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VIVIR EN BOGOTÁ. CONDICIONES DE SEGURIDAD 2014

Evaluación de la gestión distrital en convivencia y seguridad ciudadana y de las

políticas públicas de desarme, restricción al consumo de alcohol, intervención de sitios

de alta concentración de violencia y delincuencia, y privación de libertad.

Marzo de 2015.

VIVIR EN BOGOTÁ

CONDICIONES DE SEGURIDAD 2014

Veeduría Distrital

Adriana Córdoba Alvarado Veedora Distrital Alexandra Rodríguez del Gallego Viceveedora Distrital Juan Carlos López López Veedor Distrital Delegado para la Eficiencia Administrativa y Presupuestal Óscar Enrique Ortiz González Veedor Distrital Delegado para la Contratación Marcela Rocío Márquez Arenas Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos Martha Lucia de La Cruz Federici Veedora Distrital Delegada para la Participación y Programas Especiales Coordinación y revisión Juan Carlos López López Equipo de trabajo Hugo Acero Vásquez Asesor Externo Miryan Yolanda Nope Aguirre Profesional Especializado de la Veeduría Distrital Con la colaboración de: Alexandra Avilán Contratista Veeduría Distrital

www.veeduriadistrital.gov.co Bogotá, D.C.

http://www.veeduriadistrital.gov.co/

CONTENIDO

1. Gestión administrativa Distrital de la política de convivencia y seguridad

ciudadana 2012, 2013 y 2014.

2. Comportamiento de las muertes violentas y los delitos de mayor impacto 2013

y 2014.

2.1. Comportamiento de las muertes violentas.

2.2. Comportamiento de los demás delitos de mayor impacto social 2008, 2014.

2.2.1. Lesiones comunes.

2.2.2. Hurto de Vehículos

2.2.3. Hurto de Motos

2.2.4. Hurto a Personas

2.2.5. Hurto a residencias

2.2.6. Hurto a establecimientos comerciales

2.2.7. Hurto de bancos

2.3. Otros delitos de impacto social.

2.4. Conclusiones

3. Victimización

4. Percepción de Inseguridad

4.1. Conclusiones victimización y percepción de seguridad

5. Seguridad Bogotá región

a) Creación del Área Metropolitana.

b) Región Administrativa y de Planificación Especial –RAPE-.

c) Relación estratégica en materia de seguridad Bogotá Soacha.

6. Intervención de sitios de alta concentración de violencia y delincuencia:

Seguridad Humana 75/100.

6.1. Estrategia Integral de Priorización y Focalización Seguridad Humana

75/100.

6.2. Recomendaciones.

7. Desarme ¿qué tanto ha contribuido la reducción de los homicidios?

7.1. Conclusiones

8. Control al consumo de alcohol y violencia

8.1. Conclusiones

9. Hacinamiento de los establecimientos carcelarios, de la Unidad Permanente de

Justicia UPJ y de las Unidades de Reacción Inmediata URI en Bogotá

9.1. Presentación

9.2. Contexto.

9.3. Presentación de la problemática.

9.4. Hacinamiento y vulneración de derechos.

9.5. Situación cárceles y penitenciaria

9.5.1. Cárcel Modelo.

9.5.2. Cárcel de mujeres El Buen Pastor.

9.5.3. Penitenciaria La Picota.

9.5.4. Cárcel Distrital.

9.6. Conclusiones y recomendaciones cárceles y Penitenciaria

9.7. Situación de la Unidad Permanente de Justicia UPJ y Unidades de Reacción

Inmediata –URI- de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá.

9.7.1. Situación actual de la UPJ y URI de Puente Aranda.

9.7.2. Situación de la URI de Engativá

9.7.3. Situación de la URI de Kennedy.

9.7.4. Situación de la URI de Ciudad Bolívar.

9.7.5. Situación de la URI de Usaquén.

9.7.6. Conclusiones y recomendaciones

10. Violencia de género.

10.1. Resumen estadístico sobre Violencia de género.

a. Violencia homicida

b. Violencia interpersonal

c. Violencia comunitaria

d. Delito sexual

e. Violencia intrafamiliar

10.2. Conclusiones y recomendaciones.

11. Población vulnerable en especial jóvenes y habitante de calle.

11.1. Caracterización.

11.2. Programas y metas orientadas a los habitantes de la calle.

11.3. Centro de Atención Medico a Drogodependientes (CAMAD)

11.4. Instalaciones en Bogotá para la atención de habitante en

situación de vida en calle – Adultos.

11.5. Instalaciones en Bogotá para atención NNAJ habitante de

calle.

11.6. Conclusiones

12. Aplicación del Esquema de Análisis Integral Preventivo al Sector de

Gobierno, Seguridad y Convivencia

12.1. Proposición central

12.2. Hechos relevantes y conclusiones

13. Anexos

Anexo 1. Avance de las metas propuestas en el plan de desarrollo

distrital “Bogotá Humana”, del Sector.

Anexo 2. Avance frente a las metas del Plan Integral de Convivencia y

Seguridad Ciudadana –PICSC-

Anexo 3. Análisis de Requerimientos al Sector Gobierno, Seguridad y

Convivencia

LISTADO DE CUADROS

Cuadro No 1. Bogotá: Muertes violentas 2013, 2014 Cuadro No 2. Delitos de mayor impacto. Bogotá 2013, 2014. Cuadro No 3. Metas de Impacto seguridad Plan de Desarrollo del Alcalde Gustavo Petro 2011 (línea base), 2014. Cuadro No 4 Victimización ciudades de Colombia. 2012, 2013 Cuadro No 5 Percepción de inseguridad ciudades de Colombia. 2012, 2013 Cuadro No 6 Homicidios registrados en los municipios que limitan con Bogotá. Cuadro No 7 Balance intervención Plan 75/100. Cuadro No 8. Homicidios en los barrios catastrales de la estrategia 75/100. Cuadro No 9 Reportes ciudadanos a la línea 123 del riñas, lesiones y hurtos. Cuadro No 10 Población carcelaria en Bogotá. Cuadro No 11 Situación de la UPJ y las URIs en Bogotá. Cuadro No 12 Homicidios por sexo y tasas Colombia 2010 – 2013. Cuadro No 13 Lesiones personales por sexo y tasas Colombia 2010 – 2013. Cuadro No 14 Delitos sexuales por sexo y tasas Colombia 2010 – 2013. Cuadro No 15 violencia intrafamiliar por sexo y tasas Colombia 2010 – 2013. Cuadro No 16 Censos de habitantes de calle, Bogotá 2001, 2011. Cuadro No 17. Rango de edad de la población habitante de calle censada 2011. Cuadro No 18. Lugar de nacimiento de los habitantes de calle. Censo 2011. Cuadro No 19. Rango etario en que las personas censadas iniciaron habitabilidad en calle. Cuadro No 20. Razones aducidas para iniciar habitabilidad en calle y consumo de SPA.

LISTADO DE GRÁFICAS

Gráfica No 1. Bogotá: comportamiento de los homicidios 1961 – 2014

Gráfica No 2. Comportamiento de las lesiones comunes. Bogotá 2008, 2013

Gráfica No 3. Bogotá: Hurto de Vehículos 2008, 2013

Gráfica No 4. Bogotá: Hurto de motos 2008, 2013

Gráfica No 5. Bogotá: Hurto de personas 2008, 2013

Gráfica No 6. Bogotá: Hurto de Residencias 2008, 2013

Gráfica No 7. Bogotá: hurto a establecimientos comerciales 2008 2013

Gráfica No 8. Bogotá: Hurto a bancos. 2008 2013.

Gráfica No 10. Bogotá: Violencia intrafamiliar 2008, 2013

Gráfica No 11. Bogotá: Delitos sexuales. 2008, 2013.

Gráfica No 12. Victimización.

Gráfica No 13. Indicador de denuncia.

Gráfica No 14. Percepción de inseguridad.

Gráfica No 15 Bogotá, Soacha: tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes 1999, 2013.

Gráfica No 15. Bogotá: comportamiento de los homicidios enero 2011, junio de 2014.

Gráfica No 16. Porcentaje de armas utilizadas en Homicidios. Bogotá 2007, 2013 y primer

semestre de 2014.

Gráfica No 17. Porcentaje de participación de las armas de fuego en los homicidios en

Bogotá, según condición del arma. 2008, 2013.

Grafica No 18. Presencia de alcohol en victimas de homicidios, 2014

Gráfica No 19. Incidencia del consumo de licor en victimas 2007, 2013. Bogotá D. C.

VIVIR EN BOGOTÁ

CONDICIONES DE SEGURIDAD 2014

INTRODUCCIÓN

La Veeduría Distrital, como parte de su misión, viene realizando el seguimiento a

diferentes sectores de la Administración Distrital, entre estos al de seguridad y convivencia,

por ser uno de los que más influye en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, así

como en el desarrollo económico, ya que una ciudad segura atrae inversión. Es así como el

presente estudio pretende brindar herramientas a la Administración para la toma de

decisiones y al público interesado, en especial a quienes ejercen el derecho y deber de la

participación, información sobre los temas que inciden en la seguridad.

Este informe se encuentra estructurado de la siguiente manera:

En la primera parte se hace un breve análisis de los avances en la gestión, durante el

periodo administrativo 2012- 2014, en el que se resaltan los avances y aquellos aspectos en

los que aún se encuentran rezagos o debilidades.

En el segundo capítulo se analiza el comportamiento de las muertes violentas: homicidios,

suicidios, muertes en accidentes de tránsito y muertes accidentales, así como de los delitos

de mayor impacto social: lesiones personales, los diferentes tipos de hurto y otros delitos. A

renglón seguido se observa el comportamiento ciudadano frente a estos temas, a través de

las cifras de las encuestas de victimización y percepción sobre la seguridad.

El estudio continúa con el tema de la seguridad Bogotá - región, en el que se analizan

diferentes posibilidades de organización regional, tales como el Área Metropolitana y la

región administrativa especial –RAPE- como la creación del área metropolitana, así como

la relación estratégica con Soacha, en materia de seguridad.

En los siguientes capítulos se estudian los resultados de las políticas públicas de seguridad

tales como la intervención en sitios de alta concentración de violencia y delincuencia:

seguridad humana 75/100; el desarme y el control al consumo de alcohol. Así como la

situación de las personas privadas de la libertad, para lo que se hace un recuento de los

establecimientos carcelarios en la ciudad y su estado tanto físico como de hacinamiento, al

igual que de la Unidad Permanente de Justicia –UPJ- y las Unidades de Reacción Inmediata

–URI-.

Otros temas, objeto de este informe, son los dirigidos a poblaciones especiales: la violencia

de género en la ciudad, la población vulnerable en especial jóvenes y habitantes de calle, en

este último se analizan, entre otros, los Centros de Atención Medico a Drogodependientes

–CAMAD-, por ser una propuesta nueva de la presente Administración y por lo

cuestionado que fue este programa.

El estudio finaliza con los resultados de la aplicación de la herramienta Esquema de

Análisis Integral Preventivo para el sector de Gobierno, seguridad y convivencia ciudadana,

en el que se destaca la escasa coordinación del sector, la gran cantidad de contratistas frente

a los funcionarios de planta y la baja ejecución física de las metas del plan, así como de los

recursos financieros, es decir la ejecución presupuestal.

Como se observa, el estudio hace un análisis integral del tema de seguridad, tanto de la

parte institucional del sector como de los resultados obtenidos, a través de la ejecución de

algunas políticas públicas y el sentir de la ciudadanía frente a la seguridad. Por esta razón y

por tratarse del análisis del tercer año de la actual Administración, el informe cobra mayor

importancia, ya que les permite tanto a la ciudadanía como a los diferentes candidatos a la

Alcaldía Mayor tener una visión de la ciudad en un tema tan vital como el de la seguridad.

Espero que este informe sea utilizado para lograr una mejor gestión en el sector y que

aporte a la superación de los principales problemas que afectan día a día a los habitantes de

la ciudad.

ADRIANA CÓRDOBA ALVARADO

Veedora Distrital

VIVIR EN BOGOTÁ. CONDICIONES DE SEGURIDAD 2014

1. Gestión Administrativa Distrital

Durante el primer semestre 2013 la Veeduría Distrital evaluó la Política de convivencia y

seguridad ciudadana del Distrito capital durante el 2012, este trabajo no se limitó a analizar

los resultados del primer año de gobierno del Alcalde Gustavo Petro en términos del

seguimiento de los distintos delitos de mayor impacto, sino a realizar un pormenorizado

análisis de lo que ha sido la ejecución de la política en lo que tiene que ver la gestión

administrativa y la ejecución de recursos de la Secretaria de Gobierno y del Fondo de

Vigilancia y Seguridad, la coordinación interinstitucional entre los organismos de

seguridad, justicia y desarrollo social, los distintos planes y los resultados obtenidos en

materia de reducción de la violencia y la delincuencia y el mejoramiento de la convivencia

y de la cultura ciudadana. Para realizar esta evaluación se desarrollaron las siguientes

actividades:

Revisión de la normatividad constitucional y legal para la gestión de seguridad

ciudadana y la convivencia, en particular la que le da facultades a los alcaldes para

gestionar estos temas.

Análisis de la estructura administrativa y de gestión de la Administración Distrital

en estos temas.

Se recopilaron y analizaron documentos como el Plan de Desarrollo económico y

social y de obras públicas para Bogotá Distrito Capital 2012 - 2016 Bogotá

Humana, los borradores hasta ese momento elaborados del Plan Integral de

Convivencia y Seguridad Ciudadana del Alcalde Gustavo Petro y otros

documentos, trabajos e investigaciones.

Información estadística de delitos de mayor impacto y de violencia de la Policía

Metropolitana de Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y del Centro de

Estudios y análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana CEACSC..

Las encuestas de percepción de seguridad, victimización, confianza institucional y

cultura ciudadana de la Cámara de Comercio del Bogotá, de Bogotá Cómo Vamos

y de Corpovisionarios.

Entrevistas a funcionarios y exfuncionarios que tienen y han tenido que ver con la

gestión de la convivencia y la seguridad ciudadana en Bogotá.

Entrevistas con funcionarios de la Policía Metropolitana.

Entrevistas a funcionarios de otras dependencias distritales que ejecutan programas

y proyectos que contribuyen a mejorar la seguridad y la convivencia ciudadana.

Visitas a instituciones que tienen que ver con estos temas

Los resultados de esta evaluación fueron presentados a la Administración y posteriormente

publicados por parte de la Veeduría a través del documento “Vivir en Bogotá, Condiciones

de seguridad 2012 y primer semestre del 2013”. La evaluación se orientó

fundamentalmente a llamar la atención sobre los problemas de gestión administrativa de la

convivencia y la seguridad en la ciudad, a mostrar los resultados en materia de violencia,

delincuencia y convivencia y sus límites interpretativos y a realizar una serie de

recomendaciones para mejorar la gestión de estos temas.

Para mirar qué tanto se ha avanzado en el 2013 y 2014 en materia de gestión, a

continuación se presenta de manera esquemática cuáles fueron los problemas detectados en

la evaluación, las recomendaciones que se hicieron y lo hasta ahora hecho por la

administración para solucionarlos. La evaluación que se presenta a continuación se centra

en las siguientes áreas:

Liderazgo, dirección y autonomía de la gestión distrital de la convivencia y la

seguridad ciudadana por parte del Alcalde (componente político).

Trabajo interinstitucional y coordinado (componente administrativo y técnico).

Información confiable (componente técnico).

Planes de seguridad y convivencia (componente político y técnico).

Estructura administrativa, recursos administrativos, humanos y financieros

(componente técnico).

Rendición de cuentas, evaluación y seguimiento (componente técnico y político).

Participación de la sociedad civil y evaluación externa (componente político y

técnico).

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA EN BOGOTÁ 2014

Elementos de la gestión

Qué se encontró en el 2012 Qué se avanzó en el 2013 y 2014.

Liderazgo. Dirección y

autonomía de la gestión distrital de la convivencia y la

seguridad ciudadana por

parte del Alcalde (componente

político).

Ha mejorado en cabeza del Alcalde Gustavo Petro, pero todavía no es tan claro el liderazgo de la Secretaría de Gobierno.

Sigue mejorando el liderazgo del Alcalde, sin embargo, el Consejo de Seguridad, que es la instancia más importante de coordinación interinstitucional y gestión Distrital y que es liderado por el Alcalde, presenta varios problemas, como son: Incumplimiento del horario de citación, no hay una agenda determinada, se discuten otros temas y no hay seguimiento de los compromisos adquiridos. La Secretaría de Gobierno mejoró su liderazgo desde la administración del Secretario Luis Alfonso Jaramillo.

Se está recuperando la autonomía que tenía la ciudad en la gestión de la seguridad, respecto al Gobierno Nacional, autonomía que se disminuyó durante las dos administraciones anteriores (2004, 2008).

Hay mayor autonomía en el manejo y gestión de la seguridad en la ciudad por parte del Distrito respecto al Gobierno Nacional, Hay que avanzar en una mayor coordinación con la Presidencia a través del Consejero de Seguridad y del Ministerio de Defensa

Trabajo Interinstitucional

y coordinado Componente

administrativo y técnico.

Los niveles el coordinación al interior de la Secretaría de Gobierno todavía no son los óptimos, cada dirección, programa y proyecto trabajan como islas independientes, cada uno por su lado sin ninguna coordinación.

Se han hecho esfuerzos importantes para coordinar las acciones entre los distintos programas y proyectos que tiene la Secretaría, pero todavía hace falta dirección y trabajo en equipo.

La situación es más complicada cuando se trata de trabajar con otras instituciones del Distrito para solucionar problemas de convivencia y seguridad. Prevalece el sentido de la colaboración y no del trabajo en equipo donde cada institución hace lo que le corresponde, lo hace de la mejor manera y responde públicamente por los resultados.

Con el Plan Seguridad Humana 75 Cien se tiene por objetivo “Reducir las conflictividades, violencias y delitos de 75 barrios (2%) de los 3799 barrios de Bogotá D.C. en 19 UPZ (16.9%) de las 112 UPZ, a través de la intervención interinstitucional de las entidades que integran la administración distrital.” se ha avanzado en los niveles coordinación, sin embargo la policía cree que hay que definir mejor las zonas de intervención de este Plan

Existe bajo nivel de institucionalización de los programas y proyectos que se ejecutan en la Secretaría de Gobierno y del Fondo de Vigilancia y Seguridad. La mayoría son ejecutados por contratistas que constituyen una amplia nómina paralela. Por ejemplo, el Fondo de Vigilancia y Seguridad tiene más de 600 contratistas y la sola Dirección de Seguridad de la Secretaría de Gobierno tiene 187, frente a 11 funcionarios de Planta.

Esta situación no ha cambiado, persiste en el FVS una alta nomina paralela con más de 600 contratistas frente a una mínima proporción de funcionarios de planta. Igual situación se presenta en algunas dependencias de la Secretaría de Gobierno.

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA EN BOGOTÁ 2014.



Información confiable Componente

técnico.

Hoy el CEACSC no maneja las cifras de violencia y delincuencia, hay problemas con las instituciones fuente, especialmente con la Policía

Se ha solucionado en parte los problemas de información entre la Policía y el CEACSC, la policía hoy entrega información al CEACSC, sin embargo los análisis y propuestas de solución a los problemas no se trabajan de manera conjunta.

En muchos casos el CEACSC no atiende los requerimientos y directrices de las instancias responsables de los temas de convivencia y seguridad, como son el secretario de Gobierno y el Subsecretario de Asuntos para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana. Por esto se multiplican los esfuerzos y recursos invertidos, por ejemplo, la Dirección de Seguridad de la Subsecretaria financia su

Mejoró el trabajo del CEACSC orientado a fortalecer la elaboración, ejecución y evaluación de la Política Pública de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Distrito y además en el análisis de las cifras de violencia y delincuencia y en la formulación de propuestas para la solución de estos problemas. Es un soporte importante para la gestión del Secretario de Gobierno y para los programas que desarrolla la Subsecretaria de

propio observatorio. Convivencia y Seguridad Planes de

seguridad y convivencia Componente

político y técnico.

Bogotá no cuenta con un Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la administración del Alcalde Gustavo Petro.

Se elaboró y se está ejecutando el Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana PICSC 2013-2023. Cabe anotar que la Administración acogió las observaciones hechas por la Veeduría Distrital durante la elaboración del Plan, sin embargo la Policía Metropolitana no se siente parte de ese Plan, en la medida en que no participó de su elaboración y no se han tenido en cuenta sus observaciones.

Hay que actualizar el Plan Maestro de Equipamientos

Todavía no se actualiza este Plan




Estructura administrativa Recursos administrativos, humanos y financieros. Componente técnico.

La Secretaria de Gobierno no tiene el liderazgo en la gestión de la convivencia y la seguridad ciudadana.

Mejoró ese liderazgo después de la Gestión del Secretario Luis Alfonso Jaramillo

Presenta descoordinación a interior de la Secretaría de Gobierno, cada dirección y proyecto trabaja por su lado.

Ha mejorado la coordinación, pero todavía no se siente un equipo de trabajo al interior de la Secretaría

La Secretaría de Gobierno no tiene la dirección y control del Fondo de Vigilancia y Seguridad, el cual no responde a sus requerimientos y menos a un plan.

Con la elaboración y expedición del PICSC 2013-2023, los recursos del FVS quedaron asignados a programas y proyectos del Plan y deben ser ejecutados en coordinación con la SDG.

La Secretaría de Gobierno y el Fondo de Vigilancia y Seguridad tienen una alta nomina paralela que no permite la institucionalización de los programas y proyectos ejecutados por contratistas

La situación no ha cambiado. La administración publica al no contar con funcionarios de planta que garanticen el conocimiento y sostenibilidad de los programas y proyectos ponen en riesgo no solo los recursos públicos, sino la continuidad a largo plazo, dada la inestabilidad de los contratistas.

Se cuenta con recursos del Fondo y de la Secretaría, pero su ejecución no responde a un Plan.

Se hacen esfuerzos importantes para que los recursos de inversión del FVS respondan a los requerimientos del Plan.

La Secretaría de Gobierno debe asumir la dirección del Número Único de Seguridad y Emergencias –NUSE-que en la actualidad

La situación no ha cambiado, inclusive está en riesgo la contratación de actualización técnica y tecnológica del NUSE, dado que existen

tiene graves problemas de dirección, coordinación interinstitucional y operatividad.

problemas en la respectiva licitación. Hace falta que la Secretaría de Gobierno asuma la responsabilidad de la dirección y manejo de este sistema.

El proyecto de crear la Secretaria de Seguridad se archivó y no responde a los verdaderos requerimientos de manejo del riesgo en la ciudad.

Nuevamente en el Concejo se archivó el Proyecto de Acuerdo para crear la Secretaría de Seguridad. El Gobierno Distrital insiste en la creación de una Secretaría que desvertebra la Secretaría de Gobierno actual, que le deja algunas funciones en materia de seguridad y que no apunta como lo recomendó la Veeduría a crear una Secretaria de Seguridad que gestione de manera integral los distintos riesgos (naturales y antrópicos) a que están expuestos los ciudadanos en su vida cotidiana.




Rendición de cuentas

evaluación y seguimiento Componente

técnico y político.

La rendición de cuentas se ha reducido a la entrega de las cifras de violencia y delincuencia, en particular en lo que hace a reducción de los homicidios. (Medicina Legal y Policía Metropolitana), en la medida que no existe una política sobre la cual responder públicamente.

Persiste rendición de cuentas reducida a la entrega de las cifras de violencia y delincuencia, en particular en lo que hace a reducción de los homicidios. Con la puesta en ejecución del Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana PICSC 2013-2023, se puede esperar que a partir del primer semestre de 2014 se haga una buen ejercicio en este campo

Participación de la sociedad civil

evaluación externa

Componente político y técnico).

Destacable el papel de la Cámara de Comercio y del Programa Bogotá Cómo Vamos.

Estos programas se han consolidado como los evaluadores externos de los resultados de convivencia y seguridad de la ciudad.

Hay que difundir y aplicar el Acuerdo 321 de 2008. Juntas Zonales de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Hasta ahora este Acuerdo está en el papel.

2. Comportamiento de las muertes violentas y los delitos de mayor

impacto 2014.

Con base con base los datos suministrados por el Centro de Estudios y Análisis en

Convivencia y Seguridad Ciudadana –CEACSC- de la Administración Distrital, la Policía

Metropolitana, el Instituto de Medicina Legal a continuación se presenta el comportamiento

de las muertes violentas y de los demás delitos de mayor impacto.

2.1 Comportamiento de las muertes violentas

De acuerdo con las cifras de Medicina Legal, en el 2014, salvo las muertes accidentales, las

demás muertes violentas aumentaron, el homicidio creció en un 5,6%, las muertes en

accidentes de tránsito en un 16.3% y los suicidios en un 15.7%, como se puede ver en el

Cuadro No. 1. Con este número de homicidios, tasa por cada 100.000 habitantes en el 2014

se situó en 17,4.

Cuadro No 1 MUERTES VIOLENTAS 2013-2014

2013 2014 variación % Homicidios 1283 1355 5,6

Muertes en accidentes de Transito 534 621 16.3

Suicidios 236 273 15.7

Muertes accidentales 262 214 -18.3

Total 2315 2463 6.4 Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Con relación al comportamiento de los homicidios, como lo muestra la Grafica No.1, la

tendencia a la disminución que venía desde el año 2011 se estancó en el 2013 y en el 2014

creció, se pasó de una tasa de 22,1 homicidios por cada 100.000 habitantes en el 2011 a

16,9 en el 2012, en el 2013 con igual número de homicidios del 2012 (1283) se registró una

tasa de 16,7 y el 2014 aumentó a 17,4 (ver siguiente gráfica No 1)

Gráfica No 1.

Bogotá: comportamiento de los homicidios 1961 – 2014 Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes.

4.5

4.5

4.4 5.0

10.0

8.5

8.5 10

.0

8.0 10

.0

10.0

9.0

9.0 10

.5

10.5 12

.0

11.0

11.0

15.0 17

.0

25.0

20.0

16.0 17

.0

23.5

30.0

30.0 32

.0

41.0

38.5

55.9

63.2

80.0

69.7

58.9

56.5

47.1

40.5

39.0

34.8

30.7

29.3

24.3

23.5 24

.5

19.2

19.9

20.5 22

.7 23.7

22.1

16.9

16.7

17.3

*

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal. Cálculos: Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana Secretaría

de Gobierno.

De acuerdo con el Balance provisional de homicidios de 2013 y 2014, elaborado por el

Centro de Estudios y Análisis de Convivencia y Seguridad Ciudadana –CEACSC- de la

Secretaria de Gobierno, el aumento de los homicidios durante el 2014 se debió a la lucha

por el control del microtráfico, que en el fondo es narcotráfico, y esta aseveración se

sustenta en el aumento de los casos de sicariato que pasaron de 96 casos en el 2013 a 215

en el 2014. Por si misma las cifras daría la razón al argumento; sin embargo, hay que

mirarla con más detalle para poder ser asertivos a la hora de proponer soluciones.

