TAREAS 84mayo - agosto 1993

1993

Carl GlennLA INVASION DE EE.UU.

A PANAMA

Víctor Avila

LA SOBERANIA: CAUSA JUSTADEL PUEBLO PANAMEÑO

John Saxe Fernández

MEXICO Y LAINTEGRACION CENTROAMERICANA

Cástillo,A MUJE . EL SECTOR INEG:liAi Al

Immanuel Wallerstein

UNIVERSALISMO, RACISMOY SEXISMO

TEMAS NACIONALES

LA INVASION DEESTADOS UNIDOS A PANAMA

Epílogo de la segunda edición del libro The US Invasion ofPanamaThe Truth Behind Operation Just Cause, publicado por la ComisiónIndependiente de Investigación, sobre la invasión de Estados Unidosa Panamá, (Southend Press, Boston), 1991. La Comisión es presi-dida por Ramsey Clark, ex-Procurador general de Estados Unido

Carl Glenas"

No había mucha gente en el Senado de Estados Unidos enla tarde del jueves 25 de julio de 1991. Nada extraordinario seveía en el ambiente. Sin embargo miles de panameños -niños,mujeres y hombres- habían muerto a sangre y fuego para hacerposible esa sesión del Senado.

Algunos se veían aburridos e impacientes. Un senador sequejó de que no había nadie allí. "Podríamos terminar esta leyhoy si combatimos nuestros hábitos nocturnos y trabajamosde día", dijo.

Entonces, Larry Craig, senador de Idaho, tomó la palabra.- Propongo una enmienda que exprese el deseo del Senado

de que el presidente negocie un nuevo acuerdo con Panamá,que deje que las tropas americanas permanezcan en Panamádespués del 31 de diciembre de 1999.

• Carl Glenn, miembro de la Comisión Independiente de Investigación; hizotres visitas de investigación a Panamá. La primera de febrero a marzo de 1990.La segunda, en agosto de 1991, y la tercera y última en noviembre de 1992.

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- También declara -continuó- que las tropas deben actuarindependientemente para proteger los intereses de EstadosUnidos y la operación del Canal.

La enmienda declaraba que "la República de Panamá haabolido sus fuerzas armadas y no tiene ejército ni otras fuerzasarmadas que puedan defender el Canal de Panamá de susagresores y, por lo tanto, es vulnerable a cualquier ataque deadentro o fuera de Panamá, lo cual podría interrumpir laoperación o el acceso al Canal; la presencia del Ejército deEstados Unidos ofrece la mejor defensa contra el sabotaje..."Finalmente pide al presidente que negocie un nuevo acuerdoque "permita la presencia permanente de las fuerzas armadasde Estados Unidos en Panamá más allá del 31 de diciembre de1999".'

La enmienda fue adoptada por los senadores presentes.Esta maniobra se llevó a cabo en las cavernas marmóreas

del Capitolio y nunca se reportó fuera del CongressionalRecord

La Comisión Independiente de Investigación se propusoinvestigar e informar sobre los crímenes cometidos durante lainvasión de Estados Unidos a Panamá por la conspiración delsilencio, como la llamábamos entonces, en que se envolvieronestos sucesos.

Las acusaciones de este libro han forzado a los portavocesdel Pentágono y del Ministerio de Estado a negar los crímenesrepetidas veces. El ex-fiscal general, Ramsey Clark, que fundóla Comisión Independiente de Investigación, es sin duda lamayor autoridad en Estados Unidos para hacer esas acusacio-nes, pero el Congreso y los apologistas del Pentágono hanevitado cuidadosamente mencionarlo.

Las versiones de los hechos de la Casa Blanca y delPentágono no han sido cuestionadas en el Congreso. Sólo unaspreguntitas en la Cámara que han quedado sin respuesta.

El propósito real de la invasión fue aplastar la independen-cia de la pequeña, pero estratégica, republica centroamericanay convertirla en un protectorado de facto.

Como señalamos antes, el verdadero motivo fue la negativade Estados Unidos a acatar el tratado del Canal. La invasiónse lanzó once días antes de que Panamá pasara a ejercercontrol del Canal por el cambio de miembros de la Comisión del

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Canal, que daría la mayoría a los panameños por primera vez.'Al mismo tiempo que el Senado adoptaba la mencionada

enmienda (el Senado Insertó una enmienda casi idéntica en laLey de Autorización de Defensa del 2 de agosto), se celebrabanvistas en la Cámara de Representantes. El 17 y el 30 de juliolos testigos rendían declaraciones ante el Subcomité de laCámara de Asuntos del Hemisferio Occidental del Comité deAsuntos Extranjeros.

Estas vistas no estaban relacionadas con ninguna legisla-ción. Se hacían para orientar al Congreso sobre la situación dePanamá desde el punto de vista del Pentágono y del Departa-mento de Estado. Ninguno de los los testigos presentados eneste libro fue invitado a describir los horribles cambios ocurri-dos en Panamá desde la invasión. Ningún panameño fueinvitado a hablar. Sin embargo, el tono adoptado durante laprimera de las vistas fue cauto.'

Las vistas se titularon "Panamá después de la invasión: Elestado de la democracia y la controversia de las bajas civiles".La segunda parte de las vistas enfocó principalmente el núme -

ro de muertes entre los civiles. El brigadier general James R.Harding, director de la Oficina Regional del Ministerio deDefensa, habló en la segunda sesión, tratando de reducir almínimo el número de panameños masacrados por el ejércitoinvasor.

La Comisión Independiente de Investigación sigue mante-niendo que miles murieron. Toda la evidencia libre de lostapujos de la Casa Blanca y del Pentágono llega a estaconclusión. Nos aferramos a la importancia de esta cuestiónprecisamente por la misma razón que el Pentágono quiereenterrarla.

La actitud de la Casa Blanca y del Pentágono por las bajasen la guerra del Golfo contra Irak, justo un año después, es muyiluminadora. El 21 de marzo de 1991 la ONU, cómplice en laagresión de Estados Unidos, hizo su famoso Informe llamando"casi apocalíptica", la destrucción de vidas civiles en Irak.

Aunque el Pentágono se negó a facilitar un cálculo delnúmero de iraquíes muertos, una cita de esos días de militaresde Estados Unidos estacionados en Riyadh, Arabia Saudita,calculaba los muertos en 100.000. Otros cálculos indepen-dientes eran mucho más altos. Además, el informe de la ONU

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establecía que el bombardeo de Estados Unidos había dejadoa 72.000 sin hogar, que el 90 por ciento de los trabajadores deIrak estaban "reducidos a la inactividad" y que la mayoría delas familias carecían de "raciones adecuadas o el poder adqui-sitivo para mantener un nivel mínimo de vida".

Al día siguiente, a la pregunta de iraquíes muertos, elpresidente de la Comandancia Unida, Colín Powell, replicó,"realmente no estoy muy interesado en ese número ". Sepublicaron fragmentos de esta entrevista en el New York Times,el 23 de marco. Lo abrupto de esta respuesta se debe altriunfalismo beodo del momento. Pero la sustancia política eraproducto de la impunidad que el Pentágono sintió, en especialdesde que el desmoronamiento del campo socialista de laEuropa del Este permitió a Washington conseguir el apoyo delas Naciones Unidas para su ataque.

"¿Cómo ser la policía del mundo?" fue el título de unartículo en el N.Y. Times Magazine en mayo de 1991, escrito conautoridad por Harry G. Summers, coronel en retiro del Ejércitode Estados Unidos, "profesor distinguido" de la Academia deGuerra del Ejército.

Para nuestra investigación, lo más sobresaliente de sudeclaración es la fecha que da el autor. Fue en noviembre de1989, sólo un mes antes de la invasión de Panamá que EstadosUnidos "no se sintieron más constreñidos".

Pero el contraste del tono desafiante y despreciativo delcomentario del general Powell con el del recuento confuso ydefensivo del general Hardíng en el Congreso sobre la mortan-dad de los panameños por la invasión es instructivo.

Cuando el general Harding atestiguó el 30 de julio de 1991,ante el sub-comité de la Cámara, su misión era poner fin a lacontroversia sobre la cuestión de la mortandad de civiles.

"La realidad, Sr. presidente, es que no hubo "encubrimien-to". Las bajas fueron las reportadas y USSOUTHCOM quedóabierto para asistir al gobierno de Panamá en cualquiera no-vedad en este asunto", fueron las últimas palabras del general.

Encaminemos esta declaración. El general exageraba supoder al dar por sentado la capacidad de decir la últimapalabra. Esto es precisamente lo que el Congreso, el Pentágonoy la Casa Blanca deseaban poder hacer. A pesar de larepetición este aserto se hace más y más dificil de probar.

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El general Harding le dijo al panel del Congreso que loscálculos de miles de muertos "se refieren al alegato de quemuchos panameños están enterrados en tumbas comunes pordescubrir. Sin embargo, las únicas fosas comunes "descubier-tas"... hasta ahora son las dos señaladas por el Instituto deMedicina Legal".

En marzo de 1990, Peter Eisner, un periodista norteame-ricano, recibió una lista de cientos de nombres de personas quehabían desaparecido durante la invasión y todavía no habíanaparecido. Además de los 570 adicionales que se habíanreportado oficialmente como muertos. Esta lista se hizo en unaoficina de la Fuerza Pública, el nuevo departamento de policíaestablecido en Panamá bajo la supervisión de Estados Unidos.Se basó en reportes de familias que habían ido a las nuevasautoridades en busca de sus seres queridos. La lista hadesaparecido.

Cuando en diciembre del 90, el mismo periodista le pregun-tó a la teniente Ida Aguilera de García, que estaba a cargo deesa labor, cómo se habían resuelto esos casos, ella contestóque le había pasado la lista a sus superiores. Sus superioresdecían que eso nunca había ocurrido y si ocurrió, no teníannoticia de ello.'

El general Fred Woemer fue el comandante en jefe delComando Sur de Estados Unidos en Panamá desde junio de1987 hasta agosto de 1989 e influyó en los preparativos de lainvasión.

"En una sociedad que ha convertido la precisión estadísticaen un fetichismo, exacerba la sospecha de que hay algoescondido en la falta de número de bajas en Panamá" , dijoWoerner, para entonces jubilado, en una entrevista de diciem-bre de 1990. 5

El arzobispo Marcos McGrath hizo un comentario seme-jante. Les dijo a los periodistas en una entrevista para el WhitePaper de la CBS: "Creo que ni el gobierno norteamericano nielpanameño están interesados en llegar a la verdad" sobre elnúmero de civiles muertos en la invasión. 6

La firma legal de Kiyonaga & Kiyonaga ha encontrado unarazón concreta para esta supresión de la verdad. Habíaniniciado una demanda a favor de los familiares de las víctimasde la invasión. Por la ley de libertad de información consiguie-

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ron un memo escrito por el mayor Joseph A. Goetzke, jefe delBuró de Reclamaciones Especiales del Ejército. Este memodecía que "El pago de reclamos a individuos por motivos deguerra, bajo un programa similar al USAID de Granada, nosería beneficioso a Estados Unidos por la enorme suma ala quepodría llegar"?

El 12 de agosto de 1991 salió a la luz un importante ejemplode cómo se pueden distorsionar o suprimir los números en esteasunto.

Una delegación compuesta por una representante delComité de Refugiados de Guerra de El Chorrillo, Olga Mejía.presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dePanamá (no gubernamental) y Carl Glenn, miembro de laComisión Independiente de Investigación, se reunió con elpadre Javier Arteta, el cura católico de la iglesia de El Chorrillo.

El padre Arteta ha sido citado por la prensa como un testigoincontrovertible para verificar los reclamos de Estados Unidossobre el origen del fuego en El Chorrillo y la causa de lacantidad de muertes en ese barrio.

En las vistas del Subcomité de la Cámara del 17 de julio,se citó al padre Arteta en una declaración preparada porMalcon McConnel, autor del libro Causa Justa. La verdaderahistoria de la invasión norteamericana de alta tecnología aPanamá, publicado por St. Martin's Press en noviembre de1991. Se le concedieron entrevistas con "organizadores claves,oficiales y soldados... En total me formé una opinión muy fa-vorable de los preparativos militares y la conducta de Opera-ción Causa Justa", dijo.

Olga Mejía, que creció en El Chorrillo y vivió por dos añosen la iglesia de Fátima, le leyó una traducción de la declaraciónde McConnell al padre Arteta: "En mi opinión una de lasfuentes más veraces sobre el asunto (el exterminio de ElChorrillo) es el padre JavierArteta. No sólo fue testigo del fuegoproducido por miembros de los Batallones de la Dignidad, sinoque documentó el progreso del fuego con su cámara. Sus fo-tografías prueban que el fuego empezó y se extendió durante eldía 20 de diciembre, no durante la noche cuando EstadosUnidos bombardeó la Comandancia".

El padre Arteta escuchó atentamente y al final categorizólas declaraciones de McConnell como mentiras. Dijo que eratípico de la forma en que tergiversaban sus palabras.8

Dijo que sabía de tres incendios. Dos de ellos habíanempezado durante el asalto a la Comandancia por la nochecomo resultado del bombardeo de Estados Unidos. El terceroy más destructivo empezó a la mañana siguiente a consecuen-cia del combate de las fuerzas de Estados Unidos y Panamá.(Hizo hincapié repetidas veces en que éstos eran los únicoshechos que presenció y que no reclamaba ser omniscente).

"Fue una guerra. Si los soldados panameños respondieronal fuego, ¿qué otra cosa se podía esperar? Si alguien te dispara,no puedes cruzarte de brazos. Si el fuego fue causado por estecombate, entonces fue producto de la guerra. Habíamos sidoinvadidos", dijo.

Añadió que durante los primeros meses después de lainvasión se le repitió varias veces que los 420 millones dedólares de ayuda norteamericana dependían de sus declara-

ciones y que éstas serian decisivas para que los refugiados deEl Chorrillo, miembros de su parroquia, recibieran o nocompensación.

Finalmente, veamos cómo Estados Unidos manejó la cues-tión de las bajas en su siguiente guerra. En septiembre de1991, se citaba a oficiales del Ejército de Estados Unidos quedecían que tanques del Ejército habían enterrado vivos a milesde soldados iraquíes en sus trincheras durante la guerracontra Irak. El 29 de octubre la Agencia Iraquí de noticiasreportó que se habían desenterrado cadáveres de 44 soldadoscerca de la frontera saudí-iraquí.

Según un suelto del 30 de octubre del New York Newsday,basado en una combinación de despachos: "En el Pentágono,Pete Williams vocero del Departamento de Defensa, dijo que losoficiales de Estados Unidos todavía están pensando si notifi-can a la Cruz Roja Internacional sobre la ubicación de lastumbas".

Quizás la mejor manera de poner a prueba la explicaciónde la necesidad de invadir a Panamá es examinar su manejo deljuicio del general Noriega. Este se convirtió en símbolo de todaslas razones que dio Estados Unidos para la invasión.

Se creía en el momento de la invasión que para que EstadosUnidos se embarcaran en una acción tan drástica contra unanación soberana, que violaba los principios más fundamenta-les de derecho internacional y los derechos humanos, tendría

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que tener evidencias abrumadoras e inexpugnables contra elgeneral Noriega.

Justo dos meses antes de la invasión, la Casa Blanca, laCIA y el Departamento de Justicia tuvieron la precaución demandar mensajes al Congreso pidiendo suavizar las restriccio-nes contra la muerte de un jefe de estado durante un golpe deestado apoyado por Estados Unidos. La nueva interpretaciónlegal permitiría tal asesinato como ocurrido "en el calor de labatalla" . e

No obstante, Noriega sobrevivió a la invasión y EstadosUnidos se encontró en la situación de proceder a un juicio.Pero, ¿no tenían ganas el fiscal, el Departamento de Justicia yGeorge Bush de ver un juicio justo y rápido por un jurado depares del acusado? ¿Había mejor manera dedemostrar justiciaen el gobierno de Estados Unidos?

En nuestro reporte citamos un artículo del New YorkTimesde junio de 1990 en el que "decían funcionarios norteamerica-nos decepcionados que apenas si habían encontrado docu-mentos fehacientes de que Noriega estuviera involucrado en eltráfico de drogas". 9

El artículo decía que el Times había hecho una desusadainvestigación por su cuenta. "Para evaluar los cargos contraNoriega les habían hecho entrevistas en 4 países a más de 15agentes y ex-agentes de inteligencia de Estados Unidos y avarios antiguos funcionarios del gobierno panameño " .

".:.Una revisión de miles de documentos capturados no halogrado evidencia del comercio de drogas de Noriega, según tresfuncionarios de Estados Unidos muy íntimamente relaciona-dos a la exhaustiva revisión de documentos de varias agenciasamericanas..."No hemos encontrado ningún arma humeante"dijo un funcionario americano en Panamá".

El abogado defensor de Noriega, Frank Rubino, sugirió enuna entrevista de entonces que las agencias de inteligencia deEstados Unidos, al revisar los documentos, aprovechabanpara "limpiarlos" de toda evidencia que demuestre un propiorol en el tráfico de drogas de Estados Unidos. 10

Dos semanas después de que fuera trasladado Noriega dela embajada del Vaticano en Panamá a una celda en . Miami, susabogados presentaron una moción a un magistrado americanoprohibiendo al gobierno destruir cualquier documento que

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pertenezca al general, confiscado durante la invasión. Elmagistrado William C. Turnoff, también le ordenó al gobiernoque listara todo lo apropiado en la casa de Noriega o susoficinas militares.

Se han encontrado indicios, después de la invasión, de queen vez de la susodicha "guerra a las drogas", el gobierno deEstados Unidos esté realmente protegiendo a la industria de lacocaína. El defensor alega que Manuel Noriega actuó ennombre de varias agencias en esta "guerra". Se siguenacumulando evidencias de la participación de los principalesmiembros del gobierno títere de Panamá en el comercio dedrogas.

