Trascendió Milenio lunes, 14 de octubre de 2019 Trascendió QUE la mayoría parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, encabezada por Mario Delgado, aprobará esta semana el paquete de reformas contra la defraudación fiscal y la facturación falsa sin cambiar una sola coma del proyecto avalado en el Senado. Tras batear observaciones de la oposición, sector privado y académicos, lo más que aceptaron fue incluir en el dictamen una “relatoría” de las participaciones durante la audiencia de parlamento abierto el pasado viernes... “para contar con mayores elementos de valoración”. QUE en Sedatu, su titular Román Meyer no termina de limpiar la casa, pues señalan que sigue incrustada la gente de la ex titular Rosario Robles en diversas áreas. Tal es el caso de Comunicación Social, donde van por su tercer director en lel año: ya pasaron Nahiely Gómez y Mariana León, y ahora llega Rubén Linares; quien ya alista las maletas es Hugo González, que fungía como director de Publicidad desde el sexenio pasado y que en últimos meses hasta se respondía las auditorías a la gestión de su anterior jefe en Sedesol y Sedatu, Gustavo Rodríguez, inhabilitado por Función Pública. QUE una de las principales tareas de la administración de Claudia Sheinbaum es poner orden en el Instituto de Vivienda, pues según cuentan se convirtió en la cueva de Alí Babá y los 40 ladrones del PRD, lo que ha quedado evidenciado tras revisar proyectos importantes para la capital. La mandataria anunció que no cederá a presiones para dejar el instituto tal como estaba, por lo que algunos funcionarios ya están pensando en tramitar su renuncia.

Templo Mayor F. Bartolomé Reforma lunes, 14 de octubre de 2019 ¿A QUÉ fue realmente Andrés Manuel López Obrador a Baja California? Resulta harto difícil de creer que haya sido mera coincidencia que el Presidente visitara la entidad justo el día de la ilegal consulta de Jaime Bonilla. SERÍA BUENO saber si se reunió y de qué habló con el gobernador electo que pretende agandallarse tres años en el cargo, por medio de una reforma que ha sido denunciada no sólo por la oposición y los empresarios, sino inclusive por la propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. PERO lo que más les urge saber a los bajacalifornianos es si el presidente de México se va a quedar del lado de la ilegalidad, apoyando la extensión del mandato de Bonilla; o si va a ponerse del lado del Derecho, impugnando la maloliente reforma ante la Suprema Corte. Hasta ahora, López Obrador ha venido jugando con una ambigüedad muy cercana a la complicidad. UN DETALLE que llamó mucho la atención en su gira del fin de semana, fue que no defendió al gobernador "Kiko" Vega cuando fue abucheado en un mitin. Dejó que se comieran vivo al panista, quien de plano ni pudo dar su discurso. ¿Habrá sido una represalia por no apoyar el agandalle de Bonilla? Es pregunta. PESE a los acercamientos entre el Consejo Coordinador Empresarial y la Secretaría de Hacienda, hay sectores de la iniciativa privada que darán una última y feroz batalla esta semana para que se modifiquen las nuevas reglas fiscales. POR EL LADO de la Concamin, Ricardo Cervantes dejó en claro que sigue preocupando la judicialización generalizada de temas fiscales. En tanto que Armando Piedra, del sector de subcontratación, está sonando la campana porque la reforma abre la puerta a posibles excesos de la autoridad contra los contribuyentes. Y de parte de Concanaco, Manuel Rodríguez ya dijo que habrá una auténtica cascada de amparos en caso de que se aprueben, así como están, las nuevas disposiciones. ASÍ QUE más vale que en San Lázaro vayan sacando los ventiladores pues, con todo y el frente frío, la semana va a estar candente pues el jueves quieren tener aprobado el Presupuesto. POR LO VISTO la gubernatura de Tamaulipas tiene algún tipo de maldición, pues quienes la ocupan terminan metidos en problemas legales. Siguiendo el ejemplo de Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, ahora a Egidio Torre le están surgiendo acusaciones de desvío de ¡mil 300 millones de pesos! que deberían haber usado para algo fundamental: la seguridad social. En realidad quien necesita una limpia es la sociedad tamaulipeca.

Bajo reserva El Universal lunes, 14 de octubre de 2019 La fortuna del juez que condenó a Raúl Salinas En la rueda de la fortuna de la vida nos dicen que el magistrado Ricardo Ojeda Bohórquez podría quedar arriba. A don Ricardo por varios lustros le tocó estar abajo. Nos explican que enfrentó un veto priista y panista que le impidió durante años ser consejero de la Judicatura Federal. Uno de los casos que le costó el veto, nos dicen, fue cuando en su época de juez sentenció a 50 años de prisión a Raúl Salinas de Gortari por considerarlo responsable del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu. Ahora, en la era de la 4T, parece que va hacia arriba, pues aseguran que tiene buenas posibilidades de ocupar uno de los espacios que hay vacantes en el Consejo de la Judicatura. ¿Esta vez lo tocará estar en la parte de arriba de la rueda? Coinciden AMLO y Salinas en el avión Ayer de regreso de Tijuana, Baja California, a la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ocupó su asiento en vuelo comercial y nos cuentan que en la misma aeronave se encontraba Salinas de Gortari. Pero no, no se trata de Carlos Salinas, a quien el propio López Obrador acostumbra señalar como el jefe de la mafia del poder, y quien además, nos aseguran, no se encuentra en México. El que sí viajaba en la misma aeronave que el mandatario es el otrora llamado “hermano incómodo” del expresidente, Raúl Salinas de Gortari. Nos dicen que ambos políticos no se vieron, no se saludaron. Pero nos comentan que ambos pudieron percatarse de que viajaban en el mismo avión. La candidata del padre Solalinde Nos cuentan que el padre Alejandro Solalinde ya placea en el Senado a su candidata a presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Elizabeth Lara Rodríguez. Nos dicen que además de habérsela presentado al presidente Andrés Manuel López Obrador, también la llevó a una reunión con la presidenta de la comisión de Derechos Humanos del Senado, la panista Kenia López Rabadán, para presentársela y decirle que tiene todas las cartas para suceder a Luis Raúl González Pérez. Nos hacen saber que el padre Solalinde no solo le ha pactado entrevistas con la titular del órgano legislativo, sino con sus integrantes, pero sobre todo con los senadores de Morena, con la intención de que salga en la terna y en una de esas sea la ganadora, por el tema de paridad, aunque nos comentan que en esta ocasión no importa si el nuevo presidente de la CNDH es hombre o mujer. Mujeres debaten sobre migración Nos hacen ver que en la última Asamblea General de la ONU, el canciller Marcelo Ebrard expresó la vocación “feminista” del gobierno de México y en congruencia con este compromiso con la equidad de género, mañana martes

se inaugura en Chicago el Encuentro de Mujeres Migrantes de México y el Mundo, presidido por la alcaldesa Lori Lightfood, primera mujer en gobernar esta ciudad y representante de las comunidades afroamericana y LGBTI. El evento es organizado por la Diplomacia Cultural de la SRE y el Consulado de México en Chicago. Nos comentan que participarán destacadas académicas, intelectuales y mujeres con responsabilidad pública como las embajadoras en Estados Unidos y en la OEA, Martha Bárcena y Luz Elena Baños, así como Marina Núñez, subsecretaria de Cultura, Rebeca Grynspan, secretaria general Iberoamericana (Segib), y activistas como Brenda Lozano, Sara Uribe, Silvia Goldman, Oriette Dángelo, Stephanie Manríquez y Anabayuleti Gamboa, entre otras.

