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Lic. Gabino Cué MonteagudoLic. Gerardo Cajiga EstradaLic. Moisés Bailón Jiménez

Lic. Francisco Javier Sarabia Martínez

Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca

Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca

Director General del CIEDD

Coordinación General de SENSOR

DIRECTORIO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y DOCUMENTAL PARA EL

DESARROLLO (CIEDD)

La actualización de Sensor, Boletín Electrónico es mensual, por lo que su información es periódica y depende de las fuentes citadas. Es posible que el tiempo de actualización entre fuentes y Boletín varíe, siendo así que la información aquí presentada solamente es una referencia y no puede considerarse oficial.

“Sensor” STAFF SENSOREdición: Ludivina Rangel Bretón | Rodrigo Álvarez SánchezDiseño: CMartín Hernández Arias | Víctor D. Cruz Martínez | Oscar Cruz Mora Reproducción y asistencia de diseño: Jorge NájeraEn la cubierta Fotografía: Víctor D. Cruz MartínezArte: CMartín Hernández Arias

Colaboradores de Esta Edición: Constancio Carrasco Daza | Arturo Sánchez Gutiérrez | Mtra. Ana Mireya Santos López | Roberto Heycher Cardiel Soto Gustavo Meixueiro Nájera | Juan Pablo Morales García | Víctor Leonel Juan Martínez | Mtro. Fernando Dworak Camargo Roberto Ehrman | Iván Escoto Mora | Edgar Jiménez Pérez Campos | Adriana Vasconcelos Ramírez

www.ciedd.oaxaca.gob.mx | ciedd.oaxaca.gob@gmail.com | www.twitter.com/@ciedd_oaxaca

DIRECTORIO ÍNDICEEditorial

5 Presentación | Lic. Gabino Cué Monteagudo Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca

Artículos de Opinión

6 El reto de la regulación de las candidaturas ciudadanas | Mtro. Constancio Carrasco Daza

12 El proceso electoral: una oportunidad para fortalecer nuestra democracia| Dr. Arturo Sánchez Gutiérrez

14 Unas reflexiones en torno a la sucesión presidencial 2012 | Mtra. Ana Mireya Santos López

18 El voto: prerrogativa ciudadana| Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto

20 Las reformas electorales en méxico: un acercamiento a su evolución y sus pendientes | Mtro. Gustavo Meixueiro Nájera

26 Dos caras de la democracia mexicana| Mtro. Juan Pablo Morales García

28 De la movilización al sufragio: la ruta democrática | Mtro. Víctor Leonel Juan Martínez

30 ¿Servirá para algo la reforma electoral? | Mtro. Fernando Dworak Camargo

40 Prevención y solución de controversias en materia de derecho electoral indígena | Dr. Roberto Ehrman

44 Democracia y realidad social: ¿Conceptos encontrados?| Mtro. Iván Escoto Mora

48 La miopía democrática y el cambio climático | Mtro. Edgar Jiménez Pérez Campos

48 Contexto democrático: uno de los factores estructurales para la entrada de Inversión Extranjera Directa (IED) | Lic. Adriana Vasconcelos Ramírez

50 La miopía democrática y el cambio climático | Mtro. Edgar Jiménez Pérez Campos

54 Senadores por Oaxaca electos para la LXII y LXIII Legislaturas del congreso de la Unión

58 Diputados Federales por Oaxaca en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión

72 Integración preeliminar de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión

Indicadores

47 Indicadores Económicos

53 Indicadores Económicos

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AGRADECIMIENTOS ESPECIALES

Sensor, Boletín Electrónico, agradece la invaluable colaboración de las destacadas personalidades que han participado con sus ideas y textos en este número:

Constancio Carrasco Daza | Arturo Sánchez Gutiérrez | Ana Mireya Santos López | Roberto Heycher Cardiel Soto Gustavo Meixueiro Nájera | Juan Pablo Morales García | Víctor Leonel Juan Martínez | Fernando Dworak Camargo Roberto Ehrman | Iván Escoto Mora | Edgar Jiménez Pérez Campos | Adriana Vasconcelos Ramírez.

Así como de los fotógrafos y artistas que lo han ilustrado: Sergio Girón | IFE (Oaxaca) | IEE | Martín Hernández Arias

Este esfuerzo de difusión, divulgación y análisis es producto de cada una de sus aportaciones y sugerencias.Cordial y respetuosamente,Coordinación General de Sensor

Tema:

Medio Ambiente y Gobierno

Envíanos tu colaboración a:

c i e d d . o a x a c a . g o b @gmail.com

Fecha límite:

30 de agosto de 2012

Extensión y formato:

3 cuartillas

Programa:

Word

Tipo de Letra:

Arial 12 puntos

Fecha de publicación:

15 septiembre de 2011

Anexos opcionales de apoyo:

Material audiovisual Fotografías

Sitio de internetArtículos y notas informativas sobre sus

proyectos

La selección de las participaciones y el espacio al cual serán destinadas es decisión del CIEDD, por lo cual se seleccionarán aquellas que serán publicadas en el Boletín y otras que lo harán en una sección destinada para ello en la página de internet del Organismo, con lo cual, aseguramos su difusión, siempre que ésta se encuentre en parámetros editoriales adecuados.

CONVOCATORIAEl Centro de Información Estadística y Documental para el Desarrollo (CIEDD), te invita a participar con nosotros como:

COLABORADOR E INSTANCIA PROVEEDORA DE INFORMACIÓN de Sensor Boletín Electrónico del mes de agosto.

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Presentación

Con la participación de importantes especialistas en la materia electoral, el Centro de Información Estadística y Documental para el Desarrollo (CIEDD), presenta su nuevo número de “Sensor: Boletín Electrónico de Política y Gobierno”.

Esta nueva edición ofrece a nuestros lectores un estudio sobre losprocesos electorales, las reglas que los determinan, así como los avances y retos que caracterizan a cada jornada comicial.

Asimismo, se enfatiza la enorme relevancia que para los oaxaqueños reviste el proceso electoral que se realizará en la entidad en 2013, donde se renovará el Congreso del Estado, así como los gobiernos de 152 municipios regidos por el sistema de partidos políticos y 418 ayuntamientos electos por el sistema de usos y costumbres.

A través de “Sensor” correspondiente al mes de agosto, ponemos al alcance de la ciudadanía oaxaqueña, un importante compen-dio de artículos de opinión elaborados por destacados especialistas y analistas políticos, cuya calidad, pluralidad y profesionalis-mo proporcionan una lectura sólidamente estructurada que busca promover la cultura democrática, estimular el ejercicio de un debate político de altura y alentar la investigación sobre el tema electoral.

Lic. Gabino Cué Monteagudo.Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca.

EDITORIAL

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1 Vid.: GONZÁLEZ AMU-CHÁSTEGUI, Jesús, “Las teorías de los derechos humanos” en RAP Revista de Administración Públi-ca. Los derechos humanos: Teoría, praxis nacional e internacional, núm. 105, Instituto Nacional de Administración Pública, México, 2000, p. 39.

2 Corte Interamericana de Dere-chos Humanos. Caso “Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexi-canos”, párrafo 140. Asimismo, se refirió que los derechos con los que se relaciona, son la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de asociación y que, en conjunto, hacen posible el juego democrático.

3Para TOURAINE, “el régimen democrático es la forma de vida política que da mayor libertad al mayor número, que protege y reconoce la mayor diversidad posible”, y en la que “la idea de democracia no puede separarse de los derechos, y por consiguiente no puede ser reducida al tema del gobierno de la mayoría”, por tanto, debe garantizarse el estableci-miento y tutela de los derechos en un sistema democrático. Vid: TOURAINE, Alain, “¿Qué es la democracia?”, 2ª reimp. de la 2ª ed. Fondo de Cultura Económica, México, 2000, pp. 23 y 37.

Introducción

Las candidaturas ciudadanas se excluyeron durante un largo período del sistema electoral mexicano, pero a partir de abril pasado (2012), se vislumbra un nuevo escenario para su re-gulación, porque las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de Unión aprobaron recientemente la reforma constitucional al artículo 35, fracción II, que las permite.

Tal reforma hoy en día sigue el proceso de votación en las entidades federativas, lo que sig-nifica que el proceso legislativo está en curso, el cual una vez aprobado de conformidad con el artículo 135 de la Constitución Federal, entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, en términos del artículo primero transitorio de dicha reforma.

Tal determinación exige reflexionar y debatir sobre la regulación en que debe enmarcarse el ejercicio efectivo de las candidaturas ciudadanas.

I. Los derechos políticos como derechos humanosLos derechos políticos son derechos humanos que garantizan al ciudadano de un Estado, la capacidad de actuar, decidir, participar e influir en la administración de los poderes públicos, a través de los cuales se organiza.

Tales derechos implican el «principio de ciudadanía», porque con ellos se “persigue funda-mentar un nuevo grupo de derechos humanos, los que podemos denominar «derechos de participación política… [que presuponen el] ineludible carácter social y político del ser hu-mano y ofrece una respuesta al problema del estatus que deben tener los seres humanos en tanto que miembros de una comunidad”.1

Son derechos humanos de importancia fundamental dentro del sistema interamericano, que se relacionan estrechamente con otros derechos consagrados en la Convención Ameri-cana,2 los cuales tienen reconocimiento no sólo en el ámbito local y regional, sino también en el derecho comunitario en una dimensión global.

EL RETO DE LA REGULACIÓN DE LAS

CANDIDATURAS CIUDADANAS

SUMARIO. Introducción. I. Los derechos políticos como derechos humanos. II. Las can-didaturas ciudadanas vistas desde los organismos internacionales. III. La regulación de las candidaturas ciudadanas en la Ley para las Elecciones de Poderes Federales de 1918. IV. Requisitos para el registro en el ámbito comparado. V. Asignatura pendiente: Vía Legislativa.

Mtro. Constancio Carrasco DazaMagistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

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De esta manera, en México, los derechos políticos se regulan en el artículo 35 de la Constitución General y se denominan «prerrogativas ciudadanas». Entre otros, se encuentran: vo-tar en las elecciones populares; poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que esta-blezca la ley; asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país.

Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Hu-manos, precisa en su artículo 21, que toda persona tiene de-recho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos, y de ac-ceder, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas, sustentado en que la voluntad del pueblo es la base de la au-toridad del poder público, cuya voluntad se expresa median-te elecciones auténticas, periódicas, por sufragio universal e igual, y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

En similares términos, tanto el Pacto Internacional de De-rechos Civiles y Políticos (artículo 25) como la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 23), reconocen el derecho de los ciudadanos de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de re-presentantes libremente elegidos; de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual, y por voto secreto que garantice la libre ex-presión de la voluntad de los electores, y de tener acceso en igualdad de condiciones, a las funciones públicas del país.

A partir de las anteriores premisas, la participación ciudada-na constituye el elemento esencial de una democracia en

la que destaca como eje rector un ciudadano activo en la toma de decisiones en el Estado del que es parte; por tanto, el reconocimiento de ese derecho en los asuntos públicos, configura indiscutiblemente, la esencia fundamental de un sistema democrático.3

II. Las candidaturas ciudadanas vistas desde los organis-mos internacionales

El papel de los organismos internacionales y tribunales en el reconocimiento de las candidaturas ciudadanas ha sido relevante, aun cuando no decisiva para su implementación efectiva, veamos por qué:

A nivel global se emitió la Observación General No 25: El derecho a participar en los asuntos públicos, derecho al voto y el derecho de acceso a la función pública (Art. 25): 12/07/1996 , aprobada por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas con arreglo al párrafo 4 del artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, so-bre el derecho a participar en los asuntos públicos, derecho a votar y derecho al acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas, el cual precisa que:

o El artículo 25 del Pacto reconoce y ampara el derecho de todo ciudadano a participar en la dirección de los asuntos públicos, el derecho a votar y ser elegido y el derecho a tener acceso al servicio público. (arábigo 1).

o El artículo 25 se refiere al derecho de las personas a par-ticipar en los procesos que constituyen la dirección de los asuntos públicos. (arábigo 2).

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o Las condiciones que se impongan al ejercicio de los derechos protegidos por el artículo 25 deben basarse en cri-terios objetivos y razonables. (arábigo 4).

o El derecho a votar en elecciones y re-ferendos debe estar establecido por ley y sólo podrá ser objeto de restricciones razonables. (arábigo 10).

o El derecho de las personas a presen-tarse a elecciones no deberá limitarse de forma excesiva a exigir a los can-didatos a ser miembros de partidos o pertenezcan a determinados partidos. (arábigo 17).

De igual forma estableció en el párrafo numerado con el arábigo «4», que “Las condiciones que se impongan al ejer-cicio de los derechos protegidos por el artículo 25 deben basarse en criterios objetivos y razonables”, por lo que el ejercicio de estos derechos por parte de los ciudadanos no puede condicio-narse por la ley, puesto que sus restric-ciones deben encontrar sede constitu-cional.

En el ámbito de la región, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido a nuestro país recomenda-ciones trascendentales en el tema. En 1998 en su informe estableció:

[…] toda candidatura independiente es invalidada desde un principio. Has-ta ahora no ha sido posible encontrar en México una fórmula que garantice la estabilidad y consolidación del sis-tema de partidos, que resulte compa-tible con la garantía constitucional que tienen los ciudadanos para ser votados para cargos de elección popular, sin tener que hacerlo obligadamente bajo las siglas de algún partido político.Por ello recomendó:

Que [el Estado mexicano] adopte las medidas necesarias para que la re-glamentación del derecho a votar y ser votado, contemple el acceso más amplio y participativo posible de los candidatos al proceso electoral, como elemento para la consolidación de la democracia.

La propia Comisión, al resolver el caso Ríos Brito vs. Argentina, consideró que

la negativa de establecer las candida-turas independientes, no vulneraba la ley que precisaba que sólo los partidos políticos podían postular candidatos al Congreso. 5

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ha hecho pronunciamiento de obligatoriedad respecto de la positivización de las can-didaturas ciudadanas, dado que su ar-gumentación tampoco ha sido dirigida a ello. Veamos por qué.

En el caso Castañeda Gutman vs. Es-tados Unidos Mexicanos,6 estableció que el registro de candidatos exclu-sivamente a través de partidos políti-cos responde a necesidades sociales imperiosas basadas en diversas razo-nes históricas, políticas y sociales, y que ninguno de los dos sistemas: el de nominación exclusiva por parte de partidos políticos y el que permite can-didaturas independientes, resulta en sí mismo más o menos restrictivo que el otro, en términos de regular el derecho a ser elegido, consagrado en su artículo 23 de la Convención.

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El máximo intérprete del ámbito regional también expresó en la sentencia citada, que ambos sistemas –uno construido sobre la base exclusivamente de partidos políticos y otro que ad-mite también candidaturas ciudadanas–, pueden ser compatibles con la Convención y, por tanto, la decisión de cuál sistema escoger está en manos de la definición política que haga el Estado, de conformidad con sus normas constitucionales.7

En este sentido –dijo la Corte– los Estados deben valorar, de acuerdo con su desarrollo histó-rico y político, las medidas que permitan fortalecer los derechos políticos y la democracia, y las candidaturas independientes pueden ser uno de esos mecanismos, entre muchos otros.8

Si bien, los mencionados organismos comunitarios no se han pronunciado en forma termi-nante sobre la obligación de contemplar en las legislaciones internas la figura de las candi-daturas ciudadanas, no menos verdad es que los reconoce como un medio adecuado que posibilita de mejor manera la consolidación democrática y el pleno ejercicio de los derechos políticos, al ampliar el espectro que se dirige hacia una mayor participación ciudadana como elemento esencial de la democracia participativa.

De esta manera, aconseja ponderar a partir del desarrollo histórico-político de los Estados parte, expandir los derechos fundamentales de votar y ser votado, lo que debe generar una nueva reflexión sobre la pertinencia de que los candidatos sean postulados exclusivamente por partidos políticos frente al derecho que tienen los ciudadanos de no afiliarse a los insti-tutos políticos, para postularse en las elecciones.III. La regulación de las candidaturas independientes en la Ley para las Elecciones de Poderes Federales de 1918

Las candidaturas ciudadanas estuvieron positivizadas en la legislación mexicana, concreta-mente, y de forma precisa, a partir de 1918; empero, con la adopción del «sistema de parti-dos», aquéllas se desvanecieron de las normas electorales.

La figura de los partidos políticos se estableció en México en 1911, al expedirse la Ley Elec-toral –antes no se reconocían formalmente–. A partir de ese año, se les confirió el derecho a postular candidatos, coexistiendo con el hasta entonces único sistema: candidatos no per-tenecientes a partido político. Circunstancia, que también se reconoció en la Ley Electoral para la Formación del Congreso Constituyente de 1916, pero no se estableció su naturaleza jurídica, los requisitos para su constitución, ni derechos ni obligaciones.

4Adoptada en el 57º periodo de sesiones y aprobada por el Comité el 12 de julio de 1996.

5Resolución núm. 26/88. Caso “Ríos Brito vs. Argentina”, 10109. 13 de septiembre de 1988, párrafos 9, 10 y 11.

6Sentencia del 6 de agosto de 2008, párrafos 193 y 200.

7Ibídem., párrafo 204. También precisó que “en la región existe una profunda crisis en relación con los partidos políticos, los poderes legislativos y con quienes dirigen los asuntos públicos, por lo que resulta im-perioso un profundo y reflexivo debate sobre la participación y la representación política, la trans-parencia y el acercamiento de las instituciones a las personas, en definitiva, sobre el fortalec-imiento y la profundización de la democracia. La sociedad civil y el Estado tienen la responsabi-lidad, fundamental e inexcusable de llevar a cabo esta reflexión y realizar propuestas para revertir esta situación”. Ídem.

8Ídem.