Y este punto explosivo tiene su revés. Los bancos america-nos hacen crisis. Tantos han quebrado que la CorporaciónFederal de Seguros de Depósitos está al borde de la insolvencia.El Tesoro de Estados Unidos ha desembuchado ya cientos demiles de millones en fianza de los bancos de ahorro y préstamo.Mientras tanto las drogas son la fuente principal de ingresos devarios países latinoamericanos que le deben cientos de miles demillones a los bancos estadounidenses y extranjeros. El servi-cio de la deuda de esos países es crucial para la supervivenciade esos bancos. Aún más, los depósitos y el lavado de dineroson una fuente de ingreso para los mismos.

La "guerra a las drogas" del gobierno era criticada desde el13 de abril de 1989, cuando el Subcomité de RelacionesExteriores del senado sobre Narcóticos, Terrorismo y Operacio-nes Internacionales hizo su informe después de dos años deinvestigación. "Se permitió a otros intereses de política externadesviar, desbaratar y socavar la guerra a las drogas", dijo enconferencia de prensa el senador John Kerry, presidente delSubcomité.

Según el New York Times, los investigadores del Comitédijeron que la investigación fue obstruida por funcionarios delgobierno federal. El informe cita a Jeffrey Feldman, ex-fiscal deMiami, que alega que funcionarios del Departamento de Jus-ticia le habían dicho que unos representantes de ese Departa-mento, de la DEA y el FBI se habían reunido en 1986 paradiscutir cómo se podrían socavar los esfuerzos del senadorKerry en auspiciar las vistas."

El investigador principal del informe, Jack A. Blum, dijo

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que ese hallazgo demostraba que "la verdadera historia de laconexión entre los contra y el narcotráfico es que simplementeno perseguíamos a la gente que nos hacía un favor". 12

Entre los ejemplos específicos citados en el Senado estabanlos pagos de $806,401 del Departamento de Estado desdeenero hasta agosto de 1986 "a cuatro compañías pertenecien-tes a narcotraficantes" para enviarles pertrechos a los merce-narios de la contra. Ocho meses después de hacer público esteinforme fue que el régimen de Bush lanzó su posible futurainvasión a Panamá -y la mejor excusa que pudieron encontrares que Noriega era traficante de drogas.

En 1990, al pensionarse, un alto agente secreto de la DEA,Michael Levine, escribió el libro Deep Cocer en el que dice:"Duele y da que pensar a la vez darse cuenta que, después de25 años de trabajo secreto, siendo responsable de por lo menos3.000 criminales condenados a 15 años de cárcel y habiendocapturado varias toneladas de sustancias ilegales, que micarrera careció de sentido y no había tenido el más mínimoefecto en la llamada "guerra a las drogas". Dicha guerra era unfraude".

Cuenta su participación en una operación de carnada queinfiltraba una corporación boliviana productora de pasta decoca. Cuenta cómo condujo la investigación en contra de laoposición decidida de la jerarquía de la DEA. Al final, 854 librasde cocaína fueron confiscadas y dos de los traficantes máspoderosos de la historia fueron arrestados, después de haberaceptado un pago de $9 millones en efectivo en la bóveda de unbanco.

En vez de proseguir la investigación y sus implicacionescon todos sus recursos, empezaron a ocurrir cosas raras. Seretiraron todos los cargos contra uno de los dos acusados y serebajó misteriosamente la fianza del otro, después de lo cual sele dejó salir de Estados Unidos sin el más mínimo obstáculo departe de nuestro gobierno.

En una entrevista de radio emitida desde Nueva York el 11de noviembre de 1991, Levine identificó al fiscal federal respon-sable por la libertad de estos dos individuos como Michael P.Sullivan, quien para ese tiempo actuaba como fiscal principalen el juicio del general Noriega."

Le llevó casi dos años al gobierno de Estados Unidos

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terminar el juicio de Noriega. Durante ese tiempo surgió unapauta de interferencias con la defensa. Poco después del iniciodel juicio se supo que Raymond Takkif, el abogado defensorprincipal de Noriega hasta el secuestro del general, trabajabade informante secreto para el fiscal federal de Miami. FueTakkif el que convenció a Noriega de que se rindiera, cuandoéste estaba asilado en la embajada del Vaticano en Panamá.Cuando se reportó esto en la prensa, la fiscalía dijo que no sehabía hecho nada impropio. Su excusa fue que la santidad dela relación diente-abogado no se aplicaba hasta que Noriegaentrara en la jurisdicción de Estados Unidos. En un expedienteprevio al juicio que dio al proceso un aire de Alicia en el país delas maravillas, el juez, William Hoeveler dispuso que comoNoriega no era ciudadano de Estados Unidos ni vivía enEstados Unidos en ese momento, no tenía protección constitu-cional contra registros inmoderados y captura.

Esta cuestión de la supuesta protección de las comunica-ciones entre abogado y cliente volvieron a ocupar el centro dela atención cuando el gobierno grabó conversaciones entre elgeneral y sus abogados que luego circularon por radio ytelevisión. La fiscalía admitió, en papeles de la Corte registra-dos en Miami, el 7 de diciembre de 1990, haber grabado másde 1.400 conversaciones telefónicas, muchas de ellas entreNoriega y sus abogados."

Entonces, después de una prohibición explícita del juezHoeveler , la lista de testigos de la defensa fue puesta en manosdel fiscal. Un alguacil federal, encargado de citar a los testigos,le dio la lista "accidentalmente" a Lewis Tambs, ex-embajadorde Estados Unidos en Costa Rica, quien la envió al Departa-mento de Estado -aún con la copia de la prohibición engrapa-da- y ellos se la mandaron al Departamento de Justicia que lahizo llegar a manos del fiscal. La revelación de la lista daña ala defensa en un caso federal porque a ésta se le prohibe ver lalista de testigos del fiscal.

Antes, el gobierno no había permitido a los abogados de ladefensa recibir ningún dinero del general Noriega. No sólo eraun caso de abogados que tenían que trabajar gratis. Se alzótambién una enorme barrera para impedir al acusado, quetodavía se consideraba inocente bajo la Constitución de Esta-dos Unidos, armar una defensa efectiva. Aunque se levantó la

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prohibición finalmente, el juez decretó evidencia inadmisibleprobar el rol del propio gobierno de Estados Unidos en el tráficode drogas. Alegó la "seguridad nacional " y la necesidad de evi-tar que el proceso se "politizara". A pesar de todo, comoconsecuencia de esta disputa, se forzó al gobierno a admitir porprimera vez que Noriega había estado a sueldo del gobierno deEstados Unidos.

Pero la subversión más notoria del derecho a la justicia sonlas remuneraciones y otros incentivos otorgados a los testigosde la fiscalía por su testimonio.

Por ejemplo, el caso de Carlos Lehder, una figura promi-nente en el Cartel de Medellín de antes. Servía cadenaperpetua más 130 años en el área de mayor seguridad de lapenitenciaría de Marion, Ill. Desde su condena por tráfico dedrogas en 1988 había estado en prisión solitaria, sin esperanzade liberación. A cambio de su testimonio, las autoridadesfederales le concedieron: la suspensión inmediata de la cadenaperpetua; la posibilidad de libertad bajo palabra; la concesióninmediata de visas para su familia para que se mude a EstadosUnidos donde recibiría protección federal y más.''

Max Mermelstein, un contrabandista de drogas convicto, asueldo del Cartel de Medellín, testigo en los primeros días deljuicio, recibió $670,000 (hasta octubre de 1991) por su testi-monio. Tampoco tuvo que acogerse a la protección a testigosfederales solo. Según fiscales del gobierno, Mermelstein seacogió a dicha protección acompañado por 17 parientes. 16 Lasuma total de remuneraciones de testigos ha pasado del millóny medio.

El abogado de Noriega, Frank Rubino dijo en entrevista ala Radio Pública Nacional que si él le comprara una taza de caféa un testigo, sería acusado por el gobierno de obstruir lajusticia. Un juez federal en Kansas, Missouri, a quien se leimpidió reducir la sentencia al convicto de un crimen relacio-nado con las drogas, dijo: "Si pueden hacer lo que hacen en eljuicio de Noriega, aquí se podría hacer algo". Aunque es rarover a un juez criticar a otro, el juez federal de distrito Scott O.Wright no pudo aguantar su cólera: "Pues, están haciendounos negocios sucios por allá que son indecentes". 17

El 4 de septiembre de 1991, primer día del juicio, elexpresidente de la división de derecho criminal dela Asociación

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de Abogados Procesales, Joseph Lawless, dijo de los fiscales delgeneral: "Han demostrado más desdén por los derechos cons-titucionales de Noriega que por los de ningún criminal quepueda recordar". 18

El artículo del New York Times de junio del 90 resumía elapuro de los responsables de la invasión así : "El gobierno tieneque .... justificar la invasión de Panamá y la muerte de más de200 civiles para arrestar a un hombre que el gobierno ameri-cano ayudó a entrenar y mantener".

'También parece posible que aunque el gobierno gane elcaso, la condena seria por un comercio de drogas que esrelativamente reducido para Latinoamérica... En contraste, losfuncionarios americanos llenen fundadas sospechas de quelos oficiales de alto rango en Honduras, Guatemala y ElSalvador están tanto o más involucrados en el narcotráfico,pero no han tomado medidas rigurosas en su contra " .

Finalmente, cita a un funcionario del Departamento deJusticia que trabaja en el caso, "...éste es un caso que elgobierno no puede darse el lujo de perder". 18

En general, en vez de acudir a Miami en bandas parainformar sobre este proceso único y sin precedentes, la prensaha cuidado la distancia masivamente. Desde el principio sedespojó de importancia al juicio, siendo cubierto muy escueta-mente por la prensa, si acaso.

Mientras apenas se dice nada del juicio, menos aún se dicedel estado de cosas en Panamá.

En nuestro informe, detallamos la naturaleza espúrea delrégimen de Endara, con procónsules del Departamento deEstado y del Pentágono a la cabeza de cada oficina pública.Guillermo Endara, el jefe de estado, es objeto de ridículo.Encuestas recientes lo clasifican como el hombre públicomenos popular de Panamá, con una tasa de aprobación de sólo15 por ciento.

Después de la invasión, Bush nombró a Deane Hintonembajador de Estados Unidos en Panamá, pero no sin razón.El embajador Hinton empezó su carrera en el Departamento deEstado en Washington en 1946. De 1967 a 1969 encabezó laoficina de Guatemala de la Agencia de Desarrollo Interameri-cano (AID).

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A través de los 'Programas de Seguridad Pública", semi-autónomos, la AID organizó las actividades descritas por PhilipAgee al principio de este libro. Hay abundante evidenciadocumental del rol de la CIA en financiar y dirigir esosprogramas políticos. Tienen el propósito de desarrollar "meca-nismos investigadores capaces de detectar individuos y orga-nizaciones subversivas, recoger y cotejar información sobresus actividades y neutralizar sus esfuerzos"2 0

Alexis Johnson, entonces subsecretario de Estado, descri-bió la estrategia y las tácticas formuladas durante la década del60 por el Departamento de Estado y el Pentágono. "Ya no eraposible distinguir entre las actividades de guerra y las milita-res", dijo en un discurso de graduación en el Colegio Inter-Americano de Defensa en 1966. "Se deben tomar medidasmilitares concretas según su impacto político y viceversa"?'

El número de las ejecuciones extra judiciales y asesinatospolíticos llevados a cabo como parte de los programas de "paci-ficación" durante el periodo de Hinton en la AID de Guatemalay su tiempo de embajador en El Salvador (1981-1983) fueparticularmente alto.

Entre estos dos cargos, Hinton estuvo en Chile con la AIDdurante los primeros años del gobierno socialista de Allende yla Unidad Popular (1969-71).

Entre las décadas del 60 y el 70, se instaló en todaCentroamérica un elaborado sistema de telecomunicacionescon centro en el Cuartel General del Comando Sur de EstadosUnidos. Esta red continuamente mejorada fue el primerestablecimiento bajo los auspicios de la Oficina de SeguridadPública de la AID. Sin embargo, el comandante en jefe delComando Sur, general Porter, dijo en el Comité de AsuntosExtranjeros de la Cámara en 1966 que la asistencia a las comu-nicaciones militares de la región se había diseñado engranadaa la asistencia de seguridad civil para asegurar la eficiencianacional y regional del comando militar y los sistemas decontrol en apoyo a operaciones antisubversivas.

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La CIA y la Oficina de Seguridad Pública de la AID estable-cieron una oficina de "seguridad nacional" dentro de la oficinadel presidente de Guatemala en la década de 1960. Endiciembre de 1990 se reportó por primera vez que se habíaestablecido una oficina similar en la oficina del presidente de

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Panamá, casi inmediatamente después de la invasión. 29 Enmedio de la controversia que surgió en la prensa panameña conesta revelación, Endara defendió la existencia de esta agenciasecreta, compuesta de 100 efectivos. La oficina secreta eramantenida por completo por el Tesoro de Estados Unidos. Norecibe ni dinero ni supervisión del gobierno panameño.

Los líderes de la oposición se han convertido en blancos dela represión, objetos del llamado "terror judicial": El profesorCecilio Simons, ex-decano de la Facultad de AdministraciónPública de la Universidad de Panamá, primer negro elegidopara ese puesto quien, bajo acusación de falsos cargos crimi-nales, vivió oculto. El profesor Simons, cuyo testimonioaparece en este libro en las páginas 86-88, ha sido en cuantoa alcance uno de los más efectivos internacionalmente, presen-tó evidencias de la realidad de Panamá. Ha tenido un papelimportante en las investigaciones de la Comisión Independien-te de Investigación.

Juan McKenzie es presidente del Consejo Nacional deTrabajadores Despedidos (CONADE), quien ha organizado amiles de personas despedidas de sus empleos a raíz de lainvasión. Esta organización piensa ampliarse para represen-tar a todos los desempleados. Se ha hecho una lista negra conla mayoría de los despedidos cuando tuvo lugar la invasión, lacual circula entre los patrones, para que no puedan conseguirotro empleo. McKenzie, ingeniero electrónico, fue despedido desu empleo en la compañía telefónica, propiedad del gobierno.Fue arrestado por la Brigada 470 de Inteligencia Militar delComando Sur, según informes negados después por las auto-ridades panamenas 2 4 Fue acusado de "personificar a unpolicía", acusación que se abandonó más tarde. Después se leacusó de "amenazar la integridad del Estado", sólo en base auna volante que tenía en el bolsillo y que le habían entregadoen una manifestación.

En agosto de 1991, la Comisión Independientede investigactónse reunió con familiares de prisioneros políticos quehabían sido arrestados durante la invasión y 20 meses despuéstodavía estaban en la cárcel, muchos de ellos sin haber sidoacusados de ningún crimen. Panamá, como Estados Unidoslegalmente reconoce la presunción de inocencia. En las rarasocasiones en que, por falta de caso legal en contra de ellos, los

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jueces ordenaron soltar (con fianza alta y en arrestos domici-liario) a líderes civiles o militares presos desde la invasión, losjueces fueron despedidos sumariamente. El juez GuillermoSalazar fue despedido en febrero de 1991, después de ordenarla liberación de Carlos Villalaz, ex-fiscal general de Panamá. Eljuez Luis Guillermo Zúñiga, que había sido nombrado parareemplazar a Salazar, fue destituido en agosto de 1991, des-pués de ordenar la libertad bajo fianza de Marco Justine yRafael Cedeño, ambos ex-coroneles de las Fuerzas de Defensade Panamá. Endara anunció la decisión sobre ambos juecesen comentarios ampliamente difundidos en radio y televisiónen Panamá. José A. Alvarez, presidente del Colegio de Aboga-dos de Panamá, señaló que la autoridad para destituir a jueces,según la Constitución panameña, está sólo en el ConsejoJudicial, que no intervino en ninguna de las dos destituciones.Alvarez calificó el despido de Zúñiga como parte del "clima deterror judicial" motivado por consideraciones políticas. 25

Pero mientras los agentes del imperialismo americano,secretos o no, han apretado el cerco, el tráfico de drogas haflorecido. Panamá se ha convertido "aún más en una tierra deoportunidades para los narcotraficantes" que antes de lainvasión. Estas son las palabras de Charles Rangel, el congre-sista de Harlem que preside el Comité de Abuso y Control deNarcóticos de la Cámara. El 22 de julio de 1991, Rangel dio ala publicidad un informe de la Oficina de Contabilidad delgobierno que cita los cálculos de la DEA: el tráfico de drogas yel lavado de dinero puede haberse duplicado desde la "Opera-ción Causa Justa". 28

Aunque el reporte confirmó la "preocupación " expresadaanteriormente en su estudio antinarcótico anual, BernardAronson, Subsecretario de Estado de Relaciones Interamerica-nas se puso a la defensiva. "No sabían cuánto tráfico (dedrogas) había antes de la invasión" les dijo a los periodistas, "yno sabemos cuánto hay ahora". z '

Este reporte se hizo público una semana después quePanamá ratificara el Tratado de Asistencia Legal Mutua, que dajurisdicción a Estados Unidos para investigar y da acceso a losrecords (archivos) de los bancos panameños durante investi-gaciones de narcotráfico y lavado de dinero.

Un artículo que apareció en la primera página del New York

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Times tres semanas más tarde, sugiere que el creciente tráficode cocaína por Panamá justifica más intervención de EstadosUnidos. "El creciente narcotráfico se debe en parte a la decisióndel gobierno civil de que las fuerzas armadas y la policía norecobren la fuerza de que gozaban en los años de Noriega". 2B

Alega que la vigilancia policial directa de las FuerzasArmadas de Estados Unidos en Panamá era un corolario delfortalecimiento de las "instituciones democráticas" en ese país.Menciona de pasada que otro pacto -otra violación de lasoberanía panameña- se firmó antes, en 1991. Este le concedióa Estados Unidos el derecho de copatrullar las aguas territo-riales panameñas y abordar e inspeccionar las embarcacionesmercantes y de otro tipo sin el previo conocimiento o consen-timiento de Panamá.

