boletÍn de la campaÑa ¿quiÉn debe a quiÉn? …

SUMARIO

BOLETÍN DE LA CAMPAÑA ¿QUIÉN DEBE A QUIÉN?

Este boletín ha sido publicado por ¿Quién debe a quién?, una campaña por la abolición de la Deuda Externa y por la restitución de la Deuda Ecológica.

¿Por qué deberíamos preocuparnos de la temática de los desplazados am-bientales? ¿Se trata de un conjunto de problemas locales o un problema glo-bal?

«Algo que está claro y es que muchos ex-pertos creen que la desertificación, la eleva-ción de los niveles del mar, la disminución de disponibilidad de agua, etc. conllevará una explosión de desplazados/refugiados ambientales; el Instituto para la Seguridad Humana y Ambiental de la Universidad de las Naciones Unidas, Bonn, sostiene que el deterioro ambiental desplaza ya hoy día a unos 10 millones de personas al año, y que la tendencia es a aumentar. Así pues esta es una temática claramente global, los des-plazados tendrán que ir a algún sitio.» [*]

2 Fracaso de la Ronda de Doha de la OMC

4 Anticooperación: Los problemas del Sur no se resuelven con la AOD

6 Deuda externa en África

12 Libre Comercio y Crisis Alimentaria

14Agenda comercial

agresiva de la Unión

Europea en África

[p. 15]

¿Anticooperación?La política exterior a debate

¡Ningún ser humano es ilegal!

El hambre en el mundo y el creciente im-pacto del cambio climático son dramáticos síntomas del problema persistente de la dominación de la deuda. Los grandes pa-gos de servicios demandados tanto de la deuda externa como de la deuda interna, significan que los escasos recursos se des-vían de las inversiones necesarias para asegurar la soberanía alimentaria y la pro-tección del cambio climático. Esto es parte de la injusticia de la deuda y solamente por esto la anulación de la deuda, el repudio de la deuda u otras formas de no-pago son urgentes.

Pero las actuales crisis climática y ali-mentaria deben rastrearse también detrás de las políticas que han sido impuestas a los países del Sur desde hace décadas, mediante la utilización de la deuda y la ayu-da, el acceso al crédito e incluso al alivio de la deuda como instrumentos de coacción.

Los impactos han sido desastrosos. Por ejemplo: - la imposición de recetas universales para estrategias de alto crec-

imiento económico orientadas a la export-ación han conducido a la dependencia de fertilizantes y plaguicidas importados y costosas semillas transgénicas, cambios masivos a cultivos exportables no-básicos y no-alimenticios incluyendo agrocombus-tibles, la conversión de tierras agrícolas a zonas industriales para exportación, vivien-das de lujo y centros turísticos, y la impos-ición a recibir ayuda alimentaria.

- la liberalización financiera, comercial y de las inversiones ha favorecido la com-petencia desleal de los productos alimen-ticios subvencionados desde el Norte, los proyectos extractivos minerales y de otros recursos naturales, y la privatización de derechos humanos básicos como el agua y la electricidad.

Las deudas que se utilizaron para proyectos perjudiciales o para imponer esas políticas y condicionalidades, son deudas ilegítimas que no deben pagarse bajo ninguna circunstancia. Estas deudas y políticas impulsadas por los prestamistas

POr SOBErANÍA ALIMENTArIA y FINANCIErA, POr JUSTICIA CLIMáTICA y ECONóMICA: ¡ANULEN LA DEUDA ExTErNA yA! - ¡PONgAN FIN A LAS

CONDICIONALIDADES DE LAS IFIS! - ¡PAgUEN LA DEUDA ECOLógICA AL SUr!

Refugiados ambientales

¿Quién debe a quién?� www.quiendebeaquien.org

han beneficiado los intereses económicos y corporativos basados en el Norte, refor-zaron la concentración de la riqueza, y es-timularon un aumento de la especulación estilo-casino con los precios de alimentos y de recursos naturales - contribuyendo de manera significativa a la actual crisis alimentaria y climática y debilitando la ca-pacidad de los pueblos y los gobiernos del Sur para responder adecuadamente. También han contribuido a la migración for-zada de millones de hombres y mujeres: las víctimas del hambre y el cambio climático, personas que tratan de defender los dere-chos humanos y ambientales y escapar de la militarización y la guerra que a men-udo acompañan los crímenes climáticos y económicos.

Hoy, a pesar de una década de prome-sas y de iniciativas de alivio de la deuda, el flagelo de la servidumbre por deudas continúa cobrando numerosas vidas. Por otra parte, las soluciones que se plantean para las crisis alimentaria y climática por las Instituciones Financieras Internacion-ales, los gobiernos del G8 y otros intereses económicos y corporativos del Norte, in-cluidos nuevos préstamos y concesiones comerciales y de inversiones adicionales, en esencia son simplemente más de las mismas viejas políticas que han contribuido en gran medida a la creación de estos de-sastres.

Ante esta realidad, pueblos de todo el mundo se están movilizando para garanti-zar soluciones reales de soberanía alimen-taria y financiera y de justicia económica y climática. Anular o detener los pagos injus-tos por cargas inaceptables de deuda - en particular las deudas ilegítimas - y poner fin a la continuación del papel de las Institu-ciones Financieras Internacionales como

el FMI, Banco Mundial y los bancos region-ales de desarrollo, entidades que han con-tribuido para crear y mantener la crisis ali-mentaria y climática, son medidas urgentes y necesarias para tales soluciones, junto con mantener la agricultura campesina, conservar los bosques y mares, o proponer dejar los hidrocarburos en el subsuelo. En este contexto, la restitución y reparación de las deudas sociales, ecológicas e históricas que esos mismos intereses del Norte han acumulado con los pueblos y países del Sur como consecuencia de sus políticas proporcionarían una base sólida para la construcción de alternativas.

Únanse a nosotr@s en todo el mundo durante la Semana de Acción Global contra la Deuda y las IFIs, del 12 al 19 de octubre de 2008, a fin de avanzar en estas demandas. Junt@s podemos alcanzar la libertad de la dominación de la deuda, con-struir la soberanía alimentaria, y garantizar la justicia climática.

PlataformaComo organizaciones populares y mov-

imientos (trabajador@s, agricultor@s, mujeres, jóvenes y pueblos originarios), organizaciones religiosas, ecologistas, movimientos sociales y políticos, y l@s ciu-dadan@s interesad@s, nos compromete-mos a movilizar junt@s durante la Semana de Acción Global contra la Deuda y las IFIs y a lo largo de los próximos meses. Por me-dio de la sensibilización y la educación, la promoción de políticas y la acción directa, desafiaremos a los gobiernos de los países del G8, las Instituciones Financieras Inter-nacionales, los intereses de las empresas transnacionales y a nuestros gobiernos en todas partes, ya sea del Norte o del Sur, a reconocer sus responsabilidades por el problema persistente de la dominación de la deuda y su papel fundamental en las cri-sis alimentaria y climática.

Reclamaremos que se tomen medidas decisivas para:

1. Anular o detener los pagos de toda deuda ilegítima.

2. Terminar con la utilización de los prés-tamos y alivios de deuda para imponer con-dicionalidades.

3. Dejar de financiar proyectos y políti-cas que contribuyan al hambre y el cambio climático.

4. Realizar auditorías integrales y partici-pativas de deuda para ayudar a establecer quiénes le deben a quién.

5. Restituir y hacer reparaciones para las deudas ecológicas e históricas contraídas con el Sur, incluida la devolución de activos robados guardados en los bancos del G8 y otros países del Norte.

6. Respetar el derecho y cumplir con la obligación de todos los países y pueblos para revertir las políticas nocivas que han dado lugar a la deuda y a las crisis alimen-taria y climática, tales como los Progra-mas de Ajuste Estructural, injustos trata-dos comerciales, Acuerdos de Asociación Económica, Tratados de Protección de Inversiones e Iniciativas de Integración de Infraestructura.

7. Respetar los derechos de los mi-grantes y otras personas víctimas que son desplazadas, consecuencia de la deuda y las crisis alimentaria y climática.

CalendarioComo parte de la Semana de Acción Glo-

bal contra la Deuda y las Instituciones Fin-ancieras Internacionales, los movimientos y organizaciones de todo el mundo están invitados a realizar acciones que reflejan su propio carácter, enfoques y posibilidades. Se les invita también a intercambiar infor-mación acerca de sus planes a fin de que juntos podamos construir una semana ver-daderamente global.

Más información en: http://www.quiendebeaquien.org/

www.quiendebeaquien.org �¿Quién debe a quién?

Organizaciones y movimientos sociales an-tiglobalización de todo el mundo están aplau-diendo el colapso de las últimas negociaciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC) como un triunfo de los campesinos, trabajadores, y los pueblos empobrecidos, así como una bofetada contra las transnacionales y las políticas comerciales de la UE en gen-eral, y del Gobierno español en concreto.

Desde su creación en 1995, la OMC ha sido cuestionada permanentemente por la sociedad civil y criticada por los países empobrecidos a causa de las terribles consecuencias sociales y ambientales de sus políticas, y también por la falta de legitimidad para negociar tratados comerciales internacionales que afectan a miles de millones de personas.

“Las políticas de la OMC priorizan siem-pre los intereses económicos de las grandes empresas y potencias comerciales, violando así permanentemente el derecho a vivir dig-namente de las personas más vulnerables y marginalizadas”, manifiesta Iolanda Fresnillo del Observatorio de la Deuda en la Globaliza-ción.

“Negociar un acuerdo entre siete potencias comerciales y excluir el resto de los países de la OMC evidencia la falta de legitimidad de estas reuniones”, comenta Tom Kucharz de Ecologistas en Acción. “la gran mayoria de los 35 ministros de comercio que han sido invita-dos a Ginebra, preseleccionados de un total de 153 Estados miembros, pasaron la mayor parte del tiempo esperando, frustrados, los re-sultados del G7 (EEUU, UE, Japón, Australia, China, India, Brasil)”.

“El paquete de apertura de mercados y los recortes arancelarios que se pedían a los países en desarrollo, propuesto por el Director

General de la OMC, Pascal Lamy, hubiera cau-sado pérdidas masivas de empleo”, denuncia Iolanda Fresnillo, “y demuestra la intransigen-cia de las potencias comerciales que no están interesadas en proteger los pequeños agricul-tores y los puestos de trabajo”.

Lo que llevó a romper la Ronda de Doha no eran “pequeños detalles técnicos” sino una profunda división entre los miembros de la OMC sobre cómo conseguir ‘desarrollo’, advierte Iolanda Fresnillo. “Mientras la UE y los EEUU argumentan que la apertura de mercados es la mejor forma de conseguir la seguridad alimentaria, India y China defienden los mecanismos de protección y no están dis-puestos a consagrar otras preocupaciones sólo por el comercio”.

