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Universidad de los Andes
Facultad de Economía
Monografía de Grado
Título
Hidroeléctrica de Urrá: Historia y Conflicto Social
Asesor
Juan Camilo Cárdenas
Christian Esteban Ramírez Hincapié
200420838
Bogotá, mayo de 2010
Índice Temático Página
0. Introducción ………………………………………………………. 3
1. Historia del Proyecto ……………………………………………... 4
2. Revisión Bibliográfica ……………………………………………. 9
3. Metodología ………………………………………………………... 14
4. Resultados …………………………………………………………. 16
5. Conclusiones ………………………………………………………. 25
6. Consideraciones Finales ………………………………………….. 27
7. Bibliografía ………………………………………………………... 28
8. Anexos ……………………………………………………………… 29
2
Hidroeléctrica de Urrá: Historia y Conflicto Social
0. Introducción
El día 9 de junio del año 2009 el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo en el
documento 090609, negó la licencia ambiental solicitada por la junta directiva de Urrá
S.A. para la construcción del proyecto hidroeléctrico Urrá II - Río Sinú. Este nuevo
proyecto pretendía inundar 54.000 hectáreas del Parque Natural Nudo del Paramillo
(correspondiente al 12% del mismo), con el propósito de controlar inundaciones y de
generar 350 Mw de energía adicionales (Carlos Costa Posada; 2009).
Esta determinación tuvo dos efectos importantes. El primero fue negar la posibilidad de
realizar estudios para una futura petición de una licencia ambiental (esto se hizo en el
marco de la constitución de 1991 que prohíbe la construcción de este tipo de proyectos en
cualquier área del territorio nacional declarada como Parque Nacional; el Nudo del
Paramillo fue declarado Parque en 1977). El segundo efecto fue el de sentenciar a pena
de muerte al proyecto hidroeléctrico Urrá I cuya construcción finalizó en el año 1998.
Urrá I se había planteado como un proyecto que tendría una vida útil de 20 años con
posibilidad de 10 años más si se aplicaban algunos planes de ampliación. La
prolongación de esta vida útil estaba atada a la necesidad de construir Urrá II, cuya
negativa estuvo dada desde antes de empezarse a construir Urrá I en el año 93.
El proyecto Hidroeléctrico Urrá I fue construido, con una licencia ambiental otorgada por
el Ministerio del Medio Ambiente (el entonces INDERENA) en terrenos del Parque
Natural Nudo del Paramillo, sin cumplir los requerimientos de consulta previa con las
comunidades indígenas, sin preveer los nefastos efectos ambientales que tuvo y sin
ejecutar planes de mitigación de impactos previos a su entrada en funcionamiento. Esto
convirtió a Urrá I en uno de los mega proyectos (junto con el proyecto petrolero de la
Occidental Petrolium por su conflicto con los U’wa) más controversiales durante la
década del 90.
Este documento pretende dar algunas respuestas del por qué se autorizó la ejecución del
proyecto hidroeléctrico Urrá I, y las consecuencia sociales, ambientales y financieras que
esto tuvo para la nación. El trabajo pretende poner en contraposición aquellos aspectos
3
que se consideraron como necesarios y trascendentales para la ejecución del proyecto, y
aquellos que fueron el contrapeso a su construcción.
Es pertinente resaltar entonces, que este trabajo constituye un primer acercamiento
académico a todo el conjunto de la problemática alrededor de Urrá I. Aunque aspectos se
han trabajado por separado desde la perspectiva indígena y ambiental de las
consecuencias de la construcción de Urrá I, ninguno ha hondado en el debate de cuales
fueron las condiciones que se dieron para su ejecución. El panorama completo en
términos financieros, ambientales, sociales, políticos y judiciales, llevan a un mejor
entendimiento del por qué se niega la licencia a Urrá II, y se condena a muerte a un
proyecto que terminó siendo de altísimo costo para la nación.
El documento consta de cinco partes. En la primera sección se hará un recuento histórico
del proceso de planteamiento, ejecución y entrada en funcionamiento de la hidroeléctrica
Urrá I. La segunda sección corresponde a la revisión bibliográfica pertinente, en donde se
ejemplifican algunos de los costos relacionados a la construcción de hidroeléctricas en el
mundo. En la tercera parte se explicará la metodología y los datos que se utilizaron para
esta investigación. La cuarta parte discutirá los resultados contraponiendo los diferentes
argumentos utilizados a través del tiempo que justificaron o se contrapusieron a la
construcción de Urrá I. La última parte concluirá planteando una respuesta del porqué se
permitió construir Urrá I y a la negativa hacia Urrá II. Además, se proponen líneas de
investigación a explorarse en futuras investigaciones.
1. Historia del Proyecto1
1- Conpes (2008). Por Cual se Establece la Destinación de Utilidades de las Empresas Industriales y Comerciales Societarias del Estado y las Sociedades de Economía Mixta, con base en los Estados Financieros a 31 de Diciembre 2007. Bogotá: DNP.- Corte Constitucional (1998). Setencia, T-652. Colombia: Corte Constitucional.- SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA ENERGÍA Y GAS DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN DE (Bogotá). Informe Evaluación Gestión Urra S:A E.S.P.- Molano, Alfredo (2008). Viaje al Corazóndel Alto Sinú. El Espectador. from http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articuloimpreso100701-viaje-al-corazon-del-alto-sinu- Rudqvist, Anders (1983). La Organización Campesina y la Izquierda ANUC en Colombia 1970 – 1980. Informes de Investigación No. 1, Departamento de Sociología., - Sabas Pretelt de la Vega, Cesar Augusto Cordoba, Diana Marcela Zapata, Verta Quintero Medina,Alfredo Mola Berrio, Volmar Perez Ortiz, Wilson Domicó y Abel Domicó. (2005). Acta de acuerdos entre el Gobierno Nacional y la asamblea permanente de los Cabildos Mayores del Río Sinú y Verde del Pueblo Embera Katio del Alto Sinú, Abril 8 de 2005.
4
La planificación de la construcción del proyecto hidroeléctrico de Urrá se inició en el año
de 1980 a manos de la empresa ISA S.A, cómo uno de los proyectos necesarios para la
expansión eléctrica del país. Este tomó mayor fuerza cuando a principio de los años 90 el
país vivió la crisis eléctrica más dramática de su historia.
Pero la historia misma de la construcción de la represa de Urrá tiene antecedentes con
características un poco diferente a las eléctricas. Entre 1968 y 1975, en la zona del nudo
del paramillo –más precisamente en la Ciénaga de Oro- con motivo de la reforma agraria
que se estaba ejecutando en Colombia, se adjudicaron 4203 hectáreas de tierra a
aproximadamente 300 familias. Esto provocó una primera salida masiva de campesinos e
indígenas que habitaban estos terrenos. Además, se secaron de manera conciente más de
10.000 hectáreas de ciénagas y humedales, que de igual manera cayeron en las manos de
unas pocas familias (latifundistas).