2.2 Comportamiento de los demás delitos de mayor impacto social

2008 - 2014.

En el caso de las cifras de delitos de mayor impacto, hay que resaltar que a finales del 2013

se registró una discusión pública entre la Policía Metropolitana y la Secretaría de Gobierno

respecto a la confiabilidad de las cifras de delitos de mayor impacto social, en la medida en

que existen dos fuentes con información distinta, por un lado, la que maneja la Policía

Metropolitana por medio del Sistema de Información Estadístico Delincuencial,

Contravencional y Operativo de la Policía Nacional y, por el otro, el Sistema Penal Oral

Acusatorio SPOA de la Fiscalía General de la Nación. Frente a tal situación, la Policía

Metropolitana asumió el proceso de cruce de información entre estas dos bases de datos y

de convalidación, a partir del 2012.

Cabe anotar que las diferencias entre las dos bases de datos y el alto subregistro de

denuncias que existen en torno a la mayoría de los delitos de mayor impacto social, hacen

que la confiabilidad de las cifras sea baja. Sin embargo, son los únicos datos que se tienen y

allí las autoridades (Policía Metropolitana, Administración Distrital y Fiscalía General de la

Nación) deben ponerse de acuerdo para mejorar la atención a las víctimas, promover la

denuncia y mejorar su recepción, esto para que la ciudad pueda contar con cifras de

violencia y delincuencia más confiables.

Al respecto, las encuestas de victimización de la Cámara de Comercio y de Bogotá Cómo

Vamos, desde hace algunos años, y la encuesta del DANE sobre convivencia y seguridad

que se aplica en las principales ciudades del país en los dos últimos años, entregan

información más confiable para evaluar el estado de la seguridad en Bogotá y en las

ciudades donde se aplica.

Tanto las cifras de denuncias de los delitos de mayor impacto social, como las encuestas de

victimización y percepción de seguridad y las investigaciones que se hacen en torno a

hechos que afectan la seguridad y la convivencia de los ciudadanos, son instrumentos

importantes que deben ser reconocidos y fortalecidos por las autoridades para que cada vez

se disponga de más medios para saber si las políticas que se aplican en estas materias están

sirviendo o se están quedando cortas para enfrentar los hechos de violencia y delincuencia

que afectan el bienestar de los ciudadanos.

Ahora bien, de acuerdo con las cifras suministradas por el Centro de Estudios y Análisis en

Convivencia y Seguridad Ciudadana –CEACSC- de la Secretaría Distrital de Gobierno,

durante el año 2014 los delitos aumentaron, con la única excepción del hurto a

establecimientos comerciales que disminuyó en un 4%, como se puede observarse en el

Cuadro No 2:

Cuadro No 2. Delitos de mayor impacto. 2013 - 2014

Delitos 2013 2014* Variación % Lesiones comunes 12.126 12.507 3,1

Hurto Vehículos 2.208 2.294 3,9

Hurto motos 2.279 2.779 21,9

Hurto a personas 26.912 27.753 3,1

Hurto residencias 4.013 4.792 19,4

Hurto est comerciales 6.550 6.288 -4

Hurto bancos 15 41 173,3

TOTAL 53.566 56.716 5,9 Fuente Fuente: CICRI-MEBOG, actualización 17:04 horas del 13 de enero de 2014. Datos susceptibles de variación en consultas

posteriores. Cálculos: Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana - Secretaría de Gobierno. *Incluye el cargue

y actualización de los registros del año 2012 en el Sistema de Información Estadístico Delincuencial, Contravencional y Operativo de la

Policía Nacional a partir del cruce de información con el aplicativo SPOA de la Fiscalía General de la Nación, realizado por la MEBOG.

Los datos del 2014 fueron suministrados por el Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana - Secretaría de

Gobierno- y son susceptibles de variación.

2.2.1 Lesiones comunes

De acuerdo con las cifras ajustadas, las lesiones comunes que venían disminuyendo desde

el año 2009, aumentaron de manera sustancial en el 2013 y el 2014, como se puede ver en

la gráfica No 2.

Gráfica No.2

Lesiones Comunes 2008 - 2012

11.482

9.9069.272

10.306

8.086

12.12612.507

5.000

10.000

15.000

2008* 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: Policía Metropolitana y CEACSC de la Secretaría Distrital de Gobierno

*Incluye el cargue y actualización de los registros del año 2012 en el Sistema de Información Estadístico Delincuencial, Contravencional

y Operativo de la Policía Nacional a partir del cruce de información con el aplicativo SPOA de la Fiscalía General de la Nación,

realizado por la MEBOG. Los datos del 2014 fueron suministrados por el Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad

Ciudadana - Secretaría de Gobierno- y son susceptibles de variación.

Es de anotar que a las autoridades les preocupa como cada vez más los ciudadanos recurren

a la violencia como un mecanismo para solucionar conflictos. Frente a esta situación,

acciones de cultura ciudadana y de resolución pacífica de conflictos pueden contribuir de

manera sustancial a cambiar tal realidad.

2.2.2 Hurto de Vehículos.

Este delito, que se mantuvo estable entre 2008 y 2011, disminuyó en el 2012 y 2013, pero

aumentó en el 2014, como lo muestra la Grafica No. 3:

2.992 2.994 2.9543.112

2.372

2208 2294

1.000

2.000

3.000

4.000

2008 2009 2010 2011 2012* 2013 2014

Gráfica No 3. Hurto de vehículos

2008 - 2014

Fuente: Policía Metropolitana CEACSC


y Operativo de la Policía Nacional a partir del cruce de información con el aplicativo SPOA de la Fiscalía General de la Nación, realizado por la MEBOG. Los datos del 2014 fueron suministrados por el Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad


2.2.3 Hurto de Motos

El hurto de motos no ha dejado de crecer en los últimos años, entre 2008 y 2014 este delito

crecio en un 177%, como se puede ver en la Gráfica No. 4:

*Incluye el cargue y actualización de los registros del año 2012 en el Sistema de Información Estadístico Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional a partir del cruce de información con el aplicativo SPOA de la Fiscalía General de la Nación,



2.2.4 Hurto a Personas

Al igual que el hurto de motos, el hurto a personas ha crecido de manera importante en los

últimos años, al pasar de 16.569 casos denunciados en el 2008 a 27.753 en el 2014, como

se puede ver en la Grafica No. 5

Gráfica No. 5

Hurto a personas 2008 - 2013

16.56915.893

16.831 17.089

15.084

26.91227.753

10.000

20.000

30.000

2008* 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: Policía Metropolitana CEACSC



realizado por la MEBOG Los datos del 2014 fueron suministrados por el Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad


2.2.5 Hurto a residencias

Este delito que tenía un comportamiento a la baja, en el 2014 aumentó en 779 casos, al

pasar de 4013 casos denunciados en 2013 a 4792 en el 2014, como se puede ver en la

Grafica No. 6:





2.2.6 Hurto a establecimientos comerciales

Las cifras de este delito casi se duplicaron entre el 2011 y el 2014, al pasar de 3173 casos

en el 2011 a 6288 en el 2014, como se puede ver en la grafica No.7:





2.2.7 Hurto de bancos

El hurto de bancos ha tenido un comportamiento irregular, aumentó entre los años 2010 y

2011, disminuyó en los años 2012 y 2013 y aumentó en el 2014, como se puede ver en la

gráfica No 8:





2.3 Otros delitos de impacto social

Dos delitos, que probablemente presentan subregistro, son la violencia intrafamiliar y los

delitos sexuales, frente a los cuales las autoridades deben reorientar sus esfuerzos para

atenderlos eficazmente y, en particular, aumentar la denuncia ciudadana. En este campo, la

meta de la Administración debe ser aumentar las denuncias y poner el foco en ello para que

las autoridades de seguridad, justicia y demás involucradas trabajen para atender de mejor

manera este delito.

En lo que hace a la denuncia de la violencia intrafamiliar, que traía una tendencia a la baja

desde el 2009, en el 2014 aumentó de manera considerable, pasó de 11.727 casos

registrados en Medicina Legal en el 2013 a 16.055 en el 2014, es decir, la denuncia

aumento en un 37%, como se puede ver en la siguiente gráfica:

En lo que hace a los informes periciales por presunto delito sexual solicitados al Instituto

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el número de casos ha disminuido en los

dos últimos años. Se pasó de 4.388 casos registrados en el 2012 a 3.554 en el 2013 y a

3.973 en el 2014, como se puede ver en la siguiente gráfica:

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

2.4 Conclusiones

Como lo plantea el informe de muertes violentas de la Veeduría Distrital, el

homicidio ha frenado la tendencia a la baja que traía desde el año 2011, se

estancó en el 2013 y aumentó en el 2014 y si no se diseñan estrategias acordes

con los datos, seguramente, durante el 2015 seguirá aumentando.

Hasta ahora no existe una interpretación sobre lo que sucedió para que el

homicidio no siguiera disminuyendo durante el 2013 y 2014. En el pasado se ha

recurrido a argumentar que la no disminución se debe a que esta tendencia a la baja

llegó a un punto límite y que no es posible seguir bajando más, la famosa teoría de

“el espejo”. También se ha argumentado que el estancamiento, y en algunos casos

aumento, se debe al enfrentamiento entre bandas criminales. En el primer caso, esta

teoría fue utilizada años atrás para justificar el estancamiento o aumento de los

homicidios, pero desapareció completamente cuando hubo reducción de los

homicidios (2006, 2011 y 2012).

De acuerdo con las cifras de delitos de mayor impacto, se puede afirmar que la

seguridad ciudadana desmejoró durante el 2013 y el 2014 así lo corroboran las

cifras de victimización de la Encuesta de la Cámara de Comercio y las cifras de los

delitos de mayor impacto.

Es importante evaluar con mayor detalle la reducción de los homicidios del año

2012 y saber con cierta precisión a qué se debieron esos buenos resultados. En este

caso, es importante mirar sin apasionamiento lo que hizo la Policía Metropolitana,

al mando del General Luis Eduardo Martínez, entre enero de 2012 y mayo de 2013,

periodo durante el cual el homicidio cayó de manera permanente.

Para la Veeduría Distrital, como lo planteo en la evaluación de la Política de

Convivencia y Seguridad durante el 2012 y primer semestre de 2013, las

acciones de la Policía Metropolitana de Bogotá de gerencia y micro gerencia para

reducir los homicidios, que se fundamentaban en concentración de esfuerzos en

sitios de alta violencia y delincuencia, exigencia de resultados, cumplimiento de

metas, seguimiento casi diario y rendición de cuentas, fue lo que mayor incidencia

tuvo en la reducción de este delito en la ciudad.

Dado que las cifras de delitos de mayor impacto social no gozan de confiabilidad, es

necesario fortalecer las políticas de atención de víctimas, mejorar la recepción

de denuncias y estimular la denuncia ciudadana.

De acuerdo con las cifras de homicidios y de los delitos de mayor impacto a 31 de

diciembre de 2014, las metas del Plan de Desarrollo en materia de seguridad no se

han alcanzado, con excepción de la tasa de homicidios y la reducción de hurtos a

entidades financieras. Ver cuadro No 3.

Cuadro No 3 Metas de Impacto Plan de Desarrollo

Sector seguridad

Meta Indicador

Línea base 2011

Logro a dic 2014

Diferencia %

Disminuir a 18 por 100.000 habitantes los homicidios.

Tasa de homicidios por 100.000 habitantes. 22,2 17,4 -21,7

Reducir 15% el número de casos de hurto a residencias.

Numero de casos de hurto a residencias. 4.406 4.792 8,7

Reducir 10% el número de casos de lesiones personales.

Numero de casos de lesiones personales. 10.306 12.507 21,4

Reducir 10% el número de casos de hurto a personas.

Número de casos de hurto a personas. 15.832 27.753 75,3

Reducir a 35% el hurto a entidades financieras.

Número de casos de hurto a bancos 51 41 19,6

Aumentar a 35% el indicador de denuncia.

Denuncia directa de los ciudadanos víctimas de un delito 26% 23% -11,5

Incrementar a 48% los ciudadanos que consideran que el servicio prestado por la policía fue bueno.

Calificación del servicio de la Policía como bueno 43% 38% -11,6

Reducir el porcentaje de victimización a 30%.

Victimas directas e indirectas de un delito 20% 38% 90,0

3 Victimización

Según los datos de la Encuesta de Percepción y Victimización de la Cámara de Comercio

de Bogotá durante el 2012, 2013 y segundo semestre de 2014, el porcentaje de

victimización total reportado creció en un 105%, paso de 20% en el segundo semestre de

2011 a 41 en el segundo semestre de 2014, como se puede ver en la Grafica No. 12:

Grafica No. 12:

Uno de los indicadores que más llama la atención en las últimas encuestas es la baja

proporción de denuncias. A finales del 2012 se registró el indicador más bajo de

denuncias, sólo 21% de las víctimas directas denunciaron el hecho, principalmente porque

no se tiene confianza en las autoridades. Durante el segundo semestre de 2014 este

indicador subió a 26% (Grafica No. 13). La principal razón para no denunciar sigue siendo

la falta de confianza en las autoridades, mientras que la principal razón para denunciar tiene

que ver con la responsabilidad del ciudadano de denunciar.

Si se toma en cuenta que el «nivel de no denuncia» es un indicador de «la cifra oscura»

que nunca se registra de los delitos que ocurren en un momento y lugar determinados, el

hecho de que más del 70% de las personas que fueron víctimas no hayan denunciado,

implica que al menos ese porcentaje, además de no estar registrado en las estadísticas

institucionales, quedó en la impunidad. En este sentido, la administración debe realizar

esfuerzos para promover la denuncia y fortalecer las unidades de denuncia en todos los

aspectos.

Grafica No. 13

De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana

del DANE 2012, 2013, Bogotá es la segunda ciudad con el porcentaje más alto de

ciudadanos que han sido víctimas de delitos en el último año, la victimización pasó de

22,1% en el 2012 a 25,1 en el 2013, cifras que confirman el incremento de la inseguridad

en la ciudad en los últimos años, como se puede ver en el cuadro No 4:

Cuadro No 4 Victimización ciudades de Colombia. 2012, 2013

Ciudad Victimización

2012 % Victimización

2013 %

Total 28 ciudades 18,5 18,2

Pasto 32,0 30,9

Bogotá D.C. 22,1 25,1

Ibagué 18,1 23,3

Neiva 16,5 23,1

Armenia 20,0 21,0

Manizales 18,1 19,7

Fuente: DANE - Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana 2014

4 Percepción de Inseguridad

De acuerdo con la Encuesta de Percepción y Victimización de la Cámara de Comercio

de Bogotá, el Alcalde Gustavo Petro recibió la ciudad con una percepción de inseguridad

del 38% y en los primeros dos años de su gobierno este indicador creció a 52% y en el

segundo semestre de 2014 bajó a 49%. A pesar de este descenso, la percepción de

inseguridad durante el gobierno del Alcalde Gustavo Petro ha aumentado en un 29%, como

se puede ver en la Grafica No. 14:

Grafica No. 14

Fuente: Bogotá cómo vamos.

Popayán 19,9 19,5

Valledupar 10,0 17,8

Medellín 18,6 15,9

Pereira 14,5 14,6

Montería 18,0 14,4

Santa Marta 14,7 14,2

Cúcuta 11,7 13,8

Cali 18,0 13,4

Villavicencio 17,1 12,9

Sincelejo 14,1 12,3

Cartagena 11,3 11,1

Barranquilla 11,8 9,3

Bucaramanga 10,6 8,5

San Andrés 4,4 4,5

De acuerdo con la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana del DANE, Bogotá

es la tercera ciudad con el porcentaje más alto de ciudadanos que consideran que la

inseguridad ha aumentado en el último año, este indicador pasó del 66,3% en el 2012 a

67,7% en el 2013, como se puede ver en el cuadro No 5:

Cuadro No 5 Percepción de inseguridad ciudades de Colombia. 2012, 2013

DANE - Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana 2014

Ciudad Percep inseg 2012 % Percep inseg 2013 %

Total 28 ciudades 54,8 57,2

Pasto 76,1 73,4

Cali 66,9 67,7

Bogotá D.C. 66,3 69,2

Neiva 58,2 54,3

Barranquilla 56,4 59,1

Popayán 53,2 52,3

Sincelejo 49,1 59,5

Santa Marta 48,0 52,9

Villavicencio 47,7 43,0

Medellín 45,4 45,3

Cartagena 44,5 51,9

Valledupar 44,3 60,8

Manizales 31,7 32,1

Armenia 31,1 38,3

Bucaramanga 28,9 43,2

Ibagué 28,3 36,6

Montería 26,9 23,7

Pereira 25,6 34,5

Cúcuta 25,3 39,1

San Andrés 9,9 9,5

4.1 Conclusiones victimización y percepción de seguridad.

Entre los resultados de este análisis se destaca, sin duda, el aumento de la

victimización directa e indirecta en la ciudad, que paso de 20% en diciembre

de 2011 a 41% en el segundo semestre 2014, lo que pone en evidencia el

aumento de la inseguridad en la ciudad.

Cuando se tienen en cuenta las diferentes encuestas que se realizan en la ciudad

sobre el tema, puede verificarse que más allá de la tendencia, evidentemente en

aumento, la victimización es muy elevada en la ciudad, y es mucho más alta de

la que se registra institucionalmente a través de las cifras de denuncias. Cabe

anotar que el porcentaje de víctimas directas que no denunciaron los delitos,

según los resultados de la Encuesta de la Cámara de 2012, fue el más bajo en

los 15 años, solo el 21% de los ciudadanos denunciaron haber sido víctima de

un delito. Este indicador se situó en el 26% en el segundo semestre de 2014. El

hecho de que el 74% de las personas que fueron víctimas no haya denunciado,

implica que esos delitos no están registrados en las estadísticas institucionales pero,

sobre todo, implica que quedaron en la impunidad.

Un segundo aspecto que se destaca del análisis de estos indicadores es el aumento

de la percepción de inseguridad en la ciudad, en el caso de la encuesta de la

Cámara de Comercio que pasó de 45% en el segundo semestre del 2011 a 49 % en

el segundo semestre del 2014.

El aumento de la victimización hace evidente la desmejora de la inseguridad en la

ciudad y los ciudadanos así lo sienten cuando manifiestan que la inseguridad ha

aumentado; sensación y realidad que debe cuestionar sobre la efectividad de las

políticas hasta ahora ejecutadas por la Administración Distrital.

Según revelan las encuestas, los ciudadanos consideran que es la policía quien

podría otorgar una mejor seguridad y protección, dada la eficacia y visibilidad

de los servicios que presta, percepción totalmente contraria a las propuestas o

dispositivos del gobierno actual para garantizar la seguridad en la ciudad. Esta

percepción y calificación desfavorable de la conducción de la seguridad por el

gobierno Distrital, son sugerentes de la necesidad de afianzar o fortalecer tales

acciones desde una propuesta sólida y articulada de política de seguridad y

convivencia ciudadana que genere confianza a los ciudadanos frente a los «niveles

de protección» de la ciudad que son posibles de ser otorgados por el gobierno

distrital actual.

5 Seguridad Bogotá, región.

Garantizar la seguridad de Bogotá y de los municipios circunvecinos en el marco de la

Ciudad – Región supone reconocer la autonomía y decisión de los municipios y del

Departamento de Cundinamarca para integrar los esfuerzos en aras de una mejor seguridad

y convivencia del centro del país.

En este campo, es necesario reconocer que la seguridad hay que verla en dos dimensiones,

la primera, los hechos de violencia y delincuencia que afectan a los ciudadanos de Bogotá y

de los municipios circunvecinos y que atentan en contra de la vida, la integridad y la

propiedad privada, hechos de violencia y delincuencia que en algunos casos se comparten e

interrelacionan, como es el caso notorio de Bogotá y Soacha.

La segunda dimensión tiene que ver con los riesgos de terrorismo o naturales sobre los

equipamientos estratégicos que hacen que Bogotá, los municipios circunvecinos y

Cundinamarca puedan funcionar de manera adecuada en términos económicos y sociales,

es el caso de la infraestructura estratégica que está ubicada en el territorio amplio de

Bogotá, los municipios circunvecinos, el resto de Cundinamarca y en municipios de otros

departamentos, como son los embalses, las centrales de energía, las redes de transporte de

energía, agua y combustibles, las antenas de comunicaciones, centrales de abastos, vías de

salida y acceso a la ciudad, etc.

En los dos casos, las autoridades nacionales y locales (Departamentos, municipios y

Bogotá) deben realizar los mayores esfuerzos de coordinación de acciones y recursos para

garantizar la seguridad y la convivencia de los ciudadanos y el normal funcionamiento y

desarrollo de la región central del país, que tiene como epicentro a Bogotá.

En este campo, hay que reconocer que existen tres escenarios posibles para garantizar la

seguridad de los ciudadanos y de los equipamientos que existen en el territorio, como son:

a) La creación del Área Metropolitana que incluye a Bogotá y todos los municipios

que limitan con la ciudad, como es el caso de Chía, La Calera, Choachí, Ubaque,

Chipaque, Une y Gutiérrez. Cabrera, Venecia, San Bernardo, Arbeláez, Pasca,

Sibaté, Soacha, Mosquera, Funza y Cota y los departamentos del Meta y Huila1.

b) Ampliar el territorio de relación e intervención a través de la recién creada Región

Administrativa y de Planificación Especial –RAPE- que la componen Bogotá y los

departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Meta y Tolima para intervenir

coordinadamente los problemas de seguridad y riesgos que existen en esta gran

región.

c) Comenzar una relación estratégica en materia de seguridad con Soacha como un

territorio conurbado donde se comparten graves problemas de violencia y

delincuencia.

a. Creación del Área Metropolitana

El primer escenario, por ahora, no va a ser posible, en la medida que tanto la Ley 1625 de

2013, que deroga la Ley Orgánica 128 de 1994 y expide el Régimen para las Áreas

Metropolitanas, en el Parágrafo del Artículo 1° estableció que esta ley no se aplicaba para

el caso de Bogotá y sus municipios conurbados, los cuales deberán tramitar una ley ante el

Congreso de la República, como lo ratificó la Corte Constitucional con la sentencia 226 de

1 Ver: http://www.udistrital.edu.co/universidad/colombia/bogota/caracteristicas/

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=332#0

http://www.udistrital.edu.co/universidad/colombia/bogota/caracteristicas/

2014, a pesar de los argumentos que las administraciones de Bogotá y Soacha expusieron

ante la Corte.

En este propósito de crear un área metropolitana, Bogotá, Soacha y los demás municipios

interesados, deben insistir hacia futuro.

b. Región Administrativa y de Planificación Especial –RAPE-

Con la creación de la Región Administrativa y de Planificación Especial –RAPE- que la

componen Bogotá y los departamentos de Boyacá Cundinamarca, Meta y Tolima, es

posible definir estrategias de seguridad territoriales que incluyan las dos dimensiones

anteriormente expuestas, con la conformación de un equipo de trabajo que elabore uno o

varios documentos técnicos que identifiquen los problemas territoriales de violencia y

delincuencia que afectan la seguridad de los ciudadanos y los riesgos de terrorismo y

naturales que pueden afectar los equipamientos estratégicos.

Ya en el 2007, a través del Convenio 492 de 2007 celebrado entre el Departamento de

Cundinamarca y el Distrito Capital, el Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y

Seguridad Ciudadana -CEACSC- elaboró un importante trabajo sobre el nivel de amenazas

de actores armados sobre Bogotá2, el cual definió cinco niveles de riesgos “frente a la

incursión de grupos armados al margen de la ley y los conflictos que conllevan, los cuales

son:

Tipo 1 o riesgo inexistente, con ninguna posibilidad de que ocurran hechos de

alteración del orden público por la acción de actores armados no estatales en el

corto y mediano plazo;

Tipo 2 o riesgo bajo con alguna posibilidad en el mediano plazo de que ocurra

alguna alteración del orden público o acción armada por la acción de actores

armados no estatales;

Tipo 3 o riesgo medio con alguna posibilidad en el corto plazo de que ocurra alguna

alteración del orden público por la acción de actores armados no estatales;

Tipo 4 o riesgo medio alto donde las condiciones están dadas para que en el corto o

mediano plazo ocurra alguna alteración del orden público por la acción de actores

armados no estatales;

Tipo 5 o riesgo alto donde es inminente alguna alteración del orden público por la

acción de actores armados no estatales.

El ejercicio se aplicó a cada una de las provincias del departamento de Cundinamarca según

los análisis realizados tanto para las FARC, como para los Paramilitares, los resultados

fueron los siguientes:

2 Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana -CEACSC- NIVEL DE AMENAZAS DE

ACTORES ARMADOS SOBRE BOGOTÁ D.C. 2007

Para la Provincia de Sumapaz, conformada por los municipios de Fusagasugá,

Arbeláez, Cabrera, Granada, Pandi, Pasca, San Bernardo Silvania, Tibacuy y

Venecia, y que como bienes estratégicos para la región tiene la Subestación

Eléctrica de Fusagasugá, el riesgo para Farc es de 4 y para los paramilitares 3.

Para la Provincia del Guavio conformada por los municipios de Gachalá, Gachetá,

Gama, Guasca, Guatavita, Junín, La Calera y Ubalá, que presentan como bienes

estratégicos la Represa del Guavio, el Embalse de Tominé, el Embalse de San

Rafael e infraestructura eléctrica, el riesgo para FARC es de 3 y para los

paramilitares de 1.

Para la Provincia de Oriente, conformada por los municipios de Cáqueza, Chipaque,

Choachí, Fómeque, Fosca, Guayabetal, Gutiérrez, Quetame, Ubaque y Une, donde

se ubica el Embalse de Chingaza como bien estratégico, el riesgo para Farc es de 3

y para los paramilitares 1.

Para la Provincia de Rionegro, conformada por los municipios de El Peñón, La

Palma, Pacho, Paime, San Cayetano, Topaipí, Villagómez y Yacopí, el riesgo para

Farc es de 1 y para los paramilitares 2. Allí no se asientan bienes estratégicos.

Para la Provincia de Gualivá, conformada por los municipios: Albán, La Peña, La

Vega, Nicaima, Nocaima, Quebradanegra, San Francisco, Sasaima, Supatá, Utica,

Vergara y Villeta, que tiene como bienes estratégicos las estaciones de bombeo

Villeta y Ubalá, el riesgo para FARC es de 1 y para los paramilitares 2.

Para la Provincia del Tequendama, conformada por los municipios de Anapoima,

Anolaima, Apulo, Cachipay, El Colegio, La Mesa, Quipile, San Antonio del

Tequendama, Tena y Viotá, el riesgo para FARC es de 2 y para los paramilitares 4.