“Se culpa a India y China por el colapso

de las negociaciones, pero son más de 100 países que no quieren sacrificar medidas de seguridad alimentaria ante la reciente escala-da en los precios de los alimentos a nivel mun-dial”, explica Jerónimo Aguado, presidente de la Plataforma Rural. “La negociación fracasó porque la UE y EEUU sólo querían consolidar su dominio y control en los mercados interna-cionales de comercio e inversión”, subraya, “están pujando de forma agresiva por una mayor liberalización comercial cuando es el modelo de libre comercio que ha provocado la crisis alimentaria, destruyendo los mercados alimentarios y agrícolas”.

“La gente está protestando en la calle por los altos precios de su comida, mientras hay una crisis energética por la falta de voluntad política de cambiar el modelo económico, hay despidos masivos por la crisis financiera y hay millones de refugiados por el Cambio Climático”, anota Tom Kucharz. “Estos son los problemas que los Gobiernos deberían afron-tar, pero la Ronda de Doha no les ayuda sino que el modelo de comercio que promueve la OMC agrava estas crisis porque es una de las mayores causas del calentamiento global. Si el Gobierno español quiere de verdad reducir los devastadores impactos del Cambio Climático, eliminar las causas de la pobreza y afrontar la crisis financiera, debe cambiar urgentemente su política comercial.”

“El desacuerdo en la OMC sirve también a los campesinos europeos, para evidenciar la desaparición de explotaciones agrarias, así como para denunciar la responsabilidad de la UE y su Política Agraria Común (PAC) por la crisis de la agricultura y la alimentación que se vive en Europa”, añade Jerónimo Aguado.

Es el momento de construir las alternativas propuestas, desde hace años, por los mov-imientos sociales, tales como la agricultura ecológica, el comercio de circuitos cortos, una apuesta real por las energías renovables, la gestión pública de los servicios básicos, el cierre de ciclos en la producción industrial y el uso de Tecnologías blandas así como la inversión en la eficiencia (eco-efectividad), la construcción bioclimática, el comercio justo y la democracia participativa.

Más información en: http://www.quiende-beaquien.org/spip.php?rubrique6

Fracaso de la Ronda de Doha de la OMC: bofetada contra las políticas comerciales internacionales

PrEOCUPADAS POr LA CrISIS ALIMENTArIA, CLIMáTICA, FINANCIErA y ENErgÉTICA, ASÍ COMO SUS EFECTOS DEvASTADOrES, vArIAS PLATAFOrMAS, rEDES y OrgANIzACIONES DEL ESTADO ESPAÑOL hAN EMPLAzADO AL

gOBIErNO ESPAÑOL DE CAMBIAr SUS POLÍTICAS COMErCIALES.


Aproximarse a los problemas del Sur Global sólo desde la perspectiva de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) o de la cooperación internacional y no considerar los demás tentáculos -especialmente los más perjudiciales- de la actuación exterior, es un error de falta de visión global y una irresponsabilidad cuyos efectos suelen ser criminales. Tentáculos como CESCE y los créditos FAD, la contribución a las instituci-ones financieras multilaterales, la respon-sabilidad ambiental transnacional, el con-trol migratorio, los paraísos financieros o el secretismo bancario, la venta de armas, o los acuerdos comerciales, ...deben ser incluidos en el análisis y en las actuaciones por delante de cualquier filantropía -proceda ésta de donde proceda.

Aquí presentaremos la noción de “anticoop-eración” Norte-Sur (NS) y apuntaremos algu-nos de sus principales mecanismos. Las hipó-tesis de partida serán tres: a).- que la mayoría de contextos en que viven los habitantes del Sur Global dependen -en gran medida y en grado creciente- de decisiones y actitudes de habitantes del Norte Global; b).- que lo que llamamos ayuda NS (o ‘cooperación al de-sarrollo’) es una contribución positiva mucho menor que las contribuciones negativas que recibe el Sur Global desde el Norte Global; c).- que la mayoría de estas contribuciones negativas se producen como consecuencia de la lógica de empresas y Estados que quieren crecer y asegurarse recursos y mercados.

Conectividad Norte-SurUsted y yo estamos realmente muy bien

conectados con el Sur. Estamos sutilmente conectados con un campesino sin tierra de Nicaragua a través de nuestras tazas de

Anticooperación. Los problemas del Sur no se resuelven con Ayuda Internacional POr: DAvID LLISTAr I BOSCh*

café. Con un nigeriano cuando calentamos la cafetera con gas natural. Con un ecuatoguin-eano cuando arrancamos nuestro automóbil. Con un pescador artesanal chileno al preferir salmón en el menú en lugar de pescado lo-cal. Con un indígena indonesio al comprar en Ikea. O con un emigrante magrebí al vo-tar a un partido que favorece su monarquía totalitaria. La globalización no es ninguna broma. Habitantes de distintos continentes interconectados, economías interconectadas, políticas interiores de unos Estados condicion-adas por políticas de países terceros, pueblos del África que ven calentar su clima descono-ciendo que sucede a causa de la emisión de gases generada en buena parte por la clase consumidora mundial, guerras contra pob-lación civil por intereses geoestratégicos de lobbies lejanos,... Un sinfín de relaciones inter y transnacionales definidas principalmente por una dinámica específica: la del capitalismo ex-pandiéndose mundialmente. Una expansión que se produce en forma de sucesión de olas que impactan y transforman los pueblos de la periferia a menudo violentamente, y que han sido producidas desde un foco situado en los países intensivos en capital (Estados Unidos, Unión Europea, Japón,...). Un ejemplo reciente es la ola que producirán las metas sobre con-

sumo de agrocombustibles establecidas por las principales administraciones del Norte. Su cumplimiento, a falta de tierras baratas en los países del Norte, requerirá la ocupación de facto de ingente cantidad de tierras en zonas tropicales (donde los rendimientos son más al-tos), desplazando a los campos destinados a la alimentación y provocando la deforestación de selvas.

Así pues, cada vez importa menos la distan-cia. Dada la compleja trama de hilos que atan las distintas realidades a escala planetaria creer que la ayuda al desarrollo pueda con-trarrestar la telaraña de hilos de diversa natu-raleza que coartan la libertad de los habitantes del Sur, pierde total sentido. ¿No deberíamos cambiar entonces de paradigma? ¿Tras-cender estrategias que son ya obsoletas?. Cooperar a través de no anticooperar puede resultar mucho más eficaz. Ayudar a través de no destruir.

La “anticooperación”En este contexto de profunda globalización,

se hace conveniente definir todo aquello que interfiera negativamente sobre los pueblos empobrecidos. Si la cooperación al desarrol-lo se refiere a toda actuación del Norte que comporte (al menos teóricamente) un benefi-cio para el Sur, es lógico definir la “anticoop-eración” como todo lo contrario. Es decir, la “anticooperación” se define como toda aquella actuación realizada en y desde el Norte (in-cluídas políticas públicas o privadas, aquellas que se desprendan de actitudes sociales, etc) cuyos efectos sean directa o indirecta-mente perniciosos para el Sur. Por ejemplo, el


consumo a gran escala de carburantes cuyo orígen proceda de enormes plantaciones de palma africana o caña de azúcar de países tropicales, la ocupación de Iraq por parte de Estados Unidos, el Reino Unido y sus aliados. O la emisión de gases de efecto hivernadero.

Mecanismos mucho más po-tentes que la cooperación al desarrollo.

Algunas organizaciones dedicadas al de-sarrollo han superado el asistencialismo, in-cluso sustituyendo parte de su actividad como canalizadores de dinero y personal técnico por actuaciones de sensibilización, denuncia y presión hacia algunas causas estructurales del ‘subdesarrollo’ del Sur (deuda externa [1], comercio internacional desigual, militariza-ción, destrucción del medio ambiente,..). Algu-nas agencias de financiación han empezado a entender tímidamente que tales actuaciones son convenientes. Sin embargo no existe en el ideario ni de los primeros ni de los segundos, un mapa integral de las causas de la pobre-za originadas por el Norte ni una evaluación comparada de la importancia relativa de cada una de estas causas. Ni mucho menos de los mecanismos transnacionales que producen anticooperación. En este artículo adelanta algunos apuntes de un estudio mucho más amplio sobre a la ‘anticooperación Norte Sur’ que será publicado próximamente por el Ob-servatorio de la Deuda en la Globalización y cuyo objetivo ha sido el de mapear dichas “re-laciones fatales” en su justa medida.

Así pues, en el análisis integral de las dis-tintas interferencias negativas que ejerce el Norte sobre el Sur, el estudio detecta hasta 9 grandes dimensiones de la anticooperación. Es decir, 9 esferas a través de las cuales se transmiten distintas fuerzas que compiten si-multánea y antagónicamente contra una su-puesta ayuda internacional desinteresada (ver el diagrama). Se trata de las anticooperaciones tecno-productiva, financiera, comercial, militar, diplomática, migratoria, ambiental, simbólica y ·”solidaria”. Las definimos a continuación.

Los tentáculos Norte-Sur. Definiendo la anticooperación.

1- Anticooperación tecno-productivaProducida por cualquier mecanismo NS que

involucre la creación de tecnologías y redes productivas globales orientadas al consumo y la producción de la clase consumidora mundial (o Norte Global), en lugar de estar orientadas a las necesidades de la mayoría de la población mundial (y en particular al Sur Global). Redes de infraestructuras de transporte (carreteras, puertos y aeropuertos), de energía (oleoduc-tos, gasoductos, pozos, refinerías, plantas de generación,..), de agua (hidrovías, embalses, puertos,..). Tiene gran relación con las antico-operaciones comercial, ambiental y militar.

2- Anticooperación financieraCualquier acción producida por mecanis-

mos de tipo financiero transnacional con ori-gen en el Norte que interfiera negativamente en los sistemas financieros de los países del Sur, o bien, a otros ámbitos de la vida del Sur Global, sean también económicos, políticos, ambientales u otros. Los principales son la deuda externa como aspiradora de capital, la deuda externa como palanca geopolítica, la desviación de depósitos de las elites del Sur a bancos del Norte y los fondos de inversión especulativos de origen central, que invierten en valores del Sur que a menudo provocan costosas crisis financieras.

3- Anticooperación ComercialSe produce mediante aquellos mecanismos

controlados desde los centros de decisión del Norte que actúan en el comercio inter-nacional, y que tienen nefastos impactos en las poblaciones del Sur. Por ejemplo en su seguridad alimentaria. Comercio internacional de todo aquello que el capitalismo concibe como mercancia (alimentos, energía, manu-facturas, conocimiento, servicios diversos, ...). Incluídos recursos que pueden ser tam-bién derechos básicos de las personas (agua,

educación, salud, electricidad, conocimiento, ...). El dúmping, las patentes, el sistema de organizaciones internacionales que obligan a desproteger las economías locales, etc,.. son ejemplos de dichos mecanismos.

4- Anticooperación diplomáticaSe produce mediante distintos dispositivos

implementados por los Estados (principal-mente los del Norte) en su actuación exterior en el Sur, para influir, condicionar, interceptar y financiar operaciones (abierta o secretamente) que puedan beneficiarlos en detrimento de las poblaciones de los países en que actúan. El sistema de embajadas, consulados, oficinas comerciales y de cooperación, los sistemas de espionaje,… por un lado, y por el otro, la par-ticipación en organismos internacionales (IFIs, OCDE, G8, sistema de Naciones Unidas, etc). Los sujetos de dicha anticooperación son fun-cionarios públicos entre los que destacan los diplomáticos.