En este entorno surge la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) en la
región2, con la cual se intentó reclamar estas tierras para los campesinos de la zona del
paramillo. La primera versión de la ANUC surgió por iniciativa gubernamental desde la
presidencia de la república (Carlos Lleras Restrepo). Con el cambio presidencial en 1970
–retorno del partido conservador al poder-, la posición de la ANUC se presentaba cómo
antagónica para el gobierno, lo que provocó tensiones constantes entre propietarios de la
tierra y la organización campesina (en particular, esta organización llegó a tener en
Córdoba más de 30.000 miembros). Las disputas entre la ANUC y los latifundistas se
resolvieron cuando el INCORA (Instituto Colombiano de Reforma Agraria), legalizó la
ganadería cómo forma de explotación legítima de la tierra, lo que dejó a la ANUC sin
argumentos jurídicos ante los latifundistas.
Lo que no se tuvo en cuenta para ese momento fue que las tierras secadas y asignadas a
propietarios particulares, eran las que evitaban grandes inundaciones durante las épocas
de lluvias. Esto provocó que las crecientes tanto del río San Jorge y Sinú, empezaran a
causar prejuicios económicos para los propietarios de la tierra (por pérdida de ganado y
de cultivos). Fueron estas inundaciones las que hicieron pensar en la necesidad de una
2 Esta es una asociación que nació a nivel nacional, pero fue en este contexto que tuvo importancia en Córdoba y Antioquia.
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represa con la que se pudiera hacer control de inundaciones y que evitara que los ríos
recobraran su cause natural.
La hidroeléctrica Urrá –o al menos la idea-, estaba inscrita en un contexto en donde las
grandes mega obras que se estaban construyendo en el mundo eran hidroeléctricas. Con
el Banco Mundial cómo gran promotor y financiador de estos proyectos, la construcción
de centros de generación eléctrica se empezaron a pensar cómo atractivos y necesarios
para el desarrollo del país. Aunque Urrá se empezó a pensar y planear desde mediados de
los años 70, sólo hasta el final de la década del 80 empezaron a haber pronunciamientos
oficiales al respecto.
El INCORA, mediante las resoluciones No. 27 (Febrero 20, 1989), No. 142 (Diciembre 18,
1992) y No. 167 (Diciembre 14, 1992), declaró el territorio a inundar en el Nudo del
Paramillo como de utilidad pública y de interés social; este fue el primer paso para la
construcción del proyecto hidroeléctrico de Urrá I. La responsabilidad de la construcción de
la primera fase del embalse quedó a cargo de la Corporación eléctrica de la Costa Atlántica
(CORELCA), a través de la creación de la Empresa Multipropósito Urrá S.A en 1992.
Los problemas empezaron surgir cuando en 1993 el INCORA, mediante la resolución
002/93, otorgó el título de resguardo al territorio tradicional de los Embera-Katio
(posteriormente ampliado mediante la resolución 064/96). El 13 de abril de ese mismo año,
y sin la consulta previa como lo establecía la Ley 21 de 1991, el INDERENA (Instituto de
Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables), otorgó la licencia ambiental a
CORELCA, que daba la autorización para realizar la primera desviación del río Sinú (esta
primera licencia no contenía el permiso para el llenado del embalse ni la puesta en
funcionamiento del proyecto).
Aunque la primera licencia fue aprobada, la construcción del proyecto contaba con una
crisis de financiación importante, lo que le había impedido empezar la construcción de la
obra. Fue precisamente en este año (1993) cuando se le permitió a la empresa aumentar su
capital suscrito de 5 mil a 26 mil millones de pesos, posibilitándole adquirir un préstamo por
$85.000 millones de pesos. De estos $85.000, $60.000 proveían de financiación externa
(Export Development Corporation –Canadá-, y la banca multilateral escandinava), y el resto
de un pool de bancos nacionales.
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El presupuesto que argüían los accionistas del proyecto necesitaban para su construcción
total era de 300 millones de dólares, que se pretendían conseguir con financiación
internacional. En este mismo año, el gobierno colombiano gestionó ante el BID y el BM un
préstamo por 600 millones de dólares (mediante el ministro de hacienda Rudolf Hommes),
para el financiamiento de diferentes proyectos hidroeléctricos (Porce I, Calima III, Urrá I y
Riachón).
Entre 1994 y 1996, la Empresa Multipropósito Urrá S.A. firmo un número importante de
acuerdos con las comunidades indígenas para cumplir con el proceso de consulta previa,
además de suscribir un plan de Etnodesarrollo y de mitigación de impactos; este plan debía
ejecutarse entre 1994 y el año 2000. En estos primeros planes y acuerdos, se estimó que el
territorio Embera-Katío a ser inundado sería de 43 hectáreas. Esta estimación fue
controvertida debido a que la comunidad insistía en que existía una subestimación
considerable, y que estas mediciones debían re-elaboradas.
Con la primera desviación del río Sinú en 1996, los pescadores de las riberas del Sinú y las
comunidades aborígenes de la zona empezaron a sentir los efectos. El bocachico, su
principal medio de substancia y alimentación empezó a tener una disminución significativa
(en frecuencia y tamaño). Los pescadores de la zona reportaban cada vez una menor
cantidad de ingresos y la comunidad Embera-Katío empezó a presentar problemas de
desnutrición. Los pescadores reportaron en 1997 una caída de 26 mil peces en el año
(pasaron de pescar 36 mil por familia a unos 10 mil peces en el año). El bocachicó, que
antes provenía del río Sinú, tuvo que ser traído ahora desde Quibdó, que se encontraba a 30
horas de viaje por tierra.
La situación de seguridad para las comunidades indígenas entre 1996 y 1997 no fue nada
alentadora. Se reportaron 120 asesinatos de líderes indígenas en el país, de los cuales 7
pertenecían a la etnia Embera-Katio. Aunque los motivos de estos asesinatos nunca se
esclarecieron, se presume que los casos de los líderes Embera tienen relación con las
protestas contra el mega proyecto de Urrá.
El 11 de noviembre de 1997, tras los incumplimientos por parte de la empresa Urrá S.A
con la ejecución de los planes de desarrollo acordados, el Ministerio del Medioambiente
7
negó licencia ambiental que permitía llenar el embalse. Aún con esta primera negativa,
las obras de construcción continuaron hasta completarse en 1998.
Con el incumplimiento reiterativo por parte de los dueños de la represa, y por incumplir
el proceso de consulta previa establecido en la constitución, el Cabildo Mayor de pueblo
Embera impuso una acción de tutela en contra del proyecto Urrá I. La Corte
Constitucional, a través de la sentencia T-652-98 del 10 de noviembre de 1998, a tres días
de la inauguración de la obra, suspendió el llenado del embalse hasta que se cumpliera el
requisito de consulta previa y se llegara a un acuerdo con la comunidad Embera. Además,
la Corte ordenó la creación de un fondo para el pago de la indemnización al pueblo
Embera por los daños ocasionados. Este pago, que debía realizarse a cada individuo, trajo
consecuencias trágicas para la comunidad en términos culturales y de cohesión como
comunidad.