Allí no se asientan bienes estratégicos.

Para el caso de Bogotá D.C., hay que tener en cuenta que Bogotá D.C. es un

objetivo estratégico independientemente de las estructuras asentadas en su entorno.

Los factores de riesgo en el caso de las FARC son el Frente 42 sobre infraestructura,

extorsión y secuestro y como avanzada del Bloque Oriental; las estructuras urbanas

se consideran posibles grupos operativos urbanos especialmente por el impacto en

las zonas marginales de la ciudad, también está presente el Movimiento Juvenil

Bolivariano que actúa especialmente en las Universidades”3.

Como se puede ver, este trabajo habría que actualizarlo, no solo en el diagnóstico de los

riesgos, sino en la definición de las estrategias para contrarrestar, los recursos, los

responsables y los tiempos de ejecución.

En esta misma línea, se pueden elaborar documentos técnicos para enfrentar los problemas

de violencia y delincuencia comunes de Bogotá y los municipios circunvecinos.

c. Relación estratégica en materia de seguridad Bogotá, Soacha.

Hay que reconocer que en materia de seguridad, Bogotá y Soacha, por el nivel de

conurbación, tienen problemas comunes. En lo que tiene que ver con la violencia homicida,

Soacha es el municipio limítrofe con más homicidios después de Bogotá, le siguen

Mosquera, Chía y Funza, como se puede ver en el cuadro No 6:

Cuadro No. 6

MUNICIPIOS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL

BOGOTA 1600 1689 1336 1401 1465 1649 1739 1654 1283 1283 15099

SOACHA 148 151 132 124 102 119 169 192 147 216 1500

MOSQUERA 7 6 11 10 11 15 8 11 16 12 107

CHÍA 21 11 7 7 5 8 8 4 5 6 82

FUNZA 10 11 12 9 2 11 0 3 5 12 75

SIBATÉ 6 9 0 3 4 4 8 5 2 6 47

CABRERA 3 13 3 0 4 3 0 2 2 3 33

COTA 6 2 4 4 2 5 0 1 5 2 31

LACALERA 3 7 5 5 0 2 0 1 3 5 31

PASCA 5 4 7 2 1 1 1 0 3 1 25

CHIPAQUE 3 6 4 2 0 0 2 1 2 0 20

SANBERNARDO 0 1 0 1 1 3 2 3 0 1 12

ARBELAEZ 0 1 0 0 1 1 2 0 0 2 7

VENECIA 0 0 0 1 2 1 3 0 0 0 7UNE 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 6

CHOACHI 3 0 1 0 4UBAQUE 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2

GUTIERREZ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

TOTAL 1813 1911 1523 1573 1601 1822 1945 1877 1475 1549 17089

HomicidiosregistradosenlosmunicipiosquelimitanconBogotá

20042013

Ahora si se mira el comportamiento de estas dos ciudades en esta materia, se tiene que

mientras Bogotá ha tenido una tendencia a la baja en la tasa de homicidios por cada cien

mil habitantes, entre 1999 y 2006, en Soacha este delito creció hasta el 2002 y a partir del

2003 cayó hasta el 2008 y a partir del 2009 creció, como se puede ver en la gráfica No 15:

3 Ibídem

41,5

58,0

39,5

62,4

38,4

36,6

37,6

32,029,3

23,5

26,7

37,1

41,1

30,8

44,2

3937,7

3228,5

25,422,7

24,7

19,2

19,9 20,322,7

23,4 22,3

16,6 16,8

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

199920002001200220032002200520062007200820092010201120122013

Tasaporcada100-000hab

itan

tes

Bogotá,Soacha:tasadehomicidiosporcada100.000habitantes1999-2013Fuente:PolicíaNacional.MedicinaLegal

SOACHA

BOGOTÁ

Ahora, como lo plantea la “Caracterización de las violencias y los delitos del municipio de

Soacha, con el fin de identificar las “zonas críticas” de Soacha, especialmente en el límite

con Bogotá, elaborado por el Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y Seguridad

Ciudadana -CEACSC- en materia de patrones delictivos

“…los delitos tienen una distribución espacial específica, los homicidios prevalecen en

el área de perimetral entre la localidad de Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha y

los delitos contra el patrimonio tienen mayor incidencia en el área perimetral entre la

localidad de Bosa y el municipio de Soacha. El sector limítrofe con Bosa cuenta con

mayor presencia de bandas y delincuentes comunes, lo que significa la conformación

de problemáticas alrededor de la seguridad ciudadana que amerita una intervención de

tipo policial; mientras que en el límite con Ciudad Bolívar se configura su condición

crítica en función de una intervención integral”4. (Ver siguiente mapa de lesiones y

homicidios en los límites entre Bogotá y Soacha.

4 Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana -CEACSC “Caracterización de las

violencias y los delitos del municipio de Soacha, con el fin de identificar las “zonas críticas” de Soacha, especialmente en el límite con Bogotá.

Por otro lado, este estudio concluyó que “los actores armados provenientes de distintos

bandos, hacen presencia en Soacha. Esto se debe a su ubicación estratégica como corredor

de conexión hacia los departamentos del sur del país y como "zona" de entrada o traslape

con la Capital”,

En este caso, solo se requiere la voluntad política de los alcaldes de Bogotá y Soacha para

trabajar en equipo y buscar soluciones conjuntas a los problemas anteriormente expuestos.

Por otro lado, la Policía puede contribuir en esta línea, utilizando la figura de la Policía

Metropolitana para prestar el servicio de seguridad en Bogotá y Soacha como un solo

territorio.

Esta acción podría ser un buen comienzo para posteriormente prestar el servicio integrado

con otros municipios circunvecinos de Bogotá-

Recomendaciones.

Insistir en la creación del Área Metropolitana.

Con base en los objetivos y funciones de la Región Administrativa y de

Planificación Especial –RAPE- elaborar estudios técnicos regionales de seguridad

ciudadana y de riesgos de terrorismo y naturales que incluyan además del

diagnóstico, las estrategias, los recursos, los responsables y los mecanismos de

evaluación y seguimiento.

Con base en la figura de Policía Metropolitana extender el servicio de seguridad

entre Bogotá y Soacha como una sola unidad policial, experiencia que puede servir

para luego extenderlo hacia los otros municipios circunvecinos. Estudiar la

viabilidad de hacerlo también con las unidades de la Fiscalía General de la Nación

que operan en este territorio.

Hay que elaborar un documento de riesgos y manejo de crisis que afecten el normal

funcionamiento de la ciudad, de la región y la seguridad de los ciudadanos.

Comenzar con dinamizar el Consejo de Seguridad territorial entre Bogotá y Soacha

que debe reunirse de manera periódica, por lo menos una vez al mes.

Cabe anotar que estas recomendaciones favorecen a los municipios circunvecinos y al

territorio, en la medida en que los cuantiosos recursos que invierte Bogotá pueden ser

utilizados por la Policía Metropolitana que prestaría el servicio de seguridad más allá de los

límites geográficos de la ciudad.

6 Intervención en sitios de alta concentración de violencia y delincuencia: Seguridad

Humana 75/100.

En la actualidad, la administración Distrital viene desarrollando una serie de acciones que

buscan recuperar la seguridad en algunos territorios de la ciudad donde se concentran

hechos de violencia y delincuencia.

Este es el caso de la intervención del Bronx desde hace más de un año en donde, tanto el

Gobierno Nacional como el Distrital, se comprometieron a trabajar en equipo para enfrentar

los problemas de violencia, delincuencia, abandono social y deterioro urbano que se

presentan todavía en ese territorio. Después de más de un año de intervención, los

resultados no son los mejores, no hubo trabajo coordinado y en equipo entre las autoridades

nacionales y distritales, tampoco hubo coordinación entre las autoridades distritales y la

Policía y la situación de violencia y delincuencia persiste en la zona.

Cabe anotar que, para enfrentar estos problemas de concentración de la violencia y la

delincuencia en algunos territorios de la ciudad, dentro de la propia administración, existían

dos esfuerzos institucionales, por un lado el Fondo de vigilancia y Seguridad con el

proyecto número 685 ”Implementación de acciones articuladas para la construcción de

territorios de paz con seguridad ciudadana” y, por el otro, la Dirección de Seguridad de la

Secretaría de Gobierno con el proyecto número 830 “Convivencia y Seguridad para la

Construcción de una ciudad Humana (Territorios protectores de vida). Sin la debida

coordinación, estos proyectos multiplicaron de manera innecesaria e irracional los

esfuerzos y los recursos.

Frente a esta situación y dada la alta concentración de violencia y delincuencia en algunos

territorios, a comienzos del 2014 la Administración Distrital, con base en el Plan Integral de

Convivencia y Seguridad Ciudadana –PICSC- 2013-2023, diseño y puso en ejecución la

Estrategia Integral de Priorización y Focalización Seguridad Humana 75/100, que tiene por

objetivo “Reducir las conflictividades, violencias y delitos de 75 barrios (2% de los 3799

barrios de Bogotá), en 19 UPZ (16.9% de las 112 UPZ).

6.1 Estrategia Integral de Priorización y Focalización Seguridad Humana 75/100

Esta estrategia del PICSC se estructuró teniendo en cuenta las frecuencias de homicidios y

delitos de mayor impacto social por Unidades de Planeamiento Zonal –UPZ-, además del

cruce de variables, en el caso del tráfico de drogas, de acuerdo con las capturas por porte o

distribución de estupefacientes en polígonos barriales. De acuerdo al ejercicio de

priorización del PICSC se identificaron las localidades y UPZ con mayor concentración de

homicidios, lesiones comunes, hurto a personas, residencias, vehículos y motos.

Este programa es una estrategia de articulación y coordinación interinstitucional para la

intervención territorial bajo los preceptos de la seguridad humana integral y cuya finalidad

esencial es generar un ambiente libre de temor y carencias apto para el desarrollo humano

en micro territorios (UPZ y Barrios) de mayor concentración de violencias y delitos.

Los 75 barrios priorizados se encuentran ubicados en las siguientes UPZ: Diana Turbay,

Tibabuyes, El Rincón, Bosa Central, Bosa Occidental, Porvenir, Flora, Danubio,

Libertadores, Corabastos, Patio Bonito, Sabana, Ismael Perdomo, Verbenal, Tesoro,

Lucero, Las Cruces, Jerusalén y Arborizadora. Estas UPZ presentan las siguientes

características:

a) El 51,2% de los homicidios registrados en Bogotá se presentaron en estas 19

Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ).

b) El 56,9% de los homicidios de jóvenes (14 – 26 años) registrados en Bogotá se

presentaron en estas 19 Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ).

c) El 26,0% de las lesiones comunes registradas en Bogotá se presentaron en estas 19


d) El 12,2% de los hurtos a personas registrados en Bogotá se presentaron en estas 19


e) El 37,0% de los registros de VIF y delitos sexuales de Bogotá se presentaron en

estas 19 Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ).

f) El 42,5% de los registros de violencia contra niños, niñas y adolescentes de Bogotá

se presentaron en estas 19 Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ).

g) El 31,0% de los registros de violencia contra adultos mayores en Bogotá se

presentaron en estas 19 Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ).

h) El 41,2% de los registros de violencia entre pareja en Bogotá se presentaron en estas

19 Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ).

i) El 37,9% de los dictámenes sexológicos en Bogotá se presentaron en estas 19


De acuerdo con el proceso de monitoreo, seguimiento y evaluación a la implementación de

este Plan, realizado por el CEACSC, se encontró el siguiente impacto de las estrategias

integrales de intervención durante el 20145:

Los hurtos de automotores y motos aumentaron en 55% y 5% respectivamente.

Disminuyeron los hurtos a residencias (16%), establecimientos comerciales

(26,5%), a personas (7,8%) y las lesiones a personas (6,9%), como se puede ver en

el cuadro No 7:

Cuadro No 7 POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

BALANCE INTERVENCION PLAN 19- 75/100 DELITOS DE MAYOR IMPACTO

ENERO- DICIEMBRE 2013 Y 2014

BALANCE PLAN 75/100

2013 – 2014 DELITOS 2013 2014 VARIACIÓN %

HOMICIDIOS 296 196 -33,8

LESIONES PERSONALES 1372 1277 -6,9

HURTO A PERSONAS 1618 1491 -7,8

HURTO A RESIDENCIAS 369 310 -16,0

HURTO A COMERCIO 325 239 -26,5

HURTOA AUTOMOTORES 89 138 55,1

HURTO A MOTOS 239 251 5,0

TOTAL 4308 3902 -9,4

FUENTE: DIJIN - SIJIN - MEBOG. Datos extraídos de la Policía nacional. Enero de 2015. Cifras sujetas a variación.

En lo que hace a los homicidios, en los 75 barrios intervenidos, disminuyeron en un 33,8%,

se pasó de 296 casos entre enero y diciembre de 2013 a 196 en el mismo periodo del año

2014 (ver cuadro anterior).

5 La intervención interinstitucional en los barrios priorizados y focalizados inició en marzo de 2014. La información

reseñada de delitos de mayor impacto es entregada por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá. La información de los

incidentes reportados a la línea NUSE 123 corresponde al periodo enero-septiembre para las variables de riñas, lesiones y

hurtos en cada uno de los barrios de la estrategia.

6.2 Recomendaciones:

La Administración debe presentar públicamente el seguimiento sobre los resultados

de este programa. Se quedó en la presentación, pero públicamente no se han

presentado los resultados hasta ahora alcanzados

En el caso de los delitos de mayor impacto, hay que realizar un análisis detallado

sobre el aumento de los hurtos de automotores y motos para definir una estrategia

frente a estos delitos que están aumentando en los barrios intervenidos.

Cabe anotar que para la Administración Distrital el incremento de los hurtos de

automotores y motos “se explica en parte por el crecimiento del parque automotor

en la ciudad Y por las conductas incívicas ciudadanas de mal parqueo en vía Y

abandono de vehículos que se convierten en oportunidades delictivas”, explicación

poco convincente si se tiene en cuenta que el “aumento del parque automotor y el

mal parqueo en las vías” también se han presentado en años anteriores cuando estos

delitos han disminuido. Por tanto hay que hacer un análisis más profesional para

poder determinar el aumento territorial de estos delitos.

Hay que fortalecer el trabajo en equipo con la Policía Metropolitana y la Fiscalía en

los territorios intervenidos.

7 Desarme ¿qué tanto ha contribuido la reducción de los homicidios?

Las propuestas de desarme y su ejecución suelen moverse entre extremos. En el primer

caso, se mueve entre los que consideran que promover el desarme es dejar a “la gente de

bien” sin posibilidades de defenderse ante los criminales y quienes creen que los únicos que

deben portar las armas son las instituciones legítimamente constituidas. En el segundo caso,

entre quienes aseguran que cuando se aplica el desarme los resultados de reducción de los

delitos, en particular del homicidio, se deben a esta política y quienes consideran que no y

que los resultados se deben a otras acciones, en particular de la policía.

Al respecto, la Veeduría Distrital considera importante resaltar que frente a este tema la

Corte Constitucional en su Sentencia 038 de 1993 consideró que “prevalecen los principios

básicos constitucionales de los Derechos Humanos por encima de cualquier derecho

individual”. Por lo anterior, consideró la Corte “que los ciudadanos deben abstenerse de

circular con armas de fuego, porque ello viola el derecho a ser iguales y genera un mayor

riesgo para la comunidad de que esa arma sea usada para resolver un conflicto y no para

procurarse una eficiente protección individual”.

En estos términos, el Estado no debería tolerar ni, menos aún, estimular situaciones de

armamentismo ciudadano. Cabe anotar que los Estados, como el Colombiano, que

autorizan a los ciudadanos a tener y portar armas de fuego, de manera indirecta, autorizan

la pena de muerte en manos de los particulares, en la medida que una persona al hacer uso

de su arma realiza todo el proceso judicial hasta aplicar la pena de muerte: primero, detiene

“alto”, segundo, juzga “enemigo, delincuente” y tercero condena y aplica la pena de muerte

en cuestión de segundos, es decir, el ciudadano armado tiene la potestad de ejercer justicia

por mano propia.

Por otro lado, la política de desarme no solo se debería limitar a restringir el porte de armas

legales, es necesario que las autoridades realicen mayores controles frente al comercio y

uso de armas ilegales, las autoridades de seguridad y justicia deben incrementar los

esfuerzos para decomisar y sancionar a quienes comercian y portan este tipo de armas. Es

preciso señalar que, si bien hoy en Colombia el porte ilegal de armas de fuego no es

excarcelable, la gran mayoría de los ciudadanos que han sido detenidos portando armas

ilegales después de la promulgación de la Ley de Seguridad Ciudadana no han sido

enviados a centros de privación de libertad, algunos gozan de “casa por cárcel” y otros han

quedado libres al considerar los jueces que “no son un peligro para la sociedad”.

Frente a la aplicación de la política de desarme en Bogotá, la Administración, sin presentar

estudios que lo sustenten, ha considerado que el desarme ha contribuido en gran parte a la

reducción de los homicidios.

Por el contrario, la evaluación permanente de la Política de Seguridad y Convivencia de

Bogotá durante el 2012 y 2013 que ha realizado la Veeduría ha constatado que el desarme,

que se viene aplicando desde el mes de febrero de 2012, solo ha contribuido mantener la

tendencia de reducción de los homicidios desde febrero de 2012, tendencia que ya se traía

desde el 2011 y que fue particularmente alta la caída en el mes de enero de 2012, como se

puede ver en la Gráfica No. 15:

Gráfica No. 15

Con base en estos resultados, es posible observar que efectivamente la serie tuvo un cambio

estructural profundo a partir del mes de enero del 2012, con una disminución de 47,9% en

el número de casos entre diciembre del 2011 y enero del 2012.

Un aspecto a considerar en la explicación de esta disminución es el aporte que pudo tener la

medida de restricción al porte de armas, aunque el desarme se implementó a partir del 2 de

febrero del 2012 y para entonces ya venía disminuyendo este delito. Sin embargo, lo

importante a considerar respecto a la restricción al porte de armas es la contribución que

pudo haber hecho a la sostenibilidad de la tendencia a la baja de los homicidios desde

febrero del 2012 y parte del 2013.

Por otro lado, un análisis de la variación en la participación de las armas de fuego en los

homicidios, donde debería incidir el desarme de los ciudadanos, muestra que el

comportamiento es más o menos similar en los últimos ocho años, incluso para el 2010,

cuando se registró una alta disminución de los homicidios con armas de fuego, no hubo

restricción al porte de armas (ver Gráfica No.16, elaborada con base en información

suministrada por el Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana

CEACSC).

Gráfica No.16

Igualmente, de acuerdo con la condición del arma utilizada en el homicidio (legal e ilegal),

entre el 2012 y el 2013 no hay variaciones sustanciales respecto al número de homicidios

cometidos en años anteriores con armas legales, como se puede ver en la Gráfica No. 17.

En algunos años se han tenido igual cantidad de homicidios con armas legales, sin que

existiera entonces una restricción al porte de armas en la ciudad (comparar 2009 y 2013).

Gráfica No. 17

Incidencia de las armas de fuego según su condición 2007-2013

Fuente: con base en datos entregados por el CEACSC con información de Sajín, CTI – Fiscalía General de la Nación. Hipótesis de trabajo judicial. Datos sujetos a variación.

7.1 Conclusiones

Para evaluar esta medida de manera más adecuada es necesario contar con

información detallada sobre la cantidad y calidad de los operativos y acciones

de las autoridades, en particular de la Policía, para hacer cumplir el desarme en

la ciudad.

Además de la expedición y publicación de la medida de desarme, es necesario

realizar operativos en las calles para que los ciudadanos que porten armas legales no

lo hagan y para perseguir, detener y poner a disposición de la justicia a quienes

portan armas ilegales.

No basta con que la medida de restricción al porte de armas legales este vigente, es

necesario exigir más y mejores operativos de control, resultados y hacer

seguimiento evaluativo de los mismos para poder determinar la real incidencia de

esta medida.

Hacen falta análisis detallados e independientes que determinen la real incidencia

del desarme en la reducción de los homicidios y de los demás delitos.

Es necesario contar con una política integral en este campo, que además de

restringir el porte de armas, defina las estrategias policiales y de justicia para

controlar el comercio, porte y uso de las armas ilegales. Esta estrategia, que debe

tener metas precisas, debe contemplar los mecanismos de evaluación y seguimiento

donde participen las instituciones involucradas.

Hay que hacer seguimientos a las decisiones de los jueces respecto a los ciudadanos

que son detenidos con porte ilegal de armas.

Hay que insistir en la promoción de una sociedad sin armas de fuego y donde sean

las autoridades legítimamente constituidas las únicas que las porten.

Finalmente, es necesario resaltar que entre las acciones realizadas para reducir los

homicidios en Bogotá se destacan las estrategias que implementó el comando de la

Policía Metropolitana, desde finales del mes de diciembre de 2011 hasta mediados

del 2013, que probablemente más contribuyeron con la reducción de los homicidios

en Bogotá durante el 2012 y que se fundamentan en la gerencia, micro gerencia del

recurso humano y la exigencia de resultados a la hora de intervenir los sitios de

mayor concentración de este delito (ver Evaluación de la política de seguridad y

convivencia ciudadana en Bogotá 2012 primer semestre del 2013. Informe

Veeduría Distrital. http://www.veeduriadistrital.gov.co/veeduria/media/file/Publicaciones/44_Evaluacion%20de%20la%20P

olitica%20de%20Seguridad%20y%20la%20Convivencia%20de%20Bogota%202012.pdf )

http://www.veeduriadistrital.gov.co/veeduria/media/file/Publicaciones/44_Evaluacion%20de%20la%20Politica%20de%20Seguridad%20y%20la%20Convivencia%20de%20Bogota%202012.pdf

http://www.veeduriadistrital.gov.co/veeduria/media/file/Publicaciones/44_Evaluacion%20de%20la%20Politica%20de%20Seguridad%20y%20la%20Convivencia%20de%20Bogota%202012.pdf

8 Control al consumo de alcohol y violencia

Los análisis de alcoholemia practicados por el Instituto de Medicina Legal en victimas de

homicidio en el 2014, muestran que el 7,7% de las víctimas tenían alcohol en la sangre, el

1,8% alcohol y otras drogas y el 11,4% presentaron estupefacientes, como se observa en la

Gráfica No. 18:

Gráfica No. 18

Presencia de alcohol o sustancia psicoactivas en victimas de homicidio 2014

Fuente: SIJIN - CTI – Fiscalía General de la Nación. Hipótesis de trabajo judicial Corte 10:00 horas de Enero 5 de 2014. Datos sujetos a

variación en consultas posteriores.

Cabe anotar que en los últimos años se tenía un reporte mayor de presencia de alcohol y

otras drogas en la sangre de las víctimas, como lo muestra la Gráfica No. 19:

Gráfica No. 19

Incidencia del consumo de licor en victimas 2007 2013. Bogotá D C

Fuente: SIJIN- CTI – Fiscalía General de la Nación. Hipótesis de trabajo judicial Corte 11:00 horas de Mayo 6 de 2014.

Datos sujetos a variación

Estos datos ponen en evidencia una relación entre consumo de licor y la posibilidad de ser

víctima de un hecho violento. En este caso, solo se tiene información de las víctimas, pero

en el caso de los victimarios no se cuenta con cifras.

Con base en estos datos, desde hace algunos años, la Administración Distrital tomó la

decisión de restringir la venta y consumo de licor en algunas UPZ y localidades. Para la

administración, esta medida también ha incidido en la reducción de los homicidios. Según

el Secretario de Gobierno, Guillermo Alfonso Jaramillo, la restricción a la venta y consumo

de bebidas alcohólicas en 13 UPZ de la ciudad, generó una reducción hasta del 25% en los

homicidios y riñas en la ciudad6, afirmación que al presentarse no se sustentó en ningún

estudio o análisis. Antes bien, las cifras presentadas por la propia administración muestran

lo contrario: mientras en el 2011 se reportó que el 16,8% de las víctimas de homicidios

registraban presencia de alcohol en la sangre, en el 2012 aumento a 20% (ver gráfica

anterior).

Por otro lado, según las cifras del CTI de la Fiscalía el experimento de prohibir la venta de

licor de 11 de la noche a 10 de la mañana, en 5 Unidades de Planeación Zonal (UPZ) de la

localidad Ciudad Bolívar y en 5 barrios de Bosa, entre febrero y mayo de este año, no sirvió

para reducir los homicidios en estos sectores7.

A pesar de estos resultados, los datos que manejan Medicina Legal y las demás

instituciones de seguridad y justicia, hay que reconocer que existe presencia de alcohol y

otras sustancias psicoactivas no solo en las victimas de homicidios, sino también en otras

muertes violentas (muertes en accidentes de tránsito, accidentales y suicidios) y lesionados.

Frente a esta situación, es necesario desarrollar políticas integrales que reduzcan la

incidencia de las sustancias psicoactivas en los hechos de violencia. Sin embargo, no se

trataría tanto de estigmatizar el consumo de alcohol, como de lograr que la sociedad

reconozca los riesgos que existen en esta práctica cultural y los minimice con actitudes

responsables, para que no se atente contra la integridad, la vida propia y de los demás

ciudadanos.

6 Secretario de Gobierno y Comandante de Policía entregaron balance de seguridad en Bogotá. Ver:

http://www.gobiernobogota.gov.co/prensa/93-noticias/839-secretario-de-gobierno-y-comandante-de-policia-entregaron-

balance-de-seguridad-en-bogota 7 Menor venta de licor no disminuyó homicidios en Bogotá. El Tiempo. 9 de julio de 2014.

http://www.eltiempo.com/bogota/no-disminuyo-homicidios-en-bogota/14223750

http://www.gobiernobogota.gov.co/prensa/93-noticias/839-secretario-de-gobierno-y-comandante-de-policia-entregaron-balance-de-seguridad-en-bogota

http://www.gobiernobogota.gov.co/prensa/93-noticias/839-secretario-de-gobierno-y-comandante-de-policia-entregaron-balance-de-seguridad-en-bogota

http://www.eltiempo.com/bogota/no-disminuyo-homicidios-en-bogota/14223750

8.1 Conclusiones

La Administración debe presentar los estudios y evaluaciones que llevaron a tomar,

mantener y ampliar medidas restrictivas a la venta y consumo de licor en varias

UPZ de la ciudad, desde el año 2011 hasta el 2013.

Aunque se reconocen las bondades de esta medida que busca reducir los riesgos de

lesiones y muertos entre los ciudadanos, hacen falta análisis detallados e

independientes que determinen la real incidencia de las políticas restrictivas al

consumo de licor sobre la violencia en la ciudad. Con base en los resultados, es

necesario definir estrategias de intervención

Hace falta trabajar sobre la incidencia del alcohol sobre los victimarios.

Hay que complementar estas medidas con alternativas de cultura ciudadana que

promuevan el uso responsable de alcohol y otras drogas.