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La Ley para las Elecciones de Poderes Federales de 1918, reguló las candidaturas indepen-dientes para Presidente de la República o Senador en los artículos 107 y 108. En principio les otorgó los mismos derechos conferidos a los candidatos de los partidos políticos y precisó como requisitos legales para el respectivo registro, que fuesen:

o apoyados por cincuenta ciudadanos del Distrito, quienes debían firmar su adhesión vo-luntariamente en un acta formal;

o tener un programa político al que deben dar publicidad; y

o se sujetaran a los requisitos previstos en las fracciones VII y VIII del artículo 106 de la mis-ma ley, esto es:

o registrar su candidatura durante los plazos fijados por la ley (si se trata de candidatos a Senadores o Presidente de la República se hará en la capital del Estado, y si es de Diputado se hará en la cabecera del Distrito Electoral correspondiente); y

o nombrar a sus representantes en las diversas municipalidades, dentro de los plazos fija-dos por la ley, sin perjuicio de modificarlos oportunamente.

De la misma manera, les concedió el derecho a vigilar los actos electorales correspondientes a su elección, acreditando haber registrado su candidatura.

Lo anterior, enfatizó como requisito necesario para contender como candidato ciudadano el apoyo de determinado número de ciudadanos; tal regulación se mantuvo hasta 1946, cuan-do el legislador eliminó la «candidatura independiente» de los ordenamientos legales.

IV. Requisitos para el registro en el ámbito comparado

La admisión de la figura jurídica de las candidaturas ciudadanas, exige en el sistema que se adopte la regulación y establecimiento de ciertos requisitos para hacer efectivo su registro, los cuales se determinan de manera libre por cada país, pero en la mayoría de los casos, se fijan en forma proporcional y objetiva a fin de otorgar equidad en la contienda y certeza en el proceso electoral.

9GARCÍA OROZCO, An-tonio, –recopilador y estudio introductorio–, “Legislación electoral mexicana, 1812-1979”, Ediciones de la Gaceta Informa-tiva de la Comisión Federal Electoral, 2ª ed., México, 1978, p. 299.

10FUENTE: ACE Electoral Knowledge Network, “Guiding Principles of Parties and Candi-dates”, en http://aceproject.org/epic-es.

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En el derecho comparado, el requisito que impera para el registro de candidatos ciudadanos, lo constituye la presen-tación de la lista de firmas de apoyo a la candidatura que se postula, cuyo número o porcentaje es determinado de forma particular por cada sistema electoral. Países como Al-bania, Bélgica, Chile, España, Marruecos, Paraguay, Rumania y Suiza entre otros, exigen este requisito.

De igual manera, es exigencia para el registro de la candida-tura, el requisito de depósito económico, tal y como sucede en Bahamas, Egipto, India, Papua Nueva Guinea, República Checa y Ucrania, por mencionar algunos.

De manera similar, existen países que exigen ambos requi-sitos; entre esos países se encuentran Alemania, Australia, Belice, Bulgaria, Canadá, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Lituania, Países Bajos, etc.

También hay que distinguir otro grupo de países que exigen mínimos requisitos de registro, como Francia, Guyana Fran-cesa, Nepal y Pakistán.

Como se observa, cada país es libre de determinar la regu-laridad sobre los requisitos para el registro de candidaturas ciudadanas, pero domina la presentación de un número de firmas de respaldo.

V. Asignatura pendiente: Vía Legislativa

Es el legislador ordinario, el ente que habrá de trazar, en caso de la aprobación de la reforma de las candidaturas ciudada-

nas, la regularidad de los requisitos que deberán exigirse a quienes aspiren a participar en los procesos comiciales sin la postulación de partido político alguno, a fin de que defina el pleno ejercicio del derecho político a ser votado en supues-tos de esa naturaleza.

De la misma forma en que no existe en el orden comunita-rio a través de los distintos mecanismos de interpretación, directrices para la adopción de las candidaturas ciudadanas, en igual sentido tampoco se impone ni se precisa requisi-to alguno para su viabilidad e implementación real, por lo que en todo caso, se debe partir de parámetros objetivos que permitan una competencia que reconociendo las dife-rencias, entre candidatos ciudadanos y de partidos políticos salvaguarde el principio de equidad.

Ante ello, el reto del legislador consistirá en operativizar y hacer posible las candidaturas ciudadanas, con el fin de proteger la equidad en la contienda, de manera que deben precisar criterios proporcionales que coadyuven a materiali-zarlas y que efectivamente respondan al respaldo social que les otorgue identidad.

Asimismo, deberá prever lo conducente para determinar las condiciones de acceso a medios de comunicación y financia-miento, para que la regulación de las candidaturas ciudada-nas permita que quienes contiendan sin representar algún partido político, una competencia justa, sin olvidar bajo nin-guna circunstancia, los procesos de responsabilidad y rendi-ción de cuentas a los que también deben estar inmersos los candidatos ciudadanos.

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EL PROCESO ELECTORAL:

UNA OPORTUNIDAD PARA FORTALECER NUESTRA DEMOCRACIADr. Arturo Sánchez GutiérrezInvestigador Asociado de El Colegio de México. Fungió como Consejero Electoral del Instituto Federal Electoral durante el período 2003-2010

La elección presidencial de 2012 ha sido observada como otro momento definitorio de la ruta que se-guirá la democracia mexicana. Después de la expe-riencia de 2006, de la reforma electoral de 2007, del

conflicto entre los medios de comunicación y las autorida-des electorales, y después de varios años de crítica constan-te al Instituto Federal Electoral, resulta históricamente indis-pensable que la elección de este año salga bien.

En realidad, las preocupaciones de hace algunos meses so-bre la calidad de este proceso, se han disipado. En la medida en que la autoridad electoral ha planeado y ejecutado, paso a paso, todos los procedimientos necesarios para garantizar la realización de la elección, se ha recuperado la confianza en que prevalecerán las características de calidad que han caracterizado a estos procesos en el pasado. Sin duda, el Ins-tituto Federal Electoral seguirá enfrentando presiones im-portantes cada día hasta que concluya el proceso electoral. Incluso después, cuando se termine de fiscalizar los gastos que los partidos y candidatos hayan realizado en este pro-ceso, el IFE seguirá enfrentando las versiones contrarias de los partidos sobre su forma de tomar esas decisiones y de aplicar o no sanciones.

Sin embargo, hoy en día el proceso marcha en orden y las presiones y tensiones están justamente donde se espera que estén: en las campañas de los candidatos presidenciales, en los spots que cada partido difunde y en las múltiples quejas que se presentan entre los contendientes ante el IFE. Pero a estas alturas nadie duda de que habrá una elección de ca-lidad y de que la noche del 1 de julio conoceremos quién será el Presidente de México para el sexenio 2012-2018. Las casillas se instalarán, contarán con la documentación nece-saria y por la noche, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) empezará a arrojar los resultados casilla por casilla.

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México ha fortalecido su democracia en cada elección. Por dolorosas que hayan sido las lecciones, las normas electora-les han perfeccionado los procedimientos electorales y los mecanismos de actuar de las autoridades. Más allá de las pa-siones que genera la emoción del triunfo o la frustración de la derrota, el proceso de perfeccionamiento de nuestra de-mocracia se ha expresado en las constantes reformas al Có-digo Electoral, promovidas por unos y otros partidos. Cada cambio buscó resolver problemas manifiestos en elecciones anteriores. Cuanto más problemáticas ha sido una elección, mayor complejidad presentan las reformas a la ley.

A estas alturas, la elección del 2012 ya arroja algunas leccio-nes que requieren de reflexión y de la eventual construcción de una nueva reforma. Sin duda, un ejemplo de ello es la ne-cesidad de repensar el esquema de comunicación política a través de spots, o la necesidad de asegurarse de que las nor-mas que buscan la equidad en la competencia no terminen por afectar o limitar la libertad de expresión de los actores políticos, de los gobernantes, de los medios de comunica-ción y de las autoridades electorales mismas. Otras lecciones están relacionadas con la forma como los partidos deben enfrentar el reto de garantizar las cuotas de género entre sus candidatos, o la conveniencia de ampliar las opciones para que los mexicanos en el extranjero voten con mayor facilidad. Al respecto, por ejemplo, resulta estimulante que el Instituto Electoral del Distrito Federal haya establecido la modalidad a través de INTERNET, para que los “chilangos” en el exterior emitan su voto.

Por otro lado, la reforma electoral del 2007 dejó pendientes procesos de reglamentación que resultan fundamentales para facilitar el trabajo de las autoridades. Tal es el caso de la urgencia de establecer en la ley las reglas que deberán aplicarse para respetar el derecho de réplica, y brindar cer-teza jurídica a los medios de comunicación, electrónicos e impresos. Otro ejemplo es la necesidad de reglamentar el

artículo 134 de la Constitución. Hasta ahora su aplicación ha dependido de diversas interpretaciones que han hecho de ese artículo el IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Por todo lo anterior, creo que es válido concluir que los pro-cesos electorales mexicanos han sido la fuente que gradual-mente ha nutrido a nuestras leyes y han fortalecido nuestra democracia. Esa es una virtud de nuestro proceso transfor-mador y también es válido concluir que el perfeccionamien-to debe seguir.

Con todo, el otro motor del cambio, una vez que los procedi-mientos se han perfeccionado, debe ser la participación cre-ciente de la ciudadanía en la elección. Ninguno de los cam-bios realizados tienen sentido si los invitados a la fiesta de la democracia no asisten a la jornada electoral. El tema puede verse desde el otro punto de vista: ninguna crítica al sistema electoral sería válida si no se basa en una amplia participa-ción electoral. Incluso aquellas críticas relacionadas con el nivel de partidización de las autoridades electorales podrían sostenerse sin una participación ciudadana creciente.

La agenda del cambio en este sentido también está puesta sobre la mesa: candidaturas independientes, iniciativa po-pular, plebiscito, etc., etc. Sin embargo, en este nivel la de-mocracia se fortalecería siempre y cuando la ciudadanía se fortaleciera para incrementar sus espacios de participación. Ese parece ser el reto de las nuevas generaciones del cambio.

La elección de 2012 está en marcha y en la dirección correc-ta. Las lecciones están a la vista. Incluso el Poder Legislativo discute ya una reforma política más. México experimenta un proceso vivo de cambio que sólo requiere de dos cosas: el voto ciudadano para definir con certeza quienes serán nues-tros gobernantes, y de la participación organizada para im-pulsar el tipo de cambios que ahora se requieren.

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UNAS REFLEXIONES EN TORNO A

LA SUCESIÓN PRESIDENCIAL 2012

“Decir que el proceso electoral de 2012 va a ser complicado es una obviedad. Toda elección conlleva un momento de complejidad particular en la vida política de un país, pero cuando además están en

juego —como ocurrirá el 1 de julio del año próximo— todos los cargos de elección popular federales y elecciones concurrentes en más de una decena de entidades federativas, la apuesta es muy alta y la tensión y la confronta-ción inevitablemente tienden a multiplicarse. Pero además de la cantidad de cargos que estarán en disputa (en primer lugar, por supuesto, la Presidencia de la República), las elecciones de 2012 se realizarán en un contexto político, social, económico y de seguridad sumamente complicado y hasta adverso”. 1

El escenario que presenta el país antes de las elecciones federales del 2012 es su-mamente complejo, pero hay formas concretas para legitimar el proceso electoral próximo, cosa que es de suma importancia y preocupación porque contribuirá di-rectamente a un mayor nivel de cohesión social, elemento fundamental para un

país como México, que enfrenta una serie de dificultades sabidas por todos, como son la delincuencia organizada y la pobreza extrema, que cuando se combinan con la falta de legi-timidad de las estructuras de gobierno, amenazan la paz y tranquilidad sociales.

El esfuerzo para legitimar la elección presidencial es urgente, y sólo será posible a través de la implementación de una serie de acciones concretas para asegurar que la transición a la democracia siga su camino en nuestro país. De no ser así, la crisis se profundizará y cada día será más difícil conservar la confianza de la ciudadanía en el sistema político imperante.

Tal como lo plantea el Consejero Electoral federal, Lorenzo Córdova Vianello,

Mtra. Ana Mireya Santos LópezMagistrada Presidenta del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca

1 Córdova Vianello, Lorenzo, “Un complejo panorama electoral”, El Universal, 29 de junio de 2011, www.eluniversal.com.mx/editoria-les/53509.html.

2 Córdova Vianello, Lorenzo, “Ética de la responsabilidad”, El Universal, 20 de octubre de 2010, www.eluniversal.com.mx/editoria-les/50311.html.

3 Córdova Vianello, Lorenzo, “Pragmatismo vs. principios ideo-lógicos”, El Universal, 23-mar-zo-2011, www.eluniversal.com.mx/editoriales/52122.html.

4 González Oropeza, Manuel y Martínez Sánchez, Francisco, “El Derecho y la Justicia en las Elec-ciones de Oaxaca”, México, Tribu-nal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2011, p. 412

5 Ackerman, John M. (coord.), “Elecciones 2012: En busca de equidad y legalidad”, México, IIJ-UNAM-Instituto Belisario Do-mínguez-Senado de la República, 2011, Serie Doctrina Jurídica, núm. 589, p. XI.

En México, lo que se busca evitar en el 2012 es una crisis dual, donde la percepción sería la falta de legalidad junto con legitimidad. En este seguimiento de ideas, la regeneración del sistema de gobierno que podría ayudar a fortalecer no sólo la legalidad y estado de derecho, sino la legitimidad de la estructura política nacional, tendría que involucrar, necesariamente, un cambio en la forma de hacer política y de concebir y vivir el servicio a la sociedad a través de los puestos de elección popular.

Córdova Vianello argumenta precisamente que “[h]ace falta una renovación en la manera de concebir a la política y a los cargos públicos. Hace falta construir una verdadera ética pública, entendida precisamente como el ejercicio de la función pública a partir de la responsabili-dad, no como el ejercicio de las convicciones y de los intereses privados o de partido”2. Por lo que ahora, se debe exigir un comportamiento ético y apegado a la legalidad de las y los candidatos para cargos públicos.

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El multicitado autor también afirma que “una de las princi-pales afecciones del sistema democrático es el vaciamiento ideológico y programático que caracteriza la discusión polí-tica en general y a los partidos políticos en particular,” y con-firma que la “orfandad ideológica es algo que atraviesa todo el espectro del sistema de partidos”3.

En un escenario tan complicado como el que impera en Mé-xico, las instituciones electorales surgen como una respuesta para mejorar el funcionamiento mismo del gobierno. Apar-te del Instituto Federal Electoral, es también fundamental el papel de los tribunales federales electorales en asegurar la legitimidad de los comicios presidenciales. En palabras del Magistrado Manuel González Oropeza:

En este sentido, es necesario hacer una reflexión sobre el papel de las instituciones electorales en el proceso comicial del 2012, particularmente, en asegurar su legitimidad. Es re-levante señalar que existen por lo menos dos facetas de la legitimidad, lo que podríamos llamar la legitimidad de ori-gen, por una parte, y la legitimidad de ejercicio, por otra. La legitimidad de origen se refiere al proceso que lleva al poder a la persona que gane en los comicios.

Una de las encomiendas más importantes de las institucio-nes electorales es precisamente velar por la calidad de los comicios. Cabe decir que las reformas de 2007-2008 a la Constitución Federal y al Código Electoral Federal (COFIPE), son particularmente importantes. Lo relevante de las refor-mas, como lo han descrito los expertos en la materia, fue la prohibición de la contratación de espacios en radio y televi-sión por los partidos políticos y las reglas sobre el uso de los medios de comunicación en las campañas5.

En este contexto, resulta imprescindible contemplar el mar-co jurídico vigente en la materia electoral para resaltar el pa-pel de las instituciones relevantes en la sucesión presidencial del 2012.

El artículo 41, apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el Instituto Federal

“La finalidad esencial de la justicia electoral ha sido la protec-ción auténtica o tutela eficaz del derecho a elegir o ser elegido para desempeñar un cargo público, mediante un conjunto de

garantías a los participantes (partidos políticos e, incluso, funcionarios electorales, así como, según el caso en los distintos regímenes electorales, ciudadanos y candidatos) a efecto de impedir que pueda violarse la vo-luntad popular, contribuyendo a asegurar la constitucionalidad y legali-dad, certeza, objetividad, imparcialidad, autenticidad, transparencia y, en general, justicia de los comicios”. 4

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Electoral, es la única autoridad para administrar el tiempo que corresponda al Estado en ra-dio y televisión destinado al derecho de los partidos políticos nacionales; deberá sancionar las infracciones a lo dispuesto en el mismo artículo sobre los medios de comunicación, inclu-yendo por ejemplo, la suspensión de difusión de toda propaganda gubernamental durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, o el uso de propaganda que contenga expresiones que denigren a las instituciones o a los partidos o que calumnien a las personas.

Nos permitimos citar al doctor John M. Ackerman:“[M]ás allá de lo que se pueda opinar a favor o en contra del modelo en sí mismo, lo más impor-

tante es que el modelo que hoy se encuentra plasmado en el texto constitucional se respete y su cumpla. Hace pocas cosas más dañinas para el Estado de derecho y la convivencia democrática que permitir la flagrante y transparente violación cotidiana de los principios constitucionales. Sin duda, la impunidad y la simulación son más dañinas de lo que podría llegar a ser la supuesta ‘sobrerregulación’ contenidas en las normas electorales”6.

Bajo estas consideraciones, se puede afirmar que la importancia del tema de la legitimidad de los comicios presidenciales del 2012 es innegable. Además, tampoco es suficiente velar por la legalidad de las elecciones, puesto que la legitimidad va más allá que el estricto apego a la ley.

En tal estado de cosas, consideramos que los organismos o institutos electorales, las y los operadores del sistema de justicia electoral, los partidos políticos, y las y los ciudadanos, tie-nen que regir sus actuaciones no sólo bajo las normas relevantes, respetando así la legalidad, sino también bajo un concepto más dinámico y ético de ciudadanía que sentará las bases para la legitimidad de las elecciones presidenciales.

Además, es urgente que la ciudadanía vote de forma libre e informada, así como garantizar que la voluntad ciudadana se respete en los resultados electorales.