5- Anticooperación ambientalProvocada tanto por actitudes como por

decisiones políticas o empresariales en el Norte, que se transmiten al Sur en forma de interferencia ambiental desastrosa, como por ejemplo el calentamiento global. Diferentes fenómenos ambientales NS que justamente han estado y son los generadores de la lla-mada ‘deuda ecológica’ (emisión de gases de efecto invernadero, contaminación y pasivos ambientales, biopiratería, etc).

6- Anticooperación en el movimiento de las personas

Se la puede definir como al conjunto de to-dos los mecanismos aplicados desde el Norte para filtrar selectivamente a aquellas personas de países del Sur que sean funcionales a las sociedades del Norte, al mismo tiempo que se bloquea la entrada al resto (o si han podido entrar ilegalmente, se los escupe), independi-entemente que tengan grandes necesidades.

Así mismo, debemos incluir otros fenó-menos masivos que tienen que ver con el movimiento de personas del Norte Global por motivos que no son la supervivencia sino el ocio y que empiezan a tener un impacto en todo caso discutible sobre el Sur Global: el tu-rismo internacional.

7- Anticooperación simbólicaPodemos definirla como el resultado de la

manipulación de todo tipo de símbolos desde el Norte cuando transmitidos al Sur afectan negativamente a su población. Símbolos en-capsulados en soportes que van desde pelícu-las y telenovelas, hasta sistemas educativos,


carreras universitarias, doctrinas y/o informes supuestamente científicos, doctrinas de fe y/o sermones religiosos, noticias manipuladas o en la publicidad.

8.- Anticooperación “solidaria”Se define como el conjunto de aquellas ac-

tuaciones de ayuda internacional al desarrollo o simplemente catalogadas retóricamente como cooperación internacional, determina-das por actores del Norte (agencias estatales, ONG, fundaciones empresariales, QUAN-GOs,..), cuyos resultados sean infaustos para las poblaciones del Sur. Ello sucede por ejem-plo en las ayudas condicionadas a políticas de ajuste estructural o a aquellas dirigidas a ob-jetivos comerciales, geopolíticos o de imagen del donante.[2]

9- Anticooperación militarLa anticooperación militar es el conjunto de

interferencias NS que implican el uso de la violencia, o la posibilidad de desencadenarla o acentuarla. Incluye también el suministro de medios de todo tipo para el ejercicio de la violencia en el Sur, aunque aparentemente el conflicto no involucre actores del Norte.

¿Cuál es el orígen de la antico-operación?

Unas y otras formas de anticooperación están interrelacionadas. Incluso coordinadas bajo una misma lógica de fondo. Se originan principalmente en la necesidad del Norte de

controlar nuevos y mayores recursos materi-ales, hídricos o energéticos en el Sur, aseg-urar los que ya se encuentran bajo su control, y finalmente, acceder y controlar los mercados emergentes como plataforma para expand-irse.

Por ejemplo, la generación de deuda exter-na tiene su relación en instrumentos previstos por los gobiernos del Norte para favorecer la internacionalización de sus empresas transna-cionales ante la competencia capitalista inter-nacional. Por ese lado, deuda externa, inver-sión extranjera y comercio internacional, están por lo tanto orgánicamente interrelacionadas.Otro ejemplo es el de la propia ayuda oficial al desarrollo, muchas veces condicionada a intereses de mercado o geoestratégicos como los que se ponen en juego para complacer a países que deben asegurar el suministro de ciertas materias primas estratégicas como el gas, el petróleo o algunos minerales que son

clave para la vida de los ricos. ¿Por qué si no existe tanta coinci-dencia entre los inter-eses geoestratégicos de los países del Norte y los flujos de ayuda internacional? Turquía por citar un caso, es el país que ha recibido el mayor crédito FAD de la historia del Estado español justo cuando la Administración Az-nar se encuentra en la mayor operación de presión internacional durante los días previ-os a la invasión de Iraq, coordinándose con la estrategia militar de Washington para con-seguir el beneplácito del Gobierno turco a dicha invasión.[3]

La teoría de la vacaUna parábola resume la suma de nuestras

relaciones con las poblaciones del Sur: el granjero industrial que ofrece pienso a la vaca no está precisamente cooperando con la vaca a pesar del pienso que le regala, sino que la explota para vender su leche y después, su carne con fines económicos generalmente egoístas. Es una relación de dominación y de explotación aunque a la vaca le guste el pienso.

La visión que nosotros tenemos, a menudo inocentemente, se concentra en recoger y desplazar algunos recursos (dinero, tecnología, alimentos,..) desde un enfoque de solidaridad, pero no ve o no quiere ver otros mecanismos que hacen que la vaca no pueda cambiar su condición. Cooperar no sólo debe de significar la creación de dicho flujo de solidaridad, sino oponernos enérgicamente a flujos mucho más potentes que paralelamente están desplega-dos sobre las desangradas economías del Sur y que perpetúan la situación inmoral de nuestros hermanos africanos, latinoamerica-nos o asiáticos. Es decir, investigar las cau-sas, divulgarlas y presionar a los actores que entre nosotros/as anticooperan.

[*] David Llistar i Bosch es Coordinador del Observatorio de la Deuda en la Globalización (Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la Uni-versitat Politècnica de Catalunya)

Más información: www.odg.cat

Notas: [1] Por ejemplo si comparamos el servicio de la deuda

externa que los países del Sur enviaron a los del Norte con la ayuda oficial que recibieron de éstos, nos damos cuenta que el Sur envía mucho más dinero del que recibe. En el año 2000 por citar un año especialmente significa-tivo, la relación fue 7 a 1.

[2] Ver. D.Llistar. ¿Por qué al Norte le gusta “ayudar”? Revista Viento Sur, 90. Feb 2007. (www.vientosur.info)

[3] ODG. Informe sobre la deuda externa en el Estado español. Icaria. 2004.


“La lucha contra la deuda es una batalla por cambiar las relaciones de poder”

Declaración de Nairobi sobre el repudio de la deuda (Junio 2006)

Reescribir la historia es tarea imprescindible si queremos construir un mundo donde las re-laciones políticas, económicas y sociales sean más justas. En la historia del endeudamiento ex-terno de los países empobrecidos, aquellos que han tenido hasta ahora el poder de escribirla, nos cuentan que el actual volumen de deuda externa en los países del Sur se genera por la necesidad de la periferia de financiar sus procesos de indus-trialización y desarrollo. Reconocen que la deuda es un lastre para el desarrollo de muchos países en el Sur, pero argumentan que los contratos están para ser cumplidos y las deudas para ser pagadas. Son circunstancias históricas y la mala gestión en los países endeudados lo que los ha llevado a la situación actual, que sería, nos di-cen, mucho peor si los acreedores no hubiesen sido tan generosos implementando iniciativas de condonación de deuda desde finales de la déca-da de los 90. Admiten que los resultados de las “soluciones” planteadas -sean renegociaciones de deuda en el Club de París, Planes de Ajuste Estructural, Iniciativas de Alivio para los Países Empobrecidos Altamente Endeudados (HIPC) o Iniciativas Multilaterales de Reducción de la Deuda (MDRI)-, no han sido suficientes para acabar con el problema del sobreendeudami-ento (2). A pesar de todo, los esfuerzos, dicen las autoridades, deben seguir encaminándose en la misma dirección que hasta ahora: “hacer la deuda sostenible a largo plazo”(3). Es decir, eternizar la deuda para que los acreedores sigan cobrando.

Reescribiendo la historia: la il-egitimidad de la deuda externa

Desde finales de la década de los 90, amplios sectores de la sociedad civil se han organizado y movilizado para reclamar la abolición de las deudas que ahogan las economías de los pue-blos del Sur. Los posicionamientos y estrategias de éstos han sido diversos y dispares, así como cambiantes a lo largo de los años. Entre estos posicionamientos destacamos el que viene rec-lamando desde hace más de una década que la deuda externa es “ilegítima e inmoral (…) se trata esencialmente de un instrumento ideológ-ico y político para la explotación y el control de nuestros pueblos, recursos y países por parte de

aquellas corporaciones, países e instituciones que concentran la riqueza y el poder en el siste-ma capitalista global. La acumulación de deuda externa en los países del Sur es producto de la crisis de ese mismo sistema y es utilizada para perpetuar el saqueo y dominación de nuestras naciones, muchas veces con la aquiescencia,

sino la colaboración activa, de nuestras elites locales” (4). La condonación o cancelación de la deuda no es, desde ese punto de vista, una cuestión de caridad o solidaridad, sino de justicia, un paso necesario para hacer frente a los dese-quilibrios de poder del planeta y para revertirlos.

La deuda externa de los países empobrecidos fue tomada respondiendo principalmente a las necesidades e intereses de los prestamistas, de acuerdo con las elites económicas y políticas en el Sur, a espaldas de las poblaciones que ahora deben afrontar los pagos. La deuda externa que hoy día “deben” los países de la periferia es una herramienta de dominación económica, política y social que utilizan los países del norte para ajus-tar los comportamientos económicos y políticos de la periferia. Este sistema de dependencia se perpetúa por la falsa necesidad impuesta a los países del Sur de acceder al crédito externo y recibir inversiones extranjeras para hacer frente a la falta de ahorro interno y a la necesidad de garantizar el crecimiento económico. Si aparece la amenaza del “no pago”, contraataca la ame-naza del aislacionismo y la desestabilización económica y política.

Sin embargo, la ilegitimidad de la deuda no reside sólo en su concepción como mecanismo de dominación. La forma como se negocian los créditos, las condiciones de los mismos o los impactos de los proyectos que se financian,

también comportan ilegitimidades. Así, las deu-das ilegítimas serían también aquellas que se derivan de créditos que suponen violaciones de los derechos humanos, que interfieren en el respeto de la soberanía de los pueblos, en la convivencia pacífica de los pueblos o en el equi-librio medioambiental del entorno, créditos que de forma directa o indirecta han supuesto la viol-ación de los principios de derecho internacional-mente reconocidos y aceptados. Préstamos que han financiado represión, guerras, genocidios, corrupción, acumulación de la riqueza para las élites y las empresas transnacionales, desastres ecológicos o reformas económicas neoliberales con graves impactos sociales, entre otros. En definitiva, deudas que proceden de préstamos que atentan contra la dignidad de la vida de los ciudadanos del mundo y/o ponen en peligro la convivencia pacífica entre los pueblos (5).

Si bien no existe una definición universal-mente aceptada de lo que constituye una deuda ilegítima, los principios de la deuda ilegítima y la demanda de su reconocimiento ha sido amplia-mente aceptada por buena parte de la sociedad civil a nivel mundial, no sólo por movimientos so-ciales y ONGs, si no también por académicos, parlamentarios (6), personalidades de todo el mundo (7), e incluso gobernantes, como en el caso de Noruega (8) y Ecuador (9). El concepto de deuda odiosa incluso fue invocado de forma implícita durante las negociaciones para reestruc-turar la deuda de Irak por John Snow, entonces secretario del Tesoro Norteamericano (10).

