tesis doctoral en reconstrucción
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FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
-SEDE ACADEMICA ARGENTINA-PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS
SOCIALES
La “Cuestión Social” como construcción ideológica: propuesta de una tipología para su comprensión. Análisis del caso de la Política Asistencial del gobierno del Frente Amplio
AUTOR: JOSE PABLO BENTURADIRECTORA: MONICA DE MARTINO
AGOSTO DE 2010
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GLOSARIO DE SIGLAS
AFAP Administradoras de Fondos de Ahorro PrevisionalANEP Administración Nacional de Educación PúblicaANTEL Administración Nacional de Telecomunicaciones.BID Banco Interamericano de DesarrolloBPS Banco de Previsión Social BROU Banco de la República Oriental del Uruguay.CAIF Centro de Atención a la Infancia y la FamiliaCAMBADU Cámara de baristas y almaceneros del Uruguay.CEP Consejo de Educación PrimariaCES Consejo de Educación SecundariaCIDE Comisión de Inversiones y Desarrollo EconómicoCIESU Centro de Informaciones y Estudios del UruguayCIJ Centro de Información a la JuventudCODICEN Consejo Directivo CentralFAS Fortalecimiento del Área Social FISE Fondo de Inversión Social de EmergenciaINAME Instituto Nacional del Menor INAMU Instituto Nacional de la MujerINAU Instituto de la Niñez y de la Adolescencia del UruguayINDA Instituto Nacional de Alimentación.INE Instituto Nacional de Estadística.IRPF Impuesto a la Renta de las Personas Físicas.IVA Impuesto al Valor AgregadoMEF Ministerio de Economía y FinanzasMERCOSUR Mercado Común del SurMIDES Ministerio de Desarrollo SocialMRREE Ministerio de Relaciones ExterioresMSP Ministerio de Salud PúblicaMTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad SocialOBSUR Observatorio del SurPANES Plan de Atención Nacional a la Emergencia SocialPAST programa de Atención a los Sin TechoPBI Producto Bruto InternoPIAI Programa de Integración de Asentamientos IrregularesPIT Plenario Intersindical de TrabajadoresPLEMUU Plenario de Mujeres del UruguayPOP Proyectos de Opción Productiva OPP Oficina de Planeamiento y Presupuesto.SINIA Sistema Integral Nacional de Infancia y AdolescenciaSIPI Sistema de Información para la InfanciaUTU Universidad del Trabajo del Uruguay
2
INTRODUCCIÓN..........................................................................................4Aspectos Metodológicos..........................................................................20
I. “Cuestión Social” CONCEPTO Y PERIODIZACIÓN ...........................32I. 1. Cuestión Social: problematización y proyecto.................................40
II. PARA LA COMPRENSIÓN DE LA “CUESTIÓN SOCIAL” ..............57II. 1. La perspectiva neoliberal.................................................................58II. 2. La perspectiva conservadora ..........................................................66II. 3. La perspectiva social o de la ampliación de la ciudadanía..............75
III. CAPITALISMO MONOPOLISTA Y CUESTIÓN SOCIAL................82III. 1. Estados de Bienestar y Cuestión Social.........................................84III. 2. La “Cuestión Social” en la era de la reestructuración productiva..88
IV. FORMACIÓN SOCIAL DEL URUGUAY Y Cuestión Social...........100IV. 1. Consolidación del Estado Uruguayo............................................101IV. 2. El batllismo y la conjura de la Cuestión Social...........................105IV. 3. Crisis del Estado batllista y sustitución del bloque en el poder ..114IV. 4. La transición democrática. El arribo del “Consenso de Washington” y su adopción moderada..................................................124IV. 5. Crisis del 2002 y triunfo de la izquierda política.........................139
V. EL TRIUNFO DE LA IZQUIERDA POLÍTICA: ¿UNA NUEVA CONFIGURACIÓN DE LA CUESTIÓN SOCIAL?.................................144
V. 1. MIDES: una estrategia de combate a la pobreza extrema.............154VI. DIMENSIONES PARA EL ANÁLISIS DEL DISCURSO ...............197
VI. 1. ¿Qué tipo de intervención se considera legítima?.......................198VI. 2. ¿Cuál es el valor central que legitima la intervención? ..............223VI. 3. ¿A través de qué principio de justicia se orienta la intervención? ................................................................................................................237VI. 4. ¿Qué concepción de ciudadanía expresa?....................................247VI. 5. ¿Cómo se representa un ideal de hombre u hombre ideal? .........260VI. 6. ¿Cuál es el papel que se le asigna al trabajo?..............................266
VII. CONCLUSIONES. UN NUEVO PACTO DE DOMINACIÓN: ANTI CAPITALISMO ROMÁNTICO Y ASISTENCIA, UNA EMANCIPACIÓN ILUSORIA ...........................................................................................280BIBLIOGRAFIA........................................................................................314FUENTES DOCUMENTALES.................................................................328
3
INTRODUCCIÓN
La elección del objeto de este estudio responde, como siempre
ocurre, fundamentalmente a razones subjetivas (cf. Weber, 1991), y se
espera que no hayan, creemos que no, invalidado los avances, resultados y
conclusiones de la investigación. Identificar y reconocer el carácter
primariamente subjetivo de la producción de conocimiento es un paso
necesario para construir cierta vigilancia (Bourdieu, 2001) sobre las
condiciones de tal producción.
En este apartado nos reservamos, entonces, tanto el derecho como la
exigencia de exponer aquellas motivaciones e inquietudes que acompañaron
la preocupación inicial sobre la concepción y el tratamiento de la
intervención social por parte del gobierno de izquierda, construyendo, de
este modo, la expresión de una perspectiva particular acerca a la cuestión
social.
Empezamos por reconocer nuestra identificación, desde la infancia e
influidos por nuestros mayores - en un momento en que la emoción
invalidaba cualquier evaluación racional - con el recién fundado Frente
Amplio, identificación que continuó en nuestra vida adulta cuando la razón
empezó a jugar un papel un tanto más importante. Es así que, como muchos
uruguayos, creímos tocar el cielo con las manos cuando el Frente Amplio
triunfó en Montevideo y asumió el gobierno municipal en el año 1989.
Estábamos convencidos de que una fuerza con voluntad
antiimperialista y antioligárquica1 haría un gobierno municipal que llevaría
1 Decia la declaración constitutiva del Frente Amplio: “Expresamos nuestro hondo convencimiento de que la construcción de una sociedad justa, con sentido nacional y progresista, liberada de la tutela imperial es imposible en los esquemas de un régimen dominado por el gran capital. La ruptura con este sistema es una condición ineludible de un proceso de cambio de sus caducas estructuras y de conquista de la efectiva independencia de la nación. Ello exigirá, a su tiempo, la modificación del ordenamiento jurídico-institucional, a efectos de facilitar las imprescindibles transformaciones que procura.” Disponible en: www.quehacer.com.uy/Uruguay/frente_amplio/declaracion_constitutiva.htm. Consulta: 12/02/2010.
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adelante reformas radicales, que implementaría con audacia políticas que
pondrían en jaque la mediocridad neoliberal del gobierno nacional,
recuperando la esperanza de volver a aquel Uruguay cuyas reformas habían
sorprendido al mundo, constituyendo la autorrepresentación de ser un país
modelo (Filgueira, 1990).
Luego de tres períodos consecutivos de gobiernos municipales
frenteamplistas, nuestra perplejidad por la ausencia de esa audacia solo se
veía amortiguada por la - frágil - convicción que desde un gobierno
municipal se podía hacer poca cosa, y que la audacia era, en contra de lo
que habíamos imaginado, electoralmente contraproducente, y así el Frente
estaba guardando sus reservas de creatividad política para su triunfo en las
elecciones nacionales.
La victoria de la izquierda en las elecciones nacionales nos
sorprendió, sin embargo, un tanto más reservados en nuestra euforia. La
expectativa continuaba y festejamos junto a otros cientos de miles de
uruguayos el triunfo de la izquierda política, pero ya no con el entusiasmo
de los años anteriores cuando se festejó el triunfo municipal.
Un par de años después, al momento de comenzar nuestro trabajo de
investigación, nuestras reservas parecían confirmarse en las sospechas más
sombrías y nos contábamos entre el
“número creciente de ciudadanos sienten una sensación
de frustración y desesperanza ante la falta de cambios
importantes de sus vidas. Sectores importantes de la
ciudadanía han percibido que el país continúa en un
movimiento (inercial) que mucho se parece a las
décadas anteriores, y que no solo no han habido
transformaciones en los modos de pensar y hacer la
política, sino que tampoco parece avanzarse en lo
económico y social.” (Moreira, 2007)
5
Lo que empezaba a configurarse en nuestra percepción era que el
Frente Amplio no venía a hacer otra cosa que completar el conjunto de
reformas iniciadas por los gobiernos colorados y blancos que lo
precedieron. Y que, en definitiva, el Frente Amplio no sólo no concretaba
los cambios esperados, sino que además ello no le producía el costo político
que nuestra sensibilidad política esperaba que le generara.
Veíamos con sorpresa como:
“A partir de 2005, luego del triunfo del Frente Amplio y
su acceso al gobierno en Uruguay, la ciudadanía
aguardó expectante la hora de los cambios progresistas
en el país. Sin embargo, dos años después de iniciada, la
administración frenteamplista se encuentra ante un
dilema: la gestión del gobierno continúa teniendo
aceptación mayoritaria pero al mismo tiempo
importantes sectores sociales comienzan a expresar su
descontento.” (Moreira, 2007: 1)
En definitiva empezaba a volverse claro para nosotros que el
gobierno del Frente Amplio se presentaba, como ocurría con otros
gobiernos de izquierda en la región, como el más conveniente para
continuar con las reformas empezadas por los gobiernos anteriores.
El Frente Amplio, despojado de sus aristas antiimperialistas y
antioligárquicas2 que caracterizaron buena parte de su historia se tornaba
aún más funcional que los gobiernos que lo habían precedido para continuar
con las reformas iniciadas por éstos.2 “Esto significa: abandonar las propuestas socialistas en el caso de los partidos obreros europeos; abandonar las propuestas `antioligárquicas y antiimperialistas´ que abrirían el camino a la revolución socialista de acuerdo a la lógica del programa frenteamplista de 1971, en el caso de la izquierda uruguaya.” (Garcé, 2009: 24)
6
Esta funcionalidad está referida a uno de los postulados del
Consenso de Washington3 (Williamson, 1993) y, sobre todo, al llamado pos
Consenso de Washington en los que, si bien, la preocupación central ha sido
propiciar la estabilidad macroeconómica y el control del gasto público,
también se establece la necesidad de un “cambio de las actitudes, todo lo
cual puede intentarse una vez superados los niveles de la pobreza
crítica” (Iglesias, 1993: 7, el énfasis es nuestro). En un mismo sentido, se
expresan Midaglia y Antía (2007: 1) al afirmar que:
“La oleada de gobiernos de izquierda y/o progresistas
que tuvo lugar entre fines del siglo XX e inicio del XXI
en América Latina puso de manifiesto la necesidad de
reconsiderar las formas de conducción política, en
particular las relacionadas con el tratamiento de los
costos sociales vinculados a la puesta en práctica del
nuevo modelo de desarrollo. En este marco, surgieron
múltiples interrogantes políticas y académicas sobre
las posibilidades que disponían los gobiernos de
orientación de izquierda para incidir en la estructura
de desigualdad que caracteriza el continente, y,
simultáneamente, aliviar las situaciones de pobreza
más acuciantes, tomando en consideración las pautas
internacionales de estabilidad macroeconómica y por
3 Esta funcionalidad ya aparecia insinuada en la campaña electoral cuando se manejó la posibilidad de ofrecer el Ministerio de Economia al Cr. Enrique Iglesias. No resultaba claro si este posible ofrecimiento se vinculaba a la identificación de Iglesias con el Consenso de Washington por su reciente pasado como presidente del BID, o con su más lejano pasado vinculado a la CIDE (1966), es decir, al desarrollismo sesentista: “El nombre del contador Enrique Iglesias se incorporó violentamente en los últimos días previos a las elecciones internas del 27 de junio a los debates de la campaña política. Desde varias tiendas se manejó su nombre como posible Ministro de Economía, integrante del gabinete o funcionario de jerarquía de la próxima administración. En el caso concreto del Encuentro Progresista, fue el propio doctor Vázquez quien comentó que perfectamente podía ser el jefe del equipo económico de un gobierno de izquierda y que era factible que se lo propusiera, se lo insinuara, cuando se encontraran en Washington” (Entrevista de Eduardo Cotelo en Radio El Espectador). Disponible en: http://www.espectador.com/1v4_contenido.php?id=21831&sts=1. Consulta: 23/05/2010
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ende de control del gasto público.” (El énfasis es
nuestro)
Estas inquietudes constituyeron el punto de partida para lo que luego
sería nuestra propuesta de tesis doctoral. La pregunta que resuena en nuestro
interior se puede formular en los siguientes términos: ¿cómo la izquierda
política logra legitimidad para llevar adelante reformas que, en principio,
parecen ajenas a su sistema de convicciones?
En el fondo parece estar confirmando esta sensación el hecho de que
el neoliberalismo, en tanto penetra la sensibilidad de la izquierda sin que
ésta necesariamente lo perciba, ha logrado el triunfo, transitorio pero
verdaderamente hegemónico, en tanto contamina a sus principales e
históricos opositores. Es que, como señala Estela Grassi (2003: 305),
“En conjunto, aquello que se popularizó como el
`neoliberalismo´ se trató, por sobre todas las cosas, de
la refundación social y cultural que resultó de un
proceso (transitoriamente) exitoso de realización de un
proyecto de vida social que devino hegemónico; es
decir, mucho más que un modelo económico, que los
cambios en el patrón de acumulación o que una
ideología dominante. Esa refundación comprendió al
Estado, cuya actividad instituyó nuevas condiciones de
regulación y de intervención para la reproducción
social.”
Esta tesis apunta a provocar, recuperar e interpelar los discursos que
portan los operadores tecno - políticos del gobierno de izquierda insertos en
la institucionalidad del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).
Fundamentalmente se pretende comprender qué elementos ideológicos,
constitutivos del pensamiento de la izquierda política uruguaya, han
8
posibilitado que se plantee la expectativa sobre su capacidad de “aliviar las
situaciones de pobreza más acuciantes” sin abandonar “las pautas
internacionales de estabilidad macroeconómica y por ende de control del
gasto público.” (Midaglia y Antia, 2007: 1)
Asumiendo como un dato la afirmación que puede leerse en
Midaglia y Antía (2007), en Moreira (2007) y en Serna (2007), de que la
administración del Frente Amplio no modificó sustancialmente “las pautas
internacionales” que propiciaron el “ajuste estructural” en América Latina
(Grassi et al., 1994), lo que resulta novedoso de esta administración, y le
permite completar las reformas promovidas por el “Consenso de
Washington”, es su preocupación por atender, apenas, las situaciones de
pobreza extrema. (Midaglia y Antia, 2007: 1)
La principal hipótesis que intenta demostrar esta tesis es que la
izquierda, despojada de su carácter de clase apela a componentes
conservadores - en la particular forma que cobra el pensamiento
conservador en su conformación como “anticapitalismo
romántico” (Lucàks, 1992: 132) - que son parte constitutiva de su
configuración4 para desarrollar exitosamente (al menos en lo que a
legitimidad refiere) las nuevas políticas sociales e intentar amortiguar el
costo social de mantener y continuar las reformas estructurales de tinte
neoliberal propiciadas por el Consenso de Washington.
4Al respecto veamos el comentario de German Rama (1987: 165) respecto al MLN, actualmente una de las fuerzas mayoritarias del Frente Amplio: “hubo escaso interés por la postura ideológica, o más aún (se diría) un rechazo intencional al discurso, a las discusiones programáticas, una `nota antiintelectualista y antidoctrinaria bastante acentuada´ en respuesta a la sociedad declarativa e inactiva, y en especial a la izquierda. La propia sociedad uruguaya se preguntaba qué postulaban los tupamaros; los manifiestos de éstos eran escasos, y sus contenidos incluían elementos de denuncia del sistema en nombre de sus valores declarados, consignas reivindicativas populares y conceptos más o menos vagos respecto a lo que para ellos era una sociedad revolucionaria.“ O el, menos especifico, de Aldo Solari (1964: 165) “Puede incluso decirse que el extremismo verbal de ciertos sectores de la izquierda, sólo es posible porque está acompañado de la confortable sensación de que nada cambiará real, profundamente.”
9
La crisis del capital que se desplegó en los años 70 puso fin a las
tres gloriosas décadas del Welfare State. La resolución de la crisis se
procesó a través de la ruptura unilateral del pacto inter-clases (Przeworski,
1995) dando lugar a una fuerte ofensiva del capital sobre el trabajo cuyo
resultado fue la reducción de los sistemas de regulación del Estado sobre el
mercado, vale decir sobre la relación capital - trabajo.
Si bien en América Latina no es posible hablar de Estado de
Bienestar, la Matriz Estado Céntrica (Cavarozzi, 1996) establece sistemas
de regulación que se le asemejan. El elemento central de la regulación
Estado Céntrica en América Latina es también el seguro social.
Su extensión y eficacia es desarrollado por los gobiernos
“populistas”5, así denominados por la crítica neoliberal. La denuncia de los
mecanismos autoritarios y clientelares (Cavarozzi, 1996) llamaba la
atención acerca del carácter premoderno de estos gobiernos basados en el
corporativismo y el favor.
Esta crítica alcanza, sin duda, a la Matriz Estado Céntrica que
caracterizó al desarrollo del Estado Social uruguayo. La particularidad
señalada en relación a este caso es el alcance “universal” del “clientelismo y
el favor”:
“Aunque las políticas sociales fueron aplicadas de
acuerdo con modalidades particularistas,
clientelísticas; en su formulación a nivel genérico, en
tanto leyes o decretos se recurrió a una retórica
universalista. Con el decurso temporal lo que hasta
entonces, se consideraba privilegio de quienes
5 “La extrema vulgarización de la denominada teoría del populismo (...) contribuyó, con certeza independientemente de la voluntad de sus autores, para descalificar los grandes esfuerzos y las grandes luchas del movimiento obrero y sindical, colaborando incluso con una ofensiva ideológica cuya finalidad era la de oscurecer el pasado reciente del movimiento sindical.” (Netto, 1994: 23)
10
contasen con un padrino que hiciese efectivo el
derecho establecido legalmente pasó a masificarse, y
el clientelismo asumió una dimensión
horizontal.” (Filgueira y Filgueira 1995: 12, el
énfasis es nuestro)
Esta particularidad del Estado Social uruguayo que trasciende, desde
nuestro punto de vista, el aspecto mencionado, justifica nuestro estudio. La
formación social del Uruguay constituyó tempranamente, incluso en
comparación con las economías centrales, un Estado Social que lograba a
través de un delicado equilibro condensar tempranamente un Estado
Ampliado6.
El Estado Social uruguayo empezó a configurar sus principales
trazos en el último tercio del siglo XIX en su proceso de consolidación,
pero, sin duda, terminó de definir sus particularísimas características en la
primera mitad del siglo XX de la mano del batllismo, tanto el clásico como
el neobatllismo, que le darían al Uruguay una conformación que lo
constituyen como un caso excepcional o, como quiere Solari, definido
porque “la marginalidad es su característica” (1964: 169).
Estas características marginales que se desarrollaron a lo largo de la
primera mitad del siglo XX permitieron la construcción de un sistema
mítico, donde la cuestión social parecía haber sido superada a través de la
puesta en marcha de un exitoso “laboratorio social” (Morás 2000).
El Uruguay presentaba al mundo este “país modelo” (Filgueira y
Filgueira, 1995) resultado de un experimento exitoso que había logrado
“humanizar el capitalismo” (Vanger, 2009) como la fórmula para resolver
6 Por Estado Ampliado se entiende el Estado característico del capitalismo de los monopolios que representa, sólo en última instancia, el interés de la burguesía pues al incorporar demandas de las clases subalternas genera un aparente equilibrio de poderes. (cf. Coutinho, 1994: 42 - 71)
11
los problemas sociales del mundo (Solari, 1964: 169) a través del “slogan
`Como el Uruguay no hay´” (Rama, 1972: 20).
El bloque en el poder condensaba los intereses de la débil burguesía
nacional en alianza con el proletariado que era su producto; logró
consolidarse como bloque en el poder a través de un “cesarismo
progresista”, fórmula que resolvió el “equilibrio catastrófico” derivado del
conflicto entre la ciudad y el campo (Acosta, 2006).
Durante todo el período, la oposición feroz al modelo articuló los
intereses oligárquicos y del capital financiero representados en las figuras
del estanciero y del imperio (Nahum, 1979; Vanger, 2009).
La culminación de la guerra de Corea en 1953 marca el final de las
condiciones históricas que habían permitido el desarrollo del Estado Social
uruguayo. El triunfo del Partido Nacional en 1958 representa la
desagregación del bloque en el poder que es sustituido por un nuevo bloque
que condensa los intereses que habían representado, como fue dicho, la
oposición histórica al modelo batllista (Real de Azúa, 1984: 66). Esta
situación pasó primero por un equilibrio catastrófico cuya resolución,
confirmado el nuevo bloque en el poder, se procesó nuevamente con el
recurso al cesarismo, pero en este caso de signo regresivo:
“Los antagonismos políticos que tan cuidadosamente
se trataron de evitar durante la vigencia de la
formación hegemónica que llamamos el `Uruguay
Batllista´ surgieron cada vez más abiertamente dentro
y fuera de la formación política. Luego de varios años
de progresivo deterioro institucional esto llevó, como
en otros países del sur de América Latina, a la quiebra
del orden constitucional. Pero en el Uruguay esto no
fue el resultado de una crisis de `populismo´. Fue el
12
colapso del transformismo.” (Panizza, 1990: 204, el
énfasis es nuestro)
El “colapso del transformismo” supuso una reconfiguración de los
partidos políticos en el Uruguay. La hegemonía batllista dentro del Partido
Colorado es derrotada por los sectores conservadores como consecuencia de
la victoria del Partido Nacional. De este modo y de forma progresiva, el
Partido Colorado comienza a responder a los mismos intereses que estaban
representados por la mayoría del Partido Nacional.
Los sectores desplazados, portadores del ideario batllista7, acaban
retirándose del Partido Colorado para conformar el Frente Amplio en
asociación con los partidos tradicionales de izquierda (comunistas y
socialistas) y el recientemente formado Partido Demócrata Cristiano.
El Frente Amplio representaba así la condensación de los intereses
desplazados por el nuevo bloque en el poder y asimismo, expresaba la
expectativa que estos grupos mantenían respecto a un posible retorno al
pasado, es decir, la expectativa de recuperar el Uruguay feliz (Vanger,
2009: 266). En la “Declaración Constitutiva”8 del Frente Amplio se
expresaba claramente que los responsables de la crisis eran precisamente
aquellos sectores tradicionalmente situados en oposición al batllismo y que
constituían el nuevo bloque en el poder. Los firmantes de la declaración
afirman:
“el predominio de una oligarquía en directa
connivencia con el imperialismo, han ido creando, por
7 “También surgió en estos momentos [1962] otra lista, la `99´, `Por el Gobierno del Pueblo´ con ex integrantes del `quincismo´ ( Zelmar Michelini, Hugo Batalla, Aquiles Lanza etc.) y de los sectores más progresistas del `catorcismo´ (Renán Rodríguez, Enrique Martínez Moreno, etc.). Reivindicaban los contenidos batllistas que, a su entender, se encontraban notoriamente opacados.” La `99´ será, años más tarde, una de las fuerzas firmantes de la Declaración Constitutiva del Frente Amplio. 8 Disponible en: www.quehacer.com.uy/Uruguay/frente_amplio/declaracion_constitutiva.htm .
Consulta: 12/02/2010
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un lado, hondas tensiones sociales y por otro, un clima
de preocupación colectiva sobre el destino mismo de
la nacionalidad oriental (...) la oligarquía encontró,
en el gobierno actual, un coherente intérprete político
de su propia respuesta ante la crisis (...) concertar
nuestros esfuerzos, mediante un acuerdo político, para
establecer un programa destinado a superar la crisis
estructural, a restituir al país su destino de nación
independiente.”
El Frente Amplio planteaba también la reforma agraria, la
nacionalización de la banca y de los grandes monopolios, una reforma
tributaria que gravara la acumulación de riqueza y al capital improductivo y
el aumento de salarios públicos y privados (Nahun et all, 1998A: 73). De
este modo, la declaración, si bien no explicitaba qué intereses representaba,
colocaba claramente a cuáles se oponía.
El Frente Amplio gana las elecciones 34 años después de su
fundación, y medio siglo después de que la nueva configuración del bloque
en el poder procesara transformaciones que culminaron en una sostenida
desindustrialización del país. Los grupos sociales que habían conformado
aquel bloque en la primera mitad del siglo XX, no tenían condiciones de
reconstituirse como tal: el proceso de fragmentación en el mundo del trabajo
había tenido un impacto devastador en “los colectivos de
trabajadores” (Sarachu, 1998) y la burguesía nacional no estaba en
condiciones, ni tenía ninguna voluntad de constituirse en clase dirigente.
Como vimos, el desarrollo de la primera mitad del siglo XX en
Uruguay había sido sostenido en un sistema de mitos con un fuerte
contenido carismático. Perelli y Rial (1986: 23), subrayan cuatro de ellos:
14
“Los cuatro mitos citados: el de la medianía, para
obtener seguridad, y para lograr un Uruguay feliz; el
de la diferencia que nos hacía considerar fuertemente
uruguayos; el del consenso, del respeto a la ley, a las
reglas del juego que, en último término, cimentó el
régimen democrático uruguayo, y el mito de un país
de ciudadanos cultos, sustancialmente `culturosos´,
con un mínimo muy por arriba de los standards
corrientes, conformaron la base del imaginario de los
uruguayos en el período del Uruguay feliz.”
De acuerdo con los mismos autores, la incapacidad manifiesta del
nuevo bloque en el poder consistió en su dificultad para constituir un nuevo
sistema mítico, con lo cual, sin lograr ser reemplazados, los viejos mitos se
mantenían:
“Los actores preconstituidos, los existentes desde
antes de la instalación del régimen autoritario, y
aquellos que pervivieron durante él, se niegan a
cambiar su vieja identidad. Sus referentes, sus mitos,
su imaginario social intenta perdurar. Sin embargo
han cambiado la cara y la acentuación. (....) En el
momento actual, la interrogante queda abierta ¿Será
posible volver a crear un imaginario social
hegemónico para esta sociedad uruguaya donde
tantos cambios han ocurrido, pero donde tanto se
intenta ocultarlos?” (Perelli y Rial, 1986: 36)
Tal vez y en buena medida esta sea una de las causas por las que las
reformas llevadas adelante nunca lograron acabar definitivamente con la
estructura del Estado Batllista. El nuevo bloque en el poder no alcanzó
15
nunca a procesar una verdadera “reforma intelectual y moral” (Gramsci,
1993: 69.
El gobierno del Frente Amplio ya sin base social para procesar un
cambio sustantivo en el bloque en el poder continúa con la orientación de la
política económica9 y con los rasgos sustantivos que le imprimieron los
gobiernos anteriores: equilibrio fiscal, reforma del Estado10 etc. Pero, a
diferencia de éstos, el Frente Amplio, histórico opositor de esta política,
parece tener las condiciones para procesar una “reforma intelectual y moral”
(Gramsci, 1993: 69), en el sentido de procesar cambios sustantivos en la
configuración mítica del Uruguay. Como fuera dicho por el ahora ex-
presidente Tabaré Vázquez a poco de asumido el gobierno:
"el año transcurrido desde entonces ha demostrado
que la razón de ser de este gobierno no es administrar
la nostalgia ni perseguir quimeras, sino promover
cambios en la perspectiva de un país que, sin
9 La política económica del gobierno de Tabaré Vázquez significó una línea de continuidad con el ajuste estructural propiciado por los organismos internacionales y el nuevo gobierno de José Mujica dejó clara, desde que asumió el gobierno, la continuidad en este sentido: “En primer lugar, vamos a darle al país 5 años más de manejo profesional de la economía, para que la gente pueda trabajar tranquila, e invertir tranquila. Una macroeconomía prolija es un prerrequisito para todo lo demás. Seremos serios en la administración del gasto, serios en el manejo de los déficits, serios en la política monetaria y más que serios, perros, en la vigilancia del sistema financiero. Permítanme decirlo de una manera provocativa: vamos a ser ortodoxos en la macroeconomía.” El discurso completo está disponible en:
http://cemupro.com.ar/descargas/Discurso_completo_asuncin_de_Pepe_Mujica.pdf Consulta: 22/03/2010 10 Las dificultades de procesar una reforma del Estado en el Uruguay han sido históricas (ver por ejemploReal de Azúa, 1978: 71). El gobierno de Tabaré Vázquez fue tímido al respecto mientras que la propuesta de José Mujica expresa su compromiso por procesarla y la orientación de la misma es presentada en los siguientes términos: “El gobierno de Nueva Zelanda enviará dos expertos en reforma del Estado para colaborar en el proceso de transformación estatal del Uruguay. La cooperación fue pactada el martes entre el subdirector de la OPP, Conrado Ramos, y el embajador isleño. Para los representantes de Nueva Zelanda en la región, la permanencia de Conrado Ramos en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) representó una buena señal, ya que se entendió que asegura la continuidad en el proceso de cooperación que el país isleño ofreció a Uruguay para consumar la reforma del Estado.” Disponible en: http://causaabierta.blogia.com/2010/030418-expertos-de-nueva-zelanda-comandaran-reforma-del-estado-en-uruguay.php. Consulta: 15/5/2010
16
desentenderse del pasado ni eludir el presente,
construya su propio futuro".11
Un cambio de perspectiva con vistas al futuro es lo que se ha
propuesto. Cabe interrogarse acerca de dónde buscar ese cambio de
perspectiva. Del planteo de las cinco dimensiones que hace el reciente ex-
presidente en su discurso de asunción del gobierno12, surge como novedad
lo que denominó como la dimensión social del Uruguay. Este trabajo se
propuso indagar acerca de la nueva perspectiva propuesta en esta
dimensión social.
Recapitulando brevemente las principales orientaciones en materia
social prevalecientes en las últimas décadas es ineludible la referencia a la
propuesta del Consenso de Washington. Esta tenía una doble dimensión que
no se modifica sustancialmente con el más reciente Pos Consenso de
Washington:
i) El ajuste estructural (Grassi et al., 1994) cuyo principal objetivo
era desmontar todos los sistemas corporativos que habían configurado los
frágiles Estados Sociales en América Latina, dar el tiro de gracia a los restos
de la industria de sustitución de importaciones, eliminando toda protección
arancelaria, para, al eliminar la garantía de pleno empleo, reducir así el
valor del trabajo a fin de captar inversiones externas.
ii) Como forma de aminorar el impacto social de estas reformas,
propiciar un cambio en el sistema de protección social asociado al mundo
del trabajo, donde las nuevas políticas sociales venían a sustituir la pauta
sectorial, universal y administrada centralmente por la pauta integral,
focalizada y descentralizada (con participación de la sociedad civil) 11 El discurso fue pronunciado al realizar la memoria anual del gobierno y puede leerse completo en: www.presidencia.gub.uy/_web/MEM_2005/PRESENTACION.htm. Consulta: 23/6/2008.12 “Las cinco dimensiones que presenta Tabaré Vázquez en el 2004: Uruguay social, productivo, innovador, democrático e inserto en la región y en el mundo, que están absolutamente concatenados” (Entrevista Ministra de Desarrollo Social)
17
(Filgueira, 1998) orientada, como fuera dicho, a atender “los niveles de la
pobreza crítica” (Iglesias,1993: 7).
El gran fracaso del Consenso de Washington estuvo en su
incapacidad de aminorar el impacto social de las reformas. Las nuevas
políticas sociales no lograron evitar la brutal crisis de integración que se
procesó en América Latina a partir de la reforma estructural llevada
adelante fundamentalmente en los años noventa.
Es posible aventurar que “la oleada de gobiernos de izquierda y/o
progresistas que tuvo lugar entre fines del siglo XX e inicio del
XXI” (Midaglia y Antia, 2007: 1) parecería contar con la legitimidad
necesaria para implementar las nuevas políticas sociales y cerrar el círculo
del neoliberalismo. La construcción de un dispositivo institucional para
implementar estas nuevas políticas sociales es la principal novedad
institucional del nuevo gobierno. De este modo, el Ministerio de Desarrollo
Social se constituye en el universo empírico privilegiado para la
reconstrucción del discurso legitimador de las políticas focalizadas en el
combate a la pobreza extrema.
El Ministerio de Desarrollo Social se crea a partir de la aprobación
de la Ley Nº 17.866 del 21 de marzo de 2005. Su cometido es la
articulación y control del conjunto de políticas sociales desarrolladas por el
Estado. El programa central llevado adelante por el MIDES en sus años
fundacionales ha sido el llamado Plan de Atención Nacional a la
Emergencia Social (PANES).
“En este sentido y tal como estaba establecido en el
programa de gobierno, se comenzó a trabajar en la
implementación del Plan de Atención Nacional a la
Emergencia Social (PANES). El Plan implicó
responder de forma inmediata mediante siete
18
programas o componentes interrelacionados
orientados a la población en situación de extrema
pobreza: Ingreso Ciudadano – trasferencia de ingreso
a hogares-, alimentación, participación social y
laboral13, intervenciones en educación, atención de
emergencia sanitaria, campaña por la identidad y el
mejoramiento del hábitat; a los que se agregaron poco
después el Programa de Alfabetización de Adultos y el
de Salud Ocular (...) El PANES culminó a finales del
año 2007 de acuerdo a lo previsto y planificado por el
gobierno”14
A partir de 2007, el Ministerio de Desarrollo Social comienza a
implementar el Plan de Equidad que sucederá al Plan de Emergencia y
asumirá un carácter permanente. Entre sus objetivos se plantea:
“Construir una Red de Asistencia Social de naturaleza
`no contributiva´, con el objetivo de amparar a los
sectores sociales con mayor vulnerabilidad, que
cuentan con menores oportunidades de incorporarse
al mercado de trabajo. La misma deberá estar
articulada con el sistema de seguridad social y el
conjunto de políticas universales básicas.(...) cabe
destacar la reformulación del régimen de
Asignaciones Familiares15 para los hogares en
situación de vulnerabilidad socioeconómica (...)
Asimismo se incorporaron en forma integral
iniciativas en materia de política alimentaria,
13 “Trabajo por Uruguay: dirigido a protagonistas del PANES, experiencia sociolaboral que amplíe oportunidades educativas y promueva el desarrollo de estrategias personales y sociales para la construcción de rutas de salida, priorizando al trabajo como herramienta de inclusión social.” Disponible en: www.mides.gub.uy Consulta: 15/2/2008 .14 De la Emergencia a la Equidad. Las Políticas sociales del Gobierno Nacional 2005-2009: 16, Ministerio de Desarrollo Social.15 Nueva forma que asume la transferencia de ingreso a los hogares de pobreza extrema.
19
asistencia a la vejez y diversos programas de inclusión
e integración social.”16
Reconocemos, parafraseando al poeta, que: “hay en mis venas gotas
de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno.”
Aspectos Metodológicos
El campo problemático de este estudio es la cuestión social en
Uruguay a partir de la asunción del gobierno frenteamplista, entendiendo
por cuestión social una categoría perfectamente aprehensible si la tomamos
de acuerdo con uno de los sentidos que le atribuye Castel (1997: 20): “Es
una aporía fundamental en que una sociedad se interroga (….) pone en
cuestión (...)”
Para Castel, como para nosotros, la cuestión social no es una
situación objetiva o, en otros términos, no está en el plano estructural sino
que se trata de una situación subjetiva o ideológica situada en el plano de la
superestructura. Es una sociedad preguntándose y dándose respuestas sobre
sí misma.
El objeto de este estudio es la particular construcción ideopolítica,
en términos de interpretación y proyecto de intervención, que realiza la
izquierda política para lograr legitimidad en el proceso de reformas que ha
impulsado y que, en principio, parece ajeno a su sistema de convicciones.
Sin dejar de sospechar, como quiere, Zîzêk que:
“(...) la noción inmanente de la ideología como una
doctrina, un conjunto de ideas, creencias, conceptos y
demás, destinado a convencernos de su `verdad´, y sin
16 De la Emergencia a la Equidad. Las Políticas sociales del Gobierno Nacional 2005-2009: 13-14, Ministerio de Desarrollo Social.
20
embargo al servicio de algún interés inconfeso. (...) el
objetivo de la crítica es descubrir la tendencia no
confesada en el texto oficial a través de sus rupturas,
sus espacios en blanco y sus deslices; descubrir en
`igualdad y libertad´ la igualdad y la libertad de los
participantes del intercambio en el mercado que, por
su puesto, privilegia al dueño de los medios de
producción (...)” (2008: 17)
Se apunta a identificar cómo los segmentos tecnopolíticos de la
“clase política” en el gobierno construyen esta interpretación y proponen un
proyecto de administración de lo que interpretan que la sociedad concibe
como sus principales problemas. Cuestión social es la síntesis de ambas
dimensiones: problemas construidos socialmente y proyecto de intervención
y administración de los mismos.
Se trabaja con tres tipos ideales de cuestión social:
• La neoliberal, que considera la cuestión social como los intentos de
regulación del mercado en tanto límites a la libertad individual.
• La conservadora, que concibe la cuestión social como aquellos
problemas morales, normativos o de valores que se vuelven
problemas para la integración social.
• La perspectiva de la ampliación de la ciudadanía, que concibe la
cuestión social como los procesos de desigualdad social,
planteándose la posibilidad de alcanzar crecientes niveles de
igualdad en el marco del capitalismo.
21
La cuestión social tiene como génesis el pasaje del capitalismo
competitivo al capitalismo monopolista. La ampliación del Estado (que ya
no representará exclusivamente los intereses de la burguesía) posibilitada
por el pasaje de la plusvalía absoluta a la relativa, supone un Estado que al
intervenir para garantizar los lucros del capital se torna permeable a las
demandas de los sectores subalternos.
En “occidente” con el desarrollo de la “sociedad civil” la coacción
va dejando paso a la búsqueda de “hegemonía” (Gramsci, 1993: 136),
“hegemonía significa la subordinación ideológica de la clase obrera por la
burguesía, la cual la capacita para dominar mediante consenso” (Anderson,
1978: 46).
El Estado busca legitimarse a partir de su intervención social. Las
fuerzas en pugna buscarán inclinar esta intervención procurando la igualdad
(perspectiva de la ampliación de la ciudadanía), la integración social
(perspectiva conservadora) o buscarán limitar esta intervención al mínimo
indispensable de manera de garantizar la libre competencia (perspectiva
neoliberal).
Este estudio apunta a identificar, caracterizar y analizar, a partir
fundamentalmente de los discursos de los operadores tecnopolíticos insertos
en el Ministerio de Desarrollo Social, la perspectiva de cuestión social con
la cual la izquierda política en el gobierno busca legitimarse.
El nivel de análisis propuesto (abstracto) nos habilita a una
construcción típico ideal que nos parece ilustrativa para desentrañar los
procesos históricos que van diseñando la apariencia de la cuestión social. En
tal sentido nos parece que la emergencia del orden burgués es resultado de
la síntesis de un triple conflicto que se resuelve de distintas formas en sus
diferentes expresiones concretas. Ese triple conflicto nos habilita a pensar
22
en la validez de construir tres perspectivas ideológicas, tres lentes, que
muestran tres apariencias distintas de la cuestión social.
Las tres perspectivas propuestas privilegian un conflicto, irresoluble
en el orden burgués, y lo reifican. De hecho hablar de cuestión social
expresa un momento de esta reificación, puesto que no se trata de una
cuestión inherente a lo social sino que es una cuestión inherente a la forma
que toma lo social en el orden burgués17.
Discutir la cuestión social en estos términos supone, en última
instancia, establecer ciertas regularidades en las representaciones sociales y
la particular coyuntura que establece una hegemonía entre aquellas
representaciones, buscando delimitar qué aspectos de la vida social deben
ser regulados políticamente que, en otras palabras, equivale a expresarse
sobre qué aspectos y cómo debe intervenir el Estado y por tanto, qué cosas
están bajo su responsabilidad y sobre las cuales debe operar.18
En otros términos es establecer la relación entre lo público y lo
privado y fundamentalmente dónde se establece el límite entre ambas
esferas, es decir, dónde termina lo privado y empieza lo público en tanto
esfera política donde es legítimo intervenir.
Existe, por tanto, una tensión cotidiana entre los procesos de
individualización de lo social19 y su opuesta politización. Las tres
perspectivas reseñadas establecerán distintos límites entre lo público y lo
17 En todo caso son, como señala Hobsbawm (1988: 380), “Las cuestiones de la sociedad burguesa”.18 Para Foucault esta delimitación tiene un carácter tecnológico muy preciso de “economía política” y marca “el paso de un arte de gobernar a una ciencia política, el paso de un régimen dominado por las estructuras de soberanía a un régimen dominado por las técnicas de gobierno, se da en el siglo XVIII en torno a la población y, por consiguiente, del nacimiento de la economía política.” (1976: 133)19 Estos son interpretados como “(...) una forma específica de la orientación de la protección social que se caracteriza por atar las condiciones de vida de las personas a la situación y las prácticas, en sentido amplio, del sujeto en tanto individuo; y que, a la vez desvincula esas condiciones de vida y las consecuencias de esas prácticas de toda relación con y de toda pertenencia a grupos o agregados mayores.” (Danani, 2008: 45)
23
privado y a partir de esto delimitarán niveles y términos de cómo debe ser la
intervención política sobre lo que es considerado público.
Estamos estableciendo que la cuestión social, tratada de la forma
antedicha, se torna un analizador pertinente para el estudio de la coyuntura
política de una sociedad (y opera también eficientemente en el análisis
institucional). Se puede establecer una continuidad entre la concepción de
cuestión social hegemónica con la coyuntura política de una sociedad, o en
otras palabras, el estado de la lucha de clases.
Es evidente que no hay aquí una delimitación técnica ¿qué es mejor?
¿qué perspectiva es más eficiente?, etc. sino una delimitación política: ¿qué
problemas sociales son responsabilidad del gobierno?, ¿cuáles son los
límites de la intervención sobre el mercado?, etc. En última instancia las
respuestas a estas preguntas permiten establecer la fuerza y eficacia política
de los actores políticos en pugna.
La construcción de nuestros instrumentos de recolección de datos
parte de un supuesto: la aprehensión de la cuestión social (hegemónica)
supone naturalmente capturar los discursos de los actores, pero también
supone un análisis crítico de las prácticas, esto es, de los dispositivos
construidos para su administración.
Esto supone, si se nos permite, no sólo el análisis superestructural
contenido en los discursos, sino también los contenidos superestructurales
que se pueden encontrar en aspectos estructurales o materiales concretos
pues el diseño y las prácticas concretas también nos informan acerca de “los
sentidos de la acción social”.
Desde nuestra perspectiva la cuestión social debe ser pensada como
ideología en la doble concepción que le asigna Löwy (1991): como conjunto
de ideas distorsionadas y distorsionantes de la realidad y como “utopía”, es
24
decir, como proyecto político. Como ya fuera adelantado, la cuestión social
no refiere a una situación objetiva, no está en el plano estructural, sino que
se trata de una construcción de sentido, y en tanto tal, se encuentra en el
plano de la superestructura.
Obviamente estas preguntas y respuestas refieren a la estructura y a
situaciones más o menos objetivas. Pero no son ellas sino la
problematización que de ellas se realiza socialmente lo que es la cuestión
social.
Es evidente, por tanto, si se acompaña el razonamiento, que no
existe “la cuestión social” sino “cuestiones sociales”, pero también es
evidente que se presenta una lucha por la hegemonía entre las clases y
fragmentos de clase y por tanto una cuestión social hegemónica que
establece concretamente cuál es el proyecto político hegemónico.
Creemos que es posible afirmar, a partir de una primera
aproximación teórica al concepto central de nuestro objeto que, en todas las
perspectivas, cuestión social remite a la idea de un conjunto de fenómenos
que se interpreta que pone en cuestión, en riesgo la reproducción social, ya
sea de la sociedad como un todo o de sectores de ella.
Somos conscientes que las metáforas topográficas
(estructura/superestructura) de Marx expresan un momento abstracto de su
reflexión, y su utilización encierra el riesgo de caer en el estructuralismo.20
No obstante esto, creemos que en conceptos como cuestión social, y
precisamente por no ser una categoría marxiana -por el contrario pertenece
al universo del pensamiento conservador- su tratamiento implica
necesariamente ubicarla en el universo de las representaciones,
correspondiendo, por tanto, a un momento abstracto de la reflexión donde la
20 Al respecto señala Carlos Nelson Coutinho (1972: 95): “A la `miseria de la razón´ que define al movimiento neopositivisa, viene a agregarse una `miseria del objeto´, un empobrecimiento radical del pensamiento y de la vida humanan. Los límites de la `razón´estructuralista son los límites de la conciencia fetichizada de nuestro tiempo.”
25
estructura de una sociedad puede ser pensada como un sistema esquemático
construido típico/idealmente.
Es así que se vuelve pertinente partir de una construcción
típico/ideal que, en principio, nos parece exhaustiva pero que será
confrontada con nuestro universo empírico.
Naturalmente, las perspectivas acerca de la cuestión social tienen
profundas consecuencias práctico políticas y por eso es pertinente, como
señalábamos, no sólo el estudio de los sentidos atribuidos a la acción sino
también de la acción misma. Los discursos producidos institucionalmente
no responden evidentemente a la “verdad” sobre la institución y ni siquiera
a la “verdad” de lo que la sociedad espera de la institución.
Pero un tratamiento crítico de los discursos institucionales permite
retraducir lo que la institución cree que es el mandato social que pesa sobre
ella y por ende, al menos, qué entiende la institución que la sociedad cree
que es la cuestión social, sobre qué aspecto de ella le corresponde
intervenir, con qué límites hacerlo y, siempre de acuerdo con la concepción
de cuestión social hegemónica, cómo debe intervenir sobre el aspecto
mencionado.
Otro tanto puede decirse sobre las prácticas institucionales. Si bien
las prácticas son un aspecto más concreto y por lo tanto más “veraz”, es
preciso decir que lo que se obtiene es el discurso institucional sobre dichas
prácticas (aunque existen aspectos más o menos objetivos: montos
asignados, exigencias de capacitación del personal, etc.) por tanto estos
discursos deben también someterse a la crítica.
No obstante lo antedicho los discursos dicen, tratados críticamente,
claramente lo que se busca recoger: cuál es la concepción hegemónica de la
26
cuestión social en tanto construcción ideológica del bloque hegemónico
(Gramsci, 1985: 290).
También creemos pertinente tomar como portavoces relevantes de la
cuestión social (hegemónica) aquellos representantes políticos encargados
de su administración.
De acuerdo con la sugerencia de Zîzêk (2008: 16),
“En relación con la religión (que para Marx, era la
ideología por excelencia , Hegel distinguía tres
momentos: la doctrina, la creencia y el ritual; resulta
tentador disponer la multitud de nociones asociadas al
término `ideología´ alrededor de estos tres ejes: la
ideología como complejo de ideas (teorías, convicciones,
creencias, procedimientos argumentativos); la ideología
en su apariencia externa, es decir, la materialidad de la
ideología, los Aparatos Ideológicos de Estado (AIE); y,
finalmente, el terreno más elusivo, la ideología
`espontánea´ que opera en el centro de la `realidad´
social en si (...)”
En tal sentido, en nuestro objeto pueden visualizarse estos tres
momentos. El primer momento por su carácter es más coherente; en tanto
complejo de ideas, la ideología tiene su concretud en un sistema articulado y
coherente de ideas políticas, el pensamiento liberal y neoliberal, el
pensamiento conservador y el socialista - aunque en su transmutación en
cuestión social en el capitalismo de los monopolios esta coherencia sea, en
algún sentido, vulnerada - los otros dos momentos se vuelven esferas
mucho más complejas tornándose construcciones sincréticas (Netto, 1992).
27
El concepto de sincretismo (Netto, 1992) busca describir la
construcción ideopolítica que orienta la intervención sobre las
“defracciones” de la cuestión social. Si bien el concepto es construido a
partir de fuentes diversas a las de Zîzêk, se torna complementario con el
planteo de éste. El sincretismo, metáfora derivada del campo religioso,
expresa un conjunto de ideas, saberes, fragmentos teóricos que, extraídos
selectivamente de distintos campos y lógicas de producción, tienen un
desdoblamiento práctico-instrumental.
El concepto de cuestión social tal y como aquí es comprendido
supone un objeto factible de ser reconstruido utilizando como analizador los
tipos ideales propuestos, a partir del estudio y análisis de documentos
institucionales y entrevistas semiestructuradas a operadores tecnopoliticos
del espacio institucional que se considera central para nuestro estudio: el
Ministerio de Desarrollo Social.
La cuestión social así concebida no se agota en la política de
asistencia que es, en síntesis, de lo que de hecho se ocupa el Ministerio de
Desarrollo Social, pero, en tanto este estudio apunta a relevar los cambios
en la cuestión social que se procesan a partir de la asunción del gobierno
nacional por parte de la “izquierda política” y en tanto como señalan
Midaglia y Antía (2007) y Moreira (2007) no se han procesado cambios de
fondo en la intervención estatal desde la asunción del nuevo gobierno, salvo
en lo que respecta a la política asistencial administrada desde el novel
Ministerio, los cambios procesados en la cuestión social deben ser relevados
allí.
La recolección de datos se realizó a través de entrevistas
semiestructuradas a operadores tecnopolíticos, incluida la Ministra de
Desarrollo Social y a técnicos del Ministerio, del análisis de documentación
28
institucional, folletería, página web, etc. utilizando el principio de
saturación.21
Con el objetivo de orientar las entrevistas y desarrollar el posterior
análisis se utilizaron seis dimensiones con las que se pretendió indagar
acerca de:
i) Qué intervención se considera legítima. Esta dimensión es central en
la reconstrucción de una perspectiva de cuestión social pues la
concepción sobre qué se entiende por intervención legítima
discrimina acerca del campo pertinente para intervenir por ser
considerado como una responsabilidad social, y asimismo,
determina cuáles son los aspectos en los que la intervención pierde
legitimidad al ser atribuidos a la responsabilidad individual.
ii) Cuál es el valor central que legitima la intervención. En la medida en
que la cuestión social es una construcción ideopolítica, el análisis
político supone establecer qué valor o valores se pretenden imponer.
(al respecto ver “La política como vocación” in Weber, 1982: 97 a
153)
iii) A través de qué
principio de justicia se orienta la intervención o, en otros términos,
cuál es la fuente de la justicia. En general, se pueden identificar
niveles de naturalización de los ideales que orientan la intervención
y esta dimensión busca identificar cuál es el grado de esa
naturalización.
iv) Qué concepción de ciudadanía expresa. El concepto de ciudadanía, y
los discursos producidos sobre el mismo se han vuelto centrales en
los discursos legitimadores en el campo de las políticas sociales.
v) Cómo se representa un ideal de hombre u hombre ideal. Los
programas sociales tienen en su composición estructural contenidos
pedagógicos, normativos, normalizadores y moralizadores. Se trata
21 Como es sabido se trata de relevar información hasta que los nuevos registros que se van incorporando dejan de aportar información relevante.
29
de identificar la orientación de esos contenidos en el sentido de qué
hombre aspiran construir.
vi) Cuál es el papel que se le asigna al trabajo. El trabajo es una
categoría central en el análisis de la sociedad, categoría llave,
categoría ontológica, etc. El trabajo es un eje privilegiado en la
construcción de los programas sociales, ya sea tratado como un
espacio institucional al que se busca integrar o como carencia que se
intenta suplir.
En los primeros dos capítulos se presenta la tipología construida
sobre las perspectivas acerca de la cuestión social en dos momentos: en el
primero, se presenta la configuración conceptual de cuestión social tal como
la entendemos para los fines de nuestro trabajo y a continuación, en el
segundo capítulo, se presenta la tipología construida para su comprensión.
Los contenidos desarrollados son resultado de un análisis
bibliográfico donde se trabaja con clásicos de la teoría social, fuentes de la
construcción de las perspectivas neoliberal, conservadora y social y
comentadores contemporáneos sobre estas perspectivas.
En el capítulo tres, se presenta la configuración específica que toma
la cuestión social en distintos momentos del capitalismo desde su origen con
el capitalismo de los monopolios o en la denominada “Era de los Imperios”
(Hobsbawm, 1988), la particular configuración que cobrara en los Estados
de Bienestar y posteriormente, a partir de la reestructuración productiva, la
forma que tomará en su versión neoliberal.
El capítulo cuatro busca hacer lo mismo que el capitulo anterior pero
para el caso uruguayo. Se trabaja con bibliografía historiográfica para
configurar la cuestión social en el Uruguay desde la consolidación del
Estado hasta la asunción del Frente Amplio en el gobierno. Este capítulo no
30
pretende ser exhaustivo sino apenas ilustrativo de aspectos relevantes de la
historia uruguaya.
Es en el capítulo cinco donde se presentan los resultados del trabajo
de investigación desarrollado en el Ministerio de Desarrollo Social a partir
de entrevistas a agentes tecnopolíticos y el relevamiento y análisis de
fuentes documentales, en el capitulo seis se organizan los contenidos a
través de las seis dimensiones mencionadas: (i) la intervención legítima para
el MIDES; ii) el valor central que legitima la intervención; (iii) el principio
de justicia; (iv) la concepción de ciudadanía; (v) el ideal de hombre; (vi) el
papel del trabajo.
El capítulo siete, nuestras conclusiones, luego de establecer los
criterios rectores de la política social del MIDES, que de acuerdo con
nuestro análisis se condensan en liberales y conservadores, se construye una
interpretación de los compromisos ideopolíticos de la izquierda con el
pensamiento anticapitalista romántico que permiten estos enlaces sin una
contradicción ideológica intolerable, constituyendo, lo que a nuestro modo
de ver, es un nuevo pacto de dominación, en otros términos la propuesta de
una nueva perspectiva hegemónica de cuestión social.
31
I. “Cuestión Social” CONCEPTO Y PERIODIZACIÓN
Hablar de cuestión social supone referirse al momento en que lo
social se torna una entidad pasible de ser pensada lo cual, en definitiva,
significa la posibilidad de desnaturalización de la sociedad o, en otras
palabras, que la sociedad pueda ser vista como algo distinto de la
naturaleza. Paso previo es la desacralización de la naturaleza en la que la
intervención científico técnica sobre ella supone, tendencialmente, que su
esencia sea capturada por el hombre (no viene al caso discutir si como
posibilidad o como ilusión) y por tanto desespiritualizada.
El proceso de desnaturalización y desacralización supone una
transformación en la sustancia de la intervención humana sobre la
naturaleza y también sobre lo social: los procesos de secularización
implican la utilización sistemática de la razón tanto en el proceso de
conocer como de intervenir sobre ambas esferas.
El arsenal heurístico aportado por Weber (1996) llama la atención
acerca de estos procesos entendidos como fundamentales para comprender
“el espíritu del capitalismo”. El desencantamiento del mundo es clave
(como causa y consecuencia) del proceso de racionalización creciente de
todas las esferas de la vida:
"El destino de nuestros tiempos está caracterizado por
la racionalización e intelectualización y sobre todo,
por el `desencantamiento del mundo´. Precisamente
los valores últimos y más sublimes se retiraron de la
vida pública, ya sea para el reino trascendental, o
para la fraternidad de las relaciones humanas directas
y personales.” (Weber, 1982: 182)
32
En la perspectiva de Marx y la tradición marxista, el proceso se
visualiza haciendo básicamente los mismos énfasis. En tal sentido, es
conocida la referencia de Lukács en su Historia y Conciencia de Clase al
ejemplo de Ernest Bloch sobre el surgimiento del paisaje en el momento en
que el hombre puede separarse de la naturaleza en oposición a “la
inconsciente vida en la naturaleza del campesino”22.
Lukács establece esta posibilidad en el proceso de emergencia del
orden burgués, donde el avance tecnológico permite ir superando los límites
colocados por la naturaleza. La especificidad de lo social aparece, entonces,
como el resultado de la colonización creciente de las categorías sociales
sobre las categorías naturales23.
La emergencia de lo social como entidad desnaturalizada es, antes
que nada, una posibilidad que surge de la relación práctico instrumental del
hombre con la naturaleza, siendo en esta relación que el hombre irá
acrecentando su poder frente a la misma de tal suerte que:
"A través del trabajo, tiene lugar una doble
transformación. Por un lado, el propio hombre que
trabaja es transformado por su trabajo; el actúa sobre
la naturaleza exterior y modifica, al mismo tiempo, su
propia naturaleza; ` desarrolla las potencias en ella
ocultas ´ y subordina las fuerzas de la naturaleza ` a
su propio poder ´." (Lukács, 1979: 16)
22 “Una bella comparación de Ernest Bloch puede con seguridad establecer este límite metodológico mejor que un análisis pormenorizado que no tiene lugar aquí. Cuando la naturaleza se volvió paisaje – en oposición, por ejemplo, a la inconsciente vida-en-la naturaleza del campesino – la inmediaticidad artística vivida del paisaje que, evidentemente, atravesó muchas mediaciones, pasó a tener como condición de acceso a esta inmediaticidad la existencia de una toma de distancia, espacial en este caso, entre el observador y el paisaje.”(Lukàcs, 1978: 177) 23 "Las formas de objetividad del ser social se desarrollan, en la medida que surge y se explicita la praxis social, a partir del ser natural, tornándose cada vez más claramente sociales. Ese desarrollo, sin embargo, es un proceso dialéctico, que comienza con un salto, generado por el contenido teleológico del trabajo, no pudiendo tener ninguna analogía en la naturaleza." (Lukàcs, 1978: 17)
33
Estas aserciones ya pueden encontrarse en Marx (1977: 109) siendo
conocida su afirmación de que el hombre como “zoon politikon”, “(...) no es
solo un ser social sino también un ser que solo puede aislarse en sociedad.”
Vale decir hacerse individuo (otra forma de referirse al desencantamiento
del mundo), separarse de lo social de modo tal que:
“Solo en el siglo XVIII, en la `sociedad burguesa´, las
diversas formas del conjunto social pasaran a
presentarse al individuo como simple medio de
realizar sus fines privados, como necesidad exterior”
(Marx, 1977:110)
Para la sociología positivista, cuyo exponente clásico es Durkheim, el
proceso de racionalización de lo social no resulta muy diferente del planteado
por Weber y por el marxismo pues no es otra cosa que el proceso que llevó de
las "sociedades primitivas", "sociedades de solidaridad mecánica" con formas
simples de religiosidad y culto, donde el hombre se confundía en la
comunidad y ésta con la naturaleza, hacia las sociedades complejas, más
"evolucionadas" donde comenzaba el proceso de diferenciación que permitió
llegar a la “sociedad orgánica” (1995) en la que la "función especulativa" se
separa de la religión para dar lugar a la “ciencia positiva".
Este largo proceso, en principio, está marcado por un hombre que
diferencia pero que no jerarquiza ya que él mismo se encuentra al mismo nivel
de las cosas; el hombre es parte de la naturaleza, pero ocupa un lugar
destacado dentro de ella y sólo logrará reconocer dicho lugar en tanto se
diferencie, como individuo, de la naturaleza y del resto de los hombres.
En otras palabras, el hombre sólo puede hacer "ciencia positiva" en
tanto individuo, es decir como integrante de una sociedad diferenciada en una
34
sociedad orgánica donde la "función especulativa" pueda realizarse libre de
presupuestos y juicios de valor24.
Los primeros productos del pensamiento liberal sobre lo “social”
estarán presos de una construcción a todas luces mítica (contrato social)
que no supone la emergencia del pensamiento sobre lo social sino de lo
social mismo. En el jusnaturalismo, la sociedad y el individuo son
construidos como entidades en conflicto (cf. Weffort, 1996).
Como veíamos, tanto en el marxismo como en la sociología
comprensiva y en la tradición positivista, el individuo sólo es posible a
partir de un complejo y largo proceso histórico que permite su emergencia.
Ese complejo proceso es histórico y, por lo tanto, afirmar su carácter social
es tautológico. En estas tradiciones no hay individuo sin sociedad; el
hombre sólo se hace individuo (o se aísla, que es lo mismo) en sociedad.
Podemos ubicar las primeras concepciones contractualistas con el
desarrollo del mercantilismo en los primeros estadios de constitución de la
sociedad burguesa. La noción de contrato es básica en una sociedad basada
en el comercio pues se trata de una forma institucional específica del
mercado que implica consenso, igualdad (formal) y libertad (formal)25.
Si bien existen distintas concepciones en lo que respecta a la
naturaleza del contrato social, dependiendo dicha concepción de lo que cada
autor ha intentado defender, la noción de contrato social es básicamente la
24 "La presión ejercida por el grupo social sobre cada uno de sus miembros no permite a los individuos juzgar con libertad nociones que la propia sociedad elaboró, y en la que colocó alguna cosa de su personalidad. Tales construcciones son sagradas para los particulares [y por tanto precisan ser desencantadas]. De ese modo, la historia de la clasificación científica es, en definitiva, la propia historia de las etapas en el curso de las cuales este elemento de afectividad social se debilitó progresivamente, dejando cada vez más el lugar libre para el pensamiento reflexivo de los individuos." (Durkheim, 1955: 64)25 "La difusión de la idea del derecho natural ocurrió durante el inicio del siglo XVII y el fin del XVIII. Se inició con la obra de Hugo Grócio (1588-1625), De iure belli ac pacis, publicada en 1625, doce años antes del Discours de la méthode de Descartes. (...) Los tres grandes autores de esta corriente [el Jusnaturalismo] son Hobbes, Locke y Rosseau. Pero también: Leibniz, Kant, Pufendorf, Thomasius e Wolff." (Bobbio et Bovero, 1994:13)
35
idea de que, en principio, los hombres vivían en estado de naturaleza siendo
dicho estado valorado de forma diversa por los distintos autores. Pero la
idea general es que los hombres vivían sin un gobierno que regulara sus
acciones (reguladas por el derecho natural). En determinado momento los
hombres se reúnen y acuerdan realizar un contrato mediante el cual
renuncian a toda o parte de su libertad para pasar a vivir en sociedad26.
El contractualismo encierra la esencia del pensamiento liberal
burgués27, en el que de alguna manera se establecen dos niveles de
regulación: el derecho natural y el derecho por convención.
El primero puede asimilarse perfectamente a las leyes del mercado
y, por tanto, el segundo debe esencialmente respetar dichas leyes y limitarse
a ordenar y regular mínimamente la convivencia de modo de evitar que la
vida transcurra en un estado de guerra. El derecho natural (mercado) tendría
su propia lógica a la que los hombres no deberían oponerse28.
26 "El método que une autores tan diversos es el método racional, o sea aquel método que debe permitir la reducción del derecho y de la moral (así como la política), por primera vez en la historia de la reflexión sobre la conducta humana, a una ciencia demostrativa (...) Lo que era preciso, justamente, era aprender a consultarla. La nueva ciencia de la moral, que nacía con el propósito de aplicar al estudio de la moral las más refinadas técnicas de la razón, cuyos resultados fueron tan sorprendentes en el estudio de la naturaleza debían servir para esta finalidad .“ (Bobbio et Bovero, 1994: 17 y 18)27 Si bien, en general, el pensamiento contractualista es fundate del pensamiento liberal, Rousseau, en particular, tiene una concepción diversa que a diferencia de aquel es fundamental para el posterior desarrollo del pensamiento socialista. “No se comprende Rousseau si no se entiende que, al contrario de todos los demás jusnaturalistas, para los cuales el Estado tiene como finalidad proteger al individuo, para Rousseau el cuerpo político que nace del contrato social tiene como finalidad transformarlo. El ciudadano de Locke es pura y simplemente el hombre natural protegido; el ciudadano de Rousseau es un nuevo hombre. `El pasaje del estado de naturaleza – afirma él – produce en el hombre un cambio muy importante, sustituyendo en su conducta el instinto por la justicia y prestando a sus acciones la moralidad de que anteriormente estaban privadas´.” (Bobbio et Bovero, 1994: 71-72)28 "La particular importancia de ese contraste se revela en el hecho de ser a él que se refiere principalmente la interpretación corriente que hace del modelo del derecho natural el reflejo teórico y, al mismo tiempo, el proyecto político de la sociedad burguesa en formación. De esa interpretación los trazos más destacados son los siguientes: a) el estado de naturaleza es el lugar de las relaciones más elementales entre los hombres, idest de las relaciones económicas: en cuanto tal, representa el descubrimiento de la esfera económica como distinta de la esfera política, de la esfera privada como distinta de la esfera pública (....) b) esa esfera de las relaciones económicas es regida por leyes propias de existencia y desarrollo, que son las leyes naturales: en tanto tal, ella representa el momento de emancipación de la clase que se prepara para tornarse económicamente dominante con relación a la situación existente (....)". ( Bobbio et Bovero, 1994: 45)
36
El carácter mítico e ideológico del pensamiento contractualista
configura un elemento determinante de la cuestión social: la vinculación
señalada de este pensamiento con una clase emergente, con un proyecto
político con voluntad hegemónica que es constitutivo de lo que más tarde se
configurará como cuestión social.
En tal sentido, se destacan dos dinamismos que configuran la
cuestión social:
ii) Una interpretación sobre “lo social”, delimitando los problemas que
están trabando su adecuada reproducción, y en tal sentido, el
concepto de ideología planteado por Marx (1986) se encuentra en la
base de la constitución de la cuestión social: una clase que presenta
su interés particular como interpretación verdadera del mundo y
como interés universal tiene como producto la cuestión social, y
iii) Un proyecto de intervención sobre los problemas delimitados de esta
forma.
En tal sentido, el liberalismo como ideología de la burguesía
establece que los problemas sociales están determinados por todo el sistema
de tutelas y sujeciones que dominaban al hombre en el orden feudal y el
proyecto político es liberar al hombre de todas estas sujeciones.
La revolución burguesa dinamizará el pensamiento sobre lo social
haciendo emerger contradicciones que se configurarán como formas
contradictorias de cuestión social: i) el pensamiento restaurador como
resistencia a la locomotora de transformaciones que transfiguraban todo el
37
mundo conocido29, y ii) el incipiente pensamiento socialista que se
desarrollaría como la “ideología” del proletariado30.
Ahora bien, si esto es constitutivo de la cuestión social no es aún
cuestión social. La burguesía como clase revolucionaria no constituye una
cuestión social.
El pensamiento liberal es, en su origen, el pensamiento de una clase
revolucionaria y, en tal sentido, la crítica a la formación social dominante es
radical; no es apenas una cuestión social sino que es una crítica a todo el
mundo existente y una práctica política que revoluciona todo ese mundo
existente. Por lo tanto, no se trata apenas de una propuesta de reforma de
“lo social”.
La cuestión social, entonces, no es liberal dado que en el
pensamiento liberal no se concibe una cuestión social. Si existe una cuestión
social emparentada con este pensamiento emergerá como reacción a los
procesos de intervención del Estado sobre “lo social” en el capitalismo
monopolista, y más concretamente en el marco del surgimiento y
consolidación de los Estados de Bienestar (Hayek, 2006: 76), y no es liberal
sino que es, en todo caso, neoliberal.
29 “La carga principal de su crítica era que el liberalismo destruía el orden social o la comunidad que el hombre tenía, en otros tiempos, considerado como esencial a la vida, sustituyéndola por la intolerable anarquía de la competencia de todos contra todos (`cada uno por sí y Dios por todos´) y por la deshumanización del mercado.” (Hobsbawm, 1994: 267)30 “El movimiento obrero proporcionó una respuesta al grito del hombre pobre. Ella no debe ser confundida con la mera reacción colectiva contra el sufrimiento intolerable, que ocurrió en otros momentos de la historia, ni siquiera con la práctica de la huelga y otras formas de militancia que se tornaron característica de la clase trabajadora. Estos acontecimientos también tienen su propia historia que comienza mucho antes de la revolución industrial. Lo verdaderamente nuevo en el movimiento obrero del principio del siglo XIX era la conciencia de clase y la ambición de clase. Los `pobres´ ya no se confrontaban con los `ricos´. Una clase específica, la clase obrera, trabajadores o proletariado, enfrentaba a los patrones o capitalistas. La Revolución Francesa dio confianza a esta nueva clase; la revolución industrial provocó en ella una necesidad de movilización permanente.” (Hobsbawm, 1994: 230)
38
En tal sentido, el pensamiento reaccionario de la restauración no
constituirá una cuestión social hasta que no asuma su derrota histórica y se
constituya en pensamiento conservador procurando salvar algo del
“desastre”. Tal vez, sin saberlo, el primer pensador que configura una
cuestión social fue Montesquieu cuando a través del parlamento bicameral
busca salvar algo de poder para su clase.
Del mismo modo, el pensamiento y la práctica política socialista, en
tanto crítica radical del orden burgués, no constituirán una cuestión social.
El pensamiento de Marx no supone una cuestión social. Su propuesta
consiste en una transformación radical de todo el mundo existente. Sólo se
constituirá una cuestión social “socialista” cuando el sindicalismo de
negociación conciba la posibilidad de obtener conquistas en el horizonte del
orden burgués31.
La emergencia de la cuestión social acompaña el pasaje del
capitalismo competitivo al capitalismo monopolista e implica
transformaciones práctico políticas y teóricas. La consolidación de la
burguesía en el poder significará la asunción de nuevas tareas teórico
prácticas, y la economía política clásica, instrumento revolucionario de la
burguesía, tras la consolidación de ésta en el poder deja de cumplir una
función necesaria32.
31 “Bernstein – contra quien Kautsky polemizaba – permanecía preso de una contradicción básica: alcanzaba a ver muchos de los nuevos fenómenos resultantes de la democratización de la sociedad y de la nueva fase del capitalismo, pero presentaba propuestas que no iban más allá de un reformismo `progresista´ (...).” (Coutinho, 1994: 83)32 “La teoría social contenida en la economía política clásica experimentó su crisis entre 1830 y 1848 – en este período histórico, uno de sus soportes elementales es disuelto socialmente: el carácter progresista de la burguesía, de su papel histórico-social. En efecto, la economía política clásica es una apasionada defensa del orden capitalista en comparación con las formas sociales anteriores; pero se trata de una defensa que no tiene nada de apología (...) Cuando la realidad económico-social subvierte la función histórico-universal de la burguesía, que deja de representar los `intereses generales de la humanidad´, se erosionan las bases sobre las que se erigía la teoría social de los economistas clásicos. Es lo que ocurre entre 1830 y 1848 – en esta etapa, la economía política clásica entra en crisis (...)” (Netto, 1992: 135)
39
Este proceso se resuelve con una distorsión ideológica que sustituirá
la economía política clásica, como teoría radical, con una pretensión de
reproducción ideal de la totalidad de la sociedad burguesa33 por “disciplinas
profesionales de estrecha especialización y temática limitada” (Netto, 1992:
136). Entre estas disciplinas resalta la economía vulgar que hará desaparecer
del campo de la economía el problema de la plusvalía, y la sociología que
construirá una esfera social deseconomizada34.