Frentes Políticos Excélsior lunes, 14 de octubre de 2019 1. Llegó la hora. Durante semanas, un tema ha causado temor en ciertos círculos y esta semana estará sobre la mesa. En la Cámara de Diputados se aprobará la Miscelánea Fiscal y la Ley de Ingresos para 2020. Mucho se ha dicho alrededor de ella. Que las consecuencias sociales del Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2020 no se harán esperar, por ejemplo. Sólo especulaciones. Lo cierto es que el sector privado va firme contra de la judicialización de los temas fiscales. “Se quiere lanzar una bazuca contra la evasión en lugar de dar tiros de precisión”, dijo Ricardo Cervantes, de la Concamín. Sobre la operación quirúrgica que se planea, Armando Piedra, de industrias de la subcontratación laboral, recordó que existe el riesgo de que se cometan graves excesos que dañen la economía y el patrimonio de los contribuyentes. Por la Concanaco, Manuel Rodríguez dijo que están de acuerdo con el combate frontal a facturas falsas, pero no como se plantea. La aprobación de la Miscelánea Fiscal será orfebrería de buenos artesanos. Habrá debate. 2. En defensa de las tradiciones. Mario Delgado, diputado federal, presentó una iniciativa que acabaría con los expendedores y billeteros de la Lotería Nacional, una tradición de 250 años de existencia. El jueves pasado, la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados la aprobó. Se exterminará la Lotería Nacional y un mundo laboral de, al menos, nueve mil familias, para fusionarla con Pronósticos para la Asistencia Pública. Jubilados y personas de la tercera edad, y hasta los niños gritones, están desconcertados. Una buena noticia es que la diputada Tatiana Clouthier, junto con otros legisladores, ya trabajan para solucionarlo. No se puede terminar de un plumazo con un sector que siempre le ha dado a la sociedad más de lo que recibe. Es hora de hacer justicia social. No de aniquilarlos. 3. Estrellita. En medio de un clima lluvioso que mantiene al gobierno de Carlos Mendoza Davis, en Baja California Sur, más que ocupado en alertas y auxilio a la población, la entidad se apunta una aprehensión importante. Siete rumanos fueron aprehendidos en Los Cabos por elementos de la Fiscalía General de la República, en coordinación con personal del Instituto Nacional de Migración. Eran buscados bajo la acusación de diversos delitos, dentro de una investigación iniciada por el FBI, del gobierno de EU, y la Unidad de Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas de la FGR. Los extranjeros cuentan con orden de aprehensión en EU y se les encontró que no tienen condición migratoria regular en nuestro país. No hay duda de que, cuando se quiere, se puede. ¿Por qué entonces no caen así otros delincuentes? 4. Quietos todos. La presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, tomó la mejor decisión. Echar un balde de agua fría a los caldeados ánimos por la elección del próximo dirigente nacional del partido. El proceso quedó suspendido, debido a que no hay condiciones de seguridad y, además, aseguró que el padrón no es confiable. “Hay muchas quejas de que se está

entrometiendo gente que no es de Morena y la gente de Morena se está quedando afuera, entonces tendremos que citar al Comité Ejecutivo Nacional y tomar las medidas respectivas”, señaló. Esta semana el asunto será tomado por el Comisión Nacional de Justicia de Morena. Lo penoso es que se trate del partido en el poder. 5. Problema demográfico. Es de horror lo que sucede en Nuevo León, donde gobierna Jaime Rodríguez El Bronco. Al corte de septiembre, en Nuevo León se han registrado un total de 756 homicidios dolosos, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. Durante el mes de septiembre ocurrieron 76 homicidios contra 88 del mes anterior, según la actualización de la página de la Fiscalía. Sin embargo, en los últimos días los crímenes y el nivel de violencia han aumentado en el estado. Las autoridades han atribuido la mayor parte de los casos a hechos vinculados con el crimen organizado. Y con eso piensan que se lavan las manos. A este ritmo no habrá a quien gobernar.

El Asalto a la Razón Carlos Marín Milenio lunes, 14 de octubre de 2019 Ruindad contra el magistrado Al magistrado “opositor” a Santa Lucía le reactivan una calumnia gestada por el empresario José María Riobóo sobre la imaginaria compra ilegal de una casa, lo que ya investigó de oficio y desechó a principios del año pasado el Consejo de la Judicatura Federal. Además, le inventan que posee inexplicables 80 millones de pesos, perversidad que lo deja en entredicho pero de paso empaña la imparcialidad del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, porque, sin averiguación de una cosa juzgada, el viernes condenó a un compañero de trayectoria impecable (30 años), cuyo principal problema hoy es padecer una enfermedad terminal (cáncer de páncreas que capotea sometiéndose a quimioterapia). Por fortuna, el presidente Andrés Manuel López Obrador alertó el viernes: “Quien está tomando esta decisión tiene que probar que en efecto hay corrupción”. Para asegurarse, a mi compañero de páginas, Zaldívar, le bastaría revisar lo hecho por la Unidad de Investigación del Consejo de la Judicatura, que le revisó al magistrado Jorge Camero ingresos y gastos de los cinco años anteriores y no halló razón para iniciar un procedimiento de responsabilidad. La insidiosa especie sobre la casa comprada con dinero dizque mal habido se incubó en el Colegio West Hill, propiedad del contratista Riobóo, del que era vicepresidenta del border de directores su esposa Jazmín Esquivel Mossa (a quien el presidente López Obrador propuso, con éxito, para ocupar el asiento de Margarita Luna Ramos en el Pleno de ministros de la Suprema Corte de Justicia). En esa escuela inició la preparatoria uno de los hijos de Camero, sufriendo atropellos y difamaciones que constituyeron los delitos de privación ilegal de la libertad, incomunicación y alteración de documentos oficiales, según consta en expedientes de la Secretaría de Educación, el Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación, la Procuraduría General de la República, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Consejo de la Judicatura Federal. Por intervención de Raúl Cervantes, entonces procurador, y del primo de éste, Humberto Castillejos, a la sazón consejero jurídico del Poder Ejecutivo, el pleito acabó con el desistimiento de las acusaciones que el magistrado levantó contra el colegio de Riobóo. Durante aquella desgreñada, en el plantel aparecieron carteles contra un falso porky, como le apodaron al hijo de Camero en alusión a los abusadores sexuales de Veracruz, así como el infundio sobre la casa del Pedregal que, como se comprobó, fue adquirida con el dinero de la venta de la que tenía el magistrado en Las Águilas y el llamado Seguro de Separación Individualizada. Que la escriturara a nombre de sus hijos no contraviene ley alguna).