El concepto de deuda ilegítima pone por pri-mera vez en el foco del problema del endeudam-iento, no a los deudores, sino a los acreedores. La asunción de corresponsabilidad por parte de los acreedores está en el centro de las deman-das de la sociedad civil, sobretodo en los países del Norte. “Esta deuda es también responsabili-dad del Norte: ha promovido la crisis al otorgar préstamos de forma arbitraria, auto-interesada, irresponsable y explotadora, y al imponer sus políticas la ha agudizado” (11). No se trata de atribuir toda la responsabilidad al acreedor, pero sí de compartirla y asumir lo que corresponde a cada parte según sus actos.

Finalmente, el reconocimiento de ilegitimidad de la deuda comporta una reflexión sobre el modelo de financiación al desarrollo y la con-strucción de un nuevo paradigma de financiación responsable, no basado en el endeudamiento y desvinculado de los intereses comerciales y

Deuda externa en África. Reescribiendo la Historia a través de la Ilegitimidad POr: IOLANDA FrESNILLO, OBSErvATOrIO DE LA DEUDA EN LA gLOBALIzACIóN*


geopolíticos de los donantes. Se trata de esta-blecer nuevas reglas en el sistema internacional de deuda, mecanismos de auditoría y arbitraje, controles parlamentarios a la toma de préstamos por parte de los deudores o desarrollar nuevos estándares económicos, sociales y ambientales que rijan todo préstamo soberano internacional. Todo ello comporta asimismo una reflexión más amplia sobre la necesidad de construir una nue-va arquitectura financiera internacional, con una revisión a fondo del papel de las instituciones financieras internacionales, sus actuaciones y funcionamiento, así como las consecuencias e impactos de sus polacas en los pueblos del Sur durante más de 60 años.

El caso africano “La legitimidad de las deudas de África

es altamente cuestionable: muchos de los préstamos, que ahora son pagados, se tomaron

durante la Guerra Fría por parte de regimenes represivos y líderes corruptos, los cuales

utilizaron el dinero para fortalecer sus mandatos o para llenarse los bolsillos.”

Afrodad. Illegitimate Debt in RDCongo. 2005

África Sur-Sahariana es, sin duda, la región más empobrecida del planeta. La imágenes de esta realidad nos llegan a menudo a través de los medios de comunicación, hasta el punto que parecemos haber llegado a una cierta inmuniza-ción y esas imágenes hace tiempo que han de-jado de conmovernos. África es la única región del mundo donde la pobreza ha aumentado desde la década de los 70. 35 de los 37 países del mundo con los índices de desarrollo humano más bajos son africanos (PNUD 2006). Cerca de la mitad de la población africana vive con menos de 1 US$ al día (NNUU 2006). Más de 700 mil-lones de africanos, el 80% de la población del continente, carecen de lo indispensable para una vida digna (Intermon Oxfam). En 1960 la renta por cápita media en África Sur-Sahariana equiv-alía al 38% de la media mundial, hoy en día ha disminuido al 23%(APDHA). En 2005 un tercio de los conflictos armados del mundo tenía en lugar en África (Escuela Cultura de Paz). A pesar del crecimiento económico que ha experimen-tado el continente africano en los últimos años (crecimiento de 5% en 2005) “más de un tercio de la población de África Sur-Sahariana (240 millones de personas) viven en países cuyo IDH

ha descendido” (CADTM) (12). Son todas ellas cifras que nos dibujan un continente enorme-mente empobrecido.

¿Cómo ha llegado un continente tan rico en recursos naturales y humanos a esta sit-uación? La herencia del colonialismo (con lo que supuso en expoliación de recursos naturales, el establecimiento de un sistema agrícola diseñado para abastecer las necesidades de las metrópo-lis, la explotación laboral y el genocidio perpetu-ado por la trata de esclavos), la proliferación de conflictos armados por el control de los recursos (fomentados en muchos casos por las poten-cias económicas del Norte), el proteccionismo agrario y las subvenciones en los países ricos y las relaciones comerciales injustas y desiguales (como las fomentadas por los acuerdos de Lomé y Cotonou con la UE o por la OMC), los Planes de Ajuste Estructural impuestos a los países af-ricanos por instituciones como el Banco Mundial o el FMI, junto con el proceso de sobreendeu-damiento de la región, pueden perfectamente convertir un continente rico en un continente empobrecido.

La deuda externa en África Sur-Sahariana era en 2005 de poco más de 200 mil millones US$. Esta cifra puede parecer no demasiado elevada si la comparamos con la deuda externa de todos los países empobrecidos (2,8 billones US$), pero en realidad equivale cerca de la mitad del PNB de toda la región (mientras que si consideramos todos los países empobrecidos la relación deuda total/PNB es del 33,9%). En otras palabras, la mitad de la riqueza económica de África Sur-Sa-hariana está hipotecada con la deuda externa. Asimismo, la deuda externa de la región sur-sa-hariana equivale al 138% de sus exportaciones, mientras que la media para los países empobre-cidos es del 88%.

En 2005, los países africanos pagaron a sus acreedores 23.300 millones US$ en concepto de servicio de la deuda, mientras que la Ayuda Oficial al Desarrollo recibida desde los países de la OCDE (AOD bilateral) fue de poco más de 22.500 mil millones (13).

¿Qué supone este flujo de recursos desde África hacia los países más ricos? En 2004 por término medio en África Sur-Sahariana cada país gastaba 15$ por persona en pago de deu-da, pero menos de 5 $ por persona en servicios de salud y educación (14). Pero estos recursos no sólo se podrían destinar a servicios sociales básicos, sino también a financiar infrastructuras productivas o de transporte, o a posibilitar una gestión local de los recursos naturales como el agua, los hidrocarburos o los minerales, en lugar de dejarlos en manos de empresas extranjeras. En definitiva, son recursos que podrían facilitar la puesta en marcha de un modelo de desarrollo endógeno y autocentrado, decidido desde la so-


beranía de los pueblos africanos y definido en función de sus necesidades.

La deuda externa no sólo está sangrando las economías africanas y el bienestar de sus ciudadanos, sino que además es una deuda ya pagada. “Si consideramos el periodo entre 1980 y 2002, África Sur-Sahariana ha devuelto más de 250.000 millones US$, lo que hace cuatro veces la deuda de 1980” (CADTM (15)). La acu-mulación absurda de intereses y la necesidad de tomar nuevos préstamos para hacer frente al pago de los anteriores y para cubrir los servicios y gasto público que la deuda impide cubrir, hace que la deuda, aún siendo pagada, siga creciendo en lugar de reducirse.

¿De dónde proviene la deuda africana?

La deuda financiera de África Sur-Sahariana se inicia a partir de los procesos de independen-cia de los años 60. Las colonias ganan la inde-pendencia política (al menos teórica), pero no la económica. Los recursos necesarios para finan-ciar los procesos de industrialización, la recon-strucción de instituciones, las infraestructuras... y también los caprichos públicos o los nuevos ejércitos provienen principalmente de recursos externos, préstamos de los bancos y gobiernos de las antiguas metrópolis, así como de instituci-ones como el Banco Mundial.

A principios de los 70 el aumento de reservas en los bancos del Norte, gracias a los denomina-dos petrodólares (que se acumulan por el incre-mento del precio del petróleo), incrementa el flujo de préstamos baratos a África, al igual que hacia otros países empobrecidos. Además, en un mo-mento de recesión económica y de sobreproduc-ción en Europa y Estados Unidos, se empiezan a extender los préstamos ligados a la compra de bienes y servicios del país acreedor, una forma barata de colocar los excedentes de los países ricos en los países africanos. Es también el ini-cio de la llamada “revolución verde” y el Banco Mundial, uno de los sus principales impulsores, presta barato para proyectos de mecanización y la extensión de agroquímicos en el campo afri-cano. Muchos de los proyectos financiados en esta época corresponden a grandes obras de ingeniería, que pretendían la modernización de África, pero que, junto con los proyectos de la “revolución verde” han provocado graves impac-tos ambientales, generando una deuda ecológica (16) no reconocida. Los acreedores prestan din-ero indiscriminadamente a los países africanos, poco importa dónde irán al final el dinero.

De hecho, el momento en el que se acumula gran parte de la deuda del continente es también en el que la Guerra Fría se juega sobre el terreno africano. Los países del Norte prestan a cambio de lealtad política y apoyo a un modelo u otro,

pagando por el servicio recibido.Es en este contexto que personajes como

Mobutu Sese Seko son impulsados al frente de países como el Zaire, apoyados por préstamos de los países occidentales, indiferentes al des-tino del dinero prestado, pero muy interesados en frenar el comunismo en el continente africano. En el caso de Mobutu, a pesar de los informes de corrupción sobre su gobierno, organismos multilaterales y gobiernos occidentales le otor-garon préstamos que engrosaron no solo la deuda externa de Zaire, sino también sus cuen-tas personales (su fortuna personal se valoró en 10.000 millones US$). En 1978 el FMI colocó a un hombre de confianza, Edwin Blumenthal, en

un puesto clave del Banco Central del Zaire. Blu-menthal dimitió 2 años más tarde no sin antes enviar un informe al FMI en el que advertía de la “corrupción sórdida y perniciosa” del régimen de Mobutu. Poco después de la dimisión de Blu-menthal el FMI atorgó al Zaire el mayor préstamo concedido a un país Africano. En los 6 años sigu-ientes el FMI prestó al Zaire 600 millones US$, el Banco mundial 650 millones US$, y los gobier-nos de occidente cerca de 3.000 millones US$. En 1978 la deuda de Zaire era de 5.000 millones US$. Cuando Mobutu fue derrocado en 1998, la suma deuda alcanzaba los 13.000 millones US$.

Así pues, líderes y gobiernos corruptos y dicta-toriales aprovecharon el fácil acceso al préstamo para hacerse con miles de millones de dólares en aras de sus países, no para fomentar el desarrol-lo de los mismos, sino para llenarse los bolsillos, como los casos de las cuentas en bancos sui-zos del mismo Mobutu (Zaire) o de Sani Abacha (Nigeria) (17); para fortalecer las estructuras de seguridad y represión, como en el caso más que paradigmático del Apertheid en Sur-África (18),

o el menos conocido de la venta desde España de material militar al dictador somalí Siad Barre, venta financiada con créditos FAD; o para finan-ciar proyectos faraónicos e imposibles, como la construcción por parte de Houphouët-Boigny de una réplica de la basílica de San Pedro del Vati-cano en Costa de Marfil, que costó 350 millones US$, o la “coronación” del emperador Bokasa, en la República Centroafricana, que costó el equivalente al 20% del PIB del país. Las deudas que generan estos préstamos y actuaciones son claramente ilegítimas, y en ningún caso han ben-eficiado a la población de los países deudores, que finalmente acabará pagándola.

