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INDEX

Encuesta de victimización en el área metropolitana de Barcelona (1990) 3 Anna Alabart, Josep María Aragay y Juli Sabaté Delito comercial y delito común en Islington 48 Frank Pearce

 

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PREVENCIÓ presenta una síntesis de la segunda encuesta de victimización en el área metropolitana de Barcelona. El sondeo ha sido realizado, bajo la dirección de los firmantes, por el Institut d’Estudis Metropolitans de Barcelona, a partir de un total de 12.900 entrevistas. El trabajo de los profesores Alabart, Aragay y Sabaté, de la Universidad de Barcelona, analiza, comparándolos con los de 1989, los índices de victimización; las características de los hechos delictivos contra los vehículos, los negocios, los domicilios y la seguridad personal; la valoración ciudadana de los niveles de seguridad; la opinión sobre los espacios peligrosos; la frecuencia de los hechos delictivos y su coste psicológico; las causas de la delincuencia y las medidas para atenuarla; la opinión sobre la Policía, la Justicia, y el papel de las distintas administraciones.

Encuesta de victimización en el área metropolitana de Barcelona (1990) Anna Alabart, Josep María Aragay Juli Sabaté

El 15,98 % de los habitantes del área metropolitana de Barcelona ha sufrido en 1990 algún hecho delictivo, a un promedio de 1,38 hechos por habitantes, según la encuesta de victimización realizada por el Institut d’ Estudis Metropolitans de Barcelona.

El origen del trabajo sociológico tiene como base una encuesta realizada a 12.900 personas, 2.062 de las cuales confiesan haber padecido alguna vez una experiencia de victimización durante 1990 (15,98 %). Estas 2.062 personas han sido objeto de 2.846 delitos. La ratio de multivictimización —número de hechos por persona—, es, pues, de 1,38.

Un total de 1 .585 personas han sido víctimas de un hecho consumado: el índice global de victimización consumada es, así, del 12,28%. Y si sólo se consideran hechos no consumados aquellos que la encuesta define como intentos (pero que la de victimización), el índice es del 4,76 que corresponde a 614 personas. Asimismo, 1 .001 entrevistados (7,75 %) conservan el recuerdo de alguna experiencia. Este dato es importante, porque más de la mitad de estas experiencias desaparecen de la memoria de la gente. Además, 810 de las 2.062 personas victimizadas afirman haber presentado la denuncia correspondiente. De acuerdo con este dato, el índice global de denuncia llega al 39,8 %.

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Lógica de racionalidad productiva

La delincuencia no es un fenómeno irracional. Al contrario, sigue una clara lógica de racionalidad productiva: la búsqueda de rentabilidad, como otras muchas actividades humanas, especialmente las económicas, porque la delincuencia también es una actividad económica. Ello queda demostrado en la división en cuatro indicadores de seguridad y en 18 hechos delictivos en relación a las características personales de las víctimas. Así, el ámbito de los vehículos —el más rentable por su impunidad— es el que registra mayor delincuencia, mientras que los índices más altos de victimización se dan entre las personas con rentas más elevadas, es decir, las que pueden ofrecer más beneficios.

El apartado dedicado a la estructura territorial también permite apreciar la misma racionalidad: los delincuentes prefieren los lugares céntricos y con mayor densidad de población (mayor rentabilidad, más impunidad y economías de escala).

Los dos indicadores de seguridad ciudadana que registran una mayor delincuencia son los concernientes a los automóviles (8,85 % de los entrevistados) y a la seguridad personal (5,53 %). El 2,04 % de los domicilios sufrieron durante 1990 alguna agresión vivida como delictiva por sus moradores. Por el contrario, los comercios presentaron los índices más bajos (1,04 %).

La multivictimización afecta sobre todo a los escasos comerciantes victimizados (ratio 1,38) y a los propietarios de los coches (ratio 1,37). Los domicilios (ratio 1,12) y la seguridad personal (ratio 1,11) tienen una victimización más aleatoria y, por tanto, menos multivictimización.

El análisis de la multivictimización tiene una lectura de gran utilidad para desarrollar una política de prevención. Así, cuando la criminología estudia los «factores situacionales del delito)), reconoce como uno de los más explicativos la facilidad de acceso a la víctima. No es extraño, pues, que los vehículos y los negocios sean víctimas —como es obvio inanimadas— de más fácil acceso (instrumental y psicológico) que los domicilios particulares

y las personas. En consecuencia, sus índices de multivictimización son más elevados.

El robo de objetos en el interior de los vehículos (índice del 4,35 %) es el hecho delictivo más extendido en el área metropolitana de Barcelona. Son también relativamente importantes dos índices de otros hechos contra los vehículos: los intentos de robo de los mismos (2,35 %) y los robos de elementos o accesorios (1,69 %) Por lo que hace referencia a la seguridad personal, el tirón afectó al 2,45 % de los entrevistados. En cambio, la encuesta sólo ha detectado cuatro agresiones sexuales y tres atracos frustrados a otros tantos comercios.

El análisis de las características sociodemográficas de las víctimas de algún hecho delictivo coincide con lo ya dicho en el informe del año pasado: «Podemos destacar la evidencia de la racionalidad productiva con que opera la delincuencia. En efecto, los mayores porcentajes de victimización se dan entre las personas con un elevado nivel de renta, ocupación y estudios. Por tanto, también es lógico que afecten sobre todo a los adultos jóvenes del sexo masculino y a los separados, que normalmente viven solos. En cambio, las personas con un buen nivel bajo de renta, instrucción y ocupación —poco cualificadas— son las menos afectadas por la victimización. Es lógico, pues, que los índice más bajos de victimización se produzcan entre las personas jóvenes, mayores —viudos y jubilados, especialmente— y las mujeres —en especial, las amas de casa—. Es decir, la delincuencia actúa sobre los ciudadanos que pueden resultar económicamente rentables).

Durante el año 1990 la delincuencia creció ligeramente en el área metropolitana de Barcelona respecto a 1989. Este incremento delictivo debe entenderse como un hecho social que obedece a múltiples factores. A modo de ejemplo podemos analizar la relación que existe entre la victimización y uno de estos factores —posiblemente el más objetivo—: el ciclo económico.

La coyuntura económica es uno de los elementos o factores de variación en la extensión del fenómeno delictivo. La

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criminología lleva muchos años señalando la relación entre la evolución de la economía y la delincuencia. Prácticamente desde la ley de la saturación delictiva de Ferri: «La delincuencia comporta una cantidad determinada de delitos que se producen con una determinada regularidad mientras subsisten las condiciones originarias de la vida social. Son las perturbaciones de la vida social las que modifican esta regularidad.)

Desde esta perspectiva, la relación de la delincuencia con la evolución económica es doble. En primer lugar, respecto a los ciclos largos de la economía. En este sentido, como dice Poletti, la tendencia es el aumento: «Cuando el nivel de vida aumenta a causa del desarrollo de la actividad económica, aumenta paralelamente la delincuencia adquisitiva, porque el mencionado desarrollo, al incrementar las relaciones económicas, estimula la aparición de ocasiones suplementarias de delincuencia por la multiplicación de relaciones de interés que necesariamente comporta.”

Y en segundo lugar, respecto a los ciclos cortos, hay una relación entre los momentos de crisis y el incremento de la delincuencia. Como dice Pinatel: «Las oscilaciones transitorias de la economía influyen de forma directa en la delincuencia, especialmente en la adquisitiva. En líneas generales, puede afirmarse que cuando las mencionadas oscilaciones mejoran el nivel de vida, la delincuencia adquisitiva disminuye; y al contrario, ésta aumenta cuando las oscilaciones comportan un descenso del nivel de vida”.

Aquí puede encontrarse una de las explicaciones del ligero incremento de la delincuencia en el área metropolitana de Barcelona en 1990. Se trata de un año de relativa crisis o enfriamiento de la actividad económica, cosa que hizo que se resintiera la lucha contra el desempleo. El gráfico presenta todos los índices de victimización y riesgo de los dos últimos años en el área metropolitana de Barcelona:

 

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Hechos contra los vehículos

Según los resultados de la encuesta, 1.142 de tos 12.900 entrevistados han sido víctimas de algún hecho delictivo contra sus vehículos durante 1990. El índice de victimización en este ámbito de la seguridad ciudadana es, pues, del 8,85%. Estas 1.142 personas vivieron un total de 1 .566 hechos, lo que supone una ratio de multivictimización del 1,37. El índice de riesgo fue del 19,28%.

Sólo el 2,04 % de la muestra (263 entrevistados) conserva et recuerdo de haber vivido alguna experiencia de victimización contra su vehículo. Por otro lado, menos de una cuarta parte de las personas contabilizadas en este índice recuerda espontáneamente su experiencia, que en un 75 % de los casos desaparece de la memoria de la gente.

La racionalidad con que opera la actividad delictiva se vuelve a manifestar a la hora de analizar las características sociodemográficas de las víctimas de algún suceso contra sus vehículos. Una vez más vuelve a aparecer una clarísima lógica de búsqueda de rentabilidad: se delinque más sobre las personas susceptibles de resultar rentables. Igual que en la encuesta anterior, “a medida que aumenta el nivel de vida, la situación profesional, et tipo de trabajo y los estudios, se incrementan los porcentajes de victimización. De acuerdo con ello, las personas más afectadas son los adultos jóvenes (preferentemente de 25

a 44 años) del sexo masculino. En cambio, las personas con bajos niveles de renta, instrucción y con ocupaciones poco cualificadas son las menos afectadas por la victimización. Lógicamente, también son bajos los índices de las personas más jóvenes y más mayores —viudos y jubilados sobre todo—, así como las mujeres —en especial, las amas de casa—. Esta distribución tiene, lógicamente, una explicación sociológica: las personas más victimizadas son también aquellas que disponen de más vehículos y, al contrario, las menos victimizadas son las menos motorizadas”.

La lógica de la protección se manifiesta con claridad: en el conjunto de entrevistados que tienen algún vehículo se dan porcentajes relativamente importantes de uso de las distintas formas de protección. Y el índice aumenta en aquellos ciudadanos que antes de los hechos se mostraban más despreocupados (la experiencia parece servir de lección). Los propietarios de los vehículos tienen clara la utilidad de adoptar alguna medida de protección. Casi la mitad dispone de parking y más de un 30 % tiene en su vehículo barra bloqueadora de la dirección. El 16,9% de los coches tienen desconectador de batería y más del 10 %, alarma. Únicamente el 2 % ha marcado la matrícula en los cristales del coche. Por estos datos, parece evidente que la experiencia de victimización influye en la modificación de la estructura de protección: quienes han sufrido una experiencia delictiva se han dotado posteriormente de una mayor protección.

 

El coste medio de un delito contra el vehículo es de 58.632 pesetas. En buena lógica también, los hechos consumados resultan más caros que los no consumados: 61 .979 y 36.932 pesetas, respectivamente. La evaluación media del

impacto psicológico de los hechos contra los vehículos es del 5,39. (Los robos consumados impactan más que los intentos y los robos de vehículos, más que el de objetos o accesorios.)

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Un total de 331 de las 1.142 personas victimizadas denunciaron los hechos. El índice de denuncia del conjunto de hechos contra automóviles fue, pues, del 29,0 %.

Hechos contra los domicilios

En cuanto a los delitos contra los domicilios, afectaron a 264 personas, por lo que el índice de victimización fue del 2,04 %. El total de hechos es de 298, con una ratio de multivictimización del 1,12. Las personas victimizadas padecieron a partes iguales los robos consumados y frustrados. Sin embargo, estos últimos tienen una ratio superior de multivictimización.

Hay, pues, una presencia importante de hechos no consumados en la percepción de la delincuencia domiciliaria. El dato es relevante de cara al estudio de la seguridad ciudadana (como construcción social de la inseguridad), porque en la sensación de victimización por hechos no consumados no siempre aparecen claras las fronteras entre lo que realmente pasó y la vivencia de miedo de la víctima, sobre todo en la concreción del espacio que la gente define como el más propio, el domicilio. Es fundamental, por tanto, realizar un esfuerzo de imaginación política para el tratamiento de este imaginario colectivo.

Sólo 118 entrevistados (0,9 1%) recuerdan de forma espontánea la experiencia. Esto quiere decir que más de la mitad de estas experiencias de victimización desaparecen de la memoria de la gente. Como es obvio, el recuerdo de los robos consumados es extraordinariamente potente, y llega casi a las dos terceras partes de la gente contabilizada en el índice de victimización. En cambio, el recuerdo de los robos frustrados es únicamente el 25 % de su índice.

En cuanto a las características sociodemográticas de las víctimas, de nuevo se hace patente la lógica delictiva de búsqueda de rentabilidad, y una vez más debemos retrotraemos al informe del pasado año: «De todas las características personales estudiadas, la que puede tener

mayor fuerza explicativa es la que afecta a la rentabilidad de la delincuencia: el nivel de renta. Las viviendas más robadas son las de las personas con rentas medias. Las de menos ingresos no son rentables y las de las familias con un nivel alto o que poseen mayor riqueza están más protegidas. Es, pues, en los domicilios más vulnerables y rentables donde proporcionalmente más se roba”.

Hay otros datos que confirman la racionalidad con que opera la delincuencia domiciliar. Los pisos son más fáciles de proteger y defender que las casas aisladas o las torres. Los índices de victimización reflejan esta realidad: los robos han afectado al 1,7 % de los pisos, mientras que el porcentaje de robos en las torres o casas aisladas fue del 7,8 %. También hay que apuntar que las viviendas de personas solitarias son más fáciles de robar que los domicilios familiares: el índice de victimización de los solitarios es del 2,8 %, mientras que disminuye hasta el 1,9 % para los casos de la gente que vive en familia.

La estructura de protección de la vivienda presenta dos aspectos: el externo y el interno. En el primero, el interfono se va imponiendo como el tipo de recepción más seguro: se registraron robos en el 1,1% de los domicilios con interfono, en el 2,0 % de los que tienen portero y en el 3,5 % de las casas o pisos donde no hay ningún tipo de recepción (es decir, las viviendas previsiblemente menos protegidas). Respecto a la protección interna, sólo se utilizan realmente dos medidas de precaución. Una preventiva: reforzar las puertas de las casas. Y otra reparadora: disponer de un seguro contra robos. Así, el 60 % de los entrevistados reforzaron las puertas de sus casas y casi el 30 % contrataron algún tipo de seguro. Por otra parte, las personas robadas presentaban un porcentaje de protección (puertas reforzadas y seguros) inferior al del conjunto de entrevistados en el momento de producirse los hechos. También en este caso, la experiencia parece servir de lección: las personas que sufrieron algún tipo de robo en sus domicilios aumentaron a posteriori las medidas de protección.

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El coste medio de los delitos contra las viviendas se ha establecido en 233.229 pesetas. Los robos consumados han costado un promedio de 259.204 pesetas y los no consumados, 129.000 pesetas, según la encuesta objeto de este análisis. Y la valoración media del coste psicológico, en una escala del 1 al 9, es de 5,99 (es decir, prácticamente el 6), lo que muestra que el robo consumado produce más zozobra que el no consumado, especialmente cuando existe multivictimización.

Un total de 123 de las personas victimizadas afirmaron haber presentado la

denuncia correspondiente. Por tanto, el índice de denuncia de los delitos contra los domicilios es del 46,5 %. Lógicamente, la denuncia de los robos consumados es muy superior (72,7 %) a la de los no consumados (21 ,2 %).

En cuanto a las víctimas, el nivel de renta es la variable que tiene más fuerza explicativa: a medida que aumentan los niveles de renta se incrementan los índices de victimización —está claro que la delincuencia busca la rentabilidad—, pero no aumenta el riesgo; al contrario, éste tiende a disminuir porque, en general, los propietarios de negocios y comercios suelen tener ingresos medios y

elevados. Por tanto, son los negocios y tiendas pequeñas —de pocos ingresos— los más victimizados (normalmente son los más indefensos), ofreciendo así a la delincuencia otro tipo de rentabilidad: el de la impunidad.

Hechos contra los comercios

El índice de victimización de los robos en comercios es del 1,04%, mientras que el índice de riesgo correspondiente —victimizados sobre propietarios— es del 24,05%. Las 134 víctimas han sufrido 186 hechos delictivos, lo que proporciona una ratio de multivictimización del 1,38. Sólo 41 de los 134 comerciantes victimizados recuerdan la experiencia vivida: más de las dos terceras partes de los hechos desaparecen de su memoria. Los atracos se suelen recordar más que los robos (son hechos cara a cara, con un nivel de tensión elevado y con un grado superior de riesgo).

La lógica de la protección también se cumple en las tiendas o comercios: el porcentaje de comerciantes que usa medidas de protección es elevado y en el caso de los victimizados, superior después de los hechos. Casi la mitad de los negocios y comercios tienen contratado algún tipo de seguro, más deI 40 % tienen la puerta reforzada y casi un 25 % ha puesto timbre. La alarma está instalada en algo más del 20 % de los establecimientos y un 7 % de éstos disponen de caja fuerte.

Los 134 comerciantes victimizados tenían, de media, menos medidas preventivas (aunque, paradójicamente, más de la mitad disponían de un seguro), por lo que constituían un grupo de riesgo. Además, como en casos anteriores, la experiencia de victimización parece influir en el cambio de comportamiento: desde el momento del hecho, la proporción de uso de todas las medidas protectoras se ha incrementado y, en consecuencia, el grupo de victimizados es ahora el que está más protegido.