Con Camero suspendido, Riobóo consuma una venganza personal y elimina un estorbo para realizar su capricho donde, según él, los aviones "no chocan porque se repelen..."

DÍA CON DÍA Héctor Aguilar Camín Milenio Diario lunes, 14 de octubre de 2019 De la catastrófica imitación de la retórica del jefe Vemos a un Presidente popular blindado contra la crítica en su retórica. Su retórica es eficaz, penetrante, única en nuestro medio. Se permite todo, el buen humor y el sarcasmo, la frase inspirada y la palabra hiriente, la prédica moral y la vulgaridad callejera. Se lo permite todo, además, sonriendo, y la mayoría de los mexicanos aprueba y celebra esa retórica, está bajo su influencia. El ejemplo presidencial va creando un estilo público deslenguado, dicharachero y despectivo, particularmente infortunado. Porque la popularidad y el gancho discursivo del Presidente son indiscutibles, y predominan hasta ahora, pero no son transmisibles. Cuando sus colaboradores, sus subordinados, sus parlamentarios, sus admiradores se contagian de su estilo, caen fulminados, pierden rápidamente el pie en la opinión pública. La imitación del modo retórico del jefe les acarrea olas de rechazos, al revés de lo que pasa con su jefe. Momentos culminantes de esta imitación catastrófica de la retórica del jefe han sido los del director de la CFE, Manuel Bartlett, y el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa. Puesto contra la pared por la evidencia periodística de su fortuna no declarada, Bartlett quiso pasar entre los reporteros jugando a improvisar en clave de la retórica presidencial. Le preguntaron si había hablado con su jefe del tema de su riqueza y él respondió diciendo que solo habían hablado del Tren Maya y se fue diciendo: “chú chú chú/ chú chú chú”. Peor fue la ocurrencia dicharachera del gobernador Barbosa, al declarar que, a sus adversarios políticos, el ex gobernador de Puebla y la gobernadora electa, muertos en un accidente de helicóptero todavía no aclarado, los “castigó Dios” porque, según Barbosa, le habían robado la elección previa, que le ganó la gobernadora ahora fallecida. Bartlett, Barbosa y muchos otros imitan catastróficamente a su jefe por la sencilla razón de que son copias falsas de su jefe. No tienen ni el ángel ni el ingenio ni el poder ni el blindaje popular ni la impunidad mediática de su jefe.

No sé si, al paso que va, llegará un momento en que López Obrador parecerá también una mala copia retórica de sí mismo. Porque hay algo en esa retórica que puede volverse fácilmente su caricatura.

SACAPUNTAS El Heraldo de México lunes, 14 de octubre de 2019 Sacapuntas Mala reputación Más de uno se pregunta si en Palacio Nacional ya tomaron nota de que la empresa Marinsa se está convirtiendo en una de las favoritas. Las inquietudes crecen porque se trata de una constructora ligada a Odebrecht y castigada por la Secretaría de la Función Pública en uno de los planes insignia de la 4T. ¿Será que la secretaria Rocío Nahle apoya esta práctica? Encuentro fortuito Quienes compartieron avión de Tijuana a la CDMX fueron AMLO y Raúl Salinas de Gortari. Nunca se saludaron ni intercambiaron palabras, pues el hermano del expresidente venía en primera clase y el tabasqueño a mitad de la nave, por lo que nunca tuvieron contacto, sólo un acercamiento cuando entraron al avión y cuando dejaron el aeropuerto. En ascuas, el caso Robles Concluyó el plazo de investigación complementaria que concedió el juez Delgadillo Padierna en la imputación por ejercicio indebido del servicio público contra Rosario Robles; pero, según su defensa, tanto el abogado de la ex secretaria de Desarrollo Social como la FGR solicitaron una prórroga y será en los próximos días cuando el juzgador determine si la concede o no. La ruta legal Tras la comparecencia de Ernestina Godoy se aceleró el proceso para transformar a la Procuraduría capitalina en Fiscalía autónoma. El dilema está en que Godoy quiere ser fiscal, pero es necesaria una reforma que modifique la Constitución local, donde dice que el aspirante no debió haber ocupado una curul o una secretaría en los tres años previos. Negocio apetitoso Apenas se conoció la cancelación del permiso a La Feria de Chapultepec y algunas empresas ya se frotan las manos. Se trata de un negocio muy jugoso para armar un parque de diversiones de mayor alcance. Pero el gobierno local deberá ponerse más estricto, pues debajo del nuevo permiso quedará el antecedente de las fallas que dejaron dos jóvenes muertos.