El 13 de agosto de 1991 el artículo del New York Timesmencionado antes, cita a Rodrigo Arosemena, jefe del Serviciode Aduanas de Panamá, diciendo que: "la verdad es que haymucha gente en el sistema protegiendo y hasta ayudando a losnarcotraficantes".

Luego dice que, según los funcionarios americanos, "elgobierno de Endara ha cooperado. Pero que aunque Endara ymuchos de sus funcionarios son abogados y banqueros, cono-cedores del sistema bancario, no han iniciado ninguna inves-tigación de lavado de dinero que no haya sido sugerida antespor los funcionarios de Estados Unidos. Endara y su procura-dor general, Rogelio Cruz, eran miembros de la Junta Directivade bancos cerrados por el lavado de dinero, pero ambos niegansu culpabilidad".

Se han acumulado evidencias que implican a Endara y asus socios en el negocio de la cocaína. El 18 de abril de 1991,por ejemplo, el diario panameño El Panamá América, dijo quese había transferido a la agente de la DEA, Ivette Torres, de sucargo de investigar firmas involucradas en el lavado de dinero,después de recibir amenazas de muerte. Esto ocurrió al díasiguiente de que Torres diera declaración jurada al legisladorpanameno Gerardo González, revelando que había descubiertolas operaciones de seis compañías usadas en el lavado dedinero. El presidente Endara había sido tesorero de las seis,que pertenecían a cubano-americanos. Habían importado unatonelada de cocaína al mes durante los últimos diez años.

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La presencia militar norteamericana en las calles de Pana-má ha continuado ilegalmente desde la invasión. El 5 dediciembre de 1990, antes del primer aniversario, las tropas deEstados Unidos asaltaron la ciudad con armamentos de gue -

rra. La confrontación de ese día culminó un ano de crecienteresistencia popular a la intrusión de Estados Unidos en lasoberanía nacional.

Los sindicatos, el Comité de Refugiados de Guerra de ElChorrillo, la Asociación de Familiares de los Caídos el 20 deDiciembre, el Consejo Nacional de despedidos (CONADE) yotros, con creciente pujanza, hicieron manifestaciones cadavez más grandes y frecuentes en septiembre, octubre y noviem-bre. Estas organizaciones exigían indemnización por perjui-cios causados por la invasión, la restitución de empleos ygarantías democráticas perdidas durante la ocupación. Sellamó a una marcha el 4 de diciembre y a un paro general el 5.

Aparte, pero al mismo tiempo, los policías estaban. organi-zando una petición de mejora de salarios y condiciones. Enmedio de todo esto el coronel Eduardo Herrera Hassan "esca-pó" de la prisión. La susodicha fuga se efectuó en helicópterodesde la prisión de máxima seguridad de la isla Naos. Laprisión está en las instalaciones previamente usadas por launidad anti-terror del Pentágono, UESAT, del Fuerte Amador.Según el diario El Panamá América, 29 la prisión tiene "doscordones de seguridad, uno interno y otro externo, y doshelicópteros de ataque" siempre listos. Está rodeada de basesde Estados Unidos, en medio de una de las junglas más densasde sistemas sofisticados de radar y telecomunicaciones milita-res del mundo.

Herrera había sido elegido a dedo para dirigir las nuevasfuerzas de policía formadas por las tropas de ocupación hastasu reemplazo en agosto del 90. Fue acusado después, de uncomplot de golpe. (Herrera negó los cargos y aunque estabafuera del país, volvió para probar su inocencia y fue arrestado).Después de su fuga, se le permitió pasar de una instalaciónmilitar a otra y estaba por participar con. otros miembros de lapolicía en una marcha de protesta cuando más de 500 tropasde combate de Estados Unidos se echaron a las calles yrodearon el cuartel de la policía. En el ataque que siguió unpanameño fue herido de muerte por los soldados americanos.

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Un periodista panameño, Marshal Maclean, que presenció eltiroteo, fue arrestado y golpeado?°

Endara sostiene que los sindicatos que habían participadoen la protesta habían conspirado en realidad con la policía paraderrocar al gobierno. Días después se aprobó un decreto-leypara cubrir el asalto más draconiano al derecho sindical hastael momento en Panamá. Conocida como la ley 25, marcó el pasopara la campaña de privatización y la venta de los haberes másproductivos y valiosos de Panamá como pedía el Fondo Mone-tario Internacional y la USAID.

Cuando las tropas norteamericana cercaron la estación depolicía de Curundú, uno de los barrios más pobres de lacapital, fueron a su vez cercados por los residentes del área.Algunos tiraron piedras. Otros se mofaron de las tropas deEstados Unidos gritando "Hussein, Hussein", en desafiantereferencia a Sadam Hussein, anticipándose a la guerra que segestaba en el Golfo.

Los trabajadores de Panamá han sido los más golpeadospor las sanciones, invasión y ocupación. La deuda externa esde $6,000 millones. Como hemos dicho en nuestro informe, laprioridad del gobierno títere es el pago a los bancos y a lasinstituciones de crédito internacional como el FMI. Esta polí-tica ha tenido consecuencias desastrosas para los trabajado-res de Panamá.

El 12 de agosto de 1991 los representantes de la ComisiónIndependiente de Investigación entrevistaron a Mauro Murillo,presidente del Consejo Nacional de Trabajadores Organizadosde Panamá (CONATO); en su oficina de la ciudad de Panamá.Sus comentarios resumen la presente situación social, políticay militar de su sitiado país.

"En materia de desempleo, una organización que compilaestadísticas en Latinoamérica y el Caribe calcula que ahora enPanamá los que no tienen empleo permanente y los quetrabajan sólo parcialmente, o sea, sub-empleados, asciendena un 40 por ciento de la fuerza laboral", dijo Murillo.

"Los que no pueden encontrar ningún trabajo -que tienenque depender de un primo, o hermano, su padre o de la pensiónde su abuelo- ahora constituye el 25 por ciento de la poblaciónactiva.

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"Los índices de pobreza aquí son alarmantes. En losúltimos 18 meses (desde la invasión) el porcentaje de pobrezaha excedido al de Haití. Hablamos de más de un millón depersonas que viven bajo el índice de pobreza de una poblaciónde 2,400,000 habitantes.

"Pero los números no se publican porque la prensa estácontrolada y manipulada por los intereses del gobierno. Laspocas fuentes de noticias están limitadas por falta de recursosy no se pueden oir fuera del área metropolitana. A pesar de latremenda demanda por la verdad, uno no puede hablar. Lasituación es muy dificil

"Panamá es un país ocupado. Está totalmente controlado,geográfica, económica y políticamente... Un poderoso movi-miento para luchar por los intereses de los trabajadores desdeoctubre hasta diciembre del ano pasado movilizó a 100,000trabajadores en las calles en protestas enérgicas, exigiendo susderechos.

"Y el gobierno trajo la ley 25, aprobada en diciembre....Tienen miedo que la fuerza de este movimiento pueda derrocaral gobierno, así es que decidieron usar la excusa de la fuga delcoronel Herrera y mezclarlo todo.

"A pesar de que el mismo procurador general expresó queuna cosa no tenía nada que ver con la otra, los obreros fuerondespedidos de todas maneras. La decisión de la Corte Supremade Justicia en el caso de los trabajadores fue muy sagaz y unverdadero triunfo del gobierno. Justificó los despidos -eldegüello de los sindicatos- de más de 500 líderes de lossindicatos de servicio civil y algunos del sector privado.

"Esto tuvo un impacto tremendo. Refleja la situación en laque vive ahora el pueblo panameño y la clase de gobierno quese instaló después del 20 de diciembre. Es un régimen que notiene interés en resolver ninguno de los problemas del puebloa su favor. No puede.

"Es un gobierno que actúa usando medios legales, contralos intereses del pueblo y del trabajador. Es un gobierno quese autodenomina "democrático", pero que se caracteriza por lacorrupción, el nepotismo, la injusticia y la arrogancia. Todoesto se ha demostrado durante los últimos 18 a 20 meses.

"Así, nos hemos convertidos en un país en que somosrehenes en nuestra propia tierra. Lo decimos porque, antes de

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los tratados Torrijos-Carter, los juzgados y los jueces y elgobernador de la Zona del Canal eran controlados por EstadosUnidos. Si se cometía allí un crimen, el acusado era juzgadopor autoridades americanas. Sin embargo, después de lostratados Torrijos-Carter todo esto desapareció -la corte, losjueces y la jurisdicción legal.

"Ahora, no obstante, después de la firma del Tratado deAsistencia Legal Mutua, los jueces americanos pueden juzgara los panameños por crímenes supuestamente cometidos enPanamá, sin problemas. Esto es, ya no hablamos de lajurisdicción legal americana en un pedacito de nuestro territo-rio, sino de todo el país.

"En lo concerniente al poder judicial aquí en Panamá no esindependiente. Una rama del gobierno está atada a las otras.La rama ejecutiva manipula a la legislativa y a la judicial. Si lascortes llegan a una decisión que al presidente o a algún otrofuncionario de la rama ejecutiva no le gusta, se rescinde ladecisión y se despide al juez....

"Hay casos en los que no se alcanza veredicto, porque losacusados serían encontrados inocentes, por lo tanto quedansimplemente en prisión. Está el caso del ex-legislador Rigober-to Paredes, que aunque los testigos del gobierno contra él hanretractado su acusación, de todas maneras lo mantienen en lacárcel. No se rige por la ley este país.

"Y Estados Unidos es responsable de esto porque fue el queimpuso este gobierno. Así que la gente dice, "es culpa de losgringos" y "¿dónde están los millones de dólares de ayudaprometidos por Estados Unidos?" Los refugiados de El Chorrilloestán peor ahora en las miserables casuchas que les fabrica-ron. Estaban mejor en los conventillos que tenían antes.

"Así llegamos a la cuestión de la acción concertada. Este esun concepto que estamos experimentando. Tratamos deencontrar un medio de inclinar la balanza de poder a nuestrofavor. Los trabajadores aquí tratan de encontrar mayor unidadsin importar la orientación política o ideológica. En lo queconcierne al gobierno, si CONATO tiene un mitin, es unaconspiración con la que se debe lidiar.... No hay libertad paralos sindicatos.

"Por lo tanto, muy importante para nosotros es la presenciade los observadores internacionales que se preocupan por

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nuestros derechos humanos, que pueden informar de nuestrasituación a los obreros de otros países".

Notas

1.La enmienda era parte de la Ley de Cooperación Económica y SeguridadInternacional de 1991 (5.1435), "para enmendar la Ley de Ayuda alExtranjero de 1991 y la Ley de Exportación y Control de Armas, y otrasmedidas estatutarias..." The Congressional Record, Senado, 25 de julio de1991.

2. Panama Canal Treaty, artículo III, Canal Operation and Management 3. (C)3. Los cinco testigos en las vistas del 17 fueron: Prof. Richard Millet de la

Universidad del Sur de Illinois; Malcon McConnell, descrito como "perio-dista y autor"; Eva Loser, becaria, Programa de las Américas, Centro deEstudios Internacionales y Estratégicos; David Nachman, miembro de laJunta de Directores del Americá s Watch, que concluyó con el comentarioque "en El Chorrillo no se observó la proporción adecuada (entre bajasciviles y militares) resultando en números inaceptables de muertes ydestrucción de civiles" y Richard Koster, co-autor de Time ofthe Tyrants:Panama 1968-1989. Koster, fue a Panamá en lo que se convertiría despuésen el Regimiento 470 de Inteligencia Militar, vive allí desde 1957.

En las vistas del 30 de julio sólo declararon Bernard Aronson, subse-cretario de Estado a cargo de Asuntos Interamericanos y el Bri.Gral. JamesR. Harding, director de la Oficina Regional Interamericana del Delegadodel subsecretario de Defensa en Asuntos Interamericanos.

4. New York Newsday, 21 de diciembre de 1990.5. Ibid.6. Citado por Kevin Buckley in Panama the Whole Story, Simon & Schuster,

1991.7. Ibid.8. The New York Times, 17, 18 oct.: 4, 5 nov.1989.9. The New York Times, 10,jun.1990.10. Ibid.11. The New York Times, 14 abr.1989.12. lbid.13. Entrevista de Paul DeRienzo a Michael Levine, en "Undercurrents", en

WBAI-FM, New York.14. The New York Times, 8dic.1990.15. El Diario, La Prensa, 26 sept.1991.16. El Diario, La Prensa 19 sept.1991.17. The Washington Post, 5 oct.1991.18. USA Today, 4 sept.1991.19. The New York Times, 8 dic.1990.20. De un estudio de 1962 de la Comisión Ad Hoc de Interagencias, citado por

M. McClintock en The American Conection, Volume 1: State Terror andPopular Resistance in El Salvador, Zed Books, 1985. Casi el mismolenguaje se usa en un informe de la AID y la Oficina de Seguridad Pública,"La ayuda de AID a las Fuerzas de Seguridad Civil", presentado al Comitéde Relaciones Extertores del Senado en febrero de 1967.

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21. Ibid.22. Ibid.23. David Adams, en reportaje desde Panamá, el 25 de diciembre de 1990, en

"Edición diurna' de 'la Radio Pública Nacional.24.La Prensa, Panamá, 5ju1. 1991. El interrogatorio de McKenzie a manos de

la Brigada 470 fue corroborado en un informe preparado por el Centro deEstudios Políticos Panameños (CEPPN, "Estudios de casos de presospolíticos en Panamá".

25.La Estrella de Panamá, 9 ag.1991.26.The Washington Post, 23 jul. 1991.27. Ibid.28.The New York Times, 13 ag.1991.29. Citado por El Diario, La Prensa, 9 oct..1990.30.The Washington Post, 6 dic. 1990.

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LA SOBERANIA: CAUSA JUSTADEL PUEBLO PANAMEÑO

Cronología de una lucha

Víctor Avila D.*

El Istmo de Panamá proclamó su independencia de Es-paña, en 1821, siguiendo el ejemplo de la mayoría de lascolonias hispanoamericanas. El movimiento emancipador delos pueblos del Istmo demostró que estaba en proceso dedesarrollo una nacionalidad propia, constituida a partir de larealidad material y cultural que se estructuró durante lasociedad colonial. De allí que se puede hacer la afirmaciónteórica de que la sociedad panameña era el producto de laprogresiva integración de los elementos esenciales que deter-minan la existencia de una nación: la comunidad de territorio,de idioma, de cultura, de vida económica y, como expresión deestos elementos, la conciencia nacional.

Lo anterior explica la unidad política de la poblaciónistmeña en 1821, que a través de sus cabildos proclamó laemancipación dé España, para constituir un estado indepen-diente. Los panameños en 1821 optaron por unirse a la GranColombia, estado multinacional presidido por Simón Bolívar,e integrado por Venezuela, Nueva Granada y Ecuador, y que• Profesor de Historia de la Universidad de Panamá.

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parecía tener un futuro venturoso y ofrecerle a los istmeñosposibilidades de progreso y bienestar.

La unión voluntaria a la Gran Colombia demostró elespíritu de identificación de los panameños con los puebloshispanoamericanos recién emancipados. Por ello, no fuecasual que el Libertador escogiera a la ciudad de Panamá comosede del Congreso Anfictiónico de 1826, cuyo objetivo era launificación de las excolonias hispanoamericanas. Sin embar-go, complejos problemas politicos y administrativos, así comola muerte del Libertador Bolívar (1830), precipitaron el de-rrumbe de la Gran Colombia. Venezuela, Ecuador y la NuevaGranada, constituyeron repúblicas separadamente, quedandoPanamá unida a esta última.

Sin embargo, el esfuerzo de los panameños por encontrarel camino más adecuado a los intereses de la nacionalidad sepuso de manifiesto en los diversos intentos separatistas delsiglo XIX. En efecto, movimientos como los de 1831, constitu -

yen expresiones categóricas de dicha inquietud. En estamisma perspectiva, se ubica el movimiento separatista de1840, que reafirma el progresivo desarrollo de la nacionalidadpanameña. El coronel Tomás Herrera y Mariano Arosemenafueron los animadores principales de este último proyecto queduró trece meses, y que le permitió al Istmo ser estadosoberano desde noviembre de 1840 hasta diciembre de 1841.

El gobierno de la Nueva Granada, temeroso de las inclina-ciones separatistas de los panameños, así como del crecienteexpansionismo colonial de Inglaterra y Francia, optó porsolicitar a Washington negociar un tratado que le garatizara susoberanía sobre nuestro territorio. El resultado fue el TratadoMallarino-Bidlack de 1846, por el cual Estados Unidos deAmérica se comprometió a mantener la jurisdicción y sobera-nía de la Nueva Granada en el Istmo, a cambio de su derechoa transitar libremente entre ambas costas de nuestro territo-rio. Dicho tratado facultó a ese país a intervenir en los asuntosinternos de Panamá, iniciándose con ello la primera fase decontradicciones panameño-norteamericanas.

Dentro de este marco de relaciones atentatorias a laintegridad del Istmo, se produce el enfrentamiento violento delpueblo panameño con los norteamericanos, a raíz del "inciden-te de la tajada de sandía" (1856), que dejó un saldo de muertos

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y heridos en ambas partes. Este acontecimiento fue el comien-zo de un proceso ininterrumpido de confrontaciones pana-meño-norteamericanas, fenómeno que se ha repetido desde lasegunda mitad del siglo XIX hasta el presente.