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El valor medio de lo que ha costado la victimización a los negocios y comercios se ha establecido en 172.470 pesetas. Y la evaluación media del coste psicológico de la victimización fue del 6,14. Los robos consumados son los delitos que más psicosis producen, a excepción de los atracos a comerciantes multivictimizados. En cuanto a la denuncia, 84 comerciantes Confesaron haber denunciado los hechos, por lo que el índice de denuncia del conjunto de delitos contra los comercios es del 62,6 %. Hechos contra la seguridad personal

Un total de 713 de las 12.900 personas entrevistadas fueron víctimas de algún hecho contra su seguridad personal durante 1990. El índice de victimización de este indicador de seguridad es, pues, del 5,53%. El total de delitos que han sufrido estas 713 personas fue de 796. Por tanto, la ratio de multivictimización correspondiente se elevó al 1,11.

El 4,42 % de los entrevistados (570 personas) conserva el recuerdo de haber vivido algún hecho contra su seguridad personal. Casi el 80 % de las personas contabilizadas en este índice recuerda espontáneamente la experiencia. Esta proporción es muy significativa por el impacto emocional que estos hechos suelen producir.

Las variables ligadas a la rentabilidad económica de la delincuencia (por ejemplo, el nivel de rentas) explican en parte el fenómeno pero a ellas debemos añadir las variables estrictamente demográficas relacionadas con el distinto uso del espacio urbano y con la desigual capacidad de autodefensa (sobre todo, edad y sexo).

La voluntad de suministrar una adecuada definición criminológica de las víctimas exigen, además, relacionar la edad y el sexo con cada uno de los hechos. Sus resultados más significativos son los siguientes: en cuanto a los tirones, las mujeres de mediana edad son las más afectadas (casi el 25 % de los casos implicaron a mujeres de 45 a 55 años); por lo que se refiere a los atracos, a pesar de que las mujeres siguen siendo las más afectadas, los jóvenes del sexo masculino configuran el grupo de mayor riesgo (los chicos menores de 25 años suponen casi el 20 0/ del total de las víctimas: los jóvenes son los más expuestos a ser atracados porque son las personas que aparecen como más indefensas y, sobre todo, porque son los que más transitan por las calles, el espacio o lugar privilegiado para cometer un atraco); en cuanto a las agresiones sexuales, se detectaron cuatro, que afectaron a chicas menores de 25 años y, finalmente, en relación a las amenazas y violencias, en el 30 % de los casos afectaron a jóvenes de sexo masculino menores de 25 años.

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Las medidas para la protección de la seguridad personal están en función del espacio. El lugar donde acostumbran a ocurrir estos hechos es la calle y, por lo tanto, las medidas estudiadas están en función de la relación que existe entre el entrevistado y la calle: salir menos, salir menos de noche, llevar encima menos dinero, no ir solo por lugares oscuros y tener o llevar un arma u otro objeto de defensa personal. Más de la mitad de los encuestados aseguraron llevar podo dinero encima y no frecuentar zonas o lugares poco o nada iluminados para preservar su seguridad personal. Uno de cada tres confesó que sale menos de noche y un 12 % procura incluso salir menos a la calle.

Sólo un 1,2 % de los entrevistados van provistos de un arma.

En cuanto al comportamiento de las víctimas antes de que sucedieran los hechos, los porcentajes de uso de las diferentes medidas de seguridad eran, en todos los casos, inferiores al del conjunto de la población entrevistada. En este aspecto, pues, las víctimas constituían un grupo de riesgo (ausencia de medidas de protección como factor criminógeno), aunque la experiencia parece influir en el comportamiento de la víctima después de sufrir un hecho delictivo: en todos los casos se apreció una mayor precaución (algunos, incluso, por encima del conjunto de los entrevistados).

 

La población siente de forma diferente la necesidad de protección personal según las variables de la estructura sociodemográfica: la ubicación determina el grado de seguridad vital e (in)consciencia de los individuos. Tomando las tres variables más significativas, puede afirmarse que la renta tiene una relación inversamente proporcional a la adopción de medidas de seguridad (por la paradoja de que la gente que tiene menos es la que siente más miedo a perder lo poco de que dispone): a medida que aumenta el nivel de renta, la gente se siente más segura y se protege menos, y a la inversa. Puede decirse también que la juventud está reñida con la adopción de medidas de protección personal (la variable de la edad permite apreciar la desigual (in)consciencia que las personas tienen a medida que van viviendo: los porcentajes de uso de todas las medidas se van incrementando con el paso de los años. Y, finalmente, es claro que las mujeres —convencionalmente consideradas más débiles en cuanto a su capacidad de defensa personal— adoptan medidas de protección muy superiores a las de los hombres.

El coste medio de los delitos contra la seguridad personal fue de 17.684 pesetas, mientras que la evaluación media del coste psicológico (en la escala del 1 al 9) resultó muy elevada: 6,48. Los hechos consumados afectan más que los no consumados, y las cuatro agresiones sexuales que recoge la encuesta evaluaron el coste psicológico en un promedio del 8,750 (casi la máxima evaluación).

Un total de 302 víctimas denunciaron los hechos (42,4 %), aunque los consumados se denuncian más que los no consumados y los delitos que más se denuncian son los tirones, que implican el robo de documentación personal.

Estructura espacial de la delincuencia

El estudio de la estructura espacial y temporal de la delincuencia es uno de los objetivos centrales de este informe. La distribución de la delincuencia por el territorio y las pautas de su lógica temporal están en función de la racionalidad de la actividad delictiva: la búsqueda de

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rentabilidad. Tanto la organización como el funcionamiento de este preocupante fenómeno social deben entenderse desde esta perspectiva. La plasmación de la búsqueda de rentabilidad en la distribución territorial de la delincuencia y la victimización se concreta en el análisis de dos variables: la centralidad y el tamaño de la población.

El análisis de la centralidad lo realizaremos con la misma división territorial del año pasado: seis zonas definidas en función de su proximidad con la capital metropolitana. En cuanto al análisis del tamaño de la población, se hará siguiendo estos escalones: Barcelona y sus distritos, las tres grandes ciudades del área metropolitana (L’Hospitalet, Badalona y Santa Coloma de Gramenet), todas las ciudades de 50.000 a 100.000 habitantes, todas las de 25.000 a 50.000 habitantes y todas las de menos de 25.000.

El análisis seguirá tres pasos. Primero, la distribución de la victimización que padecen los habitantes de las diferentes zonas o ciudades en función de la desigual apropiación de suelo urbano que hacen las clases sociales; es decir, quiénes son objeto de los hechos delictivos: la desagregación de los índices de victimización en cada escala del territorio. Segundo, la distribución de la delincuencia en las diferentes zonas o ciudades, esto es, la localización de los hechos delictivos, dónde ocurren los delitos (explicación socioecológica de la localización de la delincuencia en las diferentes zonas y ciudades). Y tercero, la distribución de la peligrosidad en el territorio, es decir, la asociación de las dos variables anteriores, victimización y localización. Eso se hace, sobre todo, con el índice de peligrosidad de cada zona o ciudad, en otras palabras, estableciendo la relación de la victimización (personas de la zona o ciudad que han padecido la experiencia, independientemente de donde se haya producido) con la localización (personas

que la han padecido en la zona o ciudad en cuestión, con independencia de donde vivan).

El análisis de la distribución territorial del índice global de victimización confirma lo que desde siempre dice la criminología: la búsqueda de rentabilidad, que explica la directa relación entre victimización y renta, se manifiesta de la misma forma en la distribución territorial. Los índices más elevados corresponden a las zonas o ciudades con mayor renta per cápita (por ejemplo, Barcelona ciudad). Y en cuanto a las dos variables estrictamente territoriales, la centralidad y el tamaño de la población, es fácil observar que las mayores facilidades que ambas ofrecen (densidad, masificación, anonimato y la posibilidad de obtener economías de escala) explican que el índice de victimización aumente a medida que lo hace el tamaño de la población. Así, nuevamente nos encontramos con que la ciudad de Barcelona (la mayor y más densa del área metropolitana) es donde se da el índice más elevado. La excepción es la regla constituye la gente que vive en las ciudades más pequeñas: muy victimizadas —en parte fuera de sus lugares habituales de residencia— por su menor estructura de protección, tanto personal como policial.

La interacción de ambas variables puede compensarse. Por ejemplo, las zonas del Besós y el Delta baix son muy densas y pobladas, pero de baja renta per cápita (ahí se ubican las ciudades dormitorio que rodean Barcelona). Por lo tanto, sus índices son más bien bajos. Otro ejemplo lo constituyen las ciudades de L‘Hospitalet, Badalona y Santa Coloma de Gramenet: las tres muy densas y pobladas, pero con un predominio de rentas bajas y próximas a la capital metropolitana (con la disuasión que eso comporta para la actividad delictiva). La tabla que sigue muestra la distribución del índice global de victimización por territorio:

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En relación con la localización de los hechos delictivos, la centralidad y el tamaño siguen siendo las dos variables más explicativas. Las pautas de extensión de la delincuencia estudiadas tradicionalmente por la criminología (la aglomeración comporta anonimato y favorece la delincuencia, y la centralidad, además ofrece economía de escala) se dan también en la área metropolitana. Es decir, que en los espacios más densos, poblados y de mayor centralidad es donde acostumbran a darse más hechos delictivos.

Eso se ve con mayor claridad en la escala de las seis zonas. En Barcelona han sucedido el 67,4 % de los delitos de toda el área metropolitana. Si realizáramos un índice de localización (hechos localizados por entrevistas realizadas), en Barcelona se situaría el 18,4 % de las acciones delictivas y en el Besós (Badalona, Santa Coloma, Sant Adrià), el 12,8%. En cambio, en las zonas más alejadas y poco pobladas (el Delta occidental, el Llobregat y el Vallés) sólo han sucedido el 9,1 % del total de delitos. Los índices de localización de estas tres zonas serían del 10,0%, 9,1 % y 11,5%, respectivamente. La tabla indica la localización de los hechos delictivos por zona:

 

Esta lógica, analizada a escala de tamaño de las ciudades, también se cumple en líneas generales. Así, Barcelona y Badalona son los dos espacios urbanos que concentran más hechos delictivos (casi el 75 % entre las dos): los índices de localización serían los más elevados (18,4% y 14,3%, respectivamente). Y, en el otro extremo, los índices de localización de los dos grupos de ciudades de tamaño medio serían los más bajos (10,2% y 9,9 %). No obstante, hay dos excepciones.

En l‘Hospitalet y Santa Coloma, ciudades muy densas, ocurren relativamente pocos hechos delictivos (debido a su extraordinaria proximidad material y simbólica con respecto a la ciudad central del área). Y en las ciudades más pequeña ocurren relativamente muchos más delitos (previsiblemente por la mayor impunidad con que puede operar la delincuencia como consecuencia de la menor presencia policial). El gráfico muestra la localización de los hechos delictivos por ciudades:

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La peligrosidad de los diferentes espacios urbanos puede establecerse comparando el grado de victimización de sus habitantes con los que allí son victimizados. Con estos datos se construye el índice de peligrosidad de un lugar: relación entre «localización» —personas que son victimizadas en él— y «victimización» —personas de ese lugar victimizadas con independencia del lugar donde lo hayan sido—. El índice de 1990 resulta muy similar al del año pasado, lo que confirma la estabilidad de las pautas de distribución territorial de la delincuencia. Por tanto, podemos empezar recordando lo que decíamos entonces: «Barcelona, espacio central del área, donde se concentran la mayoría de actividades y servicios, es la zona y la ciudad con el índice de peligrosidad más elevado. Eso confirma una vez más que la delincuencia sigue las mismas pautas que el resto de las actividades productivas, busca la centralidad y las economías de escala, con el estimulo añadido del anonimato y la masificación».

El índice de peligrosidad resulta un buen indicador sintético de la combinación entre victimización y localización: sigue sus pautas. La referencia a Barcelona sigue siendo válida y, además, pueden observarse las desiguales peligrosidades con respecto, por ejemplo, al Delta baix y a l’Hospitalet (relativamente baja, como consecuencia de su enorme proximidad a la capital metropolitana), por un lado, y al Besós y Badalona (relativamente alta, a causa de la gran densidad y menor accesibilidad material y simbólica), por otro. El Delta occidental (ciudades de tamaño medio) y el Llobregat (ciudades pequeñas) registran un poco más de peligrosidad, en especial en el primer caso. La distribución del índice global de peligrosidad es la siguiente:

 

 

La regularidad que se aprecia en la estructura espacial de los delitos contra los vehículos sigue la misma lógica de búsqueda de rentabilidad que se ha visto cuando hablábamos del índice global. La

misma lógica no implica, no obstante, la misma distribución. La universalización de la motorización, así como las múltiples utilidades de este tipo de delincuencia (puede robarse el coche, el radiocasete,

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una pieza de ropa, etcétera) explican que su distribución por territorio sea muy homogénea. El índice de victimización más alto corresponde a Barcelona, con el 9,6 %. La zona con el índice más bajo es la del Delta occidental (7,3 %), sólo 2,3 puntos por debajo de Barcelona. Y el tamaño de la ciudad con el índice más bajo corresponde a las que tienen de 25.000 a 50.000 habitantes (6,8 %); es decir, 2,8 puntos por debajo de la capital metropolitana. Los

índices de riesgo acentúan un poco esta distribución, a pesar de mantener sus líneas básicas (el único dato digno de señalarse lo constituye la diferencia entre l’Hospitalet —poco riesgo— y Badalona —el riesgo más alto de toda el área metropolitana—.

El gráfico siguiente muestra el índice de victimización y riesgo de los hechos contra los vehículos, según zonas y ciudades:

En Barcelona ocurren el 64% de todos los hechos delictivos contra vehículos del área metropolitana: la centralidad y la densidad de población también son factores determinantes en la localización de este tipo de delincuencia, ahora bien la distribución de la localización es relativamente homogénea: si utilizáramos el índice de localización, veríamos que las diferencias entre el máximo y el mínimo son de 4,3 en el caso de las zonas y de 3m6 de las ciudades. La explicación es la misma que utilizamos para justificar el índice de victimización: la universalización de los vehículos (no hay que ir más lejos para robarlos) y sus múltiples utilidades.

El cuadro superior en la página siguiente fija la localización de los hechos contra los vehículos. Y su conclusión es obvia. El índice de peligrosidad compensa dos series de factores: por un lado, la lógica atracción

de la centralidad y del tamaño de la población, y por otro una relativa equidistribución entre victimización y localización, porque los vehículos se roban cerca de donde vive la gente (las victimas y los delincuentes). Las diferencias por lo tanto, entre las diversas zonas y las ciudades son relativamente bajas. Es necesario añadir, no obstante, que el índice de Barcelona es el más elevado y que son también altos los del Besós y de la ciudad de Badalona (así como el del delta occidental). Por otra parte, los más bajos corresponden al Llobregat- la zona más lejana- y a la zona más cercana ( en el sentido de accesibilidad) a la capital metropolitana (el delta baix ), así como a la ciudad que presenta las mismas características (l’Hospitalet que también es de esta última zona).

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El gráfico inferior de la página siguiente presenta el índice de peligrosidad de los delitos contra los automóviles en el área

metropolitana de Barcelona, ya sea a escala de las zonas o a tenor del tamaño de las ciudades.

 

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Los hechos contra los domicilios no tienen una localización diferente a la victimización, por lo que carece de sentido establecer aquí un índice de peligrosidad. Limitado el análisis al índice de victimización, su explicación debe hacerse en función del

nivel de renta y del tipo de habitante que predomina. También en este aspecto los índices más elevados corresponden a Barcelona, el Llobregat, el Vallés y las ciudades más pequeñas, según muestra el grafico:

 

La delincuencia contra comercios y negocios tampoco tiene una localización diferente a la victimización, por lo que no se

ha calculado el índice de peligrosidad. En cuanto a los índices de victimización y riesgo, siguen una distribución similar:

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parecen más elevados en las ciudades medianas y en las zonas del Delta occidental y del Llobregat. Los índices de

victimización y riesgo de los hechos contra los comercios los recoge la tabla siguiente.

En los hechos que afectan a la seguridad personal (intimidad, integridad) es donde más evidente resulta la rentabilidad que ofrecen los espacios densos y centrales: se

trata de «trabajar» en lugares de mínimo riesgo (anonimato) y máximo beneficio (aglomeración: muchas víctimas potenciales), con contactos personales normalmente rápidos.

La distribución del índice de victimización sigue parcialmente la lógica ya mencionada: los habitantes de la capital metropolitana son los que soportan el índice de delincuencia más elevado. Ahora bien, la gente que vive en las ciudades más pequeñas también tiene un índice muy elevado: puede suponerse que en parte es victimizado lejos de casa —previsiblemente a causa de su menor conocimiento de los lugares que visita— y en parte en su propia ciudad —menor estructura de protección,

tanto personal como policial—. En ese sentido, el índice de los barceloneses es del 7,0 % y el de los habitantes de las ciudades pequeñas, del 6,2 % En el otro extremo, el índice del Delta occidental es sólo del 1,9 % y el de las ciudades medianas o grandes, del 2,4 %.

El gráfico muestra los índices de victimización de los hechos contra la seguridad personal:

 

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Casi el 80 % de los hechos contra seguridad personal ocurrieron en Ia ciudad de Barcelona: la atracción que la centralidad y el tamaño de la población ejercen sobre los delincuentes se absolutamente. La zona con menos

localización es el Delta occidental —una de las más lejanas y menos accesibles al espacio central y una de las menos densamente pobladas—. Utilizando el índice de localización, Barcelona tendría el 7,5 % y el Delta occidental, el 0,8 %. La tabla siguiente permite establecer la localización de los hechos contra la seguridad personal:

 

En cuanto al tamaño de las ciudades, puede decirse lo mismo: las mayores localizaciones, después de Barcelona, se aprecian en las grandes ciudades

(l’Hospitalet y Badalona). Badalona presenta un mayor índice de localización (3,8 %) que l’Hospitalet (3,3 %) y esto también está relacionado con la diferente

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accesibilidad de ambas poblaciones con respecto a Barcelona. Los lugares más seguros son las ciudades medianas (índice

1,6) y Santa Coloma de Gramenet (1 ,8). Véase la localización de los hechos contra la seguridad personal:

 

Por todo ello, podemos concluir afirmando que Barcelona es el espacio más peligroso del área metropolitana también respecto a la seguridad personal. La estabilidad del dato en relación al año pasado aporta más consistencia a nuestra tesis. La desagregación por zonas es clara:

Barcelona dispone del índice más alto, mientras que el Delta baix presenta menos peligrosidad que el Besos (por su mayor proximidad a la capital metropolitana) y la zona con menos índice de peligrosidad es el Delta occidental, de acuerdo con el gráfico, relativo a los hechos contra la seguridad personal.