Finalmente, desde el punto de vista de la autora, si no se cumple primero con la constitución, no podemos hablar de legitimidad, por lo que lo legal es condición previa a lo legítimo. Sólo así podrá ser posible alcanzar la estabilidad y equidad y fortalecer la confianza de la ciudada-nía en el sistema de gobierno, algo que todos anhelamos.

6 Ibidem, p. XXIII.

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EL VOTO:

PRERROGATIVA CIUDADANAMtro. Roberto Heycher Cardiel SotoVocal Ejecutivo de la Junta Local en el Estado de Oaxaca del Instituto Federal Electoral

Actualmente, existe un consenso entre los ciudada-nos y ciudadanas sobre la idea de que la democracia es necesaria para el desarrollo del país, pero ¿todos

entendemos lo mismo por democracia?

Para algunos significa el reclamo de derechos; para otros la libertad de definir la profesión que le convenga; algunos pensarán que la democracia se agota en las elecciones y una buena parte considera que la democracia es exigir el respeto de sus derechos civiles y el derecho a ser tolerado. Bueno, la democracia es todo eso y más.

Sin embargo, un acontecimiento típico de las democracias son las elecciones, aunque nada simple, pues pocos son los fenómenos sociales como éste que convocan a tantas perso-nas en un mismo momento determinado a cumplir con un objetivo específico: elegir.

El mecanismo para convertir los votos en escaños se deno-mina sistema electoral y su efectividad es de la mayor rele-

vancia para la construcción de la confianza ciudadana sobre los órganos electos.

Las elecciones son un método para elegir personas que re-presentarán los intereses colectivos, pero también son un acto de vinculación entre los individuos y su comunidad; son un refrendo del compromiso que los ciudadanos y ciudada-nas hacen con la República y sus instituciones. Votar en las elecciones significa manifestarse expresamente en favor del método civilizado y pacífico para la toma de decisiones. En nuestro país, la compleja red de instituciones electorales ha evolucionado aceleradamente en las últimas décadas.

Nuestra Constitución Política dispone que nuestro voto es un derecho y una obligación pero en este espacio quiero ha-cer énfasis en el sufragio como un derecho. En este contexto, los ciudadanos y ciudadanas debe resolver entre dos opcio-nes: votar o abstenerse. Si esto último es nuestra decisión, renunciamos entonces a la posibilidad de influir en la deter-minación de cuáles proyectos se harán realidad para mejorar

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nuestras condiciones como país, como entidad o como mu-nicipio. A su vez, con la abstención se delega esa posibilidad en los que sí votan.

Si se decide votar se enfrenta otra disyuntiva: a quién ele-gir. La respuesta dependerá de cada votante, pero lo que se debe considerar para tomar esa decisión es siempre el inte-rés colectivo, es decir, votar no por lo que me conviene a mí, sino por el proyecto que conviene a mi comunidad, a mi mu-nicipio o a mi país.

Existe otra posibilidad, la de anular el voto. En este caso aún cuando ejerzamos el derecho a elegir no estaremos contri-buyendo a construir la decisión en conjunto sobre quien o quienes serán las autoridades.

Hay algunas posiciones que se han manifestado en favor de anular el voto (voto blanco), porque consideran que la cla-se política es pragmática e inmoral y el voto blanco serviría para manifestarse en contra de la partidocracia. Esta postura, aunque respetable, no toma en consideración algunos argu-mentos como los siguientes:

1.- Nuestro sistema legal atribuye el triunfo de las elecciones a aquellos candidatos que más votos obtengan, sin importar la cantidad proporcional de estos en relación al número de votantes registrados, por lo que de cualquier forma al com-putar los votos válidos se otorgará el triunfo a un candida-to o candidata, independientemente de los votos nulos y la abstención.

2.- El sistema electoral mexicano no contempla una diferen-cia entre voto blanco y voto nulo, por lo que no se sabrá, en el momento de procesar los votos en la casilla, cuáles fue-ron anulados voluntariamente y cuáles no. No sucede como en el caso de Colombia, donde con cierta cantidad de votos blancos se invalida una elección para el efecto de que los partidos políticos presenten nuevos candidatos. 3.-Si las élites políticas son tan pragmáticas, como se presu-me por quienes sostienen esa posición, desde la perspectiva de esas élites será irrelevante la cantidad de votos emitidos en esa forma.

Por lo anterior, representa más beneficio a la democracia que los ciudadanos acudan a las urnas y voten por algunas de las opciones, pero además, tomando en consideración que el sistema de partidos políticos en México es fuerte, se hace necesario que los ciudadanos y ciudadanas colonicen a los partidos políticos, tomen el control y se postulen a través de estos a los cargos de elección popular.

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1 Francisco José Paoli Bolio, “Eta-pas de cambio de las instituciones políticas en el México contem-poráneo”, en Manuel Carrasco (coord.), Derecho Constitucional para el siglo XXI, vol. II, Sevilla, 2006, pp. 3095-3115.

2 Irma Méndez de Hoyos, “Las reformas electorales en México y el surgimiento y transformación del Instituto Federal Electoral”, Revista Iniciativa, no. 13, Instituto de Estudios Legislativos. www.cddiputados.gob.mx.

3 Alejandra Sota y Benjamín Hill, “La representación proporcional en el diseño institucional mexica-no”, www.diputados.gob.mx.

La reforma electoral es un proceso inacabado y en constante debate y discusión. Desde hace más de 30 años, cuando se realizaron las modificaciones originadas por la falta de espacios políticos para una oposición al régimen del partido dominante, se han venido llevando a cabo transformaciones para adecuar nuestro régimen de

partidos y de competencia electoral a los reclamos de distintas organizaciones políticas y de la sociedad. Sin embargo, hoy en día, aún con las reformas recientes de 2007, diferentes actores se muestran insatisfechos con el sistema electoral y de partidos que prevalece.

El reto es lograr modificaciones que dejen satisfechos tanto a los partidos políticos como a la so-ciedad en su conjunto. Mucho se dijo que aquella crisis de institucionalidad que se presentó du-rante la elección de 2006, pasando por la calificación de la elección, hasta la toma de protesta del Ejecutivo en turno, se debió a que no se contaba con el marco jurídico adecuado para enfrentarla.

Después de un complejo proceso de discusión de la reforma electoral de 2007, las elec-ciones de 2009, en opinión de algunos, mostraron que aún se requieren adecuaciones. Dichas reformas no sólo se circunscriben a la competencia electoral, sino que se extienden a lo que los americanos han llamado accountability, es decir, la rendición de cuentas del representante hacia sus electores.

a) Antecedentes y evolución Como es fácil de entender, las reformas electorales son actualizaciones a la legislación que rige los procesos de elección de representantes. La mayoría de las naciones las llevan a cabo periódicamente en atención a las necesidades y circunstancias políticas de su desarrollo so-cial. Vale decir, la decisión de modificar las reglas electorales de un país obedece tanto a los reclamos sociales como a las necesidades de legitimación de los gobiernos en un momento determinado del desarrollo social.

Los primeros cambios en el sentido de una apertura democrática, que pretendía el forta-lecimiento del régimen surgido del movimiento revolucionario que inspiraba los planes y programas de gobierno de las tres décadas posteriores al levantamiento armado, se dieron en un ambiente controlado, en un clima de relativa paz social, en un contexto internacional que planteaba las líneas del desarrollo modernizador en los primeros años de las posguerra de la Segunda Guerra Mundial y en el marco del desarrollo económico del periodo conocido como “sustitución de importaciones”.

LAS REFORMAS ELECTORALES EN MÉXICO:

UN ACERCAMIENTO A SUEVOLUCIÓN Y SUS PENDIENTESMtro. Gustavo Meixueiro NájeraDirector de Desarrollo Regional del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados (CESOP)

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En 1946 se modificó la constitución para suprimir la reelección consecutiva a nivel municipal, hasta entonces en vigor. En 1953, a tono con las tendencias de naciones más avanzadas, se aprobó el voto de las mujeres, aunque todavía no serían objeto del escrutinio popular, más que muy localizadamente.

En 1964 se dio la primera reforma electoral que abría es-pacios a la oposición; aunque limitada y constreñida a la representación en la Cámara baja del Congreso; fue una modificación que permitió la presencia de diputados de un partido diferente al del titular del Ejecutivo. Sin embar-go, tardó cerca de tres lustros más la llegada de una refor-ma electoral que transformara radicalmente la imagen de la política partidista de México, al pasar de un sistema de partido hegemónico, al de un sistema de partidos políticos con presencia de un partido dominante primero, y poste-riormente a un sistema que permitiera una real de compe-tencia entre las distintas fuerzas políticas.

La sucesión presidencial de 1976 se significó por la ausencia de participación de los escasos partidos políticos reconoci-dos entonces. La candidatura única del representante del partido gobernante preocupó a la elite política, que a partir de entonces buscó una reforma electoral de mayor significa-ción. En 1977 se planteó el reconocimiento de nuevas fuer-zas políticas como forma de dar acceso a genuinas represen-taciones políticas y sociales de nuestro país.

Esta reforma tuvo un carácter único y fue considerada como el punto de partida de la liberación de la arena electoral mexicana con un sello básicamente incluyente.2

El resultado más importante de la reforma de 1977 fue el pro-ceso de apertura de la competencia electoral. La introducción del sistema de representación proporcional dio incentivos a los partidos para participar en las elecciones, y estimuló con ello el aumento gradual de la competitividad electoral, espe-cialmente cuando este sistema se extendió al nivel municipal

en 1983. El registro condicionado tuvo el efecto de ampliar el espectro de partidos en las elecciones, permitiendo así la participación de organizaciones de derecha e izquierda que habían sido excluidos de la arena electoral.2

El 30 de diciembre de 1977 se promulgó la Ley Federal de Or-ganizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE). La re-forma electoral que promovía esta ley ofreció a los partidos de oposición nuevas oportunidades de participación. Introdujo por primera vez el concepto de representación proporcional al Poder Legislativo, al definir que por esa vía serían electos 100 diputados –en vez de los 41 “diputados de partido”– la cuarta parte de la Cámara, cuyo número ascendió también al pasar de 196 a 300 diputados de mayoría y que daría un to-tal de 400 asientos; aquellos diputados surgirían de cinco cir-cunscripciones plurinominales en las que se elegirían 20 esca-ños, en cada una, de acuerdo con el porcentaje de votación.3

Más adelante, la reforma electoral de 1986 incluyó cambios a seis artículos de la Constitución y una nueva ley electoral, el Código Federal Electoral (CFE). La reforma también abolió el registro condicionado de partidos, una medida destinada a moderar el surgimiento de partidos. Cabe hacer mención que estos cambios se dieron en el marco de una profunda crisis económica que sufrió nuestro país en la década de los años 80, y del enfrentamiento político entre los miembros del partido gobernante, que culminó con la disputa entre dos proyectos de nación distintos.

Un cambio positivo incluido en la reforma en comento fue el relativo a la composición de la Cámara de Diputados. El sistema combinó 300 curules de mayoría con los de repre-sentación proporcional, que aumentaron de 100 a 200, de manera que el número de diputados pasó de 400 a 500, ele-vando a su vez su importancia conceptual sobre el número total de diputados de la cámara (de 25% anteriormente, a 40% con las nuevas reformas).

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4 Ídem.

5 Ídem.

6 Efrén Arellano Trejo, La reforma electoral y el nuevo espacio público, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Documento de Trabajo núm. 51, agosto de 2008.

Esta reforma tuvo, sin embargo, dos ca-racterísticas importantes para el man-tenimiento del control parlamentario por parte del partido gobernante: por un lado, permitía la participación del partido mayoritario en la repartición de diputados de representación proporcio-nal y por el otro, incorporaba la llamada “cláusula de gobernabilidad”, que garan-tizaba la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados al partido que obtuviera una mayor votación nacional.4

Después del rompimiento de la Co-rriente Democrática del PRI y la po-larización de los proyectos políticos antagónicos que representaban los antiguos correligionarios, la campaña electoral de 1988 hizo evidente la ne-cesidad de más cambios y de mayor profundidad en materia electoral.

Más aún, la tensión social y política, habida cuenta de un proceso electoral confuso y sospechoso de fraudulento, motivó al gobierno de Carlos Salinas de Gortari a iniciar una reforma elec-toral, entre 1989 y 1990, que incluyó cambios constitucionales y la apro-

bación del Código Federal de Institu-ciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), la cual, inesperadamente, se convirtió en la primera de una serie de reformas electorales que alcanzaron su culminación en 1996, como vere-mos más adelante.

El cambio más importante introducido por la reforma electoral de 1990 fue, sin duda, la creación de una nueva entidad autónoma para organizar las elecciones federales: el Instituto Federal Electoral (IFE) que reemplazó a la Comisión Fede-ral Electoral, directamente dependiente del Secretario de Gobernación. El se-gundo cambio importante introducido por la reforma de 1990 fue la creación de un cuerpo permanente, dentro de la estructura del Instituto, responsable de todas las tareas técnicas y administrati-vas: la Junta General Ejecutiva.

En 1989 se había hecho una reforma a la ley electoral de tal manera que, además de asegurar la mayoría absoluta de los diputados para el partido más grande, se le otorgarían además dos diputados por cada punto porcentual en que la

votación para ese partido hubiese reba-sado el 35%. Es decir, si el partido ma-yoritario obtenía 40% de los votos, au-tomáticamente tendría 261 diputados, 52.2% de los asientos de la asamblea, lo que significó una sobrerrepresentación mayor a 12%.

Las consecutivas modificaciones o formas en las que evolucionó la “cláu-sula” continuaban con los mismos pro-blemas de representación que tenían las anteriores reformas y que pueden resumirse en la siguiente forma: no se había logrado establecer un sistema electoral que tradujera votos a curules en forma precisa y equitativa.5

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La creación del instituto electoral fue el inicio del proceso de ciudadanización, tanto del propio instituto como de los procesos electorales en su conjunto. La reforma electoral de 1993 continuó en el reconocimiento de las deman-das políticas de la sociedad. Uno de los cambios más importantes de dicha reforma fue la introducción de límites al control gubernamental sobre la es-tructura administrativa electoral del Instituto Federal Electoral.

La reforma de 1993 estableció tam-bién, por primera vez, límites en los gastos de campaña. Este cambio re-presentó un reconocimiento de las condiciones desiguales de la com-petencia que habían predominado por décadas y abrió la posibilidad de hacer campañas políticas en condicio-nes más justas.

Dos modificaciones adicionales hicie-ron de la reforma de 1993 una trans-formación importante de las reglas electorales. Por un lado, los cambios en el método para seleccionar a los funcionarios de casilla. Se introdujo un proceso aleatorio de selección a fin de garantizar la imparcialidad de los funcionarios electorales, la secrecía del voto durante la jornada y la con-fianza en el conteo y validación de los votos. Por otro lado, la introducción de observadores electorales nacionales.

La reforma electoral de 1996 es quizá, junto con la de 1977, una transforma-ción del orden jurídico y del marco legal electoral mexicano, ya que ter-minó con la participación y control gubernamental en el proceso de or-ganización de las elecciones federales que se había mantenido por varias décadas. El gobierno cedió el domi-nio sobre la administración electoral y aceptó no estar ni siquiera representa-do con voz en los órganos electorales.El cambio más importante derivado

de la reforma de 1996 fue, indudable-mente, la nueva composición del Con-sejo General del Instituto Federal Elec-toral. Como resultado de la reforma, el representante del Poder Ejecutivo fue excluido del Consejo, y los repre-sentantes del Poder Legislativo per-dieron su voto, aunque mantuvieron la prerrogativa de ser miembros del Consejo General con derecho a voz. Los representantes de los partidos políticos permanecieron como parte del Consejo pero sin derecho a voto, como se había aprobado desde 1994.

Finalmente, sólo los miembros no par-tidistas del Consejo General –los Con-sejeros Electorales– mantuvieron voz y voto dentro del mismo, incluso sus facultades se ampliaron y por primera vez se establecieron comisiones espe-ciales conducidas por dichos Conseje-ros, con el fin de evaluar el desempeño de los directivos responsables de la administración electoral. Además, de acuerdo con las nuevas reglas aproba-das en 1996, estos altos funcionarios miembros de la Junta General Ejecutiva tenían que ser propuestos y aprobados por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Consejo General, lo que representó un paso decisivo hacia la imparcialidad del personal responsa-ble de administrar las elecciones.

Los cambios en materia de financia-miento a los partidos, el acceso a me-dios de comunicación y los gastos de campaña representaron un avance im-portante respecto a leyes previas, que habían tendido a reproducir la posición hegemónica del partido gobernante. Sin embargo, durante la siguiente dé-cada vendrían todavía mayores cam-bios en esos mismos rubros.

En 1996 se introdujeron dos modifica-ciones que definitivamente acercaban la legislación electoral a la intenciona-lidad de ofrecer un marco jurídico más

justo en términos de representatividad. En primer lugar, se fijó un límite para la asignación de asientos en la cámara a la que puede acceder un solo partido ya sea por la vía de distritos de mayo-ría como por el sistema de representa-ción proporcional de hasta 300 lugares. En segundo lugar, se estableció que ningún partido podría contar con un número de diputados electos que sig-nifique una sobrerrepresentación de más de ocho por ciento respecto de los votos que obtuviera.

Más tarde, las elecciones del año 2000 habrían de producir un fenómeno nue-vo en la política mexicana: la alternan-cia en el poder. Cabe apuntar que este cambio fue posible, entre otras cosas, gracias a las reformas electorales que alentaron una mayor participación ciu-dadana, así como la confianza de los ciudadanos en los órganos encargados del proceso electoral.

El proceso electoral de 2006 mostró algunas de las debilidades del siste-ma electoral, provocando un conflicto social de tensiones desconocidas. Tal situación requirió de nuevas reformas, como la de 2007, que se incorporaron al largo listado de reformas político electorales. En las elecciones presiden-ciales de 2006 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) elaboró un dictamen para calificar di-chas elecciones. En él, validó la cancela-ción de promocionales de propaganda negativa debido a que el Código Fede-ral de Instituciones y Procedimientos Electorales establecía la “obligación para que la propaganda electoral evite cualquier ofensa, difamación o calum-nia, que denigre a los candidatos, parti-dos políticos, instituciones o terceros.”6

El principal tema, por tanto, de la refor-ma electoral de 2007, supuso la regu-lación de los medios en las campañas electorales. Vale la pena recordar que

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adquirir tiempos en cualquier modali-dad de radio y televisión.