En la década de los 80, con el incremento de los tipos de interés, la bola de nieve de la deuda fue creciendo. El FMI y el Banco Mundial rea-parecieron en escena con nuevos préstamos para superar la crisis de sobre-endeudamiento, préstamos vinculados a la adopción de los triste-mente conocidos “Planes de Ajuste Estructural”. Las medidas vinculadas a estos planes incluyen: reducción de gasto y subsidios en servicios pú-blicos básicos como salud y educación haciendo estos servicios, ya de por si insuficientes, todavía más inaccesibles a la población; la disminución de la estructura estatal con el despido de miles de trabajadores públicos, y una mayor desregu-lación laboral, llevando a un incremento del paro y de los índices de pobreza; la privatización de empresas públicas y la liberalización económica favoreciendo la entrada de grandes empresas transnacionales del Norte y debilitando los ya de por si frágiles tejidos industrial y empresarial locales; devaluar las monedas locales haciendo las exportaciones más baratas (disminuyendo los ingresos de divisas) y las importaciones más caras (incrementando los gastos); promover la producción de materias primeras como el café, el cacao, el cacahuete o el algodón, inundando así los mercados de estos productos, por encima de la demanda, y provocando una importante caída de precios y el consecuente deterioro de las condiciones de intercambio comercial. Se calcula que durante la década de los 80 la África Sur-Sahariana perdió hasta 12.000 millones US$ como consecuencia de los impactos “no previs-tos” por el Banco y el Fondo, que hoy reclaman la deuda de estos mismos países. Pero no se consideran las deudas ecológicas y sociales que han adquirido estas instituciones y los países que las gobiernan con los países africanos por los impactos ambientales y sociales inferidos.

Actualmente, las iniciativas de alivio de deuda lideradas por el Banco Mundial y el FMI, y de las que los países de África Sur-Sahariana son los principales “beneficiarios”, vienen acompañadas por aquellas mismas políticas que agravaron la crisis de la deuda. Así, para beneficiarse de can-celaciones parciales de deuda bajo iniciativas

¿Quién debe a quién?10 www.quiendebeaquien.org

como la HIPC (Iniciativa para los Países Pobres Altamente Endeudados) o MDRI (Iniciativa de Reducción de Deuda Multilateral), los países de-ben cumplir con los Programas de Crecimiento y Reducción de la Pobreza del FMI, los cuales siguen la misma línea que los PAEs (19). Un ejemplo claro es el caso de Mali, tercer país más pobre del mundo según el Índice de Desarrollo Humano del PNUD. Mali se ha beneficiado en los últimos años de cancelaciones de deuda tanto de la iniciativa HIPC como del MDRI, con 1.652 millones de dólares de deuda cancelada según sus acreedores. La deuda de Mali ha

pasado de 3.316 millones de dólares en 2001 a 1.590 millones en 2006. ¿A costa de qué? El acuerdo con el FMI tuvo que incluir “privatización de sectores controvertidos como la agricultura (algodón), banca y telecomunicaciones”. La pri-vatización del sector eléctrico, también vincu-lada a los programas de cancelación de deuda, tuvo que ser revertida por la imposibilidad de la empresa francesa SAUR, que adquirió la conc-esión, de cumplir el contrato. La privatización del ferrocarril ha llevado a la pérdida de más de 700 personas de forma directa y muchas más que vivían del ferrocarril indirectamente, además del cierre de estaciones, dejando aisladas a nume-rosas comunidades. El sector más dramático es el del algodón, en el que se obligó al gobierno de Mali a acabar con el precio fijo subsidiado. 3.5 millones de personas viven en Mali del algodón. Ahora deben hacer frente al algodón subsidiado de Estados Unidos y la Unión Europea sin las ayudas de su gobierno (20).

Carencia de servicios básicos, de recursos para infraestructuras de agua, transporte o pro-ductivas, paro, desestructuración de los tejidos industrial y productivo locales, degradación ambiental, agotamiento de recursos naturales, etc. La deuda externa es uno de los princi-

pales mecanismos responsables del deterioro del acceso a los servicios básicos, de la falta de infraestructuras al servicio de las personas y de la construcción de un modelo económico enfocado a cubrir las necesidades del mercado (dominado por los intereses de los países ricos). Si nos preguntamos el porqué de la pobreza en África, la respuesta no se puede quedar en los síntomas de empobrecimiento, en el paro, la se-quía o el hambre, sino que deberían ir a la raíz, a los mecanismos que, como la deuda externa, lo generan y lo perpetúan.

¿Cómo responde a todo ello el Gobierno español?

Dentro de este contexto de empobrecimiento, exacerbado por el sobre-endeudamiento a menudo ilegítimo de las economías africanas, se han impulsado los últimos años, desde difer-entes ámbitos internacionales, planes de acción focalizados en África Sur-Sahariana. Desde el NEPAD, impulsado por un grupo de países af-ricanos y apoyado por el G8 a través del APF (African Partnership Fund) (2003), hasta la reciente Comisión por África impulsada por el premier británico, Tony Blair (2005), pasando por los diferentes programas impulsados por la Unión Europea (el Acuerdo de Cotonou -2000-, que se complementa con los futuros Acuerdos de Asociación Económica o EPAs -2008-, y el Fondo del Banco Europeo de Inversiones para Infraestructuras -2006- entre otros iniciativas) y el Plan de Acción en África del Banco Mundial (2005). También diferentes países han impul-sado bilateralmente planes de acción para África Sur-Sahariana, destacando de entre todos ellos el de China, que con una importante batería de ayudas, préstamos y acuerdos comerciales lo ha convertido en el tercer socio comercial de África (por detrás de Estados Unidos y Francia, y por

delante ya del Reino Unido) (21). También las últimas medidas de alivio de la deuda, HIPC y MDRI, y los programas de ajuste que las acom-pañan, parecen estar pensadas principalmente para los países africanos. Todas estas iniciativas comparten una misma visión sobre África y simi-lares propuestas para su “crecimiento y desarrol-lo”: más inversiones extranjeras, más grandes in-fraestructuras, más extracción de recursos, más exportaciones... y menos inmigración.

El Gobierno español, coincidiendo con la alar-ma mediática provocada por el incremento de llegada de inmigrantes de África Sur-Sahariana a las costas canarias, se suma a este renacido interés por el continente africano con su Plan de Acción para África Sub-Sahariana o Plan África, aprobado en mayo de 2006 (22). El Plan establece 7 objetivos estratégicos diversos (23), con una serie de medidas que cubren desde el incremento de la ayuda oficial al desarrollo o la promoción de la inversión privada española en los sectores energético y pesquero, hasta la “co-operación” en temas de seguridad y vigilancia de las fronteras, o el impulso de procesos democ-ráticos en la región.

Una lectura atenta del Plan África (24) nos lleva a destacar dos objetivos por encima de los demás: el control de las migraciones, y la promoción la inversión española en África Sur-sahariana con el objetivo, al menos teórico, de fomentar el crecimiento económico de la región y su desarrollo. Todos los estados, especialmente en el Norte, disponen de una serie de instrumen-tos para promover la inversión de sus empresas en el extranjero y las exportaciones. Dos de los principales mecanismos de internacionalización de la empresa española son precisamente los responsables de la generación de la deuda ex-terna de los países empobrecidos, entre ellos los africanos, con España. De manera que no es aventurado decir que, al promover la interna-cionalización de la empresa española hacia los países de la periferia, estamos también fomen-tado su endeudamiento.

El Estado español es acreedor de 9.596,53 millones de euros que le deben 80 países em-pobrecidos. Del total de la deuda externa de la que el Estado español es acreedor, los países de África Sur-Sahariana deben el 14,97 % (sien-do América Latina la región más endeudada con España, con un 49,3% de la deuda), unos 1.435,22 millones de euros. De éstos el 40,15% corresponden a deuda FAD o concesional y el 59,85% a deuda CESCE o comercial (25). Hay que tener en cuenta que a través de los créditos FAD España ha exportado a África armamento y vehículos militares por valor de cerca de 400 millones de euros (26), ha habido denuncias por parte de ONGs de mala gestión de los créditos FAD Mozambique (27) e incluso de corrupción

www.quiendebeaquien.org 11¿Quién debe a quién?

vinculada a proyectos financiados con créditos FAD (28); también en numerosas ocasiones se han concedido líneas de crédito con cargo al FAD o se ha aprobado la financiación de proyec-tos con créditos FAD en momentos en los que al Gobierno español le interesa especialmente cuidar las relaciones bilaterales (29).

En el Plan África, el Gobierno español sigue fomentando el uso de los créditos FAD como instru-mento de Ayuda Oficial al Desarrollo y para la pro-moción de la inversión es-pañola. Prevé también una mayor promoción de los seguros de CESCE para cubrir riesgos de la export-ación y las inversiones en África Sur-Sahariana. No se opta, pues por romper con el ciclo de endeudami-ento que, como hemos visto, mantiene África em-pobrecida. Respecto a la necesidad de afrontar el problema del sobre-en-deudamiento actual de las economías africanas, aun cuando el Plan África habla de alivio de deuda, no aci-erta a encontrar una salida aceptable. La propuesta incluye cancelaciones parciales y vinculadas a iniciativas como la HIPC (que está condicionada a la adopción de políticas económicas de corte neoliberal), y conversiones de deuda por proyectos seleccionados y eje-cutados con el apoyo del Banco Mundial. No se afronta, pues, el origen ilegítimo de buena parte de la deuda africana, se ignora la necesidad de realizar auditorías, así como las demandas de la sociedad civil de cancelar de forma incondicional toda aquella deuda de los países que no pueden

hacer frente a las necesidades básicas de su población.

Cuando menos, lo que si se le debe reconocer al gobierno español es la franqueza con que ex-pone sus objetivos en este Plan para África: abrir mercados, regular el flujo de mano de obra seg-ún demanda, acallar la alarma mediática y social entorno a la inmigración, asegurar el acceso a los recursos, garantizar nuestra seguridad en-ergética, abastecer los mercados españoles, dar oportunidades a las empresas españolas, etc. Lo que queda por ver es si el Gobierno español es consciente de las contradicciones entre estos ob-jetivos y el objetivo genérico, también expresado en el Plan África, de lucha contra la pobreza.

Así pues, las políticas del Gobierno español en general, y las medidas incluidas en el Plan África en particular (la promoción de las inver-siones españolas a toda costa, la priorización de países y sectores importantes para la economía española, la perpetuación del endeudamiento de los países del Sur, la militarización del control de la inmigración ...), no parecen ir a la raíz de los problemas del continente, ni afronta las estruc-turas y mecanismos que generan el empobre-

cimiento y margin-ación que llevan a miles de personas a tirarse al mar en busca de un lugar donde vivir mejor.

Notas:(2) “Tras más de dos

décadas de convivencia con esta realidad, parece claro que no se ha llegado a soluciones efectivas, a pesar de que se han pro-puesto distintas iniciativas para afrontar este proble-ma” Exposición de motivos de la Ley Reguladora de la Deuda Externa, aprobada en noviembre de 2006 por el Parlamento español. LEY 38/2006.

