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Informe sobre Derechos Humanos 2011, Ecuador
¿Qué es el informe de derechos humanos?
Es un espacio de relacionamiento con la comunidad y con la institucionalidad
estatal, creado por la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, para
monitorear el efectivo cumplimiento de los derechos humanos y de la naturaleza en
Ecuador, desde una visión académica, política y social.
Su coordinación está a cargo del Programa Andino de Derechos Humanos,
PADH y aspira ser una herramienta de información especializada, pedagógica y
comunicacional, inscrita en una visión de ejercicio anual del derecho a la libertad de
expresión.
¿Cómo se construye?
Para concretar este informe, cada año, se potencia la articulación entre academia
y organizaciones sociales de derechos humanos. Desde el 2011, abrió un espacio para
que las instituciones estatales puedan presentar sus análisis respecto del nivel de
respeto, protección y cumplimiento de los derechos humanos y de la naturaleza.
Se guía por fundamentos clave de la doctrina de los derechos humanos;
entendidos como valores, principios y normas que surgen de procesos históricos por el
respeto de la dignidad de la persona, que la protegen contra los abusos de poder y que
permiten una convivencia social más justa:
• Todos los derechos son importantes y necesarios para concretar la dignidad
humana y generan obligaciones específicas a los Estados, a las instituciones,
y a las personas.
• Deben adecuarse a la Constitución de la República del Ecuador (CRE) y a
los instrumentos y estándares internacionales previstos para su protección.
• Se guían por los principios de igualdad, no discriminación y equidad,
priorizando los derechos de personas y grupos que han sido histórica y
socialmente excluidos y discriminados.
• Opta por la protección de las víctimas de violaciones de derechos humanos.
• Se orientan por el principio de progresividad y no regresividad.
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• Es deber y responsabilidad de toda persona el respetarlos y defenderlos; y, al
hacerlo, se constituyen en defensores/as de derechos humanos.
• No promueven ni protegen actividades ilícitas; por el contrario, impulsan una
visión de seguridad humana centrada en la persona.
¿Qué información procesa?
El PADH ha creado y alimenta 5 bases de datos: de prensa, conflictividad,
normativa, garantías y estados de excepción, las cuales se construyen a partir de las
siguientes fuentes:
• Página web de la Asamblea Nacional del Ecuador
• Página web de la Función Judicial de Pichincha
• Sistema de Información para la Gobernabilidad (SIGOB)
• Base informática de normativa LEXIS S.A
• Prensa escrita y virtual: El Comercio, El Universo, Hoy y El Ciudadano
• Datos del Comité de Seguimiento y Análisis de la Coyuntura de Ecuador de
OSAL /CLACSO
• Peticiones de información a instancias estatales
• Otras primarias y secundarias utilizadas por los autores de artículos.
¿Qué contiene el informe 2011?
Aporta con elementos para develar la real vigencia del Estado constitucional de
derechos y justicia. El análisis se desarrolla a partir de 22 artículos: 13 de sociedad civil,
9 de docentes de la UASB y 2 de instituciones del Estado, que se abordan bajo la
siguiente estructura:
I. La situación general de derechos humanos en 2011: Balance y Prensa.
II. Situaciones de derechos, en los ámbitos de:
Justicia: Función Judicial antes y después del referéndum; Desarrollo
normativo; Participación social en el procedimiento legislativo; Garantías de los
derechos; y Judicialización de los casos de la Comisión de la Verdad.
Seguridad: Conflictividad; Seguridad integral; Estados de excepción; y Estado
de cumplimiento recomendaciones Relator Especial sobre ejecuciones
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de Naciones Unidas.
Ambiente: Lucha por los derechos de la Pachamama; Derechos colectivos;
Políticas petroleras y derechos y Caso Texaco.
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III. Otras situaciones: Derecho a la comunicación; Derechos laborales; Derechos de
las personas en movilidad; Derecho a la alimentación; y Derechos de las mujeres.
IV. Balance desde el Estado: Defensoría del Pueblo y Ministerio de Justicia,
Derechos Humanos y Cultos.
