Actores, dinámicas y determinantes de la seguridad en Perú

Análisis de la seguridad en Perú: el marco de referencia

Los Estados en desarrollo, como Perú, muchas veces desafían el orden

internacional tanto en su dimensión interestatal (a través de comportamientos agresivos)

como institucional (por no cumplimiento de normas internacionales), razón por la cual el

análisis de sus comportamientos y de sus perfiles de seguridad no puede ser olvidado por

la disciplina de las Relaciones Internacionales. En este contexto, las grandes teorías de

las Relaciones Internacionales y los estudios sobre el Tercer Mundo no son tan

incompatibles1. Al contrario, se puede, e incluso se debe, cuando se trata de estudios

estratégicos y de seguridad, acudir a marcos teórico-conceptuales considerados como

1 Neuman, Stephanie G., “International Relations Theory and the Third World: An Oxymoron”, en Stephanie G. Neuman (ed.), International Relations Theory and the Third World, New York, St. Martin Press, 1998, pp. 1-29. Cabe subrayar que existen, obviamente, varias teorías dedicadas al Tercer Mundo y al estudio de las causas del subdesarrollo. Se trata, en particular, de las tres corrientes teóricas del paradigma estructuralista (teorías marxistas de RR.II.) que son la dependencia, la teoría estructural del imperialismo y la teoría del sistema mundo. Sin embargo, no las consideramos como pertinentes para este estudio debido a que se enfocan en el análisis de las relaciones de los países de la periferia o semi-periferia con los del centro en una única dimensión económica y de desarrollo. No son, entonces, pertinentes como marco de referencia para ayudar a determinar el perfil de seguridad de un país del tercer Mundo como Perú.

tradicionales (pertenecientes a las diversas tendencias teóricas del realismo clásico y del

nuevo realismo) que, en sus corrientes más recientes, contemplan variables adaptadas al

contexto de los países periféricos y no solamente al estudio de las grandes potencias.

Obviamente, los conceptos centrales del realismo clásico como el Estado, la soberanía

nacional, la anarquía, la potencia, la balanza de poder y la elección racional necesitan ser

revisados para poder cruzar las variables humanas, locales, regionales y sistémicas en las

cuales estos países, tal como Perú, están sumergidos y que no corresponden al tipo ideal

de los países desarrollados.

Al tener en cuenta que el objetivo de este capítulo es establecer un primer

diagnóstico del perfil de seguridad de Perú como país en desarrollo, a la vez andino,

amazónico y del Pacífico, y siguiendo las afirmaciones anteriores, se escogió un marco

de referencia perteneciente a estas corrientes del nuevo realismo, llamado realismo

subalterno2 o periférico3, dedicado al estudio de los países del Tercer Mundo y, en

especial, de su participación en las relaciones de fuerza y de seguridad regionales y

mundiales. En efecto, al usar los axiomas principales de esta teoría, tal como fueron

establecidos por su creador y autor principal, Mohammed Ayoob, para establecer y

analizar la seguridad de Perú en términos ampliados y en dimensiones múltiples, el

diagnóstico final al cual se llega es mucho más cercano a la realidad debido a su poder

explicativo superior frente a los otros paradigmas disponibles en cuanto a cuestiones de

guerra y de paz, de orden y desorden y de naturaleza e intensidad de los conflictos y

factores de inseguridad que involucran a países del Sur. Esta capacidad explicativa se

debe, en particular, a una casi exclusiva habilidad para demostrar la conexión entre

2 Mohammed Ayoob, “Subaltern Realism: International Relations Theory Meets the Third World”, en Stephanie G. Neuman (ed.), International Relations Theory and the Third World, pp.31-54. 3 Carlos Escudé, “An Introduction to Peripheral Realism and Its Implications for the Interstate System: Argentina and the Cóndor II Missile Project”, en Stephanie G. Neuman (ed.), International Relations Theory and the Third World, pp. 55-75.

actividades nacionales y asuntos de equilibrio de poder regional, sin olvidar la

importancia del impacto de las estructuras globales, de las normas internacionales y de

las acciones de las grandes potencias sobre la seguridad del país en desarrollo, esta

última entendida como su capacidad para crear, consolidar y mantener su

institucionalidad interna (state-making entreprise) y manejar conflictos o situaciones de

inseguridad y tensión regionales (debido, principalmente, a procesos de state-breaking y

de state-failure).

Según el realismo subalterno4, la seguridad de un Estado periférico se analiza

específicamente en su dimensión política en la cual las fronteras, las instituciones y el

régimen de gobierno del Estado se ven desafiados de manera significativa. Se analiza,

también, a través de una dimensión económica puesto que estos países poseen

economías severamente distorsionadas, sectorial y regionalmente, y conocen una

situación de interdependencia asimétrica con los países desarrollados del Norte. En

consecuencia, estudiar la seguridad de un país como Perú lleva, desde este enfoque, a

detallar las presiones internas y externas así como los frágiles equilibrios políticos y

económicos que éste experimenta.

En otras palabras, un análisis de seguridad sustentado en el realismo subalterno de

Ayoob debe contemplar y buscar unas cinco variables fundamentales5, de las cuales las

cuatro primeras se revelan decisivas para el análisis del perfil de seguridad de Perú.

Primero, el grado de construcción del Estado (stage of state-making) que está

determinado por el nivel de capacidad política de las instituciones (combinando las

variables de efectividad y legitimidad, o de coerción y de consentimiento). Entre más

primitivo sea el grado de construcción de Estado y más incompleta su capacidad para

4 Ayoob, op. cit., p. 33 5 Lo que sigue en cursiva está extraído, modificado y completado de Mohammed Ayoob, “Subaltern Realism: International Relations Theory Meets the Third World”, p. 46 (traducción personal de los autores).

lograr el apoyo masivo de su población, más grande será la posibilidad de conflicto y

desorden internos.

Segundo, la composición etno-política de la población del Estado, especialmente

medida en función de la aceptación popular de las definiciones de comunidad política

que se difieran radicalmente de las adoptadas por las élites del Estado. En otras

palabras, el balance de satisfacción, aprobación o compatibilidad entre la concepción

del nacionalismo definido por el Estado (en general definido de manera étnica) y sus

alternativas, tiene que ser analizado. Entre más grandes y más coherentes sean los

desafíos a la concepción del nacionalismo definida por el Estado, más importante será

la posibilidad de conflicto y desorden interno. En el mismo orden de ideas, sin hablar de

carácter étnico sino socio-profesional, en esta variable se debe contemplar el peso de una

categoría particular de ciudadanos que son los militares y medir el impacto de las

relaciones cívico-militares sobre la seguridad y el proceso de construcción y

consolidación del Estado.

Tercero, la existencia de territorios o de espacios demográficos disputados por

Estados contiguos en proceso de state-making debe ser tomada en cuenta. Cuanto más

grande es la disputa, mayor es la posibilidad de intensificación de los conflictos internos

y su transformación en conflictos interestatales.

Cuarto, hay que considerar, también, el impacto de la naturaleza de las políticas

de las grandes potencias hacia el país o la región en cuestión, así como su capacidad

para exacerbar o limitar los conflictos entre Estados o regiones. La influencia de

Estados Unidos se revela, entonces, fundamental para el análisis de la seguridad de los

países andinos. Entre más acentuada sea la voluntad de las grandes potencias para

apoyar los antagonismos regionales que se traducen en contiendas territoriales y

demográficas, más grande será la resistencia de tales conflictos a estrategias para su

gestión y resolución.

Finalmente, es preciso examinar la existencia y el impacto de normas

internacionales que promueven o desincentivan los conflictos intraestatales y/o

interestatales relacionados con la construcción de Estado, en particular, el carácter

permisivo o restrictivo de tales normas en relación con la fractura de los Estados

existentes. Si tales normas redundan en la fractura de tales Estados (como en el

inmediato fin de la Guerra Fría), entonces aumentará la posibilidad de intensificación

de guerras que derrumban los Estados, así como el fracaso de dicho actor en el sistema

internacional como un todo.

Así, los problemas de seguridad de los países en desarrollo, en los términos del

realismo subalterno, son mucho más complejos y multidimensionales que los

contemplados por las teorías clásicas del realismo para las grandes potencias. En efecto,

si bien desarrolla a profundidad el impacto de la influencia de las variables externas

provenientes de la naturaleza anárquica y jerárquica del sistema internacional sobre el

comportamiento del Estado en desarrollo, el realismo periférico no es tan determinista

como el realismo estructural de Kenneth Waltz. Al contrario, termina dando más

importancia a factores de orden local frente a un dilema de seguridad regional (típico de

los neorrealistas como Waltz con su concepto de autoayuda como factor explicativo del

comportamiento exterior egoísta, agresivo y, obviamente, no colaborativo de los

Estados) que, si bien es fundamental, no es tan determinante como los equilibrios

políticos y económicos internos. En el caso de Perú, esta hipótesis nos llevará a afirmar,

y a comprobar, que los elementos de inseguridad e inestabilidad política y económica

interna impactan, actualmente, más sobre la seguridad del país que los factores externos

(como la internacionalización de la inseguridad colombiana) que, a pesar de ser visibles

en los ámbitos políticos y mediáticos, no se revelan tan fundamentales.

Así, este marco teórico nos permite abordar el tema de la seguridad en Perú a

través de las tres imágenes tradicionales de las relaciones internacionales, o tres niveles

de análisis, que son el factor idiosincrásico (carácter etno-político de la sociedad,

personalidad de los tomadores de decisión), los factores domésticos (demandas sociales,

factores políticos y económicos, entre muchos otros) y el factor sistémico (configuración

del sistema, acción de las grandes potencias y de los vecinos). Faltaría añadir una cuarta

imagen, el peso de las percepciones tanto internas como externas, para completar la lista

de las presiones que moldean el perfil de seguridad del país; percepciones que el

realismo subalterno no contempla y que tocaría tomar prestado de otras tendencias

teóricas como, por ejemplo, del proyecto constructivista de Alexander Wendt a través de

sus definiciones6 de las identidades de tipo7 y de rol8 de cada Estado.

Este marco de referencia nos llevará lógicamente a plantear las respuestas a las

seis grandes preguntas que guiarán, implícita o explícitamente, este trabajo: 1) cuál es la

visión de nación del país y cómo ha afectado su noción y perfil de seguridad; 2) cuál es

el papel de sus Fuerzas Armadas; 3) cuáles son los intereses geopolíticos y

geoeconómicos permanentes y coyunturales de Perú que pueden ayudar a explicar su

comportamiento en materia de seguridad; 4) cuál es el impacto del intervencionismo

6 Alexander Wendt, Social Theory of International Politics, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, pp. 231 y ss. 7 La identidad de tipo (type identity) trata de los elementos que, más allá de los elementos corporativos de un Estado, se relacionan con su régimen político, su sistema económico, entre otros. Según Wendt, estos elementos son parcialmente de naturaleza social debido a que un Estado es democrático o capitalista en relación con otro que lo es o no lo es. En el caso de Perú, se afirma que fue un Estado autoritario y actualmente democráticamente débil, en función de referentes andinos, pero también mundiales. Ver Darío Battistella, Théories des Relations Internationales, Presses de Sciences Po, París, 2003, p. 284. 8 La identidad de rol (role identity) tiene que ver con la manera en la cual se caracterizan las relaciones de un Estado con los otros Estados que lo perciben como potencia hegemónica, una potencia del statu quo o, al contrario, como Estado fallido. En el caso de Perú, esta percepción, por gran parte de sus vecinos gira alrededor de la figura de un Estado imperialista con veleidades expansionistas. Ver Battistella, op. cit.

estadounidense en todos los países de la región sobre la seguridad del Estado; 5) qué

tanto afecta el factor Colombia la seguridad del país y 6) cómo se puede definir, desde la

práctica, la seguridad nacional de Perú.

En suma, este capítulo afirma que la seguridad en Perú ha estado determinada,

histórica y principalmente, por un proceso de consolidación estatal inconcluso y caótico,

así como, de manera más tangencial, por unas fuertes disparidades regionales y una

apertura económica que han creado vulnerabilidades frente a las dinámicas

internacionales de crecimiento. Las amenazas experimentadas en los distintos periodos,

en las cuales las fuerzas armadas peruanas nunca han sido neutras, han atentado directa e

indirectamente contra la institucionalidad vigente, la integridad territorial y la soberanía

estatal (primera sección).

El entorno regional y fronterizo puede considerarse como un factor permanente

de inseguridad para el país, pero también para sus vecinos debido, en su momento, al

pensamiento geopolítico, a las veleidades “imperialistas” del Estado peruano así como a

la contestación de territorios limítrofes (segunda sección).

Además, es de resaltar la aparición más reciente de nuevas amenazas a la

seguridad de naturaleza no-tradicional, tales como las migraciones transnacionales y la

alianza entre narcotráfico, terrorismo y tráfico de armas; las cuales se enmarcan dentro

de las dinámicas regionales de seguridad e inseguridad, especialmente con respecto al

conflicto en Colombia y a la injerencia de Estados Unidos en la región (tercera sección).

1. Tendencias históricas de la seguridad en Perú: la coexistencia no pacífica de

amenazas clásicas y contemporáneas, interiores y exteriores

El perfil de seguridad de Perú ha conocido sus determinantes más importantes y

permanentes a partir del siglo XIX. Por un lado, la no consolidación del Estado, la

debilidad institucional y económica, la falta de legitimidad y la crisis de confianza han

afectado, desde entonces, la seguridad interna del país. Por otro lado, el pasado incaico,

los rasgos etno-políticos de la población y de las élites, el peso político de los militares,

así como las disputas territoriales con los vecinos son considerados como los elementos

de inseguridad externa que lo llevaron a desarrollar un perfil expansionista e

“imperialista” en la región (fuente de desconfianza para su vecindario). Sin embargo,

estos últimos factores de la (in)seguridad en Perú han sufrido unos cambios importantes

con la caída del gobierno de Alberto Fujimori, como se analizará en una segunda sección

del capítulo.

1.1 La seguridad en el Perú del siglo XIX: el peso de los procesos de

descolonización, de la polarización etno-política, de las guerras subregionales y de

la dependencia económica.