DE POLÍTICA Y COSAS PEORES Reforma, Catón. lunes, 14 de octubre de 2019 Problemas graves Kung Fu es el nombre de una de las más exitosas series en la historia de la televisión. Transmitida en 63 episodios entre 1972 y 1975 narra las aventuras en el Oeste americano de Kwai Chang Caine, un monje chino diestro en esa disciplina, el kung fu, que le permite hacer frente a los ataques de los malos a pesar de ser él hombre pacífico. El rol protagónico fue desempeñado por David Carradine, hijo de John Carradine, uno de los más conocidos actores de carácter de Hollywood. Nacido en 1936, David murió trágicamente hace 10 años, en Bangkok, Tailandia, a consecuencia de un raro accidente relacionado con cosas de erotismo. Segundo en importancia entre los personajes de la serie es el maestro Po, mentor de Caine en su niñez y juventud. El papel del sabio monje ciego estuvo a cargo de Keye Luke, quien muchos años atrás había actuado en la célebre película The Good Earth, basada en una novela de Pearl S. Buck, Premio Nobel de Literatura. En Kung Fu conmueve la relación entre el anciano Po y su joven discípulo, al que llama "pequeño saltamontes". Es la relación de un amoroso padre con un hijo que ansía aprender el bien y evitar todas las formas que en el mundo adopta el mal. Lejos de ese contexto que brinda abundantes motivos para la reflexión, y al margen de las dramáticas historias que forman la serie, he relatado aquí un cuento paródico de aquellos episodios que muchos todavía habrán de recordar. He aquí esa narración. El estudiante Caine le dice a Po: "Maestro venerado: desde niño he vivido en el convento, y tengo la sensación de que no he hecho nada en él". Responde el filósofo: "Dime, pequeño saltamontes: ¿has seguido el furtivo paso de los ciervos por las fragosidades y quebradas de los altos montes?". "Sí, maestro", responde Kwai Chan Caine. "He seguido el furtivo paso de los ciervos por las fragosidades y quebradas de los altos montes". "Y dime", vuelve a preguntar el filósofo, "¿has aspirado el perfume de las flores de loto que crecen en la superficie de cristal del estanque en cuyas quietas aguas nadan los dorados peces?". "Sí, maestro", vuelve a contestar el joven discípulo. "He aspirado el perfume de las flores de loto que crecen en la superficie de cristal del estanque en cuyas quietas aguas nadan los dorados peces". "Otra cosa dime", pide el maestro Po. "¿Has salido del lecho a medianoche para tratar de oír en la bóveda celeste la música que las estrellas cantan a su paso por la insondable vastedad del cosmos?". "Sí, maestro", replica nuevamente Caine. "He salido del lecho a medianoche para tratar de oír en la bóveda celeste la música que las estrellas cantan a su paso por la insondable vastedad del cosmos". "¡Pos por eso no has hecho nada en el convento, güey!", estalla el maestro Po. "¡Te la has pasado en puras tonterías!"... Con ese cuento queda completa la sección de humor. Pasemos ahora, aunque el paso sea demasiado brusco, a otro tema distinto por completo, perteneciente al ámbito de lo informativo... El presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien hace meses envió una carta al rey de España demandándole que nos pida perdón por los abusos que sus ancestros cometieron en la conquista de México, dijo que no ha olvidado eso, y añadió que también se debe pedir perdón por hechos del pasado como el destierro de los yaquis y el asesinato de ciudadanos chinos en

nuestro país. También dio a conocer que está planteando -con todo respeto- que se reconsidere lo de la excomunión de los Padres de la Patria. Temas de enorme importancia son ésos, digo yo, cuya atención seguramente ayudará a resolver los graves problemas que hoy por hoy afronta México... FIN.

ESTRICTAMENTE PERSONAL El Financiero Raymundo Riva palacio. lunes, 14 de octubre de 2019 El oscuro Anexo 23 El pasado martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo un desayuno de trabajo con diputados de Estados Unidos, donde estuvieron los secretarios de Relaciones Exteriores, Hacienda y del Trabajo. La reunión, aunque se le reconoció su importancia, se mantuvo en bajo perfil. En la página personal del Presidente se difundió un comunicado kosher y de trámite, que no mostró lo relevante del encuentro y el personaje que encabezó a los estadounidenses, Richard Neal, presidente del Comité de Medios y Procedimientos de la Cámara de Diputados. Ese Comité, uno de los más poderosos en el Capitolio, es el que maneja el Presupuesto y autoriza adquisiciones. Asimismo, es el órgano clave para determinar si los demócratas podrán sentirse cómodos con un nuevo acuerdo comercial con México y Canadá, que remplazará al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Los diputados no vinieron a perder su tiempo ni a hacer cabildeo. Pasaron revista al gobierno de México, y evaluar si como le habían exigido, estaba cumpliendo con acuerdos que, si no secretos, se han mantenido opacos ante la opinión pública. Estos acuerdos tienen que ver con compromisos adicionales en el Anexo 23 del convenio norteamericano, que aceptaron los mexicanos ante las demandas demócratas, y como única alternativa para que su aprobación pudiera pasar al estatus de viable y posible. El camino se allanó el 19 de julio, cuando una avanzada bajo el liderazgo de Earl Blumenauer, presidente del Subcomité de Comercio del Comité de Medios y Procedimientos, le dijo a López Obrador que para que aprobaran los demócratas, necesitaban ver no sólo la reforma laboral, sino las garantías de que se va a ejecutar. Los estadounidenses estaban muy escépticos. En ocasiones anteriores y gobiernos distintos, compromisos adquiridos por los mexicanos nunca fueron completados. En esta ocasión, le dieron al presidente tres meses para que mostrara las garantías. En el comunicado del Comité que encabeza Neal –no mencionado en el boletín del presidente López Obrador–, se reveló que vinieron a “evaluar la capacidad del país para avanzar en las reformar prometidas e implementar los cambios legales, institucionales y culturales de acuerdo con las leyes mexicanas y los requerimientos renegociados del acuerdo” (subrayado mío). La presencia del secretario Arturo Herrera fue estratégica: decirles de dónde saldría el presupuesto para que caminara la reforma, que detalló la secretaria Luisa María Alcalde. Los secretarios fueron puestos a prueba por los legisladores estadounidenses con el aval del Presidente, a quien le interesa enormemente que se apruebe el acuerdo con Estados Unidos y Canadá, como ha dejado claro en su sumisión ante al presidente Donald Trump, al hacer todo lo que desee para evitar su enojo. Alcalde explicó “los requerimientos renegociados del acuerdo” contenidos en el Anexo 27. Originalmente, el acuerdo negociado por los

exsecretarios Ildefonso Guajardo, de Economía, y Luis Videgaray, de Relaciones Exteriores, y el representante del presidente electo, Jesús Seade, fortalecería las normas y derechos laborales, en particular la negociación colectiva para promover salarios más elevados –hasta en 17.2 por ciento en una primera instancia–, y mejores condiciones laborales. A los demócratas les pareció insuficiente. En mayo reformaron el Anexo 27 para facilitar la implementación del derecho a sindicalizarse a través de organismos independientes, y ampliar la reforma laboral para facilitar el registro de elecciones sindicales y mecanismos de resolución de disputas. Pero una condición demócrata, que aceptó el gobierno de López Obrador, es que el acuerdo no se pondría a voto hasta que los demócratas en el Congreso y el Senado revisaran la ley y evaluaran si satisface los requerimientos de la extensión al Anexo 27. La preocupación en el Capitolio es que no había suficientes dientes en la legislación para asegurar que el gobierno fortaleciera las nuevas leyes laborales. La oposición del canciller Marcelo Ebrard a que las leyes fueran supervisadas por un cuerpo externo, como en este caso los legisladores estadounidenses, fue ignorada por López Obrador, quien permitió que extranjeros evaluaran y corrigieran la reforma laboral. Aun con esta insólita cesión de soberanía –permitir a un poder extranjero escribir leyes laborales mexicanas–, los estadounidenses no quedaron satisfechos. “Nuestra reunión con el presidente López Obrador arrojó luz sobre el deseo y las intenciones del gobierno mexicano de llevar a cabo su reforma de justicia laboral, pero Estados Unidos necesita ver que esas garantías sean aplicadas”, dijo Neal en el comunicado dado a conocer por su Comité. “Aprecio el compromiso positivo y estoy ansioso de ver que México cumpla con su obligación para implementar los cambios necesarios para materializar su propia visión para la reforma, y satisfaga los demandantes estándares laborales y de ejecución que serán requeridos en la renegociación del TLCAN”. Es decir, los diputados estadounidenses quedaron a gusto con la música, pero no ven clara la partitura. Ni Herrera ni Alcalde, mucho menos López Obrador, les dieron la certidumbre de que lo ofrecido será cumplido. Se fueron menos inquietos de lo que estaban hace 10 meses, pero aún no están convencidos de dar el voto a favor del acuerdo. Acción, no palabras es lo que han demandado desde mayo cuando hablaron con el Presidente, y aún no terminan de concretarse las promesas de hacer las cosas como quiere el Capitolio. López Obrador le ha dado mucho a Estados Unidos, en migración y ahora en comercio, pero no deja de ser puesto a prueba y sometido a más presiones. Lo tienen controlado y lo sabe. Por eso siempre elude confrontar al presidente Trump o a su gobierno. Por lo mismo, hay acuerdos en lo oscurito de los que no quiere hablar. Sería muy indigno y vergonzoso admitir lo que ha entregado y lo poco que, hasta este momento, ha recibido a cambio.