Como es bien sabido, correspondió al Dr. Justo Arosemenael mérito histórico de ser el más destacado y sistemáticoexponente de la nacionalidad en el siglo XIX. Su obra intelec-tual y política, contenida en sus escritos y discursos, particu -

larmente en el ensayo El estado federal, demuestra que lasociedad panameña evolucionaba de manera acelerada haciala constitución de una nación con perfiles propios, cuyapersonalidad política y cultural requería de una entidad que lepermitiera su pleno desarrollo.

Por ello, el Congreso de Nueva Granada estableció por leyen el año -1855 la condición de Estado Federal del Istmo,gracias a los esfuerzos parlamentarios del Dr. Justo Aroseme-na. Dicha condición jurídica especial dentro de la NuevaGranada se reforzó en la Constitución de Río Negro, aprobadaen el año 1863, la cual expresamente confirmó el carácter deEstado Federal del Istmo de Panamá.

El Estado Federal, aunque no era república independien-te, permitió a la sociedad panameña un cierto desenvolvimien -

to político y económico autónomo, lo que fue muy importanteen la vida futura del Istmo. De allí que la abolición, en 1885,de la Constitución de 1863, acto por medio del cual se proclamódictador en Colombia, el Dr. Rafael Núñez, desencadenó unasublevación en Panamá. La más significativa acción de rebel-día fue la que dirigió Pedro Prestán en la ciudad de Colón, enel mes de marzo de 1885. Las fuerzas dirigidas por Prestánplantearon la defensa del Estado Federal, pero la superioridaddel aguerrido ejército colombiano y la injerencia norteame-ricana se impusieron, siendo derrotados los panameños, yPrestán condenado a muerte.

El ideal autonomista se mantuvo vigente entre los pana-meños, ya que la condición de simple departamento colombia-no a que se vio reducido el Istmo con el advenimiento de latiranía conservadora, no satisfacía los anhelos de libertad ydignidad de nuestro pueblo.

Son estas razones históricas y sentimientos nacionales, los

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que explican el entusiasmo y los sacrificios del pueblo pana-meño en la larga y sangrienta Guerra de los Mil Días, que ennuestro suelo adquirió una dimensión cualitativamente supe-rior, como consecuencia de la contradicción entre la naciónpanameña en pleno desarrollo y el férreo centralismo políticoy administrativo impuesto desde Bogotá.

Las frustraciones sucesivas, las frecuentes guerras entreliberales y conservadores, la dictadura, la abolición del EstadoFederal, el empobrecimiento de la sociedad panameña, elincumplimiento del Acuerdo de Paz del Wisconsin (1902) quepuso fin a la Guerra de los Mil Días, el fusilamiento deVictoriano Lorenzo en mayo de 1903 y el rechazo por el senadocolombiano del Tratado Herrán Hay, en agosto del mismo año.precipitaron los acontecimientos del 3 de noviembre de 1903.Por supuesto, el gobierno de Estados Unidos alentó e intervinoen el desenlace de la acción separatista, con el deliberadopropósito de imponerle a la recién nacida república un tratadocolonial e ignominioso.

El afán de los panameños de constituir una nación inde-pendiente y soberana se profundiza en el presente siglo. Lalucha contra el Tratado Hay-Bunau Varilla expresó durantemuchas décadas el antagonismo de la nación panameña frentea la presencia colonial de Estados Unidos de América ennuestro territorio.

En este sentido, es preciso señalar que desde el año 1904,cuando apenas comenzaba a estructurarse la Zona del Canal,se plantearon las primeras reivindicaciones frente al Tratadode 1903, firmado meses antes. Nos referimos a las demandascontenidas en el estudio crítico que hicieron algunos juristaspanameños, encabezados por el Dr. Belisario Porras, en rela-ción al Tratado Hay-Bunau Varilla, y que determinó el envío aWashington de una misión diplomática.

Dicha misión entregó al Departamento de Estado el primerreclamo oficial de nuestro país respecto al Tratado de 1903. Eldocumento correspondiente, elaborado por el Dr. Eusebio A.Morales y entregado al Departamento de Estado por José DeObaldía, el 12 de agosto de 1904, constituye un brillantealegato de elevado contenido jurídico y patriótico, en defensade la soberanía panameña en la Zona del Canal. En esaoportunidad, se solicitaron, además, reivindicaciones de

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carácter económico, en atención a los aportes del país para laconstrucción de la vía interoceánica.

Como resultado de dicha gestión diplomática, se firmó elConvenio Taft (1904), por el cual Panamá mejoró sus ingresoseconómicos, pero el tema esencial de la soberanía fue soslaya-do en dicha negociación, deliberadamente, por Taft.

De esta forma, la recién nacida república inició una luchalarga y tenaz, a fin de perfeccionar el estado nacional, media-tizado por el Tratado Hay-Bunau Varilla de 1903, que entregóa Estados Unidos, a perpetuidad, 1.432 km2 de territorio, lajurisdicción sobre dicha franja, la propiedad de la vía acuática,así como el derecho a intervenir en los asuntos internos delpaís.

La Constitución Nacional de 1904 reflejó las limitaciones anuestra soberanía impuestas por el poderoso imperialismo deEstados Unidos. El artículo 136 de dicha Carta Magna estable-cía el derecho del gobierno norteamericano a intervenir en lasociedad panameña.

En esa misma línea de análisis, debemos mencionar loshechos relacionados con la disolución impuesta por EstadosUnidos del pequeno ejército nacional en 1904, y su conversiónforzosa en cuerpo de policía. Posteriormente, en el año 1916,el Departamento de Estado demandó al gobierno panameño eldesarme obligatorio de dicha policía, hecho que fue denuncia-do por el presidente Belisario Porras como una imposiciónarbitraria que lesionaba la soberanía del país.

Igual denuncia patriótica hizo otra vez el presidente Porrasen 1921, a raíz del llamado Fallo White, impuesto por la fuerzaa la república, bajo la amenaza de barcos de guerra desplegadapor Estados Unidos en las costas panameñas. Por dicho fallo,Panamá se vio forzada a ceder a Costa Rica -tras la Guerra deCoto-, parte de su territorio, para beneficiar a las transnacio-nales bananeras que operaban en el vecino país centroameri-cano.

El desarrollo ideológico que experimentó la sociedad pana-meña a partir de la década de 1920, así como el surgimiento deorganizaciones populares como el Sindicato General de Traba-jadores, Acción Comunal y el Movimiento Inquilinario, deter-minaron nuevos niveles de lucha del pueblo panameño por sutotal independencia. La crítica al liberalismo tradicional, a sus

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caudillos y partidos, adquirió gran significado histórico, pro-yectándose todo ello en la praxis política de los panameños,generando un movimiento popular de orientación antioli-gárquica y antiimperialista.

Las jornadas nacionalista del año 1925, protagonizadaspor la Liga Inquilinaria, fueron de tal magnitud que el presiden-te Rodolfo Chiari y el canciller Horacio Alfaro, solicitaron laintervención del ejército de Estados Unidos de América, a fin desofocar violentamente las protestas de los moradores de losbarrios pobres, que clamaban contra el alza de los alquileres yelevado costo de la vida.

La intervención de las tropas estadounidenses en lasciudades de Panamá y Colón fue rechazada en las calles por elpueblo indignado, produciéndose enfrentamientos directosentre los soldados extranjeros y los inquilinos. Estos sucesosdejaron un saldo de muertos, heridos y detenidos, así comoprofundas huellas en la conciencia del pueblo panameño,respecto a las proclividades antinacionales de la oligarquíagobernante y el carácter colonialista del tratado 1903.

La contradicción entre la nación panamena y el expansio-nismo norteamericano se puso otra vez de manifiesto en el año1926, a raíz de la negociación y firma del Tratado Kellog -Alfaro,considerado por la opinión pública como lesivo a la soberaníadel país. Las críticas contra la actuación del gobierno delpresidente Rodolfo Chiari, en esa negociación, fueron de talmagnitud que la Asamblea Nacional rechazó por unanimidaddicho tratado, afianzándose el sentimiento nacionalista de loshabitantes de la república.

Nuevas realidades internacionales y nacionales permitie-ron en 1936, la firma del Tratado Arias-Roosevelt. En efecto,en Estados Unidos, el presidente Franklin D. Roosevelt habíaproclamado la política del "buen vecino", con el propósito demejorar las relaciones diplomáticas con los países latinoame-ricanos, ante los serios peligros que se cernían de una confla-gración bélica a escala mundial.

En el plano interno, el deterioro del gobierno oligárquicopresidido por Florencio Harmodio Arosemena, condujo al golpede estado de Acción Comunal el 2 de enero de 1931, aconteci-miento que facilitó al año siguiente la victoria electoral del Dr.Hannodio Arias Madrid, candidato de dicho movimiento. El

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nuevo presidente, comprometido moralmente con el idearionacionalista de dicha organización, gestionó la revisión delTratado Hay-Bunau Varilla.

El presidente Harmodio Arias Madrid aprovechó la favora-ble situación internacional a fin de lograr importantes reivin-dicaciones para el país, tales como la eliminación del derechode Estados Unidos a intervenir en los asuntos internos dePanamá; la abrogación de la cláusula por la cual la indepen-dencia de la república era garantizada por Estados Unidos deAmérica, entre otras significativas reivindicaciones, que con-tribuyeron a fortalecer la personalidad del estado panameño.

Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno deEstados Unidos solicitó a Panamá concesiones territorialespara instalar sitios de defensa fuera de la Zona del Canal, conel propósito de reforzar la vigilancia sobre la vía acuática. Lapetición fue formulada al presidente Dr. Arnulfo Arias Madrid(1940-1941), quien contestó con una contra-propuesta dedoce puntos reivindicativos para nuestro país, hecho que nofue del agrado del Departamento de Estado norteamericano.

Al prolongarse las negociaciones, por dicha razón, se gestóla conspiración en Panamá que culminó con la destitución, en1941, del presidente Dr. Arnulfo Arias Madrid, por la AsambleaNacional. La embajada de Estados Unidos siempre ha sidoseñalada como la responsable de tal conspiración golpista.

Los sitios de defensa fueron concedidos de inmediato porel nuevo gobierno panameño, encabezado por Ricardo AdolfoDe la Guardia, bajo la condición de que dichos territoriosdeberían reintegrarse al país un año después de firmados losacuerdos de paz que pusieran fin al conflicto bélico.

Sin embargo, la pretensión de Estados Unidos de retenerlos 136 sitios de defensa concedidos por Panamá en mayo delaño 1942, luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial,encontró fuerte resistencia en la opinión pública. El presidentepanameño de la época, Enrique A. Jiménez, presentó inicial-mente reparos a la solicitud norteamericana; sin embargo, lapresión lo llevó a aceptar negociaciones en 1947. El Dr.Ricardo J. Alfaro, canciller de la República, negoció el pacto,pero renunció a su alto cargo en la víspera de la firma delmismo. Por esta razón le correspondió al canciller interino, Dr.Francisco Filós, designado por el presidente Jiménez para tal

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fin, estampar su firma en el convenio denominado Filós-Hinesde 1947.

En efecto, la firma de dicho convenio desató una moviliza-ción popular sin precedentes en el país, destacándose, por susproyecciones históricas la jornada del 12 de diciembre de 1947.En esa ocasión, la Federación de Estudiantes de Panamá, logrómovilizar al pueblo panameño contra el convenio Fi1ós-Hinesque terminó siendo rechazado unánimemente por la AsambleaNacional, en virtud de la presión que ejercieron ampliossectores del país, principalmente las organizaciones estudian-tiles, docentes, obreras y profesionales.

El sentimiento patriótico de los panameños se fortalecíacada vez más, lo que se manifestaba en críticas generalizadasrespecto al Tratado Hay-Bunau Varilla de 1903, en diversosreclamos a las autoridades norteamericanas y en obras litera-rias que exaltaban nuestra identidad cultural.

En el fortalecimiento de la conciencia patriótica de lospanameños desempeñó un papel de gran importancia laUniversidad Nacional, fundada en el año 1935. Esta institu-ción cultural, creada por decreto ejecutivo dictado por elpresidente de la República, Dr. Harmodio Arias Madrid, tuvocomo primer rector, al Dr. Octavio Méndez Pereira, impulsorprincipal del proyecto.

Desde sus inicios, la Universidad Nacional se constituyó enun centro de inquietudes sociales, políticas y culturales.Contribuyeron a ello, distinguidos profesores panameñoscomo Octavio Méndez Pereira yJosé Dolores Moscote, así comonumerosos catedráticos alemanes y españoles que llegaron alterruño, en razón de las persecuciones fascistas que impera-ban en sus países y en casi toda Europa.

La Universidad propició el nacimiento de múltiples organi-zaciones democráticas y nacionalistas, como fueron la Federa-ción de Estudiantes de Panamá, la Asociación de Profesores dela República, el Magisterio Panameño Unido y el Frente Patrió-tico de la Juventud, entidades que se estructuraron a partir delaño 1943, y que desarrollaron una labor extraordinaria enfavor de las luchas democráticas y patrióticas del pueblopanameño en las décadas de 1940 y 1950.

Los ideales nacionalistas de los panameños se expresaroncon claridad en mayo de 1958 con la siembra de banderas en

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la Zona del Canal, operación que realizaron estudiantes uni-versitarios, y que causó gran impacto en el país. Igual podemosdecir de las multitudinarias marchas de noviembre del año1959 cuando miles de panameños pasearon el emblema nacio-nal por la Zona del Canal desafiando a la policía y al ejército deEstados Unidos.

Las condiciones para demandar la abrogación del colonia-lista Tratado Hay-Bunau Varilla de 1903 estaban dadas. Deallí que el 9 de enero de 1964 la represión violenta de unamarcha estudiantil que intentó izar el pabellón nacional en laZona del Canal, desató la rebelión anticolonial más significaUva y trascendente en la historia del pueblo panameño. Enesas memorables jornadas nacionalistas de 1964 el país exigiósoberanía efectiva sobre todo su territorio, así como la termi-nación del enclave colonial de la Zona del Canal. El presidentede Panamá, Roberto F. Chiari, ante la presión de la opiniónpública, decretó la ruptura de las relaciones diplomáticas conEstados Unidos, acusó a dicho país en la OEA y la ONU deagresión a la república y solicitó negociaciones diplomáticaspara abrogar el Tratado de 1903 cuyo contenido colonialistaera rechazado por el pueblo panameño.

El heroísmo demostrado en la lucha por su dignidad e inde-pendencia, generó un sentimiento de solidaridad internacionalen favor de Panamá y de su justa causa patriótica.

En estas condiciones históricas, era evidente que lasrelaciones contractuales entre Panamá y Estados Unidosrequerían una revisión integral. El colonialismo resultaba unanacronismo histórico insostenible, y el pueblo panameñoestaba decidido a los mayores sacrificios para alcanzar susmetas nacionales.

Las negociaciones se iniciaron en el mes de abril de 1964,y culminaron en el año 1967 cuando circularon en el país tresanteproyectos de tratados que fueron considerados inacepta-bles. Dichos anteproyectos ni siquiera fueron firmados por losgobiernos de Panamá y Estados Unidos, ya que fue tal elrechazo del pueblo panameño a esos documentos, que seconsideró peligroso firmarlos, para la estabilidad del gobiernodel presidente Marco Robles. El fracaso de las negociacionespuso de manifiesto la incapacidad de la clase oligárquicagobernante para dirigir al pueblo en su lucha en favor de la

soberanía e independencia del país. Las repercusiones políti-cas y sociales de los sucesos de enero de 1964, así como elresultado negativo de las negociaciones, fueron de la mayorsignificación.

Por esta razón, no es aventurado afirmar que el golpe deestado de octubre de 1968 tenía como una de sus causasprincipales el debilitamiento orgánico de dicha oligarquía,fenómeno que se puso en evidencia durante las negociacionescon Estados Unidos. Desde luego, la invariable proclividadantinacional del régimen oligárquico, su aislamiento de lossectores populares y la política represiva que aplicaba, deter-minaron su agotamiento histórico. Por supuesto, el entreguis-mo de esa clase, sin conciencia histórica de la nacionalidad, ladescalificaba para seguir gobernando.

El advenimiento del gobierno militar en 1968 estuvo prece-dido de pugnas y acciones de violencia en el torneo electoral demayo de ese mismo año. El inicio del régimen militar no contócon el beneplácito del sector oligárquico mayoritario queapoyaba al Dr. Arnulfo Arias, ganador de las elecciones demayo de 1968, ni tampoco del apoyo de Estados Unidos deAmérica.

La política inicial del régimen militar fue represiva, sin unplan definido del gobierno, sin orientación clara de sus objeti-vos. En esta fase, fueron encarcelados decenas de panameñosde las más diversas orientaciones ideológicas, muchos fuerondeportados y torturados, se clausuró la Universidad nacionaldurante varios meses y se anularon elementales derechosdemocráticos. No fueron pocos los panameños que en distin-tas circunstancias y por razones políticas e ideológicas diver-sas, perecieron en enfrentamientos con los efectivos del apara-to militar.

Sin embargo, los acontecimientos del 16 de diciembre de1969, cuando algunos oficiales derechistas de la GuardiaNacional intentaron desalojar del poder al general

Omar Torrijos,produjeron ciertos cambios en la orientación del gobiernomilitar. Surge, con posterioridad a dicho suceso, la lineapopulista y nacionalista que sirvió al general Torrijos paraaproximarse a los sectores populares.

En estas condiciones, el régimen militar se propuso impul-sar algunos cambios políticos, económicos y sociales, los

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cuales fueron recogidos en la Constitución Nacional de 1972.Así surgieron nuevas estructuras políticas, se impulsaronreformas en el campo de la salud y la educación. Las relacioneslaborales fueron definidas en un nuevo y moderno Código delTrabajo. Pero, sobre todo, la política internacional de la Repú-blica se hizo realmente independiente.