1.1.1 Seguridad y consolidación estatal

A pesar de anticiparse en, aproximadamente, un siglo y medio a los procesos de

descolonización en África y Asia, la ventaja cronológica que América Latina obtuvo con

su temprana emancipación no se tradujo en una mayor organización, éxito, arraigo o

fortalecimiento del sistema político democrático ni de la figura del Estado a través del

cual debía articularse. La democracia liberal, soñada por muchos de los líderes

independentistas para las liberadas ex colonias españolas, fue rápidamente reemplazada,

en la práctica, por el caudillismo, el gamonalismo y un patrimonialismo en el cual, por lo

general, las élites criollas se apropiaron del Estado y de sus recursos y terminaron

ocupando el lugar de las antiguas autoridades españolas. Éstos abandonaron por

completo la noción de estado de derecho y cualquier proyecto de construcción nacional

en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos.

El caso de Perú es un claro ejemplo de la realidad previamente mencionada. El

movimiento de independencia llegó al país de manera tardía en comparación con el resto

de los Estados de la región, desatándose plenamente tan sólo en 1820, casi una década

después de los procesos iniciados en las demás ex colonias españolas. Luego del éxito de

la campaña libertadora de Perú, librada inicialmente por el general José San Martín y

concluida por el general Simón Bolívar en 1824, el Estado peruano democrático, que se

supone proseguiría al movimiento independentista, no sólo no se consolidó en ese

entonces, sino que sigue sin consolidarse en la actualidad. El retiro español del territorio

peruano fue sucedido por un enfrentamiento caudillista encarnizado que duró,

aproximadamente, treinta años, durante los cuales se establecieron en el poder, por lo

menos, veinticuatro regímenes diferentes y se rescribió la Constitución en seis

ocasiones9.

La consolidación estatal (proceso de state-making) 10, o su ausencia (proceso de

state-breaking y state-failure), puede identificarse como uno de los principales

determinantes de la seguridad en Perú durante la primera mitad del siglo XIX. Aunque

es difícil hablar de una noción de seguridad para el Estado peruano como tal en dicho

momento histórico, en tanto que los constantes cambios de gobierno y la ausencia de

unidad y control sobre el territorio llevan a deducir que el concepto de seguridad estaba

determinado en gran medida por el gobernante de turno; la necesidad por consolidar

9 “Perú - A Country Study”, Library of Congress- Country Studies Area, Post-Independence Decline and Stability, disponible en: http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/petoc.html, 1992. 10 Ayoob, Mohammed, The Third World Security Predicament: State Making, Regional Conflict and the International System, Boulder, Lynne Rienner Publishers, 1995.

algún tipo de estabilidad política y garantizar la viabilidad estatal aparece como el

primer imperativo de la seguridad en Perú, el cual se establecerá como telón de fondo

del desarrollo posterior de otras dimensiones de la seguridad.

El fracaso temprano, y que sigue vigente en la actualidad, del “proceso de

construcción de Estado” en Perú se debe relacionar con la composición etnográfica de su

población y con la polarización que ésta genera entre el pueblo y las élites políticas.

Además, como veremos más adelante, el carácter idiosincrásico de Perú explica, en

particular, otro aspecto fundamental y casi permanente de su perfil de seguridad: su

expansionismo en la región. En efecto, en el momento de la independencia, tras la

batalla de Ayacucho en 1824, gran parte de la alta burguesía militar, de origen

indoeuropeo, que servía a los intereses del ejército español, se reintegró a la nueva

república y empezó a detentar posiciones de mando no sólo en el campo militar sino en

la conducción política del Estado. Por esta razón, se cree que Perú siempre ha mostrado

un ánimo expansionista, dominador y con fuertes tendencias a la conquista territorial y a

las guerras con sus vecinos. La clase político-militar, procedente del poder colonial,

estaba muy influida por el orgullo de su pasado y había estudiado detalladamente todas

las hazañas del imperio Inca, razón por la cual pensó que podía crear de nuevo un

ejército poderoso y un férreo control del gobierno civil, así como repetir las conquistas y

expansiones que ejecutaron sus antecesores imperiales. Como ya se mencionó, el único

problema era, y sigue siendo, la enorme distancia social y la diferencia étnica entre esta

oligarquía dominante y el resto de la nación que, históricamente, ha impedido el logro

tanto de la consolidación estatal como de los objetivos geopolíticos que se proponen, en

la medida en que nunca pueden convertirlos en intereses nacionales que involucren a

todas las fuerzas del Estado y de la sociedad civil.

1.1.2 Carácter etnográfico y expansionismo

La población de Perú es predominantemente indígena/mestiza y, como en el resto

del continente americano, se encuentran presentes las etnias aborígenes, indoeuropeas y

negroides con algunos aportes japoneses y chinos. El grupo mayoritario son los

aborígenes o indios que constituyen el 48% de la población, un 46% son mestizos

gracias a la fusión de pueblos desde la época precolombina cuando el imperio mezclaba,

por razones pragmáticas, las etnias de su inmenso territorio para unificar su población.

El resto se distribuye entre indoeuropeos, negroides en la costa pacífica y asiáticos en las

áreas urbanas. De lo anterior se puede observar que los indios y mestizos constituyen el

elemento fundamental de la composición étnica del país. Lo relevante es que las

actitudes del Estado peruano, como el expansionismo y su comportamiento dominador

durante su vida como República, se deben, no tanto a la fuerte herencia incaica, sino a

un liderazgo de origen europeo que no tiene ninguna conexión directa con la historia

precolombina del país.

Al respecto, Víctor Villanueva afirma:

Los primeros oficiales del ejército peruano heredaron los sentimientos antiburgueses de la nobleza europea y por ende de los oficiales españoles que, más tarde, en los oficiales peruanos ha de derivar en sentimiento anticivil, así como rechazo a lo indígena, quizá si odio, después de la rebelión de Tupac Amaru que aterrorizó a los soldados de la Península y que tan cruelmente fue reprimida. Tal herencia y formación profesional puede ser uno de los factores que origina el sentimiento de casta que alimenta el soldado de oficio en el Perú y que perdura hasta nuestros días. Es un aspecto que, no obstante su importancia, no ha merecido aún la atención de nuestros investigadores sociales.11

Más adelante, el mismo autor expresa: “los oficiales enriquecidos con los

despojos españoles se incorporaron al sector latifundista... si algunos de estos oficiales

11 Víctor Villanueva, Ejército Peruano. Del caudillaje anárquico al militarismo reformista, Lima, Librería editorial Juan Mejía Vaca, 1973.

eran mestizos, lo habían olvidado ya. En el ejército colonial habían hecho profesión de

fe en la lucha contra el nacionalismo Inca”12.

Dicha afirmación busca resaltar esta insuperable diferencia social respecto a la

conducción del Estado y de las Fuerzas Armadas con el resto de la población, así:

El oficial peruano, hijo auténtico de una revolución independentista y republicana, paradójicamente, por una de esas jugarretas que suele hacer la historia, nació con fuertes lastres aristocráticos. Varios de los primeros jefes del ejército peruano ostentaban títulos de la nobleza hispana y muchos más lucharon por la independencia, quizá con el objeto de adquirir alguno de tales títulos. San Martín, tan fervoroso partidario de la monarquía, trató de perpetuar la nobleza criolla, razón por la cual fue aceptado por la clase dominante peruana que vislumbró la posibilidad de conservar sus privilegios a la par que conquistaba el poder político independizándose de España.13

Al contrario, la población mestiza y aborigen constituye la clase trabajadora,

esencialmente agrícola y algunos de sus representantes han logrado escalar posiciones

relevantes como es el caso del actual presidente de la República, Alejandro Toledo14.

Con la Constitución de 1993 se ha morigerado un poco el dominio indoeuropeo en el

control del Estado y ahora vemos a altos funcionarios, tanto de la política como de las

fuerzas armadas y de la economía, pertenecer a etnias diferentes a la europea que hace

pocos años monopolizaba el poder. Donde es más visible la presencia mestiza es en el

área cultural con personas vinculadas al arte y a las letras que sobresalen por su labor

creadora y el interés unificador que tienen en lo que se refiere a la nación peruana. Pocas

veces han apoyado aventuras expansionistas o agresiones a los vecinos, y cuando se han

incorporado a estas empresas lo han hecho cumpliendo las leyes nacionales y los

llamados legales de movilización.

12 Ibid., p. 25. 13 Ibid. 14 Sin embargo, en la actualidad, Toledo no ha logrado revertir esta tendencia de separación entre el pueblo y las élites político-militares, tal como lo muestra la alta tasa de opiniones desfavorables frente a la conducción de su gobierno.

En este sentido, podemos concluir que el ánimo expansionista del liderazgo

peruano puede tener sus raíces en el pasado glorioso del Incario15, pero sus ejecutores no

son los descendientes directos de los guerreros precolombinos, sino los hijos de la clase

dominante que tomaron prestadas las glorias pretéritas, las convirtieron en mito y

quisieron mantener la hegemonía que los Incas detentaron16. Los descendientes de la

etnia precolombina continúan en situación de pobreza, marginalidad y vasallaje a partir

de la llegada de Pizarro hasta nuestros días y nunca tuvieron la fuerza física, la

capacidad de control, la formación académica, los recursos ni el poder político que

tuvieron sus antepasados para repetir las grandes hazañas del imperio. No hay que

olvidar que el liderazgo Inca era muy avanzado, no sólo políticamente sino que tenía una

visión planetaria de su misión y, paralelo a esto, había alcanzado un nivel cultural y

científico mucho más elevado que el resto de las potencias existentes. Esto es lo que han

tratado de reiterar, en épocas contemporáneas, los líderes de la nación, pero siempre se

han enfrentado al fracaso porque la población representa un desafío grande a la

concepción del nacionalismo definida por las élites estatales, lo que aumenta la

posibilidad de conflicto y de desorden interno.

15 El antecedente histórico más preciso del Perú se puede fijar en el año 1200 DC, cuando se cree que fue fundado el imperio Inca. Se sabe que, con anterioridad, hubo grandes culturas que tuvieron desarrollos políticos sociales y científicos muy avanzados, pero que no lograron establecer un dominio territorial y étnico como lo hizo el denominado Incario. Este imperio, fundado por la figura legendaria de Manco Cápac llegó a controlar un área de aproximadamente 3 millones de kilómetros cuadrados partiendo al norte de la región de los Pastos al sur de lo que hoy es Colombia, tomando toda la costa pacífica hasta el norte de Chile y hacia el oriente el norte de Argentina y lo que hoy conocemos como la República de Bolivia y el occidente del Brasil. Se cree que llegó a tener más de 10 millones de habitantes, un ejército inmenso, una clase política y militar profesional y muchos recursos mineros y agrícolas. La manera de actuar de los Incas era la típica actitud de todos los imperios a lo largo de la historia. Tenían una mentalidad geopolítica, conquistaban con el uso de su poder nacional los territorios que consideraban vitales para su existencia y luego les imponían a los habitantes no solo tributos y vasallaje, sino su propia religión y en general la cultura. Se hablaban infinidad de idiomas y dialectos pero hoy sobreviven los más importantes y que son considerados por la constitución nacional idiomas oficiales; ellos son el Aymará y Quechua, que sumados constituye aproximadamente el 15% de la población. 16 El máximo geopolítico de Perú, el general Mercado Jarrin, canciller del gobierno militar de Velasco Alvarado, expresó que el país debe retomar el control del Incario tal como sucedió en la época precolombina y fue precisamente durante este gobierno que la nación se armó de manera evidente gracias a sus acuerdos con la Unión Soviética y durante este periodo llegó a tener tal vez el poder militar más grande de América Latina. No debemos olvidar que en esa época, 1980, se cumplieron los 100 años de la Guerra del Pacífico y se creía que el Perú podría intentar una de sus frecuentes empresas con el fin de recuperar los territorios perdidos en esa guerra contra Chile.

1.1.3 El entorno vecinal y la seguridad en Perú

Otro gran determinante de la seguridad en Perú está dado por su posición

geopolítica, sus veleidades expansionistas y las contestaciones territoriales de los

Estados vecinos. Las guerras binacionales no fueron ajenas al recién constituido Estado

peruano durante el siglo XIX, las cuales fueron causadas, frecuentemente, por asuntos

fronterizos y disputas territoriales. Aunque algunas de estas guerras terminaron con

resultados favorables para los intereses nacionales peruanos, la mayoría de las guerras

externas perjudicaron a Perú y llegaron a afectar profundamente su visión de la

seguridad con respecto al exterior.

Al participar en siete enfrentamientos bélicos con sus vecinos, entre 1828 y 1841,

y tres guerras más, entre 1858 y 1883, es posible deducir que la seguridad en Perú

contempló, desde tempranas épocas, la necesidad de un alto grado de preparación de sus

fuerzas militares, tanto por la propia disposición a hacer uso del enfrentamiento armado

como un mecanismo de su política exterior, como por la posibilidad de ser objeto de un

ataque de esta naturaleza proveniente tanto de Estados adyacentes como ajenos al

continente.

Entre 1828 y 1866, el Estado peruano estuvo en guerra con Colombia, Argentina,

Chile, Bolivia, Ecuador y España. Sin embargo, ninguna guerra tuvo un efecto tan

profundo en Perú, interna y externamente, como la Guerra del Pacífico, en la cual

combatió a favor de Bolivia, en contra de su vecino hacia el sur, Chile. Perú fue

gobernado entre 1821 y 1872, predominantemente, por gobiernos militares. Sin

embargo, para la fecha de la Guerra del Pacífico, 1879-1883, Perú venía experimentando

una reducción drástica de su presupuesto militar bajo el gobierno del civilista Manuel

Pardo, lo cual redujo la disponibilidad de opciones militares en el enfrentamiento con

Chile y se tradujo, efectivamente, en una derrota para Perú. La victoria de Chile

representó la pérdida de la provincia de Tarapacá y Arica, y la riqueza en nitratos del

desierto de Atacama.

La Guerra del Pacífico evidencia dos tendencias clave con respecto a la

concepción de la seguridad peruana. En primer lugar, es posible percibir cómo,

históricamente para Perú, ha resultado crucial mantener un equilibrio regional frente a

Chile. Esto se puede comprobar a través del hecho de que Perú haya decidido apegarse a

su alianza con Bolivia, pactada a través del tratado de 1873, incluso a pesar del

conocimiento de su ausencia de preparación militar, para llevar a cabo un conflicto

bélico con Chile en ese momento. En segundo lugar, el traumatismo que la Guerra del

Pacífico representó, en términos de desmembramiento territorial, reforzó la percepción

en Perú de mantener unas fuerzas militares capaces de hacer frente a las capacidades

militares de sus vecinos; sentando así las bases para las futuras carreras armamentistas

que se desarrollarán en el siglo posterior al de la Guerra del Pacífico.