EL CRISTALAZO La Crónica de hoy Rafael Cardona lunes, 14 de octubre de 2019

Lecciones, reelecciones, ampliaciones

Quizá uno de los más notables distintivos de algunos epígonos de la política sea la escasez del decoro; la ausencia de la urbanidad, la falta de prudencia; la grosera exhibición cotidiana y altanera de una buena condición cívica, la grosería, la obscenidad cuyo grito ufano es meterla doblada, compañeros, o el regocijo por una muerte colectiva como un castigo divino, como si en la rupestre condición del vengador divino cupieran también pilotos y navegantes del helicóptero cuya caída jamás tendrá explicaciones suficientes ni creíbles, como ha ocurrido en casos anteriores. Por todas partes —y desde hace mucho tiempo—, falta total de respeto a las palabras y a la propia palabra. Muchos se han traicionado a sí mismos. Y de la traición no hay retorno. Acomodaticios, sin entraña sincera, han brincado de partido en partido, se han bajado de los barcos a la primera oportunidad de ascenso en otro buque, de grumetes a pilotos o capitanes; y han hecho del insulto y la befa, la ­herramienta protegida, ahora, por su éxito político. No vale la pena ni mencionarlos por su nombre. Van de abajo a arriba y no disimulan su voracidad como sucedió ayer en la “consulta” para ampliar ilegalmente el gobierno de Jaime Bonilla en Baja California. No hay integridad, no hay respeto ni siquiera por los principios invocados. No es una política de principios; cuando mucho de frases. Antes y ahora. Por eso, frente a esta esponjosa condición ético-política, sobresale el ejemplo de Luis Raúl González Pérez quien antes de traicionar su palabra, se dio a la tarea de recordarle —a quien lo hubiera olvidado—, sus propias frases en torno de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. “…honro la palabra que empeñé al inicio de mi gestión, cuando anuncié que no buscaría un segundo periodo como ombudsperson. Ustedes lo deben de recordar que lo dije exactamente, y lo pueden encontrar, el 18 de noviembre de 2014…” De esa manera, con la gratificante circunstancia de presentar en público el compromiso personal de ser congruente, el ombudsperson le ha dado a este país una lección poco frecuente, no sin antes hacer un diagnóstico de la actual circunstancia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Un diagnóstico crudo y realista, respaldo por un impecable desempeño profesional.

“…Nuestro país vive un entorno crítico de violencia, inseguridad e impunidad, en particular en algunas regiones, donde la vigencia de los derechos, la legalidad y la justicia parecieran sólo expectativas ante una realidad que los desafía y cuestiona. “No obstante ello, pareciera que hay un miedo desde las estructuras de poder de incurrir en lo que creen sería una erosión de su capacidad, lo cual ha motivado que se condenen la autonomía, la independencia y el disenso, llegándose inclusive a realizar, cuestionamientos y descalificaciones infundadas contra esta Comisión Nacional, así como de muchas mexicanas y mexicanos que buscan la vigencia de sus derechos fundamentales y a quienes este Órgano Constitucional defiende cuando los ven violentados. “El poder cierra los ojos ante los hechos que le son incómodos y les niega la existencia. Bastaría una simple revisión de las problemáticas que el país ha venido enfrentando en materia de salud; seguridad; protección de niñas, niños y adolescentes; mujeres; migrantes; indígenas; así como en lo que hace a las cuestiones ambientales, para advertir que el respeto de los derechos humanos estaría subordinado a la implementación y cumplimiento de planes y programas de gobierno, y que el legítimo ejercicio de los derechos y el reclamo de su garantía se volvería cuestionable en tanto contravenga tales planes y programas. “Hemos llegado al extremo de una desautorización moral dictada por el Ejecutivo hacia la CNDH y su trabajo; la negación sobre investigaciones y recomendaciones en casos graves, como si jamás se hubieran hecho. “A quien ha actuado con profundidad y compromiso se le acusa de no haber estado ahí”, de mirar para otra parte. Y eso, además de no apegarse a la realidad, confunde, como si de esa manera se satisficiera el monopolio de la verdad…” No faltará quien critique en estas líneas mi conocida cercanía con el maestro González Pérez. Mi interés en ella no es causa de silencio alguno. Para cualquiera tal proximidad debería ser un privilegio. Un hombre íntegro cuya palabra vale para él, y por consecuencia para todos, en un país donde el verbo se ha prostituido a favor de la demagogia y el engaño.