La separación ideológica de lo social, como esfera independiente de
la economía, habilita la posibilidad de interpretaciones e intervenciones
sobre esta esfera sin una transformación radical del orden. Es recién en este
marco que va a surgir la cuestión social.
I. 1. Cuestión Social: problematización y proyecto
Tal vez las primeras nociones de cuestión social, o un sucedáneo de
ella, puedan ser encontradas en el pensamiento clásico griego. Hacia el siglo
VI a.c. se genera un importante desarrollo mercantil, y como consecuencia
un grupo comienza a acumular tierras. Este fenómeno trae como efecto el
problema de la escasez de tierras produciendo un proceso de colonización
en busca de nuevos territorios, pero también un empobrecimiento de
muchos ciudadanos llegándose incluso a la esclavización de algunos por
deudas. Esta situación comienza a atentar contra la estabilidad de la polis,
33 La sociología como disciplina independiente, nace en Inglaterra y en Francia después de la disolución de la economía política clásica y del socialismo utópico. (...) El nacimiento de la sociología como disciplina independiente hace que el tratamiento del problema de la sociedad deje de lado su base económica; la supuesta independencia entre las `cuestiones socieales´y las cuestiones económicas constituye el punto de partida metodológico de la sociología.” (Lukács, 1992: 132)34 “La deseconomización de la sociología implica, al mismo tiempo, su deshistorización: así, los criterios determinantes de la sociedad capitalista - expuestos bajo una deformación apologética – pueden ser presentados como categorías `eternas´ de toda sociedad en general. Y no creemos que vale la pena perder tiempo para demostrar que semejante metodología no persigue otro fin que el de hacer ver, directamente, la imposibilidad del socialismo y de toda revolución.” (Lukács, 1968: 24-25)
40
lo que hace pensar en la necesidad de encontrar soluciones que permitan
conciliar los grupos en pugna.
Alrededor de los años 600 a.c., Dracon y Solón sucesivamente, son
los encargados de sugerir los principios ordenadores de las relaciones entre
los ciudadanos en Atenas. Surge así el concepto de ley siendo la invención
política más notoria de Grecia (Châtelet et all, 1990).
Se arriba así a la conclusión de que el desarrollo del comercio por el
lucro ocasionaba, por un lado, el despliegue del interés personal por encima
del colectivo, y por otro, el enriquecimiento de unos con el consecuente e
inevitable empobrecimiento de otros llegando al punto de la esclavización
de ciudadanos, la pérdida de la autarquía, el conflicto y la tiranía. De este
modo, para Aristóteles (apud Bobbio, 1992: 62),
"Está claro que la forma intermedia es la mejor, ya
que está más distante del peligro de las revoluciones,
donde la clase media es numerosa, raramente ocurren
conspiraciones entre los ciudadanos."
Buscamos consignar el carácter valorativo-normativo de la cuestión
social, vale decir, la construcción del problema surge de una valoración de lo
que es positivo, y el enriquecimiento excesivo y su correlato, el
empobrecimiento, es concebido negativo por la estructura valorativa clásica.
Enriquecimiento y empobrecimiento fueron leídos como fenómenos que
rompían el equilibrio, ese justo medio tan preciado para la concepción griega
clásica35. Otro elemento que se destaca es el conflicto como constitutivo de la
cuestión social.
35 “Si es exacta la definición de la ética según la cual la vida feliz es la que se desarrolla de acuerdo con la virtud, y sin impedimentos, y si la virtud está en el medio término, la vida mediana es necesariamente la mejor, siempre que se trate de esa medianía que es accesible a todos.” (Aristóteles apud Bobbio, 1992: 62)
41
En tal sentido, la pobreza objetiva que condena al campesino feudal a
vivir al borde de la inanición trabajando de sol a sol, no puede ser pensada
como cuestión social, en tanto esta situación no puede ser problematizada, por
la naturalización de esta condición. A lo sumo, puede configurarse como
cuestión social la situación de aquellos que quedan por fuera de los sistemas
tutelares del orden. Es así que los vagabundos (Castel, 1997) se configuran
como una expresión de la cuestión social en una doble acepción: en tanto i)
población que padece su falta de protección,
“El que se encomienda al poder de otro. Al señor
magnífico `fulano de tal´ yo `fulano de tal´. En vista
de que es perfectamente sabido de todos que no tengo
qué comer ni vestirme, he solicitado a vuestra piedad
– y vuestra bondad me lo ha acordado – poder
entregarme o encomendarme a vuestro `maimbour´”
(Boutruche Apud Castel, 1997: 38)
y (ii) en tanto población que es vivida por el resto como peligrosa,
“Para el campo, los vagabundos son el azote más
terrible. Son insectos voraces que lo infestan y lo
devastan y que devoran día por día la comida de los
cultivadores. Para hablar sin eufemismos, son tropas
enemigas dispersas sobre la superficie del territorio,
que viven allí a discreción como en un país
conquistado y recogen verdaderos título de
limosnas” (J.F. Le Trosne Apud Castel, 1997: 92)
Y está claro, que el vagabundeo solo emergerá como un problema
social cuando la sociedad feudal empieza a descomponerse: es el tiempo de
la acumulación originaria36 (Marx, 1976: 197).
36 “Los expulsados por la disolución de las mesnadas feudales y la expropiación violenta e intermitente de las tierras, ese proletariado libre como los pájaros, no podían ser absorbidos
42
Los orígenes de la cuestión social en su versión moderna comienzan a
configurarse en las bases del Iluminismo como la ideología que se oponía
integralmente al “oscurantismo” medieval; surge como una oposición radical a
la sumisión del hombre a lo irracional.
Los prejuicios, la ignorancia, los mitos, en fin, todas las formas de
superstición debían ser ocupadas por la razón, liberando, de tal forma, a los
hombres del oscurantismo impuesto por la dominación religiosa37. La razón
era el único límite que los hombres debían reconocer frente a su libertad; el
paraíso dejaba de ser una utopía para volverse una promesa al alcance de la
mano, ya no después de la muerte sino en un mundo que se atreviera a regirse
por la razón38.
Dicha razón se presentaba como verdaderamente liberadora en tanto
era universal, vale decir, aplicable en cualquier rincón de la tierra y accesible a
cualquier individuo39. La razón se configuraba claramente como un
instrumento de liberación imprimiendo en los hombres todo el caudal de
profunda rebeldía de que es portadora, negándose a aceptar la realidad tal cual
es y abdicando radicalmente de la resignación40.
por la manufactura incipiente con la misma rapidez con que los lanzaban al mundo. Por otro lado, estos seres que de repente se veían lanzados fuera de su órbita habitual de vida, no podían adaptarse con la misma celeridad a la disciplina de su nuevo estado. Se transformaron masivamente en mendigos, ladrones, vagabundos, en parte por inclinación, y en la mayoría de los casos por la fuerza de las circunstancias.” (Marx, 1976: 223)37 "El individuo pasa a ser titular de derechos y no sólo de obligaciones, como en las antiguas éticas religiosas y comunitarias. Entre esos derechos se destacaba el derecho a la felicidad" (Rouanet, 1993: 16). 38 "Por tanto, no hay duda alguna de que la superioridad del hombre reside en el saber. En él están guardadas muchas cosas, que los reyes con todos sus tesoros no pueden comprar, sobre las cuales no se impone su mandato, de las cuales sus informantes y alcahuetes no dan noticia alguna (…)" (Horkheimer-Adorno, 1975: 97)39 "(....) una razón uniforme, más allá de todas las variaciones espacio temporales, lo que implica la validez general tanto de los descubrimientos de la razón teórica (sólo existe una geometría y la ley de la gravedad vale para todos) como de las instituciones de la razón práctica (la moral británica no difiere de la moral de los tupinambás)” (Rouanet, 1993:15). 40 "El cientificismo positivista es aquí un instrumento de lucha contra el oscurantismo clerical, las doctrinas teológicas, los argumentos de autoridad, los axiomas a priori de la iglesia, los dogmas inmutables de la doctrina social y política feudal." (Löwy, 1994: 20).
43
En sus orígenes el Iluminismo se presenta como un proceso de
desnaturalización de lo social y, en tal sentido, puede pensarse como un
sistema ideológico en tanto encierra una mirada valorativa de lo social y un
proyecto. En principio, el Iluminismo es portador de una mirada ingenua de la
razón y sus posibilidades. La razón y el progreso aparecen en una perspectiva
lineal: sólo era preciso "atreverse a valerse de la razón" para que la libertad
surgiera mágicamente; alcanzaba con destruir la superstición y la ignorancia
munidos de la certera daga de la razón para que se constituyera el paraíso en la
tierra.
El Iluminismo como construcción ideal verá su materialización con
la emergencia del orden burgués41 que tendrá como resultado la síntesis de
un triple conflicto que se resuelve de diversas formas en sus distintas
expresiones concretas, históricas y nacionales. 42
Ese triple conflicto nos habilita a pensar en la validez de construir
tres perspectivas ideológicas, tres lentes, que muestran tres apariencias
distintas de la cuestión social.
41 “La filosofía de las luces, ampliamente cosmopolita y europea, sólo había conquistado un público restringido, aristocrático y burgués, y casi únicamente urbano. Ahora penetra hasta las masas populares de las ciudades y del campo gracias a un mediador imprevisto: el sentimiento nacional. (…) Mediante esta síntesis extraordinariamente precoz – y con tantas promesas de porvenir – entre mesianismo ideológico y pasión nacional, los franceses han sido los primeros que han integrado a las masas en el Estado, que han formado una nación moderna.” (Bergeon et all, 1976: 45)42 “Es significativo que los dos principales centros de esa ideología fuesen también los de la doble revolución, Francia e Inglaterra; aunque de hecho las ideas iluministas ganasen una voz corriente internacional más amplia en sus formulaciones francesas (incluso cuando fuesen simplemente versiones galicistas de formulaciones británicas). Un individualismo secular, racionalista y progresista dominaba el pensamiento `esclarecido´. Liberar al individuo de las cadenas que lo atenazaban era su principal objetivo: del tradicionalismo ignorante de la edad media, que todavía lanzaba su sombra por el mundo, de la superstición de las iglesias (distintas de la religión `racional´o `natural´), del irracionalismo que dividía a los hombres en jerarquía de patentes más bajas y más altas de acuerdo al nacimiento o algún otro criterio irrelevante. La libertad, la igualdad y, en seguida, la fraternidad de todos los hombres eran sus slogans.” (Hobsbawm, 1994: 37)
44
La Revolución Francesa43 es una expresión siempre ilustrativa del
mencionado conflicto. No es otra cosa que el conflicto entre la burguesía, la
aristocracia y el pueblo. Montesquieu buscará su solución con el parlamento
bicameral que apostaba a un pacto entre la burguesía y la aristocracia
procurando garantizar el mantenimiento de, al menos, parte de su
dominación (cf. Weffort: 1996).
La consigna irrealizable en el horizonte burgués44 -liberté, fraternité,
egalité- expresa claramente este conflicto que tiene también una expresión
óptica en la bandera tricolor: el azul es la libertad, el blanco la legalidad o
fraternidad y el rojo la igualdad45. El liberalismo azul, la restauración
blanca, y el comunismo rojo.
El carácter de clase de este conflicto se presenta cristalino. La
burguesía como clase emergente aportará el azul a la bandera francesa
siendo el liberalismo la ideología de esta clase naciente con su proyecto de
destrucción de la sociedad feudal y todo su sistema de tutelas. La
43 “Si la economía del mundo del siglo XIX fue formada principalmente bajo la influencia de la revolución industrial británica, su política e ideología fueron formadas fundamentalmente por la Revolución Francesa. Gran Bretaña ofreció el modelo para las vías férreas y fábricas, la explosión económica que rompió con las estructuras socio-económicas tradicionales del mundo no europeo; pero fue Francia que hizo sus revoluciones y a ellas le dio sus ideas, las bandas tricolores de un tipo o de otro se tornaron el emblema de prácticamente todas las naciones emergentes, y la política europea (o incluso mundial) entre 1789 y 1917 fue en gran parte la lucha a favor o en contra los principios de 1789, o los más incendiarios de 1793. Francia ofreció el vocabulario y los temas de la política liberal y radical-democrática para la mayor parte del mundo.” (Hobsbawm, 1994: 71)44 “Hay buenos motivos para concebir el curso de la historia como pendular, incluso aunque en otros aspectos pueda describirse como linear: sucede que la libertad y la seguridad, ambas igualmente acuciantes e indispensables, son difícilmente conciliables sin fricciones: y la mayoría de las veces, fricciones considerables.” (Bauman, 2005: 26)45 “Más específicamente, las exigencias del burgués fueron delineadas en la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789. Este documento es un manifiesto contra la sociedad jerárquica de privilegios nobles, pero no un manifiesto a favor de una sociedad democrática e igualitaria. `Los hombres nacen y viven libres e iguales frente a las leyes´, decía su primer artículo; pero ella también prevé la existencia de distinciones sociales, aunque `solamente en el terreno de la utilidad común´. La propiedad privada era un derecho natural, sagrado, inalienable e inviolable. Los Hombres eran iguales delante de la ley y las profesiones estaban igualmente abiertas al talento; pero si la corrida comenzaba sin handicaps, era igualmente entendido como hecho consumado que los corredores no terminarían juntos.” (Hobsbawm, 1994: 77)
45
aristocracia aportará el blanco de la autoridad monárquica y el rojo del
gorro frigio es aportado por el aún incipiente proletariado.
Este triple conflicto no se resuelve en el orden burgués sino que
apenas se administra. Los valores que surgen con la Revolución Francesa se
expresan en el orden burgués de manera contradictoria, y parecería que no
es posible conciliar libertad con igualdad y que la integración social se
contrapone a la igualdad y a la libertad. Marx detecta este conflicto que
desvela a la burguesía estableciendo que es, en última instancia, la razón del
carácter histórico del orden burgués46.
La libertad burguesa es, en esencia, negativa: es “libertad de”. En
todo caso, las posibilidades que brinda la libertad como opción positiva
residen en las oportunidades que ofrece a los individuos que gozarán de ella
en su vida privada sin el deber de rendir cuentas acerca de cómo la usan,
usando y abusando de su propiedad privada47.
La legalidad (la integración social) tomada en préstamo de la
restauración es una legalidad segmentada propia de un orden tutelar que en
ningún caso tolera la igualdad ya que su sustento, la complementariedad,
surge de la diferenciación o, dicho en otros términos, de la división del
trabajo social48.
46 “La burguesía tenía la conciencia exacta de que todas las armas forjadas por ella contra el feudalismo se volvían contra ella misma, de que todos los medios de cultura alumbrados por ella se revelaban contra su propia civilización, de que todos los dioses que había creado la abandonaban. Comprendía que todas las llamadas libertades civiles y los organismos de progreso atacaban y amenazaban, al mismo tiempo, en la base social y en la cúspide política, a su dominación de clase y por tanto se habían convertido en - ` socialistas ´.” (Marx, 1986: 445-446)47 “Y quien controla toda la vida económica, controla los medios para todos nuestros fines y, por consiguiente, decide cuáles de éstos han de ser satisfechos y cuáles no. Ésta es realmente la cuestión crucial. El control económico no es sólo intervención de un sector de la vida humana que puede separarse del resto; es el control de los medios que sirven a todos nuestros fines, y quien tenga la intervención total de los medios determinará también a qué fines se destinarán, qué valores serán calificados como más altos y cuáles como más bajos: en resumen, qué deberán amar y procurarse los hombres. La planificación central significa que el problema económico ha de ser resuelto por la comunidad y no por el individuo (...).” (Hayek, 2006: 126)48 “Una persona cuyo gusto por la actividad no supere jamás el nivel medio no se podría mantener en las situaciones que exigen un esfuerzo excepcional. Del mismo modo, una
46
La necesidad de la burguesía de someter al proletariado permite
comprender su clásica alianza con la aristocracia. La revolución tipo
junquer (Gramsci, 1985) es expresión de esta alianza que resulta en un
estado autoritario y, paradójicamente, articula el liberalismo con una fuerte
regulación estatal. El Estado Bismarkiano, con sus seguros sociales,
configura la regulación social del Estado capturado por el capital
monopólico. (cf. Hobsbawm, 1995: 159 y sig.)
La emergencia del orden burgués supone un proceso de destrucción de
todos los sistemas de control social y estratificaciones reguladas propias de la
sociedad tutelada característica del orden feudal. La sociedad agraria surtirá de
energía humana a la nueva sociedad de clases urbana.
“La expropiación y expulsión de la población rural,
intermitentes, pero siempre renovadas, volvía una y
otra vez, como ya se ha visto, a suministrar a la
industria urbana masas de proletarios situados
totalmente fuera de las relaciones gremiales.” (Marx,
1976: 236)
El Manifiesto del Partido Comunista (Marx y Engels, 1953) describe el
potencial revolucionario de la burguesía y, su contrafase, su enorme e inédita
capacidad de destrucción49. El resultado es, como señala Castel (1997), el
sociedad en la cual el individualismo intelectual no se pueda exagerar sería incapaz de deshacerse del juego de las tradiciones y renovar sus creencias, incluso cuando es necesario. Inversamente, donde ese mismo estado de espíritu no pueda, en el momento oportuno, disminuir lo necesario para permitir a la corriente contraria desarrollarse, ¿qué pasaría en tiempo de guerra, cuando la obediencia ciega es el principal deber? (....) Es pues indispensable que tengan un lugar en la existencia común, que haya esferas donde se mantenga un aprecio intransigente por la crítica y por el libre exámen, y otras, como el ejército, donde se conserve casi intacta la vieja religión de la autoridad.” (Durkheim, 1995A: 292)49 “Ha sido ella [la burguesía] la primera en demostrar lo que puede realizar la actividad humana; ha creado maravillas muy distintas a las pirámides de Egipto, a los acueductos romanos y a las catedrales góticas, y ha realizado campañas muy distintas a las migraciones de los pueblos y a las Cruzadas (...) Los bajos precios de sus mercancías constituyen la artillería pesada que derrumba todas las murallas de China y hace capitular a los bárbaros más fanáticamente hostiles a los extranjeros.” (Marx, 1953: 40-41)
47
pauperismo de la clase trabajadora y su expresión material, como es natural, se
desdobla en moral y espiritual para escándalo de la restauración. La cuestión
social es el resultado de este escándalo. Es justo entonces señalar que la
expresión es propia de una perspectiva conservadora que añoraba el pasado
precapitalista, y por tanto es blanca.
Pero también es justo recordar que los “reformadores” solo verán al
proletariado luego que, en 1848, hicieran ondear las banderas rojas por las
calles de París (cf. Castel, 1997: 277; Hobsbawm, 1996: 315-316).
En tal sentido, es acertada la perspectiva de Netto desde la que
define cuestión social como:
“(…) lo que está señalado en nuestra bibliografía bajo
el rótulo de `cuestión social´ – vale decir, sin
eufemismo, el conjunto de problemas económicos,
sociales, políticos, culturales e ideológicos que
delimitan la emergencia de la clase obrera como
sujeto socio-político en el marco de la sociedad
burguesa.” (Netto, 1988: 18)
Por tanto pensar en la cuestión social supone pensar en la
contradicción capital-trabajo y en una regulación social donde la tendencia
es que el trabajo sea cada vez más social y la apropiación de su producto
cada vez más privada50.
Ahora bien, si en el corazón de la cuestión social está la
contradicción capital-trabajo, cuando ésta emerge ya lo hace ocultando esta
esencia. La cuestión social supone la posibilidad de la intervención sobre
“el conjunto de problemas económicos, sociales, políticos, culturales e
50 “Nuestro problema se concentra en una única y decisiva contradicción: el antagonismo entre la producción social y la apropiación individual de la riqueza. El problema, por tanto, tiene nombre y dirección: la propiedad privada y el sistema del capital.” (Lessa, 2004: 110)
48
ideológicos” ocultando que los mismos son intrínsecos al orden burgués y
su superación supone la superación del orden burgués.51
Las condiciones de vida y de reproducción de la clase trabajadora,
denunciadas por el proletariado, sólo alcanzarán estatuto de cuestión social
en tanto consigan impactar en el Estado. De todos modos, una vez logrado
esto, su atención supone una transmutación en problemas sociales a ser
atendidos por la política social con su intrínseco contenido conservador:
“Cf., por ejemplo, la discusión sobre la posición de
Proudhon en relación a los lados `buenos´ y `malos´
de las categorías económicas (Marx, 1985: 107 ss.) y
el siguiente pasaje: `Una parte de la burguesía desea
remediar los males sociales para asegurar la
estabilidad de la sociedad burguesa. En ella se
encuentran economistas, filántropos, humanistas,
mejoradores de la situación de las clases
trabajadoras, organizadores de la caridad,
protectores de los animales, fundadores de ligas
antialcohólicas, reformadores ocasionales de los más
variados´ (Marx, 1975: 96).” (Netto, 1988: 20)
El pasaje citado por Netto muestra el carácter funcional de las
políticas sociales al orden burgués, que ya era presagiado por Marx. Pero
sólo en el capitalismo monopolista todas esas acciones filantrópicas aisladas
darán paso a la acción sistemática desde el Estado configurando las políticas
sociales.
51 “`Cuestión Social´ es un complejo de procesos que no se puede divorciar en lo absoluto del capitalismo; más exactamente, para Marx, el capitalismo es la producción y reproducción continua y ampliada de la `Cuestión Social´. Desde la óptica marxiana, la superación de la `Cuestión Social´ demanda, en última instancia, trascender los marcos del capitalismo.” (Netto, 1988, énfasis del autor)
49
La cuestión social se configura en el capitalismo monopolista como
la esfera contradictoriamente politizada en la que el juego político de
concesión y conquista (Pastorini, 2004) se procesa allí en la lucha por
desmercantilizar esferas de la vida social (Esping-Andersen, 1990), y la
retraducción conservadora de estas conquistas en política social, con los
elementos clásicamente denunciados como control social o
gubernamentalidad52.
Así se procesa el carácter contradictorio de las políticas sociales en
tanto conquistas del proletariado en sus luchas históricas, y la reproducción
de la ideología de los gobernantes transmitida en la propia configuración de
las políticas sociales (Iamamoto in Iamamoto y Carvalho, 1991).
El conflicto de clases en el capitalismo monopolista va configurando
un caleidoscopio de colores (Netto, 1992) que es la particular forma en que
el complejo de problemas que emanan de la administración burguesa son
visualizados a partir de las distintas combinaciones de las tres lentes
configuradas a partir de la Revolución Francesa.
Un caleidoscopio que combina tres colores básicos que, en este caso,
a diferencia de la óptica son el azul, el blanco y el rojo. Los colores de este
arco iris son resultado directo de una construcción institucional – así como
la lucha política en su interior - propia de cada momento del orden burgués
en que, a partir de un determinado patrón de acumulación, se articulan
formas de regulación social que definen las formas de construir y, por tanto,
de administrar la cuestión social53 (Harvey, 1992).
52 “Con esta palabra `gubernamentalidad´ (...) entiendo el conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos, análisis y reflexiones, los cálculos y las tácticas que permiten ejercer esa forma bien específica, aunque muy compleja, de poder que tiene por blanco principal la población, (...) que, en todo Occidente no dejo de conducir y desde hace mucho, hacia la preeminencia del tipo de poder que podemos llamar `gobierno´ (...) y que indujo, por un lado, el desarrollo de toda una serie de aparatos específicos de gobierno, y por otro el desarrollo de toda una serie de saberes.” (Foucault, 2006: 136)53 No se sostiene aquí que a cada patrón de acumulación le corresponde necesariamente un determinado régimen de regulación, lo que nos haría caer en un estructuralismo ingenuo que intentamos superar.
50
Es en el campo de la sociedad civil, en el sentido gramsciano del
término, que se procesa la lucha por la hegemonía: “Estado = sociedad
política + sociedad civil, o sea hegemonía acorazada con
coacción” (Gramsci, 1985: 291)
El pasaje de la guerra de movimiento (y del ataque frontal) a la
guerra de posición en el campo político (Gramsci, 1985), resultado de la
evolución de sociedades de tipo oriental a sociedades de tipo occidental,
supone la complejidad de la lucha por la hegemonía que se esparce en todos
los aparatos privados de hegemonía54.
“El consentimiento de los explotados en una
formación social capitalista es, en este caso, de un
tipo cualitativamente nuevo que ha dado lugar
sugestivamente a su propia extensión etimológica:
consenso o acuerdo mutuo.” (Anderson, 1978: 52)
La lucha de clases se desplaza de una confrontación directa,
sostenida por la fuerza a la búsqueda del consentimiento activo a través de
“la dirección moral e intelectual”. (Anderson, 1978: 40) Es así que la forma
en que la cuestión social se presenta ante nuestros ojos es resultado directo
de la coyuntura resultante de la lucha de clases y su contenido político será
tanto más claro en función de la capacidad que tenga el proletariado de
hacer valer sus reivindicaciones.
No es otra cosa que lo señalado por Coutinho (1994: 77) cuando
hace ver que en su lucha histórica el proletariado busca politizar aquello que 54 “En Marx y Engels (...) `sociedad civil´(o bürgelische Gesellschaft) designa siempre el conjunto de las relaciones económicas capitalistas, lo que ellos también llaman `base material´ o `infraestructura´. En Gramsci el término `sociedad civil´ designa, al contrario, un momento o una esfera de la `superestructura´. Designa, más precisamente, el conjunto de instituciones responsables por la representación de los intereses de diferentes grupos sociales, así como la elaboración y/o difusión de valores simbólicos y de ideologías (...) En el ámbito de la `sociedad civil´, las clases buscan ejercer su hegemonía, o sea, buscan ganar aliados para sus proyectos a través de la dirección y del consenso.” (Coutinho, 1994: 54)
51
la burguesía pretende una esfera natural: el “mercado” con su lógica
contractual entre privados que, para el pensamiento liberal, no tolera
regulaciones estatales55.
Retomando lo afirmado en páginas anteriores, la cuestión social no
refiere a una situación objetiva, no se sitúa en el plano estructural, sino que
se trata de una construcción de sentido, y en tanto tal, se encuentra en el
plano de la superestructura. La cuestión social remite a una sociedad
preguntándose y construyendo respuestas sobre sí misma y también se trata
de una sociedad interviniendo sobre sí misma. Vale recordar que, de este
modo, el conjunto de preguntas y respuestas contenidas en lo que
entendemos por cuestión social, refieren a la estructura y a situaciones más
o menos objetivas pero que la cuestión social no es la realidad objetiva sino
la problematización que de ellas se realiza socialmente.
Si bien es posible identificar elementos constitutivos de una cuestión
social en cualquier momento en que se desarrolla una reflexión sistemática
sobre “lo social” -formación genéricamente conflictiva y contradictoria- la
verdadera esencia de la cuestión social sólo se desarrollará en todas sus
dimensiones con la emergencia del capitalismo de los monopolios (cf.
Netto, 1992).
El capital monopólico captura al Estado y lo transforma
orgánicamente para su nueva funcionalidad definida por su intervención
activa sobre los mercados de forma tal de garantizar el lucro del capital (Cf.
Netto, 1992). La dinámica de los conflictos sociales se reconfigura
generándose un proceso a través del cual las demandas de las clases
subalternas comienzan a operar con una nueva receptividad56.55 “Con esto, el espacio de la política se amplia más allá del ambito del Estado en sentido estricto, surgiendo como componente decisivo de esa nueva esfera pública `ampliada´ aquello que Gramsci llamara `sociedad civil´. Y esa teoría `ampliada´ del Estado fue elaborada por Gramsci precisamente para dar cuenta de los nuevos fenómenos que la profundización de la democracia introducirá en la vida social.” (Coutinho, 1994: 77)56 “Lo que se quiere destacar, en esta línea argumentativa, es que el capitalismo monopolista, por sus dinámicas y contradicciones, crea condiciones tales que el Estado por el capturado, al buscar legitimación política a través del juego democrático es permeable a
52
En el capitalismo competitivo clásico, la plusvalía absoluta resulta
en que cualquier conquista del proletariado supone una pérdida para el
capital. En otros términos, en el capitalismo competitivo el aumento de la
plusvalía exige el aumento de la jornada de trabajo de manera de reducir el
peso del salario, o sea el valor de la fuerza de trabajo o directamente reducir
el salario poniendo en riesgo la reproducción de la fuerza de trabajo (Marx,
1976A: 8). La relación entre capital y trabajo es un juego de suma cero en el
que si uno gana el otro pierde.
El capitalismo monopolista incorpora la plusvalía relativa en una
dimensión sin precedentes. Se procesa una revolución “en las condiciones
técnicas y sociales del proceso de trabajo” que permite que la reducción del
valor de las mercancías se desarrolle a través de la incorporación de
tecnología que reducirá el tiempo de trabajo necesario:
“La plusvalía producida mediante la prolongación de
la jornada de trabajo, la llamo plusvalía absoluta; en
cambio, la plusvalía obtenida de la reducción del
tiempo de trabajo necesario y de la correspondiente
modificación en la proporción de los dos componentes
de la jornada laboral, [salario y plusvalía] la llamo
pluvalía relativa.” (Marx, 1976A: 9)
La revolución “en las condiciones técnicas y sociales del proceso de
trabajo” procesada en el capitalismo de los monopolios, implica un aumento
de productividad que supone una reducción de los costos de producción y, por
ende, una disminución del costo de las mercancías, incluidas aquellas
necesarias para la reproducción de la fuerza de trabajo.
demandas de las clases subalternas, que pueden hacer incidir en él sus intereses y sus reivindicaciones inmediatas. Es que este proceso es todo el tensionado no solo por las exigencias del orden monopólico, sino también por los conflictos que este hace emanar en toda la escala societal.” (Netto, 1992: 25)
53
Esto, que permite una reducción del salario relativo57 pero también el
aumento de la producción, exige un mercado de consumo ampliado, por lo
que, además de la búsqueda de nuevos mercados a través del imperialismo, el
consumo de la clase trabajadora debe ampliarse.
El pasaje de la plusvalía absoluta a la plusvalía relativa, entonces,
permite y, en algún sentido, le exige a la burguesía hacer concesiones en
función a la correlación de fuerzas en la lucha de clases. Esto posibilita el
pasaje de una lucha de clases del tipo "guerra civil" a la lucha de clases por
concesiones, a lo que se suma la socialización de la política y la creación de
los partidos políticos de masas58.
Para Marx (1953), el carácter universal del proletariado estaba dado
en que su afirmación como clase era su negación como humanidad y, por
tanto, el proletariado para afirmar su humanidad tiene que negarse como
clase y de este modo negar a todas las clases sociales.
El largo proceso de ampliación del Estado (Coutinho, 1992) permite
el desarrollo de un sindicalismo de negociación que favorece el surgimiento
de lo que Castel (1997) ha denominado como “sociedad salarial”. El
proletariado en su momento “corporativo egoístico pasional” (Gramsci,
1985) logra, afirmándose como clase, acceder a la “ciudadanía” (Marshall,
1963).
57 Es decir, el salario en términos absolutos puede aumentar ya que en términos relativos - es decir la relación entre el salario del obrero y el valor que produce – se reduce. 58 “Gramsci registra así el hecho nuevo – históricamente nuevo – de que la esfera ideológica o simbólico-axiológica, en las sociedades capitalistas más avanzadas, que él llama `occidentales´, ganó una autonomía material (y no solo funcional) en relación al Estado en sentido estricto; y eso es verdad no solo con relación a los nuevos organismos creados por el protagonismo político de las clases (partidos, sindicatos, etc.), sino también en relación a las viejas instituciones heredadas por la sociedad capitalista (como las Iglesias o el sistema escolar). La necesidad de conquistar el consenso como condición sine qua non de la dominación impone la creación y/o renovación de determinadas instituciones sociales, que pasan a funcionar como portadores materiales específicos (con estructura y legalidad propias) de las relaciones sociales de hegemonía." (Coutinho, 1994: 28).
54
En otras palabras, surgía la posibilidad de que, en el marco del orden
burgués, el proletariado pudiera afirmarse como clase al mismo tiempo que
se afirmaba como humanidad, lo que, en otras palabras, era aceptar la
posibilidad de alcanzar condiciones humanas de reproducción en una
sociedad de clases59.
En síntesis, los valores construidos por la Ilustración, que ven su
encarnación con la revolución francesa, realizan un recorrido que trasmutan
su sustancia y funcionalidad ideológica a partir del papel histórico que
cumplen para la burguesía como clase dominante.
En un primer momento, la burguesía como clase revolucionaria,
enarbola la bandera roja, azul y blanca para destruir el orden feudal
superando todas las “abigarradas ligaduras feudales que ataban al hombre a
sus `superiores naturales´ (...)” ahogando “el éxtasis del fervor religioso y el
entusiasmo caballeresco (...)” demostrando que “la brutal manifestación de
fuerza en la Edad Media, tan admirada por la reacción, tenía su
complemento natural en la más relajada holgazanería.” (Marx, 1953: 13) La
burguesía como clase revolucionaria comanda un proceso de transformación
radical que encarna el progreso de la humanidad.
En un segundo momento, en el capitalismo competitivo, la
burguesía, consolidada en el poder, descubre que los valores de la
revolución se vuelven contra ella, “que todas las armas forjadas por ella
contra el feudalismo se volvían contra ella misma (...)” (Marx, 1986: 445).
La ideología de la revolución francesa es un instrumento de lucha para la
nueva clase revolucionaría: el proletariado. O simplemente una
demostración de las promesas incumplidas e incumplibles que exigían el
retorno a una sociedad tutelada como quería la, aún viva, restauración.
59 “Los partidos socialistas y los movimientos obreros, encajaban perfectamente con el nuevo capitalismo reformado. Un capitalismo reformado que reconociera la importancia de la mano de obra y de las aspiraciones socialdemócratas ya les parecía bien.” (Hobsbawm, 1995: 275)
55
En el capitalismo monopolista los valores de la revolución francesa
vienen a cumplir un nuevo papel En éste, el proceso de ampliación del
Estado precisa de una nueva función ideológica; emerge la cuestión social
en toda su dimensión con la consolidación de un pacto de dominación
donde se pasa de la pura coacción a la búsqueda de consenso y
consentimiento activo de las clases subalternas. En las sociedades
capitalistas de occidente se pasa de la dominación, donde predomina la
coerción, a la hegemonía donde predomina la búsqueda de consentimiento:
“ `(..) la hegemonía permanente de la clase urbana
sobre toda la población´ mediante `el gobierno por un
consentimiento permanentemente organizado´ en el
que `la organización del consenso se deja a las
iniciativas privadas, y su carácter es, por lo tanto
moral y ético, porque de una manera u otra, se da
`voluntariamente´” (Gramsci apud Anderson, 1978,
88)
El tiempo de la cuestión social es el tiempo en que se supera la lucha
de clases como guerra de maniobra cuya finalidad es la revolución a una
“larga e inmóvil guerra de trincheras (...) con su énfasis preponderante en la
sumisión ideológica de las masas como objetivo central” (Anderson, 1978,
110). En tanto la guerra de trinchera no transita hacia una guerra de
maniobra, opción que asume el proletariado en la socialdemocracia
(Anderson, 1978), la lucha ideológica se agota en una lucha por la
construcción hegemónica de una perspectiva de cuestión social.
56
II. PARA LA COMPRENSIÓN DE LA “CUESTIÓN
SOCIAL”
Como fue establecido en el capitulo anterior, en el capitalismo
monopolista se configura la fase madura de la cuestión social en tanto esfera
donde se procesa la lucha político-ideológica de construcción de
hegemonía. La cuestión social supone la idea de reforma e intervención en
el marco del capitalismo; supone una confrontación regulada donde el
presupuesto básico es su restricción a lo “social”, es decir que las
transformaciones de “fondo” no están en juego, ya sea porque no se las
considera deseables o se considera que no es el momento histórico para
plantearse las mismas.
En este sentido es que por cuestión social se entiende el soporte
ideológico a través del cual se legitima y se direcciona la intervención
estatal sobre “lo social” desde la emergencia del capitalismo monopolista.
Se trata de una interpretación y una valoración acerca de aquellas
situaciones sociales que constituyen o pueden constituir una amenaza para
la reproducción de una sociedad como un todo o de alguno de sus sectores.
Se trata también de una propuesta de intervención y administración sobre
tales situaciones.
Esta interpretación se puede “comprender”, de acuerdo con la
construcción realizada por Weber de comprensión (1997), a partir de la
construcción de una tipología, que se pretende exhaustiva, que establece la
existencia de tres perspectivas: i) la perspectiva conservadora o de la
integración social, ii) la perspectiva neoliberal o de control de los excesos
del Estado y, iii) la perspectiva social o de la ampliación de la ciudadanía.
57
Seguidamente se presenta cada una de estas perspectivas en sus
aspectos ideológicos que fundamentan una representación más o menos
coherente acerca de qué es y cómo intervenir sobre la cuestión social.
II. 1. La perspectiva neoliberal
El liberalismo constituye la perspectiva ideológica de la burguesía
en su fase emergente. La destrucción de todas las tutelas que sujetan al
trabajo son fundantes del orden burgués. La burguesía precisa del “trabajo
libre” para su desarrollo como clase social. Los sistemas de regulación del
orden feudal deben ser destruidos y cualquier amenaza de regulación es un
riesgo para el desarrollo del nuevo orden. La formulación liberal establece
que estas regulaciones son una amenaza a la libertad60. La preocupación
liberal es históricamente la misma: el Estado y cualquier instancia
supraindividual debe ser limitada o suprimida de manera de garantizar la
libertad de los individuos61.
La Revolución Francesa prohibió los gremios identificados con el
pasado feudal, los que, en tanto estructuras de cierre social (cf. Parkin,
1964), limitaban la libertad del trabajo62. El Estado debía limitarse a
60 “En pocas palabras, para el liberalismo clásico, el mundo humano estaba constituido de átomos individuales con ciertas pasiones y necesidades, cada uno procurando por encima de todo aumentar al máximo sus satisfacciones y disminuir sus displaceres, en esto igual a todos los otros, y naturalmente no reconociendo límites o derechos a interferir en sus pretensiones (...) Y los revolucionarios franceses encontraban magnífica esta declaración para colocar sus exigencias de libertad de iniciativa (`Todo ciudadano es libre para usar sus brazos, su industria y su capital como juzgue adecuado y útil a sí mismo (...) el puede fabricar lo que le aproveche de la manera que le aproveche´)” (Hobsbawm, 1994: 256)61 “Estoy profundamente convencido de que cualquier sistema regular, permanente, administrativo, cuyo fin sea satisfacer las necesidades de los pobres, suscita más miseria que la que puede curar, deprava a la población que desea socorrer y consolar, reduce con el tiempo a los ricos a no ser más que los enfermeros de los pobres, agota las fuentes del ahorro, detiene la acumulación de capital (....)” (Tocqueville apud Castel, 1997: 249)62 “De modo que el verdadero descubrimiento que promueve el siglo XVIII no es el de la necesidad del trabajo, sino el de la necesidad de la libertad de trabajo. Ésta implicaba la destrucción de dos modos de organización del trabajo hasta entonces dominante: el trabajo regulado y el trabajo forzado. En ese sentido la obra de Turgot es ejemplar. Fue él quien (en el corto período durante el cual Luis XVI pareció resignarse a cederle la iniciativa) trató de suprimir a la vez los gremios y los depósitos de mendicidad, y también la supervivencias de la corvée.” (Castel, 1997: 175)
58
garantizar las reglas del mercado sin interferir sobre ellas; en síntesis, debía
proteger la propiedad privada63.
La perspectiva liberal y, en el mismo sentido, lo que hoy llamamos
neoliberalismo, tendencialmente niega la cuestión social, siendo el caso
extremo el representado por quien fuera la Primera Ministra Margaret
Thatcher de Inglaterra, quien en los años 80 afirmó que: “no hay sociedad,
sólo hay individuos” (Netto, 1996: 98).
Estos individuos salen con sus apetitos, sus deseos y sus capacidades
a negociar y obtener lo más posible en el mercado. En última instancia para
el liberalismo la cuestión social es un tema policial64. Se trata de la idea de
un “individuo posesivo” (Macpherson, 1979) que sale al mercado movido
por sus apetitos y pondrá en juego su “cartera de activos” para obtener lo
mayor posible de la sociedad sacrificando el menor monto posible de sus
activos.
Para esta perspectiva, el resultado de esa lucha de todos contra todos
será, finalmente, el bien común. La función de las instituciones es la de
garantizar reglas de juego más o menos civilizadas, comenzando por
garantizar la propiedad privada. Se niega la existencia de una cuestión
social y a lo sumo se reconoce la existencia de problemas sociales.
La perspectiva liberal tiende a responsabilizar a los individuos.
Dirán: estamos frente a problemas que son de los individuos. Individuos que
63 “Las doctrinas igualitarias, por lo demás, siembre han acusado al capitalismo de ser autor y protector de un régimen fundado en la desigualdad económica: baste recordar que, para Marx, la igualdad jurídica de todos los ciudadanos, sin distinción de estamentos, proclamada por la Revolución francesa, no fue sino un instrumento de que la clase burguesa se sirvió al objeto de liberar y hacer disponible la fuerza de trabajo necesaria para el desarrollo del capitalismo naciente, mediante la ficción útil del contrato voluntario entre individuos igualmente libres.” (Bobbio, 1993: 90-1)64 “Estamos todavía en un momento en que la `cuestión social´ es tratada como un tema policial. También en esta fase del desarrollo del capitalismo (...) el principal mecanismo de acumulación del capital es la extracción de plusvalía absoluta, que se materializa en largas jornadas de trabajo.” (Acosta, 2006: 28)
59
no han implementado estrategias adecuadas en el mercado y a ello se debe
su fracaso.
La responsabilidad es del individuo quien no supo competir y a
quien, a lo sumo y por razones humanitarias, se le garantizará lo mínimo
indispensable para asegurar su sobrevivencia (cf. Hayek, 2006: 158).
En todo caso, la propia sociedad, asimilada a la esfera del mercado,
genera naturalmente los mecanismos para garantizar la sobrevivencia de
quienes fracasaron. La caridad y la filantropía son los mecanismos
autogenerados por el mercado para atender a aquellos cuyo fracaso los
coloca en el límite de la sobrevivencia.
Ya que la intervención para garantizar la sobrevivencia se realiza por
razones humanitarias, ¿por qué privar de hacerlo a que aquellos que sienten
especial fruición en realizar tareas sociales? La filantropía y la caridad
nunca deben ser sustituidas por el Estado quien deberá intervenir sólo en
caso que sea indispensable.
Para el pensamiento liberal la sociedad no es otra cosa que el
mercado donde individuos libres, poseedores de sí mismos, buscan obtener
el máximo beneficio en el intercambio con otros hombres65.
En la base de este pensamiento está presente, en última instancia, la
idea de que el individuo en la libre competencia realizará un cálculo
estratégico, y que cualquier intervención externa sobre esta competencia
estaría siempre beneficiando a unos y perjudicando a otros. La intervención
generará una ventaja estratégica por parte de los que se benefician de ella.
65 “La esencia humana es ser libre de la dependencias de las voluntades ajenas, y la libertad existe como ejercicio de posesión. La sociedad se torna un grupo de individuos libres e iguales, relacionados entre si como propietarios de sus propias capacidades y de lo que adquirirán mediante la práctica de esas capacidades. La sociedad consiste en relaciones de intercambio entre propietarios. La sociedad política se vuelve un artificio calculado para la protección de esa propiedad y para el mantenimiento de un ordenado relacionamiento de intercambios.” (Macpherson, 1979: 15)
60
Sobre esto se basa la permanente desconfianza acerca de las prestaciones
dirigidas hacia los sectores más pobres de la población (cf. Castel, 1997:
175 y sig.) en el entendido de que harán un uso estratégico de cualquier
beneficio que reciban y por tanto tendrán una ventaja ilegítima sobre los
otros.
Para el pensamiento liberal, cuestión social a lo sumo es todo
aquello que limita la libertad de los individuos. En ese sentido, la
constitución de cualquier instancia supraindividual que limite la libertad de
los hombres es el riesgo que debe conjurarse.
El Estado debe limitarse a garantizar las reglas del mercado sin
interferir sobre ellas lo que, en síntesis, equivale a afirmar la necesidad de
proteger la propiedad privada66. En la perspectiva de Marx y Engels, la
burguesía en su proceso revolucionario destruye todas las formas de tutela
del orden feudal por una única forma de regulación social: la regulación
propia del mercado que
“Ha hecho de la dignidad personal un simple valor de
cambio. Ha sustituido las numerosas libertades
escrituradas y bien adquiridas por la única y
desalmada libertad de comercio. En una palabra, en
lugar de la explotación velada por ilusiones religiosas
y políticas, ha establecido una explotación abierta,
descarnada, directa y brutal.” (Marx y Engels, 1986:
113)
66 “Se ha visto a muchos individuos que, arrestados en circunstancias lamentables, han convenido en que se los había salvado de muchas tentaciones. La falta de dinero anuncia una necesidad excesiva; todo hombre, en esas circunstancias acuciantes, está al borde de convertirse en estafador o criminal. El gobierno debe por lo tanto prevenir el crimen, y asegurar la tranquilidad de los ciudadanos por todos los medios posibles. Aquel que, sin asilo, sin recursos, no puede ya pagar su subsistencia, deja de estar libre; esta bajo el imperio de la fuerza, no puede dar un paso sin cometer un delito. Finalmente, en una palabra, suponiendo que un hombre privado de todo socorro desde mucho antes sólo sea un hombre desdichado, que sería injusto arrestarlo, y bien, habría que cometer esta injusticia política, y no dejar errar en los caminos a quien, por no tener nada, puede atreverse a todo.” (Leclerc de Montlinot apud Castel, 1997: 107)
61
La única relación que se establece entre los hombres es la relación
comercial, es la mediación de la mercancía, y todas las capacidades
humanas y su producto tiene valor en tanto se transforma en mercancía. O
como podemos decir de acuerdo con Bauman (2002):
“`Derretir los sólidos´ significaba primordialmente,
desprenderse de las obligaciones `irrelevantes´ que se
interponían en el camino de un cálculo racional de los
efectos; tal como lo expresara Max Weber, liberar la
iniciativa comercial de los grilletes de las
obligaciones domésticas y de la densa trama de los
deberes éticos, o, según Thomas Carlyle, de todos los
vínculos que condicionaban la reciprocidad humana y
la mutua responsabilidad, conservar tan solo el `nexo
del dinero´”
De acuerdo con Luckàcs (in Anderson, 1991), el pensamiento liberal
realiza una fragmentación dicotómica entre el citadino y el burgeois: el
primero, es el actor político, responsable de la vida social y política de su
tiempo; el segundo, es un individuo que vive su relación con la sociedad
como una simple relación instrumental en la que busca realizar sus apetitos
y deseos en contradicción con los de sus semejantes67.
El liberalismo clásico no puede concebir una cuestión social pues
creó un mundo a su imagen y semejanza; la sociedad feudal es destruida
67 “La democracia burguesa data de la Constitución francesa de 1793, que era su más alta y radical expresión. Su principio constituyente es la división del hombre en ciudadano de la vida pública, por una parte, y en burgués de la vida privada, por otra, el primero dotado de derechos políticos universales, el segundo expresión de intereses económicos particulares y desiguales. Esta división es fundamental para la democracia burguesa en tanto que fenómeno históricamente determinado. Su reflejo filosófico se encuentra en Sade. Es interesante observar que autores como Adorno se han ocupado mucho de Sade porque veían en él el equivalente filosófico de la Constitución de 1793. La idea central, tanto de ésta como de aquél, es que el hombre es un objeto para el hombre, que el egoísmo racional es la esencia de la sociedad humana.” (Netto, 1996: 10)
62
hasta los cimientos y sobre ellos se construyó el reino de la libertad...de
empresa. La posibilidad de intervenciones sobre la sociedad para enfrentar
la pobreza o la inmoralidad eran sencillamente imposibles de ser pensadas68.
El neoliberalismo se constituye como cuestión social cuando, en el
capitalismo monopolista, el Estado comienza a intervenir sobre los
mercados para ampliar los lucros del capital garantizando los mercados e
interviniendo sobre la relación capital - trabajo a fin de superar el
subconsumo de la clase trabajadora69.
La cuestión social será construida por el pensamiento conservador
en oposición al liberalismo. El acelerado proceso de transformación era
vivido por amplios sectores de la sociedad como amenazante, la
descomposición material y moral de la clase trabajadora, no solo
escandalizaba a las clases acomodadas sino que también veían, detrás de
este proceso, la amenaza de la revolución70.
No resulta extraño, entonces, que las primeras formas sistemáticas
de intervención sobre lo social, fundamentalmente los seguros sociales
bismarckianos, surgieran en Alemania, un país que no procesó la revolución
68 “Una moderna sociedad de bien-estar social (welfare) o socialista habría sin duda distribuido algunos de estas vastas acumulaciones para fines sociales. En el período que focalizamos [1789-1848] nada era menos probable. Virtualmente libres de impuestos, las clases medias continuaron por tanto acumulando en medio de un populacho hambriento, cuya hambre era el reverso de aquella acumulación.” (Hobsbawm, 1994: 63)69 “(...) el crecimiento de los cárteles y sindicatos ha sido sistemáticamente muy alimentado desde 1878 por una deliberada política. No sólo el instrumento de la protección, sino incitaciones directas y, al final, la coacción, emplearon los gobiernos para favorecer la creación de monopolios, con miras a la regulación de los precios y las ventas. Fue allí [en Alemania] donde, con la ayuda del Estado, el primer gran experimento de <<planificación científica>> y <<organización explícita de la industria>> condujo a la creación de monopolios gigantescos que se tuvieron por desarrollos inevitables cincuenta años antes de hacerse lo mismo en Gran Bretaña.” (Hayek, 2006: 76)70 “La oposición genuina (la `derecha´) vino de aquellos que resistían las `fuerzas de la historia´. En Europa, pocos realmente deseaban un retorno al pasado, como en los días de los románticos reaccionarios de después de 1815. Todo lo que querían era interrumpir, o por lo menos desacelerar, el amenazador progreso del presente, un objetivo racionalizado por intelectuales que veían la necesidad de factores como `movimiento´y `estabilidad, `orden´ y `progreso´. Por tanto el conservadurismo era capaz de atraer de vez en cuando a algunos grupos de la burguesía liberal, que sentía que más progreso podía traer a la revolución más peligrosamente cerca.” (Hobsbawm, 1996 : 156)
63
burguesa, o la procesó “sin terror como `revolución´ sin `revolución´, o sea,
como `revolución pasiva´” (Gramsci, 1985: 486).
El desarrollo del capitalismo en Alemania se procesó a partir de una
alianza entre la burguesía y la aristocracia terrateniente: los junquers71. En
este contexto se impone, para esta ideología, la necesidad de vigilancia a fin
de evitar excesos en esta intervención, sobre todo en lo que refiere a
promover cualquier búsqueda de igualdad.
El pensamiento neoliberal surgirá como una oposición a los recién
formados Estados de Bienestar en Europa. Hayek y su sociedad de Mont
Pélerin se constituyeron, en aquel entonces, en los solitarios opositores al
desarrollo de la creciente intervención del estado sobre “lo social”.
En 1944, Hayek publicará “El Camino de la servidumbre” (2006)
donde afirma que el desarrollo de esta intervención se constituía en un límite
insoportable a la libertad. Este pensamiento, que sólo se tornará hegemónico
tres décadas después, es la primera versión de la cuestión social neoliberal72.
La oposición franca y decidida del neoliberalismo es contra
cualquier intención de promover la igualdad en la sociedad. El
neoliberalismo no se opone a cualquier intervención del Estado sobre lo
71 “Bismarck percibía que, en el sentido más literal de la palabra, una `revolución burguesa´ era una imposibilidad, ya que sería una revolución de verdad solo si otras camadas además de la burguesía fuesen movilizadas, y en ningún caso los hombres de negocios o los profesores parecían estar inclinados a levantar barricadas ellos mismos. Eso no impidió, sin embargo, aplicar el programa económico, legal e ideológico de la burguesía liberal siempre que pudiese ser combinado con la predominancia de la aristocracia agraria en una monarquía prusiana protestante.” (Hobsbawm, 1996: 159)72 “Que el socialismo haya desplazado al liberalismo, como doctrina sostenida por la gran mayoría de los <<progresistas>>, no significa simplemente que las gentes hayan olvidado las advertencias de los grandes pensadores liberales del pasado acerca de las consecuencias del colectivismo. Ha sucedido por su convencimiento de ser cierto lo contrario a lo que aquellos hombres predecían. Lo extraordinario es que el mismo socialismo que no sólo se consideró primeramente como el ataque más grave contra la libertad, sino que comenzó por ser abiertamente una reacción contra el liberalismo de la Revolución Francesa, ganó la aceptación general bajo la bandera de la libertad.” (Hayek, 2006: 53)
64
social pues la intervención sobre la indigencia es tolerada, siempre y cuando
no se intente promover la igualdad73.
Friedrich Hayek constituye la expresión más acabada de esta
perspectiva. Desnaturaliza el mercado estableciendo su carácter histórico, el
que, como construcción histórica, adquiere una perfección insustituible. De
ahí que toda intervención humana sobre el mercado, a partir de cualquier
principio de justicia, no hace otra cosa que distorsionar esta construcción74.
La perspectiva neoliberal construye una nueva cuestión social: los
monopolios, las corporaciones, las regulaciones estatales, y todas las formas
de limitar el libre juego de la competencia son el blanco de esta nueva
cuestión social.
La nueva tarea que se impone es liberar al hombre de todas estas
nuevas sujeciones que se han constituido en nuevas formas de servidumbre,
nuevas tutelas, no muy distintas a aquellas que fueron destruidas por la
revolución burguesa y han renacido debiendo, para esta perspectiva, ser
destruidas.
En sintesis, para esta perspectiva la cuestión social es la tendencia
del Estado y otras instituciones (corporaciones y sindicatos) de interferir
con la libertad (de mercado) de los individuos y, como solución de
compromiso, tolera por razones humanitarias la intervención para garantizar 73 “Un resultado necesario, y sólo aparentemente paradójico, de lo dicho es que la igualdad formal ante la ley está en pugna y de hecho es incompatible con toda actividad del Estado dirigida deliberadamente a la igualación material o sustantiva de los individuos, y que toda política directamente dirigida por un ideal sustantivo de justicia distributiva tiene que conducir a la destrucción del Estado de Derecho.” (Hayek, 2006: 113)74 “La planificación con fines de seguridad que tan dañinos efectos ejerce sobre la libertad es la que se dirige a una seguridad de clase muy diferente. Es la planificación destinada a proteger a individuos o grupos contra unas disminuciones de sus ingresos que, aunque de ninguna manera las merezcan, ocurren diariamente en una sociedad en régimen de competencia, contra unas pérdidas que imponen severos sufrimientos sin justificación moral, pero que son inseparables del sistema de la competencia. Esta demanda de seguridad es, pues otra forma de la demanda de una remuneración justa, de una remuneración adecuada a los méritos subjetivos y no a los resultados objetivos de los esfuerzos de un hombre. Esta clase de seguridad o justicia parece irreconciliable con la libertad de elegir el propio empleo.” (Hayek, 2006: 160)
65
la vida de aquellos que se encuentran al margen del mercado (indigentes)
considerando que las formas menos riesgosas de esta intervención son las
realizadas por aquellos hombres de buena voluntad que la desarrollan
movidos por sus valores religiosos (caridad) o humanitarios (filantropía) y
solo en última instancia por el Estado.
II. 2. La perspectiva conservadora
La perspectiva conservadora surge como superación del
pensamiento reaccionario de la restauración blanca. Los herederos del
pensamiento restaurador, ahora en su identidad conservadora, son las capas
medias redimensionadas en la configuración monopólica del capitalismo.
“Al final, en la década de 1900, había muchos países
en los cuales el típico miembro de las clases
empresariales o profesionales se situaba francamente
a la derecha del centro político. Abajo de ellos
estaban las filas, siempre mayores, de la nueva clase
media y de la clase media baja, con su resentida y
construida afinidad por la derecha francamente
antiliberal.” (cf. Hobsbawm, 1988: 266)
Las capas medias, en su conformación ideológica pura75, se sienten
amenazadas por el proletariado doblemente:
i) Por ser portador de la ideología “disolvente” comunista o socialista.
75 “Esa colectividad teme concreta, pero sobre todo difusamente, cualquier cambio drástico en el que pudieran arriesgarse sus muchos, pequeños y arrebañados privilegios y sancionarse, aun a través de una renovación general de todo el sistema, su bajo nivel de productividad, adhiere a ciertos valores, privacidad, seguridad, tranquilidad y ocio como sinónimos de libertad, de justicia, de paz, de bienestar y por ello parecería erizarse — no siempre conscientemente— ante cualquier violento proceso social que involucre — como es común que en el caso ocurra— un alto costo en términos de esos valores adheridos y preferidos..” (Real de Azúa, 1984: 73)
66
ii) Por representar lo que más temen: perder sus dudosos privilegios
empobreciéndose, proletarizándose. En verdad, el reclamo por igualdad del
proletariado es vivido por las capas medias como el reclamo de que todos
sean proletarios.
Su relación con la burguesía es más ambigua. La admiración y
envidia que le despierta no hacen que la vivan como menos amenazantes
dado que el liberalismo, en su versión pura, representa su destrucción como
estamento.
Como defensa, las clases medias aspiran a que la burguesía las
reconozcan como reservorio moral y les pidan la receta para mantener la
integración social superando la amenaza de la inmoralidad y, sobre todo, del
“sueño más terrible”: la revolución.
Es que como dice Marx en “El dieciocho Brumario de Luís
Bonaparte”:
“(...) el demócrata, como representa a la pequeña
burguesía, es decir, a una clase de transición, en la
que los intereses de dos clases se embotan el uno
contra el otro, cree estar por encima del antagonismo
de clases en general.” (1986A: 435)
No es casual, entonces, que la sociología surgiera como disciplina
cuando las capas medias76 tuvieron su mayor expansión, precisamente en los
albores del capitalismo monopolista, “la era de los imperios” al decir de
Hobsbawm (1988: 379).
“Algunos de los que se dedicaban a la nueva
sociología se concentraban en saber cómo las
76 Estamos conscientes que las capas medias emergidas con el capitalismo monopolista no pueden ser asimiladas a la pequeña burguesía de la que habla Marx.
67
sociedades realmente funcionaban, de modo diferente
de lo que suponía la teoría liberal. (....) Algunos se
concentraron en saber lo que mantenía las sociedades
cohesionadas contra las fuerzas desintegradoras,
oriundas de los conflictos entre las clases y entre los
grupos que las componían, y en la tendencia de la
sociedad liberal a reducir a la humanidad a
individuos dispersos, desorientados y desenraizados
(`anomia´)”
La perspectiva conservadora, vinculada al paradigma positivista,
encuentra en Durkheim uno de sus principales representantes. Para
Durkheim – como también para toda la tradición cultural que después se
desarrollará como el pensamiento estructural – funcionalista y cuyos
exponentes fundamentales serían Parsons y Merton - la preocupación
central es la cohesión social, es decir, qué elementos hacen que la sociedad
se mantenga cohesionada, unida y cómo intervenir sobre la sociedad para
reforzar esos elementos77.
El positivismo tiende a asociar sociedad con naturaleza, sociedad y
organismos biológicos.
“El positivismo – en su configuración `típico ideal´-
está fundamentado en un cierto número de premisas
que estructuran un `sistema´ coherente y operacional:
1. La sociedad es regida por leyes naturales, (....) 2.
La sociedad puede, por lo tanto, ser
77 “Durkheim – o, después de él, Radcliffe-Brown, que hace asentar la <solidaridad social> en el hecho de participar en un sistema simbólico – tiene el mérito de designar explícitamente la función social (en el sentido del estrutural-funcionalismo) del simbolismo, auténtica función política que no se reduce a la función de comunicación de los estructuralistas. Los símbolos son instrumentos por excelencia de la <integración social>: en tanto instrumentos de conocimiento y de comunicación (cf. El análisis durkheimiano de la fiesta), ellos tornan posible el consensus acerca del sentido del mundo social que contribuye fundamentalmente para la reproducción del orden social: la integración lógica es la condición de la integración <moral>” (Bourdieu, 2001:10)
68
epistemológicamente asimilada por la naturaleza (...)
3. Las ciencias de la sociedad, así como las de la
naturaleza, deben limitarse a la observación y a la
explicación causal de los fenómenos (...)” (Löwy,
1996)
Esta asociación no se produce de forma ingenua ya que los autores
positivistas reconocen que no es lo mismo un organismo biológico que una
sociedad: la gran diferencia es que los seres, en tanto organismos
biológicos, nos mantenemos unidos a través de nuestra piel, de nuestra
carne, nos mantenemos así “cohesionados” hasta la muerte.
La sociedad no tiene piel, y por lo tanto necesita de algo, un
pegamento para mantenerse unida, y ésta va a ser la preocupación central de
estos pensadores. A diferencia de un organismo biológico, lo que une a una
sociedad y lo que constituye su particularidad como tal es la moral, en tanto
piel, en tanto carne que le va a brindar cohesión78.
Para Durkheim, la solidaridad es la forma de manifestación de la
moral y se constituye en el cemento que nos mantiene unidos e
interdependientes. La cuestión social, por tanto, se define a partir de las
amenazas a la cohesión social; es entendida como todo aquello que pueda
poner en riesgo o en duda que la sociedad se mantenga unida.
“Durkheim se consagró al estudio de la `cuestión
social´ desde los años de la École Normal, por
vocación y en el interior de un ambiente animado por
la voluntad política y moral. En aquella ocasión,
Durkheim situaba la cuestión de manera bastante
abstracta y filosófica, bajo el título: `Relaciones entre 78 “Podemos decir, pues, de manera general, que la característica de las reglas morales es que ellas enuncian las condiciones fundamentales de la solidaridad social. El derecho y la moral son el conjunto de vínculos que nos prenden unos a otros y a la sociedad, que hacen de la masa de los individuos un agregado y un todo coherente.” (Durkheim, 1995: 420)
69
individualismo y socialismo´. En 1883 la definió
mejor, y las relaciones entre el individuo y la sociedad
se tornaron su tema. Fue entonces que consiguió
percibir (...) que la solución del problema estaba
referida a una nueva ciencia: la sociología
(...)” (Mauss in Fridman, 1993: 29)
Durkheim expresa sólidamente las preocupaciones del pensamiento
conservador. En su obra “La educación moral” (1991) es en la que diseña,
desde su punto de vista, los necesarios procesos de control y regulación
moral. Su discurso es una oposición directa al individualismo liberal
-expresado en la recordada frase de Tatcher, ya mencionada en párrafos
anteriores y que condensa sintéticamente este pensamiento: “no hay
sociedad, solo hay individuos” (Netto, 1996: 98) - y en tal sentido, como
prediciendo a la primer ministro británica, dirá Durkheim (1991: 23):
“Para que el hombre sea un ser moral es necesario
que se atenga a algo más que a sí mismo; es necesario
que se sienta solidario con una sociedad, por humilde
que sea.”
La solución propuesta por Durkheim frente a la descomposición
moral propia de la sociedad liberal suponía la (re)construcción de las
sociedades que permitiera la solidaridad mencionada. La familia y la patria
son las sociedades que cuentan con mayor valor moral (Durkheim, 1991).
Pero la familia en las sociedades modernas pierde eficacia moral, y la patria
es demasiado lejana al individuo para operar en su regulación moral.
En “La división del Trabajo Social” (1995) establece que la solución
es recuperar una institución del pasado feudal que, adaptada a la sociedad
70
moderna, funcionaría como institución de regulación moral apropiada a los
nuevos tiempos79.
La recuperación de una institución del pasado feudal no es inocente.
La vinculación del pensamiento de Durkheim con la restauración aparece
así de modo cristalino: los mecanismos de cohesión social debían ser
recuperados del pasado feudal. Claramente Durkheim no es un reaccionario.
Esas instituciones destruidas por la revolución debían ser recuperadas y
adaptadas al presente; el liberalismo debía, si quería sobrevivir, tolerar una
tonalidad blanca80.
El debate de Durkheim no es solo con el pensamiento liberal. Su
propuesta dispara en dos direcciones. Michael Löwy (1996: 27) hace
hincapié en su debate explícito con el movimiento socialista de su
época81.De hecho no es difícil identificar el debate de Durkheim con el
pensamiento socialista: la crítica radical de la división social del trabajo y la
lucha por la igualdad son descalificadas rotundamente.
Las sociedades de iguales son, es verdad, sociedades sin división del
trabajo que sólo sostienen su integración social por la igualdad de las
conciencias, y por lo tanto, son intolerantes con cualquier proceso de
79 “Pero si ni toda organización corporativa es necesariamente un anacronismo histórico, ¿tenemos base para creer que ella sería llamada a desempeñar, en nuestras sociedades contemporáneas, el papel considerable que les atribuimos? Porque, si la juzgamos indispensable, es por causa no de los servicios económicos que ella podría tener. Lo que vemos antes que nada en el grupo profesional es un poder moral capaz de contener los egoísmos individuales, de mantener en el corazón de los trabajadores un sentimiento más vivo de sus solidaridad común, de impedir que la ley del más fuerte se aplique de manera tan brutal en la relaciones industriales y comerciales.” (Durkheim, 1995: XVI)80 “Pero, para disipar todas las prevenciones, para mostrar bien que el sistema corporativo no es apenas una institución del pasado, sería necesario mostrar qué transformaciones ella debe y puede sufrir para adaptarse a las sociedades modernas, pues es evidente que el no puede ser hoy lo que era en la edad media.” (Durkheim, 1995: XXVI)81 “Es apasionante observar cómo el concepto que había servido de instrumento revolucionario por excelencia en el siglo XVIII, que estaba en el corazón de la doctrina política de los insurrectos de 1789, altera sus sentido en el siglo XIX, para tornarse, con el positivismo, una justificación científica del orden social establecido.” (Michael Löwy, 1996: 27)
71
diferenciación. La solidaridad mecánica es frágil y precisa de un derecho
penal extendido que castigue cualquier trasgresión a la norma82.
La fraternidad es inevitablemente blanca, la igualdad la debilita.
Para alcanzar su máxima eficacia, la solidaridad debe ser entre
complementarios y precisa de una saludable desigualdad. División del
trabajo no es otra cosa que diferenciación o, en otras palabras, es la
desigualdad que nos hace solidariamente complementarios83.
Merton (1965) parece delimitar la forma en que se expresa la
cuestión social en los Estados de Bienestar para la perspectiva conservadora
a través de su preocupación por la sociedad norteamericana, la que, en su
delimitación de medios legítimos y metas socialmente valoradas, sólo
planteaba el éxito económico como meta socialmente valorada. Los
distintos tipos ideales de conducta desajustada son la expresión de los
distintos niveles de integración social y su contrafase, los problemas de
integración derivados de las dificultades para integrar los medios o los fines
por parte de las “clases bajas”.
La propuesta de Merton no se aparta en sustancia de la propuesta
durkheimiana: es preciso una sociedad que defina medios y fines adecuados
a los distintos estamentos de la sociedad. Los cuerpos intermedios de
Durkheim parecen ser las instituciones adecuadas para realizar esta
definición funcional a una sociedad de clases.
82 “Si los dos tipos de solidaridad que acabamos de distinguir poseen de hecho la expresión jurídica que dijimos, la preponderancia del derecho represivo sobre el derecho cooperativo debe ser tanto mayor cuanto más pronunciado sea el tipo colectivo y cuanto más rudimentaria fuera la división del trabajo. Inversamente, en la medida que los tipos individuales se desarrollan y que las tareas se especializan, la proporción entre la extensión de esos dos derechos debe tender a invertirse. Ahora bien, la realidad de esa relación puede ser demostrada experimentalmente.” (Durkheim, 1995: 111)83 “Por tanto, podemos formular la siguiente proposición: el ideal de la fraternidad humana solo se puede realizar en la medida en que la división del trabajo progrese. Es preciso escoger: o renunciar a nuestros sueños, si nos resistimos a circunscribir aún más nuestra actividad, o sino buscar su realización, pero bajo la condición que acabamos de señalar.” (Durkheim, 1995: 429)
72
En síntesis, la propuesta conservadora concibe la cuestión social
como aquellos problemas sociales que ponen en cuestión la integración
social. Contemporáneamente esta preocupación es recogida por la
perspectiva francesa de, por ejemplo, Castel (1997) y Rosanvallon (1995).
Estos autores tienen evidentemente una preocupación por el
retroceso de la ciudadanía a partir de la crisis de los Estados de Bienestar,
pero indudablemente su preocupación central gira en torno a los problemas
de integración generados junto con esta crisis y de ahí que uno de los
conceptos centrales de estos autores sea el de “exclusión social”.
Castel define cuestión social haciendo un claro hincapié en la
integración social, revelando voluntariamente su condición de
durkheimniano:
“La `Cuestión Social´ es una aporía fundamental en la
cual una sociedad experimenta el enigma de su
cohesión y trata de conjurar el riesgo de su fractura.
Es un desafío que interroga, pone de nuevo en
cuestión la capacidad de una sociedad (lo que en
términos políticos se denomina una nación) para
existir como un conjunto vinculado por relaciones de
interdependencia.” (1997: 20)
Como ya fue dicho, Castel nos permite reforzar nuestra concepción
acerca de la cuestión social. Aquí la cuestión social se expresa en su doble
dimensión: por un lado, es una sociedad pensándose a sí misma, la cuestión
social “es una aporía”, un “enigma” a ser develado, una sociedad que se
interroga, que se pone en cuestión, y por otro lado, también es una sociedad
que busca intervenir sobre sí misma y “trata de conjurar” una posible
fractura siendo su cohesión “un desafío”.
73
Pero también aparece el carácter conservador de esta concepción ya
que la preocupación central es cómo la sociedad evita su “fractura” y logra
mantenerse unida “por relaciones de interdependencia”. La
interdependencia garantiza la integración perfecta para Durkheim (1995),
emerger como solidaridad orgánica donde la división del trabajo nos vuelve
interdependientes a diferencia de la solidaridad mecánica donde la
integración social se sostiene por la igualdad de las conciencias.
Es posible identificar en las nuevas políticas sociales propiciadas por
el “Consenso de Washington” la incorporación del elemento conservador en
la tónica neoliberal de la reforma social. Las nuevas políticas sociales
(Filgueira, 1998) promueven la participación comunitaria como sucedáneo
de la participación en las organizaciones del mundo del trabajo. El eje de
sus preocupaciones es, sin duda y su retórica lo revela claramente, la
integración y la exclusión.