(3) Objetivo 8 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. http://www.un.org/spanish/millenniumgoals

(4) Declaración de la cumbre Sur-Sur: “Hacia un milenio libre de deudas”. Jubileo Sur, Noviembre 1999

(5) Laura Ramos. “Los Crímenes de la Deuda” Observatorio de la Deuda

en la Globalización - Ed. Icaria, Col. ContraArgumentos. 2006(6) Ver la lista de firmantes de la Declaración de Parlamen-

tarios sobre la Financiación Responsable(7) La plataforma francesa Dette & Développement ha rec-

ogido, con ocasión de las elecciones presidenciales francesas en abril de 2007, firmas de diferentes personalidades que apoyan el reconocimiento de la ilegitimidad de la deuda.

(8) El Gobierno de Noruega canceló en octubre de 2006 la deuda de cinco países reconociendo su “responsabilidad com-partida” en la generación de estas deudas. Éste consideró que los préstamos atorgados en los años 70 y 80 ligados a la com-pra de barcos, en un momento de crisis de la industria naviera noruega, fueron concedidos de forma irresponsable, para servir a los intereses de Noruega, y sin tener en cuenta las necesidades de desarrollo de los países receptores.

(9) “Existe deuda externa ilegítima, adquirida en situaciones dudosas, que no se utilizó para los fines para los que fue con-tratada, o que ya ha sido pagada varias veces”, Rafael Correa en el discurso de toma de posesión. Correa declaró posteriormente que no va a pagar la deuda que se considere ilegítima, y para ello se ha puesto en marcha un proceso de auditoría de la deuda en Ecuador.

(10) “Ciertamente las gentes de Irak no deberían cargar con

aquellas deudas incurridas a través de un régimen de un dictador que ahora ya no está” John Snow, entrevistado en el programa ‘Your world with Neill Cavuto’, Fox News, 11 de abril 2003

(11) Declaración sobre Deuda. Foro Social Mundial, Nairobi, Kenia, 24 de enero de 2007

(12) Fuentes: - PNUD (2006), NNUU (2006), Intermon Oxfam: “La realidad de la Ayuda 2006-2007”, APDHA: “Derechos Hu-manos en la Frontera Sur 2006” - MAEC: “Plan de Acción para África” - Escuela Cultura de Paz: África, el continente maltratado, 2005. - CADTm “La auditoría como arma de destrucción de la deuda, 2007.

(13) Hasta el año 2000 África pagó en concepto de servicio de la deuda más de lo que recibió de los países ricos en con-cepto de AOD. Desde el 2000 esta tendencia se está revirtiendo, por un aumento substancial de la AOD dirigida a África. Sin em-bargo, según el propio Comité De Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE, “si excluimos Nigeria, que recibió un alivio de deuda excepcional, la AOD al resto de países por parte de los miem-bros de la OCDE cayó en un 1,2% respecto al 2005” ActionAid denunció a su informe “RealAid” que de esta AOD sólo un 39% son ayudas reales, mientras que el resto es “ayuda fantasma”, es decir, alivio de deuda, cooperación técnica y otras.

(14) “Life over debt” http://www.afsc.org/africa-debt/(15) “L’Afrique, créancière ou débitrice?” Eric Toussaint,

Noviembre 2003. (16 ) “La deuda ecológica es la deuda contraída por los

países industrializados con el resto a causa del expolio histórico y presente de los recursos naturales, los impactos ambientales exportados y la libre utilización del espacio ambiental global para depositar residuos”, ODG

(17) “Suiza devuelve los fondos robados por los tiranos” El País, 19 de octubre de 2006.

(18) “Al final del período (del Apartheid, 1948 - 1991) la deuda externa sudafricana había alcanzado un saldo negativo de algo más de 25 mil millones de dólares (…) Aunque ya en 1973 Naciones Unidas había calificado al apartheid como un crimen contra la humanidad, la comunidad financiera internacional con-tinuó concediendo préstamos al gobierno sudafricano. En 1977, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU juzgó las activi-dades de estos prestamistas como crímenes contra la humani-dad. Consideró que sin la participación de las firmas multinacion-ales y sin el apoyo de los organismos multilaterales de crédito, el régimen de Sudáfrica nunca hubiera podido implementar a largo plazo este tipo de crímenes”. Laura Ramos. “Los Crímenes de la Deuda” Observatorio de la Deuda en la Globalización - Ed. Icaria, Col. ContraArgumentos. 2006

(19) Para ampliar información sobre estas iniciativas de alivio se puede consultar: http://www.odg.cat. También http://www.eu-rodad.org/debt/?id=112 para información general sobre iniciati-vas multilaterales de alivio de deuda.

(20) Martine Dahle Huse “Small Change for a High Price: Con-ditional debt relief in Mali” Eurodad. Junio 2007

(21) “África cambia de amo” Alberto Sierra, marzo 2007. (22) http://www.maec.es/es/Home/planafrica.htm(23) Entre los Objetivos Generales del Plan África está:El re-

fuerzo y la diversificación de los intercambios económicos, así como el fomento de las inversiones, (...) para nuestra seguridad energética y las oportunidades de negocio en el sector de hidro-carburos para las empresas españolas.

(24) Ver el artículo “Entre cayucos e inversiones. Del Plan África, la deuda externa y otros mecanismos de empobrecimien-to”. Iolanda Fresnillo, marzo de 2007.

(25) Sobre los créditos FAD y la deuda comercial de la Com-pañía Española de Seguros y Créditos a la Exportación http://www.quiendebeaquien.org/spip.php?rubrique54

(26) Los créditos FAD vinculados a armamento y material militar en general se atorgaron hasta 1992, cuando el Gobierno español tuvo que acatar los dictámenes del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE al respecto, que prohíben dar créditos concesionales AOD para material militar.

(27) Ver informe “Renovarse o morir. Por qué la reforma de los créditos FAD no puede esperar”. Intermon Oxfam, abril de 2006.

(28) En 2005 Mauritania recibió dos préstamos FAD del Go-bierno español para un remolcador y la renovación del Puerto de Novadhibou por valor de 3,3 y 2,3 millones de euros. La concesión de dichos préstamos ha sido relacionada por algunas organizaciones con el inicio de la actividad prospectiva de Rep-sol-YPF en el país y se han denunciado indicios de corrupción en la gestión de los recursos prestados. El puerto será utilizado en buena medida para la exportación de petróleo, hierro y pesca, recursos de los que el Estado español es importador. Por otro lado se ha denunciado el pago de comisiones sin justificar en Angola por un importe de más de 3.000 millones de pesetas vinculadas a operaciones que tenían un importe total de 25.000 millones, ejecutadas por la entonces empresa pública FOCOEX, y financiadas con FAD entre 1991 y 1993 (El Mundo, 27 y 31 de enero de 1996).

(29) El Gobierno español concedió una línea de crédito de 20 millones de euros a Senegal en Junio de 2006, vinculada a la compra de bienes y servicios españoles pero cuya ejecución final decide el gobierno de Senegal, justo en el momento en que estaba negociando el acuerdo para la repatriación de inmigrant-es ilegales con el gobierno senegalés. “El África Subsahariana siempre ha sido un área esencial para las relaciones exteriores de España por su proximidad, sus necesidades de desarrollo económico y social y por los flujos migratorios que origina”, sub-raya un comunicado emitido por el Gobierno español en motivo del acuerdo del Consejo de Ministros para la concesión de la línea de crédito.

“Campañas, movimientos sociales, organizaciones no-gubernamentales, comunitarias y religiosas y activistas

de todo el mundo (...) tenemos la firme determinación de lograr el fin de la dominación ejercida a través de la

deuda. El endeudamiento es ilegítimo y continua robando a los pueblos de

África, América Latina y Asia sus dere-chos a la independencia y la autonomía

política, así como también a la salud, la educación, el agua y a todos los

bienes esenciales y servicios básicos que tendrían que estar disponibles para

todos y todas”

Declaración sobre DeudaForo Social Mundial,

Nairobi, Kenia, 24 de enero de 2007

¿Quién debe a quién?1� www.quiendebeaquien.org

En junio de 2008, más de 240 ONGs, orga-nizaciones agrarias, sindicatos y movimientos sociales de 50 países, promovido por la red “Nuestro Mundo No Está En Venta”, envia-ron una carta contundente al Director Gene-ral de la Organización Mundial de Comercio, Pascal Lamy, en contra de su intención de concluir la Ronda de Doha como “solución a la crisis alimentaria”.

El mensaje apunta que “las negociaciones comerciales de la Ronda de Doha no abordan los desafíos más importantes que enfrenta el sistema alimentario mundial, entre los que se cuentan el cambio climático, el agotamiento de los recursos naturales, la cuadruplicación de los precios del petróleo, la ausencia de competencia en los mercados mundiales de productos básicos, la especulación financiera y la expansión acelerada de la producción de agrocombustibles.”

Con motivo de la Conferencia sobre Se-guridad Alimentaria de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali-mentación (FAO) en Roma, y la reunión anual de la OCDE, los firmantes del Estado espa-ñol remitieron la carta también a la Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, y al Ministro de Comercio, Miguel Sebastián, diciendo que la respuesta a los aumentos de los precios alimentarios no consiste “en profundizar la desregulación de la producción y el comercio de alimentos”.[1]

La carta sostiene que “la incapacidad de manejar la crisis alimentaria actual es una muestra del fracaso tras tres décadas de desregulación de los mercados agrícolas. Ni la Ronda de Doha de la OMC, ni otros trata-dos de libre comercio bilaterales y regionales que se están negociando actualmente podrán resolver la crisis alimentaria, porque la libera-lización del comercio ha socavado la capaci-dad de un número de países para alimentarse a sí mismos”.

“Consideramos que la Ronda de Doha agravará la crisis volatilizando aún más los precios de los alimentos, incrementando la dependencia de los países en desarrollo en las importaciones, y fortaleciendo el poder del agronegocio multinacional en los mercados agropecuarios y alimentarios”, señalan las organizaciones firmantes y reivindican:

1. Los gobiernos y las comunidades nece-sitan tener una gama de herramientas a su disposición para construir sistemas alimenta-rios y agropecuarios resistentes, aptos para enfrentar los desafíos que se avecinan: refor-ma agraria y políticas que acrecienten la so-

beranía alimentaria, estimulen los mercados locales y apoyen la agricultura ecológica de pequeña escala.

2. La volatilidad de los precios de los pro-ductos agrícolas tiene que ser resuelta me-diante políticas y acciones encaminadas a prevenir las crisis alimentarias y garantizarles a los pequeños productores rurales ingresos estables, seguros y justos. Es necesario res-tablecer reservas de alimentos bien adminis-tradas.

3. Los gobiernos deben crear redes de se-guridad y sistemas públicos de distribución de alimentos para evitar hambrunas, y brin-darle apoyo financiero a los consumidores más pobres a fin de que éstos puedan comer, utilizando la mayor cantidad de recursos dis-ponibles.