Badalona es, después de Barcelona, la ciudad con un índice de peligrosidad más elevado, por delante de las ciudades medianas. L’Hospitalet y Santa Coloma de Gramanet son poco peligrosas por su

proximidad a Barcelona, y las poblaciones pequeñas son las menos peligrosas. El índice de peligrosidad de los hechos contra la seguridad personal es el que refleja la tabla siguiente:

 

 

 

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Es importante subrayar la lógica diferente de la distribución territorial de la delincuencia; la mayoría de los hechos contra los vehículos suceden en el interior de cada territorio; en cambio, los delitos contra la seguridad personal están más sujetos a la atracción de la centralidad.

Estructura temporal de la delincuencia

Para el análisis de la estructura temporal de la delincuencia, nos referiremos en primer lugar a la estacionalidad. La racionalidad de la actividad delictiva se aprecia en los siguientes datos. Primero, la mayoría de los hechos acostumbran a pasar en invierno. La razón de la peligrosidad del invierno es obvia: es la época de mayor normalidad ciudadana (hay, pues, más concentración de gente en las calles y se llevan a término grandes operaciones de consumo que la movilizan y la convierten en víctima «propiciatoria» -regalos de Navidad, rebajas de enero y febrero—. Segundo, la delincuencia en domicilios es también importante en verano, época de vacaciones y en la que

hay más posibilidades de que las viviendas estén vacías.

En cuanto a la hora, los hechos delictivos contra los vehículos se producen de noche, período en el que ocurren las dos terceras partes de los delitos; la delincuencia domiciliaria es la que presenta una mayor equidistribución a lo largo del día (a pesar de que el período del día donde más delitos se registran es la tarde, cuando suele haber más gente por la calle); los comercios se roban sobre todo por la noche y se atracan preferentemente por la tarde (la noche es más rentable por su mayor impunidad y la tarde es mejor para los atracos porque hay una caja más considerable), y, por último, durante la tarde (momento en que hay más gente en la calle) es cuando se comenten más delitos contra la seguridad personal.

A continuación ofrecemos una sinopsis comparativa de los años 1990 y 1989 respecto al recuerdo, la denuncia, la estructura de protección y los costes económico y psicológico de los hechos delictivos.

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La opinión de los ciudadanos

En la encuesta de victimización que comentamos, los entrevistados debían responder a preguntas de Opinión agrupadas en tres apartados: seguridad, delincuencia y opinión sobre las instituciones. Dentro de cada uno de estos apartados se han valorado las respuestas de acuerdo con el siguiente esquema: 1. Explicación de los resultados que corresponden al conjunto de entrevistas realizadas en toda el área metropolitana de Barcelona (8.647). 2. Análisis de las respuestas según las características de los entrevistados (edad, sexo, renta e ideología). 3. Estudio comparado de todas las respuestas a nivel territorial: municipios grandes, pequeños y medianos; las seis zonas donde están enclavados los municipios del área; las tres grandes ciudades del área metropolitana de Barcelona (I’Hospitalet, Badalona y Santa Coloma) y los distritos de la propia ciudad de Barcelona.

La opinión que los entrevistados del área metropolitana de Barcelona tienen de la seguridad de su barrio, ciudad y área metropolitana (evaluadas en una escala del 1 al 9) da como puntuaciones medias las de 5,6, 5,0 y 4,4, respectivamente. Una vez más —todas las encuestas que se han hecho hasta ahora han dado el mismo resultado—, el barrio, el espacio más próximo, es considerado como el más seguro. El barrio actúa como una comunidad de relación en la cual todos los que viven en ella se reconocen miembros de la comunidad. Este nivel de relación y de conocimiento actúa, objetivamente, como un elemento antidelictivo en tanto que aumenta el control social. Por otro lado, el barrio es un espacio conocido que de forma consciente o inconsciente tiene un papel «tranquilizador». En el otro extremo se sitúa el área metropolitana. Es un espacio desconocido (elemento intranquilizador) en el cual los vecinos de los distintos municipios se sienten forasteros o extraños (al no funcionar las relaciones directas, se convierten en unos «extranjeros» sobre los que puede caer, en cualquier momento, un desaprensivo anónimo).

En la encuesta del pasado año se comentaba que «si la gente encuentra más seguro el espacio más próximo (...), se puede colegir que el impulso a cuanto suponga acción comunitaria es básico en materia de seguridad»

Las características personales de los entrevistadores influyen, sin duda, en su percepción de lo que puede definirse como peligrosidad. Así, las mujeres son un poco más críticas que los hombres, las personas de edades intermedias lo son más que los jóvenes y mayores, y los victimizados más que los que no lo han sido. Además, según el nivel de renta, es necesario diferenciar entre el barrio, la ciudad y el área: el primero resulta mejor puntuado por las personas de rentas altas y la ciudad y el área lo son por las de rentas bajas.

El análisis de las respuestas según la distribución territorial permite afirmar que los entrevistados consideran que el barrio es un lugar seguro, casi sin excepciones; que el área metropolitana se percibe como peligrosa (las puntuaciones que recibe son, prácticamente siempre, inferiores a los 5 puntos); que en las ciudades se presentan oscilaciones que van desde los que creen que son tan seguras o más que los barrios (l’Hospitalet, Esplugues, Sant Boi) o tan inseguras como el área metropolitana (Badalona y Santa Coloma), y que cuanto mayor es el municipio más baja es la evaluación que se hace tanto del barrio como de la ciudad. Sería necesario introducir aquí algunas matizaciones pero, en líneas generales, parece que el volumen de población está relacionado con la imagen-sensación de la comunidad. A partir de un cierto límite (más de 100.000 habitantes), la comunidad (espacio conocido y familiar) se difumina hasta desaparecer. Entonces la ciudad se convierte en un lugar tan extraño como el área metropolitana.

La tabla que sigue ofrece la valoración media del nivel de seguridad en el barrio, en la ciudad y en el área metropolitana, según la localización.

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La seguridad en los municipios

Respecto a la opinión de los ciudadanos sobre si la seguridad ciudadana ha mejorado o ha empeorado en el último año en el municipio la respuesta es que sigue igual. Y ello a pesar de que puede considerarse como muy elevado el porcentaje de ciudadanos que creen que la

seguridad ciudadana ha mejorado un poco o que ha mejorado mucho. Juntos representan casi una tercera parte de entrevistados del área (31 ,5 %). Por contra, sólo un 11,6 % piensa que la situación ha empeorado.

La opinión sobre la variación del nivel seguridad es la siguiente:

Además, se ha comprobado que la buena imagen (puntuaciones superiores a la media) va asociada a la mejora de la seguridad ciudadana; la mala imagen (puntuaciones inferiores a la media), con un empeoramiento a lo largo del último año.

Según las características de los entrevistados, la encuesta muestra que hombres y mujeres están básicamente de acuerdo en su opinión sobre la evolución de la seguridad durante 1990, a pesar de que las mujeres son un poco más críticas. En todos los grupos la respuesta mayoritaria es «sigue igual», pero a medida que se va incrementando la edad también aumentan los que creen que en el último año ha mejorado la seguridad en los municipios: lo afirman el 28,6 % de los más jóvenes y el 33,1 % de los más mayores.

En términos generales, los victimizados son más críticos que el resto de entrevistados cuando juzgan el nivel de seguridad del último año. Y cuando se analizan las respuestas según los tipos de victimización, se comprueba que los más críticos son los que han padecido algún hecho delictivo contra su persona. Entre éstos hay un 21,3 % que considera que la seguridad ha empeorado durante 1990.

El análisis de las respuestas desagregado territorialmente permite comprobar que la percepción de mejoría ha sido generalizada: se ha dado en toda el área en mayor o menor medida, según los municipios.

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Los resultados permiten afirmar que donde los vecinos tienen mayor sensación de que la seguridad ha mejorado es, por un lado, en los municipios pequeños (menos de 25.000 habitantes) y, por el otro (en cuanto a zonas), en Barcelona, donde se observa un porcentaje espectacular de respuestas en este sentido.

Los espacios peligrosos

Otro de los objetivos de la encuesta consistía en conocer la opinión de los ciudadanos sobre la distribución de los puntos peligrosos en sus municipios y en el área metropolitana. A partir de esta información pueden establecerse comparaciones con la realidad de lo que sucede (localización de la victimización). La comparación de ambas informaciones permite orientar políticas de seguridad e imagen.

En una primera pregunta se indagó sobre si el entrevistado creía que en su barrio o ciudad había muchos o pocos puntos peligrosos. Las respuestas pusieron nuevamente de manifiesto la diferente percepción que los vecinos tienen del barrio y de la ciudad. Un 15,9 % de los entrevistados afirmaron que en su barrio no existe ningún punto peligroso, mientras que cuando se refirieron a la ciudad, el porcentaje bajó hasta el 2,6 %. En cambio, la constatación «hay muchos puntos peligrosos o todo es peligroso» la hicieron

a nivel del barrio un 15,1 % de los entrevistados, mientras que el porcentaje a nivel de ciudad se elevó al 32 %.

El sexo, la edad, la renta e incluso la victimización están asociados no tanto a una mayor o menor peligrosidad del barrio o de la ciudad, como a un grado distinto de conocimiento: los hombres, los jóvenes y los victimizados responden mucho más a la pregunta. El mayor porcentaje de «no sabe» va, evidentemente, ligado a la aparentemente menor movilidad de las mujeres y de las personas mayores. En el caso de los victimizados ocurre a la inversa: su mayor movilidad les hace más vulnerables a los hechos delictivos. Además, las respuestas de los victimizados apuntan a una mayor percepción de peligrosidad del barrio y, sobre todo, de la ciudad.

El análisis comparado de la distinta percepción de peligrosidad que tienen los vecinos o entrevistados refuerza la hipótesis, ya apuntada, de la importancia del tamaño del municipio como elemento clave en la construcción de la imagen de la seguridad. Pero las diferencias entre municipios grandes y pequeños se agudizan cuando se trata de la ciudad. A nivel de ciudad, el porcentaje de vecinos que han afirmado que en su municipio no hay ningún punto peligroso pasa del 1,2 % (en Barcelona) al 31,2 % (en los municipios con menos de 25.000 habitantes). A nivel de barrio, los que dicen que donde viven no

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hay ningún punto peligroso va del 15,4 % en Barcelona hasta el 50,6% en las poblaciones de menos de 25.000 habitantes.

A partir de una lista del conjunto de barrios de cada municipio se pidió a cada entrevistado que señalara los dos puntos que le parecían más peligrosos y a continuación que los puntuara según su grado de peligrosidad (de 1 a 9). De los 8.647 entrevistados, 5.898 mencionaron un barrio peligroso y 3.738 citaron dos. La proporción de los que respondieron varía mucho según los municipios: en algunos no hay casi nadie que cite un barrio peligroso; en otros prácticamente todos citan alguno. Entre los municipios del primer grupo aparecen Esplugues, Sant Climent, El Papiol, Tiana y Pallejà. Todos tienen en común que son municipios no muy grandes (sólo Esplugues supera los 15.000

habitantes). En el otro extremo se sitúan Barcelona, Sant Feliu, Santa Coloma de Gramenet y El Prat (municipios con mucha población o con niveles de renta bajos).

En los municipios que tienen una ratio elevada de respuesta (total de barrios mencionados/total de entrevistados) porque han citado muchos puntos peligrosos, éstos se concentran en unos pocos barrios. Por otra parte, hay un porcentaje importante de lugares citados y a los que, posteriormente, no se ha puntuado o se ha dado una puntuación baja. Las diferencias se agudizan a nivel de municipios.

La tabla de la página siguiente refleja la evaluación media de la peligrosidad de los puntos de cada municipio.

 

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Para completar la información anterior se preguntó a los encuestados si conocían algún punto peligroso del área metropolitana de Barcelona, fuera del municipio del entrevistado. Sólo un 30 % de los mismos citó algún punto. La mayoría de las respuestas se concentraron en puntos del distrito I de Barcelona y, sobre todo, en

el barrio de la Mina, de Sant Adrià del Besós, que una vez más hace < <honor>> a su fama de barrio peligroso, a pesar de que allí no ocurran casi hechos delictivos.

El gráfico muestra los lugares peligrosos mencionados por el conjunto de entrevistados:

 

Como puede apreciarse, unas pocas ciudades absorben prácticamente todas las respuestas de los entrevistados cuando éstos se refieren a lugares o puntos peligrosos fuera de su municipio: Sant Adrià, Barcelona, El Prat, Badalona y I’Hospitalet concentran el 93,6 % de las respuestas. En el caso de Barcelona, los entrevistados citan lugares concretos de la ciudad en lugar de referirse genéricamente a Barcelona, siendo los lugares más citados las Ramblas, el Barrio Chino, el Casc Antic, la plaza Reial, el barrio Gòtic y el RavaI (distrito de Ciutat Vella).

Las preocupaciones de los ciudadanos

Cuando se pregunta cuál es el tema que más preocupa respecto a la seguridad personal (pregunta abierta), dos cuestiones absorben la mayoría de las respuestas: la violencia y la violación (frecuencia del 50,2 %) y los robos y atracos (30,7 % del total). Si a las anteriores se agregan los delincuentes y la carencia de vigilancia, la concentración de respuestas se eleva al 88,9 %.

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Los temas relativos a la seguridad personal que más preocupan a los ciudadanos son los siguientes:

Hombres y mujeres proporcionan respuestas muy similares; por edades, los más jóvenes son los que más se refieren a los hechos violentos y a las agresiones sexuales, y a medida que aumenta la edad se incrementa el porcentaje de los que citan los robos y los atracos. También por ideologías se observa alguna diferencia: las personas de izquierda citan más los hechos violentos y las de derecha mencionan con más frecuencia los robos. El desglose territorial también muestra la misma tendencia y en el mismo orden: violencia, agresiones sexuales, robos y atracos.

Los restantes temas, comparativamente, son poco citados. De cualquier forma, su observación sugiere alguna hipótesis interesante. Por ejemplo, en lo concerniente a la vigilancia: la encuentran a faltar en los municipios pequeños (menos recursos). En cambio, la preocupación por los drogadictos es más fuerte a medida que el municipio se va haciendo mayor (anonimato, menos control social, ¿más dificultades para detectar el problema?).

En la pregunta sugerida las respuestas de los entrevistados adquieren un mayor nivel

de precisión. Al tener que puntuar los temas que se presentan escritos, una mayor reflexión les lleva a conceder importancia a otras cuestiones e incluso a considerarlas más importantes que las que acaban de citar de manera espontánea como su máxima preocupación. Todos los hechos de la lista escrita preocupan a los entrevistados en mayor o menor medida, aunque existen cuatro cuestiones que les preocupan especialmente (obtienen puntuaciones por encima del 7): robos y agresiones, drogadicción, aumento del coste de la vida y contaminación urbana o medioambiental.

Los robos y agresiones continúan teniendo la máxima importancia (ocupan el primer lugar y constituyen una de las tres cuestiones que se puntuaron por encima del 7), aunque ahora han cobrado importancia la drogadicción o la carestía de la vida, que ocupa el tercer lugar.

La evaluación de la preocupación de los ciudadanos respecto a temas de seguridad personal es la siguiente:

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Las mujeres se muestran más preocupadas que los hombres por todas las cuestiones, excepto por el desempleo, que obtiene una puntuación media superior entre los hombres. Por edades, los que puntúan más alto, en general, son las personas mayores, especialmente aquellas que tienen entre 55 y 64 años. La carestía de la vida preocupa sobre todo a los que tienen más de 65 años. Y el desempleo es puntuado por encima de los 5 puntos por todos los grupos de edad, a excepción de los mayores de 65 años.

La preocupación por la mayoría de estas cuestiones tiende a reducirse a medida que sube el nivel de renta. Es como si el hecho

de tener más dinero diera más seguridad. La izquierda se muestra más preocupada por casi todas las cuestiones excepto por la drogadicción, que obtiene una puntuación más alta por parte de los que se han autocalificado de centro, y los robos y las agresiones son más puntuados por los entrevistados de derechas. El hecho de haber sido victimizado no parece influir en las respuestas relacionadas con los hechos delictivos: las puntuaciones de los victimizados están casi siempre por debajo de las del resto de entrevistados. Por otra parte, las respuestas según la localización territorial muestran fuertes diferencias según el tipo de municipio o la zona de pertenencia.

Con la pregunta sobre la gravedad de los hechos se obtuvieron elementos de comparación entre las opiniones respecto a los delitos con sujeto determinado y aquellos que afectan a toda la comunidad: entre los hechos delictivos de la

convencionales y los que no lo son, porque responden a situaciones de “poder los que los cometen. Los resultados muestran que las respuestas están muy pensadas y responden a valores hegemónicos de la sociedad de hoy, tal como muestra la tabla de la página siguiente:

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La delincuencia convencional no es la que ocupa los primeros lugares en cuanto a puntuación: los malos tratos a los niños y el tráfico de drogas reciben puntuaciones más elevadas. Por otro lado, los delitos con víctima colectiva están considerados tan graves como los que tienen una víctima específica. El único delito sin víctima que se ha puntuado (consumo de drogas) también obtuvo una puntuación elevada (7,9), pero es posible que esta consideración responsa más al <<mito de la peligrosidad de la drogadicción» que a una evaluación pensada.