Las innovaciones introducidas por las reformas constitucionales plantearon la necesidad de un Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electo-rales, cuyo aspecto más relevante es el mandato para que el IFE elaborara un reglamento y creara un Comité de Ra-dio y Televisión. Así, la tercera genera-ción de reformas electorales daba res-puesta a dos de los grandes problemas que enfrentaba la democracia mexica-na después de la elección presidencial de 2006: el dinero, y el uso y abuso de los medios de comunicación.

La reforma electoral aprobada en el Congreso por todas las fuerzas polí-ticas ahí representadas, suscitó una inmediata respuesta por parte de los principales afectados: los empresa-rios de los medios de comunicación. Sin embargo, en el ánimo de los le-gisladores federales y de los partidos políticos predominó la idea de evitar la posibilidad o el riesgo de que inte-reses ilegales o ilegítimos, a través del dinero, pudieran influir en la vida de los partidos y en el curso de las cam-pañas electorales.

En este recuento es importante men-cionar que en fecha reciente acaban de ser aprobadas por el Congreso de la Unión algunas reformas que, si bien no son en esencia de naturaleza electoral, sino que forman parte de la Reforma Política, de aprobarse por la mayoría de los congresos de las entidades fede-rativas, repercutirán directamente en el sistema actual de partidos políticos.El pasado 19 de abril el pleno de la Cá-mara de Diputados aprobó la minuta enviada por el Senado de la Repúbli-ca en materia de reforma política. Los cambios que se incluyeron son a)ini-ciativa presidencial preferente; b)can-didaturas independientes –sujetas a la

reforma a la legislación electoral respec-tiva ; c)iniciativa popular; d)designación del presidente sustituto; e)revisión de la cuenta pública; f )ratificación de comi-sionados de órganos reguladores del Es-tado; f )toma de protesta del presidente frente a eventualidades; h)cancelación de la cláusula de gobernabilidad de la ALDF; e, i)sustitución del presidente en caso de falta absoluta.

Entre las disposiciones constituciona-les que pese a haber sido aprobadas por el Senado no fueron avaladas por la Cámara de Diputados se encuentran las siguientes: a)reglas específicas so-bre consultas populares; b)reelección inmediata de Diputados y Senadores al Congreso de la Unión; c)reconduc-ción presupuestal como resultado de la formulación de observaciones por el Ejecutivo; c)vigencia automática de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos del año inmediato anterior en caso de no haberse aprobado la ley y el presupuesto correspondientes; d)restricciones a la afiliación corporati

7 Participación del diputado Eduardo de la Torre Jaramillo en el Tercer Foro Regional de Información y Comunicación en Mate-ria Electoral, celebrado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 18 de abril de 2008, cfr. en Plie-go Moreno, Iván H., El proceso de aprobación de la reforma político-electoral 2007, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Reporte CESOP, no. 20, marzo, 2009.

8 Pablo Javier Becerra Chávez, “La agenda pendiente de la reforma electoral federal”, UAM-Iztapalapa, www.bibliojuridica.org/libros/4/1797/14.pdf.

la iniciativa fue discutida y presentada por la Comisión Ejecutiva para la Ne-gociación y Construcción de Acuerdos (CENCA) del Congreso de la Unión, ór-gano plural encargado del proceso de Reforma del Estado.

El primer objetivo de la reforma fue disminuir en forma significativa el gasto en campañas electorales me-diante una nueva forma de cálculo del financiamiento público anual para actividades ordinarias de los partidos políticos e imponer límites mucho menores a las aportaciones privadas que pueden obtener los partidos, así como reducir las campañas presiden-ciales a 90 días y para el Congreso de la Unión a 45.

El segundo objetivo fue fortalecer las atribuciones del IFE y del TRIFE. Para este segundo organismo, la iniciativa propuso perfeccionar su facultad para decidir la no aplicación de leyes elec-torales contrarias a la Constitución Federal; y para ambos, la renovación escalonada de consejeros y magistra-dos electorales.

El tercero, impedir que actores ajenos al proceso electoral incidieran en las campañas electorales y sus resultados a través de los medios de comunica-ción; así como elevar a rango de nor-ma constitucional las regulaciones a que debe sujetarse la propaganda gu-bernamental, de todo tipo, tanto du-rante las campañas electorales como no electorales.

Otras de las modificaciones que se rea-lizaron son: el derecho de los partidos políticos nacionales al uso permanente de los medios de comunicación social; se otorgaron facultades al IFE para la administración del tiempo correspon-diente a los partidos y para sus propios fines en radio y televisión; se prohibió a los partidos políticos para contratar o

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va a partidos políticos; e)el tema de las candidaturas in-dependientes locales queda sujeto a la expedición de las reformas respectivas a nivel estatal.

b) Pendientes de la Reforma electoral y del sistema de partidos

Como se ha hecho evidente, las distintas reformas electora-les de los últimos treinta años han contribuido al fortaleci-miento del régimen democrático. Sin embargo, todavía hay varios asuntos pendientes, tanto en su adecuada implemen-tación –caso del control de gastos de campaña– como en la consideración misma de ser incluidas –caso de la reelección legislativa y de las candidaturas independientes–.

Existen todavía, además, temas sustantivos que enfrentar en el futuro cercano. En opinión de algunos actores: la inade-cuación de las viejas instituciones de un régimen autoritario, la subsistencia de una cultura política autoritaria que anhe-la el retorno del “hombre fuerte”; el alejamiento, tanto de actores políticos como de ciudadanos, de una cultura de la legalidad, así como la enorme influencia de los poderes fác-ticos y el profundo resentimiento social que algunos actores utilizan en su propio beneficio.7

En materia de fiscalización de los recursos destinados a los procesos electorales, incluidas desde luego las campañas y pre-campañas, parece ser una demanda social la necesidad de disminuir el dinero público que va a los partidos, aumen-tar la capacidad de fiscalización del IFE sobre el dinero no público que ingresa a los partidos, una fiscalización rigurosa de las precampañas, en las que suele gastarse mucho dine-ro, reducir la duración de las campañas electorales y regular los procedimientos necesarios cuando un partido pierde el registro, en lo referente a los bienes que adquirió con el fi-nanciamiento público y a la fiscalización de sus gastos en el proceso en que perdió el registro.

Por otra parte, parece necesario avanzar en la unificación de calendarios electorales y en la racionalización de gastos que realizan los institutos locales en tareas que ya realiza a nivel federal el IFE. Además, la compactación de calendarios elec-torales permitiría que los partidos destinaran más tiempo a su desempeño en los espacios de gobierno y representación parlamentaria que a la confrontación.

En cuanto a la reforma del Poder Legislativo una propues-ta que tiene muchos adherentes es la disminución de 100 diputados de representación proporcional, con lo cual la

Cámara de Diputados se reduciría a 400 legisladores, en la proporción tradicional: 60% mayoría (240 diputados) y 40% de representación proporcional (160 diputados).8

c) Comentarios finales

Desde hace poco más de 30 años, en México se han venido llevando a cabo modificaciones a la legislación electoral para adecuarla a las demandas de la sociedad. Esta serie de conti-nuas reformas, tuvo una primera culminación con la adecua-ción de 1996, que en cierto modo permitió una composición plural y diferente de la Cámara baja en las elecciones de 1997 y, posteriormente, con la confianza ciudadana depositada en el órgano electoral encargado de organizar las elecciones, la alternancia en el Poder Ejecutivo en el año 2000.

Sin embargo, como se comentó, el marco jurídico y la solidez de los órganos electorales se pusieron nuevamente en tela de juicio con el resultado de la elección de 2006, lo que trajo a la mesa de discusión nuevas reglas que permitieran dotar de mayores instrumentos al Instituto Federal Electoral (IFE) para sancionar a los partidos políticos por sus infracciones y para fiscalizar los recursos públicos que se les otorgan. Los dos pilares de la reforma del 2007 fueron, por un lado, la dis-minución de los recursos otorgados a los partidos y la dismi-nución de los tiempos de campaña; por otro lado, un nuevo modelo de comunicación de los partidos y de sus candidatos que les permite utilizar en mayor medida los tiempos oficia-les del Estado mexicano y que les prohíbe a ellos o a través de particulares, contratar tiempos en radio o televisión.

Este último punto generó una fuerte protesta por parte de comunicadores así como de un segmento de académicos y especialistas porque en su opinión atenta contra la libertad de expresión. La reforma, de avance para algunos y de retroceso para otros, tuvo una primera prueba de fuego con la elección intermedia de 2009, y tras ella, se volvieron a alzar voces de di-rigentes de partidos, legisladores, especialistas y académicos para convocar nuevamente a una serie de reformas.

Así, las adecuaciones que se vislumbran tienen al ciudadano como su foco de especial interés, y es que diferentes grupos organizados de electores con un nivel mayor de sofisticación reclaman la segunda vuelta, la reelección de legisladores y de ayuntamientos, disminuir el tamaño de las cámaras, dis-minución de recursos otorgados a los partidos políticos, el plebiscito y el referéndum, la modificación de la forma de elegir a los consejeros electorales, mayor transparencia y rendición de cuentas, entre otros.

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1 Przeworski, Adam, “Democracy and the Limits of Self-Govern-ment”, New York:Cambridge Uni-versity Press, 2010.

2 Rubio, Luis, “De la falsa mo-narquía al feudalismo imperfec-to”, Revista Nexos, México, D.F. Octubre, 2011.

3 Colomer, Josep M ed., “Personal Representation: The neglected di-mension of electoral systems”, Es-sex, UK, ECPR Press, 2011.

El proceso electoral federal 2012 abre un reto doble para el fortalecimiento de la Democracia mexicana: por un lado responder a las urgentes demandas ciudadanas y por otro lado evitar caer en las antiguas prácticas que nos han mantenido en el atraso. La Democracia en nuestro país no se limita a campañas llenas de compro-

misos y culpas, discursos repetidos y bullyng en redes sociales con un desenlace mediático el día de la jornada electoral y un llamado a una nueva reforma electoral. La Democracia en México a estas alturas se debe entender como un tema de acciones sustantivas de impacto directo a la economía, de educación y formación ciudadana.

Adam Przeworski ha definido la Democracia como la “institucionalización de la in-certidumbre”, pero hoy nuestro país parece adolecer de un exceso de “incertidumbre institu-cionalizada” que ha judicializado los procesos electorales y que muy probablemente llevará esta elección federal a definirse en los Tribunales ante un escenario de alta competitividad, ambigüedad en la Ley y el uso inédito de nuevas tecnologías de información1. De acuerdo con Luis Rubio, la pregunta importante es si México se encuentra en una fase incontenible

DOS CARAS DE LADEMOCRACIAMEXICANAMtro. Juan Pablo Morales GarcíaActualmente Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca

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de deterioro político o si estamos enfrentando procesos difí-ciles de ajuste que nos permitan consolidar una Democracia efectivamente representativa donde el ciudadano dé certe-za a los procesos de formación de Gobierno2.

Sin embargo, de acuerdo con Josep M. Colomer, los procesos electorales y la certeza de ellos son tan sólo el primer paso para la implementación de un régimen demo-crático; la Democracia en su amplia definición implica una parte “sustantiva” . Una noción sustantiva de democracia dis-tingue entre las reglas procesales y los resultados que se pro-ducen. Bajo este argumento, México no sólo puede ser un país democrático porque celebre elecciones abiertas, libres y transparentes sino que también tiene que ver con el bien-estar de sus ciudadanos, acceso a empleos, salarios dignos, educación de calidad, servicios de salud eficientes, respeto a los derechos humanos y a la naturaleza, entre muchos temas más que hoy se discuten en Alemania, Finlandia, Japón, Sue-cia y demás países considerados con alto índice de desarro-llo democrático y donde la ciudadanía es el principal capital para su funcionamiento.

Dentro de esta visión sustantiva y sustentable de la Democracia, la formación ciudadana para su fortalecimiento resulta imprescindible. ¿Podemos tener una democracia sin demócratas? ¿Se puede concebir una Democracia sin ciuda-danos conocedores de sus virtudes y defectos? Desde mi pun-to de vista no es posible, por ello el Estado debe desarrollar capacidades y competencias para el ejercicio de una ciudada-nía democrática para las nuevas generaciones, para las futu-ras y futuros ciudadanos, en un esfuerzo conjunto entre los Poderes del Estado, las Organizaciones Civiles y todo el Sector Educativo incluidos los Padres de Familia. ¿Aspiración román-tica de la Democracia? Si así lo fuera la Democracia Mexicana tendría que quedar como siempre en ello, en una aspiración.

Finalmente, la Democracia no sólo es la lucha por las elec-ciones. Este momento representa una oportunidad para la definición de la Democracia Mexicana en un escenario de reconfiguración del Estado mexicano, donde la pregunta es ¿qué tipo de Democracia queremos? Una exclusivamen-te basada en lo procedimental donde los partidos políticos sean quienes definan hasta el último espacio de gobierno en un oligopolio de autorepresentación de intereses o aposta-mos por una Democracia Sustantiva donde el ciudadano sea el factor primero y último en la toma de decisiones de go-bierno y donde la educación y formación ciudadana definan nuestro rumbo de país.

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En el primer trimestre de 2012, se registraron en Oaxa-ca 150 movilizaciones —marchas, plantones, toma de oficinas públicas, bloqueos a calles y carreteras— (Noticias, 4/abril/2012). Una cifra que parecería ha-

blar, por un lado, de una intensa dinámica de movilización social en defensa de los derechos ciudadanos pero que, por el otro, también señala la falta de canales institucionales para la expresión de las inconformidades y las demandas sociales, así como la debilidad de la representación política.

A poco más de un año del gobierno de la alternancia, ésta di-námica podría también arrojar una lectura equivocada: la inuti-lidad del sufragio que en 2010 derrotó a un régimen autoritario y apostó por un cambio democrático, ya que, dado que el cam-bio de partido en el poder no ha respondido a las expectativas, se reivindica a la movilización social como recurso de mayor efi-ciencia para demandar la atención gubernamental.

DE LA MOVILIZACIÓN AL SUFRAGIO:

LA RUTA DEMOCRÁTICAMtro. Víctor Leonel Juan MartínezConsejero Electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca

Sin embargo, habría que recordar que en 2006 miles de oaxaqueños se movilizaron en contra del régimen y se adueñaron del espacio público. Más allá de sus yerros y li-mitaciones, mostraban el rechazo a un régimen autoritario que personificaban en la figura del entonces gobernador Ulises Ruiz. Tras meses de ingobernabilidad, la respuesta fue policiaca antes que política. El contexto nacional y es-tatal impidió la caída del gobernante. Las amplias expec-tativas generadas por el nivel que alcanzó la movilización, terminó en frustración: la experiencia parecía probar que ni la movilización social ni los canales institucionales ser-vían para encauzar la demanda ciudadana.

En cambio, en 2010, la asistencia masiva a las urnas logró, pese a las condiciones adversas para la entonces oposición, la alter-nancia en el gobierno estatal. Con ello podría deducirse que las elecciones son la única vía para el cambio social y político.

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Movilización social o sufragio, es entonces la disyuntiva que se plantea a la ciudadanía. Que la gente se vuelque a las calles o acuda a las urnas, es un buen paso para la cons-trucción de un ciudadano crítico y responsable y un exce-lente principio para la construcción democrática, pero es parte del proceso, no su consolidación.

Por supuesto, en un país con un débil entramado institu-cional, una desfasada estructura jurídica y una clase polí-tica ajena a los problemas sociales, la movilización de la ciudadanía es imperativa.

Por otra parte, el voto, aunque es decisivo para la conso-lidación democrática, no basta por sí mismo para cambiar el estado de cosas.

En este espacio entre la movilización social y el ejercicio del sufragio, debe transitar la ciudadanía. Ello conlleva respon-sabilidades y riesgos. El primero es desestimar una vía para privilegiar sólo la otra. Y son complementarias antes que an-tagónicas. La ciudadanía debe buscar los canales adecuados para una vigilancia crítica del actuar gubernamental; una par-ticipación activa a través de canales institucionales, sin deses-timar la movilización social cuando lo requiera la defensa de sus derechos y para incidir en la toma de decisiones.

Y debe acudir a ejercer un voto informado y razonado cuando se presenten los comicios.

El problema es que en ocasiones se confunde el medio con el fin. El voto no sólo es un medio de elección; el sufragio permite a la sociedad acercarse y participar en las decisiones del gobierno. El voto es un arma fundamental en la lucha de-mocrática, puede ser instrumento de premio o castigo para la actuación de gobiernos, la capacidad y trayectoria de los políticos, los yerros de los gobernantes.

Sin embargo, siendo el ejercicio del voto el momento cum-bre de un proceso democrático, no nace ni se agota en él. Hay un sinnúmero de acciones de la ciudadanía que anteceden y trascienden al voto, pero éste constituye el elemento esencial para dar sentido a unas y a otras.

No participar en los procesos electorales, implica dejar la toma de decisiones sobre el devenir del país en manos de una clase política que si bien puede tener diferencias agudas entre sus distintos sectores, responde de manera casi unánime a los in-tentos de ponerles coto, de democratizar la vida pública, de hacer prevalecer los intereses de la sociedad antes que los que derivan de cotos partidistas o facciosos.

Finalmente, la ciudadanía se construye en el día a día. Con la toma de conciencia de la participación en la colectivi-dad; la asunción de responsabilidades en la construcción de una mejor calidad de vida, como parte de una socie-dad a la que pertenecemos.