La retórica de las nuevas políticas sociales no es inocente. Equidad,
nunca igualdad. Participación, nunca organización. Ciudadanía responsable
donde los derechos sociales nunca se consolidan, etc. El elemento central de
la perspectiva conservadora es la integración social y en una sociedad de
clases ésta debe garantizarse a través de la solidaridad entre las distintas
clases sociales.
En una sociedad armónica las clases son y se reconocen
complementarias y, por lo tanto, la lucha de clases es una expresión
anómica que debe ser conjurada mediante un conjunto de intervenciones
regulatorias de modo tal de establecer mecanismos civilizados de
negociación.
Esta intervención tiene, antes que nada, una función moral. Los
trabajadores y los empleadores deben ser sujetos morales, reconocer la
función social que cumplen y antes que nada reconocerse como
74
complementarios y que su función, antes que responder a sus intereses
individuales inmediatos, debe responder al superior interés social.
II. 3. La perspectiva social o de la ampliación de la ciudadanía
La emergencia de esta perspectiva está asociada al proceso de
ampliación del estado que se procesa en el capitalismo monopolista
(Coutinho, 1994: 42 y sig.) permitiendo que el proletariado conciba la
posibilidad de mejorar sus condiciones de vida en el marco del orden
burgués.
Se construye balizada por el concepto de igualdad que cobrará forma
en las corrientes más radicales de la revolución francesa, siendo su
formulación indudablemente distinta que la comprensión burguesa de
igualdad, la que se limita a la igualdad de todos los hombres ante la ley.
Las primeras construcciones maduras del concepto de igualdad deben
ser buscadas en el pensamiento de Rousseau que, si bien es asimilado al
contractualismo y, por tanto, a una concepción burguesa del individuo y su
relación con la sociedad, se distingue sustantivamente del pensamiento de
Hobbes y Locke84. El pensamiento político de Rousseau se contrapone de
manera original al emergente pensamiento burgués liberal. Su crítica a la
propiedad privada y su concepción del hombre tendrán una influencia marcada
en el socialismo utópico francés, pero también en el pensamiento de Marx85.
84 “(...) para Jean-Jacques, la estipulación del contrato social no tiene como meta la conservación de un mundo de individuos privados garantizado por una esfera pública `especializada´ y `separada´, como para Hobbes y Locke; al contrario, es algo que reorganiza la propia forma de articulación entre lo público y lo privado, de modo que la sociabilidad se torne un elemento constitutivo inmanente al propio individuo: la voluntad general y el interés común no se imponen al individuo como algo externo, por el contrario son una emanación de su propia individualidad.” (Coutinho, 1996: 7) 85 “Por tanto, lejos de poder ser subsumidas en la corriente individualista de su época, las reflexiones filosóficas de Rousseau anticipan en muchos puntos la ontología de Hegel y, sobretodo, de Marx: el hombre en tanto tal (en tanto ser que razona, dispone de lenguaje y actúa moralmente) es producto de su propio trabajo, de su historia, de su praxis social.” (Coutinho, 1996: 11)
75
Pero el pensamiento socialista se consolidará como un pensamiento
con una expresión política concreta, es decir con capacidad de impactar
activamente en la vida política de las sociedades modernas, con el
pensamiento de Marx y Engels.
Tal vez los aspectos que hacen a la crítica de la sociedad burguesa, al
individualismo “estrecho” del pensamiento liberal y sobre todo a la propiedad
privada, ya puedan encontrarse más o menos en los mismos términos en el
pensamiento socialista anterior.
Lo que aparece como novedad y es, tal vez, uno de los aspectos de
efecto político más concreto es el descubrimiento de la categoría lucha de
clases. La clara formulación de esta categoría le ofrece al proletariado una
tarea inmediata: constituirse en clase en sí y para sí y un camino político claro
en su lucha por la igualdad.... por el socialismo86.
El Estado es la forma de organización que la burguesía crea para sí. No
representa el interés de éste o aquel burgués (singularidad) sino de la
burguesía como clase (particularidad). Se puede decir que el Estado es el
burgués ideal. Incluso puede ir contra los intereses de un sector de la burguesía
para defender los intereses de la clase en su conjunto.
Del mismo modo, el proletariado busca su forma organizativa a fin de
defender sus intereses de clase -generando una dualidad de poderes- que,
incluso, podrá ir contra los intereses de un sector del proletariado para
defender los intereses de la clase (Coutinho, 1994: 13 y sig.).
86 “Tal vez la razón principal por la cual tantos partidos ondearan la bandera roja de Karl Marx haya sido porque él, más que cualquier otro teórico de izquierda, les haya dicho tres cosas que parecían igualmente plausibles y animadoras: que ninguna mejora previsible, dentro del actual sistema, mudaría la situación básica de los trabajadores como tales (su explotación); que la naturaleza del desarrollo capitalista, que él tan largamente analizara, tornaba el derrumbe de la presente sociedad y su sustitución por otra, nueva y mejor, bastante incierta; y que la clase trabajadora, organizada en partidos de clase, sería la creadora y heredera de un glorioso futuro.” (Hobsbawm, 1988: 191)
76
Para Marx, la lucha de clases se manifiesta como una situación de
guerra civil, más o menos explícita, que en algún momento deberá estallar en
una revolución explosiva y violenta. Esta situación de guerra civil debe ser
entendida como una lucha de todos contra todos, y no apenas de una clase
contra otra. Organizado el proletariado como clase es que se genera la
dualidad de poderes que, según Marx, sólo se resolverá con el estallido de la
revolución.
Como ya fue dicho es la época de la plusvalía absoluta existiendo entre
burgueses y proletarios un juego suma cero donde si uno gana el otro pierde:
"Más aún, cuanto más se desenvuelven el maquinismo
y la división del trabajo, más aumenta la cantidad de
trabajo bien mediante la prolongación de la jornada,
bien por el aumento del trabajo exigido en un
momento dado, la aceleración del movimiento de las
máquinas, etc." (Marx y Engels, 1953: 46).
La concepción restricta de Estado implica que éste solo representa
los intereses de una clase y se basa exclusivamente en la coerción: "El
Poder político, hablando propiamente, es la violencia organizada de una
clase para la opresión de otra." (Marx y Engels, 1953: 65)
La única alternativa es la organización del proletariado como clase en
sí y para sí de tal forma que se opongan los intereses particulares del
proletariado a los intereses particulares de la burguesía. De tal suerte que se
genera en la sociedad una dualidad de poderes que solo será resuelta con la
revolución que llevará al proletariado a sustituir a la burguesía como clase
dominante.
"En efecto, cada nueva clase que pasa a ocupar el
puesto de la que dominó antes de ella se ve obligada,
77
para poder sacar adelante los fines que persigue, a
presentar su propio interés como el interés común de
todos los miembros de la sociedad (...)" (Marx y
Engels, 1987: 28)
Como ya fuera adelantado es con el capitalismo monopolista, en el
último cuarto del siglo XIX, que se abre la posibilidad de que el
proletariado obtenga conquistas sustantivas que le permitan alcanzar
condiciones dignas de reproducción como clase social, es decir, alcanzar
niveles razonables de bienestar sin superar el umbral del capitalismo.
Bernstein, que al igual que Kaustky fue discípulo de Engels, propone a
finales del siglo XIX, radicalizando las últimas verificaciones engelsianas
sobre el desarrollo del capitalismo, realizar un revisionismo de la obra de
Marx. Dicha revisión pone en cuestión los postulados fundamentales de la
obra marxiana constituyéndose, en resumidas cuentas, en una destrucción del
marxismo llegando a discutir hasta la idea marxiana del valor: la idea del valor
identificada con el trabajo está, según Bernstein, equivocada (Coutinho, 1994:
45).
Basándose en datos reales, Bernstein muestra que la tendencia a la
polarización de la sociedad no es real; surgen medianos y pequeños
productores así como nuevas camadas medias. Kautsky le contestará en su "La
doctrina filosófica" pero no recurre a la realidad que claramente confirmaba a
Bernstein sino a la letra de Marx.
En 1901 la postura de Kautsky derrota abrumadoramente a Bernstein,
pero en los hechos la socialdemocracia comienza a llevar adelante una política
bernsteiniana de alianzas y reformas. Era preferible un reformismo eficiente
que una perspectiva revolucionaria que se presentaba como paralizante87.
87 “Cerca de 1900, sin embargo, quedó claro el surgimiento de un ala moderada o reformista en todos los movimientos socialistas de masas; de hecho, incluso ente los marxistas, ella encontró su ideólogo en Eduard Bernstein, que afirmará `el movimiento es todo, el objetivo final no es nada´ y cuya insensible reivindicación de una revisión de la teoría marxista
78
Con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Internacional se enfrenta a
una crisis de la que no se repondrá. Los partidos integrantes de la
internacional, contra el compromiso contraído88, votan los fondos de guerra de
sus respectivos países89.
En 1914, el Partido Socialista italiano se debate entre dos corrientes:
los maximalistas, liderados por Giacinto Menotti Serrati, y los reformistas,
liderados por Filippo Turati. Ambas concepciones pecaban de un
determinismo mecánico, diferenciándose básicamente en qué hacer mientras
se espera la llegada de "la hora-H, `el gran día´ que llegarían traídos
`naturalmente´ por la evolución del capitalismo (...)" (Coutinho, 1992: 5).
Los primeros entendían que debían evitar cualquier compromiso con
el orden vigente, dedicando toda la energía posible en una propaganda
radical que tenía como consecuencia "una mezcla de radicalismo verbal y
de impotencia práctica" (Coutinho, 1992:5).
Los segundos, pensaban que en la medida en que el socialismo no
tardaría en llegar, así como "el río desemboca el mar" (Turati en Coutinho,
1992: 5), nada impedía que, a la espera de ese día, la lucha política buscara
obtener reformas que hicieran el tránsito más llevadero;
"de ahí hasta confundir las propias reformas con el
socialismo, el movimiento con el objetivo final, como
causó escándalo, afrenta y apasionados debates en el mundo socialista, después de 1897. En cuanto esto, la política del electoralismo de masas – de la cual eran defensores entusiastas hasta los más marxistas de los partidos, pues ella ofrecía visibilidad máxima al crecimiento de sus efectivos – integraba sin ruido a esos partidos en el sistema.” (Hobsbawm, 1988:149)88 En noviembre de 1912 en el Congreso Socialista Internacional Extraordinario celebrado en Basilea (Suiza) se firma el Manifiesto de Basilea, que ponía en guardia a los pueblos contra la guerra que se avecinaba, exhortando a los obreros de todos los países a luchar con decisión por la paz.89 "(...) Kautsky que en 1902 firmó el Manifiesto de Basilea sobre la utilización revolucionaria de la guerra que se avecinaba, se desvive ahora por justificar y cohonestar el socialchovinismo, y, como Plejánov, se une a la burguesía para mofarse de toda idea de revolución (....) No sin razón dijo Rosa Luxemburgo el 4 de agosto de 1914 que la socialdemocracia alemana es ahora un cadáver hediondo." (Lenin, 1973A: 2 y 16)
79
ya lo hacía Bernstein, era un paso, que Turati no
tardó en dar explícitamente." (Coutinho, 1992: 6).
El sindicalismo de negociación irá configurando la perspectiva de
ampliación de la ciudadanía sobre la cuestión social. Dicha perspectiva es
heredera del pensamiento socialista y comunista pero se diferencia en tanto
busca alcanzar mejoras tendientes a garantizar la igualdad en el marco del
capitalismo.
Los procesos objetivos de conquista le darán a esta perspectiva una
vitalidad que la torna hegemónica en el movimiento sindical y político90. Es
curioso observar cómo el marxismo se torna hegemónico en el movimiento
obrero europeo en el mismo momento en que se procesa la consolidación
del capitalismo monopolista y, por tanto, en igual momento en que uno de
los postulados marxianos es puesto en duda por, precisamente, la práctica
política de esos mismos movimientos obreros.
El planteo marxiano de que la reforma del capitalismo y la conquista
de mejoras sustantivas para la clase trabajadora en el horizonte burgués son
utópicas, es contestado por la propia práctica política del proletariado que
logra precisamente eso: mejoras en sus condiciones concretas de vida en el
propio marco del capitalismo.
Esta posibilidad concreta es la que configura la perspectiva de
ampliación de la ciudadanía. La posibilidad de la reforma configura una
nueva cuestión social que habilita a pensar en, al menos, la lucha por la
igualdad en el marco del orden burgués.
90 “Como vimos, desde mediados de la década de 1890 la idea del inminente colapso del capitalismo parecía absolutamente implausible. Qué restaba a los ejércitos del proletariado, movilizados por millones bajo la bandera roja. Algunas veces, a la derecha del movimiento, recomendaban algunos que todos se concentrasen en las mejorías inmediatas que la clase obrera consiguiese del gobierno y de los empleadores, dejando que el futuro remoto se cuidase por sí mismo.” (Hobsbawm, 1989: 192)
80
Así se configura la nueva función de la lucha de clases: el
movimiento constante de la clase trabajadora por ampliar la politización del
mercado, la lucha por aumentar el espectro de los derechos de ciudadanía de
la clase obrera. Tal como fuera anunciado por Bernstein, “el movimiento es
todo”.
En síntesis, la igualdad es un horizonte inalcanzable en el marco del
capitalismo pero baliza la acción social de la perspectiva de la ampliación
de la ciudadanía y la lucha política se concentra en presionar cotidianamente
en la obtención de mayores niveles de igualdad.
81
III. CAPITALISMO MONOPOLISTA Y CUESTIÓN
SOCIAL
En el último cuarto del siglo XIX el capitalismo sufrirá significativas
transformaciones. El desarrollo y consolidación del capitalismo en su forma
monopólica está primorosamente desarrollada por Hobsbamwm (1988) en
su libro “La era de los imperios. 1875-1914”.
La sustancia de esta transformación debe buscarse en la
redimensionalización de la intervención del Estado sobre los mercados para
garantizar los lucros del capital. Dicha transformación supone dos
dinamismos: de un lado, los esfuerzos tendientes a superar el subconsumo
de la clase trabajadora, y del otro, la búsqueda de mercados a través del
desarrollo de mecanismos imperialistas91.
Todas las esferas que conformaban el capitalismo competitivo van a
ser ora transformadas, ora redimensionadas. Se modifican sustancialmente
las relaciones entre las clases, el papel del Estado, las relaciones entre las
naciones, la vida política en su conjunto, etc92.
El proceso que llevó del capitalismo competitivo al capitalismo
monopolista, es, como todo proceso en el orden burgués, extremadamente
complejo, propiamente una “síntesis de múltiples determinaciones”.91 “La salida de la crisis del capital del final del siglo XIX siguió dos caminos: la intensificación del dominio interno del capital (la formación de los monopolios y la doble explotación de los trabajadores: como productores y como consumidores) y la expansión del poder en escala global con la formación del imperialismo. El capitalismo en esta fase ya no consigue reproducirse más a partir de su propio fundamento económico, precisando sistemáticamente de un vector extra económico (el Estado nación), aunque en verdad, la intervención del Estado haya sido fundamental para el desarrollo del capitalismo en todas sus fases.” (Acosta, 2006: 151)92 “En la tradición teórica que viene de Marx, está consensualmente aceptado que el capitalismo, en el último cuarto del siglo XIX, experimenta profundas modificaciones en su ordenamiento y en su dinámica económica, con incidencias necesarias en la estructura social y en las instancias políticas de las sociedades nacionales que englobaba. Se trata del período histórico en que al capitalismo competitivo le sucede el capitalismo de los monopolios, articulando el fenómeno global que, especialmente a partir de los estudios leninistas, se tornó conocido como el estadio imperialista.” (Netto, 1992: 15)
82
Supone claro está, un movimiento del capital de refuncionalización
del Estado para su nuevo papel en la superación de la crisis, y supone
avances tecnológicos que habilitan una nueva dinamización de la división
del trabajo, tematizada largamente por Durkheim.
Pero también supone la capacidad de la clase trabajadora de dar una
proyección sin precedentes a su organización en sindicatos y partidos.
La complejidad de la sociedad civil en esta nueva fase, llevó a
Gramsci a reconceptualizar este concepto clásico contenido en las obras de
Hegel y Marx, redimensionando el papel de la lucha ideológica en esta
nueva fase del capitalismo, monopolista, imperialista o como llama Gramsci
a los Estados configurados en este período “sociedades occidentales”93.
La cuestión social cobra su verdadera dimensión en este entramado
complejo de lucha ideológica, que es la nueva forma que toma la sociedad
civil en el capitalismo de los monopolios.
La universalización de la participación democrática se procesa en
estos años, y la lógica democrática supone un Estado que debe legitimarse
permanentemente. La búsqueda de legitimidad permite la incidencia de
reclamos de las clases subalternas, configurando lo que
contemporáneamente se dio en llamar agenda política.
De alguna forma la agenda política es el reflejo de la cuestión social,
la lucha de clases se transfigura y se torna una “competencia
regulada” (Weber, 1997: 31) a fin de incluir las demandas en la agenda del
Estado.93 “En Oriente el Estado lo era todo, la sociedad civil era primordial y gelatinosa; en Occidente, entre el Estado y la sociedad civil había una justa relación y en el temblor del Estado se discernía en seguida una robusta estructura de la sociedad civil. El Estado no era más que una trinchera avanzada, detrás de la cual había una robusta cadena de fortalezas y de casamatas; esto variaba de Estado a Estado, naturalmente, pero por ello se requería un cuidadoso reconocimiento de carácter nacional.” (Gramsci, 1993: 136)
83
La regla de esta competencia regulada es constituir la cuestión social
en el sentido tratado en este texto, donde las clases y fragmentos de clase en
sus luchas y reivindicaciones buscarán imprimir en el Estado la lógica de su
intervención.
III. 1. Estados de Bienestar y Cuestión Social
El final de la Segunda Guerra Mundial marca el comienzo de las
llamadas Tres Gloriosas Décadas del Welfare State (Przeworsky, 1995). La
denominada “edad de oro” (Hobsbawm, 1995) se inicia con la derrota de las
potencias fascistas y sus aliados y culmina junto con el ciclo de expansión
económica de la posguerra.
Dicho período se caracterizó por (i) el desarrollo de los sistemas de
protección social europeos, (ii) el fin de los colonialismos, (iii) el fenómeno de
la “guerra fría” que expresaba el equilibrio de poderes entre las superpotencias
a nivel mundial y (iv) un acelerado proceso de desarrollo tecnológico.
La “edad de oro” significó que gran parte de la población a nivel
mundial registrara una mejora sustantiva en sus niveles y calidad de vida y
bienestar social.
En ese sentido, los Estados de Bienestar Social ejercerán un papel
determinante en el incremento de los niveles de bienestar social. Son
básicamente tres los principios regulatorios que constituyen la posibilidad de
su implementación: la garantía del pleno empleo, el seguro social y la
asistencia social para los inhabilitados para el trabajo (Castel, 1997).
El principio del “seguro”, relacionado a la capacidad contributiva de
los cotizantes, y el principio de la “asistencia o ayuda social”, que enfatiza
la responsabilidad pública ante las necesidades insatisfechas de los que no
pueden pagar ni trabajar, han sido los mecanismos que orientaron la
organización del sistema de seguridad social en sus diversos momentos
84
históricos. Ambos principios se relacionan con la condición de trabajador o
ex trabajador o con la imposibilidad de trabajar. En este sentido, la
referencia al trabajo es central para la consideración de los sistemas de
protección social (cf. Castel, 1997).
Una vez alcanzada la sociedad salarial (Castel, 1997: 325), y en una
sociedad de pleno empleo, el trabajo – que había superado al pauperismo- se
encontraba en condiciones que, sin trascender su carácter alienante,
permitían alcanzar ciertos niveles de “dignidad” razonables. De este modo,
la asistencia se concentraba, sin mayores cuestionamientos éticos, en
aquellos sectores de población imposibilitados de trabajar (incapaces, niños,
ancianos, etc).
Cabe señalar que los Estados de Bienestar, en todas sus formas (cf.
Esping-Andersen, 1990), incluyendo los Estados Sociales que, en el tercer
mundo, se desarrollaron a la luz de aquellos, constituyen la configuración
más equilibrada de las tres perspectivas de cuestión social aquí trabajadas.
Denunciados (Hayek, 2006) o celebrados (Marshall, 1963) como socialistas,
según se trate de sus detractores o sus defensores, esta particular
configuración estatal lograba articular niveles satisfactorios, para el orden
burgués, de libertad, integración e igualdad.
En verdad, esta solución de compromiso ideológica entre las tres
perspectivas, no representa un contenido menor en la conformación de los
Estados de Bienestar. Las políticas anticíclicas aplicadas en este período
tienen, por un lado, (i) una justificación económica:
En el origen del capitalismo, la burguesía, al tornarse hegemónica,
crea su clase social antagónica y su papel: la producción de valor de uso y
valor de cambio a través del trabajo concreto y abstracto (Marx, 2002: 32).
85
En los Estados de Bienestar la burguesía recrea al proletariado. Su
papel ahora consiste, no sólo en continuar produciendo valor, sino también
el de evitar las crisis de sobreproducción a través del consumo (Acosta,
2006: 151).
Y por otro lado, estas políticas también tienen una importante (ii)
justificación política:
Las condiciones favorables para el auge y desarrollo de los Estados
de Bienestar deben ser buscadas en la gran depresión del 30. Su
configuración básica son las políticas keynesianas de combate frontal al
desempleo. Esta fórmula fue aplicada en todos los países centrales y el gran
fantasma que quería ser conjurado era, no hay duda, el viejo fantasma del
Manifiesto (Marx, 1953).
“El argumento keynesiano en favor de los beneficios
de la eliminación permanente del desempleo en masa
era tan económico como político. Los keynesianos
afirmaban, correctamente, que la demanda que se
generaba por la renta de trabajadores con pleno
empleo sería el mejor estímulo para las economías en
recesión. A pesar de eso, el motivo por el cual ese
medio de aumentar la demanda recibió tan urgente
prioridad – el gobierno británico se empeñó en él
incluso antes del fin de la Segunda Guerra Mundial –
fue que se creía que el desempleo en masa era política
y socialmente explosivo, como de hecho mostró serlo
durante la gran depresión.” (Hobsbawm, 1995: 100)
En este argumento político, fundante de los Estados de Bienestar,
aparece contenida esta articulación perfecta de las tres perspectivas de la
cuestión social.
86
i) El capitalismo estaba a buen resguardo y, más allá de que la
sociedad de Mont Pélerin se rasgara las vestiduras (Anderson, 1995: 10), el
mercado operaba con libertad y, sobre todo, con eficiencia económica. No hay
duda que la burguesía no había arriado la bandera azul.
ii) Los niveles de integración social alcanzados en las Sociedades de
Bienestar no encuentran, en el horizonte del orden burgués, niveles
comparables. De hecho, la organización de la clase trabajadora en sindicatos
de negociación parecía seguir la fórmula revelada por Durkheim.
“Por ejemplo, el seguro obligatorio ponía en obra una
cierta solidaridad, y era signo de la pertenencia a un
colectivo (...) lo mismo vale para el conjunto de las
protecciones sociales. La intervención del Estado les
permitía a los individuos conjurar los riesgos de anomia
que, como lo había advertido Durkheim, están inscritos
en el desarrollo de las sociedades industriales.” (Castel,
1997: 399)
iii) Pero la articulación liberal-conservadora es clásica y, lo más
interesante de los Estados de Bienestar es la incorporación de la perspectiva
social o de ampliación de la ciudadanía. Y el rojo, no sólo está incorporado
por el hecho de que la planificación central es calcada de los planes
quinquenales soviéticos94, sino también porque el proletariado tendrá la
convicción, para nada equivocada, de que la incorporación del trabajo al
consumo de masas es una conquista de la lucha histórica del proletariado
organizado95.94 “Pues lo que ellos intentaban comprender no era el fenómeno de la URSS en sí, sino el colapso de su propio sistema económico, la profundidad del fracaso del capitalismo occidental. ¿Cuál era el secreto del sistema soviético? ¿Se podía aprender algo con él?. Copiando los planes quinquenales de la URSS, `Plan´ y `Planeamiento´ se tornaron palabras de moda en la política.” (Hobsbawm, 1995: 101)95 “La importancia de esta propiedad colectiva, que no se confunde con el colectivismo, es confirmada por el hecho de que las orientaciones moderadas del partido obrero, los `posibilistas´, también la tomaban como base de las transformaciones sociales que había
87
Las tres gloriosas décadas fueron el corto período en que el
capitalismo tuvo su cara más humana y, si bien, la economía planificada fue
una receta que se expandió por todo el mundo, lo cierto es que sólo gozaron
de “bienestar” apenas un puñado de países que lograron procesos de
integración social exitosos mediante la asociación de trabajo con dignidad y
también asegurando la libertad de mercado96.
Si bien, como quiere Hegel, el topo de la historia va tejiendo su
argumento por debajo, hoy en día no parece, al menos en el horizonte más
inmediato, visualizarse posibilidades de que el capitalismo pueda configurar
aquel apacible rostro maquillado de humanismo.
III. 2. La “Cuestión Social” en la era de la reestructuración
productiva
En los años 70 se desencadenó una brutal crisis de carácter
planetario marcando que las tres gloriosas décadas del Welfare State
llegaban a su fin y, con ellas se acababa la “edad de oro” y daba inicio la
“era del derrumbamiento” (Hobsbawm, 1995).
Tal período aparece signado por la ruptura de los equilibrios
habilitados por la “guerra fría” en plena etapa de posguerra. Junto con el
final de la “guerra fría” se registra la implosión de los estados comunistas en
Europa y las primeras señales de “crisis” de los Estados de Bienestar a partir
de la puesta en cuestión de los mecanismos que caracterizaron la economía
que introducir en la lucha contra la hegemonía de la burguesía. Ellos veían en los servicios públicos, esqueleto del Estado, la concreción del trabajo humano indebidamente confiscado por la clase capitalista. El advenimiento del socialismo en su versión posibilista podría apuntalarse con la reapropiación, bajo la forma de servicio público, de la utilidad social del trabajo humano.” (Castel, 1997: 310)96 La particularidad del caso uruguayo, que configuró un Estado Social tempranamente generando incluso “indicadores de crecimiento, de fecundidad y de mortalidad, así como la estructura por edades, [que] se acercan a los valores observados en los países industriales. (Calvo y Pellegrino, 2005: 251) se desarrollarán en el capitulo IV.
88
mixta y de la mano de la nueva aparición en escena del pensamiento
neoliberal97.
El proceso de “globalización” se acompaña del debilitamiento de los
Estado – Nación registrándose una nueva división internacional del trabajo
de la mano de los avances en el terreno de la tecnología y la informática. La
llamada revolución informacional (Lojkine, 1995) trae, como uno de sus
principales resultados, la fragilización de todos los sistemas de regulación
del Estado sobre el mercado, vale decir sobre la relación capital trabajo. Se
sustituye “trabajo vivo” por “trabajo muerto” a partir de la introducción de
la robótica y la computación (Antunes, 1995).
La resolución de la crisis de los 70 supuso una ofensiva del capital
sobre el trabajo. Se procesa una transformación sustantiva en las formas de
producción como forma de buscar una salida a la crisis y recuperar la tasa
de lucro98. La crisis del patrón de acumulación taylorista/fordista obligó a
una reestructura que le garantizara al capital tanto su reproducción como la
continuidad de su predominio hegemónico. El “toyotismo” fue la respuesta
adoptada, siendo entendido “como una forma de organización del trabajo
que nace a partir de la fábrica Toyota (...) y que se viene expandiendo por
Occidente capitalista, tanto en los países avanzados cuanto en aquellos que
se encuentran subordinados” (Antunes, 2000).
Los avances tecnológicos e informáticos son incorporados en los
mecanismos de gestión de la fuerza de trabajo y en el propio proceso
productivo, no significando una ruptura total con las formas de organización
de la producción y el trabajo típicas del fordismo.
97 “Como consecuencia del fin del denominado `bloque socialista´, los países capitalistas centrales vienen rebajando brutalmente los derechos y las conquistas sociales de los trabajadores, dada la `inexistencia´, según el capital, del peligro socialista hoy” (Antunes, 2000).98 “Particularmente en los últimos años, como respuestas del capital a la crisis de los años 70, se intensifican las transformaciones en el propio proceso productivo, a través del avance tecnológico, la constitución de formas de acumulación flexibles y de modelos alternativos al binomio taylorismo/fordismo, donde se destaca, para el capital, especialmente, el toyotismo” (Antunes, 2000)
89
Como resultado de esta nueva forma de organizar el trabajo y la
producción, se asiste a una mayor fragmentación de la clase trabajadora, la
que se vuelve más heterogénea y compleja99. Estos procesos tienen su
manifestación también en América Latina con una expresión ampliada en el
caso uruguayo100. Al respecto, Pucci (2003, 264) señala que:
“La modernización tecnológica afectó a los países
latinoamericanos, aunque en forma diferenciada
según países y regiones, y sin alcanzar la envergadura
de las transformaciones ocurridas en los países
centrales. Su lugar privilegiado ha sido la gran
industria de los sectores vinculados a la exportación y
su motivación básica el aumento de la calidad de los
productos para obtener padrones de competitividad
internacional en el mercado externo.”
Este conjunto de transformaciones altera la asociación entre trabajo
y protección social. Europa y Estados Unidos eran sociedades de pleno
empleo que habían desarrollado un sistema de protección social basado dos
principios: el seguro social para quien se encontraba inserto en el mercado
de trabajo, y la asistencia para aquellos que no se encontraban en
condiciones de integrarse al mismo (niños, ancianos y personas con
incapacidades físicas o mentales que les impedían trabajar) (Castel, 1996).99 En su tesis de maestría Gerardo Sarachu (1998) muestra el fuerte impacto negativo, - reducción de la cantidad de afiliados, dificultades de estructurar una estrategia adecuada etc. - que tuvieron las transformaciones en el mundo del trabajo en el movimiento sindical uruguayo incapacitándolo para responder a la ofensiva del capital sobre el trabajo.100 “Un aspecto que resulta importante para explicar el doble carácter de la sociedad uruguaya es el siguiente: Uruguay, si bien es un país débilmente desarrollado en lo económico, es y ha sido un país moderno en lo social y político. Esta modernidad sin desarrollo hace que la sociedad asimile rápidamente las transformaciones que se dan en las sociedades desarrolladas, pero que encuentre dificultades para implementar estos cambios. En este sentido, la sociedad uruguaya se diferencia de otras sociedades latinoamericanas, que no alcanzan los mismos niveles de modernidad en lo social, o solo lo hacen en forma parcial en los grandes centros metropolitanos. También se diferencia de las sociedades europeas, en la medida en que las mismas disponen de recursos económicos y tecnológicos que les permiten afrontar de otra manera las transformaciones producidas en la modernidad.” (Pucci, 2003: 265)
90
Las transformaciones en el mundo del trabajo asociadas a la
introducción de la robótica y la computación dejan enormes contingentes de
población que pueden trabajar sin trabajo siendo invalidados por la
coyuntura (Castel, 1996).
En Francia se empieza a hablar de vulnerables y excluidos. Mientras
la población vulnerable logra integrarse al mundo del trabajo pero en forma
inestable y siempre amenazada por la posibilidad de ser excluidos, la
población excluida está conformada por aquellos que son expulsados del
mundo del trabajo y, por lo tanto, no acceden a los sistemas de protección
social. No acceden a la asistencia porque pueden trabajar y no acceden a los
seguros sociales porque no tienen trabajo (Castel, 1996).
En el análisis de este cuadro de alteraciones cabe recordar, tal como
plantea Netto que, las dinámicas constitutivas del capitalismo continúan
operando:
“Nada más ajeno a mi argumentación que pretender
insinuar que el mundo no cambió desde 1845 (...)
Conquistas civilizatorias fueron hechas; los
trabajadores, mediante arduas luchas, forzaron el
reconocimiento de derechos políticos y sociales; el
Estado burgués fue obligado a asumir, sin perjuicio de
su carácter de clase, funciones cohesivas y
legitimadoras. Aquello que no cambió, todavía, y
responde por la permanencia de la pobreza y la
desigualdad, es la dinámica económica elemental de
nuestra sociedad, asentada en la acumulación – por
esto mismo, sus efectos, los efectos de su ley general,
continúan operantes (…).” (Netto, 2006)
91
Pero la ofensiva del capital mencionada ha impactado fuertemente
sobre estas conquistas civilizatorias. Las luchas históricas del trabajo han
tenido como objeto la politización del mercado (Coutinho, 2000: 49 y sig.)
y la ofensiva desplegada apunta, precisamente, a despolitizarlo,
naturalizando la regulación mercantil y, por tanto, recuperando la
fetichización de la mercancía en toda su dimensión (Marx, 2002) que, tal
como en el capitalismo competitivo, retorna en esta fase del capitalismo
monopolista.
La economía política del capital despolitiza la cuestión social y
como consecuencia la naturaliza. Las causas de la “cuestión social” se
individualizan: el responsable de la exclusión es el propio agonista que no
supo manejarse en el mercado y su miseria es presentada como el resultado
de su incapacidad. A su vez, esta incapacidad justifica la infantilización de
los “desafiliados” (Castel, 1997): mientras se liberaliza la sociedad se
aceptan las tutelas que operan sobre estas poblaciones que deben ser
reeducadas y moralizadas. En este nuevo contexto, es ciudadano -tal como
en el capitalismo clásico- aquel que accede al trabajo abstracto, tanto sea en
la producción o en el consumo.
En América Latina, el desarrollo de Estados Sociales tuvo límites
muy precisos: junto con los procesos de ampliación de la ciudadanía de
sectores integrados al mundo del trabajo, convivían grandes sectores
poblacionales que no lograban integrarse a los sistemas de protección
asociados al trabajo. Han constituido el fenómeno de la marginalidad
aquellos sectores de población que no lograban participar de los beneficios
del desarrollo (Germani, 1980); sectores que, en tanto no lograban
participar del mundo del trabajo, no operaban como “ejército industrial de
reserva” constituyendo más bien una “sobrepoblación relativa” (Nun, 2001).
La crisis de los Estados Sociales en América Latina es atribuida, en
gran parte, a la incapacidad de incorporar a estos sectores. Se argumenta
92
que la gran deuda de los Estados Sociales ha sido su incapacidad para abatir
la pobreza. Como respuesta se proponen nuevas políticas sociales que
tendencialmente aumentan la desprotección de los sectores integrados,
argumentando en la necesidad de focalizar los sistemas de protección social
en los sectores “marginados”.
“Los países latinoamericanos tienen una larga
experiencia en materia de políticas redistributivas,
aunque no tan exitosa como hubiesen querido. Se ha
aprendido recientemente a hacerlas compatibles con
la preservación de los equilibrios globales. Sin
embargo, frente a la magnitud de los problemas
sociales que enfrenta la región, deben buscarse
nuevas formas para atacar la pobreza. Entre ellas se
cuentan el prestar una mayor atención al papel del
sector informal en la economía (...) La formulación de
políticas de atención a estas necesidades, focalizadas
hacia grupos específicos, ha demostrado muchas
veces ser más exitosa que los programas
globales.” (Iglesias, 1993: 95, énfasis nuestro)
A partir de la crisis del modelo de industrialización por sustitución
de importaciones, los esfuerzos de los Estados Sociales son reorientados:
los procesos de ampliación de la ciudadanía con enclave en el mundo del
trabajo retroceden apuntando a generar sistemas residuales de integración
social de los sectores “marginados”.
En este contexto se consolida la ofensiva del pensamiento neoliberal,
que no es más que una construcción ideológica que justifica las
transformaciones que se procesan de hecho y, como el búho de Minerva, solo
alzará el vuelo al anochecer.
93
Como fuera adelantado, Friedrich von Hayek, es uno -sino el único- de
los lúcidos defensores del neoliberalismo y puede ser acusado de todo menos
de oportunista101. En el comienzo de sus trabajos, alrededor de 1945, Hayek y
sus seguidores centraban su crítica al modelo de Estado de Bienestar
cuestionando fundamentalmente al Partido Laborista inglés, que ese año
ganaría las elecciones. Sus argumentos apuntaban centralmente a cuestionar la
intervención del Estado en la economía, planteando que las pretensiones de
solidaridad e igualdad partían de buenas intenciones pero no hacían más que
limitar la libertad de los individuos e interferir con la libre competencia.
Según esta perspectiva, la libre competencia es el principal motor del
desarrollo social. Por ende, la consecuencia de limitarla no podía ser otra que
la de generar una población servil y pasiva (Anderson, 1995: 9 y sig.).
Todo intento por parte del Estado para regular o intervenir de cualquier
manera sobre el mercado será catastrófico. Incluso si fuera posible que la
ciudadanía consiguiera expresar en forma estable y coherente su deseo y el
Estado actuara solamente en función de dicho deseo, de todos modos el
resultado será contrario al bienestar común (Przeworsky, 1995: 26).
La idea fuerza es que el mercado, a pesar de ser una construcción
humana, se constituye como una entidad que escapa a la voluntad humana
(Hayek, 2006). De alguna forma, se podría pensar en el concepto hegeliano de
astucia de la razón o, más claramente, la idea de la mano invisible de Adam
Smith: el mercado funciona con reglas propias que escapan al arbitrio
humano102.
101 "Por más difícil que sea recordar en la era de la teología del neoliberalismo económico, entre el inicio de la década de 1940 y la de 1970 los más prestigiosos y hasta entonces influyentes defensores de la completa libertad de mercado, veíanse y a sus semejantes como profetas en el desierto, advirtiendo en vano a un capitalismo occidental que no les prestaba atención de que estaban recorriendo el `Camino de la servidumbre' (Hayek, 1944)". (Hobsbawm, 1994: 176) 102 “Y considera superior la competencia no sólo porque en la mayor parte de las circunstancias es el método más eficiente conocido, sino, más aún, porque es el único método que permite a nuestras actividades ajustarse a las de cada uno de los demás sin intervención coercitiva o arbitraria de la autoridad. En realidad, uno de los principales argumentos en favor de la competencia estriba en que ésta evita la necesidad de un `control
94
Si la perspectiva neoliberal fuera tan solo ideológica no habría
alcanzado el carácter hegemónico a nivel planetario que ha logrado: "(...) el
neoliberalismo es una superestructura ideológica y política que acompaña
una transformación histórica del capitalismo moderno" (Therborn,
1995: 39; énfasis nuestro).
Por un lado, el discurso neoliberal debe necesariamente tener
elementos de “verdad” y, por otro, es preciso visualizar la particular coyuntura
que permitió al neoliberalismo tornarse hegemónico. Parecen innegables las
dificultades a las que se han enfrentado todos los sistemas que han intentado
prescindir de alguna forma del mercado e incluso los sistemas que han
intentado modelos mixtos (ver Blackburn, 1993: 121 y sig.).
Es evidente que el fracaso del llamado "socialismo real" no fue una
situación aislada que apenas alcanzó a aquel sistema. De algún modo, como
dice Hobsbawm, el modelo socialdemócrata está inspirado en el modelo de
planificación central utilizado en la Unión Soviética que salvó a
"(...) su antagonista tanto en la guerra como en la
paz, proporcionándole el incentivo -miedo - para
reformarse después de la Segunda Guerra Mundial y
al establecer la popularidad del planeamiento
económico, ofreciéndole algunos procedimientos para
su reforma" (Hobsbawm, 1995: 17 ver también 408 y
sig.)
La desaparición del "miedo" a la amenaza comunista es sin duda
una determinación fundamental para entender la arremetida feroz de la
libertad de mercado, de empresa y del comercio global "que sirve a la
social explícito´ y da a los individuos una oportunidad para decidir si las perspectivas de una ocupación particular son suficientes para compensar las desventajas y los riesgos que lleva consigo.” (Hayek, 2006: 67)
95
economía americana de fines del siglo XX tan bien como sirvió a la
británica de mediados del siglo XIX." (Hobsbawm, 1995: 556)
La caída del modelo soviético, a pesar de los románticos discursos que
ven sus causas en la falta de libertad, se debió a su total ineficiencia
económica, al tiempo que la política económica keynesiana no tuvo mejor
suerte.
"Esta entretanto encuéntrase hoy día desacreditada en
gran forma. Dos fenómenos que caracterizaran buena
parte del mundo capitalista desarrollado desde el
inicio de la década de 1970, la elevación gradual de la
tasa de inflación y el declinio graduativo de la tasa de
crecimiento, reveláronse notablemente inmunes a las
tradicionales intervenciones recomendadas por la
teoría Keynesiana." (Przeworski, 1995a: 242)
Es preciso también tomar en cuenta la particular coyuntura que,
sumada a la caída del "socialismo real", coadyuvó para permitir al
neoliberalismo tornarse hegemónico. Nos referimos concretamente a las
transformaciones macroeconómicas suscitadas en el mundo, al surgimiento de
un nuevo tipo de mercado financiero mundial o, en otros términos, a la
globalización de la economía mundial, que tuvo como consecuencia que:
"Los Estados nacionales llegaron a ser mucho
menores que este nuevo mercado financiero mundial,
al mismo tiempo pasaron a depender de la confianza
de estos mercados para implementar gran parte de las
políticas estatales. Nos encontramos también delante
de una situación inversa a la de los años 30 y 40:
estos mercados pueden generar mucho más capital
que el propio Estado.” (Therborn, 1995: 45)
96
Parece obvio decir que la intervención del Estado en el mercado
implica en primer lugar que este lo pueda hacer: ya sea para aplicar políticas
proteccionistas o que apunten a generar una distribución más equitativa de la
renta o cualquier otro tipo de intervención que se crea pertinente. El Estado
necesita poder económico que le permita desarrollar ciertas acciones y ocurre
que:
"(...) por primera vez en la historia la Era de Oro
creara una economía mundial única, cada vez más
integrada y universal, operando en gran medida por
sobre las fronteras del Estado (`transnacionalmente')
y, por lo tanto, también, cada vez más, por sobre las
barreras de la ideología del Estado. En consecuencia,
las ideas consagradas de las Instituciones de todos los
regímenes y sistemas quedaron
solapadas." (Hobsbawm, 1995: 19)
Es así que,
"La lógica comercial obligaría a una empresa
internacional de petróleo a adoptar, en relación a su
país de origen, una estrategia y política exactamente
igual a la que tenían con Arabia Saudita o Venezuela, o
sea, en términos de lucros y pérdidas de un lado, y del
relativo poder de la empresa y del gobierno del
otro." (Hobsbawm, 1995: 274)
A esto se suma el surgimiento de nuevas tecnologías que permiten a
los capitales una flexibilidad y movilidad que le otorgan una aún mayor
independencia de los Estados Nación.
97
Como consecuencia se genera que los que se tornan dependientes
ahora son los Estados de los capitales; se asiste a una competencia brutal entre
los Estados para atraer capitales y mantener los existentes, a los que no podrán
colocar ningún tipo de traba puesto que, justamente, la competencia se basa en
quien permite mayor libertad de acción al capital.
En este contexto se agrega que, en la llamada sociedad pos-industrial,
el capital ya no asume la forma de grandes fábricas que de algún modo lo
arraigan. De este modo, ningún Estado está seguro de poder mantener los
capitales que operan en su medio.
Uno de los rasgos destacables del discurso neoliberal es la
demonización del Estado, siendo la ineficiencia, la burocratización y la
corrupción tres características que se le atribuyen (ver Offe, 1990: 292). De
alguna forma, la realidad se encarga de darles la razón. Hemos perdido
absolutamente la capacidad de asombro ante las denuncias de corrupción -en
muchos casos con la descarada aceptación de los implicados- en los gobiernos
de todo el planeta (ver Hobsbawm, 1995: 557).
Ocurre que el neoliberalismo realiza una exaltación sin precedentes de
la racionalidad instrumental e individualista, no dejando lugar para ningún tipo
de valor alternativo. Es evidente que la exaltación del individualismo es una
característica que no puede ser planteada como novedosa en el marco del
capitalismo, pero nunca en los niveles absolutos en que está planteado
actualmente. El capitalismo siempre necesitó limitar de algún modo el
individualismo sazonándolo con otros valores: el valor trabajo, la honestidad,
etc. Basta recordar a Weber y la importancia que le dio a la ética protestante
en el desarrollo del capitalismo (ver Hobsbawm, 1995: 25).
En síntesis, a lo largo del presente capítulo se recorrió brevemente el
desarrollo del capitalismo monopolista destacando tres momentos
significativos: su génesis y consolidación en la denominada “era de los
98
imperios” (Hobsbawm, 1988), el desarrollo de los Estados de Bienestar en la
“era de oro” (Hobsbawm, 1995: 223) que, como fuera dicho, permitió una
perfecta articulación de las tres perspectivas de cuestión social, hasta llegar a
su crisis y a la emergencia de la perspectiva neoliberal de cuestión social en la
época del “desmoronamiento” (Hobsbawm, 1995: 393).
En el próximo capítulo se analizan las formas en que se expresan estos
tres momentos del desarrollo del capitalismo en su fase monopólica en la
particular formación social del Uruguay.
99
IV. FORMACIÓN SOCIAL DEL URUGUAY Y Cuestión Social
El estudio de la formación social del Uruguay permite una
periodización más o menos consensuada en los ambientes académicos
marcado por los siguientes procesos sociohistóricos:
i) La consolidación del Estado uruguayo a fines del siglo XIX e inicios
del XX.
ii) Un largo proceso de formación de un Estado Social, de
características inéditas en el tercer mundo a inicios del siglo XX.
iii) En 1958 comienza la crisis del modelo de desarrollo por sustitución
de importaciones (Panizza, 1990) que había dado sustento al Estado
Social uruguayo, determinada por el fin de la Segunda Guerra
Mundial y, posteriormente, el fin de la Guerra de Corea. La
reagregación del bloque dominante genera un equilibrio catastrófico
que se resuelve con la clásica coerción pura (Coutinho, 1992: 122):
primero con el pachequismo y posteriormente con la dictadura
militar.
iv) El proceso de “restauración democrática” iniciado en la mitad de la
década del 80.
v) La crisis que en 2002 envía a miles de uruguayos a la exclusión
social amenaza con marcar el fin de una reagregación del bloque en
el poder y se constituye en un punto de inflexión en esta
periodización.
Los procesos sociohistóricos presentados suponen una cierta
concepción hegemónica de cuestión social que les es característica y que
configurará un proyecto de intervención propio en cada período señalado.
100
IV. 1. Consolidación del Estado Uruguayo.
La consolidación del Estado uruguayo como un Estado moderno se
procesa a fines del siglo XIX e inicios del XX. En este período el Estado se
consolida tanto en su acepción marxista -un Estado que sustituye todas las
formas de coerción y coacción por la pura coerción económica103 - como en
la weberiana (Weber, 1986, 112) -donde el Estado se define a partir del
ejercicio exclusivo de la violencia legítima en el territorio nacional.
Este proceso supone la búsqueda de resolución del viejo conflicto
entre la ciudad y el campo presentado como el conflicto entre “civilización
y barbarie” (Barrán, 1994). La imposición autoritaria fue el camino por el
cual se comenzó a transitar hacia la civilización.
“El `militarismo´ (1875-1890) consolidó la propiedad
privada de la tierra y con esto `liberó´ la fuerza de
trabajo de la sujeción a la tierra, quedando disponible
para ingresar en la relación salarial.” (Acosta, 2006:
34)
La consolidación del Estado moderno fue comandada por una
burguesía urbana que, en buena medida, tenía sus negocios en el campo y
visualizaba la pacificación de la campaña como vital para alcanzar el
óptimo de rentabilidad en sus negocios.
Ello suponía varias tareas simultáneas: (i) la pacificación de la
campaña, que imponía como necesidad la sustitución de la dominación
carismática del caudillo por la dominación legal racional (Weber, 1997),
103 “Ha sustituido las numerosas libertades escrituradas y bien adquiridas por la única y desalmada libertad de comercio. En una palabra, en lugar de la explotación velada por ilusiones religiosas y políticas, ha establecido una explotación abierta, descarnada, directa y brutal.” (Marx y Engels, 1986: 113)
101
eliminando, de esta forma, las periódicas guerras civiles104, (ii) la
racionalización de la producción agraria, (iii) el garantizar la propiedad
privada de la tierras y ganados,105 (iv) la consolidación de la unidad de la
nación106 que exigía, necesariamente, extender una sensibilidad que
incluyera la idea de nación (Barrán y Nahum, 1978).
Se destacan, junto con la racionalización de la producción
agropecuaria, con el alambramiento de los campos y la introducción del
merino (“cuando la campaña se tiñó de blanco”), los procesos civilizatorios
que tuvieron como eje la construcción de una conciencia nacional: el papel
central de este proceso lo tuvo la universalización de la Escuela pública con
la reforma vareliana107 (Faraone, S/D)
Tiene un papel relevante la construcción mítica del “padre de la
patria”, José Gervasio Artigas (cf. Vázquez Franco, S/D), como una figura 104 Como señala Mena Segarra citando a Acevedo Díaz, del papel del caudillo se desprende una dualidad de poder que ponía en cuestión la unidad del Estado Nación, en tanto el caudillo era el lider político que comandaba los levantamientos armados contra el gobierno de turno “El caudillo en la guerra los civiles en la paz” (S/D: 133). Puede leerse en el mismo texto: “Según un documento impreso distribuido en 1904 y redactado posiblemente por Javier de Viana: `La revolución se considera el gobierno, ocupa su puesto y tiene todas las facultades de un gobierno constituido [...] Para nosotros el gobierno colorado no existe, el gobierno del país somos nosotros. Cobramos las contribuciones legales [...] para emplearlas en el servicio de la noble causa que defendemos. Con el dinero que recolectamos, le hacemos al país el más hermoso de los regalos: la libertad´.” (118)105 “A ello también contribuyó `la revolución del alambrado´. El cercamiento de los campos fue parte esencial de la conversión de la estancia en empresa, o sea, de su modernización. Si el primer paso en el camino había sido la introducción del ovino, el segundo fue el alambrado, que trajo consigo la afirmación de la propiedad privada. (Nahum, 1999: 58. Énfasis del autor)106 “Los principistas – escribe Pivel Devoto – creían, pues, en la posibilidad de una nueva prédica política. Se equivocaban. Latorre no había de permitir ningún movimiento de opinión pública. No quería ni un partido, ni un programa. Quería la consolidación del orden, de la autoridad, de la situación que había creado. Latorre fue formando ese núcleo con hombres de todos los grupos. [...] agrupación accidental, sin nombre definido, ni programa estructurado, tenía en su seno a los hombres prácticos que buscaban la solución de los grandes problemas vinculados al progreso material del país” (Castellanos, S/D: 126) 107 “En el plano cultural, la obra mayor la realizó José Pedro Varela al impulsar la reforma escolar (1877). Tres tipos de influencias coincidieron en respaldarla: el realismo político del régimen militar; el deseo de tecnificar la explotación rural pecuaria impulsada por el sector moderno de la clase rural, representada en la Asociación Rural; y el positivismo filosófico que empezaba a predominar en la élite intelectual urbana. Varela innovó con un sistema educativo que iba desde los métodos de enseñanza hasta la formación de maestros. Con visión de futuro, lo consideró el instrumento para eliminar la ignorancia y el primitivismo rural, y fundar una vida democrática que impidiera la emergencia de otros gobiernos militares.” (Nahum, 1999: 57. Énfasis del autor)
102
que es colocada por encima de los Partidos Blanco y Colorado
contribuyendo así a la constitución de la identidad nacional.
“También hubo una política deliberada del Estado de
afirmación de la conciencia nacional, uruguaya. Se
estimuló la obra de poetas (Juan Zorrilla de San
Martín), pintores (Juan Manuel Blanes) e
historiadores (Francisco Bauzá) para exaltar el
sentimiento nacionalista y comenzar la defensa de
Artigas como precursor de la independencia uruguaya
y figura que se hallaba por encima de las divisiones
partidarias.” (Nahum, 1999: 62. Énfasis del autor)
Todo este proceso, que coincide con la emergencia del capitalismo
de los monopolios en las economías centrales y que, sin duda, contribuyó a
modelarlo, se caracterizó por la incorporación de valores conservadores que
hicieron un fuerte hincapié en la integración social en el marco del Estado
Nación.
“Escuela, Iglesia y Policía fomentaron, en realidad, y
para poner límites a sus influencias, lo que las
transformaciones económicas imponían si se quería
seguir viviendo dentro de la comunidad y no como
marginados: la eficacia, el trabajo, el estudio, la
seriedad de la vida, en felices palabras de un
historiador ruso.” (Barrán, 1994: 19)
La consolidación del Estado uruguayo es el resultado de un largo
proceso de superación de lo que Barrán (1993) denomina como “La cultura
`bárbara´”. En este período, las crecientes exigencias de modernización de
los procesos de producción por parte de una burguesía incipiente ya nacen
con fuerte tonalidad blanca. El conflicto entre la ciudad y el campo,
103
constitutivo de la sociedad burguesa, se presenta en el Uruguay
configurando una “cuestión social” de contornos particulares.
No se trata simplemente de un campesinado expropiado de la tierra
que debía adaptarse a un nuevo modo de producción, habituado al trabajo y
a las penurias de una vida en el límite donde la “precariedad de la existencia
era parte de la condición de todos” (Castel, 1997: 39). Se trata de una
población inequívocamente denominada como bárbara que exigía
particulares esfuerzos tendientes a su incorporación al nuevo modelo. El
gaucho era visto, probablemente con razón, como un personaje peligroso:
“el gaucho no es un asesino en potencia, sino en esencia.” (Burton Apud
Morás, 2000: 7)
En este contexto, la cuestión social se constituyó con la tarea,
estrictamente conservadora, de procesar el disciplinamiento de las
poblaciones acostumbradas al goce y al disfrute sin límites:
“Digámoslo desde otro ángulo, desde el positivo: el
cuerpo se gozaba placenteramente porque la ropa
permitía los movimientos: las reglas de urbanidad
eran escasas y elementales (exigían el saludo
protocolar pero permitían desperezarse y aún orinar
en público, por ejemplo); las convenciones, en una
sociedad sin tradiciones y poco jerarquizada, eran
débiles; el trabajo variado, se realizaba
mayoritariamente a cielo abierto y exigía destreza
precisamente física (...).” (Barrán, 1993: 100)
En una suerte de inversión de los términos, la consolidación de un
Estado liberal burgués precisa, antes que nada, la construcción de los
cuerpos disciplinados pasibles de ser “sujetos” de explotación.
104
“Todos los indicios coinciden: el mundo del dinero y
el trabajo se presentó como incompatible con el
mundo de la risa y el juego. La sensibilidad había
reorientado sus aceptaciones y sus rechazos, sus
amores y sus repugnancias, de acuerdo a un nuevo
esquema que, en parte, ella misma había
consolidado.” (Barrán, 1995: 239)
Retomando nuestra metáfora cromática, la imposición del azul de la
libertad burguesa solo puede alcanzarse una vez superada la libertad de los
cuerpos gozosos de la barbarie. En este contexto que combina, en forma
clásica, el blanco de la legalidad y el azul de la libertad de mercado, el único
rojo que ondea no es el del gorro frigio108 sino el rojo de la sangre de las
faenas y las guerras civiles, el rojo de la “`tierra purpúrea´ (...) colorida
referencia al resultado cromático de mezclar tierra con sangre” (Morás,
2000, refiriéndose al conocido libro de W. Hudson).
IV. 2. El batllismo y la conjura de la Cuestión Social
El primer gobierno de Batlle (1903-1907) se inicia dando por
culminada la consolidación del Estado Nación con la derrota y muerte de
Aparicio Saravia109 a manos del ejército profesional gubernamental,
organizado racionalmente.
108 De cualquier forma los procesos de disciplinamiento nunca son univocos, la contradicción siempre está presente. Como señala Morás: “La instrucción podía representar un factor contribuyente a la domesticación de impulsos (...) Podía tanto disciplinarlos para la producción industrial (...) como sugerirles ideas de derechos y garantías como las, todavía por ese entonces, revolucionarias de `igualdad, libertad y fraternidad´” (2000: 107)109 “En el caso uruguayo, el desarrollo de la situación de equilibrio catastrófico, en que se debatió la formación social uruguaya, durante la mayor parte del siglo XIX, culmina, en el año 1904, con la derrota del último levantamiento armado y la muerte de su líder, el caudillo Aparicio Saravia, en la manos del ejército bajo un gobierno civil, afincándose la política de cooparticipación entre los dos partidos tradicionales. El jefe de este gobierno civil, José Batlle y Ordoñez, marca toda una época en la historia uruguaya, dando lugar al `batllismo´(1903-1931) que según algunos autores constituye una forma de `populismo´, es decir, un cesarismo `progresivo´ que, diríamos en la perspectiva gramsciana, promueve cambios moleculares (cuantitativos).” (Acosta, 2006: 34)
105
“Disponiendo de los recursos financieros del Estado,
reclutó hombres (un ejército de 30.000 personas),
compró armas modernas (cañones Krupp,
ametralladoras Maxim), empleó el telégrafo y el
ferrocarril para enviar órdenes y tropas donde fuera
necesario, y puso la técnica moderna y la capacidad
administrativa del Estado al servicio de la
legalidad.”(Barrán y Nahum, 1978: 81)
La derrota de Saravia por parte de José Batlle y Ordoñez tiene varios
significados. Por un lado, la derrota del último caudillo permitía avanzar en
la consolidación definitiva del Estado Nación en el sentido del monopolio
del ejercicio legítimo de la fuerza en el territorio nacional. Como fuera
dicho, el caudillismo representaba una suerte de dualidad de poderes en el
Estado Nación pero supuso, también, la derrota y, por tanto, la supremacía
de la ciudad sobre el campo. En tal sentido, el cesarismo progresista
mencionado por Acosta (2006: 34) es resultado de la superación definitiva
de este equilibrio catastrófico entre la ciudad y el campo, los caudillos y los
doctores.
Probablemente esto haya sido causa de la emergencia de un
liderazgo que permitió a Batlle sentar la bases sobre la que se construyó el
Estado Social que es, sin duda, lo que le da identidad y constituye la fuerza
mítica del batllismo para toda la sociedad uruguaya, es decir, la
incorporación de las demandas obreras que tempranamente se desarrollaron
en el país (Cf. Vanger, 2009).
De algún modo, ya sea como “concesiones arrancadas a los poderes
dominantes (...)” o por “razones de carácter moral, por mandato ético para
con los `humildes´” (Caetano y Rilla, 1994: 116), el proceso de
incorporación a la cuestión social hegemónica de la perspectiva social
106
comienza a procesarse en este período, y modelarán el Estado Social
uruguayo hasta su crisis. (Filgueira y Filgueira, 1995)
“Negando que la violencia de las luchas sociales que
había visto en la vieja Europa tuviera que
reproducirse en el joven Uruguay, creyó que había
que anticiparse a su estallido mediante la intervención
del Estado, árbitro y componedor de las disputas
sociales. Pero un Estado como juez inclinado hacia
los más débiles: el obrero (jornada de 8 horas); el
anciano (pensiones a la vejez); el niño (educación
extendida); el enfermo (asistencia pública gratuita y
laica); la mujer (divorcio por su sola voluntad). En
suma, hacia `los oprimidos del taller o del
hogar¨” (Nahum, 1999: 85)
El modelo de país que permitió la construcción de un Estado Social
y su desarrollo hasta fines de los años cincuenta, donde se inicia su crisis,
fue diseñado en sus trazos fundamentales por el batllismo, que hacía
profesión de fe en que la industrialización era la única garantía para colocar
al país en la carrera del progreso110.
Esta “profesión de fe” incluía, por lo menos, un presupuesto
fundamental: la convicción de que la ciudad era el espacio privilegiado para
la construcción de la sociedad, lo que equivale a considerar a la ciudad
como el espacio de la libertad111 (cf. Caetano y Rilla, 1999; Nahum, 1984).
110 “Para Batlle y Ordóñez la industria era fundamental en la tarea de disminuir la dependencia del comercio exterior del país, mitigando los lazos que ataban al Uruguay principalmente a Gran Bretaña. Pero también cumplía una función de estabilidad social, creando las fuentes de ocupación e ingresos para los habitantes del país, que emigraban del medio rural como consecuencia de los avances en la modernización.” (Jacob, 1981: 80)111 “Así como Aparicio es por excelencia el hombre de campo (...) Don Pepe es el hombre de la ciudad, específicamente de la ciudad puerto. La campaña le desagradaba y nunca sintió gusto por ella (...).” (Mena Segarra, S/D: 152)
107
Esta convicción, como era de esperar, encontró una fuerte oposición,
por un lado, de la confesión católica que, a diferencia de la protestante muy
escasa en el Uruguay, se caracteriza por una fuerte tradición de pensamiento
conservador que valora fuertemente la “comunidad” por sobre la
“sociedad”112
“Los católicos hacen limosna a los que son católicos,
a los de su grey, a los que se arrodillan ante sus
ídolos. Para ellos, el que no es católico no merece
protección. Para nosotros, en cambio, la protección
social debe alcanzar a todos los que la requieren o
necesitan (...) Por eso propiciamos la ley de ocho
horas y las pensiones a la vejez, no con palabras, sino
con leyes sociales eficaces y prácticas. Y por eso
mismo, los católicos se oponen a estas leyes
humanitarias y justicieras.” (José Batlle y Ordóñez
apud Vanger, 2009: 96)
Y por el otro, el de los fuertes intereses oligárquicos que fueron
claramente afectados por los mecanismos de protección a la industria, que
en todo el proceso fueron subvencionados por los excedentes surgidos de las
exportaciones agro-ganaderas (cf. Nahum, 1994).
“Asimismo, los hacendados, no demandaban de fuerza
de trabajo calificada en abundancia; aún más, en su
mayoría fueron opositores firmes (a partir de la
fundación de la Asociación Rural del Uruguay)
respecto a empresas de solidaridad social
desmesuradas. Máxime cuando eran ellos quienes -en
buena medida- pagarían sus costos
financieros.” (Morás, 2000: 11)
112 En el sentido en que Weber define comunidad y sociedad (Weber, 1997: 289 y sig.)
108
El proceso de industrialización se produce, entonces, de forma
artificial, en el sentido de que no existía una clase burguesa con la fuerza
para comandar este proceso. De ahí la necesidad de constituir un Estado
fuerte, de tipo bismarkiano, con la finalidad y misión de comandar dicho
proceso.
Para desarrollar tal misión, el Estado debía neutralizar el potencial
revolucionario de la clase trabajadora113 que comenzaba a organizarse
comandada por la inmigración114 - fundamentalmente anarquista- generando
lo que puede llamarse un mecanismo anticipatorio de concesiones115 (cf.
Acosta, 2006: 31).
De acuerdo con Filgueira (1995), el proceso de consolidación de los
derechos sociales se basó en cuatro pilares que modelaron todo el desarrollo
del Estado social:
i) Creación de la Asistencia Pública en 1919, cuya finalidad ha sido
la administración de las instalaciones de beneficencia existentes
(instituciones hospitalarias, vinculadas a la salud pero también al alivio y
control de enfermedades infecto contagiosas, la locura y la indigencia). La
113 “Las políticas sociales, y en particular la política previsional, no fueron simplemente medidas adoptadas por un Estado que en un momento de su desarrollo histórico dejaba de ser liberal para transformarse en intervencionista. Fueron adoptadas por un Estado débilmente institucionalizado que buscaba reforzarse en el proceso mismo de desarrollo de las políticas en cuestión” (Papadópulus, 1992: 29). 114 “Estas luchas caracterizan una `situación de equilibrio catastrófico´, en el cual se debatió la naciente formación social uruguaya y que desembocó en la solución `cesarista´: la conformación de un Estado fuertemente intervencionista, por tanto `arbitral´, es decir, `bonapartista´, que impulsa la proletarización de la fuerza de trabajo y la industrialización por sustitución de importaciones de la producción. Este mismo camino prusiano llevó también a la constitución del padrón de protección social “bismarkiano” o meritocrático-particularista, que caracterizó al Estado uruguayo en la primera mitad del siglo XX.”(Acosta, 2006: 31)115 Esto, por supuesto, resulta de una simplificación un tanto grosera ya que se comparte con Pastorini que: “Las políticas sociales no pueden ser pensadas como producto de una relación unilineal, donde el movimiento parta del Estado para la sociedad civil (`concesión´), o viceversa, de la sociedad civil para el Estado (`conquista´), sino por el contrario esa relación debe ser vista como proceso dialéctico, contradictorio y de lucha entre diferentes sectores sociales” (2000: 227)
109
asistencia pública seguía la forma secular y republicana del concepto de
caridad, siguiendo la modalidad instituida en Francia a fines el siglo XIX.
ii) Profundización de la Instrucción Pública, orientada por los
principios de laicidad, gratuidad y obligatoriedad a partir del gobierno de
Lorenzo Latorre, a través de su expansión notoriamente expresada tanto en
el nivel de gastos como en la extensión de sus servicios. De un 5% del
presupuesto de la Administración Central en 1904 pasó a un 20% en 1932.
Se creó una enseñanza secundaria pública, también laica, y se reformuló la
enseñanza universitaria. En 1912 se crearon liceos en las 18 capitales
departamentales del interior. En 1921 se crea una Universidad de Mujeres
(liceo femenino). En 1916 se reformula la enseñanza de oficios.
“La educación se orientaba en varios sentidos: contar
con mano de obra instruida mínimamente; buscar la
integración social, sobre todo de los inmigrantes;
desarrollar mecanismos de control social; eliminar la
barbarie para llegar a la civilización (impulsados por
Varela y Sarmiento); crear las bases para la ciudadanía
en un futuro estado liberal.” (Filgueira 1995: 82)
iii) Las llamadas leyes obreras, que apuntaron a regular el mercado
laboral: la jornada de ocho horas, la semana laboral de seis días en la
industria y de cinco y medio en el comercio, la regulación del trabajo
femenino e infantil. Estas leyes se vieron plasmadas sobre todo en el
segundo período de gobierno de Batlle y Ordóñez (Cf. también Vanger,
2009).
La simpatía y defensa de los derechos de reunión y de huelga,
reconocidas en la figura de Batlle y Ordóñez, deben ligarse más a su disputa
con las empresas privadas extranjeras que a la defensa de los intereses
sindicales (Cf. también con Caetano y Rilla, 1991). La primera disposición
110
de salarios mínimos fue para los trabajadores rurales en 1923, para los
empleados públicos en 1925 y para los trabajadores industriales en 1943.
iv) El desarrollo de la Seguridad Social. En 1896 ya existía una caja
para maestros, en 1904 se creó la Caja Civil para los funcionarios públicos y
la universalización de los Seguros Sociales se consolida a partir de 1919,
con la creación de la Caja de Industria, Comercio y Servicios y con la
aprobación de las concesiones de pensiones a la vejez al alcanzar los 70
años de edad y no disponer de medios para la subsistencia. También se crea
un servicio de pensiones para oficiales. En 1919 se establece por ley la
obligación de la cobertura estatal por causa de vejez, invalidez y muerte a la
categoría de “indigentes”116.
La constitución del Estado Social uruguayo fue consecuencia directa
de un Estado fuertemente protector de la industria nacional, a tal punto de
que la industria uruguaya y, con ella la frágil garantía de pleno empleo, sólo
era posible por el permanente auxilio de estos mecanismos de protección,
mecanismos que no solo fueron resistidos, como adelantamos, por los
intereses oligárquicos117 sino que también tuvieron fuerte oposición por
parte del Imperio Británico:
“El tercer actor relevante en el medio uruguayo por
esa fecha, los intereses vinculados al Imperio
Británico, siempre mostraron su firme oposición al
contenido sospechosamente `socializante´ de las
reformas, y en especial, a partir del nuevo siglo con el
116 “Cuando la vía de transición al capitalismo es la liberal-burguesa o democrática (de `abajo para arriba´), las políticas sociales tienden a encuadrarse dentro de un patrón de protección social de tipo residual (modalidad de la asistencia social); en tanto que a la `revolución pasiva¨ (modernización conservadora) le va a corresponder un patrón meritocrático-particularista (modalidad del seguro social) o `bismarkiano´ (Fleury, 1992). En esta vía de transición, el Estado no tiene el impedimento liberal para intervenir en la sociedad; por el contrario, su intervención está legitimada.” (Acosta, 2006: 36)117 “La peculiaridad del desarrollo político-institucional de la formación social uruguaya, contribuyó para que la clase propietaria de la tierra, a partir de cuya rentabilidad la industrialización es financiada, estuviera fuera de la administración directa del Estado.” (Acosta, 2006: 49)
111
ascenso al poder del batllismo. El periódico The
Montevideo Times expresaba con claridad en 1916 su
oposición a las `avanzadas leyes económicas y
sociales recientemente sancionadas´.” (Morás, 2000:
11)
Es posible suponer que este modelo no hubiera resistido sin la
proverbial coyuntura generada por la Crisis del 29118, en un primer
momento, y luego, por los efectos de la Segunda Guerra Mundial, que
generaron las condiciones de posibilidad para el desarrollo del denominado
proceso de sustitución de importaciones119.
La crisis del 29 tuvo un fuerte impacto en la economía uruguaya,
generando una fuerte contracción en la industria de la construcción120. Como
consecuencia se registró un aumento de la desocupación alcanzando a
40.800 desempleados hacia 1933 y un incremento de la pobreza con un 33%
de los trabajadores de la industria que no alcanzaba con su salario a cubrir
los costos de su subsistencia y un 65 % que no alcanzaba a mantener un
hogar con sus ingresos (Nahum et. All, 1998: 45).
En 1933, frente a la conflictividad sindical y la crisis política, el
presidente electo constitucionalmente, Gabriel Terra, de origen batllista, da
un golpe de estado apoyado por los grupos económicos dominantes
representados en la “alta clase rural, banqueros, empresas extranjeras” que
presionaban para poner límites a las reformas sociales promovidas por el
batllismo. No obstante esto, como demostración del fuerte apoyo popular
118 “Durante la década del 20 se había producido un aumento sostenido del número de trabajadores de la industria. El personal ocupado en Montevideo, según el Censo de 1926, alcanzaba a 53.431 personas. El Censo industrial de 1930 marcaba que la cifra había pasado a 78.671 trabajadores (...) Seis años más tarde, en 1936, se constataba un nuevo crecimiento: 75.747 obreros y 9.844 empleados de la industria. (Nahum et all, 1998: 66) 119 Corresponde señalar que el proceso de industrialización sólo alcanzó a producir a nivel de la industria liviana. (Acosta, 2006: 39)120 “Para la industria de la construcción, a diferencia del sector manufacturero, la depresión marco un profundo retroceso. En 1935 experimentó una caída del 61% respecto a las actividades de 1930. Esto acarrea consecuencias sociales muy serias, ya que ocupaba a más del 16% de los trabajadores del sector secundario.” (Nahum et all, 1998: 66)
112
que estas reformas tenían, el freno que se impuso a las mismas sólo
consiguió enlentecerlas sin afectar su potencia (Nahum et All, 1998: 45).