1.1.4 Recursos naturales, dependencia económica y seguridad

Durante sus primeros años de independencia, muchas de las luchas entre

caudillos surgieron como producto de divergencias en cuanto al modelo económico a

adoptar17, liberal o proteccionista, y se extendieron hasta la llegada de la bonanza de

guano de la mitad del siglo XIX, bajo la cual se consolidó un modelo de exportación de

recursos naturales.

Aunque en el siglo XIX el desempeño económico, generalmente, no era

considerado un elemento propio de la seguridad de los Estados latinoamericanos en

consolidación, el acceso a ciertos territorios ricos en recursos naturales, y a su

17 Ibid.

explotación, resultaba fundamental para los intereses de las élites nacionales, las cuales

tendían a confundirse con el mismo Estado. Es entonces pertinente subrayar un proceso

mediante el cual, en la medida en que los intereses de las empresas privadas

pertenecientes a la alta sociedad peruana podían defenderse a través del Estado (por

medio de los mismos miembros de la élite social), la protección de dichos intereses

económicos se entremezclaba con los intereses estatales mostrando una tendencia a

convertirse en objeto de la seguridad estatal.

En Perú, la exportación de recursos naturales fue el motor del crecimiento

económico desde, incluso, antes de la independencia, encontrando en el núcleo de la

actividad económica la explotación de plata; la cual vino a ser complementada,

posteriormente, por otros recursos como los nitratos y el guano.

La importancia, en términos de inseguridad económica, de la situación de

dependencia en la exportación de recursos naturales es alta y se encuentra en los

patrones de desarrollo regional que dicho modelo estableció, así como en la

vulnerabilidad económica-financiera que se creó para el Estado peruano, la cual se

mantuvo a lo largo de la primera mitad del siglo XX.

La exitosa exportación del guano fue el factor que permitió un crecimiento

económico sostenido lo suficientemente fuerte como para que el Estado pudiera

establecer un mínimo de control sobre su territorio, ser solvente financieramente,

centralizar el poder, fortalecer el ejército y reducir el poder de los caudillos18. Sin

embargo, en la medida en que la exportación de guano alimentó el entusiasmo por la

exportación de otros productos como el azúcar y los nitratos, el crecimiento de Perú se

concentró en su zona costera en perjuicio de la zona de la sierra hacia el este,

18 Ibid.

estableciendo así una división tajante de la riqueza entre la población peruana de la costa

y la del interior que, años más tarde, fomentó la aparición de amenazas a la seguridad

estatal por parte de grupos marginados frente a las dinámicas del crecimiento

económico.

Igualmente, a pesar de que la exportación de recursos naturales había sido, en

cierta medida, nacionalizada, la élite política estableció un modelo patrimonialista en

torno a dicha actividad y, en consecuencia, el crecimiento económico favoreció tan sólo

a una pequeña porción del total de la población, generando, también, una desigualdad

que se perpetuaría hasta crear movimientos de protesta que amenazan, todavía hoy, la

estabilidad estatal.

Luego de la Guerra del Pacífico y de una crisis económica que dio fin a la

bonanza económica proveniente del guano, desembocó en Perú un periodo de

enfrentamiento civil similar al que procedió a la independencia. El establecimiento de

nuevas élites oligárquicas provenientes de la costa llevó, nuevamente, a un periodo de

crecimiento económico basado en las exportaciones de azúcar, algodón y recursos

mineros, en el cual el crecimiento favoreció, de nuevo, a un grupo social privilegiado; y

las dinámicas económicas llevaron al desplazamiento de buena parte del campesinado

hacia las áreas urbanas. El factor económico, y todas las consecuencias que su

crecimiento, crisis, o apropiación personal llevan consigo, representan, entonces, el

centro de un círculo vicioso o, más bien, de una suerte de efecto inducido negativo (spill

over en términos neofuncionalista) que termina integrando, en la espiral de la

inseguridad, dimensiones sociales, políticas y hasta militares. La falta de voluntad de las

élites políticas y económicas por distribuir parte de las riquezas provenientes de la

actividad económica exportadora, aparece así como el caldo de cultivo para los

movimientos sociales rurales y urbanos que azotaron a Perú y amenazaron la seguridad

estatal a lo largo del siglo XX, hasta la actualidad.

1.2 La seguridad en el Perú del siglo XX-XXI: continuidad de las amenazas

tradicionales y aparición de nuevos desafíos

1.2.1 Profundización de las amenazas a la seguridad institucional

La seguridad en Perú, durante la primera mitad del siglo XX, presentó como

característica fundamental el estar determinada por los intereses de la élite política y

económica de la sociedad. Al poseer el Estado, durante este tiempo, un mayor grado de

consolidación, aunque tan sólo en términos comparativos, dichas élites hicieron del

estamento militar estatal el protector por excelencia de sus intereses. En consecuencia,

las amenazas a la seguridad interna se asociaron a todos aquellos movimientos o grupos

sociales que ponían en peligro los intereses económicos o el control sobre el juego

político de la élite, lo cual llevó a que se establecieran los golpes de Estado y la

exclusión política como mecanismos de respuesta.

Entre 1895 y 1914, durante el periodo conocido como la Aristocracia

Republicana19, es posible percibir la alianza fraguada entre la élite política y militar que

se estableció como núcleo del sistema político peruano. En la medida en que Perú

continuó el proceso de desarrollo económico interrumpido alrededor de la época de la

Guerra del Pacífico, los procesos de crecimiento urbano dieron paso a la creación de una

clase media y trabajadora que exigía ser tenida en cuenta en la formulación de la política

económica y estatal.

19 Ibid.

La movilización de trabajadores que se dio entre 1900 y 1912 se convirtió en un

asunto de seguridad para las élites de aquel entonces y esto se manifestó en el golpe de

Estado hecho al gobierno del presidente Guillermo Billinghurst (1912-1914); quien tenía

bajo su control a los movimientos de trabajadores y sindicales y amenazó con armarlos

para así disolver el Congreso. El papel de las fuerzas militares de veedor de los intereses

de la élite se puso en evidencia con el golpe de Estado liderado por el coronel Oscar

Benavides al gobierno de Billinghurst; convocando nuevamente a elecciones tan sólo un

año después de la deposición de este último.

Sin embargo, el papel de las fuerzas militares en la supresión de las amenazas a

la seguridad percibidas por la élite no es el único hecho que se manifiesta en el incidente

de Billinghurst. Igualmente, es posible percibir cómo, desde ese entonces, la

movilización social de grupos que perseguían sus propios intereses económicos, o que

buscaban reivindicarlos, se convirtió en una amenaza para la seguridad interna del

Estado.

Las dinámicas de crecimiento económico en Perú crearon sectores beneficiados y

sectores marginados de dichos procesos; siendo la movilización de los últimos, de

manera tanto política como armada, la principal fuente de amenaza a la seguridad interna

percibida por los diferentes gobernantes de turno hasta, aproximadamente, 1968.

A pesar de que entre 1919 y 1930, durante el gobierno del golpista civil Augusto

B. Leguía, la oligarquía tradicional fue reemplazada por una nueva, basada en la clase

media y en la expansión burocrática del Estado20; las amenazas a la seguridad

continuaban siendo percibidas como originarias de los movimientos sindicales y los

grupos estudiantiles.

20 Ibid.

Durante la primera mitad del siglo XX, debido al modelo de crecimiento

económico basado en las exportaciones, el devenir económico y comercial internacional

también debe ser considerado como un factor incidente en la seguridad de Perú. En la

medida en que las amenazas a la seguridad interna en el Perú estaban determinadas por

la militancia de los movimientos sociales excluidos de los beneficios derivados del

aumento en la actividad económica, acontecimientos internacionales que afectaban

directamente el mercado de los productos peruanos como la Primera Guerra Mundial y

la Gran Depresión tuvieron una incidencia indirecta sobre la seguridad peruana al

acrecentar la brecha social que servía como motivación a los distintos grupos activistas y

de protesta, que dieron lugar a paros violentos y levantamientos indígenas.

El rechazo a los grupos que pretendían revindicar los intereses de los más

oprimidos se hizo sentir de manera más fuerte en el enfrentamiento que se extendió,

durante más de dos décadas, entre la Alianza Popular Revolucionaria Americana

(APRA) y las fuerzas militares, la cual obraba aún bajo la tutela de la oligarquía

peruana. En 1931 se presentó el primer enfrentamiento mayor entre las fuerzas militares

y los militantes de APRA luego de la victoria electoral del coronel Luis Sánchez Cerro

en perjuicio de Victor Raúl Haya de la Torre, quien argumentó fraude electoral ante su

derrota, lo cual llevó a la ejecución de unos sesenta oficiales del ejército y a la muerte de

unos mil apristas en retaliación21. Es posible afirmar que la búsqueda del poder por parte

de los movimientos de izquierda, encarnados en el APRA y el Partido Comunista

Peruano, se convirtió en una amenaza para la seguridad del Estado desde el punto de

vista de la élite económica y de los militares, quienes justificaron, en numerosas

21 Ibid.

ocasiones, la interrupción de los procesos electorales democráticos para evitar el ascenso

al poder de Haya de la Torre y los miembros de su partido.

A pesar de los periodos de acercamiento entre APRA y los movimientos

conservadores que permitieron cierta representación de la izquierda en la política22, se

puede argumentar que su exclusión mayoritaria fue la responsable de la aparición de una

nueva amenaza a la seguridad estatal. Como lo veremos más adelante, ésta se encarnó en

los movimientos guerrilleros de izquierda que aparecieron hacia principios de la década

de los sesenta, inspirados por ideologías marxistas y castristas, y motivados por el

relativo éxito de los movimientos campesinos de apropiación de tierras de finales de la

década de los cincuenta. La concentración del crecimiento económico en la zona costera

puede considerarse como un factor que fomentó la alineación con la izquierda en gran

parte de la sierra peruana. El desequilibrio territorial en materia de desarrollo económico

puede considerarse como un factor indirectamente asociado al aumento de la inseguridad

en Perú, según era concebida en ese momento.

En 1968, con el golpe de Estado llevado a cabo por el general Velasco Alvarado

a causa del creciente descontento popular con el gobierno de Fernando Belaúnde Terry,

se generó un cambio dramático tanto del papel de las fuerzas militares en la política

peruana así como de su concepción de la seguridad. En la medida en que las fuerzas

militares peruanas sirvieron como instrumento de movilidad social, un mayor número de

sus miembros provenientes de las clases bajas y medias llegaron a ocupar altos cargos en

la jerarquía militar, lo cual implicaba una visión diferente de los problemas asociados a

la seguridad en Perú.

22 Como durante el gobierno de José Luis Bustamente, entre 1945 y 1948, y el de Miguel Prado y Ugarteche entre 1956 y 1962.

En efecto, a pesar de que los militares fueron los responsables de la destrucción

de grupos guerrilleros como el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria en 1965 y del

Ejército de Liberación Nacional en 1966, los militares, bajo el gobierno del general

Velasco Alvarado, fueron conscientes de la conexión entre la desigualdad en el

desarrollo regional, la ausencia de un crecimiento económico equitativo, y la

movilización de los sectores menos favorecidos de la sociedad en contra del Estado.

Así, el divorcio entre las fuerzas militares y la oligarquía o clase gobernante

exportadora se da durante el gobierno de Alvarado cuando éste lleva a cabo la

expropiación de grandes plantaciones agroindustriales en la costa, grandes

nacionalizaciones, la implementación de un modelo de industrialización por sustitución

de importaciones así como la creación de una reforma agraria sin precedentes en el

continente. De esta manera, el cambio en la respuesta del Estado, frente a las amenazas

percibidas a la seguridad interna, se encuentra en el paso de la represión a la co-optación

de los movimientos de izquierda y de la población económicamente desfavorecida.

A pesar de la magnitud y amplitud de las reformas realizadas durante el gobierno

del general Alvarado, la incapacidad para generar un crecimiento económico sostenido

resulta un factor determinante para la estabilidad estatal. Durante el gobierno del general

Francisco Morales Bermúdez Cerrutti, sucesor de Alvarado, se pone de manifiesto este

hecho. En el marco de un descontento popular, los militares no recurren a la represión

bajo el gobierno de Bermúdez Cerrutti y, por el contrario, convocan a elecciones;

demostrando así la transformación del papel de las fuerzas militares dentro de la política

peruana.

A pesar de la transición democrática que se presentó luego del gobierno de

Bermúdez Cerrutti, la reelección de Belaúnde Terry y la desmovilización de la mayoría

de grupos guerrilleros de izquierda, en el panorama de la seguridad interna no se

presentó una reducción de las amenazas percibidas y reales para el Estado; por el

contrario, dos nuevas y muy serias amenazas aparecieron.

En primer lugar, la aparición de Sendero Luminoso (SL) como movimiento

guerrillero armado, luego de dieciocho años de militancia no-violenta, resultó ser una

sorpresa frente a un contexto de democratización y desmovilización de la izquierda

armada. Su extremismo ideológico y sus métodos terroristas plantearon un enorme reto

para un gobierno que, inicialmente, se limitó a una respuesta policial y dio poca

importancia a un grupo que, eventualmente, se convertiría en una seria amenaza no sólo

para el Estado sino para toda la población.

En segundo lugar, paralelamente a la aparición de Sendero Luminoso, emerge el

terrorismo como fenómeno transnacional, insertando a Perú dentro del problema

internacional del narcotráfico, el cual, a su vez, alimenta y financia las operaciones y las

actividades insurgentes de Sendero Luminoso.

Las dos amenazas que parecen atentar contra la seguridad en Perú aparentemente

resultan ser nuevas; sin embargo, ambas encuentran sus raíces en la dinámica histórica

peruana dentro de la cual las precarias condiciones económicas, en especial la de las

regiones alejadas de los centros de producción económica del país, son los factores que

propician la inconformidad de poblaciones e individuos que se encuentran o se sienten

abandonados por el Estado. En efecto, el proceso de fortalecimiento de Sendero

Luminoso y la consolidación de Perú como uno de los dos mayores exportadores de coca

a nivel mundial ocurrieron paralelamente a la profunda crisis económica que Perú ha

experimentado bajo los gobiernos de Belaúnde Terry y Alan García.