Un año más tarde, el 16 de noviembre de 1999, mediante la resolución 965, el Ministerio
del Medio Ambiente dio vía libre al llenado del embalse y la entrada en operación de la
hidroeléctrica. Sin un acuerdo firme con la comunidad Embera, sin la ejecución de planes
de mitigación de impactos para los pescadores del río Sinú, y con más de 6000 personas
desplazadas no reubicadas, la hidroeléctrica de Urrá I inició operaciones formales en
diciembre de 1999.
La capacidad instalada para la generación de energía con la que contaba la hidroeléctrica
fue de 340 MW de potencia, lo que representaba el 2% de la generación total del país
para ese año. En el momento en que Urrá I entró en operación, el país contaba con un
35% de excedente en el sistema de interconexión eléctrica. El costo total de la
construcción del proyecto superó los US$800 millones, financiados en gran medida por la
banca internacional. Además, dentro de estos costos, aún no estaban calculados los
provocados por el desplazamiento de la población, la inundación de 7400 hectáreas de
selva, y el cambio dramático de las economías locales (además de todas las
transformaciones culturales a las que esto lleva).
En los años 2001 y 2005, hubo grandes movilizaciones de pescadores y de indígenas a
diferentes centros urbanos (Montería, Medellín y Bogotá), en donde estas comunidades
reclamaron por el incumplimiento de los acuerdos que se habían venido suscribiendo con
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la empresa. En febrero del 2005, más de 400 índigenas Embera-Katio se hacinaron en la
ONIC (Organización Nacional de Indígenas de Colombia) en Bogotá para reclamar el
pago de las indemnizaciones y entablar una protesta formal en contra de la construcción
de Urrá II. Esta segunda parte del proyecto tendría un costo de US$ 2000 millones e
inundaría 53.000 hectáreas de selva del parque natural Nudo del Paramillo.
El 8 de abril de ese año, encabezado por el Ministro del Interior Sabas Pretelt de la Vega,
el Gobierno Nacional firmó un acuerdo con los líderes Embera en el se acordó el
cumplimiento de los planes de Etnodesarrollo y se estipuló que Urrá II no se construiría.
Para este momento el gobierno colombiano ya era dueño mayoritario de la hidroeléctrica
de Urrá I a través del Ministerio de Hacienda (77% de las acciones), y del Ministerio de
Minas y Energía (22% de las Acciones).
A pesar de estos acuerdos y tras las graves inundaciones que provocó el desbordamiento
del río Sinú en julio de 2007, el gobierno colombiano anunció en septiembre de ese
mismo año que el proyecto hidroeléctrico Urrá II se construiría. La producción de energía
no constituía el motivo principal de esa decisión ya que con la entrada en funcionamiento
de las centrales de Fonce III, Pescadero, La Miel II, Besotes y Chimbo el excedente
eléctrico del país aumentaría al 27%.
Al año siguiente, el 12 de mayo, el Departamento Nacional de Planeación a través de un
documento Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social), reveló que la
Empresa Múltipropósitos Urrá S.A. había arrojado pérdidas desde su entrada en
funcionamiento de US $824 millones. Con este panorama la construcción de Urrá II se
empezaba a nublar y a dispersar. El 9 de junio del 2009 el Ministerio del Medio
Ambiente negó la licencia ambiental para la construcción del proyecto Urrá II (Río Sinú),
dando un aparente final a las iniciativas del proyecto. El nuevo proyecto hidroeléctrico
nombrado Río Sinú, tendría un Costo inicial de US$ 650 millones, estaría ubicado muy
cerca de Urrá I. La construcción de este nuevo proyecto se pretendía iniciar a partir del
año 2011 y sólo aumentaría la capacidad de Urrá I en 350Mw.
2. Revisión Bibliográfica
La siguiente revisión bibliográfica estará centrada en los costos asociados a la
construcción de grandes represas para la producción de energía. Estos costos incluyen los
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relacionados a desplazamiento de población, cambios abruptos en las dinámicas de las
economías locales, transformación de ecosistemas selváticos en acuáticos y lo referente a
cambios medio ambientales.
Para el año 2000, según la Comisión Mundial para Represas (World Commision of
Dams-WCD), la cantidad de represas construidas alrededor del mundo superaba los
45.000 proyectos, distribuidos en 150 países. Esta cifra, que para términos del mundo
desarrollado y para las condiciones consideradas necesarios para el desarrollo se muestra
cómo alentadora, no tiene la misma acogida entre quienes sufren las consecuencias
directas de estas mega-obras –los beneficios que se suponen deberían traer, no so tan
evidentes. El gran auge en de la construcción de hidroeléctricas ocurrió entre 1960 y
1989. Después de este periodo, se empezaron a analizar los efectos que estos proyectos
habían tenido en diferentes partes del mundo, y su construcción empezó a disminuir
considerablemente.
Construcción de Hidroeléctricas en el Tiempo Distribución de Hidroeléctricas en el Mundo
Tomado de Altinbilek 2002. “The Role of Dams in Development”
Altinbilek (2002), en su trabajo sobre el rol de las represas para el desarrollo, identifica
cinco efectos negativos concernientes a costos sociales, ambientales y económicos
relacionados a la construcción de hidroeléctricas: 1) las represas causan pérdida de agua
debido a la gran evaporación que se produce en los embalses 2) los beneficios
económicos de la construcción siempre se miran a nivel regional o nacional, pero pocas
veces se consideran con anterioridad los impactos sobre las poblaciones ribereñas 3) los
efectos sobre la vida común de las personas debido a las bajas corrientes de los ríos y
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perdida de actividad pesquera; reducción considerable en la cantidad de agua; reducción
en la fertilidad de suelos cultivables para la agricultura y bosques debido a la pérdida de
fertilizantes naturales 4) las represas pueden prevenir inundaciones normales, pero son
incapaces de contener inundaciones excepcionales. Esto causa que la población ocupe
áreas que antes eran inundables debido a la creencia del control de inundaciones, pero en
caso de una excepcional los efectos son desastrosos, y 5) no es claro que considerar la
producción de energía a través de hidroeléctricas sea limpia debido a la destrucción
masiva de ecosistemas y de impactos sociales.
Al igual que Altinbilek, Buckley (2003) sostiene que la construcción de represas
representa una solución de mediano plazo, por lo que es necesario plantear soluciones
alternativas en donde los beneficios superen, con creces, a los costos. Buckley considera
a las hidroeléctricas como los grandes dinosaurios de los megaproyectos. Para
ejemplificar esto, es necesario mostrar casos particulares sobre los costos que han
generado estos proyectos en el mundo.