En cuanto a las características de los entrevistados, todas las cuestiones son puntuadas un poco más por las mujeres que por los hombres: a medida que aumenta la edad del entrevistado se incrementan las puntuaciones, pero con diferencias muy pequeñas. Y por ideologías, la derecha tiende a puntuar más los delitos convencionales, mientras que la izquierda otorga evaluaciones más altas a los hechos sin víctima definida (no pagar impuestos, contaminación industrial, etcétera).

Opinión sobre la delincuencia

Dentro del apartado de opinión sobre la delincuencia, la encuesta analiza los hechos delictivos más frecuentes en la ciudad y en el barrio; los hechos delictivos que más miedo producen; las causas más importantes del aumento de la delincuencia, y, por último, las medidas que debería adoptar la Administración para solventar el problema de la seguridad ciudadana. Esta cuestión ha originado dos

preguntas: una abierta, donde se solicitaba a los entrevistados que citaran dos medidas, y otra cerrada, de evaluación de una lista de medidas prefijadas.

La opinión sobre la frecuencia de los hechos delictivos, que es muy importante para comprender las raíces de la inseguridad, se preguntó a nivel de barrio y de ciudad, ya que todos los trabajos hasta ahora realizados muestran que las vivencias-representaciones de los individuos son diferentes según se hable de uno u otro nivel territorial.

Se pedía a los entrevistados que, a partir de una lista, señalaran cuál era el hecho delictivo que con mayor frecuencia se producía en su municipio. Un 6,2 % de los entrevistados no dieron ninguna respuesta, un porcentaje muy bajo que puede interpretarse como reflejo de una clara preocupación por parte de los encuestados: la mayoría de ellos saben cuál puede ser el hecho delictivo más frecuente. Según los entrevistados, los delitos más frecuentes que acaecen en la ciudad son (por orden de la frecuencia con que fueron citados): robos de objetos en el interior de los vehículos; robos en la calle y sustracciones de automóviles, y, ocupando en cuarto puesto, los atracos en la calle. Los delitos contra los vehículos producen poco miedo a los entrevistados; en cambio, los robos y los atracos en la calle (especialmente estos últimos), mucho. Son éstos los que más influyen a la hora de configurar la imagen de inseguridad de la ciudad. El cuadro recoge los hechos delictivos más frecuentes en el municipio:

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Según las características de los entrevistados, la primera diferencia es la que se refiere al nivel de respuesta, más amplia entre los hombres, los jóvenes y los victimizados. Además, entre los que han contestado se observa que los hombres citan un poco más que las mujeres los robos de objetos en el interior de los vehículos y los hechos que implican violencia (atracos y violencia); las mujeres se refieren más a los robos (en comercios, domicilios y a personas). Por edades, las diferencias más significativas son las que

se refieren a los tirones —citados con insistencia a medida que aumenta la edad del entrevistado— y los atracos, que son citados, sobre todo, por los jóvenes (menores de 24 años). Asimismo, las diferencias entre los victimizados y los no victimizados son también importantes, excepto las relativas al robo de objetos del interior de los vehículos. La tabla de la página siguiente muestra los hechos delictivos más frecuentes en la ciudad de acuerdo con los tipos de victimización.  

 

La misma pregunta formulada con respecto a la ciudad se hizo posteriormente referida al barrio. La mayoría de los entrevistados citaron el robo de objetos del interior de los vehículos como el hecho delictivo más frecuente que se producía en su barrio (10 puntos por encima de los que lo decían en

la ciudad). Disminuye, en cambio, el porcentaje de los que se referían a los robos. En cuanto al resto de hechos delictivos, todos, excepto el robo en domicilios, registran una reducción de la frecuencia con que fueron citados. Véase la relación porcentual de hechos delictivos más frecuentes en el barrio.

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Al comparar los resultados del barrio con los de la ciudad se comprueba que la percepción de inseguridad es distinta para los dos niveles territoriales: cuando los entrevistados se refieren a la ciudad, los atracos son citados por un 11 % de la muestra; cuando se trata del barrio, el porcentaje se reduce al 5,6 %. La ciudad, una vez más, se muestra como más peligrosa que el barrio.

Según las características de los entrevistados, las diferencias son similares a las que se observan a nivel de ciudad. También en este caso se han analizado comparando las frecuencias del conjunto de los que proporcionaron una respuesta, y que ahora son el 85,5 % de los

entrevistados. Entre los que contestaron, las mujeres se refieren más al robo en los domicilios, en la calle y en los comercios; los hombres concentran sus respuestas en los hechos delictivos relacionados con los vehículos y en los atracos. Los hechos relacionados con los vehículos son citados por los más jóvenes; los hechos contra los domicilios lo son por todos los grupos en proporciones bastante similares; los robos a personas son citados por los más mayores, y los atracos por los más jóvenes. Los que han sido víctimas de un hecho delictivo (contra su persona y/o contra su vehículo) tienden a sobredimensionar la frecuencia de lo que les ha sucedido a ellos. He aquí los hechos más frecuentes en el barrio según la victimización:

 

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Hechos delictivos que producen más miedo

Para estudiar la victimización y la percepción que los ciudadanos tienen de la seguridad del barrio y del municipio es importante conocer no sólo las desviaciones entre la realidad y la percepción, sino también los motivos que explican las diferencias entre ambas. En este sentido, el conocimiento del elemento miedo se convierte en esencial. Por esta razón se introdujo en el cuestionario una pregunta encaminada a conocer el miedo que provocan los diferentes hechos

delictivos. La pregunta se formuló de manera cerrada y cuantitativa.

Las respuestas de los entrevistados son elocuentes: lo que más miedo les produce es la violencia y las amenazas, y, en un segundo término, los atracos en la calle y las agresiones sexuales, tres tipos de delitos que llevan implícita la violencia. El resto, o no implican violencia o presentan un grado de riesgo escaso (como, por ejemplo, los delitos contra los comercios), lo que explica que sus puntuaciones, más bajas, reflejen el menor grado de temor que producen:

 

 

Cuando se relacionan los resultados de esta pregunta sobre el miedo con las formuladas sobre el hecho delictivo más frecuente en el barrio y en la ciudad, es posible reinterpretar los datos. En el caso del área metropolitana de Barcelona se ha comprobado que los barrios son considerados como mucho más seguros que la ciudad (nivel de seguridad de 5,6 y 5,0, respectivamente). Ahora bien, el análisis del miedo permite ofrecer una posible explicación: mientras un elevado porcentaje de entrevistados considera que en la ciudad ocurren hechos delictivos violentos (atracos), el porcentaje de los que afirman lo mismo en relación al barrio es muy reducido.

Respecto a las respuestas según las características de los entrevistados, todos los hechos delictivos, sin excepción, producen más miedo a las mujeres, y la

máxima diferencia se registra a propósito de las agresiones sexuales. Por edades, el grupo que está entre los 55 y 64 años es el que más puntúa todas las cuestiones, excepto las que se refieren a los vehículos (más puntuadas por los que tienen entre 35 y 55 años). Y, como en casos anteriores, a medida que sube el nivel de renta disminuyen las puntuaciones correspondientes al grado de miedo que causan los diferentes hechos delictivos. Sólo hay una excepción: las agresiones sexuales (el miedo, en este caso, no parece tener ninguna relación con el nivel de renta de los entrevistados).

Finalmente, al establecer la relación entre las experiencias de victimización de los ciudadanos y el miedo de éstos ante los distintos tipos de delitos, se comprueba que la victimización influye en el miedo, aunque de manera relativa:

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Cuando las respuestas se desagregan según criterios de localización territorial, se observa que los hechos violentos contra las personas son los que más miedo producen en todas partes. La zona del Delta occidental constituye, en cierta manera,

una excepción a la regla, ya que los robos en los domicilios producen tanto miedo como los atracos en la calle. La tabla que sigue muestra el miedo que producen los hechos delictivos según la localización territorial.

 

Por otra parte, se comprueba que los municipios medianos (entre 25.000 y 50.000 habitantes) dan unas puntuaciones más polarizadas que el resto: los robos en los vehículos no producen miedo, pero los atracos en la calle y las agresiones sexuales son evaluados con una

puntuación más elevada que en el resto de municipios.

Para indagar las causas de la delincuencia se formuló una pregunta filtro que buscaba la opinión de los entrevistados sobre el incremento de la delincuencia durante el último año.

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La pregunta se centró en los municipios, y ya se comentó en un apartado anterior. Sólo un 16,7% dio una respuesta afirmativa y un 4,4 % no contestó a la pregunta. Es decir, que un 78,9 % de los vecinos de los municipios analizados del área metropolitana de Barcelona consideró que la delincuencia no aumentó en 1990.

Al 16,7% de los que contestaron, se les solicitó que evaluasen (del 1 al 9) una serie de cuestiones de acuerdo con la importancia que, según ellos, tuvo el incremento de la delincuencia. Las evaluaciones medias obtenidas permitieron segmentar en tres grupos las diferentes causas. Primero, sólo el consumo de drogas obtuvo más de 8 puntos en el conjunto del área metropolitana. Segundo, obtuvieron puntuaciones entre los 7 y los 8 puntos de media el desempleo, la ineficacia de las leyes, la falta de preocupación de los poderes públicos, la falta de educación y la injusticia de las estructuras. En el tercer grupo se incluyeron las causas que obtuvieron menos de 7 puntos: la ineficacia de la policía y el aumento de los precios.

A los entrevistados se les formularon dos preguntas para saber su opinión sobre las medidas que debería adoptar la

Administración para resolver el problema de la delincuencia. La primera era una pregunta abierta; la segunda, cerrada (se pedía la evaluación de una serie de medidas que aparecían en una lista). La hipótesis que justificaba la introducción en el cuestionario de dos preguntas paralelas es que la primera respuesta —la espontánea— refleja más las opciones y actitudes primarias —normalmente expresadas a partir de la vivencia de la inseguridad—, mientras que la segunda pregunta, a partir de un listado que hay que puntuar, racionaliza más las respuestas.

También se pidió a los entrevistados que citaran las dos medidas que, a su juicio, debería adoptar la Administración para resolver el problema de la delincuencia. La mayoría de los entrevistados (un 83 %) citaron una medida y sólo unos pocos (44 %), dos, como se les pedía. Ello se explica por el sentimiento de incapacidad que experimenta el ciudadano medio cuando trata de dar solución a problemas complejos como el que nos ocupa, especialmente cuando la respuesta la tiene que dar sin una reflexión previa y se le pide más de una alternativa. En cuanto a las respuestas, a continuación se transcriben los resultados.

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Para facilitar el análisis de las medidas sugeridas por los entrevistados se han agregado, según el grado de punibilidad que implican: medidas punitivas, citadas por el 41,2 % (25,7 % más 15,4 %) de los entrevistados, que responden en gran parte a la inseguridad y al miedo; medias no punitivas, mencionadas por el 47,3 % (28,0 % más 19,1 %), y medidas de difícil o imposible clasificación, que suponen el 38,1 % de las respuestas. El porcentaje restante (hasta el 200 %, ya que se pedían dos respuestas) corresponde al grupo de los que no contesta, que en la segunda respuesta es muy elevado.

Otra pregunta solicitaba la evaluación (del 1 al 9) de medidas concretas que podía adoptar la Administración. Las evaluaciones de los entrevistados a las medidas citadas en la lista pueden interpretarse de forma significativamente contrapuesta a los resultados obtenidos en la pregunta espontánea: las medidas que implican mano dura —como por ejemplo el aumento de la policía— pierden

importancia y ocupan los últimos lugares de la clasificación. En cambio, las medidas preventivas o de efectos a más largo plazo ocupan los primeros lugares (centros de asistencia a las víctimas, incremento de la vigilancia nocturna o programas de ayuda y de rehabilitación para los drogodependientes).

Todas las propuestas apuntadas, excepto la pena de muerte para los delitos de sangre, obtienen más de 5 puntos, es decir, que se consideran medidas que deberían tomarse. La pena de muerte, prácticamente no mencionada en la respuesta espontánea, ahora aparece con una puntuación de 4,31 puntos, evaluación relativamente baja pero que es el resultado de unas puntuaciones altamente polarizadas entre sus fervientes partidarios (un 18,9% le otorga un 9 como puntuación) y sus muchos detractores (un 36,2 % le da valor 1).

La evaluación media de las medidas o propuestas es la siguiente.

 

Al agrupar las respuestas por zonas y por tamaño de la población, no destacan datos significativos, salvo la baja puntuación que

reciben las medidas relativas a la penalización del consumo de drogas en los municipios medianos (de 25.000 a 50.000 habitantes).

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Opinión sobre las instituciones

En cuanto a la opinión que los entrevistados tienen de las instituciones, las respuestas responden a preguntas sobre la policía, la justicia y las leyes; sobre el trato que reciben los delincuentes por parte de las instituciones; sobre las políticas de seguridad que desarrollan las diferentes administraciones, y sobre las responsabilidades de éstas.

Los resultados globales ofrecen una media de 5,6 puntos (en una escala de 1 a 9) respecto a la sensación de seguridad que presta la policía. El resultado refleja una mejoría muy notable en relación al año anterior, como se verá en el apartado que compara los datos de 1990 y 1989. A pesar de ello, un 25,0 % de los que responden puntúan por debajo de los 5 puntos, un 6,1 % dan la puntuación mínima y, en cambio, hay un 16,9% que otorgan puntuaciones de entre 8 y 9 puntos.

Por sexos y edades, los hombres se muestran un poco más críticos que las mujeres y a medida que aumenta la edad mejora la percepción que se tiene sobre la protección policial. Así, los individuos menores de 25 años dan una media de 4,9 puntos y las personas mayores de 64 años, de 6,2 puntos. Los victimizados puntúan más bajo que los no victimizados, excepto los que han sufrido hechos delictivos contra el domicilio. Por ideologías, los de izquierdas se muestran más críticos, mientras que los más satisfechos son los de derechas (5,4 % y 6,1 %, respectivamente).

Las respuestas por zonas muestran que en ningún caso las medias están por debajo de los 5 puntos y que son las poblaciones intermedias (de 50.000 a 100.000 habitantes) las que más critican la actuación policial:

 

Respecto a la seguridad proporcionada por los tribunales de justicia, la evaluación media es de 4,6 puntos. Los hombres son los más críticos seguidos de los menores de 25 años, de las personas de rentas

medias (entre 150.000 y 250.000 pesetas), de los de derechas y de los victimizados, especialmente por delitos contra los comercios. Por zonas, la tabla siguiente recoge las puntuaciones medias:

 

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Resulta notable la bajísima puntuación media de los entrevistados de municipios medianos (de 25.000 a 50.000 habitantes).

La opinión de los entrevistados sobre las leyes y el sistema judicial se obtuvo a partir de un listado de cuatro frases respecto de las cuales debían expresar su acuerdo o desacuerdo. Las respuestas indican una

opinión bastante crítica sobre el sistema judicial (casi todo el mundo está de acuerdo en que la justicia es lenta) y sobre la poca colaboración de los ciudadanos con la justicia. En cambio, un porcentaje importante de ciudadanos considera que la seguridad no pasa por endurecer la actual legislación, ni tampoco por una mayor severidad de los tribunales de justicia.

 

Las respuestas varían de acuerdo con algunas de las características personales de los entrevistados. Así, en términos generales, el porcentaje de acuerdo es superior entre las mujeres. La idea con la que hombres y mujeres muestran mayor coincidencia es la relativa a la lentitud de la justicia española. A medida que se incrementa la edad de los entrevistados aumenta también el grado de acuerdo con las ideas planteadas, excepto con la segunda, respecto a la cual hay acuerdo entre todos los grupos de edad.

Los no victimizados son más críticos que los victimizados, salvo en un punto —« Ia gente colabora poco con la justicia>>—. Por ideologías, los ciudadanos de derechas se muestran más de acuerdo que el resto de entrevistados con la primera y cuarta; los del centro, con la segunda, y los de izquierdas subrayan especialmente la escasa participación de la gente, como demuestra la tabla siguiente:

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Los entrevistados de los municipios más pequeños son los que muestran menos nivel de acuerdo con las ideas planteadas y

los de las poblaciones mayores son los más críticos, de acuerdo con los datos de la tabla, que establece la opinión de los ciudadanos según zonas y municipios.

 

La mayoría de los entrevistados afirman que el trato que reciben los delincuentes por parte del Parlamento y de los jueces es demasiado bueno. En el caso de la policía, las opiniones quedan más repartidas entre los que consideran que ésta se muestra demasiado benevolente y los que piensan

que es justa. No obstante, una parte muy reducida de entrevistados opinan que el trato que reciben los delincuentes es demasiado duro. En el caso de la policía, que es la institución que recoge una crítica más elevada en este sentido, la proporción de los que la acusan de excesiva dureza llega al 9,2 %

 

 

Al analizar las respuestas según las características de los entrevistados, se comprueba que por sexos y por edades no

es posible realizar comparaciones significativas por la diferencia en las respectivas respuestas. Por ideologías,

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quienes se muestran más de acuerdo con la situación actual son los de izquierda, aunque cuando se refieren al trato policial afirman, en un porcentaje superior al resto de entrevistados, que es demasiado duro. Cuando los entrevistados evalúan (en una escala de 1 a 9) la política de seguridad

ciudadana que realizan las diferentes instancias, las puntuaciones revelan un nivel correcto de aceptación de la política desarrollada, excepto en el caso del Gobierno central, como revela la tabla siguiente:

Los hombres dan puntuaciones ligeramente más bajas que las mujeres a las tres instituciones. Por edades, las puntuaciones tienden a aumentar con los años, aunque esta tendencia no es del todo regular. Todos los grupos otorgan puntuaciones más elevadas al ayuntamiento y los mayores de 65 años le conceden la calificación más alta. Los victimizados se muestran más críticos que el resto de

entrevistados con las tres instancias de poder. Respecto a la ideología, los que se autocalifican de centro son los que más alto puntúan a las tres administraciones, mientras que los más críticos son los de derechas.