La respuesta estatal a las dos nuevas amenazas es inicialmente insuficiente e

inefectiva, especialmente debido a su naturaleza represiva. Aparentemente habiendo

olvidado las lecciones del pasado, las fuerzas militares combatieron en un principio tanto

a guerrilleros como a productores de coca a través del uso de la fuerza y la represión, lo

cual tan sólo alienó a la población y aumentó el apoyo al grupo insurgente en sus áreas

de influencia. Las fuerzas militares comenzaron a actuar de manera efectiva tan sólo

hacia finales de la década de los ochenta, cuando lograron poner a la población a su

favor para pasar luego a armarla y organizarla bajo la figura de las “rondas campesinas”.

Sin embargo, paradójicamente, estas fuerzas paramilitares, que incluso no discriminaron

entre campesinos ordinarios y cultivadores de coca, exacerbaron el nivel de violencia del

conflicto y crearon una situación aún más precaria de seguridad.

Además, la crisis económica acontecida durante el gobierno de Alan García fue

de tal magnitud que el Estado prácticamente dejó de funcionar, encontrando así una

situación en la cual la seguridad económica y política del Estado se encontraban en

jaque, mientras que la seguridad de la población era constantemente violentada por los

ataques terroristas de Sendero Luminoso y por los mismos grupos de autodefensa y

escuadrones de la muerte avalados por el Estado.

Bajo estas condiciones de aguda crisis, no es de extrañar la aparición de una

figura autoritaria avalada por la población para tomar medidas drásticas y orden al país.

Es bajo esta lógica que es elegido Alberto Fujimori como presidente de Perú en 1990.

Durante su gobierno, y en tan sólo cinco años, se logra capturar a los máximos líderes de

Sendero Luminoso y desarticular su organización en la mayor parte del territorio

peruano. Desde la perspectiva de la seguridad, bajo el gobierno Fujimori la principal

amenaza para el Estado y la nación era el grupo Sendero Luminoso y, en ello, gran parte

de la población coincidía con el gobierno. Sin embargo, bajo el discurso de seguridad

que abogaba a favor de una lucha anti-insurgente y anti-terrorista, de Fujimori, sin

cuartel, la democracia en Perú se vio sacrificada de forma directa.

Luego de lograr politizar nuevamente a las fuerzas militares, Alberto Fujimori

llevó a cabo un autogolpe al cerrar el Congreso en 1992, y aunque debido a la presión

internacional debió regresar al Perú a la democracia, a través de dicha maniobra pudo

reescribir la Constitución e incrementar, exponencialmente, el poder presidencial. La

seguridad interna se convirtió, bajo Fujimori, en una excusa para el autoritarismo y en

una justificación para dotar de poderes especiales al presidente.

Fujimori logró reducir las amenazas a la seguridad provenientes de la

insurgencia, así como los niveles de producción de coca en el Perú; sin embargo, sus

acciones representaron un retroceso con respecto a la consolidación del poder estatal y

su éxito fue cosechado en perjuicio de la democracia e, incluso, de los derechos

humanos de la población.

El hecho de que Sendero Luminoso y el narcotráfico tuvieran en común como

puntos neurálgicos la región de la sierra hacia el este del territorio peruano, permite

afirmar que la disparidad en el desarrollo regional continuó siendo un factor alimentador

de la inseguridad en Perú durante los noventa. Aún más, el hecho de que dicha brecha

entre el oriente y el occidente del territorio peruano no se haya cerrado ni bajo el

gobierno de Fujimori ni bajo el gobierno de Toledo lleva a pensar que el potencial para

la aparición de focos y grupos generadores de inestabilidad e inseguridad reaparezca.

1.2.2 Las Fuerzas Armadas peruanas, de actor dinámico a simple instrumento

político: diagnóstico del estado del poder militar

Desde la independencia hasta los últimos momentos de la pareja Fujimori-

Montesinos, las Fuerzas Armadas, omnipresentes a lo largo de la evolución histórica23

de Perú, han jugado un papel fundamental en la evolución política, social y económica

del país. Este poder en las manos de los militares, como en Bolivia o en Ecuador, se

refleja en dos hechos principales. Primero, los militares siempre han sido, hasta el 2000,

el sostén del Estado oligárquico y autoritario peruano. Segundo, en reiteradas

oportunidades, ellos fueron el motor de fuertes transformaciones sociales.

Como ya se ha mencionado, la historia de las relaciones cívico-militares (a veces

favorable a los civiles y a veces a los militares) va a la par con la evolución histórica de

Perú. El orden social basado en oligarquías fuertes, incluso llamadas aristocracias, no se

ha modificado hasta la llegada al poder de varios gobiernos militares, a partir de 1968.

Retomando a Kruijt y Tello24, la relación entre historia política e historia militar se

divide en tres ciclos sucesivos hasta el 2001. La llegada al poder de Alejandro Toledo,

en ese mismo año, abre una cuarta tendencia.

El primer ciclo está constituido por el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas

Armadas de 1968 hasta 1980. En esta oportunidad, los gobiernos de Velasco y Morales

Bermúdez reflejaron las tendencias más nacionalistas, izquierdistas y reformistas de las

fuerzas militares y tuvieron como propósito modernizar la economía y la sociedad

peruana (reduciendo el poder de la élite aristocrática tradicional, disminuyendo la

influencia del capital extranjero, formando una economía fuerte y una sociedad nacional

homogénea). Este esfuerzo de “construcción de la nación a través del ‘desarrollo’, la

prevención de la guerrilla a través del buen gobierno, las reformas de la propiedad y de

23 Manuel Alcantara, Sistemas políticos de América Latina, artículo de Perú, Volumen I: América del Sur, Madrid, Tecnos, 1999, p. 423. 24 Dirk Kruijt y María del Pilar Tello, “De los reformistas militares a la dictadura civil, la política militar peruana desde los años sesenta hasta el presente”, en Koonings, Kees y Kruijt, Dirt, Ejércitos Políticos, Las fuerzas armadas y la construcción de la Nación en la era de la Democracia, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 2003, p.71 y ss.

la administración”25 necesitó la definición de una doctrina militar de seguridad nacional

sui géneris, mucho más social que en el resto de América Latina, llamada Progreso

Nacional y Desarrollo Integral y preparada por el Centro de Altos Estudios Militares

(CAEM).

El segundo momento está conformado por los gobiernos civiles y las guerras

internas con los grupos guerrilleros entre 1980 y 1990. Los militares trataron de alejarse

lo más que pudieron de los grandes proyectos nacionales a los cuales habían participado

hasta ahora. El gobierno decidió seguir con la doctrina militar de desarrollo pero, debido

a las duras políticas de ajuste para luchar contra la crisis financiera (servicio de la deuda

y pago de la deuda externa), se agudizó la crisis económica y aumentó el poder de los

grupos guerrilleros, en particular de Sendero Luminoso. Con la crisis y la política de

ajustes estructurales, la sociedad peruana conoció una pauperización masiva, un

crecimiento del sector informal, una exclusión social, un declive de las organizaciones

de la sociedad civil, así como una dependencia creciente frente a organizaciones

privadas y públicas de desarrollo. Estos hechos reforzaron aun más el peso de las

organizaciones guerrilleras Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac

Amaru. Como se desarrollará más adelante, la economía de la droga también contribuyó

al fuerte crecimiento del sector informal y de la inseguridad y la violencia. Con el fin de

luchar en contra de estas organizaciones terroristas se decidió armar a ciertos sectores de

la población civil, especialmente en zonas rurales marginadas. Como ya se mencionó,

fue así como se crearon las primeras unidades paramilitares. “Luego de diez años de una

dura guerra de contrainsurgencia, Sendero Luminoso fue derrotado cuando las Fuerzas

Armadas hicieron una alianza estratégica con las organizaciones indígenas de

25 Ibid., p.76

autodefensa, las rondas campesinas, colocándolas como fuerzas auxiliares bajo comando

militar”26.

A partir de los noventa y con la llegada al poder democráticamente de Alberto

Fujimori, las relaciones cívico-militares son favorables a la rama civil del poder, por

primera vez desde la seudo transición democrática. Hay una subordinación progresiva de

lo militar al nuevo gobierno civil de tipo neopopulista, y, posteriormente, bastante

autoritario. La era Fujimori fue de hecho la era de un trío: Fujimori como presidente,

Montesinos como director de los servicios de inteligencia y el general Hermoza como

comandante general del ejército. El gobierno de Fujimori tuvo siempre dos propósitos:

los asuntos económicos y una dura política antisubversiva como política de seguridad

del Estado. A partir de este momento, un gobierno autoritarista y neopopulista se

establece encarnado por el trío. Las violaciones de los derechos humanos empiezan a

aflorar y los mecanismos de control establecidos por el Presidente y su asesor de

inteligencia pasaron por el control total sobre las Fuerzas armadas (vía cooptación y

espionaje), sobre la comunidad de inteligencia, sobre el sistema judicial y sobre los

medios de comunicación. Por primera vez en la historia “democrática” de Perú, las

fuerzas militares no tuvieron ninguna intención de ejecutar un plan nacional de

desarrollo como lo habían hecho hasta ahora. La subordinación se da de lo militar hacia

lo civil.

En el 2001, después de la salida del gobierno de Fujimori, el nuevo presidente,

Toledo, amplió la concepción tradicional de la seguridad y la defensa definiéndolas

como el deber de proteger los derechos civiles y políticos pero también los económicos,

sociales y culturales. Con el fin de identificar y juzgar los abusos y violaciones de

26 Ibid., p.71

derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad, (del Estado y de la oposición

armada) de 1980 hasta el 2000, se creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación cuyas

últimas cifras indican que en estos 20 años más de 40.000 personas murieron de forma

violenta y más de 6.000 desaparecieron27; lo que abre, como se analiza más adelante, un

nuevo ciclo para las fuerzas armadas ahora acusadas, debilitadas y enfocadas más hacia

la prevención y lo humanitario que a la represión y al restablecimiento del orden interno.

En este nuevo contexto para las fuerzas armadas de Perú, se revela indispensable

evaluar su verdadero poder y sus capacidades actuales28 ya que en el pasado, hasta

épocas muy recientes, fueron el instrumento indispensable tanto para la política de

expansión o de contención del país frente a sus vecinos, como para el fortalecimiento del

autoritarismo.

En cuanto a la fuerza terrestre, Perú tiene seis regiones militares distribuidas en el

territorio nacional que son las encargadas de efectuar allí la maniobra de la estrategia

militar operativa. El total de sus fuerzas de combate se puede aproximar a los 100.000

efectivos, cifra muy pequeña para controlar los grandes espacios territoriales que tiene

Perú. El ejército fue, tal vez, la organización más golpeada a partir del regreso de la

democracia y, especialmente, después de la guerra contra el terrorismo y la caída de

Fujimori. Más de treinta generales fueron destituidos y algunos del alto mando se

encuentran afrontando procesos penales. Esta pérdida de liderazgo está afectando la

conducción de las unidades, lo que, unido con los bajos salarios, la deficiente seguridad

social y la poca simpatía de la poblacion, ha producido una organización debilitada y

con urgente necesidad de reentrenamiento, elevación de su moral y mejor presupuesto.

27 Ver informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del 28 de agosto 2003, disponible en: http://www.cverdad.org.pe/ifinal/index.php 28 La evaluación de las fuerzas armadas peruanas está fundamentada en documentos clasificados, de acceso restringido, que no se pueden citar.

En este momento, el ejército peruano no tiene los medios para mantener, equipar

y entrenar todo su poder de combate terrestre. El material no se renueva desde las épocas

de Velasco Alvarado, hace ya 30 años, y las maniobras y ejercicio tácticos son muy

esporádicos. Las reservas no están muy bien organizadas y los últimos acontecimientos

políticos han tenido un fuerte impacto en la moral tanto de los mandos como de las

tropas. Sus principales elementos de combate, que vienen de la década de los setenta,

comprenden unidades blindadas, artillería liviana y mediana, helicópteros de asalto,

unidades de selva, de apoyo del combate, apoyo administrativo y unidades de

asentamientos rurales.

Hoy, la actitud del ejército es mantenerse al margen de la vida política y tratar de

recuperarse del desgaste producido por la lucha antiterrorista y por la acción corruptora

de Vladimiro Montesinos. El presupuesto de Defensa ha sido rebajado en esta nueva

etapa y no llega al 8% del presupuesto nacional. En estas condiciones, no se ve, por

ahora, que el ejército de Perú vuelva a ser visto como la organización expansionista y

conquistadora que fue en el pasado.

Por su lado, la marina de guerra está compuesta por la fuerza de superficie, la

fuerza naval, la aviación naval y una unidad de fuerzas especiales, lo que suma, en estos

momentos, unos 30.000 hombres. Posee aviones antisubmarinos, helicópteros de

vigilancia y, en general, todo lo necesario para desarrollar el concepto de poder marítimo

nacional. Parte de esta flota viene de su época pro-soviética y, por lo tanto, es obsoleta.

Sin embargo, algunas naves mayores han sido modernizadas y otras fueron adquiridas en

los países occidentales, especialmente en Alemania e Italia. El principal problema de la

marina de guerra hoy está constituido por las heridas que dejó la lucha antiterrorista,

especialmente porque en el momento culminante de esta campaña las tripulaciones de

las unidades de superficie y submarinas fueron enviadas a tierra para combatir al

terrorismo de Sendero Luminoso, lo que provocó la declinación de la operatividad y el

mantenimiento de las flotas. El factor etnográfico —o mal llamado racial— es más

notorio en la marina de guerra que en las otras fuerzas, en particular porque el origen del

almirantazgo es oligárquico cuando los suboficiales y los marineros pertenecen, en su

mayoría, a la etnia raizal. El mantenimiento de las unidades mayores de superficie no es

hoy el apropiado para controlar sus inmensos espacios marinos y tampoco están en

condiciones de resistir una campaña. En la pasada guerra del Cóndor una marina

cuantitativamente muy inferior pero cualitativamente superior como es la de Ecuador

infligió a la marina peruana serias derrotas que hoy todavía se resienten. Finalmente,

podemos añadir al sombrío panorama de la marina peruana el bajo presupuesto que no

permite mantener ni modernizar la flota para afrontar las tremendas responsabilidades

que impone la vocación naval del país y los retos de la globalización. Este diagnóstico

del poder naval choca, obviamente, con la vocación marítima del país visible, por

ejemplo, en el desarrollo de sus intereses geopolíticos en la Antártida.