“(...) el gobierno de Terra aplicó diversas medidas que
permitieran superar el inmovilismo laboral. La
construcción de la represa hidroeléctrica de Rincón
del Bonete, así como el fomento de otras obras
públicas (...) Se produjo un aumento significativo del
funcionariado público.” (Nahum et All, 1998: 45)
También se fijaron precios a los artículos de primera necesidad,
recurriendo incluso al subsidio en algunos casos, se desarrolló una política
de vivienda, con la compra de viviendas económicas para ser vendidas o
alquiladas a sectores de bajos ingresos y se habilitaron “comedores
populares” (Nahum et. All, 1998: 65).
Superada la crisis y restaurado el régimen democrático, el desarrollo
del Estado Social recuperó el ímpetu de las décadas anteriores. En 1943 se
promulga la ley de creación de los Consejos de Salarios; en 1946, el
Estatuto del Peón Rural que fijaba pautas de remuneración y condiciones de
trabajo y amparo a su familia y se creó el Consejo Nacional de Subsistencia
con la misión de controlar los precios de los productos de primera
necesidad:
“Según Luis Batlle, la acción redistributiva del
ingreso a desplegar por el Estado, no se limitaba a
razones de solidarismo e igualitarismo social. El
Estado debía `adelantarse´ a los reclamos como forma
de evitar luchas sociales; debía representar el papel
de árbitro en la sociedad. Esta política contribuía
además, a elevar el poder adquisitivo de la población
y, consecuentemente, a ensanchar el mercado interno,
113
prácticamente el único consumidor de la industria
nacional.” (Nahum et all, 1998: 109)
El Estado Social batllista, tanto en el período clásico como en el
neobatllismo, desarrolló un sistema de protección social que generó la
ilusión de conjura de la cuestión social, constituyendo una especie de
Ginebra rousseauniana o “Suiza de América”121 donde eran posible la
igualdad, la fraternidad y la libertad.
La sociedad hiperintegrada de la que nos habla Rama (1987) era
también una sociedad hiperadaptada y, tal como sucede en la naturaleza, la
hiperadaptación es siempre una adaptación riesgosa dado que todo cambio
en el contexto adquiere un carácter catastrófico. La crisis del modelo de
industrialización por sustitución de importaciones supuso para el Uruguay
el inicio de una crisis más profunda de la que no ha logrado recuperarse
satisfactoriamente hasta nuestros días.
IV. 3. Crisis del Estado batllista y sustitución del bloque en el
poder
Con el fin de la Guerra de Corea a principios de los años cincuenta,
Uruguay empieza una crisis de la que ya no se recuperará122. Los analistas
(Rama, 1987; Solari, 1964; Real de Azúa, 1984) coinciden en describir una
121 “ (...) la hoy olvidada `Suiza de América Latina´ y su única democracia verdadera: el Uruguay.” (Hobsbawm, 1995: 115)122 “A partir de la mitad de los años cincuenta, el Uruguay pasa por un largo período de crisis socio-económica, así como del sistema político basado en la co-participación en el gobierno de los dos partidos políticos tradicionales, después que el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, impulsado por el `segundo batllismo´ (1947-1958), llega a su límite. Entre las causas de esta situación, se identifican la finalización de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra de Corea, el reordenamiento de la economía internacional de pos-guerra, con la creación de organismos internacionales (...) la caída de los precios en el mercado internacional de la carne y de la lana y el aumento de los precios de los productos importados (deterioro de los términos de intercambio); así como, la permanencia de una estructura productiva rural basada en la explotación extensiva del latifundio heredada de la época colonial y que fue desarrollada durante la transición al capitalismo.” (Acosta, 2006: 71,72)
114
sociedad que había construido su auto-representación en base a la
convicción de que el Uruguay era una democracia única en América Latina,
una sociedad que, como fuera dicho, parecía haber conjurado la “cuestión
social” en toda su dimensión.
“La hendidura económica que se inicia en 1955 cierra
un tiempo y abre otro dentro del proceso general que
vemos: de una situación en que todavía la inviabilidad
del sistema no era flagrante, quedaba disimulada
cuando no justificaba ocasionales apologías — ese fue
el tiempo del slogan `Como el Uruguay no hay´— se
pasa a otro en que su insuficiencia se hace notoria y
es primero atribuida a los gobernantes, luego a los
partidos, por último reconocida en la estructura del
sistema. Es entonces que se acomete su impostergable
sustitución apelando a diversas vías.” (Rama, 1972:
20)
El sueño de la revolución francesa había sido, en la imaginación del
los uruguayos, logrado finalmente en este pequeño país, que tenía la
fórmula a disposición para compartir con el resto del mundo: era “el
Uruguay feliz”, “la tacita de plata”, “la Suiza de América”123.
La cuestión social, adormecida durante décadas, emerge devastadora
tal y como la describe Castel (1997). En Uruguay se presenta
descarnadamente como una sociedad que directamente se pregunta si es
viable como nación (Methol Ferré, 1971).
123 “Los uruguayos han tenido en el pasado, y tienen todavía, una fuerte tendencia a confundir la marginalidad que es su característica con una supuesta superioridad sobre el resto de América Latina y ligarla, con la ilusión de un papel rector en el mundo. La insistencia con que se habla del papel que el Uruguay ha tenido en las relaciones internacionales mundiales, la ingenua seriedad con que los diarios uruguayos enseñaban al Presidente Kennedy y a sus asesores cuáles son las verdaderas maneras de no sucumbir frente al avance del comunismo, son exteriorizaciones de una visión desarraigada del mundo que se traduce en una superioridad imaginaria.” (Solari, 1964: 169)
115
El éxito económico del Uruguay se sostuvo en la combinación de
buenos precios para los productos agroganaderos, fundamentalmente la
carne y el trigo, y una industria manufacturera subvencionada, concentrada
fundamentalmente en el mercado interno. La coyuntura internacional
favorable que había propiciado este éxito económico se revirtió
dramáticamente.
“A mediados de 1953 se ponía fin a la guerra de
Corea. El armisticio alejaba el peligro de una
confrontación directa entre superpotencias, a la vez
que desaparecía el estimulo exterior a nuestros
productos de exportación y sus buenos
precios.” (Nahum et all, 1998: 112)
La crisis puso fin al Uruguay batllista y a 93 años de gobiernos
colorados. El significado de la derrota electoral - precisamente por el sector
más conservador y vinculado más inmediatamente a los intereses
oligárquicos del Partido Nacional -el Ruralismo- representa un
acontecimiento mucho más complejo que una simple rotación de los
partidos en el poder.
“Con el triunfo del Partido Nacional en las elecciones
de 1958, el Uruguay ingresó (y hubo inmediata
conciencia de ello) en otra etapa política. Ello no
ocurrió sólo porque un partido que hacía cerca de un
siglo no ganaba la titularidad del Poder Ejecutivo lo
hiciera entonces. Harto mayor importancia posee,
fuera de duda, el hecho de que no obstante las
diferencias en el modo de su instauración: la vía del
cambio legal respecto al primero; su considerable
duración respecto al segundo, la secuencia política
iniciada no difirió sustancialmente de las reacciones
116
antipopulistas que representaron el levantamiento
militar argentino contra Perón, en 1955 y el mando
presidencial de Janio Quadros, en el Brasil, durante
nueve meses de 1961.” (Real de Azúa, 1984: 66)
El triunfo del Partido Nacional representa el comienzo de una
reagregación del bloque en el poder que supone un proceso de ruptura
unilateral del pacto inter clases (Przeworski, 1995) que caracterizó al Estado
Social uruguayo. Desde nuestra perspectiva, utilizando el instrumental
conceptual construido para comprender la cuestión social, esto supone una
alianza entre la perspectiva conservadora y la neoliberal para
desembarazarse de la perspectiva de ampliación de la ciudadanía124.
La formación social del Uruguay se desarrolla a través de un proceso
de revolución pasiva o revolución restauración; la vía prusiana supone
concesiones a las clases subalternas y esto fue configurando todo el
desarrollo del Estado Social uruguayo. De esta forma, se procesó el pasaje
de un tipo de sociedad oriental a un tipo de sociedad occidental.125
Como fuera señalado, el Estado Social uruguayo significó el triunfo
de los intereses de la ciudad sobre los del campo. Esta supremacía se
expresaba en el desarrollo y consolidación de una industria por sustitución
de importaciones, articulada con un programa social de “construcción de
ciudadanía” sostenido por subvenciones financiadas por los excedentes
surgidos de las exportaciones agro-ganaderas.
124 “Creemos que es más sencillo pensar la historia del Estado uruguayo en el siglo XX distinguiendo sólo dos grandes etapas. Una primera etapa de expansión (1904-1958), presidida por un fuerte optimismo en cuanto a la capacidad del Estado para regular el mercado, incorporar la sociedad e impulsar el desarrollo del país. Una segunda etapa (1959-2000), en la que nuestras elites primero, nuestros grupos sociales después y nuestros ciudadanos finalmente fueron plasmando en el Estado la idea de que los mercados y la sociedad civil deben adquirir un mayor protagonismo en el desarrollo nacional.” (Filgueira et all, 2003: 73)125 Un desarrollo solvente y con una aplicación pertinente para el caso brasileño de las categorías revolución pasiva, revolución restauración, sociedad oriental y occidental pueden leerse en Coutinho, 1992.
117
Esta particular forma de articulación del bloque en el poder
comienza su proceso de derrota histórica con el triunfo del ruralismo que
dará inicio a una rearticulación del bloque en el poder126:
“Aquí vale la pena también subrayar la importancia
de esa transición indecisa que representaron los dos
períodos de gobierno colegiado nacionalista
(1959-1967). Durante ellos, se debe decir, todas las
pragmáticas económicas del neoliberalismo fueron
puestas en práctica o por lo menos intentadas. Fuerte
apoyo a la producción rural a través de los
mecanismos monetario y cambiario, reordenación
`realista´ de estos últimos, desmontaje -si bien
titubeante- del sistema de tasas, subsidios y `precios
políticos´: todo eso, además de siempre voceados y
poco cumplidos propósitos de redimensionar el Estado
y podar la burocracia se cumplió o trató de
cumplir.” (Real de Azúa, 1984: 71)
El fuerte apoyo a la producción rural que menciona Real de Azúa
fue desarrollado mediante la promoción de la concentración de la tierra127 y
generando un proceso sostenido de empobrecimiento de los medianos y
pequeños productores. Orientada por la ganadería extensiva, la producción
en el medio rural generó el comienzo de un proceso de emigración del
126 Habiendo dimitido así de esta función arbitral o de compromiso social en cierto modo “neo bonapartista”, si el aparato no sufrió un radical dimensionamiento de formato dejó, en cambio, de promover esa corriente de asignaciones hacia los niveles bajos de la sociedad que ya, bajo las formas particularistas del “patronato”, ya bajo las más generales de la “justicia social”, tendían a amortizar las inequidades del sistema y mantener y acrecentar el apoyo político que recibía el equipo gobernante. Ahora, directa o indirectamente, toda la política económica y financiera de corte neoclásico u ortodoxo tendió a hacer difícil sino imposible esta función (Real de Azúa, 1984: 69)127 El nacionalismo dominante es también el tiempo de la quiebra económica, con soluciones que agravan la situación del país como las que aplican los gobiernos del Partido Nacional ransfiriendo la riqueza a los propietarios rurales, devaluando la moneda, adhiriendo a los principios fondomonetaristas, endeudando el Estado a la banca extranjera. (Rama, 1972: 26)
118
campo a la ciudad128 que, obviamente, dado el nuevo patrón de desarrollo no
tenía condiciones de incorporar esta fuerza de trabajo expulsada del medio
rural. El desarrollo sin precedentes en el Uruguay de la marginación no fue
consecuencia del Estado Social, como pretende explicarla el Consenso de
Washington, sino de la ofensiva en su contra129.
Este proceso de rearticulación del bloque en el poder fue
profundamente resistido por las clases subalternas. La conflictividad
sindical, el movimiento estudiantil en la calle y el comienzo de la violencia
política no se hicieron esperar; la respuesta represiva tampoco se hizo
esperar, aunque no tendrá la virulencia que cobrará en el periodo siguiente.
Los fenómenos que denunciaban esta imposibilidad de vivir como
nación a la que refiere Methol Ferré (1971), se disparan simultáneamente:
El “cantegril” como injuriosa denuncia de la incapacidad de integrar
a sus ciudadanos.
La conflictividad sindical, expresada en su momento “egoísta
pasional”130 (Gramsci, 1985: 400), con su contracara, la
irresponsabilidad de un empresariado incapaz también de
constituirse en clase dirigente.131
128 “En términos ocupacionales, en el período 1961-1970 la población rural trabajadora disminuyó a una tasa de 1,67%, siendo esencialmente importante la disminución registrada entre 1961 y 1966 en que la tasa de disminución es de 1,91%.” (Nahum et all, 1998: 158)129 “En Montevideo los `cantegriles´ - ranchos de lata, sin saneamiento ni electricidad construidos en zonas suburbanas de la ciudad – se multiplicaron y las centenarias viviendas declaradas en estado `ruinoso´ ubicadas en la Ciudad Vieja sirvieron de refugio a los `sin techo´ que obligados a desocuparlas, reocupaban otras iniciando un largo camino de constantes desalojos.” (Nahum et all, 1998: 158)130 “La sociedad uruguaya tan moderada políticamente, es a menudo extremista desde el punto de vista gremial. Los gremios, a menudo de funcionarios públicos, en defensa de sus derechos son capaces de recurrir a medidas muy fuertes del tipo que las teorías de principios del siglo consideraban como preludio a la acción revolucionaria con objeto de lograr la toma del poder total. Pero esas medidas ni son el producto de una acción coordinada de toda la clase obrera ni van más allá de ser un instrumento para obtener un aumento de las remuneraciones. Los que las toman no piensan ni desean una efectiva transformación estructural, buscan simplemente una mejor posición, o evitar una disminución de su posición en las estructuras existentes.” (Solari, 1964: 165) 131 “Las organizaciones gremiales obreras se manifestaron permanentemente dispuestas al diálogo y probablemente hasta a aceptar ciertas formas de sacrificio, procurando así no sólo coparticipar en una política anti-inflacionaria sino también conservar el esquema
119
La violencia política (Gatto, 2004; Lessa, 2003), que además de
expresar palmariamente que el Uruguay hiperintegrado -que había
sido el sueño de la siesta uruguaya- había llegado a su fin
irremediablemente, traía la noticia de que esa fantasía se había
alimentado de su ceguera frente al sufrimiento de la sociedad rural
donde nunca se había alcanzado la ciudadanía en ninguna de sus
dimensiones: ni civil, ni política, ni social132
Se inaugura así el comienzo de la expulsión de la perspectiva de la
ampliación de la ciudadanía en la configuración hegemónica de la cuestión
social. Como fuera dicho, esta expulsión no se transita pacíficamente. El
“colapso del transformismo”(Panizza, 1990: 204) dará lugar a un nuevo
“equilibrio catastrófico”. De manera clásica el “equilibrio catastrófico” se
resuelve a través del cesarismo. Primero con el pachequismo, un cesarismo
con un césar y, posteriormente, el cesarismo se procesó con el golpe de
estado a partir de la derrota de la reforma constitucional que posibilitaba la
reelección y el triunfo de Bordaberry, un cesarismo sin cesar. El recurso al
autoritarismo fue la respuesta frente a la crisis de hegemonía del bloque en
el poder133.
Este proceso empieza claramente a partir de la muerte del presidente
Gral. Oscar Gestido -quien ya había impreso un fuerte contenido autoritario
a una gestión cada vez más centrada en el Poder Ejecutivo gracias a la
reforma constitucional conocida como la reforma naranja (Nahum et all,
distributivo y las formas sociales de relación tradicionales. La clase capitalista, por el contrario, continuó e intensificó la actividad especulativa a todos los niveles: remarque de precios, stockamiento, empuje persistente sobre el mercado de cambios. Este comportamiento fue factor decisivo, según se ha visto, para que el nivel de precios se incrementara en un 100% en sólo ocho meses.” (Instituto de Economia, 1969: 364)132 “las primeras acciones de masas [del MLN Tupamaros] se realizaron con trabajadores agrícolas del extremo norte del país sujetos a una explotación cuya realidad sorprendió al Montevideo movilizado, aunque no fuera inferior a la condición de los minifundistas agrícolas del sur. Así se introdujo el olvidado tema de la lucha por la tierra” (Rama, 1987: 160)133 La interpretación puede buscarse en Gramsci con el concepto de “cesarismo” que: “expresa siempre la solución `arbitral´ confiada a una gran personalidad, de una situación histórico-política caracterizada por un equilibrio de fuerzas con una perspectiva catastrófica (...)” (Gramsci, 1993: 125)
120
1998A: 54)- y la asunción de su vicepresidente Jorge Pacheco Areco. Este
hecho es presentado por Real de Azúa (1974: 72) como
“(....) el verdadero salto cualitativo, el ingreso a un
período diverso y plenamente identificable que
abrieron en 1967 -a poco del fallecimiento del
Presidente Gestido y del acceso de su Vice al mando-
las clausuras de periódicos y la disolución de algún
partido y varios movimientos políticos. Pero aun más
agudamente marcaron ese tránsito los decretos de
congelación de salarios y precios y la nueva vigencia
de medidas de seguridad (de seguridad ininterrumpida
hasta el presente) en junio de 1968.”
En las elecciones de 1971, la reforma constitucional que propiciaba
la reelección del presidente Jorge Pacheco Areco es derrotada. Si bien su
sector gana las elecciones, el ejecutivo es asumido por el Sr. Juan María
Bordaberry. Su figura no tenía el carácter carismático de su antecesor y no
logró sostener el tipo de liderazgo autoritario de aquel134 desembocando
rápidamente en el Golpe de Estado de 1973. Si bien en aquel momento hubo
alguna expectativa de que dicho fenómeno fuera expresión de sectores
peruanistas dentro del ejército135, el carácter del cesarismo fue regresivo
tanto en el momento clásico como en el Golpe de Estado136.
134 “(...) el gobierno del señor Bordaberry agregó algo que al período pachequista, por lo menos en su forma más eruptiva no había mostrado. Ello fue el menudo regateo entre partidos y subpartidos y la puja entre gentes de la más inverificada idoneidad por el nuevo lote de cargos a término. Tal vez alguien pueda haberlo considerado el precio por la reemergencia del trámite político, tan descuidado y soslayado durante el mesiánico autocratismo del predecesor.” (Real de Azúa, 1974: 86) 135 “En febrero comenzó a calificarse de `peruanista´ esta creciente presencia. Es de suponer que con el designante se quiere identificar procesos en los que el Ejército y las otras armas, corporativa o institucionalmente, reemplazan de modo formal el personal político representativo (Perú) o lo someten a su vigilancia y regulación (Uruguay).” (Real de Azúa, 1984: 180)136 “(...) es regresivo cuando su intervención ayuda a triunfar a las fuerzas regresivas (...) en la dialéctica `revolución-restauración´ prevalece (...) el elemento restauración.” (Gramsci, 1993: 125)
121
La dictadura condensó los intereses más reaccionarios del entramado
social. La represión, como es tradicional, se concentró sobre aquellas
organizaciones que representaban los intereses de las clases subordinadas.
Los intereses representados por la dictadura eran aquellos que reivindicaban
la necesidad de liberalización del mercado:
"Un día antes del golpe, un grupo de empresarios e
inversores extranjeros de Business International había
mantenido una 'reunión de trabajo' con representantes
de las FF.AA. (...) planteándoles la necesidad de
'terminar con las huelgas, despolitizar a los obreros y
privatizar el sector público'” (Caetano y Rilla, 1991:
24)
En síntesis, podemos decir que las condiciones para la imposición
del modelo neoliberal fueron creadas por la dictadura. Uno de los primeros
actos de la dictadura militar fue la proscripción de la Central de
Trabajadores, proscripción que le valió el aplauso de las asociaciones
empresariales137. En materia económica, la dictadura puso en práctica el
Plan Nacional de Desarrollo diseñado por la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto para el periodo 73-77. Se trató de un programa ultraliberal,
profundizándolo con el nombramiento del Ing. Vegh Villegas como
Ministro de Economía138.
Liberado de la oposición sindical, el modelo fundamentalista fue
aplicado en su totalidad. Como consecuencia se registró un proceso de
137 "(...) se llegó incluso a proponer un llamado 'Anteproyecto de Ley de Garantía del Trabajo" verdadero proyecto de reglamentación sindical con muy fuertes restricciones. La suerte de todas estas gestiones fue prácticamente nula, obteniendo solo el respaldo de una diminuta 'Confederación Uruguaya de Trabajadores' (que por otra parte ya había saludado el golpe de estado) y de los sectores patronales." (Caetano y Rilla,1991: 26)138 “El remedio consistía, entonces, en detener la intervención del Estado en la economía, y estimular la de los agentes privados, que forman el mercado, ya que cada uno, al buscar su conveniencia y enriquecimiento, en conjunto enriquecerían a la sociedad entera. (...) Ya que el sector agropecuario era el único con ventajas comparativas en términos internacionales, debía privilegiarse su producción y exportación.” (Nahum, 1999: 180)
122
empobrecimiento generalizado de los trabajadores y, finalmente, hacia el
año 82 también la pérdida del apoyo empresarial, el cual se vio afectado por
una fuerte crisis que solo favoreció al capital financiero (Caetano y Rilla,
1991).
El régimen dictatorial no realizó cambios sustanciales en la
institucionalidad del Estado Social, pero sí en su estilo de aplicación se
modificaron los montos y la asignación de recursos en lo que se refiere al
gasto público. El gasto público social, que alcanzó al 16% del PBI en 1964,
comenzó a descender al 14% en 1975, al 13.6% en 1984, siendo la masa de
ese gasto absorbida por los jubilados y pensionistas (aunque descendió de
13% en 1972 al 10,5 en 1975 y 1980, pero la masa de jubilados y
pensionistas aumentó considerablemente, lo que redujo las prestaciones).
(Filgueira y Filgueira, 1995). La educación pública pasó del 3% del PBI en
1964 al 1,5% en 1984, a lo que hay que agregar el aumento de las
matrículas, sobre todo en la enseñanza media y superior. El gasto en salud
pública de 1965 era 1,5% del PBI, llega a 0,4% en 1972 y al 1% entre 1975
y 1984, a pesar de que también aumentó la demanda por servicios (Filgueira
y Filgueira, 1995).
La salida de la dictadura marcó un fuerte conflicto en el frente
democrático. Poco explicitado, dicho conflicto se traducía en una lucha por
la hegemonía entre las organizaciones sociales y los partidos políticos. El
año 83 marcó una fuerte iniciativa por parte de los movimientos sociales,
fundamentalmente las organizaciones de los trabajadores nucleadas en el
PIT y los estudiantes organizados en ASCEEP. Dicha iniciativa se
presentaba amenazante para los partidos políticos -y en especial para el
Partido Colorado- que contrarrestaron la iniciativa popular con la opción
por una salida pactada (Caetano y Rilla, 1991).
Más allá de la discusión, imposible de saldar, sobre la posibilidad de
una "rendición incondicional" de la dictadura o no, lo cierto es que la salida
123
pactada dejó fuera a las organizaciones sociales que perdieron la
oportunidad de recuperar la fuerza previa al golpe139. Esto trajo como
principal consecuencia que la salida democrática pudiese realizarse sin
modificaciones sustanciales en la política económica y social.
IV. 4. La transición democrática. El arribo del “Consenso de
Washington” y su adopción moderada
La salida de la dictadura parece mostrar el alto grado de
recomposición de la sociedad uruguaya, en especial en lo que se refiere a
sus mecanismos amortiguadores (Real de Azúa, 1984) tan irritantes para los
impacientes tanto de derecha como de izquierda. Estos mecanismos
amortiguadores son expresión de una sociedad civil constituida por
delicados equilibrios que dificultan, obstaculizan e incluso impiden
cualquier cambio radical que se pretenda realizar.
El primer gobierno democrático se concentró en las tareas que
imponía el proceso de transición140. Una de estas tareas estuvo centrada en
la necesidad del nuevo gobierno de demostrar que, si bien el movimiento
social había tenido un papel sustantivo en la derrota de la dictadura, eso no 139 “Exactamente la misma situación se repitió en 1984. La izquierda se transformó en el fiel de la balanza (y lo hizo honestamente): si el gobierno hubiera impuesto condiciones que sobrepasaran su última línea de negociación, violentando sus principios, entonces no existía acuerdo, porque el Partido Nacional estaba en una posición aún más dura.” (González, 1985: 114) “En Uruguay, las piezas claves de la organización de la transición son los partidos políticos (y ello sin que se minimice el papel de las movilizaciones populares anti-régimen). La transición es un affaire de las élites políticas y de los militares. Esta culminó en un pacto institucional cívico-militar, definido como un `cambio en paz´, sin confrontación ni represión, fruto de la automoderación de las partes, de su `realismo´ (Líber Seregni, inhabilitado aún como candidato del Frente Amplio calificó a la solución de `salida realista´” (de Riz, 1985 : 133)140 “La verdadera transición democrática se inició, a nuestro juicio, con la asunción de las autoridades constitucionales electas en los recortados comicios de 1984 (con personas y partidos proscriptos). Esta faena, que incluía una amplia agenda de temas (amnistía para los presos políticos, investigación y despacho a la justicia sobre la autoría y responsabilidades de las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, restitución o compensación a los funcionarios públicos destituidos, regularización en el funcionamiento de las instituciones dentro de un Estado de derecho pleno, etcétera), terminó siendo sin duda la principal tarea que debió enfrentar el primer gobierno democrático posdictatorial.” (Caetano, 2005: 19)
124
iba a darle un protagonismo en la sociedad democrática. En ese sentido, el
fortalecimiento del movimiento sindical, sobre todo, significaba una
amenaza respecto al progreso de las reformas que se pretendían llevar
adelante por los siguientes gobiernos:
“Dejando rápidamente atrás lo acordado en la
Concertación Nacional Programática (CONAPRO)
por los partidos y los principales actores sociales, el
nuevo gobierno liderado por el presidente Sanguinetti
estableció lo que dio en llamarse un gobierno de
entonación nacional, con el establecimiento de un
acuerdo limitado (pero operativo) con el Partido
Nacional, liderado entonces por Wilson Ferreira
Aldunate.” (Caetano, 2005: 19)
Los tres gobiernos141 que se sucedieron a la salida de la dictadura y,
sobre todo el segundo, expresaron su voluntad de cumplir con los deberes
impuestos en la región por las agencias internacionales: ajuste fiscal,
contención del gasto público y reforma del Estado.
“las elecciones de 1989 (...) impulsaron una nueva
agenda reformista de corte netamente liberal,
dominada por temas como la reducción del déficit
fiscal como camino prioritario para abatir la
inflación, una fuerte apertura de la economía, la
desregulación del mercado laboral, la reforma del
Estado a través del instrumento de las privatizaciones,
el otorgamiento de mayores espacios para la iniciativa
privada y para que el mercado se convirtiera en el
141 “El proceso de apertura de la economía mantuvo un ritmo persistente y continuado, a pesar de la renovación del gobierno. A lo largo del período iniciado en 1985 se mantuvo el cumplimiento de los compromisos de la deuda externa; así fue que el Uruguay alcanzó el `investment grade´ en 1997 lo que permitió bajar la carga de los pagos por el descenso del `riesgo país´ y facilitó el ingreso de capitales.” (Demasi et all, 2004: 26)
125
gran asignador de costos y beneficios, etcétera. En
realidad se trataba de la llegada al Uruguay de las
reformas de primera generación del llamado
Consenso de Washington.” (Caetano, 2005: 22, el
énfasis es nuestro)
Pero es evidente que, para el caso uruguayo, el arribo de estas
propuestas de reforma tuvo ciertas particularidades que explican por qué el
resultado no fue el mismo que en el resto de la región. En este sentido,
pareciera que los mecanismos amortiguadores recuperaron gran parte de su
capacidad (cf. Moreira, 2001).
Los procesos de reforma del Estado se iniciaron en Uruguay a través
de mecanismos tales como el retiro incentivado de funcionarios públicos y
el pasaje al sector privado de funciones antes sólo estatales. De este modo,
se logró reducir la plantilla de empleados públicos de 26,6% en 1984 a
20,2% en 1995. Estos impulsos reformistas se vieron enlentecidos ante la
resistencia que provocaban en gran parte de la población. Es así que en
1992, la población se manifestó mayoritariamente en un plebiscito que
congeló la privatización de Antel, la principal empresa pública que
administra las telecomunicaciones en el país142 (Nahum, 1999).
La contención del gasto público tuvo un fuerte impacto en las
políticas sociales. Sin embargo, nuevamente la población expresó su
rechazo ante el camino emprendido por el gobierno. En las elecciones de
noviembre de 1989 se aprobó una reforma, con carácter constitucional, que
vinculaba la suba de las pasividades al Índice de Precios al Consumo.
142 “Donde el gobierno presidido por Lacalle encontró sus principales frenos fue en dos proyectos que juzgaba como decisivos: la Ley de Empresas Públicas y la reforma de la seguridad social. En el primer caso, las fuerzas del gobierno pudieron obtener la sanción de la citada ley, cuyo principal contenido radicaba en la habilitación de ANTEL. para la asociación con capitales privados, pero la norma fue luego impugnada por sectores y partidos, así como por organizaciones sociales opuestas a su contenido. Cumplidos los requisitos legales para someterla al recurso del referéndum popular en la segunda instancia de ratificación, este finalmente se celebró el 13 de diciembre de 1992 y la ley resultó derogada por cifras concluyentes: 71,58% contra 27,19%.” (Caetano, 2005: 25)
126
“También quedó a la vista que una iniciativa popular
como fue la reforma constitucional que ligaba las
jubilaciones con el IPC podía ser apoyada por un 80%
del electorado, aunque los sectores mayoritarios de
los lemas tradicionales la enfrentaran con una
campaña que describía una tenebrosa perspectiva de
caos financiero y de inflación descontrolada si llegaba
a aprobarse.” (Demasi et all, 2004: 24)
Esta reforma, que garantizaba una importante recuperación de las
pasividades, llevaba implícito un importante freno a la reducción del gasto
público, en un país en el que el 70,8 % del gasto público corresponde a las
pasividades. Esta reforma tuvo, por otro lado, un indudable papel - debido a
la fuerte presencia de jubilados en las familias uruguayas - en los
indicadores positivos en la distribución del ingreso.
De todos modos, durante el gobierno de Lacalle se desarrolló, dentro
de los límites que le fueron impuestos, una política decididamente
neoliberal. En el período se registra un fuerte incremento de la inversión y
del crecimiento del PBI, sin que esto se tradujera en una mejora de los
niveles de vida de la población:
“En todo este período se percibe un fuerte crecimiento
del producto (el más importante registrado desde
mediados de los años ’50), impulsado principalmente
por la inversión externa (...) los índices
macroeconómicos no reflejaban todo el panorama: el
desempleo estructural era muy elevado y se mantenía
aún en un contexto de crecimiento del PBI. Por otro
lado, la pobreza y la marginalidad crecieron a la vez
que lo hacía el impulso general de la economía. Sin
127
duda, el modelo económico que se estaba aplicando
no habilitaba una participación medianamente
equitativa de la población.” (Demasi et all, 2004: 24)
Si bien el primer gobierno de Sanguinetti realiza un proceso de
rearticulación del Estado Social batllista143, sobre el final de su mandato se
registra un progresivo proceso de adopción de los postulados del “Consenso
de Washington”. De todos modos, las reformas neoliberales que se van a
desarrollar fuertemente en el gobierno de Lacalle se verán amortiguadas en
el segundo gobierno de Sanguinetti144:
“Estos resultados frenaron el vigoroso impulso con
que el gobierno de Lacalle había encarado la agenda
propuesta por el `Consenso de Washington´, y que
tuvo menos continuidad en el segundo gobierno de
Julio María Sanguinetti: en parte por los magros
resultados obtenidos por su antecesor, pero también
por la recesión que comenzaba a asomar en la región
y por el propio talante de un político que prefiere
presentarse como `gradualista´ antes que como un
impulsor de reformas rápidas.” (Demasi et all, 2004:
31)
143 “La política económica de corto plazo del primer gobierno democrático posterior a la dictadura no introdujo cambios de entidad y procuró evitar la agudización de los desequilibrios macroeconómicos y alcanzar cierta reactivación de la economía. No obstante, en materia de política de ingresos se promovió la realización de negociaciones tripartitas (trabajadores, empresarios y gobierno) para la fijación de los salarios del sector privado.” (Antía, 2001: 132)144 “En lo que refiere a la reforma del Estado, se acotaron sus alcances y se optó por una orientación igualmente distante de las posturas extremistas de estatistas y `neoliberales´. De ese modo se produjo una reorientación en las propuestas caracterizada por el énfasis en contenidos como focalización, gerencia descentralizada, flexibilidad en las provisiones, impulso de la competitividad y productividad, entre otros. También en este campo se continuó incentivando (con resultados visibles) la reducción de la plantilla de funcionarios públicos: según las investigaciones de Narbondo y Ramos, estos descendieron un 23% entre 1995 y 1999.” (Caetano, 2005: 25)
128
No obstante el gradualismo, el fuerte peso de las pasividades sobre
el gasto público hizo que en el período de gobierno de 1995 - 2000 se
llevara adelante una reforma de la Seguridad Social. Tal reforma significó la
instalación de un sistema mixto
"que combinaba el régimen universal provisto por el
Banco de Previsión Social con un sistema
complementario de ahorro y capitalización individual.
Pese a la oposición de la izquierda y de un amplio
espectro de organizaciones sociales, en esta ocasión
no pudo cumplirse con los requerimientos para
someter la ley a un recurso de referéndum, por lo que
la reforma quedó vigente.” (Caetano Apud Nahum,
1999: 194)
En el terreno de las políticas sociales se registra, como apunta
Filgueira (1998), un pasaje de políticas universales, sectoriales y
centralizadas a políticas focalizadas, integrales y descentralizadas. Una de
las características relevantes de estas políticas fue que su financiamiento se
sustentó a través de préstamos del exterior, por lo cual, las posibilidad de su
sustentabilidad en el tiempo nunca fue clara (Midaglia, 1993).
También en el campo social se promovió la reforma educativa que
trajo innovaciones tales como la extensión de servicios de educación inicial
a la población infantil de 4 y 5 años, la apertura de centros con prestaciones
de tiempo completo dirigido a los niños pobres, la ampliación de la
cobertura en alimentación gratuita para los escolares, la introducción de la
enseñanza de computación e inglés y promovió el diseño y entrega de libros
de textos para escolares y liceales del sistema público (Nahum, 1999). Este
proceso de reforma contó con el apoyo de buena parte de la izquierda, pero
tuvo la fuerte oposición de los gremios de la educación y, sobre todo, del
movimiento estudiantil de secundaria:
129
“Desde gran parte de la izquierda política se apoyó a
la Reforma Educativa, sobre todo en sus etapas
iniciales; intelectuales originariamente
frenteamplistas ocuparon cargos en el nuevo elenco
dirigido por Rama. Los estudiantes de Secundaria, en
cambio, fueron quienes con sus ocupaciones `hirieron
de muerte´ al marketing de la naciente Reforma, que
era - y sus restos todavía son- el pragmatismo
gubernamental de los contratos de obra y el gran
endeudamiento público con consecuencias menores en
asistencia social.” (Demasi et all, 2004: 30)
De todos modos, la reforma estructural moderada llevada adelante
por los gobiernos democráticos pos 80, no fue suficiente para procesar una
transformación en la matriz de protección social del Uruguay. Las políticas
implementadas se orientaron por los principios y criterios promovidos por el
Consenso de Washington que, al decir de José Miguel Candia (1998: 121):
“responden a postulados teóricos similares y a
intenciones políticas enfocadas hacia una misma
dirección: desactivar los conflictos sociales más
graves y generar consenso en aquellos segmentos de
la fuerza laboral que tienen una inserción débil en el
mercado de trabajo (empleo precario, subocupación,
informalidad urbana, pequeños productores, etc.)
para que actúen como base social de apoyo al modelo
neoliberal.”
Los límites para procesar la reforma del sistema de protección social
de manera radical, se concentraban en razones presupuestales
fundamentalmente, pero también en un sentido común que no había sido
130
ganado aún por el pensamiento neoliberal manteniendo una alta estima
acerca del valor de la intervención del Estado en los asuntos vinculados al
bienestar general de la sociedad. Ambos aspectos están claramente
relacionados. De este modo, la cuestión social de la época se configuraba de
manera contradictoria en la medida en que aceptaba y permitía una reforma
moderada del sistema de protección social en tanto mantuviera vivas las
estructuras agonizantes del Estado Social.
Como fuera establecido páginas atrás, el Estado Social tenía sentido
en tanto combinaba dos aspectos sustantivos que le daban su razón de ser, i)
un sistema de protección social basado en políticas universales, donde el
seguro social era central y se articulaba con la asistencia para los
inhabilitados para el trabajo (Cf. Castel, 1997) y ii) una política estatal que
garantizaba el pleno empleo, combinando la clásica industrialización por
sustitución de importaciones con obra pública y ampliación de la plantilla
de empleados públicos en los períodos de crisis.
El crecimiento logrado en estos años respondía a una estrategia
económica que abandonaba la garantía del pleno empleo. Destruidas las
bases mismas de la industrialización por sustitución de importaciones145, el
crecimiento se basaba en la inversión externa, concentrada sobre todo “en
ramas tales como los servicios y las agroindustrias” (Demasi et all, 2004:
24)
El modelo de industrialización por sustitución de importaciones era
reemplazado por el modelo Liberal, Aperturista, Concentrador y Excluyente
(LASE), de acuerdo con la denominación dada por Olesker (2001). El
145 “Como fue señalado, la liberalización y la apertura financiera de la economía uruguaya ocurrieron en la segunda mitad de la década de los setenta, durante la dictadura militar. En el período que nos ocupa se preservó aquel marco de funcionamiento financiero y se profundizó la apertura comercial. Los aranceles aduaneros se redujeron gradualmente en la segunda mitad de la década de los ochenta y aceleradamente en la primera mitad de los noventa. Concomitantemente, se produjo una pronunciada reducción de las barreras no arancelarias. Asimismo, entre 1991 y 1999 tuvo lugar un acentuado abatimiento de los aranceles al interior del MERCOSUR, al punto que a partir del 1° de enero de 2000 se eliminaron virtualmente los aranceles para el comercio intrarregional.” (Antía, 2001: 133)
131
modelo anterior tenía como complemento ideal el sistema de protección
social que permitía la participación de la perspectiva de la ampliación de la
ciudadanía. En el nuevo modelo ésta se volvía un lastre insoportable y se
necesitaba desmontar ese sistema de protección social para construir otro
que atendiera la sobrevivencia de los desplazados.
El “estado del alma”, de acuerdo con la denominación del
posteriormente electo Presidente de la República, Dr. Jorge Batlle, refiere a
“lo-que-se-puede-hacer-y-lo-que-no-se-puede-hacer” (Caetano, 2005: 32)
en una sociedad. En aquel momento, ese “estado del alma” toleraba la
imposición del “LASE” pero no el desmonte del sistema de protección
anterior generando la imposibilidad de la financiación del nuevo modelo146:
el freno a las privatizaciones, el plebiscito de los jubilados, la necesidad de
que la reforma de la seguridad social fuera a través de un sistema mixto y no
decididamente privado147.
Los límites colocados por la sociedad uruguaya a la imposición
completa del nuevo modelo marcan claramente lo que no se pudo hacer en
aquella época y limitaron fuertemente la construcción de un nuevo modelo
de protección social.
“El fin del Uruguay de la abundancia marca el fin del
Estado expansionista y el inicio de su repliegue y
racionalización. El nuevo modelo económico mundial
que hace su ingreso en la escena global ya a partir de
los setenta da nuevos impulsos a la agenda liberal, y
en Uruguay, el Estado verá plasmados estos impulsos
en la última década. El Estado social se mercantiliza,
el Estado empresario se terceriza y el Estado
regulador acepta crecientemente el libre juego del 146 Este es el motivo fundamental de que los nuevos programas sociales debían sostenerse con préstamos internacionales colocando en riesgo su sutentabilidad.147 “La reforma en Uruguay reservó un papel más importante para el Estado en comparación con otros países.” (Banco Mundial, 2006: 49)
132
mercado. Aún, este Estado está lejos del Estado
privatizado y minimalista que tantos países en la
región han abrazado.” (Filgueira et all., 2003: 175)
Esta estrategia de un Estado con vocación aperturista, que acepta el
libre juego del mercado y que tendencialmente mercantiliza la protección
social, no logra ser exitosa en la construcción del Estado Asistencial
focalizado, apropiado a esta nueva configuración. Los restos de la
perspectiva de la ampliación de la ciudadanía, que resisten la privatización,
y la reducción de un Estado que había sido su garantía en el pasado, no
logran minimizar los procesos de marginalidad y exclusión que, a pesar del
crecimiento económico, se mantuvieron e incluso aumentaron durante todo
el proceso148:
“Por más de veinte años, en dictadura o en
democracia, el país no ha podido superar una
situación social en la que se combinan pobreza,
indigencia y marginalidad, reproduciéndose por
generaciones un `círculo de pobreza´ que sedimenta
una `cultura de la pobreza´. Es decir, la consolidación
de grupos de población cada vez más numerosos y en
el que se combinan varias generaciones de uruguayos,
que rompen vínculos con el mercado laboral y el
sistema educativo, que se segregan espacialmente
habitando en asentamientos irregulares, que debilitan
las formas de interacción y convivencia con otros
sectores sociales y que van combinando formas
148 “Los veinte años transcurridos desde la restitución del gobierno democrático constituyen un plazo muy breve para los tiempos demográficos. Sin embargo, Uruguay cambió mucho en ese lapso: la desigualdad aumentó, y aquella sociedad hiperintegrada — usando la terminología de Germán Rama— dio paso a una sociedad crecientemente fragmentada. En ese lapso aparecieron o se agudizaron muchos de los fenómenos demográficos que constituyen el telón de fondo de la sociedad contemporánea.” (Calvo y Pellegrino, 2005: 252)
133
legales e ilegales de sobrevivencia
cotidiana.” (Caetano, 2005: 28) 149
Las denominadas en la época como nuevas políticas sociales
(Filgueira, 1998), que combinaban la focalización con la participación de
las organizaciones de la sociedad civil, se concentraron, sobre todo, en el
Instituto Nacional del Menor (INAME), hoy Instituto del Niño y
Adolescente del Uruguay (INAU), el Instituto Nacional de Alimentación
(INDA) y curiosamente, en la Intendencia Municipal de Montevideo, bajo
gobierno frenteamplista150 (Midaglia, 2000).
Una de las grandes apuestas para enfrentar la creciente exclusión
social, que en el período se desdoblaba en un proceso creciente de
infantilización y feminización de la pobreza, fue el Plan de Centros de
Atención a la Infancia y la Familia (Plan CAIF), programa paradigmático en
tanto articulaba la focalización y la participación de la “sociedad civil
organizada”151. El Plan CAIF comenzó a funcionar en 1988, primer período
149 Las razones son aportadas por el mismo autor al señalar que: “Las razones son varias: se llegó a un núcleo duro de la población pobre con zonas de marginalidad muy fuerte sobre el cual era muy difícil operar con eficacia, aun desde políticas sociales orientadas o focalizadas; el propio desarrollo económico destruyó o precarizó empleos no calificados, lo que afectó a los sectores menos educados, que tienden a ser los más pobres; mientras tanto, se produjo también un incremento en el diferencial de ingresos entre los sectores más y menos educados.” (Caetano, 2005: 28)150 Esto no resulta tan curioso si tomamos en cuenta el proceso de “actualización ideológica” de la izquierda en Uruguay señalado por Garce y Yaffé: “De igual forma, se confirma la resignificación del rol de la Sociedad Civil y sus organizaciones y su rearticulación con el Estado en la elaboración e implementación de las políticas públicas, en particular las políticas sociales. Esta resignificación parte del reconocimiento de que `se ha desarrollado una nueva área de trabajo a nivel de la sociedad que no pertenece a la órbita estatal ni a la de las empresa capitalista, sino a la del conjunto de instituciones y emprendimientos sociales con fines públicos o privados y sin fines de lucro´ y del señalamiento de la complementariedad del Estado con este `tercer sector´ por lo cual `el relacionamiento del Estado con esta área debe ser asumido con creatividad desde una lógica progresista y transformadora ´.” (Garce y Yaffé, 2004: 72)151 “Uruguay no ha logrado aún transferir adecuadamente sus riquezas, y de allí que el hecho mayor y más notorio de vulneración de los derechos de la infancia y la adolescencia tiene que ver con la pobreza y los efectos de la misma: deserción escolar (un 40% de los niños no cumple con los 10 años de enseñanza obligatoria); repetición (por lo general el 20% de los niños repiten el primer año de escuela, cifra que alcanza el 40% en algunas barrios más pobres); niños en situación de calle (el Plan CAIF pasará a dar una cobertura de 20 a 40 mil niños en las zonas pobres); etc.” (Demasi et all, 2004: 43)
134
democrático, mediante el desarrollo de un convenio entre UNICEF y el
Estado uruguayo.
“Su surgimiento está asociado a la constatación de
elevados índices de pobreza en determinados sectores
de la población, particularmente en grupos menores
de catorce años, y a la ineficiencia relativa del gasto
social en diversos programas dirigidos a combatir
estas situaciones (Síntesis de las conclusiones y
recomendaciones del Seminario hacia una propuesta
educativa del Plan CAIF, 1996).” (Midaglia, 2000:
62)
También durante este periodo se ensayaron las primeras formas de
transferencia de ingresos “focalizadas” a través de las tradicionales
“asignaciones familiares”, una política de transferencia de ingresos con
anclaje en el trabajo formal y que en 1999 amplía su cobertura habilitando
su cobro a los desempleados con hijos152.
Sin embargo, como fuera apuntado, estas reformas no lograron
evitar los procesos de exclusión social que se van a desarrollar a lo largo de
todo el periodo. Uno de los fenómenos más palmarios de las dificultades de
integración producidas por la implementación del nuevo modelo de
desarrollo es el de los llamados “nuevos asentamientos irregulares”, forma
contemporánea en que se expresa la segregación territorial.
“Actualmente, viven en Montevideo entre 190 y 240
mil personas en 364 asentamientos irregulares,
proyectándose que esa situación involucrará hacia el
año 2006, unas 300 mil personas (...) En la capital,
152 “En 1999, se tomaron las primeras medidas para lograr la inclusión de hogares sin trabajadores formales dentro del programa de asignaciones familiares.” (Banco Mundial, 2006: 46)
135
unos 8 mil clasificadores de residuos representan
alrededor de 50 mil personas integrantes de sus
núcleos familiares.” (Demasi et all, 2004: 37)
El fenómeno de la segregación territorial no es nuevo en el Uruguay.
Los años 50 – con el agotamiento del modelo de industrialización por
sustitución de importaciones - marcaron la emergencia de lo que en aquellos
años, irónicamente, fue llamado "cantegril", similar a los procesos de
segregación territorial del resto de América Latina (Callampa, Villa Miseria,
Favela, etc.). El fenómeno respondía directamente a las dificultades de
integración consecuencia del modelo de desarrollo ante la emigración del
campo a la ciudad (Grassi et al, 1994).
Los años ochenta marcan la emergencia de un nuevo proceso de
segregación territorial que comienza a sumarse al fenómeno del "cantegril".
Era de recibo identificar al "cantegril" como una consecuencia de la
emigración de la ciudad al campo, fenómeno que se empezaba a gestar en
los llamados "pueblo de ratas". Es evidente que esta explicación ha perdido
toda capacidad de aportar luz sobre el fenómeno tal como comienza a
manifestarse en los años ochenta. Es así que los nuevos asentamientos son
entendidos como una consecuencia directa de las transformaciones operadas
en el mundo del trabajo, en las características de la intervención estatal y en
el esquema de protección social153 y se presenta así como un fenómeno
peculiar que se manifiesta de forma diferente al viejo “cantegril”. En un
mismo sentido, Merklen (1999: 12 ) señala que:
"(...) llegados los 80, Buenos Aires primero y
Montevideo algo después, irían a conocer una nueva
modalidad de ocupación ilegal de tierras: el
asentamiento, sobrino apenas de su antecesora."
153 Dichas transformaciones coinciden (¿casualmente?) con el momento en que “la Guerra a la pobreza (...) fue reemplazada por la guerra a la seguridad social” (Katz apud Wacquant: 2001: 37)
136
Los viejos asentamientos fueron el resultado de la incapacidad de la
industria de sustitución de importaciones en crisis de incorporar a los
trabajadores expulsados del medio rural. Los nuevos asentamientos son
expresión del nuevo modelo y dan cuenta de una estrategia de reproducción
de la fuerza de trabajo precarizada. El “LACE” (Olesker 2001) produjo una
fuerza de trabajo excedentaria con dificultades de inserción en el mercado
laboral o con una inserción precaria, episódica y flexible. El asentamiento es
el espacio “ideal” para la reproducción de esa fuerza de trabajo pues reduce
los costos de reproducción -no se paga luz, agua, impuestos, alquiler- y
permite sobrevivir en la crisis, al tiempo que las viviendas logran ser
mejoradas en los periodos de esplendor.
"En efecto, los asentamientos se nutren de familias
jóvenes provenientes de la misma ciudad, en general
hijos de obreros o empleados que por una mezcla
perversa de fragilidad en la inserción profesional,
liberalización del mercado inmobiliario, restricción de
las políticas públicas e imposibilidad de acceder al
crédito, no pueden alcanzar a una vivienda que ellos
llaman digna." (Merklen, 1999: 13).
En síntesis, la salida de la dictadura significó la reanimación de la
agonizante perspectiva de la ampliación de la ciudadanía. Una importante
mejora de la situación económica asociada a la participación del
movimiento social en la derrota a la dictadura se coaligaron posibilitando
esta reanimación. Es así que el primer gobierno electo democráticamente
después de 11 años de dictadura recuperó una institución paradigmática del
Estado Social, los Consejos de Salarios, que no se convocaban desde el
comienzo del autoritarismo en el gobierno de Pacheco Areco154.154 “De todos modos, se consiguió avanzar (...) creció el PBI, se logró un aumento efectivo en el salario real, se impulsó el retorno de la negociación colectiva tripartita al ámbito privado, descendió levemente y con altibajos la inflación, se obtuvieron mejorías importantes en los indicadores sociales más relevantes (...)” (Caetano, 2005: 22)
137
Sin embargo, las bases de esta reanimación eran frágiles. Ya fue
indicado que la articulación del Estado Social, que permitía a la perspectiva
de ampliación de la ciudadanía una presencia vigorosa en el sentido común
prevalente en el Estado Social, era el resultado de un sistema estructural que
fue minado a partir de la crisis de mediados de los años 50. En ese sentido,
el primer gobierno de Sanguinetti ya mostraba que no había intención de
reconstituir este sistema estructural155.
El gobierno de Lacalle no sólo confirma esta sospecha sino que
continúa y profundiza una política económica que dejaba fuera de la
configuración hegemónica de cuestión social a la perspectiva de la
ampliación de la ciudadanía. La política de los noventa en Uruguay, similar
a la región aunque amortiguada, da impulso a una política económica,
definitivamente neoliberal, que no tolera ninguna concesión ante cualquier
pretensión de garantizar derechos sociales156.
La configuración hegemónica en todo el periodo se había
consolidado como una clásica articulación azul-neoliberal / blanco-
conservadora. De todos modos, la perspectiva de ampliación de la
ciudadanía, en una entonación rojo pálido, conservaba su vitalidad -
expulsada del poder - en la oposición política y social que mantenía la
155 “A la salida de la dictadura, entre los años ’80 y ’90 del siglo pasado, como producto de la recesión económica, la desindustrialización del país y el repliegue del Estado en la regulación de la convivencia entre orientales, se acelera el proceso iniciado en los años ’70: el desplazamiento de los sectores sociales más pobres hacia las áreas periféricas, acentuando la `satelización´ de la ciudad.” (Demasi et all, 2004: 37)156 “Otro ejemplo de cambio obtenido pese a las dificultades de la herida coincidencia nacional fue la fuerte inflexión generada a partir de 1991 con la desregulación del mercado laboral a través de una iniciativa que venía a cambiar una práctica de 50 años de negociación colectiva (básicamente desde el modelo de la Ley de Consejo de Salarios de 1943, con los altibajos de las modificaciones políticas de signo autoritario aplicadas desde 1968 y en especial con la dictadura cívico-militar iniciada en 1973), la negociación colectiva no se inhabilitaba pero ya no resultaría general; solo valdría para aquellas empresas afiliadas a las cámaras, por lo que la mayoría quedaría fuera.” (Caetano, 2005: 25)
138
resistencia a la imposición del modelo y fue la que atemperó el contenido de
las reformas procesadas durante todo el periodo.157
IV. 5. Crisis del 2002 y triunfo de la izquierda política
Tal como fue afirmado, el 2002 aparece como otro punto de
inflexión de esta periodización, donde la crisis que coloca a miles de
uruguayos en una situación de exclusión social se torna una amenaza a la
reagregación del bloque en el poder158.
El significado de la crisis permite, a grandes rasgos, dos órdenes de
explicaciones:
i) El modelo de desarrollo propiciado por el Consenso de
Washington tiene falencias, propias de su aplicación gradual de tipo ensayo
- error y necesita, entonces, ajustes: el pos Consenso de Washington159 será
el portador de la receta para la implementación de estos ajustes160.
157 “(...) el `tira y afloje´ entre gobierno, izquierda y sindicatos (incluyendo otras organizaciones sociales) sobre temas vinculados a la reforma del Estado, que hizo de Uruguay el país de América Latina donde más se utilizaron los mecanismos de democracia directa, en especial, aquellos que `desde abajo´ supusieron una consulta popular para aprobar o reprobar actos de gobierno.” (Moreira, 2004: 59)158 “Luego de la crisis económica del 2002, el Producto Bruto Interno (PBI) del Uruguay disminuyó un 19.2%, el desempleo fue cercano al 20% de la Población Económicamente Activa, el número de pobres se duplicó, uno de cada tres uruguayos adultos (32.6% de la población) y dos de cada tres niños (60% de la población infantil menor de 5 años) pasaron a estar en situación de pobreza, se consolidaron los porcentajes de población en pobreza estructural vulnerables a la indigencia (dos de cada tres de ellos menores de treinta años) e incluso de indigencia directa (3.5% de la población), los niveles de salud y educación mostraban un estancamiento significativo y los niveles de desigualdad alcanzaban sus máximos históricos con una distribución del ingreso visiblemente más desigual que tres décadas atrás. En síntesis, el proceso de consolidación del Uruguay neoliberal, iniciado a fines de los años sesenta y comienzos de los setenta, había dejado atrás definitivamente al Uruguay Batllista y mostraba algunos de sus aspectos sociales más dramáticos.” (Moreira, 2007: 13)159 “A pesar de esas nuevas aportaciones sobre los cambios a introducir en los procesos de ajuste y reforma en los países en desarrollo, el llamado `post-Consenso de Washington´ no deja de ser, por ahora, una revisión del todavía dominante `Consenso de Washington´.”(Cairo, 2003: 14)160 “Aunque desde distintas perspectivas, la apuesta de lo que se ha venido llamando `nueva agenda´ pretende corregir las principales distorsiones y errores derivados de las medidas hasta ahora implementadas, así como incorporar nuevas políticas capaces de
139
En primer lugar, la crisis se explica por una excesiva liberalización
del sistema financiero. Se impone la necesidad de un control más férreo por
parte del Estado y, más concretamente, por los Bancos Centrales y se
mantiene la desconfianza sobre la política comprendida como un factor
distorsionante ante lo cual se promueve que sean los Bancos Centrales los
responsables de la regulación del sistema financiero manteniendo
independencia técnica respecto al gobierno.161
En segundo lugar, frente a los brutales efectos de la crisis sobre la
población se entendió necesario darle a la reforma una “cara más humana y
eficiente”(Serna, 2008). La propuesta, en su forma pura, combina el
llamado “universalismo básico” y un sistema asistencial focalizado con
capacidad de atender a los desplazados por el sistema y con la flexibilidad
suficiente como para articular políticas de emergencia cuando sea
necesario162.
(ii) El segundo orden de explicaciones buscará establecer una crítica
de fondo al modelo de desarrollo. Este orden de explicaciones sustentará
que la crisis no es más que un episodio agudo de un camino inexorable de
agudización de la dependencia de las economías periféricas, a partir de la
sujeción a una profundización de la división del trabajo a nivel
internacional, que condena a las economías de la periferia a desarrollar su
papel de surtidores de materia prima a las economías centrales. El resultado
estimular el crecimiento y cubrir aquellos vacíos que la política económica del ajuste no incorporaba.” (Cairo, 2003: 13)161 “A la vista de los acontecimientos financieros del último lustro ya pocos dudan de los peligrosos y perniciosos efectos de la liberalización a ultranza de los mercados. De ahí que, desde una postura reformista, se empiece a plantear la necesidad de `regular´ y no tanto de `liberalizar´, de forma que bajo la premisa de que la competencia es y debe ser el principio rector de los mercados, la preocupación debe centrarse más bien en la regulación de los mercados financieros, más que en su liberalización.” (Cairo, 2003: 13)162 “En este caso se trataría de ampliar la noción de desarrollo a la esfera política –el papel de la democracia y las instituciones-, a la social –la preocupación por la equidad y el nivel de bienestar de las personas- y la ecológica –la incorporación de la sostenibilidad medioambiental.” (Cairo, 2003: 18)
140
es la desindustrialización y, su correlato, la marginación creciente de
amplios sectores de la población163.
Como en el 58, esta situación busca resolverse con la alternancia de
los partidos en el gobierno. La salida se deposita en el Frente Amplio
rompiendo un ciclo de 150 años de sucesión en el gobierno de los Partidos
Nacional y Colorado. La expectativa colocada sobre el Frente Amplio,
como esperanza de resolver los problemas sociales que los partidos
tradicionales no habían resuelto, comenzó a construirse a partir de la salida
de la dictadura y la alternancia de los partidos tradicionales Colorado y
Blanco que habían dado continuidad a la política económica:
“En el Uruguay posdictadura se configuró, en las
condiciones del contexto económico y social y en la
estructura de la competencia política una oportunidad
para la izquierda. La reestructura operada durante la
dictadura y profundizada por efecto de las reformas
liberales implementadas por los gobiernos
democráticos, aumentó el número de perdedores y por
tanto de ciudadanos disconformes con los partidos
tradicionales.” (Yaffé, 2005: 185)
Incluso Moreira (2004) concluye que la crisis del 2002 disolvió al
Partido Colorado pero benefició más al Partido Nacional que al Frente
Amplio. En otras palabras, el triunfo del Frente Amplio fue resultado de un
proceso de disconformidad creciente con las políticas que venían
aplicándose más que una simple reacción a una crisis episódica que, al
momento del triunfo frenteamplista, estaba siendo superada.
163 Los origenes de este nuevo modelo de desarrollo deben buscarse en las dictaduras que sentaron las bases para “la afirmación de un patrón de desarrollo económico asociado subalternamente a los intereses imperialistas, con una nueva integración, más dependiente, al sistema capitalista; la articulación de estructuras políticas garantizadoras de la exclusión de protagonistas comprometidos con proyectos nacional-populares y democráticos.” (Netto, 1994: 17)
141
El Frente Amplio nació como producto de la unidad de todos los
partidos de izquierda durante el período del autoritarismo y, ya en sus
orígenes, se presentaba como una alternativa que proponía cambios
radicales164. Si bien en los últimos años el Frente Amplio había iniciado un
fuerte y explícito proceso de moderación en su práctica y discursos
políticos165, para buena parte del imaginario popular continuaba
representando la promesa de transformaciones radicales frente a las
reformas neoliberales que, aunque amortiguadas, venían aplicándose desde
el comienzo del autoritarismo. Y, pese a la “actualización
ideológica” (Yaffé, 2005) de la izquierda política, el Frente Amplio
continuó alimentando esta promesa con la permanente acusación al
gobierno de “liberal, aperturista, concentrador y excluyente” (Olesker,
2001).
En definitiva, la interrogante que se abrió con la crisis del 2002 fue,
como se señaló al inicio de este apartado, cuál sería el diagnóstico que se
tornaría hegemónico para explicar la crisis y, en consecuencia, cómo se la
enfrentaría. Señalan Filgueira et all (2003: 203) que las crisis en Uruguay,
como es lógico, fueron puntos de apoyo para procesar cambios de fondo en
la política uruguaya: del mismo modo en que el equilibrio catastrófico de
fines del siglo XIX se resolvió con el inicio del Estado Social, la crisis de
164 “La agudización de la lucha de clases conduce progresivamente a la unificación de las fuerzas de izquierda, las cuales conforman, en el año 1971, el Frente Amplio, que se autodefine como una fuerza política vocacionada para la `acción política permanente´ y no solamente para la disputa electoral. También esta fuerza política adopta, en esencia, el programa del Congreso del Pueblo (...) Esta fuerza política se define como de orientación democrática, progresista y anti-imperialista, proponiendo aplicar, en el año 1971, cuatro medidas fundamentales (Aguirre, 1985): reforma agraria, nacionalización de la banca privada, nacionalización del comercio exterior, política industrial, incluida la nacionalización de la industria frigorífica.” (Acosta, 2006: 95-96)165 “La moderación ideológica y programática avanzó lentamente en la primera mitad de los años noventa. El punto de inflexión entre la izquierda frentista y el progresismo estuvo dado por la creación del EP [Encuentro Progresista] en 1994. Desde entonces, y en particular desde que en 1997 se inició el proceso de `actualización ideológica´ dentro del FA, la izquierda renovó más fuertemente sus ideas y moderó notoriamente sus propuestas programáticas. El socialismo, la revolución, la lucha de clases, la dictadura del proletariado, la reforma agraria, la nacionalización del comercio exterior, la estatización de la banca, el rechazo de la deuda externa y de los organismos financieros internacionales fueron quedando atrás.” (Yaffé, 2005: 186)
142
los años 50 abrió paso al Estado Liberal, por ejemplo. En concordancia con
lo afirmado y con lo señalado por nosotros, se pregunta:
“Teniendo en cuenta estos precedentes, cabe
preguntarse cuál será el impacto de la crisis actual
(1999-2002) en la historia del Estado uruguayo:
¿ratificará el rumbo liberal prevaleciente o será el
punto de partida de un nuevo ciclo de expansión del
Estado?.” (Filgueira et all, 2003: 203)
Pensando en los términos propuestos en este trabajo cabe
preguntarse si el triunfo de la izquierda marca el comienzo de un cambio en
la cuestión social. Es decir, cabe interrogarse sobre la posibilidad de que la
perspectiva de la ampliación de la ciudadanía recupere su vitalidad
volviendo a ser parte de la configuración de la cuestión social hegemónica
o, si el nuevo gobierno asumirá el diagnóstico que establece la necesidad de
hacer ajustes al Estado Liberal manteniendo así a esta perspectiva en el
estado de agonía a la que fue condenada en la configuración de la cuestión
social hegemónica consagrada a partir de 1958.
La bandera del Frente Amplio – la bandera del general artiguista
Fernando Otorgués – roja, azul y blanca representa la pretensión de articular
los valores de la revolución francesa: ¿augura el triunfo del Frente Amplio
que el rojo del gorro frigio vuelva a ocupar el lugar que tuvo en el Estado
Social166 y que fuera ejemplo para el mundo y orgullo para los uruguayos?.
166 “Era notable que Don Pepe llamara al periodista `amigo´ y no compañero. Estaba respondiendo como amigo de los Socialistas pero no como un camarada Socialista. Arena, en su propia entrevista con `La Vanguardia´ fue más allá: `Somos los revolucionarios de arriba, contra los privilegios, contra el oscurantismo, contra la explotación (...) Somos socialistas sin programa.” (Vanger, 2009:84)
143
V. EL TRIUNFO DE LA IZQUIERDA POLÍTICA: ¿UNA
NUEVA CONFIGURACIÓN DE LA CUESTIÓN SOCIAL?
En octubre de 2004, el Encuentro Progresista - Frente Amplio gana
en primera vuelta las elecciones nacionales. La victoria era el resultado de
un largo camino que se inició en 1958 con el comienzo de una crisis que
para el imaginario nacional ponía en cuestión las bases mismas de la nación
cuestionando su viabilidad (Nahum, 1984). Ese año, 1958, marcó el inicio
del “largo adiós al país modelo” (Filgueira y Filgueira, 1995).
Más allá del carácter mítico de esta percepción sobre el “país
modelo”, “hiperintegrado”, o “laboratorio social”, etc. la misma constituye
una carga valorativa del pasado, con un tinte romántico, que dificulta la
construcción de legitimidad para cualquier gobierno que lleve adelante un
proyecto nacional que se aparte de una fuerte presencia del Estado en la
regulación de la economía y que no se proponga articular un modelo de
crecimiento que, sin apartarse del capitalismo, i) mantenga una lógica de
libre mercado razonable y (ii) logre incorporar niveles crecientes de
integración y iii) bienestar social167.
El triunfo del Frente Amplio ha sido el resultado de una larga
historia de descontentos frente a gobiernos168 que, sin haber hecho un mal
papel si uno compara con la región169 (Caetano, 2005), nunca lograron que 167 En otros términos, una equilibrada articulación de las tres perspectivas de cuestión social construidas por nosotros.168 “(...) el EP-FA [Encuentro Progresista – Frente Amplio] siguió experimentando un contínuo proceso de crecimiento electoral y político: sobrepasó el 40% en 1994 y registra desde entonces, año tras año, una adhesión creciente en la intención de voto que registran las empresas de opinión pública, hasta acariciar la mayoría absoluta desde fines de 2003. Indudablemente, este fenómeno resulta del descontento que se ha ido acumulando respecto de los partidos `tradicionales´ y sus elencos de gobierno, pero también es producto de una estrategia que buscó capitalizar política y electoralmente ese descontento.” (Garcé y Yaffé, 2004: 69)169 “(....) resulta indispensable reiterar que después de la debacle social con que terminó la dictadura, del ajuste recesivo de 1983-84 y de una pauperización muy grave de la población, hubo una mejora fuerte de la economía al retornar los gobiernos democráticos, que supieron combinar crecimiento económico con abatimiento de la pobreza.” (Caetano, 2005: 31)
144
la sociedad uruguaya reconstruyera una autopercepción satisfactoria (Perelli
y Rial 1985). Dicho de otra forma, el nuevo bloque en el poder, consolidado
a partir de fines del año 50, nunca logró procesar exitosamente una “reforma
intelectual y moral” (Gramsci, 1993: 69).
Como el primer gobierno blanco del siglo XX -en el comienzo de la
crisis del 58-, como la dictadura militar -cuando esa crisis cobra su
dimensión más dramática- el nuevo gobierno debía asumir con un discurso a
la altura de las circunstancias posicionándose, al menos, con una retórica
fundacional.
En ese contexto, el novel presidente Tabaré Vázquez - de profesión
oncólogo convenientemente para los juegos metafóricos – define las cinco
dimensiones del nuevo Uruguay: social, productivo, innovador, democrático
e inserto en la región.
En el apartado anterior colocábamos la gran interrogante que se
planteaba frente a la posibilidad de un triunfo del Frente Amplio: ¿cuál sería
el diagnóstico y la propuesta de la izquierda? ¿Sería necesario realizar
pequeños ajustes al modelo anterior y continuar con un “LACE” (Olesker
2001) con rostro humano y algunos controles a la especulación financiera? o
¿el modelo debía ser transformado sustantivamente y el Frente Amplio
debía partir “de donde Batlle y Ordóñez y sus herederos quedaron” (Vanger,
2009: 266)?
En cierto sentido, en la definición establecida por el incipiente
gobierno de Tabaré Vázquez acerca de las cinco dimensiones antes
mencionadas, ya era posible identificar algunos contenidos que indicaban
que el segundo camino no había sido el elegido. Un país pequeño no puede
ambicionar su inserción en la región y en el mundo y simultáneamente
intervenir decididamente en el mercado con el objetivo de generar pleno
empleo y una protección social generalizada. Por el contrario, para
145
mantener la ambición de insertarse en la región y en el mundo debe ser
competitivo y por tanto innovador y la respuesta, obviamente, no está en la
sustitución de importaciones, la inversión estatal y la protección de los
derechos del trabajo.
“El régimen angloamericano tiene pleno empleo, pero
pocas restricciones políticas a la desigualdad de
ingresos, mientras que los sistemas de los Estados de
bienestar del modelo renano, más sensibles a los
problemas de los trabajadores, son un obstáculo a la
creación de empleo. El mal que escogemos depende
del bien que persigamos.” (Sennett, 2000: 56)
No se pretende aquí afirmar que el Uruguay cuente con la
posibilidad de optar libremente y sin constreñimientos acerca de su
inserción en la región y en el mundo. Sin embargo, sí se pretende señalar
que el anuncio en el momento de la asunción del nuevo gobierno adquiere
un claro signo ideológico. El camino a seguir se anuncia como una opción y
no como un imperativo de modo tal que participar de la globalización y la
flexibilización del trabajo, que se traduce en precarización, desregulación y
pérdida de derechos laborales, se presenta entonces como un proyecto y no
como una imposición inevitable170.
Como señalan Gallardo et all (2009) la política económica fue
diseñada por un grupo de expertos, entre los que se destaca el Ministro de
Economía, Cr. Danilo Astori171. Resulta difícil coincidir con los autores en
su planteo acerca de que el triunfo de una perspectiva económica con un
fuerte componente neoclásico responda apenas a una alianza entre el
presidente y el Cr. Danilo Astori. Lo que es claro es que esta política 170 Es bueno recordar que los procesos de ajuste estructural fueron implementados por la derecha argumentando el carácter inevitable de estas reformas.171 “Esta red de economistas desempeña un papel fundamental en múltiples políticas públicas en diversos ministerios. Seguramente ha sido la comunidad epistémica más influyente de las que actuaron en el período comprendido en esta investigación.” (Gallardo et all, 2009: 23)
146
llevada adelante por una fuerza de izquierda no podía desarrollarse sin
oposición: a este grupo de expertos se contrapone duramente la llamada
“Red de economistas de izquierda”.