El cuadro siguiente ofrece las puntuaciones medias por ámbitos territoriales:

 

Los ciudadanos más críticos son los de los municipios que tienen entre 25.000 y 50.000 habitantes y los más satisfechos, los de los municipios pequeños, en especial respecto al ayuntamiento.

En cuanto a la administración responsable de la seguridad ciudadana, la mayoría de

los entrevistados del área metropolitana de Barcelona consideran que las instituciones deberían actuar conjuntamente y de forma coordinada, pero los partidarios de que la responsabilidad la asuman el ayuntamiento o la Generalitat son también un porcentaje importante:

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Por sexos, apenas hay diferencias y por edades, tampoco. Por ideologías, los entrevistados de izquierda son más

partidarios de un modelo municipal, mientras que las personas de derecha se decantan por conceder un mayor protagonismo a la Generalitat:

 

Tres cuestiones destacan cuando se analizan las respuestas según la localización territorial de los entrevistados: la menor respuesta de los de municipios

pequeños; el modelo más localista de los de municipios medios y grandes, y el mayor porcentaje de entrevistados que conceden el protagonismo al ayuntamiento en los municipios medianos y grandes.

 

Una de las preguntas de la encuesta trataba de forzar la respuesta de los que decían que las tres instituciones deberían

encargarse de la seguridad. Por ello se pidió a los entrevistados que se habían decantado por esta respuesta (27,9 %) que eligieran una de las tres administraciones:

 

Así pues, como demuestran los datos del cuadro, la anterior respuesta escondía una

clara preferencia por el ayuntamiento o por la Generalitat.

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Aumento de la seguridad en 1990

Según los entrevistados del conjunto del área metropolitana de Barcelona, la

seguridad aumentó en 1990 tanto en los barrios como en la ciudad, como se observa en la tabla comparativa que recoge las valoraciones medias comparadas de 1990 y 1991.

 

El aumento de la evaluación que corresponde a la ciudad resulta espectacular y deja atrás los también fuertes incrementos que registran el barrio y el conjunto del área metropolitana de Barcelona. Por zonas, las puntuaciones tendieron a incrementarse en todas partes, excepto en el Delta baix. Por municipios, a pesar del amplio aumento de las

puntuaciones, no todos los entrevistados cambiaron las valoraciones en el mismo sentido: en unos disminuyeron, en otros se mantuvieron y en los más aumentaron.

La opinión sobre la evolución de la seguridad en el municipio también ha mejorado:

 

Cuando el análisis se realiza territorialmente, se comprueba que la mayoría de las zonas siguen la tendencia general, aunque en algunas los entrevistados reparten sus respuestas igual que en 1989 (es el caso del Vallès) e incluso hay alguna en la que se reduce el porcentaje de los que aseguran que la seguridad ha mejorado en el último año (Delta occidental). En cuanto a la distribución de los puntos peligrosos, los dos años analizados muestran que el barrio se considera más seguro que la ciudad. Cuando la información se analiza por zonas se aprecian variaciones de opinión, pues en unos lugares mejora la imagen del barrio y de la ciudad y en otros se mantiene al mismo nivel o incluso empeora (caso del Besós).

En cuanto a los puntos concretos citados como peligrosos tuera del perímetro municipal, la coincidencia entre los dos

años es muy clara. Los datos muestran que la concentración de respuestas en torno a unos pocos municipios (y puntos) es similar en los dos años. La única diferencia importante la constituye Sant Adrià, que en 1990 absorbe el 46,7 % de las respuestas, pasando incluso por delante de Barcelona. La explicación estriba en el barrio de la Mina, cuya fama la avivaron los acontecimientos de las viviendas Mina-Sant Adrià y las campañas antidroga desarrolladas por los propios vecinos.

La comparación de las evaluaciones de las cuestiones que preocupan a los entrevistados revela que el problema de la seguridad personal (robos, atracos y agresiones) gana puntos y parece constituirse en la primera preocupación de los vecinos del área metropolitana. La preocupación por los drogadictos, en cambio, tiende a perder importancia. El aumento del coste de vida se mantiene en

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el tercer lugar de la lista, a pesar de registrar una puntuación más baja que el año anterior. Y por lo que se refiere a los hechos delictivos que, según los entrevistados, son más frecuentes, resulta que tanto a nivel de ciudad como de barrio las respuestas de los dos años son muy similares. La disminución del porcentaje de entrevistados que se refieren a los atracos constituye el dato más destacable.

Tampoco la relación delito-miedo ha experimentado grandes cambios: violencia, atracos en la calle y agresiones sexuales ocupan los tres primeros lugares y en el mismo orden. Los delitos relacionados con los vehículos son los que menos miedo producen.

En cuanto a la opinión sobre las causas del fenómeno delictivo, la puntuación de algunas ha aumentado: falta de preocupación por parte de los poderes públicos, ineficacia de las leyes y la justicia, ineficacia de la policía y estructuras injustas. La puntuación otorgada a las otras causas no ha cambiado.

Las evaluaciones de las medidas a adoptar para frenar la delincuencia mantienen un orden idéntico en los dos años, pero en general las puntuaciones tendieron a incrementarse. Esta tendencia se acusa

especialmente respecto a las medidas punitivas. Las preventivas, en cambio, mantienen las puntuaciones o incluso obtienen una puntuación media más baja. En el último año ha mejorado la opinión de los vecinos sobre la protección que les da la policía (pasa del 4,6 al 5,6), lo que indica que de una posición crítica se ha pasado a otra favorable, de reconocimiento al trabajo policial, aunque no faltan los entrevistados que continúan siendo críticos. Cuando las evaluaciones se analizan por zonas, se comprueba que en todas ellas se produce un incremento de puntuación, pero destaca la del Llobregat, que pasa de ser la zona más crítica con la policía a la que más alto puntúa su trabajo.

La opinión sobre las leyes y la justicia vuelve a ser crítica, aunque se incrementa el porcentaje de acuerdo respecto a la poca colaboración ciudadana y a la lentitud del sistema judicial. Y en cuanto al trato que reciben los delincuentes, la actitud crítica vuelve a mantenerse. Sólo la policía mejora su imagen.

La evaluación positiva de la política de seguridad desarrollada por la Administración registra, asimismo, un importante incremento (para los tres niveles estudiados), pero especialmente para el ayuntamiento, como muestra la tabla siguiente:

Si en el comentario a la encuesta de 1989 apuntábamos que las evaluaciones resultaban poco favorables e implicaban una cierta crítica, ahora es necesario decir que la mejora significa el reconocimiento de

una política bien orientada. Además, cuando se realiza el análisis por zonas territoriales se observa que prácticamente en todas ha mejorado la puntuación que recibe la Administración. Las excepciones aparecen en el Delta occidental y, sobre todo, en el Vallès, donde sólo el ayuntamiento repite puntuación:

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Al ser preguntados sobre qué Administración debería ocuparse de la política de seguridad ciudadana, los entrevistados, siguiendo la tónica del pasado año, tendieron a adjudicar esta

responsabilidad por igual a las tres instituciones. No obstante, las opiniones están mucho más repartidas y gana puntos el modelo localista, que atribuye la seguridad al ayuntamiento y, en menor medida, a la Generalitat:

 

Cuando se analiza la distribución de las respuestas por zonas, se comprueba que el porcentaje de entrevistados que desean que las tres administraciones se ocupen por igual de la seguridad ciudadana se ha reducido de manera importante.

La realidad y el miedo

El informe concluye con un análisis que relaciona las dos partes de la encuesta para diferenciar la realidad del miedo. La seguridad ciudadana es una construcción social hecha de una doble realidad: objetiva (la delincuencia y su incremento en los últimos años) y subjetiva (el aumento del miedo y de la sensación de la delincuencia), pero han seguido lógicas y leyes de funcionamiento propias hasta convertirse en dos dimensiones autónomas. Así pues, es muy importante tener en cuenta que la construcción social de la inseguridad —el miedo de la gente— no tiene por qué corresponder con lo que pasa realmente (por ejemplo, puede bajar la delincuencia y aumentar la inseguridad).

La delincuencia empezó a crecer con la primera crisis energética, que coincidió con el inicio de la transición política. Los primeros años de la década pasada registraron los mayores incrementos y, de hecho, en esa época apareció el término seguridad ciudadana, aproximadamente en el periodo 1978-1 984. Y durante los últimos años se ha ido estabilizando, entre otros motivos porque ha llegado a su nivel de saturación, porque ha culminado la transición política y porque han quedado atrás los años más duros de la crisis económica: en la actualidad sus fluctuaciones pueden explicarse por razones de coyuntura, sobre todo económica.

El actual sentimiento colectivo de miedo e inseguridad apareció con el crecimiento de la delincuencia y después se ha ido desarrollando autónomamente. En estos momentos se desarrolla y funciona siguiendo sus propias leyes, al margen muchas veces de la realidad delictiva. Su lógica, en esquema, es la siguiente: la seguridad es hoy un valor absoluto, un mito; por tanto, su ausencia, real o figurada, se soporta mal, se vive como un

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castigo —mito— y es necesario encontrarle culpables (preferentemente, las drogas y los drogadictos). La potencia actual de este imaginario colectivo queda patentizada en sus manifestaciones —actitudes, opiniones y comportamientos— y en su constante presencia en las preocupaciones de los responsables de la política municipal y metropolitana.

En resumen: hay dos realidades y no es necesario que exista una correspondencia entre ellas. En la encuesta se aprecia, por ejemplo, que la gente está atemorizada por unos delitos que no son precisamente los más frecuentes. Donde con mayor claridad puede apreciarse la autonomía de las dos realidades es en el análisis territorial. A continuación, pues, se presentan tres análisis que asocian datos objetivos y subjetivos en la distribución por zonas, ciudades y barrios del área metropolitana de Barcelona.

El primer análisis se refiere a la evolución del índice de victimización y opinión sobre la evolución del nivel de seguridad. La encuesta permite apreciar que la sensación de la gente de las diversas zonas sobre la evolución del nivel de seguridad es independiente de la evolución real de la delincuencia en sus respectivas zonas. Si se compara la opinión sobre la evolución de la seguridad con la evolución real de la delincuencia medida por el índice de victimización, se observa que las sensaciones colectivas están en función de la construcción social de la inseguridad, no de los datos objetivos. Por ejemplo, los mayores porcentajes de entrevistados que opinan que la seguridad ha mejorado se dan en las zonas donde ha crecido el índice de victimización (Barcelona, el Vallès occidental y el Llobregat), y a la inversa, los menores porcentajes se registran precisamente en las zonas donde el índice de victimización ha disminuido (Delta occidental, el Besós y el Delta baix). Por tanto, como la percepción no coincide necesariamente con la realidad, resulta que la opinión sobre la seguridad difiere de la realidad de la delincuencia.

Segundo análisis: tampoco hay una relación exacta entre la realidad de la delincuencia en las diferentes zonas y ciudades y la sensación de seguridad que tienen los habitantes de los barrios, como se demuestra relacionando el índice global

de victimización con la evaluación que la gente da al nivel de seguridad que existe en su barrio, Por ejemplo, el Llobregat recibe la mejor valoración sobre el nivel de seguridad, pero en esa zona es donde se registra el segundo índice de victimización más alto. Las peores evaluaciones (Besós y Delta baix) corresponden a zonas con índices de victimización más bien bajos. En lo concerniente a las ciudades, la mejor valoración corresponde a los habitantes de los municipios más pequeños, que registran el segundo índice de victimización más alto. Los entrevistados de Barcelona, muy victimizados, consideran muy alto el grado de seguridad de sus barrios.

La última asociación de variables resulta igualmente expresiva: se trata de establecer la peligrosidad real de cada barrio y compararla con el sentimiento de miedo de la población. Precisamente, a partir de esta asociación de informaciones —realidad e imagen— puede comprobarse la falta de correlación entre la percepción (la fama) y la realidad de los barrios del área metropolitana de Barcelona.

Los barrios céntricos y habitados por una población con niveles de renta medios y altos son realmente peligrosos (porque son céntricos y densos) y concentran buena parte de los hechos delictivos aunque su imagen no se corresponde con la realidad porque casi no provocan miedo. En cambio, la imagen de peligrosidad de los demás barrios es muy superior a la realidad, hasta el punto de que algunos de ellos se han convertido en paradigmas de inseguridad. Normalmente son barrios segregados y siempre marginados, donde vive una población con dificultades —económicas, étnicas, familiares— que eventualmente han aparecido en los medios de comunicación como parte de la historia negra del área metropolitana de Barcelona.

En líneas generales, puede decirse que son espacios con escasa peligrosidad real, pero que provocan mucho miedo, aunque la sensación de miedo no la causan los espacios, sino las personas que allí viven: la encuesta demuestra que los sitios realmente peligrosos no provocan miedo entre la gente porque están habitados por personas normales, mientras que en lugares menos peligrosos causan un mayor

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respeto porque en ellos viven personas que responden a los estereotipos del delincuente. Se trata de un problema que se retroalimenta: la gente no acude a los lugares que considera peligrosos, en parte porque normalmente son espacios peligrosos y segregados y en parte porque han alcanzado la fama de peligrosidad, con lo que siguen siendo el paradigma del miedo (allí no se va) y, paradójicamente, zonas realmente tranquilas (como nadie va, no suceden hechos delictivos).

El triple análisis territorial que acabamos de presentar confirma una vez más la autonomía con la que funcionan las dos realidades: los barrios más peligrosos no son los que más miedo producen (sobre todo los céntricos) y, por el contrario, los que provocan más temor no son los más peligrosos, sino los lugares donde viven las personas que producen el miedo. Desearíamos que esta reflexión fuera útil en el trabajo de pedagogía política que día a día llevan a cabo los responsables de seguridad ciudadana de las ciudades del área metropolitana de Barcelona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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El autor describe los objetivos y resultados de la segunda encuesta de victimización realizada en la ciudad inglesa de Islington, cercana a Londres, de unos 200.000 habitantes. Los datos se refieren a 1988. El sondeo, a diferencia de los realizados hasta ahora en Barcelona, aborda no sólo la victimización criminal, sino también los delitos de las empresas y los comercios, entre otras violaciones legales de la convivencia social.

Delito comercial y delito común en Islington Frank Pearce

La encuesta sobre victimización criminal es un método idóneo para evaluar la incidencia del delito en poblaciones en las que las víctimas son individuos o familias. Por lo general, este tipo de investigación implica hacer un muestreo entre el público sobre posibles delitos cometidos contra él en épocas anteriores, por ejemplo, un año o seis meses.

El objetivo principal de las encuestas sobre victimización es valorar la importancia real del delito con una precisión mayor que la que ofrecen las estadísticas oficiales sobre delitos recogidas por la policía, sujetas a inexactitudes por todos conocidas, la más grave de las cuales es la omisión de datos por parte de muchas víctimas, que no denuncian los hechos delictivos.

Las encuestas sobre victimización son muy útiles, sobre todo para los responsables de planificar y dictar las medidas políticas relacionadas con la eficacia policial y el impacto del delito sobre las víctimas, las no víctimas y los ciudadanos en general. El objetivo de los cuestionarios de las encuestas es ofrecer información no sólo sobre los hechos delictivos, sino también sobre una amplia gama de factores asociados a la victimización. Esta información comprende las características de las víctimas y, si se conocen, de los agresores, la fecha, hora y lugar del suceso, su impacto y la denuncia o no denuncia del mismo. También se intenta relacionar la victimización con factores tales como edad, raza, sexo, lugar de residencia, etcétera, y valorar el impacto de

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la victimización sobre las actitudes y la conducta.

Los dos apartados más importantes consignados en las encuestas son, primero, el miedo a la victimización en general y en relación con delitos específicos, y su relación con el significado actual del delito y con el modelo delictivo, y segundo, la respuesta de la policía y otros organismos de control hacia las denuncias, así como su comportamiento con las víctimas y las subsiguientes actitudes de éstas hacia la policía.

El Ministerio del Interior británico ha realizado cuatro encuestas a nivel nacional: encuestas sobre el delito en Gran Bretaña (1982, 1984 y 1988) y encuesta sobre el delito en Escocia (1983). A pesar de su utilidad, estas encuestas a nivel nacional presentan la limitación de su amplio enfoque, lo que las hace inaplicables a muchos contextos políticos. El delito tiene connotaciones especiales según el lugar, razón por la que se hacen necesarias las encuestas locales.

El Centro de Criminología se ha distinguido siempre por sus encuestas sobre el delito y la política local, y ha trabajado hasta la fecha en los siguientes proyectos: encuesta sobre el delito en Merseyside, financiado por el Ministerio del Interior; encuesta sobre el delito en lslington, financiado por la Administración local; encuesta sobre Broadwater Farm, para la Gifford Inquiry; encuesta sobre la vigilancia en la vecindad del Norte de Londres, financiado por la Administración local; proyecto de mejora del medio ambiente de Hilldrop, financiado por el departamento del Medio Ambiente, y encuesta sobre política y delito en Hammersmith y Fulham, financiado por la Administración local.

Hemos conseguido una cierta experiencia en esta área y nos hemos especializado en la selección de grandes volúmenes de muestras que permiten el desglose por zona, edad, sexo, raza y empleo. Parte de nuestro trabajo en muchos de estos proyectos ha sido una consulta exhaustiva dentro de la comunidad, antes y después de las encuestas, para conocer los problemas de la gente en esta zona y transmitirle después los datos recabados.