Finalmente, Perú, debido al tipo de misiones estratégicas de apoyo a las

operaciones en el mar así como a la naturaleza geoestratégica del país (muy alargado y

con bases estratégicas ubicadas en el norte y en el sur) requiere una fuerza aérea ágil,

bien dotada y entrenada. Su principal dotación está representada por los aviones Mirage

5, Mig 29, Mirage 2000, aviones Sukoi, Antonov, helicópteros rusos de combate,

aviones de transporte, unidades de mantenimiento y abastecimiento. Figuran también en

su inventario aviones de bombardeo Cambera pero éstos son muy obsoletos.

En conclusión, varios son los factores que influyen en el estado actual de las

Fuerzas Militares de Perú. De la organización militar altiva, expansionista y con

temperamento imperial, hemos llegado a una entidad en la cual reina la desconfianza, la

corrupción y el bajo espíritu militar. Varios factores pueden explicar este cambio radical.

Primero, los efectos tanto del gobierno de Alan García, con su sonado escándalo

por la compra de aviones Mirage 2000, como del gobierno de Fujimori quien, con su

jefe de inteligencia, Vladimiro Montesinos Torres, protagonizó un gran escándalo de

corrupción no sólo político sino militar, han impactado el perfil de las Fuerzas Armadas

peruanas. En este último caso, además de haberse demostrado en los procesos penales

las relaciones dudosas del mando militar con Montesinos, los sobornos y otras

irregularidades, se puso en evidencia la venta de 10.000 fusiles con sus municiones a la

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Montesinos, en calidad de Director

General del Servicio Nacional de Inteligencia había penetrado profundamente la

estructura militar de Perú lo que, en el momento de su caída, generó un ambiente de

desconfianza alrededor del mando militar.

El segundo factor es la pasada guerra en el área general de la cordillera del

Cóndor que Fujimori lanzó contra Ecuador pensando que los resultados iban a ser

iguales a los de la guerra de 1941, cuando se anexaron parte de las provincias de Loja y

Oro. Sin embargo, esta vez los ecuatorianos estaban bien conducidos y mejor equipados

en el área de operaciones lo que llevó a la derrota de las fuerzas peruanas que no aspiran

sino a recuperar las pérdidas territoriales sufridas a lo largo de la historia (para lo cual el

punto de inicio siempre es Ecuador). De esta manera, podemos decir que las anexiones

que se lograron en 1941 con la guerra contra el Ecuador no han curado la amargura y el

descontento derivados de las derrotas sufridas en las guerras que más les interesaban,

como la de 1828 contra Colombia, la de 1880 contra Chile, la de 1933 nuevamente

contra Colombia y, finalmente, con el conflicto de la cordillera del Cóndor.

El tercer factor es el estado de la moral y la disminución de la integridad de las

fuerzas con motivo de las acciones de Fujimori y su gobierno contra los grupos

terroristas Sendero Luminoso y el MRTA. Por ello, Perú está sufriendo todavía

acusaciones por violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional

humanitario. El incidente de la embajada del Japón, considerado como una victoria

militar, se ha convertido en una vulnerabilidad política y diplomática. Las Fuerzas

militares estuvieron cuestionadas a través de la Comisión de la Verdad y Reconciliación

cuyo Presidente, Salomón Lerner Febres, afirmaba en el discurso de entrega del informe

final al Presidente Toledo, en agosto de 2003: “[...] El Informe que le entregamos

encierra un doble escándalo: el del asesinato, la desaparición y la tortura masivos, y el de

la indolencia, la ineptitud y la indiferencia de quienes pudieron impedir esta catástrofe

humanitaria y no lo hicieron”29.

Por la debilidad estructural de sus Fuerzas Armadas así como la relativa

debilidad de su gasto militar30, Perú no puede retomar, a corto y mediano plazo, las

acciones militares expansionistas que tuvo en el pasado. Su última acción ofensiva

parece ser el conflicto con Ecuador en 1995. Muy elocuentes son las palabras de Alberto

Fujimori al respecto:

Hemos resuelto un problema que venía de los tiempos de la independencia y que, desde hace 56 años, perturbaba nuestra relación con una nación vecina y hermana que nos privaba de una serie de obvios beneficios como incrementar el intercambio comercial entre las economías de Perú y Ecuador visiblemente complementarias, o disminuir los gastos de Defensa. No tengo la menor duda de que este Acuerdo será reconocido como el mayor éxito en política exterior de los últimos 50 años. Por consiguiente, y habiendo vivido las dificultades y los obstáculos del proceso que nos condujo al Acuerdo de Paz, la complejidad del tema y sus proyecciones en el futuro, lo considero personalmente, junto con la derrota del terrorismo, el mayor logro de mi gobierno.31

29 Comisión de la Verdad y de la Reconciliación de Perú, Nota de prensa 226, Informe final de la CVR se hizo público este mediodía, disponible en http://www.cverdad.org.pe/informacion/nprensa/notas.php?idnota=171 30 Según la CIA, el nivel del gasto militar de Perú en 2003, en porcentaje de su PIB, fue de 1,3%, lo que lo ubica en uno de los rangos más bajos de todos los países analizados en este libro con Venezuela (1,3%) y Panamá (1,2%). En efecto, para el mismo año, Brasil hubiera gastado 2,1% de su PIB y Ecuador 2,4%. Cifras disponibles en: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/fields/2034.html 31 Alberto Fujimori, “Perú el Tercer Milenio. Propuestas para una agenda nacional”, entrevista al Diario El Sol, Lima-Perú 1998.

Por su parte, el general Julio Salazar Monroe, jefe nominal del Servicio de

Inteligencia Nacional durante el Gobierno de Fujimori, en entrevista concedida al Diario

el Sol, afirmaba: “con el tratado de paz con el Ecuador se aleja definitivamente el

fantasma de la guerra con un país vecino[...] el país en su conjunto podrá orientar todos

sus esfuerzos a generar el desarrollo socioeconómico para los 22 millones de peruanos

[...]”32.

Actualmente, la actitud que se nota en el liderazgo político parece estar orientada

a reducir gastos de defensa e impulsar el desarrollo nacional33. La misión constitucional

de la Defensa Nacional ya se enfoca hacia la labor preventiva, la vigilancia de las

fronteras, la integración con la población y una cooperación en acciones que van desde

la alfabetización hasta obras de infraestructura34.

2. Perú y sus territorios disputados: la importancia de las fronteras y de los

factores geopolíticos en el análisis de la seguridad peruana

Hacer un análisis de la geopolítica de Perú se revela muy pertinente para tratar de

entender cuáles son, o fueron, las motivaciones de este importante país para actuar en el

campo político y militar de la manera como lo hizo hasta hace poco. Varios son los

factores que se debe tener en cuenta para analizar el proceder de un Estado a lo largo de

su historia, pero, en esta sección, además de los factores históricos y etnográficos que se

32 Julio Salazar Monroe, Ministro de la Defensa, entrevista al Diario El Sol, Lima-Perú, 1998. 33 Para un análisis comparativo de la influencia de los militares en el Perú democrático hasta el gobierno de Fujimori, ver Hunter, Wendy, “Continuity or Change? Civil-Military Relations in Democratic Argentina, Chile, and Peru”, Political Science Quarterly, Vol. 112, No. 3, 1997, pp. 453-475. 34 La misma Constitución, en general, insiste más en una seguridad en el país basada en los valores democráticos y sociales dándole máxima prioridad al mejoramiento de la calidad de vida del pueblo y al desarrollo del tejido social de la nación (muy afectado por tantos años de marginalidad y militarismo) que en una seguridad tradicional entendida en términos militares.

han estudiado previamente, centraremos el análisis sobre los espacios aéreos y marítimos

de Perú y sobre sus recursos naturales que pueden explicar su comportamiento exterior.

Perú tiene una extensión 1.285.000 kilómetros cuadrados. Por el norte limita con

el Ecuador y Colombia, por el oriente con Brasil y Bolivia y por el sur con Chile. Tiene

un litoral sobre el océano Pacífico con 3.080 km de extensión, una población de 28

millones de habitantes y disfruta de una variedad geográfica que favorece el logro de sus

objetivos. En efecto, con una línea de costa prolongada y numerosos puertos35 y grandes

recursos marítimos (donde sobresale la limitación de su mar territorial que la

constitución fija en 200 millas a partir de la línea del litoral), Perú ha desarrollado una de

las mentes marítimas más importantes de la América Andina. Además, posee grandes

espacios de la selva amazónica en el norte y el nororiente (con grandes ríos como el

Ucallaly y el Marañon que originan el Amazonas), territorios en la media y alta sierra (la

cordillera de los Andes), y al sur limita con Chile en la región desértica que tiene

grandes riquezas minerales. Esta ubicación le ha impedido desarrollar una política

expansionista e imperialista hacia la región amazónica debido, en particular, a la

presencia de su gigante vecino, Brasil. Mares, ríos, sierra, desierto y Amazonía son las

principales causas de una geopolítica peruana multidimensional, pilar del interés

nacional.

Sus recursos hídricos son importantes porque tiene todo el divorcio de aguas de

los Andes donde nacen los grandes ríos Marañon y Ucallaly, también tiene intereses en

el lago Titicaca en los límites con Bolivia y gran extensión en la selva amazónica que es

fuente vital de agua. En esta zona selvática, y a lo largo de la cordillera, tiene reservas

35 Sus puertos principales son el Callao que está interconectado con su capital Lima y por el cual se hace el volumen más grande del comercio exterior del país, más o menos del 60%, Talara ubicado en el norte que se emplea como puerto petrolero, Paita, que es el segundo puerto por movilización de contenedores, Salaverry en el provincia de Trujillo, Chimbote, general San Martín y Matarani.

forestales muy apreciables. Aunque su litoral es seco y desértico, los recursos de la sierra

compensan las necesidades de agua, agricultura y maderas. La selva amazónica

suministra, además, el petróleo crudo que es un componente importante de su Producto

Interno Bruto (PIB) y el resto del territorio cuenta con grandes minas de oro, plata y zinc

y otros.

Su tamaño territorial, la ubicación geográfica y sus grandes recursos naturales

dan al país un potencial muy grande en el campo geopolítico y geoestratégico que ha

sido utilizado más con fines imperialistas que para el desarrollo interno de su población.

En efecto, Perú ha tenido serios tropiezos en su integridad territorial y, desde la

Independencia, ha perdido casi el doble de su extensión inicial. Muchas de estas

pérdidas se han producido porque ha emprendido temerarias y erróneas campañas de

expansión. Desde 1942, Perú establece oficialmente sus grandes preocupaciones

geopolíticas alrededor del tema de la expansión territorial hacia sus vecinos, del

fortalecimiento de su proyección amazónica y, en consecuencia, del no reconocimiento

de Ecuador como país amazónico36. Hoy, si bien las dos últimas tendencias geopolíticas

siguen vigentes, tocaría añadir un tema más nuevo: su proyección en la Antártida.

Los intereses geopolíticos de Perú, incluso en su período democrático, han estado

siempre muy estrechamente protegidos por campañas militares. Las acciones militares

36 Estas tendencias geopolíticas se pueden apreciar en “el protocolo de Río de Janeiro ante la historia”, editado por el gobierno del Perú en 1942 en el cual se subraya: “Peruano: puedes estar orgulloso del tratado de Río de Janeiro porque 1) el Perú ha obtenido en 1942 que se reconozca la soberanía absoluta de Tumbes, Jaén y Maynas. 2) el Perú ha obtenido 1942 que el Ecuador declare que no es país amazónico. 3) el Perú en 1942 ha obtenido 200 mil kilómetros más que en 1949. 4) el Perú en 1942 ha obtenido 70.000 kilómetros más que el tratado 1890. 5) el Perú ha obtenido en Río de Janeiro 56.000 kilómetros más que lo que le asignaba el laudo español de 1910. 6) el Perú ha hecho flamear nuevamente la bandera del Perú en Andoas, Pinches, Morona, Bellavista, Roca Fuerte y Aguarico. 7) el Perú es el único dueño del Marañon y posee el curso de los ríos Santiago, Morona, Pastaza, Tigre y Napo, hasta los punto donde no llego ninguna posesión anterior”. Citado en Altamirano Escobar Hernán Alonso, El porqué del ávido expansionismo del Perú, Quito, Imprenta Instituto Geográfico Militar, 1991. Estas concepciones exageradas que produjeron el presente documento, fueron resultado de un ataque injusto e innecesario que el Perú ejecutó contra las provincias de Oro y Loja en el departamento de Loreto, región oriental del Ecuador y que es la base para el cumplimiento de la aspiración geopolítica de la nación en convertirse en un país amazónico. El Ecuador era en ese momento un país indefenso, con poca organización e instrucción militar sin capacidad de resistencia y el Perú se beneficiaba de apoyos interesados de los alemanes, los italianos y los japoneses.

sucedidas a lo largo de la historia republicana de Perú muestran una gran inclinación por

la escuela geopolítica alemana cuyos principales exponentes fueron Haushofer, Weigert,

Kjeillen o La Revista Geopolítica de Múnich que dieron origen a la teoría del espacio

vital por medio de la cual la nación que se considere superior, y con grandes necesidades

espaciales para alojar a su población, puede ocupar las áreas vecinas menos

desarrolladas y con culturas inferiores. El mando militar de Perú, procedente de la

aristocracia colonial y de las altas clases socio-económicas de la república, siempre

estuvo de acuerdo con estos principios y con las leyes geopolíticas de Ratzen Fredich

que, en resumen, predican el aumento de los espacios, el dominio de las civilizaciones

superiores, el crecimiento del Estado en relación con la capacidad de la población y que,

en general, llevan a la idea de que una nación que se considere superior por sus ancestros

y cultura pueda, impunemente, expoliar a sus vecinos. En este aspecto hay que subrayar

la gran influencia de alemanes, italianos y japoneses en la república de Perú, la presencia

de profesores de estos países en las academias militares peruanas así como la

financiación de la banca europea en las aventuras armadas de la nación37.

Cinco fueron las campañas de tipo geopolítico que libró el Perú en su historia

republicana. La primera guerra fue contra la Grancolombia, en 1828, cuando el

presidente de la república de Perú, el general José Domingo Lamar, invadió el territorio

colombiano al ocupar el indefenso puerto de Guayaquil y bloquear el golfo. En este

caso, Perú quería apoderarse del sur del Ecuador aduciendo regulaciones coloniales. Su

fuerza era de aproximadamente 8.000 hombres. Simón Bolívar designó al Mariscal

Antonio José de Sucre quien, después de permanentes y fallidas acciones diplomáticas,

decidió, en contra de su voluntad, atacar a las fuerzas peruanas y las derrotó de manera

37 Altamirano, op. cit., p. 227.

decisiva en la Batalla de Tarquí el 27 de febrero de 1828. Ahí comienza una historia de

ataques peruanos a sus vecinos con fuerzas numéricamente mayores pero derrotadas por

unidades inferiores en cantidad, mejor comandadas y organizadas y con mayor moral de

combate.