4. Una reforma del sistema de ayuda ali-mentaria para que se compren alimentos pro-ducidos localmente.

5. La no liberalización del comercio en la OMC, ni en otras negociaciones comerciales bilaterales o regionales.

Al mismo tiempo se envió a los Gobiernos reunidos en Roma la “Declaración de la so-ciedad civil sobre la emergencia alimenta-ria mundial: ¡Que no se repitan los errores de siempre!”, impulsada por la Vía Campesi-na y el Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP). En dicha carta, que han firmado más de 800 organiza-ciones a nivel mundial, se declara el “Estado de Emergencia de los Pueblos por la actual crisis de alimentos”. [2]

Se hace un llamamiento al Consejo para los Derechos Humanos de la ONU y al Tribu-nal Internacional de Justicia para que investi-gue la responsabilidad en las violaciones del Derecho a la alimentación. Se pide el cese inmediato del desarrollo de tierras para la producción industrial de agrocombustibles. Se reclama asimismo el establecimiento de una Comisión de la ONU para la Producción Alimentaria, Consumo y Comercio, con la participación de los productores de pequeña escala de alimentos y de consumidores mar-ginados.

“Creemos que el Derecho a la Comida está por encima de los acuerdos comerciales y otras políticas internacionales. En la emer-gencia alimentaria actual, las negociaciones mercantiles relacionadas con la comida y la agricultura deben detenerse”, afirma la decla-ración. Finalmente se rechaza los modelos de la Revolución Verde, pero se apuesta por la participación de la sociedad civil en el desa-rrollo de una estrategia integral para respon-der al cambio climático.

Notas: [1] La carta con las firmas está disponible

en: http://www.oaklandinstitute.org Las cartas enviadas a E. Espinosa y a M.

Sebastián se pueden consultar en: http://www.quiendebeaquien.org/spip.php?article855[2] La carta con las firmas está disponible

en: www.nyeleni.eu/foodemergency

La Ronda de Doha de la OMC no resuelve la Crisis Alimentaria Global: la Sociedad Civil exige

soluciones reales

www.quiendebeaquien.org 1�¿Quién debe a quién?

Ha sido una muy buena noticia el fracaso de la última reunión –excluyente, antide-mocrática e ilegítima– de la Organización Mundial de Comercio (OMC). El movimien-to antiglobalización aplaude que se haya impedido, por el momento, una nueva libe-ralización del comercio mundial.

Después de siete años de fallidos intentos de concluir la Ronda de Doha de negocia-ciones comerciales en la OMC, es evidente que la mayoría de los 153 estados miembros ya no se subordinan a una política de “libre” comercio que sólo favorece a los intereses corporativos del Norte. La Unión Europea y Estados Unidos querían lograr un “aumento sustancial” en el acceso a los mercados mun-diales de bienes y servicios, consolidando así su dominio y control en los mercados interna-cionales de comercio e inversión.

La mal llamada Ronda del Desarrollo no tiene como objetivo “aliviar la pobreza”. De los ingresos mundiales (96.000 millones de dólares) del Programa de Doha previstos para 2015, sólo 16.000 –menos de un cen-tavo de dólar al día por persona– llegarían al mundo en desarrollo (el 50% iría a tan sólo ocho países; Brasil acapararía el 23%). Sin embargo, los costos por abrir todavía más sus mercados superan con mucho las “ga-nancias”. En lo referente a los bienes indus-triales, las pérdidas de aranceles para los países en desarrollo –que muchos necesitan para sus presupuestos de salud y educación–, podrían ser de 63.000 millones de dólares. Esta ruina no incluye la potencial pérdida de millones de puestos de trabajo debido a la reducción de aranceles, la protección y apo-yo gubernamentales a sectores sensibles y las necesidades básicas. La Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas denunció que no existen procesos de eva-luación sobre el impacto que pudiese tener la Ronda de Doha en cuanto a la pérdida de espacio para el manejo de políticas públicas, mayores niveles de desempleo, precarización y pobreza. Estas frías cifras tampoco reflejan la catástrofe humana que acompaña la men-

guante capacidad adquisitiva por el aumento de los precios de los alimentos y del petróleo ni los costes añadidos por los impactos del cambio climático.

frontamos crisis masivas a nivel mundial con relación a los alimentos, la energía, el sis-tema financiero y las consecuencias del calen-tamiento global, que se intensifican recíproca-mente. El modelo de comercio que promueve la OMC agrava estas crisis. La incapacidad de acabar con el hambre es una muestra más del fracaso tras décadas de desregulación de los mercados agrícolas. Ni la OMC ni otros tratados de libre comercio bilaterales y regio-nales que se están negociando actualmente, podrán resolver la crisis alimentaria, porque la liberalización del comercio ha socavado la capacidad de los países para alimentarse a sí mismos. La Ronda de Doha agravaría la crisis alimentaria volatilizando aún más los precios de los alimentos, aumentando la dependencia de los países en desarrollo de las importaciones y fortaleciendo el poder ya concentrado de los agronegocios multinacio-nales en los mercados de alimentos y agríco-las. Los países en desarrollo perderán más espacio para implementar sus políticas en el sector agrícola, y además verán menguada su capacidad de lidiar contra la especulación con los alimentos y de fortalecer el sustento de los pequeños productores.

La crisis financiera mundial está mostran-do el daño que está provocando la falta de regulación de los mercados financieros. Y sin embargo, en el marco de las negociaciones sobre el comercio de servicios, la UE está presionando a los países en desarrollo para que liberalicen aun más sus sectores de ser-

vicios financieros dentro del Acuerdo Gene-ral para el Comercio y los Servicios (AGCS). Este acuerdo promueve la competición inter-nacional, pero sin garantía alguna de que los reglamentos o la supervisión estatal afronten las conductas de riesgo de las empresas, acentuando la probabilidad de futuras crisis.

Las negociaciones demostraron asimismo la falta de voluntad política de la UE para fre-nar el cambio climático. Para prevenir que la temperatura media global suba más de 2ºC –lo que provocaría una aún mayor catástro-fe climática–, es necesario cambiar radical-mente el sistema mundial de comercio, al ser esta una de las mayores causas del cambio climático. Sólo este argumento bastaría para hacer descarrilar la Ronda de Doha. Si la des-trucción de bosques supone una quinta parte de todas las emisiones globales de gases de efecto invernadero, el hecho de frenar inme-diatamente todo proceso de deforestación sería la manera más rápida y eficaz para reducir estas emisiones. Pero ello implica-ría, por ejemplo, que la UE deje de importar productos cultivados en áreas deforestadas como el aceite de palma o la soja. Por otra parte, haber puesto en práctica las obligacio-nes comerciales adquiridas en la Ronda de Uruguay de la OMC supuso un incremento del 70% (sobre los niveles de 1992) del trans-porte de mercancías, altamente dependiente de los recursos fósiles y uno de los mayores emisores de CO².

El fracaso de la Ronda de Doha también pone de manifiesto la equivocada apuesta comercial del Gobierno español que, junto con el resto de la UE, despliega sus fuerzas diplomáticas para colaborar con la OMC y, además, cerrar tratados bilaterales –bajo la estrategia “Europa Global: competir en el mundo”–, mientras la mayor parte de la po-blación mundial está sufriendo las consecuen-cias de la liberalización comercial cayendo en el desempleo y viviendo en la pobreza, y otra gran parte muriendo de hambre, falta de agua y enfermedades curables. Por lo tanto, no hay tiempo que perder para dar un giro de 180 grados en las políticas comerciales.

La OMC no es la solución, sino el problema POr: TOM KUChArz, ECOLOgISTAS EN ACCIóN


Llamamiento a la acción contra la agresiva agenda comercial de la Unión Europea

SEMANA INTErNACIONAL PArA DETENEr LOS TrATADOS DE LIBrE COMErCIO DE LA UE y LOS PAÍSES DE áFrICA, PACÍFICO y CArIBE (23-27 DE SEPTIEMBrE DE 2008)

Nosotros, movimientos sociales, ONGs y organizaciones de base, hacemos un llamado para redoblar los esfuerzos con el fin de parar los Tratados de ‘Libre’ Comercio, mal llama-dos “Acuerdos de Asociación Económica” (EPA por sus siglas en inglés) que la Unión Europea (UE) intenta imponer a los países de África, Caribe y Pacífico (ACP), y que destru-irán las economías de éstos países.

Rechazamos los Tratados de Libre Comercio (TLC) propuestos por la Unión Europea y avalados por diversos gobiernos del Sur que solo buscan profundizar y perpetu-ar el actual sistema de dominación que ha provocado la actual crisis económica, alimentaria, energéti-ca y climática que todas y todos estamos sufriendo.

La estrategia de la Unión Euro-pea “Europa Global: Competir en el mundo”, supone la profundiza-ción de las políticas de competitivi-dad y crecimiento económico que buscan implementar la agenda de sus transnacionales y profundizar en las políticas neoliberales, in-compatibles con la lucha contra el cambio climático, la erradicación de la pobreza y la cohesión social.

Cuando comenzaron las ne-gociaciones de los EPA, organ-izaciones de la sociedad civil de África, el Caribe, el Pacifico y Eu-ropa advirtieron que dichos trata-dos vulneraban profundamente los Derechos Humanos. Apuntábamos que los EPA suponen una amenaza no sólo para los presupuestos públicos, los in-gresos de los pequeños productores e indus-trias locales, para la soberanía alimentaria, los servicios públicos y la integración regional alternativa, sino que también ponen en peli-gro el derecho y la capacidad de los países para desarrollar unas políticas económicas acordes con las necesidades de su población y afrontar así la crisis global.

Las negociaciones han evidenciado el at-ropello que los EPA representan. A finales de 2007, la Unión Europea utilizó tácticas manipuladoras y de mano dura en un intento de forzar a los gobiernos africanos a firmar ‘Acuerdos Interinos’. Cuando se hizo evidente que ningún bloque económico regional de África aceptaría las demandas de la UE, la Comisión Europea pasó a utilizar estrategias descaradas de ‘divide y vencerás’. La UE se aprovechó del hecho de que por razones históricas en África algunos sectores de la exportación tienen una fuerte dependencia de los mercados europeos para sus produc-

tos. Con la amenaza de negarles el acceso al Mercado Único europeo, los países más vulnerables de África fueron obligados así a aceptar las demandas de la UE de ‘Acuerdos Interinos de Asociación Económica’, socav-ando con ello las posiciones regionales en las negociaciones. Estos ‘Acuerdos Interinos de Asociación Económica’ desenmascaran la verdadera cara de la UE. Los “acuerdos” son un clásico Tratado de ‘Libre’ Comercio

que sirve manifiestamente a los intereses geopolíticos, económicos y comerciales de la UE.

La actual agenda de negociaciones pre-tende profundizar todo este proceso. La UE tiene intención de cerrar cuanto antes los ‘Ac-uerdos Interinos’, con todas sus escandalosas disposiciones. Además, la UE está ejerciendo fuertes presiones sobre los Gobiernos africa-nos para ampliar las negociaciones al sector de servicios y para incluir normas obligatorias de inversiones, políticas de competencia y compras gubernamentales. Algo que la ciu-dadanía rechaza.

En la actualidad es más evidente que nunca, que los EPA son el medio de la UE para consolidar unas relaciones fundamental-mente injustas entre África y Europa. Se trata de una re-colonización.

¡Pero la estrategia de la “Eu-ropa Global” no es solo nefas-ta para el resto del mundo!