Características de la encuesta de segunda generación sobre el delito

La intención de la segunda generación de los estudios sobre victimización desarrollados por el Centro de Criminología es ampliar el alcance de las encuestas anteriores, a través de la aplicación de un método más preciso de análisis y un mayor enfoque local. Estas encuestas, además de cubrir el panorama tradicional de las encuestas sobre victimización, incorporan nuevos rasgos. Las áreas tradicionales cubiertas incluyen primero, la distribución del delito, miedo al delito, medidas tomadas frente al delito e impacto de éste sobre las víctimas; segundo, contactos de los ciudadanos con la policía, exigencias públicas a la policía, tiempos de respuesta, confirmación por parte de los ciudadanos de las actitudes y eficiencia policiales, y tercero, la relación de los factores anteriores con la estructura social de la localidad.

Además, se introdujeron nuevos enfoques en la perspectiva de las encuestas. El primero de ellos fue la ampliación de las cuestiones delictivas para incluir las agresiones raciales y sexuales, el abuso de heroína, el delito comercial y las ofensas manifiestas contra la salud y la seguridad en el trabajo y otros tipos de conducta antisocial.

En el área política incluimos, basándonos en el trabajo del Policy Studies Institute, cuestiones sobre las prioridades de la política pública en relación con diversos tipos de delito, declaración de los funcionarios de policía, experiencia y creencias sobre las ilegalidades policiales, eficacia del sistema de denuncias policiales y opiniones sobre el control y la responsabilidad de las fuerzas policiales.

En lo que respecta a la prestación de servicios, actualmente se admite que la política preventiva del delito debe hacerse extensible a otros organismos. Por ello se amplió el cuestionario incluyendo los esquemas funcionales de ayuda a la víctima, los problemas de prestación de servicios y las exigencias a otros organismos aparte de la policía, tales como el consejo local (por ejemplo, rapidez de los servicios de reparación en pisos del consejo que han sido allanados, opinión pública sobre qué organismo es

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responsable de la prevención de los diversos tipos de delito). Esto también afecta a la calidad de prestación de servicios a los inquilinos, sobre todo en relación con las reparaciones más importantes.

Utilidad de las encuestas sobre delitos

Este tipo de encuestas, cuyos resultados proceden directamente de la experiencia del ciudadano, permite evaluar el nivel real del delito, ya que incluye las cifras oscuras del delito no declaradas a la policía o a otros organismos reguladores, cifras particularmente elevadas en los delitos con violencia y agresiones domésticas. Eso facilita el cálculo de las cifras netas reales del delito y la valoración de la eficacia del organismo para controlar el delito, y permite calibrar la confianza pública en la policía y en otros organismos implicados en la prevención delictiva. Esta apreciación pública puede considerarse, por tanto, una extensión del proceso democrático y de la información de que disponen los ciudadanos para evaluar la eficacia y conducta de los organismos estatales.

Los responsables políticos pueden precisar con exactitud la localización geográfica de las zonas con problemas delictivos particulares tales como abuso de heroína, agresión sexual, robos con escalo, así como de los grupos sociales afectados. Eso permite asignar racionalmente los recursos e identificar los objetivos concretos de una acción local.

Las encuestas proporcionan una valoración inicial del apoyo público a las diversas iniciativas políticas. Además, preparan el terreno a los trabajos de intervención: por ejemplo, saber que el bajo índice de denuncias es un problema derivado esencialmente de la falta de colaboración entre ciertos grupos de la población y la policía, que, a su vez, es el resultado del desentendimiento de estos grupos a causa de las malas prácticas policiales percibidas. De igual modo, si se destaca una relación entre ciertas clases de delito y determinadas condiciones sociales —marcada desigualdad, elevado desempleo, condiciones de masificación en las viviendas— un trabajo serio tendente a reducir estos delitos implicaría poner remedio a estas situaciones. El conocimiento de estas situaciones a través

de la investigación por encuestas amplía enormemente los horizontes para establecer una política racional.

Estas encuestas generan una base de datos utilizable no sólo como informe intermitente, sino como un recurso de utilidad continua, dada la cantidad de datos generados a los que se puede recurrir repetidamente, por ejemplo, cuando se produce un problema o incidente particular. También son importantes las posibilidades de una encuesta para medir los cambios cronológicamente, por ejemplo, la apreciación del impacto de las innovaciones políticas. Por último, los datos suponen una útil base adicional para las estadísticas demográficas generales, por ejemplo, para obtener tasas de empleo por grupos sociales o concentración de familias con un solo progenitor.

En resumen, las encuestas de segunda generación sobre el delito desarrolladas en el Centro de Criminología abarcan desde un enfoque exclusivo del delito y de la política hasta una serie de conductas antisociales y acosos y problemas de intervención y prestación de servicios de diversos organismos. Permiten enfocar geográfica y socialmente áreas locales y recoger la experiencia de grupos particulares dentro de la comunidad. Desde el punto de vista político, permiten la intervención social de la comunidad y son un medio para localizar los problemas sociales, una guía para la intervención política y una base de datos para comparaciones futuras.

Plan de muestreo, muestra e índice de respuesta

El plan de muestreo de las encuestas sobre victimización criminal se ha visto entorpecida por la existencia de dos unidades importantes de estudio que, en un ánimo perfeccionista, requerirían dos vías distintas de muestreo. La primera unidad, la familiar, es interesante, ya que los delitos particulares tienen como principal blanco el ámbito doméstico.

El robo con escalo es un buen ejemplo de ello. La segunda unidad, la individual, es el objetivo específico de delitos tales como la agresión física o el robo en la calle. Desde el punto de vista científico, es imposible

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elaborar una muestra que represente tanto a los individuos como a las familias, ya que éstas últimas están compuestas por diversos individuos.

Una solución tradicional a este compromiso, utilizada por nosotros en la segunda encuesta sobre el delito en Islington, es seleccionar una muestra al azar de familias y, de cada una de éstas, a un individuo que actúe de representante de la célula doméstica. Al evaluar los resultados de las encuestas sobre victimización criminal hay que tener en cuenta los dos efectos de esta solución de compromiso. El primer efecto es que, como el individuo con la información más puntual sobre la célula familiar normalmente no es el seleccionado, es probable que la encuesta recaiga sobre individuos con una menor información sobre su propia familia y otros miembros de la unidad familiar. Con ello se consigue una información más pobre sobre los delitos contra la propiedad doméstica. Las consecuencias de este efecto no son evaluables.

El segundo efecto de un plan de muestreo de compromiso lo provoca la necesidad de ponderar la muestra de individuos conforme a las tasas demográficas conocidas, que acarrean errores cuando, como en el caso de lslington, se trata de una población fluctuante en donde la información demográfica tiende a ser especialmente inexacta en lo que a grupos minoritarios se refiere. Hemos intentado reducir este efecto efectuando una inspección interna de la propia encuesta, aunque el problema no se puede erradicar totalmente.

Con estos criterios se seleccionó una muestra objeto de 2.160 unidades domésticas utilizando el archivo de direcciones de la oficina de Correos, considerado más apropiado que el registro del censo electoral, ya que se renueva cada tres meses y no adolece de problemas de sub representación de grupos minoritarios como ocurre con este último. La muestra objeto se seleccionó por muestreo en 48 puntos diferentes. Cada uno de estos puntos se hallaba dentro de un distrito de votación diferente, por lo que se consiguió la cobertura total del municipio.

En total, se cumplimentaron 1 .621 cuestionarios. Un subconjunto de 889 individuos debía contestar a una serie de cuestiones relativas a violaciones de la sanidad y seguridad y otros delitos comerciales, y un subconjunto de éstos, 454 individuos, cuestiones sobre el derecho del ciudadano a conocer los riesgos asociados a actividades industriales. A pesar de que para el informe de la segunda encuesta sobre el delito en lslington de marzo se utilizó la totalidad de la muestra, la base de este informe procede de estos subconjuntos.

Los 1 .621 cuestionarios de la muestra objeto representaron un índice de respuesta del 76,5 %. Sin embargo, sólo un 15 % aproximadamente de los seleccionados se negaron a completar el cuestionario y no se consiguió la dirección de un 10 % por diversos motivos, como, por ejemplo, dejar de ser el lugar de residencia. Un estudio sobre los que se negaron a completar el cuestionario demostró que entre éstos había una mayor probabilidad de que hubieran sido víctimas de delitos graves en un pasado reciente que entre los que completaron el cuestionario. Esta investigación se registró en la encuesta sobre delito en Gran Bretaña de 1988 (trabajo de investigación 111.1988 del Ministerio del Interior), pero hasta la fecha no se ha cuantificado exactamente.

Hay que destacar que las derivaciones generales de las encuestas sobre el delito, incluidas las provocadas por desviación del encuestador y por la reticencia por parte del encuestado, presentan tendencias acumulativas cuyo resultado son tasas más bajas de victimización. Aunque esto sea verdad en todo el espectro delictivo cubierto por las encuestas sobre el delito, es probable que la máxima subestimación se observe en las agresiones sexuales y en a violencia doméstica.

Diferencias entre la primera y la segunda encuesta en lslington

Entre la primera y la segunda encuesta sobre el delito en lslington se introdujeron algunos cambios metodológicos, aunque los más importantes son los relacionados con el diseño del cuestionario. Las cuestiones introducidas fueron las siguientes:

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• Miedo al delito. El cambio de estructura de esta sección tenía como fin ofrecer una visión más compleja de la aprensión al delito en lugares públicos por parte de los habitantes de lslington.

• Agresiones sexuales. Se introdujo una nueva sección sobre las experiencias de abusos sexuales e incesto, reflejo del interés público actual por este tipo de delitos.

• Salud y seguridad en el trabajo. Las encuestas sobre delitos han tendido, a pesar de la intención inicial de sus autores, a centrarse en los delitos más comunes y, en particular, en los que reflejan las estadísticas oficiales. Ello ha excluido hechos tales como violaciones de la salud y de la seguridad, a pesar de los daños que éstos pueden provocar a individuos y familias.

• Delito comercial. El marco legal que regula la calidad de bienes y servicios y su forma de comercialización es muy amplio. Las violaciones pueden costar caro a tos individuos: inconvenientes, despojo de lo indispensable para la vida y, en ocasiones, alteraciones graves de la salud. A pesar de que tos organismos de protección al consumidor desarrollan una función importante a la hora de combatir los delitos comerciales y las ilegalidades, sus recursos son limitados. Por ello investigamos la experiencia de los consumidores sobre precios abusivos, mercancías defectuosas y servicios deficientes e información engañosa. Más específicamente, examinamos hasta qué punto, en un momento de continuo boom de créditos y elevados tipos de interés, los individuos sufren diversos tipos de fraudes crediticios, incluida la usura.

• Problemas de vivienda. En vista de la escasez creciente de viviendas disponibles en Londres y del cambio de actitud de los ciudadanos respecto al mercado de la vivienda, tanto la particular como la oficial, deben incluirse los problemas de la vivienda en las actuales encuestas sobre delitos.

La ampliación de las encuestas sobre victimización a otros tipos de delitos e ilegalidades suscita la cuestión de su alcance y del modus operandi y la eficacia de organismos reguladores distintos a la

policía. Preguntamos a los encuestados su opinión sobre el derecho del ciudadano a conocerlos.

Delito administrativo o comercial

En EEUU, durante los años cuarenta, Edwin Sutherland informó públicamente de un nuevo e importante campo de estudio dentro de la criminología. Se trataba del área del delito administrativo, que él definió como delito «cometido por una persona respetable y de clase social alta en el ejercicio de su profesión». La intención de Sutherland era poner en tela de juicio a opinión de que el delincuente típico pertenece a la clase baja. Pero los poderosos hombres de negocios y profesionales también cometen delitos de forma rutinaria. Los actos delictivos no se limitan a los enjuiciados en los tribunales penales. Un delito existe siempre que «según la ley, un hecho se describa como socialmente perjudicial y legalmente punible» (Sutherland). Muchas leyes puestas en vigor por cuerpos administrativos a través de los tribunales penales o civiles regulan acciones que provocan daños a individuos específicos o que socavan a instituciones sociales y que también suponen la imposición rutinaria de sanciones punitivas.

Es más, no es verdad que tales actos sean meramente «infracciones técnicas y no impliquen culpabilidad moral». De hecho, «se alinean en un continuo en el que los mala in se están en un extremo y los mala prohibita en el otro». El contenido de las leyes y estas distinciones legales reflejan el efecto de las diferentes fuerzas sociales.

La ley, según Sutherland, no es en absoluto coherente con la diferencia entre delito y otras infracciones ni con lo que constituye un debido proceso legal o, en la práctica, incluso con a celebración o no celebración de este último. Los demandados de la clase dominante, ya sean triunfantes delincuentes profesionales o prósperos y respetables ciudadanos, son los que mayores oportunidades tienen de conseguir su derecho formal a un debido proceso legal. Sutherland demostró la naturaleza contingente de la distinción entre delitos criminales y otras infracciones a través de la genealogía de las leyes que regulan la publicidad engañosa, las infracciones de los copyrights, las

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relaciones laborales y antitrust. Más recientemente, Blum-West y Carter demostraron que muchas ilegalidades pueden ser enjuiciadas como delitos o como responsabilidad civil: «Los delitos contra la persona pueden ser tratados también como faltas con violencia y negligencia por la vía civil. Los delitos contra a propiedad, tanto el robo como la destrucción de la propiedad, pueden ser enjuiciados civilmente por culpa. La calumnia puede ser tanto una cuestión penal como civil, así como la defraudación y otros delitos con engaño. Incluso la malversación se trata en juicios civiles».

En Gran Bretaña, las agresiones contra la salud y la seguridad ya están tipificadas en el Código Penal y ésta es una de las áreas en la que, al igual que en EEUU, se comienzan a plantear asuntos tales como el homicidio empresarial. Es más, en Gran Bretaña se podría aplicar la misma lógica utilizada en la tipificación de las infracciones de tráfico en carretera a las agresiones contra la salud y la seguridad. En todas estas áreas, muchas agresiones se basan incidentalmente en la estricta responsabilidad. Lo mismo ocurre con las leyes penales y civiles en relación con los asuntos del consumidor. Todas o la mayoría de las infracciones debieran tratarse como delitos. Eso da a la clase dominante, sobre todo, argumentos para arguir que sus infracciones son meramente «infracciones de las normas administrativas», meramente mala in se. Sin embargo, los procedimientos administrativos específicos a los que están sujetas las infracciones tienen importantes efectos. En la legislación británica, las empresas son procesadas por vía penal por agresiones a la salud y a la seguridad; si son procesadas por violaciones específicas, la Corona ha de probar ambas, una mens rea y un actus reus, pero si son acusadas de no cumplir con sus obligaciones generales, la carga de la prueba recae sobre el demandado, que debe demostrar que ha cumplido la normativa pero sólo dentro de un balance de probabilidades. Las distinciones entre los diferentes tipos de infracciones tienen sus consecuencias. Ideológicamente, importa la definición de un acto como delito o como responsabilidad civil. En la práctica, lo que importa son las sanciones aplicadas.

Sutherland no ahondó lo suficiente en este tema. No sólo las acciones iniciadas de hecho, sino cualquier clase de transgresión demostrable debieran tratarse como delito. Frente a lo defendido por James Q. Wilson (1975) de que sólo los delitos «de la calle» y no las «infracciones administrativas» minan la comunidad, está claro que cualquiera de estas transgresiones, si son generalizadas, tendría estos efectos. Fijémonos en las «ilegalidades», es decir, infracciones de los derechos de otros o incumplimiento de las obligaciones propias. En el caso de la segunda encuesta sobre el delito en lslington, aunque esté claro que algunas de las ilegalidades estudiadas son definibles como delitos, ya que implican fraude y robo, otras, aunque menos evidentes, pueden encuadrarse en una más amplia definición de delito. Algunas infracciones están recogidas en la Health and Safety at Work Act 1974 y sus disposiciones, y otras, en leyes tales como la Housing Act 1961, Protection from Eviction Act 1977, Trade descriptions Act 1968, Consumer Credit Act 1974, Sale of Goods Act 1979, Supply of Goods and Services Act 1982 y en la legislación común.

El término «delito administrativo» es, en sí, algo teórico. Se refiere a acciones y situaciones bastante heterogéneas de las diferentes relaciones de poder entre delincuentes y sus víctimas (Sutherland, 1940). Las víctimas varían: trabajadores, consumidores, otros negocios, negocios propios, sus accionistas, etcétera. Las consecuencias del delito varían: pueden ser triviales o causar daños con resultados de muerte y lesiones. El modus operandi varía: los delitos pueden cometerse en solitario o en cooperación. Los objetivos varían: pueden ser primordialmente para beneficio personal o para el interés de una organización. Por tanto, llegados a un punto de la investigación, es necesario centrarse en asuntos específicos.

Aunque muchos autores han reconocido la sempiterna importancia del delito administrativo y empresarial y han analizado el impacto relativo del delito empresarial y del delito callejero sobre las vidas de la gente (Lea y Young, 1984; Matthews, 1987; Young, 1986; Pearce y Tombs, 1991), su enfoque es algo diferente al del delito comercial. Este se refiere a las violaciones de la ley «cometidas por una

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persona o grupo de personas dedicadas a una ocupación o actividad financiera legitimada y respetada en otras circunstancias» (Snider, 1 988). Engloba las ilegalidades de empresarios y comerciantes.

Una de las estrategias para valorar el delito comercial es utilizar las estadísticas oficiales. En el caso de agresiones contra la salud y la seguridad, por ejemplo, actualmente es posible en Gran Bretaña obtener información sobre una serie de procesamientos, hayan prosperado o no, y sobre las disposiciones de mejora y prohibición. No obstante, lo que normalmente sigue faltando es el registro del número de infracciones observadas, incluso en ausencia de procedimientos formales, de su distribución y de los intentos para confirmar su probable persistencia en la industria.