La segunda y más desastrosa campaña militar de Perú fue en la Guerra del Pacífico

contra Chile. En realidad, Perú no limitaba con Chile sino con Bolivia, país con el cual

había firmado un tratado secreto defensivo ofensivo. Cuando estalló el conflicto entre

Chile y Bolivia, este último país perdió su salida al mar y la explotación de los depósitos

del salitre que inmediatamente Chile comenzó a explotar para sostener su esfuerzo de

guerra. Chile exigió de Perú que denunciara el tratado con Bolivia, exigencia que no fue

aceptada y, por esta razón, se iniciaron las hostilidades en mayo de 1879. El ejército de

Chile, muy bien entrenado, tenía una asistencia prusiana que elevó su nivel de combate.

Como resultado las fuerzas chilenas llegaron hasta Lima, y con una fuerza de 40.000

hombres ocuparon la ciudad el 13 de enero de 1881. La victoria chilena fue total, Perú

perdió el puerto de Arica y la provincia de Tarapacá y sólo pudo recuperar a Tacna por

intervención de los Estados Unidos que dividieron territorialmente por medio del

arbitraje, en junio de 1929, las zonas en conflicto. Aquí también se demostró mando

deficiente y baja capacidad de combate.

La tercera campaña militar de Perú no fue iniciada por el gobierno ni por las

fuerzas militares, sino por la rebelión de los peruanos residentes en Leticia contra las

autoridades colombianas exigiendo su total independencia. Esto sucedió el 1 de

septiembre de 1932 y se llamó La rebelión de los regnícolas loretanos. Dice el capitán

Humberto Araújo Arana de la armada de Perú: “ni Colombia ni su país estaban

preparados militarmente para abrir hostilidades en tan dilatado e inexplorado territorio

fronterizo del Putumayo y Amazonas”38. Este conflicto tiene como antecedentes la

deficiente delimitación territorial entre ambos países y las ambiciones de Perú contra

Ecuador y Colombia por establecer su hegemonía en el alta amazonía. El límite norte

natural de Perú debió ser el río Amazonas, pero, poco a poco, tras derrotas frecuentes y

algunas victorias lograron adelantar sus fronteras hasta el norte llegando al río Putumayo

en tierras colombianas y al Napo que pertenecía al Ecuador. Sus ambiciones no pararon

ahí; aspiraban a fijar el límite definitivo con Colombia en el río Caquetá. En julio de

1909, Perú no había aprobado el arbitraje de límites y enseguida se presentaron

combates en las zonas del Putumayo y de Caquetá que sólo terminaron el 19 julio de

1911 cuando se firmó en Bogotá un modus vivendi y, finalmente, en 1922 con el tratado

Salomón-Lozano39.

La cuarta aventura militar de Perú fue otra vez en la región amazónica, en el

departamento de Loreto que siempre han disputado Ecuador y Perú, y sucedió con la

concentración de tropas a partir de enero de 1941. Las tropas peruanas iniciaron el

ataque y su intención era dejar al Ecuador aislado del río Amazonas. Este país no tenía

en el momento un poder militar apreciable y el gobierno de Arroyo del Río se negaba a

reforzar el ejército. No hubo plan de movilización en el momento oportuno y el estado

ecuatoriano actuó en forma pasiva y negligente. Como resultado, Ecuador reconoció que

no era país amazónico y perdió grandes extensiones en su región oriental. Perú logró

consolidar su dominio sobre toda la provincia que hoy se conoce como Loreto, y

reafirmar su condición hegemónica en el alto Amazonas en detrimento de Ecuador.

La quinta acción de guerra, el conflicto por la cordillera del Cóndor, tiene su

antecedente en enero de 1981 cuando Perú atacó esta región limítrofe con la oculta

38 Humberto Araújo Arana, Conflicto Fronterizo Perú-Colombia. 1932-1933, Tomo III, Lima, 1965, p. 25. 39 Altamirano, op. cit., p. 124.

intención de apoderarse de una minas de oro que, supuestamente, contenían 150.000 k lo

cual significaba una inmensa riqueza. Este conflicto no tuvo consecuencias territoriales y

ambos países se culpan recíprocamente de haberlo iniciado para disipar graves

problemas internos. Por el lado de Perú, se dice que el presidente Belaunde Terry estaba

manejado por las Fuerzas Armadas que le exigían la compra de armamento estratégico.

Además, Sendero Luminoso tenía mucha fuerza político-ideológica y era entonces

necesario despertar el patriotismo de la nación para neutralizar a este grupo terrorista, así

como al MRTA. El problema terminó diplomática y militarmente el 16 de marzo de

1981 cuando se efectuó la desconcentración y desmovilización de las fuerzas de Perú y

Ecuador40.

Finalmente, el último incidente fue del Cenepa, costado oriental de la cordillera del

Cóndor, ocurrido entre febrero y agosto de 1995, en el cual Perú volvió a atacar a

Ecuador e intentó adelantar sus líneas territoriales aprovechando que esta frontera no

está delimitada y no tiene hitos ni mojones. Lo positivo y rescatable de esta acción es

que el acuerdo global de paz abre una nueva era en las relaciones entre los dos países.

Todas estas guerras “geopolíticas” buscaban ventajas territoriales y traslado de

población siguiendo siempre la línea de su expansionismo ancestral de norte a sur, a lo

largo de la cordillera de los Andes, evitando la región oriental por el gran obstáculo

amazónico y por la presencia de un temible rival, Brasil.

Sin embargo, hoy en día, la defensa y la protección militar de los intereses

territoriales del Estado peruano se han matizado a favor de la aparición de una

concepción más pacífica de su geopolítica. Ésta se manifiesta, en particular, a través de

nuevos mecanismos que afectan, en consecuencia, su perfil de seguridad, tales como la

40 Ibid., p. 202.

estabilización de sus fronteras con Ecuador, sus negociaciones político-comerciales para

el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, sus intermediaciones en las

regulares tensiones entre Colombia y Venezuela, especialmente en nombre de la

Comunidad Andina de Naciones41, su pertenencia a la Organización Tratado de

Cooperación Amazónica (aun si se trata de una organización intergubernamental

bastante técnica), y, por fin, sus perspectivas en la Antártida, rezago de su política de

prestigio y de poder. En cuanto a este último punto, de manera más reciente, Perú ha

desarrollado, conjuntamente con Brasil, Ecuador y Uruguay, el concepto del cuadrante

Antártico Sudamericano que permite dividir el Antártico no por sectores (como lo han

hecho Chile y Argentina) sino de acuerdo con la teoría de la “defrontación”42 que prevé

lo siguiente: “cada país sudamericano con meridianos extremos abiertos al Polo en la

Antártida, tendría un sector correspondiente a esos meridianos. La aplicación de esta

teoría podría dar lugar a tensiones político-estratégicas porque reduciría

considerablemente los sectores reivindicados por Argentina y Chile”43. La

“consolidación de la presencia activa y permanente de Perú en la Antártida y de su

estatus como parte Consultiva del Tratado Atlántico”44 fue mencionado como nuevo

marco político-estratégico de la defensa del país.

En resumen, si bien Perú está desarrollando nuevas tendencias geopolíticas y de

defensa, enfocadas menos hacia una política de poder y más hacia una política de

prestigio, existe un factor, Ecuador, que ha sido tradicionalmente45, pero también en la

41 Como para la última crisis de enero de 2005. 42 Edgardo Mercado Jarrín, “Fundamentos de una doctrina sudamericana de defensa y seguridad”, en Liva, Pedro y González, Daniel, Seguridad democrática regional: una concepción alternativa, Santiago de Chile, Nueva Sociedad, 1990, p. 219. 43 Ibid. 44 Objetivo General de la Política Nacional Antártica, aprobada por DS 016-2002-RE, de 27.02.02, citada en el Libro Blanco de la defensa Nacional del Perú, 2003, cap. 5.6. 45 La enemistad entre Perú y Ecuador empezó con la guerra civil de 1527 entre los hermanos Huáscar y Atahualpa, que inició el eclipse del imperio. Ellos eran hijos del gran emperador Huayna Capac quien a su muerte decidió dividir el reino en dos partes ante la imposibilidad de nombrar un heredero único. A Atahualpa le correspondió la porción

actualidad, un elemento permanente y determinante en la percepción y la práctica de la

seguridad del país. Como ya lo hemos mencionado, los enfrentamientos entre ambos

países fueron siempre mucho más violentos que con cualquier otro vecino de Perú

puesto que los asuntos fronterizos están íntimamente relacionados con la definición de la

identidad de cada pueblo. Ecuador es el enemigo territorial de Perú porque las élites del

Estado han incentivado exitosamente la motivación de “volverse una nación amazónica”

como objetivo e interés nacional46, lo que está profundamente anclado en la conciencia

colectiva de la gente. Obviamente, para Perú, Ecuador nunca ha sido y nunca será un

Estado amazónico. Ecuador es una amenaza directa a la seguridad de Perú debido a que

la única manera de que Ecuador se vuelva una nación amazónica es anexando partes de

territorio peruano. En términos del derecho, son dos concepciones del territorio nacional

que se enfrentan, la uti possidetis juris (posesión legal) y la uti possidetis de facto

(posesión efectiva)47, llevando a tensiones violentas entre ambos países. Además, el

peligro relacionado con los problemas fronterizos tiene que ver con las posibilidades,

muy altas en América Latina, de degeneración del problema en conflicto abierto, de

migraciones, de aumento de personas indocumentadas y de crecimiento del

contrabando48.

Sin embargo, parece ser que, en los últimos años, la política de poder, todavía

visible para el asunto de la cordillera del Cóndor, haya degenerado en una norte con base en Quito y a Huascar la sede de la corte y el sur del Estado con sede en Cuzco. Muy pronto afloraron las ambiciones y de esta guerra civil vino la derrota de Huascar y la asunción de Atahualpa como único monarca. Mientras tanto, ya se tenía noticias de la llegada por mar de hombres barbados y a “caballo muy parecidos a los dioses” quienes eran los conquistadores españoles al mando de Francisco Pizarro. Este hombre ávido de riquezas y poder, subió a la sierra, se enfrentó a las tropas de Atahualpa, lo derrotó como era de esperarse, saqueó los tesoros de los templos y se dedicó a una labor sistemática de sometimiento que solo terminó con la destrucción total de ese imperio no solo en el aspecto político sino que se perdieron los grandes logros científicos y culturales que habían alcanzado los Incas durante cuatro siglos de reinado. 46 Carlos Parodi, Politics of South American Bounderies, Westport, Estados Unidos, Greenwood Publishing Group Incorporated, 2002, p. 78. 47 Ibid., p. 5. 48 Heraldo Muñoz, “La agenda de seguridad en las políticas exteriores sudamericanas”, en Liva, Pedro y González, Daniel, Seguridad democrática regional: una concepción alternativa, Santiago de Chile, Ed. Nueva Sociedad, 1990, p. 167.

interdependencia más pacífica entre ambos Estados, en particular, gracias al desarrollo

de medidas de fomento de la confianza mutua y la cesión de una parte del territorio

peruano, Twiniza, a Ecuador. Además, como ya se ha analizado en el capítulo dedicado

al análisis de la evolución del perfil de seguridad de Ecuador, para este último país la

zona de tensión ya no se encuentra en el área de la frontera con Perú, sino con Colombia.

Estos últimos comentarios refuerzan la imagen de una geopolítica y seguridad renovada

y pacífica para el Estado peruano.

3. Drogas: una mirada a una de las dimensiones contemporáneas más importantes

de la seguridad en Perú

3.1 Entre tradición cultural, contagio colombiano e injerencia estadounidense: el

factor drogas como elemento fundamental de la seguridad de Perú

Perú comparte varias características con los demás países del círculo de

Colombia respecto al tema drogas, pero sus experiencias y desarrollos en la materia

pueden ser considerados, en alta medida, como únicos debido a una presencia fuerte del

cultivo de la hoja de coca en la tradición económica y cultural del país. Así, la definición

de su propia seguridad e inseguridad respecto a este tema corresponde, más que a una

doctrina impuesta desde el exterior, a las necesidades reales de la supervivencia interna

del Estado como ente unificador de una sociedad fuertemente fragmentada. Sin

embargo, el alto grado de complejidad que ha alcanzado el conflicto colombiano para

sus vecinos más inmediatos ha logrado, necesariamente, hacer variar sus prioridades

respecto a la seguridad de sus fronteras, buscando evitar el contagio de factores de

inseguridad al interior de sus propios territorios. Lo interesante es que, a pesar de que

existe una expansión de los problemas que aquejan internamente a Colombia hacia su

círculo más cercano, éstos logran afectar de forma diferente a cada uno de los Estados

vecinos. Eso se debe, principalmente, a que cada uno de ellos posee una gama de

debilidades internas propias que lo hacen más o menos vulnerable a estos elementos de

carácter exógeno.

En este contexto, si bien al igual que Venezuela, Panamá o Ecuador, Perú sufre,

en sus zonas limítrofes, de la internacionalización del conflicto colombiano, y en

particular de la incursión de las FARC en su territorio nacional, ello no puede ser tan

afirmativo para el tema de las drogas ilícitas. La percepción y la práctica de la seguridad

de Perú frente a este tema dependen más de factores idiosincrásicos internos que de

elementos externos, aun si no se puede obviar el peso de las presiones fronterizas y de

las políticas estadounidenses en la materia.