Además cuenta con una última sección donde se reseñan 24 producciones
nacionales de derechos humanos: 9 de informes alternativos, 12 libros, 1 video
documental y 4 programas de audio, producidos por 15 organizaciones y una activista
en derechos humanos: Acción Ecológica, CEDHU, Coalición por las Migraciones y el
Refugio, Corporación Humanas Ecuador, el churo comunicación, INREDH, FIAN
Ecuador, Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH, Fundación
Pachamama, PIDHDD Capítulo Ecuador, Red Latinoamericana de Radialistas Pro
Derechos Humanos, PRODH, SERPAJ, SJRM y María Fernanda Restrepo.
¿Cuáles son las principales constataciones del informe?
1. Persistencia del manejo inadecuado de la conflictividad
La conflictividad en el país se ha incrementado, si se la compara con 2010. En
este año se han producido 280 conflictos, frente a los 268 del año pasado.
De los 280 conflictos de 2011; 37% están relacionados con los derechos de
libertad; 24% con los derechos del Buen Vivir; el 18% con los derechos de
participación; el 13% con los derechos de protección; el 5% con los derechos de los
pueblos; y el 3% con los derechos de los grupos de atención prioritaria.
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Conflictividad y derechos humanos, 2011
Fuente: Cronología realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis de la Coyuntura de
Ecuador del Observatorio Social de América Latina (OSAL / CLACSO). Relevamiento y
sistematización a cargo de Mario Unda (coordinador), Hugo González y Santiago González.
Elaboración: Silvana Sánchez Pinto, PADH, 2012.
Persiste el inadecuado manejo de la conflictividad expresado en lo ideológico,
en lo político, en lo económico, en lo organizativo; a través de un gran despliegue
mediático. El gobierno dio apertura para el diálogo con los gremios empresariales,
mientras cerró esta vía con el movimiento indígena, los trabajadores y periodistas,
dando más bien paso a procesos de criminalización de la protesta social y de la opinión
pública (de ciertos sectores). La Defensoría del Pueblo de Ecuador (DPE) se pronunció
cuestionando la política de criminalización de la protesta social.1
Persiste la criminalización de la protesta social y de la opinión pública (de
ciertos sectores):
• 204 líderes defensores de los derechos humanos y de la naturaleza, enjuiciados
por sabotaje y terrorismo (CONAIE)
• 10 casos de persecución y criminalización contra 48 dirigentes sindicales (ISP)
• 20 procesamientos a periodistas (Fundamedios)
• 1 sentencia condenatoria contra un editorialista y directivos de un medio de
comunicación impreso.
1 Alejandra Cárdenas y otros, Informe temático: Los escenarios de la criminalización a defensores de
derechos humanos y de la naturaleza en Ecuador: desafíos para un Estado Constitucional de Derechos,
Defensoría del Pueblo del Ecuador, Quito, Ecuador, 2011, p. 53. Disponible en
‹http://bit.ly/InformeCriminalizacionDPE›.
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2. Producción legislativa limitada y práctica democrática deficitaria
Durante 2011, la Asamblea Nacional expidió 16 leyes (7 menos que en 2010);
de las cuales, el 37,5% se relacionaron con los derechos del buen vivir (educación, salud
y economía solidaria); 31,3% con protección (seguridad jurídica y defensa); 25% con
libertades (propiedad horizontal y tributos); y el 6,3% con participación (consulta previa
y revocatoria de mandato).
Normas aprobadas y repercusión por bloques de derechos, 2010-2011
Fuente: Base Desarrollo Normativo 2011, PADH, Asamblea Nacional del Ecuador, 2011.
Elaboración: Gina Benavides Llerena, PADH, 2012.
Se mantuvo el déficit de legislación sobre derechos de la naturaleza y de
comunidades, pueblos y nacionalidades; continuó pendiente la adopción de leyes de
comunicación, agua y cultura; y, proyectos de ley con trascendencia en derechos
humanos no fueron calificados y/o aprobados como: derechos colectivos del pueblo
afrodescendiente; prevención de la tortura; derechos de las mujeres; juventud;
reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos; repetición; y
compatibilización entre la justicia ordinaria y la justicia indígena.