Dentro de este marco de relaciones políticas internas yexternas, se desarrollan las negociaciones con Estados Unidosque culminan con la firma de los Tratados Torrijos-Carter de1977. Las negociaciones fueron complejas, difíciles , y elgobierno de la época tuvo el acierto de buscar el respaldo deLatinoamérica, a fin de romper las tradicionales y secretasnegociaciones bilaterales entre ambos países, dándole paso auna nueva diplomacia. El caso panameño se convirtió en temade gran interés para los países llamados del Tercer Mundo y laopinión internacional.

La firma de los Tratados Torrijos-Carter de 1977, definió uncamino para enfrentar el problema colonial que afectaba partedel territorio nacional. Se estableció que el último día del año1999, deben desmantelarse las bases militares estadouniden -

ses en Panamá y abandonar el suelo patrio dichas tropas, re-integrándose a la jurisdicción de la República todas las tierrasocupadas y la vía acuática. Estos tratados fueron recibidos consimpatía en Latinoamérica, ya que establecía un mecanismopacífico de superar -en gran medida- el problema colonial queafectaba a la República desde su nacimiento en 1903.

Muchos panameños han criticado el Tratado de Neutrali-dad, particularmente la llamada enmienda De Concini, queotorga, más allá del año dos mil, derecho a Estados Unidos aintervenir en el Istmo, cuando el canal interoceánico estuvieraamenazado por supuestas situaciones internas de Panamá.Dicho tema ha sido objeto de amplios debates, defendiendounos lo pactado como lo máximo 'que se pudo obtener; en tantoque otros atacan lo negociado por haber dejado abierta lapuerta para futuras intervenciones norteamericanas en el paísdespués del año dos mil. No obstante, es oportuno señalar que,precisamente gran parte de los sectores que adversaron losTratados Torrijos-Carter en razón de la enmienda De Concini,estuvieron entre los que aplaudieron la sangrienta invasión del20 de diciembre de 1989.

El proceso de devolución a Panamá de las tierras y bienes37

de la Zona del Canal, así como la participación nacional en elmanejo de la vía interoceánica, se venía cumpliendo en lofundamental, pese a los obstáculos de la arbitraria Ley 96-70,dictada unilateralmente por el Congreso de Estados Unidospara ejecutar los tratados de 1977. Sin embargo, lo relativo ala participación panameña en la defensa del Canal, problemade enorme trascendencia y significado político, quedó inte-rrumpida totalmente a raíz de la invasión norteamericana de1989.

Sectores ultra-conservadores en Estados Unidos han plan-teado la necesidad de renegociar los Tratados Torrijos-Cartera fin de mantener, más allá del año dos mil, las bases militaresnorteamericanas. De igual manera, en Panamá, elementos ygrupos partidarios de los intereses imperiales y hegemónicosde Estados Unidos, vienen agitándose en esa misma dirección.

La invasión de 1989 ha puesto en entredicho la soberaníadel estado panameño. Las diversas justificaciones que hanensayado los propios gobernantes del país, frente a ese hechode fuerza de Estados Unidos, contrario a las normas delderecho internacional, han contribuido a esa mala imageninternacional de la República.

El principio de no intervención en los asuntos internos delos estados, consagrado en las Cartas de la ONU y de la OEA,es fundamental para la paz y la convivencia entre los estados.Ningún país, por poderoso que sea, está facultado para invadira otro estado y tomar decisiones que lo afecten en su desarrollo.

Ni siquiera la existencia de un mal gobierno -y son muchoslos malos gobiernos que existen en el mundo- puede servir depretexto para justificar una sangrienta intervención extranje-ra. Compete a cada pueblo buscar los mecanismos adecuadosy pertinentes para resolver sus problemas políticos internos.

En este sentido, nada puede justificar la acción militar delos Estados Unidos de América, el 20 de diciembre de 1989,contra la República de Panamá. La presencia de un generalcorrupto y dictador en el poder, es un problema que lospanameños teníamos que enfrentar y resolver.

En Latinoamérica son muchos los ejemplos de heroísmoque han dado los pueblos frente a tiranos como Trujillo,Somoza, Pérez Jiménez, Batista, Duvalier, Pinochet, quienessojuzgaron por décadas a sus connacionales, con el respaldo

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decidido de Estados Unidos de América. Todos estos déspotasfueron al final derrotados por sus pueblos, con sacrificios yabnegación.

Es por eso que muchos panameños se preguntan si ladestrucción del ideal patriótico de forjar un estado nacionalindependiente, meta por la que ha luchado nuestro pueblodesde el siglo XIX, fue acaso otra misión encomendada algeneral Manuel Antonio Noriega para favorecer la estrategianeocolonialista de EE.UU.

No cabe duda. El precio que la nación panameña hapagado por la expulsión del general Noriega del poder ha sidomuy alto. Dicho militar estuvo muchos años -hoy nadie lodiscute- en la planilla de la Agencia Central de Inteligencia deEstados Unidos de América, cumpliendo diversas tareas enfavor de esa potencia mundial. Su apego personalista al poder,en el marco de una grave crisis política interna, exacerbada porlas drásticas sanciones económicas impuestas por el gobiernonorteamericano, deterioraron la economía del país. El cierre dela banca, la quiebra de múltiples empresas, el bloqueo econó-mico y el desempleo masivo, derivados de la crisis, enconaronel ambiente nacional, lo que permitió al imperio la manipula-ción de las conciencias a través de una campaña de propagan-da sin precedentes en Panamá. La consecuencia, como era deesperar, fue que amplios sectores prefiriesen cruzarse debrazos y hasta aplaudir la invasión, antes que desarrollarcualquier tipo de acción política que pudiera interpretarsecomo muestra de apoyo al controvertido general gobernante. Alparecer, Noriega sirvió de carnada para atrapar al pez másgrande: la nación panameña. Los istmeños, simplemente,mordieron el anzuelo.

Es oportuno recordar que en los documentos de Santa FeII se estableció, con meridiana claridad, la estrategia parasometer a Panamá a la política de Washington. Allí se planteóla instalación en el país de un gobierno dócil a los interesesestadounidenses, la liquidación del ejército nacional, la priva-tización de las empresas estatales, así como reformar laConstitución Política, el Código de Trabajo, las leyes de se-guridad social, etc., a fin de complacer los intereses neocolo-niales norteamericanos.

¿Quién puede alegar que dichos objetivos eran desconoci-

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dos por los panameños? La invasión del 20 de diciembre de1989 estaba anunciada de antemano, así como sus metas ,antinacionales. Sin embargo, al general Noriega y a susallegados íntimos parecía no importarles estos peligros.

Es preciso señalar que nunca se consideraron alternativasserias para resolver la crisis, y que tampoco existían planesconcretos para resistir la agresión. La impopularidad delrégimen, en razón de que no había un proyecto de gobierno quecontemplan medidas populares y reivindicaciones sociales,además de la represión de los militares contra amplios secto-res, facilitaron los planes a los adversarios internos y externosdel país.

La invasión militar estadounidense ha sido una verdaderacatástrofe para la sociedad panameña. Se destruyeron barriosenteros, como El Chorrillo, con un saldo trágico de miles demuertos, heridos, desaparecidos y damnificados. Se causarondaños emocionales de extrema gravedad a la población, sobretodo a los niños, quienes experimentaron los horrores de laguerra. Se destruyeron enormes riquezas económicas, bienesmateriales y centros de producción y servicios, lo que hacostado al país cientos de millones de balboas.

Y de manera especial, debemos señalar el retroceso que hasufrido el histórico proyecto nacional panameño de construirun estado independiente y soberano.

A tres años de la invasión, el panorama del país no puedeser más trágico. La pobreza extrema afecta a más de la mitadde la población, el elevado índice de desempleados y mendigosse palpa en las calles: la entrega al capital extranjero de losmejores recursos naturales del país, la privatización escanda-losa de empresas estatales, el desmantelamiento progresivodel estado panameño, los negociados de los favoritos del nuevorégimen, etc., son las notas características de la falsa democra-cia impuesta por la invasión norteamericana, con el beneplá-cito de la incompetente y desnacionalizada oligarquía gober-nante.

Los actuales niveles de delincuencia, las formas anarqui-zantes de convivencia que se observan en todos los estratos dela sociedad, no se explican única y exclusivamente por el hechode que la pobreza extrema se extienda ya a todo el país o, comoafirman otros, que son los ajustes inevitables y necesarios

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"para recuperar la democracia". Es, también y sobre todo, lasecuela traumática de la invasión que perdurará hasta que lospanameños recuperen el respeto a sí mismos, reencuentren ladignidad perdida y la brújula del destino nacional

Bibliografía- Arrocha Grael, Catalino, (1975), Historia de la independencia de Panamá,sus antecedentes y sus causas 0 821-1903), Panamá.

- Avila D., Víctor, (1989), La gesta del 9 de enero. Panamá: Ediciones FormatoDieciseis .- Castiliero Pimentel, Ernesto, (1988), Panamá y los Estados Unidos (1903-

1953), Panamá.- Soler, Ricaurie: (1992) La invasión de Estados Unidos a Panamá, SegundaEdición, Panamá.

- Sosa, Juan B. y Enrique Arce, (1971), Compendio de historia de Panamá.

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EL PROYECTO PRIVATIZANTEDEL SECTOR SALUD

Mario Aixel Rodríguez*

Este artículo intenta ser un modesto aporte a la discusióndel proyecto privatizador propuesto por las compañías asegu-radoras. La descripción se hará en sus rasgos más generales,haciendo resaltar del proyecto, lo que en realidad lo caracterizay sus implicaciones en el sector salud.

Política del gobierno después de la invasión de 1989.Plan económico.

En principio, el gobierno intenta un proceso a. través delcual busca modificar el modelo de atención médica existente afin de lograr una mejor articulación entre el nuevo modelosanitario y las transformaciones económicas contenidas en elproyecto modernizador de la economía nacional.

Con el propósito de lograr este objetivo se avanza en la re-conceptualización y definición del nuevo modelo sanitarioarticulado a la política económica del gobierno, pero en conflic-to frente a la correlación de fuerzas existentes entre los gruposque componen el régimen y las pugnas de diferentes fraccionesque luchan por sus derechos sociales y políticos.'

*Médico general de la Caja de Seguro Social, ha escrito artículos en la revistaDiálogo Social y en periódicos de la localidad.

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El sector estatal no logra generar consenso en los sectoresinvolucrados, incluso entre sus fracciones hegemónicas. 2

Por otra parte, los complejos y contradictorios procesos quehacen a la formulación e implementación de la política sanita-ria, no logran imponer los mecanismos que tomen viable a lasociedad un modelo sanitario vinculado con el plan económicoque garantice, al mismo tiempo, la acumulación de capital. Deallí que las correlaciones de fuerzas políticas en el marco delaño 1994 su fraccionamiento y sus contradicciones se hanconvertido en un pesado lastre para lograr implementar lasmodificaciones en el sector salud.'

Reorganización en el sector saludPrecisamente, por esas contradicciones no resueltas, el

régimen se ve en la necesidad de ir configurando la organiza-ción y la orientación de la práctica médica de acuerdo con lascorrelaciones de fuerzas y con el desarrollo de las contradiccio-nes. Así mismo, la resolución política de las contradicciones yantagonismos en tomo a los problemas sanitarios obliga algobierno a cederle el protagonismo a las corporaciones deseguros. Son éstas, entonces, las que finalmente' harán lapropuesta real a las modificaciones del sector salud.

En consecuencia, la propuesta del régimen en aparienciaes fragmentaria, su movimiento zigzagueante y aveces incohe-rente, lo que toma complejo su estudio y análisis.' Esaconfusión no es casual, es el instrumento adecuado a suscontradicciones. El mimetismo y metamorfosis de la propues-ta es intencional. Se pretende con ello causar confusión ydesorientación para permitir de esta forma su viabilidad en laimplementación

Conjunto de medidas en el sector saludLa ofensiva del régimen se manifiesta a través de un

conjunto de medidas que buscan la modificación del aparatoestatal' al mismo tiempo que la anulación o transformación deaquellas organizaciones civiles que intervienen en el sectorsalud: llámese sindicatos, comités de salud, comunidadesorganizadas, gremios, universidades, etc. Consecuentemente,los instrumentos que utiliza el régimen para implementar estasmedidas son la distorsión de la realidad, el discurso, la

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propaganda, las reformas legales y administrativas, la repre-sión en todas sus formas: amenazas, destituciones, etc?

La diversidad de medidas y la multiplicidad de Instrumen-tos con que cuenta el régimen facilita su intención de transfor-mar el sector salud de acuerdo al modelo económico, siempredependiente de la correlación de fuerzas y las característicasdel sistema político imperante.

Por su parte, el régimen busca modificar el sector salud afin de lograr una mejor y más eficiente articulación con lastransformaciones económicas, políticas y sociales después dela invasión de 1989.

Caracterización del régimen actualLa invasión de 1989 es el hecho político de mayor trascen-

dencia en la historia de Panamá. Rompe e inicia una definiciónde las estructuras políticas, económicas y sociales del país.Esta ruptura transforma profundamente las vinculacioneseconómicas internas y externas lo mismo que las alianzaspolíticas a nivel nacional e internacional. La invasión secaracteriza por la brutal represión y el genocidio, destrucciónde barrios enteros, cancelación de todos los derechos políticosy civiles y el sometimiento de la población a un esquema yexperimento político: el imperio de la fuerza, el terror, laarbitrariedad, los miles de muertos y torturados, la brutalidadsin límites. e Todo esto como un mecanismo válido para dirimirlos intereses antagónicos y solucionar una crisis de hegemo-nía, constituyendo ésta la forma política en que se resuelvencoyunturalmente las contradicciones estructurales de la socie-dad panameña. Por otra parte es un intento de transformar aPanamá en un país de un acentuado capitalismo dependienteque se articule eficientemente con el capital monopólicointernacional. La proclama de que éste es un gobierno cien porciento empresa privada rio es suficiente. 9 Por eso el apresura-miento en la privatización de las empresas estatales, la desna-cionalización de las riquezas básicas, la disminución y casidesaparición del sector social de la economía. Lamentable-mente tampoco esto ha sido suficiente para garantizarle alsector monopólico internacional la vinculación y articulacióndel modelo panameño al mercado internacional. Es necesariopara las fracciones hegemónicas nacionales un nuevo intento

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en la profundización de la transformación de cara a permitir unmayor crecimiento económico siempre vinculado y dependien-te de las corporaciones internacionales vinculadas estrecha-mente con el mercado internacional.

Por lo tanto, el esquema neoliberal domina el sector econó-mico y se pretende liberar a las fuerzas del mercado, laregulación de la economía. Se asume que la libre competenciaes el medio a través del cual se solucionan todos los problemasy contradicciones nacionales. Al mismo tiempo se elevará laproductividad y la calidad de los productos nacionales. Sepretende dejar sin ningún tipo de protección a la industrianacional frente a los grandes consorcios internacionales. Seliberan los sectores agroindustriales frente a sectores subsi-diados internacionalmente. Se acusa a la protección estatalcomo la causante del bajo crecimiento económico, la ineficaciay la inflación y el causante de las distorsiones económicas. Seolvidan que 1987 fue un año de gran crecimiento y desarrolloen Panamá. 10 Con esta excusa se quiere transformar nuestraeconomía en totalmente abierta, libre a la competencia inter-nacional y a las inversiones. Este modelo lo que ha logrado esuna mayor concentración de la riqueza, criticado hasta por laiglesia católica. El desempleo y el subempleo es una realidadpreocupante y en ascenso permanente. El sector industrial yel sector primario de nuestra economía ven con justificadotemor la implementación del plan económico como un peligroque los llevará a la quiebra, disminución de la producción yaumento del desempleo.

El sector saludEl sector salud tiene un significativo componente estatal

(Ministerio de Salud y CSS) acompañado de un componente delsector privado (clínicas, hospitales, laboratorios, empresas demedicamentos, materiales, instrumentos, etc.). La existenciade este modelo durante casi veinte años permitió ampliar lacobertura de la poblacióny el crecimiento económico al garan-tizar la reposición de la mano de obra y la acumulaciónestratificada de la plusvalía. El modelo. de atención existentepermitia una amplia cobertura, un fácil acceso de la poblacióna los servicios médicos y proclamaba como concepción centralque ta salud es un derecho de la población frente al Estado. Al

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mismo tiempo, el estado es el responsable de que se ejecuteeste derecho. La concepción de la salud como un derecho esimportante resaltarla porque de allí emanan otros elementosimportantes a considerar: La materialización de dicho derechose fortalece con la organización popular (comités de salud,etc.), la ampliación de la cobertura, la gratuidad de la atenciónde salud y de otras prestaciones sociales. Sin embargo, laexistencia de esta amplia cobertura estatal autónoma (CSS) serealizó acompañada de la existencia de la práctica médicaprivada que no es antagónica con la misma. Es más, secomplementan y se articulan dentro del molde económicovigente. Este modelo de atención del sector salud permitióinicialmente el casi pleno empleo de los profesionales, aumentóel número de graduados a nivel universitario, condicioneslaborables aceptables y la homogenización de sus intereseslaborables a través de sus gremios.

El nuevo modelo propuesto después de la invasiónEs evidente que el régimen actual no tiene un modelo

coherente y bien articulado que pueda presentar como unaalternativa viable frente al modelo anterior, Sus contradiccio-nes, incongruencias y confusión sin embargo no dejan escaparque existen unos lineamientos básicos, fundamentales, bientrazados y que son expuestos por los personeros de turno. Enlo fundamental el nuevo modelo propuesto por el régimenincluye:

Incorporar al sistema de salud algunas características delsistema de mercado, procurando las grandes ganancias de lascorporaciones de seguro de vida. Asimismo, la proclama y eldiscurso continuado y repetitivo de que en el mundo actualnada es gratis, que hay que pagar y que la época del paterna-lismo torrijista se acabó. De allí, la concepción vinculada a lascompañías de seguros que la enfermedad es un riesgo que debeser cubierto con pagos adecuados. Y, finalmente, la proclamaministerial de que la salud es un deber individual, que no es underecho que se otorga sino que tiene que adquirirse por lapoblación.