“Por ejemplo, la `Red de economistas de izquierda´,
integrada por economistas que tienen un
posicionamiento crítico con el gobierno, cuestionó
severamente la reforma tributaria preparada por el
equipo económico.” (Gallardo et all, 2009: 24)
La reforma tributaria fue la mayor reforma económica llevada
adelante por el gobierno, presentada a la opinión pública como la más
ambiciosa apuesta del gobierno en pos del objetivo de la redistribución. El
slogan “que paguen más los que tienen más”172 es señalado por la “Red de
Economistas de izquierda” como la prueba de que el gobierno sigue los
principios neoliberales de grabar al trabajo anclado en el país para poder
reducir impuestos al capital de manera de captar inversión trasnacional173.172 “Que paguen más los que tienen más” se ha cansado de repetir el presidente de la República. Sin embargo ese es un axioma ideal, que se convierte en simples palabras cuando advertimos que en este país paga más la clase media, los trabajadores que están en planilla y los jubilados , por un impuesto en que descansa esa recaudación para ampliar los insaciables gastos del Estado, que quienes están llevándose la gran tajada de la torta del crecimiento, o sea los exportadores e importadores, los frigoríficos, algunos empresarios y unos cuantos productores que están vinculados a cadenas de comercialización privilegiadas, en general todos sectores insuflados con capital proveniente del extranjero.” (Bitácora, suplemento semanal del diario la República, 20 de junio de 2010). Disponible en: http://www.bitacora.com.uy/noticia_1543_1.html, Consulta: 28/06/2010.173 “La recaudación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) sería de 350 millones de dólares; lo que se paga por el IRP actualmente son 150 millones de dólares (135 los trabajadores y 15 los pasivos). La carga del IRPF se distribuirían de la siguiente forma: - rentas del capital 33 millones (9%): - honorarios profesionales 39 millones (11%),
- ingresos por la venta de fuerza de trabajo, salarios, 220 millones (63 %); - ingresos por pasividades 59 millones (17%). Un simple cálculo aritmético muestra que la reforma tributaria castiga a los trabajadores activos aumentando la carga impositiva en 85 millones de dólares y a los pasivos en 45 millones. c) Los empresarios, en cambio, ganan con la reforma. Se eliminan, entre otros, el Impuesto a la Renta de Industria y Comercio (410 millones de dólares) y el Impuesto a los Activos de las Empresas Bancarias (48 millones) y pasan a pagar el Impuesto a la Renta de las actividades empresariales (394 millones de dólares). Van a pagar 64 millones de dólares menos por los dos conceptos anteriores, pero se eliminan además impuestos directos al capital por otros 25 millones. Debe considerarse, además, que la mayor parte de los 33 millones que pagarían los capitalistas por IRPF recaería en arrendamientos de propiedades, que no estaban gravados anteriormente.” Extraído de: Sistema Tributario y reforma: el desencanto uruguayo. Red de Economistas de Izquierda del Uruguay. Disponible en:
147
Como fuera señalado, la perspectiva de cuestión social construida en
la primera mitad del siglo XX lograba una articulación de las tres
perspectivas tipológicas construidas para este trabajo. Al respecto señalaban
los expertos de la CIDE174:
“La movilidad social; el acceso a las formas más
elevadas de la educación y la cultura; la cobertura de
los riesgos de salud, vejez y otras necesidades
conexas; y el acceso a determinados bienes físicos de
consumo y viviendas, constituyen para el habitante
uruguayo — como ente consumidor— un verdadero
`derecho adquirido´ y no una mera
aspiración.” (CIDE, 1966: 47)
Esta concepción de ciudadanía no es compatible con una perspectiva
que considera que el mercado es el principal y más perfecto asignador de
recursos. En ese sentido mucho más conveniente parece la posición
manifestada por el Cr. Danilo Astori:
“Ser de izquierda es crear condiciones de justicia en
la sociedad para quienes tienen una posición de
mucha inequidad en el acceso a las oportunidades de
la vida en materia de salud, educación y vivienda. Y al
mismo tiempo, en el acceso a los frutos del
crecimiento. Ser de izquierda es trabajar para que eso
mejore, como objetivo fundamental del gobierno.”175
http://www.rediu .org/Documentos/reforma_tributaria.html . Consulta: 23/08/2008. 174 La Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE) fue creada por el colegiado nacionalista (1958-62) dirigida por el Cr. Enrique Igleisas. Se proponía coordinar los esfuerzos de los mejores técnicos del país para diseñar e implementar un plan de desarrollo del país a largo plazo (cf. Garcé, 2002).175 Entrevista realizada en La Diaria con fecha 23/06/2010. Más adelante, el Cr. Danilo Astori, agrega lo siguiente, aclarando quiénes son los opositores a esta concepción de cuestión social: “Nos puede estar faltando, a veces, tener claro qué queremos lograr. - ¿por ejemplo? - Cuando se defienden cosas que sólo benefician a un grupo organizado de
148
El planteo del Cr. Danilo Astori resulta toda una definición de
cuestión social: la búsqueda de justicia se restringe a la población que tiene
una situación de “mucha inequidad” y la intervención del Estado se
restringe a atender esta población. Coincidentemente, en las cinco
dimensiones definidas por el presidente Tabaré Vázquez ya se anunciaba
que aquella referida a lo social se limitaba a la atención de estos sectores de
población. Es así que, más allá de la supuesta y ciertamente lógica
“concatenación” de estas dimensiones, la que interesa en este trabajo es
sobre todo la dimensión social. Para el Frente Amplio, la prolongada crisis
del Uruguay había generado una emergencia social que debía ser atendida
sin más demora. Es así que el Frente Amplio comienza a hablar de
emergencia social en el año 1999 presentando al entonces gobierno de Jorge
Batlle una serie de propuestas para su atención:
“El Frente empieza a pensar en la emergencia en el
99, en el 2000 se le presenta una propuesta al
gobierno de Batlle y en el Senado se presentan en las
distintas leyes ómnibus algunas de las propuestas que
lo componían. En el 2002/3 se vuelve a plantear como
un paquete.” (Entrevista Ministra de Desarrollo
Social)
Como es lógico, el gobierno de aquel momento, que aún no sufría la
deslegitimación que en 2002 prácticamente disolvería al Partido
Colorado176, negó la existencia de tal emergencia y no aceptó ninguna de las
personas y perjudican a la gran mayoría, no creo que esté en un rumbo de izquierda. Es lo que solemos llamar una actitud corporativa, y se encuentran muchos ejemplos en el país. Muchas veces son compañeros frenteamplistas los que levantan esas banderas.”176 La historia uruguaya, un país con una sensibilidad que se reconoce como sobria y racional es, sin embargo, rica en acontecimientos apropiados para una novelación propia del realismo mágico: el Partido Colorado inaugura su hegemonía casi absoluta a principios del siglo XX con un Batlle: José Batlle y Ordoñez. Pierde el gobierno por primera vez en el comienzo de la crisis con un Batlle: Luis Batlle Berres y cierra el siglo con una crisis estrepitosa, que pone en cuestión la propia existencia del Partido “la crisis acabó por rematar al Partido Colorado” (Moreira, 2004: 69), con un Batlle: Jorge Batlle Ibáñez, sobrino nieto de José Batlle y Ordoñez. Como en el XIX Brumario (Marx: 1986) “el
149
propuestas presentadas y tampoco lo hará en 2002/3, aunque ya no se podía
negar la emergencia.
Finalmente, en diciembre de 2004, cinco años después de su anuncio
y ya conocido su triunfo electoral, el Frente Amplio comienza a diseñar la
implementación de lo que sería su Plan de Emergencia Social.
Pocos años atrás, en la década del noventa, comienzan a
implementarse en el Uruguay las primeras “políticas sociales de segunda
generación”, “focalizadas, integrales y descentralizadas” (Filgueira, 1998).
Tales políticas fueron administradas por la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto, dependiente directamente del Poder Ejecutivo, y a través de
dos organismos creados a tal fin: el Fondo de Inversión Social de
Emergencia (FISE) y el Fondo de Fortalecimiento del Área Social (FAS)
(Midaglia, 1993).
En el discurso de uno de nuestros entrevistados puede verse la mala
prensa que estas instituciones y su forma de administración tenían dentro de
la izquierda:
“Nosotros veníamos de un programa que funcionaba
dentro de presidencia. Su existencia, igual que el
PIAI177, se puede tomar como indicador de un
problema existente en las políticas sociales en
Uruguay: la famosa fragmentación y descoordinación
del sistema. La solución que le daban los gobiernos
anteriores era, tengo un problema en el INAU178 con
los niños y la respuesta era by-passear los problemas”
sobrino nieto es la caricatura del tío abuelo”.177 Programa de Integración de Asentamientos Irregulares178 Instituto de la Niñez y de la Adolescencia del Uruguay
150
El mecanismo del by-pass al que se refiere el entrevistado es tomado
de Midaglia (1993) y designa la particular forma que asumió la
implementación de los “nuevos programas sociales” por fuera de las
instituciones públicas que tradicionalmente han intervenido sobre
determinado campo de problemas (salud, educación, etc.). Con el
argumento de la “integralidad” de los nuevos programas focalizados, éstos
se implementaban desde oficinas dependientes directamente de Presidencia
de la República salteándose, de este modo, la estructura burocrática
tradicional.
Por otro lado, en tanto eran implementadas a través de préstamos
internacionales y no se incorporaban al presupuesto nacional quedaba
cuestionada la viabilidad de los mismos luego de finalizado el crédito. La
respuesta del nuevo gobierno apunta a resolver este problema:
“Nosotros hacemos dos movimientos: el primero es
institucional que es que Infamilia179 pasa para el
MIDES y deja de depender de Presidencia de la
República. De esa manera, cambió la identidad de
algo creado tipo by-pass, y la meta en el lugar de
coordinación de todas las políticas sociales y lo que
hicimos fue, dejar de pensar en los sectores, salud,
educación (…) para pensar en problemas y desde los
sectores a los individuos.” (Entrevista a director
político del MIDES)
La mala prensa referida es, posiblemente, una de las razones por la
cuales Tabaré Vázquez decidiera la creación del Ministerio de Desarrollo
Social para la administración del Plan de Emergencia. La resolución del
debate sobre la forma institucional que da lugar a la creación del Ministerio
de Desarrollo Social es relatada por la Ministra Marina Arismendi:
179 Programa de Infancia y Familia en situación de riesgo social
151
“Se procesa en el correr del mes de diciembre de
2004, a partir de un debate político y técnico
internacional que discute Ministerio sí o no. El equipo
que está en el Ministerio, directores etc. es gente que
venía trabajando a nivel programático en las políticas
de infancia, sectoriales, plan de emergencia, etc y que,
salvo aquellos que por elección personal o sectorial
pasan a trabajar en otros sectores, quedan trabajando
en aquello que habían trabajado programáticamente.”
(Entrevista Ministra de Desarrollo Social)
Todo este debate se resuelve finalmente a través de la intervención
del Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez, y el relato de la
Ministra parece estar dando algunas indicaciones del estilo de liderazgo del
presidente:
“El presidente de un plumazo resuelve todo el debate
académico y político creando el Ministerio. Nosotros
no estábamos de acuerdo, pero después la realidad le
dio la razón, ya que un programa que debía atar a
todos los pagos, que debía coordinar desde un plan de
emergencia todos los sectores que administran
políticas sociales: Ministerios, Entes, Intendencias, no
podía ser una comisión que no tendría la potencia que
podía tener un Ministerio. Al principio se pensó que
sería un Plan de Atención a la Emergencia Social pero
la ley de creación del Ministerio le da una función
mucho más difícil que la de un plan: establece que
debe desarrollar la articulación, diseño, impulso y
control de todas las políticas sociales que el Estado en
152
su conjunto, en el sentido más amplio de Estado, lleva
adelante” (Entrevista Ministra de Desarrollo Social)
El Ministerio de Desarrollo Social se crea a partir de la aprobación
de la Ley Nº 17.866 180del 21 de marzo de 2005. El cometido del Ministerio
es la articulación y control de todas las políticas sociales desarrolladas por
el Estado181.
La decisión de construir un nuevo ministerio para la administración
de políticas sociales no resulta adjetivo en nuestra indagación. El triunfo del
Frente Amplio representa un punto de inflexión significativo en la historia
uruguaya; el creciente descontento que iba quitando progresivamente
legitimidad a los partidos “tradicionales” era expresión de la confrontación
entre dos modelos de país: “el país real” y la duda, nunca resuelta, sobre la
posibilidad de recuperar “el país del pasado”. El Frente Amplio tenía la
oportunidad histórica de responder esta pregunta.
La decisión de crear un ministerio para administrar políticas
asistenciales, focalizadas, gestionadas por la “sociedad civil organizada”
parece estar respondiendo que la exclusión social es sub producto
inevitable de la política de desarrollo “posible” a implementar, que la
búsqueda de la igualdad y que la nostalgia del Uruguay mesocrático, no son
otra cosa que un lastre del pasado del que es necesario desembarazarse para
ponerse a construir el Uruguay del futuro.
180 Disponible en: http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=17866&Anchor=. Consulta: 12/6/2007181 De acuerdo con el texto de la ley al Ministerio de Desarrollo Social le compete: “A) Asesorar al Poder Ejecutivo y proponer las políticas nacionales en las materias de su competencia. B) Sin perjuicio de las competencias de otros Ministerios y organismos formular, ejecutar, supervisar, coordinar, programar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias y planes en las áreas de juventud, mujer y familia, adultos mayores, discapacitados y desarrollo social en general. C) Coordinar las acciones, planes y programas intersectoriales, implementados por el Poder Ejecutivo para garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales a la alimentación, a la educación, a la salud, a la vivienda, al disfrute de un medio ambiente sano, al trabajo, a la seguridad social y a la no discriminación.”
153
V. 1. MIDES: una estrategia de combate a la pobreza extrema
El primer cometido del Ministerio de Desarrollo Social fue la
administración del Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social
(PANES). El PANES estaba constituido por siete componentes centrales
orientados a atender a la población en situación de “extrema pobreza”:
ingreso ciudadano (transferencia de ingresos a hogares), alimentación,
participación social y laboral, mejoramiento del hábitat, a los que se
agregaron poco después el Programa de Alfabetización de Adultos y el de
Salud Ocular” 182
“No se puede pensar en un Uruguay democrático si uno
tiene personas y hogares viviendo bajo la indigencia
más extrema. Es a partir de las cifras del INE183 del
momento que se hablaba de 100 mil indigentes (...) pero
llegamos a 71 mil hogares, a 330 mil personas de los
100 mil que hablábamos, donde más del 60 % son niños
y adolescentes y donde la mayoría de los jefes de hogar
son jefas.” (Entrevista Ministra de Desarrollo Social)
La creación del Ministerio de Desarrollo Social implicó el desarrollo
de toda una batería de programas para atender, central y fundamentalmente,
a esta población: los indigentes, llamados paradójicamente “protagonistas”
en los documentos institucionales del MIDES y en las entrevistas realizadas.
Al respecto la Ley de creación del MIDES establece que:
“Al Ministerio de Desarrollo Social le compete: (...)
D) Diseñar, organizar y operar un sistema de
información social con indicadores relevantes sobre
182 De la Emergencia a la Equidad. Las Políticas sociales del Gobierno Nacional 2005-2009: 16, Ministerio de Desarrollo Social.183 Instituto Nacional de Estadística.
154
los grupos poblacionales en situaciones de
vulnerabilidad, que permita una adecuada
focalización del conjunto de políticas y programas
sociales nacionales (....) F) Implementar, ejecutar y
coordinar Programas de Atención a la Emergencia
Social, mediante la cobertura de las necesidades
básicas de quienes se hallan en situación de
indigencia y de extrema pobreza, buscando el
mejoramiento de sus condiciones de vida y su
integración social. G) Proporcionar información y
asesoramiento sobre los programas disponibles para
quienes se encuentran en situación de indigencia o
extrema pobreza.”
Uno de los aspectos que llama la atención cuando uno se aproxima
al Ministerio de Desarrollo Social, lo que sin duda acompaña el carácter
fundacional del discurso presidencial, son los aspectos semánticos de los
que da cuenta Serna (2006, 15). Tal vez anecdóticos y adjetivos, los
aspectos semánticos no pueden ser dejados de lado en un análisis que
pretende rastrear los contenidos ideológicos legitimadores de la política
social.
En primer lugar, el cambio semántico no lo hace quien quiere sino
quien puede. En ese sentido, no hay duda que buena parte de este cambio
semántico no habría sido acompañado por la izquierda -no sólo la izquierda
política- si hubiera sido realizado por otro gobierno. Hablar de ciudadanos,
de protagonistas, de rutas de salida, etc. refiriéndose a la población
indigente, probablemente habría sido denunciado, con indignación, como
una muestra de cinismo.
En nuestro análisis, el llamar protagonistas a la población indigente
atendida por el MIDES es revelador de un contenido ideológico, por el cual
155
se le atribuye a esta población la capacidad de operar sobre sí y sobre sus
condiciones de vida. Difícilmente alguien puede concebir el carácter de
protagonista de quienes no logran acceder siquiera a los bienes necesarios
para su sobrevivencia biológica.
En el mismo sentido, es contradictoria la atribución de protagonismo
a una población en el mismo momento en que se la infantiliza desde las
propuestas y programas de intervención, en tanto es visualizada y tratada
como una población que precisa ser controlada, vigilada y a la que se le
debe exigir contrapartidas por los recursos que se le entregan184.
En general, el argumento esgrimido, que pretende superar la critica
apuntada, refiere a que las contrapartidas son compromisos que el
“protagonista” asume “vinculados con el ejercicio de sus propios
derechos”185 y de sus familias. Sin colocar en tela de juicio las buenas
intenciones de los propulsores de estas iniciativas, es posible entrever cierta
infantilización de la población atendida donde la figura de una madre
abnegada le dice al niño: “te obligo a hacer esto porque es por tu propio
bien”. Pero en términos positivos, la denominación protagonista refiere a
184 “Contrapartidas. Para la percepción del Ingreso Ciudadano se requerirán los siguientes compromisos: a) inscripción y asistencia regular de los menores al sistema educativo formal y obligatorio (artículo 70 de la Constitución de la República), incluyendo Educación Primaria, Secundaria y Técnico Pofesional conforme a los requerimientos de las respectivas autoridades, ejerciéndose los controles pertinentes por el Ministerio de Desarrollo Social en coordinación con ANEP y Ministerio de Educación y Cultura, según corresponda. b) controles médicos periódicos a menores de edad, adolescentes y mujeres embarazadas, sin perjuicio del seguimiento permanente que dispongan las autoridades sanitarias, según las patologías, cuya ejecución y control estará a cargo del Ministerio de Salud Pública, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social en este último caso. c) participación de los miembros del hogar en actividades comunitarias, entendiéndose por tales, entre otras, aquellas tareas transitorias, que sin constituir un empleo fijo y en atención a las condiciones personales de quien las brinda (edad, estado sanitario, etc.) redunden en beneficio de la sociedad. d) actividades específicas de formación o que permitan adecuar el nivel formativo o las competencias profesionales a las exigencias del mercado laboral. e) otras acciones que faciliten la inserción social y laboral de los miembros del hogar, requeridas por los distintos Programas que integran el Plan de Atención Nacional de la Emergencia Social.” Decreto Nº 176/005 creación del Ingreso Ciudadano. Disponible en: http://www.elderechodigital.com.uy/acceso1/legisla/decretos/d0500176.html. Consulta: 16/3/08. 185 Disponible en: http://www.presidencia.gub.uy/_Web/noticias/2006/03/2006032401.htm. Consulta: 20/8/2008.
156
un proceso de transferencia de responsabilidad al individuo y la
consiguiente desresponsabilización del Estado.
La población en situación de “indigencia” se compone, según indica
la Ministra de Desarrollo Social, de una mayoría de niños y mujeres, dando
cuenta de los fenómenos de feminización y, sobre todo, de infantilización de
la pobreza, a los que también refieren las investigaciones sobre distribución
de la pobreza en el Uruguay186.
Esta composición poblacional hace que, incluso desde las
perspectivas más ortodoxamente liberales, la intervención asistencial no
presente demasiadas objeciones.
“La pobreza, e incluso la indigencia completa, no
otorgan títulos suficientes para beneficiarse con la
asistencia. Son principalmente objeto de la ayuda
quienes no pueden subvenir a sus propias necesidades
porque son incapaces de trabajar. La desventaja o
minusvalía en sentido amplio (defecto o lesión física,
la enfermedad, pero también vejez, infancia
abandonada, viudez con pesadas cargas familiares,
etcétera).” (Castel, 1997: 63, el énfasis es nuestro)
Como fuera dicho, el Plan de Atención Nacional a la Emergencia
Social (PANES) fue el programa central llevado adelante por el MIDES en
sus años fundacionales. Si bien no es posible desconocer la resonancia
186 “En suma, la evolución de la pobreza los últimos veinte años puede ser descrita como la sucesión de tres períodos: el primero, entre 1986 y 1994, estuvo pautado por la pronunciada caída de la pobreza (del 46,2 al 15,3%), en particular entre los adultos mayores (del 32,6 al 4,2%); el segundo, entre 1994 y 1999, se caracterizó por el estancamiento de la tasa general de pobreza y por un leve aumento de esta entre los menores de seis años; el último, desde 1999 a 2004, estuvo signado por el crecimiento significativo de la pobreza en todas las franjas de edad. Entre los niños más pequeños (O a 5 años) el balance de los últimos dos decenios resulta preocupante: en el último trimestre del 2002 — tras la devaluación y la escalada inflacionaria— el porcentaje de pobreza fue similar al de 1986: respectivamente, 60% y 63,2%.” (De Armas, 2005: 277, el énfasis es nuestro)
157
bíblica de la sigla, no se hará un análisis en este sentido dado que no se
cuenta con información sobre la casualidad o intencionalidad de este detalle.
El principal componente de este programa ha sido el “ingreso ciudadano”
que implicó una enorme campaña de relevamiento para establecer en
términos exactos cuál era la población legítimamente beneficiaria:
“A nosotros nos tocó lo más difícil que es elegir entre
los más pobres. Teníamos que decirle usted está en una
situación muy difícil, no tiene qué comer, no tiene
trabajo pero es un privilegiado porque no es indigente.
Esta selección no la hicimos nosotros sino en
coordinación con la Universidad de la República,
Facultad de Economía, de Ciencias Sociales y Ciesu,
equipos que no seleccionamos nosotros sino la
Universidad de la República que creó las herramientas
que permitió determinar quién está en la indigencia y
quién no. Se nos dijo por qué no usábamos los datos
existentes y demostramos que los datos existentes
estaban mal (...) El objetivo era trabajar sobre la
emergencia y trabajar juntos, construir juntos
herramientas para salir de la emergencia, y estaban los
que se sentían indigentes y no lo eran por sus ingresos
(...) estaban pero no les correspondía y así llegamos al
millón. Visitamos más de 200 mil hogares, que eran
muy pobres pero no indigentes, que te decían la
educación no me la puedo comer, los ladrillos no me
los puedo comer, los electrodomésticos no me los puedo
comer y había que decirles bueno pero usted tiene un
techo, tiene una cama y una frazada, porque nosotros
encontramos otras cosas mucho más
terribles.” (Entrevista Ministra de Desarrollo Social)
158
Los procesos de selección de los beneficiarios del PANES, esas más
de 200 mil visitas a las que se refiere la entrevistada, fueron desarrolladas
en los llamados “desembarcos”, donde mayoritariamente jóvenes
universitarios, ya sea contratados como becarios y/o en carácter de
voluntarios, visitaron las familias que se habían inscripto en el Banco de
Previsión Social (BPS) para acceder al beneficio. Del discurso se desprende
la permanente preocupación por los mecanismos más eficientes y eficaces
para realizar las operaciones de focalización, aspecto que será retomado más
adelante.
El siguiente cuadro presenta información detallada sobre la
cobertura alacanzada por el PANES:
Cobertura del PANES 187
Acumulado a Diciembre de 2007 Cantidad de hogares % de hogares del paísTotal de hogares evaluados para acceder al beneficio
246.681 23,42%
Total de solicitudes denegadas por exceder ingresos
58.010
Total de hogares visitados 188.671 17,91%
Total de solicitudes aprobadas
102.353 9,72%
Total de hogares beneficiados en promedio mensual
63.736 6,05%
Total de egresos del PANES
18.524
Máximo de hogares beneficiarios al mismo tiempo
88.600
Total de hogares beneficiados al cierre
68.546 6,51%
Fuente: BPS, DINEM, Fase I del censo 2004 (INE).
187 Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social (PANES 2005 – 2007). Disponible en: http://www.mides.gub.uy/innovaportal/file/2200/1/PLAN%20DE%20ATENCI%D3N%20NACIONAL%20A%20LA%20EMERGENCIA%20SOCIAL.pdf . Consulta: 22/10/08
159
El universo total de la población PANES corresponde a un total de
102.353 beneficiarios distribuidos en 76.991 hogares, que se traducen en
337.240 personas a lo largo de todo el territorio nacional.
“En primer lugar, se observa que más de 1 de cada 4
personas integradas al PANES reside en Montevideo
(26%). En segundo lugar, aunque en una proporción
menor, el 14%, es decir, casi 1 de cada 6 personas,
pertenece al departamento de Canelones. Le siguen en
proporción, un pequeño grupo conformado por Salto y
Rivera que alcanza un 6%; y Paysandú, Cerro Largo y
Artigas con un 5%. La incidencia del PANES a nivel
de las personas se estima en 10,4% del total para todo
el territorio nacional.”188
Tal como se afirmó anteriormente, el Ingreso Ciudadano fue el
componente más relevante del PANES por tratarse de una política de
transferencia de ingresos. Es conocido el impacto que estas transferencias de
ingresos tiene sobre los números de la indigencia, lo que fácilmente se
observa al analizar las estadísticas sobre la evolución de la pobreza medida a
través del ingreso, tal como se muestra en la siguiente tabla189 :
Evolución de la pobreza y la indigencia desde el 2004 al primer semestre del 2008
Años % Personas pobres (LP2002) Loc + 5000
% Personas indigentes (LI2002) loc. + 5000 hab.
2004 31,9 3,9
2005 29,8 3,4
2006 26,8 2,1
2007 25,5 2
188 Disponible en: http://www.mides.gub.uy/innovaportal/file/4318/1/mides_2006.pdf, Consulta: 23/5/2008.189 Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social (PANES 2005 – 2007). Disponible en: http://www.mides.gub.uy/innovaportal/file/2200/1/PLAN%20DE%20ATENCI%D3N%20NACIONAL%20A%20LA%20EMERGENCIA%20SOCIAL.pdf . Consulta: 22/10/08
160
Primer semestre de 2008 21,4 1,7
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
La población PANES accedía al ingreso ciudadano y asumía
compromisos en relación a sí mismo y su familia como contrapartida a la
transferencia monetaria190. Además de la transferencia de ingresos como uno
de los componentes centrales del PANES, el MIDES también desplegó un
conjunto de dispositivos socioeducativos desarrollados en convenio con
ONGs. La participación en dichos programas también se encontraba
delimitada a la “población PANES”, es decir, a la indigencia:
“(...) forma parte de un gran proyecto nacional que
tiene como objetivo trabajar por una sociedad más
justa y equitativa, atendiendo la indigencia, la
extrema pobreza, que no sólo se determina por la
carencia de ingresos económicos sino por los procesos
asociados de exclusión social: imposibilidad de
acceso -por múltiples factores- a servicios sociales en
áreas claves: salud, seguridad social, educación,
hábitat saludable, falta de oportunidades y en los
núcleos de mayor vulnerabilidad, estar expuestos a
situaciones críticas y de alto riesgo, como llegar al
límite de vivir en la calle, en climas de alta violencia
familiar y vecinal, maltrato, abuso, entre otros.”191
El ingreso ciudadano se acompaña de una transferencia para la
compra de alimentos a través del otorgamiento de una tarjeta magnética:190 “(...) asume compromisos vinculados con el ejercicio de sus propios derechos: realizar los controles médicos del núcleo familiar, asegurar la permanencia de niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo y la realización de actividades comunitarias en la construcción de las rutas de salida. A diciembre de 2006, 76.000 hogares cobran el ingreso ciudadano, lo que representan aproximadamente 327.000 personas.” (Página Oficial de Presidencia de la República, visitada el 30 de abril de 2007) Disponible en: http://www.presidencia.gub.uy/_Web/noticias/2006/03/2006032401.htm. Consulta: 22/8/2008.191 Disponible en: http://www.mides.gub.uy/innovaportal/file/4318/1/mides_2006.pdf, Consulta: 23/5/2008.
161
“Transferencias económicas para la adquisición de
alimentos, a través de una tarjeta magnética, cuyo
emisor es el BROU y una empresa adjudicataria de
pliego licitatorio que está brindando tecnología a los
puntos de venta adheridos, llamados `Comercios
Solidarios´. Hoy, más de 60.000 hogares están
recibiendo esta transferencia cuyo monto mensual
varía de $ 300 a $ 800 según la cantidad de menores de
18 años o embarazadas que haya en el hogar y las
compras las realizan en más de 480 comercios
distribuidos en todo el territorio nacional. El uso de la
tarjeta supone libertad al elegir dónde y qué comprar.
Asimismo, permite el seguimiento al detalle de las
compras realizadas por cada familia y en cada
localidad (trazabilidad). Esta información nos permite
concluir que los hogares consumen alimentos
mayoritariamente no perecederos y también alimentos
frescos.” 192
El mecanismo de la tarjeta alimentaria vuelve a colocar la tensión no
resuelta entre la infantilización de la población asistida y su reconocimiento
como “protagonista”, es decir, como individuos “libres” y capaces de tomar
sus propias “decisiones” y ser responsables por sus opciones. La libertad para
elegir qué y dónde comprar aparece vigilada mediante el seguimiento del tipo
de consumo priorizado por el beneficiario.
Por otro lado, es necesario llamar la atención acerca del hecho que, si
bien la población asistida aparece como legítimamente merecedora de la
asistencia, en tanto se trata de mujeres solas y niños en su mayor parte, y la
indigencia es delimitada por un criterio estrictamente económico, la asistencia
192 Disponible en: http://www.presidencia.gub.uy/_Web/noticias/2006/03/2006032401.htm. Consulta: 31/3/2009.
162
se vea reducida a un monto preestablecido en dinero y un monto asimismo
previamente determinado para la compra mediante el uso de la tarjeta de
alimentos.
Es decir, si se quiere eliminar la indigencia, y no hay límites éticos
para asistir a esta población, alcanzaba con establecer un límite admisible de
pobreza al que se pretende que acceda esta población y delimitar la asistencia
en función de este límite, asignando a cada familia no un monto
preestablecido sino el monto necesario para que cada familia indigente
superara la indigencia.
Tal vez este extremo tenga un contenido voluntarista, ya que
implicaría una intervención con operadores que se aproximaran a las familias,
establecieran los montos necesarios para sacarlos de la indigencia, etc. Pero el
voluntarismo se concentró en visitar a todas las familias para evitar que
ninguna que no le correspondiera tuviera acceso a este beneficio que como la
propia Ministra establece se trata de: “para decirlo en forma académica: 1.600
pesos de m......” (Entrevista Ministra de Desarrollo Social).
Lo que parece ocurrir es que el límite de la transferencia de ingresos
está colocado en la preocupación liberal de no interferir con el mercado y, en
este caso, con el mercado laboral. Cualquier transferencia de ingresos por
sobre el límite de la indigencia estaría disolviendo la amenaza de la
indigencia como castigo a la vagancia.
Los operadores políticos insisten en que el ingreso ciudadano no ha
sido el único componente ni el más importante. Tal vez la falta de contenidos
de transformaciones de fondo, que es probablemente la expectativa respecto
a un gobierno de izquierda, hizo que se implementara toda una serie de
programas con perfil de género o de reconocimiento a las “minorías” donde,
el evidente contenido testimonial, revela el carácter conservador de los
mismos:
163
“Por consiguiente, Nancy Frasser tenía razón cuando
protestaba contra el `difundido desvinculamiento entre
la política cultural de la diferencia y la política social
de la igualdad´, e insistía en que `hoy la justicia
requiere tanto redistribución como reconocimiento
´” (Bauman, 2005: 92)
Este grupo de programas se administran desde la Dirección Nacional
de Desarrollo Ciudadano:
“La Dirección Nacional de Desarrollo Ciudadano se
propone contribuir al desarrollo de escenarios de
participación social con la más amplia convocatoria
de actores sociales que permitan el fortalecimiento de
la ciudadanía activa de las y los uruguayos entendida
ésta, como reconocimiento y ejercicio de sus derechos
económicos, sociales, culturales y políticos.”193
Estos programas, desde el punto de vista concreto de la transferencia
de recursos, han sido absolutamente marginales reduciéndose a prácticas de
marketing social, políticas de “concientización”, talleres que apuntan al
“empoderamiento”, etc. revelando que su función es puramente simbólico -
ideológica. Constituyen un aspecto de la propuesta donde se apunta a
incorporar contenidos ideológicos asociados, aunque remotamente, al
principio de igualdad.
193 “Los programas desarrollados en 2007 se refieren a dos ejes principales: la participación social y las iniciativas locales.
• Transversalidad de género en las políticas públicas. Se contribuyó a fortalecer los mecanismos ya existentes para la transversalización del enfoque de género en las políticas públicas (...) Fortalecimiento a la Justicia en materia de Violencia Doméstica”, el Instituto Nacional de las Mujeres es quien tiene la responsabilidad de dirigir dicho proyecto (...) Asesoría Para Asuntos Afrodescendientes (...)”.
(Disponible en: www.mides.gub.uy. Consulta: 15/02/08.
164
En última instancia, estas iniciativas junto con los programas de
transferencia de activos, son reveladores de una concepción que demuestra
una tendencial individualización de lo social, mientras que tiempo atrás el
discurso tradicional de la izquierda responsabilizaba al sistema por ser
excluyente. Tal como lo establecía un economista, actual operador tecno -
político del gobierno:
“La acumulación genera un excedente de mano de
obra, pero a la vez precisa de él para continuar la
acumulación. Por ello decimos que la reserva de mano
de obra es causa y condición de la acumulación
capitalista.” (Olesker, 2001: 20)
Esta nueva concepción establece que el problema está en los
individuos que por distintos motivos han quedado fuera del sistema. La
respuesta escogida ha sido la transferencia de contenidos simbólicos para
volver a integrarlos; en otras palabras, si la culpa no es de ellos, sí lo es la
causa.
Otro grupo de programas es administrado por la Dirección Nacional
de Políticas Sociales. Este paquete de programas apunta a la transferencia de
“activos” con la finalidad de reincorporar a los beneficiarios al mercado.
“La Dirección Nacional de Políticas Sociales tiene
entre sus responsabilidades directas el diseño,
formulación y ejecución de dos componentes del Plan
de Emergencia Social, el Programa `Proyectos de
Opción Productiva´ (POP) y el Programa
`Construyendo Rutas de Salida´. Por otra parte y
como parte de sus competencias y funciones
esenciales, desarrolla otras líneas y programas
específicos, algunos de los cuales constituyen los
165
elementos fundamentales del MIDES, especialmente
en lo concerniente a la articulación y coordinación de
políticas sociales.”194
Como fue dicho, este tipo de políticas tienden a reforzar los procesos
de individualización de lo social: el problema no es atribuido a un sistema
que “excluye” sino más bien a la falta de cualidades en los “excluidos”.
“El nuevo régimen de protección orientado a `los
dejados de lado de las protecciones clásicas´ (Castel,
2004) reposa y refuerza el proceso de
individualización de las protecciones sociales
vinculando las prestaciones a la situación específica y
conducta del beneficiario. Las prestaciones sociales se
vinculan cada vez más a los comportamientos
individuales (estilos de vida) y menos a clasificaciones
de orden estructural.” (Ortega et Vecinday, 2009: 17)
Bajo estas premisas, los programas apuntan al alcanzar
transformaciones en los comportamientos de la población beneficiaria con la
finalidad de mejorar sus posibilidades de inserción en el mercado, espacio
éste que aparece naturalizado como escenario donde se procesa la verdadera
integración social:
“La salida de la pobreza reside en mejorar las
capacidades económicas del eslabón más débil de la
194 Los proyectos de opción productiva (POP) consistieron en iniciativas productivas que fueron “analizadas por el Equipo Técnico del Programa en el marco de un estudio de prefactibilidad con la finalidad de proporcionar a mediano plazo una fuente de ingresos estables. De ser aprobado el emprendimiento, se otorga apoyo económico y seguimiento durante once meses y el 6 de diciembre de 2006 se firmaron los primeros 65 convenios que permiten materializar el estudio de viabilidad a cada uno de los proyectos”. Por otro lado, el programa “Construyendo Rutas de Salida” pretendió “recuperar la capacidad de la lecto-escritura, capacitación y la autoestima (...) Se alcanza a alrededor de 58.000 personas, 265 convenios con organizaciones de la sociedad civil, el trabajo con 13.475 jefas y jefes de hogar, lo que implica un 15,8% de la población acogida al PANES.” Disponible en: www.mides.gub.uy. Consulta: 15/02/08.
166
cadena, los propios pobres. Para ello, se propone la
potenciación de los recursos del capital social y activos
humanos de las familias pobres, generar capacidades de
realización de emprendimientos microempresariales. La
mejora en capital social y humano contribuiría para
que los propios pobres manejen mejor los riesgos
imprevistos (como crisis económicas, desastres
naturales, epidemias, etc.), se reinserten en la economía
y se beneficien de las oportunidades del mercado.”
(Serna, 2007: 4-5)
Con respecto a las situaciones más extremas de la vivencia agónica de
la miseria, las condiciones de hacinamiento, viviendas precarias o
directamente la situación de calle, la política del MIDES ha sido
decididamente prescindente y, a lo sumo, ha pretendido amortiguar los
efectos barbarizantes de las condiciones más extremas a través de programas
que, finalmente, acaban por naturalizar estas situaciones.
Estas iniciativas aportan remedios insuficientes o indignos como
promover la autoconstrucción, legitimando desde el Estado la irregularidad
de los asentamientos o directamente operando con refugios nocturnos, sin
ofrecer una salida civilizada a esta situación, incluso cuando las víctimas de
esta situación extrema sean niños, ancianos o enfermos mentales crónicos:
•“Mejoramiento del hábitat. El Ministerio de
Desarrollo Social aportará los recursos económicos
para la compra de los materiales de construcción y, en
los lugares donde fuere necesario, para el pago de los
recursos humanos que constituirán los equipos
técnicos (Arquitectos, Trabajadores Sociales y
personal idóneo) para trabajar como soporte.
167
•Programa de Atención a los Sin Techo (PAST) Es
un programa a nivel nacional, que tiene como objetivo
contribuir a la reinserción sociocultural y laboral de
las personas en situación de calle.
•Atención a los niños en situación de calle. El INAU e
Infamilia trabajan en 12 zonas de Montevideo y el
Área Metropolitana con el objetivo de reducir el
tiempo de permanencia en calle de los niños y
adolescentes, logrando además que concurran
regularmente a enseñanza formal, que reciban
atención en salud de acuerdo a sus necesidades y
aumenten sus espacios de socialización fuera de la
calle”.195
Los procesos de exclusión barbarizante se naturalizan al punto que la
respuesta ofrecida se vuelve equivalente a la caridad, o sea a “la comida y el
lecho en el granero” (Castel, 1997: 60), que retorna al escenario, pero ahora
ofrecida como componente de una política de Estado:
“Debido a los intensos fríos, el Ministerio de
Desarrollo Social (MIDES) ha reforzado su
programa de Atención a los Sin Techo (PAST). La
directora de la Dirección Nacional de Asistencia
Crítica y Alertas Tempranas del MIDES, Bertha
Sanseverino, dijo que además de renovar el stock de
camas se están realizando salidas casi todas las
noches para proporcionar bebidas calientes y abrigo
a quienes permanecen en las calles de Montevideo.
En total, el plan atiende a 1.800 personas, 180 de ellas
menores de edad. Doce refugios reciben a las
personas que viven en situación de calle durante el
195 Disponible en: www.mides.gub.uy. Consulta: 15/2/2008.
168
invierno. Además de ofrecer frazadas y bebidas
calientes a las personas en situación de calle, el
equipo móvil del MIDES ofrece información acerca de
los refugios y, en caso de que las personas acepten
ingresar a uno, ellos mismos los conducen hacia lo
que llaman `la puerta de entrada´, el local desde
donde se deriva a las personas a los distintos
refugios196. A pesar de las bajas temperaturas de lo
días pasados, y contrariamente a lo esperado, se han
registrado muy pocos ingresos recientes, según
informaron funcionarios del PAST.”197
También se han desarrollado programas para la atención de
situaciones en el campo de la salud tales como patologías odontológicas y
dificultades visuales o ceguera por cataratas. La fundamentación de tales
programas transita desde un humanitarismo básico, hacia la mejora en la
presentación de la persona para aumentar su empleabilidad:
•Emergencia Sanitaria. Tiene como objetivo
garantizar la cobertura de atención a la salud a sus
protagonistas. Cuba operación milagro: más de 1329
pacientes. Salud ocular: Convenio IMM-MSP-CEP-
MIDES-Visión Echagüe en el marco de Verano
Solidario, para atender a escolares. Salud bucal: se
está dando solución a las personas incorporadas en
Trabajo por Uruguay: arreglos y colocación de
196 La vida en un refugio nocturno no difiere de la que cualquier ciudadano sensible puede sospechar. Al respecto, el técnico de una ONG vinculado a estos programas relataba lo siguiente: “los refugios son un infierno, esto se les ha ido de las manos, un padre de familia me rogaba una solución distinta, decía que a su hijo lo habían manoseado en el baño, una mujer no quiere ir porque dice que han hecho orificios en las paredes del baño para verlas desnudas, es un hervidero de piojos y mugre (...).”197 Nota publicada en el diario La República. Disponibe en: http://www.larepublica.com.uy/comunidad ) Consulta: 12/08/08
169
prótesis y, para la atención de niños mejorar el acceso
de alimentos de los hogares incluidos en el PANES.”198
Establece Serna (2006: 15) que se observa la preocupación por parte
de los gobiernos “progresistas” de realizar lo que denomina como “cambio
semántico” en el campo de las políticas sociales, tal como fue analizado en
relación a la denominación de los beneficiarios como protagonistas. Esto
puede verse, en un extremo casi caricaturesco, en las políticas de
identificación y control de la población. La construcción de sistemas
informáticos se realiza con la finalidad de controlar a los beneficiarios en el
cumplimiento de las contrapartidas y evitar que reciban beneficios
duplicados199.
“Nosotros tomamos la madre de todos los sistemas,
que va a ser, porque aún no está inventado, el Sistema
Integrado para el área social. Proyecto en el que está
metido el BPS, el MSP y el MIDES, proyecto del
Banco Mundial para armar esto. Tenemos que partir
de lo que existe para armar una estructura
compatible. Infamilia apostó por reestructurar el SIPI
(Sistema de Información para la Infancia) y eso está
pronto el mes que viene. También construiremos el
SINIA (Sistema Integral Nacional de Infancia y
Adolescencia). Había una necesidad, pues con el
PANES no pudimos controlar las contrapartidas.
Armamos un equipo, BPS, ANEP, MIDES, y armamos
198 Disponible en: www.mides.gub.uy Consulta: 15/2/ 2008 199 Establece la ley de creación del MIDES: “E) Diseñar, organizar y administrar un sistema de identificación, selección y registro único de los núcleos familiares o individuos habilitados para acceder a los programas sociales, sujeto a criterios de objetividad, transparencia, selectividad, temporalidad, y respetando el derecho a la privacidad en los datos que así lo requieran.” Se establece asimismo en el Decreto Nº 176/005 que reglamenta la ley que declara la situación de Emergencia Social y prevé la aplicación del Programa de Ingreso Ciudadano: “ART. 7º.- (Perceptor del Ingreso Ciudadano). El pago se realizará al miembro del hogar que sus componentes hayan seleccionado al momento de efectuarse la verificación, quien, necesariamente, deberá exhibir su cédula de identidad.“ (los énfasis son nuestros)
170
un sistema que permita unir las bases de datos, para
entre otras cosas controlar las contrapartidas. Otro
sistema que estamos armando es un sistema de gestión
en el territorio denominado SIGES.” (Entrevista a
director político del MIDES)
El registro en todo este sistema de control es la cédula de identidad,
elemento central de una política de identificación civil que fuera denunciada
en el pasado por la izquierda como una política policíaca de control de la
población y que el MIDES redimensiona en su función actual. En una
indudable resignificación semántica, el instrumento es presentado como
“Derecho a la Identidad”.
•Campaña por el Derecho a la Identidad. Para la
promoción del derecho a la identidad se implementan
mecanismos de acceso de los ciudadanos a la
documentación básica -partidas de Nacimiento y
Cédula de Identidad-, en coordinación con el Registro
Civil, con Identificación Civil, los Juzgados de Paz del
interior del país, las oficinas departamentales del
MIDES, de INFAMILIA, las instituciones educativas
locales y con el apoyo de UNICEF.” 200
Otro componente central de la política del MIDES son los
programas de “workfare” y donde claramente se observa el contenido
disciplinador y de control social de la política progresista:
•“Trabajo por Uruguay: dirigido a protagonistas del
PANES, experiencia sociolaboral que amplíe
oportunidades educativas y promueva el desarrollo de
estrategias personales y sociales para la construcción
200 Disponible en: www.mides.gub.uy. Consulta: 15/2/2008
171
de rutas de salida, priorizando al trabajo como
herramienta de inclusión social.”201
El carácter disciplinador de este tipo de programas queda explicitado
en la reflexión de Britos y Caro (2006: 7):
“Los efectos de disciplinamiento de la fuerza de
trabajo pueden considerarse desde dos perspectivas:
se produce un efecto de disciplinamiento por el
trabajo a los desempleados incorporados bajo
relaciones mercantiles temporarias, y al mismo
tiempo, un efecto de disciplinamiento como amenaza
de pérdida del trabajo a los empleados cuyos puestos
pueden ser ocupados por los trabajadores
subsidiados. En este contexto, la utilización intensiva
de la fuerza de trabajo en condiciones poco favorables
al control y regulación tanto sindical como estatal,
revelan con una inusitada transparencia la asimetría
estructural de la relación laboral.”
De modo de ilustrar sobre este tópico, véase los contenidos de las
observaciones de una ONG en relación al desarrollo de una experiencia de
este tipo:
“El grupo de trabajo está consolidado; el trabajo en
el barrio Peñarol es y fue heroico. Desbrozaron ocho
cuadras desde Coronel Raíz a Watt por Casavalle (...)
La capacidad de trabajo es increíble. Los principales
problemas de desempeño son la puntualidad y la
continuidad en la asistencia y no el trabajo en sí que
saben y quieren hacerlo. Han perdido esos dos hábitos
201 Disponible en: www.mides.gub.uy. Consulta: 15/2/2008
172
que son vitales para conseguir y mantenerse en un
trabajo. Se trabaja el tema abiertamente con ellos y
se logra mejorar lentamente. Y ello desde distintas
estrategias: descuentos, charlas personales y en
algunos casos advertencia de salida del programa.” 202
Se implementan programas donde se busca incorporar algún
contenido de racionalidad mercantil a las viejas estrategias de supervivencia
de los sectores de pobreza extrema, legitimándolas como forma de actividad
humana para la obtención de un ingreso:
“Uruguay Clasifica. Este programa está destinado a
apoyar a aquellos hogares que tienen a la
clasificación artesanal de los residuos sólidos urbanos
como una de sus principales fuentes de ingresos
económicos.” 203
Por último se identifican programas que son la continuidad de
iniciativas generadas por gobiernos anteriores, todas ellas y más claramente
las dos últimas, focalizadas en la pobreza: Los Centros de Información a la
202 Evaluación del Plenario de Mujeres del Uruguay PLEMUU, setiembre de 2005. En: Ministerio de Desarrollo Social, “Mano con Mano. Somos Protagonistas” - 2006, el énfasis es nuestro.203 Disponible en: www.mides.gub.uy. Consulta: 15/2/2008
173
Juventud (CIJ) 204, los Centros de Atención a la Infancia y la Familia205, y el
Programa de Maestros Comunitarios206.
Una primera aproximación analítica a este listado de los programas
del novel Ministerio de Desarrollo Social, permite afirmar que la nueva
política social del gobierno progresista no parece diferenciarse en sustancia
de las políticas sociales propuestas por los organismos internacionales, tanto
siguiendo las recomendaciones del llamado Consenso de Washington207 como
en su formulación en versión “Pos”208, tal como es advertido por Moreira
(2007: 14):
“Un primer acercamiento a este Programa Social
permite detectar que era una prolongación inercial de
la fase neoliberal anterior. Si bien significó un adecuado
204 “El CIJ, tiene como responsabilidad fundamental difundir información actualizada que refiere a la educación, empleo, salud, tiempo libre y otros temas que puedan surgir de interés para los jóvenes. Es nuestra misión identificar las necesidades, responder con eficacia brindando asesoramiento a nuestros consultantes, para que optimicen la utilización de los recursos institucionales y comunitarios a escala nacional. Llamado a becas 2006: se realizó en marzo, por quinto año consecutivo un llamado a becas de estudios. Este año se publicitaron 750 becas divididas en 250 becas 100 % y 500 parciales de 50 y 75 %. Se presentaron 1500 jóvenes.” Disponible en: www.mides.gub.uy. Consulta: 15/2/2008 205 “120 Centros CAIF, de la llamada `modalidad semanal´ donde se brinda atención a niños, sus familias y además, a embarazadas. Esta intervención contribuye a la construcción de una cultura del cuidado de los hijos por parte de los padres, a través del trabajo sistemático con el niño y la familia en sus hogares, procurando mejorar el estado nutricional y el desarrollo psicomotor de los niños.” Disponible en: www.mides.gub.uy. Consulta: 15/2/2008 206 “Programa de Maestros Comunitarios: 250 escuelas de todo el país atendidas por Infamilia para reducir la repetición y deserción en 15.000 escolares, para lo cual fueron capacitados 430 docentes de Educación Primaria.” Disponible en: www.mides.gub.uy. Consulta: 15/2/2008 207 Las recomendaciones del “Consenso de Washington” se orientaron a promover economías de mercado abiertas al mundo, argumentando que el proteccionismo estatal ha sido causa del “desastre” de las economías latinoamericanas. Se promovieron políticas para controlar el gasto público, reorientar el gasto en áreas estratégicas (atención primaria en salud, educación básica e infraestructura), reformar la estructura tributaria, liberalización financiera, apertura comercial, privatización de las empresas estatales, establecimiento de garantías a la libre compentencia y a la propiedad.208 El “pos – Consenso de Washington” es producto de la preocupación por los efectos “indeseables” de las reformas implementadas. Las propuestas de políticas refieren a la modernización/tecnificación de las funciones del Estado, control del gasto público, desarrollo de procesos descentralizadores, reforma del servicio civil, modernización del poder judicial, atender los problemas de seguridad, establecimiento de relaciones entre empresarios y trabajadores de forma de amortiguar los conflictos, reestructuración de los ministerios “sociales”, e insiste más en la necesidad de regular que de liberalizar.
174
registro (y ampliación) del número de beneficiarios y de
las partidas presupuestarias destinadas a mejorar la
situación de los sectores pobres, no implicó una ruptura
o una novedad sino una continuidad con las políticas
focalizadas de la fase tardía del neoliberalismo. Existen
además otros elementos que presumiblemente incidirán
en el mediano plazo contra la eficiencia de esta política.
Un análisis más detenido de su implementación, permite
observar que por diversas razones se ha afectado el
cumplimiento de las metas, y por ende, si bien la
pobreza se reduce, lo hace a un ritmo inferior al
esperado y los objetivos de desarrollo y justicia social
comienzan a parecer francamente inalcanzables al
menos en un período de gobierno”.
La búsqueda de diferenciación con las políticas sociales del
momento anterior parece concentrarse en un énfasis en las ineficiencias de
aquellas administraciones y, por tanto, en la necesidad de gastar mejor, no
superponer programas, coordinar, etc. En otras palabras, el problema de la
atención a la indigencia y la pobreza es reducido a un problema de carácter
pura y exclusivamente técnico.
“El MIDES es un actor más, pero tiene un papel que
otros no tienen en las políticas sociales. La propia Ley le
mandata entre sus competencias la de articulación y
coordinación de las políticas sociales del Estado, y este
rol no lo tienen otros. Acaso la OPP209 puede estar
compartiendo alguna zona común. La propia Ley le da
un aspecto diferencial en cuanto a otros Ministerios del
área social o del campo social (...) Desde un primer
momento nosotros encontramos necesaria la
209 Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
175
articulación de las políticas sociales, porque partíamos
de un diagnóstico de hace ya varios años, de una
fragmentación, dispersión, atomización, casi de una
feudalización de las intervenciones público estatales,
que lo hacían ineficiente y operaban en sentido
contrario al uso óptimo de los recursos públicos, y a la
vez dejaba lagunas o zonas descubiertas. (Entrevista a
director político del MIDES)
La propuesta “novedosa” consiste en una apuesta a la articulación
de todos los programas sociales a fin de evitar superposiciones, experiencia
que, según relata un entrevistado, había sido ensayada sin éxito en el
pasado:
“A partir de este diagnóstico vimos como una de las
posibilidades construir un espacio legitimado
políticamente, formalmente instalado e instituido como
el ámbito de coordinación de políticas sociales
sectoriales, para lo cual gracias al acuerdo de todos los
Ministros y el Presidente se crea el Gabinete Social, que
tú recordarás que hubo algunas experiencias en el
gobierno de Lacalle con una vida muy efímera, muy
decorativa.” (Entrevista a director político del MIDES)
Nuevamente es la especial intervención del Presidente de la
República lo que permite resolver este asunto que en el pasado no había
resultado. Se crea así el gabinete social mediante decreto presidencial. Está
conformado por:
“los Ministros y Ministras de la política social más
clásica, salud, educación, trabajo y seguridad social,
vivienda, obviamente el MIDES al cual se agrega, la
176
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Congreso de
Intendentes (en carácter de invitado) y un representante
del Ministerio de Economía y Finanzas y más adelante
el Ministerio de Turismo y Deportes, (más adelante en la
entrevista agrega al INE, al CODICEN, y al BPS). Ese
es el gabinete social y tiene un funcionamiento no tan
regular ni sistemático como lo tiene el Consejo
Nacional. En el mismo decreto se crea el Consejo. Tiene
una alineación política. No es un organismo técnico,
pero depende del Gabinete Social y asiste y apoya al
Gabinete. Mientras el Gabinete es presidido por la
Ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, el
Consejo es presidido por el Director Nacional de
Políticas Sociales. El Consejo se reúne regularmente.
Primero mensualmente, luego al año quincenal y en este
último período todos los lunes, en algunos casos con
sesiones extraordinarias por el trabajo que llevó el Plan
de Equidad y porque dicho Plan es un producto de este
Consejo.” (Entrevista a director político del MIDES)
Se reedita la ya vieja preocupación por la coordinación
interinstitucional y la “innecesaria” superposición de servicios. Mediante
acciones sobre este asunto se busca que ningún individuo acceda a beneficios
por duplicado, evitando así aquello que para el pensamiento neoliberal es “el
infierno tan temido”: que alguien pueda utilizar recursos extramercado de
forma estratégica.
“También es importante que estos programas sean
consistentes, asegurando que su diseño, focalización y
estructuras institucionales no presenten
superposiciones no intencionales que puedan resultar
en ineficiencias (...) Además, los programas deben ser
177
consistentes con el desarrollo del mercado de trabajo,
promoviendo el desarrollo de mecanismos de
sostenimiento autónomo por parte de los beneficiarios,
proveyendo incentivos y apoyando el acceso a empleos
formales.” (Banco Mundial, 2006: 12)
Pero en realidad, más allá de los intentos de imprimir aspectos
novedosos en la implementación de la política, gran parte de estos programas
y proyectos se desarrolló con un alto grado de voluntarismo en su
implementación. El voluntariado210 ha sido promovido por la política
institucional del MIDES. Valga a título de ejemplo, el siguiente fragmento
extraído de material de folletería institucional:
“(...) Por momentos salía un sol que nos dejaba
sedientos y sin muchas posibilidades de protegernos;
en otros momentos, se ocultaba y aparecía un viento
helado que penetraba los huesos. Sin embargo, el
calor y las ganas de contacto y escucha de la gente
parecían ser una constante (...) Son casi las 5 de la
tarde del primer día. Estoy exhausta. Los gurises
(estudiantes) tienen una polenta impresionante; le
meten con todo y eso me renueva las energías. Lo de
hoy es como estar viviendo en un universo paralelo,
donde la bandera de la solidaridad está en todas
partes.”211
Se observa un permanente apelo a la solidaridad y la responsabilidad
compartida por parte del Estado y la sociedad civil de los problemas
sociales, lo que en el fondo esconde cierta desresponsabilización del Estado.
En síntesis, se trata fundamentalmente de programas testimoniales, más bien
característicos de la acción social filantrópica, no logrando el estatuto que 210 Sobre este tema se vuelve a partir de la página 171.211 Testimonio de un voluntario extraído de: Ministerio de Desarrollo Social, “Mano con Mano. Somos protagonistas”, IDES, 2007.
178
debieran tener los programas estatales dirigidos al combate de la pobreza.
En definitiva, como establece Serna (2007: 15):
“(...) más allá de virtudes y defectos, los planes
sociales se han enfrentado con importantes limitantes
estructurales. El manejo cauteloso y austero del gasto
público social de los gobiernos no ha quebrado el
carácter subsidiario de las políticas sociales con
respecto al desempeño económico. El costo
Programas Sociales de Transferencia de Renta (como
% del PBI) es marginal con valores bastante
inferiores al 1%. Las políticas contra la pobreza
tienen un magro impacto en la reducción cuantitativa
de la pobreza y la desigualdad económica.”
Este repertorio de programas parece confirmar que la política social
del gobierno progresista buscó establecer diferencias sustanciales con las
políticas llevadas adelante por los gobiernos anteriores, pero en sustancia
estas diferencias se agotaron en una nueva organización semántica de las
(ya) viejas políticas focalizadas, residuales, asistencialistas y, en suma, sin
capacidad de generar transformaciones de fondo y sustentables en la vida de
la población en situación de miseria.
Se mantiene una férrea vigilancia de tonalidad neoliberal, buscando
que la política social no sustituya los mecanismos familiares o comunitarios
de ayuda (De Martino, 1998) cuando la integración al mercado no se
consigue.
El principio básico es que los problemas sociales se resuelven en el
mercado y cuando esto no se consigue, la familia o la comunidad son las
primeras responsables del fracaso. Y sólo, en última instancia, cuando lo
extremo de la situación demuestra que es inevitable su atención, la
intervención del Estado se vuelve legitima.
179
Lo que agrega la intervención del nuevo gobierno es una mística
herencia de un pasado de lucha y sacrificio que permite convocar a un
voluntariado dispuesto a dejar todo en la intervención.
“Nuestros sueños comenzaron hace décadas. Los
trajeron los trabajadores emigrantes en sus morrales,
los forjaron los primeros que se sindicalizaron, los
acuñaron los estudiantes y sus compañeros, los regó
la sangre por las calles (...)” 212
No sólo el nuevo voluntariado convocado por la izquierda sino
también el voluntariado que venía operando en las ONGs recobra todo el
entusiasmo que los anteriores gobiernos no conseguían imprimirle.
Una primera aproximación al MIDES arroja algunas situaciones
desde nuestro punto de vista paradójicas con rendimientos para un análisis,
en principio superficial pero no por ello desdeñable. Se observa, junto con
Serna (2007), un cambio semántico en los discursos desplegados. Como
vimos, a la “población PANES” -así nombrada por los operadores- se la
denomina como “protagonistas”, denominación fundada en una retórica
construida que apela a los derechos de ciudadanía como elemento central.
Sin embargo y pese a esta retórica, cuando uno se aproxima al edificio
donde funciona el MDES, alejado del hábitat de la población que atiende, se
enfrenta a una edificación cuyas escalinatas están rodeadas por un enrejado
de unos dos metros de altura y al ingresar a las instalaciones se debe dejar el
documento de identidad a cambio de una tarjeta que indica el sector del
edificio al que se accederá.
Ambos aspectos son un tanto paradójicos y contradictorios con la
nueva estructura discursiva; las prácticas también hablan y dicen más que
212 Palabras de la Ministra de Desarrollo Social saliente, Marina Arismendi, en Infomides, Ministerio de Desarrollo Social, marzo de 2010.
180
las palabras. El enrejado de las escalinatas se realizó a los pocos meses de
funcionamiento del MIDES en ese edificio, que anteriormente pertenecía al
Banco de Crédito, cerrado durante la crisis financiera de 2002. Las
escalinatas estaban sirviendo de “protección” para quienes vivían en
situación de calle. El enrejado cumplió la función de “resolver” esta
situación que simbólicamente representaba, ante la mirada de los
ciudadanos que recorrían nuestra avenida principal, la ineficacia de las
políticas del MIDES para atender la indigencia.
En relación a esta curiosa política de seguridad, que exige dejar la
identificación al ingresar al Ministerio, caben algunas consideraciones. En
la entrevista realizada a la Ministra de Desarrollo Social manifestaba su
malestar por la estigmatización que sufre la población con la que trabaja. Al
respecto señalaba lo siguiente:
“fue una hipótesis de trabajo y que se demostró: la
gente quiere salir con trabajo, no quiere salir con que
se le dé nada, hay un sector como en todos lados. Yo
siempre digo yo estoy sentada en un banco213 robado
y no fueron indigentes los que lo robaron.”
No obstante esta apreciación, el Ministerio realiza una política de
seguridad que solo se puede encontrar en instituciones que pueden
justificarla por su vinculación a la defensa nacional tales como el Ministerio
de Defensa, el edificio de Aduanas, etc. Con la paradoja extra de que la
población con la que trabaja el PANES, presenta históricamente problemas
de documentación que justificaron la Campaña por el Derecho a la
Identidad.
213 El MIDES funciona en el edificio del ex Banco de Crédito, uno de los bancos por los cuales fueron procesados con prisión los hermanos Peirano luego de la crisis financiera del año 2002.
181
Resulta difícil entender esta política de seguridad, sin apelar a la
histórica estigmatización de que es objeto la población indigente: ¿qué
documentación clasificada se busca proteger?, ¿qué valores se pretende
resguardar? El mismo Banco de Crédito, cuando funcionaba no tenía estos
mecanismos, pues claro está que al banco no iban los indigentes.
Podría argumentarse que en las oficinas del Ministerio hay
documentación privada de los “protagonistas”. Sin embargo, la exigencia de
identificación también recae sobre la población que concurre para ser
atendida en el hall central por parte de los técnicos del área social.
En relación a aspectos más de fondo - sustantivos a una política que
apunta a realizar procesos socioeducativos que buscan la integración de la
población atendida – se registra una fuerte debilidad institucional en dos
sentidos.
i) Por un lado, la propia estructura del MIDES es débil en el diseño
de sus aspectos técnico – administrativos. El reclutamiento de sus
funcionarios técnicos y administrativos se apoyó en pases en comisión, no
necesariamente desde instituciones vinculadas a la protección social,
contratos a término, sistemas de becas, acuerdos con el sector de las ONGs,
etc.
“nos quedaba un poco grande, en el sentido de que
éramos nuevos y el Ministerio no tenía la
infraestructura, no tenía presupuesto, y a veces no
teníamos tampoco la capacidad como para llamar a
licitaciones y realizar las tareas que se nos habían
encomendado por ley” (Entrevista director político
del MIDES)
182
Se apunta a resolver esta fragilidad apelando, como ya fue señalado,
al voluntarismo de los funcionarios:
“Empezamos a los ponchazos, empezamos con cuatro
técnicos que habían, y en base a eso a los convenios,
al trabajo voluntario de otro montón de gente, a la
camiseta, en definitiva, porque como yo siempre digo
este es un Ministerio con mucha transpiración. Acá lo
que no se puede hacer demoramos un poco más en
hacerlo, la idea siempre es pasar del posibilismo, lo
que se puede es el piso y vamos por más, por lo que
no se puede.” (Entrevista director político del MIDES)
ii) Por otro lado, es necesario referirse a la estructura organizativa de
la “sociedad civil organizada”. Como señala Midaglia (2000), desde los
años noventa se constata en el Uruguay un desarrollo y consolidación de
organizaciones no gubernamentales con capacidades diversas que participan
en la ejecución de programas sociales en convenio con el Estado, pero la
masividad de los requerimientos del MIDES, superan ampliamente el
repertorio de ONGs con trayectoria y experiencia para una gestión solvente
de proyectos socioeducativos:
“El programa tiene dos patas y se basa en un equipo
técnico que hace los talleres y un equipo que hace la
parte de la operativa en el trabajo. Allí fuimos muy
libres, algunas organizaciones trabajan de manera
integrada, otras no lo logran, está disociado. Por un
lado, una suerte de capataz que es el que organiza el
trabajo y, por allá, por otro, los talleres; y queda todo
disociado, hay algunas que trabajan muy bien como
Gurises,214 otras bueno, en fin, no tanto, muchas son
214 Se refiere a Gurises Unidos, una ONG que trabaja en Uruguay desde los años ochenta.
183
nuevas y no tienen experiencia.” (Entrevista a técnico
del MIDES)
Esto se suma a las dificultades de control del trabajo de las ONGs
que tiene el Ministerio o, por ponerlo en positivo, del “respeto a la
experiencia de la sociedad civil organizada”, de acuerdo a las palabras de un
entrevistado. De este modo, se generaban situaciones en las que era posible
que un “estudiante avanzado”, con un contrato como becario, realizara la
supervisión del trabajo técnico realizado por una ONG donde su interlocutor
era un profesional de larga experiencia y trayectoria y con un salario muy
superior al suyo.
Al respecto resulta revelador el relato de un técnico vinculado a un
Centro Comunal Zonal de la Intendencia Municipal de Montevideo:
“Llegó al comunal un joven visiblemente preocupado
y me plantea que lo citaron del MIDES para
integrarse a un taller con la ONG XXXXX y cuando
se presenta en la dirección de referencia, en un
Núcleo Básico Evolutivo215 encuentra a un señor
haciendo tortas fritas que no sabía de lo que le
hablaba. Me manifestó su temor a perder el Ingreso
Ciudadano, así que llamé al MIDES. Luego de largo
rato me atienden y me dan el teléfono de la ONG
XXXX. Llamé varias veces y me atendía un
contestador que ofrecía clases particulares para
liceales y escolares. No pude volver a comunicarme
con el MIDES y le dije al muchacho que no era su
culpa y seguro no iba a tener problema (...). A la ONG
nunca la había oído nombrar y yo hace 15 años que
trabajo en la zona.”
215 Solución de vivienda para sectores pobres realizada en los noventa
184
Si bien resultaría ingenuo aceptar en todos sus términos el discurso
acerca de la no subordinación de la política social a la política económica216,
sobre todo cuando nos referimos a la esfera asistencial de la política social,
se observa la debilidad y precariedad de los recursos tecnopolíticos y
técnicos con los que cuenta el Ministerio de Desarrollo Social, lo que vuelve
innecesaria su comparación con los recursos humanos reclutados en otras
esferas y, sobre todo, en el Ministerio de Economía y Finanzas217
Parafraseando a Lo Vuolo (1999) uno podría plantearse que más que ante
“la pobreza de las políticas contra la pobreza”, estamos ante “la miseria de
las políticas contra la miseria”.
Esta debilidad puede también identificarse en las estrategias
desplegadas por el Ministerio. Siguiendo al autor parafraseado, un claro
exponente académico de la perspectiva de la ampliación de la ciudadanía,
esta debilidad no sólo responde a lo señalado párrafos atrás respecto a las
organizaciones convocadas para desarrollar las estrategias socioeducativas,
sino que se funda en las características de la propia estrategia propuesta:
“Por lo tanto, una acción estratégica contra la
pobreza no puede sustentarse en la mera `reparación´
de estos daños ni mucho menos se puede plantear
simplemente su `alivio´ o `compensación´. (....) Por lo
216 “En segundo lugar, la necesidad de tener una visión de conjunto de todo el gobierno, de las políticas sociales, las públicas y las económicas. Imbricar la política económica con la social y dejar de hacer subsidiaria la política social de la económica.” (Entrevista Director Político del MIDES)217 Al respecto apunta una reciente investigación: “Es probable que nunca antes en la historia de la política económica los economistas hayan desempeñado un papel tan importante en el gobierno. Las tres principales figuras del equipo económico son tres economistas muy reconocidos: Danilo Astori, ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas, es el Ministro; Mario Bergara, PhD de Berkeley (EEUU), es el subsecretario; Fernando Lorenzo, PhD de la Universidad Carlos III (España) y ex director de CINVE, comanda la influyente área de Macroeconomía del MEF.” En relación al MIDES se establece: “Sin embargo, es de orden aclarar que el MIDES ha realizado llamados abiertos a instituciones para desarrollar políticas sociales. Las instituciones o personas que, finalmente, no participan de los procesos pueden pensar que esta elección es equivocada y que es expresión de la baja capacidad técnica del elenco gobernante.” (Gallardo et all, 2009: 23)
185
mismo, tampoco tiene sentido la discriminación
habitual entre pobres `merecedores´ y `no
merecedores´ de asistencia (...) Una política efectiva
contra la pobreza no puede discriminar entre los
propios pobres sino que debe asumir la segregación
social que manifiesta la pobreza.” (Lo Vuolo et all,
1999: 290)
En términos estrictos, la perspectiva de la ampliación de la
ciudadanía va a cuestionar duramente a las políticas focalizadas y
administradas por la sociedad civil organizada, pues en tanto no se
constituyen en derechos sociales son esenciales al pensamiento neoliberal y
representan procesos de “refilantropización” en la atención de los problemas
sociales.
La perspectiva neoliberal se estructura en base a la convicción de
que la sociedad, inevitablemente, genera procesos de exclusión social que
pueden atribuirse a aspectos intrínsecos a la dinámica de mercado o a
incapacidades “morales” o “estratégicas” de los individuos, pero en
cualquier caso se los reconoce como inevitables.
La focalización tiene parámetros extremadamente exigentes para
evitar que los individuos hagan un uso estratégico de la asistencia y
obtengan recursos diferenciales para competir en el mercado. De este modo,
se exige que la población atendida se encuentre por fuera de la lógica de
mercado218.
218 “Se plantean difíciles cuestiones acerca del nivel preciso que de esa manera debe asegurar; hay, en particular, la importante cuestión de saber si aquellos que así dependerán de la comunidad deberán gozar indefinidamente de las mismas libertades que los demás. Una consideración imprudente en estas cuestiones puede causar serios y hasta peligrosos problemas políticos; pero es indudable que un mínimo de alimento, albergue y vestido, suficiente para preservar la salud y la capacidad de trabajo puede asegurarse a todos.” (Hayek, 2006: 158, énfasis nuestro)
186
“La lucha contra la pobreza extrema es parte integral
del neoliberalismo, no es un adorno ni un acto externo
al modelo, está en su esencia misma (...) Esto da una
idea más clara del papel del Estado en la ideología
neoliberal. Es decir, salvo en el `estado policía´,
prácticamente desaparecido, la pobreza extrema es la
gran excepción a la regla de `no intervención´ del
Estado en el juego de la economía.” (Boltvinik Apud
Danani, 2008: 43)
Un elemento central del nuevo repertorio de políticas sociales
vinculadas al pensamiento neoconservador o neoliberal, es una permanente
vigilancia sobre los dispositivos de protección social a fin de evitar que se
generen grupos de presión asociados a esos mecanismos de protección, ya
sean sus beneficiarios directos o las propias burocracias que los administran.