9 Hacinamiento de los establecimientos carcelarios, de la Unidad Permanente de

Justicia UPJ y de las Unidades de Reacción Inmediata URI en Bogotá

9.1 Presentación.

El cumplimiento cabal de las funciones del Estado para garantizar los derechos a la vida,

integridad y bienes de los ciudadanos supone tener unas instituciones fortalecidas y en

capacidad de enfrentar los problemas que atentan en contra de estos derechos.

En el caso colombiano, mientras las Fuerzas Armadas (Fuerzas militares y Policía) cuentan

con equipamientos (instalaciones, movilidad, comunicaciones y recursos humanos) más a

menos adecuados, las instituciones de justicia tienen serias falencias, como es el caso de las

cárceles y penitenciarias.

Cabe anotar que la mayoría de las instalaciones carcelarias y penitenciarias son viejas y no

fueron diseñadas ni construidas para cumplir con su función y su ubicación, en muchos

casos, no responde a las necesidades operativas de los servicios que debe prestar o

contravienen las normas de ordenamiento territorial. En el caso de los demás

equipamientos, no cuentan con equipos para desarrollar su labor de manera más técnica,

trabajan con muy pocos medios de movilidad, como carros y motos, y los que funcionan

son de más de 5 años de antigüedad, los medios de comunicación son pocos y obsoletos y

el recurso humano tiene bajos niveles de formación, capacitación y motivación. En

Colombia, a pesar de los esfuerzos e inversión por fortalecer el Sistema Carcelario y

Penitenciario en los últimos años, todavía falta mucho por hacer, hoy se presenta un

hacinamiento por encima del 30% y más del 70% de las instalaciones son inadecuadas para

los requerimientos del Sistema.

La Veeduría, en este documento, expone la situación de hacinamiento de los adultos

privados de la libertad en Bogotá que se encuentran recluidos en las cárceles Modelo, Buen

Pastor Distrital y la Penitenciaria de La Picota

Este documento llama la atención sobre la grave situación de deterioro y hacinamiento de

los establecimientos carcelarios y penitenciarios de la ciudad, así como los riesgos a que

están expuestos los ciudadanos vecinos, al igual que el conjunto de la ciudad; por los

problemas, de inseguridad y violencia, manifiestos y latentes que generan los

establecimientos de privación de la libertad. Además, hace recomendaciones para

solucionar los problemas y propone formas de trabajo conjunto para que los gobiernos

Nacional, Distrital y Departamental puedan asumir, de una vez por todas, soluciones de

fondo a los problemas de hacinamiento y de infraestructura en el inmediato, mediano y

largo plazo.

9.2 Contexto.

Todos los centros de privación de la libertad presentan dos fines últimos para la

administración de justicia y para la seguridad, en primer lugar, constituyen la salvaguarda

de la sociedad de aquellas personas que han infringido la ley penal y puesto en peligro la

vida, integridad o propiedad de otro sujeto y del Estado mismo, y en segundo lugar, es el

espacio donde se lleva a cabo un proceso de readaptación, resocialización y en algunos

casos socialización de los ciudadanos que han quebrantado la ley penal.

Quien delinque, se le sanciona con la privación de la libertad, la cual además de significar

la ausencia de libertad de locomoción, casi siempre se constituye en una pérdida de la

dignidad, por cuanto sobre él o ella, pesa la sanción social, que en general es mayor que el

confinamiento. Que una persona vaya a parar a la cárcel, para algunos puede ser el

resultado de la ingenuidad, la ignorancia o la imprudencia, y para otros, la consecuencia de

haber tomado la decisión de transgredir normas sociales obteniendo de ello un beneficio

personal y afectando a otros con su comportamiento.

Dado que los centros de privación de la libertad, como tal, no pueden resolver los

problemas sociales que se convierten en las causas estructurales de la violencia y la

delincuencia, lo que sí está a su alcance de manera fundamental es la posibilidad de

intervenir pedagógicamente sobre los internos con el fin de que éstos aprovechen su

estancia en la institución para adelantar un proceso de reflexión-acción sobre la regulación

de la convivencia y de esa manera promover el respeto por las normas como un derecho y

un deber que tenemos todos los ciudadanos para convivir adecuadamente en atención a

nuestra dignidad como seres humanos.

Los centros de privación de la libertad, por su naturaleza no son instituciones de formación

de valores, pues de ello se ocupan de manera directa distintas agencias de socialización

como la familia, la escuela y las diferentes iglesias. Sobre todo, no puede ser una institución

que inculque determinados valores, correspondientes a ideologías políticas o religiosas

particulares, dado que ello no se aviene con los preceptos constitucionales relacionados con

el carácter pluralista de la nación. Sin embargo, el mismo carácter democrático,

participativo y pluralista que posee nuestro país supone de sus instituciones, incluidas las

instituciones de privación de la libertad, un compromiso con los ideales democráticos y una

vocación por promover los derechos humanos y el respeto de las normas.

Lo anterior implica pensar en los centros de privación de la Libertad como unas

instituciones que hacen realidad el principio constitucional de un Estado social de derecho

fundado en el respeto de la dignidad humana, y en ese sentido una institución que respeta la

dignidad de los internos y promueve en estos el respeto por la dignidad de todas las

personas. La promoción desde los centros de privación de la libertad de una cultura

orientada hacia la convivencia democrática fundada en la participación de los sujetos en la

construcción colectiva de las normas de convivencia, y por tanto en la formación de

actitudes de respeto a las normas, se constituye en un aporte al sistema de administración de

justicia, lo cual permitiría complementar, así sea brevemente, el proceso de socialización de

los sujetos que pasan por la institución, desde la perspectiva de su fortalecimiento como

sujetos de derechos, respetuosos de los marcos normativos de la sociedad en general y de

los grupos humanos en particular.

De lo que se trata es de ofrecerles a todos los internos oportunidades de aprendizaje cívico

que les permita ampliar su horizonte de representación de las relaciones sociales en un

sentido democrático. Con ello el interno ganaría mayores elementos de juicio para, en

ejercicio de su autonomía, orientar responsablemente su comportamiento como una persona

privada de la libertad y posteriormente en la sociedad.

9.3 Presentación de la problemática.

En el Distrito Capital funcionan cuatro establecimientos carcelarios, tres de ellos están bajo

la dirección del INPEC (dos cárceles y una penitenciaria), las cuales tienen una

infraestructura muy vieja e inadecuada, toda vez que la construcción de estos

establecimientos se remonta a los años 1957 (Buen Pastor), 1936 (La Picota) que ha sido

ampliada con nuevas instalaciones y 1960 (la Modelo) que de manera irregular ha

aumentado su capacidad; edificaciones obsoletas que con el paso del tiempo y falta de

mantenimiento, hoy acusan deterioro y peligros para la población interna, los funcionarios,

los vecinos de estos establecimientos y para la seguridad de la ciudad.

Por otro lado y con otras condiciones, se encuentra la Cárcel Distrital con una edificación

de reciente construcción (2001) y con unas buenas condiciones de reclusión, que contrastan

con las que existen en los establecimientos nacionales que están ubicados en la ciudad.

Mientras la Cárcel Distrital no tiene hacinamiento, la Penitenciaría de la Picota y las

cárceles Modelo y Buen Pastor en Bogotá registran un hacinamiento del 26,6% sin que

hasta ahora se vislumbre una solución de fondo a este problema en el inmediato, mediano y

largo plazo. En su conjunto, estos tres centros carcelarios tienen capacidad para albergar

9.992 internos y actualmente hay 12,648, es decir que tienen un sobrecupo de 3,284

personas privadas de la libertad (ver cuadro No 10)

Cuadro No 10

Población Carcelaria en Bogotá

Fuente INPEC ENERO DICIEMBRE. 2014

CARCEL CAPACIDAD TOTAL DE LA POBLACION

HACINAMIENTO

SOBRECUPO PORCENTAJE

LA MODELO 2.907 4.239 1.332 45,8

LA PICOTA 5.810 6.709 899 15,5

EL BUEN PASTOR 1.275 1.700 425 33,3

*TOTAL 9.992 12.648 2.656 26,6

Esta situación, que pone en riesgo a más de trece mil ciudadanos privados de la libertad,

también afecta la seguridad de las comunidades vecinas de estos establecimientos y de la

ciudad en general, en la medida que se pueden presentar fugas masivas y desastres por las

condiciones de obsolescencia de los centros de privación de la libertad de adultos en la

ciudad.

A este problema se adiciona otro más que tiene que ver con la utilización de las Unidades

de Reacción Inmediata –URI- de Bogotá como espacios de privación de la libertad en

condiciones inadecuadas y con muchos riesgos para funcionarios, visitantes y vecinos; a

diciembre permanecían más de 700 personas privadas de la libertad en carceletas, pasillos y

oficinas donde se improvisaron “cambuches”, cuando en estos lugares los sindicados solo

deben permanecer no más de treinta y seis horas.

A pesar de los esfuerzos que viene realizando el INPEC, con la construcción de nuevos

cupos en las cárceles nacionales que hay en Bogotá y el traslado de presos a otras del país,

el hacinamiento se ha reducido muy poco y en la actualidad no se tiene planeado construir

nuevas cárceles en Bogotá o en Cundinamarca.

9.4 Hacinamiento y vulneración de derechos.

El hacinamiento de los establecimientos carcelarios de la ciudad desmejora y vulnera los

derechos de los reclusos, pone en entredicho los procesos de resocialización, pone a la

ciudad en una situación de alto riesgo, por cuanto están dadas las condiciones para que los

ciclos de violencia se repitan con mayor intensidad, dado que la cárcel no cumple la labor

resocializadora, sino todo lo contrario y, además, se pueden registrar fugas violentas y

masivas.

Esta situación pone en entredicho la función de los establecimientos carcelarios y de las

políticas de convivencia y seguridad ciudadana del Distrito y de la Nación, en la medida

que una de las partes importantes para prevenir y atacar el crimen y la violencia tiene tantas

falencias y debilidades y no existen políticas claras para mejorar esta problemática en

Bogotá.

Cabe anotar que no hay los recursos ciertos para seguir ampliando la capacidad de La

Penitenciaria La Picota, La Cárcel Modelo no se va a reconstruir o reponer por otra, en el

mismo sitio o en otro lugar, la Cárcel del Buen Pastor, a pesar de que algunos sectores se

están cayendo, no va a ser reconstruida o reubicada en ningún lugar. Como se puede

constatar en los presupuestos de la Nación y de cada uno de los establecimientos carcelarios

que funcionan en la ciudad, solo existen unos pocos recursos para obras de mantenimiento

y ampliación de algunos cupos, sin llegar a constituirse en las soluciones a los problemas de

envejecimiento progresivo y deterioro de las infraestructuras, hacinamiento y de las

condiciones infrahumanas y violatorias de los derechos humanos de los internos.

En el caso del Distrito, el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Humana”, no contempla

programas ni proyectos para la problemática global del Sistema Carcelario y Penitenciario

de Bogotá en lo concerniente a la Modelo, la Picota y el Buen Pastor. En el Plan solo

aparece en la Meta 3 “Una Bogotá en Defensa y Fortalecimiento de lo Público” la inversión

y proyecto para el funcionamiento y atención en la Cárcel Distrital de Bogotá. Por ningún

lado se prevé recursos para la creación de infraestructura nueva en esta materia. Cabe

anotar, que el plan integral de convivencia y seguridad ciudadana de Bogotá debería incluir

la problemática de reclusión, atención y resocialización, no solo de los internos que la

Administración Distrital tiene en la Cárcel Distrital, sino la de todos los privados de la

libertad que hay en la ciudad.

En conclusión, todas estas situaciones que muestran la precariedad del sistema de privación

de la libertad de adultos y adolescentes en Bogotá son más que evidentes al atentar contra la

seguridad humana de los funcionarios y detenidos, como en contra el bienestar y seguridad

de los ciudadanos en general.

Debido al alto nivel de hacinamiento y la infraestructura vieja e inadecuada de los

establecimientos carcelarios y penitenciarios, es notoria la violación de los derechos

humanos de los internos, entre los cuales se destacan:

Derecho a la vida y la integridad: el alto nivel de hacinamiento y falta de control

por parte de las autoridades al interior de los establecimientos carcelarios pone en

riesgo permanente la vida e integridad de la mayoría de los internos, en la medida

en que están expuestos al chantaje, extorsión y violencia por parte de grupos de

criminales violentos que controlan los patios y todas las actividades de los internos

y del centro de privación de la libertad.

Derecho a la dignidad humana: el grave hacinamiento conlleva el deterioro de las

condiciones de vida de los internos, quienes tienen que convivir en reducidos

espacios. No existen sitios dignos dónde alojarse, en ocasiones no tienen asignadas

celdas y tienen que dormir en el piso, en los baños o en los pasillos; las celdas

destinadas para alojamientos, durante la noche no satisfacen las exigencias de

higiene, volumen del aire, superficie mínima, alumbrado, calefacción y

ventilación: no hay suficientes baños y sus condiciones no son los más adecuadas.

Derecho a la igualdad: Al momento del tratamiento penitenciario existe

discriminación, pues, solo algunos tienen acceso a estudio o al trabajo, siendo ello

discrecional de cada establecimiento carcelario, situación que a todas luces atenta

contra este precepto.

Derecho a la salud. La Corte Constitucional ha sido clara en que el Estado es

responsable del detenido y del condenado (sentencia T-247 de 1996); los internos

tienen derecho al ingreso al sistema de seguridad social en salud, a través del

régimen subsidiado (sentencia T-606 de 1998, reiterada en la sentencia T-606 de

2000); el derecho fundamental a tener condiciones mínimas de higiene, salubridad

y comodidad, y obligaciones correlativas del Estado (sentencias T-256 y 257 de

2000). A pesar de estas sentencias, la situación en materia de servicios de salud es

deplorable y solo hasta hace poco se viene solucionando el problema con

CAPRECOM.

Derecho a la educación y al trabajo: dado el nivel de hacinamiento y la falta de

infraestructura adecuada un alto porcentaje de los internos no estudia, ni trabaja,

los analfabetos no asisten a instrucción, los que quieren participar en actividades

educativas, no tienen la oportunidad por falta de cupos, otros desean participar

como instructores pues cuentan con conocimientos para hacerlo, pero las entidades

no tienen espacios adecuados para tal fin. Estos derechos están condicionados por

la facultad discrecional que en esta materia aplican las autoridades penitenciarías y

el personal que se encuentra a cargo del tratamiento penitenciario8, que es

insuficiente.

Derecho al debido proceso: En las cárceles y la penitenciaría se vulnera de manera

permanente el debido proceso. Existen demoras en las respuesta a las peticiones

formuladas por los internos y sus abogados, dispendiosos trámites; inoperancia y

no funcionalidad en las oficinas administrativas para el seguimiento y aplicación

del sistema progresivo del interno, esto último al no llegar oportunamente:

cómputos de redención de pena, penas cumplidas, perfiles sicológicos, así como la

8 El tratamiento penitenciario, es la actividad que se despliega sobre el detenido con el fin de neutralizar factores

negativos de su personalidad, facilitándole la readaptación a la vida social, aspecto que se liga a las finalidades de la

resocialización, ya que esta supone deficiencias de adaptación al medio cuya superación constituye una meta, de manera

que la resocialización básicamente consiste en la promoción de las condiciones necesarias para que el individuo vuelva a

reincorporarse al grupo social del que hacía parte, como un miembro capaz de convivir en sociedad.

infinidad de documentos que se exigen para el otorgamiento de algún beneficio de

tipo administrativo o judicial que pueda invocar el interno.

Se vulneran también otros derechos fundamentales como a la familia, presunción de

inocencia, a la intimidad, de reunión y asociación y de libertad de cultos y de religión.

Es un hecho notorio que en las condiciones en que se desarrolla la privación de la libertad

en Bogotá el Estado no garantiza el respeto de tales derechos, al punto de que la Corte

Constitucional sobre este aspecto declaró el "estado de cosas inconstitucional", y como

consecuencia de ello, ha ordenado, en distintas oportunidades, la adopción de medidas

generales por parte de las autoridades competentes para corregir tan anómala situación, con

el fin de buscar remedio a situaciones de vulneración de los derechos de los reclusos9. Pese

a esas órdenes de la Corte, no se ha solucionado tal problemática, pues los correctivos que

se han adoptado han sido mínimos frente a la situación que afronta el sistema de privación

de la libertad en Bogotá.

9.5 Situación de las cárceles y penitenciaria.

La limitación en infraestructura de espacios dignos y seguros para la reclusión de

sindicados y condenados, en Bogotá no permite realizar, como lo estipulan las leyes, una

clasificación de internos, lo cual genera desde el mismo momento de la reclusión

traumatismos en todos los procesos de resocialización. No es procedente que, desde la

Nación con el beneplácito del Distrito, se siga pensando en ampliación de cupos (recluso-

cama) sin tener en cuenta los espacios que se requieren adicionales a su alojamiento, que

permita dar cumplimiento a la rehabilitación social de los internos y las internas.

9.5.1 Cárcel La Modelo

Con el ánimo de suplir las deficiencias que presentaba el panóptico de la Penitenciaria de

Cundinamarca, en 1957 se inició la construcción del establecimiento hoy denominado

Establecimiento Carcelario La Modelo, llamándose para la época Cárcel Distrito Jorge

9 Al respecto ha sostenido la Corte Constitucional:

"Es natural que la persona condenada o detenida preventivamente vea restringidos algunos de sus derechos. No podrá, por

ejemplo, ejercer la libertad de locomoción; se reduce ostensiblemente -aunque no desaparece- su ámbito de privacidad;

surgen límites evidentes al libre desarrollo de su personalidad, y en el caso de los condenados, la ley ha establecido la

interdicción de derechos y funciones públicas.

Pero, a juicio de la Corte, eso no significa que el recluso quede indefenso ante el ordenamiento jurídico y menos que se

halle imposibilitado, en cuanto persona, para reclamar el respeto al núcleo esencial de la generalidad de sus derechos

fundamentales.

Entre ellos, habiendo sido prohibida en el sistema colombiano la pena de muerte (art. 11 C.P.) y estando proscrita toda

clase de castigos que impliquen tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes (art. 12 C.P.), los derechos a la vida, a la

integridad personal y a la salud, en conexión con aquéllos, permanecen intactos. Es decir, no pueden resultar afectados ni

en mínima parte durante el tiempo necesario para el pago de la pena impuesta o a lo largo del período de detención

cautelar. De ello se hace responsable el Estado desde el momento mismo de la captura o entrega del detenido o condenado

y hasta el instante en que readquiera su libertad". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-535 del

30 de septiembre de 1998).

Eliécer Gaitán. Se inauguró finalmente el 1º. De enero de 1960, con una capacidad de 600

internos distribuidos en cinco (5) pabellones, con perfil de extracción campesina.

Su nombre se debió a la pretensión que tenía el Señor Presidente de la República General

Gustavo Rojas Pinilla de que se estableciera una reclusión que garantizara un bienestar al

interno, permitiendo una reinserción total. Los terrenos en que se encuentra construida eran

de propiedad de la señora Clementina Vargas viuda de Gaitán y el estado pagó por las seis

hectáreas la suma de $1.473.220.00. Hoy es una edificación obsoleta que, con el paso del

tiempo y falta de mantenimiento, acusa deterioro y peligros para la población interna, los

funcionarios, los vecinos de este establecimiento y para la seguridad de la ciudad; hasta el

momento no existe ningún proyecto nacional o Distrital para reemplazar o reconstruir esta

cárcel.

Como se puede ver en las siguientes fotos, la situación de esta cárcel es deplorable:

9.5.2 Cárcel de mujeres “El Buen Pastor”.

El primer lugar destinado a la Reclusión de Mujeres castigadas socialmente por infringir la

Ley de Policía, fue el asilo San José, el cual estaba ubicado en el Barrio “Las Aguas” de

esta ciudad; este asilo funcionó como tal a partir del año de mil ochocientos noventa y tres

(1893), año en el que, por comisión del Gobierno Nacional de este entonces, las misioneras

del Buen Pastor se encargaron de la vigilancia y control de las mujeres allí trasladadas. La

rehabilitación se llevaba a efecto, bajo los preceptos de una instrucción moral y religiosa,

fortaleciendo según la religiosidad, la firmeza del espíritu.

En el año de mil ochocientos noventa y nueve (1.899), en el Panóptico correspondiente,

había sido destinado un pabellón para mujeres y quienes se encargaban de los trabajos de

educación, eran los hombres allí detenidos; se brindaba una educación artesanal, además de

una intensa instrucción en la fe católica, para la recepción de los sacramentos.

La Reclusión fue entonces, un sitio de residencia y trabajo, avalado por jornadas intensas de

oración y penitencia. La acción rehabilitadora tenia como fin, hacer comprender a la interna

que el delito cometido, era pecado ante los ojos de Dios, debiendo cumplir pena de

EXPIACION (purgar la culpa) y ARREPENTIMIENTO.

La construcción del establecimiento en donde hoy funciona la Reclusión de Mujeres de

Bogotá “El Buen Pastor”, se terminó en el año de mil novecientos cincuenta y siete

(1.957), pero fue el Primer Gobierno del Frente Nacional dirigido por el Doctor Lleras

Camargo, (1.958), quien ordeno el traslado de las primeras internas, hacia las nuevas

instalaciones, presentando una población reclusa de cuatrocientos sesenta y tres (463)

mujeres, frente a quinientas cuatro (504) plazas de capacidad teórica. Las residentes eran

mujeres acusadas en su mayoría de ilícitos contra el patrimonio económico y la vida e

integridad de las personas.

La administración, en un principio, fue encargada a las Hermanas de la Comunidad de

Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, con base en el concordato suscrito entre el

Estado Colombiano y la Santa Sede. A partir del año de mil novecientos ochenta y cinco

(1.985) toma la dirección y administración de la Reclusión de Mujeres de Bogotá “El Buen

Pastor”, el Ministerio de Justicia por intermedio de la Dirección General de Prisiones hoy

en día Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.

Terrenos y Ubicación

El terreno de la reclusión de mujeres de Bogotá “el Buen Pastor” hace parte de una finca de

mayor extensión denominada “la providencia”, con una cabida de veintidós mil quinientos

treinta y tres y seis metros cuadrados (22.533.36 m2) terrenos que según la escritura pública

No. 2286 del 26 de junio de 1.964 de la Notaria Primera del Círculo de Bogotá, pertenecen

a la comunidad de nuestra señora de la caridad del buen pastor.

El predio de la actualidad esta distribuido en zonas de circulación para personal

administrativo y visitantes, áreas de granjas, de recreación para las internas, alojamiento

para el personal de guardia, oficinas administrativas, ocho (8) pabellones (incluyendo el

pabellón quinto que en la actualidad se encuentra sellado por reparaciones locativas), áreas

deportivas, talleres, teatro, capilla, zonas de visitas, sanidad, educativas y guardería infantil,

respectivamente.

Como se puede ver en las siguientes fotos, la situación de El Buen Pastor no es la más

adecuada

9.5.3 Penitenciaria La Picota.

La ley 11 de 1864 emanada del soberano de Cundinamarca crea la Penitenciaría Central de

Colombia, con 16 reclusos. Sus inicios fueron en lo que hoy es el Museo Nacional. Los

terrenos actuales fueron comprados por el Ministerio de Agricultura en 1917 a los

herederos de José Benito Gaitán, denominados La Picota y la Chiguaza, en este último está

la construcción de la Penitenciaría. En el Lote llamado La Picota se construyó el Batallón

de Artillería del Ejército Nacional. La construcción de la cárcel fue impulsada mediante la

ley 69 de 1935.

En 1936 fue construido el primer plantel de la “Penitenciaría Central” con capacidad para

720 penados en 6 pabellones con servicios higiénicos aceptables. Luego se construyó el

anexo psiquiátrico y el bloque administrativo, su inauguración fue en 1946, su primer

director fue un Mayor en retiro de la Policía de apellido León. En la Administración Turbay

Ayala el penal se militarizó con el Consejo Verbal de Guerra a los integrantes del M-19.

Con la huelga de Croydon, se instaló en la Penitenciaría una planta que en sus inicios tuvo

buenos resultados, pero ante los excesivos controles con sus ejecutivos el convenio se

terminó. En 1953 funcionaban los talleres de sastrería, hilados, carpintería, mecánica y

zapatería y otros como el de tipografía y sombrerería que en su conjunto ocupaban al

menos el 50% de los internos. La maquinaria para los talleres fue traída por el General

Gustavo Rojas Pinilla, Presidente de la República.

Hoy, como se puede ver en las siguientes fotos, a pesar de las ampliaciones y mejoras sigue

teniendo problemas de hacinamiento, incluso en sus instalaciones nuevas:

Unidades de reclusión antiguas:

9.5.4 Cárcel Distrital.

La Cárcel Distrital fue creada mediante el Acuerdo 19 del 17 de mayo de 1934 expedido

por el Concejo de Bogotá, antiguamente contaba con siete pabellones, incluyendo uno para

mujeres y con una capacidad para 450 internos.

Según el Decreto 368 del 2001 expedido por el Alcalde Mayor y en concordancia con al

Ley 489 de 1989, la cárcel depende administrativamente de la Alcaldía Mayor de Bogotá –

Secretaría de Gobierno – Subsecretaría de Seguridad y Convivencia, condición que la hace

diferente del resto de cárceles del país, las cuales en su mayoría dependen del INPEC.

A partir del 19 de agosto de 1993 con la expedición del Código Penitenciario y Carcelario

Ley 65 de 1993, y la respectiva reforma, los establecimientos del orden territorial se

destinaron para recluir preventivamente, personas privadas de la libertad por orden de

autoridad competente.

El Centro de Reclusión cuenta con un reglamento interno (Resolución 066 del 12 de

julio/02), expedido por la Dirección de la Cárcel, el cual tiene por lineamientos lo

establecido en la Ley 65 de 1993.

Bogotá con recursos propios y contando con la voluntad política reconstruyó esta cárcel en

1999; una construcción moderna en su infraestructura y sistemas de seguridad. La

capacidad real es para 1028 internos, existe un pabellón anexo para mujeres con capacidad

para 124 internas.

Sus instalaciones, administración y procesos de resocialización la convierten en una de las

mejores cárceles del país, como se puede ver en las siguientes fotos:

Unidad administrativa - Infraestructura externa de la cárcel y perímetro – puente elevado

que une la Unidad Administrativa y el reclusorio:

9.6 Conclusiones y recomendaciones cárceles y Penitenciaria

La Cárcel Distrital de Bogotá no tiene problemas de sobrecupos al día de hoy,

Las otras tres cárceles (Picota, Modelo y Buen pastor) presentan un hacinamiento

del 34,2%.

Este hacinamiento:

- Pone en condición de vulnerabilidad a más de 15 mil personas privadas de la

libertad.

- Afecta todos los derechos que tienen los internos

- Afecta la seguridad interna y externa de los establecimientos.