En efecto, por un lado, para la sociedad peruana, el cultivo de la hoja de coca,

además de tener un sustento cultural tradicional para una mayoría indígena, se relaciona

fuertemente con el acceso a una actividad económica bastante rentable en momentos de

crisis o desequilibrios socio-económicos fuertes. Sin embargo, por el otro lado, para el

Estado peruano, el problema transnacional del narcotráfico y otros delitos conexos,

conjuntamente con la política antinarcóticos estadounidense en Colombia, aumentan la

situación de inseguridad y vulnerabilidad del país. A este propósito, el gobierno de

Alberto Fujimori afirmó: “la seguridad regional, la seguridad de la Comunidad Andina,

está en riesgo frente a un plan militar de tres mil millones de dólares que contempla el

Plan Colombia”49, afirmando que los principales puntos en los que su país se vería

afectado por este Plan —al igual que el resto de los países vecinos— son el

desplazamiento de personas por las fronteras, la extensión de la guerrilla (FARC y

49 Disponible en: http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/detalle_noticia.asp?id_noticia=9252.

Ejército de Liberación Nacional, ELN) y el traslado de las redes de cultivo y tráfico de

drogas a los demás países andinos, especialmente Ecuador y Perú.

Este tipo de reacciones, si bien quería, primero, dar a entender que el desarrollo

de dicho plan pondría en peligro la estabilidad de toda la subregión andina y también, de

forma muy instrumental, buscaba, sobretodo, afianzar un paquete de ayuda financiera

para los demás países andinos a través de la Iniciativa Regional Andina (IRA); en el

fondo parecía desconocer un elemento fundamental, el peso de la cultura y de la

tradición.

Para Perú, después de una lucha frontal contra el narcotráfico desde 1994 y a

pesar de la Iniciativa Regional Andina, este fenómeno ha vuelto a incrementar su

importancia en la actualidad. Según el International Narcotics Control Strategy Report

(INCSR) de 2004, la coca ha crecido en los Andes orientales del país, específicamente

en el Valle de Apumirac y del Alto Hulluaga (origen de un 67% de la coca del país),

adicionando cinco nuevas áreas de cultivo en el Valle del Río Maranon y el

Departamento de Loreto, Puno, como también nuevos cultivos de amapola50. El efecto

balón, que se aseguraba existiría tiempo después de la implementación del Plan

Colombia, no fue en realidad el causante de esta situación de crecimiento del cultivo de

coca en Perú, sino que influyeron más el factor cultural y las percepciones que éste

genera. En efecto, el modelo prevaleciente en el imaginario popular peruano es el de ser un

país productor y procesador de pasta, base y cocaína, que se vende después a traficantes

extranjeros quienes la exportan51. Antes del auge de la cocaína, en Perú se producía coca para

mascar y para el desarrollo de la industria farmacéutica. El hábito tradicional era tolerado pero

despreciado por la sociedad blanca. Sin embargo, el elemento coca adquirió mayor relevancia

50 Departamento de Estado de Estados Unidos, International Narcotics Control Strategy Report (INCSR), 2004. 51 Francisco E, Thoumi, Los efectos económicos de la industria de drogas ilegales y las agendas de política en Bolivia, Colombia y Perú, Colombia Internacional, No. 29, enero-marzo 1995, p. 13.

en el momento en que se desarrolló una fuerte dependencia de cerca de 300.000 familias

campesinas (ubicadas en el Valle del Alto Hulluaga) frente la industria ilegal52 debido, en

particular, a las fuertes debilidades económicas generadas en la década de los ochenta (la

hiperinflación de 139%, en 1991, el crecimiento negativo del PIB desde 1984 hasta 1991 y la

creciente deuda pública con instituciones bancarias internacionales). En consecuencia, este

tipo de comportamiento llevó a Perú a ser el primer productor de hoja de coca a nivel

mundial53 durante la década de los ochenta y la primera mitad de los noventa. Unos años más

tarde Perú, al igual que Bolivia, logró disminuir sus cultivos a 34.000 hectáreas54, lo que lo

ubicó en segundo lugar detrás de Colombia.

En resumen, para Perú, el cultivo de la hoja de coca va más allá del simple tráfico de

drogas. El cultivo de la coca se encuentra inmerso, de forma muy profunda, en el imaginario

de la población indígena del país. La realidad muestra que, por ejemplo, el “Valle de

Apurimac es para la cocaína, lo que es el Mar Caspio para el Caviar”55. Otro indicador de tal

relación entre las poblaciones indígenas de estas zonas del país y el cultivo de hoja de coca son

los rubros de inversión en cooperación en la lucha antinarcóticos, en el ámbito internacional,

por parte de los EE. UU. Desde 1995, el gobierno estadounidense ha invertido cerca de 110

millones de dólares en programas de desarrollo, principalmente en las regiones de Apurimac y

del Alto Hulluaga, con el único objetivo de paliar las principales necesidades de las

poblaciones involucradas. Pero, a pesar de la construcción de infraestructura en general, de

escuelas, y de gran número de programas sociales, en la actualidad, éstas continúan siendo

52 Ver cuadro Importancia de la participación de la coca en la economía de Perú. 53 El país alcanzó el tope máximo de 115.300 hectáreas en 1995. 54 A diferencia de otros países andinos, Perú emprendió una de las más fuertes campañas contra la subversión y el narcotráfico, de tal forma que logró establecer un grado importante de soberanía y capacidad estatal respecto a una presencia pública efectiva en casi la totalidad de su territorio, proceso que, de igual forma, tuvo como efecto colateral, el incremento de una forma autoritaria de gobierno, llena de abusos a los derechos humanos y represión política. Ver Gentelman, Judith A., “The Regional Security Crisis in the Andes: Patterns of State Response”, Army War College Strategic Studies, Strategic Studies Institute, Carlisle: US Army War College, Julio 2001, p. 22. 55 Revista Newsweek, No 11 “What Went Wrong”, 18 de marzo de 2002.

zonas de fuerte arraigo a la tradición de la coca, en las cuales los vínculos étnicos y culturales

tienen una importancia radical en el momento de desarrollar políticas antidrogas56. Una de las

pruebas más directas de la importancia del factor cultural para entender el problema de

la droga en Perú, frente al factor de su exportación o de su relación con el terrorismo

interno como internacional, concierne el nivel de inversión en el país de la cooperación

antinarcóticos de los EE.UU destinada a proyectos de desarrollo alternativo. En el Budget

Justification FY2003, que se presenta de forma anual al Congreso de los EE. UU. por parte del

gobierno con el fin de justificar estas atribuciones presupuestales, se destinaron para Perú 69

millones de dólares para programas de desarrollo alternativo (de un total de 135 millones)

mientras que, por ejemplo, para Colombia (país con el mayor presupuesto proveniente de los

EE. UU. en materia de lucha antinarcóticos a nivel latinoamericano y mundial) se destinaron,

para el mismo, año 55 millones de dólares de un presupuesto total de 439 millones57.

Obviamente, no se pretende desmitificar la figura del narcotráfico como un elemento

transnacional capaz de traspasar las fronteras, como tampoco se trata de negar la alta

probabilidad de que se esté presentando una reubicación de los cultivos de drogas en el

territorio peruano provenientes, principalmente, de Colombia. Al contrario, se aclara que la

posibilidad de que esto ocurra es grande. Sin embargo, al observar las estadísticas del

Departamento de Estado norteamericano se puede establecer una relación que facilita la

comprensión del problema de las drogas como una amenaza móvil y dinámica para los

países andinos y, en particular, para Perú. En efecto, por un lado, se observa que en Perú

desde 1994, año del inicio de la estrategia de interdicción utilizada por Fujimori, se

presentó una disminución de las hojas de coca sembradas para llegar a 34.000 hectáreas

56 Es necesario recordar que, hasta mediados de la década de los noventa, las redes de traficantes de droga en Colombia, no se ocupaban del cultivo de la misma, ya que estas labores eran tarea de campesinos e indígenas peruanos y bolivianos56, sino que se encargaban de su transformación y comercialización. 57 Departamento de Estado de los Estados Unidos, International Narcotics and Law Enforcement (INL): FY 2003 Budget Justification, 2003.

en 2001. Por otro lado, en Bolivia, en 1997, existía cerca de 52.826 hectáreas sembradas

con mata de coca, pero, después de la implementación del Plan Dignidad impulsado por

el presidente Hugo Banzer58, el país logró disminuir sus cultivos para llegar a 14.600

hectáreas en el 2000. Sin embargo, de forma paralela, el otro gran productor de coca,

Colombia, incrementó sus cultivos en un 19% en 1997; en un 28% en 1998 y en un 20%

en 1999, es decir que pasó de tener 98.500 hectáreas a tener 169.800 hectáreas en el

2000. La tendencia podría ser entonces la de un traslado de cultivos de coca de los

campos bolivianos y peruanos hacia los colombianos, y no lo contrario. Partiendo del

análisis anterior, sería un error creer que el fenómeno del narcotráfico es un elemento

absolutamente propio a cada uno de los países andinos y, en este caso, que no existe una

relación entre los traficantes de droga colombianos y los cultivadores peruanos. Sin embargo,

es posible asegurar que el grado de conflictividad en Colombia no es el detonante principal del

mantenimiento o del resurgimiento del narcotráfico en Perú. El país, como se ha mencionado,

posee sus propios factores, de carácter social y cultural, para la existencia de tal amenaza a la

seguridad.

3.2 Perfil de las políticas antidrogas de Perú y de las relaciones con los EE. UU.

La principal característica de las políticas antidrogas desarrolladas por Perú hasta

ahora es precisamente su interés en limitar los costos (en particular sociales y políticos)

que tendría una lucha frontal contra las drogas. En este contexto, el Estado ha creado un

régimen prohibicionista hecho con base en sus propias necesidades de supervivencia

económica, social e institucional. (Véase Tabla 1)

58 El Plan por la Dignidad de Bolivia está compuesto por cuatro pilares principales, Desarrollo Alternativo (sustituir la economía de a coca de 38.000 familias en el Chapare, Carrasco, Tira y Yungas), Prevención y Rehabilitación (ayudar a la población que consume cocaína), Erradicación (el objetivo principal es erradicar de forma total la coca para el año 2002), e Interdicción (bloquear los circuitos de la droga) . Gobierno de Bolivia, Plan por la Dignidad de Bolivia.

Tabla 1. Importancia de la participación de la coca en la economía de Perú

1985 1988-1989 1992 1993

Perú

% participación

en el PIB

10 – 14 % 2 – 8 % 1,4 % 2- 3,4 %

Perú Participación de

la coca en

exportaciones

lícitas

1993 – 1994

27 %

Fuente: E. Alvarez, Development and Drugs in Bolivia and Peru, USAID, Bolivia/Perú.

La administración Fujimori optó por no declarar el cultivo de coca como una amenaza

siempre y cuando éste no se encontrara ligado a la subversión. Según el Decreto Legislativo

N° 753 de 1991, para las autoridades existía “el reconocimiento de que los campesinos

cocaleros constituyen un grupo económico y social muy distinto al que conforman las

personas dedicadas al narcotráfico” 59. En esta época, el presidente “borró el cultivo de la coca

del Código Penal”60. En tal sentido, fue necesario establecer un diálogo entre el Estado y los

campesinos para desarrollar avances tendientes al desarrollo alternativo y dirigir la represión,

principalmente, hacia los actores externos al mismo desarrollo tradicional y a la misma

59 Decreto Legislativo N° 753 (8/11/91). Ley de Bases de la Estrategia Integral de Desarrollo Alternativo para Erradicar el Trafico Ilícito de Drogas con la Participación de la Población. 60 Thoumi Francisco E, El imperio de la droga. Narcotráfico, economía y sociedad en Los Andes, Bogotá, IEPRI – Planeta, 2002, p. 163.

población61. Es importante resaltar que los esfuerzos encaminados a eliminar el problema de

las drogas en Perú hacen énfasis en estrategias que no involucren a los cultivadores de hoja de

coca en una relación de fuerza, ya que, de lo contrario, esto traería consigo el regreso activo

del Sendero Luminoso a los campos peruanos62. En efecto, se empujaría “a la violencia a

campesinos desesperados, cerca de 500 mil familias articuladas directa e indirectamente

a los cultivos de coca, que se encuentran en absoluta crisis por falta de una política

agraria y una economía fragmentada que no beneficia a los productores peruanos"63.

Este punto lo entendió muy bien la administración de Alberto Fujimori, quien rechazó

la ayuda de la Estrategia Andina de EE. UU. por considerarla inadecuada debido al fuerte

componente militar de las políticas antidrogas norteamericanas, mientras que las demandas de

Perú se dirigían hacia la asistencia económica, el desarrollo alternativo y también la asistencia

militar para derrotar a la guerrilla64. En este sentido, se hace muy visible la ausencia de

coincidencias en las prioridades de las agendas de Estados Unidos y de Perú. Mientras que

para los EE. UU. la amenaza principal era el narcotráfico, para Perú era, primero, la

subversión y, segundo, el desarrollo económico. En tal sentido, el argumento de Fujimori para

no llevar a cabo los programas de erradicación planteados en tal estrategia, era, precisamente,

un argumento de seguridad nacional al afirmar: “Nosotros entendemos que la insurgencia y el

61 Esto se observa con suma claridad cuando se analiza el tamaño de las penas respecto a cada uno de los procesos productivos dentro del circuito de la droga. La Sección II “Tráfico Ilícito de Drogas” del código Penal Peruano establece en su artículo 296: “el que mediante amenaza o violencia y con fines ilícitos obligue a otro a la siembra de coca o amapola o a su procesamiento, será reprimido con pena de cadena perpetua”. Lo que contrasta con el artículo 296D del mismo código que estipula: “el que ejecute actos de cultivo de plantaciones de adormidera (coca), será reprimido con penas no menores de ocho años ni mayores de quince años”. 62 Como antecedente, durante la administración de Belaúnde, y bajo presiones y apoyo de los EE. UU., el presidente creó el Proyecto Especial para el Control y Erradicación de la coca en el Alto Huallaga (CORAH) y de forma posterior el Proyecto Especial para el Alto Huallaga (PEAH). Este tipo de programas exacerbó a la población campesina del Huallaga quien empezó a ver como negativos y arbitrarios los programas de erradicación manual desarrollados por estas dos agencias del gobierno, facilitando el ingreso de Sendero Luminoso en 1984 y el grupo maoísta Puka Llacta a la región. Estos grupos se apropiaron del tráfico y la comercialización generando cambios sustanciales, ya que estos grupos tomaron el control del negocio ilícito. La presencia guerrillera, “reorganizó todas las relaciones del narcotráfico: fijó los precios de la hoja de coca, se libró de todos los intermediarios y determinó la forma en la que se debía pesar las hojas de coca, fijó las tasa de cambio del dólar y estableció un sistema de delegaciones”. Ver Thoumi, op cit., p. 153. 63 Vega Llona, presidente de Contradrogas, TNI “Informe sobre políticas de drogas”, 3 de Abril de 2002. 64 Scott Palmer, “Peru, Drugs, and Shining Path”, en: Bagley, Bruce M, y Walker, William O. (eds.), Drug Trafficking in the Americas, New Brunswick (NJ): Transaction Publications, 1994, p. 184.

problema de las drogas se encuentran inexorablemente ligadas […] entonces nosotros nunca

hemos tenido pena en afirmar, que sí, la insurgencia también debe ser atacada”65, lo que

Estados Unidos terminó por entender.