Aún cuando existen espacios y organizaciones que trabajan diariamente por construir ciudadanía en la búsqueda del bienestar colectivo; una buena parte de la intensa moviliza-ción social se encamina más bien a la búsqueda de satisfacer problemas concretos, demandas particulares de pequeños grupos: vecinos, productores, organizaciones sociales, sin-dicatos, gremios. En algunos casos, incluso, obstaculizan y atentan contra los derechos de la colectividad, como en prácticas que lo mismo hace el magisterio, los concesiona-rios de taxis o los dueños de autobuses del servicio urbano.

Y ese es el principal reto de la ciudadanía. Cómo transitar del papel reactivo al activo. De la protesta a la propuesta. Del bloqueo de las calles a la responsabilidad cotidiana con la ciudad, los derechos propios y de los otros.

De la resolución a problemas particulares a la construcción de una agenda colectiva. De las consignas a la formulación de principios y valores. De las reacciones coyunturales a los procesos de largo aliento. De los discursos a la agenda y a la cultura política democrática.

En la medida en que asumamos estas responsabilidades, podemos vigilar, acotar y evaluar a nuestros gobiernos. Si se articulan el sufragio y los canales institucionales, con el elemento activo y transformador en que se constituyen los movimientos sociales, podremos participar, en lo individual y en lo colectivo, en el debate y la toma de decisiones sobre nuestro devenir y en la apropiación del espacio público.

Traducir esas miles de voces que constantemente se manifies-tan y movilizan en votos libres, informados, razonados, sería una aportación importante a la construcción democrática.

De ahí que es urgente y necesario, que la ciudadanía defienda los avances, apoye el proceso de transición en Oaxaca, luche por no ceder los espacios conquistados. Los procesos electorales, como el que vive México en este 2012, constituyen un reto y una oportunidad para ello. Es hora de la definición ciudadana: dejar las decisiones en manos de élites que en los últimos años se han visto desinteresados en atender los intereses de la sociedad; o participar activamente en la construcción de un país más justo, incluyente y democrático.

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¿SERVIRÁ PARA ALGOLA REFORMA ELECTORAL?

El 27 de septiembre de 2007 quedó ratificada la reforma constitucional en materia electoral. Para efectos de este artículo, no va a ser de interés elogiar o condenar los cambios realizados según los diversos argumentos que se han venido presentando. Más bien, aquí se plantea hasta qué punto esto representa una solución o un avance, así como si los cambios que impulsó tienen la posibilidad de mantener su continuidad más allá de 2009 y 2012. Para cada tema seleccionado se hará una descripción, seguida de un análisis sobre el problema a enfrentar y los efectos que podría traer.

Mtro. Fernando Dworak CamargoConsultor y coordinador académico del Diplomado en Planeación y Operación Legislativa del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)

I. Financiamiento de los partidos

En este rubro se estableció una nueva fórmula para el financiamiento públi-co anual de los partidos. Según ésta, cada ciudadano inscrito en el padrón aportará, anualmente, 35 pesos con 40 centavos. Por otra parte, en cada año electoral donde se renueven los pode-res Ejecutivo y Legislativo se otorgará el 50% de esta cantidad; y en aquellos donde sólo se elija la Cámara de Diputa-dos, la reducción sería del 70%. Además, se establecen mayores límites al finan-ciamiento privado. Esto se reflejaría en una reducción de más del 85% del mon-to absoluto que cada partido podría re-cibir anualmente por estos conceptos.

¿Cuál es el problema? Como ocurre con el resto de los temas de la reforma del Estado, en lo electoral se tienen dema-siados “como”, pero no los suficientes “por qué”. Gracias a ello, a menudo se pretende combatir los síntomas antes que las causas de los problemas. Por lo

tanto, cualquier reforma que se haga bajo esta dinámica sólo podrá ser un remiendo mas nunca una solución. Y el tema del financiamiento de los partidos no es una excepción: en lugar de inten-tar rebasar los costos por decreto, cabría preguntarse por qué se gasta tanto.

Me gustaría ilustrar el problema a tra-vés de un principio de mercadotecnia: cuando se lanza un producto al merca-do, las campañas introductorias son al-tamente costosas y requieren, además de grandes erogaciones en medios, un despliegue de todos los recursos dis-ponibles, ya sean económicos o de co-municación. Una vez que se ha ganado posicionamiento, las campañas subse-cuentes tienden a ser más baratas, se basan en la identificación que ha naci-do entre los consumidores y se recurre a frases como “dos por uno”, “fórmula mejorada” o “25% adicional”.

Lo anterior también se aplica para el comportamiento de los legisladores y

autoridades municipales en una demo-cracia sólida. Al menos, las dinámicas son similares. Si, digamos, un diputado novato desea continuar con su carrera, va a tener que posicionarse ante el elec-torado para ser reelecto. De esa forma, presentará iniciativas e ingresará a las comisiones que correspondan a los in-tereses de su distrito, además de invo-lucrarse en la gestoría. Con ello puede presentarse a los siguientes comicios con cuentas confiables que rendir. Y esto no es muy distinto para el caso de las autoridades municipales, con la dife-rencia de que sus actividades son más visibles para el ciudadano medio.

Si se sigue este argumento, es posible apreciar la verdadera magnitud del pro-blema: los candidatos mexicanos requie-ren tantos recursos –los cuales se gastan en su mayor parte en los medios– porque así lo exigen los arreglos institucionales: se tienen que sostener, cada tres años, cientos de campañas introductorias para los diversos cargos de elección popular.

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Y este problema no va a tener solución si no se piensa en la reelección de los legisladores y autoridades municipales como el elemento que, gracias al posicionamiento de éstos y sus contendientes a través de un trabajo evaluable, aba-raten los costos.

Por lo tanto, y al contrario de lo que se nos quiere hacer creer, las campañas en México no son tan caras porque nos este-mos “norteamericanizando”. En realidad, nuestro vecino del norte tiene características únicas que hacen sus campañas costosas. Principalmente, hay elecciones cada dos años, lo cual hace que el legislador tenga que estar constantemente en campaña si desea mantenerse en su asiento. No menos importante es el hecho de que las fuentes de financiamiento sean primordialmente privadas. Como nuestro país no com-parte estas variables, no hay elementos para hacer una com-paración que resista a un análisis serio.

¿Qué tan buena solución representa la reforma? Por lo pronto, la fórmula de financiamiento público anual sólo ofrece un ahorro de 200 millones de pesos: en el marco del presupues-to de un Estado, es muy poco. Y todavía falta por dejar en claro si el ahorro en años electorales es, al menos, propor-cional al que se dejaría de gastar en medios o a la reducción

e la duración de las campañas. Probablemente se requiera pensar en precondiciones para realmente abaratar los cos-tos, como la reelección legislativa y de las autoridades muni-cipales, en lugar de pretender hacerlo por decreto.

II. Duración de campañas

Se acorta la duración de las campañas presidenciales a casi la mitad de días: de 186 a 90. El mismo plazo máximo se tendrá para el caso de las cámaras del Congreso en ese año. Para las elecciones intermedias, las campañas tendrán una duración de 45 días.

¿Cuál es el problema? Si se sigue el argumento de que las campañas en México, al tener que posicionar siempre ros-tros nuevos, requieren enormes recursos, también se puede explicar que necesiten más días que en el resto del mundo.

¿Qué tan buena solución representa la reforma? Aunque será positivo tener menos días para las campañas, esto no signi-fica necesariamente que disminuyan los costos. Es más: los diversos candidatos enfrentarían una mayor presión por po-sicionarse en menos tiempo. Y eso podría implicar, irónica-mente, que recurran todavía más a los medios electrónicos.

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III. Instituto Federal Electoral

¿Por qué tenemos un órgano electoral demasiado grande y complejo, si lo comparamos con los que tienen otras naciones? La respuesta oficial es: antes de 1996, los partidos que en aquel momento se encontraban en la oposición dotaron al Instituto Federal Electoral (IFE) de autonomía, con el fin de que los comicios arrojasen resultados confiables y de manera transparente. Es decir, el organismo en cuestión es enorme pues los partidos desconfiaban unos de otros.

Hoy día, cuando la pluralidad política es un hecho, sigue imperando esa desconfianza. Y una vez más, el recurso vuelve a ser reestructurar al IFE. Sin embargo, nadie se pregunta cuáles son los orígenes, razones o carácter de tan escasa confianza. Como máxima, alguien contestó que era a ellos mismos y que eso no lo podría resolver reforma alguna.

Y a esto, ¿por qué en las demás democracias rara vez son las instituciones electorales un motivo de conflicto? ¿Será porque los partidos de otros países sí confían en sí mismos?Entonces, ¿se podría hablar de que existe una naturaleza “mexicana”, complementaria o quizás paralela a la que conocemos simplemente como “humana”? En realidad, una explicación coherente no tiene por qué recurrir a la metafísica o a la psicología.

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En otros países las autoridades electorales son más estables pues los diversos candidatos, al competir por el mismo pues-to en numerosas ocasiones, ya conocen a los árbitros y confían en ellos. Por el contrario, en México los principales actores en las elecciones son los partidos, pues éstos tienen el control sobre quiénes acceden a los cargos de elección popular. Y por si fuera poco, tanto dirigencias como candidatos tienden a involucrarse sólo en un proceso electoral.

Si tenemos en cuenta que un arreglo institucional es fuerte cuando los mismos actores tienen la capacidad de darle segui-miento a lo largo del tiempo, respetando cuanto acordaron, se aprecia mejor la magnitud del problema en México: cada nuevo grupo de líderes partidistas y de legisladores tiene la necesidad de adaptar las instituciones a sus requerimientos particulares, y no tienen por qué respetar los pactos alcanzados por sus antecesores.

De esa forma, se entienden mejor las motivaciones de los legisladores para renovar al IFE de la manera en que lo hicieron. En otras palabras, los partidos no desconfían entre sí por razones existenciales, sino porque, al contrario de cómo sucede en una democracia funcional, no pueden negociar en un largo plazo. Dicho esto, pasemos al análisis.

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A. Renovación escalonada del Consejo General

La reforma establece la renovación escalonada de los con-sejeros electorales. La nueva duración del mandato de los consejeros será de nueve años.

¿Cuál es el problema? Los legisladores argumentan que reno-varon al Consejo General porque tuvo lugar una nueva refor-ma electoral. No obstante, se trata de una excusa: al no haber acordado ellos la instalación del actual, no tenían por qué sostener su permanencia. Y si a eso se le agrega el hecho de que su remoción era bien vista por algunos liderazgos parti-distas, fue más fácil.

Como muchos han señalado, coincido en que la renovación del Consejo General fue una violación a la autonomía del IFE. Sin embargo, si no se detectan los aspectos de nuestros arre-glos institucionales que propiciaron esto, se corre el riesgo de que el problema se vuelva a repetir. Y dicho sea de paso,

las presiones de los intelectuales, líderes de opinión y aca-démicos al respecto estaban destinados a fracasar: no hay forma de presionar o influir en los legisladores si no se tiene la capacidad de reelegirlos o no.

¿Qué tan buena solución representa la reforma? Sabiendo que estos cambios no tienen su continuidad garantizada al no haber legisladores profesionales, se debe reconocer que el arreglo pactado podría ser más estable: cada legislatura nombrará dos consejeros, liberándose tensiones que pue-dan surgir después de cada proceso electoral. También el nombramiento o ratificación del consejero presidente cada inicio de sexenio obedecería a ese razonamiento.

No obstante, persiste el riesgo de que una nueva crisis elec-toral pueda tirar estos arreglos en el futuro. Y bajo ese es-cenario las excusas, ya sean basadas en hechos reales o tan sólo sean suposiciones, saldrán sobrando –tal y como nos tocó ver en los días pasados.

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B. Atribuciones del Instituto Federal Electoral

De acuerdo con las reformas, las auto-ridades electorales podrían intervenir en los asuntos internos de los partidos en los términos que señalan la Cons-titución y la ley. Sin embargo, todavía están por verse los alcances reales de esta disposición, pues quedarían plas-madas en el COFIPE.

Se crea una Contraloría Interna, dota-da de autonomía técnica y de gestión, para la fiscalización y vigilancia de los ingresos y egresos del IFE. El titular será designado por el voto de las dos terceras partes de los miembros pre-sentes en la Cámara de Diputados.

También se establece un órgano técni-co para la fiscalización de las finanzas de los partidos nacionales. Sería de-signado por las dos terceras partes del Consejo General del IFE. Para el cum-plimiento de sus objetivos no estará limitado por los secretos bancario, fi-duciario y fiscal.

¿Cuál es el problema? Los partidos di-fícilmente van a rendir cuentas con estos arreglos institucionales, y no precisamente por falta de voluntad política o porque el IFE tenga o no los recursos para vigilarlos. Más bien, tie-nen incentivos para ser y mantenerse opacos porque no son responsables.

¿Cómo habrían de serlo, si el ciudada-no no tiene elementos de control sobre ellos, al no haber reelección inmediata? Por lo tanto, es probable que cualquier mecanismo que diseñen sin esta pre-condición no sea más que una farsa.

¿Qué tan buena solución representa la reforma? Tal y como han venido di-ciendo algunos especialistas, la crea-ción de la Contraloría Interna nombra-da por la Cámara de Diputados puede

convertirse en “una pistola que ame-nace de manera constante y latente las decisiones del IFE” como decía Luis Carlos Ugalde, ya que será un instru-mento de presión a la actuación inde-pendiente de los consejeros.

Los órganos autónomos se crearon para sacar el manejo de algunos te-mas del ámbito de las decisiones po-líticas. Por ello, el nombramiento de un contralor por un poder político va a restarle necesariamente autonomía al IFE en decisiones como, digamos, fiscalizar las finanzas de los partidos políticos. ¿Cómo se animarían a ello, si tienen a la Contraloría Interna como una espada de Damocles?

IV. Los medios y las campañas

En la exposición de motivos de la ini-ciativa de reforma electoral se lee: “La tercera generación de reformas elec-torales debe dar respuesta a los dos grandes problemas que enfrenta la democracia mexicana: el dinero; y el uso y abuso de los medios de comu-nicación”. Para ver hasta qué punto se cumplen estos objetivos, se tratará primero el uso de tiempos oficiales para los spot de campaña y después la eliminación de las llamadas “campa-ñas negativas”.

A. Tiempos oficiales

La reforma establece que el Estado deberá destinar, tanto durante los procesos electorales federales como los estatales y en el Distrito Federal, el tiempo que dispone en radio y tele-visión para que los partidos difundan sus mensajes durante las campañas.

Sin embargo se lee también que, cuando a juicio del IFE el tiempo total en radio y televisión asignado fuese insuficiente para sus propios fines o los de las otras autoridades electora-

les, determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante, conforme a las facultades que le ley le confiera.

¿Cuál es el problema? Retomemos el argumento, expuesto al inicio de este artículo, de que una campaña intro-ductoria requiere enormes recursos, tanto económicos como mediáticos. Y para que se logre el posicionamiento de manera eficaz, es indispensable una exposición masiva en los medios elec-trónicos. Por lo tanto, el uso extensivo de tiempos en radio y televisión no es sino una necesidad

Hay quienes argumentan que se pue-de eliminar el uso de spots televisivos en campaña porque otros países lo han logrado, sin preguntarse sobre las con-diciones específicas que permitieron tomar esa decisión. Para ilustrar este problema se citará una entrevista he-cha a la viceministra británica de Asun-tos Exteriores, Meg Munn, publicada en el diario Reforma.

Se menciona que la legislación britá-nica prohíbe la contratación de spots políticos en medios electrónicos, pro-piciando así un acercamiento de los partidos con el electorado. En contra-parte las organizaciones mediáticas tienen que brindar, de manera equita-tiva y gratuita, tiempos de transmisión a todos los partidos. Ahora, veamos las características del Reino Unido y sus di-ferencias con México.

En primer lugar los británicos son go-bernados por un régimen parlamenta-rio, con un bipartidismo fuerte que se rota el poder entre sí. Es decir, el electo-rado de ese país tiene claro que en las siguiente elecciones, que pueden tener lugar en un periodo de entre tres a cin-co años, competirían por el gobierno el actual primer ministro –quien además es el líder del grupo parlamentario en la Cámara de los Comunes y dirigente

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del partido gobernante– contra el líder del grupo parlamen-tario opuesto, quien también preside a su respectivo institu-to político. De esa forma, no es tan necesario gastar en me-dios para posicionar a candidato alguno: simplemente, se establecen algunos espacios en ley para las transmisiones.

Por otra parte, en México se observa una carrera sexenal entre los diversos precandidatos de los partidos, quienes buscan recurrir lo más posible a los medios electrónicos para posicionarse. Y muchos de ellos suelen llegar a la recta final, en el quinto año de gobierno, con un perfil muy bajo ante la ciudadanía. En consecuencia, la necesidad por invertir en medios es mucho mayor.

En segundo lugar, los miembros de la Cámara de los Comu-nes británica tienen un trabajo de base firme. Aunque este sistema hace que los partidos tengan mayor identificación ante el electorado, gracias a que quienes tienen mayor ex-posición son los competidores para ser primer ministro, el trabajo individual ayuda en algunos distritos a mejorar la vo-tación para uno u otro partido. Con estas características, el legislador no necesita tanto gasto en medios –a menos, claro que sean transmisiones locales.

El contraste con México no puede ser mayor. Como se ha ve-nido argumentando una campaña introductoria, para candi-datos que no van a volver a competir por el mismo puesto, siempre va a ser mucho más onerosa.

Por último, el sistema de medios en el Reino Unido, la British Broadcasting Corporation (BBC, por sus siglas), es una enti-dad pública. Al rotarse dos partidos en el gobierno y cono-cerse los actores, no se necesita instituto electoral autóno-mo alguno para definir tiempos o asuntos similares.

¿Qué tan buena solución representa la reforma? La reforma adoptada, al usar los tiempos oficiales para las transmisiones de los partidos en campaña, simple y llanamente significó la transferencia de costos de los spot: en ningún momento significó su reducción. Por lo tanto, permanece el problema de la sobresaturación mediática en tiempos de campaña. In-cluso, según algunos analistas, los partidos dispondrían de todavía mayor tiempo de exposición que antes.