Para esta perspectiva allí deben buscarse las causas de la crisis
procesada en el Estado de Bienestar. Las burocracias y los propios
beneficiarios presionaban al Estado para ampliar los beneficios recibidos. El
objetivo es, entonces, que las políticas atiendan si y solo si a aquellas
personas que se encuentran expulsadas del mercado y tengan en riesgo su
sobrevivencia y la destrucción de su capacidad de trabajo, y deben detenerse
indefectiblemente en el instante en que el individuo está en condiciones de
retornar al mercado.219
219 Como establece el Decreto Nº 176/005 que reglamenta la ley que declara la situación de Emergencia Social y prevé la aplicación del Programa de Ingreso Ciudadano: “ART. 10.-(Suspensión del Ingreso Ciudadano). El pago del Ingreso Ciudadano podrá ser suspendido temporalmente, previa audiencia del interesado, mediante resolución fundada del Ministerio de Desarrollo Social, por las causas siguientes: a) Constatación de la inexistencia del impedimento invocado para justificar el incumplimiento de cualesquiera de las contrapartidas requeridas por la ley. b) Cuando, sea en forma transitoria u ocasional, se incremente el ingreso promedio por persona de los integrantes del hogar, superando el mínimo vigente a la fecha en que se produzca la modificación. c) Por la percepción de nuevos ingresos derivados de la incorporación de cualquiera de los miembros del hogar al Programa de Empleo Transitorio incluido dentro del Plan de Atención Nacional de la Emergencia Social. La suspensión se efectivizará a partir del primer día del mes siguiente al que se adopte la correspondiente resolución administrativa. Comprobado el decaimiento de los motivos que determinaron la suspensión del pago del Ingreso Ciudadano, éste se reiniciará al mes siguiente de dictado el correspondiente acto administrativo.”
187
En el mismo sentido, el desarrollo de las llamadas organizaciones no
gubernamentales y su refuncionalización como organizaciones para
gubernamentales es esencial en la implementación de las políticas
focalizadas y tiene varias funcionalidades:
1. No es necesario generar una burocracia de funcionarios públicos
para la administración de los programas sociales, ya que se puede
recurrir a estas organizaciones cuando se las precisa a través de
contratos por programa. Las organizaciones no gubernamentales se
manejan con el derecho privado por tanto son mucho más flexibles y
pueden manejar su dimensión en función de la demanda. Los
funcionarios permanentes son muchos menos y generan una relación
de fidelidad a la organización lo que aminora, si no elimina,
cualquier tipo de conflictividad sindical.
2. Se opera una dinámica de cuasi mercado entre las distintas
organizaciones a las que se las convoca por distintos medios:
concursos, licitaciones, etc. Esto, sumado al aspecto apuntado de la
baja sindicalización, reduce enormemente los costos en mano de
obra.
3. Constituyen un colchón entre la población y el Estado y en el caso
que se generen relaciones clientelares son mucho más inocuas del
Estado con estas organizaciones.
4. Estas organizaciones operan con distintas místicas, confesionales o
no, que consiguen operacionalizar mucho más eficientemente el
voluntariado tanto de sus cuadros asalariados como de voluntarios
puros (cf. Morales, 1998: 84-85).
Los organismos multinacionales de crédito han sido los más celosos
vigilantes y han condicionado el crédito a esta condición. Al respecto
veamos la interesante adhesión a estos principios de un operador
188
tecnopolítico del MIDES en su respuesta a por qué el PANES se propuso
culminar en dos años y cumplió estrictamente con ese plazo220:
“¿Por qué dos años?, porque a partir de los dos años
es donde empiezan los conflictos políticos y los
amiguismos, donde empieza la falta de transparencia
en la aplicación de la política. Es una cosa que nos
valora el Banco Mundial que lo hayamos hecho así y
nos evalúa como uno de los más transparentes de los
países que lo desarrollaron y nos catalogan como el
mejor focalizado.” (Entrevista director político del
MIDES)
En síntesis, el MIDES despliega un repertorio de programas que
pueden agruparse en tres tipos:
1) Un primer grupo de programas no ofrece mayores dificultades en
su instrumentación, involucran pocos recursos materiales y tienen un
impacto residual o en todo caso difícil de evaluar. Se trata de las políticas de
afirmación de identidades o de reconocimiento de minorías o de género.
Estas políticas tampoco tienen dificultades en lo que a legitimidad refiere
pues, salvo posturas extremistas, machistas o racistas, desde ninguna
perspectiva son cuestionables.
2) El segundo grupo de programas refiere a políticas de
transferencia de ingresos, recursos materiales, servicios, etc. Este grupo de
programas significó el diseñó de un elaborado dispositivo de focalización.
Los denominados “desembarcos”, ya populares en Uruguay, convocaron a
voluntarios, estudiantes universitarios y militantes sociales imprimiéndole a
220 En el mismo sentido dice otro entrevistado: “Además fuimos felicitados por muchos organismos internacionales, por la transparencia, no nos salimos del libreto mas allá de la presión, significaba mucho” (Entrevista director político del MIDES)
189
todo el proceso un tono salvacionista y de refundación nacional221. A través
de un sofisticado instrumental econométrico, “el algoritmo”222, los
voluntarios evaluaban quiénes accedían al beneficio y quiénes no. Estas
políticas de transferencia de ingresos focalizadas complementan el
repertorio de políticas sociales que venían aplicándose en el Uruguay
durante los gobiernos anteriores.
3) Un grupo de programas de tipo socioeducativo complementa los
programas de transferencia de ingresos. Estos programas son realizados en
convenio con ONGs223. Amplían el universo de organizaciones de la
sociedad civil que ya se venía desarrollando desde la salida de la dictadura y
complementan las políticas de transferencia de activos.
Se percibe claramente una línea de continuidad y profundización del
ya no tan nuevo modelo de prestaciones sociales focalizadas,
descentralizadas y con participación de las organizaciones de la sociedad
civil (Filgueira, 1998). Tal profundización puede verse en dos aspectos
fundamentales.
221 “El promedio de edad es de 30 años en el MIDES. Había gente que no sostenía el ritmo de trabajo. Hay algunos voluntarios que juegan a favor. El voluntariado tuvo un papel importante. También lo estamos manejando en función de darle mayor utilidad ya que la afluencia nos sobre paso mucha gente quería trabajar, comprometerse en el proceso y aportar desde distintos lugares” (Entrevista director político del MIDES)222 “Como con las viejas y queridas barriadas se salió con los desembarcos, que resultó una metodología interesante para aplicar desde el gobierno y se aplicó una encuesta parecida a la encuesta del Instituto Nacional de Estadistica. El problema fue que, por la inexperiencia de algunos tomadores de datos, algunos campos no se llenaron, lo que nos obligó a utilizar técnicas econométricas para reconstruir cuestiones como la regresión discontínua y otros, definir un punto de corte que permitiera definir quién entra, lo que llevó al famoso algoritmo que muchos no lo entendimos hasta después de bastante tiempo.” (Entrevista director político del MIDES)223 Un segundo grupo de organizaciones obtienen la mayor parte de sus recursos a través de la venta de servicios a distintas agencias del Estado (a nivel nacional o municipal). Esta situación es común en las ONGs especializadas en políticas sociales (como "El Abrojo"). Frecuentemente, el actual gobierno ha recurrido a las ONGs para ejecutar políticas diseñadas por los técnicos del Ministerio de Desarrollo Social. Pero algunos centros de investigación privados (como CIEDUR) también han pasado a obtener una parte muy importante de su presupuesto a través de la venta de informes sobre problemas específicos. De acuerdo al testimonio de CIEDUR, "En los dos últimos años se incrementaron significativamente los fondos estatales por la realización de proyectos vinculados a la emergencia social por impulso del Ministerio de Desarrollo Social". (Gallardo et all, 2009: 5)
190
En primer lugar, las políticas de transferencia de ingresos
cuidadosamente focalizadas, tienen una función central y eficiente en la
reducción de la pobreza extrema aunque tal reducción tenga un carácter
epidérmico. La propia construcción discursiva del MIDES llama la atención
acerca de que la pobreza extrema tiene un contenido “más profundo” que no
se limita a un problema de ingresos224. No obstante, la selección de los
beneficiarios se basa centralmente en un despistaje basado en la medición
de la indigencia a partir del ingreso. De este modo, la transferencia directa
de ingresos logra reducir de forma inmediata el porcentaje de población en
situación de indigencia.
“Mientras las asignaciones familiares y el ingreso
ciudadano son claramente los programas mejor
focalizados, su impacto sobre la pobreza es menor,
debido al monto de sus beneficios (...) El impacto en
términos de equidad es similar, y sólo cuando se
considera el impacto en la indigencia, el Ingreso
Ciudadano se torna relevante.” (Banco Mundial,
2006: 16)
El segundo aspecto es el recurso masivo a las ONGs en la gestión
de los programas socioeducativos. El desarrollo de las ONGs en Uruguay
tiene un fuerte impulso desde fines de la dictadura, pero sobre todo, el foco
de atención de los programas llevados adelante por la ONGs estuvo
centrado en el trabajo con niños y adolescentes mientras que el trabajo sobre
la población adulta estaba referido en su carácter de familiares o referentes
224 Sobre este tópico se afirma que “(...) hay cosas que es parte del trabajo protegido del plan de equidad aunque tengamos la varita magica y todo el trabajo del mundo hay gente nuestra que no accedía porque no sabía poner su nombre, porque no sabe hacer un curriculum, porque no tenía dientes, porque nunca trabajó formalmente, porque tiene una capacitación que no la puede acreditar y se puede hacer una lista de cuáles son las razones” (Entrevista Ministra de Desarrollo Social). Y se sigue que; “(...) hay que construir una estrategia de desarrollo humano que tiene manifestaciones en el campo económico, social, cultural, y no es nada sencillo(...) regenerar estructuras vinculares, estructuras de soporte, redes solidarias, que están destruídas y degradadas (....) porque integración no es decirle al pobre veni que te voy a integrar, no, es mucho más complejo.” (Entrevista director político del MIDES)
191
de los niños y adolescentes atendidos. Los programas del MIDES,
supusieron, como fuera indicado, un enorme desarrollo de las ONGs. Lo
novedoso es que, por primera vez en Uruguay, se despliega todo un
dispositivo organizativo para operar con la población adulta:
“Construyendo Rutas de Salida centraba su atención
en población adulta de extrema pobreza y estuvo
dirigido a recuperar la capacidad de lecto-escritura,
autoestima, en el conocimiento de los derechos de los
protagonistas del Plan a través de la realización de
actividades. Participaron cerca de 17.000 jefes y jefas
de familia casi 800 grupos en todo el país.”225
Estos programas, centrados en los aspectos “subjetivos” que inciden
sobre la pobreza extrema y que en el Programa Construyendo Rutas de
Salida tuvieron un carácter obligatorio para la “población PANES”, prevén
su continuidad y ampliación en el Programa Uruguay Integra:
“A partir del año 2008 y en el marco del Plan de
Equidad, Uruguay Integra amplía su población
objetivo, dirigiéndose, ya no sólo a adultos en
situación de pobreza extrema y/o en condiciones de
vulnerabilidad social, sino incorporando
eventualmente de otra condición socio económica. La
participación de las personas en la actividades se
realiza de manera voluntaria, a diferencia de lo que
ocurría en Construyendo Rutas de Salida donde las
personas que cobraban el ingreso ciudadano debían
asistir a los talleres como contrapartida al ingreso
percibido.”226
225 De la Emergencia a la Equidad. Las políticas sociales del Gobierno Nacional (2005 – 2009) Uruguay Social. Consejo Nacional de Políticas Sociales. Montevideo 2009: 117.226 De la Emergencia a la Equidad. Las políticas sociales del Gobierno Nacional (2005 – 2009) Uruguay Social. Consejo Nacional de Políticas Sociales. Montevideo 2009: 117.
192
De alguno modo, parece razonable establecer que lo que procesó la
izquierda en el gobierno fue un significativo cambio en términos de cuestión
social. Es decir, la salida de la dictadura marcó la llegada al Uruguay de las
políticas del “Consenso de Washington” pero la acogida a estas políticas fue
procesada sin entusiasmo, no logrando articular una nueva construcción
mítica contrapuesta a la de los años previos a la crisis del Estado Social
(Perelli y Rial, 1986: 36). En ese sentido destacamos que uno de los
elementos centrales de la política social del MIDES se corresponde con
contenidos característicos de una perspectiva neoconservadora y neoliberal
sobre la cuestión social, tal como es entendida en este trabajo: la cuidadosa
y casi obsesiva focalización y el recurso a las ONGs en la administración de
los programas sociales227. El éxito de esta nueva construcción mítica está
asociada al cambio semántico señalado y su éxito tiene como indicador,
entre otros aspectos, la capacidad del MIDES para comprometer a la
Universidad de la República, importante estructura en la construcción de
formación de opinión en el Uruguay228.
Sobre el papel de la Ciencias Sociales en la construcción de una
concepción hegemónica de cuestión social o, en otros términos, la
construcción de un sentido común con relación a los problemas sociales que
merecen la intervención social, escribe Grassi (2004: 10-11):
:
227 “Apelar a las `iniciativas de la sociedad civil´ - tomada abstractamente, supra-clasistamente -, recubriendo la desresponsabilización del Estado frente a las secuelas de la cuestión social mediante el recurso de `parcerias´, es perfectamente compatible con el vaciamiento de la `ciudadanía´: en el mismo andamiaje en que se `desregulan´y se `flexibilizan´ derechos sociales consagrados constitucionalmente, la ciudadanía sirve como palabra-de-orden para causionar desde reivindicación de saneamiento a la exigencia de protesis dentarias” (Netto, 1996:122228 En Uruguay el carácter simbólico de la participación de la Universidad de la República en un proyecto no es nada menor. Como señalan Pirelli y Rial (1986: 36): “El mito del país de culturosos será el que más resista. Titular un editorial como `La Universidad es el país´, quizás fue el epítome de tal actitud. Obviamente no lo era, pero el mito resistía y la versión contracultural implicaba hiperrealizar el país de los culturosos. Era tan importante el país de los culturosos, que se ponía por encima de todo a la Universidad y a las instituciones educativas, aún por sobre las posibilidades que podía tener un pequeño país acosado por una crisis económica y política.”
193
“De lo dicho se desprende la estrecha relación entre
los campos de las ciencias sociales y de la política
(social en este caso) y de su imbricación en los
procesos culturales, entendidos como manifestación/
constitución significativa de las relaciones sociales.
(...) lo que quiere destacarse es la naturaleza
eminentemente política (ahora en su sentido amplio de
constitución del poder) de aquella producción que
cualquier proceso de transformación socio–política.
Dicha política deberá ser parte (porque lo requiere y
lo impulsa al mismo tiempo) de una disputa cultural
por la conquista de un nuevo sentido común.”
Recordemos que el principal instrumento de focalización, “el
algoritmo”, fue construido por docentes de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de la República; los desembarcos fueron
llevados adelante, fundamentalmente, por estudiantes universitarios
supervisados por docentes de la Facultad de Ciencias Sociales229. El
siguiente testimonio de uno de los entrevistados ofrece pistas para
comprender cómo es concebido el papel de la Universidad de la República
por parte del nuevo gobierno:
“La Unidad de Evaluación y Monitoreo trabaja en
convenio con la Universidad de la República. También
por definición política nosotros pensamos que estamos
229 “Había buenas razones para pensar que durante el gobierno del Frente Amplio iba a verificarse una importante ampliación de la zona de cooperación entre la intelectualidad y el poder político, (...) Existe un amplio acuerdo en que la UdelaR ha sido la institución más solicitada por el actual gobierno. La Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Ciencias Económicas han sido protagonistas destacadas en algunas de las iniciativas emblemáticas de la nueva administración como el Plan de Emergencia (PANES). En palabras del director de uno de los institutos universitarios más demandados: `Ante el cambio de gobierno se incrementó el relacionamiento profesional entre el gobierno y la Universidad, con mayores demandas desde el primero hacia los equipos de investigación de la UdelaR. El movimiento de cuadros académicos a la órbita de gobierno también implicó un relacionamiento novedoso entre gobierno y Universidad´.”(Gallardo et all, 2009:12,13)
194
cumpliendo una función de gobierno, una función
política y que el Uruguay tiene, por historia, un lugar
donde se construye conocimiento que es la
Universidad de la República. Esa construcción de
conocimiento nosotros la queremos asociada a la
resolución de los problemas de la gente, entonces
juntamos la capacidad política de tomar decisiones
con la capacidad de investigación para tomar mejores
decisiones.” (Entrevista director político del MIDES)
El carácter instrumental de la producción de conocimiento resulta
bastante claro en las palabras del entrevistado. Veamos entonces, un
ejemplo de esa instrumentalización operando:
“(...) hicimos un convenio con la Facultad de Ciencias
Sociales, con el Departamento de Sociología (...), con
el Departamento de Economía de la Facultad de
Economía y el marco muestral lo hicimos con el
Instituto de Estudios Sociales, pero no es decirle yo
quiero que me hagan tal cosa a unos y a otros (....) nos
sentamos los cuatro actores en una misma mesa y
conformamos un equipo de trabajo (....) la cabeza es
la dirección de evaluación y monitoreo del MIDES,
armamos equipo en estas condiciones, todos sabíamos
lo que estábamos haciendo todos y todos podíamos
decir por qué no haces esto así, porque no haces esto
asá. Así fuimos trabajando con el Equipo que en
noviembre del año pasado presentó públicamente el
primer análisis de la evaluación del PANES y ahora
en diciembre vamos a presentar el informe final de la
evaluación.”
195
En resumidas cuentas, la conformación del Frente Amplio como el
partido de oposición emergente de la crisis estructural del Estado Social, le
ha permitido, un vez en el gobierno, contar con condiciones privilegiadas
para la construcción de una nueva cuestión social hegemónica,
constituyendo de tal suerte un nuevo sentido común dotado de una fuerza
mítica que los gobiernos anteriores no habían conseguido instalar.
Del mismo modo, el actual gobierno del presidente José Mujica
parece estar dando continuidad y profundizando esta construcción
reforzando contenidos reveladores de una creciente refilantropización de la
cuestión social, con una fuerte apelación al voluntarismo y el voluntariado
para la implementación del nuevo buque insignia: “el plan de impacto
habitacional”. El novel presidente abre una cuenta bancaria donde deposita
parte de su salario en carácter de donación y convoca a la ciudadanía a
hacer lo propio, apelando asimismo a voluntarios a participar en este
proyecto, que busca financiarse con aportes de la ciudadanía en dinero y
trabajo voluntario sin afectar las arcas del Estado230.
Veamos en el siguiente capítulo la particular construcción discursiva
que irá constituyendo esta nueva estructura de la cuestión social,
preocupada más por los equilibrios macro económicos y por los aspectos
“morales” de la población asistida que por la igualdad y los derechos de
ciudadanía231.230 Al respecto ver el diario La República del 8 de marzo de 2010 bajo el título “Impacto social. El presidente de la República, José Mujica, hará un llamado a la sociedad para sumarse a esta iniciativa”. Disponible en: http://www.larepublica.com.uy/politica/402356-el-plan-de-impacto-habitacional-tiene-dia-y-hora-arranca-en-segundo-semestre, Consulta: 5/6/2010. El decreto de creación del Plan de Emergencia habitacional establece que es necesario: "promover e impulsar la participación solidaria de la sociedad" en el plan. El decreto señala que hay "miles de habitantes" del país "que viven en condiciones de precariedad crítica". Disponible en: http://www.mides.gub.uy/mides/colgado.jsp?contentid=8283&site=1&channel=mides. Consulta: 5/6/2010.231 Al respecto resulta elocuente el “sueño” del actual presidente José Mujica. Bajo el íítulo “Ladrillo a ladrillo. El Presidente volvió a emocionarse con la reforma del Estado” refiere la nota acerca de la falta de respuestas a los ingentes problemas de vivienda de la población PANES. El sueño del presidente es ahorrar un 10 % del gasto del Estado para destinarlosal plan de vivienda: "Si logramos ahorrarnos el 10% anualmente, tenemos financiado el plan de vivienda agresivo para los más humildes, porque sencillamente 200 millones de dólares posibles por año de ahorro, es mucha plata en un quinquenio" En relación a los funcionarios públicos estableció que: "Yo no responsabilizo a los que están, son hijos de un
196
VI. DIMENSIONES PARA EL ANÁLISIS DEL DISCURSO
Con el objetivo de analizar el discurso procesado por el MIDES para
legitimar su intervención, - discurso que fue recogido fundamentalmente de
los documentos institucionales relevados y de las entrevistas realizadas a
técnicos y operadores tecnopolíticos – se construyen seis dimensiones para
su análisis: i) qué tipo de intervención se considera legítima, ii) cuál es el
valor central que legitima la intervención, iii) cuál es la fuente de justicia
que orienta la intervención, iv) qué concepción de ciudadanía expresa, v)
cómo se representa un ideal de hombre u hombre ideal, y vi) cuál es el papel
que se le asigna al trabajo.
Entendemos que estas seis interrogantes y sus posibles formas de
respuesta logran representar o, más exactamente, expresar los contenidos
ideológicos presentes en las propuestas de intervención. A través de su
identificación y análisis se vuelve legible la construcción de sentido que
orienta las acciones de gobierno y que sintetiza su forma particular de
entender la cuestión social.
Recordemos que, en las primeras páginas de este trabajo, se afirmó
que la cuestión social es entendida como forma de interpretar los problemas
llamados sociales y también es una propuesta de respuesta a tales
problemas. Y es en este marco de análisis que se afirma que la cuestión
social no es una situación objetiva sino que se trata de una construcción de
sentido.
Esta construcción de sentido refiere a qué tipo de intervención se
considera legítima. En la respuesta a este punto se encuentran contenidos
acerca de la construcción de los problemas sociales y definiciones sobre
proceso, son nuestros compatriotas. Cualquiera de nosotros en la misma situación hubiera hecho lo mismo". Disponible en: http://www.larepublica.com.uy/2010/05/22 Consulta: 20/6/2010.
197
cuáles de estos problemas es legítimo intervenir, lo que equivale a
establecer dónde está el límite entre lo público y lo privado, entre lo
individual y lo político. En definitiva, se delimita cuál es el espacio legítimo
de la intervención, y por lo tanto, cuáles son sus límites.
Esta intervención se encuentra balizada por un valor central.
Preguntarse sobre cuál es el valor central que legitima la intervención
permite identificar cuál es el valor que se pretende imponer: libertad,
igualdad, solidaridad.
Asimismo, ese valor refiere a un principio en que se asienta la
justicia. De este modo, cabe preguntarse cuál es la fuente de justicia que
orienta la intervención El principio de justicia puede reposar en la
comunidad, como una fuente natural originaria, o en el mercado, como una
construcción humana perfecta, o en la propia historia, es decir la justicia
tiene como principio las luchas históricas de la humanidad.
A partir de la construcción de “cuestión social” emerge qué
concepción de ciudadanía expresa el tipo de intervención que se propone.
También es dable establecer que toda intervención tiene como
objetivo apuntar a la construcción de un tipo ideal de hombre, por lo que es
posible determinar cómo se representa un ideal de hombre u hombre ideal.
Por último, por tratarse de una categoría llave, la categoría central en
la construcción de la sociedad, cada perspectiva le atribuye al trabajo un
papel. Por lo que la última dimensión a analizar es cuál es el papel que se le
asigna al trabajo.
VI. 1. ¿Qué tipo de intervención se considera legítima?
198
Esta dimensión es central en el proceso de demarcación entre las
perspectivas de cuestión social construidas para los efectos de este estudio,
pues permite establecer sobre qué aspectos de la vida social se considera
legítimo intervenir y cuál es el tipo de intervención privilegiada.
En cierto sentido, la intervención considerada legítima define la
cuestión social o, en otras palabras, define precisamente qué problemas son
sociales dado que su génesis y superación trasciende la responsabilidad
individual y, por lo tanto, se vuelve legítimo e incluso imperativo intervenir
socialmente sobre ellos y también define qué tipo de intervención es la
legítima o, en otros términos, cuáles son los límites colocados en esta
intervención.
A partir de estas consideraciones es posible establecer con cierta
precisión cuál es la intervención legítima del Estado para cada una de las
perspectivas de cuestión social reseñadas.
Para la perspectiva conservadora, la intervención legítima del Estado
es la que recae sobre lo “social”, esfera independiente de la economía,
donde se procesa la solidaridad. La integración social da cuenta de los
valores y las normas que nos constituyen como sociedad y se está integrado
si se comparten los valores centrales, dominantes, hegemónicos y los
comportamientos individuales son orientados en función de ellos.
Es ya clásico el recorrido que realiza Durkheim (1995A) en El
Suicidio buscando mostrar la especificidad de lo social. Diferenciado de lo
psicológico y de la economía, lo social es una esfera sobre la que es
legítimo e imperativo intervenir para garantizar la integración social de los
ciudadanos que precisan de instancias superiores de las cuales formar parte.
Del mismo modo, en La División del Trabajo Social (1995) buscará
demostrar que la división del trabajo tiene una función moral más que
199
económica. Este movimiento busca una articulación entre el pensamiento
conservador y el pensamiento liberal en tanto lo social tiene una
especificidad que amerita una intervención y busca diferenciarse de la
economía donde reina el pensamiento liberal.
Para esta perspectiva está claro que la intervención legítima es sobre
“lo social” y lo social está construido por la moral que constituye la
solidaridad; vale decir, lo social refiere a las relaciones existentes entre los
individuos y sobre esto es legítimo e imperativo intervenir:
“En suma, nuestro primer deber actualmente es crear
una moral. Tal obra no podría ser improvisada en el
silencio del gabinete; ella sólo se puede erguir por sí
misma, poco a poco, bajo la presión de las causas
internas que la tornan necesaria. Pero la reflexión
puede y debe servir para señalar el objetivo que se
debe alcanzar.” (Durkheim, 1995: 432)
Para la perspectiva neoliberal, la intervención estatal debe garantizar
reglas civilizadas de competencia sin interferir con las leyes sustantivas del
mercado. En tal sentido, la responsabilidad individual avanza sobre la
responsabilidad social limitándola fuertemente. En otros términos, es
posible afirmar que, tendencialmente, la cuestión social neoliberal
despolitiza los problemas sociales a través del mecanismo clásico de
individualizarlos.
En su forma clásica, incluso en su conformación más simple - el
contractualismo - se niega la propia existencia de los problemas sociales.
Aquello que se concebía como problema era precisamente lo contrario, es
decir, la construcción artificial de sistemas de poder que limitaban la
libertad del individuo. Una vez destruidos éstos, el individuo libre competía
200
en el mercado y, tanto su éxito como su fracaso eran de exclusiva
responsabilidad individual.
De este modo, fuera de la intervención clásica, policial y de
administración de justicia, se debe intervenir sólo para garantizar la vida de
los individuos y a través de mecanismos que no interfieran con el mercado.
De ahí que, fuera de los mecanismos que garantizan reglas civilizadas de
competencia, vale decir, aquellos que garantizan la propiedad privada y el
cumplimiento de los contratos, sólo sea legítima la intervención sobre la
indigencia. Esto puede ser comprobado en la propia obra central de Hayek
“Camino de Servidumbre” (2006: 158).
En tanto la responsabilización individual de los problemas no cede,
los individuos que no operan adecuadamente, es decir, exitosamente en el
mercado poniendo en riesgo su propia supervivencia son deslegitimados
como ciudadanos y ello justifica la pérdida de su libertad y su consecuente
infantilización.: “(...) Benjamin Franklin expresó (...) `Aquellos que
cederían la libertad esencial para adquirir una pequeña seguridad temporal
no merecen ni libertad ni seguridad´” (Hayek, 2006: 172).
La legitimidad de la intervención sobre la indigencia está sostenida
por la idea de que la población indigente es aquella que se encuentra en una
situación desmercantilizada y no consigue operar en el mercado ni como
productora ni como consumidora. En este sentido, la intervención debe
cesar cuando el indigente deja de serlo, o sea, cuando el individuo se integra
a los mecanismos del mercado232.
232 “El modelo `asistencial-privatista´ tiene como base la fragmentación social, clasificando a los ciudadanos poseedores de derechos en diferentes categorias. En un primer grado se localizan los ciudadanos consumidores, aquellos que compran en el mercado los bienes y servicios necesarios para satisfacer sus necesidades. En un segundo lugar estarían los ciudadanos trabajadores, que por estar integrados al mercado formal de trabajo serán protegidos por las políticas sociales, cada vez más reducidas y degradadas, como forma de fomentar la compra de servicios en el mercado. Finalmente, en un tercer grado estarían los ciudadanos pobres, población blanco de las políticas de asistencia y, principalmente, los programas asistenciales, emergenciales y paliativos, basados en la caridad, filantropia, voluntariado etc. sin reconocimiento de derechos de ciudadanía, donde la asistencia en la mayoria de las veces queda reducida a una acción voluntaria y caritativa, pensada como
201
La articulación entre el pensamiento neoliberal y el pensamiento
conservador habilita la diversificación en la distribución de bienes y
servicios, permitiendo la combinación de una creciente mercantilización con
la precarización de los servicios públicos ofrecidos a aquellos que no
pueden acceder al mercado:
“El sistema de protección social se desdobla: para
aquellos segmentos poblacionales que disponen de
alguna renta, la privatización/mercantilización de los
servicios a los que pueden recurrir; para los
segmentos más pauperizados, los servicios públicos de
baja calidad. La política dirigida a la pobreza es
prioritariamente emergencial, focalizada y, en
general, reducida a la dimensión asistencial.” (Netto,
2006: 22)
Para la perspectiva de la ampliación de la ciudadanía existe una
totalidad sobre la que es legítimo intervenir desde el Estado. Esta totalidad
incluye la relación capital - trabajo, siendo el proceso de
desmercantilización (Esping-Andersen, 1990) creciente de todas las esferas
de la vida la contracara del pensamiento liberal (cf. Coutinho, 1994: 42 y
sig.).
“Obligado a negociar para obtener legitimidad, el
Estado capitalista `ampliado´ - al depender de la
correlación de fuerzas existente en la `sociedad civil´-
puede atender importantes reivindicaciones de las
masas trabajadoras organizadas. El avance de la
democratización política es, al mismo tiempo,
condición y resultado de un proceso de
benevolencia y/o deber moral de ayuda al prójimo.” (Pastorini, 2002)
202
transformaciones también en las esferas económica y
social.” (Coutinho, 2000: 39-49)
Esta perspectiva, como fue consignado, tiene en sus orígenes un
universo ideopolítico esencialmente antisistémico. De este modo, los límites
a la intervención del Estado son, por momentos, inexistentes. En una suerte
de reformismo radical – si se nos permite la contradicción de los términos –
la búsqueda de procesos emancipatorios en un contexto donde la
dominación y la explotación son esenciales al funcionamiento del sistema
hace que esta perspectiva aparezca como un riesgo para la gobernabilidad.
“En el plano económico, el límite del reformismo
social-demócrata reside en el hecho de que la
ampliación creciente de los derechos sociales es, a
largo plazo, incompatible con la lógica de la
acumulación capitalista.” (Coutinho, 2000: 44)
Luego de esta breve reseña acerca del carácter legítimo de la
intervención sobre “lo social” para cada una de las perspectivas
identificadas sobre la cuestión social, se propone analizar los elementos
emergentes en los discursos de los entrevistados y en los documentos
institucionales que permiten legitimar la intervención en el caso que nos
ocupa. El gobierno debió articular un discurso homogéneo y monolítico
para justificar y legitimar su propuesta de intervención desde el anuncio de
la aplicación del Plan de Emergencia.
El primer aspecto que surge para el análisis es la referencia a la idea
de emergencia social: se comienza a hablar de emergencia en 1999 y se
continúa hasta el 2004 para aplicar el Plan de Emergencia en el 2005. Tal
como fue citado páginas atrás, en palabras de la Ministra de Desarrollo
Social, el Frente Amplio comienza a reflexionar sobre el problema de la
emergencia social en el año 1999 presentando distintas iniciativas para su
203
atención, las que fueron desechadas por el gobierno de la época. En el año
2002 se reitera la presentación de un paquete de medidas tendientes a
abordar la emergencia social, siendo finalmente el triunfo del gobierno del
Frente Amplio el momento en el que se desarrollan las iniciativas que se
habían elaborado.
Esto ya aporta algunas pistas, en el sentido de que se justifica la
intervención como respuesta a una emergencia, emergencia que dejó a miles
de uruguayos excluidos, viviendo en situación de indigencia, por fuera del
mercado como productores y como consumidores. Las crisis concebidas
como catástrofes extra-mercado, sin importar si por razones naturales o
naturalizadas como terremotos, sequias, incidencia de la economía mundial
en la economía nacional, malos gobiernos, etc. permiten legitimar
intervenciones extraordinarias. Es la emergencia lo que justifica el
despliegue de un conjunto de intervenciones especiales y la vigilancia
neoliberal será la responsable de recordar el riesgo de que estas
intervenciones extraordinarias se prolonguen más allá del período de crisis.
En último análisis se podría argumentar, de acuerdo con los
parámetros neoliberales, que la crisis del treinta configuró intervenciones
legitimadas por la crisis y su continuidad más allá de ésta desencadenó la
emergencia y consolidación de los Estados de Bienestar. De ahí se deriva la
permanente insistencia y exigencia de que las medidas extraordinarias
deben diseñarse estableciendo claramente el tiempo de finalización de la
intervención.
“Desde el paradigma de la economía neoclásica la
transitoriedad de las políticas sociales está justificada
como fenómenos derivados de fluctuaciones
`anormales´, `desviadas´ o `disfuncionales´ de la
economía.” (Serna, 2006: 4)
204
En primer lugar, se visualiza una naturalización de la crisis que es
presentada como un fenómeno “meteorológico”, sin considerar la paradoja
de referir a la crisis y a la emergencia en 1999 y mantener los mismos
términos seis años después. De algún modo, la diferencia parece ser que, si
bien la crisis está referida a aspectos supra sistema, los efectos de ésta sobre
la población solo serán resueltos a partir de la aplicación del “Plan de
Emergencia” por parte del nuevo gobierno.
Es decir, en la medida en que no se plantean transformaciones de
fondo ni en la política económica ni en los sistemas de protección social
vigentes, la crisis aparece en los discursos como algo que nos ocurrió y
sobre lo que no teníamos mayor control: “fiebre aftosa”, “coyuntura
internacional”, etc. se convirtieron en los factores de explicación del
fenómeno. Lo que faltó entonces fue un gobierno con sensibilidad social
que aplicara un “Plan de Emergencia” para terminar de resolver sus efectos.
Esto es consistente con la crítica a la gestión de los anteriores
gobiernos por su incompetencia en la definición de una estrategia de
superación de la crisis en sus aspectos sociales:
“Yo llegué a una conclusión en esto de coordinar las
políticas sociales: el problema de la fragmentación no
es la causa de la ineficiencia sino la consecuencia de
una ausencia de estrategia. Sin estrategia de
desarrollo no podes coordinar nada con
nada.” (Entrevista a director político del MIDES)
De este modo, el diagnóstico acerca del fracaso de los anteriores
gobiernos parece referir más a razones de orden técnico que político:
“El posicionamiento institucional incide en la
posibilidad de abonar a ese proceso. El problema no
es la sectorialidad sino la falta de coordinación
205
intersectorial. Ministerios de Trabajo, Salud y
Educación va a haber siempre en cualquier parte del
mundo. Coordinar es una cédula de identidad del
gobierno. Hay tres organismos que por sus posiciones
y su misión tienen la posibilidad de mirar la cancha,
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el MIDES y
el Ministerio de Economía y Finanzas. Nuestra
preocupación es de lo que no se pueden preocupar los
otros, ver el conjunto sin la presión de la ejecución, y
gastar nuestro tiempo en idear mecanismos que
conecten.” (Entrevista a director político del MIDES)
Son dos los aspectos identificados que limitan claramente la
configuración de la intervención considerada legítima: i) el tiempo de la
intervención y ii) la población objeto de intervención. Ambos aspectos
emergen de un principio estrictamente neoliberal por el cual la intervención
no debe interferir en los mecanismos del libre mercado. Como ya fue
indicado, se tolera la intervención siempre que se restrinja a esferas que se
encuentran fuera del mercado y que no genere distorsiones en sus
mecanismos.
(i) En relación al tiempo de la intervención, el análisis permite
diferenciar dos principios:
A) Un principio neoliberal que concibe que, en tanto la emergencia
habilita la intervención, ésta debe auto limitarse en el tiempo; la asistencia
no puede prolongarse más allá de un período predeterminado, por el mismo
principio de que la predisposición a continuar interviniendo no juegue en
contra haciendo emerger al factor humano. Dado que la emergencia permite
legitimar la intervención, ésta no debe prolongarse más allá de un período
razonable en que se supone serían revertidos los efectos de la crisis. De ahí
el énfasis en la insistencia en que el Plan de Emergencia debía durar dos
206
años y “ni un día más”. El supuesto es que aquellos que están dispuestos a
salir de su situación lo harán en el tiempo prefijado, al tiempo que se impide
que la población asistida se vuelva dependiente de la asistencia.
“(...) comenzamos a trabajar en ese gran objetivo que
era un Plan de Emergencia a dos años, que tenía una
dotación de 200 millones de dólares.” (Entrevista a
Directora Política del MIDES)
“De lo que se trataba era de construir herramientas
para salir y a dónde salir (...).” (Entrevista Ministra
de Desarrollo Social)
B) El otro principio es claramente conservador. Como establece Real
de Azúa (1984), el pensamiento conservador contiene la expectativa de que
la población mantenga un comportamiento moral más allá de sus
condiciones de reproducción social.
En este sentido, se hace hincapié en que la población asistida no
opuso resistencia de ningún tipo a la finalización del “Plan de Emergencia”
porque desde el inicio se había planteado claramente que su duración era de
dos años y, por tanto, la población, que respeta los acuerdos cuando le son
planteados claramente, no reaccionó cuando se les quitó el recurso.
“ahí la comunicación anduvo muy bien, tenemos un
buen ingreso en la puerta, se atendieron 500 personas
por día, es un punto de referencia, en todas las
entrevistas y los materiales de difusión se les fue
diciendo claramente: el plan se terminará (....)
Además fuimos felicitados por muchos organismos
internacionales, por la transparencia, no salirnos del
207
libreto mas allá de la presión, y eso significaba
mucho.” (Entrevista a Directora Política del MIDES)
Llama la atención que las corporaciones son sospechadas de
presionar constantemente para ampliar sus beneficios legitima e
ilegítimamente, los empresarios de una rama de actividad son sospechados y
acusados de exigir la intervención del Estado para mejorar la
competitividad, etc. y los indigentes ¿son “el reservorio moral de occidente”
dispuestos a renunciar a un subsidio sin protestar porque el acuerdo fue
claro?
(ii) En relación a la población a atender se recogió un discurso
monolítico y homogéneo del conjunto de entrevistados que permite
identificar claramente cuál era la población que merecía la intervención. La
población beneficiaria debía ser aquella sin ningún activo para operar en el
mercado.
El mecanismo de demarcación para su adecuada identificación fue
prefijado y aplicado con disciplina espartana a fin de evitar que elementos
humanos distorsionaran su aplicación (compasión, simpatía)233. Se debía
intervenir, al menos a través de programas de transferencia de ingresos,
sobre “la población PANES”, es decir, sobre la pobreza extrema, sobre la
indigencia. En palabras de la Ministra de Desarrollo Social, la población en
situación de pobreza se consideraba en situación de “privilegio” al no
formar parte de la categoría “indigente”, si bien planteaba dificultades en
áreas clave como la alimentación o el trabajo.
“Ahí trabajamos con el algoritmo que nos elaboraron
técnicos de la Universidad de la República, de la
Facultad de Ciencias Económicas y con un formulario
233 “A nosotros nos tocó lo más difícil que es elegir entre los más pobres. Teníamos que decirle usted está en una situación muy difícil, no tiene que comer, no tiene trabajo pero es un privilegiado porque no es indigente.” (Entrevista Ministra de Desarrollo Social)
208
y un sistema informático que nos elaboró el Banco de
Previsión Social. Nosotros habíamos decidido que
íbamos a visitar a todos los hogares, y se visitaron
231 mil hogares del Plan de Emergencia. Hubo un
problema de comunicación nuestra, pues, se
asociaba aquella cifra de un millón de pobres a los
100 mil hogares en indigencia. Inclusive la palabra
indigencia no era muy bien entendida, hablamos de
pobreza extrema, y por esto cuando se abrieron las
oficinas del BPS para la inscripción al Plan fueron el
millón, 231 mil hogares multiplicado por sus
integrantes, nos da un millón.”
Detenerse en esta apreciación de la entrevistada permite establecer
algunas consideraciones sobre el tratamiento dado a las categorías de
pobreza e indigencia. Estas categorías no son más que elaboraciones
técnicas relativamente arbitrarias y construidas a los efectos de medir,
diagnosticar, comparar distintas poblaciones, etc. Ahora bien, en la
reflexión de la entrevistada se opera una naturalización tan extrema de estas
categorías que parecen ser “reificadas” al punto en que la población puede
ubicarse a sí misma dentro de una u otra y, si el mensaje hubiera sido claro,
los pobres, que saben que son pobres pero no indigentes, no se habrían
inscripto, mientras que sólo los miserables, que saben que sí lo son, sí lo
habrían hecho. A lo sumo habría que ir a buscar a aquellos tan miserables
que ni siquiera saben que lo son o que desconocen su derecho por su
condición de miserables.
“Esa cifra nos sobrepasaba, pues ustedes saben cómo
funciona el algoritmo: es una suma de dinero más
las condiciones críticas, y si superaba el ingreso de
1300 pesos por persona por mes, ese hogar no
ingresaba al Plan. Así fue que por BPS, ya quedaron
209
descartados 40 o 50 mil hogares pues tenían empleo
formal, y nosotros visitamos 190 mil hogares, que
eran los que, en principio, por ingreso, contemplaba
la ley que les correspondía el Plan, y luego de visitar y
ver que algunas declaraciones no se correspondían
con la realidad, es decir, declaraban un ingreso de
500 pesos y uno veía en la visita que era imposible
que solo ingresaran 500 pesos, así fue que en los dos
años del Plan ingresaron 90 mil.” (Entrevista
Directora Política del MIDES)
Nuevamente aparece la naturalización, en este caso del algoritmo
que parece tener, al menos para esta entrevistada, una relación esencial con
la realidad. La indigencia es una categoría reificada a tal punto que si la
persona declaró un ingreso que la ubica como indigente pero luego “el
algoritmo” la descarta es la presunción de engaño lo que explica el
desajuste, lo que confirma la eterna sospecha sobre los pobres. Es la
aplicación de la fórmula establecida lo que define al individuo como
indigente, pobre o no pobre. Lo que la fórmula no mide es si la persona
obtuvo cierto confort en las condiciones del hogar gracias a un pasado
reciente de integración al mercado laboral y efectivamente está percibiendo
ese ingreso al perder o precarizar sus vínculos con el trabajo: “es imposible
que solo ingresaran 500 pesos”.
“Entonces definimos un algoritmo que midiera, no
sólo el ingreso, sino otras dimensiones, nivel
educativo, la vivienda, medir la exclusión mas allá de
los ingresos (…) entonces hubo gente que se atendió
por otras cosas, pero con el PANES no.” (Entrevista
Director Político del MIDES)
210
Es posible visualizar que se incorporan dimensiones más allá del
ingreso para analizar la “exclusión”. Sin embargo, este análisis no resulta en
una ampliación de la población beneficiaria sino, valga la redundancia, en
una exclusión producto del establecimiento de límites más precisos y
abarcativos: si la familia alcanzaba un ingreso superior a 1300 pesos por
integrante quedaba fuera de la prestación sin importar si esos ingresos eran
obtenidos de un empleo formal, del ejercicio de la prostitución o de la
recolección de residuos o el trabajo infantil.
En estos casos, tampoco importó donde vivían ni cómo lo hacían. La
exclusión tiene otras dimensiones sí, pero para ingresar al PANES, solo una
de ellas ha sido excluyente prima facie. Asimismo, las otras dimensiones
consideradas también operaron como forma de limitar el universo de
población asistida, tal como lo vimos en la situación anterior: por ingresos
correspondía el beneficio pero los niveles alcanzados en educación o
equipamiento del hogar los excluían del mismo.
De igual modo y en forma complementaria, el monto de inversión
prevista para el Plan de Emergencia fue establecido antes de tomar contacto
con la población. De ahí que la entrevistada planteara “esa cifra nos
sobrepasaba”, había 200 millones para el PANES y ni un peso más, si la
indigencia era mayor a lo previsto se ajustaba el criterio de ingreso.
Como señalamos, los programas de transferencia de ingresos se
dirigen a quienes están excluidos de cualquier relación mercantil. La
prestación fue dirigida a aquellos que no accedían a estas formas de
relación. De este modo, el énfasis se colocó en la necesidad de no dotar de
recursos materiales a quienes no estuvieran en dicha situación, ya que de
este modo, se incidiría en las relaciones mercantiles de la población, lo cual
debe ser impedido.
211
En definitiva, fue necesario demostrar que la población beneficiaria
no poseía recursos que le permitieran participar del mercado para así
acceder a una transferencia monetaria. De lo contrario podría participar de
otros programas cuyos objetivos estuvieran centrados en la transferencia de
herramientas capacitadoras, destinadas a mejorar su rendimiento en el
mercado, lo cual fue llevado adelante a través de programas de formación
socioeducativos con un fuerte componente normativo. Estos programas
fueron obligatorios para la población PANES y optativos para el resto de la
población.
En un mismo sentido, es posible afirmar que los montos a transferir
no debían competir, en calidad o en cantidad, con los que se podrían obtener
participando en el mercado. O, expresado en otros términos, la prestación
monetaria no puede, en ningún caso, superar los montos que se pueden
obtener como salario de forma de no desestimular para el trabajo:
“En materia de asignaciones familiares nosotros
operamos transformaciones importantes. ¿Podríamos
haber incrementado más?, sí, también fue tema fuerte
de debate las escalas. Yo creo que el tema era no
generar una suerte de dependencia a través de las
asignaciones familiares y un des-incentivo a la
búsqueda de empleo o, mejor dicho, un incentivo a la
pasividad en la búsqueda de empleo [Este argumento
lo escuché también para fijar el ingreso ciudadano234].
Sí, es verdad que ese tema también estuvo presente en
ese debate.” (Entrevista a Director Político del
MIDES)
Del mismo modo, los recursos ofrecidos para mejorar situaciones
deficitarias en materia de vivienda fueron cuidadosamente pensados con el
234 Intervención del entrevistador.
212
objetivo de no aportar una mercancía sino un producto que se agotara en su
valor de uso. El programa Mejora del Hábitat aportaba materiales para la
auto-construcción y, en caso que ésta no fuera posible, se contemplaba
algún apoyo bajo la forma de asesoramiento técnico para la construcción.
“Ahora lo hablábamos con el Instituto de Economía
que no hubo impacto en la mejora de la vivienda. Yo
estoy de acuerdo con ello. Se hizo un grupo de control
con familias que entraron y familias que no entraron
`por un centésimo´. Es lógico que no se lograran
impactos significativos porque de acuerdo a los
criterios de lo que es una vivienda digna no mejoraron
nada. Pero el hacinamiento sí se ha atacado: la
persona se hizo una pieza o cambió las chapas del
techo que antes las había encontrado en un basural, y
ahora claro, eso no da impacto en la vivienda pero,
de acuerdo a como las encontramos, constituye cierta
mejora.” (Entrevista Ministra de Desarrollo Social)
La intervención del Estado en la construcción de vivienda e
infraestructura de interés social es quizá la intervención más típicamente
keynesiana, reclamada históricamente por la perspectiva de la ampliación de
la ciudadanía. Los efectos de una forma keynesiana de intervención estatal
son doblemente “distorsionadores” de las reglas del libre mercado. Por un
lado, porque se interviene fuertemente en el mercado laboral a través de la
generación de empleo y contribuyendo al alza de los salarios. Por otro lado,
porque tal tipo de intervención pública en el campo de la vivienda genera
fuertes efectos en el mercado inmobiliario: reducción en el precio de los
inmuebles, baja en el monto de los alquileres y, en última instancia y
llevado a un extremo, tiene un fuerte efecto desmercantilizador sobre la
vivienda al constituirla en un derecho de ciudadanía.
213
En este sentido, las acciones contenidas en el Programa de Mejora
del Hábitat no tienen ningún tipo de incidencia en ninguna de las dos esferas
señaladas, es decir, ni en el mercado laboral, ni en el mercado inmobiliario:
“Dábamos canasta de materiales para autoreparación
asistida. Teníamos un convenio con la Asociación de
Asistentes Sociales del Uruguay, con el Sindicato
Único de la Construcción y Afines y un convenio con
la Sociedad de Arquitectos para formar equipos en el
diseño de eso que nosotros llamábamos un baño y un
poco más. En general, era el baño y el arreglo de una
pieza. Teníamos el apoyo de los obreros de la
construcción para aquellos casos en que la
autoconstrucción no era posible.” (Entrevista a
Director Político del MIDES)
En relación al mercado laboral, es evidente la preocupación de no
interferir desarrollando intervenciones mínimas e indispensables: se apuesta
a la autoconstrucción, y a lo sumo, sólo en aquellos casos en que ésta no
fuera posible, se prevé un apoyo en mano de obra semi - calificada.
En relación a la vivienda como mercancía, se garantiza su resguardo
en tanto la intervención es apenas remedial sobre construcciones irregulares
y en pésimas condiciones. Estas iniciativas convierten al Estado en un
promotor de construcciones totalmente irregulares, sin aportes a la
seguridad social ni regulación municipal. Las pésimas viviendas así
mejoradas solo tienen un dudoso valor de uso y si efectivamente alcanzan
algún valor de cambio lo es en el mercado informal de los propios
indigentes, que es lo mismo que decir que no participan del mercado formal.
Se visualiza un proceso que puede ser leído como de reificación
(Cf., Lukàcs, 1978: 97) donde mercado y sociedad son equiparables. Se
214
concibe la integración en tanto se está integrado a la sociedad por el hecho
de compartir normas, valores, etc. pero la garantía de que el individuo está
integrado y que comparte este universo de normas, valores, etc. es su
integración al mercado: se está integrado en la medida en que se participa
del mercado ya sea como productor o como consumidor.
En otros términos, lo que hace operar la intervención y la legítima es
la constatación de que el individuo no está integrado al mercado, sobre todo
como productor, vale decir al mercado de empleo, pero no solo, pues estar
desocupado no alcanza si el individuo es propietario de mercancías pasibles
de ser intercambiadas en el mercado. Esta posesión lo inhabilita como
asistido. Recuérdese que el “algoritmo” fue aplicado para definir los
beneficiarios de la asistencia; el “algoritmo” establecía quién era indigente a
partir de aspectos culturales (nivel educativo) y socioeconómicos (condición
y características de la vivienda, presencia de electrodomésticos, etc).
La constatación de que el individuo no participa del mercado lo
deslegitima como ciudadano y habilita la intervención normativa –
moralizante del Estado junto a sus operadores: las ONGs. Es decir, la
intervención se torna legítima por razones esencialmente económicas, pero
la intervención legítima es sobre aspectos esencialmente morales.
Valga, a modo de ilustración, el siguiente fragmento de la entrevista
realizada a una directora política del MIDES donde puede visualizarse el
particular desdoblamiento que se realiza entre el mercado laboral y lo social
en sentido amplio:
“El eje vector de este programa, y sobre todo de esta
población de extrema pobreza, es el vector de lo
colectivo, es la promoción a incluirse a espacios
colectivos, incorporarles argumento o sea pretexto,
que se vayan a un espacio colectivo, en este caso las
215
dos incorporaciones son: el trabajo, físicamente que
se vayan a trabajar a un organismo público y la
incorporación de habilidades transversales que le
sirvan para la vida no específica y eso es, de acuerdo
con nuestro marco teórico, en lo que más
insistimos.”
Desde este “marco teórico”, expresado en el material de entrevistas
y en los documentos institucionales235, se desdoblan dos esferas a tener en
cuenta para la intervención. Una secundaria, el mercado de trabajo,
instrumental para que el individuo se pueda integrar a él y otra central, “en
lo que más insistimos”: la vida no específica, lo social en sentido amplio.
“Entonces, no es un programa de empleo, pero
impacta en la empleabilidad. No siempre impacta en
la mejora del empleo pero sí en el nivel de
empleabilidad como un producto secundario, porque
impacta en su inserción, en su autoestima o en su
cariño por sí mismo o en su utilidad social o llámenle
como quieran, pero lo más popular es el impacto en
la autoestima, porque se siente mejor. Primero,
porque siente que pertenece a algo que, en principio,
es un grupo y, segundo, porque se siente útil, porque
hace cosas y eso los legitima. Por eso el vector es lo
colectivo. Entonces con distintas herramientas lo que
hago es que la gente vuelva a creer que puede
incluirse desde otro lugar en la sociedad.”
235 Véase, por ejemplo, las palabras de la Directora Nacional de Desarrollo Ciudadano del MIDES, consistente con este “marco teórico”: “Mejorar las habilidades y destrezas en oficios, mejorar el nivel de escolaridad (...) son sin duda aportes sustantivos para alcanzar la inclusión en el mercado de trabajo y mejorar las estrategias de generación de ingreos. -Pero también se atienden otros problemas (....) el acompañamiento y la orientación para resolver problemas vinculados a la dinámica personal o familiar: violencia doméstica, adicciones, carencia en la documentación, entre otros.” (Mazzotti, 2009: 5)
216
El “argumento” que se pretende incorporar, permite establecer cuál
es el sentido de la intervención. Este puede identificarse en dos vías
estrechamente vinculadas entre sí:
•Una de estas vías refiere a la necesidad de “incorporar argumento”, es
decir, a la necesidad de que el sujeto integre ciertas habilidades y destrezas
que lo vuelvan un individuo capaz de vender su fuerza de trabajo y
volverse útil.
Una segunda vía, fundamental para esta concepción, “en la que más
insistimos”, refiere a la necesidad de “incorporar argumento”, es decir, a la
necesidad de transferir ciertos contenidos de carácter moral de forma tal que
el individuo se sienta parte de lo social y se integre a la comunidad a partir
de una incorporación moral.
Los argumentos que legitiman la intervención están determinados en
la búsqueda de la integración social en sus dos espacios posibles: el
mercado o la comunidad. Esta búsqueda se desarrolla a través de
mecanismos “naturales” o promoviendo la construcción de caminos
“artificiales” o de inserción, como dirá Castel (1997).
Delimita la intervención sobre los individuos en tanto se les
“incorpora argumento”, se mejoran sus “habilidades y destrezas” para
incorporarse al mercado laboral, pero no se interfiere con el mercado
laboral. El programa “no es un programa de empleo”, es un programa que
apunta a
“revertir las barreras que dificultan la inclusión al
mercado de trabajo y que refuerzan situaciones de
exclusión social. Aspectos vinculados a la socialidad,
al desarrollo de vínculos y a la integración a redes
217
sociales son especialmente atendidos (...)” (Mazzotti,
2009: 5)
Pero, sobre todo, se interviene sobre “la vida especifica” (¿otra
forma de referirse a lo social?) en tanto operar sobre aspectos normativo-
morales es legítimo cuando la población no logra manejarse sola en el
mercado; si recurrieron a la asistencia entonces es “natural” pensar que son
violentos, tienen problemas de drogas, etc. y por tanto desarrollar “el
acompañamiento y la orientación para resolver problemas vinculados a la
dinámica personal o familiar: la violencia doméstica, adicciones,
carencia de documentación, entre otros.” (Mazzotti, 2006: 5)
El pensamiento neoliberal -que respeta la libertad de los individuos,
su privacidad y la no interferencia del Estado – se articula con el
pensamiento conservador y tolera la sospecha sobre la integridad de
aquellos que aceptan su incapacidad para manejarse en el mercado y habilita
la intervención, incluso coercitiva, sobre ellos. De este modo los asistidos,
“los protagonistas”, intercambian su libertad por asistencia. El pensamiento
conservador sin límites puede desarrollar libremente su práctica moralizante
sospechando sobre la inmoralidad de aquellos infantilizados por no saber
participar adecuadamente en el mercado.
Al respecto sorprende la claridad con la que uno de los entrevistados
describió cómo se construye un sistema desdoblado de integración social: el
consumo, para aquellos integrados “naturalmente” o automáticamente, y la
participación (obligatoria) para aquellos que no acceden al consumo:
“La izquierda promueve un modelo, donde los
pobres, se integren mediante la participación y el
control, porque las clases medias nos integramos por
el consumo y no vamos a ninguna asamblea, y
nosotros, que nos integramos por el consumo, somos
218
los que promovemos la participación activa de otros,
les pedimos que gasten tiempo suyo para participar;
la gente también resuelve sus problemas por medio de
la participación, es decir, cobra, tiene una devolución
del servicio.” (Entrevista a director político del
MIDES)
El otro aspecto de legitimación, complementario con el anterior,
emerge de principios netamente conservadores y el discurso lo dice
claramente: estamos operando sobre “pobres merecedores” (Castel, 1997),
es decir, sobre sectores de población que se encuentran en esa situación por
elementos ajenos a su voluntad (en este caso, la emergencia). La pobreza se
categoriza en pobres merecedores de ayuda donde moralmente no surgen
resistencias legítimas para la intervención y aquellos pobres que no tienen
valores morales, hábitos de trabajo y, por tanto, es dudosa la legitimidad de
la asistencia.
“Vos tenés una población con grandes deseos de
cambiar, porque hubiera sido terrible que nadie se
hubiera anotado para trabajar. El problema de la
exclusión hubiera sido más grande, la calidad de la
exclusión y de los que viven fuera del sistema es tal
que te deja tranquila que se anotaron 15 mil. Pero si
hubiera habido cupos para 45 mil se hubieran
anotado 45 mil. Trabajo, con apoyo, con
capacitación, con odontología, oftalmología, paso a
ser un tema de mucha convocatoria, te muestra la
voluntad de la gente de cambiar.” (Entrevista a
Directora Política del MIDES)
Se observa un giro discursivo, no menor dentro de la tradición de la
izquierda uruguaya: las víctimas de las políticas neoliberales (Olesker,
219
2001) son ahora individuos que pueden integrarse si tienen voluntad de
cambiar. Por ende, no es la sociedad la que debe ser transformada – o al
menos no hay que esperar a la gran transformación social – sino que son los
individuos los que necesitan cambios para integrarse a ella. Paradójicamente
se implementa una batería de dispositivos socioeducativos tendiente a
“generar hábitos de trabajo” y “disciplinar” a esta población que de acuerdo
al propio discurso institucional, está dispuesta a trabajar con el objetivo de
duplicar el monto del ingreso ciudadano que le es otorgado sin necesidad de
hacerlo.
Esta aparente contradicción en el discurso se resuelve cuando
recurrimos al concepto de crisis adelantado en páginas anteriores. La
exclusión extrema de la población atendida aparece como resultado de la
crisis y no como producto de problemas estructurales de tipo moral de esta
población, entonces, resuelta la crisis por un gobierno responsable y serio,
el mercado vuelve a operar en forma adecuada y por tanto esta población
podrá, más tarde o más temprano, incorporarse a él sin problemas.
“La situación socioeconómica regional y nacional en
el año 2005, cuando el actual gobierno accedió a la
administración nacional, era extremadamente crítica,
debido principalmente a la crisis económica que
afectó a la región entre los años 1999 a 2002. En el
caso uruguayo la crisis tuvo consecuencias sociales
profundas (....) La respuesta inmediata a las
situaciones de mayor vulnerabilidad que posibilitó la
instrumentación del PANES abrió paso al diseño y
puesta en práctica de una estrategia de acción de
naturaleza distinta a la anterior, el denominado Plan
de Equidad (...) un sistema de protección moderno y
ajustado a las nuevas necesidades sociales (...)”236
236 De la Emergencia a la Equidad. Las políticas sociales del Gobierno Nacional (2005 – 2009) Uruguay Social. Consejo Nacional de Políticas Sociales. Montevideo 2009: 11, 16).
220
En síntesis, la intervención es legítima para el MIDES como
intervención moralizante, normativa. Se interviene para construir sociedad
donde no la hay, para construir solidaridad y para incorporar a los excluidos
a la sociedad en sus dos esferas posibles: el mercado o la comunidad.
Y es legítima porque no interfiere sobre el mercado. La garantía está
dada en que se interviene moralizando a aquellos que lo necesitan, es decir,
aquellos que están excluidos y no participan del mercado: los indigentes.
La prestación material es menor a la que se puede obtener en el
mercado y logra legitimarse como acción humanitaria de rescate ante la
“emergencia” como catástrofe: “(...) el procedimiento ideológico por
excelencia es reducir la crisis a un suceso externo, contingente en definitiva,
y descuidar, por lo tanto, la lógica inherente al sistema que engendra la
crisis.” (Zîzêk, 2010: 10)
Pero, sobre todo, está la garantía del efecto moralizante en tanto es
contrapartida de alguna exigencia normativa: mandar a los niños a la
escuela, vacunarlos, participar de las actividades del programa “Rutas de
Salida”, controlar el embarazo, etc.
La intervención se detiene instantáneamente en cuanto el individuo
ingresa al mercado. Frente a la integración del individuo al mundo del
trabajo formal con su correspondiente inscripción en el Banco de Previsión
Social, o frente a denuncias de “abuso” realizadas por vecinos u operadores
técnicos, se despliegan mecanismos de control con la participación de
asistentes sociales, vía convenio con la Asociación de Asistentes Sociales
del Uruguay (ADASU), cuyo resultado puede significar la interrupción de
la prestación.
221
De todos modos, la prestación igualmente se interrumpe después de
un plazo predefinido donde se puede suponer que si el indigente no se
integró es porque no logró apropiarse de las herramientas brindadas.
La articulación entre la intervención legítima para el pensamiento
conservador y los límites establecidos por la perspectiva neoliberal está
garantizada de manera pulcra: se interviene sobre aquellos individuos
deslegitimados para ejercer la libertad porque perdieron en el mercado y ese
fracaso legitima que la intervención asuma un carácter moralizante.
Un elemento que resulta interesante y sobre el cual queremos
detenernos es el que refiere a la clásica preocupación neoliberal que
establece que la intervención del Estado sobre el mercado, aunque sea con
las mejores intenciones, genera distorsiones que producirán, más tarde o
más temprano, peores males que los que se quiso evitar. Entonces la
intervención tiene que tener limitaciones externas a los individuos, que,
como fue indicado, pueden estar tentados, por simpatía, compasión o
flaqueza, a extralimitarse en la intervención. Entonces ¿quién es el
encargado de limitar esta intervención?, ¿es el propio Estado, quien es
precisamente al que se quiere limitar?
Aparece entonces un actor relevante: la tecnocracia “objetiva”. Los
técnicos ¿son objetivos?, ¿están capacitados para construir dispositivos
técnicos objetivos capaces de superar cualquier limitación humana?, ¿se
encuentran por encima de cualquier posición de clase, política, etc.?
Parecería que esto no resiste la menor crítica. Lo que parece estar
emergiendo es el papel de los organismos internacionales legitimando los
límites autoimpuestos, con criterios tecnocráticos. Acá el término
tecnocrático tiene su más perfecta acepción: gobiernan por encima de los
gobiernos imponiéndoles límites estructurales a la intervención tales como
el algoritmo, el límite a la intervención en dos años, etc. Responde a
“criterios técnicos” supuestamente objetivos. No deja de ser tentador
222
realizar un paralelismo entre la “infantilización” de la población objetivo
del PANES, y la de los operadores tecno-políticos del MIDES, regocijados
por las felicitaciones del Banco Mundial por que los programas del MIDES
fueron los más eficientes, los mejor focalizados, los que menos incurrieron
en dejarse sensibilizar por las exigencias de una población que se sentía
miserable, y que por obra de los criterios técnicos no lo era aunque no
tuviera qué comer.
VI. 2. ¿Cuál es el valor central que legitima la intervención?
Como ya fue adelantado, la intervención legítima se desprende de un
valor central que se quiere, mantener,237 preservar238 o conquistar239. De tal
forma los valores se estructuran en un orden prioritario de acuerdo a cada
perspectiva en el que a partir de un valor central se derivan los demás.
En tal sentido:
Para la perspectiva conservadora, el valor central que se busca
mantener a través de la intervención es la integración social y se
237 Si bien para el pensamiento conservador la integración social es constitutiva de lo social es preciso una acción social decidida para que la moral se mantenga. “Lo que motivó y determinó el desarrollo de la sociología (...) fue, por tanto, la percepción de la crisis en la cuestiones de la sociedad burguesa, la conciencia de la necesidad de hacer algo para evitar su desintegración o transformación en tipos diferentes de sociedad sin duda menos deseables.” (Hobsbawm, 1988: 380)238 Para el pensamiento liberal, la libertad, que es individual, es preexistente al Estado e incluso a la sociedad por lo que debe ser resguardada de ésta y sobre todo del Estado. La libertad es escencialmente propiedad privada (cf.Macpherson, 1979) de la que se derivan los demás valores. Veamos al respecto un bello pasaje del Capital: “¡Libertad!, porque el comprador y el vendedor de una mercancía, por ejemplo de la fuerza de trabajo, solo están determinados por su libre voluntad. ¡Igualdad!, porque sólo se relacionan entre sí en cuanto poseedores de mercancías. ¡Propiedad!, porque cada uno dispone solo de lo suyo. ¡Bentham!, porque cada uno de los dos se ocupa solo de si mismo” (Marx, 2002: 214). En fina ironía Marx sustituye la fraternidad por Bentham (Jeremy), padre del utilitarismo.239 La igualdad como posibilidad es el resultado de la lucha histórica de la humanidad y sus fuerzas progresistas. “Tal como en el caso de los derechos civiles y politicos, pero de modo aún más intenso, lo que se presenta como tarea fundamental en lo que se refiere a los derechos sociales no es el simple reconocimiento legal-positivo de los mismos, sino la lucha para tornarlos efectivos.” (Coutinho, 2002: 63)
223
garantiza a través de la participación entendida como el ser parte de
la comunidad y de los valores morales que ella contiene.
Para la perspectiva neoliberal, el valor supremo que limita las
intervenciones es la libertad, la cual está garantizada en el mercado
entendido como una instancia con leyes propias que regulan su
funcionamiento.
Para la perspectiva social o de la ampliación de la ciudadanía, el
valor supremo que guía las intervenciones es la conquista de la
igualdad y debe estar asegurada por el Estado en tanto contraparte
que garantiza el ejercicio de los derechos de ciudadanía.
De las entrevistas realizadas emergen claramente contenidos
vinculados a dos valores que asumen centralidad en los discursos
desplegados: la libertad y la solidaridad.
La prestación monetaria y la tarjeta de alimentos son solidarias con
la idea de libertad para operar como consumidor en el mercado de forma
más o menos libre (pues expresamente no se permite la compra de refrescos
ni bebidas alcohólicas). El pensamiento conservador acepta una
subordinación ante los principios liberales y se articulan de modo tal que la
integración, entonces, se despliega como posibilidad, siempre y cuando ésta
sea realizada en el mercado. Es decir, los valores conservadores participan
controlando y disciplinando a esta población siempre que el objetivo sea la
integración al mercado.
“Te encontras con un hogar donde el nivel educativo
es primero o segundo de escuela cuando lo hay, gente
que hace muchos años que no tiene trabajo formal o
nunca tuvo, claro que de algo vive, se rebuscan pero
hace años que no tiene trabajo formal.” (Entrevista a
Directora Política del MIDES)
224
El problema detectado es claramente de integración: falta de
integración en el sistema educativo, falta de integración al trabajo formal e
incluso una sospecha: “de algo viven”. La resolución apunta a integrar,
integrar al mercado, habilitar niveles controlados de libertad para que el
individuo la utilice y se integre progresivamente de la mano de la libertad
que da el dinero:
“Por eso peleamos tanto por la tarjeta porque la
familia tenía que hacer horas de cola para acceder a
una canasta que no es una canasta, es una bolsa
donde alguien decidió lo que tenía que comer a una
tarjeta donde la persona decide qué es lo que quiere y
sólo tiene prohibido comprar cigarros, alcohol y
bebidas cola, y tu lo ves porque nosotros entramos y
vemos lo que compra la gente, y de pronto vemos que
compró las cosas para un cumpleaños, lo que
compran es alimentos perecederos,
yerba.” (Entrevista Ministra de Desarrollo Social)
Libertad limitada, “prohibido comprar cigarros, alcohol y bebidas
cola”. Los niños se educan así brindándoles crecientes niveles de libertad y
también, como con los niños, mediante una libertad controlada: “nosotros
entramos y vemos qué compra la gente”; se destaca la compra de “cosas
para un cumpleaños (...) yerba”. Fruición del pensamiento conservador:
“están integrados”, comparten valores del resto de la sociedad (“festejan los
cumpleaños”), comparten la identidad nacional (compran “yerba”, toman
mate como buenos uruguayos que son).
Resulta interesante hacer un rodeo para pensar el mecanismo de la
transferencia de ingresos a través del ingreso ciudadano: ¿por qué una
prestación en dinero? El dinero posee una simbología que dificulta
225
enormemente su legitimación como prestación y esto no se resuelve
satisfactoriamente ni siquiera acompañado de la exigencia de
contraprestaciones. La frase que se escuchaba desde el sentido común a
nivel popular, “les están regalando dinero”, resulta devastadora. No es lo
mismo decir “tienen hambre y les están dando comida” o “tienen frio y los
están abrigando”.
El propio Marx señalaba que, en esencia, el dinero de regalo
responde a la propia lógica de la reproducción de la miseria. Recordemos
que lumpem no es otra cosa que miserable: “Obtener dinero regalado y
prestado: a eso se limita la economía política del
lumpemproletariado.” (Marx, 1986A: 447)
En primer lugar emerge una explicación de carácter ideológico. El
dinero no es otra cosa que la esencia de la libertad burguesa, decía Borges
en el Zahir:240
“El dinero es abstracto, repetí, el dinero es tiempo
futuro. Puede ser una tarde en las afueras, puede ser
música de Brahms, puede ser mapas, puede ser
ajedrez, puede ser café, puede ser las palabras de
Epicteto, que enseñan el desprecio del oro (...) una
moneda simboliza nuestro libre albedrío.”
Si el dinero es el símbolo de la libertad burguesa es porque en tanto
su presente revela todo sus futuros posibles oculta su único pasado posible;
el dinero no es otra cosa que trabajo condensado, oculta su verdadera
esencia escondida en su pasado: explotación y esclavitud:
“El otrora poseedor de dinero abre la marcha como
capitalista; el poseedor de fuerza de trabajo lo sigue 240 Disponible en: http://www.literatura.us/borges/elzahir.html Consulta: 22/1/08.