Sin embargo, con la finalidad de lograr un acuerdo que supliera las necesidades de

las partes, se enfatizó en la importancia de declarar las drogas como una amenaza, y en la

necesidad de equipar, alimentar, entrenar y proveer uniformes y equipos adecuados a las

Fuerzas Armadas y a la Policía, quienes son los que luchan contra el narcotráfico y contra

“aquellos que lo apoyan y lo impulsan (como los grupos insurgentes)”66. Lo que, en otras

palabras, implica que la administración de Fujimori privilegió el terrorismo frente al

narcotráfico, y diferenció a este último con el cultivo de hoja de coca.

Conclusión

La seguridad en Perú: la evolución de un perfil enmarcado en una inseguridad

fuerte

A pesar de tener ventajas notables, en particular geopolíticas, frente a la mayoría

de sus vecinos andinos67, Perú termina siendo uno de los países más inestables y

vulnerables del círculo de Colombia. Además, este capítulo resaltó una modificación

reciente y bastante drástica de su perfil de seguridad, aun si muchas variables

relacionadas con su débil capacidad para afianzarse institucional y económicamente

siguen siendo factores estructurales de inseguridad para el país.

65U.S. House, Select Committee on Narcotics Abuse and Control, Andean Strategy, 11 Junio 1991, cita referenciada en: Guáqueta, Change and Continuity in the United States – Colombia Relations, 1970-1988, p. 156. 66 Palmer, op. cit., p. 185. 67 En particular Perú tiene una buena masa terrestre; un territorio compacto con pocas penetraciones; una orientación apropiada que conforma un conjunto armonioso y de fácil control; una diversidad territorial que presenta recursos selváticos y forestales, hídricos, marítimos, agrícolas y pesqueros y mineros, una excelente ubicación geográfica que le permite líneas directas de comunicación marítima con los grandes centros del poder mundial como son la costa oeste de los Estados Unidos y Canadá, China, Japón y Asia en general.

Como se ha analizado a lo largo de este capítulo, una de las evoluciones más

importantes que ha sufrido el perfil de seguridad de Perú fue, en el momento de la caída

del gobierno de Fujimori, el paso de una política de poder clásica a una política más

colaborativa y, sobretodo, más abierta a temas de seguridad ampliados. En efecto, hasta

el año 2000, el perfil de seguridad de Perú era de corte imperialista y autoritario, basado

en disputas territoriales, en campañas militares exteriores (en particular contra Ecuador)

y en luchas internas violentas contra diversos movimientos guerrilleros. Sin embargo,

paradójicamente, esta política agresiva, basada en relaciones de fuerza en el interior y en

el exterior de su territorio, estaba acompañada de una mano más suave en materia de

lucha contra el cultivo tradicional de la hoja de coca. Al contrario, el panorama posterior

al año 2000 cambia radicalmente. La nueva seguridad del país se inclina ahora más hacia

un bajo perfil en términos geopolíticos, con dimensiones pacíficas y cooperativas,

especialmente con su vecino ecuatoriano; con una debilidad comprobada del poderío

militar, pero con una política antinarcóticos más rígida e influenciada por los Estados

Unidos.

A pesar de estas evoluciones fuertes, existen factores de inseguridad, en los

ámbitos político y económico, que pueden ser considerados como permanentes, o

estructurales, para Perú, tales como una precaria estabilidad política (crisis de los

partidos políticos, “sustitución de los mecanismos de participación y de intermediación

partidistas por nuevas formas con contenidos de baja institucionalidad” 68, poca

gobernabilidad, alta corrupción y desprestigio de los gobiernos); un bajo nivel de

confianza en las instituciones en comparación con el resto de los países suramericanos

(lo que demuestra un “país institucionalmente desarticulado en el que únicamente la

68 Alcantara, op. cit., p. 459.

Iglesia merece crédito”69); una muy débil integración nacional (con una gran brecha

entre la minoría dirigente y el resto de población); así como una pobreza, una

marginalidad y un atraso social que producen frecuentes conflictos entre la población

más necesitada y las autoridades centrales, regionales y locales (con problemas

socioeconómicos fuertes como el desempleo, la educación y el bajo nivel de los salarios,

un grado de justicia70 en la distribución del ingreso considerado mayoritariamente como

injusto y muy injusto)71.

Finalmente, de todos los aspectos considerados en este capítulo y, en particular,

con el apoyo que brinda el realismo subalterno como marco de referencia, se puede

concluir afirmando que los factores idiosincrásicos (en particular en cuanto al carácter

etnográfico-cultural de la población peruana y a la personalidad de unos tomadores de

decisiones) y las variables locales (demandas sociales, políticas y económicas,

institucionalidad, drogas y relaciones civiles-militares) han sido los pilares permanentes

de esta reflexión en torno al perfil de seguridad de Perú, frente a consideraciones de tipo

sistémicas o exógenas que, si bien son importantes, no tuvieron el valor explicativo

suficiente para entender, en su complejidad, la (in)seguridad de un país como Perú.

69 Ibid., p. 471. 70 Ibid, p. 470. 71 Cuando, al mismo tiempo, en 1999, el terrorismo y la violencia política era problemático para una minoría de peruanos, Ver Ibid., p. 470.

Bibliografía citada y seleccionada

Alcantara, Manuel, Sistemas políticos de América Latina, vol. I, América del Sur,

Madrid, Tecnos, 1999.

Aleñar Ginard, Martín (coord.), La profesionalización de los ejércitos, Madrid,

Colección veintiuno, 1996.

Altamirano Escobar, Hernán Alonso, El por qué del ávido expansionismo del Perú,

Quito, Imprenta Instituto Geográfico Militar, 1991.

Araujo Arana, Humberto, Conflicto Fronterizo Perú-Colombia, 1932-1933, Tomo III,

Lima, Litografía Huascaran, 1965.

Ayoob, Mohammed, “Subaltern Realism: International Relations Theory Meets the

Third World”, en: Stephanie G. Neuman (ed.), International Relations Theory and

the Third World, New York, St. Martin Press, 1998.

—, The Third World Security Predicament: State Making, Regional Conflict and the

International System, Boulder, Lynne Rienner Publishers, 1995.

Bákula, Juan Miguel, Las relaciones Internacionales entre Perú y Colombia, Bogotá,

Temis, 1997.

Battistella, Darío, Théories des Relations Internationales, París, Presses de Sciences Po,

2003.

Bolognesi, Francisco, La epopeya del Morro de Arica, Lima, Santiago Tabara, 1980.

Central Intelligence Agency, CIA World Factbook, ficha Perú, Departamento de Estado

de los Estados Unidos, 2004.

Clayton, Lawrence A., Peru and the United States: The Condor and the Eagle, Atenas,

University of Georgia Press, 1999.

Comisión de la Verdad y de la Reconciliación de Perú, nota de prensa 226, Informe final

de la CVR se hizo público este mediodía [documento en línea], disponible en:

http://www.cverdad.org.pe/informacion/nprensa/notas.php?idnota=171

—, informe final, 28 de agosto 2003.

Daniels H., Elías, Militares y Democracia, Caracas, Centauro, 1992.

Decreto Legislativo N° 753, 8 de noviembre de 1991, Ley de Bases de la Estrategia Integral de

Desarrollo Alternativo para erradicar el tráfico ilícito de drogas con la participación de la

población.

Departamento de Estado de Estados Unidos, “International Narcotics Control Strategy

Report (INCSR)”, 2004.

—, “International Narcotics and Law Enforcement (INL): FY 2003 Budget

Justification”, 2003.

Enríquez S., Ramón, Los Shyris en el Cenepa, Corporación editora “Manuel Andes”,

Quito, VI edición, 2002.

Escudé, Carlos, “An Introduction to Peripheral Realism and Its Implications for the

Interstate System: Argentina and the Cóndor II Missile Project”, en: Stephanie G.

Neuman (ed.), International Relations Theory and the Third World, New York, St.

Martin Press, 1998.

Fujimori, Alberto, “Perú el Tercer Milenio. Propuestas para una agenda nacional”,

entrevista al Diario El Sol, Lima, 1998.

Gallup, John Luke, et.al., América Latina: ¿condenada por su geografía?, Bogotá,

Alfaomega, 2003.

Gentelman, Judith A., “The Regional Security Crisis in the Andes: Patterns of State

Response”, Army War College Strategic Studies, Strategic Studies Institute,

Carlisle: US Army War College, julio de 2001.

Grabendorff, Wolf (ed.), La Seguridad Regional en las Américas, Bogotá, Prisma

Asociados, Bogotá, 2003.

Herz, Mónica, y Joao Pontes Nogueira, Ecuador vs. Peru: Peacemaking Amid Rivalry,

International Peace Academy Occasional Paper series, Boulder, Lynne Rienner,

2002.

Hunter, Wendy, “Continuity or Change? Civil-Military Relations in Democratic

Argentina, Chile, and Peru”, Political Science Quarterly, vol. 112, No. 3, 1997.

Kay, Bruce H., “"Fujipopulism" and the Liberal State in Peru, 1990-1995”, Journal of

Interamerican Studies and World Affairs, Vol. 38, No. 4, 1996, pp. 55-98.

—, “Violent Opportunities: The Rise and Fall of "King Coca" and Shining Path”,

Journal of Interamerican Studies and World Affairs, Vol. 41, No. 3, 1999, pp. 97-

127.

Kruijt, Dirk y María del Pilar Tello, “De los reformistas militares a la dictadura civil, la

política militar peruana desde los años sesenta hasta el presente”, en: Koonings,

Kees y Kruijt, Dirt, Ejércitos políticos, Las fuerzas armadas y la construcción de

la Nación en la era de la democracia, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 2003.

Little, Paul E., Amazonia. Terrestrial Struggles on Perennial Frontiers, Baltimore, Johns

Hopkins University Press, 2001.

McClintock, Cynthia, y Fabián Vallas, The United States and Peru: Cooperation at a

Cost, New York, Routleclge, 2003.

Mercado Jarrín, Edgardo, “Fundamentos de una doctrina sudamericana de defensa y

seguridad”, en: Liva, Pedro y González, Daniel, Seguridad democrática regional:

una concepción alternativa, Santiago de Chile, Nueva Sociedad, 1990.

Muñoz, Heraldo, “La agenda de seguridad en las políticas exteriores sudamericanas”, en:

Liva, Pedro y González, Daniel, Seguridad democrática regional: una concepción

alternativa, Santiago de Chile, Nueva Sociedad, 1990.

Neuman, Stephanie G., “International Relations Theory and the Third World: An

Oxymoron”, en Stephanie G. Neuman (ed.), International Relations Theory and

the Third World, New York, St. Martin Press, 1998.

Objetivo General de la Política Nacional Antártica, aprobada por DS 016-2002-RE, del

27 de febrero de 2002, citada en el Libro Blanco de la defensa Nacional del Perú,

2003.

Palmer, Scott, “Peru, Drugs, and Shining Path”, en: Bagley, Bruce M, y Walker, William O.

(eds.), Drug Trafficking in the Americas, New Brunswick (NJ), Transaction

Publications, 1994.

—, “Peru-Ecuador Border Conflict: Missed Opportunities, Misplaced Nationalism, and

Multilateral Peacekeeping”, Journal of Interamerican Studies and World Affairs,

Vol. 39, No. 3, 1997, pp. 109-148.

Pardo Rueda, Rafael, La historia de las guerras, Bogotá, Talleres Imprelibros, 2004.

Parodi, Carlos, Politics of South American Boundaries, Westport, Estados Unidos,

Greenwood Publishing Group Incorporated, 2002.

“Perils of nationalism: The Peru-Ecuador conflict”, NACLA Report on the Americas,

New York, enero/febrero 1999, Vol. 32, Iss. 4, pp. 6-10.

“Perú - A Country Study”, Library of Congress - Country Studies Area, Post-

Independence Decline and Stability, disponible en:

http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/petoc.html, 1992.

“Perú - A Country Study”, Library of Congress- Country Studies Area, Consolidation of

the State, disponible en: http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/petoc.html, 1992.

“Perú - A Country Study”, Library of Congress- Country Studies Area, The Aristocratic

Republic, disponible: en http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/petoc.html, 1992.

“Perú- A Country Study”, Library of Congress- Country Studies Area, The Eleven Year

Rule, disponible en: http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/petoc.html, 1992.

“Perú- A Country Study”, Library of Congress - Country Studies Area, Impact of the

Depression and World War II, disponible en:

http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/petoc.html, 1992.

Pion-Berlin, David, “Military Autonomy and Emerging Democracies in South America”,

Comparative Politics, Vol. 25, No. 1, octubre de 1992, pp. 83-102.

Quechua, Víctor Manuel, Perú... trece años de oprobio, Lima, Talleres Gráficos Tetris

Grafs, 1994.

Ramos Bohórquez, Miguel, Constitución Política del Perú, comentada y analizada,

Lima, Talleres Gráficos Editorial Berrio, 2001.

Salazar Monroe, Julio, Ministro de la Defensa, entrevista al Diario El Sol, Lima, 1998.

Thoumi, Francisco E., El imperio de la droga. Narcotráfico, economía y sociedad en Los

Andes, Bogotá, IEPRI–Planeta, 2002.

—, “Los efectos económicos de la industria de drogas ilegales y las agendas de política en

Bolivia, Colombia y Perú”, Colombia Internacional, No. 29, enero-marzo de 1995, pp.

7-17.

Villanueva, Víctor, Ejército Peruano. Del caudillaje anárquico al militarismo

reformista, Lima, Librería editorial Juan Mejía Vaca, 1973.

Wallensteen, Peter y Margareta Sollenberg, “The End of International War? Armed

Conflict 1989-95”, Journal of Peace Research, Vol. 33, No. 3, agosto de 1996, pp.

353-370.

Wendt, Alexander, Social Theory of International Politics, Cambridge, Cambridge

University Press, 1999.

Yunis Turbay, Emilio, ¿Por qué Somos Así?, Bogotá, Temis, 2004.