Sin pretender hacer una apología de los medios de comu-nicación durante el proceso de aprobación de esta reforma, queda claro que bajo esta interpretación el problema de fon-do es otro. Lamentablemente nadie, salvo algunos comen-taristas y de manera superficial, se preocupó por señalarlo.

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B. Campañas negras

Se eleva a rango constitucional la prohi-bición a terceros de contratar o difundir mensajes en radio o televisión mediante los que se pretenda influir en las prefe-rencias de los electores, o beneficiar o perjudicar a cualquier partido o candi-dato a cargo de elección popular.

Además, la propaganda política o elec-toral que difundan los partidos deberá abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios parti-dos, o que calumnien a las personas.

¿Cuál es el problema? Aunque son po-lémicas, las así llamadas “campañas negras” son un recurso habitual en una democracia. A través de ellas, el electorado adquiere información so-bre sus candidatos que no requeriría a través de los spot.

¿Y por qué en otros países no se rasgan las vestiduras como los políticos mexi-canos? Porque, salvo se trate de un escándalo mayúsculo, este tipo de pro-paganda sólo afecta marginalmente la tendencia de votación. ¿La razón? Las estructuras partidistas son sólidas y el electorado tiende a sentir identifica-ción por uno u otro instituto político o candidato gracias a su desempeño.

Al contrario, en México se tienen es-tructuras partidistas débiles y con poco arraigo, pues no hay interés en hacer verdadero trabajo de base por la no reelección. De esa forma, los partidos son rehenes de líderes carismáticos –y ellos sí se ven afectados enormemen-te cuando aparecen las “campañas ne-gras”. Sólo de esa forma se pueden en-tender los gritos en el cielo de AMLO.

¿Qué tan buena solución representa la reforma? Como se puede observar, los cambios realizados ignoran de qué se trata la competencia electoral. Ahora

bien, ¿significará esto que tendremos mejores campañas, basadas en mensa-jes políticos claramente definidos?

Lamentablemente no: mientras no haya responsabilidad de los represen-tantes ante los representados al volver a competir por un mismo puesto en la siguiente elección, las campañas se van a basar en promesas. De esa forma, re-fleja inocencia pensar que los partidos van a dejar de recurrir a la mercadotec-nia como lo han venido haciendo, tan sólo porque ya no compran los spots. Y con la prohibición a la propaganda “negra”, lo que veremos en la tele va a ser completamente deslactosado en cuanto a sus contenidos.

Sobre la prohibición de que particu-lares puedan comprar espacios en los medios durante las campañas, se ha sugerido en diversos espacios sobre la conveniencia de que la iniciativa priva-da aprenda a invertir en política, apren-diendo de qué se trata. Esperemos que, tras este golpe, tomen esto en cuenta.

V. Homologación de calendarios electorales

Según la reforma, las elecciones locales tendrán lugar el primer domingo de ju-lio del año que corresponda. Sin embar-go, los estados cuyas jornadas electora-les se celebren en el año de los comicios federales y no coincidan con la fecha de la jornada electoral, no estarán obliga-dos por esta última disposición.

¿Cuál es el problema? Tal y como se ha venido diciendo en el debate acadé-mico, el hecho de que varios procesos electorales tengan lugar en un año determinado hace que se acorten los tiempos para la negociación política a nivel federal. Es decir: si tienen lugar –digamos– cuatro o cinco fechas de votación a lo largo de un año, sus resul-tados van a ser una y otra vez objeto de

chantaje para algún partido represen-tado en el Congreso de la Unión, blo-queando los acuerdos.

¿Qué tan buena solución representa la reforma? Si bien se homologan los calendarios electorales al primer do-mingo de julio en años que no tengan elecciones federales, preocupa el he-cho de que los estados cuyas jornadas electorales se celebren en el año de los comicios federales y no coincidan con la fecha de la jornada electoral, no es-tén obligados a cambiar su fecha.

Pensemos mal: ¿no sería un incentivo para que los partidos locales o los go-bernadores puedan cambiar su fecha de comicios locales antes de la prime-ra semana de julio? Eso podría tener como efecto el que los resultados de esas elecciones puedan presentarse como un adelanto de lo que sucedería en los comicios federales.

VI. Nuevos partidos y candidaturas independientes

La reforma establece que corresponde únicamente a los partidos el derecho de solicitar el registro de candidatos a pues-tos de elección popular. Por otra parte, y como organizaciones de ciudadanos, sólo éstos podrán formar partidos polí-ticos y afiliarse libre e individualmente a ellos. En consecuencia, queda prohibida la intervención de organizaciones gre-miales, o con objeto social diferente en su creación, así como cualquier forma de afiliación corporativa.

¿Cuál es el problema? ¿Qué significan realmente las candidaturas indepen-dientes? Que puede competir una per-sona sin el respaldo de un partido. ¿Es importante este tema en una democra-cia consolidada? Realmente no: al no tener un instituto político detrás, por lo general estas personas realizan cam-pañas meramente testimoniales.

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Sin embargo, los candidatos independientes tienen la capaci-dad de ganar algún espacio cuando existe entre el electorado un hartazgo frente a los partidos. Y es en ese escenario cuando aparecen las Cicciolinas, los Fujimori, los Chávez o los Correa.

¿Por qué en México parece ser importante este debate? Por-que la imagen de los partidos existentes se encuentra muy desgastada, y se piensa que la existencia de un candidato “ciudadano” o un nuevo partido con –digamos– un discurso “fresco” o con “caras nuevas” mejoraría las cosas en el país.

Sin embargo, el problema es otro: si los partidos respon-dieran a la ciudadanía a través de la reelección inmediata de legisladores y autoridades municipales, se comportarían

de una forma distinta. De esa forma, tanto la expectativa de candidatos independientes, como la creación cada tres años de un nuevo partido, han ayudado a liberar presiones ante el desencanto hacia los institutos políticos existentes.

¿Qué tan buena solución representa la reforma? Si va a ser más difícil que aparezcan nuevos partidos, y éstos eran una válvula de seguridad, esto podría hacer que crezca el es desencanto hacia el sistema político en su conjunto. Obviamente, se be-neficiarían más aquellos candidatos que enarbolen un discur-so contra la “corrupta partidocracia”. Y como curiosidad, sería interesante ver si el PRI comienza e emprender una reforma interna por aquello de que se elimina toda afiliación corpora-tiva, empezando por sus sectores campesino y obrero.

¿Qué podría pasar con la presente reforma?

Una transformación institucional que no se pregunta por las causas que la motivaron no sólo va a resultar ineficaz a largo plazo, sino también podría llegar a generar problemas aún más graves. Y en este caso la reforma electoral ofrece algunas soluciones, claro, pero en algunos puntos importantes sólo representa parches y remiendos.

Se ha vuelto común culpar al Congreso y a lo que se viene llamando “partidocracia” sobre estas reformas. Sin embargo, casi nadie se pregunta por qué nuestros legisladores actúan de esa forma, pensando que es porque así son las personas en lo individual. Más bien, hay que darnos cuenta que, aun cuando entren nuevos rostros, se van a comportar de manera muy similar porque no son responsables. Dicho de otra forma: es hora ya de pensar en la reelección de los legisladores como la precondición para responsabilizarlos.

Sólo hay una forma en que esta reforma vaya a pros-perar: que los diversos ac-tores sociales generen una presión para ello. Espere-mos que estén a la altura, porque de lo contrario ten-dremos una pifia más.

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1 Dr. Jorge Alberto González Galván. La Corte y los Indígenas. Boletín Mexicano de Derecho Comparado. Nueva Serie, Año XXXVI. Num.107, 2003. Pág. 726. 2 Gustavo Zagrebelsky, El dere-cho dúctil, España, Ed. Trotta, 2008, p. 3

3 En este caso no cabría la parti-cipación política de las mujeres en condiciones de “igualdad” frente a los hombres, debido a que violentaría, en muchos casos, las normas políticas consuetudinarias que caracterizan a los pueblos y comunidades. Mejor sería, en su lugar: “garantizar la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones”, acen-tuando el concepto de “equidad” en lugar de “igualdad”, así como está establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su art. 2, par. A, fracc. III.

A partir de la reforma constitucional de 2001 con el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas para autogobernarse según sus costum-bres, tradiciones, necesidades y prioridades, controlando sus asuntos internos y aplicando su propia normatividad, es obvio que podrían y tendrían que surgir ca-

sos de conflicto entre dicha protección constitucional y otras normas del mismo rango.

En estos casos, se tiene que decidir por jerarquizar algún derecho por encima de otro, los dos siendo, sin embargo, del mismo nivel y de la más alta categoría.

Nos estamos refiriendo al conflicto entre la protección de dos bienes jurídicos tutelados en el orden constitucional, la libre determinación del individuo y la protección de la comunidad en el sentido de preservar la pluralidad étnica y cultural del Estado mexicano.

Con referencia a lo anteriormente expresado, resulta en principio contraproducente argu-mentar que es imposible que exista un conflicto entre normas del mismo rango, en particular entre normas constitucionales. En el caso de la protección de los derechos de las comuni-dades indígenas sí existe un conflicto potencial, no se puede negar, al contrario tiene que reconocerse, de otra forma, se establecería a priori una jerarquía de normas que impediría el análisis de cada caso en concreto y decidir al respecto. Citando al jurista italiano Zagrebelski:

“La asunción del pluralismo en una Constitución democrática es simplemente una propuesta de soluciones y coexistencias posibles, es decir, un ’compromiso de las posibilidades’ y no un proyecto rígidamente ordenador que pueda asumirse como un a priori de la política con fuerza propia de arriba hacia abajo. Sólo así podremos tener constituciones ’abiertas’, constituciones que permitan, dentro de los límites constitucionales, tanto la espontaneidad de la vida social como la competi-ción para asumir la dirección política, condiciones ambas para la supervivencia de una sociedad pluralista y democrática”. 2

Por ello, resulta indispensable no sólo dejar de negar la existencia de dichos conflictos o contradicciones, sino de aceptarlos como parte del carácter actual de la Carta Magna. Di-cho carácter es precisamente lo que permite la convivencia entre poblaciones diferentes con normatividades diversas que conforman lo que representa la realidad mexicana: una nación compuesta por una pluralidad de grupos étnicos que conlleva además la pluralidad jurídica y la diversidad de sistemas de derecho y derechos.

PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE

DERECHO ELECTORAL INDÍGENA

“Que la libre determinación es a los pueblos indígenas lo que la libertad es a los individuos: su razón de ser y estar sobre la Tierra”1

Dr. Roberto Ehrman* * Presidente de Dynamis Consultores, firma especializada en cabildeo, cabildeo presupuestal, y análisis y elaboración de políticas públicas. Es miembro de la Asociación Mexicana de Cabildeo (PROCAB). Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Venecia (Italia), Coordinador y profesor del Diplomado en Cabildeo en la Universidad Iberoamericana, Coordinador del Diplomado en Evaluación de Impacto de Políticas Públicas y docente de Análisis Político en Universidad Anáhuac del Norte.

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Con base en lo anterior señalamos en nuestra contribución, algunas sugerencias prácticas con el objeto de mejorar la prevención y gestión del conflicto electoral.

En principio, hay que subrayar que el territorio constituye el elemento fundamental para el ejercicio de los derechos políticos de los pueblos y comunidades indígenas. Por ello, se vuelve indispensable, por parte del Estado en conjunto y en acuerdo con las autoridades indígenas, hacer claridad y definir con precisión el contexto territorial y distrital en el cual se ejerce la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas.

Para ello, se vuelve indispensable llevar a cabo una compi-lación de los sistemas normativos internos de cada pueblo y comunidad y verificar su existencia práctica, debido a que, con el proceso de modernización y urbanización, hay mu-chas comunidades que ya han dejado de existir como tal, integrándose en un contexto de valores sociales y políticos que ya son modernos.

El proceso deberá ser llevado a cabo por parte de las autori-dades electorales del estado en conjunto con las autoridades indígenas, de manera respetuosa, y tomando mucho cuida-do de las diferencias de orden cultural y de los muchos per-juicios y difidencias alimentadas por años de explotación y abusos.

De hecho las poblaciones indígenas, han servido tradicional-mente como carne de cañón para las batallas electorales, y como moneda de cambio para recibir, por parte de quienes

nada tienen que ver con ellos, lucrosos ingresos de los pro-gramas sociales, federales y estatales.

En segundo lugar, respecto a los procedimientos de impug-nación en caso de controversias electorales en las comunida-des indígenas, y en virtud de que se trata, y tiene que tratarse, de estudios de casos, desde un inicio resulta indispensable por parte de la autoridad electoral estatal, tener un entendi-miento lo más real y preciso posible de los hechos, desde el punto de vista de alguien que conozca la situación, la cultura y el idioma de dicha comunidad. Los peritajes culturales, lin-güísticos o antropológicos son una herramienta importante en que puedan sostenerse los(as) juzgadores(as) que tengan frente sí dichos casos.

Debido a que desde el inicio de la aplicación de los medios de impugnación, con el recurso de revisión, el Consejo General del Instituto Electoral es la autoridad responsable de decidir al respecto, resulta indispensable integrar en el Consejo uno o más representantes del pueblo o comunidad, con voz pero sin voto, para evitar un posible conflicto de intereses. Mismos que tendrán que ser electos por las mismas comunidades y pueblos sin pasar por “filtros” político-partidistas.

Asimismo, y debido a que los pueblos y comunidades indíge-nas del estado de Oaxaca son sujeto de derecho público con personalidad jurídica propia, se vuelve fundamental agotar previamente todas las instancias y procedimientos contem-plados por los sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades para, en última instancia, atraer el caso por parte del Tribunal Electoral de Estado, el cual tendrá la res

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ponsabilidad de buscar la conciliación entre las agencias y núcleos que conforman las muni-cipalidades.

De no ser posible, tendrán caso por caso que elegir entre los bienes jurídicos tutelados, to-mando particular cuidado de no atentar contra la preservación de los derechos colectivos de la comunidad y de su identidad cultural .3

Con base en lo anterior, se sugiere crear una Sala especializada en solución de controversias en materia de derechos electorales indígenas en el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.

Los Jueces deberán analizar la legitimación activa de manera flexible por las particularidades que revisten esos grupos o comunidades, y las posibilidades jurídicas o fácticas que tengan sus integrantes para allegarse de los elementos necesarios para acreditarla, debiendo evitar en lo posible, exigir requisitos o medidas que son propias del sistema ordinario de acceso a la jurisdicción electoral, que puedan impedir la impartición de justicia y el ejercicio de algún derecho o su reconocimiento a favor de los mencionados grupos o comunidades.

Finalmente, el Tribunal Electoral, como los demás órganos jurisdiccionales, tiene la obligación de recibir demandas en lenguas indígenas. Sería muy importante difundir entre los pueblos y comunidades indígenas del estado que el Tribunal apoya dicha disposición. Así también, es sumamente importante difundir las sentencias del Tribunal que afecten a los pueblos indíge-nas, en su idioma, no sólo de forma escrita sino oral, para asegurar su mayor conocimiento entre la población.

No se puede reconocer la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, sin el esfuerzo de conocer y entender sus principios de naturaleza política y social, para ello es indispensable crear instituciones comunes, que favorezcan una efectiva comunicación entre culturas que se saben diferentes pero que quieren coexistir sin la prevaricación, la violencia y el asistencialismo hipócrita e ignorante que caracterizó las gestiones gubernamentales an-teriores.

3 En este caso no cabría la parti-cipación política de las mujeres en condiciones de “igualdad” frente a los hombres, debido a que violentaría, en muchos casos, las normas políticas consuetudinarias que caracterizan a los pueblos y comunidades. Mejor sería, en su lugar: “garantizar la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones”, acen-tuando el concepto de “equidad” en lugar de “igualdad”, así como está establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su art. 2, par. A, fracc. III.

Derechos de los

OaxacaNiños y Niñas

http://www.ciedd.oaxaca.gob.mx

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DEMOCRACIA Y REALIDAD SOCIAL: ¿CONCEPTOS ENCONTRADOS?Mtro. Iván Escoto Mora**Profesor de la Carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

1 En discurso pronunciado por Pablo González Casanova en la Segunda Conferencia Interna-cional “Juárez, Bolivar, Lincoln, Martí”, celebrada en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

2 HABERMAS, Jürgen, “Teoría de la acción comunicativa”, Ed. Taurus, España, 2002.

No es posible tratar el tema de los procesos electorales y el fortalecimiento de la de-mocracia en México, sin antes analizar el concepto de “democracia” y preguntarnos cómo se entiende en nuestro país.

Desentrañar el contenido del término resulta complejo. En estas líneas sólo se apuntan algu-nas interrogantes que quizá permitan a otros repensar sus alcances.

En México, el máximo ordenamiento jurídico es la Constitución; en ella se plasma un ideario de principios orientadores de la estructura del Estado. Éste ordenamiento está compuesto de dos ámbitos identificados por los teóricos del Derecho. Se dice que la parte orgánica estable-ce la distribución operativa de los aparatos de gobierno, incluidos aquellos encargados de llevar a cabo las elecciones. La parte dogmática establece el conjunto de valores que nutren la forma de vida nacional; en ella se reconocen los derechos fundamentales y se delinean las reglas mínimas que ordenan las relaciones de los hombres con las autoridades; se fijan los límites del ejercicio del poder frente a las prerrogativas ciudadanas; se definen las libertades inexorables y las garantías personales de los individuos y de la sociedad en su conjunto, pero también, se consignan las obligaciones de cada ciudadano, como lo es la participación en la vida democrática del país.

El artículo 40 del máximo ordenamiento de la Federación dispone: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República, representativa, democrática y federal”. Pero ¿cómo debemos entender la “democracia” dentro del Estado mexicano?

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La noción más básica del concepto de “Estado” nos lleva a pensar en una forma determinada de organización social y política. Un Estado democrático implica la intervención de los miembros de la sociedad dentro de la vida pública; su incidencia en la toma de decisiones; su participación en los procesos de administración y ejercicio del poder.

