbito concreto, no para facilitar el trabajo de los detec-tives. No podemos deciros si una per-sona o empresa es titular de uno o va-rios vehículos ni si un individuo posee

antecedentes penales. Esa no es la fina-lidad que persigue el intercambio de in-formación”.

El comisario tampoco se olvidó de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, precisando que su artículo 22 deja claro que el tratamiento de in-formación “sin consentimiento de las personas afectadas” se limita a “aquellos supuestos y categorías de datos que re-

sulten necesarios para la prevención de un peligro real para la seguridad pú-blica o para la represión de infracciones penales”. Mientras no sea así, enfatizó, “las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no pueden revelar a los investigadores pri-vados, por ejemplo, quién es el titular de un automóvil con una matrícula de-terminada”.

Intrusismo y actividadesEl “Enclave de Ley”, celebrado en hora-rio vespertino, podría haberse prolon-gado hasta la madrugada, tal era el in-

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Algunos detectives opinan que la Administración y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberían facilitarles el acceso a cierta información para avanzar en sus investigaciones

FUNDACIÓN BORREDÁ, AL SERVICIO DE LA SEGURIDAD

La Fundación Borredá es una organización de naturaleza fundacional privada, sin ánimo de lucro. Un proyecto que nació en 2012 para la difusión, promoción, defensa, estudio y fomento de la Seguridad en todos sus ámbitos y profesiones.

Durante todo este tiempo la institución ha promovido los comportamientos éticos en el mundo de la Seguridad a través de sus proyectos, apoyando aquellos programas formativos que ayudasen a mejorar las capacidades de los profesionales de la seguridad y fomentasen la colaboración entre los poderes públicos y la iniciativa privada. En este sentido, la Fundación Borredá, durante sus primeros años de vida, ha puesto en marcha varias líneas de actividad que han servido para compartir conocimientos y difundir la cultura de la Seguridad a través de numerosas jornadas, encuentros profesionales, estudios de seguridad corporativa, grupos de trabajo para el futuro Reglamento de la Ley de Seguridad Privada, así como la organización también se ha incor porado junto a Seguritecnia al Certamen Internacional de Trofeos de la Seguridad, asumiendo el ya prestigioso “Trofeo Ramón Borredá” instituido en 1995.

www.fundacionborreda.org


terés de los asuntos expuestos y de las dudas que generan a los detectives. Y aunque, a buen seguro, en el Hotel Me-liá Castilla nos habrían encontrado aco-modo para pernoctar, lo razonable era poner punto y seguido –que no final– a nuestro encuentro con los profesiona-les de la investigación.

Y lo hicimos con un asunto que pre-ocupa, en general, a la gran familia de la seguridad privada: el intrusismo. So-bre el mismo, Enrique Arranz mostró su inquietud ante la proliferación de em-presas que se denominan “de inteligen-cia”. “Ellas dicen que se dedican al Open Source Intelligent (OSINT). ¿Cómo se las va a regular y controlar?”, se preguntó.

Respecto a dicha actividad, José Pi-mentel echó mano de lo publicado en un confidencial para definirla: “La inte-ligencia empresarial es una nueva pro-fesión que se está poniendo de moda: departamentos dentro de las grandes empresas o agencias externas que se

de Enrique Arranz, se refirió a las deno-minadas “zonas grises” como espacios ambiguos de actuación. “Por ejemplo, ¿se ha de prohibir el periodismo de in-vestigación?”, cuestionó. Y no se mos-tró partidario de que el Reglamento con-temple una serie de servicios “propios de los detectives. Estratégicamente, sería una equivocación. Lo que sí se procurará es aclarar ese panorama gris”, concluyó.

Como comprobarán nuestros lecto-res, al igual que sucedió en el “Enclave de Ley” dedicado a los nuevos servicios de seguridad, los profesionales de la in-vestigación privada tienen dudas que zanjará el futuro Reglamento. Será en-tonces cuando, definitivamente, se escla-recerán las inquietudes del sector. Mien-tras tanto, Seguritecnia seguirá contribu-yendo a que las mismas sean expuestas por los colectivos interesados y, en la medida de lo posible, despejadas por parte de los representantes de las Fuer-zas y Cuerpos de Seguridad. S

dedican a investigar y a realizar informes sobre información económica de sus ri-vales. Son los nuevos espías, aunque no utilicen las técnicas de los detectives pri-vados ni investiguen aspectos de la vida privada como hacen éstos”.

Y, además de estar de acuerdo con la exposición de Enrique Arranz, pidió “un catálogo de actividades; así sabremos exactamente a qué podemos dedicar-nos”. Una solicitud a la que se sumó Juan Carlos Cabanach, pero no Eva Grueso. La presidenta de APDPE la con-sideró “un error, puesto que un listado de servicios nos cerraría puertas. La Ad-ministración es la que tiene en su mano detectar el intrusismo e ir contra él”. Por último, Javier Pimentel abogó por una mayor formación de los detectives pri-vados para hacer frente a la práctica de actividades profesionales por parte de personas no autorizadas.

El último turno fue para Esteban Gándara, quien, sobre el requerimiento

Conclusiones sobre los despachos de detectives en la Ley de Seguridad Privada

Estas son las conclusiones a las que llegaron los asistentes a nuestro tercer “enclave de ley”, donde quedó de manifiesto que el futuro reglamento de seguridad privada debería contemplar los siguientes aspectos:

1.- Si así se solicitase, facilitar que, además de la sede física del despacho, el deetctive pueda utilizar otra oficina de carácter comercial para reforzar la seguridad e inte-gridad física de los detectives privados.

2.- No imponer unos seguros de responsabilidad civil y de caución elevados, con el obje-tivo de evitar más cargas económicas a los despachos, así como barreras a quienes de-sean acceder a la actividad.

3.- Definir el ámbito geográfico de actuación de los despachos y sus detectives en fun-ción de donde hayan solicitado la autorización o presentado la declaración respon-sable.

4.- Protocolizar las identificaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad a los de-tectives privados con el objetivo de no causar demoras en las investigaciones de estos últimos.

5.- Impulsar la bidireccionalidad en el intercambio de información entre los despa-chos y las fuerzas y cuerpos de seguridad.

6.- Establecer mecanismos que delimiten las funciones del detective privado y lo dife-rencien de otras actividades que puedan resultar ambiguas, con el objetivo de erradi-car el intrusismo y evitar la competencia desleal.

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