En un trabajo reciente sobre las hidroeléctricas en Irán, el autor local Fatemeh Zafarnejad
(2009), describe cómo estas grandes represas ayudaron a acelerar el proceso de
desertificación del país Islámico, lo que ha producido un déficit de agua en la última
década para la población Iraní. Zafarnejad también expone que los beneficios generados
por la construcción de las represas, están muy lejos de cubrir los costos. Además,
Mannouchehri & Mahmoondian (2002) añaden que en un alto porcentaje de represas, los
niveles de sedimentación han superado ampliamente los esperados, provocando una
disminución importante en la actividad agrícola del país, produciendo a su vez
desplazamientos masivos –no planificado- hacia las ciudades.
Así cómo el caso de la construcción de represas iraníes, el desarrollo de estos proyectos
en Méjico, también ha generado sobre costos que sobrepasaron significativamente los
beneficios. Castelán (2002) expone que a pesar que el país centroamericano cuenta con
una cobertura del 98% en el sector eléctrico y que las represas han asegurado las
disponibilidad de agua en grandes centros urbanos, los sobre costos se deben a la
inadecuada planificación, la falta de expertos, y la impropia implementación de planes de
mitigación de impactos.
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En un estudio sobre India, Narayan Vyas (2001) añade que el gigante asiático, además de
haber tenido una severa caída en la disponibilidad de agua pér-cápita durante los últimos
50 años, la concentración de agua disponible en zonas específicas ha provocado un
traslado masivo de personas a estas localidades, provocando disparidades
socioeconómicas indeseadas en las comunidades migrantes (negación de el derecho a la
salud, desarrollo, comida, educación, trabajo y a una vida digna).
Precisamente, esta falta de mitigación apropiada de impactos ha generado un número
importante de movimientos sociales que han puesto en duda, ante la opinión pública, la
viabilidad y necesidad de estos proyectos. Por ejemplo, Dwivedi (1998), concluye en su
estudio sobre el caso de los proyectos del río Namada en India, que el éxito de quienes se
encuentran en contra de la construcción de uno de estos proyectos, recae en la capacidad
de los actores de politizar incertidumbres y riesgos que se muevan alrededor de la
hidroeléctrica. Estos riesgos denominados risk politics, pueden tener impactos nacionales
e internacionales que abogan en favor de los actores.
Gracias a este tipo de organizaciones, se ha puesto en entre dicho el papel benéfico de la
intervención y aparición del Banco Mundial cómo gran financiador de proyectos
hidroeléctricos. Alacevich (2009), da peso a esta consideración ya que argumenta que el
Banco, más que ser una institución en pro del desarrollo, se constituyó desde sus inicios
cómo un banco. A partir de los años 60, cuando el Banco empezó a hacer prestamos a
países en desarrollo para el desarrollo de diferentes programas, la institución prefirió
otorgar préstamos a proyectos financieramente viables, que a aquellos que tenía
propósitos sociales.
La división encargada del seguimiento a proyectos hidroeléctricos del Banco Mundial, a
World Commision on Dams –WCD- (2000), publicó que gracias a la no implementación
de planes oportunos de mitigación de impactos, entre 40 y 80 millones de personas
fueron desplazadas de manera forzosa (y no planificada como debió haber sido), y que el
60% de los ríos han sido drásticamente afectados tanto en su curso natural cómo en su
cause. El problema grande que la WCD identifica con el desplazamiento son los efectos
psicológicos y culturales que se rompen al quebrar las relaciones de estas comunidades
12
con su ecosistema, y son estas inconveniencias las que se deben subsanar en primera
instancia.
Además, la no reubicación oportuna y adecuada de la población genera tanto de
problemas severos de desnutrición como de una alta probabilidad de contagio y
proliferación de enfermedades. Estos dos factores, al menos en el caso del Río Senegal
(Degeorges & Reilly, 2006), provocaron una epidemia de malaria y schistosomiasis (por
la proliferación de mosquitos) que afectó al 80% de la población. Sumado a la epidemia,
lo impropio de los planes de mitigación en cuanto a las pesquerías, provocó desnutrición
generalizada. Particularmente, en el caso del Río Senegal, la ejecución de planes
posteriores a la construcción de la represa, produjo que los peces se concentraran en
lugares específicos en épocas de sequía, facilitando la pesca pero a su vez la disminución
dramática en el número de peces disponibles para temporadas posteriores (se pescaban
hasta los peces en etapas tempranas de desarrollo).
La importancia de la pesca para la vida rural es más que fundamental. Además de
representar formas específicas de vida y de relación con el medio ambiente, la pesca
representa la seguridad alimentaria para estas comunidades. El problema que identifican
Baran & Myschowoda (2009) es que dentro de las políticas de mitigación, la importancia
de estas es subvalorado, y por esta subvaloración es que posteriormente se producen
desequilibrios considerables. Estos autores sostienen que lo que menos se tiene en cuenta
en la planificación de los proyectos es que la disponibilidad de peces depende no sólo de
la hidrología del lugar, sino también de el lugar a inundar y el tipo de obstáculos a los que
se deben enfrentar los peces, al igual que los pescadores.
Esta disputa entre peses y pescadores genera incrementos en la curva de costos totales de
la pesca sostenible en el largo plazo, contrae la curva de la disponibilidad sostenible del
recurso, provocando una caída en el total de ingresos posibles para el grupo de
pescadores. La disputa por el recurso –que es de uso común-, se incrementa, generando
cada vez mayor presión sobre el mismo, poniendo en peligro su sostenibilidad en el argo
plazo (Maldonado, 2008).
En los párrafos anteriores se realizó un breve recuento de evaluaciones ex-post de
proyectos hidroeléctricos alrededor del mundo, la mayoría de ellos construidos durante la
13
gran época de auge. Los efectos considerables de estos proyectos se enfocan en dos
vertientes definidas: los ambientales que consideran la perdida de diversidad, la
contaminación del agua y el cambio en el paisaje como los grandes efectos, y los
culturales provocados por grandes desplazamientos, pérdida de actividad económica y el
desarraigo a la tierra.
El cuestionamiento está enfocado a pensar en si estas hidroeléctricas cumplen con los
objetivos para los cuales fueron construidas y a que costo. Es por esto que el Banco
Mundial, por intermedio de la WCD y el Programa Mundial para el Medio Ambiente de
las Naciones Unidas (Unep), son cada vez más rigurosos con los requerimientos para dar
el visto bueno a la construcción de una represa. Aún así, para el 2009, los diálogos con
países en vía de desarrollo sigue bastante atrasado al igual que la firma de acuerdos. Esto
imposibilita una acción efectiva de los diferentes organismos del Banco Mundial y las
Naciones Unidas (Ver Mapa 1 de Anexo) (UNEP; 2009).
Vale la pena resaltar que no hay trabajos académicos relevantes al tema de la violencia
generada o provocada por la construcción de hidroeléctricas. Aunque para el caso
colombiano puede relacionarse la violencia que rodea a los grandes mega proyectos con
los grupos armados ilegales, la violencia y el desplazamiento también está relacionado
con la disputa de la tierra y la usurpación de la propiedad (Ibáñez; 2008). Las
hidroeléctricas generan nuevas distribuciones de la tierra ya sea por áreas a inundar o por
las zonas que quedan habilitadas para ocupación por la desviación de los ríos. Esto
provoca enfrentamientos que pueden desembocar en hechos violentos sin necesidad que
sean armados.