226
como su obrero; el uno, significativamente, sonríe con
ínfulas y avanza impetuoso; el otro lo hace con recelo,
reluctante, como el que ha llevado al mercado su
propio pellejo y no puede esperar sino una cosa: que
se lo curtan.” (Marx, 2002: 214)
De aquí se desprende otro orden de explicaciones, mucho más
pragmático: el dinero es trabajo condensado, su valor ya se expresó y
representa a todas las mercancías en tanto puede comprarlas. De este modo,
cualquier otra mercancía resulta en trabajo presente, es decir asistir con
cualquier otra mercancía (alimentos, vivienda, etc.) supone una interferencia
en el mercado. Hay que comprar esa mercancía, almacenarla, preservarla,
distribuirla, controlar su entrega, etc.
Es inevitable la interferencia en el mercado pues se benefician
empresas, se genera empleo y, sobre todo, aumentan enormemente los
costos para el Estado. La burguesía descubrió tempranamente que la
esclavitud era disfuncional y que es más barato pagar un salario que hacerse
cargo de la reproducción de la vida del trabajador. Luego que entrego el
salario me desentiendo si ese salario alcanza para comprar comida
adecuada, pagar viviendas confortables, etc. ya que el salario es justo pues:
“La esfera de la circulación o del intercambio de mercancías, dentro de
cuyos límites se efectúa la compra y venta de la fuerza de trabajo, era, en
realidad un verdadero Edén de los derechos humanos innatos.” (Marx,
2002: 214)
La libertad como valor a preservar también se revela cuando los
programas apuestan al emprendedurismo. “Construyendo Rutas de Salida”
pretende convertir a los pobres – no sólo a los indigentes, aunque éstos
tenían su participación obligada como forma de libertad limitada - en
“empresarios”. La propia Ministra revelaba su asombro, al tiempo que
aportaba una pista más para el análisis: “yo si tengo que salir a hacer un
227
emprendimiento me muero de hambre pero Economía nos dijo….”,
haciendo referencia a las exigencias del Ministerio de Economía y Finanzas.
La pista orienta el análisis hacia la forma en que opera el valor
libertad en los discursos y la prácticas del Ministerio que parecen estar
diciendo “la libertad es importante, eso nos dijeron, pero nuestra
preocupación es integrar a los excluidos que carecen de normas y valores”.
La libertad es ante todo la libertad del mercado, respetar el libre
juego de la oferta y la demanda, no es la libertad de los “protagonistas” que
mal operan en el mercado. La mayor parte de los principios rectores que
regulan las prácticas del MIDES les fueron impuestos, son previos a la
intervención, son preconstruidos e, incluso, así como la Ministra dejaba
entrever su descreimiento en las posibilidades del emprendedurismo, otros
operadores simplemente confesaban que no entendían cómo funcionaba el
algoritmo.
En verdad la preocupación más convincentemente presentada por los
operadores tecno-políticos y por los técnicos del MIDES es una
preocupación moral, característica del pensamiento conservador, que se
expresa como preocupación por la comunidad entendida como refugio de
este valor, como espacio en donde el individuo se encuentra integrado y
participa de una instancia superior que lo integra y lo constituye en un ser
moral, con “autoestima”.
“La exclusión es precisamente la imposibilidad de
participar. La participación, en principio, para ser
efectiva y mantenerse en el tiempo tiene que ser
voluntaria. Partimos entonces de mecanismos para
promover y facilitar la participación, algunos con
determinado tipo de obligaciones: tenemos grupos que
trabajan en lo socioeducativo en el programa
228
Construyendo Rutas de Salida. En el programa
Mejoramiento del Hábitat también se promueve cierta
participación. Cerca de treinta mil hogares pasaron
por Rutas de Salida y Mejoramiento del Hábitat, la
participación fue buena. (Entrevista a Director
Político del MIDES)
De nuevo aparece el tema de la libertad limitada; la participación es
esencialmente voluntaria “para ser efectiva y mantenerse en el tiempo” pero
la libertad tiene límites pues recordemos que la participación de los
“protagonistas” es obligatoria como contrapartida del Ingreso Ciudadano.
“La participación en su barrio, vamos a hacerlo más
práctico, o en su casa, y sentir que ese lugar de
familia jodida o de barrio jodido, todos los espacios
colectivos, creer de vuelta que puede ser útil y pensar
que puede de vuelta significar distinto todos los
espacios colectivos. Para mi ese es el eje, cualquier
espacio colectivo tiene efectos terapéuticos, efectos de
mejora.” (Entrevista a Director Político del MIDES)
Curiosa concepción que remite a la idea de cierta patologización de
la pobreza: el espacio colectivo “tiene efectos terapéuticos”. La esencia del
pensamiento conservador está en que no importa si la familia es “jodida” o
si el barrio es “jodido” dado que lo relevante es la percepción que se tiene
de ellos. Por lo tanto, se vuelve necesario trabajar sobre la “autoestima”, es
decir, resignificar: lo material se vuelve secundario cuando la moral se
mantiene en alto.
Los valores que a través de los discursos analizados legitiman la
intervención y que, asimismo, deben ser promovidos por ésta son
fundamentalmente la libertad y la solidaridad en tanto garante de la
229
integración social, mientras que la igualdad solo aparece marginalmente y
desprovista de cualquier arista socialista. El problema es, a lo sumo, la
riqueza excesiva y la pobreza extrema. La igualdad no aparece como un
valor que cuente con soportes materiales para su promoción:
“Nosotros desde acá es una bandera de la cual no nos
vamos a desprender: la pobreza existe porque hay una
concentración excesiva de la riqueza y no hay una
distribución, no sólo de ingresos sino de la riqueza.
Riqueza entendida no sólo en términos monetarios sino
también de recursos, de cultura y todo lo que conlleva
eso, acceso a la salud y educación, educación
permanente, y no sólo la formal sino también la
educación social. Si no cambiamos los roles de unos no
cambiaremos los roles de los otros, mientras haya
excesiva concentración de riqueza va a haber pobreza
extrema. ” (Entrevista a Director Político del MIDES)
El carácter ingenuo del planteo se observa en su pretensión de
alcanzar la igualdad a partir de la “educación social” por la cual los roles de
unos y otros se verían transformados y expresa así un valor esencialmente
conservador, por el que la acumulación capitalista es vista como un
problema moral pasible de ser resuelto a través de la educación social. La
primera alusión a la distribución de la riqueza entre nuestros entrevistados
aparece con un envase ingenuamente conservador.
La igualdad como valor se presenta claramente como una
orientación apenas residual y esencialmente semántica. Aparece señalada en
los discursos de algunos operadores, pero los límites a su incidencia son
precisos y quedan desnudos en la propia construcción discursiva de los
pocos que mencionan este valor.
230
Estos límites pueden organizarse en dos complementarios y, si bien,
ambos son ideológicos, uno aparece revestido de una racionalidad técnica
férrea. El primero de estos límites, puramente ideológico, lo
denominaremos como el espacio ideológico. El segundo, tan ideológico
como el anterior pero revestido de una racionalidad discursiva tecnocrática,
es definido como el “espacio fiscal”.
i) El espacio ideológico existente para una propuesta que apunte a
generar igualdad se expresa en la propia autocensura del proponente, que es
consciente de que la cuestión social hegemónica deja poco margen, poco
espacio ideológico a una propuesta que apunte a la igualdad.
“Nosotros queremos ir hacia un enfoque universal. Es
más en el Plan de Equidad se define la focalización
como algo complementario. La idea es que todos
tengan las mismas oportunidades y derechos. Esa
universalidad de las políticas sociales para nosotros
es central.” (Entrevista a Director Político del
MIDES)
Esa centralidad de la política universal se presenta rápidamente
como una aspiración del entrevistado que reconoce el poco espacio
ideológico con que cuenta para su concreción:
“Porque en realidad, yo creo que si vos aseguras, un
piso, un patamar como se dice en Brasil, mil pesos
para comprar comida, lo demás tiene que conseguirlo
a través de un empleo, pero si usted consigue el
empleo, no se lo vamos a descontar, no va a perder.
Pero usted quiere mejorar su nivel de vida, salir de
vacaciones, comprarse calzado, consiga un empleo,
pero esto no lo pierde. Por supuesto, la discusión de
231
siempre, ah! se lo vas a dar a los ricos también, pero,
bueno, se supone que con el IRPF241 me lo va a
devolver. Me va a dar más de lo que va a
recibir.” (Entrevista a Director Político del MIDES)
Los límites son claros: mil pesos, algo así como cuarenta dólares, “la
posibilidad de comprar comida”, muy por debajo del límite de la indigencia.
El planteo del operador apunta a lograr mínimos niveles de intervención del
Estado en la búsqueda de la igualdad pero reconoce y es consciente de
contar con poco margen para pasar los filtros ideológicos colocados por una
cuestión social ganada por el pensamiento conservador y neoliberal.
Y ni siquiera esta modesta propuesta de universalizar un ingreso
mínimo logró imponerse y la intervención se mantiene focalizada y siempre
dentro de parámetros muy estrechos.
“Para el régimen de Asignación Familiar, nosotros
hoy estamos cubriendo 230 mil niños en el nuevo
régimen, al cabo del año vamos a llegar 330 mil
niños. Para el 2009 la proyección es de 500 mil niños,
200 mil más. Lo mismo pasa con todas las demás
medidas, quiere decir que son costos incrementales
sobre la rendición de cuentas aprobada en el 2008. Y
esto es producto de la nueva atención. La meta es
llegar a todos los hogares que están por debajo del
umbral de la pobreza, no de la indigencia”.
(Entrevista a Director Político del MIDES)
Más allá de si la intervención es sobre la indigencia o la pobreza es
la focalización lo que se presenta como un claro límite que continúa
operando. Asimismo, estos programas focalizados se articulan fuertemente
241 Impuesto a la Renta de las Personas Físicas.
232
con las perspectivas neoliberal y conservadora. La Asignación Familiar es
una tradicional prestación monetaria destinada a los niños que concurren al
sistema educativo formal y esta suerte de focalización sobre los niños
pobres que asisten al sistema educativo formal es doblemente legítima para
ambas perspectivas.
Es legítima para la perspectiva liberal que concibe la igualdad solo
como punto de partida (cf. Hobsbawm, 1994: 77) y la educación básica
como derecho es legítima pues es lo que garantiza para esta perspectiva la
igualdad como punto de partida, tal como lo afirmó el propio economista
liberal Alfred Marshall que legitimaba la obligatoriedad de la educación en
una sociedad civilizada (cf. Marshall, 1963).
Y es, indudablemente, legítima para la perspectiva conservadora, en
la que la educación es conditio sine qua non para la integración social en las
sociedades modernas.
Asimismo, la legitimidad, indudable para cualquier perspectiva, está
dada porque los destinatarios de la prestación son los niños, es decir,
población que no debe trabajar y tiene como condición su incorporación al
sistema educativo formal. La asignación familiar atiende a niños ya no bajo
la línea de indigencia sino también a aquellos en situación de pobreza.
Como ya vimos, la asistencia a los niños no ofrece ningún reparo para
ninguna perspectiva. Cabe señalar que esta prestación sólo está dirigida a la
infancia y deja sin cobertura a la población adulta, incluso si se encuentra en
situación de indigencia, que antes recibía las prestaciones del Plan de
Emergencia.
Como vimos, el espacio ideológico para la incorporación del valor
igualdad es realmente muy estrecho y queda reducido a su expresión apenas
semántica.
233
ii) El espacio fiscal acaba siendo la tan difundida imbricación de la
política social con la política económica donde, históricamente, la primera
ha sido subordinada a la segunda:
“En segundo lugar, la necesidad de tener un visión de
conjunto de todo el gobierno, las políticas sociales, las
públicas y las económicas. Imbricar la política
económica con la social y dejar de hacer subsidiaria
la política social de la económica o tratar de romper
ese paradigma de política social compensatoria. No
puede ser el remiendo de los impactos de la política
económica.” (Entrevista a Director Político del
MIDES)
Pero esta imbricación se define claramente cuando las políticas
sociales desarrolladas lo son en función del espacio fiscal existente para su
financiación y no a partir de las necesidades concretas de la población o de
la necesidad de garantizar el ejercicio de derechos, quedando claro que la
política social permanece subsidiaria o, al menos, dependiente y
subordinada a la política económica:
“Con economía tuvimos una fatigosa discusión,
principalmente al cerrar los números para el Plan de
Equidad. Con el Plan de Emergencia no, porque
Tabaré ya había dispuesto un fondo global de
doscientos millones de dólares que terminaron siendo
doscientos veinte millones ejecutados.” (Entrevista
Director Político del MIDES)
Como fue dicho, el Plan de Emergencia ya tenía definido su
presupuesto antes de tomar contacto con la población, los recursos ya
estaban definidos. Pero el Plan de Equidad debe negociar con el Ministerio
234
de Economía cuál va a ser el gasto en adelante, los límites a la “equidad”
son claramente impuestos:
“Con el Plan de Equidad se dio una discusión muy
franca, la Ministra y nosotros mismos tuvimos varias
reuniones (...) la reforma de equidad tiene dos grandes
pilares, el de las reformas estructurales y el de la red
de asistencia transformada, donde básicamente están
las asignaciones familiares, la asistencia a la vejez,
etc. Y teníamos proyectado ciento cuarenta y cuatro
millones de dólares y terminamos en ochenta y cinco
millones. Claro, vos decís, ¿cuánto te lleva el Plan de
Equidad en el 2008? ¿Te cuesta ochenta y cinco
millones?, no te cuesta setenta millones más, que
implica la primera etapa de la reforma de la salud, y
yo tengo que sumar que por el Sistema Nacional
Integrado de Salud se va a beneficiar a capas pobres,
entonces ahí sí cierro ciento cincuenta millones. De
todas maneras hubo un recorte si no hubieran sido
más de doscientos millones. Lo que pasa es que el
espacio fiscal, más allá de nuestras diferencias, pues
lo entendimos, no daba para hacer un aumento de la
red de asistencia de doscientos millones de dólares
por año. De todas maneras, y está a texto expreso en
la Ley de rendición de cuentas, que este Plan de
Equidad en su componente Red de Asistencia va a
tener criterios de progresividad y
gradualidad.” (Entrevista a Director Político del
MIDES)
La expresión “espacio fiscal” revela inmediatamente su origen
ideológico. La disciplina fiscal rigurosa fue el principal argumento de los
235
organismos internacionales para imponer en América Latina las reformas
estructurales neoliberales (cf. Grassi et all, 1994), tal como lo establece el
gurú de estas reformas procesadas en los ochenta y noventa en América
Latina:
“Aunque la década de los años ochenta representó
una década perdida para América Latina en cuanto al
mejoramiento del nivel de vida de la población,
constituyó en cambio un decenio sumamente
productivo en cuanto al progreso de las ideas. No sólo
fue una década en que el régimen democrático, en
general, quedó arraigado, sino que en ella se produjo,
además, una evolución decisiva hacia la aceptación de
formas modernas de organización económica, que
incluyó sistemas económicos orientados hacia el
exterior, liberalizados, en cuyo marco se llevaron a la
práctica programas macroeconómicos
prudentes.” (Williamson, 1993: 175)
El progreso de las ideas a las que refiere Williamson logró un
arraigo tal que la propia izquierda, abanderada en la lucha ideológica contra
el neoliberalismo, mantiene un respeto inesperado por los “programas
macroeconómicos prudentes” cuando accede al gobierno.
El pensamiento neoliberal es derecho-fóbico, vigila para que las
políticas sociales sean estrictamente focalizadas y respeta los programas
macroeconómicos prudentes. La expectativa del entrevistado en relación al
crecimiento del gasto ya en la propia manifestación esconde el límite: el
crecimiento va a ser a través de la “progresividad y gradualidad”. La
libertad es para el pensamiento neoliberal opuesta a la seguridad. El gasto,
por tanto, no está calculado en relación a los riesgos que se quiere prevenir
sino a la disponibilidad fiscal.
236
El gasto social siempre está sujeto a evaluación, nunca genera
seguridad, nunca genera derechos, y la posibilidad de recorte es paradójica
pues responde al “espacio fiscal” y lo paradójico está dado porque cuando
más se necesita es cuando el “espacio fiscal” es más estrecho. La
“progresividad y gradualidad” habla de un “espacio fiscal” que se amplía
porque se aleja de la crisis que es cuando más se necesita la asistencia y
entonces, cuando nos apartamos de la crisis, el recorte es posible porque la
población a ser asistida se reduce, la pobreza extrema cede con la mejora de
la economía, hay “espacio fiscal” pero la población empobrecida se reduce.
El “espacio fiscal” es el dispositivo neoliberal más perfecto pues siempre
brinda argumentos para reducir la intervención del Estado.
VI. 3. ¿A través de qué principio de justicia se orienta la
intervención?
La conformación de un “orden intelectual y moral” (Gramsci, 1995:
145) supone procesos de construcción de hegemonía por parte del grupo
dominante. Los intelectuales cumplen la función de dar coherencia a esta
construcción:
“Los intelectuales son los `comisarios´ del grupo
dominante para el ejercicio de las funciones
subalternas de la hegemonía social y del gobierno
político, esto supone: 1) el consenso `espontáneo´
dado por las granes masas de la población a la
orientación impresa por el grupo fundamental
dominante a la vida social (...) 2) el aparato de
coerción estatal que asegura `legalmente´ la
disciplina de los que no `consienten´, ni activa ni
pasivamente (...)”
237
Es claro que en esta construcción los intelectuales deben presentarse
como intérpretes de alguna instancia superior y, en tal sentido,
“La más típica de estas categorías de intelectuales es
la de los sacerdotes, que monopolizaron durante
mucho tiempo (en una entera fase histórica que es
parcialmente caracterizada por este monopolio)
algunos servicios importantes: la ideología religiosa,
es decir, la filosofía y la ciencia de la época, a través
de la escuela, de la instrucción, de la moral, de la
justicia, de la beneficencia, de la asistencia,
etc.” (Gramsci, 1995: 5)
La referencia es inequívoca: el principio rector es divino y el
sacerdote es apenas un intérprete de sus designios.
El orden feudal tenía garantizada la integración social a través de
una hegemonía férrea e incuestionable, donde de acuerdo con Durkheim
(1995), la solidaridad se construía a través de la igualdad de la conciencias,
conciencia individual y conciencia colectiva se confundían y la religión era
constitutiva del orden social.
Como fue dicho, la revolución burguesa dinamiza el pensamiento
sobre lo social, sea por el proceso de secularización o por el pasaje de las
sociedades de solidaridad mecánica a sociedades de solidaridad orgánica.
Los cierto es que la búsqueda de legitimidad para fundar la hegemonía debe
buscar otras referencias,
“Las dos tendencias filosóficas dominantes se
subordinaban, ellas mismas, a la ciencia: el
positivismo francés, asociado a la escuela del curioso
238
Augusto Comte, y el empirismo inglés, asociado a
John Stuart Mill (...).” (Hobsbawm, 1996: 350)
La referencia deja entonces de ser a la religión para construir un
nuevo principio de justicia que debe ser buscado en la naturaleza; descubrir
las leyes de la naturaleza es el papel de la ciencia y estas leyes deben ser
respetadas.
Los procesos de naturalización de la justicia se dividen en
conservadora y liberal; en ambos casos la fuente de justicia se encuentra
garantizada por esferas que la han construido históricamente y deben ser
respetadas: “la comunidad” y “el mercado”. En el caso del pensamiento
conservador, la posición de Durkheim es indudable. Las leyes que regulan
la vida social, leyes inmutables que deben ser respetadas, son naturales,
sociedad y naturaleza son equivalentes dado que la sociedad es parte de la
naturaleza y en tanto tal funciona con las mismas leyes,
“Pero interpretar de esta manera una teoría
sociológica del conocimiento es olvidarse que, si la
sociedad es una realidad específica, no es entretanto
un imperio dentro de un imperio; ella forma parte de
la naturaleza, es su más alta manifestación.” (1973:
520)
Del otro lado, el pensamiento liberal va a establecer la existencia de
leyes, también naturales, que fueron obstaculizadas en su funcionamiento
por las viejas tutelas y sujeciones. Precisamente la “comunidad”, tan
preciada para el pensamiento conservador, aprisionaba al hombre
potencialmente libre no permitiéndole desarrollar sus capacidades,
“La guerra declarada a la comunidad se lanzó en
nombre de la liberación del individuo de la inercia de
239
la masa. Pero la finalidad genuina, aunque no
manifiesta, de esa guerra era en extremo opuesta a su
objetivo declarado: desmontar los poderes
comunitarios creadores de pautas y roles, de tal modo
que las unidades humanas despojadas de su
individualidad pudieran condensarse en la masa
trabajadora.” (Bauman, 2005: 36)
En tal sentido, las esferas de construcción del principio de justicia
son dos: la comunidad y la sociedad. Cada una de estas esferas es expresión
de valores contrapuestos, pero de algún modo complementarios.
La comunidad es la esfera del reconocimiento y de la protección,
pero también de las tutelas y el control moral. Es el espacio del trabajo con
sentido y la cooperación. La sociedad es la esfera del anonimato, el
individualismo y la libertad, la competencia y la exigencia de productividad
en el trabajo. De acuerdo con Weber (1997: 33) :
“Llamamos comunidad a una relación social cuando y
en la medida en que la actitud en la acción social – en
el caso particular, por término medio o en el tipo puro
– se inspira en el sentimiento subjetivo (afectivo o
tradicional) de los partícipes de constituir un todo.
Llamamos sociedad a una relación social cuando y en
la medida en que la actitud en la acción social se
inspira en una compensación de interés por motivos
racionales (...) Los tipos más puros de `sociedad´ son:
a) el cambio estrictamente racional con arreglo a
fines y libremente pactado en el mercado: un
compromiso real entre interesados contrapuestos que,
sin embargo se complementan.”
240
El principio de justicia en el mercado es inequívoco, es la esfera de
la construcción e intercambio de valores:
“No cabe duda que uno de los principales fines de la
política deberá ser la adecuada seguridad contra las
grandes privaciones y la reducción de las causas
evitables de la mala orientación de los esfuerzos y los
consiguientes fracasos. Pero si esta acción ha de tener
éxito y no se quiere que destruya la libertad
individual, la seguridad tiene que proporcionarse
fuera del mercado y debe dejarse que la competencia
funcione sin obstrucciones (...) y que Benjamin
Franklin expresó (...) `Aquellos que cederían la
libertad esencial para adquirir una pequeña seguridad
temporal no merecen ni libertad ni seguridad
´” (Hayek, 2006: 172)
En oposición, la comunidad es la esfera de las protecciones, al decir
de Castel (1997: 36), de la “protección cercana”,
“Estas comunidades tendían así a funcionar como los
sistemas autorregulados u homeostáticos, que
recomponen su equilibrio movilizando sus propios
recursos. Se realizaba la reafiliación sin cambiar el
marco de referencia (...) Era posible que por esta
asistencia hubiera que pagar un precio muy alto,
soportar una superexplotación, pequeñas
persecuciones o un pesado desprecio. La vida del
idiota de la aldea, por ejemplo, tolerado y en parte
sostenido por su comunidad, no era sin embargo
paradisíaca.”
241
Los procesos de naturalización como garantía de la dominación
fueron detectados en Bourdieu como constitutivos de la doxa:
“A eso me refiero con doxa: hay muchas cosas que la
gente acepta sin saberlo. Le voy a dar un ejemplo
tomado de nuestra sociedad. Si usted toma un grupo
de personas y les pregunta cuáles son los factores
principales de éxito en los estudios, cuanto más baje
en la escala social encontrará más personas que creen
en el talento natural o la aptitud, más creen que son
estúpidos, y dicen: `Yo no era bueno en lengua, no
servía para inglés, no era bueno en matemáticas
´” (2008: 299)
En concordancia con esto, la lucha histórica de la perspectiva social
o de ampliación de la ciudadanía, va a ser, precisamente la
desnaturalización de las fuentes de la justicia, la exigencia de justicia social,
vale decir: social, construida socialmente y no natural.
Es claro que esta lucha no deja de apelar a construcciones un tanto
abstractas tales como vivienda digna o incluso directamente absurdas como
salario justo. Pero, en última instancia, la desnaturalización significa
precisamente eso: desligar la idea de justicia de cualquier fuente
naturalizada.
En definitiva, como señala Bobbio (1995: 77), esta es la diferencia
entre derecha e izquierda. De un lado, la sacralización de lo existente y, del
otro, la profanación y la exigencia de transformación:
“La distinción entre derecha e izquierda se resuelve
en última instancia en la distinción entre sacro y
profano, en el interior de la cual encuentra su puesto
242
otras diferencias, como aquella entre orden jerárquico
y orden igualitaria y aquella entre postura
tradicionalista favorable a la continuidad y postura
abierta a lo nuevo o progresista, favorable a la
ruptura, a la discontinuidad.”
Lo que se percibe en la construcción discursiva que realiza el
MIDES, es precisamente lo contrario a esta desnaturalización de las fuentes
de justicia. Se destaca a partir del análisis una clásica construcción dual,
donde comparecen, como las esferas naturales de construcción de la justicia,
el mercado y la comunidad y esto es parte constitutiva de los procesos de
desresponsabilización del Estado frente a los problemas entendidos como
sociales.
Se visualizan de un lado, claros procesos de refilantropización de la
atención a lo social, ya clásicos en la ofensiva neoliberal,
“Las políticas sociales se articulan también con las
reformas económicas neoliberales por medio de la
privatización de las políticas públicas sociales
mediante la tercerización y mercantilización de los
servicios de asistencia (...) La privatización de
servicios es funcional como mecanismo para aliviar
presiones fiscales y la descentralización para delegar
parte de la responsabilidad de las políticas sociales
hacia agencias gubernamentales menores u Ongs. de
la sociedad civil. Así pues, compensación social y
privatización de las redes de seguridad van
acompañadas de un cierto desplazamiento de
responsabilidades de protección hacia la sociedad
civil y la familia.” (Serna, 2007: 3)
243
El argumento de fondo, fuertemente ideológico, va a establecer que
son las organizaciones de la sociedad civil las que tienen un conocimiento
inmediato de la problemática de los sectores excluidos. Esto se
complementa con un proceso de desprofesionalización de la atención a los
problemas sociales, al punto que el MIDES envió al parlamento el proyecto
de Ley No. 17.885 para permitir la participación de voluntarios en los
programas sociales,
“Ley Nº 17.885 VOLUNTARIADO SOCIAL:
Artículo 1º. (Objeto de la ley).- La presente ley tiene
por objeto reconocer, definir, regular, promover y
facilitar la participación solidaria de los particulares
en actuaciones de voluntariado en instituciones
públicas, directamente o a través de organizaciones
privadas sin fines de lucro, nacionales o extranjeras.
Artículo 2º. (Definición del término voluntario
social).- Se considera voluntario social a la persona
física que por su libre elección ofrece su tiempo, su
trabajo y sus competencias, de forma ocasional o
periódica, con fines de bien público, individualmente o
dentro del marco de organizaciones no
gubernamentales sin ánimo de lucro, oficialmente
reconocidas o no, o de entidades públicas nacionales
o internacionales, sin percibir remuneración alguna a
cambio.”242
Si bien la expectativa está siempre centrada en la reducción de la
pobreza, en alcanzar una distribución más justa de los ingresos, etc., surge
como diferencia el dónde debe encontrarse el principio de justicia que
garantice estos valores. No se concibe como legítimo que una mejor
distribución de la renta sea producto de una intervención decidida desde el
242 Disponible en: www.parlamento.gub.uy. Consulta: 23/2/2009.
244
Estado, ya que la justicia debe surgir de aquellas esferas naturalizadas que
son el “mercado” o la moral en su reservorio natural, o sea, la “comunidad”.
Esto permite comprender por qué la preocupación central del
MIDES se orienta a transferir componentes educativos que permitan al
individuo una mejor interacción allí donde se administra la justicia: el
mercado o la comunidad. En tal sentido, los componentes a incorporar
deben ser buscados allí mismo, en la comunidad, recuperando el espíritu de
la caridad y la filantropía que derivan precisamente de la comunidad.
Por eso la creación de una Ley de Voluntariado Social: los
voluntarios tuvieron un papel importante en el momento de administración
de la justicia, es decir, en el momento en que se determinaba quiénes eran
los legítimos beneficiarios del PANES. Los verdaderos protagonistas de
todo este proceso fueron los voluntarios que junto a los estudiantes
participaron de toda esa enorme puesta en escena que fueron los
desembarcos:
“De los cuarenta y un hogares previstos se hicieron
más. En la Estanzuela había una estación de trenes
bellísima que debió tener sus años mozos y enaltecer y
embellecer el lugar, que ahora ha pasado a ser una
especie de pueblo fantasma. Aquí apareció un
fenómeno alucinante: los vecinos nos buscaban por
donde andábamos para llevarnos directamente a los
hogares que sabían que estaban con problemas
económicos importantes.”243
Del mismo modo, las llamadas Organizaciones de la Sociedad Civil
son las encargadas de transmitir valores, conocimientos, etc. sin mayor
243 Testimonio de un voluntario en “Mano con mano. Somos Protagonistas”, Ministerio de Desarrollo Social, Marzo 2007.
245
control desde el MIDES que confía que los contenidos surgen de la propia
comunidad organizada:
“Hay que tender puentes de todos lados. Nosotros
somos muy vigilantes en lo que hacen las
organizaciones sociales, también respetamos las
autonomías y ciertas metodologías, porque hay una
riqueza formidable. El MIDES podría haber llamado a
concurso y armar 50 equipos técnicos, era muy difícil,
pero además, seguimos creyendo igual que la mayoría
de los que trabajamos acá, de que el trabajo con la
sociedad civil es muy importante.” (Entrevista a
Director Político del MIDES)
Los procesos que naturalizan la fuente de la justicia justifican la
tendencia hacia la desprofesionalización de la administración terminal de las
políticas sociales. Los componentes centrales a administrar son valores que
están contenidos en la propia comunidad o la sociedad y las organizaciones
que se han dado “naturalmente” en estas esferas: las empresas y las
organizaciones de la sociedad civil. La profesionalización en la
administración terminal de las políticas sociales supone la idea de derecho
social. La administración profesional implica una relación burocrática
donde se realiza la “administración imparcial (...) sine ira et studio, `sin
resentimiento ni prejuicio´, él [el burócrata] administrara su cargo” (Weber,
1982: 116). El voluntario es empujado a la acción por sus valores y
convicciones, estos valores se encuentra más próximos de la caridad y la
filantropía que de la gris y rutinaria noción de derecho.
246
VI. 4. ¿Qué concepción de ciudadanía expresa?
Ciudadanía es el concepto opuesto al de cuestión social. Una
sociedad de ciudadanos es aquella que garantiza a sus integrantes libertad,
integración en tanto participación activa en la construcción de la sociedad e
igualdad, que equivale a afirmar, en otros términos, la posesión de derechos
civiles, políticos y sociales.
Ya la formulación revela el carácter burgués del concepto - por tanto
concepto y no categoría – procesando la ya clásica ruptura entre lo social, lo
político y lo económico. La contradicción se revela tan solo recordando que
sociedad no es más que la traducción latina de polis. El propio Marshall
(1963: 61) dará cuenta de esta ruptura:
“Tras separarse, los tres elementos de la ciudadanía
en seguida perdieron el contacto, por decirlo
coloquialmente. El divorcio entre ellos se consumó
hasta tal punto que, sin forzar demasiado la precisión
histórica, es posible asignar el período formativo en la
vida de cada uno de ellos a un siglo diferente.”
Para rastrear los orígenes del concepto es preciso, como en la
mayoría de los conceptos políticos, remitirse al pensamiento clásico griego
(cf. Bobbio, 1992). Pero en su forma moderna, vale decir, con pretensión
universal - no hay que olvidar que la política griega era reservada a los
ciudadanos, quedando excluidos las mujeres, los extranjeros y los esclavos
- la referencia obligada es Kant:
“Los miembros de tal sociedad (societs civilis), es
decir, de un Estado, que están unidos para el fin de
elaborar leyes, son llamados ciudadanos (cives). Tres
son los atributos jurídicos inseparablemente
247
vinculados a la naturaleza del ciudadano como tal:
primero, la libertad legal de obedecer solamente a la
ley a la cual él dio su consentimiento; segundo la
igualdad civil, que consiste en no tener, entre sus
conciudadanos, ninguno superior a él, sino solamente
otra persona, poseyendo él la facultad moral de
obligarla jurídicamente tanto cuanto ella puede
obligarlo; tercero, el atributo de la independencia
civil, por cual el ciudadano debe su existencia y
sustento no al arbitrio de otra persona, sino a sus
propios derechos y poderes como un miembro de la
república.” (Kant in Weffort, 1995: 79)
Claro que el carácter universal, con Kant, se presenta como
posibilidad y no como realidad concreta,
“De hecho, establecida la sociedad de acuerdo con el
derecho, no todos sus miembros califican para la
actuación política a través del voto, o sea para la
ciudadanía activa. No califican los que viven bajo la
protección o bajo las órdenes de otros, como los
empleados, los menores y las mujeres; esos son
ciudadanos pasivos.” (Castro Andrade in Weffort.,
1995: 62)
La ciudadanía como posibilidad concreta y universal de todos los
integrantes de una sociedad tendrá su primera expresión en los Estados de
Bienestar europeos.
No es casual que la recuperación del concepto sea desarrollada por
Thomas Humpherey Marshall (1963: 302 -303) en su conocida conferencia
248
en homenaje a su homónimo economista Alfred en 1949, estableciendo que
su concreción es reciente.
“Llamaré a estas tres partes, o elementos, civil,
política y social. El elemento civil consiste en los
derechos necesarios para la libertad individual
-libertad de la persona, libertad de expresión, de
pensamiento y de religión, el derecho a la propiedad a
cerrar contratos válidos y el derecho a la justicia (...)
las instituciones asociadas más directamente con los
derechos civiles son los tribunales. Con el elemento
político me refiero al derecho a participar en el
ejercicio del poder político como miembro de un
cuerpo investido de autoridad política, o como elector
de los miembros de tal cuerpo. Las instituciones
correspondientes son el parlamento y los concejos de
gobierno local. Con el elemento social me refiero a
todo el espectro desde el derecho a un mínimo de
bienestar económico y seguridad al derecho de
participar del patrimonio social y a vivir la vida de un
ser civilizado conforme a los estándares corrientes en
la sociedad. Las instituciones más estrechamente
conectadas con estos derechos son el sistema
educativo y los servicios sociales”.
En el desarrollo histórico de la ciudadanía esbozado por Marshall
para Inglaterra, los derechos van consolidándose linealmente (Coutinho,
2000: 55): primero los civiles (vitales para la emergencia del orden
burgués), luego los derechos políticos y, por último, los sociales: “los
derechos civiles al siglo XVIII, los políticos al siglo XIX, y los sociales al
siglo XX” (Marshall, 1963: 304).
249
La vinculación entre los derechos de referencia y los valores que
surgen con la revolución francesa es cristalina.
− Los derechos civiles están asociados a la libertad burguesa.
Los derechos políticos, si bien son vitales para la lucha política que
consolidará los derechos sociales, están vinculados directamente a la
fraternidad.
Los derechos sociales indudablemente aparecen vinculados a la
igualdad.
En tal sentido, las perspectivas reseñadas realizarán una valoración
especial por cada una de las esferas de la ciudadanía y tendrán una
construcción “ideal” de ciudadano.
La perspectiva liberal realizará una valoración especial y central de
los derechos civiles y una construcción ideal de ciudadano: el ciudadano es
aquel hombre libre dispuesto a enfrentar los riesgos de operar en el
mercado.
“Si hemos fracasado en el primer intento de crear un
mundo de hombres libres tenemos que intentarlo de
nuevo. El principio rector que afirma no existir otra
política realmente progresiva que la fundada en la
libertad del individuo sigue siendo hoy tan verdadero
como lo fue en el siglo XIX.” (Hayek, 2006: 287)
La perspectiva conservadora establecerá la centralidad en los
derechos políticos244 y su construcción de ciudadanía establecerá que el 244 Si bien los derechos políticos son centrales para entender el proceso de emergencia y ampliación de los derechos sociales, la valoración que la perspectiva social hace de la “legalidad burguesa” o, en otras palabras, de la “democracia formal” es al menos contradictoria (cf. Coutinho, 2000: 17 y sig.).
250
ciudadano es el individuo moral, unido por lazos de solidaridad al resto de
la sociedad y consciente de estos lazos.
“Pero, si la división del trabajo produce la
solidaridad, no es apenas porque ella hace de cada
individuo un `integrante del mercado´ como dicen los
economistas; es porque ella crea entre los hombres
todo un sistema de derechos y deberes que los ligan
unos a otros de manera duradera.” (Durkheim, 1995:
429)
La perspectiva social o de ampliación de la ciudadanía hará una
valoración especial de los derechos sociales estableciendo que es ciudadano
aquel individuo que vive en una sociedad que garantiza la igualdad entre sus
integrantes.
“Ciudadanía es la capacidad conquistada por algunos
individuos, o en el caso de una democracia efectiva
por todos los individuos, de la apropiación de los
bienes socialmente creados.” (Coutinho, 2000: 146).
Los procesos de transformación en el mundo del trabajo a partir de
la crisis de los años setenta, desencadenaron una fuerte ofensiva del capital
sobre el trabajo (Netto, 1996; Antunes, 1995). El discurso legitimador de
esta ofensiva recuperó los discursos liberales (neoliberalismo) y
conservadores (neoconservadores) (cf. VV.AA. 1995). La tendencia
significó una reconceptualización de los discursos sobre la ciudadanía,
desvistiéndola de los derechos sociales, para reconstruir un discurso donde
la libertad de mercado se articulaba con los discursos conservadores, que
hacen de la participación y la responsabilidad los nuevos componentes de la
ciudadanía.
251
El proceso discursivo legitima la progresiva pérdida de derechos
sociales (cf. Netto: 2006). Como señala Estela Grassi (2003: 305), el gran
éxito del neoliberalismo fue el de lograr un proceso de “transformación
socio-cultural” construyendo un nuevo “universo de sentido”.
De este modo, el concepto de ciudadanía queda desvestido de
cualquier, incluso retórica, sobre los derechos sociales y los derechos civiles
y políticos cobran, paradójicamente incluso para la izquierda, un sentido
hegemónico.
En relación al concepto de ciudadanía, la política asistencial del
MIDES es puntillosamente respetuosa de los preceptos neoliberales,
observando que el elemento determinante consiste en una prestación de
carácter esencialmente monetario. Como vimos, el dinero es el símbolo de
la libertad burguesa, puede ser transformado en cualquier cosa que se
quiera, es la mercancía que compra todas las mercancías incluida la
mercancía que produce valor: el trabajo abstracto (Marx, 2002: 10 y sig.).
El dinero, por otro lado, integra al mercado, la verdadera integración
para el pensamiento neoliberal.
“Yo fui muy crítica del INDA245, que asume muchas
responsabilidades que no le corresponden. El Estado
no tiene que estar repartiendo alimentos con un
camioncito, que no es transparente, y que sitúa al
indigente en un mismo lugar, nunca se incorpora otra
dimensión. A la luz de esto dijimos no. Y el ticket de
alimentación que se brindaba antes tenía un tinte
perverso, de comercialización, y unas organizaciones
judías que habían trabajado en Buenos Aires, y tenían
la idea de la tarjeta la usaron con personas mayores
245 Instituto Nacional de Alimentación.
252
judías. Nosotros empezamos a llevar adelante esta
idea que nos costó mucho, negociaciones con BROU
con CAMBADU246, que le entregabas al jefe del hogar,
donde hubiera jefas embarazadas, o niños menores de
18 años, muy acotada entre 300 y 800 pesos, [entre U
$S 12 y U$S 32] donde hubiera 4 o más niños. Se
negoció con CAMBADU, y eso disparó un
relacionamiento muy fuerte con los comercios que se
formalizaron, ANTEL247, 70 u 80 mil pesos entraba por
tarjeta al comercio y le daba la libertad al que
compraba de comprar lo que quisiera. No solo
resolvía el tema de la comida sino higiene personal y
del lugar, le das otro marco ciudadano.” (Entrevista a
Directora Política del MIDES)
Resulta revelador que se destaque el papel integrador del mercado
dado por el programa en tanto otorga libertad de comprar y revitaliza al
mercado formalizándolo. El componente conservador también se visualiza
en la preocupación por la higiene y la preocupación (“tinte perverso”) por la
comercialización de los alimentos por parte del beneficiario. Como fue
dicho el dinero es el símbolo de la libertad burguesa, puede ser
intercambiado por cualquier cosa, sin embargo las políticas que hacen
prestaciones no monetarias siempre revelan la profunda desconfianza hacia
los pobres, propia (ver supra) del pensamiento neoliberal. La presunción de
que los alimentos, los tiquets o las chapas se venden está siempre presente,
no quedando nunca claro el contenido “perverso” del simple hecho de
vender una mercancía para poder comprar otra que puede ser más
indispensable. Lo sorprendente es que se pretenda resolver el problema
simplemente dando dinero o su equivalente: la tarjeta magnética de
alimentación.
246 Cámara de baristas y almaceneros del Uruguay.247 Administración Nacional de Telecomunicaciones.
253
“Te dice que es la única tarjeta que puedo tener. Los
celulares por ejemplo me parecen maravillosos, se
comunican con otro y además para las changas lo
pueden llamar, si todos nos comunicamos porque éste
no va a tenerlo también. Es parte de la inclusión, y si
se compra un nintendo que me parece horrible porque
no lo va a hacer si todo les dice que si no lo tiene no
existe. Ahora salen, antes decían que sólo se
relacionaban con el vecino y sólo para saludarlo. Le
pone puertas a la casa que le da seguridad, es en el
único lugar donde me siento más o menos firme. Me
dice suerte que viene el maestro comunitario porque
yo a la escuela no voy más porque me hacen firmar y
me da vergüenza porque no sé y ahora va a la
escuela.”(Entrevista a Directora Política del MIDES)
Se destacan aspectos que hacen a la integración, las posibilidades de
comunicación con los otros integrantes de la comunidad, el sentirse parte de
algo mayor que habilita el poder comunicarnos con otros, pero sobre todo el
compartir valores del resto de la sociedad. Como establece Merton (1965),
la adaptación social surge de compartir los medios y los fines impuestos por
la sociedad y el planteo de la Ministra parece directamente inspirado en su
pensamiento:
“si todos nos comunicamos ¿por qué éste no va a
tenerlo?, también es parte de la inclusión, y si se
compra un nintendo, que me parece horrible, ¿por qué
no lo va a hacer?, si todo les dice que si no lo tiene no
existe”.
Un elemento recurrente en los discursos es la preocupación por la
integración social, la participación en la comunidad como un elemento de
254
“construcción de ciudadanía” donde evidentemente el contenido
conservador es inocultable.
Se suma a esto que la integración deviene de una característica que
se le aporta al individuo; no es una sociedad que integra sino un individuo
con voluntad de integrarse. La individualización de lo social es evidente en
un discurso que acaba responsabilizando, aunque no culpando, al individuo
que debe recibir asistencia terapéutica para reconstruir su autoestima, ya que
lo que impide su integración es, no una sociedad que excluye, sino su falta
de autoestima:
“El eje vector de este programa, y sobre todo de esta
población de extrema pobreza, es el vector de lo
colectivo, es la promoción a incluirse a espacios
colectivos, incorporarles argumento o sea pretexto,
que se vayan a un espacio colectivo (...) impacto en la
autoestima, porque se siente mejor, primero porque
siente que pertenece a algo que en principio es un
grupo (...) para mi ese es el eje, cualquier espacio
colectivo tiene efectos terapéuticos, efectos de
mejora” (Entrevista a Directora Político del MIDES)
La ciudadanía es algo que debe ser construido en el otro, una forma
de individualización de lo social en la que el individuo es responsable de su
propia ciudadanía.
“La noción de individualización social remite a la
percepción y definición de los problemas sociales
como si fuesen problemas individuales, por medio de
mecanismos que promueven la biografización y
familiarización de lo social, esto es, la
responsabilización creciente del individuo y de la
255
familia en la construcción de sus trayectorias sociales.
Este tipo de proceso se ha convertido en objeto de
estudio privilegiado de las ciencias sociales en
períodos recientes, principalmente en el marco de
interpretaciones que asocian su emergencia al
debilitamiento del Estado y de las instancias
colectivas de acción social.” (Mitjavila Apud Ortega,
2008: 14).
Los programas sociales producen ciudadanía en los individuos (prot-
agonistas), no construyen garantías de ciudadanía, se le incorpora al
individuo “dimensiones de ciudadanía”.
Parece innecesario referirse al monto de las prestaciones, que no
garantiza, ni pretende hacerlo, trasponer el umbral de la indigencia ni
siquiera hasta la condición de pobre. No garantiza una alimentación mínima
una prestación que oscila entre U$S 12 y U$S 32 según la cantidad de hijos
y siempre y cuando haya presencia de hijos.
La vivienda es un elemento que para Marshall (1963: 330) es central
en la construcción de ciudadanía,
“No obstante, la obligación general del Estado hacia
la sociedad en relación con la vivienda es una de las
más pesadas que tiene que soportar. Las políticas
públicas han creado inequívocamente en el ciudadano
la expectativa legítima de una vivienda adecuada para
habitarla con su familia, y la promesa no se limita
ahora a los héroes”
Los problemas de habitación son atendidos con estrategias
absolutamente remediales aceptando, no solo como inevitable la
256
irregularidad de las viviendas y su construcción, sino cooperando con esta
irregularidad aportando desde el Estado materiales de construcción para que
las personas mejoren sus precarias viviendas a través de la
autoconstrucción.
Pero el elemento central que permite capturar la concepción de
ciudadanía con que opera el MIDES es la estricta focalización de los
programas de transferencia de renta.
“ahí trabajamos con el algoritmo que nos elaboraron
técnicos de la Universidad, de Economía y con un
formulario y un sistema informático que nos elaboró
el BPS. Nosotros habíamos decidido que íbamos a
visitar a todos los hogares, se visitaron 231 mil
hogares del Plan de Emergencia, y hubo un problema
de comunicación nuestra, pues, se asociaba aquella
cifra de un millón de pobres a los 100 mil hogares en
indigencia.” (Entrevista Ministra De Desarrollo
Social)
Y no solamente por el hecho de que está más que tematizado en la
bibliografía especializada que las políticas de asistencia focalizadas no
producen ciudadanía.
“Si bien es persistentemente señalado en la literatura
sobre este campo que las políticas de asistencia no
generan derechos, resulta menos visible que algunas
de las intervenciones más importantes realizadas en
los últimos años no sólo no aportan en dicha dirección
sino que, particularmente en el caso de los programas
de promoción del empleo mercantil y de subsidio por
desempleo con contraprestación laboral (workfare),
257
directamente han aportado a la creación de un
consenso social contrario a la afirmación de derechos
sociales.” (Britos et Caro, 2002: 4)
Ni porque el carácter remedial de estas políticas no genera ningún
tipo de derecho social, ni permite ningún tipo de integración digna,
“La política social asume un papel subsidiario de la
economía, pierde capacidad de integración e inclusión
social generalizada, restringiéndose a asistir a las
“víctimas” en peor situación de la exclusión, pero no
para emanciparlas, sólo para evitar que se hundan
más (Vilas, 1997, 935). La preocupación central de la
política de la pobreza es la “compensación” y
“contención” hacia los sectores más vulnerables, la
corrección de las disfuncionalidades sociales
provocadas por la economía.” (Serna, 2007: 2)
Sino, y fundamentalmente, porque la política asistencial hace un
hincapié esencial en:
No generar derecho en ningún caso, ya que la política asistencial
hace énfasis en que la prestación dura dos años con independencia a
la situación en que se encuentre el beneficiario pasado los dos años.
Para ingresar se debe constatar de manera indudable que el potencial
beneficiario no sólo no participa del mercado sino que no tiene
condiciones objetivas para poder hacerlo – esto refiere a que 1) no
tiene que poseer mercancías pasibles de ser vendidas en el mercado:
vivienda, electrodomésticos, etc., 2) no tiene que tener capacidades
pasibles de generar empleo al beneficiario, el nivel educativo es
descalificador y, por supuesto, 3) sus ingresos deben estar por
258
debajo del límite de la indigencia. Y la prestación que se realiza es
inferior en cualquier caso a la que se puede obtener a través de la
participación en un empleo formal:
“Teníamos que decirle usted está en una situación
muy difícil, no tiene qué comer, no tiene trabajo pero
es un privilegiado porque no es indigente. (...) Que te
decían la educación no me la puedo comer, los
ladrillos no me los puedo comer, los electrodomésticos
no me los puedo comer y había que decirles bueno
pero usted tiene un techo, tiene una cama y una
frazada.” (Entrevista Ministra de Desarrollo Social)
Lo que se constata es que, con relación a la ciudadanía en tanto la
concepción de Marshall, a lo sumo lo que puede establecerse es i) o un
cambio discursivo, una retórica que busca legitimar una intervención
remedial:
“Además, se constata una reconceptualización
discursiva del sujeto destinatario como ciudadano y
no mero consumidor carente. Los programas adoptan
un enfoque de derechos ciudadanos y humanos en
tanto fundamentación de la garantía de ejercicio de
derechos básicos.” (Serna, 2007: 2)
o ii) que el MIDES ha asumido acríticamente las concepciones más
conservadoras y neoliberales de ciudadanía, donde lo que resalta es la
participación en el mercado como consumidor o productor como la única
ciudadanía posible y la dimensión moralizante y disciplinadora para
aquellos que no lo consiguen.
259
VI. 5. ¿Cómo se representa un ideal de hombre u hombre
ideal?
Todas las concepciones ideológicas tienen un hombre ideal al que la
humanidad debe tender. Es conocida la mítica construcción que hace la
revolución cubana del “hombre nuevo” (cf. Hobsbawm, 1995) o cuando
Weber (1996: 31) extrae de los apuntes de Benjamín Franklin, “la
peculiaridad de esta filosofía de avaricia [que] parece ser el ideal de un
hombre honesto”.
En este caso, el concepto de ideal cobra su doble acepción. De un
lado, es pasible de ser reconstruido como típico ideal (Weber, 1997) y, del
otro, su acepción vulgar en tanto es ideal desde el punto de vista valorativo,
es normativamente bueno, es un modelo a seguir.
Como es lógico, un ideal de hombre supone, en último análisis, una
concepción heroica del hombre sometido a situaciones extremas. Ese
hombre ideal sólo se confirma como válido en la medida en que mantiene
sus características en cualquier circunstancia, incluso cuando es sometido a
situaciones extremas.
En nuestra construcción tipológica es posible extraer los elementos
característicos que permiten diseñar una tipología de hombre ideal. Es así
que:
− La perspectiva conservadora aspira a construir un INDIVIDUO
SOLIDARIO. La emergencia del individuo en las sociedades modernas
es inevitable e incluso saludable, siempre y cuando existan las formas de
sujeción que lo conviertan en un individuo solidario, moral, integrado a
la sociedad con lazos de interdependencia. La felicidad, el bienestar, el
deseo y su satisfacción son situaciones pasajeras, evanescentes en la
narrativa individual, lo esencial es que el individuo encuentre instancias
260
superiores que normaticen su vida y lo contengan como instancias que
lo superan. Es el hombre solidario, moral, con independencia de sus
condiciones materiales de reproducción, es el pobre que se mantiene
honrado, apegado a las sociedades que lo contienen y trascienden: la
familia, la comunidad etc. Las políticas sociales siempre tienen un
componente moralizador que apunta a sostener este comportamiento en
las poblaciones a las que están dirigidas.
− La perspectiva liberal aspira a producir un hombre libre. La constitución
de un hombre libre para esta concepción está asociada inevitablemente a
la idea de propiedad privada que incluye también la propiedad de sí
mismo. El hombre es libre en tanto es dueño de sí mismo, incluso la
participación política está sujeta a no depender de otros en tanto no se es
dueño de sí mismo. Esta perspectiva entonces aspira a construir un
INDIVIDUO POSESIVO. Es el hombre emprendedor, capaz de superar
las situaciones adversas a partir de su disposición a asumir riesgos
individuales, que reconoce la situación en que se encuentra como
resultado de sus errores estratégicos y se dispone a identificar las
oportunidades que le permitirán diseñar una estrategia para superar su
situación. Todas las políticas sociales implementadas en América Latina
a partir del “ajuste estructural” (Grassi et all, 1994) están orientadas en
ese sentido.
− Para la perspectiva de la ampliación de la ciudadanía, el ideal de
individuo es resultado de la lucha política. Los derechos, lejos de ser
naturales, son sociales o lo que es igual políticos, conquistas históricas
que deben sostenerse y ampliarse ilimitadamente con la lucha política.
En tal sentido, esta perspectiva aspira a construir un INDIVIDUO
POLITICO. El ideal es el luchador social que frente a la adversidad
logra promover la organización de sus iguales para luchar por sus
derechos. La llamada militancia social con sensibilidad de izquierda
apunta siempre a promover la organización entre los sectores
“excluidos” y es conocido el desprecio que sienten los sectores
261
organizados, fundamentalmente el movimiento sindical, por el
“lumpem” que mantiene una relación pasiva con su situación sin lograr
organizarse y luchar por superarla.
La política social del MIDES parece legitimarse en la búsqueda de
un hombre ideal que articula fuertemente componentes liberales con
conservadores: la promoción de emprendimientos productivos, donde
aparece claramente expresada la fantasía de que de la pobreza extrema se
puede salir como empresario; el programa “Rutas de Salida” está imbuido
de esta mistificación donde parece que se estuviera diciendo: se trata de
trazar rutas de salida para que los “protagonistas” que tienen voluntad
puedan tomarlas y así salir de la indigencia:
“(...) no puedo pretender que alguien que sale de la
exclusión más profunda se vuelva emprendedora (...)
economía [Ministerio de Economía y Finanzas] nos
dijo: no, nosotros podemos armar circuitos ya que son
volúmenes muy pequeñitos y no molestamos a ningún
empresario, la gente no puede producir y vender y
entonces esos circuitos no interfieren con el mercado y
con la ley de cooperativas sociales que no tributan,
entonces, el despegue, que para la microempresa es
muy duro, se lo resolvemos porque no tienen que
aportar.” (Entrevista Ministra de Desarrollo Social)
Tal como surge de las afirmaciones de la Ministra, el mandato
impuesto por el Ministerio de Economía es claro: esas Rutas de Salida no
deben interferir en el mercado, ningún empresario genuino debe verse
molestado. De lo que se trata es de promover las microempresas y las
cooperativas, las que luego que despeguen podrán competir en el mercado
con la libertad merecida.
262
Como fue dicho, este hombre ideal debe demostrar que puede salir
de las condiciones más adversas balizado por el valor central de la
concepción. Esto tiene un enorme potencial legitimador para cualquiera de
las perspectivas, ya que si uno solo logra salir de la indigencia a través del
emprendedurismo o logra mantenerse como un ser moral a pesar de vivir en
la miseria, está demostrando que es posible y, por tanto, quienes no lo
logran se convierten en responsables de su condición.
Los planteos que hacen referencia a los contenidos morales de los
asistidos son permanentes: es población que quiere trabajar, que está
dispuesta al sacrificio, que trabaja más aún de lo esperado, etc. y que
cuando se le da una oportunidad la aprovecha.
“Con el fondo Uruguay - Venezuela trabajamos con los
emprendimientos productivos, lo que nosotros llamamos
iniciativas locales son con población que no es PANES,
no es población de indigencia, es población de la
pobreza y que tuvo un emprendimiento o que tiene una
capacitación. El primer piloto lo hicimos cociendo.
Hicimos cincuenta mil túnicas para las escuelas de
contexto crítico de primaria, lo hicimos con mujeres de
Montevideo, Canelones, Florida trabajando en el
Centro de Desarrollo Local de la Intendencia en
Casavalle donde se les dio un trabajo de capacitación.
Seleccionamos mujeres que alguna vez habían cocido o
que tenían alguna idea o eran buenas
cociendo.” (Entrevista Ministra de Desarrollo Social)
Lo que se percibe es la articulación de valores, en algún sentido
contrapuestos e incluso contradictorios. De un lado, el hombre ideal del
pensamiento liberal, emprendedor, que utiliza las oportunidades que le
263
ofrece el mercado para salir adelante en el mundo de la competencia de
todos contra todos. Del otro, el individuo solidario, que encuentra sentido
participando de instancias superiores y que se realiza en el encuentro con
los otros. Esta contradicción puede encontrarse incluso en un programa que
apuesta a producir emprendedores, como si se quisiera construir un
empresario con rostro humano, preocupado con la cultura y la participación
social.
“Nosotros financiamos producción, servicios y una
cuota de emprendimiento cultural: hay algún periódico,
títeres, radio comunitaria, diferentes cosas, teatro,
Radios en la Web. Damos dinero y capacitación. Es
gente que quedó en el borde del plan y es asociativo con
gente que está mejor o peor. Es asociativo, puede ser
familiar o de vecinos, gente que sale de Trabajo por
Uruguay y sale con un proyecto.” (Entrevista Ministra
de Desarrollo Social)
Y siempre el espíritu de sacrificio, la abnegación propia del
pensamiento conservador, el individuo solidario que se siente parte de algo
trascendente está dispuesto al sacrificio, a trabajar más de la cuenta.
“Nos mataron porque fueron muchísimo más rápidas.
Para nosotros fue un aprendizaje y para ellas una
frustración porque cobraron menos meses, mucho mejor
que si trabajaban a destajo para empresas como
trabajaron pero también se capacitaron. Nosotros
tenemos un emprendimiento productivo con el fondo, de
una mujer desesperada, joven que tenía cuatro hijos y no
entraba al plan por distintos valores. No sabía ni cortar
y entró a esa experiencia y hoy tiene un emprendimiento
de vestimenta. Se hace un estudio de viabilidad y se
264
transfiere dinero para materia prima, maquinaria,
depende del estudio. Ahora en Rutas de Salida
presentamos tres proyectos y los ganamos en un fondo
del MERCOSUR.” (Entrevista Ministra de Desarrollo
Social)
De las palabras de la Ministra surgen otros aspectos variados y
reveladores. Uno de ellos refiere al valor que el Ministerio se atribuye a la
competencia. El propio Ministerio se comporta como una ONG que disputa
recursos a través de proyectos, para financiar emprendimientos cuyo
impacto se agota en una casuística, que lo único que aporta son elementos
reveladores del ideal de hombre que se propone.
También se revela el valor que se da a la capacidad del individuo de
ser emprendedor. Casi en una utopía liberal se nos dice que el esfuerzo, el
trabajo duro, atreverse a competir, tener éxito se constituye en una Ruta de
Salida de la “exclusión”. Alcanza con formular por la negativa el
razonamiento para llegar a la conclusión inevitable de que la pobreza es
resultado de la pereza, la falta de entusiasmo y no atreverse a competir en el
mercado.
En tal sentido, el proceso de trasmutación ideológica es prístino. En
los debates académicos y políticos, la izquierda no dudaba en
responsabilizar al “sistema” y no al individuo. Veamos, por ejemplo, el
argumento del Ministro de Economía del gobierno de Vázquez, actual
vicepresidente:
“(...) la marginalidad es lo que se gesta en estas
condiciones de excedente de trabajo. Es la
consecuencia necesaria de esta lógica de
funcionamiento de la economía. Es el conjunto de
condiciones de vida que van asociados a la presencia
265
de esta reserva sobrante de trabajadores que el
sistema origina para encarar su contradicción básica
entre salario y ganancia. Y que se resuelve creando de
la manera ya vista en nuestros países periféricos.
Creando periferias internas a las propias periferias.
Es en este contexto que surge la marginalidad
asociada a situaciones de desocupación y
subocupación.” (Astori, 1986: 23)
En resumidas cuentas, lo que antes era visto como un problema
estructural ahora es atribuido a problemas de los individuos. Posiblemente
la intervención sobre esta determinación estructural no pueda resolverse
desde un gobierno y, mucho menos en un periodo, pero no es ese el
argumento, el argumento remite a los individuos y sus capacidades y la
lógica de la intervención está decididamente inclinada en este sentido.
Cuando el argumento apunta sobre los individuos, su incapacidad
moral (falta de valores, anomia etc.) o instrumental (incapacidad para
competir en el mercado) el hombre ideal que emerge lo hace balizado por
valores conservadores o neoliberales, desarticulando cualquier perspectiva
social o de ampliación de la ciudadanía, donde la responsabilidad social del
sistema es determinante en la configuración de los problemas sociales.
VI. 6. ¿Cuál es el papel que se le asigna al trabajo?
La centralidad del trabajo, en tanto categoría llave, ha sido discutida
ampliamente en las ciencias sociales contemporáneas (cf. Antunes, 1995;
Gorz, 1982). Para el pensamiento clásico liberal, esta centralidad no tiene
dudas en tanto el elemento esencial en la producción de la riqueza, desde
Locke (cf. Weffort, 1996) hasta Smith (Marx, 2002). Para el pensamiento
conservador, la centralidad del trabajo está dada en su capacidad de integrar
266
a los individuos a la sociedad (Durkheim, 1995). Y ya fue consignada la
centralidad del trabajo como totalidad para la tradición marxista (Lukács,
1979: 16; Marx, 1977: 110).
En el primer tomo de El Capital, Marx desarrolla el proceso de
extrañamiento del trabajo en la sociedad burguesa en la que el trabajo sufre
un proceso de transmutación expresándose en un carácter dual: i) el trabajo
concreto, categoría central de cualquier sociabilidad humana, productor de
valores de uso, relación ontológica del hombre con la naturaleza y ii) el
trabajo abstracto, particular del orden burgués, esencial a una sociedad
mercantilizada, produce mercancías: valor de cambio.
El MIDES parece realizar una transmutación extraña y meramente
ideológica del trabajo. El objetivo de esta transmutación es satisfacer los
principios liberales que anatemizan cualquier intervención estatal sobre el
mercado. Allí (en el mercado) el trabajo debe constituirse como “empleo
genuino”, esto es a través de su capacidad de producir valor de cambio; el
trabajo abstracto reina en el mercado y en tanto mercancía el Estado no debe
intervenir ya que de hacerlo modificaría las reglas de juego beneficiando a
unos en desmedro de otros.
“Porque no genera empleo genuino, [se refiere al
programa Trabajo por Uruguay) porque impacta en el
nivel de empleabilidad, si la gente mejora su
autoestima sale con mejores condiciones a buscar
empleo, con mejores herramientas: técnicas de
búsqueda de empleo, derechos laborales, un sin fin, y
aparte porque internamente las incorpora y se apropia
de modo distinto de su búsqueda de
empleo.” (Entrevista a Directora Política del MIDES)
267
“Hay cosas que es parte del trabajo protegido del
Plan de Equidad. Aunque tengamos la varita mágica y
todo el trabajo del mundo hay gente nuestra que no
accedía porque no sabía poner su nombre, porque no
sabe hacer curriculum, porque no tenía dientes,
porque nunca tuvo trabajo formal, porque tiene una
capacitación que no la puede acreditar y se puede
hacer una lista de cuáles son las razones por las
cuales no se integra al mercado laboral.” (Entrevista
Ministra de Desarrollo Social)
“Tenemos una población de mediana edad, incluso
joven, con dificultades enormes de inserción laboral.
Tenemos una fuerza productiva, que el país no puede
utilizar por efecto del juego del mercado. Hoy tenemos
una tasa del 8 % de desempleo, bajamos del 14 al 8, y
es realmente formidable. Pero hay trabajadoras/es
desocupados de larga duración que tienen problemas
estructurales, que arrastran para una inserción digna
y decente al mercado, sobre todo porque sus
competencias laborales no se adecuan a los
requerimientos de la demanda de empleo, y fueron los
protagonistas del PANES. Trabajaban en el sector
informal y sobrevivían como podían, y que hoy tiene
dificultades de acceder al mercado”. (Entrevista a
Director Político del MIDES)
Nuevamente parece entreverse un mecanismo de individualización
de lo social en el que el mercado es una instancia, que como fue dicho, se
reifica. Es la realidad a la cual deben adaptarse los individuos que no logran
integrarse y, por tanto, el problema no es del mercado sino de las personas
que no logran integrarse a él.
268
“¿Qué resultados estaríamos esperando? Cambios en
la composición del hogar; cambios en la distribución
de las tareas al interior del hogar respecto a las
relaciones de género e intergeneracionales; cambios
en el cuidado de la salud; cambios en la actitud a la
hora de la búsqueda de trabajo; motivos, averiguar,
indagar un poco los motivos por lo que no busca
trabajo para aquellos que no lo estén haciendo; y
cambios en las acciones de búsqueda del trabajo, es
decir nosotros relevamos de qué manera buscaba
trabajo cuando comenzaba y volvemos a preguntar a
la salida del programa y tiempo más tarde qué
acciones ha incorporado o modificado en esta misma
línea, es decir buscando trabajo; también cambios en
las redes, en las redes vinculares y de apoyo tanto de
familiares como de amigos, las redes locales, todo lo
que tenga también anclaje territorial.”248
Ahora bien, la perspectiva conservadora precisa del trabajo, de su
capacidad disciplinadora, de su papel moral y de la legitimidad ofrecida por
la ética del sacrificio a fin que el individuo despliegue su capacidad de
constituirse en un ciudadano respetable (Castel, 1997).
“La gente quiere ir a laburar, hemos tenido infinidad
de problemas, pero en el 90 % de las evaluaciones
tenemos que todo el mundo trabaja, todos trabajan,
les quedará mejor o peor pintada la pared pero todos
trabajan. Y esto es doblemente valioso en las mujeres,
porque todas tienen muchos hijos, porque no es decir
248 Intervenciones de las encargadas institucionales de la implementación del programa Trabajo por Uruguay del MIDES, realizadas en el seminario coorganizado por el MIDES y OLSUR el día 16 de junio de 2005.
269
me anoto y trabajo, primero hay que ver qué hago con
los niños, supone toda una movida familiar para ver
quién se hace cargo de los niños, es doble compromiso
con la tarea, después habrá que enseñarles muchas
cosas sobre el código del trabajo, sin duda pero la
motivación está. Por más que vos armes grupos
obligatorios vas a ir en contra de la desmotivación de
la gente, lo demás que le pongas potencia lo que ya
viene con las ganas de la gente.” (Entrevista a
Directora Política del MIDES)
“Ahora de lo que estoy convencida y lo puedo
demostrar fue una hipótesis de trabajo y que se
demostró: la gente quiere salir con trabajo, no quiere
salir con que se le dé nada, aunque siempre hay un
sector que no como en todos lados.” (Entrevista
Ministra de Desarrollo Social)
Pero el trabajo protegido no debe sustituir trabajo real, trabajo
abstracto: “Después que identificamos esas necesidades, esas demandas de
tareas sencillas que no tengan que ver con la identidad del organismo
público, que no sustituyan la función pública del organismo (...)”249.
Sin embargo, el trabajo solo es trabajo si tiene utilidad social, si
produce valor, generando una contradicción irresoluble. Las tareas
realizadas no sustituyen el trabajo de los funcionarios públicos pero es
necesario realizarlo por tanto sustituye trabajo que debería ser realizado por
alguien.
249 Intervenciones de las encargadas institucionales de la imprementación del programa Trabajo por Uruguay del MIDES realizadas en el seminario coorganizado por el MIDES y OBSUR el día 16 de junio de 2005.
270
“(...) las personas no hacen como que trabajan sino
que trabajan y trabajan en tareas que resultan
imprescindibles para los organismos públicos a los
que se dedica esa tarea (...) se ha demostrado que
estas personas que no solamente quieren trabajar,
trabajan bien, cumplen y tienen eficacia y eficiencia y
por lo tanto realizan tareas que durante años de años
no se hacían en estos organismos públicos. Entonces
en este momento efectivamente tenemos una lluvia de
demandas porque los organismos públicos no tenían
con quíen cubrir estas necesidades.”250
Esto supone una suerte de descomposición ideológica del trabajo, en
tanto el trabajo se descompone, como si fuera posible, retirando los aspectos
económicos (trabajo abstracto) y dejando los aspectos esenciales
(ontológicos): capacidad de integración, posibilidades de gratificar, etc.
“Nosotros tenemos varios criterios que en realidad
son uno, y es la parte más difícil del programa en lo
que refiere a negociar con el otro el encuadre de la
tarea, la idea es que la tarea tenga un carácter social,
un impacto en lo local, que haya como una vuelta a la
comunidad: liceo, escuela, etc. Que no sea una tarea
que sustituya labor pública, sin duda, y a su vez sea
una tarea que ofrezca gratificación y formación a
quien la realiza.” (Entrevista Supervisora de Trabajo
por Uruguay)
De esta forma, emerge la construcción ideológica que permite la
alianza solidaria entre las perspectivas liberal y conservadora. Por un lado,
250 Intervenciones de las encargadas institucionales de la imprementación del programa Trabajo por Uruguay del MIDES realizadas en el seminario coorganizado por el MIDES y OBSUR el día 16 de junio de 2005.
271
aparece la comunidad como un espacio mítico donde las relaciones sociales
son solidarias, donde el individuo logra relaciones auténticas, es valorado
por sus aportes, eleva su autoestima, en fin, es una instancia curadora, “el
corazón de un mundo sin corazón, el espíritu de una situación carente de
espíritu.” (Marx, 1991: 106)
“Todo el mundo quería trabajar en las escuelas. La
Escuela es un referente como la policlínica, no es lo
mismo trabajar en la Intendencia, en la escuela hay
mucha más pertenencia, eso está marcado a fuego,
escuelas y policlínicas del interior del país es divino
verlo, acá también, pero en el interior hay menos
anonimato, la tarea adentro de una escuela o una
policlínica es maravillosa, es donde la gente se siente
más útil.” (Entrevista a Directora Política del
MIDES)
Se expresa claramente: anonimato es lo contrario que
reconocimiento, pertenencia es la vivencia contraria a sentirse excluido,
sentirse útil es lo contrario a la vivencia de la alienación. Por eso el trabajo
no alienado supone requisitos, debe dejar la sensación de que se hizo algo
útil, debe hacer que el sujeto se sienta parte de algo mayor, una instancia
superior que lo contiene, implica el reconocimiento por parte de los otros:
“En Trabajo por Uruguay no aceptamos trabajos que
no dejen algo en que la gente se sienta realizada, no
cortar pasto que después crece, reparar plazas para
que la persona eleve la auto estima. Nos criticaron el
uniforme, que era para hacer propaganda y eso
estigmatiza y todos salimos con el uniforme. Eso no
excluye sino que incluye porque la gente se identifica
que va a trabajar y dice esa escuela la hice yo, esa
272
plaza la hice yo. Yo fui a la escuela y pregunté a ver
quién es hijo de los que pintaron tan lindo este local y
levantaban las manos contentos.” (Entrevista Ministra
de Desarrollo Social)
Pero el verdadero trabajo se obtiene en el mercado de trabajo formal
y para eso hay que procesar cambios en esta población para adaptarla a los
requerimientos de este espacio. La política revela entonces su verdadera
cara. Es preciso disciplinar a esta población para adaptarla al mercado,
entonces a ese espacio ideal donde el individuo se siente útil, integrado, etc.
deben, artificialmente, incorporarle las características del mundo real.