- Desmejora los entornos donde están ubicados los establecimientos carcelarios.

- Atenta en contra de la seguridad de los entornos donde están ubicados los

establecimientos carcelarios y penitenciarios y de la ciudad en general.

- Retrasa los trámites ante jueces de ejecución de penas que tienen acumulación

de procesos.

- Afecta el nivel sanitario de estos establecimientos, hoy la Picota tiene problemas

de tuberculosis y varicela.

- Se deteriora la infraestructura de los establecimientos carcelarios y no se pueden

realizar reparaciones locativas.

- La cárcel no cumple con su función de resocializar y reintegrar a los ciudadanos.

- Las Unidades de Reacción Inmediata de la Fiscalía y la UPJ están siendo

utilizadas como centros de privación de la libertad, generando centros

adicionales de reclusión no aptos para esta función de privación de la libertad

permanente. No se debe pasar por alto que las URI, que están cumpliendo de

manera irregular esta función de privación de la libertad, están ubicadas por

todas las localidades de Bogotá en zonas urbanas y residenciales, generando

toda la problemática que conlleva para una ciudad tener en cualquier barrio

“centros de reclusión”.

Esta concentración de personas privadas de la libertad en Bogotá provoca el

desplazamiento de los entornos familiares de cada uno de los internos, lo que genera

un desplazamiento poblacional que implica demandas en términos de vivienda,

empleo y sostenibilidad en general.

No existe una política pública nacional, ni distrital para solucionar el problema de

hacinamiento y menos para solucionar el problema de privación de la libertad de

adultos y de adolescentes que infringen la ley penal.

Finalmente, el Distrito Capital, así no tenga una responsabilidad directa dentro de la

concepción de una política integral del sistema carcelario y penitenciario de la

ciudad y de la región, debe trabajar con el Gobierno Nacional y discutir los temas

concernientes al mejoramiento de las cárceles o el traslado de ellas de la ciudad y/o

la construcción de nuevos establecimientos carcelarios.

Recomendaciones generales.

Con el presente documento, la Veeduría Distrital pretende llamar la atención al Gobierno

Nacional y al Distrital para que de manera conjunta y coordinada asuma la problemática

planteada en el mismo y en un proceso concertado, del cual puede hacer parte la Veeduría,

defina acciones de corto, mediano y largo plazo para solucionar los problemas planteados,

por todos conocidos y de vieja data. Le corresponde al Ministerio de Justicia, al INPEC y a

los gobiernos Distrital y Departamental discutir las posibles soluciones y no postergarlas,

como se ha venido haciendo.

Son innumerables las veces en que distintos organismos se han manifestado respecto a la

problemática de privación de la libertad en el país y en Bogotá, sin que hasta el momento se

haya avanzado en la solución del problema. Cada vez hay más hacinamiento y las

condiciones de la mayoría de los reclusos no mejoran.

Cabe anotar que desde hace algunos años se ha caído en un círculo vicioso, en donde por

épocas se denuncia la problemática, se convierte en un problema público, los funcionarios

hacen promesas y nuevamente se olvida, hasta que vuelve a aparecer y recorre el mismo

ciclo, sin que se den soluciones soportadas en planes, programas y proyectos.

Es por la anterior, que se propone una forma de trabajo que acabe con la acción coyuntural,

que defina planes de acción conjuntos en el inmediato, mediano y largo plazo, con realismo

administrativo y fiscal; una forma de trabajo que contemple unos compromisos, unos

cronogramas y unas formas de seguimiento en donde la Veeduría Distrital está dispuesta a

jugar un papel de veedor ciudadano de los compromisos adquiridos.

Es necesario para la seguridad de Bogotá y del centro del país que se sepa con claridad:

¿Cómo y en cuánto tiempo se va a solucionar el problema de hacinamiento’

¿Qué proyecto se tiene con La Picota?

¿Cuándo y dónde se van a construir nuevas cárceles que reemplacen la Modelo, el

Buen Pastor y solucione los problemas de hacinamiento de la Picota?

¿Cuándo la UPJ dejará de ser utilizada como cárcel?

¿Qué se va a hacer para que la URIs y la UPJ no sean utilizadas como centros de

privación de la libertad¿

¿Cuándo se tendrán centros de reclusión para menores en adecuadas condiciones?

¿Cuándo se tendrán centros de reclusión dignos, pero sobre todo desde donde no se

siga delinquiendo?

Para todas estas preguntas, así como para las posibles respuestas es que la Veeduría

Distrital convoca a los Gobiernos Nacional, departamental y Distrital y a las instituciones

responsables de la privación de la libertad para que trabajen en equipo y soluciones los

problemas que este informe presenta.

Una forma de trabajo en donde el primer compromiso sea trabajar de manera conjunta y

coordinada para encontrar soluciones; el segundo, en la reunión siguiente, traer posibles

soluciones para el inmediato plazo y tercero seguirse reuniendo, todos los meses, hasta

cuando se tenga un plan de estado, se ejecute y se le haga seguimiento a la solución de la

problemática de las tres cárceles y la Penitenciaría que tiene la ciudad.

Compromisos de trabajo del más alto nivel, los cuales deben hacerse públicos para que se

pueda ejercer la veeduría de cara a los problemas y a los afectados.

Con esto se busca conformar un grupo de trabajo con poder de decisión y que pueda

comprometerse con soluciones, con realismo administrativo y fiscal, con un cronograma y

con un proceso de seguimiento; en términos generales solucionar el problema y no

postergarlo, como se ha venido haciendo.

9.7 Situación de la Unidad Permanente de Justicia UPJ y Unidades de Reacción

Inmediata –URI- de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá.

Toda sociedad se rige por normas de convivencia, por pactos sociales normalmente

concertados para controlar el comportamiento social y vivir armónicamente. Pero cuando

estas mínimas normas de comportamiento social comienzan a ser vulneradas y las

autoridades pierden control sobre su cumplimiento, se encuentran situaciones de caos

social, en las que entran a dominar ya no las normas de convivencia, sino la fuerza, el poder

personal o peor aún la corrupción.

En Colombia, las normas que regulan los comportamientos ciudadanos, como el Código

Nacional de Policía, están desactualizadas y apenas se están reformando. Este hecho, ha

ocasionado un incumplimiento generalizado de las normas de convivencia, con

consecuencias como el desorden, la indisciplina, la solución violenta de los conflictos, la

justicia por propios medios.

En medio de este ambiente, la Administración Distrital en 1999 creo la Unidad Permanente

de Justicia –UPJ- como una instancia de coordinación interinstitucional que permitiera

sancionar con retención administrativa a los infractores de las normas de convivencia,

medida vigente dentro de la normatividad colombiana y sustentada en varios fallos de la

Corte Suprema de Justicia donde se ratifica éste y otros mecanismos y procedimientos para

hacer cumplir las normas.10

Con la creación y puesta en funcionamiento de la UPJ se fortaleció la acción de la justicia a

través de un trabajo coordinado de varias instituciones como: la Fiscalía General de la

Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y la Policía Metropolitana, reuniéndolas

en un sitio. Además de las entidades mencionadas anteriormente, hacían presencia allí,

otras instituciones que cumplían funciones de apoyo y complemento, como la Policía de

Tránsito, el Departamento Administrativo de Bienestar Social y el Ministerio Público.

Con base en estas normas, en el 2003 el Plan Maestro de Equipamientos de Defensa,

Seguridad y Justicia ratifica a las UPJ como “centros para la aplicación de la medida de

protección a las personas que deambulen en estado de indefensión o de grave excitación

con peligro para su integridad o la de otras personas cuya residencia no pueda ser

localizada”11

Después de casi quince años, la UPJ funciona en un inmueble nuevo que se construyo en el

2007 en la Localidad de Puente Aranda (carrera 39, entre calles 10 y 11), con la presencia

de la Policía Metropolitana, la Unidad de Reacción Inmediata –URI- de la Fiscalía General

de la Nación, la Personería Distrital y de la Secretaría de Gobierno.

10

- Para una ampliación de esta temática ver: INES MARIA UPRIMY YEPES. “Límites de la Fuerza

Pública en la persecución del delito”. Defensoría del pueblo. Derechos humanos para vivir en paz. Imprenta

Nacional 1998. Ver sentencia 720 de 2007 de la Corte Constitucional 11

Plan Maestro de Equipamientos de Defensa, Seguridad y Justicia. Capitulo 2 Art 23. 2003

Desde su creación la UPJ ha tenido una adecuada utilización y ha sido creciente su

utilización para la protección y sanción de los ciudadanos que infringen las normas de

convivencia, como se puede ver en la siguiente gráfica:

58092 60350

47271

85303

78037

90513

113716

160251

89786

60412

99611

132692

99587

278229

180034

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ComportamientohistoricodelamedidadeprevenciónyprotecciónenlaUPJ1999,2013.

Fuente:DireccióndeDDHHyApoyoalaJus cia

9.7.1 Situación actual de la UPJ y URI de Puente Aranda.

Hoy la UPJ tiene varios problemas, entre los que se destaca que está siendo utilizada para

tener por varios días y meses a sindicados y condenados por delitos y no a contraventores

de las normas de convivencia, como era el objetivo de esta Unidad.

Cabe anotar que el edificio fue diseñado para que la UPJ prestara sus servicios en el primer

y segundo piso y la URI en el tercer piso. Sin embargo, hoy en día:

En el primer piso hay tres salas de retención con una capacidad cada una de 40

personas, dos de estas salas son disponibles para la UPJ y se encuentran prácticamente

vacías el día de la visita. La otra sala está a disposición para la URI de Puente Aranda y

tiene 57 personas sindicadas, cuando su capacidad es de 40. En el primer piso hay 6

condenados.

El segundo piso, que lo prestó la Secretaria de Gobierno a la SIJIN, cuenta con dos

salas cada una con capacidad para 40 personas y hoy en día tiene más de 130 personas.

En el segundo piso hay 33 condenados.

En el tercer piso están las celdas de la URI de Puente Aranda para un máximo de 80

personas y el día de la visita tenían aproximadamente 140. Son dos celdas que se han

convertido en 4.

En el segundo piso de la UPJ existe hacinamiento

por parte de la SIJIN (PRESTAMO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE GOBIERNO DESDE FEBRERO DE 2014 A LA POLICIA) En esta área están 33 personas condenadas. La capacidad es para 80 personas y se tienen 130.

Al día de Hoy no está al servicio de la UPJ.

En el tercer piso funciona la URI de Puente Aranda (Hacinamiento en estas dependencias) tiene una capacidad para 80 personas y se tienen 140.

En el primer piso de la UPJ hay tres salas de

retención con una capacidad cada una de 40 personas, dos estas salas son disponibles para la UPJ y se encuentran prácticamente vacías el día de la visita.

La otra sala está a disposición de la URI de Puente Aranda y tiene 57 personas cuando su capacidad es de 40.

En el primer piso hay 6 condenados.

Hoy en día, por el préstamo o lo que se cedió a la URI, ya no se hace clasificación en la

UPJ, ya que solo cuenta con dos salas de retención en el primer piso. (todos los

hombres en una misma sala, habitante de calle, universitarios, ciudadanos de grupos

étnicos, miembros de barras bravas, etc.).

El Secretario de Gobierno Hugo Ernesto Zarate y el comandante de la Policía de

Bogotá, Edgar Sánchez, en su momento suscribieron un documento en el cual

prestaron las celdas del segundo piso de la UPJ para retener allí a ciudadanos con

condenas (personas con penas hasta de 40 años), eso agravó la prestación del servicio

de la UPJ y desubico a los funcionarios de la Secretaria de Gobierno que son asignados

a la UPJ.

La Secretaría de Gobierno entregó a la policía un bien público con una destinación

específica por medio de un acta o documento interinstitucional y no a través de la

figura de comodato, como debe ser, ya que está cediendo un bien para una función

totalmente diferente a la que fue destinado. Por otra parte, cedió un bien que si necesita

el Distrito para su misión de prevención, protección y pedagogía ciudadana.

Las salas de retención de la UPJ no están diseñadas para tener detenidos de alta

peligrosidad. (El INPEC no ha recibido las personas que se encuentran con condenas

en la UPJ).

En el convenio se habla de que el préstamo es una situación transitoria que empezaba

en febrero y duraba 6 meses, la cual debió acabar en agosto de 2014 y a la fecha del 15

de noviembre de 2014 continúa esta situación.

La situación de uso inadecuado de las instalaciones de la UPJ y el hacinamiento en que

se encuentran los sindicados y condenados por delitos ha deteriorado las instalaciones,

a las cuales no se les puede hacer ningún tipo de mantenimiento ni preventivo ni

correctivo.

Las baterías sanitarias están sin funcionamiento y las cañerías del segundo piso con

excremento están rebosadas y fluyen hasta el primer piso.

Desde el año 2012 hasta la fecha no se han aprobado recursos para la UPJ, ni por el

Fondo de Vigilancia, ni por la Secretaría de Gobierno de Bogotá. No obstante, el

Fondo de Vigilancia ha hecho unas adiciones específicas debido a la urgencia de

mantenimientos, como por ejemplo arreglar la motobomba, la limpieza del tanque del

agua.

Los ascensores de la UPJ no funcionan casi desde la entrega de las mismas

instalaciones. Lo cual genera un problema para las personas con discapacidad.

La UPJ no está diseñada ni adecuada para cumplir funciones de Cárcel ni de

Penitenciaria y se está haciendo uso de ello en las instalaciones de la UPJ.

La misionalidad de Secretaria de Gobierno de Bogotá en la UPJ es desarrollar unas

acciones como talleres pedagógicos y charlas preventivas a las personas conducidas

para hacerlas conocedoras de las normas policivas y de convivencia, así como de los

derechos y deberes de los ciudadanos, el cómo cuidar el mobiliario urbano y en general

el comportamiento ciudadano para garantizar la convivencia pacífica en la ciudad. Esas

actividades (charlas/talleres) han sido clausuradas.

Referente a los refrigerios suministrados a las personas conducidas a la UPJ, son una

donación de grupos cristianos, los cuales tienen un tiempo para dictar sus charlas

religiosas (estas charlas no son obligatorias pero el que no asista no tiene derecho al

refrigerio).

En caso de una emergencia no hay forma ni procedimiento actual (como está hoy

siendo utilizada la UPJ) para una evacuación.

9.7.2 Situación de la URI de Engativá

La capacidad instalada de la URI es de 45 personas y el 20 de Noviembre de 2014

se encontraban 70, lo que representa un hacinamiento del 55.55%.

En la parte externa de la URI se encuentran tres vehículos de la policía, en los

cuales están retenidas 18 personas con medida de aseguramiento, adicionales a las

70 dentro de la URI. (las personas que antes estaban esposadas en el parque del

barrio ahora se encuentran en la avenida dentro de carros de la policía).

El 20 de noviembre en la URI se encontraban 28 condenados de los cuales 25 eran

hombres y 3 mujeres.

Existen serios problemas sanitarios y de suministro de alimentos.

9.7.3 Situación de la URI de Kennedy.

La capacidad instalada de la URI es de 60 personas y el 20 de noviembre de 2014 se

encontraban 153, lo que representa un hacinamiento del 155%. (de estas personas

90 se alojan en las celdas y 63 en los pasillos).

Hombres 143 y mujeres 10.

Con medida intramural 123, con medida domiciliaria 16 y condenados 14.

El día 19 de noviembre se remitió de la URI al hospital un tuberculoso.

El día 18 de noviembre recibieron en el INPEC una mujer con un embarazo de 8

meses.

El día de la visita había una epidemia de gripa y el coordinador de la URI,

manifiesta que por allá no se aparece nadie de salud del Distrito.

Las basuras están siendo recogidas cada tres días por el Distrito y esto está

produciendo que se acumulen desechos de las comidas diarias suministradas a los

retenidos.

9.7.4 Situación de la URI de Ciudad Bolívar.

La capacidad instalada de la URI es de 3 celdas para 50 personas y el 21 de

noviembre de 2014 se encontraban 123, lo que representa un hacinamiento del

146%. (entre celdas y pasillos).

Los corredores fueron sellados y clausurados por sanidad y aún siguen siendo

utilizados para presos, porque no hay espacio en las celdas.

Con boleta de encarcelación hay 99 personas, de las cuales 24 están por homicidio.

De las 123 personas hacinadas 115 son hombres y 8 mujeres.

La alimentación en ocasiones llega en estado de descomposición según el personal

de la policía.

En días anteriores a la visita se presentó un brote de viruela y no fue atendido por

ningún ente de salud aun cuando se solicitó (ver anexo de respuesta de salud del

Distrito).

Las basuras están siendo recogidas cada tres días por el Distrito y esto está

produciendo que se acumulen desechos de las comidas diarias suministradas a los

retenidos.

Falta de limpieza y desinfección.

Cada 15 días se hace una jornada de fumigación, financiada por la Fiscalía.

Respuesta de la Secretaria Distrital de Salud a la problemática de la URI:

9.7.5 Situación de la URI de Usaquén.

No tiene celdas de paso.

Los presos se manejan con las estaciones de policía de Suba, Usaquén y Chapinero.

9.7.6 Conclusiones y recomendaciones

De acuerdo con la información recogida y con las cifras suministradas durante las visitas en

la última semana de noviembre a la Unidad Permanente de Justicia –UPJ- y las Unidades

de Reacción Inmediata –URI- de la Fiscalía General de la Nación se puede constatar que:

Prácticamente la UPJ como unidad de protección y sanción a los infractores de la

normas de convivencia ha desaparecido, sus instalaciones están siendo utilizadas

para privar de la libertad a ciudadanos que han infringido la ley penal.

Las instalaciones de las URI y de la UPJ, diseñadas para una retención transitoria no

tienen las condiciones adecuadas para albergar sindicados y menos condenados,

como en la actualidad está sucediendo.

Las URI y las instalaciones de la UPJ están hacinadas con sindicados y condenados.

El hacinamiento es del 95%, con una capacidad instalada de 355 cupos, hoy hay 691

ciudadanos privados de la libertad, como lo muestra el siguiente cuadro:

Cuadro No 11 SITUACIÓN DE LAS UPJ Y LAS URI EN BOGOTÁ

UPJ Y URI CARACTERÍSTICASCAPACIDAD PERSONAS

OCUPACIÓN ACTUAL

% HACINAMI

ENTO

UPJ Y URI PUENTE ARANDA

Primer piso, dos salas para UPJ 80

12 Contraventores

Sin hacinamiento porque es lo

de la UPJ

Primer piso, una sala para URI

40 57 43%

Segundo piso SIJIN 80 130 63%

Tercer piso celdas URI80 140 75%

URI ENGATIVÁEn el edificio 45 70 56%En CAI móviles de la Policía

18

URI KENNEDY 60 153 155%

URI CIUDAD BOLÍVAR Tres celdas

50 123 146%

URI USAQUÉN

No tiene sitios para reclusión

TOTAL 355 691 95%

Esta situación atenta contra la dignidad humana y vulnera todos los derechos de los

ciudadanos privados de la libertad, como son:

A la vida y la integridad.

A la dignidad humana.

A la igualdad

A la salud

A la educación y al trabajo.

Al debido proceso

Sexuales y reproductivos

Esta situación pone en riesgo de seguridad y sanitaria a las comunidades de los

barrios circunvecinos de las UPJ y de las URI.

La soluciones posibles son:

Que el paro judicial se acabe y que las cárceles reciban a los sindicados con

medida de aseguramiento y condenados.

Que la UPJ retome sus funciones en términos de protección y sanción de los

contraventores de las normas de convivencia.

Que antes de retomar sus funciones, la UPJ sea reparada dentro de un plan

de mantenimiento preventivo y correctivo.

Que el Gobierno Distrital determine de manera clara que la UPJ no puede ser

utilizada para privar de la libertad a sindicados y condenados penales.

Que los gobiernos Nacional, Distrital y Departamental asuman las

recomendaciones que la Veeduría Distrital entregó en la evaluación del

sistema de privación de la libertad en Bogotá.

Que los gobiernos Nacional, Distrital y Departamental se pongan de acuerdo

para reconstruir las cárceles Modelo y Buen Pastor y que se construya una

nueva cárcel regional que cubra, en parte las necesidades del centro del país.

10 Violencia de género.

Bogotá como ciudad capital, es el ente territorial que tiene mayores índices de crecimiento

y expansión poblacional, especialmente por los desplazamientos que ocasiona el conflicto

interno y por las migraciones voluntarias de los ciudadanos de otras regiones en busca de

estudio y oportunidades laborales. En este contexto, se configura una sociedad

absolutamente compleja y diversa, que impacta de forma significativa, en algunos aspectos

de la seguridad y convivencia ciudadana, específicamente, la violencia contra el género

femenino.

La violencia de Género fue definida por la Convención de Belém Do Pará (Brasil Para

prevenir, remediar y sancionar la violencia contra la mujer), como “cualquier acción o

conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o

psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.

Cabe anotar que los registros cuantitativos de este tipo de violencia no son confiables, por

un lado, por su baja denuncia y porque hasta hace muy poco muchos casos de violencia de

género eran considerados del ámbito privado, cuando no “normales” en la relaciones de

hombres y mujeres, especialmente en el ámbito familiar, en donde además de tener un alto

subregistro de este tipo de hechos, la sanción hacia los victimarios es casi inexistente, como

lo plantea un informe sobre violencia sexual presentado por la Corporación Humanas que

argumenta:

“En la mayoría de casos se encontró una baja utilización de medidas de

protección para las víctimas. En el 87% de los casos de lesiones personales y en

el 89% de los de violencia intrafamiliar cometida por el hombre sobre su

cónyuge o compañera permanente, no hubo captura del procesado y la Fiscalía

no solicitó ninguna medida de protección, ni siquiera la de aseguramiento. (…)

es importante tener en cuenta que muchas mujeres víctimas de lesiones

personales y violencia intrafamiliar cometida por su cónyuge o compañero

permanente lo son también de violencia sexual pero no lo denuncian pues la

mayoría consideran que deben satisfacer con su cuerpo los deseos sexuales de

sus cónyuges haya o no violencia física” (Galvis, 2009)12

Además de la violencia intrafamiliar, a continuación se exponen los datos estadísticos

presentados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en cuanto a

delitos sexuales, lesiones personales y homicidios, igualmente se presentan algunos

resultados presentados por la administración Distrital frente a las metas establecidas en el

plan de desarrollo Bogotá Humana 2012- 2015. Es pertinente anotar que según el acuerdo

040 de 2011 “examinar los esfuerzos del gobierno local por atender este flagelo social y los

12

Esta información se expone con el fin de evidenciar los antecedentes de la configuración de una política de

género para atender los casos de violencia contra la mujer en el periodo administrativo del plan de desarrollos

Bogotá sin indiferencia 2008-2011

mecanismos que posee la ciudad para mejorar el acceso a la justicia y restablecimiento de

derechos de las mujeres”.

10.1 Resumen estadístico sobre Violencia de género.

Los informes presentados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

en la Revista Forensis de los años 2010-2013, encontramos distintas formas de violencia

contra las mujeres, entre las cuales se destacan: el homicidio, violencia intrafamiliar, los

delitos sexuales y las lesiones personales. En este caso se toman para el análisis los datos

totales a nivel nacional y los de Bogotá para los años 2010, 2013 y no se puede con años

anteriores porque los informes Forensis del 2009 hacia atrás no discrimina los datos de los

municipios por sexo

a) Violencia homicida.

Si se miran las cifras de violencia homicida de Colombia y Bogotá, se tiene que:

Mientras la reducción de la tasa de homicidios de hombres en Bogotá fue del 31%

entre el 2010 y el 2013, la de mujeres fue del 10,5%

A nivel nacional, la tasa de muertes de mujeres se redujo en un 21% y la de

hombres en igual proporción.

Mientras la participación porcentual del número de homicidios de mujeres a nivel

nacional se mantuvo en los cuatro años constante, en el caso de Bogotá aumento,

pasó de 8,4% en el 2010 a 11,1% en el 2011 y a 10,5 en el 2013. (ver siguiente

cuadro)

Es decir, que en el caso de Bogotá las medidas que se tomaron para reducir los homicidios

impactaron de manera fuerte en la reducción de los homicidios de los hombres y muy poco,

casi nada en la reducción de los homicidios de las mujeres. Seguramente las medidas se

orientaron a atacar la violencia de la delincuencia común y organizada dejando de lado la

violencia hacia las mujeres por su condición de género.

Cuadro No 12

Años hombres

Tasaporcada

100.000hombres mujeres

Tasaporcada

100.000mujeres Totalcasos

%mujerescon

relaciónaltotal2010 16.015 71,3 1.444 6,27 17.459 8,272011 15.139 66,6 1.415 6 16.554 8,552012 14.394 62,6 1.316 5,6 15.710 8,38

2013 13.119 56,4 1.163 4,9 14.282 8,14

Años hombresTasaporcada

100.000hombres mujeresTasaporcada

100.000mujeres Totalcasos%mujeresconrelaciónaltotal

2010 1.597 45 146 3,8 1.743 8,42011 1.516 42,1 138 3,5 1.654 8,32012 1.141 31,2 142 3,62 1.283 11,12013 1.148 31 134 3,38 1.282 10,5

HomicidiosColombiasegúnsexoytasas

HomicidiosBogotáporsexoytasas

HomicidiosporsexoytasasColombiaBogotá2010-2013

Fuente:MedicinaLegal.Forensis2010-2013

b) Violencia interpersonal.

Según Forensis de 2013 “El margen de interpretación actual sobre la violencia interpersonal

es amplio; según la naturaleza de las agresiones pueden ser psicológicas, emocionales,

físicas y sexuales; igualmente, la tipología de la violencia fue subdividida por la

Organización Mundial de la Salud –OMS- en Violencia auto infligida, como las

autolesiones y el suicidio; la violencia colectiva, derivada de las agresiones sociales,

políticas y económicas y la violencia interpersonal, que se subdivide en dos categorías de

acuerdo a las víctimas de la agresión: la primera, la violencia familiar y/o de pareja, que se

produce entre los miembros de la familia -vínculos de sangre, parentesco civil o filial-,

teniendo como lugar del hecho, generalmente, la unidad de vivienda u hogar; la segunda, la

violencia comunitaria, es aquella que se da entre personas que no guardan entre sí

parentesco consanguíneo, filial o relaciones de cercanía civil, que pueden o no conocerse y

que en un porcentaje alto de casos, el lugar de los hechos ocurre en vía pública”13

c) Violencia comunitaria.

Los datos que presentan los informes de la Revista Forensis de 2010 a 2013, tienen un

comportamiento particular:

13

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Revista Forensis 2013, página 286.

En Colombia, tanto para hombres, como para mujeres aumentó la violencia

interpersonal, para hombres un 7,5%, se pasó de una tasa de 427,8 casos por cada

100.000 hombres en el 2010 a 459,9 en el 2013, y para mujeres, aumentó de una

tasa de 213 por cada 100.000 mujeres en el 2010 a 217,1 en el 2013.