3. Metodología
Para este análisis se utilizaron los artículos disponibles en el periódico El Tiempo que
fueran relevantes para el tema. Él número total de artículos analizados fue de 550
distribuidos entre los años 1991 y el mes de junio del año 2009. Aunque existen noticias
anteriores y posteriores relevantes al tema, este periodo da cuenta de los momentos
cruciales del planteamiento y ejecución del proyecto. Momentos anteriores a 1991 sólo
mencionan a Urrá como una posibilidad, pero no como algo concreto.
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La siguiente tabla muestra la distribución y frecuencia de los artículos a través de estos
años.
Gráfico 1Artículos El Tiempo
El gran número de artículos entre 1991 y año 2000 corresponden al periodo de
construcción del proyecto. Los tres picos de datos en este periodo responden a los
momentos en que se discuten la financiación, la eficiencia y los efectos que tendría la
inversión que se estaba realizando. La discusión disminuye en el momento en que el
proyecto está construido y este entra en funcionamiento. El último repunte a partir del
año 2006 se da cuando vuelve la discusión sobre la construcción de Urrá II y la
resolución ya mencionada.
Para el análisis de estos datos se utilizó el software de análisis cualitativo Atlas ti. Con
este se realizó una separación en categorías consideradas como relevantes para el análisis
económico (costos-beneficio) del proyecto. Esto permite mostrar los resultados en
términos de eficiencia y equidad a nivel social. Aunque no se planteo una función de
bienestar (en términos matemáticos) para determinar lo eficiente y lo equitativo del
proyecto, se hizo una distinción entre aquellos aspectos que mostraban al proyecto
hidroeléctrico cómo de necesidad básica para la generación de energía, y lo referente a
los requerimientos ambientales y de las comunidades afectadas por Urrá I.
Por último se crearon tablas de frecuencia de términos específicos para visualizar los ejes
temáticos de la discusión por periodos. Esto facilita el análisis y previene caer en una
construcción histórica de los hechos periodísticos o noticiosos, dando un mayor espacio
para la evaluación económica y social del proyecto.
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4.Resultados: ¿Por qué se construyó Urrá?
4.1 Parte I: Necesidades
Es necesario iniciar el análisis con el financiamiento de Urrá I. En principio el gobierno
colombiano esperaba que el 60% de la financiación proviniese del BID, el 6% de la banca
privada, y el restante de recursos propios de la nación3. Esto respondía a la confianza que
había brindado a proyectos previos el BID y del BM durante la década de los años 80. A
pesar de esto, el BID negó el préstamo al gobierno colombiano por la mala presentación
del proyecto, y por priorizar en esos documentos el aspecto eléctrico sobre lo social y lo
ambiental4\5. Habiendo sido el BM el gran arbitro en la construcción de hidroeléctricas a
lo largo y ancho del mundo, el gobierno nacional, pese a la negativa de la entidad, decide
financiar la represa de Urrá I por otros medios.
Los contratos con los bancos privados que financiarían Urrá hasta ese momento, tenían
una cláusula que ataba su préstamo al visto bueno del BM y del BID. En un acuerdo
mutuo con el gobierno, se rompen estas cláusulas y la banca priva pasa a financiar el 60%
del costo total de la hidroeléctrica6. El aspecto financiero, cómo lo había afirmado el BM
y un documento Compes7, se mostró como viable, así que la financiación no se convirtió
en un obstáculo impasable para la represa pese a la grave crisis fiscal que enfrentaba el
país a principios de los años 90 .
No se puede afirmar que sólo por los beneficios en términos financieros proyectados por
Urrá I se iba a llevar a cabo el proyecto.
Gráfico 2
3 El Tiempo. “Paran Nuevos Proyectos En El Sector Eléctrico”. Octubre 22 de 1991.4 El Tiempo “Luego de 50 años, una luz para Urrá”. Octubre 2 de 1992.5 El Tiempo “Renegociarán Reglas de Urrá” Octubre 5 de 1992.6 Ibíd. El Tiempo.7 Op. Cit. Octubre 22 de 1991
16
Frecuencia de Temas
020406080
100120140160180200
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
A MB IE NTE B E NE F IC IOS INDIG E NA
Beneficios se refiere a la frecuencia con la que la generación de energía se establecía como una prioridad. Ambiente se refiere al medio ambiente como prioritario. Indígena se refiere a la sumatoria de las comunidades indígenas y las campesinas afectadas.
Para ese primer momento la discusión en el país se centró principalmente en los
requerimientos energéticos dejando de lado a las comunidades que habitaban en la zona y
lo ambiental (ver gráfico 1). Estos requerimientos energéticos estuvieron marcados a su
vez por presiones políticas provenientes desde la región atlántica colombiana. Hasta ese
momento, las grandes hidroeléctricas se habían construido en el interior del país, con el
gran epicentro de la región Andina. Se consideraba que era necesario asegurar la
independencia energética de la Costa Atlántica colombiana, para no sólo dejar de
depender del centro del país, sino no tener que depender de la interconexión que se tenía
con Venezuela (que además se buscaba ampliar)8.
Las presiones políticas, según El Tiempo, no sólo hacían parte de una campaña de
independencia energética. Según lo reporta el diario, el precio por kilovatio que se
pagaba en la zona caribe a principios de la década, podía en ocasiones duplicar al costo
por kilovatio en la región andina. Esto produjo presiones por parte de la ciudadanía que
exigía una baja en la prestación del servicio, y con Urrá se pensaba que esto podría
suceder. Lo cierto es que aunque la construcción de una hidroeléctrica es bastante
costosa, una vez que esta entra en funcionamiento el precio producción de energía se
abarata notablemente (lo había demostrado ya la entrada en funcionamiento de otros
proyectos).
8 El Tiempo. “La República del Caribe”. Enero 25 de 1992. “Crisis Energética: Proponen Un Juicio De Responsabilidad” 25 de Marzo de 1992.
17
Tabla 1Principales Proyectos Eléctricos
Hidroeléctrica Producción de energía (En
MW)
Zona Inundada
(En Hectáreas)
Costo Financiero (en
Millones)
Departamento FinanciamientoBID
Chivor 1000 máx. 13.000 US $800 Boyacá SiJaguas 170 máx. - US $57 Antioquia SiLa Miel I 402 máx. 1220 US $240 Caldas SiUrra I 340 máx. 7400 US $780 Córdoba NoPorce II 392 máx. 4000 US $523 Antioquia No9
Betania 500 máx. 7400 US $390 Huila SiConstrucción del Autor: Fuentes Dispersas.