En general, la producción legislativa de 2011 fue baja, con un promedio de 1.6
leyes aprobadas por mes; que, comparada con el número total de asambleístas,
determina que cada uno de ellos elaboró un 0,1% de leyes en el año. Los 141 proyectos
de ley que se presentaron respondieron a la iniciativa de 61 asambleístas, evidenciando
que la mitad de los miembros de la Asamblea Nacional, no generó ni siquiera un
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proyecto al año. El 87,5% de las leyes aprobadas respondió a la iniciativa del partido de
gobierno y sólo se aprobó un proyecto proveniente de la iniciativa ciudadana.
Normas aprobadas por tipo de iniciativa, 2010-2011
Fuente: Base Desarrollo Normativo 2011, PADH, Asamblea Nacional del Ecuador, 2011
Elaborado por: Gina Benavides LLerena, PADH, 2012.
La Asamblea Nacional continuó con una práctica democrática deficitaria, al no
garantizar de manera efectiva, el derecho a la participación social en el procedimiento
legislativo. Se constató que las políticas de participación social son limitadas para
formulación, discusión y aprobación de proyectos de ley. En ese sentido, preocupa el
tratamiento que tuvo el proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Pública y del
Estado, sobre la facultad de emplear a las Fuerzas Armadas para acciones de orden
público interno; en el cual la participación ciudadana fue desestimada.
3. Límites en la actuación de la justicia
El derecho a la justicia enfrentó obstáculos por el clima de tensión y presión
política. El Presidente de la República promovió un proceso de enmienda constitucional
y consulta popular, avalado por la Corte Constitucional y obtuvo el respaldo popular.
Las reformas introducidas alteraron el diseño constitucional de la Función Judicial,
restándole independencia, limitando su calidad de garante de los derechos y contrapeso
en el poder del Estado.
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En materia de garantías constitucionales persisten límites para concretar el
derecho a un recurso eficaz y efectivo para la restitución y reparación de los derechos.
De 2.204 de procesos constitucionales presentados en la provincia de Pichincha, el 90%
correspondió a acciones de protección y hábeas corpus. El resto de garantías continúa
manteniendo un uso comparativamente marginal. El 97% de demandantes fueron
funcionarios públicos, especialmente policías nacionales; el Defensor del Pueblo activó
marginalmente las garantías, 1,78%; y las organizaciones de derechos humanos y
sociales las accionaron de manera reducida.
En cuanto a su eficacia, 9 de cada 10 acciones de protección fueron rechazadas;
hecho que contradice la percepción generalizada de una progresiva judicialización. A su
vez, 8 de cada 10 hábeas corpus fueron aceptados, lo que devela una preocupante
incidencia de la detención ilegal y arbitraria.
Garantías Jurisdiccionales 2010-2011
Totales por año (Pichincha)
Fuente: Función Judicial, Dirección Provincial de Pichincha, Consulta causas por materia, enero
a octubre de 2010 y enero a octubre de 2011.
Elaboración: Sonnia Pérez y Alex Valle, 2011.
Como avances de la justicia para la protección de derechos se destacan: la
sentencia condenatoria contra la empresa Chevron Texaco; y, la aceptación de la acción
de protección interpuesta contra el Gobierno Provincial de Loja, para garantizar los
derechos del río Vilcabamba.
El control constitucional a cargo de la Corte Constitucional fue cuestionado por
su falta de independencia en los dictámenes de: constitucionalidad sobre la enmienda y
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la consulta popular solicitada por el Presidente de la República; Decreto Ejecutivo 1780
sobre la entrega de la educación a comunidades religiosas; y los relativos a los estados
de excepción dictados en el año.
Los derechos a saber, a la justicia y reparación en los casos de la Comisión de la
Verdad, no se cumplieron por la inacción de la Fiscalía General del Estado. El 99% de
los casos continúa en la fase de indagación previa, sólo en 6 de los 118 casos contaron
con patrocinio legal particular y durante su tramitación víctimas y/o sus familiares
refieren haber sido revictimizados.