“Que vas a enseñar con 20 a 30 horas, el viejo
problema de la UTU que enseñan con un torno viejo y
después se vuelve obsoleto. Sin embargo las
transversales le quedan para toda la vida, trascienden
la intervención: si le enseño a trabajar, si le marco
que si llega tarde en un empleo formal le descuentan y
al tercer día tiene una observación y al cuarto una
suspensión, le marco lo que es la vida real del
mercado de trabajo a través del trabajo, después lo
retrabajo en un taller colectivo: cómo se sintieron la
primera semana de trabajo, cómo bancaron las
jerarquías aunque no le gustaran, cómo se llevaron
con el de al lado, todo lo actitudinal del trabajo, eso le
va a quedar.” (Entrevista a Directora Política del
MIDES)
Pero esta población, que es responsabilizada por su situación, debe
tener, para incorporarse al mercado laboral, capacidades pasibles de ser
mercantilizadas. El taller y la fábrica deben recibir la mano de obra no solo
disciplinada sino también capacitada:
273
“Un paréntesis, nosotros hicimos una experiencia el año
pasado con la UTU, firmamos un convenio MIDES-
UTU. Y convocamos a protagonistas mayores de 30
años, promedio 40, desempleados, para realizar cursos
de capacitación que dio la UTU en 4 escuelas del
interior, en distintos rubros o áreas, albañilería,
jardinería, gastronomía-hotelera, y confección de
prendas. Se inscribieron 103 en los 4 departamentos y
finalizaron 101. Los 2 que no finalizaron fue que uno se
había ido del país y el otro se enfermó y no pudo
continuar con los cursos. Ese curso de 4 meses les
acreditó capacitación. Por su nivel de escolarización no
podían ingresar a la UTU. Se permitió que hicieran un
curso acreditado de 4 meses, y además, que pudieran
hoy inscribirse en otros cursos de UTU. Teniendo como
bagaje estos 4 meses y pudiendo ampliar sus
competencias en nuevos cursos. Si no lo haces, los
trabajadores desocupados iban a tener escasas
posibilidades de acceso al mercado de
trabajo.” (Entrevista a Director Político del MIDES)
“También fueron cambiando las propuestas de qué
hacer desde las instituciones públicas. Al principio
decían “barrer las calles”, pero eso no genera
capacidades, no genera conocimiento, o deseos de
aprender cosas, y luego todos empezaron a valorar,
bueno, si soy de ANEP, a mi me sirve que me arreglen
los jardines de la escuela o que me pintaran la fachada
de la escuela y así…y salud pública que fue el que
mejor se posicionó se dijo, bueno, vamos a pintar todas
las rejas de todos los hospitales, y arreglar veredas,
274
pero, cuántos cubrimos, 15000, y siempre se anotó más
gente de los cupos que había y eso tiraba abajo ese
concepto de que la gente no quería
trabajar.” (Entrevista a Directora Política del MIDES)
Queda claro entonces que la gente quiere trabajar pero no se pone en
cuestión si el trabajo es un derecho o un privilegio. En cualquier caso, lo
que queda claro, es que lo que en ningún momento se cuestiona es que no es
responsabilidad del Estado garantizar ese derecho:
“En Trabajo por Uruguay, quedó demostrado que la
gente ha ganado el doble del ingreso ciudadano, la
gente quería trabajar. Vos tenés una población con
grandes deseos de cambiar, porque hubiera sido terrible
que nadie se hubiera anotado para trabajar, el problema
de la exclusión hubiera sido más grande, la calidad de
la exclusión y de los que viven fuera del sistema es tal, te
deja tranquila que se anotaron 15, pero si hubiera
habido cupos para 45 mil se hubieran anotado 45 mil.
Trabajo con apoyo, con capacitación, con odontología,
oftalmología, pasó a ser un tema de mucha
convocatoria, te muestra la voluntad de la gente de
cambiar, y que hay un sector impermeable.” (Entrevista
a Directora Política del MIDES)
Para visualizar el valor que se le otorga al trabajo por parte del
MIDES resulta ilustrativo pasar revista a la publicación mensual de esta
institución dedicada al trabajo. Allí pueden leerse títulos que no dejan lugar
a dudas de que el valor atribuido al trabajo está centrado en su papel
integrador y normatizador. Ya desde el título de esta publicación se pregona
“El trabajo produce solidaridad y riqueza”, formulación que parece extraída
275
textualmente de “La división del trabajo social” de Durkheim (1995) donde
la principal función del trabajo es precisamente generar solidaridad.
Otro título sugestivo es el que luce el primer artículo de la
publicación: “Apoyo económico. Ese pequeño gran empujoncito”,
afirmando a continuación: “Desde el año 2005 la Dirección Nacional de
Desarrollo Ciudadano del MIDES ha impulsado a miles de trabajadores a
través del Programa de Apoyo a Emprendimientos Productivos.” No deja de
ser elocuente que un gobierno que se auto proclama de izquierda establezca
que la forma de promover ciudadanía sea a través del apoyo a
emprendimientos productivos.
Otro título parece expresar la utopía de la superación de la
alienación y la enajenación: “Trabajar de lo que uno quiere y no tener jefes”
pero no es más que el relato de un emprendimiento productivo exitoso:
“XXXX es un taller metalúrgico que fue impulsado por
el Programa de Apoyo a Emprendimientos Productivos
del MIDES, xxxx y xxxx eran cuñados y decidieron
asociarse para trabajar cada uno en lo que sabía: ella
en el área de la administración y él en la metalúrgica y
la construcción. Al comienzo se dedicaron
exclusivamente a fabricar puertas y aberturas, pero
actualmente lograron progresar y, además de contratar
más personal, se asociaron con otras personas para
brindar `soluciones integrales´ en sanitaria,
electricidad, aluminio, yeso y vidrio, entre otros.”
No es menos elocuente cuando titula “Pregonar con el ejemplo” y
agrega:
276
“Nuevos funcionarios: personas con discapacidad. Más
de 200 postulantes se presentaron a un llamado laboral
del MIDES para personas con discapacidad. Las ganas
de trabajar y la capacidad de adaptación fueron
características destacadas por los integrantes del
tribunal”.
La abnegación, la capacidad de adaptarse a situaciones adversas, el
espíritu de sacrificio son evidentemente ejemplos que el pensamiento
conservador siempre ha considerado fundamentales para que la sociedad
funcione armónicamente.
“Estas estrategias se contraponen a la
desmercantilización, concepto que permite especificar
los derechos de ciudadanía. La transición hacia un
régimen de bienestar liberal- residual a partir de un
régimen conservador, parece constituirse en clave
explicativa de esta inversión de la relación trabajo
asalariado- protección social. En nuestro contexto,
aún la asistencia social requiere los “méritos” del
trabajo. La tensión entre políticas de
remercantilización administrativa (complementadas
con propuestas de workfare como formas
complementarias de gestión de la fuerza de trabajo) y
procesos de desmercantilización (como mecanismos
de protección fuera del mercado de trabajo), pone de
relieve las dificultades que se presentan en las
opciones de política social: como señala Offe,
debemos `...poder enjuiciar como algo regresivo el
retroceso hacia modelos ‘preburgueses’ de
aprovechamiento de la fuerza de trabajo –ya sea en la
dirección del trabajo forzado o en la del trabajo
277
‘comunitario’ de subsistencia dentro del rígido marco
de agrupaciones familiares o de asentamiento
´” (Britos et Caro, 2002: 1- 2)
Tal vez sea en el papel que se le atribuye al trabajo donde se vea más
claramente la particular configuración ideológica que baliza la intervención
del MIDES. La articulación entre el pensamiento liberal y el conservador
tienen una particular formulación que la tornan compatible con cierta
tradición del pensamiento de izquierdas: el anticapitalismo romántico.
El “anticapitalismo romántico” tal y como lo ha conceptualizado in
extenso Lukács (1973: 206, 1992: 140 y sig.), a diferencia del pensamiento
conservador expresado en la obra de Durkheim, realiza un crítica radical de
la división del trabajo, identifica claramente el carácter alienado y
fragmentador del hombre y del trabajo en esta configuración histórica pero,
a diferencia de la tradición marxista, esta crítica y el carácter romántico así
lo expresa, se manifiesta como nostalgia y no identifica la división del
trabajo como un estadio necesario y momento a ser superado por la crítica
revolucionaria251 El anticapitalismo romántico, en tanto no visualiza
posibilidades de superación del orden burgués, identifica dentro del orden
espacios donde desarrollar las posibilidades del desarrollo del “hombre
completo”. Dicotomiza el trabajo i) como “maldición bíblica”
inevitablemente fragmentador y fuente de alienación, como expresión de
una sociedad crecientemente mercantilizada, donde reina la racionalidad
instrumental. El hombre allí es necesariamente instrumentalizado y
explotado y ii) como fuente de solidaridad, encuentro y protección, la
comunidad es el refugio del hombre trascendente, el trabajo allí es fuente de
reconocimiento y superación de la alienación.
251 “Si situábamos en el centro, como general necesidad social, la nostalgia de totalidad e integridad del hombre, ahora tenemos que distanciarnos tajantemente – como otras veces – de la crítica romántico-anticapitalista de la división del trabajo. Esta crítica no ve en la división del trabajo más que lo negativo, la fragmentación y la amputación del hombre, sin tener en cuenta que se trata sólo de un escalón necesario de la evolución de la humanidad hacia más alto (...)” (Lukács: 1972, 206)
278
El anticapitalismo romántico, configuración que analizaremos en el
capitulo siguiente, resulta una solución de compromiso entre un
pensamiento que pretende continuar de izquierda, con la administración de
la sociedad, sin procesar una discontinuidad con las administraciones
anteriores.
279
VII. CONCLUSIONES. UN NUEVO PACTO DE DOMINACIÓN: ANTI CAPITALISMO ROMÁNTICO Y ASISTENCIA, UNA EMANCIPACIÓN ILUSORIA
El estudio de la sociedad uruguaya supone enfrentarse a la
particularidad de un Estado que, tempranamente - sin duda en relación a la
región pero también al mundo - consolidó un Estado Social que incorporó e
incluso anticipó un conjunto de demandas de las clases subalternas.
El Estado Social uruguayo se desarrolla y profundiza a lo largo de la
primera mitad del siglo veinte. De acuerdo con la construcción tipológica
realizada para este estudio, es posible afirmar que en la primera mitad del
siglo veinte, el Estado uruguayo logra legitimidad a través de la
construcción de una cuestión social que articulaba equilibradamente las tres
perspectivas ideales de cuestión social.
Es posible establecer que la formación del Estado uruguayo se
consolidó en el momento de resolución de un equilibrio catastrófico que
configuró, a partir de un “cesarismo progresista” (Gramsci, 1993: 125), un
“bloque en el poder” que durante la primera mitad del siglo veinte
articulaba una débil burguesía nacional con un incipiente proletariado en
oposición al imperio británico y la oligarquía nacional (cf. Acosta, 2006).
La alternancia de los partidos tradicionales en el gobierno, que se
procesa con la crisis del 58, marca en verdad un cambio en el bloque en el
poder el cual se vuelve a configurar con una fuerte hegemonía oligárquica
que desplazó a la perspectiva de la ampliación de la ciudadanía al aplicar un
programa inspirado en el neoliberalismo (Rama, 1972: 26; Real de Azúa,
1984: 71).
El nuevo bloque en el poder presenta enormes dificultades para
lograr legitimidad; es posible establecer que la perspectiva conservadora de
280
la cuestión social no lograba desarrollar su papel satisfactoriamente, no sólo
por la creciente crisis de integración social signada por la marginalidad
(Nahum et all, 1998: 158) y la exclusión social (De Armas, 2005: 277) sino
por las importantes dificultades para generar adhesión a un proyecto
nacional - que debió ser impuesto por una dictadura sangrienta - que nunca
logró generar entusiasmo y adhesión en la población. Esta mantuvo un
permanente descontento252 el cual se manifestaba, por ejemplo, con una
permanente emigración de los sectores mejor formados del país.253
Es así que la formación del Frente Amplio ha estado asociada a una
fuerte crisis de hegemonía que puso en cuestión la legitimidad de los
tradicionales partidos Blanco y Colorado. Esta crisis tiene un contenido de
clase siendo la participación de los partidos Comunista y Socialista en el
Frente Amplio expresión de este contenido.
Pero también tiene un fuerte contenido generacional. En ese sentido,
la categoría gramsciana de transformismo ofrece un marco explicativo
adecuado para comprender este proceso de crisis en el que los partidos
tradicionales pierden la capacidad de “educación de los jóvenes” sin que,
“los `jóvenes´ (o una parte sustancial de ellos) de la
clase dirigente (entendida en el sentido más amplio,
no sólo económico, sino también político-moral) se
revelen y pasen a la clase progresiva, que se ha hecho 252 “El desencanto y la frustración comenzaron a ganar ciertas capas mesocráticas de formación intelectual. El discurso de éstas, que anteriormente se emitía desde la segura posición de uruguayos a un mundo en lucha por la constitución de las naciones, la democracia y un socialismo opuesto a la explotación y el imperialismo, cambió de tono y expresó su alarma ante la crisis de la sociedad uruguaya.” (Rama, 1987: 100)253 “Los veinte años transcurridos desde la restitución del gobierno democrático constituyen un plazo muy breve para los tiempos demográficos. Sin embargo, Uruguay cambió mucho en ese lapso: la desigualdad aumentó, y aquella sociedad hiperintegrada — usando la terminología de Germán Rama— dio paso a una sociedad crecientemente fragmentada. En ese lapso aparecieron o se agudizaron muchos de los fenómenos demográficos que constituyen el telón de fondo de la sociedad contemporánea. (...) El impacto de la emigración internacional se hizo patente en faltantes de población, visibles en ciertos tramos de edad por ahuecamientos en la pirámide (en particular, en las personas de entre 25 y 49 años de edad, y más notorios en los hombres que en las mujeres).” (Calvo y Pellegrino, 2005: 252, 258)
281
históricamente capaz de tomar el poder;
(...)” (Gramsci, 1985: 274)
Cuando en la lucha política y militar no se logra procesar esta
posibilidad, cuando la clase “progresiva” no consigue constituirse en clase
dirigente, el conflicto generacional no logra resolverse generándose una
situación de crisis que no se supera adecuadamente,
“Cuando el fenómeno toma un carácter al que suele
llamarse `nacional´, o sea, cuando no aparece
abiertamente la interferencia de clase, la cuestión se
complica y se hace caótica. Los `jóvenes´ se
encuentran en estado de rebelión permanente, porque
persisten las causas profundas de la misma sin que
estén permitidos el análisis, la crítica y la superación
(no conceptual y abstracta, sino histórica y real); los
`viejos´ dominan de hecho, pero... après moi le dèluge,
no consiguen educar a los jóvenes, prepararlos para
la sucesión.” (Gramsci, 1985: 274)
La crisis del Estado de Bienestar y la implosión de la Unión
Soviética generan una crisis importante en el componente clasista del Frente
Amplio. En verdad, esta crisis es expresión de procesos de una enorme
complejidad que impactan en la propia conformación del “sujeto histórico”
que daba concretud a la izquierda254.
254 “Vivimos en la actualidad la experiencia de la crisis (¿terminal?) de un determinado sujeto revolucionario. Las transformaciones en la esfera de la producción de valor (el pos-fordismo), las sucesivas derrotas de los sindicatos, el colapso del ``socialismo real´', la crisis de los paradigmas en el campo de las ciencias sociales, indican que vivimos una época de profunda desorientación, de pérdida de sentido, que se expresa en la desorganización de los movimientos sociales. Indagar sobre los orígenes de esta situación significa investigar el período 67-74, como un momento terminal de los ``años dorados´', y por esta misma razón, un momento inicial de aquello que constituye nuestra contemporaneidad: acumulación flexible, nueva derecha, pos-modernidad.” (Acosta, 2006)
282
A pesar de que el Partido Comunista del Uruguay había logrado
constituirse en un partido de masas, con la caída de la Unión Sovietica, más
tarde o más temprano, sigue la suerte de todos los partidos comunistas del
“mundo occidental”255. Como en el resto del mundo, la crisis del partido
comunista no es más que un síntoma del estado de la lucha de clases.
El Frente Amplio, sin la fuerza de gravedad de sus componentes
clasistas atravesará, como es lógico, una alteración en la correlación de las
fuerzas que lo componen, dando lugar en su interior a una nueva
hegemonía.
Esta nueva hegemonía combina componentes tecnocráticos -ganados
por el pensamiento neoclásico- y componentes conservadores presentes
históricamente en toda la izquierda latinoamericana256. Se desarrolla
entonces el proceso clásico de transformismo:
“El transformismo `clásico´ es el fenómeno por el cual
se unificaron los partidos del Risorgimento. Ese
transformismo pone de manifiesto el contraste entre la
cultura, la ideología, etc. y la fuerza de clase. La
burguesía no consigue educar a sus jóvenes (lucha de
generaciones); los jóvenes se dejan entonces atraer
culturalmente por los obreros y hasta intentan o
consiguen convertirse en jefes de los obreros (lo cual
255 “Pero en ese contexto tan novedoso, la particular dinámica interna de la política uruguaya no fue sensible al impacto de los cambios que llegaban del exterior: ni la caída del muro de Berlín ni la crisis del bloque socialista fueron obstáculo para que el sublema que apoyaba el Partido Comunista (Democracia Avanzada) obtuviera la más alta votación de su historia y se transformara en el sector mayoritario del Frente Amplio. El resultado no dejó de sorprender a los analistas, que lo atribuyeron a la tardía reacción de los electores uruguayos (los acontecimientos en Europa oriental se desencadenaron a principios de noviembre) y principalmente al enfoque “posmoderno” de la publicidad electoral del sector. Sin embargo, parecía claro que en un futuro inmediato, el PCU -siempre muy sensible a las variaciones de la política del PCUS- iba a sentir los efectos de cambios tan importantes.” (Demasi et all, 1995: 25)256 En ese sentido, el denominado “anticapitalismo romántico” (Luckács, 1992) aporta elementos para comprender esta nueva hegemonía, y se volverá sobre este punto para tratarlo con mayor profundidad.
283
es un deseo `inconsciente´ de realizar la hegemonía de
su clase sobre el pueblo); pero en las crisis históricas
vuelven al redil.” (Gramsci, 1985: 315)
De acuerdo al análisis desarrollado a lo largo de estas páginas es
posible afirmar que la propuesta de intervención sobre “lo social” llevada
adelante por la izquierda expresa una perspectiva acerca de la cuestión
social que sustenta un pacto de dominación social que supone una alianza
entre el conservadurismo y el pensamiento neoliberal. En este sentido, el
conservadurismo ha estado incrustado en la conformación típica de la
izquierda latinoamericana y de la que el Frente Amplio no ha permanecido
ajeno. Asimismo, el pensamiento neoliberal en el Frente Amplio se
desprende y se observa en los procesos de transformismo de sectores de la
dirigencia frenteamplista que, en su conformación como “intelectuales” (cf.
Gallardo et all, 2009), hoy son capturados por el pensamiento único,
neoliberal, propiciado por los organismos internacionales257.
A lo largo de las entrevistas y de la lectura de la documentación
institucional se visualiza que el nuevo gobierno parece haberse auto
impuesto límites muy precisos a su intervención, al menos en términos
discursivos, y a los efectos de esta investigación el discurso es central. En
ese sentido, los discursos no refieren a la existencia de elementos externos
que determinaran estos límites actuando como constreñimientos colocados
sobre la intervención en lo social.
257 “Las políticas hacia pobres y trabajadores de la administración frenteamplista inaugurada el 1º de marzo de 2005 pretendieron ser el cemento de una precaria unidad nacional que apoyara la gestión del nuevo gobierno. A través de ellas los sujetos centrales de una eventual conflictividad social fueron cuidadosamente divididos y controlados. Por un lado, los pobres, a partir de un programa de asistencia social que en base a la entrega de dinero y a la exigencia de contraprestaciones equivalentes de trabajo significaba asignarles un nuevo papel como sujetos integrados e incluso garantes del funcionamiento equilibrado del sistema social. Por otro lado, los trabajadores, disciplinados a partir de la restauración de la negociación colectiva entendida como una serie de arreglos cuyo objetivo era que postergaran sus reclamos redistributivos hacia un futuro indefinido, legitimando la gestión oficial al convertirse en pieza angular de un mecanismo presentado como la quintaesencia del progresismo uruguayo.” (Moreira, 2007: 17-18)
284
Este aspecto puede parecer adjetivo pues, en términos estrictos,
podría demostrarse, sin muchas complicaciones, que existen elementos
estructurales que determinan muy precisamente el campo de lo posible. Se
trata de una economía periférica y dependiente en la cual los
condicionamientos materiales258 y los límites impuestos en un contexto de
globalización son muy precisos. Sin embargo, los límites estructurales
impuestos a la acción no emergen en ningún momento, ni en las entrevistas,
ni en los documentos institucionales, ni en las declaraciones a la prensa.
Para un estudio que entiende que la cuestión social es una construcción de
sentido o, en otras palabras, es la construcción social de los problemas
sociales que balizan la intervención del Estado, este aspecto es sustantivo.
En los discursos analizados es recurrente la afirmación de que lo que
se hace es lo que hay que hacer. Se argumenta que la intervención es y tiene
que ser la que se está realizando y se construyen dispositivos institucionales
muy precisos para garantizar que se haga lo que se argumentó que hay que
hacer.
Del mismo modo, cabe señalar que el gobierno ha gozado de
mayorías parlamentarias que actuaron como un soporte relevante para el
desarrollo de sus propuestas y, por lo tanto, pierde sentido su análisis como
un límite posible para la acción de gobierno. Por otro lado, tampoco los
discursos analizados refieren a condicionamientos políticos provenientes de
258 De todos modos, cabe señalar la relatividad de los posibles condicionamientos materiales ante la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas de reducir la carga tributaria en situación de eventual bonanza de las cuentas públicas, cuando se podría pensar en la ampliación del sistema de protección social. En esta línea, recientemente se aumentó el mínímo no imponible del IRPF y se está planteando reducir dos puntos de IVA, al tiempo que el nuevo programa de emergencia habitacional se estaría financiado, básica y fundamentalmente, con aportes voluntarios. “`La rebaja del IVA no es una prioridad del ministerio, es una prioridad del gobierno. Hicimos campaña con eso¨ recordó Pereyra [diputada del MPP, grupo mayoritario del Frente Amplio]” (La Diaria, 29/06/2010). El planteo de la diputada surge a partir de disconformidades surgidas en el seno del Frente Amplio que señalan contradicciones de este tipo planteando, por ejemplo, que “La demora en la implementación del plan habitacional (...) se explica por la falta de recursos. Es `vergonzoso´, comentó una fuente frenteamplista a Brecha, que el presidente tenga que salir a hacer una colecta para poder comenzar a instrumentar dicho plan.” (Semanario Brecha, 18/06/2010)
285
los organismos internacionales sino que, por el contrario, se afirma
enfáticamente lo siguiente:
“Transición de cambio de gobierno, pero además,
renegociación con el BID que era el que ponía los
`chanchos´. Al BID se le dijo, miren, desde los 90
hubo una forma de hacer políticas sociales basada en
el Consenso de Washington. Yo hice un cuadro en
donde les mostraba lo relevante en aquella forma de
hacer políticas sociales y lo que este gobierno
pretendía (...) nosotros vamos a trabajar con este
nuevo enfoque. Si al Banco le interesa este nuevo
enfoque, bueno, entonces ese préstamo de 40 millones
de dólares, que la peculiaridad que tenía era que se
había subejecutado y solo se había pago los sueldos
de los que trabajaban. Es más, Uruguay pagó 120 mil
dólares de multa por no ejecutar. En la peor crisis del
Uruguay, en la peor crisis de la infancia, nos
endeudamos y pagamos multa por no ejecutar.
Entonces si no les interesa este nuevo enfoque, yo
estoy en condiciones en nombre del gobierno de
decirles que no queremos el préstamo. Ese fue el
primer párate. Si vos no tenés una estrategia a nivel
internacional con gran capacidad de maniobra, vas a
morir, porque los organismos internacionales van a
tratar de meter la de ellos. Ahora si te haces respetar,
los tipos son bancos que les sirve prestar plata y
hacer negocio. Ustedes son un banco y yo soy un
cliente y el cliente tiene que estar conforme, si no
ustedes van a dejar de prestar y no van a ganar. Y me
dijeron que ellos son un banco con sensibilidad social,
que lo forman los gobiernos. Y definidas las reglas de
286
juego empezamos el proceso de reforma.” (Entrevista
a Director Político del MIDES)
Estos límites auto impuestos pueden ser leídos como emergentes de
criterios rectores que enmarcan la intervención social del gobierno y que
derivan de las perspectivas liberal y conservadora o, más exactamente, de su
combinación. De este modo, aparece configurada la perspectiva de cuestión
social para el gobierno de izquierda y que, sintéticamente, puede ser
expresada como la articulación de criterios liberales y conservadores:
1) Criterios orientadores definidos desde la perspectiva liberal:
− La política social debe ser estrictamente focalizada, siendo el criterio de
focalización fundamental a fin de no transferir recursos a aquella
población apta para ingresar al mercado laboral, minimizando la
posibilidad de un manejo estratégico de dichos recursos
(desmercantilización en los términos planteados por Esping-Andersen,
1990).
− Las prestaciones nunca deben constituirse en derechos, estando siempre
sujetas a evaluación.
− Las prestaciones deben ser inferiores (en cantidad y calidad) a los
recursos que se pueden obtener en el mercado con la pretensión de no
desestimular para el trabajo. En ningún caso la intervención debe
distorsionar las leyes del mercado.
2) Criterios orientadores definidos desde la perspectiva conservadora:
− El acceso a cualquier beneficio supone, por parte del beneficiario, una
contrapartida de carácter “educativo-disciplinador”.
− El contenido educativo no es evaluado en términos de calidad ya que lo
que se busca es el efecto moralizador del mismo, lo cual es solidario con
el creciente proceso de mercantilización de la educación.
287
− El trabajo como contrapartida se evalúa en su componente de potencial
integrador y no en su capacidad de producir valor.
Importa retomar aquí que, como fuera dicho, cada perspectiva de
cuestión social tiene una construcción mítica de un hombre ideal, una figura
heroica a la cual tender. Las intervenciones desplegadas por el MIDES, en
concordancia con esto, han desarrollado dos espacios que buscan ser
escenario para la actuación de este hombre ideal: las políticas dirigidas a
promover el “emprendedurismo” y las políticas que promueven la
participación social. El primer espacio se articula a los valores liberales que
hacen de la capacidad de construir empresas competitivas el valor central; el
segundo, sin duda, representa el valor central en la perspectiva
conservadora, para la cual la participación es un prerrequisito de la
integración social.
En un primer análisis no parece absurda la impresión de que estos
principios regulatorios son ajenos al pensamiento de izquierda. Es incluso
pertinente argumentar que el pensamiento neoliberal y el pensamiento
conservador pertenecen al horizonte ídeo-cultural de la derecha y, por tanto,
corresponde entonces recuperar aquí la interrogante que nos formulábamos
al principio de este trabajo: ¿cómo la izquierda política logra legitimidad
para llevar adelante reformas que, en principio, parecen ajenas a su sistema
de convicciones?, ¿es pertinente establecer que la izquierda política
uruguaya renunció a su sistema de valores y se ha constituido en otro
partido de centro derecha?
Creemos que la respuesta es negativa e, incluso, una relectura de
nuestras fuentes parece confirmar esta respuesta. En definitiva, la respuesta
debe buscarse por otro lado.
La izquierda política ha renunciado a la revolución, es decir, a
superar el orden burgués. Esto no es, de ninguna forma, una novedad. La
288
búsqueda del centro como estrategia electoral por parte del Frente Amplio,
su conformación en un partido catch-all esta más que tematizada en la
literatura especializada (ver por ejemplo: Yaffé, 2005; Garcé, 2009).
La construcción del discurso ideológico de la izquierda en el
gobierno no debe, entonces, buscarse en Marx, ni en otras versiones del
pensamiento socialista. Ni el observador más ingenuo mantendría
expectativas en este sentido.
Sí, tal vez, no hubiera sido tan ingenuo esperar un proceso de
reforma en otro sentido: la reconstrucción de los sistemas de protección del
Estado Social uruguayo, la búsqueda del pleno empleo a través de una
intervención decidida del Estado, la inversión en infraestructura de interés
social y la construcción de viviendas generando empleo y mejorando las
condiciones de vida de las clases subalternas, etc259.
En el reinado del pensamiento único, este tipo de intervención del
Estado - apenas vinculada al pensamiento socialdemócrata, simplemente
reformista y asociado a lo que nosotros llamamos la perspectiva de
ampliación de la ciudadanía – son vividas como transformaciones
revolucionarias. Ante reclamos de intervenciones de este tipo los militantes
del Frente Amplio dicen: “sólo ganamos el gobierno, no hicimos la
revolución”260.
No obstante el gobierno y sus militantes continúan de izquierda y
vuelven a ganar las elecciones con esta convicción. ¿Cómo se es de
izquierda sin ser socialista o socialdemócrata?
259 “Una coalición de izquierda gobierna y considera que está partiendo de donde Batlle y Ordoñez y sus herederos quedaron. Leí recientemente un artículo del diario El País (9 de marzo de 2009) que bien pudo ser escrito por el propio Juan Andrés Ramírez en su Diario del Plata: `El gobierno del Frente Amplio representa la continuidad del proyecto batllista. Con sus éxitos y fracasos, es innegable que nuestro gobierno tiene los mismos prejuicios contra la empresa extranjera, las mismas sospechas sobre quienes tienen éxito, etc., que caracterizaron nuestro siglo XX.´” (Vanger, 2009: 266)260 La frase no es nuestra, fue dicha, sin ironía, por un militante frenteamplista.
289
La respuesta asoma en uno de los ejercicios de “honestidad brutal”
del actual Presidente de la República José Mujica en la campaña electoral
por las internas: “vamos a hacer una política económica de derecha para
poder hacer una política social de izquierda”261. La frase no tiene nada de
incoherente e indica dónde debe buscarse la nueva configuración ideológica
del Frente Amplio en el gobierno.
En nuestra construcción tipológica recurríamos a Durkheim y la
tradición positivista para delinear la perspectiva conservadora acerca de la
cuestión social. Esta tradición logra una articulación inmejorable con el
pensamiento liberal aportándole un componente de reforma sin abandonar
en ningún punto la apología de la sociedad burguesa (cf. Hobsbawm, 1996 :
156).
Pero el pensamiento conservador no se agota en el pensamiento
apologético de la sociedad burguesa. Tiene también una expresión
anticapitalista, tematizada por Lukács (1992: 140 y sig.) como
“anticapitalismo romántico”.
Decíamos, unos párrafos atrás, que la izquierda política renunció a la
revolución y agregamos que de ningún modo renunció a la utopía; “la
utopía realmente existente” se encuentra allí mismo, al alcance de la mano,
“la reserva moral”, “el refugio de una sociedad sin corazón”: la
comunidad262.
La demonización del Estado de Bienestar por parte del pensamiento
de derecha, conservador y neoclásico, en su conformación neoliberal está
suficientemente trabajado en la literatura especializada (cf. por ejemplo:
Grassi, 2003; Grassi et all, 1994; Hobsbawm, 1995; Netto, 1996; VV.AA., 261 Puede leerse en el Semanario Brecha del 22/4/2009.262 “La comunidad realmente existente se sentirá como una fortaleza asediada que es continuamente bombardeada por enemigos externos (muchas veces invisibles) mientras que, una y otra vez, es desgarrada por la discordía interna; quienes busquen el calor comunal, el sentimiento de hogar y la tranquilidad comunitarias tendrán que pasar la mayor parte de su tiempo en murallas y baluartes.” (Bauman, 2005: 21)
290
1995). Tal vez no está suficientemente tematizada la relación de la “nueva
izquierda”, protagonista del “mayo francés”, en dicha critica y la
funcionalidad de esta critica a la posterior constitución de la hegemonía
neoliberal263.
La caída de la Unión Soviética y la crisis de los Estados de Bienestar
inauguran el triunfo transitorio de la hegemonía neoliberal. Su
transitoriedad no hace que este triunfo sea menos desalentador para las
pretensiones alternativas a este modelo. Como suele ocurrir, las
pretensiones anticapitalistas buscarán refugio en espacios alternativos,
pretendidamente fuera de las relaciones capitalistas de producción: “la
sociedad civil organizada”, el mundo de las ONGs, el trabajo en la
comunidad, etc. serán los espacios ideales para la actividad de estas
vertientes herederas de esta nueva izquierda “radical”264.
“Bolivia es uno de los países más pobres del
hemisferio occidental, junto con Haití. Sin embargo,
la fortaleza del vínculo social permitió a sus
habitantes ser la vanguardia continental en la
resistencia al neoliberalismo (...) es el único país que
marcha hacia la construcción de otra economía,
basada en otras relaciones de poder para refundar el
263 “La cuestión de la legitimidad del Estado adquirió el status de problema relevante para el pensamiento político y social cuando una solución transitoria al problema – la forma conocida como Estado Benefactor, Estado Social o Estado de Bienestar keynesiano – se halló en el centro de la crítica social y del malestar cultural que, en una primigenia manifestación, hizo eclosión en el `mayo francés”. En las décadas siguientes, dicha crítica terminó orientada por el pensamiento político conservador y los teóricos neoclásicos de la economía (….) En América Latina, el proceso atravesó por las dictaduras más sangrientas y culminó (…) en los proyectos orientados por un pensamiento sin matices que se reconoce como el `neoliberalismo´” (Grassi, 2003: 15 - 16) 264 “Se asistirá a un florecimiento de vertientes aparentemente radicales, abiertamente descalificadoras de la teorización sistemática y de la investigación rigurosa, fundadas ya sea en un anticapitalismo romántico de inspiración católica (la glorificación del `saber popular´, del `pueblo´, apelando a valores de `solidaridad´) o en el rechazo anarcoide al universalismo de la modernidad (la entronización abstracta del `protagonismo de la sociedad civil´, la desconsideración del Estado. El anti institucionalismo vulgar, la reificación de las diferencias), ya sea en el irracionalismo abierto (la validación de las `racionalidades alternativas´) o en el relativismo más primario (con la ecualización de todas las formas de socialidad).” (Netto, 1996: 127)
291
Estado heredado de la colonia. La fuerza motriz es la
potencia del vínculo social, o sea de la
comunidad.” (Raúl Zibechi comentando las palabras
de la actual Ministra de Desarrollo Social, A.S. Ana
Vignoli265)
La extraña frase del actual presidente cobra ahora sentido. Se es de
izquierda en la comunidad, donde se desarrolla la Kultur: “el arte, la
filosofía, la vida interior del hombre”, y se es de derecha en la sociedad,
donde se desarrolla la Zivilisation: “la evolución técnica y económica”
(Lukàcs, 1992: 141).
Esta construcción antitética, “objetivamente falsa y engañosa”
(Lukàcs, 1992: 141) encuentra su más sofisticado constructor en Ferdinand
Tönnies y su obra “Comunidad y asociación” (1979). La construcción
típico ideal desarrollada por el autor establece dos esferas del desarrollo de
la voluntad humana, una que es esencial o natural (Wesenwille) que se
desarrolla en la comunidad; la segunda, arbitraria, instrumental o racional
(Kürwille) que se desarrolla en la sociedad (Tönnies, 1979: 115).
A la inversa que en Durkheim (1995), la comunidad es una
formación orgánica y la sociedad una formación mecánica (Tönnies, 1979:
29). En la comunidad se dan las relaciones humanas esenciales, las
relaciones primarias de proximidad, de cuidado y afecto, es la esfera de la
vida verdadera, del trabajo con sentido.
La sociedad, por el contrario, es una construcción arbitraria, es el
mundo de la racionalidad instrumental (Tönnies, 1979: 155), del egoísmo en
que todos se tornan comerciantes preocupados por su interés individual
(Tönnies, 1979: 80) y es, en definitiva, la esfera del trabajo alienado y
enajenado (Tönnies, 1979: 90).
265 Entrevista realizada por Raúl Zibechi y publicada en el Semanario Brecha, 19 de marzo de 2010.
292
Como fue establecido páginas atrás, para Durkheim la “solidaridad
orgánica”, propia de las sociedades modernas, establece un vinculo más
férreo entre los individuos, los torna dependientes unos de otros. Para
Tönnies, por el contrario, la sociedad genera un vínculo débil, apenas
ilusorio y la comunidad es donde la unidad entre los individuos es esencial
y verdadera:
“La teoría de la Gesellschaft o asociación trata de la
construcción artificial de una amalgama de seres
humanos que en la superficie se asemeja a la
Gemeinschaft o comunidad en la que los individuos
conviven pacíficamente. Sin embargo, en la comunidad
permanecen unidos a pesar de todos los factores que
tienden a separarlos, mientras que en la Gesellschaft
permanecen esencialmente separados a pesar de todos
los factores tendentes a su unificación.” (1979: 67)
Lo esencial en el pensamiento de Tönnies, que al decir de Lukàcs
(1992: 142) no deja de ser un liberal266, resulta en esta mirada dicotómica
que articula el pensamiento conservador, regulando la vida comunitaria,
esfera de los valores de solidaridad y encuentro, y la sociedad, que exige un
Estado Hobbesiano267 que regule la vida:
“Ello nos da una descripción general de la `sociedad
civil´ o `asociación general de intercambio´, cuya
naturaleza y movimientos de la economía legislativa
conviene entender. Ésta es la situación en que, según
expresión de Adam Smith, `todo hombre... se convierte 266 “Tönnies describe la sociedad con los colores grises de la filosofía del derecho de Hobbes, presentándolo como una situación donde todos son enemigos de todos y solamente la ley es capaz de mantener un orden exterior.” (Lukàcs, 1992: 142)267 Los acuerdos entre Tönnies y Hobbes en la comprensión de la sociedad y las exigencias para su regulación pueden leerse en Tönnies 1979 (144 -146): “El esfuerzo por la fortuna, la suerte y el poder”.
293
en cierta medida en un comerciante...´.” (Tönnies, 1979:
80)
Es de esta forma que se estructura ideológicamente el proyecto
frenteamplista del “Uruguay Productivo” que “(...) conduce, pues,
forzosamente, a la división de la sociedad en dos partes, (...)” (Marx, 1986:
8). Una parte es la base del verdadero Uruguay profundo. Allí se expresa la
verdadera esencia humana, la economía social268, la esfera del propio
cuidado y del cuidado de los débiles269. Allí el trabajo se manifiesta en su
verdadera dimensión, desalienado, expresa toda su esencia, el esfuerzo no es
recompensado materialmente, allí no se producen mercancías sino que
espiritualmente se reconstituye la autoestima, el reconocimiento de los
otros, procesándose, de este modo, la verdadera integración social. Veamos,
a modo de ilustración, los testimonios recogidos en material de difusión del
MIDES:
“Estoy sudando la gota gorda para levantar una
pared de mi casa que estaba por caerse y el grupo me
ayudó. Estoy muy contenta de tener una pared en buen
estado que no se va a caer y el techo reparado que no
se llueve. Aprendí a compartir y ayudar a los demás.
Como dice un refrán: uno para todos y todos para
uno.”
O unas páginas más adelante, en el mismo material se relata que:268 “En la economía social, y supongo que buena parte de ustedes conocen el tema, se trata con frecuencia de experiencias muy interesantes pero que se desenvuelven en los márgenes o en los intersticios del mercado. Son personas que se las arreglan para producir formas de economía no mercantil pero me parece que eso no es una alternativa global a la cuestión que debemos enfrentar. El mercado no se domesticará por algo que pasa por fuera de él. Si es posible domesticar al mercado eso solamente podrá hacerse con nuevas formas de organización colectiva del trabajo y con el rol del Estado como garante de esas protecciones. Ahora bien, las personas que proponen la economía social son -con frecuencia- quizás un poco ingenuas. No quieren comprender la importancia fundamental del Estado, y también se corre el riesgo de no comprender la importancia del mercado.” (Castel, 2007: 5)269 Como reza una publicación del MIDES “Invierno: cuidarse y cuidar a los más débiles” (Infomides, junio de 2009).
294
“Ya hemos arreglado los techos y las paredes que
traspasa humedad de las casas, nos parecía lo más
urgente antes de que llegara el invierno. Cada cual
aporta los materiales que pudo conseguir, todos
somos mano de obra, y los voluntarios ponemos el
portland, el hidrófugo, las varillas de hierro y las
chapas con dinero que nos aporta la gente de afuera.
No llega a 4.000 pesos lo que nosotros hemos gastado.
¡Para resolver las humedades de siete casas! ¡Cuánto
se puede hacer cuando juntamos gente y esfuerzos
para resolver las cosas!”270
Cuando la izquierda redacta una ley para promover y regular el
trabajo voluntario establece que:
“Tratándose de menores, deberá constar en el mismo
el consentimiento expreso de los representantes
legales de los niños, las niñas o los adolescentes
quienes siempre deberán tener más de 13 (trece) años
de edad (...) La jornada diaria no podrá superar las
seis horas en el caso de servicio voluntario realizado
por los niños, las niñas y los adolescentes referidos en
el inciso segundo del artículo 5 de la presente ley.”271
Cuando un niño debe trabajar tiene por ley que solicitar permiso de
menor en el Instituto Niño y el Adolecente del Uruguay quien establecerá a
tal efecto si el trabajo a realizar es adecuado para un niño. Sin embargo, en
lo referente al trabajo voluntario se establece que alcanza con la
autorización de los padres y la jornada no podrá superar las seis horas
270 Mano con mano. Plan de Emergencia. Ministerio de Desarrollo Social. Diciembre de 2006.271 Ley Nº 17.885. Disponible en: www.parlamento.gub.uy Consulta: 12/11/09
295
diarias. De algún modo, se dice sin decir que el trabajo voluntario, aquel
que se realiza en la comunidad, nunca es perjudicial pues no existe la
alienación ni la explotación al tratarse de la esfera de la solidaridad y el bien
común.
Esta esfera debe ser cuidadosamente reconstituida cuidando a los
que allí se encuentran y propiciando el reencuentro con aquellos que han
perdido el camino a casa, siendo esa la función central que ha desarrollado
el MIDES con sus propuestas de intervención social.
“INGRESO CIUDADANO: consiste en una
transferencia económica dirigida a jefas y jefes de
hogar donde el protagonista asume compromisos
vinculados con el ejercicio de sus propios derechos:
realizar los controles médicos del núcleo familiar,
asegurar la permanencia de niñas y niños en el
sistema educativo y la realización de actividades
comunitarias.
Por actividades comunitarias deben entenderse
aquellas que propendan a la integración,
promoviendo una auténtica modificación cultural,
democrática y de justicia social.
Se entiende que en el concepto de actividades
comunitarias, deben comprenderse tanto aquellas
derivadas del aporte a la integración social realizada
por la participación en programas educativos, tales
como las actividades comunitarias de integración
social a través de las cuales se realizan tareas de
mejora del entorno barrial. Ambos mecanismos
pueden y deben concebirse interrelacionados.
Para la realización de estas tareas se hizo un llamado
a organizaciones educativas y sociales. La
296
metodología que sustenta este programa se apoya en
la conformación de grupos de no más de 25 personas,
en el involucramiento de las familias y un trabajo
que fortalezca la interrelación entre las comunidades
barriales con los hogares en situación de exclusión
social.”272
Operar en la comunidad supone un cuidadoso trabajo de
articulación, retejer esa telaraña de vínculos y relaciones de reconocimiento
y afecto, de sostén y protección, pero también de exigencia y control para
que se constituya la verdadera ciudadanía o, en otras palabras, se trata de
lograr que: “el protagonista asuma compromisos vinculados con el
ejercicio de sus propios derechos”.
Para esta perspectiva es allí en la comunidad donde se procesa la
verdadera transformación. La verdadera estructura a transformar está
contenida allí que es donde se procesan los cambios de fondo. De este
modo, se comprende que por “actividades comunitarias deben
entenderse aquellas que propendan a la integración, promoviendo una
auténtica modificación cultural, democrática y de justicia social.”
Claro que el Estado, ese aparato pesado, burocrático y esencialmente
represivo poco puede hacer en el campo de la protección, cuidado y
promoción de una ciudadanía responsable273. Por eso “para la realización
de estas tareas se hizo un llamado a organizaciones educativas y
sociales.”
272 Mano con mano. Plan de Emergencia. El Urugauy somos tú y yo. Ministerio de Desarrollo Social. Uruguay 2005: 12-13.273 “De poco valdría mejorar la vivienda si después no le damos seguimiento al acontecer humano. Esto implica asegurar la militancia social. De alguna manera, los estados pueden `raspar´ recursos, apelar a diversos caminos, pero lo que no se puede dar es amor. Y en este caso el amor a la humanidad sólo lo puede dar la gente” (palabras del actual Presidente de la República, José Mujica, a La Diaria “Pero con flores. Entre el voluntariado y los voluntariosos”, 22/03/2010)
297
En suma, la comunidad es de por sí terapéutica, curadora, y el
objetivo último no es otro que “el involucramiento de las familias y un
trabajo que fortalezca la interrelación entre las comunidades barriales
con los hogares en situación de exclusión social.”
En tanto la sociedad es plana, sin matices ni profundidad, la
comunidad es profunda, llena de sentidos, siendo allí donde se da la
verdadera vida con toda su complejidad274. En el mismo sentido, cuando se
rompen los lazos con la comunidad, la respuesta no debe buscarse en la
pérdida del empleo o la ruptura de los sistemas de protección social, sino en
que los problemas tienen un carácter más profundo y la cura esta allí mismo
en la comunidad:
“Atención a los sin techo (PAST): (...) La situación de
calle es a veces el resultado directo de la falta de
empleo, pero en otras oportunidades es un síntoma de
algo mucho más profundo. Las mismas condiciones en
que tienen que sobrevivir, dejan huellas tan hondas en
su ánimo, esperanza y autoestima que es imposible
diferenciar si se trata de una causa o de un efecto, por
lo que es necesario contribuir a la solución de estos
problemas en el marco de un enfoque integral y
personalizado (...) Es importante señalar que
activamente se busca aumentar la participación y el
aporte al programa de los propios protagonistas.
Consideramos que esa participación y ese aporte
274 La presentación dicotómica entre comunidad y sociedad en la sociedad burguesa puede leerse también en Heller (2002: 155): “Así como el individualista burgués, que niega toda comunidad, hincha sus exigencias particulares considerándolas como las únicas genéricas, así el particular que se identifica incondicionadamente con su comunidad abandona todos sus afectos particulares que la comunidad dada le promueve a abandonar y desarrolla aquellos que pueden prosperar libremente a pesar de la identificación con la comunidad o, quizá, precisamete a través suyo. Es especialmente evidente la simbiosis entre la identificación y la particularidad en la sociedad burguesa, donde la escisión antes latente se convierte en un abismo en la contradicción, ya examinada, entre bourgeois y citoyen.”
298
hacen a un proceso de construcción de ciudadanía
imprescindible.”275
En definitiva la voluntad humana esencial se encuentra en la
comunidad (Tönnies, 1979: 27). Allí el esfuerzo desinteresado es posible,
tiene sentido y vale la pena:
“`Al comenzar sus actividades el Ministerio se
encontró con graves problemas de recursos tanto
físicos como humanos (...) no se contaba con una
plantilla de personal propio, debiendo acudir a
diversos mecanismos de reclutamiento de personal (...)
a pesar de las limitaciones descritas, la ejecución del
PANES se logró de buena manera´. Así dice un
informe de dos consultores externos al MIDES (...)
quienes agregan que ese resultado probablemente se
deba, entre otras cosas, `a que el PANES en particular
cuenta en su haber con una especial fuerza de
voluntad y un alto nivel motivacional del personal´
simple decirlo, titánico lograrlo.”276
Este tipo de mirada donde la sociedad y el Estado aparecen como
construcciones burguesas que finalmente se desmoronan por su propio peso
y donde los verdaderos procesos de transformación ocurren allí donde se da
la vida esencial es bastante típica en ciertas perspectivas del pensamiento de
izquierda. De algún modo es como si se procesara una nueva inversión en la
dialéctica para volverla a poner sobre sus pies: la vida espiritual de los
hombres humildes. Veamos las palabras del líder del Movimiento de
Liberación Nacional (MLN - Tupamaros) recogidas por Adolfo Garcé
(2009):
275 Mano con mano Plan de Emergencia. El Uruguay somos tú y yo. Ministerio de Desarrollo Social. Uruguay, 2005: 22.276 Marina Arismendi, Ministra de Desarrollo Social in Infomides, julio de 2008: 2.
299
“La línea política permitió un desarrollo diferente. No
fue sólo el Pepe277. No fue fácil, acá adentro se
discutió mucho. Hasta ahora no sabemos que no es
una claudicación. Estamos haciendo un experimento.
Vamos a ver cómo funciona (...) Ahora, el gobierno
nacional que haga lo que quiera. Yo creo que se puede
hacer mucho más en el gobierno departamental,
haciendo una experiencia real de participación
popular. Esto es estratégico y no táctico. Vamos a ver
si ganamos a la gente que está alrededor nuestro para
estas ideas.”
En cierto sentido, las palabras recogidas por Vanger (2009: 266) (ver
nota 124) cobran su verdadero sentido: “El gobierno del Frente Amplio
representa la continuidad del proyecto batllista” pero solo en cuanto a que el
Frente Amplio continúa con “los mismos prejuicios contra la empresa
extranjera, las mismas sospechas sobre quienes tienen éxito, etc.”. Pero esa
sospecha es ahora tan radical que el resultado es que allí no se puede hacer
nada; la sociedad, el mundo de las empresas y los consumidores, el egoísmo
y el interés privado no puede ser reformado. En esa esfera solo es posible
garantizar las reglas del juego y al igual que para Tönnies, la sociedad
precisa para ser regulada de un estado liberal leviatánico.
Esa sospecha es, entonces, referida no sólo a la empresa, no sólo al
capital sino que remite a todos quienes allí operan siendo tratados con la
misma desconfianza. No hay diferencias, en tal sentido, entre el capital y el
trabajo278. 277 Se refiere a José Mujica, actual Presidente de la República.278 En la entrevista ya referida el actual Vicepresidente de la República, Cr. Danilo Astori, denostaba la “actitud corporativista” que atribuye no sólo a los sindicatos: “Sin duda, pero no solo. Hay profesionales que no integran un sindicato y defienden propuestas que sólo están inspiradas por la defensa de sus intereses, a veces identificándose como frenteamplistas (recuerdo discusiones sobre el impuesto a la renta). Ésa no es una actitud de izquierda. Ser de izquierda es defener la transformación de toda la sociedad al servicio de los más débiles y los más humildes” (Entrevista realizada en La Diaria, 23/06/2010)
300
De esta manera, el proyecto del Frente Amplio puede establecer, sin
escándalo, que sus modelos son Nueva Zelandia279 y el Brasil de Lula280, es
decir, un país que ha desarrollado exitosamente el modelo neoliberal y otro
que se ha destacado por su proyecto de atención a la pobreza extrema.
Los procesos de transformación del capitalismo iniciados con la
crisis de los años setenta acaban configurando una situación mundial donde
parece que nada se puede hacer, que la política es impotente frente al poder
del capital desterritorializado.
El pensamiento único, el neoliberalismo, se presenta, no ya como
una perspectiva ideológica a la cual adherir o combatir, sino que se presenta
como una realidad incuestionable, como un dato, un “hecho social” diría
Durkheim. En este contexto, la política o, más exactamente, el mundo de las
opiniones políticas, se restringe a la administración de aquellas esferas que
quedaron fuera, en los márgenes de los procesos de producción.
Como señala Sennett (2000. 143), si lo que se quiere es “captar
capitales” entonces la soberanía no puede ser ejercida:
“Hoy, los lugares, las ciudades o las naciones temen
que si ejercitan su soberanía, imponiendo, por
ejemplo, cargas fiscales o restringiendo los despidos
sumarios, una empresa pueda encontrar sin mayores 279 “El presidente José Mujica viajó a Nueva Zelanda en noviembre de 2007 invitado por el Ministro de Ganadería de ese país, en uno de los pocos viajes que realizó al exterior. En aquel tiempo era Ministro de Ganadería y recorrió tambos, se reunió con autoridades oficiales y con empresarios, además de participar de las reuniones de gobierno en las que estuvo su antecesor, Tabaré Vázquez. Retornó al Uruguay deslumbrado por los avances en materia económica, productiva y social y por la reforma del Estado aplicada por el gobierno isleño.” Disponible en: http://causaabierta.blogia.com/2010/030418-expertos-de-nueva-zelanda-comandaran-reforma-del-estado-en-uruguay.php. Consulta: 15/5/2010280 Para tener una interpretación de las palabras del Presidente José Mujica, “Nuestro modelo son Neozelandia y el Brasil de Lula”, ver entrevista realizada en Radio El Espectador por Emiliano Cotelo a la politóloga - y senadora del sector del presidente dentro del Frente Amplio - Constanza Moreira, el 9/11/09 y reproducida en el Diario El País ese mismo día.
301
problemas otra isla en la red, una fábrica en el
Canadá, si no la encuentran en México, o una oficina
en Boston en lugar de Manhattan.”
Imaginemos, si la situación es presentada en estos términos para las
economías centrales, con qué radicalidad es vivida esta sensación de
impotencia en las economías periféricas.
Es este contexto que hace emerger la comunidad como un refugio,
un lugar de reencuentro, una esfera donde la política cobra un nuevo
sentido. El viejo discurso de confrontación y lucha de clases es entonces
sustituido por otro, ajeno hasta ahora a la retórica de la izquierda, que habla
de amor y solidaridad, de afecto y pertenencia:
“Los jóvenes se van buscando una mejora económica
pero también porque no encuentran lugares. A veces
uno puede sentirse motivado y querido por la sociedad
sin importar tanto el nivel salarial. Sentirse querido es
lo más importante” (Ministra de Desarrollo Social,
A.S. Ana Vignoli281)
Las palabras de la nueva Ministra son esclarecedoras de la
discursividad actual de la izquierda en el gobierno. El testimonio
reproducido no exige demasiado aliento teórico para su análisis, pero
retomemos los aportes de Sennett (2000: 145) que parecen hechos a medida
para el análisis de estas palabras que sorprenden si se toma en cuenta que la
Ministra de Desarrollo Social, al igual que su antecesora, es militante del
Partido Comunista del Uruguay.
“Todas estas situaciones impulsan a la gente a buscar
otra escena de cariño y profundidad. Hoy, en el nuevo
281 Entrevista realizada por Raúl Zibechi y publicada en el Semanario Brecha, 19 de marzo de 2010.
302
régimen, el uso de la palabra `nosotros´ se ha vuelto
un acto de autoprotección. El deseo de comunidad es
defensivo (...).”
Si se planteara a un observador, informado y relativamente
imparcial, que alguien compara a Uruguay con Bolivia, posiblemente el
observador argumentara que esa comparación es, probablemente, parte de
un ataque al gobierno por parte de un opositor con mala fe.
Si se le aclarara que la comparación fue realizada por un miembro
del gobierno, y más exactamente por un Ministro, el observador podría
seguir sosteniendo la presunción de mala fe, en el entendido de que es muy
fácil compararse con el más débil y así salir con ventaja.
Lo que seguramente dejaría del todo perplejo al observador es que
Bolivia es tomada como modelo a seguir y desde ahí se realiza la
comparación. Veamos un fragmento de la entrevista de Raúl Zibechi, citada
páginas atrás, a la Ministra de Desarrollo Social:
“- Cuando usted sueña o imagina erradicar la
indigencia y disminuir la pobreza ¿cuáles serían sus
referencias en América Latina o en el mundo, aquellos
procesos que la motivan?
- Bolivia, porque es una referencia de participación y
de inclusión de todos los sectores sociales en un
proyecto de cambio. Evo Morales surge de las
organizaciones sociales, de toda esa trayectoria que
fue muy difícil pero ahora está dando sus
frutos.” (Ministra de Desarrollo Social, A.S. Ana
Vignoli282)
282 Entrevista realizada por Raúl Zibechi y publicada en el Semanario Brecha, 19 de marzo de 2010.
303
La añoranza de un pasado, idealizado, la América indígena,
campesina, comunitaria, es propia del anticapitalismo romántico, que vive
al capitalismo, ingenuamente, con la vivencia agónica que opone al
progreso la añoranza de una esfera donde el “nosotros” es posible (Sennett,
2000: 143)
“La sociedad está imbuida de una cultura
individualista que a través de los años no hemos
podido modificar, porque nos tenemos miedo los unos
a los otros, y con el tiempo eso se ha convertido en
cultura” (Ministra de Desarrollo Social, A.S. Ana
Vignoli283)
La cultura a que refiere la Ministra puede fácilmente ecualizarse con
la sociedad de mercado donde los individuos compiten unos contra otros y,
por tanto, el otro es un potencial agresor. Veamos lo que dice Tönnies
(1977: 67) al respecto:
“(...) nadie quiere conceder ni producir nada en
función de otro individuo, ni tampoco se encuentra
dispuesto a darle nada siquiera de mala gana como no
sea mediante el intercambio de una dádiva o un
trabajo equivalente que considere igual por lo menos
a lo ofrecido. Hasta es necesario que esto último sea
más deseable para él que aquello que había sido
capaz de retener; pues sólo se sentirá movido a
proporcionar algún tipo de bienes si recibe algo que
considera mejor.”
En tanto la sociedad no puede ser transformada, mucho menos
revolucionada, la propuesta se restringe a la búsqueda de una comunidad
283 Entrevista realizada por Raúl Zibechi y publicada en el Semanario Brecha, 19 de marzo de 2010.
304
participativa, solidaria y la integración se procesa allí. En esta esfera
idealizada, el argumento de que la pobreza es un problema de todos284
equivale a decir que no es un problema de nadie en particular y, por tanto,
no es un problema del Estado.
El anticapitalismo romántico queda preso de una concepción
idealizada del Estado. En tanto la sociedad es el mundo de individuos
egoístas, el Estado aparece como una instancia despolitizada que busca la
conciliación entre los hombres, “el hombre que vive en el mundo real de la
`sociedad civil´ (el bourgeois) solo conoce intereses privados y
particularistas” (Coutinho, 1994: 18), necesita de un “Estado como
encarnación de la Razón universal” con una “burocracia como `clase
general´” que promueva el compromiso de todos en relación a los
problemas sociales, la reconstrucción de un “nosotros”285 - por encima de
las clases sociales - responsables de la pobreza:
“- ¿Eso quiere decir que no aspira a que la gente
delegue en el Estado sino que se implique en las
políticas sociales? - La apuesta es que el Estado y la
sociedad puedan lograr efectos de gestión mejores que
los que tenemos. Esa es la idea que está detrás del
plan de vivienda que propuso el Presidente. - La
pobreza no es entonces sólo una cuestión de ingresos.
- Apostar a la inclusión supone reconstruir vínculos, y
eso pasa porque la gente se involucre en los
proyectos, que entienda hacia dónde queremos ir y
que todos seamos responsables por la sociedad que
construimos, porque la pobreza es un problema de
284 “(...) apostar a la inclusión supone resonstruir vínculos, y eso pasa por que la gente se involucre en los proyectos que estamos planteando, que entienda hacia dónde queremos ir y que todos seamos responsables por la sociedad que construímos, porque la pobreza es un problema de todos” (Ministra de Desarrollo Social)285 “Nosotros” en el sentido que le atribuye Sennett (2000: 143)
305
todos.” (Ministra de Desarrollo Social, A.S. Ana
Vignoli286)
El Estado queda limitado, fuera de una función moral abstracta,
propia del pensamiento conservador, a la función añorada por el
pensamiento liberal, es decir, al control policíaco de los territorios, el
garante de la protección de los individuos honestos de la amenaza de los
sospechosos de siempre.287
El retorno del liberalismo decimonono en su presentación neoliberal,
pregonado por los organismos internacionales e incorporado por los
sectores tecnocráticos del gobierno progresista, supone un principio
innegociable: la intervención sobre lo social no debe interferir en el
mercado por lo que debe ser focalizada, es decir, no debe transferir recursos
de negociación a los individuos que están integrados al mercado. En los
términos de Esping-Andersen (1990), se debe evitar la desmercantilización
que es un recurso de la clase trabajadora para negociar en mejores
condiciones con el capital.
La comunidad entonces es creada como una esfera
desmercantilizada que funciona en paralelo al mercado, no interfiere con sus
leyes y donde la práctica moralizante de los sectores neoconservadores
opera con autorización del pensamiento liberal.
La participación social es entendida no como conformación de
grupos de presión sino en sus formas de autoayuda, autoconstrucción,
autoempleo, agricultura para el autoconsumo, etc.
286 Entrevista realizada por Raúl Zibechi y publicada en el Semanario Brecha, 19 de marzo de 2010.287 “El control polícial del territorio administrado es la única función que se deja enteramente en manos de los gobiernos estatales; el estado y sus órganos han abdicado de otras funciones ortodoxas, o han llegado a compartirlas y por tanto sólo las controlan parcialmente, sin autonomía.” (Bauman, 2005: 117)
306
Estas propuestas apuntan a promover trabajo concreto no
mercantilizable: autoconstrucción, agricultura para el autoconsumo, por
ejemplo. Se trata de iniciativas que tienen una alta valoración para las
perspectivas conservadoras (anticapitalismo romántico) y resultan
beneficiosas para el capital en tanto generan una población pasible de ser
utilizada por salarios inferiores en tanto reducen los costos de reproducción
de la fuerza de trabajo. Esto es señalado por Castel (1997: 146) como un
elemento que jugó en los primordios del capitalismo:
“Ciertas formas bosquejadas de concentración
industrial (las minas, las fraguas, las fábricas de
papel...) solían instalarse en el campo. (....)
Reclutaban su personal subalterno en el ambiente
rural, y este semiproletariado conservaba un vínculo
sólido con la tierra. Seguían cultivando su parcela y
participando en las tareas del campo en el momento
de la cosecha o la vendimia. Esta situación mixta
presentaba ventajas para el empleador: los salarios
podían ser particularmente bajos, puesto que el
obrero contaba con ingresos adicionales.”
Para el pensamiento conservador estas propuestas de inserción, a
pesar de ser insustentables desde un punto de vista mercantil (y
precisamente por esto), se tornan especies de falansterios de una nueva
sociedad fraternal y comunitaria. Por su parte, para el pensamiento liberal,
estas propuestas no ofrecen mayor reparo ya que no interfieren con el
mercado y si lo hacen es de manera beneficiosa para el capital.
Esta alianza no presenta problemas en tanto el pensamiento
conservador realiza un claro menoscabo del elemento material a favor del
espiritual o moral. Como dice la recordada sentencia del nuevo testamento
“al César lo que es del César”.
307
El menoscabo mencionado abre un muy conveniente voluntarismo
en la administración de las nuevas políticas sociales que, como fue dicho,
retoman el proyecto moralizador y neohigienista.
Entre tanto, en la regulación general se adhiere a un radical realismo
que realiza una evaluación implacablemente mercantil de la sustentabilidad
de los proyectos planteados, lo que puede ilustrarse con frases antológicas
tal como “con la ideología no comemos” (frase con un contenido ideológico
innegable). Es la lógica propia de un sistema de regulación que apuesta a la
mercantilización creciente de todas las esferas de la vida.
Del otro lado parece decirse lo opuesto, “no importa si comemos en
tanto tengamos ideología”, ya que lo preponderante en la política social es
crecientemente la ideología. Ocurre que cuando se mercantilizan todas las
esferas de la vida lo que resta para la política social es lo que efectivamente
no puede mercantilizarse.
Esta alianza de perspectivas es clásica; el tratamiento clásico de la
“cuestión social” la supone en último análisis. El Estado en el capitalismo
competitivo suponía la caridad y la filantropía como la cara humana de un
mundo despiadado.
De un lado, la radicalización de la racionalidad instrumental, donde
se concibe al sujeto como un homo economicus que solo opera con una
racionalidad instrumental egoísta, como “individuo posesivo” (Macpherson,
1979: 276)
“Ya que el individuo solo es humano en la medida en
que es libre, es libre sólo en la medida en que es
propietario de sí mismo, la sociedad humana solo
puede ser una serie de relaciones entre propietarios
308
exclusivos, o sea, de una serie de relaciones de
mercado.”
Del otro, el voluntarismo más estéril, donde se intenta construir un
individuo moral despojado de egoísmo y condenado cuando realiza un
posicionamiento estratégico que es solo legítimo en el mercado. Si el
individuo no es exitoso en el mercado pierde la legitimidad para
posicionarse estratégicamente en la “esfera social” despolitizada.
Es claro que la política social tiene una racionalidad estrictamente
instrumental, que se le exige la maximización de los recursos en forma
extrema, pero esta racionalización le es impuesta desde fuera. Porque los
recursos que administra y las prioridades le son fijadas desde fuera, desde el
marco general que establece qué recursos va a administrar, sea por parte de
los organismos internacionales o por parte del Ministerio de Economía y
Finanzas.
Esta alianza se sustenta y es posible a partir de un proceso de
deseconomización de la cuestión social por el que la pobreza deja de ser un
problema económico (aunque se mide a partir de parámetros económicos)
para convertirse en un problema esencialmente moral. Más que combatir la
pobreza como insuficiencia de ingresos, se observa una fuerte preocupación
por sus consecuencias: inmoralidad, violencia, déficits educativos, etc.
De algún modo, este proceso de bivalencia del sistema de
protección/integración social fue señalado por Pierre Rosanvallon (1995),
estableciendo claramente cómo de un lado,
i) el ciudadano pleno, respetado en su privacidad, es protegido e
integrado a partir de una institucionalidad que lo reconoce como titular de
derechos y, por tanto, no condiciona la protección:
309
“Desde el momento en que se lo universaliza (por la
obligación), el seguro se vuelve verdaderamente
social. Cumple entonces el papel de una especie de
transformador moral y social. El seguro social
funciona como una mano invisible que produce
seguridad y solidaridad sin que intervenga la buena
voluntad de los hombres.” (1995: 26)
ii) Del otro, la propia descalificación operada desde el poder, que en
la medida en que individualiza la incapacidad de desempeñarse en el
mercado, justifica la ruptura del derecho y la indiscreción apoyada en
argumentos instrumentales que establecen que es preciso conocer para
auxiliar:
“Por otra parte, más allá de los procedimientos
estandarizados tradicionales, es preciso igualmente
que el Estado providencia pueda personalizar sus
medios, para adaptarse a la especificidad de las
situaciones: en materia de desocupación de larga
duración y de exclusión, no hay, en efecto, sino
situaciones particulares.” (Rosanvallon, 1995: 11)
La moralización es inmediata, no precisa de (o no cuenta con) las
mediaciones de un sistema social complejo; el retorno a la comunidad en la
retórica de las nuevas políticas sociales es prístina al análisis.
En síntesis, es posible identificar una alianza entre la perspectiva
liberal y la conservadora con una supremacía de la primera sobre la segunda
y una “división del trabajo” entre ambas.
La regulación social predominante es liberal, la vigilancia está en
manos del Ministerio de Economía que mantiene la tendencial
310
mercantilización de todas las esferas de la vida, regula las relaciones
capital-trabajo, los criterios de gasto, etc. El elemento rector es el trabajo
abstracto y su capacidad de generar valor de cambio.
Tal como señalan Britos y Caro (2002), la inversión de la relación
trabajo asalariado – protección social es el eje que permite comprender el
pasaje hacia un régimen de bienestar liberal – residual a partir de un
régimen conservador, en donde la propia intervención asistencial exige los
méritos del trabajo.
Subordinada a esta regulación se encuentra la regulación sobre la
población en situación de pobreza e indigencia. Desde el Ministerio de
Desarrollo se controla el uso que la población hace de las prestaciones
transferidas, procurando que la intervención no interfiera sobre las leyes del
mercado. El elemento rector es el trabajo concreto: el valor de uso es su
capacidad de disciplinamiento.
La intervención sobre lo social es aceptada por la perspectiva
neoliberal, en tanto la misma se restrinja a una población previamente
desacreditada y, por tanto, no calificados para ejercer su ciudadanía por
haber fracasado en el mercado.
“Estas dos clases de seguridad son: la primera la
seguridad contra una privación material grave, la
certidumbre de un determinado sustento mínimo para
todos, y la segunda, la seguridad de un determinado
nivel de vida o de la posición que una persona o grupo
disfruta en comparación con otros. O, dicho
brevemente, la seguridad de un ingreso mínimo y la
seguridad de aquel ingreso concreto que se supone
merecido por una persona (...) No hay motivo para
que una sociedad que ha alcanzado un nivel general
311
de riqueza como el de la nuestra, no pueda garantizar
a todos esa primera clase de seguridad sin poner en
peligro la libertad general. Se plantean difíciles
cuestiones acerca del nivel preciso que de esa manera
debe asegurar; hay, en particular, la importante
cuestión de saber si aquellos que así dependerán de
la comunidad deberán gozar indefinidamente de las
mismas libertades que los demás. Una consideración
imprudente es estas cuestiones puede causar serios y
hasta peligrosos problemas políticos; pero es
indudable que un mínimo de alimento, albergue y
vestido, suficiente para preservar la salud y la
capacidad de trabajo puede asegurarse a
todos.” (Hayek, 2006: 158, énfasis nuestro)
Esta desacreditación habilita a la perspectiva conservadora a operar
moralmente sobre esta población.
Un elemento ejemplar de la funcionalidad de esta alianza es la
política de documentación de los usuarios de la política social asociado a un
sistema computarizado de control de esta población a través del documento
de identidad. Combina el afán de control moral de la población, propio de la
perspectiva conservadora, con el afán de evitar un uso especulativo por
parte de la población de recursos obtenidos extra mercado, característico de
la perspectiva liberal.
Si pensamos en los términos planteados por Foucault en “Seguridad,
territorio y población” (2006), en esta regulación sobre la población se
busca como objetivo común fundamental que la “población” no se convierta
en “pueblo” o, en términos gramscianos, “lograr que las grandes masas de la
población se mantengan esencialmente pasivas” (1986: 246).
312
Esta configuración se torna altamente operativa para obtener
gobernancia en el nuevo contexto. Los anteriores gobiernos intentaron su
legitimidad combinando las medidas de “estabilización” y las de “ajuste” o
“reforma estructural”, donde se buscaba superar el modelo de sustitución de
importaciones impulsado por el Estado. En su lugar, se imponía una
reforma con “orientación al mercado” y consiguiente reducción del Estado,
privatizaciones, desregulación, y apertura externa (Calame y Talmant,
2001).
Todo este proceso se vio tensionado con la oposición política de la
izquierda que amortiguó las reformas (Moreira, 2001). La izquierda política
llega al gobierno con la legitimidad necesaria para llevar adelante los
procesos de reforma que los anteriores gobiernos no consiguieron culminar,
y el componente conservador que le agrega la izquierda a la reforma liberal
le otorga credibilidad y eficacia.
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