Urrá contaba con un argumento contundente que mostraba necesaria su construcción. Las
estimaciones dadas por el gobierno diagnosticaban problemas energéticos severos para
los años 1998 y 1999. Según los artículos publicados hasta entrado el año 1996, el país
sufriría un apagón peor que el de principios de los 90 sino se ejecutaban los proyectos
hidroeléctricos que estaban pendientes (Porce II, La Miel I, además de Urrá I)10. Esto
llevó a una insistencia permanente por parte de varios sectores de la sociedad colombiana
a exigir los recursos para financiar estos proyectos.
Gráfico 3Frecuencia de Argumentos a Favor
Beneficios se refiere a la frecuencia con la que la generación de energía se establecía como una prioridad. Inundación se refiere al control de inundaciones como prioritario.
Lo cierto es que pasados estos años “neurálgicos”, y sin la entrada en funcionamiento de
ninguno de los proyectos hidroeléctricos mencionados, no se generó una crisis eléctrica
9 Este fue financiado por en su totalidad por las Empresas Públicas de Medellín. Además este proyecto se desarrolló paralelo a la construcción de Urrá.10 El Tiempo. “Hay Luz de Milagro”. 20 de Noviembre de 1995.
18
como se anticipaba11. Es más, con las ampliaciones que se le venían haciendo a las demás
hidroeléctricas y con la finalización de la red de interconexión electrica con Venezuela
para el año 2000, se pasó de realizar compras de emergencia a ser proveedor neto. Para el
ese año, en el país se estaba generando un 35% más energía de la que se consumía.
Resumiendo, Urrá respondió a tres motivaciones principales: 1) los altos beneficios en
términos financieros, 2) los requerimientos y presiones por parte de la Costa Atlántica en
términos de suministro de energía y de abaratamiento del servicio, y 3) la necesidad de
asegurar el suministro energético en el país. Aunque estas motivaciones suenan
convincentes, es muy improbable que no se hubiesen hecho los cálculos previos que
determinaran que se producirían excedentes de energía en el mediano plazo. Antes de
continuar con la argumentación del por qué de Urrá, es necesario pasar a la otra cara del
proyecto.
4.2 Parte II: Impactos, Resultados y Efectos sobre el Bienestar Social.
4.2.1 Medio Ambiente
El gráfico 2 muestra un cambio de tendencia entrando a mediados de los 90. La primera
caída en la discusión sobre generación corresponde al periodo en que se consiguen los
primero recursos necesarios para iniciar la primera fase de la construcción de Urrá I. A
partir del año 1994 se muestra una arremetida fuerte en el discurso ambiental en contra de
la construcción del proyecto. Las discusiones daban cuenta tanto de la falta de planeación
sobre futuros impactos, como de la incalculable pérdida en términos de diversidad que se
daría al inundar 7.400 hectáreas de selva. Cómo era previsible, al no estar el proyecto
terminado, los argumentos acerca la necesidad de construir Urrá I no se podían hacer
esperar. Lo interesante aquí es entender el por qué de una brecha tan grande en la gráfica
entre los dos argumentos.
En el año 1992, cuando se realizó la Cumbre de la Tierra en la ciudad de Río de Janeiro
Brasil, por primera vez en el mundo se reunieron más de 150 países y 100 jefes de estado
para discutir el tema ambiental en el mundo. Puede argumentarse entonces que este
cambio de actitud agresiva hacia el medio ambiente hacia Urrá I tiene que ver, en parte,
11 Los apagones que se dieron entrando al siglo XX ocurrieron gracias a la combinación de dos fenómenos: la voladura de torres eléctricas por parte del ELN, y la prolongación del fenómeno del niño en el año 2000.
19
con la nueva conciencia ambiental que se empezaba a plantear en el planeta. Además,
vale recordar, que 1994 fue un año electoral en Colombia y los argumentos ambientales
salieron debido a los debates que se seguían manteniendo acerca de las hidroeléctricas.
Aunque muchos de los argumentos en contra de Urrá I acerca de los efectos ambientales
que este provocaría fueron desmeritados en su momento, los impactos años después
mostraron ser mucho peores.
Inundar 7.400 hectáreas del parque natural Nudo del Paramillo provocó efectivamente
efectos desastrosos. De estos efectos, 4 de ellos fueron identificados con anterioridad
como fundamentales para evitar grandes estragos ambientales y sociales; ninguno de
ellos tuvo respuestas oportunas por parte de los dueños de Urrá I.
El primero de ellos tiene que ver con que no se había hecho un inventario siquiera
preliminar de la flora y fauna de la zona12 13. Esto tiene relevancia porque al no saber que
iba a quedar bajo el agua, no se podían hacer cálculos que permitieran cuantificar y
cualificar el tipo de pérdida. Lo único que se supo con certeza con anterioridad era que se
inundarían dos ecosistemas que funcionaban muy diferente, lo que iba a dificultar el
tratamiento del agua debido al tipo de descomposición que se daría. Además, al ser Urrá
una represa que necesitaba crear una caída artificial de agua para poder generar la
energía, tendría efectos no calculados en la fauna y flora por donde el río tendría que
abrirse paso. Por este motivo el Inderena (Instituto de Desarrollo de los Recursos
Naturales Renovables) desaprobó en primera instancia la inversión del gobierno en Urrá
I14 (Rodríguez; 1994).
La descomposición de los ecosistemas inundados bajo el agua produce contaminación
que requiere un tratamiento especial. Al no saber que se está inundando se incurre en
costos posteriores para lograr dicha descontaminación. Pero el agua que se descontamina
es sólo aquella que se destina para el consumo humano. Esto tiene como resultado que el
agua que corre río abajo cuando se abren las compuertas es agua contaminada y llena de
sedimento15. Esto tiene como resultado los efectos dos y tres: 2) daño sobre la tierra apta
12 El Tiempo. “Colombia, Gran Manantial”. 20 de septiembre de 1993.13 El Tiempo. “La Casa Ecológica” 2 de agosto sde 1993.14 Op. Cit. “Colombia, Gran Manantial”15 El Tiempo. “El Medio Ambiente de 1994 Resumido”. 2 de enero de 1995.
20
para cultivo cuando estas se inunda. Esto se debe a que el agua, que ya no tiene nutrientes
empieza a dejar una capa muerta obre la tierra que la hace más difícil de cultivar 3)
genera un estancamiento mayor de agua, lo que ayuda a la proliferación de enfermedades.
Por último, la disponibilidad y diversidad de la fauna Íctica tuvieron un descenso más allá
de lo previsto. Según varios artículos publicados a entre 1995 y 1996, en los planes de la
represa no se tuvieron en cuenta a los peces desde que se realizó la primera desviación.
Por esto, se reportó una muerte masiva de bocachicos que al subir a desovar, quedaron
atrapados en los tubos de desvío y murieron16. En su momento, la forma de mitigación
por parte de la empresa fue contratar a un grupo de pescadores para que realizaran el
traslado manual de peces hasta el lugar de desove para después, de la misma manera,
devolverlos al cause del río1718. A esto se le llamó “Un Ecocidio Anunciado”19.