SERPIENTES Y ESCALERAS. EL UNIVERSAL. Salvador García Soto. lunes, 14 de octubre de 2019 Contratos millonarios y sin licitación en Turismo y la SEP Sin explicar de manera clara y suficiente por qué no se puede licitar y por qué prefieren cancelar “por excepción” las licitaciones públicas para otorgar por Adjudicación Directa a proveedores previamente seleccionados, dependencias como la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Turismo, han otorgado varios contratos en los últimos meses por montos que superan los 25 millones de pesos en la primera y los 42 millones de pesos en la segunda. En ambas secretarías, los montos adjudicados de manera directa, además de los servicios que se contratan, no siempre observan la normatividad legal que dicta la Secretaría de la Función Pública, ni el discurso de “austeridad republicana” ordenado por el presidente López Obrador. En el caso de la SEP, que encabeza Esteban Moctezuma Barragán, su Unidad de Administración y Finanzas, aprobó el 17 de septiembre pasado, la adjudicación directa de un contrato por 25 millones de pesos a la empresa Eventos de Occidente Los Generales, S.A. de C.V. “para la detección de talentos de Beisbol en México”. Según la ficha de Compranet AA-01100099-E652019, donde se reporta dicho contrato, a la citada empresa se le pagará por sus servicios de búsqueda de talentos un monto que va de los 10 millones 800 mil pesos a los 25 millones 200 mil pesos, sólo por tres meses de trabajo que van de octubre a diciembre del presente año. El gasto millonario para buscar talentos en el deporte favorito del presidente López Obrador, lo justifica la SEP con la partida 44101 “Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas o de ayuda extraordinaria”, y en ninguna parte de la dicha subida a Compranet se explica por qué este contrato era tan urgente y por qué se pidió la excepción de una “Adjudicación Directa” y no se buscó licitar entre varios proveedores la mejor oferta, tal como lo marca la Ley de Adquisiciones. Algo muy similar hicieron en la Secretaría de Turismo, que encabeza el empresario Miguel Torruco. Sin licitar ni explicar tampoco por qué no se concursaron esos servicios entre distintos proveedores que ofrecieran las mejores condiciones y precios, la dependencia otorgó el 27 de febrero de este año cuatro contratos por Adjudicación Directa por un valor total de 42 millones de pesos, para servicios que tienen que ver lo mismo con el abastecimiento de combustibles a través de tarjetas con chip y refacciones, que con el arrendamiento de vehículos para sus servidores públicos, en los que se mencionan 6 camionetas para altos mandos, a pesar de que el presidente López Obrador ha pedido eliminar ese tipo de prestaciones a los mandos jerárquicos superiores. De acuerdo con el Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Sectur, llevada a cabo el 17 de febrero pasado, y cuya copia tiene esta columna, se adjudicaron directamente y

sin mayor explicación de las razones para hacerlo, un contrato para “suministro de combustible del parque vehicular de los Angeles Verdes” por un monto máximo de 38 millones de pesos; un contrato “de arrendamiento de vehículos para servidores públicos y servicios administrativos” de la Sectur por hasta 4 millones de pesos y ahí fue donde se pidieron las 6 camionetas mencionadas; además de otro contrato “para suministro de combustible para el parque vehicular” de la Secretaría hasta por 1 millón 600 mil pesos; y un contrato para “el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, que incluye suministro de refacciones para los elevadores marca Schindler” de los edificios de la dependencia. Todos esos contratos adjudicados a proveedores de manera directa, se aprobaron con una vigencia del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2019, a pesar de que la Secretaría de Hacienda envió un oficio a todas las dependencias federales en los que les pedía no otorgar ningún contrato con vigencia superior a junio de este año, porque después de esa fecha se definirían las “contrataciones consolidadas” obligatorias desde la SHCP. De hecho, según se lee en la copia del acta de la sesión del Comité de la Sectur, hubo varios funcionarios del Órgano Interno de Control y de otras áreas de vigilancia, que advirtieron al director de Administración, José Alfonso Martínez, que no podían otorgar contratos con vigencia hasta diciembre, porque contravenían la orden de Hacienda, pero aún así se aprobaron. Otros cuestionamientos que se hicieron en aquella sesión donde la Sectur autorizó los contratos directos por más de 42 millones de pesos, tenían que ver con la falta de austeridad al ordenar la compra de 6 camionetas para mandos altos. Tania Solís, directora de Convenios y Contratos cuestionó que en el contrato “se hable de vehículos para servidores públicos y se establezca el arrendamiento de seis camionetas que serían asignadas a servidores públicos de alto mando, cuando la política de austeridad dictada por el presidente López Obrador y por Hacienda, establece que ya no se deben comprar camionetas para altos mandos, y tratándose de automóviles para servidores públicos solo pueden ser para uso administrativo y vehículos de tipo sedán”. Ante eso el director de la Unidad de Administración, Alfonso Martínez, aseguró que “no habría camionetas”, a lo que Tania Solís insistió en que las 6 camionetas estaban requeridas en la documentación de los contratos que les enviaron, y secundándola, Jose Luis Santillán, director del Órgano Interno de Control, comentó que “sería una contradicción tremenda entre un parque vehicular que el presidente esté poniendo a la venta camionetas blindadas y que en Turismo se estén adquiriendo nuevas camionetas para los servidores públicos”. Varios de los funcionarios de la Sectur, que defendieron la necesidad de ajustarse a los requerimientos de la dependencia y que incluso en aquella reunión cuestionaron la practicidad de las políticas de austeridad dictadas por el presidente López Obrador, después del otorgamiento de aquellos contratos fueron despedidos de la dependencia. Sin embargo, los contratos por más de 42 millones de pesos, otorgados de manera directa, siguen vigentes.

NOTAS INDISCRETAS… A propósito del secretario Torruco, todavía está pendiente saber qué procederá en el caso del fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que lo sentenció en mayo pasado, a él y a su vocero, como responsables de haber violado el artículo 134 constitucional por haber incluido imágenes de la campaña de Andrés Manuel López Obrador y mensajes políticos y partidistas en un video institucional de la Sectur, llamado “Estrategia Nacional de Turismo 2019-2024” y difundido en las redes sociales oficiales. Aunque el Tribunal mandó su fallo desde finales de mayo pasado, ni la Secretaría ni mucho menos el contralor interno ni la Secretaría de la Función Pública se han pronunciado sobre la sanción para el secretario y el vocero por esa violación a la Constitución que va desde una amonestación Pública hasta su despido e inhabilitación como servidor público por haber violado la Constitución al difundir propaganda partidista en un video institucional. Pero más grave que el silencio de todos en este tema, que los podría llevar a un desacato de una sentencia del máximo tribunal electoral, es lo que comentan en la misma Secretaría: que para atender el requerimiento personal, que tiene como servidor público, el secretario Torruco autorizó y mandó como su abogado al Jurídico de la Sectur a defenderlo por el caso del famoso video, lo cual podría causar que lo acusaran de un uso abusivo de los recursos públicos para atender cuestiones personales. Dependerá si el titular del OIC y la SPF, que encabeza Irma Eréndira Sandoval, quieren o no fincarle responsabilidades, pero razones legales y hasta constitucionales hasta para una destitución, las hay… Y hablando de los fallos del Tribunal electoral, ayer contra lo que han dicho los magistrados federales e incluso contra lo que dijo el propio presidente López Obrador, que volvió a referirse a la “Ley Bonilla” como “una vergüenza” y a exigir que se acate “lo que diga el Tribunal Electoral federal”, se llevó a cabo la “Consulta Popular” organizada por los diputados de Morena en Baja California, para preguntarle a los habitantes del estado si quieren una gubernatura de 2 o 5 años para el mandatario electo Jaime Bonilla Valdez. Sin ningún tipo de controles ni candados de seguridad y con una muy baja participación, pasó lo que era previsible: que 70% de los que votaron apoyaron el gobierno de 5 años para Bonilla. Decían anoche los organizadores bonillistas que “haremos que se respete la voluntad popular expresada en la consulta” ¿Será que su consulta sin reglas ni controles vale más que lo que diga el Tribunal federal y el presidente?... Los dados mandan Escalera doble. La semana promete.