4. Los derechos colectivos y de la naturaleza en inminente riesgo
El modelo económico de acumulación capitalista de extracción de recursos
naturales, impulsado por el gobierno, avanzó en su consolidación durante este año y
determinó efectos violatorios de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas
en cuyos territorios ancestrales están ubicados estos recursos naturales. Ello se concreto
a través de:
• Adopción del Plan Nacional del Desarrollo del Sector Minero 2011.
• Nuevas rondas de licitación petrolera en bloques que afectarán directamente a
territorios de los pueblos en aislamiento voluntario y a territorios ancestrales
indígenas;
• Proyección de negociación de campos maduros sin reparar los pasivos
ambientales;
• Renegociación de bloques de explotación petrolera que se han extendido a áreas
protegidas; y
• Anuncio de que se iniciaría la explotación del bloque 31; el 80% de la extensión
de dicho bloque está dentro del Parque Nacional Yasuni.
Frente a la política extractivista de recursos naturales petroleros y mineros, los
pueblos indígenas y campesinos llevaron adelante procesos de defensa y resistencia
5. La seguridad integral deteriorada
2011 fue un año crítico para el derecho humano a la seguridad integral por: el
incrementó de muertes violentas como: feminicidios, las causadas por accidentes de
tránsito, los suicidios y la muerte de un líder social2; un escaso cumplimiento de las
recomendaciones emitidas en 2010, por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre
2 Marlon Lozano Yulán, dirigente de la organización Unión Tierra y Vida, ocurrida el 20 de julio de 2011
en Guayaquil.
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ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; la afectación a la seguridad laboral
que implicó que 3.700 funcionarios y funcionarias públicas pierdan su fuente de trabajo;
la inadecuada aplicación de los estados de excepción; y la declaratoria de cuatro zonas
estratégicas relacionadas a mega proyectos económicos, sin consulta.
Estas situaciones se inscriben en la implantación de un modelo económico,
político y social, con una preocupante naturalización de la presencia de las Fuerzas
Armadas para el control de la seguridad ciudadana.
Delitos por tipo y años
2010-2011
612
4,880
5,993
10,580
15,981
2,627 4,874
4,905
11,810
2,345
21,048
648
5,111
5,845
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
Homicidios /
Asesinatos
Robo a
Personas
Robo a
Domicilios
Robo a Local
Comercial
Robo de
Automóviles
Robo de
Motocicletas
Asalto en
Carreteras
2010
2011
Fuente: SIGOB, http://cmi.sigob.gob.ec/
Elaboración: Gardenia Chávez, PADH, 2012.
Estados de Excepción por motivos y días de duración
2011
Fuente: PADH, base estados de excepción; SIGOB, decretos ejecutivos, 2011.
Elaboración: Gina Benavides, PADH, 2012.
10
Estados de excepción por períodos de gobierno
1979 – 2011
Fuente: PADH, base estados de excepción; SILEC, Lexis S.A. 1979-2006; SIGOB decretos
ejecutivos 2007-2011.
Elaboración: Gina Benavides, PADH, 2012.
6. Persiste la insuficiencia en la generación de información clave para políticas
públicas sobre derechos humanos
Continúa el déficit en la generación de información pública sobre derechos
humanos. El Sistema de Información para la Gobernabilidad-SIGOB, hasta finales del
mes de enero de 2012, no presentó datos correspondientes a 2011; tampoco el informe
de rendición de cuentas de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
(SENPLADES) brinda información detallada sobre derechos.
El PADH realizó peticiones de información a 14 entidades públicas; de las
cuales, el 78% respondieron y el 21% no lo hicieron. Con respecto a la calidad de la
información, el 64% de las instituciones entregó información parcial, el 14%
información completa y del 21% no se obtuvo información.
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Tipo de respuesta de entidades públicas ante peticiones de información
Completa, 14%
Parcial, 64%
Ninguna, 21%
Fuente: Peticiones (14) de información solicitadas por el PADH y respuestas institucionales (11).
Elaboración: Gardenia Chávez, PADH. 2012.