Aunque en el reporte del plan de seguimiento estuario del río Sinú publicado por Urrá
S.A. en el año 2008, se reporta un crecimiento de la disponibilidad de peces en el río, lo
que se nota es un cambio de la fauna íctica, y a su vez una disminución considerable en el
tamaño de las especies nativas entre 2001 y 2007 (años en que se le hizo el seguimiento)
(Andréis; 2008).
4.2.2 Las Comunidades
Volviendo al gráfico 2, vale la pena resaltar una última tendencia bastante interesante. A
partir del año 1997 el tema campesino e indígena tiene un salto bastante importante (hay
que recordar que esa época coincide al momento previo a la entrada en funcionamiento
de la hidroeléctrica. Este debía ser a mediados o finales del año 1998). El debate se torna
ahora alrededor de los indígenas y campesinos., y es recurrente durante 4 años. Este
punto además es clave porque visibiliza un problema que posteriormente se agravó, y el
cual pudo haber sido causante –y suficiente- para detener el proyecto.
Gráfico 4Frecuencia Indígena, Ambiente y Constitucional
16 El Tiempo. “Miles de Peces Atrapados en Urrá”. 1 de febrero 1995.17 El Tiempo. “Trasladaron a 25.000 peces en Urrá”. 5 de febrero de 1995.18 El Tiempo. “Traslado de Peces atrapados en Urrá”. 2 de febrero de 1995.19 El Tiempo. “El de Urrá, Un Ecocidio Anunciado”. 7 de Febrero de 1995.
21
Se debe entender la nomenclatura como en los gráficos anteriores.
Entre el 97 y el 98 hay un triple pico de información de tres temas que hieron contrapeso
a la construcción de Urrá. A lo ambiental se le sumaron las comunidades pesqueras de la
rivera del Sinú, y la comunidad indígena Embre Katio, quienes desde el año 94 intentaron
visivilizar su situación de vida ante la opinión pública Nacional. Las primeras
manifestaciones se dieron entorno a un efecto que los ambientalistas habían predicho: la
baja en la disponibilidad de peces –principalmente el bocachico20-.
La situación completa se incia con el incumplimiento por parte de los dueños de Urrá con
elementos básicos establecidos en la constitución colombiana como requisito para la
ejecución de un mega proyecto: la consulta previa y la reubicación propicia de las
comunidades afectadas. Para empesar, el calculo realizado por la empresa daba que el
total de población a reubicar sería de 16.000 personas:10425 colonos, 5462 campesinos, y
113 indígenas21. Posteriormente se constataría que esta cifra, al menos en lo que
corresponde a comunidades indígenas, estaba muy por debajo de el número de personas
que debían ser reubicadas (después se empezó a habalar de 1300 a 2000 indígenas22).
La primera reubicación de personas documentada se relalizó con comunidades
campesinas. Estas fueron movilizadas por zonas -en dos fases- hacia dos lugares
costruídos previamente por Urrá S.A. Las quejas de las comunidades campesinas se
centró en que las costrucciones no estaban terminadas, no contaban con los sistemas de
20 Actualmente, en el departamento de antropología de la Universidad de los Andes, se están llevando acabo investigaciones que pretenden rescatar los sistemas tradicionales de producción y culturales que existen alrededor de la denominada cultura del bocachico. Esto nace a raíz de la casi extinción de la especie, y la necesidad de rescatar de alguna manera estas tradiciones. 21 El Tiempo. “Luego de 50 años, una luz para Urrá”. 3 de Octubre de 1992.22 El Tiempo. “Oficina de Min Gobierno pide suspender Urrá I”. 4 de marzo de 1995.
22
saneamiento básico, y que se había realizado una reubicación no planificada, ya que las
personas no solo perdieron sus circulos de relación social, sino que se les dejó a la deriba
sin una actividad económica que realizar.
Lo primero que ocurrió con esto fue el cambio drástico que sufrieron las comunidades
que antes vivian en las riberas del Sinú, y se les reubicó bastante lejos. Segundo, al ser en
su mayoría comunidades de pescadores, generan un traslado de la actividad pesquera.
Este movimiento creo una mayor presión por el recurso, procipiando una pesca
indiscriminada que aceleró aún más el proceso de disminución del mismo. Actualmente,
el bocachico que se consigue en las plazas de mercado en los diferentes municipios de
Córdoba proviene de Argentina, y el poco bocachico colombiano que se consigue no
sobrepasa los 8 centímetros de largo23.
Esta situación no es un caso particualr para el río Sinú, ya que la mayoría de ríos
intervenidos en Colombia han reduciso su número de peces, provocando una crisis
generalizada del sector pesquero artesanal en el país. Para el año 2008, el periodico El
Tiempo dedicó una serie de artículos on relación a este tema. En ellos se denunciaba que
el país tuvo que empezar a importar pescado vietnamita y de algunos países del
continente americano24 25 26.
El tema indígena es un poco más complejo debido al papel que jugó la Corte
Constitucional. Esta relación estuvo relacionada en dos momentos: 1999 y 2009. En el
primero de los casos fue por una acción de Tutela puesta en contra de los dueños de Urrá
I. La segunda por su ingerencia en la negativa de la licencia ambiental para Urrá II.
La Corte Constitucional, en su momento, pudo haber detenido el proyecto debido a que
muchas de las leyes (además de las recomendaciones del Banco Mundial) se estaban
pasando por alto. Un primer alivio se dio cuando el Magistrado Carlos Gaviria ordenó la
suspensión del proceso de llenado del embalse por la no colsulta previa con las
comunidades indígenas. Sin embargo, 9 meses después la misma Corte falló a favor de
23 Dato cedido por la profesora Elizabeth Ramos del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes. Esta información fue recogida en la última semana del mesa de marzo y la primera del mes de abril del año 2010.24 El Tiempo. “Vigilia Con Pescado De Vietnam”. 15 de Marzo de 2008.25 El Tiempo. “ ‘Bagre’ del Mekong”. 23 de Marzo de 2008.26 El Tiempo. “Crece Compromiso contra el Hambre”. 26 de Marzo de 2008.
23
los indígenas pero permitió el llenado de la represa. Para ese momento el Cabildo Mayor
Embera continuaba en su lucha por establecer acuerdos en una consulta previa, pero aún
así la Corte y el ministerio del Medio ambiente permitieron el llenado.
Digo que la Corte falló a favor de los Embera porque dictaminó que a cada indígena
afectado por el proyecto hidroeléctrico Urrá I debía recibir una indemnización, no mayor
a los $50.000 pesos colombianos mensuales, durante un periodo de 20 años27. A pesar de
la petición por parte del Cabildo Mayor Embera de no otorgar esta indemnización de
manera individual debido al posible requebrajamiento de la población, el fallo no se
modificó. Aún así, sólo hasta el 2001, y por presiones del mismo Cabildo indígena, la
empresa inició a pagar lo dictaminado por la Corte Constitucional.
