couso aplicación de ley penal más favorable en lrpa

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  • 8/9/2019 COUSO Aplicacin de ley penal ms favorable en LRPA

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    INFORME EN DERECHOAPLICACIN DE LEY PENAL MS FAVORABLE EN LA LEY DE

    RESPONSABILIDAD PENAL DE ADOLESCENTES

    Jaime Couso, Doctor en Derecho

    Profesor de Derecho Penal, UDP

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    Objetivo general:Emitir un informe que contenga una opinin jurdica fundada, acerca de las consecuencias

    del principio de retroactividad de la ley penal ms favorable, establecido por laConstitucin Poltica de la Repblica (CPR) y el Cdigo Penal (CP), respecto de las

    personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios de adultos, que hayan sido

    condenadas o se encuentren imputadas o procesadas por delitos cometidos siendo menoresde edad, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley N 20.084.

    Objetivos especficos:El Informe, junto con ofrecer una breve descripcin de los problemas jurdicos y prcticos

    involucrados en la cuestin, deber responder, en particular, a lo menos las siguientes

    preguntas:

    1. Qu aspectos de la situacin penal, procesal penal y de ejecucin penal delafectado son susceptibles de modificarse a partir del principio de la retroactividad

    de la ley penal ms favorable?

    2. Cules son los principales criterios para identificar la ley ms favorable y qu roldesempea en ello la opinin o voluntad del afectado?, debe ser distinto ese rol

    cuando ste es menor de edad?3. Qu implicancias tiene el principio de la retroactividad de la ley penal ms

    favorable en relacin con el lugar y el rgimen de cumplimiento de las sanciones

    penales de adolescentes y medidas cautelares privativas de libertad, que afecten alas personas -menores y mayores de 18 aos- recluidas en establecimientos

    penitenciarios de adultos, que hayan sido condenadas o se encuentren

    imputadas/procesadas por delitos cometidos siendo menores de edad, conanterioridad a la entrada en vigencia de la Ley N 20.084?

    4. Qu autoridades tienen competencia para resolver las diversas cuestiones que seplanteen en relacin con la aplicacin de la ley penal ms favorable?, qu rol le

    corresponde, en particular, a la administracin penitenciaria?

    Metodologa:El Informe fundamentalmente consistir en una interpretacin de la ley, a partir de losprincipios constitucionales y de los tratados internacionales aplicables en la materia,

    consultando, en su caso, la opinin de la doctrina nacional y comparada indispensable para

    ilustrar ciertos puntos. Para la descripcin de los problemas se consultar la opinin dealgunos actores relevantes en entrevistas exploratorias.

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    Problema

    Al momento de entrar en vigencia de la Ley N 20.084, de Responsabilidad Penal deAdolescentes (LRPA), poco ms de un mes atrs (el 8 de junio de 2007), un nmero

    relevante de personas imputadas o condenadas por delitos que cometieron o que se les

    imputa haber cometido con anterioridad a la entrada en vigencia de la LRPA, comomenores de edad, se encontraban privadas de libertad en recintos de Gendarmera de Chile

    (GENCHI), sometidos a prisin preventiva o cumpliendo su condena. A partir de ese da

    los tribunales estaran procediendo, en algunos lugares del pas, a practicar traslados desdeestablecimientos penitenciarios de GENCHI a centros del Servicio Nacional de Menores

    (SENAME), a solicitud de GENCHI o de la defensa del condenado, entendiendo la

    autoridad que, por efecto de la entrada en vigencia de la LRPA, corresponde que en los

    recintos de SENAME se cumplan las medidas cautelares y las condenas de quienescometieron el hecho o son imputados de haberlo cometido- como menores de 18 aos,

    pues la LRPA tambin se aplicara retroactivamente a ellos, como norma penal ms

    favorable. Con todo, a algunos de los afectados, que prefieren permanecer en los recintosde GENCHI, por parecerles ms tolerable el rgimen interno, o porque de esa manera estn

    en contacto o ms cerca de sus familiares y seres queridos, la medida no les parecera msfavorable. Se ha planteado, adems, la duda acerca de si acaso la administracin

    penitenciaria (GENCHI y SENAME) tienen la responsabilidad de efectuar traslados

    directamente o, si siempre corresponde una previa decisin judicial.

    Esta situacin plantea la cuestin de cul es el efecto de la entrada en vigencia de la LRPA,

    respecto de la privacin de libertad de esas personas, teniendo en cuenta la garantaconstitucional y legal de la aplicacin retroactiva de la ley penal que favorezca al afectado

    (Art. 19, n 3, inciso 7 de la CPR).