En el caso de Bogotá, la situación fue diferente, mientras la violencia interpersonal

en los hombres aumento en un 7,5% las mujeres víctimas disminuyeron en un 22%,

como se puede ver en el cuadro No 13:

Cuadro No 13




2010 96.103 427,8 49.081 213 145.184 33,82011 101.039 444,5 51.826 222,3 152.865 33,92012 105.178 457,4 50.303 213,3 155.481 32,42013 106.990 459,9 51.808 217,1 158.798 32,6




2010 29.471 830,4 15.467 405,4 44.938 34,42011 28.166 782 14.351 371 42.517 33,82012 33.585 919 13.615 347,5 47.200 28,82013 33.091 893 12.342 311 45.433 27,2

LesionespersonalesporsexoytasasColombiaBogotá2010-2013LesionespersonalesColombia


LesionespersonalesBogotá

En este caso, este resultado se podría achacar al aumento considerable de riñas que se viene

presentando en las ciudades, especialmente en las más grandes y en Bogotá a la

participación mayoritaria de los hombres en estos actos violentas. Por otro lado, también se

podría considerar la incidencia de los esfuerzos institucionales de Bogotá que se vienen

haciendo desde hace años hacia el rechazo cultural de la violencia hacia las mujeres en los

espacios públicos.

d) Delito sexual

Según el informe Forensis de 2013, la violencia sexual “consiste en todos los actos sexuales

no consentidos por la persona, sea hombre o mujer, a través de la imposición de la fuerza,

la coacción física o psicológica y/o aprovechándose de las condiciones de indefensión,

desigualdad y poder entre víctima y agresor “

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, registró en el año 2012 una

disminución en la práctica de exámenes médico-legales por presunto delito sexual, en

comparación con el año 2011. En el año 2013 se realizaron un total de 20.739 exámenes

medico legales por presunto delito sexual en Colombia con una tasa de 44,01 por cada

100.000 habitantes siendo la más baja en los últimos tres años.

Cuadro No 14

Años hombres

Tasaporcada

100.000hombres mujeres

Tasaporcada

100.000mujeres Totalcasos

%mujerescon

relaciónaltotal2010 3.226 14,3 16.916 73,4 20.142 84,02011 3.615 15,9 18.982 81,4 22.597 84,0

2012 3.406 14,8 18.100 76,7 21.506 84,22013 3.227 13,8 17.512 73,4 20.739 84,4




2010 754 21,2 3.189 83,6 3.943 80,92011 806 22,4 3.582 92,6 4.388 81,62012 733 20 3.245 82,8 3.978 81,62013 580 15,6 2.974 74,9 3.554 83,7

Colombiadelitosexual

DelitossexualesporsexoytasasColombiaBogotá2010-2013

Bogotádelitosexual


“Las víctimas de delitos sexuales, sobre todo las mujeres violadas, corren el riesgo que

desde las instancias de control oficiales se les atribuya un considerable aporte al hecho.

Esta circunstancia, sumada a la estigmatización, tiene un efecto extensivo que repercute en

la actitud de estas víctimas, generando, sobre todo, una conducta remisa a denunciar estos

delitos ante la policía, quedando estos delitos, por ese motivo, en la cifra negra” (Kury,

2006) en consecuencia, podemos analizar que si bien se registra una disminución en los

casos de delitos sexuales, se debe trabajar en los lineamientos complementarios a la

restitución de derechos y asegurar los procesos preventivos y de estimulación de denuncia

para contrarrestar este delito.

Cabe anotar que los exámenes médicos legales de delitos sexuales en Bogotá han

disminuido, sin que exista una interpretación sobre este comportamiento y más aún cuando

se sabe que es de los delitos que más subregistro presenta por ausencia de denuncias.

e) Violencia intrafamiliar

Según Medicina Legal “los actos de violencia al interior de la familia dejaron de

considerarse como hechos privados y se tipifican como delito. La violencia contra la mujer

(la ejercida por su pareja y la violencia sexual) constituye un grave problema de salud

pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres”14

.

En el caso de la violencia intrafamiliar, tanto en Colombia, como en Bogotá disminuyeron

de manera importante el número ro de casos valorados por Medicina Legal, como se puede

ver en el siguiente cuadro, sin que hasta el momento exista una interpretación de este

resultado.

Cuadro No 15




2010 19.723 87,8 69.713 302,5 89.436 77,92011 19.673 86,5 70.134 300,8 89.807 78,12012 18.688 81,3 65.210 276,5 83.898 77,72013 15.297 65,7 52.933 221,8 68.230 77,6




2010 5.536 156 17.057 447 22.593 75,52011 4.459 123,8 13.388 346,3 17.847 75,02012 4.148 113,5 12.028 307 16.176 74,42013 3.136 84,6 8.591 216,5 11.727 73,3

ColombiaViolenciaintrafamiliar

ViolenciaIntrafamiliarporsexoytasasColombiaBogotá2010-2013

Bogotáviolenciaintrafamiliar


Parte de estos resultados se podrían atribuir a los esfuerzos que viene realizando la

Administración de Bogotá a través de la Secretaría Distrital de la Mujer que ha desarrollado

acciones de prevención, atención, protección y restablecimiento de derechos de las mujeres

víctimas de violencia en la ciudad, una de las estrategias es la elaboración del “Diagnóstico

locales para la seguridad y convivencia para las mujeres en Bogotá” donde se realiza un

análisis demográfico, socioeconómico y de riesgo por cada localidad en cuanto al tema de

violencia de género se refiere.

Los avances se evidencia en el desarrollo del Sistema Distrital de Protección Integral a

Mujeres Víctimas de Violencia (Sofía, según Acuerdo 421 de 2009 del Concejo Distrital)

14

Medicina Legal Forensis 2013 Violencia intrafamiliar, Pagina 336.

SOFIA, es el Sistema, Orgánico, Funcional, Integral, Articulador, para fortalecer la

coordinación intersectorial en materia de prevención de las violencias contra las mujeres,

este sistema acompañado de estrategias como el fortalecimiento de las Casas de

Igualdad de Oportunidades, han permitido la configuración a nivel

interinstitucional de las rutas y protocolos para recibir a las víctimas de género

femenino junto con sus familias y que puedan obtener apoyo económico y psicológico.

Otra estrategia de impacto es el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá

y la atención integral a las víctimas, las mujeres en Bogotá pueden acudir a una ruta de

asistencia especial en caso de ser víctimas de cualquier tipo de violencia.

10.2 Conclusiones y recomendaciones

La conquista de espacios laborales y académicos, tradicionalmente ocupados por los

hombres, genera la sensación que cada día se avanza en las políticas de equidad de género

en la ciudad y el país. No obstante, en medio de esta importante conquista se reflejan

algunas acciones violentas que evidencian la necesidad de avanzar en otros aspectos, en

cuanto el respeto y protección del género femenino.

En esta línea, los esfuerzos jurídicos son importantes, como los realizados por la bancada

de mujeres del Congreso de la República que promovió Ley 1542 de julio de 2012, que

reforma el artículo 74 de la Ley 906 del 2004 (Código de Procedimiento Penal), para

garantizar la protección y diligencia de las autoridades en la investigación de los delitos de

violencia contra las mujeres, eliminando el carácter de querellables y desistibles a los

delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria.

También son importantes los esfuerzos institucionales que desde la Administración Distrital

se vienen dando con la creación de la Secretaría de la Mujer y el diseño y ejecución de

programas y proyectos que buscan transformar los comportamientos ciudadanos respecto a

la violencia de género.

En lo que hace a las cifras de violencia, es necesario:

Avanzar en la confiabilidad de las mismas, promoviendo la denuncia y un trabajo

interinstitucional, hasta donde sea posible depurándolas, para que con base en ellas

se puedan diseñar, ejecutar y evaluar programas y proyectos acordes con los

problemas detectados.

Teniendo en cuenta el alto subregistro de violencia intrafamiliar y delitos sexuales,

una de las metas debe ser el aumentar las denuncias anuales, por lo menos en un

10%, para tener cada vez información más confiable que permita definir políticas

acordes con las características de estos problemas.

Profesionalizar la recepción de denuncias y la atención de las víctimas. En el caso

de la atención a las víctimas, la profesionalización debe incluir a todos los

funcionarios o personas que pueden tener contacto con ellas, tanto a los

profesionales especializados, como al personal de apoyo y de servicios generales

(vigilantes, aseadores, etc.).

En el caso de los homicidios de mujeres, es importante realizar un estudio detallado

sobre las verdaderas causas de estos hechos. En este caso, en coordinación con

Medicina Legal y con la Fiscalía, se pueden revisar todos y cada uno de los

protocolos de información del suceso para poder determinar con precisión las

causas de cada homicidio y poder definir políticas para reducir estos hechos basadas

en las causas y evidencias de todos y cada uno de los casos. Por otro lado, para

saber con precisión qué hechos son femicidio y cuáles no, porque está haciendo

carrera, de manera inadecuada, para la política pública que todos los homicidios de

mujeres son femicidios, lo que dificulta la distinción y el análisis entre aquellas

muertes comunes y aquellas que ocurren en contra de la mujer basadas en el género.

11 Población vulnerable en especial jóvenes y habitante de calle.

11.1 Caracterización15

De acuerdo con los censos realizados por el Distrito, en los últimos 13 años, los ciudadanos

que habitan en las calles de Bogotá disminuyeron, pasaron de 10,477 (1.856 mujeres y

8.599 hombres) en 2001 a 9.614 (910 mujeres, 7392 hombres) en 2011. En promedio en

estos años la ciudad ha censado a 9.255 personas. De acuerdo con los datos del censo de

2011, el 88, 93% son hombres y el 10,95% mujeres16

. Ver cuadro No 16:

Cuadro No 16 Censos de habitantes de calle, Bogotá 2001, 2011

CENSO MUJERES HOMBRES TOTAL

Habitante de la calle, III

censo sectorial 2001

1.856 8.599 10.477

IV Censo sectorial habitante

de calle - 2004

1.320 7.226 8.546

V Censo habitante de calle

2007

1.099 7.286 8.385

VI Censo de habitante de

calle 2011

910 7.392 9.61417

Promedio de los últimos cuatro censos 9.255

Según los distintos censos cerca del 50% de los habitantes de calle se concentran en el

centro de la ciudad, en las localidades de Santa Fe, Los Mártires y La Candelaria.

15

Como habitante de calle se consideró a quienes no residen de manera permanente en lo que se considera una vivienda

proto-típica como casa, apartamento o cuarto, por lo menos 30 días continuos; y de manera estable, al menos 60 días en la

misma unidad.

16 Según la Secretaria Distrital de Integración Social, el próximo censo estará terminado en Diciembre del año 2014

17 Corresponde a 8.312 encuestados directamente (Efectivos) más 1.302 que se identificaron por observación (No

Efectivos) para un total de 9.614 ciudadanos en habitabilidad en calle.

De acuerdo con el Censo del 2011, de los 8,312 habitantes de calle encuestados

directamente, 3,31% son menores de edad ((201), 21,13% se ubican entre los 18 y 26 años

(1,756) y la mayoría, el 69,68% (5.792) están entre los 27 y 59 años de edad, como se

puede ver en el cuadro No 17:

Cuadro No 17. Rango de edad de la población habitante de calle

censada 2011 Rango Cantidad Porcentaje

Entre 0 y 5 años 10 0,12%

Entre 6 y 13 años 16 0,19%

Entre 14 y 17 años 175 2,11%

Entre 18 y 26 años 1.756 2,.13%

Entre 27 y 59 años 5.792 69,68%

Más de 60 años 505 6,08%

Sin información 58 0, 70%

Total 8312 78,18%

El 59,17% de los habitantes de calle nacieron en Bogotá (4,918), 40,18% en otro municipio

de Colombia (3,340), se encontraron 20 extranjeros y no se tiene información de 34

ciudadanos encuestados directamente (ver cuadro No 18).

Cuadro No 18. Lugar de nacimiento de los habitantes de

calle. Censo 2011

Lugar de nacimiento Cantidad Porcentaje

Nacieron en Bogotá 4.918 59.17%

Nació en otro municipio de

Colombia 3.340 40.18%

Nació en otro país 20 0.24%

Sin información 34 0.41%

TOTAL 8.312

Ahora en lo que tiene que ver con la edad en que comenzaron a vivir en la calle, más del

50% lo hicieron entre los 18 y 59 años, como se puede ver en el cuadro No 19 mientras que

el 39,2% % lo hizo entre los 0 y 17 años, es decir más de una tercera parte lo hicieron

siendo niños y/o adolescentes.

Cuadro No 19. Rango etario en que las personas censadas iniciaron

habitabilidad en calle rango Cantidad Porcentaje

Primera infancia (0 a 5 años) 187 2.25%

Infancia (Entre 6 y 13 años) 1.828 21.99%

Adolescencia (Entre 14 y 17 años) 1.239 14.91%

Juventud (Entre 18 y 26 años) 2.162 26.01%

Adultez (Entre 27 y 59 años) 2.180 26.23%

Vejez (Más de 60 años) 94 1.13%


TOTAL 8312

Respecto a las razones para vivir en la calle, llama la atención que la tercera parte lo hizo

por el consumo de SPA y según el censo del 2011 el 93.8% consumen y más del 90%

consumen más de dos sustancias, esencialmente bazuco y marihuana, como se puede ver en

el cuadro No 20:

Cuadro No 20 Razones aducidas para iniciar habitabilidad en calle y

consumo de SPA

Dificultades con la red familiar primaria o secundaria 44.30%

Consumo de SPA 33.75%

Frente al consumo de sustancias psicoactivas

Consumen algún tipo de SPA 7.797 93.80%

No consume ninguna sustancia 416 5%


Del total de Habitante de calle que consume algún tipo de SPA

Consumen 1 sustancia 757 9.11%

Consumen 2 sustancias 1.711 20.58%



Consumen 5 sustancias 744 8.95%





Referente al tipo de consumo

Consumen marihuana 64.6%

Consumen bazuco 68.1%

Consumo de cocaína 12.4%

RESUMEN.

De los anteriores datos se destaca:

Entre el año 2001 y el 2007 los habitantes de calle disminuyeron, pasaron de 10,477

habitantes de calle censados a 8,385.

Entre el 2007 y el 2011 aumentaron a 9,614.

Cuando se creía que el famoso “gaminismo” se había acabado, según el censo del

2011, más de 200 menores de edad permanecen en la calle.

Casi el 40% llegaron a la condición de habitantes de calle siendo menores de edad.

Casi el 100% manifiesta que consume algún tipo de SPA.

11.2 Programas y metas orientadas a los habitantes de la calle.

Desde la Secretaria Distrital de Integración Social por el Proyecto 743 “Generación de

capacidades para el desarrollo de personas en prostitución o habitante de calle” se

contemplan siguientes las Metas:

Atender 1.150 cupos en Centros de Acogida18

para habitante de calle.

Atender 100 cupos en centros de desarrollo personal integral.

Atender 100 cupos en centros de protección integral para personas habitante de calle

en alta dependencia.

Poner en funcionamiento 4 centros de autocuidado.

Atender 2608 personas en jornadas de autocuidado y cultura en calle.

El cumplimiento de estas metas, desde junio de 2012 hasta mayo de 2014, ha sido el

siguiente19

:

Junio a diciembre de 2012:

META DEL PROYECTO DE INVERSION META CUPOS PERSONAS

Atender 1.150 cupos en centros de acogida para habitante

de calle 1.150 cupos 1.040 6.678

18

En los centros de acogida se realiza un proceso de higiene, aseo, alimentación, entrega de ropa,

alimentación, atención psicosocial y otras actividades lúdico pedagogías con el habitante de calle. 19

Información de la Secretaria Distrital de Integración Social.

Atender 100 cupos en centros de desarrollo personal

integral.

100

cupos

100 304

Atender 90 cupos en centros de protección integral para

personas habitante de calle en alta dependencia.

90

cupos

89 102

Enero a diciembre de 2013:

META META CUPOS PERSONAS

Atender 1.150 cupos en centros de acogida para habitante

de calle

1.150 cupos 1.150 7.995

Atender 100 cupos en centros de desarrollo personal

integral.

100

cupos

100 259



90

cupos

90 109

Poner en funcionamiento 4 centros de autocuidado. 4

unidades

1 5.521

Atender 2608 personas en jornadas de autocuidado y

cultura en calle.

2.608

personas

N.A 1.849

Enero a mayo de 2014:

META META CUPOS PERSONAS

Atender 1.150 cupos en centros de acogida para habitante de

calle 1.150 cupos 950 4.750

Atender 100 cupos en centros de desarrollo personal integral.

100

cupos

100 158



100

cupos

100 110

Poner en funcionamiento 4 centros de autocuidado.

4

unidades

4 5.970

Atender 2608 personas en jornadas de autocuidado y cultura en

calle.

2.608

personas

N.A 447

Como se puede observar en los cuadros de estadísticas de la Secretaria Distrital de

Integración Social referente a la meta “Atender 1.150 cupos en centros de acogida para

habitante de calle” se encuentra que:

Entre el periodo de Junio a Diciembre de 2012 estuvo en 10 cupos por debajo de la

meta.

Entre el periodo de enero a Diciembre de 2013 estuvo con los cupos completos.

Entre el periodo de enero a mayo de 2014 estuvo 200 cupos por debajo de la meta

establecida.

Los cupos se deben cumplir en su totalidad, sin la relación que exista en las personas

atendidas en un periodo de tiempo.

11.3 Centro de Atención Medico a Drogodependientes (CAMAD)

La Secretaria Distrital de Salud desde el programa Territorios saludables efectúa acciones

para la prevención de consumo de sustancias psicoactivas y atención primaria en salud

mediante Unidades Móviles “Centro de Atención Medico a Drogodependientes”

(CAMAD), coordinado desde los hospitales de Centro Oriente, hospital el Sur y Rafael

Uribe Uribe.

Los CAMAD están orientados a reducir el consumo y el daño de los habitantes de la calle a

través de la consulta médica, psicológica y odontológica. No se suministra ninguna

sustancia Psicoactiva (SPA), suministran una variedad de medicamentos para las dolencias

físicas e infecciones a los que se ven enfrentados los consumidores, como antibióticos,

omeprazol, ibuprofeno y ungüentos. Si algún usuario muestra la intención de querer

abandonar alguna dependencia a sustancias psicoactivas, el CAMAD lo remite a un Centro

de Desarrollo Humano – Centro de Apoyo y Manejo de adicciones que corresponde a la

segunda fase del programa.

El primer CAMAD se implementó en la calle del Bronx, el 17 de Septiembre de 2012, en la

actualidad funcionan cuatro (4) CAMAD en las localidades de Los Mártires (zona del

Bronx), Rafael Uribe Uribe, Kennedy y San Cristóbal (Cárcel Distrital).

Entre el 17 de septiembre de 2012 y enero de 2014 se han atendido un total de 11.292

personas consumidoras de SPA20

.

A través de las acciones de los CAMAD 2.250 personas de las consumidoras habituales accedieron

a:

ACCION No PERSONAS

Servicios de urgencias 1.141

Hogares de Paso de la Secretaría Distrital de Integración Social 1.109

Hogares de paso del Instituto de Protección de la Niñez y la Juventud

(IDIPRON)

300

Servicios de salud mental de la Red Pública (Hospital Santa Clara, San

Blas) 330

Se realizaron 20.620 actividades:

20

Datos suministrados por la Secretaría de Salud corresponden a 16 meses de atención y funcionamiento.

ACTIVIDAD No PERSSONAS

Valoraciones de riesgo en salud por profesional de medicina. 5.764

Atenciones por profesional de odontología. 3.193

Atenciones individuales para intervención breve por profesional de

psicología.

5.484

5.808 atenciones individuales para acompañamiento psicosocial por

profesional de trabajo social.

5.808

Valoraciones por psiquiatra. 251

Sesiones de trabajo grupal 120

Personas Rehabilitadas

45 personas

Durante los 16 meses de operación, la inversión en los CAMAD, centrada en la prevención

y mitigación de riesgos y daños del consumo de SPA, fue de $2.867’398.240.

Considerando la población atendida equivale a una inversión promedio de $253.931 por

persona intervenida.

Las personas rehabilitadas en el periodo de tiempo analizado (16 meses) corresponden a

menos del 0.4%21

.

21

Personas atendidas 11.292 frente a 45 personas rehabilitadas.

11.4 Instalaciones en Bogotá para la atención de habitante en situación de vida en

calle - Adultos (Secretaria Distrital de Integración Social):

MODALIDA

D OBJETO CENTRO

DIRECCIO

N CUPOS

HORARIO

DE

ATENCION

AU

TO

CU

IDA

DO

Promueve la responsabilidad del

habitante de calle con el proceso de

dignificación de su vida a través de la

recuperación de los hábitos de

autocuidado, la promoción de los

derechos y sensibilización en los

componentes de desarrollo personal,

familiar y comunitario orientados de

manera progresiva al ejercicio pleno

de la ciudadanía.

Oscar

Javier

Molina

Carrera 35

No 10-35

(Puente

Aranda)

500

7:00 am

5:00 pm Centro

Dignidad

Calle 20 No

18 A 51

(Mártires)

70

Bodega

Pasaje-

Bronx

(UASP-

SDIS)

Carrera 16

No 10-26

(Mártires) 150 8:00 am

4:30 pm

Liberia

Bronx

Calle 10ª No

45-09

(Mártires)

600

comedor 8:30 am

3:00 pm

Autocuidad

o Móvil

De acuerdo

cronograma

800 mes 7:00 am

1:00 pm

AC

OG

IDA

Promueve la restitución de los

derechos de las personas habitantes

de calle, participantes en un proceso

de fortalecimiento de hábitos de

autocuidado, hábitos alimentarios y

hábitos de sueño con alojamientos

(día y noche), la promoción de

derechos, deberes y la atención

estructurada de los componentes de

desarrollo personal, familiar y

comunitario, orientados a mejorar la

calidad de vida.

Oscar

Javier

Molina

(día)

Carrera 35

No 10-69

(Puente

Aranda)

300

24 horas Oscar

Javier

Molina

(noche)

300

Conv.

IDIPRON

Carrera 16

No 9-58 350

7:00 am

4:00 pm

DE

SA

RR

OL

LO

PE

RS

ON

AL

INT

EG

RA

L

Ofrece a las personas habitante de

calle que han decidido mantener sus

hábitos de higiene, alimentarios y de

sueño un proceso multidimensional

con enfoque sistémico, que durante 9

meses fortalece las condiciones para

el desarrollo humano integral, el goce

efectivo de derechos y la calidad de

vida como expresiones del ejercicio

pleno de la ciudadanía.

CDPI – El

camino

Carrera 69

No 47-87 100 24 horas

PR

OT

EC

CIO

N A

LT

A

DE

PE

ND

EN

CIA

FU

NC

ION

AL

Ofrece protección de manera integral

y permanente a las personas que

habitaron la calle y que presentan alta

dependencia funcional, fortaleciendo

sus hábitos de higiene, alimentación

y sueño, a través de su participación

en un proceso de atención integral

con enfoque sistémico en los

componentes de desarrollo personal,

familiar y comunitario, que atiende

comportamientos aditivos, deterioro

físico, mental o cognitivo, orientando

a la autonomía, la habilitación de su

funcionalidad y una mejor calidad de

vida.

Convenio

Fundación

Mesalud (2

centro)

La Mesa -

Cundinamarc

a

100 24 horas

Como se puede observar en la infraestructura destinada para la atención de habitante de

vida en calle en la ciudad de Bogotá funciona las 24 horas el centro Oscar Javier Molina

con 300 cupos y el Centro El Camino con 100 cupos para un total de funcionamiento en

Bogotá de 400 cupos 24 horas, por otra parte en el Municipio de la Mesa Cundinamarca

funciona el convenio Fundación Mesalud con 100 cupos, arrojando un gran total de cupos

para personas habitante de calle en servicio las 24 horas de 500 cupos.

Esta oferta institucional de atención a los habitantes de calle en Bogotá, frente a las 9.614

personas censadas en el 2011, es la siguiente:

Un 5.2% de disponibilidad de cupos las 24 horas para 9.614 personas (100 cupos de

estos fuera de Bogotá).

Un 17.4%22

de disponibilidad de cupos para atención entre las 7:00 am y las 5:00

pm para 9.614 personas.

Un 8.3% de disponibilidad de cupos para atención entre las 7:00 am y 1:00 pm para

9.614 personas.

22

Incluye un comedor para servicio de 600 personas.

11.5 Instalaciones en Bogotá23

para atención NNAJ24

habitante de calle

(IDIPRON25

).

UNIDADES DIRECCION CUPOS GRUPO

ETARIO

TIPO DE

ATENCION

(Modalidad)

CONDICIO

N NNAJ

Personas atendidas En

situación de vida DE

calle

Personas atendidas En

situación de vida EN

calle 2012 2013 31-5-14 2012 2013 31-5-14

LIBERIA Carrera 16 No 10-

32 – calle 12 No

16-89

18

NNAJ Internado NNAJ con

vulneración

de derechos

31 73 0 268 102

BELEN Calle 7 No 0-35

Este 32

Niñez Internado Niñez con

vulneración

de derechos

7 48 37

CARMEN

DE

APICALA

(TOLIMA

)

Predio rural el

Cairo

18

Adolesce

ncia

Internado Adolescenc

ia con

vulneración

de derechos

8

EDEN Lote la escobita,

kil 95 vía Bogotá 39

NNAJ Internado

NNAJ con

vulneración

de derechos

3 5 85 82 79

ARBORIZ

ADORA

ALTA

Calle 35 sur No

74B-32 91

NNAJ Externado NNAJ con

vulneración

de derechos

510 207 180

ARCADIA Carretera Funza

cota Km 2 vereda

el Hato

84

NNA Internado

NNA con

vulneración

de derechos

4 3 228 136 77

BOSA Calle 65 sur No

77G-27/39 105

NNAJ Externado

NNAJ con

vulneración

de derechos

596 461 278

FLORIDA Parque la Florida

potrero San

Antonio

247

NNAJ Internado

NNAJ con

vulneración

de derechos

20 6 11 231 225 307

LA 27

SUR

Ave carrera 27

sur No 23-21 247

NNAJ internado NNAJ con

vulneración

de derechos

26 36 16 98 64 75

LA 32 Carrera 32 No 12-

09/55 112

NNAJ Externado

NNAJ con

vulneración

de derechos

3 279 134 181

LA RIOJA Calle 4 No 15-14

29

AJ Internado

AJ con

vulneración

de derechos

30 60 73 19 82 41

LUNAPA

RK

Calle 13 sur No

17-52 32

AJ Internado

AJ con

vulneración 20 7 6 56 7 3

23

Datos IDIPRON 24

NN = Niñez, NNA = Niñez y Adolescencia, NNAJ = Niñez, Adolescencia y Juventud. 25

Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud

de derechos

LUNAPA

RK

EXTERN

ADO

Calle 13 sur No

17-52 56

AJ Externado

AJ con

vulneración

de derechos 20 99 77 127 75 41

OASIS II Avenida 6 No 46-

08 84

AJ Externado AJ con

vulneración

de derechos

114 114 533 845 1347 904

LA

FAVORIT

A

Diagonal 18 No

16 A 31 42

AJ Externado

AJ con

vulneración

de derechos

1 75 83 82

PERDOM

O

Av carrera 70C

No 60B-05 sur 308

AJ Externado

AJ con

vulneración

de derechos

1107 332 240

SAN

FRANCIS

CO

El palomar villa

magdalena 60

Niñez Internado

Niñez con

vulneración

de derechos

4 2 4 90 98 93

SANTA

LUCIA

Dg 44sur No 19-

21 105

NNAJ Externado

NNAJ con

vulneración

de derechos

625 218 118

SERVITA Av carrera 7 No

164-94 70

NNAJ Externado

NNAJ con

vulneración

de derechos

451 189 125

VEGA San Luis vereda

el Naranjal 91

NNA Internado NNA con

vulneración

de derechos

128 125 107

TOTAL

1870

283 405 728 5867 4004 2931

Con relación a la atención de Internado:

Como se puede observar en la infraestructura destinada para la atención de NNAJ en

situación de vida DE calle y de vida EN calle se cuenta con 897 cupos por mes, lo que

significa que si la atención es total se daría atención entre enero y mayo de 2014 a 4.485

NNAJ, sin embargo:

Entre enero y mayo 31 de 2014 la atención de NNAJ en situación de vida DE calle

fue de 610.