Es dificil comprender que motivó el fallo de la Corte Constitucional “en contra” del
proceso de concertación con las comunidades, peroque permitió el llenado de un embalse
que hasta el momento no había hecho nada de lo que se suponía tendría que hacer en
términos ambientales y sociales.
4.2.3. Inundaciones
La evidencia demostró que Urrá I nunca tuvo control sobre las inundaciones en el
departamento de Córdoba. Aunque si sirvió para regular el agua para los riegos agrícolas,
ante una temporada muy fuerte de lluvias, las inundaciones se hacían peores porque el
agua sobrepasaba los niveles de almacenamiento de la represa28. Esta situación era cada
vez peor debido a que los planes de mitigación de impactos nunca se realizaron.
Cuando se desvió el río, muchos de los terrenos que quedaron bajo la represa se secaron y
fueron ocupados y apropiados sin un control adecuado. Cuando las temporadas de lluvia
arreciaban, el río intentaba recuperar su antiguo cause, provocando mayores
inundaciones en zonas que ahora estaban habitadas por seres humanos.
4.2.4. Violencia
27 Esto está documentado tanto en el fallo de la corte ciado previamente, como en la mayoría de artículos relacionados entre noviembre de 1998 y enero de 1999.28 El Tiempo. “Ya son 443.692 las personas afectadas en todo el país por el invierno, según la Cruz Roja”. 27 de junio de 2007.
24
La denuncia de asesinato por parte de la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) contra
líderes indígenas pertenecientes a la etnia Embera Katio se convirtió en una constante
desde que este grupo visibilizó su problemática. La información disponible acerca de este
tema es superficial y testimonial, lo que complica un análisis relevante para el proceso de
construcción del proyecto y la directa relación de estos asesinatos por considerarse un
obstáculo para Urrá.
5. Conclusiones: ¿Por qué se construyó Urrá I?
La negativa a la licencia ambiental para la construcción de Urrá II por parte del
ministerio del Medio Ambiente se debe entender como una consecuencia de todos los
eventos que rodearon por más de 15 años al proyecto Urrá I. Aunque es evidentemente
cuestionable la actuación en primera instancia del Ministerio del Medio Ambiente
(antiguo Inderena) al otorgar la licencia ambiental de Urrá I, las presiones políticas
prevalecieron por considerar el proyecto beneficioso para la mayoría29. Aún así, y ante la
grave crisis energética sufrida a principios de los 90, el interrés común se movió en torno
a encontrar soluciones que previniesen que esto volviera a ocurrir.
Cómo lo demostraron los años, en Colombia no se volvieron a presentar situaciones
similares a las ocurridas en los 90 (con excepción de los problemas en el sistema de
interconexión con la voladura de torres eléctricas por parte del ELN). En este sentido, es
coherente defender que el gobierno hizo bien al ejecutar un plan de expansión eléctrica
que asegurara la prestación adecuada del servicio. Aún dentro de este marco, el proyecto
de Urrá I siempre se presentó como problemático y, frente al resto de proyectos que se
estaban ejecutando en la época, fue el único que pedían desde varios sectores que no se
construyera.
Alrededor de la hidroeléctrica de Urrá I hubo cambios negativos en el bienestar de las
personas que se vieron afectadas por el proyecto, y que aún hoy en día no han sido
reparadas. La hidroeléctrica tuvo que incurrir en una indemnización posterior con los
Embera Katio por un fallo de la Corte Constitucional, debió ser capitalizada por el
29 El Tiempo. “$18 mil millones para inversión social en Urrá”. 17 de febrero de 1997.
25
gobierno en 2009 con $1’213’000’000’000 de pesos colombianos30, y fue condenada a
desaparecer unos 20 años más tarde.
Esto se pudo haber evitado, sobre todo en el año 1997, cuando ya se tenían los cálculos
de cuanta energía se iba a producir para el año 2000 con la construcción de otros
proyectos y con la expansión de los ya existentes. Pero para ese mismo 1997 ya se habían
invertido US$ 400 millones en la construcción de Urrá I, y echarlo para atrás ante una
suma como esta no es políticamente viable. Ningún gobierno de turno habría asumido
una responsabilidad tal de botar US$ 400 millones a la basura así la culminación del
mismo terminara siendo tan costosa como Urrá I. Además, como ya se mencionó antes, la
Corte Constitucional tuvo la potestad de parar el proyecto en 1999. Para ese momento la
inversión total en Urra I ascendía a los US $760 millones. Si el gobierno colombiano no
quiso asumir la responsabilidad sobre US $400 millones, es menos probable que la Corte
fuera a asumir la responsabilidad política sobre el proyecto ante una inversión ya mucho
mayor.
Cómo se diría coloquialmente, parece que la decisión de construir Urrá I se hubiera toma
en caliente por la situación general de generación eléctrica del país. Ya entrado en gastos,
con las diversas batallas ganadas por Urrá S.A, y con una suma de dinero tan grande
comprometida al final de la década de los 90, hacía impensable cancelar el proyecto. Lo
que resulta realmente inconcebible es el hecho que el gobierno colombiano a finales del
2007 trajera de vuelta la discusión del proyecto Urrá II Río Sinú, con la excusa del
control de inundaciones.
6. Consideraciones Finales
A raíz de esta investigación quedan muchos interrogantes alrededor del tema tanto de la
hidroeléctrica de Urrá I, como de otros proyecto similares ejecutados en el país. Sería
pertinente enfocar una segunda investigación a tratar de entender porque hasta el día de
hoy se sigue hablando del proyecto Río Sinú como necesario; esto para entender que tipo
de intereses siguen presentes en la construcción de estos proyectos.
Existen documentos no oficiales y no académicos que denuncian que la hidroeléctrica de
Urrá I se usó para quitarle tierra a campesinos por parte de grandes terratenientes, y para
30 El Tiempo. “Decepciones Ambientales que esperamos en el 2009”. 2 de Enero de 2009
26
generar humedales en la parte que se secó del río para la plantación de camaroneras.
Aunque si hay un aumento a partir del año 2000 de la producción de camarones en el
país, debe investigarse si existen documentos que prueben que las zonas bajas de Urrá
son utilizadas actualmente para ese propósito (lo que podría explicar la iniciativa de Urrá
II).
Por último, es necesario recopilar toda la información disponible acerca de los eventos de
violencia que se generaron alrededor de Urrá I. Muchos de los líderes indígenas Embera
Katio y líderes campesinos fueron asesinados mientras ejercían labores de protesta en
contra de la construcción de Urrá I. Aunque las comunidades indígenas si han establecido
demandas, hoy en día no existe ninguna investigación que se esté llevando acabo para
esclarecer todos estos eventos (tampoco se ha tocado el tema a fondo en ninguna de las
audiencias de reparación en el proceso actual de Justicia y Paz) .
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8. AnexosMapa 1
Distribución de Países Adheridos al Programa Mundial de las Naciones Unidas, No Adheridos y en Diálogos
29
Tomado de UNEP 2009.
30