La estrategia relaciona explícitamente las políticas internas y las políticas externas a través del dogma de la “desregulación” y de la “competitividad”. En Europa una de las grandes amenazas para la democracia, la justicia, la paz y el equilibrio ecológico, es el Tratado de Lisboa, que está siendo ratificado por las élites sin consultar a la población, y que rechazamos como ya lo hicimos en el pasado. Este tratado refuerza una Europa

neoliberal, aumenta la militariza-ción, la exclusión, las desigual-dades y la mercantilización, así como endurece las políticas secu-ritarias-represivas. Ello se refleja en un aumento de la precariedad, un ataque generalizado a todos los derechos sociales, en particular a las conquistas laborales. Al mismo tiempo, se acelera la construcción de la “Europa Fortaleza”, lo que im-plica cerrar las fronteras, violando el derecho de asilo y criminalizando a los migrantes y los movimientos sociales.

Creemos que es necesario un en-foque diferente en cuanto al comer-cio internacional y a las inversiones, si buscamos acabar con la pobreza, la explotación, la injusticia, y los de-sastres ecológicos en todo el mun-do. Será imposible la construcción de una Europa social, ecológica y democrática mientras que la UE persiga políticas comerciales, tales como las de “Europa Global”, que sólo favorecen a las corporaciones.

Nuestro propósito es trabajar para construir un mundo basado en principios de paz, de participación ciudadana, de justicia social, de acceso universal a los derechos humanos, de sostenibilidad ambiental, con soberanía ali-mentaria y donde se reconozca el derecho de los pueblos a la auto-determinación.

Por ello es urgente que nos movilicemos para rechazar esta agenda comercial de la UE.

Con este fin, reclamamos:

l La no liberalización del comercio en la Organización Mundial de Comercio, ni en otras negociaciones comerciales bilaterales o regionales.l Dejar de financiar proyectos y políti-

cas que contribuyan al hambre, el desempleo, a la precariedad y el cambio climático.l Cumplir con la obligación de la UE

[Continúa p. 16]

www.quiendebeaquien.org 1�¿Quién debe a quién?

Refugiados (o desplazados) ambientales: el gran de-safío para la lucha contra el Cambio Climático

[viene de la página 1] Ecologistas en Acción denuncia las

políticas responsables por el sufrimiento humano de millones de personas despla-zadas forzadamente a causa de la crisis ecológica global y la falta de voluntad política de los Estados para resolver esta situación.

La pobreza y la pérdida de los medios de substistencia, así como los conflictos por los recursos naturales cada vez más escasos, se están agravando a gran velocidad por el Cambio Climático así como por el modelo económico y las políticas públicas que lo pro-vocan.

Ecologistas en Acción demanda revisar ur-gentemente el concepto jurídico de “refugia-do” para poder ampliarlo a nuevas realidades sociales, como son las que resultan del de-terioro del medioambiente. La regulación del llamado “refugiado ambiental” por el ordena-miento jurídico internacional resulta impres-

los Estados, las empresas y los organismos multilaterales (BM, FMI, etc.).

Ecologistas en Acción responsabiliza a los Estados y a las empresas transnacionales por la destrucción de la cubierta vegetal, la erosión del suelo y la falta de agua, proble-mas provocados por la sobreexplotación de los recursos naturales y de la modificación de la naturaleza.

1. Ejemplo: La deuda externa ha incenti-vado la explotación indiscriminada de los re-cursos naturales en los países empobrecidos, ya que su exportación es una de las pocas formas que tienen estos países para hacerse con suficientes divisas para poder pagar el servicio de la deuda.

2. Ejemplo: En el mundo la deforestación sigue aumentando a una tasa alarmante de alrededor de 13 millones de hectáreas de bosques cada año (20.000 ha/día). Entre las causas de la deforestación y la degradación de los bosques destacan las políticas guber-namentales de sustitución de bosques natu-

rales por plantaciones industriales de árboles –eucalipto, pino-, la construcción de infraes-tructuras (sobre todo las hidráulicas), la mi-nería y extracción de recursos naturales, la tala indiscriminada para la venta de productos forestales y para la producción de papel, pero sobre todo a causa del avance de la frontera agrícola por la expansión de los monocultivos agroindustriales para la exportación (soja, palma aceitera, caña de azúcar, jatropha, etc.). Esta situación se está agravando por la creciente demanda de materias primas y las políticas energéticas de la UE para producir los agrocombustibles.

3. Ejemplo: La expansión de la agricultura industrial se realiza a expensas de los hábitat naturales. Existe el riesgo que la deforesta-ción en las zonas tropicales pueda afectar regiones enteras con sequías e impactar la totalidad de los bosques tropicales. Ello origi-naría la emisión de 120 mil millones de tone-ladas de CO2 causando así la extinción masi-va de especies de flora y fauna, alterando las precipitaciones en gran parte del hemisferio norte y sur, así como poniendo en riesgo la disponibilidad global de alimentos.

4. Ejemplo: En la actualidad, el ciclo del agua está profundamente alterado. Más de

la mitad de los 192 ríos más importantes del mundo se encuentran afectados por presas que están financiados en buena medida por dinero público o por el Banco Mundial. Pero al mismo tiempo, más de 1.100 millones de personas no tienen acceso a agua potable y 1.300 millones de personas no tienen servi-cios de saneamiento.

En opinión de Ecologistas en Acción, el esquema clásico de “desarrollo” –la “revolu-ción verde” para intensificar la agricultura, el crecimiento económico y la expansión urba-no-metropolitana en todo el planeta, para ab-sorber el éxodo rural provocado por el modelo capitalista- ha demostrado su invalidez para resolver los problemas sociales y ambienta-les mundiales. Por ello es urgente promover políticas y leyes que reconozcan la soberanía alimentaria como un derecho humano básico. Reclamamos una verdadera reforma agraria que garantice la igualdad de derechos para las mujeres y a los campesinos plenos dere-chos sobre la tierra, defienda y recupere los

territorios de los pueblos indígenas, garantice empleos dignos con sueldos justos y dere-chos laborales para todos los trabajadores.

Demandamos un compromiso calendariza-do del Gobierno español de adoptar mecanis-mos para: proteger jurídicamente a los refu-giados ambientales ampliando el concepto de refugiado; recuperar las zonas afectadas por la desertificación y aplicar políticas que eviten su avance; establecer reparaciones y res-ponsabilidades judiciales, civiles o penales; la creación de un fondo de compensación; ejecutar las políticas necesarias para abo-lir la deuda externa; así como promover las acciones políticas, económicas, legislativas y sociales pertinentes para frenar el Cambio Climático.

Nota:[*] La cita de la página 1 es de Molly Conisbee,

del Consejo de Investigación de Artes y Humani-dades de Inglaterra, coautora del documento “En-vironmental Refugees: The Case for Recognition” (junto a Andrew Simms, Director de Políticas en la New Economics Foundation), entrevistada por Ecología Política, en su número especial sobre los desplazados ambientales:

http://www.ecologiapolitica.info/ep/33.pdf

cindible para llenar una laguna jurídica y pro-porcionar una protección jurídica exhaustiva a los cada vez más numerosos desplazados por razones ambientales. Para 2020, unos 135 millones de personas corren peligro de tener que abandonar sus tierras por la conti-nua desertificación (–entendida como pérdida de potencialidad y productividad de la tierra, y en particular como pérdida de suelo fértil–), de ellas 60 millones en África subsahariana. La desertificación afecta ya a 1.300 millones de personas en el mundo. El Cambio Climá-tico aumentará los desplazamientos forzados hasta 200 millones de refugiados ambientales en los próximos 30 años.

Las zonas degradadas sufren una merma importante de su población activa y en las zo-nas urbanas dispara la situación de vulnerabi-lidad en los cinturones de miseria y la falta de acceso a servicios públicos básicos.

Pero en vez de acoger a los desplazados ambientales, se mueren cada año miles de personas en las rutas migratorias por las po-líticas restrictivas de la UE y la militarización, cada vez mayor, de las fronteras. Denuncia-mos al Gobierno español y a la Unión Euro-pea por sus políticas migratorias que violan sistemáticamente los Derechos Humanos e incumplen la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados.

14 años después del Primer Simposio Inter-nacional sobre Desertificación y Migraciones en Almería, constatamos que los Gobiernos y las Naciones Unidas no han tomado las me-didas necesarias para evitar que decenas de miles de personas se mueran al ser expulsa-dos de sus hábitats por la degradación am-biental. Además, a la hora de buscar los pla-nes de acción, se omite sistemáticamente las responsabilidades de las políticas públicas de


Este boletín es editado por Ecologistas en Acción para la campaña ¿Quién

debe a quién?

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Queremos agradecer su colaboración en este boletín a Paco Segura, así como

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Materiales sobre deuda externa,

comercio, anticoopera-ción, justicia climática, trans-

nacionales, migraciones, Unión Europea, África, América Latina, Asia, etc.

www.quiendebeaquien.orgwww.enlazandoalternativas.org

www.s2bnetwork.orgwww.globaleuropewatch.org

[viene de la página 14]

... de adoptar objetivos ambiciosos de re-ducción de emisiones de CO2, por lo menos, del 30 por ciento en 2020 y el 80 por ciento en 2050, y revertir las políticas nocivas que han dado lugar a las crisis alimentaria y climática.l Una re-localización de la produc-

ción: políticas comerciales que reconozcan el derecho a la protección de los mercados y la ayuda pública, así como políticas que prom-uevan intercambios locales y regionales en vez de exportaciones.l Una Reforma Agraria y Soberanía

Alimentaria: políticas que reconozcan el derecho de los pueblos a elegir sus alimen-tos y a cómo producirlos, que estimulen los mercados locales y que apoyen la agricultura ecológica de pequeña escala.l Una re-orientación de la Política

Agrícola Común (PAC).l Comercio Justo: regulación comer-

cial que asegure precios justos para los pro-ductores y los consumidores en el Sur y en el Norte.l Control del lobby de las corpora-

ciones transnacionales.l Una Política energética sustentable:

reducción radical del consumo de energía y uso de energías renovables.l La gestión pública de los Servicios

Públicos.l La abolición de la Deuda Externa y

la anulación de los pagos de toda deuda il-egítima.l Poner fin a la imposición de todas

las políticas económicas de las Instituciones Financieras Internacionales como el Banco Mundial y el FMI (por ej. la privatización, la liberalización y la desregulación).l Libertad de movimiento para todas

las personas. Hacer efectivos los derechos de los migrantes y otras personas víctimas que son desplazadas, consecuencia de las políticas de la UE y las crisis alimentaria y climática.l La retirada de la Directiva Europea

de Retorno (Directiva de la Vergüenza).

Felicitamos a los gobiernos de África que han resistido hasta ahora a cualquier acuerdo injusto con la UE. Reclamamos asimismo al Congreso de los Diputados y al Parlamento Europeo que no ratifiquen los EPA, ni ningún otro tratado de libre comercio.

Hacemos un llamamiento a las organiza-ciones de la sociedad civil que están resis-tiéndose también a los tratados europeos de “libre” comercio para que refuercen su soli-daridad activa con la campaña internacional para Parar los EPA (STOP EPA).

¡Paremos los EPA! ¡Paremos la reconolización

de África!

boletÍn de la campaÑa ¿quiÉn debe a quiÉn? …

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