Argumentativamente, parecería que no existe mayor compli-cación al plantear lo anterior pero, cuando la teoría se lleva al escenario de la materialidad, surgen una avalancha de inte-rrogantes que representan diversas dificultades en el terreno de la aplicación porque, en un Estado que suma millones de voces, de intereses y de circunstancias, ¿cómo garantizar la participación generalizada? ¿Cómo asegurar la satisfacción de necesidades disímbolas e incluso encontradas? ¿Cuál es la efectividad de la participación de los individuos en el cumpli-miento de sus demandas personales y colectivas?

Sería saludable preguntar cómo es que perciben los diversos grupos sociales la vida democrática en que nominalmente se les ha asegurado que viven, muy a pesar de la realidad que los enfrenta a un rosario de vicisitudes desatendidas dentro de los esquemas democráticos de masas escogidas y dirigidas, en los que no existen recursos suficientes para dar respuesta a los reclamos de las “grandes-minorías”, aisladas, desorgani-zadas y pragmáticamente prescindibles para los grupos de poder beneficiarios de los procesos electorales.

El artículo 3 de la Constitución afirma que en nuestro país la democracia ha de entenderse como “un sistema de vida

fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”.

Los legisladores que acuñaron tal frase muy probablemente tenían razón al advertir que la democracia no sólo debe ser un sistema jurídico o un régimen político sino toda una forma de vida; un conjunto de factores interrelacionados que en suma, tendrían que producir un resultado común: el mejoramiento en las condiciones de vida de todos los sectores poblaciona-les. Pero en la práctica, ¿cuál es el producto de las consignas y aspiraciones constitucionales? ¿Cómo aprecian los diferentes grupos humanos la democracia en nuestro país? Sería difícil apurar una respuesta unívoca; apenas y podríamos señalar que cada sector difiere en opinión de conformidad con los resultados que observa a su alrededor.

Pareciera inocuo hablar de conceptos en un mundo en el que urgen acciones que cierren las brechas entre las ideas y la realidad pero, tendríamos que considerar que existe una rela-ción entre el pensamiento, el lenguaje y las acciones. Advertir tal relación sería útil para reconstruir los dogmas y acercarlos a la actualidad de lo cotidiano.

Es necesario vincular los conceptos con la realidad, volver real su contenido. Pablo González Casanova, ha afirmado que “el pensamiento vinculado a la acción le da otro sentido a la pa-labra”1 . Nosotros podríamos señalar que el pensamiento uni-do a la acción reconstituye su contenido, dotando a la idea de sentido en el terreno efectivo de lo social.

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Para Jürgen Habermas la acción comunicativa cobra especial relevancia en el “mundo de vida”2 porque es en ese mundo en el que interactúa una multiplicidad de actores comuni-cantes, con sus conceptos simultáneos, tratando de contex-tualizar su existencia.

La vida en comunidad implica la configuración de una infi-nidad de conceptos que rigen la convivencia en grupo. Los actores sociales tratan de apegarse a esos conceptos, conte-nedores de una compleja estructura ideológica que, en cada perspectiva, se aprecian con diferentes aristas.

Se decreta constitucionalmente que nuestro país es una democracia; que esa democracia es una forma de vida tal que hace de la participación un derecho pero también una obligación; además, se asegura que el sistema democrático nacional tiene por objeto producir el desarrollo económico, social y cultural del pueblo. ¿Pero qué pasa cuando la vista se posa fuera del dogma y observa la realidad?

A más de doscientos años del grito que anunció nuestra in-dependencia; a más de sesenta años de que se garantizara la igualdad entre los derechos civiles de hombre y mujer; a más de quince años de que fuera reconocida constitucional-mente la existencia de los pueblos originarios y su derecho a la autodeterminación, podemos seguir preguntando: ¿cuál es el sentido de las palabras y los conceptos que construyen cuando se les encara con el acontecer nacional?

En la actualidad las mujeres siguen siendo víctimas de la vio-lencia; los defensores de los derechos humanos y activistas en favor de la diversidad sexual son impunemente ejecuta-dos; la discriminación religiosa, la intolerancia, el odio descar-nado, siguen sembrando a diario decenas de muertos.

El proceso electoral que se avecina representa una oportu-nidad para refundar nuestra democracia, para hacer de la acción política el instrumento que dote de sentido social a los desgastados discursos de un Estado que, en ocasiones, luce ajeno de la necesidad social. Sería deseable encontrar el camino para sensibilizar el objeto planteado por el Dere-cho y lograr hacer efectivos sus postulados. Un primer paso es, probablemente, reconocer las flaquezas, corregirlas, construir poco a poco una democracia sólida que garantice el bienestar de todos los pueblos y todos los hombres, una democracia que, en suma, sea un verdadero sistema de vida.

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CotizaciónMarzo2012.

Fuente: Banco de México, serie histórica del tipo de cambio desde 1954, marzo - mayo, 2012 | http://www.banxico.org.mx/SieInternet/con-

sultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CF373&sector=6&locale=es | Nota: La cotización del tipo de cambio no se emite en fin de semana

| Nota 2: Las cifras que aparecen en la gráfica corresponden a los precios que presentaron las cotizaciones el último día del mes de referencia.

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Nota: Los porcentajes indican la variación del precio en la última semana de referencia.

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LA MIOPÍA

DEMOCRÁTICA Y EL CAMBIO CLIMÁTICOMtro. Edgar Jiménez Pérez CamposDoctorando en Derecho Europeo por la Universidad Complutense de Madrid e Integrante del Foro de Jóvenes Investigadores en Derecho del Instituto de Derecho Parlamentario de la Universidad Complutense de Madrid

La existencia del cambio climático y que éste sea de origen antrópico o no, es un debate que muy poco ha llegado a darse en la comunidad científica y política mexi-cana. En la mayoría de los círculos científicos y políticos mexicanos se da por hecho la existencia de un cambio climático y que éste está teniendo lugar por hechos di-

rectamente relacionados con la acción del ser humano; lo anterior ha quedado demostrado en diferentes foros nacionales e internacionales, así como en las regulaciones al respecto que han ido emergiendo recientemente.

En un plano internacional y local existen algunos gobiernos, colectivos, institutos y organiza-ciones, que están luchando en distintas líneas contra el cambio climático y para generar un marco normativo efectivo; sin embargo, hasta el momento éste no se ha podido lograr. En México, país que lidera en cuestiones de cambio climático y de medioambiente, han habido avances en el marco regulatorio a pesar de que la efectividad de los programas medioam-bientales existentes sea cuestionable1.

Ahora bien, dando por hecho la existencia de un cambio climático (con base a las afirmacio-nes científicas que al respecto existen)2 ¿qué incidencia tiene una democracia en el problema del cambio climático? En términos generales no está claro si una democracia es el mejor tipo de gobierno para atacar el problema del cambio climático y no existe tampoco una respues-ta fácil a este planteamiento. La relación que existe entre la sostenibilidad ambiental con las instituciones políticas, apunta a que las democracias son mejores; además que éstas son las que en mayor proporción firman más convenios internacionales y tienen mayor presión para hacerlos cumplir dentro de sus territorios. Se debe tener en cuenta que, ser una democracia estable, es un camino bastante difícil; asimismo, el hecho de ser una democracia no significa la solución al problema del cambio climático, pero sí da la oportunidad de repensar qué es la democracia. La democracia no debe verse como algo inmutable, sino como un proceso de constante construcción, evolución y deliberación ciudadana.

Una democracia tiene múltiples componentes y va más allá del proceso electoral a pesar de que ésta es una imagen común. El “cortoplacismo” es un componente inherente a la práctica democrática que incide directamente en el problema del cambio climático y que impide que éste sea atacado frontalmente (al igual que otros problemas globales).El cortoplacismo lleva a los actores políticos a no concentrarse en los asuntos para los cuales han sido encomendados y mirar solamente en lo que les beneficiará con réditos económicos o políticos a corto plazo. La facilidad para saltar de un puesto público a otro, hace que se preocupen más de su continuidad dentro de la estructura gubernamental, que en gene-

1 Olguín Vargas, María Amelia, “Choque ambiental de Leyes”, Cámara Revista de los Centros de Estudios de la Cámara de Diputa-dos, Número 10, Año 1, Febrero 2012. pp. 34-45

2 Cuarto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 2007, Pachauri, R.K. y Reisinger, A. (editores) IPCC, Ginebra, Suiza.

3 Dalton, Russell J “Citizenship Norms and the Expansion of Political Participation”, Political Studies, Vol. 56, 2008, p. 76-78.

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rar y aplicar efectivamente decisiones de gran envergadura, cuyos efectos sólo podrían ser palpables a largo plazo. La temática del cambio climático debe pensarse en términos a los que no está acostumbrada ni la vida democrática ni la participación ciudadana y es totalmente anacrónica con los tiempos electorales.

¿Cómo se debe fortalecer la democracia para atacar el pro-blema del cambio climático? La democracia necesita trans-formarse de simples compromisos hechos al aire y con visión a corto plazo, hacia verdaderas acciones que vinculen y que ofrezcan al ciudadano las facilidades necesarias para poder deliberar sobre el tema. La democracia debe y requiere de la participación pública; necesita de una deliberación constan-te por parte de los ciudadanos. Coincido con DALTON, cuan-do afirma que la democracia carece de sentido, a menos que los ciudadanos participen en una deliberación de las políti-cas públicas y que ésta genere la estructura de actuación del gobierno3.

Una democracia deliberativa aumentaría la calidad y la sostenibilidad de las decisiones ambientales que son to-madas por los políticos; las decisiones políticas en materia medioambiental deben ser lo más inclusivas posibles, dar voz a quienes no son escuchados, a quienes sufren de los problemas y pensando en las generaciones futuras. Se nece-sita redefinir la democracia desde la trinchera de la política ambiental; empero, las democracias aún continúan con po-líticos cortoplacistas, ello aunado a las dificultades estructu-

rales locales, nacionales e internacionales, limitando así los efectos de los compromisos.

El líder democrático debe fomentar y potenciar la participa-ción ciudadana, debe actuar frente a las cuestiones trascen-dentales que afectan a los gobernados y el ciudadano, a su vez, debe mantenerse informado para poder tomar decisio-nes que se gesten desde la esquina deliberativa, con impar-cialidad, tomando en cuenta la evidencia científica en bús-queda del beneficio social y no desde los grupos de poder que actúan solamente en beneficio propio.

En una democracia, la economía impacta en la forma en que se priorizan los problemas. Existen urgencias actuales debi-do a la crisis económica, de recuperar el empleo, la recupe-ración económica, erradicación de la pobreza, mismas que relegan el cambio climático de la agenda política; aunado a la existencia de quienes piensan que la solución al problema del cambio climático está en la supresión o limitación de las actividades económicas. Se debe acabar con la idea de que el progreso humano va de la mano con la explotación de los recursos naturales así como del deterioro medioambiental.

Desafortunadamente, hoy en día este tema no es una priori-dad; las mentes de los políticos parecen estar distraídas por la crisis económica, por el momento electoral, por compro-misos con los poderes fácticos, etc. ¿Debemos esperar a que haya un mejor momento y así obligar a meter en agenda los cambios necesarios para afrontar efectivamente este proble-ma?

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En la actualidad, dado el fuerte proceso de integra-ción socioeconómica que atraviesan los países del mundo, los intercambios no solamente se centran en la transferencia de productos y servicios, sino

también existe una transferencia cultural. Sin embargo, para el caso de este apartado nos centraremos en el papel que juega el intercambio comercial, específicamente el grado al que han llegado ciertas empresas para exportar sus pro-ductos o, en un caso más avanzado, instalar filiales en otros países con el fin último de bajar sus costos y aumentar sus beneficios; sin dejar de lado, según la teoría, la contribución al desarrollo del país receptor de esa inversión.

Es importante mencionar que la dinámica de intercambio co-mercial comenzó a tomar mayor relevancia como motor de la riqueza de una nación durante el periodo comprendido del siglo XVI al XVII, el cual es reconocido en la historia económica por el dominio del pensamiento mercantilista; los mercanti-listas no eran economistas propiamente; en su mayoría, eran personas dedicadas a los negocios o a la banca. Su doctrina se centraba en la idea de que la riqueza de un país consistía en la posesión de metales preciosos y, por ello, el intercambio adquiría más relevancia. Sin embargo, se destaca que, entre otras premisas, contemplaban también la poca importancia respecto a que sus habitantes tuvieran bajos salarios, siempre y cuando la balanza comercial (exportaciones menos impor-taciones) reflejara una tendencia positiva.

CONTEXTO DEMOCRÁTICO:

UNO DE LOS FACTORESESTRUCTURALES PARA LAENTRADA DE INVERSIÓNEXTRANJERA DIRECTA (IED)Lic. Adriana Vasconcelos RamírezJefa del Departamento de Estudios Económicos del Centro de información Estadística y Documental para el Desarrollo (CIEDD)

Foto: Sergio Girón

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Actualmente las transacciones entre países son parte de la vida diaria en el sistema económico abierto que pre-valece en la mayor parte del planeta y que pretende, entre otras cosas, acercar a los consumidores con el producto fi-nal. Hoy en día, por ejemplo, adquirimos productos y servicios hechos en otras partes del mundo o en el mercado local, los cuales satisfacen nuestras necesida-des y deseos a un precio que, quizá, es-tamos dispuestos a aceptar.

En este sentido, el proceso de produc-ción o de dotación de un servicio tiene un valor estratégico para las compañías, ya que éstas buscarán disminuir los costos y las externalidades negativas, para aumentar al máximo el margen de beneficios aprovechando la apertura comercial que algunas naciones han es-tablecido y, mediante este mecanismo, buscan zonas óptimas para la instala-ción de sus inmuebles.

Sin embargo, el hecho de que una gran empresa decida instalarse en un país

ajeno al origen de su capital, conlleva al análisis de múltiples factores para concretar tal decisión, es un proceso complejo en el cual se estudian aspec-tos cuantitativos y cualitativos. En la misma temática, México y, por ende sus estados, no están exentos de dicho análisis; nuestro país experimenta la entrada, no sólo de bienes y servicios, también está la llegada de filiales que buscan un campo idóneo para, princi-palmente, mejorar su eficiencia en el proceso de producción, tal es el caso de las empresas ensambladoras de au-tomóviles o de las dedicadas a la ma-nufactura de textiles, que son las que mayor participación tienen en IED.

El proceso de estudio mencionado se basa en la evaluación de factores es-tructurales en el país receptor con el fin de generar certidumbre. En este sentido, se han definido algunos que los empresarios valúan, en mayor o menor medida y de acuerdo a sus ne-cesidades, para decidir si se instalan o no; por lo que apoyados en la teoría

sobresalen por ejemplo: 1) Estabilidad política y social; 2) Infraestructura y re-cursos naturales; 3) Disponibilidad de recursos humanos calificados; 4) Dispo-nibilidad de mano de obra.

De esta forma, los estados del norte del país históricamente han tenido mayor capacidad para atraer IED, ya que ofer-taban ventajas sobre los del sur, aunque esto no implica que en el sur-sureste no se realizaran inversiones de este tipo. En el caso particular de Oaxaca, tenemos claros registros desde 1999 (La Secreta-ría de Economía Federal (SE) es la encar-gada de vigilar todo el proceso concer-niente a la entrada de IED en México, así como de regular la correcta competen-cia de las empresas entrantes, evitando prácticas de comercio internacional desleal; esto a través de la Comisión Fe-deral de Competencia Económica), en los que se muestra la participación en el mercado local de empresas cuyos capi-tales son, principalmente, procedentes de Estados Unidos y Canadá, enfocados a la explotación de minerales.

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Sin embargo, si tomamos el periodo de referencia que nos proporciona la SE, como se puede apreciar en la gráfica 1, en nuestro estado después de 2006 inició una tendencia importante hacia la salida de IED, habiendo en dicho año 42 empresas registradas, bajando posteriormente hasta un total de 12 compañías para el 2011. Por otro lado, también es importante destacar que, como se puede apreciar en la gráfica 2, para 2009 se tiene un registro de una entrada única de 21.1 millones de dólares procedentes de Países Bajos, la cual se hizo a través de cinco empresas incrustadas en el sector servicios financieros, de administración y alquiler de bienes muebles e inmuebles1.

Aquí algunas cifras más al respecto:En Oaxaca, las nuevas inversiones en 2011 representaron 4.6 millones de dólares, a los que se le suman 2 millones de dólares más por concepto de cuentas entre compañías. De éstas la mayor participación por país emisor de IED fue Canadá, cuyas em-presas representaron inversiones por 5.8 millones de dólares en 2011, seguidas por empresas estadounidenses que representa-ron 0.8 millones de dólares; por lo tanto, para el año citado, solamente estos dos países participaron en este proceso; contrario a lo que sucedía en años anteriores .

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CanadáPaíses BajosEstados UnidosEspañaReino Unido

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Periodo 2004 - 2011

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Econo-mía Federal. Dirección General de Inversión Extranjera.

1Secretaría de Economía. Direc-ción General de Inversión Extran-jera. Consultado el 17 de mayo de 2012 en http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/inversion-extranjera-directa/estadistica-oficial-de-ied-en-mexico.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Econo-mía Federal. Dirección General de Inversión Extranjera.Nota: En la gráfica aparecen los países con IED más representativa en la Entidad en el periodo especifi-cado; lo anterior de una selección de 20 naciones con participación en el mercado oaxaqueño.

2 Ibíd.

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| IndicadoresIndicadores Económicos

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Día

CotizaciónJulio 2012.

CotizaciónJunio 2012.

CotizaciónMayo 2012.

CotizaciónAbril 2012.