La insistencia en la privatización del sector salud constitu-ye el elemento fundamental y substancial del nuevo modelo.Consecuentemente, cambiar la práctica social en un modelo de

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concentración de plusvalía constituye el eje central que rige elresto de los planteamientos. En ese sentido, es importanteanotar que las contradicciones encontradas para la ejecuciónde este proyecto hacen que sus propuestas sufran una meta-morfosis para tomarlas viables. En consecuencia, el sectorsalud estatal (Ministerio de Salud y CSS) debe desaparecer odiminuirse a su mínima expresión para permitir la incorpora-ción del sector a las corporaciones de seguros. En pocaspalabras, el patrón de las compañías de seguro será el proto-tipo del nuevo modelo del sector salud, regido por las leyes delmercado. Es decir, se debe reformar la organización delaparato estatal de salud, disminuyendo la responsabilidad delEstado", al mismo tiempo que debe subsidiar la actividad delas compañías de seguros. Por su parte, el estado debe ocuparsólo aquellos sectores que por su baja rentabilidad no sean in-teresantes para la empresa privada.

Este proyecto de privatización lesiona los intereses deamplios sectores de la población que no cuentan con losrecursos económicos para cubrir sus costos. En la mismaforma, el plan de privatización representa un duro golpe a lossectores profesionales puesto que esto constituye un aumentodel desempleo, pérdida de conquistas gremiales, disminucióndel poder adquisitivo y por lo tanto, reorganización de laprácticamédica y del equipo de salud, del mercado profesional,el desplazamiento de auxiliares, asistentes y enfermeras. Con-secuentemente, esta propuesta de privatización significa eldesplazamiento de numerosos profesionales del sector salud alconglomerado de desempleados o subempleados. Este patrónde privatización con todos sus elementos contradictorios seencuentra con el modelo del sector salud anterior que estáplenamente vigente. Como resultado de este conflicto y delfracaso de las diferentes alternativas (Ley de reforma de la CSS,etc.) el Estado ha experimentado una dificultad para confor-mar una alternativa políticamente potable y viable al mismotiempo que económicamente posible y realizable. 12 Por ahora,el plan de privatización ha encontrado el rechazo de ampliossectores de población (rechazo de las reforma constituciona-les) 19 y de profesionales'" que ven en la desintegración de losservicios de salud el primer paso facilitador de la privatización.Por lo tanto, el régimen ha metamorfoseado sus intenciones y

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ahora la intención principal es apoderarse de las directivasgremiales del sector salud para facilitar su ofensiva privatizadora.

Mecanismos para lograr el nuevo modelo del sector saludEl objetivo principal a lograr es convertir el modelo actual

en uno que permita la concentración de plusvalía para lascorporaciones de seguros. Para esto hay que cambiar lasestructuras, las funciones, la organización y la práctica médi-ca. Por lo tanto, el régimen se ve en la necesidad de crear lascondiciones que faciliten la ejecución del patrón sanitarioprivatizante.

El estado tiene que modificar sus aparatos y su papel en elsector salud. Al igual que en el sector estatal de la economía,el estado tiene que disminuir su participación y redefinir supapel en el sector salud. Esto se logra con la reducción de losservicios médicos estatales 15 y al mismo tiempo, una redefini-ción de los aspectos administrativos para posibilitar la ejecu-ción de un modelo de práctica médica privada corporativa.Además, con estos crea los mecanismos necesarios para unmejor control. En ese sentido, el estado disminuye los gastospúblicos en el sector salud y otros sectores sociales. Enconsecuencia la disminución del gasto fiscal se traduce en unareducción de las actividades del sector que deteriora y mermagravemente la disponibilidad de recursos humanos, materia-les y fisicos requeridos por la comunidad.

Esta limitación de los gastos del sector salud se refleja enla ausencia de cursos de formación, inversiones y la disminu-ción de su papel como empleador de recursos humanos. Porotra parte se procede a despidos y jubilaciones forzosas, acom-pañado de restricciones para nuevos contratos y llenar vacan-tes. Como resultado de esta política disminuye el número depersonal del equipo de salud (asistentes, auxiliares de enfer-mería y médicos) causando entre otras cosas, aumento de laintensidad del trabajo, aumento real de la jornada de trabajo,gran desempleo de profesionales, bajos sueldos e inestabilidadlaboral.' s

Mientras tanto, y al mismo tiempo, se reducen los recursosmateriales y físicos, se destinan pequeñas partidas para repa-rar antiguas instalaciones. Merma la oferta real de camas por

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habitantes. En 1987 había un total de 7,798 camas hospita-larias, en 1991 sólo quedan disponibles 7,407; por cada milhabitantes había disponibles 3.4 y ahora 3.0 respectivamen -

te." Se limitan las hospitalizaciones. En 1987 en el ComplejoHospitalario de la Caja de Seguro Social se trataron 31,653pacientes, en 1990 sólo se trataron 25,919. Se alargan lostrámites para lograr una cirugía ambulatoria o no urgente. Sedisminuyen las prestaciones o se prolongan sus trámites. Demodo que se destaca el sector salud estatal como ineficiente,incapaz e incompetente. Por otra parte, se desprestigia lacalidad y cantidad de sus prestaciones como un mecanismopara facilitar posteriormente, basado en la inconformidad de lacomunidad, la privatización del sector salud estatal. Al mismo

tiempo, el movimiento de pacientes en hospitales privadosmuestra un aumento a pesar de la crisis económica. En 1987se trataron 19,173 pacientes y en 1990 se trataron 21,055.

Qué pretende hacer el régimenLas primeras transformaciones comienzan a darse en el

sector administrativo. Con la excusa de mejorar la ineficienciaadministrativa se despiden o consolidan puestos. Se estableceuna nueva jerarquización que crea conflictos con el sectoradministrativo médico. Así mismo, se crean nuevos departa-mentos y se desaparecen o se degradan jerárquicamente losvinculados con prestaciones médicas o sociales. Se introducenelementos mercantiles en sus proyecciones, priorizando laganancia y el costo frente a los programas de salud. Imbuidosen esta visión mercantilista, se disminuye la cobertura real dela población 18, se prioriza el costo frente a la prestación de un

servicio,19 y muchos casos sociales se eliminan como causan-tes de costos y pérdidas. En suma, la concepción humanistadel sector salud queda sepultada por la visión utilitarista ymercantilista del Plan de Modernización de la Economía.Predomina el concepto de la eficiencia y rentabilidad de losservicios médicos. Queda totalmente desplazado como priori-dad las condiciones de salud. Prevalece lo tecnocrático yeconomicista. En 1987 el porcentaje de médicos por 10,000habitantes era de 12.0; enfermeras 10.8 y odontólogos 2.3. En1991 disminuyó a 11.5 médicos por 10,000 habitantes, 10.0enfermeras y 2.2 odontólogos. También, aunque por ahora no

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se ha cristalizado, se proyecta la privatización de sectores quesean más rentables a la empresa privada o incluso la venta dedependencias e instalaciones del estado. Sectores comolavanderías, talleres, mantenimiento y servicios técnicosmédicos bien especializados son los más apetecidos.

Conforme estas iniciativas, el régimen desconoce la parti-cipación de la comunidad en la discusión de los problemas desalud. Los comités de salud desaparecen en casi su totalidad,son manipulados, desvalorizados y limitados en sus funciones.Se producen conflictos entre la comunidad organizada (SanMiguelito, Veraguas, Chiriquí) 20 y el régimen como ejemplopalpable del nivel de contradicción entre las comunidadesorganizadas y lo que es prioritario para los intereses del grupohegemónico en el poder. Así mismo, como producto de la limi-tación del gasto fiscal en el sector salud muchos profesionaleshan ingresado en las filas de los desempleados, subempleadosy mal remunerados. Su escala social ha disminuido rápida-mente. El régimen es incapaz de absorber la fuerza de trabajoprofesional, e inclusive, hay una importante cesantía médica.En 1987, en el sector oficial, había disponibles 6,664 camascubiertas por 1,782 médicos, con un porcentaje de ocupaciónde 68.9 y un promedio diario de paciente de 4,593. En 1991,hay disponibles 6,449 camas (215 menos) cubiertas por 1,691médicos (91 menos) con un índice de ocupación de 62.4 y unpromedio diario de pacientes de 4,025. 21 Es importantedestacar que grupos médicos que apoyaban inicialmente lasmedidas desintegradoras del sector salud defienden hoy estesistema como única garantía para brindar salud a la población.Y es así, puesto que, esta integración del sector salud es lagarantía de un empleo seguro, una defensa contra la explota-ción y una unidad gremial.

El modelo de las compañías de seguroLa propuesta de las companías de seguro, después de la

contracción y reducción de la participación estatal 22 proponela constitución de cooperativas médicas, que operen subordi-nadas a las compañías de seguros. Para la propuesta privati-zadora es necesario un capital importante para adquirir losedificios, instalaciones, instrumental, plantas físicas, equipo,gastos de infraestructura y gastos de personal de apoyo

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administrativo y del equipo de salud. Necesariamente el perso-nal médico se convertiría en asalariado de la empresa deseguro. Los médicos, excepto una pequeña minoría que seconvertiría en empresarios, deben enfrentar la triste realidadde subordinarse a una compañía de seguro que impondrá laspolíticas a seguir, que planificará las acciones, que presupues-tará los gastos e inversiones, y principalmente normará todaslas acciones de la práctica médica

23Este consorcio será

intensamente centralizado para poder ejecutar todas las accio-nes pertinentes, con administración realmente autónoma delestado. Entre sus características principales tendrá: faculta-des para vender, permutar, alquilar , ejecutar todo tipo de con-venios y contratos. Asimismo, tendrá todas las facultades demanejo de personal, manual de cargos, atribuciones, designa-ción de funcionarios y despido de los mismos. Y trabajará bajoel sistema de contratos renovables dependiendo del "rendi-miento " . En pocas palabras, una ARI del sector salud.

Futuro y porvenir del sector salud panameñoEs frecuente escuchar, ya inclusive, de ciertos dirigentes

médicos que el problema central del sector salud es el modelode atención. Obviamente no se atreven a decir cuál es el modelopropuesto como solución. Si, lamentablemente, las circuns-tancias históricas y la correlación de fuerzas permiten implan-tar el modelo propuesto por las compañías de seguro, las trans-formaciones y articulaciones necesarias para ejecutarlo seríande graves consecuencias para la población panameña. Es, ensuma, la hegemonía del capital financiero y de las fracciones declase que de él se sustentan los que impondrían las organiza-ciones financiera monopólicas en el sector salud, establecien-do un nuevo modelo de acumulación que significaría la priva-ción de prestaciones sociales a un porcentaje significativo de lapoblación. El futuro de la práctica médica será la vinculada ala práctica médica empresarial dirigida por las compañías deseguro que concentrarán la plusvalía y ejecutarán todos losmecanismos financieros que decidirán el tipo y calidad de losservicios prestados. Al mismo tiempo, al prevalecer estemodelo se dará un asalariamiento masivo de médicos sinperspectivas de organización gremial. Se aumentará la inten-sidad y el trabajo médico y de todo el equipo de salud. El tipo

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tradicional de atención médica liberal tenderá a desaparecerdebido a la presión extremadamente intensa del sector mono-pólico de las compañías de seguro. Será muy dificil competircon quienes dominen y controlen los avances técnicos ycientíficos, monopolicen los sectores proveedores de instru-mental, medicamentos, equipos, etc. Todo esto impondrá unesquema con disminución de salarios y condiciones explotado-ras e intensivas de trabajo. Evidentemente, todo esto agudiza-ría las ya precarias condiciones de salud, de los sectores másnecesitados.

Sin embargo, a pesar de que los sectores involucrados enla implantación de este modelo deshumanizante son importan-tes económica y políticamente, tampoco es menos cierto queeste patrón de acumulación contiene intensas contradiccionessociales y políticas que generan a corto plazo conflictos yantagonismos.

Los sectores sociales desprotegidos, sin cobertura, los de-sempleados producto del plan privatizante, la omisión degrandes segmentos de la población, la explotación de sectoresprofesionales y la acumulación en segmentos monopólicosacentuarán las contradicciones e intensificarán la respuesta yacelerarán la impugnación del pueblo panameño.

El modelo privatizador del sector salud llevará inevitable-mente a una mayor estratificación de los servicios médicos,dejará sin protección a amplios sectores de la comunidad yacentuará los problemas sanitarios. Es por eso que debeplantearse para los sectores populares, lograr un modelo delsector salud dirigido y desde la perspectiva propia. Este nuevomodelo tendrá como objetivos principales lograr la democrati-zación de las instituciones de salud estatales logrando unaverdadera participación popular (organizaciones sindicales,gremiales, comunitarias, estudiantiles, deportivas) en la pla-neación, toma de decisiones, ejecución y evaluación del sistemade salud.

Notas1. "JDC rechaza empobrecimiento de sectores más necesitados " . La Estrella

de Panamá, martes 23 de febrero de 1993.2. "Le advierte Ford a los empleados públicos: Despediremos a quien nos

amenace". La Estrella de Panamá, jueves 18 de febrero de 1933.

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3. "Se encarga Comisión Legislativa. Se ahonda el escándalo en ventas de AirPanamá La Estrella de Panamá, jueves 18 de febrero de 1993.

- `El gobierno pospone decisión para reducir la protección arancelaria,"Medida saludable" opina el SIP". La Es trella de Panamá, martes 9 defebrero dé 1993.

-

"Productores piden sesión extraordinaria del SELA". La Estrella de Panamá,miércoles 17 de febrero de 1993.

- `ANALMO complacida por. posposición de reducción arancelaria". LaEstrella de Panamá, miércoles 17 de febrero de 1993.

- "Reducción de aranceles hará daño a los industriales: SIP". La Prensa,miércoles 24 de febrero de 1993.

- 'Alfaro acusa a industriales de seguir manteniendo monopolios". La Estrellade Panamá, viernes 26 de febrero de 1993.

- "La Ministra de Planificación, Delia Cárdenas, anuncia la reducción dearanceles a partir del 1 . de marzo".

4. "La primera propuesta del Lic. Rojas de ALICO. La segunda propuestavinculada al sector seguros, está formalizada en el proyecto N.23 "Por elcual se establecen incentivos para la formación de fondos para

jubilaciones,pensiones y otros beneficios a personas naturales o jurídicas", en elorden del día (segundo debate) de la Asamblea Legislativa: Listado deproyectos (resumen)-(Cuario periodo 1992-1993), La Estrel la de Panamá,lunes 1 . de marzo de 1993. (Página publicada por la Asamblea Legislativa.El día jueves, 18 de marzo de 1993, La Estrella de Panamá, publicó en lapágina 44 que había sido aprobada en tercer debate.

5. "¿Qué objetivos persigue el plan económico del gobierno?" Eldis C. Bardes.La Estrella de Panamá, sábado, 13 de febrero de 1993. "Plan Ford esincoherente, dijo Victoria Figge, presidenta de APEDE", La Estrella dePanamá, sábado 3 de abril de 1993.

6. `La planilla estatal aumentó 6.8 por ciento pese al despido de 5,800empleados públicos. En 1991 fue de 774 y en 1992 de 826.8 millones. LaEstrella de Panamá, maries 9.de marzo de 1993.

7. "No permitiré ningún tipo de huelga: Rolla". La Prensa, domingo 21 defebrero de 1993.

8. Las pérdidas ocasionadas por la invasión han sido enormes. Entre ellas:más de cuatro mil vidas humanas (La Conferencia Episcopal Norteameri-cana cifra en no menos de 3 mil los muertos ). 6 mil heridos. Pérdidaseconómicas de más de 1,500 millones según la Cámara de Comercio dePanamá, producto de las acciones bélicas, saqueo y pillaje. En el barriode El Chorrillo quedaron 15 mil personas sin vivienda. Sus dirigentesestiman además, las pérdidas de enseres domésticos, equipos de pe-queños empresarios en miles de dólares por familia. Asimismo, ladestrucción de edificios, equipos, mercancías. La pérdida de empleos,aumento de la miseria y de la delincuencia, etc.

9. Discurso del vicepresidente Guillermo A. Ford, en enero de 1990.10. El PIB de 1987 se estimó en 5,455 millones de balboas.11. La cobertura oficial hospitalaria de 1987 era de 6,664 camas, con un

porcentaje de ocupación de 68.9, un promedio diario de pacientes de4.593 y 1,782 médicos. estas cifras disminuyeron en 1991 a 6,449camas, un porcentaje de ocupación de 62.4, un promedio diario depacientes de 4,025 y 1,691 médicos. (Ver Contraloría General de la

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República, Dirección de Estadística y Censo, Panamá en Cifras, año1987-1991, Panamá, noviembre de 1992, Cuadro N°431-07.

12.BID estudia desembolsos para el sector salud. El Panamá América, lunes1 1 de marzo de 1993.

13. En el artículo 109 de las reformas constitucionales, se introducía elsiguiente concepto: Los servicios de seguridad social del estado seránprestados por una o más instituciones autónomas y descentralizadas dederecho público, con personería jurídica, fondos y reservas propiosaportados obligatoriamente por el Estado, por los empleadores y por losasegurados. Y en el artículo 111 se eliminaba la integración de losservicios de salud.

14. "Denuncian intentos de privatizar algunos servicios médicos en la CSS.Sugieren que hay complicidad de médicos". La Estrella de Panamá, lunes1° de febrero de 1993. "Las denuncias sobre privatización en el Seguro ".Editorial de La Estrella de Panamá, sábado, 13 de febrero de 1993.