JUEGOS DE PODER. EXCELSIOR. Leo Zuckermann. lunes, 14 de octubre de 2019 Ni los ricos ni los pobres ni nadie • ¿Quién decide cuando algo es justo, legítimo y, por tanto, sujeto a que las autoridades no apliquen la ley? ¿Y quién defiende los derechos de los afectados? En México, la costumbre era que los ricos y poderosos violaban la ley con toda impunidad. Las autoridades no los castigaban. Gozaban de ese gran privilegio que ejercían a cabalidad. Muy pocos, generalmente los que caían de la gracia del gobierno en turno, pisaban la cárcel cuando cometían un delito. Se pasaban la ley por el Arco del Triunfo porque sobornaban a las autoridades o tenían alguna “palanca” política. Una vergüenza. Bueno, pues ahora nos enteramos que este privilegio se ampliará a todos aquellos grupos de gente pobre que tengan una causa que el gobierno considere como justa. A ellos, tampoco se les aplicará la ley. Narro, sucintamente, los hechos. Estudiantes de la Normal Rural de Tenería, en el Estado de México, secuestraron 92 autobuses, incluyendo a sus conductores. Para tal efecto, utilizaron piedras, tubos y palos. Además, invadieron varias casetas de peajes donde evitaron que los usuarios de las carreteras pagaran su cuota. Durante varios días privaron de su libertad a los 92 choferes de los camiones. La Secretaría de Gobernación abrió una mesa de diálogo con los estudiantes. Los gobiernos mexiquense y federal cedieron en varias demandas de los normalistas. Se les otorgaron más plazas federales automáticas a los egresados, además de las 84 plazas que estaban contempladas. No se les aplicará ninguna “evaluación clasificatoria”. Se incrementará el monto y número de distintas becas. Y se colocará pasto sintético en la cancha de futbol de la Normal. A cambio, los normalistas liberaron a los 92 conductores, los autobuses y las casetas de peaje. Felicidades: ganaron. Se salieron con la suya, a pesar de haber cometido varios delitos como robo, secuestro y toma de vías de comunicación. El subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, justificó las acciones de los normalistas en entrevista con José Cárdenas. Con mucha elocuencia, nos invitó a un ejercicio de “pedagogía de sensibilidad social”. Argumentó que el nuevo gobierno de López Obrador está haciendo las cosas de manera diferente: “Tenemos que sensibilizarnos, son grupos ancestrales de orígenes muy humildes, tuvieron que llegar a esto para ser visibilizados; estamos haciendo cosas diferentes, estamos escuchándolos y ayudándolos”.

Suena muy bien, pero me temo que es una barbaridad. Nadie, ni ricos ni pobres, tienen que obtener licencias del Estado para delinquir. En toda democracia liberal, la ley es obligatoria para todos. No puede haber excepciones. Ni para el Presidente ni para el empresario más próspero ni para el individuo más paupérrimo. La ley debe ser general. Es un principio de un auténtico Estado de Derecho. Ninguna causa puede considerarse como “legítima” para justificar la ilegalidad. Puede, sin duda, haber atenuantes en la comisión de un delito, pero no, como dice Peralta, justificar la no aplicación de la ley porque los normalistas son ancestralmente pobres y sus causas legítimas. En este caso, perdonarlos por los robos y secuestros que cometieron. El subsecretario Peralta no puede ni debe ponerse en papel de juez. No está en sus facultades. Él no puede negociar la ley. Mucho menos justificar que tal o cual causa es buena, por lo que no importa que los estudiantes hayan secuestrado a 92 personas. Cuidado. Aquí podría comenzar una peligrosa pendiente resbaladiza. Hoy se justifican los actos ilegales de los normalistas de Tenería. Mañana podrían ser los de un grupo de obreros que se sienten explotados e incautan la fábrica y secuestran a su dueño. Pasado que, por la fuerza, gente sin vivienda eche de su hogar a los residentes legales. ¿Quién decide cuando algo es justo, legítimo y, por tanto, sujeto a que las autoridades no apliquen la ley? ¿El subsecretario Peralta, la secretaria Sánchez Cordero, el presidente López Obrador, la Suprema Corte o un consejo de sabios? ¿Y quién defiende los derechos de los afectados? Justifican la acción de los pobres normalistas, ¿y qué decirles a los 92 conductores secuestrados? ¿Y a los propietarios de los autobuses retenidos? ¿Acaso el Estado no tiene la obligación de defenderlos y castigar a los que les causaron un daño personal y/o patrimonial? El principal problema que tiene México es la debilidad de su Estado de Derecho. Ni ricos ni pobres ni nadie puede tener licencia para delinquir con impunidad. Hace mal el gobierno de AMLO en verlo así. Más temprano que tarde veremos las consecuencias de la pedagogía a la que nos invita Peralta: el desastre social de todos, violando la ley racionalizándolo porque es “justo”.