Una rara excepción es un antiguo trabajo de Carson, que descubrió que una de cada 200 empresas visitadas por él en el transcurso de su investigación violaba las leyes de sanidad y seguridad un promedio de 18 veces y un mínimo de dos (1970). También es interesante el cálculo de las más significativas cifras oscuras de estos delitos. Uno de los métodos, desarrollado por la Factory Inspectorate, consiste en investigar las circunstancias que rodean a muchos accidentes extrapolándolas después a todo el sector industrial. El resultado de sus informes durante varios años fue la confirmación, bastante categórica, de que el incumplimiento, de forma casi rutinaria, de las obligaciones legales de las empresas hacia los empleados convierte a aquéllas en responsables legales de más del 60 % de las muertes en la industria manufacturera, la industria química, la agricultura y la construcción (Pearce y Tombs, 1991). De modo más general, es, por tanto, útil y legítimo considerar las tasas de accidentes y, particularmente, las de mortalidad como índices o medidas no coactivas del grado de cumplimiento e incumplimiento de la ley.

En esta encuesta, preguntamos a los individuos sobre accidentes (no mortales) en el trabajo y también si se tomaron las medidas subsiguientes para su remedio. También planteamos cuestiones más generales sobre medidas de seguridad en los lugares de trabajo. Quizá sea oportuno

recalcar aquí la existencia de otras medidas no coactivas utilizables para evaluar la victimización. En el caso de la contaminación, por ejemplo, muchas veces es posible y no necesariamente muy costoso controlar independientemente los vertidos tóxicos. También se pueden utilizar los registros públicos y la información epidemiológica para evaluar los efectos de la exposición a sustancias tóxicas, ya sean legales o no.

En los temas relacionados con el consumo encontramos una situación bastante similar. Para ejercer su función fiscalizadora, los funcionarios del Departamento de Protección al Consumidor utilizan listados de ordenador de todas las actuaciones tipificadas como prácticas comerciales ilegales. Ello constituye, por ende, una fuente potencial de información sobre procesamientos y condenas judiciales. Los organismos no contemplan una serie importante de ilegalidades. Mientras que Cranston (1979) descubrió que la mayoría de los procesamientos llevados adelante por los organismos del consumidor son el resultado de denuncias, el personal de estos organismos sigue buscando con ahínco a los infractores e intenta, a través de la vigilancia pública de tiendas y otros negocios, detener a otros infractores potenciales (Hutter, 1986). Eso sucede, sobre todo, en actividades relacionadas con la salud ambiental y con la exactitud de pesas y medidas. Estas inspecciones ponen al descubierto muchas situaciones peligrosas y procesables legalmente, como por ejemplo la deficiente higiene de muchos restaurantes, de la que es bastante improbable que el consumidor tenga conocimiento (McLaughlin, 1989). Sin embargo, hay tres factores importantes que limitan su efectividad: el primero, como en muchos servicios de inspección, la escasez de personal; el segundo, la tendencia a trabajar por mero cumplimiento (Hutter, 1988), y el tercero, el marco legal en el que se trabaja, que, por un lado, otorga a los inspectores considerables atribuciones pero, por el otro, no les concede los medios suficientes (Cranston, 1984).

Además de las actividades de estos organismos legalmente ejecutivos, las organizaciones de consumidores y automovilísticas, así como la prensa, han ejercido una función clave en el

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descubrimiento de diversos fraudes al consumidor, por ejemplo el trabajo incompetente de muchos garajes (Leonard y Weber, 1970). Estas revelaciones no deberían depender de la acción individual de los consumidores, aunque es cierto que éstos presentan muchas denuncias en relación con las reparaciones de coches (Cranston, 1984). Para obtener una visión más completa, estas técnicas investigativas necesitan complementarse con encuestas sobre victimización. La segunda encuesta sobre el delito en lslington demostró, por ejemplo, que, probablemente a causa de sus experiencias con garajes, los propietarios de vehículos a motor se consideran significativamente más insatisfechos que otras personas del sector de bienes y servicios (29 % de propietarios frente al 22 % de no propietarios). Como ya veremos, hay un elevado número de infracciones que jamás llegan a oídos de las organizaciones de consumidores. Es importante, pues, ampliar los estudios sobre victimización para incluir los delitos de empresarios y comerciantes. De ahí la encuesta que presentamos.

Segunda encuesta sobre el delito en Islington y delito comercial

En la segunda encuesta sobre el delito en lslington en 1988, se formularon a un subconjunto de 889 individuos cuestiones relativas al delito comercial, y a un subconjunto de éstos, en total 454 individuos, se les pidió su opinión sobre el derecho del ciudadano a conocer las diversas actividades que implican un riesgo para su salud y seguridad. Los porcentajes se redondearon. Planteamos cuestiones relativas a la seguridad en el trabajo, prácticas comerciales ilegales y victimización de los inquilinos. La totalidad de casos registrados tuvo lugar el año anterior a la encuesta.

En Gran Bretaña, cada año los accidentes de trabajo provocan unas 600 muertes y unas 1.200 lesiones graves. En el período 1987-1 988, la tasa de accidentes no mortales fue algo superior a 90/100.000 trabajadores. Es más, después de un largo período decreciente en el número de accidentados por trabajo en Gran Bretaña, se ha producido en los años ochenta un fuerte aumento de las lesiones principales en sectores industriales determinados. Unas 750 personas mueren cada año por

enfermedades profesionales, a pesar de que la estimación de una comisión real dice que las enfermedades profesionales diagnosticadas suponen un 20 % de las enfermedades profesionales reales (Royal Commission on Civil Liability, 1978). Los sindicatos han calculado que cada año mueren 20.000 personas en parte como consecuencia de una salud mermada por el trabajo (Work Hazards Group, 1987). Los patronos tienen, en general, la obligación legal de tomar todas las medidas racionales aplicables para garantizar la seguridad de sus empleados, además de otras obligaciones específicas. Nuestro interés se centró en descubrir el grado de peligrosidad de los lugares de trabajo de nuestros encuestados y el grado de compromiso de sus patronos con la seguridad laboral. El 58 % de los encuestados tuvo un empleo temporal remunerado durante los doce meses anteriores. De los individuos con trabajo, el 5 % sufrió algún accidente laboral. Como mínimo 13 de los 25 accidentes estaban tipificados en el 1985 Reporting of Injuries, Diseases and Dangerous Occurrences Regulations (RIDDOR), lo que supone un índice de accidentes por 100.000 trabajadores de casi 30 veces el promedio nacional.

Es posible que esta elevada tasa de accidentes se deba al gran número de encuestados que trabajaba en la industria de la confección o de la construcción: en aquel momento no existía escasez de trabajo en la zona de lslington. Es sabido que tanto las pequeñas firmas textiles como las pequeñas empresas constructoras se caracterizan por sus deficientes medidas de seguridad y, sobre todo en el caso de las últimas, por su elevada tasa de accidentes. Por ello, en un reciente estudio sobre las firmas textiles pequeñas, la Factory lnspectorate forzó al cumplimiento de las normativas en un 7 % de visitas (el promedio es de 0,03 % de visitas) y siguió la vía judicial en un 0,7 % de la visitas (frente a una media del 0,005 % de visitas). Un total de 191 de 300 instalaciones inspeccionadas no estaban ni siquiera registradas (Health and Safety at Work, abril de 1985). Cuando en el verano de 1987, la inspección se centró en unos 4.500 contratistas del sector de la construcción, hubo 868 notificaciones de prohibición, cuyo resultado fue la interrupción de los trabajos en

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aproximadamente una de cada cinco obras visitadas (Occupational Safety Health, diciembre de 1987). En una encuesta de 1987 sobre las condiciones laborales en lslington, se observó que de la población con trabajo a tiempo completo o parcial dentro del municipio un promedio del 18 % (que osciló entre el 7 % y el 28 %) perdió el trabajo o se encontraba en deficientes condiciones laborales. La definición dada a este ambiente laboral incluía tres o más de los siguientes factores: polvo, aire contaminado, humedad, ruidos, vibraciones, cargas pesadas, temperatura

elevada, baja temperatura, mala ventilación y máquinas no protegidas. Por ello quizá no sorprenda que la vulnerabilidad de los accidentados laboralmente tuera superior en las firmas pequeñas (7,5 % en comparación con el 4,1 %), en la clase trabajadora en comparación con la clase media (6,3 % frente a 2,2 %) y en los hombres en comparación con las mujeres (7,0 % frente a 1,8 %). La tabla siguiente resume las lesiones por accidentes laborales en empresas de más de cuatro trabajadores a tiempo completo.

En la mayoría de accidentes, un 56 %, los encuestados creyeron que sus patronos no aplicaron las medidas adecuadas para evitar su repetición. Su opinión era que en el 34 % de los lugares en los que habían trabajado no existía ningún trabajador encargado o delegado de la seguridad y en el 49 %, ningún comité de seguridad, Para aplicar un plan de seguridad, la ley exige que los establecimientos tengan cinco o más empleados. Se trata de una norma vinculante, pero no limitada al despliegue de información sobre seguridad.

Sin embargo, cerca del 14 % de estos lugares de trabajo carecía de todo tipo de información sobre seguridad. Estas cifras indican que una minoría importante de patronos ni siquiera está teóricamente

interesada por la seguridad. Por otra parte, observamos que cuanto más en serio se toma la seguridad en el lugar de trabajo, menos probabilidad de accidentes existe. Los lugares de trabajo que tienen delegados para temas de seguridad, comités de seguridad o que realizan información sobre seguridad tienen una probabilidad significativamente menor de accidentes que los que no muestran interés. No deja de ser importante el hecho de que el 79 % de la muestra concuerde claramente con la opinión de la población que define el derecho a un conocimiento completo sobre las violaciones de la salud y de la seguridad por parte de las compañías. La tabla que sigue recoge las lesiones por accidentes laborales en relación con la existencia e inexistencia de delegados de seguridad en las empresas.

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Los dos cuadros que ofrecemos a continuación reflejan los accidentes laborales, en relación con la existencia o inexistencia de comités de seguridad en las

empresas, el primero, y en relación con las disponibilidades o no de información, el segundo. En ambos casos se trata de empresas de más de cuatro empleados a tiempo completo.

La victimización de los consumidores

Para tener una perspectiva del delito comercial, hay que analizar las cifras sobre victimización, obtenidas a través de la encuesta, de ciertos delitos comunes. El 6 % de los encuestados denunció allanamiento o robo con escalo en sus casas; el 4 % denunció el robo de su vehículo (desde coche hasta bicicleta); el 6 % denunció robo de objetos en su vehículo; el 9 % sufrió daños deliberados en su vehículo; el 6 % fue objeto de robo o intento de robo por una persona; el 7 % sufrió agresiones, y el 3 % fue objeto de agresiones sexuales. Analicemos ahora las experiencias de los encuestados en su calidad de consumidores.

El Consumer Credit Act (1974) fue aprobada, en parte, por el hecho de que los consumidores a menudo se ven obligados a realizar transacciones a crédito a causa de la presión de las ventas, sin ser capaces de responsabilizarse de la devolución de los pagos (Cranston, 1985). Recientemente y de forma paralela a la continua incitación al consumo, se ha producido una explosión de los créditos. Algunos individuos se creen merecedores de crédito y, de hecho, son

capaces de pagar sus deudas. Otros jamás se consideraron merecedores de crédito o, si así fue, rápidamente se ven sobrepasados por las deudas. Este tipo de individuo se encuentra sin duda entre los encuestados: el 3 % tomó dinero prestado o convino un crédito con un prestamista no perteneciente a una sociedad de créditos hipotecarios, banco o compañía de tarjetas de crédito. La ley se violó once veces de formas distintas por transacciones de estos 22 individuos. Eso confirma la sospecha de la Oficina de Protección al Consumidor de que estos convenios de créditos son una extorsión rutinaria.

Centrémonos ahora en otro tipo de agresiones al consumidor. El 9 % de los encuestados opinaba que había recibido información engañosa sobre bienes o servicios. A resultas de ello, el 45 % presentó sus reclamaciones y el 49 % recibió algún tipo de compensación. El 19 % de los encuestados informaba haber sido engañado deliberadamente en el precio de bienes o servicios. El 68 % presentó reclamación y el 67 % obtuvo algún tipo de compensación. El 25 % informaba haber pagado bienes o trabajos que resultaron inferiores a lo estipulado. El 74 % presentó

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reclamación y el 72 % recibió algún tipo de compensación. Al analizar estas cifras, se da por sentado que todos los incidentes descritos implicaban delito, infracción legal o acciones procesables. En los EEUU, un estudio de los años sesenta informó de un índice de victimización de 121 por 10.000 personas por fraude al consumidor (Geis, 1982) y, a pesar de que muchos de los casos presentados aquí podrían no ser considerados como fraude al consumidor si nos afrentamos a su definición estricta, parece poco probable que sólo uno entre 50 satisfaga estos criterios. Por ello, nuestro índice de victimización es claramente superior.

Nuestras cifras concuerdan más, aunque utilicen definiciones más legalistas y períodos de tiempo más cortos, con la investigación de Maguire y Edelhertz sobre abusos al consumidor en las personas mayores. De modo más específico, se observó un abuso muy extendido al consumidor en encuestas por teléfono en 1977 y 1978. En los años precedentes, se registró un 35 % de víctimas entre los encuestados en Flint Michigan y un 55 % en Seattle Washington. A pesar de que los modelos de victimización parecen no estar relacionados con la edad, en las personas mayores (de 55 años en adelante) la probabilidad de denuncias a las organizaciones de consumidores es significativamente menor que en otros grupos de edad. Nuestros resultados difieren en cierto modo. En primer lugar, al parecer nadie de los encuestados presentó denuncia a las organizaciones de consumidores. En segundo lugar, en los tres sectores principales de abuso al consumidor examinado por la encuesta, las personas mayores presentaban claramente los índices más bajos de victimización. Los porcentajes de personas victimizadas de 55 años en adelante fueron, respectivamente: inferior al 6,2 % (en comparación con el 14,5 % en el grupo de 16-24 años de edad) en los casos de información engañosa; inferior al 17,5 % (en comparación con el 34 % en el grupo de 35-44 años de edad) en los casos de mercancías y servicios de mala calidad; inferior al 22 % (en comparación con el 49 % en el grupo de 25-34 años, nuevamente) en casos de deliberado abuso de precios y 26 % en uno o más de los tres casos (en comparación con el 49 % en el grupo de 35-44 años). Sí, como apunta Edelhertz (1970), la pobreza

es el mayor profiláctico contra el fraude al consumidor, entonces es probable que ésta sea la causa, más que las capacidades y recursos superiores, que explique estos índices de victimización relativamente bajos. Aunque eso es generalmente cierto en el caso del delito callejero (sólo un 7 % de la gente mayor encuestada había sido víctima de este tipo de delitos, de los cuales el 50 % había sido víctima de robo de objetos personales).

Victimización de los inquilinos

Nuestros datos sobre la experiencia de las personas que viven en régimen de alquiler concuerdan más con el enfoque de Maguire y Edelhertz sobre el abuso generalizado que sufre la gente. A pesar de que en Inglaterra sólo el 40 % de la gente vive en régimen de alquiler, el 66 % de los encuestados informó de abusos (en algunos casos en los últimos doce meses). Descubrimos acciones delictivas en los arrendadores —acosos, desahucio ilegal, depósitos retenidos ilegalmente— aunque, en conjunto, sólo afectaran al 3 % aproximadamente de los inquilinos.

La queja principal y masiva fue la no aceptación por parte de los arrendadores de asumir las reparaciones más importantes. A pesar de que esto no siempre constituyó acción punible, en cierto modo supuso trabas innecesarias en la vida de muchos habitantes de lslington. El 72 % de los inquilinos estaban o habían estado en viviendas oficiales de alquiler y el 25 % se quejaba de que la autoridad local no había asumido las reparaciones esenciales; el 19 % pagaba alquiler a arrendatarios particulares y el 22 % estaba igualmente insatisfecho; el 13 % pertenecía a cooperativas de viviendas y el 21 % presentó las mismas quejas. (Las cifras de los alquileres superan el 100 % debido a que los inquilinos han podido estar en más de un tipo de vivienda en los doce meses precedentes.)

En los tres casos, la ineficacia de las autoridades tiene parte de culpa, pero también la escasez de viviendas. En el caso del Consejo de lslington fue consecuencia directa de la política del Gobierno central. Tres años antes, en 1985, el resultado de la política de restricciones de gastos públicos fue que el 84 % de las viviendas oficiales, sólo en

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Inglaterra, necesitaban reparaciones de un promedio de 4.900 libras cada una (Hudson & Williams, 1989). No hay motivos para pensar en una mejora en los tres años siguientes. Situando las cosas en un contexto, por tanto, el Consejo de lslington fue bastante eficiente en la reparación de sus viviendas. En el caso de las cooperativas y, sin duda alguna, de algunos arrendadores, esta deficiencia tenía, en parte, relación con el elevado precio de compra de las viviendas en Londres. También, sin duda, algunos arrendatarios simplemente obtenían

beneficios muy elevados recortando los gastos de mantenimiento. A pesar de ello, todos los casos ponen claramente en evidencia los fallos de la política de vivienda y la victimización de muchos individuos y familias. El tema de las responsabilidades es complejo, si bien la política del Gobierno central juega un papel esencial.

La tabla siguiente indica los índices de omisión de las reparaciones esenciales según la modalidad de alquiler de las viviendas.