Comportamiento de la cotización diaria del Tipo decambio peso-dólar en mexico

Abril-Junio, 2012

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19122.66

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22696.3

23763.06

21353.78

22685.43 22636.71

21295.46

21456.67

22286.72

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Comportamiento mensual del Tipo de la Onza Oro en México, 2011-2012

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FÓRMULA PARTIDO PROPIETARIO SUPLENTE 1 PRD Robles Montoya Ángel Benjamín Hernández Ruiz Félix Benjamín 2 PRD Romero Lainas Adolfo Vicente Castillo Mariano

FÓRMULA PARTIDO PROPIETARIO SUPLENTE 1 PRI Pérez Magaña Eviel Toledo Luis Jorge

PRIMERA MINORÍA

MAYORÍA RELATIVA  

SENADORES POR OAXACA ELECTOS PARA LA LXII Y LXIII LEGISLATURAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN

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Eviel Pérez Magaña Senador de Primera Minoría por el estado de Oaxaca

Suplente: Jorge Toledo Luis. A�liación política: Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Actividad política: 2009 - febrero de 2012. Diputado federal en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión. 2010. Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Oaxaca y candidato al gobierno de Oaxaca. Noviembre 2005 - enero 2009. Secretario de Obras Públicas del Estado de Oaxaca. Diciembre 2004 - octubre 2005. Director General del Instituto de la Vivienda de Oaxaca. 2003 - 2004. Diputado federal en la LIX Legislatura del Congreso de la Unión. 2002-2003. Presidente municipal de San Juan Bautista Tuxtepec.

¥  Consejero político municipal del PRI en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, consejero político estatal y nacional del PRI; miembro del sindicato de transportistas; secretario de educación de la CTM Oaxaca y delegado del PRI en Oaxaca.

1994. Coordinador general de activismo político en la campaña a la presidencia de la República del PRI, Ernesto Zedillo Ponce de León. 1989- 1990. Secretario de trabajo en la Unión de Camioneros CTM en Tuxtepec, Oaxaca.

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DIPUTADOS FEDERALES POR OAXACA EN LA LXII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN

  MAYORÍA RELATIVA

DISTRITO PARTIDO PROPIETARIO 1 MC Soto Martínez José

2 MC Martínez Martínez Jesús Luis

3 PRD Bautista Cuevas Gloria

4 PT Diego Cruz Eva

5 PRD Antonio Altamirano Carol 6 PT Romero Guzmán Rosa Elia

7 PRI Gurrión Matías Samuel

8 PRD Jarquín López Hugo 9 PRD Méndez Martínez Mario Rafael

10 MC Valencia Ramírez Aida Fabiola 11 PRD Guzmán Díaz Del�na Elizabeth

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

Circunscripción Lugar

en lista Propietario Partido

Tercera 1 Cruz Mendoza Eufrosina PAN

Tercera 10 González Manríquez Víctor Rafael PAN

Tercera 5 Vásquez Villanueva Martín de Jesús PRI Tercera 6 García Fernández María de las Nieves PRI Tercera 6 Serrano Toledo Rosendo PRD

Tercera 10 Gabriel López Rosado PRD

PARTIDO TOTAL DIPUTADOS POR OAXACA PRD 7

MC 3

PRI 3

PT 2

PAN 2

TOTAL 17

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DIPUTADOS FEDERALES POR OAXACA EN LA LXII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN

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José Soto Martínez Diputado por el Distrito I con cabecera en

San Juan Bautista Tuxtepec

 Profesión: Licenciatura en Contaduría, Instituto Tecnológico de Tuxtepec. Suplente: Adriana Soto Martínez. A�liación política: Movimiento Ciudadano (MC).  

Elecciones 2012 José Soto Martínez, candidato a Diputado Federal por el Distrito I por la coalición Movimiento Progresista, electo con un total de 46,174 votos a favor, representando el 31.10% del total del cómputo.

Actividad política: 2009-2012. Suplente de la Diputada María Guadalupe García Almanza de la LXI Legislatura Federal. 2009. Candidato a la Diputación federal por el Distrito 01 por Convergencia. 2008. Coordinador Nacional de Convergencia de Trabajadores y Productores. 2005-2007. Subsecretario de Enlace en la Secretaría de Economía. 2003-2004. Diputado federal Distrito I e integrante de las Comisiones de Recursos Hidráulicos y Transportes. 2000-2003. Secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar. 1999-2000. Delegado regional de Gobierno en la Cuenca del Papaloapan. 1996.- Secretario de Acción Política del Comité Ejecutivo de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar. 1996-1998. Diputado local de la LVI Legislatura del estado, por el XXV distrito electoral con cabecera en Acatlán de Pérez Figueroa. 1991-1993. Fundador y tesorero del Consejo de Administración de la Unión de Crédito Agropecuaria Comercial de Tuxtepec. 1982.- Secretario de Finanzas de la Sociedad de Alumnos del Tecnológico de Tuxtepec. 1969-1982. Sub-inspector de la Unión Nacional de Productores de Azúcar.

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Juan Luis Martínez Martínez Diputado por el Distrito II con cabecera en

Teotitlán de Flores Magón

 Lugar de nacimiento: San Carlos Yautepec. Suplente: Lucio García Enríquez. A�liación política: Partido de la Revolución Democrática (PRD).  

Elecciones 2012 Juan Luis Martínez Martínez, candidato a Diputado Federal por el Distrito II por la coalición Movimiento Progresista, electo con un total de 51,421 votos a favor, representando el 38.67% del total del cómputo.

Actividad política: 2004-2016. Dirigente de Confederación Nacional de la Productividad (CNP).

Gloria Bautista Cuevas Diputada por el Distrito III con cabecera en la

Heroica Ciudad de Huajuapan de León

Lugar de nacimiento: Huajuapan de León, Oaxaca. Suplente: Alma Delia Gómez Ignacio. Afiliación política: Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Elecciones 2012  Gloria Bautista Cuevas, candidata a Diputada Federal por el Distrito III por la coalición Movimiento Progresista, electa con un total de 53,115 votos a favor, representando el 35.81% del total del cómputo.

Actividad política: 2012. Coordinadora del Módulo de Desarrollo en Tamazulapan Villa del Progreso. 2010. Delegada Nacional del PRD 2009. Candidata a Diputada Federal por el Distrito III con cabecera en Huajuapan de León por el PRD. 2008. Presidenta del Comité Regional De Izquierda Democrática Nacional.

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Eva Diego Cruz Diputada por el Distrito IV con cabecera en

Tlacolula de Matamoros

Lugar de nacimiento: Córdoba, Veracruz. Profesión: Licenciada en Derecho UABJO 1993-1998. Suplente: Leticia González Yescas A�liación política: Partido del Trabajo (PT).

Elecciones 2012 Eva Diego Cruz, candidata electa a Diputada Federal por el Distrito IV por la coalición Movimiento Progresista, electa con un total de 44,188 votos a favor, representando el 36.30% del total del cómputo.

Actividad política: 2010. Secretaria de Acción Femenil y Programas de la Mujer Campesina de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Oaxaca CNC. 2007-2010. Diputada local por el distrito de XIX de la Legislatura LX del Congreso del Estado de Oaxaca. 2006. Candidata a Diputada Federal suplente por el Distrito IV Tlacolula de Matamoros. 2005-2007. Subdelegada de Gobierno en Ocotlán. 2004-2007. Diputada local suplente por el Distrito XIX Ocotlán-Zimatlán. 2004.- Delegada de la Convención Estatal para la Elección Interna del Candidato del PRI a la gubernatura del estado. 2000-2001. Secretaria de Gestión Social en el Comité Estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC). 1999-2005. Vicepresidenta de la Organización Unión de Mujeres Campesinas Productoras de Oaxaca (UMCPO). 1993-1994. Secretaria de Acción Femenil del Frente Juvenil Revolucionario. 1992-1993. Secretaria de Acción Femenil en la “Vanguardia Juvenil Agrarista” de la Confederación Nacional Campesina en Oaxaca.

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Lugar de nacimiento: SantiagoJuxtlahuaca.

Profesión: Educación Técnica.

Suplente: Luz Gómez Solano.

A�liación política: Partido delTrabajo (PT)

Rosa Elia Romero GuzmánDiputada por el Distrito VI con cabecera en la

Heroica Ciudad de Tlaxiaco

Elecciones 2012

Rosa Elia Romero Guzmán, candidata a Diputada Federal por el Distrito VI por la coalición Movimiento OAXACA

DISTRITO 06 - HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO

Actividad política:2006-2009. Diputada Federal por el Distrito VI de la LX Legislatura.2006. Coordinadora Regional Unión General de Obreros y Campesinos de México.1996-1998. Asesora de la Presidencia Municipal de Santo Domingo Tonalá.

OAXACADISTRITO 07 - JUCHITAN DE ZARAGOZA

Nombre: Samuel Gurrión Matías.Lugar de nacimiento: Juchitán de Zaragoza.Profesión: Licenciatura en Derecho.Suplente: María Luisa Matus Fuentes.A�liación política: Partido Revolucio-nario Institucional (PRI).

Samuel Gurrión MatíasDiputado por el Distrito VII con cabecera en

Juchitán de Zaragoza

Elecciones 2012

Elección validada por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del PoderJudicial de la Federación (acuerdo del expediente SX-JIN-18/2012), el 30 de juliode 2012.

Samuel Gurrión Matías, candidato a Diputado Federal por el Distrito VII por elPartido Revolucionario Institucional, electo con un total de 57,430 votos a favor,representando el 38.97% del total del cómputo.

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Hugo Jarquín López Diputado por el Distrito VIII con cabecera en

Oaxaca de Juárez

Lugar de nacimiento: Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Profesión: Licenciado en Administración de Empresas UABJO Suplente: Ricardo Coronado Sanguinés. A�liación política: Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Elecciones 2012 Hugo Jarquín López, candidato a Diputado Federal por el Distrito VIII por la coalición Movimiento Progresista, electo con un total de 69,696 votos a favor, representando el 39.13% del total del cómputo.

Actividad política: 2011-Actual. Consejero Nacional del PRD. 2006-Actual. Dirigente Estatal de la organización “8 Regiones”. ¥  Integrante de Izquierda Democrática Nacional (IDN). ¥  Dirigente estatal del Movimiento Nacional por la Esperanza.

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Mario Rafael Méndez Martínez Diputado por el Distrito IX con cabecera en

Santa Lucía del Camino

Lugar de nacimiento: Zimatlán de Álvarez, Oaxaca. Profesión: Licenciatura en Ciencias Sociales Escuela Normal Superior 1982-1986 y Licenciatura el Pedagogía, Escuela Normal Superior 1993-1997. Suplente: Eli Eduardo Vásquez Ramírez. Afiliación política: Partido de la revolución Democrática (PRD).

Elecciones 2012  Mario Rafael Méndez Martínez, candidato a Diputado Federal por el Distrito IX por la coalición Movimiento Progresista, electo con un total de 50,382 votos a favor, representando el 35.84% del total del cómputo.

Actividad política: 2009. Candidato a Diputado Federal por el principio de mayoría relativa del PT por el Distrito IX por el partido Convergencia. Primer Concejal de Zimatlán de Álvarez. 1996-1996. Presidente Municipal de Zimatlán de Álvarez. ¥  Dirigente Estatal de la Central Independiente de Obreros, Agrícolas y Campesinos (CIOAC).

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Aida Fabiola Valencia Ramírez Diputada por el Distrito X con cabecera en

Miahuatlán de Por�rio Díaz Lugar de nacimiento: San Agustín Loxicha. Profesión: Licenciada en Administración de Empresas, Universidad Mesoamericana, 2002. A�liación política: Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Elecciones 2012 Aida Fabiola Valencia Ramírez, candidata electa a Diputada Federal por el Distrito X por la coalición Movimiento Progresista, electa con un total de 38,877 votos a favor, representando el 31.42% del total del cómputo.

Actividad política: 2011-2012. Coordinadora del Módulo de Desarrollo Sustentable en Miahuatlán. 2010. Candidata a Diputada local por el Distrito VIII con cabecera en San Pedro Pochutla por el Partido Convergencia. 2009. Candidata a Diputada Federal por el Distrito X con cabecera en Miahuatlán. 2007. Candidata a Diputada local por el Distrito VIII con cabecera en San Pedro Pochutla por el PRD. 2003-2006. Suplente del Diputado Federal por mayoría relativa Benjamín Hernández Silva, por el Distrito X con cabecera en Miahuatlán.

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Del�na Elizabeth Guzmán Díaz Diputada por el Distrito XI con cabecera en

Santiago Pinotepa Nacional

Lugar de nacimiento: Santiago Jamiltepec. Actividad profesional: Profesora. Suplente: Yuridia Sánchez Soriano. A�liación política: Partido de la revolución Democrática (PRD).

Elecciones 2012 Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, candidata electa a Diputada Federal por el Distrito XI por la coalición Movimiento Progresista, electo con un total de 69,539 votos a favor, representando el 46.15% del total del cómputo.

Actividad política:  2012-2015. Diputada Federal por el Distrito XI Pinotepa Nacional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión. 2011-2012. Directora de Desarrollo Familiar y Comunitario del Sistema DIF Oaxaca. 2003.- Candidata a Diputada Federal por el Distrito XI con cabecera en Pinotepa Nacional. 2002-2004. Presidenta Municipal de Villa de Santiago Jamiltepec.

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REPRESENTACIÓN  PROPORCIONAL  

(TERCERA  CIRCUNSCRIPCIÓN)  

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Eufrosina Cruz Mendoza Diputada Federal por representación proporcional

   Lugar de nacimiento: Santa María Quiegolani. Profesión: Licenciada en Contaduría, UABJO. Afiliación política: Partido Acción Nacional (PAN).

Elecciones 2012 Eufrosina Cruz Mendoza, Diputada Federal del Partido Acción Nacional (PAN) por representación proporcional de la tercera circunscripción.

Actividad política: 2010-2012. Diputada local de la LXI Legislatura del Congreso de Oaxaca por el PAN. 2010-2011. Coordinadora de Asuntos Indígenas del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. 2010-2011.- Presidente del LXI Legislatura del Congreso de Oaxaca. 2008. Candidata a ocupar el cargo de presidente municipal en Santa María Quiegolani.

Víctor Rafael González Manríquez Diputado Federal por representación proporcional

Lugar de nacimiento: Distrito Federal. Actividad profesional: Empresario de la Industria de la Construcción. Afiliación política: Partido Acción Nacional (PAN).  

Elecciones 2012 Víctor Rafael González Manríquez, Diputado Federal del Partido Acción Nacional (PAN) por representación proporcional de la tercera circunscripción.

Actividad política: 2010-2012. Subsecretario de Bienestar Social en el estado de Oaxaca. 2010. Candidato a Diputado Local por el Distrito VI con cabecera en Santo Domingo Tehuantepec. 2009. Candidato a Diputado Federal por el Distrito V con cabecera en Santo Domingo Tehuantepec. 2004. Precandidato a la gubernatura por el estado de Oaxaca. 2002-2004. Presidente municipal de Salina Cruz. 2000-2001. Miembro activo del Partido Acción Nacional. 1999. Coordinador del grupo “Amigos de Fox”, zona Istmo.

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Martín de Jesús Vásquez Villanueva Diputado Federal por representación proporcional

Lugar de nacimiento: Santo Domingo Tehuantepec. Profesión: Médico Cirujano, ITESM, Nuevo León. Afiliación política: Partido Revolucionario Institucional (PRI).  

Elecciones 2012 Martín de Jesús Vásquez Villanueva, Diputado Federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por representación proporcional de la tercera circunscripción.

Actividad política: 2010-2012. Diputado local Distrito VI Santo Domingo Tehuantepec. 12/08/2010. Electo coordinador de la bancada priísta en el Congreso local. 2006. Director de los Servicios de Salud de Oaxaca. 2005. Miembro del Consejo Político Nacional y del Consejo Político Estatal del PRI. Dirigente del Movimiento Territorial. 2002-2004. Presidente Municipal de Santo Domingo Tehuantepec. 1998-2000. Delegado Regional de Gobierno con sede en Tehuantepec.

María de las Nieves García Fernández Diputada Federal por representación proporcional

Lugar de nacimiento: Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Profesión: Médico Cirujano, UABJO. Suplente: Mónica Clara Molina. A�liación política: Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Elecciones 2012 María de las Nieves García Fernández, Diputada Federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por representación proporcional de la tercera circunscripción.

Actividad política: 2009-2011. Presidenta Nacional del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, A.C., (ICADEP). 2000-2003. Diputada Federal de la LVIII Legislatura por el estado de Oaxaca. 1998-2000. Diputada local de la LVII Legislatura en el estado de Oaxaca. 1997-1998. Coordinadora de los programas estatales de la mujer del CDE del PRI en Oaxaca. 1995-1998. Secretaria general de la CDE del PRI en Oaxaca. 1994. Se unió a la Asociación Cívica Política Pro México. 1992-1995. Secretaria de Salud del gobierno de Oaxaca. 1992.- Secretaria de Gestión Social del CDE del PRI en Oaxaca. 1989-1991. Coordinadora de programas UNICEF en la Secretaría de Planeación del gobierno de Oaxaca. 1989. Secretaria de Finanzas de la sección XXVIII en la SNTSS en Oaxaca. 1988.- Coordinadora del programa de activismo político del CDE en Oaxaca. ¥  Secretaria general del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI en el estado de Oaxaca. ¥  Integrante de la Agrupación Política Feminista y de la Asociación de Médicas Oaxaqueñas, del grupo del

Colegio México de Oaxaca.

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 Rosendo Serrano Toledo Diputado Federal por representación proporcional

Lugar de nacimiento: Ciudad Ixtepec. Actividad profesional: Maestro de Historia a nivel secundaria. Afiliación política: Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Elecciones 2012 Rosendo Serrano Toledo, Diputado Federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) por representación proporcional de la tercera circunscripción.

Actividad política: 2009. Presidente de la Mesa Directiva del VI Consejo Estatal del Partido Revolución Democrática en el estado de Oaxaca. 2008-2012. Secretario General del Comité estatal del PRD en Oaxaca. 2004-2007. Diputado local de la LIX Legislatura del Congreso del estado de Oaxaca. 1986. Secretario General de la Delegación de la Secundaria Técnica número 5 de Ciudad Ixtepec. 1986. Miembro activo de la Sección XXII del SNTE.

Gabriel López Rosado Diputado Federal por representación proporcional

Lugar de nacimiento: Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Afiliación política: Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Elecciones 2012 Gabriel López Rosado, