Universidad Autónoma de Nayarit

Licenciatura en Economía

Unidad Académica de Economía

Título:

Incremento del gasto público en educación no resulta en

mejor calidad educativa para México.

Presenta:

Hugo Adriano Rodríguez Alvarado.

Grupo: 1° “A”

Unidad de aprendizaje:

Desarrollo de Habilidades de Pensamiento

Maestro:

Fernando Zamudio.

Fecha de entrega: 6 de diciembre del 2015.

Índice

Introducción 3

Desarrollo 5

El gasto público educativo. 5

Parámetros internacionales 6

Causas del ineficiente gasto público. 7

Estructura del gasto educativo. 7

Financiamiento del gasto público. 8

Ciclo presupuestario. 9

Consecuencias del ineficiente gasto educativo. 13

Conclusiones 15

Propuestas 16

Referencias 17

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Introducción

El presente trabajo es un ensayo acerca del gasto público que es destinado a la

educación por parte del Estado mexicano. El propósito de este ensayo es lograr

un mejor entendimiento de las causas de la baja calidad educativa en México.

De las treinta naciones que conforman la Organización para Cooperación y

Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el último lugar en las pruebas de

aprovechamiento escolar, según datos del Programa Internacional para la

Evaluación de los Alumnos (PISA por sus siglas en inglés). Según la OCDE

(2010): “De acuerdo con la prueba PISA en 2009 50% de los estudiantes

mexicanos de 15 años no cuentan con las habilidades mínimas de comprensión

lectora o para la resolución de problemas matemáticos básicos”. Asimismo, “la

prueba Enlace de 2010 indica que la mayoría de los alumnos de primaria tienen

desempeño elemental o insuficiente en español (63%), matemáticas (66%) e

historia (79%)” (ENLACE, 2010, pág. 33).

Todo esto a pesar de que “México es uno de los países de la OCDE que destina

mayor proporción de su gasto público en educación, 23%, mientras que el

promedio de los países que integran la OCDE fue de 9% (OCDE, 2007).

Lo que evidencia que en nuestro país, el desarrollo de la educación se tradujo en

un gasto educativo creciente durante los últimos 20 años. “En 1990 este gasto

representó 4.1 puntos porcentuales del PIB, mientras que en 2010 esta cifra se

elevó a 6.7%. Tan sólo entre 1995 y 2004 el gasto en educación se incrementó en

un 47% en términos reales (OCDE, 2007).

Sin embargo, gastar mucho, en términos relativos, no parece garantizar buenos

resultados, menos si “la mayoría de este gasto se destina a la parte administrativa

(por ejemplo, 82.6% a sueldos y salarios, en 2010), y sólo 4.8% se canalizan a

infraestructura y equipamiento escolar (gasto de inversión, 2.2%, y gasto de

operación, 2.6%)” (México Evalúa, 2010).

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Por lo que queda fundamentado que México gasta mucho en educación pero no

así en sus estudiantes. El presente ensayo discute los datos encontrados para

lograr encontrar conclusiones y propuestas concretas de la información recopilada.

El cuerpo del trabajo se dividirá en cinco partes, primero se analizará el gasto

público a la educación y el contexto en el que se desarrolla; segundo las causas

del ineficiente gasto educativo: la estructura del gasto público, el financiamiento

del gasto; y tercero, consecuencias del ineficiente gasto. Por último, se expondrán

conclusiones de lo anteriormente desarrollado para argumentar propuestas.

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Delimitar el objetivo general

Identificar la ruta del gasto público destinado a la educación con el fin

de detectar irregularidades en su uso.

Analizar las responsabilidades y las relaciones de los gobiernos

federales y estales en el manejo del gasto educativo.

Contrastar los resultados del sistema educativo mexicano con los

países de la OCDE.

Describir las causas de uso ineficiente del gasto educativo.

Criticar el modelo actual de la educación para generar consciencia en

un cambio estructural.

Debatir las posibles soluciones hacia un mejor calidad educativa en el

país.

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Desarrollo

El gasto público educativo.

El gasto público según Barnes (2000): “implica el conjunto de erogaciones (gastos)

que realizan los gobiernos Federal Estatal y Municipal, el sector paraestatal y los

Poderes Legislativo y Judicial, en el ejercicio de sus funciones”. De los objetivos

básicos de la política presupuestal del sector público se destacan: el procurar

mayor eficiencia económica, propiciar condiciones de equidad y mantener la

estabilidad macroeconómica (Barnes, 2000). Por tanto, el gasto destinado a

educación forma parte de este conjunto de erogaciones y está en manos del

gobierno, que tiene la responsabilidad de eficientar su uso.

En mayo de 1992 el gobierno federal, los estados y el SNTE firmaron el Acuerdo

Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal (ANMEB) con el

objeto de descentralizar los servicios educativos. La firma de la ANMEB implicó

que el gobierno federal entregara la administración de recursos a los gobiernos

estatales (México Evalúa, 2011).

En el acuerdo se plantaban cuatro propuestas fundamentales, entre las cuales una

era: El incremento del gasto educativo por parte tanto del gobierno federal como

de los estatales (OCDE, 2009).

Sin embargo, “el acuerdo no propuso un nuevo arreglo de atribuciones a las

entidades federativas y tampoco una clara asignación de funciones entre órdenes

de gobierno en materia de gestión y uso de los recursos. A los gobiernos locales

corresponden funciones meramente operativas, casi siempre condicionadas y

sujetas a la supervisión del gobierno federal” (Fierro, Tapia y Rojo, 2011, pág. 4).

Esto implica que no existen responsabilidades claras de los estados ni de los

municipios sobre el gasto educativo y que tampoco se establecen criterios,

indicadores o normas que regulen el ejercicio eficiente de los recursos. “La Ley

General de Educación únicamente prevé la concurrencia de todos los órdenes de

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gobierno en el fortalecimiento de las fuentes de financiamiento” (México Evalúa,

2013).

Parámetros internacionales del gasto educativo.

Las Naciones Unidas tienen como parámetro de responsabilidad con el derecho

educación que ésta debe representar del 4 al 6% del PIB nacional, o bien del 15 al

20% del gasto programable (Mexicanos Primero, 2013). Pero debería especularse

como cifras de adjudicación formal presupuestal, es decir, como los datos reales y

no como los datos consolidados de verdadero gasto educativo. Porque si esto

fuera así, México estaría cumpliendo con el parámetro.

El gasto nacional en educación representó en 2011 6.64% del PIB (considerando

sólo el gasto público, llega a 5.23% del PIB), y alrededor del 20% del gasto

programable con datos 2010, el más alto de la OCDE En cambio, en gasto

promedio por alumno en dólares, el de México es el más bajo de los países de la

OCDE: 2,869 (Mexicanos Primero, 2013). Lo que se puede traducir a que el

dinero destinado a educación no tiene efecto en mejores condiciones para los

estudiantes.

Entonces queda en interrogante si se debería o no aumentar el gasto educativo

para obtener mejores resultados. Se encontraron ventajas en Mexicanos Primero

(2013) de lo que podría ocurrir si se aumenta el gasto: se pueden alcanzar

mayores incrementos del PIB a través del incremento en los logros educativos, en

lugar de hacerlo a través de reducciones en los insumos. Encontraron que un 10%

de incremento en logro educativo (aproximadamente equivalente a incrementar el

promedio de escolaridad en un año, dejando igual los insumos) puede aumentar el

PIB entre 3% y 6% a largo plazo en promedio, para los países de la OCDE. En

contraste, una reducción de insumos (es decir, una reducción de gasto) eleva el

PIB en el tiempo sólo en un 1%.

Esta propuesta de aumento parece ir acorde a lo establecido en la “Ley General

de Educación en su artículo 25, en el cual establece que el gasto educativo no

podrá ser menor al 8% del PIB del país” (Juárez, 2014).

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Pero, “si los procesos actuales de financiamiento educativo siguen distorsionados,

aumentar su volumen no acelera la equidad, sino precisamente su inverso, la

captura de renta”. Por lo que es imprescindible se adopte un esquema progresivo,

redistributivo, que cumpla con las exigencias éticas y con la eficacia económica. El

malgasto es inequitativo, el buen gasto es equitativo. (Mexicanos Primero, 2013,

pág. 15)

Es una conclusión errónea pensar que no vale la pena una mayor inversión

pública en educación; ni a la inversa, que sólo un crecimiento del gasto

programable tendría mejores efectos: se necesita invertir más y gastar mejor.

Causas del ineficiente gasto público.

Estructura del gasto educativo.

Como se venía mencionando anteriormente, uno de los principales problemas del

financiamiento educativo actual es que se dispone de pocos recursos para atender

aspectos no-salariales (México Evalúa, 2013). El gasto federal educativo en

salarios (82.6%) como principal elemento de la política presupuestal no puede

garantizar avances en la calidad educativa. “Sólo 4.8% se canaliza a

infraestructura y equipamiento escolar (gasto de inversión, 2.2% y gasto de

operación, 2.6%)” (Fundación Este País, 2010, pág. 53).

México destinaba una proporción (97.2%) similar de su gasto educativo al gasto

corriente en comparación con el promedio de los países de la OECD que fue de

97.6% (México Evalúa, 2011). Lo se entiende como que México no es el país más

desproporcionado en su gasto, pero que debería preocuparse, ya que la alta

desproporción se convierte en un obstáculo cuando el gobierno tiene pocos

instrumentos de rendición de cuentas para exigir un cierto desempeño Los

incrementos salariales no están atados a ningún mecanismo de seguimiento y

evaluación de resultados que pueda comprobar la eficiencia de dicho aumento

(México Evalúa, 2011).

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En 2008 se empezó a implementar el examen de habilidades docentes y el

Concurso Nacional de Asignación de Plazas Docentes, pero solamente 13% de

las plazas fueron asignadas mediante este mecanismo porque el sindicato

magisterial ha mantenido importantes áreas de decisión en el diseño de la política

de formación docente (Mexicanos Primero, 2013).

Por tanto, de la estructura del presupuesto educativo se puede razonar que se

distribuye mal, pero se gasta peor. Esto es debido a la poca flexibilidad para distribuir

los recursos, a la falta de transparencia, de rendición de cuentas y de evaluaciones de

impacto (Landero, 2015).

Financiamiento del gasto educativo.

México Evalúa (2011) afirma que: “La mayor parte del gasto público educativo es

financiado por el gobierno federal, mientras que los gobiernos estatal y municipal

hacen aportaciones escasas o en diferente proporción”. Pero cabe aclarar que la

federación ya no tiene ninguna obligación de ser el mayor financiador de la

educación, esto desde el acuerdo de descentralización de hace 20 años. “El gasto

educativo en 2009 fue integrado por 64% de gasto federal; seguido del 21.6%

proveniente del sector privado. El gobierno estatal y el municipal únicamente

aportaron 14.3% y 0.02%, respectivamente” (México Evalúa, 2011, pág. 9).

Es de destacar que el sector privado aporta más a la educación que los gobiernos

estatales y municipales, lo cual es alarmante si se considera que el 44.2% de la

población en México vive en condiciones de pobreza y para la cual el acceso a la

educación gratuita es fundamental para mejorar sus oportunidades de desarrollo

(FEP, 2010).

Se habla de que la causa de ésta poca participación, es el sistema de

transferencias federales para el sostenimiento de la educación estatal que genera

una alta dependencia de recursos por parte de los gobiernos locales.

“Por un lado, conforme al sistema de coordinación fiscal vigente, los

gobiernos locales cedieron sus potestades tributarias a la federación,

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reduciendo así su capacidad para financiar con recursos propios el gasto en

educación u otros servicios básicos a su cargo. Por otra parte, el proceso

de descentralización definió: i) un esquema educativo donde coexisten un

sistema federal y otro estatal; ii) una estructura de transferencias federales

que no contempla incentivos para aumentar el financiamiento local; iii)

áreas de concurrencia educativa y un marco normativo que no deja en claro

las funciones entre órdenes de gobierno respecto a la gestión y aplicación

del gasto (Mexicanos Primero, 2013, pág. 70).

De manera que, en 2012, los estados y municipios del país aportaron, en

promedio, sólo 32% del gasto público total. “En diez entidades federativas, más de

75% del financiamiento educativo dependía del presupuesto federal. En dos

entidades –Oaxaca y el Distrito Federal– la dependencia era casi de 100%”

(Mexicanos Primero, 2013).

Por lo anterior, se puede evidenciar que “para los recursos federales, una vez que

los recursos son destinados a las entidades federativas, no existe ningún

mecanismo de transparencia en cuanto al ejercicio de dichos recursos (Fundación

Este País, 2014, pág. 53).

Se puede concluir que prevalece una baja corresponsabilidad de los órdenes de

gobierno local en el financiamiento educativo y se refleja con ello, el agotamiento

de un sistema de coordinación y descentralización que no satisface a nadie

(Mexicanos Primero, 2013).

El ciclo presupuestario.

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Fuente: Mexicanos Primero, 2013, pág. 85.

Este es el modelo de Ciclo Presupuestario que explícitamente usa la

Administración Pública Federal supone una dinámica sucesiva. Un mal que sufre

el gasto para funcionar como instrumento clave de la política pública, es el que

algunas de esas etapas no son estrictamente sucesivas, sino simultáneas y

algunas se atrasan o se omiten; y en muchos casos, algunas no alimentan a otras

(Mexicanos Primero, 2013).

Mexicanos Primero (2013) ha hecho un análisis de las funciones y fallas que se

presentan en las diferentes fases del ciclo presupuestario:

Durante la aprobación (fase 3) la Cámara de Diputados suele aumentar los

montos de algunos rubros y hasta hacer cambios en las reglas de ejercicio que

rara vez son resultado de un análisis técnico; el presupuesto se aprueba por ley en

diciembre, pero el ejercicio y control (Fase 4) inicia a partir de enero, y ocurren

toda clase de retrasos y trastornos en las cuentas ejecutoras; el seguimiento (fase

5), se realiza a través de informes trimestrales que rinden las instancias ejecutoras

a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público (SHCP), informes que en general sólo registran los avances de

gasto ejercido contra los indicadores definidos y que, a su vez, pocas veces

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reciben retroalimentación para hacer correcciones oportunas antes del fin del ciclo

anual; la evaluación (fase 6) se produce con un gran retraso, y en el caso del

sector educativo cuenta con pocos elementos para saber si lo programas y

erogaciones son de utilidad a la calidad educativa: y la rendición de cuentas (fase

7) que tiene la revisión de la Cuenta Pública, hecha a través de la Auditoría

Superior de la Federación (ASF), se produce con dos años de desfase (Mexicanos

Primero, 2013).

De manera que, circulo presupuestario tras las fallas enunciadas, hace notar que

cada año se ejecuta sin ser corregido. Según, Mexicanos Primeros (2013, pág.

86): “no hay políticas más activas para que los ciudadanos sepan con certeza y

claridad qué pasó con su dinero”.

El Ciclo Presupuestal ya no funciona entonces, como un círculo virtuoso, sino

vicioso. No está claro que tan deficiente es el ciclo, pero más adelante se

presentan una serie de los agravios más relevantes que suceden en él. Se hace

una revisión a los pagos ilegales que se realizan con los recursos del Fondo de

Aportaciones a la Educación Básica (FAEB) según un reporte de la ASF

recopilado por Mexicanos Primero (2013).

El FAEB, para entrar en contexto, es uno de los fondos que integran al Ramo

General 33, el cual está compuesto por recursos federales que se transfieren a las

haciendas públicas de los estados y, en su caso, de los municipios. Todas las

entidades federativas participan en el FAEB, con excepción del Distrito Federal,

donde los servicios de educación básica son proporcionados directamente por la

SEP (con financiamiento del Ramo General 25). El FAEB tiene como objetivo

financiar las acciones que los estados tienen conferidas en materia educativa

conforme al ANMEB y los otros convenios suscritos con la Federación, para

ejercer las atribuciones que de manera exclusiva se le asignan (Mexicanos

Primero, 2013).

En el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública

correspondiente al ejercicio fiscal de 2010, se dieron a conocer una serie de

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irregularidades a diversos órganos de la administración pública federal y de las

entidades federativas en el manejo, destino y aplicación de los recursos del FAEB,

El estudio hecho por Mexicanos Primero (2013) es más extenso, pero la gravedad

de los actos amerita, por lo menos, relatar los más importantes:

Pagos indebidos con recursos del fondo a trabajadores comisionados al

sindicato con goce de sueldo, por 1,216.8 millones de pesos, que

representan 11.4% de las recuperaciones determinadas. Esta irregularidad

se presentó en 25 estados.

Recursos destinados a gastos de operación que no se vinculan con los

objetivos del fondo por 986.6 millones de pesos, que representan 9.2% de

las recuperaciones determinadas. Esto se presentó en 25 entidades

federativas y corresponden principalmente a Congresos y Convenciones,

Contratación de otros servicios, Gastos de Comunicación Social,

Subcontratación de Servicios con Terceros, Materiales y Útiles de Oficina,

Mantenimiento y Conservación de Bienes, Servicio de Telecomunicaciones,

Asesorías Asociadas a Convenios, Otras Asesorías por la Operación,

Gastos de Orden Social, Material Eléctrico, Productos Alimenticios para

Personas, Mantenimiento y Conservación de Inmuebles, Otros Gastos de

Publicación, Difusión e Información, Servicio Médico de Telesecundarias,

Apoyo de Becas a Nivel Medio Superior, Apoyos al Sindicato, entre otros.

Recursos por 191.3 millones de pesos, destinados para el pago de

compensaciones a empleados comisionados a la sección sindical estatal o

a dependencias ajenas a la entidad ejecutora del recurso en los estados de

Chiapas y Chihuahua.

En ocho entidades federativas se efectuaron pagos indebidos por 73.1

millones de pesos, a empleados que estuvieron comisionados con goce de

sueldo a dependencias ajenas a las secretarías estatales de educación o

sus similares.

Además, también se descubrieron con el FAEB, otras tareas educativas fuera de

la norma, de niveles distintos a la educación básica. Lo que como tal es en

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principio ineficiencia más que corrupción, pues las autoridades locales se

‘prestaron’ de las transferencias del FAEB para cubrir operaciones y compras de

sus propias oficinas, esto con el supuesto benévolo de que esas erogaciones se

necesitaban y que el error fue financiarlas con el fondo equivocado (Mexicanos

Primero, 2013).

Como puede verse, estamos ante prácticas que no son ocasionales, sino

habituales (desde 2007 hay evidencia) y generalizadas (con mayor gravedad en

unos estados que en otros, pero ni uno solo escapa a la irregularidad), estamos

frente a un problema de sistema, que necesita una corrección estructural.

Consecuencias del ineficiente gasto educativo.

“La asignación poco eficiente del gasto público educativo genera espacios y

necesidades de apoyo que no son atentados por ninguna instancia, y que derivan

en una carga económica para los padres de familia” (Fundación Este País, 2011,

pág. 55). Esto significa que la educación pública no es totalmente gratuita, lo que

contradice al artículo 3 de la Constitución.

En 2009, las familias mexicanas gastaron en educación pública el equivalente

a .83% del PIB (y .98% en educación privada). Los hogares con niveles de ingreso

medio son los que destinan más recursos a la educación. De acuerdo con cifras

de 2008, los hogares gastan casi 18% de su ingreso familiar en educación privada,

y casi 8% en educación pública, las cifran también indican que en la población de

ingreso más bajo que su nivel de gasto es de hasta 13% en educación pública

(Fundación Este País, 2011, pág. 55). Siendo que, se esperaría que este sector

fuera el que menos porcentaje invirtiera en educación y, a la que se le debería

garantizar educación pública de calidad.

En países donde la capacidad del Estado para financiar la educación pública es

limitada, la evidencia internacional indica que las familias financian en mayor

proporción la educación pública básica en comparación con los países

desarrollados (México Evalúa, 2013). La Encuesta Nacional de Ingreso Gasto en

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Hogares del 2008, permitió saber con detalle el gasto de las familias por tipo de

gasto. La encuesta reportó los siguientes rubros en el gasto educativo:

• Servicios educativos: Inscripciones, colegiaturas y material escolar.

• Servicios varios: Estancias infantiles, enseñanza adicional, educación

especial para discapacitados, cuidado de niños.

• Artículos educativos: Libros de texto, computadoras, calculadoras.

• Imprevistos: Se dividen en dos, los trámites escolares (derecho a examen,

cursos de regularización) y las cooperaciones sistemáticas o esporádicas

de padres de familia para festividades y necesidades de la escuela.

• Transporte escolar proporcionando por la escuela o particulares.

(Fuente: México Evalúa, 2013. Una evaluación del gasto educativo en México.)

En el sistema de educación pública, el tercer gasto educativo más importante de

los hogares es en imprevistos (19.4%), que es diez veces superior a los gastos en

educación privada (2%) (Fundación Este País, 2011). En suma, la evidencia

internacional y el análisis de la ENIGH, sugieren que en condiciones más

precarias, cuando las escuelas no pueden financiar sus necesidades apremiantes,

acuden a las familias para financiarlos, y este es el caso de las escuelas públicas.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación

(INEE), casi una cuarta parte de las escuelas en México tienen problemas

importantes de mantenimiento y conservación de las instalaciones. Más del 75%

de las escuelas primarias en México carecen de salón de cómputo y biblioteca, y

menos del 5% de las escuelas en las zonas rurales e indígenas cuentan con

dichas instalaciones. En más del 15% de las escuelas rurales, el profesor no tiene

un lugar en donde sentarse (México Evalúa, 2013).

El gasto imprevisto no sólo es regresivo, sino también es el más caro ya que,

precisamente por su carácter, implica que las familias más pobres se vean

forzadas a desplazar otras necesidades básicas del hogar.

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Conclusiones

México es un país donde el sistema educativo está descentralizado pero existe

clara dependencia de los estados y municipios hacia el gobierno federal. Hace

aproximadamente 20 años, la cuestión educativa se dividió en responsabilidades

para permitir mayor participación y transparencia en el país, pero éstas no se

aclararon en la Ley General de Educación.

Así también, la Constitución ha establecido que para llegar a los parámetros de

una mejor calidad educativa se tendrá que elevar el presupuesto educativo en

relación con el 8% del PIB nacional. Lo cual es una conclusión errónea si se

mantiene el sistema actual, donde faltan criterios, indicadores y normas que

regulen el ejercicio eficiente de los recursos.

El presupuesto se distribuye mal, pero se gasta peor. Existe poca flexibilidad para

distribuir los recursos en otros asuntos importantes además del sueldo magisterial,

como en mejorar la infraestructura sobre todo en aquellas escuelas donde los

recursos no alcanzan. Y a pesar de conocer las fallas del sistema, organizaciones

como la SNTE, no se abren al dialogo y sólo funcionarios tienen participación,

llevando a cabo operaciones sin análisis previos de la situación del gasto ni los

efectos (o no efectos) que puede ocasionar aumentarlo.

De los efectos más graves de la falta de rendición de cuentas, es el desvío de los

recursos que los estados reciben por parte del federal, donde se presentan pagos

a instancias que no son parte del objetivo del Fondo FAEB que se les otorga.

Sin embargo, la que se posiciona como la falla más contradictoria del sistema

educativo, es que las familias mexicanas tengan que pagar por mantener ya no

sólo la educación de sus hijos sino también a la institución educativa donde

estudian. Conforme la familia mexicana va teniendo menor poder adquisitivo el

porcentaje nos dice que su gasto en educación va aumentando, siendo el gasto en

imprevistos el que más se incrementa entre menos recursos tiene la escuela.

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Propuestas

Un primer paso es generar indicadores más confiables, relevantes y específicos

(como el de costo por alumno), que incluyan todos los gastos y presupuesto

asignado a la tarea educativa. Hasta ahora, sólo se consideran los indicadores del

porcentaje del PIB nacional que se destina a la educación y la inversión que se

hace en alumnos. Y en uno somos de los que ocupamos lo más altos y en el otro

de los lugares más bajos en la lista de países de la OCDE.

También es necesario contar con información básica que permita conocer y

evaluar los costos en los que incurre cada escuela y su eficiencia en la prestación

de servicios educativos.

Otros elementos complementarios, para ampliar la información sobre del tema,

son los indicadores de gasto promedio por maestro, gasto promedio por escuela o

salario promedio de los maestros; todos son datos que aproximan a la dinámica de

distribución de grandes bolsas de recursos. Sin embargo, en esos agregados

masivos el promedio enmascara los extremos, y muchas veces no dejan ver las

insuficiencias específicas. Por lo que implementar nuevos indicadores es algo que

se requiere, pero que no basta por sí solo.

Es recomendable diseñar e implementar un sistema que consolide la información

de cada fuente de financiamiento (Federación, gobiernos locales y hogares) para

permitir tener mayor claridad sobre la totalidad de recursos que se invierten. En

específico, es necesario el establecimiento de un sistema contable que permita

estimar los costos educativos. Esto podría además facilitar la coordinación entre

los niveles de gobierno.

Sin embargo, si el ASF, que tiene la facultad de sancionar los desvíos de recursos,

no actúa, ya sea por la mera influencia de los funcionarios estatales que sólo usan

la institución como un medidor de cuán grande es el problema de desvió de

recursos o por cualquier otra razón, implementar más indicadores para que den un

panorama completo, sólo nos dirá el problema, pero jamás se solucionará, si a los

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instituciones que están para salvaguardar nuestros derechos no se les faculta para

ir más allá de las regularidades.

Referencias

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del sistema fiscal visión parlamentaria. México, D.F.: Instituto Nacional de

Administración Pública. Capítulo 5, pág. 1-2.

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Académico en Centros Escolares (ENLACE) en educación básica y media

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Fierro, C., Tapia, G. y Rojo., F. (2011). Descentralización educativa en México: Un

recuento analítico. México: OCDE. Pág.: 4-5 Disponible en:

http://www.oecd.org/mexico/44906363.pdf

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Landero, F. (22 de septiembre de 2015). Distribución y efectos del gasto público

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http://www.sumaporlaeducacion.org.mx/articulos-suma/distribucion-y-efectos-del-

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México Evalúa: Centro de Análisis de Políticas Públicas (2013). (Mal) Gasto:

Estado de la educación en México 2013. Disponible en:

http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/malgasto/malgasto_estado-de-la-

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Toribio, L. y Hernández, L. (17 de mayo de 2014). El gasto no refleja mejor

educación. Excelsior. Recuperado en: http://www.excelsior.com.mx/

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Anexos

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