15.Ver Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo,Panamá en Cifras , años 1987-1991, cuadros 421-01,.431-01 y siguien-tes.

16. "Comenzará paro médico mañana en el Marcos Robles, Aguadulce. Pormal estado del hospital (y falta de médicos internos)". La Estrella dePanamá, martes 9 de febrero de 1993.Taro de labores hoy de empleados de salud. Clínicas y oficinas(Veraguas)". La Estrella de Panamá, jueves 18 de febrero de 1993.

17.Ver Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo,Panamá en Cifras, años 1987-1991, cuadro N°431-08.

18. En 1987 había 836 habitantes por médico, en 1991 hay 871 habitantespor médico. Se disminuyen las camas hospitalarias de 7,798 (año 1987)a 7,407 (año 1991) con un índice de disponibilidad de 3.4 (año de 1987)a 3.0 (año de 1991).

19. El ejemplo más dramático de esta actitud, es el menoscabo de los fondosdestinados a los hospitales, que se traduce en aumento de la mortalidadde pacientes tratados intrahospitalariamente . El cuadro 431-09 dePanamá en Cifras, op.cit., nos muestra que en 1987 fueron hospitaliza-dos 27,000 pacientes, con una mortalidad de 935 y un índice de 3.4 sobrepacientes tratados. En 1991, se hospitalizaron 23,898 pacientes (3,102menos que en 1987) sin embargo, la mortalidad ascendió a 1,109 con uníndice de 4.6.

20. "Veraguas en pie de lucha, si el ministro de Salud no responde a sullamado", La Estrella de Panamá, martes 9 de febrero de 1993. Repudioal contralor por tratar de eliminar partida para el Hospital. La Estrellade Panamá, lunes 15 de febrero de 1993. "Centro de Salud de Bolívar nosatisface las demandas", La Estrella de Panamá, viernes 19 de febrero de1993.Declaraciones en televisión de los moradores de San Míguelíto despuésde la adjudicación provisional para la construcción del Hospital de SanMlguelito, jueves 19 de febrero de 1993.

21. Ver Panamá en Cifras, op.cit., cuadro N°431-07.22. Las instituciones de salud en la República en 1987 eran 671, disminuye-

ron a669 en 1990. La Caja de Seguro Social, protegía una población totalde 1,433,455, con 469,662 asegurados activos en 1987. Esa cobertura

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disminuyó en 1991 a 1,200,097 y 353,919 asegurados activos.23. El seguro privado se basa en el principio de la mutualidad, en conceptos

como riesgos agravados, la selección, la tarificaclón , riesgo y sobremor-talidad, etc. Asimismo existe una estructura con la existencia de unmédico examinador, médico consejero, director médico y tarificadortécnico en el seguro.

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TEORIA

LA MUJER EN EL SECTORINFORMAL

¿DE QUE HABLAMOS?

Didimo Castillo F.*

Conocerlo, quizá, no soluciona nada,pero ignorarlo puede confundirlo todo.

Narotzky

1. IntroducciónDos tendencias caracterizan hoy el mundo de los mercados

de trabajo. Por un lado, la creciente participación económicade la mujer. Por otro, la emergente expansión de formas deproducción "informales". Ambas responden a una situaciónglobal. No es propio de los países avanzados ni el resultadoexclusivo del atraso de las sociedades subdesarrolladas.

En América Latina ambos fenómenos han sido objeto dereiterados estudios, dando lugar a disímiles explicaciones. Haprimado una suerte de "interés recurrente" por los estudios dela mujer, y han ocupado un lugar especial los de la pobrezadesde las perspectivas de las particularidades de los mercados

*Sociólogo panameño, investigador asociado del Centro de Estudios Latinoa-mericanos, (CELA), "Justo Arosemena" . Actualmente realiza estudios dedoctorado en el Colegio de México.

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de trabajo. En este contexto, no han sido casuales lastentativas por vincular la creciente participación económica dela mujer y los procesos de expansión de la llamada "informa-lidad" ocupacional. Sin embargo, por lo menos en estosúltimos años, los mayores esfuerzos de interpretación hanadoptado como eje problemático el impacto de la crisis econó-mica y sus efectos sobre las decisiones a nivel de los contextosdomésticos.

Este ensayo trata de asociar ambos fenómenos; pero encierta medida, cuestiona el alcance y limitaciones de la inves-tigación centrada en la oferta; o por lo menos, pretendeampliarla. Una de las tesis que proponemos es que los factoresde la oferta -solos, como parecen asumirse-, no ofrecen unaexplicación satisfactoria sobre la expansión de la "informali-dad", ni sobre las tendencias en los procesos y cambios de laparticipación femenina en la fuerza de trabajo.

Nuestros argumentos no pugnan con las virtudes de losenfoques que desde la noción de estrategias de vida o desobrevivencia han dado cuenta de una mayor participaciónlaboral de la mujer, particularmente en actividades "informa-les", dadas las restricciones económicas impuestas por lacrisis. Sobre ello se ha aportado un importante conocimiento.'Sin embargo, los planteamientos aquí señalados van más allá;o en todo caso, se adoptaron como punto de partida loscambios de los mercados laborales, y la aparición de nuevasformas de contratación y utilización de la fuerza de trabajo.

En este caso, se toma la crisis y sus efectos, como factor queincide sobre las estructuras de los mercados laborales, eindirectamente, sobre las formas de incorporación de la fuerzade trabajo. Así, la tesis central (en contraste con los enfoquescentrados en la unidad doméstica y en las estrategias de vida),es que la creciente incorporación de la mujer en el llamado"sector informal", particularmente como trabajadora a domici-lio, es el resultado de una nueva tendencia (profundizada, perono determinada por la situación de crisis) que ha conducido ala descentralización de actividades productivas y de fuerza detrabajo de la fábrica o empresas a las unidades domésticas,respondiendo a una estrategia de acumulación de diversosagentes del capital industrial y comercial.

En otro sentido, los enfoques que se tratan de cuestionar

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ponen todo el énfasis en el contexto familiar o doméstico.Asumen como punto de partida el colectivo familiar o, másprecisamente, las características económicas y sociodemográ-ficas del grupo doméstico. Son las perspectivas dominantes.Sin embargo, ami modo de ver, la misma idea de estrategia devida o sobrevivencia, que descansa en una noción neoclásicade balance entre las necesidades-recursos, al parecer hereda-da de Chayanov, 2 no es más que la visión micro de la relaciónpoblación-medios de subsistencia planteada por Malthus. Y,en este sentido, al no tomar en cuenta los factores y lascaracterísticas de la demanda de trabajo tiene, o parece tener,casi las mismas implicaciones. El planteamiento que sostengoadopta otro punto de partida, y consiguientemente tiene unsentido opuesto.

¿De dónde partir?La pobreza como problema social ha estado presente en la

literatura, por lo menos desde la antigua Grecia. En todos loscasos, hasta la ruptura hecha por Marx, especialmente enMalthus, estuvo planteada en términos de los desequilibriosentre el número de población y los medios de subsistencia. YaPlatón sostenía, a partir de una idea de población óptima, quepara lograrse el "bien supremo" la ciudad-estado no debíaexceder a 5,040 ciudadanos. Aristóteles, siendo más enfáticosobre las consecuencias de una sobrepoblación, antecediendoa Malthus, sostuvo que dado que la tierra y la propiedad nopueden crecer a la par de la población, un número excesivo deésta causaría pobreza y males sociales. Este es un claro yremoto antecedente de una idea hasta hace poco dominante enlas ciencias sociales, particularmente en la sociodemografia. 3

En este caso, no se trata de hacer una historia del pensa-miento económico, y de los precursores, que desde distintosenfoques, se plantearon el problema de la miseria a partir delos desajustes derivados de una supuesta incontrolable poten-cialidad humana para reproducirse, y una limitada capacidadde crecimiento de los medios de subsistencia. Basta unnombre. Malthus, es sin duda, la síntesis y expresión másradical de este planteamiento. "Naturalizó" el problema. Segúnél "la causa principal y más permanente de la pobreza tienepoca o ninguna relación (con el orden social) o con la distribu-

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ción desigual de la propiedad" y de la riqueza. 4 Argumentó "quelos ricos no disponen (...) de la facultad de encontrar empleo ysustento para todos los pobres, (y) estos no pueden, según lasleyes de la naturaleza, poseer el derecho de exigírselos.... " .5

Esta concepción fue replanteada por Marx, en todos lostérminos. Desmitificó el problema 6 En cierta medida loinvirtió, marcando por primera vez, una ruptura epistémica.Ubicó la miseria y opresión de las masas en la esfera de losocial; y en este sentido, refutó la existencia de una ley generalde población, 7 natural y válida para todas las sociedades, omomentos históricos. Marx no se limitó a considerar los dese-quilibrios de la relación población-recursos, o medios de sub-sistencia. No los tomó como punto de partida. La sobrepobla-ción, en su caso, tiene otro significado. Es un rasgo inherentea los fundamentos del sistema. La población excedentaria, esexcesiva, no a los recursos, sino a las necesidades medias devalorización del capital,8 y se manifiesta como una "sobrepo-blación obrera", o un "ejército industrial de reserva" (semi-ocupados o desocupados), "independientemente de los limitesdel aumento real experimentado por la población". 9 En estesentido, sostuvo que el hecho de que "la población obrera (...)sea demasiado grande para su absorción es una contradiccióninherente al movimiento mismo del capital". 10 Este excedenterelativo de población es una particularidad del sistema.Consecuencia de la acumulación de capital. Su "función" es lade servir de "reserva" de mano de obra potencial, en espera deser incorporada al proceso productivo; y de "depresora de lossalarios", ante las posibilidades que enfrenta el obrero de serreemplazado.

Las tesis de Marx fueron contundentes pero aún no hanliquidado los resabios del malthusianismo. Estos, particular-mente en América Latina, encontraron justificación y terrenofértil en los cambios socio-económicos y demográficos de ladécada de 1940. Era el período en que coincidían dos fenóme-nos: por un lado, el desarrollo y la expansión de los conoci-mientos médicos y los primeros esfuerzos en materia depolítica social, impactó sobre las tendencias de la mortalidady se generaron importantes cambios en los ritmos de creci-miento de la población; por el otro, el incipiente proceso deindustrialización profundizó sensiblemente los niveles de

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pauperización y miseria. Renació entonces el argumento neo-maltusiano de que "porque la población crece la gente es máspobre" . Este tuvo su correlato tentativo, a pesar de laslimitaciones conceptuales, en los posteriores esfuerzos deexplicación de la "marginalidad", a partir de la situación yparticularidades del desarrollo económico.

¿Dónde estamos?En América Latina la pobreza, marginalidad, informalidad,

o como le llamemos, no es un fenómeno nuevo. Lo singular essu tendencia. Hacia mediados del siglo, se preveía como unasituación transitoria, en inevitable proceso de extinción. Lasconcepciones desarrollistas y modernizantes de la época pos-tulaban la idea de que el crecimiento económico subsanaríapor sí solo los problema y distorsiones generadas por elsubdesarrollo. La década de 1970 marcó el fin de esta ilusión.El resultado fue la expansión del desempleo, la profundizaciónen la desigual distribución del ingreso y, consecuentemente,el deterioro de los niveles o condiciones de vida.

Hacia finales de la década de 1960, la magnitud delfenómeno indujo, en el ámbito académico, a nuevos replantea-mientos Teóricos. La otrora noción de "marginalidad", queconnotaba la idea de una gradual integración (o integraciónaún no alcanzada) de la población flotante y desempleada, diopaso a una nueva perspectiva que, comprometida con elenfoque marxista, planteaba que en América Latina éstasobrepasaba los límites "clásicos" de funcionalidad de la deno-minada "sobrepoblación relativa " o "ejército industrial de re-serva" , y adoptaba un carácter disfuncional al sistema.

La magnitud de ese contingente que no lograba integrarsede manera formal directa y estable en el proceso productivo,hacía pensar que se estaba frente a una situación particularque requería una revaluación conceptual. Quijano y Nunemprendieron esta tarea," y llegan a coincidir en sus aporta-ciones. Para ambos la marginalidad era (o es) una manifesta-ción del capitalismo en su fase monopolista. Nun introdujo elconcepto de "masa marginal" que, en contraste con el ejércitoindustrial de reserva, expresa su afuncionalidad e incluso dis-funcionalidad al sistema. ¿Cuál era el supuesto? En principioNun asume una distinción -no muy clara en el enfoque clásico-

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entre el llamado "ejército de reserva" y la "sobrepoblaciónrelativa". 12 Su tesis sostuvo que el primero de ellos, "es la formaespecífica en la que se manifiesta la superpoblación relativa enel capitalismo competitivo" , y que la "masa marginal " es sumanifestación en el capitalismo monopolista. Según Nun, laexistencia del ejército industrial de reserva implica que losdesocupados estén constantemente disponibles para ser in-corporados al proceso productivo, cumpliendo la "función" depresión sobre los salarios de los ocupados;" pero que, en elcaso del capitalismo monopolista, dada la composición orgáni-ca del capital, se emplean menos trabajadores en relación conla masa del capital, y además, conforme al alto nivel de lastécnicas, se exige un personal altamente calificado. En estecaso, el sistema ni puede utilizar, ni necesita de ese componen-te potencial de fuerza de trabajo descalificada, que se hacetendencialmente supernumeraria, perdiendo incluso su "fun-ción" de depresora de los salarios.

El planteamiento de Nun -en cierta medida coincidente conel de Quijano 14- parecía entonces, ser el modelo adecuado paraentender la situación de creciente marginalidad urbana.Sobrevinieron las objeciones. La más radical, representadapor Cardoso, 15 es la que haciendo una especie de dictamen ri-guroso sobre la propuesta de Nun, pone los textos de Marxsobre la mesa, y en principio cierra la discusión. No obstante,ni faltaron las quejas, ni se hicieron esperar las contra-pro-puestas. Aparece entonces por la vía institucional la noción de"sector informar", para señalar ese excedente estructural defuerza de trabajo, en relación con la supuesta "incapacidad" deabsorción del mercado. Y éste fue el mismo contexto en queinmediatamente cobraron interés los estudios centrados en la"unidad doméstica", a partir de la noción de "estrategias desobrevivencia"." La coincidencia no era casual. Se entrana-ban mutuamente. La misma idea de informalidad entendidacomo "autogestión" de oportunidades de "empleo", implicabala noción de estrategias, deliberadas o no, de un sector de lapoblación tendiente u orientada a la consecusión de ingresos.

Ambos conceptos han cobrado fortuna; y hasta hoy,constituyen las perspectivas dominantes. La relación entreacumulación y demanda de fuerza de trabajo, que en sumomento desplazara las explicaciones fundadas en la relación

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malthusiana entre población y recursos, dio entonces lugar auna nueva perspectiva de interpretación igualmente centradaen la oferta.

En los estudios de estrategias de sobrevivencia, particular-mente, cobró sentido la relación entre necesidades y recursosen el contexto doméstico. Sus implicaciones, de no tomar encuenta los factores de la demanda de trabajo, parecen claras,y conducir a las mismas, o a conclusiones muy similares, queel modelo de Malthus. Basta un ejemplo. Un estudio, por lodemás interesante, sobre estrategias de sobrevivencia enMéxico, llega a concluir que "los niveles de bienestar no sehallan determinados únicamente por las circunstancias exter-nas sino, más bien, son el resultado del ciclo doméstico". 18

¡Sobrarían más comentarios!En otro nivel, más general, la noción de informalidad o de

sector informal, difundida por PREALC, que alude a un exce-dente dé fuerza de trabajo, no ha sido clara. Su mismaevolución la ha hecho más imprecisa. A más de 20 años devulgarización dominan las ambigüedades. ¿Cuál es la unidadde análisis? ¿Son los individuos, las actividades, las empresas.o qué? No se sabe.

¿De qué hablamos?Hoy, se habla menos de marginalidad. El concepto dio paso

al de sector informal Pero, ¿qué es la informalidad? No estáclaro. Tal vez en lo único que hay consenso, sea en elreconocimiento de lo confuso e impreciso del concepto. Ello, loreconocen sus propios promotores.'9 Una suerte de empirismolo ha definido a partir de un listado de indicadores. Ya en estesentido, Cartaya ha señalado que "se revela (...) necesario elabandono de la noción sector informal y su sustitución porcategorías más precisas..."

2°La misma idea de 'informali-

dad" como "sector" no se manifiesta como la más apropiada.Tiene la misma connotación que las primeras nociones demarginalidad, derivada del supuesto de una sociedad dual. Yesta idea parece estar en crisis.

La economía es una sola. No existen dos sectores; o por lomenos, no existe una separación precisa y determinante entrelo llamado "formal" e "informal". Se trata en todo caso derelaciones (formas o tipos de vinculación) entre los distintos

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agentes de la producción y del mercado; y, en este caso, parasu estudio no se requiere de un nuevo concepto. Ya existencategorías suficientes. Toda justificación para hablar de"informalidad" pierde entonces sentido; sobreviviendo sólo elcarácter ilegal que asuman estas relaciones. Y ya se hademostrado," igualmente en pugna con la visión dominante,

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que éstas no implican de hecho situaciones "marginales",desligadas de la lógica de acumulación del sistema. Involucrarelaciones de subordinación, explotación y dependencia a nivelde la producción y los mercados, que surgen, e incluso enmuchos casos son promovidas, como mecanismos o estrate-gias de acumulación por parte de los agentes del capitalindustrial y comercial. Sin embargo, a este mismo nivel elconcepto de informalidad sigue siendo ilegítimo y superfluo, enla medida en que sólo describe y no explica, ni permitecuantificar el universo de los fenómenos que incorpora. Unejemplo, particular, está dado por los procesos clandestinos desubcontratación y maquila domiciliaria, en los que ocupa unlugar importante la participación de la mujer.