Astillero LA JORNADA Julio Hernández López. lunes, 14 de octubre de 2019 Cuatro días antes de dejar la gubernatura de Coahuila, Rubén Moreira Valdez expidió la patente de aspirante a notario público a Jean Paul Huber Olea Contró, un abogado sin ejercicio profesional en la entidad, que se definía más bien como consultor político, especialista en estrategia, gerencia jurídica y defensa de voto (https://bit.ly/2IOWbep). Dos días después, es decir, dos días antes de entregar el mando coahuilense, Moreira Valdez asignó al mencionado abogado la notaría pública 124, con sede en Saltillo. No sabría mucho de derecho notarial ni tendría experiencia en el ramo, pero sí de otros temas: Huber Olea Contró es presidente de Huber y asociados, consultoría jurídica, política y electoral, una firma que presume que su sólida trayectoria de más de 18 años en la actividad de la consultoría política nos ha permitido lograr respaldos y avales institucionales que generan valor agregado y confianza en los servicios que prestamos para nuestros clientes. Hemos asesorado campañas de diputados, locales y federales, senadores, presidentes municipales y gobernadores desde 1997 (https://bit.ly/329mmUC). El pasado 10, el magistrado Francisco José Huber Olea Contró (hermano del notario público hecho al vapor por Rubén Moreira Valdez) sentenció al académico, escritor y comentarista en medios, Sergio Aguayo Quezada, a que pague 10 millones de pesos a Humberto Moreira Valdez (hermano del generoso dador de notarías, Rubén y, como éste, también ex gobernador de Coahuila; distanciados entre ellos pero no exentos de coincidir en ciertos puntos). El castigo a Aguayo (que será objetado mediante una solicitud de amparo federal, en un curso que seguramente terminará en una sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) sería por la publicación de un texto en enero de 2016, en los diarios Reforma y El Siglo de Torreón, en que el investigador de El Colegio de México consideró que Moreira (detenido el 15 de enero de ese 2016 y luego liberado en España, bajo acusaciones de malversación de recursos y blanqueo de dinero) es un político que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana. En ese contexto debería investigarse y castigarse el conflicto de interés del magistrado Huber Olea Contró, al fallar a favor de un Moreira Valdez (fallo que debería revertirse), dado que su hermano (Jean Paul) fue beneficiado presurosa e injustificadamente por otro Moreira Valdez. El hedor corrupto. No le habrá de ayudar mucho a Jaime Bonilla Valdez el simulacro de consulta que se hizo organizar en Baja California para llegar al resultado de convalidación que era previsible en las condiciones desorganizadas y facciosas en que se realizó tal ejercicio de ficción política. Electo para gobernar dos años,

Bonilla Valdez ha hecho cuanto se le ha ocurrido para tratar de prolongar tres años su estancia en la máxima silla política de aquella entidad norteña. El tribunal electoral federal ha confirmado la validez de la constancia de mayoría a favor de Bonilla Valdez por dos años, ante impugnaciones relacionadas con la presunta condición de inelegible del polémico empresario que mantiene desde hace años una relación de amistad y acompañamiento político con el ahora presidente López Obrador. Pero, en el ámbito local, el Congreso elaboró una llamada Ley Bonilla (en un intercambio de favores políticos entre morenistas con los panistas que en ese momento dominaban tal congreso bajacaliforniano) y, con tal parapeto, la actual conformación mayoritaria de Morena organizó una consulta para que los ciudadanos votaran por un gobierno de cinco años o por la contrarreforma que significaría solamente dos. Obviamente, ganó ampliamente la opción de los cinco años. Ya vendrá el momento procesal en que el tema llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dirá la última palabra. ¡Hasta mañana!

REFORMA DENISE DRESSER Miércoles, 05 de junio de 2019 Bofetada en BC El 12 de octubre, el Presidente tuiteó lo siguiente: "En Baja California hay una controversia acerca de si dura dos o cinco años en el cargo el gobernador electo. Lo bueno es que ahora hay Estado de derecho y decidirá la SCJN. Antes eran dedazos y concertacesiones, aunque parece que ya se les olvidó a los conservadores. Mándenles un telegrama, fax, correo electrónico o como sea, pero avísenles que esto ya cambió". Esas líneas y la intención que conllevan merecen una condena enérgica, al margen de las ideologías y las etiquetas y las afiliaciones partidistas. Al posicionarse como lo hace, el titular del Poder Ejecutivo afirma que su partido puede violar la Constitución y cambiar las reglas del juego para quedarse en el poder cuando no le corresponde. Y que la Suprema Corte le asistirá. El mensaje de López Obrador es una bofetada para cualquier demócrata congruente y debe ser denunciada así. Una bofetada porque si hubiera Estado de Derecho, se habrían respetado los resultados de la elección especial mediante la cual Javier Bonilla fue electo por dos años. Una cachetada porque si hubiera Estado de Derecho, Morena -de la mano de panistas pagados- no habría llevado a cabo un agandalle legislativo para extender inconstitucionalmente su periodo. Un golpe porque si hubiera Estado de Derecho, el TEPJF se habría pronunciado sobre la ilegalidad de la consulta "popular" realizada, que contraviene toda la normatividad sobre ejercicios de este tipo. Si AMLO y su partido se apegaran a las pautas, en vez de doblarlas, tergiversarlas, y manipularlas cuando les conviene, no habría controversia, ni sería necesaria la intervención de la Suprema Corte. El gobierno le exige constantemente a la oposición que no recurra al Poder Judicial para obtener lo que no ganó en las urnas, pero recurre a esa táctica. Buscará que la Corte le regale lo que el voto no le proveyó. La población de Baja California no votó para que Bonilla se quedara 5 años. El electorado del estado no tachó la boleta para que se aposentara en la gubernatura más allá de lo estipulado. Las encuestas revelan un rechazo mayoritario al abuso que Morena quiere institucionalizar, incluso por parte de los morenistas mismos. Según el sondeo de El Financiero, 72 por ciento opina que la extensión del periodo del gobernador electo no refleja la voluntad de la mayoría de la gente; refleja los intereses de unos cuantos. Y tiene razón. La imposición inconstitucional de Bonilla le beneficia a él, a un manojo de líderes partidistas, a la élite morenista del estado, a López Obrador y sus aspiraciones hegemónicas. Pero no asegura el imperio de la ley, no fortalece el Estado de Derecho, no refuerza la división de poderes, no respeta la Constitución. Lo ocurrido en Baja California con el beneplácito tuitero y político del Presidente viola todos los preceptos básicos de la democracia. No es un avance que AMLO debería celebrar; es un retroceso que debería condenar.

Al proponer y votar como lo hizo, el Congreso de Baja California se arrogó atribuciones que no le corresponden. Al organizar una consulta patito con preguntas sesgadas y boletas amañadas, Morena actúa de una manera marrullera, idéntica a la del PRI al que tanto criticó y ahora emula. Al afirmar que es responsabilidad de la Suprema Corte decidir si el "Bonillazo" es legal, López Obrador desoye el mandato de las urnas, esas mismas que le dieron legitimidad, mas no permiso para hacer lo que se le dé la gana. Al usar a Baja California de probeta, el lopezobradorismo ensaya cuán posible será violar otras leyes, extender otros mandatos, mal utilizar otras mayorías, usar a la Suprema Corte a conveniencia para que provea los resultados deseados. Con el apoyo de Arturo Zaldívar y tres ministros más nombrados por él, AMLO tendrá los 4 votos que necesita para darle pase automático a Bonilla, para frenar toda acción de inconstitucionalidad emprendida en torno a su gobierno, para avalar el experimento de Baja California y patentarlo. Por eso habría que enviarle un telegrama, un fax, o un correo electrónico a AMLO para avisarle que esto no es transformación ni remodelación ni rompimiento. Esto es preservar lo peor del viejo régimen. Antes había dedazos y concertacesiones; ahora hay extensiones de mandatos que son una bofetada, como tantas que nos dio el PRI. Pero parece ser que al Presidente ya se le olvidó.