Es digno de mención el hecho de que en todas las agresiones al consumidor analizadas sólo cinco personas consultaron al servicio de protección al consumidor; dos, a una asesoría jurídica o a un abogado; uno, a la policía, y ninguno a una oficina de asesoramiento al ciudadano. Esto abre un gran interrogante sobre el funcionamiento de la ley. ¿Significa que las relaciones comerciales se autorregulan? Y si es así, ¿se basan en la buena voluntad? Parece improbable, sobre todo en una sociedad imbuida de la máxima «por cuenta y riesgo del comprador». Sin embargo, un ilustrado egoísmo puede muy bien ser la causa de la reacción, generalmente acomodaticia, frente a las reclamaciones. Después de todo, es más probable que una persona descontenta persista en sus costumbres si sus quejas se tratan con consideración. Algunos negocios basan en parte su reputación sobre el servicio al cliente. Además, algunos minoristas y fabricantes aprovechan las reclamaciones de la clientela para vigilar el control de calidad y para confirmar la idoneidad del diseño (Cranston, 1985). No obstante, y esto es muy importante, la mayoría de las transacciones tuvieron lugar en anónimos mercados de una gran ciudad. La

interdependencia entre proveedores y consumidores es relativamente pequeña.

De hecho, es bastante más probable que una reacción tenga carácter conciliador si la reclamación del cliente está respaldada por potenciales sanciones legales y diferentes organizaciones a las que recurrir en caso de litigio. Eso es bastante eficaz cuando se conocen otros negocios sujetos a restricciones similares (Pearce, 1990). Ross Cranston ha argumentado de forma detallada y persuasiva que cuanto más impulso dé la legislación a los intereses de los consumidores —a través de la imposición de restricciones a los proveedores de bienes y servicios y de la concesión de derechos al consumidor— mejor servicio recibirán. Después de todo, la ley ejerce diferentes funciones: puede sancionar, autorizar y constituir (Pearce, 1969). Por supuesto que ello no significa que el marco legal, la forma de tomar las decisiones legales, las multas impuestas por incumplimiento, los medios de que disponen las organizaciones de protección al consumidor o su modus operandi, sean consideradas, en general, como óptimos por el consumidor (Cranston, 1979).

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Delitos y otros problemas sociales

Cualquier estudio sobre el delito ha de situarlo dentro del contexto de los problemas de vecindad observados. Estamos especialmente interesados en identificar los cambios de percepción pública posteriores a la primera encuesta sobre el delito en lslington, ya que la escalada relativa de la delincuencia como problema grave arrojaría algo de luz sobre la eficacia de la lucha contra el delito en los próximos cuatro años.

Aparte de esto, decidimos introducir dos innovaciones: una, ampliar la lista para abarcar todos los posibles problemas y, dos, formular a los encuestados otra pregunta, en la que debían ordenar lo que ellos consideraban los tres problemas más graves y los dos menos graves de su área. La razón subyacente de ello era que, a pesar de que tanto el homicidio como el dolor de muelas, por poner un ejemplo, son considerados como problemas, mucha gente consideraría el primero más grave que el segundo.

También estábamos interesados en precisar los intereses de los diversos sectores de la población. Si, por ejemplo, un determinado porcentaje de los encuestados consideraba que la deficiente iluminación de las calles era un problema importante en esta zona, había que establecer las diferencias de percepción de ese problema por edades, sexos y otras características personales. Teniendo en cuenta el actual debate sobre el miedo a la delincuencia, todo énfasis superior por parte de un sector particular de la población implica algo más que una connotación política pasajera. Si, como algunos defienden, el problema reside en el miedo a la delincuencia entre personas mayores y mujeres generado, en parte, por los medios de comunicación, y el verdadero delito nace entre los hombres jóvenes que se provocan mutuamente, entonces cabría esperar que quedara reflejado en las percepciones de los diferentes grupos de entrevistados.

La encuesta ofreció, comparada con la anterior, los siguientes resultados:

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A grandes rasgos, lo que más sorprende de los cambios de puntos de vista de la gente después de la primera encuesta es una mayor sensibilización hacia el delito como problema; el interés predominante por temas ambientales, como calles sucias, vandalismo y contaminación del aire, y la disminución relativa de la sensibilización hacia el desempleo como problema de primer orden. Sin embargo, si nos fijamos en lo que la gente menciona como

problemas más graves, el cuadro cambia en cierto modo. Todos ellos reciben una evaluación muy alta, con el desempleo en primer lugar. La contaminación del aire se sale de los esquemas, probablemente debido a que es algo que no se experimenta de modo consciente y es difícil de concretar. Hay acuerdo sobre lo que constituyen los problemas sociales más graves, aunque existen diferencias básicas entre personas de diferente edad, sexo y raza.

También hay cierto acuerdo sobre los problemas menos graves, aunque, nuevamente, existen diferencias de énfasis entre los diferentes grupos.

La delincuencia es valorada por la mayoría de la gente como un problema importante en su zona y citado con mayor frecuencia que los demás. Sin embargo, sorprendentemente, sólo algo más de la mitad piensa que exista mayor número de delitos en su zona que en el resto del país. Hay una diferencia pequeña entre hombres y mujeres, pero las personas mayores de 45 años y las de raza negra tienden a pensar que se cometen menos delitos en su zona que en cualquier otra. Los menores de 45 años tienden a evaluar la delincuencia con más realismo, como un problema localmente más importante que en muchas otras zonas de Gran Bretaña.

Se ha producido una recesión tanto en el número de personas que piensan que la delincuencia es mayor como en el de los que consideran que es menor. La cifra más alarmante es la de aquellas personas que piensan que la gente tiene más miedo a salir solo de noche. Refleja la sensibilización hacia la degradación de la

calidad de vida en los últimos cuatro años. Esta percepción es de 3/2, sobre todo entre los menores de 45 años.

Tras la primera encuesta se argumentó que la sensibilización de la gente hacia la delincuencia se basaba en una realidad subyacente y que cuanto más nos internamos en el corazón de la ciudad, menor es el abismo entre percepción y realidad. La evidencia apoya este argumento, aunque cabe hacer unas cuantas advertencias. En primer lugar, el término delincuencia en sí es algo redundante, ya que la gente distingue claramente, tanto en sentido moral como de prioridades, entre las distintas agresiones criminales.

En segundo lugar, la gente está más interesada en ofensas mucho menores como vandalismo y robo con escalo que en los delitos espectaculares como el robo a mano armada. Este tipo de victimización es la que más interesa al público por haberla experimentado en carne propia de una u otra manera, pero es probable que la sensibilización de la gente hacia este tema esté más de acuerdo con la realidad subyacente.

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En tercer lugar, temas como la suciedad en las calles y la contaminación del aire tienen casi tanta importancia para la gente como los robos con escalo o el vandalismo, y constituyen la otra cara de lo que la gente ve como degradación de la calidad de vida. La gente se ve a sí misma rodeada de depauperación: excrementos de perros en las calles, agua contaminada, propiedades vandalizadas, agresiones verbales, mendigos y robos en las casas. Todo ello se percibe como paradigma del desorden, signo de desintegración social y de una terrible degradación de la calidad de vida.

La delincuencia como problema público se está saliendo de sus parámetros tradicionales y convergiendo tanto pública como conceptualmente con los temas ecológicos. En este sentido, el delito es actualmente un asunto ecológico.

La tabla siguiente muestra los cambios en el grado de sensibilización de los ciudadanos ante distintos tipos de delitos experimentados en los tres años transcurridos entre la primera y la segunda encuesta. Los datos ofrecidos por la primera encuesta van entre paréntesis:

El desempleo

El desempleo es uno de los problemas más graves, aunque menos que en la encuesta anterior. Lo es para el 42 % de los hombres (el 59 % de los de raza blanca y el 38 % de los de raza negra) y para el 37 % de las mujeres. Ello concuerda con la disminución general de la tasa de desempleo y puede que continúe en las zonas urbanas interiores del Sudeste si continúan los cambios actuales de desarrollo económico,

empleo, estructura y demografía social. Sin embargo, algunos lo siguen considerando un grave problema. Y, desde luego, como muestran las cifras siguientes, sigue constituyendo un problema para los hombres jóvenes, en particular, y para las personas de raza negra, en general.

Únicamente el 48 % de los encuestados tienen empleo a tiempo completo. Muchos tienen trabajos a tiempo parcial, formación a tiempo completo o perciben pensiones, subsidio de desempleo o ayudas sociales.

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Es bastante probable que todos ellos, a excepción de los empleados a tiempo completo, e incluso algunos de éstos, vivan en condiciones de pobreza. Además, especulando un poco, podemos calcular la tasa de desempleo considerando como trabajadores potenciales a aquellos que perciben ayuda social o subsidio de desempleo o entran dentro de planes de formación gubernamentales. Después de todo, estos últimos tienen una forma de desempleo encubierto. Eso significa excluir a todos aquellos que declararon tener trabajos a tiempo completo o a tiempo parcial (a pesar de que desearían un trabajo a tiempo completo), educación a tiempo completo o una pensión.

Es cierto que algunos no están capacitados para trabajar debido a que están enfermos, pero algunos recibirán pensión por incapacidad. Además, los jóvenes de 16 a 18 años de edad ya no son candidatos a algún tipo de beneficio. Algunas personas, sobre todo mujeres, que es probable que tengan más responsabilidad que los hombres en este sentido, pueden estar dedicadas al cuidado de niños. Así pues, consideramos las cifras de los hombres más idóneas para los cálculos. Por tanto,

las cifras de los hombres jóvenes menores de 35 años son bastante sorprendentes.

Temas ambientales

Los temas ambientales tienen cada vez mayor interés. El vandalismo, la contaminación del aire y la suciedad en las calles son valorados por mucha gente no sólo como problema, sino que casi un tercio piensa que el vandalismo y las calles sucias son un problema grave. Los políticos de todos los partidos nacionales se han percatado ya de ello y es probable que el interés público siga en aumento. La suciedad en las calles, sobre todo, supondrá para muchas autoridades locales enfrentarse al problema de despertar una atención pública creciente en un período de recursos decrecientes. Las calles sucias son consideradas por todos los grupos de edad un problema importante, pero son tomadas más en serio por las personas mayores: el 17 % de los jóvenes de 16 a 25 años, el 29 % de las personas de 25 a 45 años y el 37 % de los mayores de 45 años.

Existen muy pocas diferencias en cuanto a sexo y raza. La contaminación del aire es considerada por tres de cada cinco personas como un problema importante,

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pero no como un problema grave. Una pequeña minoría piensa que es uno de los problemas menos graves.

El vandalismo es considerado un grave problema mencionado espontáneamente en tercer lugar después de la delincuencia y el desempleo. Es un fenómeno que parece diferir según las edades y que irrita a las personas conforme van envejeciendo, independientemente de su sexo y de su raza. Es un área clave para combatir el ciclo vicioso de que muchos dolores pequeños acaban produciendo un dolor grave.

La deficiencia de viviendas es endémica en todas las zonas urbanas interiores y no es sorprendente que aparezca constantemente como un problema social importante en las encuestas sociales. Tampoco sorprende que sea mencionado como problema grave por el 40 % de los jóvenes de 16 a 25 años de edad, frente al 26 % de los mayores de 45 años. En general, refleja el aumento de precios de la vivienda y el agotamiento de la reserva de viviendas del Consejo. Además, como ya hemos observado, el problema es muy grave para el 66 % de los encuestados que viven en viviendas de alquiler, ya que el 24 % de éstos se queja de que los arrendatarios no efectúan las reparaciones esenciales.

Puesto que los recursos policiales son limitados, hay que dar prioridad a los delitos que exigen mayor atención. Por ello se solicitó a los encuestados que seleccionasen los 23 delitos a los que consideraban que la policía debía dedicar más tiempo. El resultado fue el siguiente: agresiones sexuales a mujeres; robo

callejero con violencia; robo doméstico con escalo; abuso a niños; venta de heroína y otras drogas duras; conducción en estado de embriaguez; vandalismo; ataques raciales; peleas y alteración del orden en la calle; consumo de heroína y otras drogas duras; agresiones físicas por parte de los funcionarios de policía; venta de alcohol a menores de 18 años; robo en tiendas; fraude de comerciantes o tenderos; fraude empresarial; carterismo; disputas domésticas violentas; ratería en tiendas; venta de cannabis; acoso de lesbianas y gays; consumo de cannabis, y prostitución.

Lo más importante de esta relación es que las seis primeras prioridades públicas no han cambiado con el tiempo. Además, estas prioridades son idénticas a las de otras encuestas. Por tanto, hay datos claros respecto en qué deberían concentrarse los esfuerzos policiales. Los seis primeros delitos incluyen una mezcla de agresiones: violencia, propiedad y drogas, no una simple priorización de agresiones violentas contra la propiedad, como se supone con frecuencia. El robo doméstico con escalo es considerado, como siempre, como una prioridad de primer orden, mucho más que el robo en locales comerciales. Una vez más, se incluyen los ataques raciales y la conducción en estado de embriaguez entre los seis primeros: un hecho que contradice las frecuentes críticas de las actitudes públicas en estas zonas. Y, naturalmente, al final de todo, la actuación policial contra el consumo y venta de cannabis no se considera prioritaria, aparte de que se distingue claramente entre drogas duras y blandas. La tabla siguiente establece el porcentaje de personas que exigen mayor atención policial a ciertos delitos.

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Existen algunas diferencias significativas de prioridades entre hombres y mujeres. Las mujeres desean una mayor intervención policial en las disputas domésticas violentas, el abuso a niños y el carterismo. Dan mayor importancia al consumo de alcohol y cannabis que los hombres. Sin embargo, en lo que respecta

a las agresiones sexuales a mujeres y al robo callejero, confiesan sorprendentemente una actitud similar.

La tabla que sigue fija los porcentajes comparados de hombres y mujeres que exigen una mayor atención policial a determinados delitos.

El delito como problema social

¿Qué significan estos datos? En primer lugar, lo que más llama la atención de la encuesta es el amplio espectro de delitos experimentados por los que viven en esta zona y la claridad con que identifican exactamente muchos de los problemas a los que se enfrentan. Se precisan con exactitud la delincuencia callejera, el acoso sexual, la deficiencia de viviendas, el desempleo, la degradación ambiental, etcétera.

Sin embargo, hay que puntualizar. En primer término, por qué en el caso de la

delincuencia los encuestados parecen referirse exclusivamente a diversas formas de robo y a diferentes tipos de violencia personal. Piensan que la policía debería dedicar más tiempo a resolver estas agresiones pero no dan prioridad al delito administrativo. Sin embargo, la encuesta formulaba preguntas sobre cuál debe ser la actuación de la policía en casos de delitos administrativos como el fraude y la malversación empresarial (puesto 13) y el fraude de comerciantes y tenderos (puesto 16). La falta de interés por estos últimos puede estar relacionada en muchos casos

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con la posibilidad de conseguir algún tipo de recompensa y con la escasa publicidad que se da a estas agresiones.

La encuesta no formulaba preguntas sobre los culpables de los diferentes tipos de violaciones de la seguridad que producen catástrofes. Después de las catástrofes de Zeebrugge y el incendio de Kings Cross, los resultados, caso de haberse recogido, debieron variar bastante. En otra parte de la encuesta, el 88 % de los entrevistados eran de la opinión de que el público tenía derecho a conocer los resultados de las investigaciones públicas referentes a catástrofes colectivas y se citaba el caso de King Cross como ejemplo. Ello muestra que hay mayor conciencia pública sobre lo que

significa el riesgo para uno mismo y para los demás.

La tabla siguiente resume las respuestas de los encuestados respecto al derecho de los ciudadanos a conocer las investigaciones sobre hechos de especial repercusión pública.

La victimización criminal

Para obtener un cuadro más completo del delito en la zona, hay que calcular el número de individuos que han sufrido victimización durante el año precedente, incluyendo los delitos comerciales. La tabla superior de la página siguiente presenta esta información de forma resumida.

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El análisis detallado de los datos demuestra que los ciudadanos de lslington sufren victimización criminal en un grado considerable. El 29 % de los encuestados han sido víctimas de alguna de las siete agresiones delictivas comunes

mencionadas con anterioridad y el 27 % de este grupo (8 % de la muestra global) experimentó una victimización múltiple. El 3 % había sufrido agresiones sexuales. La tabla siguiente establece la victimización múltiple en cuanto a los delitos callejeros.

A pesar de que la tasa de victimización es similar, las mujeres presentan dos diferencias sorprendentes respecto a los hombres. La primera, que virtualmente todos los casos de agresiones sexuales afectaron a mujeres (el 6 % de las mujeres en comparación con menos del 1 % de hombres). Y la segunda, que mientras el 21 % de los hombres sufrió una victimización múltiple (5 % de toda la muestra), en el caso de las mujeres fue del 32 % (9 % de toda la muestra).

El 39 % de la muestra total fue víctima de precios abusivos, deficiencia y/o sustitución de bienes y servicios, de los cuales el 28 % sufrió victimización múltiple (11 % de la muestra total). En su encuesta, Maguire y Edelhertz encontraron que en Elm Michigan el 35 % de los encuestados había sido victimizado (8 % de forma múltiple) y en Seattle Washington el 55 % había sido victimizado una vez por lo menos (21 % de víctimas múltiples). Esto sucedió en los dos años precedentes.

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La tabla recoge la victimización múltiple, en cuanto a delitos cometidos en la calle, según el sexo del encuestado.

La victimización de los individuos como consumidores, inquilinos y trabajadores va, por tanto, más allá de lo que se entiende por delitos callejeros. Sin embargo, cuando los ciudadanos sufren esta victimización son capaces muchas veces, aunque no siempre, de obtener cierto resarcimiento.

Si examinamos el modelo general de victimización de todas estas agresiones, las

cifras son aún más impresionantes. Un total de 54 individuos fueron criminalmente victimizados de una u otra manera, y de ellos el 42 % (22 % de la muestra total) fue víctima múltiple.

La victimización múltiple por delitos comerciales fue la siguiente:

Las tablas que desarrollamos en esta página y en la página siguiente recogen la victimización múltiple, en cuanto a delitos

cometidos en la calle y en cuanto a delitos comerciales, según la raza, los ingresos familiares y de la clase social de las víctimas.

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