¿De qué se trata? Consisten en determinadas formas deorganización del trabajo y de la producción. Y se expresanrelegando parte de los procesos de trabajo de las grandes ymedianas empresas a las unidades de producción domicilia-rias, facilitándole al capital un uso intensivo de la fuerza detrabajo. Ya Marx había señalado que en estas circunstanciases posible la "explotación simultánea de muchos trabajadores "

e, incluso, "el ahorro en capital fijo".23

por parte de la granempresa. En estos contextos el capital también desconcentraparte de los costos de reproducción de la fuerza de trabajo delas unidades familiares, no cubiertos por salarios, a la unidadde producción doméstica. El capital evita "mantener unaimportante fuerza de trabajo asalariado en el seno de lafábrica"24 , con lo que elude reglamentaciones laborales, elpago de mayores impuestos, tributaciones y prestaciones a lostrabajadores. Descentraliza al obrero y con ello también seevitan conflictos laborales.

¿Obreras o qué?Hoy, estas formas de explotación domiciliarias han adquiri-

do mayor importancia dadas las situaciones de inestabilidad y

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crisis económicas. Las medianas y grandes empresas, en esascircunstancias, suelen delegar con mayor énfasis en las pe-queñas unidades domiciliarias parte de los procesos de trabajomás inseguros generados por la inestabilidad en los mercados.Y ello tiende a coincidir con un mayor reclutamiento detrabajadores en esas unidades de producción, dados los impe-rativos de complementar salarios. Es en este sentido que hanafirmado Escobar y de la Rocha que en la actualidad "la crisisha reforzado la importancia del grupo doméstico como baselaboral de los talleres" 25, o unidades de producción familiares.Según Marx, ello responde a las necesidades de las empresasmayores "de tener a su disposición un ejército siempre prepa-rado para enfrentar todos los movimientos de la demanda" 26.Ello igualmente explica cómo esas empresas "dejan que a sulado subsista, como base amplia la dispersa industria artesa-nal y domiciliaria " 2 7

Sobre estas formas productivas "informales" en las queocupa un peso importante la participación económica de lamujer, en una gran parte de la literatura subyace la idea de queconsiste en un "sector" de potencial desarrollo, "eficiente" y"rentable". Se le imputa incluso un carácter empresarial. Esaidea en cierta medida está presente en los enfoques quesupuestamente asumen una visión crítica sobre la noción de"informalidad", al incorporar como -microindustriales " todoslos procesos domiciliarios de producción.

Sin embargo, en esas formas de producción a domicilio, enlas que el capital comercial e industrial intervienen adelantan-do insumos, materias primas e instrumentos de trabajo, y enlas que se organizan redes de productores para producirdeterminados productos o para cumplir algunas fases de suproducción, el trabajador ni representa un productor por"cuenta propia" ni se trata, menos, de un empresario. 29 Enestos casos, en los que al trabajador ni le pertenece el productoni tiene control sobre los procesos de trabajo, éste se convierteen obrero: parte del proceso productivo capitalista. Se trata deun asalariado a destajo. 3° Ya Marx había señalado cómo enestos casos, el trabajador no pierde su condición de obrero, auncuando contrate, en su unidad productiva, más fuerza detrabajo. En estas circunstancias, agregaba que "la explotaciónde los obreros por el capital se lleva a cabo (..J mediante la

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explotación del obrero por el obrero". 31 El trabajador se tratade un asalariado.

Hoy, ésta parece ser la tendencia. Y no es sólo el resultadode la crisis. Tiene un carácter estructural. Tampoco esexclusivo de los países subdesarrollados. ¿Cuáles son loscambios y tendencias que permiten explicar este fenómeno?¿En qué consisten tales procesos? Una palabra parece desig-narlo: flexibilización. Se trata en cierta medida de "nuevas"formas de organización de la producción: flexibles, en térmi-nos de que pretenden normar y agilizar sin "trabas" institucio-nales, el libre juego de la oferta y la demanda, 32 e implicanprocesos de desreglamentación laboral, y la gestación de"nuevas" relaciones salariales.

Este fenómeno responde a una "nueva" lógica global deacumulación. Basta un dato. Un ejemplo: se cree que al entrarel siglo XXI, en Kawasaki, una ciudad industrial del Japón, "el70 por ciento de la población trabajará desde el hogar". 93 Estaconsistirá en una ciudad basada en la "información " . 3' Otrocaso: según un documento preparado para el Congreso deEstados Unidos en 1986, el 28 por ciento de la mano de obrade este país "no percibe salario regular porque sólo realiza untrabajo temporal, por cuenta propia, por contrato o por tiempoparcial" 35 Esta es la tendencia, en la que sin duda la crisis eco-nómica ha tenido un papel importante en su desarrollo, peroque responde esencialmente a una situación estructural.

El trabajo a domicilio, en este contexto, aparece como unamodalidad flexible de producción y organización del trabajo.Casi por definición, como patrimonio exclusivo de las mujeres.Sobre ello hay suficientes evidencias. Según algunos estudios,la tasa de participación femenina en el trabajo a domicilio enla República Federal de Alemania, Grecia, Irlanda; Italia y losPaíses Bajos, oscila entre un 90 y 95 por ciento. Representa el84 por ciento en Francia, un 75 por ciento en España y un 70por ciento en el Reino Unido. En Japón, según datos de 1988,alcanza el 93.5 por ciento y en la ex-URSS el 86 por ciento dela fuerza de trabajo. En este último sentido, la incorporación dela mujer, particularmente como trabajadora a domicilio, seexplica sólo parcialmente como el resultado de la situación depobreza, captada a partir de los enfoques centrados en laoferta, haciendo uso de la noción de estrategia de sobreviven-

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cía. El mal llamado "sector informal", es en cierta medidapromovido y utilizado por el gran capital como mecanismo oestrategia de acumulación.

Consideraciones finalesLa pobreza ha tenido y tiene muchos apodos. Algunos más

refinados que otros; pero, en todo caso, se refieren a lo mismo.Es un fantasma con muchos adeptos. Vieja como las clasessociales, y la existencia de la propiedad privada. Alude a lascondiciones de vida, derivadas de las desigualdades sociales,particularmente de las condiciones de empleo y de la desigual-dad en la distribución de los ingresos. "Marginalidad" e "in-formalidad" son algunos de esos nombres, entre los de mayorimpacto en el mundo académico, y entre las perspectivas delanálisis a partir de los mercados de trabajo, pobreza y situaciónlaboral, siguen siendo temas de controversias y confusasinterpretaciones.

Hoy, sin duda, se sabe más sobre el problema, pero no hayconsenso. Y no puede haberlo, dada la profunda crisis deparadigmas en las ciencias sociales. Domina una especie decaos. Hace falta la "gran teoría" que ponga orden al conoci-miento fragmentario. Las ciencias sociales de hoy están huér-fanas de poder y orden.

En este contexto, en América Latina domina una suerte depreocupación por los estudios de la llamada "informalidad" ysobre la participación económica de la mujer; una parteimportante, adoptando como eje problemático el impacto de lacrisis sobre los contextos domésticos. Se ha puesto todoénfasis en la situación de oferta de trabajo.

En este ensayo se asume otra perspectiva. No se refuta laidea generalizada que postula la existencia y expansión de lallamada informalidad, ligada a una situación de estrategia desobrevivencia. No se niega, pero se amplia. Se plantea comouna forma de organización del trabajo funcional a los requeri-mientos de acumulación del sistema. No se concibe como elresultado de la pobreza. Al contrario, la genera y la reprodu-ce.

Sostenemos que las tesis tienen un sentido más amplio. Entodo caso, asumen -en su punto de partida- que las llamadasestrategias de sobrevivencia familiar no están al margen de los

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cambios y las nuevas tendencias en los mercados de trabajo.Y en este sentido, considero que ni es posible explicarse laampliación del trabajo "informal" femenino sólo como unamanifestación deliberada o no de la unidad doméstica, frentea los efectos del deterioro de los niveles de vida. Ni se podríacomprenderla expansión de una gran parte de los trabajadores"informales" y "por cuenta propia", e incluso de los trabajado-res ambulantes, sin tener en cuenta los mecanismos desubcontratación y descentralización de las grandes empresas.

En este nuevo escenario, profundizado por la crisis -y queen cierta medida, adquiere sentido con las nuevas tendenciaseconómicas de corte neoliberal- se ha priorizado el recluta-miento e incorporación de la mujer como trabajadora, particu-larmente en actividades del llamado "sector informal", puestoque de hecho representa una fuerza de trabajo relativamentemenos organizada, más débil y por consiguiente es más barata.

Notas1.Ver. Neuma Aguilar (coord), Mujer y crisis. Respuestas ante la recesión,

Editorial Nueva Sociedad, Caracas, 1990. En caso de México, CLBrígidaGarcía y Orlandina de Oliveira, Recesión económica y cambios en losdeterminantes del trabajo femenina, El Colegio de México, México, 1992.Trabajo y familia en la investigación sociodemográfica de México, presenta-do en la reunión 50 años: La población en el desarrollo de México", CEDDU,El Colegio de México, 1990.

2. Ver. AV. Chayanov, La organización de la unidad económica campesina,Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1985.

3. A comienzos de la década de 1970 Carmen Miró y Jorge Somoza señalabanque "afortunadamente, cada vez se va admitiendo más que el subdesarrollo-y con éste los problemas sociales- es consecuencia de un conjunto decausas y no simplemente de una alta tasa de crecimiento de la población".Ver: Alvaro Vieira Pinto, El pensamiento crítico en demografía, CELADE,Santiago. Chile, 1973. (La cursiva es nuestra).

4. Robert Malthus, Ensayo sobre el principio de la población, F.C.E., México,1986.

5. Ibid. (La cursiva es nuestra). De ello concluyó el argumento de que lospobres no tienen "derecho natural" alguno para la subsistencia. Malthusllegó a sostener que "el hombre llega a un mundo que ya ha sido poseído,sí no puede recibir subsidio de sus padres, a los que puede reclamárselo conjusticia, y si la sociedad no precisa de su trabajo, no tiene derecho ademandar la más pequeña porción de alimento y, de hecho, no tiene por quéestar donde está". Ver. Ronald L. Meek, (comp.), Marx Engels y la explosióndemográfica, Editorial Extemporáneo, México, 1980.

6. En su caso, la "sobrepoblación" tiene otra connotación. No la explica desde

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la población misma. La ubica y define a partir de la lógica de requerimientosy acumulación del sistema Ver: Carlos Marx, El Capital, Tomo 1, Vo1.3,Siglo XXI, México, 1982.

7. Señala que una "ley abstracta de población existe sólo para los animalesy las plantas, y únicamente en la medida en que el hombre no hayaintervenido al respecto " . Ver: Carlos Manc, op.cit.

8. Ibid.9. raid.10. raid.11.Para Nun y Quijano este sector pauperizado de la población sobrepasa los

límites 'clásicos' de funcionalidad del denominado "ejército industrial dereserva". Ver: José Nun, "Superpoblación relativa, ejército industrial dereserva y masa marginal", Revista Latinoamericana de Sociología, N°2,Buenos Aires, 1971. José Nun, "Marginandad y otras cuestiones", RevistaLotiruxanericana de Ciencias Sociales, N°1-2, ELAS-ICIS, Santiago, Chile,1971. Aníbal Quijano, 'Redefinición de la dependencia y proceso demarginación en América Latina", Populismo, marginación y dependencia.Ensayos de inierpretación sociológica, EDUCA, San José, 1973.

12.Ven. José Nun, op.cít.13. Ibid.14.Ver. Aníbal Quijano, op.dt.15.Ver: Fernando H. Cardoso , `Comentarlos sobre los conceptos de sobrepo-

blación relativa y marginalidad', Revista latinoamericana de CienciasSociales, N. 1-2, ELAS-ICIS, Santiago, Chile, 1971.

16.El concepto se acuñó por primera vez en el llamado 'Informe de Kenya"(1972), elaborado por la OIT, en el que fue definido a partir de algunosindicadores empíricos, como un conjunto de acttvidades y unidadeseconómicas de bajo niveles de productividad. Ver. Ernployment, Encamesand Equality: A strategy for increasing productive employment in Kenya,Ginebra, 1972.

17.Ver . Duque, J. y E. Pastrana, Las estrategias de supervivencia económicade las unidades familiares del sector popular, FLACSO, Santiago de Chile,1973. Así, hacia mediados de la década de 1970, el PISPAL adoptó comoprioritarios los estudios sobre estrategias de sobrevivencia, y fomentó elinterés sobre los mismos, financiando investigaciones. Ver: Brígida Garcíay Orlandina de Oliveira, Trabajo y familia en la investigación

sociodemográficadeMéxico, el Colegio de México, México, 1990.18.González de la Rocha, Mercedes, Los recursos de la pobreza. Familias de

bajos ingresos de Guadalajara, Centro de Investigaciones y EstudiosSuperiores en Antropología Social, El Colegio de Jalisco, Guadalajara,1986. (Cursiva nuestra).

19.Uno de los propios colaboradores de PREALC plantea en uno de sus librosque "la confusión con respecto al problema de una caracterización satisfac-toria del SIU (sector informal urbano) parece provenir de las diferentesunidades que se cree conforman el universo del sector'. Ver: Hans Haan,El sector informal en Centroamérica, PREALC, Santiago de Chile, 1985. Enigual sentido, desde otro enfoque, Remando de Soto, quien introduce ysostiene una noción empirista de la informalidad, afirma que ésta no define"un sector preciso (...) de la sociedad, sino una zona de penumbra....". VerHernando de Soto, El otro sendero, México, Editorial Diana, 1987.

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20. Vanessa Cartaya F., "El confuso mundo del sector informal", NuevaSociedad, N°90, Caracas, julio-agosto de 1987.

21.Ver: Alejandro Portes y Lauren Benton, "Desarrollo industrial y absorciónlaboral: Una reinterpretacíón", Estudios Sociológicos, Año V, N°13, ElColegio de México, enero-abril de 1987. Ver, además: Didimo Castillo F.,`El taller familiary el capital. Mitos sobre el sector informal y el trabajo porcuenta propia', en La economía desgastada Historia de la producción textoen Tlaxcala, Universidad Autónoma deTlazcala-Universidad Iberoamerica-na, México, 1991; y del mismo autor, "El sector informal. ¿Estrategias dela pobreza o paradojas de la industrialización?, Problemas del desarrollo,Vol. XXI, N°86, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, México,julio-septiembre de 1991.

22. En el enfoque de PREALC el "sector Informal', constituye un sectorautónomo y se define como "una manera de producir". Ver . Emilio Klein yVíctor E. Tokman, "Sector informal: Una forma de utilizar el trabajo comoconsecuencia de la manera de producir y no viceversa. A propósito delartículo de Portes y Benton, Estudios Sociológicos, Vol. VI, N° 16, El Colegiode México, enero-abril de 1988.

23. Carlos Marx, "Subsunción formal y subsunción real del proceso de trabajoal proceso de valorización, Cundamos políticos, N°37, Ediciones Era,México, julio-septiembre de 1983.

24. Benjamín Coriat, El taller y el cronómeiro, Siglo XXI, México, 1988.25. Agustín Escobar Latapí y Mercedes G. de la Rocha, "Microindustria,

informalidad y Crisis en Guadalajara, 1982-1987", Estudios Sociológicos,Vol. VI, N° 18, El Colegio de México, México, septiembre-diciembre de 1988.

26. Carlos Marx, El Capital, Tomo I, Vol. 2, Siglo XXI, México, 1988.27. Ibid.28.Hernando de Soto, op.clt.29. Un punto de vista enteramente opuesto lo sostiene PREALC. Esta ins-

titución identifica, incluso, al trabajador ambulante como empresario.Según Klein y Tokman, no es posible considerar al 'vendedor ambulante',que depende de una empresa, como asalariado. Señalan que "el hecho quedependan económicamente de la empresa moderna no altera en absolutosu condición de empresario que asume sus riesgos, cuenta con un capital;etc.". Ver. Emilio Klein y Víctor E. Tokman, "Sector informal" Una formade utilizar el trabajo como consecuencia de la manera de producir y noinversa. A propósito del artículo de Portes y Benton, Estudios Sociológicos,VoI.VI, N°16, El Colegio de México, enero-abril de 1988.

30. Según Marx, 'el pago a destajo no es otra cosa que la forma transmutadadel salario por el tiempo....". Agrega que 'es claro (...) que la diferencia deforma en el pago del salario no modifica nada en la esencia de éste.... » . Ver.Carlos Marx, El capital, Tomo 1, Vol. 2, Siglo XXI, México, 1988.

31. Ibid.32. Cf. Esthela Gutiérrez Gana, "La crisis laboral y el futuro del mundo del

trabajo", La ocupación del futuro. Flexibilidad y desreglamentación laboral,Fundación Friedrich Ebert-Editorial Nueva Sociedad, Caracas, 1990.

33. Rashmí Mayar, "Una ciudad basada en información", Foro del Desarrollo,Vol. XVI, N° 1, Universidad de las Naciones Unidas, enero-febrero de 1988.

34. Ya Schneider de Villegas ha señalado refiriéndose al nuevo impacto de losprocesos de trabajo a domicilio, que "el auge de la informática no ha hecho

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sino impulsar el surgimiento de nuevas modalidades". Gisela Schneider deVillegas, "Trabajadores a domicilio: Necesidad de una protección social",Revista Internacional del Trabajo, Vol. 109, N°3, Organización Internacio-nal del Trabajo, 1990.

35. C.f. 'Michael Stroper y Allen J. Scott, "La organización y los mercadoslocales del trabajo en la era de la producción flexible, Revista Internacionaldel Trabajo, Vol. 109, N°3, OIT, 1990.

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