Entre enero y mayo 31 de 2014 la atención de NNAJ en situación de vida EN calle

fue de 782.

Lo anterior significaría que de una atención de 5 meses para 4.485 NNAJ solo se atendió a

900 NNAJ, dejando una subutilización de infraestructura aproximada del 80%. Esto solo

hablando de la modalidad de internado.

Con relación a la atención EXTERNA:

Como se puede observar en la infraestructura destinada para la atención de NNAJ en

situación de vida DE calle y de vida EN calle se cuenta con 973 cupos por mes, lo que

significa que si la atención es total se daría atención entre enero y mayo de 2014 a 4.865

NNAJ, sin embargo:

Entre enero y mayo 31 de 2014 la atención de NNAJ en situación de vida DE calle

fue de 118.

Entre enero y mayo 31 de 2014 la atención de NNAJ en situación de vida EN calle

fue de 2.149.

Lo anterior significaría que de una atención de 5 meses para 4.485 NNAJ se atendió a 2.267

NNAJ, correspondiendo a una utilización del 47%. Esto hablando de la modalidad de

atención externa.

11.6 Conclusiones:

Avances:

Adelanto y desarrollo del VII Censo a habitante de calle terminara según la

Secretaria de Integración Social en Diciembre de 2014. El último censo realizado

era del año 2011.

Puesta en funcionamiento y servicio de los cuatro (4) CAMAD en las localidades de

Mártires, Kennedy, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal.

Intervención en el Bronx con la implementación del primer CAMAD desde el 17 de

septiembre de 2012, además de realizar en el sector la referenciación de servicios

ofrecidos por el Distrito, la atención en comedor comunitario, desarrollo de

procesos de inclusión familiar, diseño del programa estrategia de camino seguro

para el acompañamiento de los desplazamientos de los participantes de los servicios

entre la zona del Bronx y el predio donde se ubica el comedor, apertura y

funcionamiento de la casa de desarrollo integral la libelulosa y el funcionamiento en

el sector de los programas de autocuidado y acogida.

Creación y puesta en funcionamiento de centros de acogida para habitantes de calle,

desarrollo personal integral y de autocuidado.

Adelanto en el diseño de la política pública para la atención, inclusión y

mejoramiento de la calidad de vida del habitante de calle.

Participación de la Mesa Nacional para el proceso de reglamentación de la Ley 1641

de 2013, mediante la cual se han presentado los desarrollos metodológicos y

abordajes de atención de Cali, Medellín y Bogotá, así como la conformación de las

Mesas Técnicas de Trabajo entre el Ministerio de Salud y la Alcaldía Distrital.

Debilidades:

Se debe hacer uso del 100% de los cupos disponibles entre los centros de la

Secretaria de Integración Social e IDIPRON, ya que en la SDIS la meta de atender

1.150 cupos en centros de acogida para habitante de calle entre el periodo de enero a

mayo de 2014 estuvo 200 cupos por debajo y referente a IDIPRON se evidencia una

subutilización de cupos disponibles para la Niñez, la Adolescencia y la Juventud.

No siempre en los CAMAD se cuenta con el equipo de profesionales completo de

intervención.

El porcentaje de personas habitantes de calle rehabilitadas en el consumo de

sustancias psicoactivas frente a la proporción de personas atendidas en los CAMAD

y remitidas a la segunda fase del programa es mínima, ya que de los 16 meses

analizados entre el periodo del 17 septiembre de 2012 y enero de 2014 fueron

atendidas 11.292 personas consumidoras de SPA, frente a 45 personas rehabilitadas

que corresponden a menos del 0.4% con una inversión de $2.867’398.240 millones

en los 16 meses de funcionamiento.

Existen muy pocos cupos para las personas habitantes de calle con horario de 24

horas, tan solo un 5% frente a la población censada en el 2011.

La atención en psiquiatría es mínima frente a los cupos requeridos y los cupos

disponibles en los hospitales especializados en esta rama, más aún a los que se logra

atender no se les realiza seguimiento.

De los cinco centros con la modalidad de autocuidado, tres de ellos (excluyendo la

unidad Móvil y el comedor) con una capacidad de 720 cupos y que funcionan entre

las 7:00 am a 5:00 pm presentan problemas de aseo y mantenimiento preventivo y

correctivo locativo, así como déficit en el suministro de los elementos de aseo

personal para los usuarios.

12 Aplicación del Esquema de Análisis Integral Preventivo al Sector de Gobierno,

Seguridad y Convivencia.

La Veeduría Distrital, desde el año 2012, ha venido construyendo e implementado la

herramienta de análisis de la gestión: Esquema de Análisis Integral Preventivo, para

determinar el grado de eficiencia de las entidades del Distrito, con el fin de generar alertas

tempranas, una vez se identifican procesos en los que se presentan distorsiones.

El EAIP tiene dos componentes. El primero está orientado a la caracterización de los

procesos estructurales que soportan la Administración Distrital, a través de la cual se

identifican acciones previas a la toma de decisiones. Estas acciones determinan “Puntos de

Control” sobre los cuales es pertinente realizar seguimiento para alertar de manera

preventiva sobre la importancia de su oportunidad y contenido. Son cinco los procesos

estructurales caracterizados, objeto de análisis del Esquema: i) Planeación, ii) Gestión

presupuestal y financiera, iii) Gestión del talento humano, iv) Contratación y v) Gestión

jurídica y producción de normas.

El segundo componente del Esquema es el “Análisis de Condiciones y Resultados” (ACR),

que se realiza a partir de la aplicación de una batería de indicadores sobre temáticas

relacionadas con los procesos estructurales mencionados, previamente definidos con base

en información de fuentes secundarias disponibles para cada proceso. Los resultados

generados en este análisis permiten identificar los hechos más significativos sobre los

cuales se alerta, de manera preventiva, a la Administración Distrital con el fin de que se

tengan en cuenta y se atiendan de manera oportuna.

El presente capítulo contiene el análisis de aspectos de los procesos de Planeación, Gestión

Presupuestal, Gestión del Talento Humano y Gestión Jurídica, obtenido de la aplicación del

segundo componente del EAIP, a las entidades que conforman el Sector Gobierno, Seguridad

y Convivencia (GSC), correspondientes a: Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), Fondo de

Vigilancia y Seguridad (FVS), Fondo para la Atención de Emergencias (FOPAE)26

, Unidad

Administrativa Especial del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá (UAECOB), Instituto

Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) y Departamento Administrativo

de la Defensoría del Espacio Público (DADEP).

De esta forma, en la primera parte de este capítulo se describen los factores y hechos

relevantes principales que constituyen la proposición central para el sector, identificada a

partir de la interrelación de los factores y del grado de influencia que tiene cada uno sobre

los demás. Dichos factores resultan del análisis de la aplicación de la batería de indicadores,

definida en el diseño del EAIP.

26

Ahora transformado en el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER).

Actualmente no hace parte del Sector de Gobierno, Seguridad y Convivencia si no del Sector Ambiente, sin

embargo cuando se realizó el análisis del EAIP todavía pertenecía al Sector de análisis en este documento.

En segundo lugar se describen los hechos relevantes con sus respectivas conclusiones,

resultado del análisis sobre el seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo Distrital, la

gestión presupuestal, la gestión del talento humano y la gestión jurídica.

12.1 Proposición Central

La aplicación del Análisis de Condiciones y Resultados (ACR), parte del procesamiento de

información obtenida a través de los sistemas distritales27

SIGIA, SEGPLAN, PREDIS y

SIPROJ. Una vez ordenada esta información se calculan los indicadores establecidos en el

diseño del EAIP, aplicados al Sector Gobierno Seguridad y Convivencia (GSC). La

interpretación y análisis de dichos indicadores dan lugar a la identificación de un grupo de

situaciones sobresalientes, respecto del cumplimiento o desviación de un comportamiento

esperado o tendencial, que pueden indicar debilidades o ineficiencias administrativas. A

estas situaciones sobresalientes, se le denominan “hechos relevantes”.

Los hechos relevantes, identificados para los diferentes temas asociados a los procesos

estructurales mencionados en la introducción, se ordenan por proceso y por entidad y se

esquematiza en el siguiente gráfico. Gráfico XX

Hechos Relevantes por Procesos e Instituciones del Sector

Fuente: Veeduría Distrital - EAIP

27

Para el Sector Gobierno, Seguridad y Convivencia se tomo la información con corte a 30 de junio de 2014.

Como se puede observar, los hechos relevantes se distribuyen de manera diferente para

cada institución del sector, especialmente en los que se refiere al proceso de Planeación y

talento humano. Las instituciones del Sector GSC que presentan mayor número de hechos

relevantes son la SDG, como cabeza de sector, el FVS y Bomberos. Estas diferencias entre

las entidades, implica un análisis específico para definir y concluir los principales factores

que afectan, en general, al sector.

Los hechos relevantes se agruparon en denominaciones comunes que definen los factores

objeto de correlación, con el fin de estimar los de mayor relevancia en las deficiencias

encontradas. Dicha correlación se realizó a través de la aplicación de una metodología

basada en la Matriz de Vester, como herramienta28

que facilita la identificación y relación

de situaciones problemáticas.

Como resultado de esta metodología se identificaron los factores más críticos. Es decir, los

de mayor influencia en los demás y los más influenciables por los demás. Estos

corresponden a: “Avance físico de Metas Gestión Resultado (MGR)”, “Presupuesto de

inversión” y “Reservas de inversión”.

El factor más crítico para el sector GSC, según los resultados obtenidos a través de la

matriz de Vester, corresponde al avance físico de las Metas Gestión Resultado (MGR). El

hecho relevante asociado, es el bajo avance de algunas MGR que inciden en las

deficiencias administrativas del sector y que son importantes para el adecuado desarrollo de

su misionalidad.

Se puede evidenciar que las MGR que tienen un bajo avance físico respecto a las demás,

están relacionadas directamente con objetivos del sector, es decir con “la orientación y

liderazgo en la formulación y seguimiento de las políticas encaminadas (…) a la

promoción y garantía de la convivencia pacífica, los derechos humanos, el ejercicio de la

ciudadanía, la cultura democrática, la seguridad ciudadana y el orden público; la

prevención y atención de emergencias; la coordinación del sistema de justicia policiva y

administrativa de la ciudad (...)” 29

.Algunas de estas metas se refieren a: la reducción de

delitos de alto impacto contra las mujeres, el aumento de la percepción ciudadana respecto

a la vigilancia, seguridad y reacción oportuna de la policía y la reducción del porcentaje de

hogares que reportan inseguridad en el sector; la creación del registro unificado de los

sistemas de información sobre violencia intrafamiliar existentes en el Distrito, entre otras

MGR.

28

En las aplicaciones del componente 2 del EAIP se usa comúnmente la construcción de un árbol de causas y

consecuencias. Sin embargo, para el Sector GSC está herramienta no sirvió por las enormes diferencias entre

las entidades que componen el mismo. 29

Decreto 359 de 2006. “Por el cual se determina el objeto, la estructura organizacional y las funciones de la

Secretaría Distrital de Gobierno y se dictan otras disposiciones”. Capítulo I, articulo 1.

Los otros factores críticos que están relacionados con el presupuesto y las reservas de

inversión también tienen una gran influencia y son altamente influenciados por otras. En

efecto, algunas de las entidades del sector presentan bajo porcentaje de ejecución de giros en

el presupuesto de inversión y alto porcentaje de reservas en el mismo rubro. Por ejemplo, la

SDG presentó en el 2012 y 2013, 58% y 56% de la ejecución de giros, lo que implica un

mayor porcentaje de reservas de inversión durante estos mismos años, correspondientes al

35% y 38% respectivamente. Igualmente el FVS presentó para el 2012 y 2013 una

ejecución de giros de 45% y 49% que tuvieron como consecuencia un porcentaje de reserva

de 36% y 33% para los mismos años.

Con base en los resultados del análisis, la identificación de los factores y hechos relevantes

asociados, dieron lugar a la siguiente proposición central:

El bajo avance físico de las metas propuestas en el PDD y el comportamiento irregular

del presupuesto, reflejan ineficiencias de la gestión administrativa e incumplimiento de

objetivos misionales del Sector.

Esta proposición, formulada en términos de restricciones, sintetiza la situación general

encontrada30

, reflejada, por una parte, en el avance de metas relacionadas con la

convivencia, la percepción de la ciudadanía sobre la seguridad y la gestión integral del

riesgo. Por otra parte, a través del análisis de la gestión de los temas presupuestales, de

talento humano y Gestión Jurídica, se identifican las debilidades relacionadas con el

desempeño administrativo del sector.

Adicionalmente, con respecto a las MGR, se identificaron incoherencias en los reportes de

información tanto de las metas como de los indicadores con que se miden sus avances. Ese

hecho permite suponer que el proceso de formulación del PDD fue poco riguroso, o que el

proceso de ejecución del PDD es deficiente frente a las propuestas. Dos aspectos relevantes

para la rendición de cuentas de la administración distrital.

En general, tanto del incumplimiento de metas dirigidas al mejoramiento de la seguridad

ciudadana, como los demás hechos relevantes de la gestión del sector, identificados en el

análisis, pueden tener la siguiente consecuencia previsible:

El incremento del riesgo en seguridad, lo que genera insatisfacción ciudadana y pérdida

de credibilidad en la administración distrital.

Por otra parte, se identificaron otras restricciones relacionadas con debilidades

administrativas, que, de acuerdo con la metodología de análisis aplicada, corresponden a

factores activos, reactivos e inertes. Estos factores son importantes, pero su relevancia dentro

del conjunto de factores identificados, son de menor efecto en el contexto del análisis de

deficiencias en la gestión. Estos factores, identificados como “hechos relevantes”, están

asociados a algunos aspectos de los cuatro procesos incluidos: planeación, proceso

30

Ver anexos 1 y 2

presupuestal, aspectos de talento humano y a la gestión jurídica, cuyas evidencias se explican

a continuación.

12.2 Hechos relevantes

Proceso planeación

Del análisis se obtuvieron los siguientes hechos relevantes:

Bajo avance físico en algunas MGR de los Programas que concentran la mayor

parte de los recursos de inversión del sector

Metas-Gestión-Resultado (MGR) sin Proyecto de inversión

Incoherencia entre parámetro de medición y reporte de información

MGR finalizadas sin avance físico

Como se mencionó el sector tiene 80 MGR en el PDD, de las cuales 49 presentan, para el

quinquenio (2012-2016), un avance menor al 40%, el cual se considera bajo. 28 MGR

presentan un avance entre el 41% y el 60%, porcentaje que representa un riesgo de

cumplimiento en el tiempo que resta del período mencionado. 9 MGR no tienen proyecto

de inversión asociado y 6 MGR registradas como finalizadas, no presentan ningún avance.

Adicionalmente, algunas de estas MGR presentan incoherencia en la información reportada

o en el parámetro de medición propuesto y el reporte.

La Entidad que tiene el mayor número de MGR y el mayor número de deficiencias

relacionadas a ellas, es la Secretaría Distrital de Gobierno, cabeza del Sector, como se

puede observar en el siguiente cuadro:

Entidad Número de

MGR

Avance

≤40%

Avance entre

41% y 60%

Avance

≥61%

MGR sin

Proyecto de

Inversión

SDG 50 31 11 8 7

FVS 6 3 2 1

FOPAE 11 3 5 3

UAECOB 2 0 2 0

IDPAC 21 12 4 5 2

DADEP 5 0 4 1

TOTAL 80* 49 28 18 9 *Corresponde al total de MGR, de las cuales algunas son responsabilidad de más de una entidad del sector.

Esto evidencia de manera generalizada, las deficiencias tanto en el proceso de planeación

como en las etapas de ejecución y, posiblemente el seguimiento al Plan de Desarrollo. Por

lo tanto la principal conclusión es la evidente debilidad relacionada con la planeación y la

ejecución, y por ende, la recomendación inmediata sería una revisión detallada del

planteamiento y el estado de cada una de estas metas con el fin de tomar medidas para

remediar los principales atrasos, especialmente en aquellas de gran relevancia en la

misionalidad del sector.

Gestión presupuestal


Bajos compromisos y giros de recursos de inversión y funcionamiento

Variación en el presupuesto de inversión

Alto porcentaje de reservas de inversión

En general para el sector:

- Para la vigencia 2014, el sector cuenta con una participación del 2.7% del

presupuesto de gastos totales del distrito que equivalen a $546.807 millones. El 5%

de gastos de funcionamiento ($168.432 millones) y el 2.4% de gastos de inversión

($378.375 millones).

- El presupuesto disponible del rubro de inversión del sector, presenta un tendencia a

la baja entre los años 2010 y 2013, pasando de una asignación de $431 mil millones

(valores constantes), a $255 mil millones en 2013, es decir, una reducción del 69%.

A pesar de esta tendencia, para el 2014 nuevamente se observa un incremento de

este rubro del 27% correspondiente a $70 mil millones.

- Para el 2014, se presenta una reducción en el presupuesto inicial de gastos totales de

dos entidades que conforman el sector Gobierno: el DADEP (-5%) y La UAECOB

(-7%). A pesar de esto, se presenta un incremento en el sector con respecto al año

anterior en el 19%.

- El porcentaje de ejecución de funcionamiento del sector para la serie 2007-2013 es

del 94%, por su parte el rubro de inversión, presenta un porcentaje promedio del

91% cifras que se encuentran dentro de los parámetros adecuados.

- El porcentaje promedio de giros de funcionamiento para la serie es del 90%,

contrario a este comportamiento adecuado, los giros de inversión son en promedio

del 63%, siendo el 2013 el año con el más bajo porcentaje de giros: 51%.

En relación con la Secretaría Distrital de Gobierno:

- Entidad con mayores recursos asignados al rubro de funcionamiento para la

vigencia 2014 ($89 mil millones), y que corresponden al 53% del total del

presupuesto inicial del sector. Así mismo, cuenta con el 15% del presupuesto de

inversión, es decir, el tercer mayor presupuesto después del Fondo de Vigilancia y

el FOPAE.

- El presupuesto disponible asignado a la entidad, durante la serie analizada (2001-

2013), presenta un comportamiento creciente hasta el año 2006, llegando a un

monto de $95.750 millones (valores constantes), para posteriormente conservar por

los siguientes 5 años valores con una variación moderada, pero finalmente se reduce

en un 45% para la vigencia 2013, en la cual se tienen asignados $39.485 millones.

En el año 2014 se presenta un incremento en este presupuesto correspondiente al

26%, es decir, se asignaron $49.672 millones, aumento significativo pero aun

inferior al promedio de años anteriores.

- La ejecución de compromisos del rubro de funcionamiento de la entidad se

encuentra en promedio para la serie en el 97%, aspecto destacable, sin embargo los

años 2013 y 2014 se encuentran 6 puntos porcentuales por debajo de este promedio,

hecho que genera una alerta en la ejecución presupuestal.

- La ejecución de giros del rubro de inversión en las últimas 3 vigencias (2011-2013),

no supera el 70%. Con respecto a los giros de funcionamiento, éstos bajaron 8

puntos porcentuales en los años 2012 y 2013 con respecto al 2011 que fueron del

95%.

- En los años 2012 y 2013 se constituyeron reservas en un 41% y 40% del rubro de

inversión, como consecuencia de los bajos porcentajes de giros realizados en estos

mismos años.

En relación con el FVS:

- El FVS es la entidad que cuenta una mayor apropiación inicial de recursos de

inversión del sector, es así como para el año 2014, se le asignaron $177 mil

millones, es decir, el 47% del total de la inversión del sector.

- Se presentó una disminución progresiva en el presupuesto de inversión a partir del

año 2010 ($255 mil millones), hasta llegar en el 2013 a $139 mil millones (valores

constantes). En el 2014 vuelve a subir en un 10%, es decir, $152 mil millones.

- Se observa una baja ejecución en el presupuesto de inversión para las dos últimas

vigencias (2012 y 2013), pues se tenía un promedio de ejecución para los años

anteriores (2001-2011) superior al 90%, y en el año 2012 se ejecutó tan solo el 76%

y en el 2013 el 78%; así mismo, para junio de 2014 se lleva un 26%, es decir, sólo

se ha ejecutado una cuarta parte de los recursos de inversión.

- Se presenta un porcentaje bajo de giros, en el 2012 fue del 45%, en el 2013 el 49%

y en el 2014 al mes de junio tan solo se lleva el 8%.

- El anterior hecho tiene como consecuencia la constitución de un alto monto de

reservas, que para el año 2013 fueron del 49% y para el 2014 el 38% del

presupuesto asignado para inversión de la vigencia anterior, incumpliendo de esta

forma con la entrega oportuna de bienes y servicios a la ciudadanía.

En relación con el FOPAE:

- El presupuesto disponible del rubro de inversión presentó un incremento del 144%

entre la vigencia 2013 y 2014, pasando de $29.526 millones a $72.122 millones.

- Adicionalmente a este hecho, es importante mencionar que al mes de junio de 2014,

se tiene una ejecución de la inversión de tan solo el 18%, lo cual indica que este

mayor monto de inversión no está siendo ejecutado correctamente.

- La ejecución del rubro de inversión fue en promedio para la serie analizada (2001-

2013) del 83%, porcentaje que no se encuentran en un nivel óptimo.

Adicionalmente, para el año 2013 la ejecución fue del 81%, es decir, por debajo del

promedio de la serie.

- Con respecto a la ejecución de los giros de inversión, se tiene un promedio para la

serie del 59%, muy por debajo de los niveles adecuados. Adicionalmente, en el año

2013 tan solo se giró el 43% de los recursos y al mes de junio de 2014 el 8%.

- En las vigencias 2012 y 2013 se constituyeron altos montos de reservas,

correspondientes al 35% y 47% respectivamente. Se resalta el aumento de 12 puntos

porcentuales para el 2013, lo que implica que la entidad debe redoblar esfuerzos

para ejecutar tanto el presupuesto vigente asignado como el del año anterior que

casi alcanza el 50%.

En relación con la UAECOB:

- Se observa una reducción importante en el presupuesto disponible de inversión de la

entidad, es así como se pasa de un monto de recursos de $37.5 mil millones en el

2012, a $27 mil millones en 2014 (valores constantes).

- Se evidencia una tendencia a la baja en el porcentaje de ejecución del presupuesto

de funcionamiento, que para el año 2011 fue del 85%, en el 2012 del 74% y en el

2013 del 79%, cuando el promedio de los años anteriores (2007-2013) fue del 95%.

Esta menor ejecución básicamente se refleja por la baja ejecución del rubro “sueldos

de personal”.

- Al mes de junio de 2014, se tiene una ejecución de la inversión de tan solo el 20%,

aspecto que denota una deficiente gestión contractual y que genera como

consecuencia que los giros se realicen en menor medida en la vigencia actual.

- Para la serie analizada (2007-2013), se evidencia un adecuado comportamiento en la

ejecución de la inversión con un promedio del 98%.

- De forma similar a la tendencia a la baja de la ejecución del presupuesto de

funcionamiento, se observa una baja ejecución de giros para el mismo rubro, que

pasa del 83% en el 2011 al 77% en el 2013.

- Se presenta un bajo porcentaje de giros de inversión a junio de los años 2013 y 2014

con el 8% y 9% respectivamente.

En relación con el IDPAC:

- Se observa una clara tendencia a la baja en el presupuesto disponible de inversión.

Es así como durante el periodo analizado (2007-2014) para el año 2009 se presenta

el mayor monto de recursos asignados en el rubro con $28 mil millones (valores

constantes) y para el 2013 se evidencia una apropiación disponible de $11 mil

millones, es decir una reducción del 155% en 4 años.

- Se destaca la baja ejecución de la inversión para la vigencia 2013 que fue del 66%,

aunado al hecho de la asignación de menores recursos en comparación a los años

anteriores. Contrariamente a esta situación, la ejecución del presupuesto de

funcionamiento fue del 97%, es decir, se está observando un desaprovechamiento

de los recursos e infraestructura.

- Adicionalmente para la vigencia 2013 se observa un bajo porcentaje de giros: 52%,

que contrasta frente al porcentaje promedio de años anteriores: 80%.

- Producto del bajo porcentaje de compromisos de inversión para el 2013, se observa

una razón valor de compromisos de inversión vs valor de compromisos de

funcionamiento de 0.88, que contrasta con el promedio de años anteriores del 2.78.

En relación con el DADEP:

Es la entidad con menor presupuesto de gastos del sector. Para la vigencia 2014, se

le asignaron $17 mil millones, de los cuales $9 mil millones corresponden a

inversión y $8.458 millones para funcionamiento.

El presupuesto disponible del rubro de inversión de la entidad presenta una clara

tendencia a la baja, es así como de acuerdo a los datos evidenciados para la serie

2001-2013, se tiene que el año 2007 cuenta con la mayor asignación con $13.828

millones (valores constantes), pero a partir de esta vigencia el valor del rubro

empieza a descender hasta alcanzar en el 2014 un monto de $7.698 millones,

aspecto que contrasta con el constante crecimiento del rubro de funcionamiento.

En términos generales se observa una buena ejecución del presupuesto por parte de

la entidad. El promedio de ejecución del rubro de funcionamiento para la serie

2001-2013 al mes de diciembre es del 96%, y para el caso del rubro de inversión el

promedio de ejecución es del 92%.