La DPE continúa sin producir un informe anual que de cuenta del cumplimiento
de los derechos humanos en el país, reduciendo su informe a un recuento de labores y
gestión (agosto de 2010 - julio de 2011). Esta institución registró pequeños avances que
evidencian un proceso de fortalecimiento institucional: elaboración de informes
temáticos, incrementó en un punto de la activación de garantías jurisdiccionales; y una
paulatina presencia mediática; sin embargo, todavía mantiene importantes desafíos.
El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, pese a tener la rectoría en
derechos humanos, no logra presentar resultados concretos sobre políticas y
transversalización del enfoque de derechos en las políticas estatales; y evidencia una
falta de claridad sobre sus competencias y dispersión en la coordinación
interinstitucional. Los únicos datos relevantes de avance fueron los del censo de
población del INEC que muestran la disminución de la pobreza. Datos importantes,
pero que no se inscriben en una análisis articulado e integral sobre la vigencia de
derechos.
Conclusión general
En 2011, el proceso de adecuación normativa, institucional y de políticas
públicas al nuevo marco constitucional continuó siendo limitado y registró situaciones
preocupantes para el ejercicio de derechos. Los bloques de derechos constitucionales
más afectados fueron: buen vivir, libertad, protección y grupos de atención prioritaria.
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Afectación de derechos por bloques constitucionales de derechos y por años
Seguimiento de prensa
12.0%
12.8%
6.8%
7.9%
3.3%
91.4%
91.4%
96.2%
72.4%
20.5%
10.5%
6.2%
3.8%
1.9%
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%
100.0%120.0%
Bue
n Vivir
Libe
rtad
es
Grup. Att. Pri.
Protecc
ión
Pue
blos y Nac
ion.
Naturaleza
Partic
ipación
2010 2011
Fuente: Bases de prensa 2010 y 2011, PADH.
Elaboración: Gardenia Chávez, PADH, 2011.
El derecho a la seguridad no fue asumido ni garantizado de manera integral; las
garantías constitucionales no cumplen su función de restauración de los derechos; la
justicia penal fue instrumentalizada para criminalizar a determinados sectores sociales;
y los derechos humanos y de la naturaleza están en riesgo por la implementación de un
modelo extractivista y consumista.
Resultó preocupante la concepción restrictiva de derechos humanos asumida por
el gobierno, contraponiendo los principios y derechos de igualdad y libertad,
jerarquizándolos; y, asumiendo, a partir de ello, cuestionamientos al Sistema
Interamericano de Derechos Humanos.
Recomendaciones
Es urgente y necesario retomar el mandato constitucional, a fin de garantizar el
ejercicio material de derechos, superando su mera proclamación formal y evitando su
restricción práctica.
La adecuación constitucional es imperiosa en los campos de seguridad, justicia y
ambiente. En seguridad, urge que ésta sea entendida e implementada de manera
integral. En justicia, el proceso de reforma judicial debe priorizar la efectividad de las
garantías jurisdiccionales, el desarrollo de una justicia penal restaurativa y establecer
medidas para evitar la criminalización de la protesta social y de las opiniones. Además,
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es imperioso garantizar la independencia de la justicia constitucional. En ambiente, se
requiere un análisis profundo del conjunto de la sociedad, sobre las consecuencias
humanas y ambientales del modelo extractivista.
A nivel de políticas públicas es fundamental que éstas se enmarquen en una
concepción integral y garantista de los derechos, evitando su jerarquización,
contraposición y enfrentamientos por su exigibilidad. No hay derechos más o menos
importantes, todos son necesarios, se influyen mutuamente y sólo garantizados en
conjunto pueden contribuir a concretar un efectivo régimen de buen vivir.
Es imperioso asegurar un sistema de información pública que de cuenta de
manera oportuna, eficiente y eficaz del cumplimiento de los derechos humanos. En ese
sentido, las instituciones nacionales con rectoría sobre el tema deben asumir un rol
protagónico.
Finalmente, es importante insistir en la necesidad de generar espacios amplios de
diálogo y debate democrático.
Nota créditos:
Este documento se puede citar siempre y cuando se mencione la siguiente fuente:
Programa Andino de Derechos Humanos comp., Informe sobre Derechos Humanos.
Ecuador 2011, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, 2012.