    En particular se plantea la cuestin de si corresponde en todo evento sustituir sus penas, y

    en su caso la medida cautelar de prisin preventiva, por las sanciones y por la medidacautelar de internacin provisoria, respectivamente, contempladas en la LRPA, y si adems

    corresponde trasladarlos a los recintos especiales de SENAME, destinados al

    cumplimientos de estas sanciones y medida cautelar. La pregunta es pertinente, pues estamedida, que vendra exigida por la garanta de la retroactividad penal favorable, podra, sin

    embargo, ser considerada por el afectado como perjudicial para sus intereses. En este

    evento se plantea la cuestin de si el afectado puede, para oponerse al traslado, verseamparado por el principio constitucional de irretroactividad de la ley penal desfavorable y,

    vinculada a ella, la de si acaso su perspectiva personal es la que debe primar a la hora de

    decidir si la nueva ley (la LRPA) es para l ms desfavorable que la ley vigente al tiempo

    de cometer el delito. Ahora bien, como lo favorable o desfavorable depende en este caso,para al individuo, no necesariamente de lo dispuesto por la ley anterior y la nueva, sino de

    elementos de la ejecucin de las penas y del rgimen de penitenciario, algunos de las cuales

    que vienen regulados en normas reglamentarias, se plantea la cuestin de si las garantas deretroactividad penal favorable y de irretroactividad penal desfavorable se extienden a las

    normas de ejecucin de penas y de rgimen penitenciario y, adems, si ello es as incluso

    respecto de los reglamentos de ejecucin de penas y sanciones.

    El problema exige analizar, entonces, los fundamentos del principio constitucional de

    retroactividad penal favorable y de irretroactividad penal desfavorable (Apartado I), as

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    como sus alcances respecto diversos tipos de normas involucradas en el caso a analizar:

    penales, procesales (en particular, la regulacin de las medidas cautelares), de ejecucin

    penal o penitenciaria (legales o reglamentarias) (Apartado II).A continuacin, y sobre la base de ese anlisis, se debe determinar si corresponde aplicar a

    los imputados sometidos a prisin preventiva y para los condenados que cumplen una pena

    privativa de libertad, en los casos a que se refiere este informe, las disposiciones de laLRPA o de la anterior legislacin, y si caso corresponde o en qu casos- su traslado desde

    recintos de GENCHI a recintos de SENAME (Apartado III).

    Por ltimo, y en caso de que corresponda una aplicacin retroactiva de la LRPA y de susnormas de ejecucin, que determine la necesidad de trasladar a los condenados y, en su

    caso, a los imputados sometidos a prisin preventiva, desde recintos de GENCHI a recintos

    de SENAME, es necesario resolver cul es la autoridad competente para disponer el

    traslado, y qu rol le corresponde a la autoridad penitenciaria (Apartado IV).

    I. Fundamentos de la irretroactividad penal desfavorable y de la retroactividad penalfavorable

    Fundamentos de la irretroactividad penal desfavorable

    El principio de irretroactividad de la ley penal desfavorable se consagra en el Art. 19, n 7

    de la CPR ( Ningn delito se castigar con otra pena que la que seale una leypromulgada con anterioridad a su perpetracin, a menos que una nueva ley favorezca alafectado), y constituye una derivacin del principio de legalidad de los delitos y las penas

    (Cury, pp. 167, 227).Segn Roxin (par. 5, nm 50), el principio de irretroactividad de la ley penal desfavorable

    (que en Alemania se consagra en el Art. 103.2 de la Constitucin Federal), como, en

    general, el principio de legalidad penal, tiene los siguientes fundamentos:- liberalismo poltico (proteccin de la libertad del individuo frente a los jueces y al

    ejecutivo, por exigencia de legalidad);

    - principio de culpabilidad: posibilidad de conocer la antijuridicidad del hecho almomento de incurrir en la conducta que ms tarde ser castigada; y,

    - posibilidad de que, al momento en que el autor se plantea la opcin de cometer elhecho, acte eficazmente el efecto de prevencin general que la amenaza de pena se

    propone.En cambio, la irretroactividad penal desfavorable no tiene su fundamento en el principio

    por separacin de poderes, que s es, en cambio, un cuarto fundamento del principio de

    legalidad, pero que, segn Roxin (ibdem) apenas puede explicar nada sobre el principio de

    la irretroactividad de le ley penal.Grnwald, por su parte, pone en relacin el principio de culpabilidad y, ms precisamente

    su aspecto de calculabilidad de la pena, junto a la confianza subjetiva de los

    destinatarios de la norma, con la necesidad de determinacin objetiva (por una ley previa)de los lmites del ius puniendi (citado por Iglesias Ro, p. 20, nota el pie 20).

    La Constitucin espaola, en su Art. 25.1, tambin prohbe la aplicacin retroactiva de unatipificacin penal nueva y. en el Art. 9.3 garantiza de forma ms amplia la irretroactividad

    de las dis