De la misma forma la ejecución de giros del rubro de funcionamiento se encuentra

en unos niveles convenientes; sin embargo para el rubro de inversión se debe

mejorar la gestión de estos giros pues el promedio de la serie es del 65%.

Gestión del Talento Humano


Alto número de personas vinculadas por medio de contrato de prestación de

servicios.

Alta participación de cargos profesionales en el área de apoyo.

Alto número de vacantes.

Para el Sector GSC se presenta un alto número de personas vinculadas por medio de

Contratos de Prestación de Servicios, excepto para la UAECOB. Esta situación en si misma

acarrea para las entidades un aumento constante en la carga laboral del personal profesional

que tiene a su cargo la supervisión de estos contratos, un deterioro del clima laboral por las

diferencias entre en el personal de planta y los contratistas que pueden estar cumpliendo

labores misionales y además un riesgo latente en la pérdida de memoria institucional en

donde solo los contratistas tengan a su cargo procesos estructurales.

En relación con la UAECOB:

Como se mencionó anteriormente, la UAECOB es la única entidad del sector que presenta

una alta participación de cargos profesionales en el área de apoyo, esta situación puede

estar relacionada con la función que cumple esta entidad, sin embargo, el número de cargos

profesionales presenta una distribución desequilibrada en la planta de personal ya que solo

tienen 36 profesionales, entre directivos, asesores y profesionales, y de estos solo 10 son

misionales.

En relación con el número de vacantes:

Dos entidades llaman la atención en este aspecto la SDG y la UAECOB, ambas presentan

un alto número de vacantes en la planta de personal (vacantes definitivas, temporales e

indefinidas). Este número de cargos vacantes dificulta la gestión en las entidades ya que

tienen que cumplir las mismas funciones y ejecutar la capacidad institucional con un

recurso humano reducido.

Esta situación se esperaría cambie con los esfuerzos de modernización que están llevando a

cabo las entidades, sin embargo no deja de ser una alerta a tener en cuenta en el momento

de asumir nuevos retos y sobre todo enfrentarse a las metas establecidas en el PDD.

Gestión Jurídica


- Éxito procesal por debajo de la meta planteada en el Plan de Desarrollo Distrital

- Bajo nivel de cumplimiento de fallos

- Incumplimiento en la periodicidad de realización de comités de conciliación e

inconsistencias en la información registrada

- Ausencia de la política de daño antijurídico por parte de los comités de conciliación

La gestión jurídica, salvo el caso de la UAECOB, tiene niveles adecuados de éxito, pese a

la ausencia de políticas de prevención de daño antijurídico y el incumplimiento de la

normatividad relativa a la celebración de los Comités de Conciliación y al registro oportuno

y completo de los distintos procesos en el SIPROJ-WEB, es por lo que se recomienda:

- Programar y celebrar los comités de conciliación dos veces en el mes y aprovechar este

espacio para la formulación e implementación de políticas de prevención de daño

antijurídico, que permitan atender de mejor manera los asuntos a cargo del sector.

- Los jefes de las oficinas jurídicas deberán realizar control a la calidad y oportunidad de

los registros en el SIPROJ-WEB, así como a la calificación del contingente judicial que

deben realizar periódicamente, tal y como la normatividad les ha encomendado.

- Implementar procesos para mejorar los tiempos requeridos para el pago de los fallos

judiciales, con el fin de reducir el pago de intereses y demás emolumentos que se empiezan

a generar a partir de la sentencia ejecutoriada y que se extienden hasta el pago, mejorando

así la imagen de la entidad ante quienes son beneficiarios de una sentencia adversa a la

entidad.

ANEXO 1

AVANCE DE LAS METAS PROPUESTAS EN EL PLAN DE DESARROLLO

DISTRITAL. BOGOTÁ HUMANA DEL SECTOR

A lo largo del Plan de Desarrollo 2012 – 2016 “Bogotá Humana” se encuentran múltiples

metas y proyectos que se relacionan directa o indirectamente con la seguridad. Sin

embargo, el presente análisis se centra en dos programas que contemplan los principales

indicadores de impacto: “Territorios de vida y paz con prevención del delito” y

“Fortalecimiento de la seguridad ciudadana”.

Las metas de impacto a las que apuntan estos programas son:

1) Disminuir a 18 por 100.000 habitantes los homicidios.

2) Reducir 15% el número de casos de hurto a residencias.

3) Reducir 10% el número de casos de lesiones personales.

4) Reducir 10% el número de casos de hurto a personas.

5) Reducir a 35% el hurto a entidades financieras.

6) Aumentar a 35% el indicador de denuncia.

7) Incrementar a 48% los ciudadanos que consideran que el servicio prestado por la policía

fue bueno.

8) Reducir el porcentaje de victimización a 30%.

El seguimiento a los indicadores de las metas de impacto establecidos en estos programas

se resume en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 2

AÑO 2012 VARIACIÓN AÑO 2013 VARIACIÓN 2014 VARIACIÓN

Disminuir a 18 por 100.000

habitantes los homicidios. 20,6 22,2 16,9 NA 16,7 NA 17,4 NA

Reducir 15% el número de casos de

hurto a residencias. 3.706 4.869 5.150 6% 4.013 -18% 4792 -2%


lesiones personales 1.104 10.306 14.449 40% 12.126 18% 12.507 21%


hurto a personas. 13.590 17.112 21.403 25% 26.912 57% 27.753 62%

Reducir a 35% el hurto a entidades

financieras 52 38 -27% 15 -71% 41 -21%

Aumentar a 35% el indicador de

denuncia 26% 21% NA 28% NA 26% NA

Reducir el porcentaje de victimización

a 30% 20% 31% NA 47% NA 41% NA

METAS PDDLINEA

BASE PDD

L. BASE

AÑO 2011

INDICADORES

Meta alcanzada

Meta no alcanzada, situación mejoró

Meta no alcanzada, situación empeoró

Fuente: Información de homicidios: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la información 2014 es

preliminar; lesiones personales y hurtos: Secretaría Distrital de Gobierno; indicador de denuncia y victimización: Encuesta

Cámara de Comercio de Bogotá.

La meta de disminuir la tasa de homicidios a 18 por cada cien mil habitantes es la única que

se ha logrado alcanzar y mantener durante el periodo de la actual Administración, a pesar

de que en el año 2014 aumentó en 0.7 puntos con respecto al 2013. En el año 2012 la

mayoría de indicadores (cuatro de los siete analizados), presentaron avances, aunque no se

alcanzaron los resultados propuestos, si se registraron reducciones en los hurtos a

residencias, a personas y a entidades financieras. Sin embargo, no aumentó la denuncia ni

se redujo el porcentaje de victimización, que, por el contrario, aumentó.

En el año 2013 solo se alcanzaron las metas en la reducción de la tasa de homicidios y en el

hurto a entidades financieras. Aunque el hurto a residencias también disminuyó no se

alcanzó la meta propuesta. Los demás indicadores empeoraron su desempeño.

La situación continuó desmejorando y en el año 2014 la única meta que se alcanzó fue la

tasa de homicidios pero fue la más alta de la actual Administración, lo que hace

inalcanzable la meta de disminuir la tasa de homicidios a un digito, a la que se

comprometió públicamente la Administración. Esta situación debe prender las alarmas para

tomar medidas para que no se pierda lo alcanzado hasta ahora.

El hurto a entidades financieras no logró mantener la reducción alcanzada el año anterior

pero, con relación al año 2011 varió en un -20%. Los demás indicadores no presentaron

resultados, lo que, a un año de finalizar la Administración, permite pronosticar que

difícilmente se alcanzarán o al menos mejorarán los indicadores de impacto frente a la línea

base del año 2011. Lo que permite concluir que la situación de seguridad de la ciudad ha

empeorado.

ANEXO 2

AVANCE FRENTE A LAS METAS DEL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y

SEGURIDAD CIUDADANA –PICSC-

En el Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana 2013 – 2023 –PICSC-, se

establecen las estrategias para mejorar la convivencia y la seguridad en la ciudad durante

los siguientes diez años, entre las principales metas se encuentran:

Reducir la tasa de homicidios en los próximos 10 años, a 7 por cien mil habitantes e

Intervenir sistemática e integralmente las zonas críticas donde el homicidio y las

lesiones comunes son predominantes

Reducir el hurto a personas en un 25%

Reducir el número de lesiones comunes en un 25% y

Reducir el hurto de automotores y autopartes en un 25%.

Adicionalmente, en el PICSC se establece un cronograma para el alcance de la meta de

reducir la tasa de homicidios en los próximos 10 años, a 7 por cien mil habitantes, el cual se

observa a continuación:

AÑO POBLACIÓN

No.

MÁXIMO

DE CASOS

PARA TASA

ESPERADA

TASA

ESPERADA

No. DE

CASOS

TASA

ALCANZADA

2012 7.571.345 1.281 16,9 1.281 16,9

2013 7.674.366 1.229 16,0 1.283 16,7

2014 7.776.845 1.176 15,1 1.355 17,4

2015 7.878.783 1.120 14,2

2016 7.980.001 1.063 13,3

2017 8.080.734 1.004 12,4

2018 8.181.047 942 11,5

2019 8.281.030 879 10,6

2020 8.380.801 815 9,7

2021 8.480.322 748 8,8

2022 8.579.543 679 7,9

2023 8.678.414 609 7

El único año en el que se alcanzó la meta propuesta fue el 2012, aunque se debe tener en

cuenta que el documento fue aprobado en el año 2013, por lo que la Administración ya

contaba con este resultado. En el año 2013, a pesar de que la tasa descendió en 0.2 puntos,

no se alcanzó la meta, que es reducir 0.9 puntos cada año. La situación empeoró en el año

2014, en el que, según datos preliminares del Instituto Nacional de Medicina Legal y

Ciencias Forenses, aumentaron los homicidios, lo que disparó la tasa en 0.7 puntos, este

resultado aleja a la Administración de cumplir la meta e impone el reto de lograr una mayor

reducción a la proyectada, 3.2 puntos, lo que significa lograr 235 homicidios menos en el

año 2015, para dar alcance a lo proyectado y dejar a la ciudad con la posibilidad de llegar a

la meta propuesta.

ANEXO 3

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS AL SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y

CONVIVENCIA31

Principales Subtemas –Sector Gobierno, Seguridad y Convivencia Periodo 2014

Total de Requerimientos 31.391

Fuente Sistema Distrital de Quejas y Soluciones –SDQS

El Sector Gobierno Seguridad y Convivencia con la misión de velar por la gobernabilidad

distrital y local, ocupó el tercer lugar de los sectores del Distrito en el periodo 2014 con un

total de 31.391 requerimientos que equivalen a 15.85%. La gráfica muestra los primeros 10

subtemas con mayor número de requerimientos del sector.

Serie mensual de requerimientos por subtema Sector Gobierno, Seguridad y

Convivencia. Periodo 2014 Subtema Total % Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Medida Local - Licencia de construcción

2.299 7,32% 189 238 270 284 325 271 386 336

Medida Local - Establecimientos comerciales

1.909 6,08% 204 269 185 211 267 191 309 273

Atención Integral 1.806 5,75% 111 201 303 212 321 272 248 138

Obras y Construcciones 1.673 5,33% 183 214 211 231 229 195 237 173

Medida Local - Espacio Público - Invasión

1.543 4,92% 139 222 171 138 250 163 240 220

Control Social 1.200 3,82% 57 85 51 117 111 104 71 76

233 167 128

Atención Jurídica 1.118 3,56%

126 71 203 161 194 265 98

Cárcel distrital de varones y anexo de mujeres

1.074 3,42%

448 273 353

Restitución voluntaria de espacio público indebidamente ocupado

959 3,06%

44 122 138 129 86 126 134

61 64 55

Obra /Mantenimiento deVías 947 3,02% 67 138 103 125 158 107 131 118

Otros Subtemas 16.863 53,72% 745 1.010 961 1.030 1.243 889 1.267 1.142 2.653 2.304 1.882 1.737

Total 31.391 100% 1.695 2.547 2.448 2.689 3.194 2.472 3.280 2.708 2.653 3.046 2.386 2.273

Rojo: Mayor número de requerimientos Blanco: Valor intermedio Verde: Menor número de requerimientos Total de Requerimientos 31.391


31

VEEDURÍA DISTRITAL. Informe de las Peticiones Quejas y Reclamos - PQRS del Distrito Capital por subtemas. 2014.

También, se analizaron los requerimientos mes a mes, con el fin de determinar si existe un

comportamiento homogéneo o variaciones significativas que puedan afectar o incidir en la

prestación del servicio, evidenciando que las PQRS comenzaron a presentar un alza

significativa en el mes de mayo, llegando al pico más alto en el mes de julio de 2014, con

3.280, donde el mayor número de reiteraciones se presentó en “Medida Local - Licencia de

construcción” con 386, “Medida Local -Establecimientos comerciales” con 309 y

“Atención Jurídica” en cuanto a la Cárcel Distrital con 265.

Matriz de requerimientos por subtemas y tipología Sector Gobierno, Seguridad y

Convivencia. Periodo 2014

Subtema

Tota

l

%

Pe

tici

ón

de

Inte

rés

Pa

rtic

ula

r

Rec

lam

o

Pe

tici

ón

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Inte

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lta

Suge

ren

cia

Solic

itu

d d

e C

op

ia

Medida Local - Licencia de construcción

2.299 7,32% 571 1.612 90 13 9

1

3

Medida Local - Establecimientos comerciales

1.909 6,08% 544 1.093 132 118 15

7

Atención Integral 1.806 5,75% 1.786 3 13 1

3

Obras y Construcciones 1.673 5,33% 629 872 138 17 13 2

2

Medida Local - Espacio Público - Invasión

1.543 4,92% 515 834 167 20 5

1

1

Control Social 1.200 3,82% 522 276 133 152 91 8

3

2 13

Atención Jurídica 1.118 3,56% 1.113 3

1

1

Cárcel distrital de varones y anexo de mujeres

1.074 3,42% 1.046

15 9

4

Restitución voluntaria de espacio público indebidamente ocupado

959 3,06% 586 250 60 49 4

3 4 3

Obra /Mantenimiento deVías 947 3,02% 429 236 264 1 14 3

Otros subtemas 16.863 53,72% 7.530 3.676 2.102 2.673 273 147 159 114 94 66 29

Total 31.391 100% 15.271 8.855 3.114 3.054 424 168 159 120 100 71 55

Total de Requerimientos 31.391


La matriz detalla la variación por tipología de los principales subtemas del sector Gobierno,

destacando el mayor número de peticiones en temas relacionados con “Medida Local -

Licencia de construcción” con 2.299 (7,32%), “Medida Local - Establecimientos

comerciales” con 1.909 (6,08%), “Atención Integral” con1.806 (5,75%), “Obras y

Construcciones” con 1.673 (5,33%),y “Medida Local - Espacio Público - Invasión” con

1.543 (4,92%). Cabe resaltar que el mayor número de los requerimientos por tipología se

concentra en Peticiones de interés Particular y Reclamos.

Variación periodo 2014 Vs periodo 2013

2013 2014

% Variación Subtema Total % Total %

Medida Local - Licencia de construcción 2.488 13,58% 2.299 7,32% -7,60%

Medida Local - Establecimientos comerciales 2.417 13,19% 1.909 6,08% -21,02%

Medida Local - Espacio Público - Invasión 1.560 8,51% 1.543 4,92% -1,09%

Atención Integral 1.464 7,99% 1.806 5,75% 23,36%

Obras y Construcciones 1.319 7,20% 1.673 5,33% 26,84%

Medida Local - Inspecciones 572 3,12% 726 2,31% 26,92%

Solicitud de Citas Director Carcel Distrital 550 3,00% 182 0,58% -66,91%

Requerimientos Puntuales 509 2,78% 72 0,23% -85,85%

Oficina de Asuntos Disciplinarios 507 2,77% 75 0,24% -85,21%

Presencia de Autoridad 438 2,39% 110 0,35% -74,89%

Resto Subtemas 6.501 35,48% 20.996 66,89% 222,97%

Total 18.325 100% 31.391 100% 71,30%

Se presenta una variación general en el año 2014 frente al 2013, del (71,30%). Se pasó de

18.325 a 31.391 requerimientos. "Medida Local - Licencias de Construcción" en los dos

periodos presenta el mayor número de requerimientos ciudadanos; sin embargo para el

período de análisis, presento una disminución de 2.488 a 2.299, con una variación del (-

7,60%)"Medida Local - Establecimientos comerciales", disminuyó para el periodo 2014 en

un (-21,02%) y es el segundo motivo por el cual los ciudadanos presentan requerimientos.

"Medida Local - Espacio Público - Invasión" presentó una disminución para el periodo de

análisis, con variación del (-1,09%)

Muestreo estratificado con asignación proporcional

Con el fin de determinar cuáles son los motivos o razones sobre los cuales reclama la

ciudadanía ante el sector Gobierno, se realizó un análisis del Sistema Distrital de Quejas y

Soluciones SDQS a partir de un “Muestreo Estratificado con Asignación Proporcional” del

sector durante el periodo 2014, tomando como base de muestra los primeros subtemas con

mayor cantidad de “Peticiones de interés particular”, “Reclamos” y “Quejas”, para un total

691casos, donde en 22 casos, se observa que no se especificó el asunto, por lo cual se

analizaron 669 casos y sus resultados son los siguientes:

Resultados de la muestra Sector Gobierno, Seguridad y Convivencia. Periodo 2014

Razones o motivos

To

tal

ge

nera

l

% P

orc

en

taje

01

-Alc

ald

ía L

oca

l U

sa

qu

én

02

-Alc

ald

ía L

oca

l C

ha

pin

ero

04

-Alc

ald

ía L

oca

l S

an

Cri

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ba

l

08

-Alc

ald

ía L

oca

l K

en

ne

dy

09

-Alc

ald

ía L

oca

l Fo

nti

bó

n

10

-Alc

ald

ía L

oca

l E

ng

ati

vá

11

-Alc

ald

ía L

oca

l S

ub

a

12

-Alc

ald

ía L

oca

l B

arr

ios U

nid

os

13

-Alc

ald

ía L

oca

l T

eu

sa

qu

illo

15

-Alc

ald

ía L

oca

l A

nto

nio

Na

riñ

o

16

-Alc

ald

ía L

oca

l P

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Ara

nd

a

18

-Alc

ald

ía L

oca

l R

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el

Uri

be

Uri

be

Cá

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l D

istr

ita

l

Construcción de obra ilegal 233 34,83% 20 9 30 46 1 46 33 13 31 1 2 1

Invasión del espacio público 137 20,48% 28 1

21

35 23 7 5

17

Solicitud de visita-cárcel Distrital 70 10,46%

70

Solicitud de información de establecimiento

comercial 34 5,08% 2

12

4

7 9

Perturbación de la propiedad (bares,

establecimiento comercial, fabrica, construcción de obra)

24 3,59% 2 5

10

1 2 2 1

1

Solicitud redención de la pena 21 3,14%

21

Solicitud de cambio o asignación de celda 20 2,99%

20

solicitud de visita técnica de ruido 18 2,69% 4 1

5

4

2 2

Problemas en establecimiento comercial 15 2,24% 4

2

6

1 2

Demolición ilegal 11 1,64%

1

1 1 8

Solicitud de desactivación visita -cárcel distrital 9 1,35%

9

Ingreso de alimentos taller-cárcel distrital 7 1,05%

7

Problemas de medio ambiente 6 0,90%

3

3 Denuncia por posible expendio de alcohol en lugar

no autorizado 5 0,75% 2

2

1

Remodelación ilegal 5 0,75%

3

2

Otros motivos 54 8,07% 5 2 0 15 0 4 2 3 8 0 0 0 15

Total general 669 100% 67 22 30 114 1 105 61 46 59 1 20 1 142

Rojo: Alerta Alta Amarillo: Alerta media

Total de Casos Analizados 669

Fuente Propia

Resultados del “Muestreo Estratificado con Asignación Proporcional”

En cuanto a las evidencias encontradas de la muestra del sector Gobierno, la primera razón

o motivo por el cual la ciudadanía se queja; es la petición sobre la“Construcción de obra

ilegal”, con 233 casos equivalente al 34,83% de la muestra, donde la mayor reiteración está

en las localidades de San Cristóbal, Kennedy, Engativá, Suba y Teusaquillo.

El segundo motivo con mayor reiteración es la petición por “Invasión del espacio público”

con 137 (20,48%) refiriéndose a los casos de invasión en andenes, áreas comunes, parqueo

de automotores, y objetos varios (llantas, avisos, pendones, piezas publicitarias y materiales

de obra) en el espacio público, por vendedores ambulantes, por obra en

construcción,presentándose con mayor frecuencia en las localidades de Usaquén, Kennedy,

Engativá y Suba.

El tercer motivo es la “Solicitud para visita-cárcel Distrital” con 70 (10,46%), por parte

del personal recluido en la Cárcel Distrital, en cuanto al permiso para ingresar a la Cárcel

de la pareja del recluido, familiares y conocidos de éstos.

Otros de los motivos de“Solicitud de información es sobre los establecimientos

comerciales” con un resultado de 34 casosequivalentes al (5,08%) que hace referencia a la

investigación por parte de las autoridades locales para establecer el cumplimiento de la

documentación para el funcionamiento del estableciemiento, la mayor reiteración se

presenta en la localidad de Kennedy. De igual manera, esta localidad presenta otras

reiteraciones en temas de “Perturbación de la propiedad” causado por exceso de ruido,

riñas en bares, establecimientos comerciales, contaminación auditiva en fabricas, y

construcciones de obra.

CONCLUSIONES

De los requerimientos que presentan los ciudadanos ante la Secretaria Distrital de

Gobierno, sobresalen como petición de interés particular las construcciones de obras

ilegales en las localidades de Kennedy, Engativá, Suba, San Cristóbal y

Teusaquillo, siendo éstas las que más solicitudes reciben frente al resto de

localidades, evidenciando este fenómeno como una clara actividad de control

ciudadano, cuando se realizan actividades que afectan a la comunidad, al realizar

obras que al parecer no cumplen con los requisitos legales.

Luego, sigue la petición de recuperación de espacio público como un elemento

articulador entre la ciudadanía y la administración, ya que los ciudadanos reclaman

estos espacios para evitar o combatir la inseguridad, para caminar libremente tanto

las personas en general, como la población discapacitada, que requiere espacios

libres de obstáculos y adecuados con su realidad.

La solicitud de información sobre los establecimientos comerciales en la localidad

de Kennedy es la que más peticiones presenta, ya que las dinámicas de esta

localidad están volcadas al comercio, lo que genera afectación a la comunidad. Le

siguen las Localidades de Teusaquillo, Barrios Unidos y Engativá.

Por último, existe un interés marcado en la comunidad sobre las distintas

actividades que surgen en el comercio mismo, por lo que hay un alto volumen de

solicitudes de información en general sobre la documentación y actividades de los

establecimientos comerciales en las localidades de Kennedy, Suba, Engativá,

Teusaquillo, Barrios Unidos y Usaquén. Los horarios de rumba extendida,

coinciden con las zonas referenciadas, menos la Localidad de Chapinero que no

refleja en esta muestra peticiones, pese a ser una zona de horario extendido.

En la Cárcel Distrital, se encuentran las solicitudes de ingreso a la cárcel, peticiones

que se radican con el fin de que los familiares o personas cercanas a los reclusos

puedan visitarlos. Del muestreo aleatorio se registran 21 solicitudes de redención de

la pena equivalentes al 3,14 % de la muestra, las cuales deben ir dirigidas al Juez de

Ejecución de la Pena, que por competencia legal no debería presentarse ante la

Secretaria Distrital de Gobierno.

Se presenta una variación general en el año 2014 frente al 2013,del (71,30%).

"Medida Local - Licencias de Construcción" en los dos periodos presenta el mayor

número de requerimientos ciudadanos; "Medida Local - Espacio Público - Invasión"

ocupa el tercer lugar de los requerimientos ciudadanos en el sector gobierno y

presenta una disminución para el periodo de análisis, con variación del (-1,09%)

RECOMENDACIONES

La Secretaría Distrital de Gobierno, como entidad líder del sector y en coordinación

con las alcaldías locales, debe priorizar su atención en los requerimientos más

reiterados, como son el de licencias de construcción y establecimientos comerciales,

con especial énfasis en las alcaldías locales de Kennedy, Suba y Engativá.

En cuanto a las solicitudes de investigar las infracciones a las normas urbanísticas,

al momento de hacer la clasificación debe asignarse directamente a cada localidad y

no remitirse a la Secretaría de Gobierno.

Se deben realizar campañas de socialización entre los distintos organismos del

distrito como el DADEP, IPES, las Alcaldías Locales, la Policía Metropolitana de

Tránsito y Transporte y la Secretaria Distrital de Movilidad sobre las normas

urbanísticas, ventas estacionarias y ambulantes y normas de comportamiento al

momento de ejercer la actividad de conducción, para que no se dejen los vehículos

particulares y de servicio público, estacionados en el espacio público (malla vial y

espacios exclusivos para peatones) de la ciudad, que permitan generar la

apropiación de la ciudadanía de los espacios públicos, disminución de este tipo de

solicitudes.

De igual manera, se recomienda que dentro de las funciones de inspección

vigilancia y control-IVC, de las Alcaldías Locales, se verifique la capacidad de

atención y respuesta de los parqueaderos, cuántos existen por localidad, que áreas

tienen, horarios de atención y tarifas. Igualmente, el impacto de las nuevas rutas del

SITP, y el análisis de las bahías de estacionamiento, para difundir esta información

a la ciudadanía y habilitar zonas de parqueo momentáneo que mejore el uso de los

espacios públicos y sirva adicionalmente para establecer la demanda necesaria, con

el fin de atender este servicio en toda la ciudad.

Las Alcaldías Locales junto con el DADEP deben ejercer inspección, control y

vigilancia sobre los establecimientos comerciales que abusan de su actividad, y

realizar operativos de recuperación del espacio público, lo que generaría un impacto

en la disminución de PQRS.

Generar en las localidades un cronograma de visitas técnicas de impacto para

verificar contaminación auditiva, ambiental y legal en cuanto al cumplimiento de

los requisitos de ley por parte de los establecimientos comerciales, con el fin de

garantizarle a la comunidad que quienes practican esta actividad lo hacen

cumpliendo horarios de atención al público,) higiene, salubridad y documentación al

día.

Se requiere la realización de una campaña de difusión y comunicación, al interior de

la Cárcel Distrital, que permita a los internos realizar sus peticiones de acuerdo a las

competencias de cada entidad u organismo, aclarándoles que la solicitud de

redención, se debe realizar ante el juez de ejecución de penas de reparto, ya que no

es la Secretaria Distrital de Gobierno la competente para resolver esta solicitud.

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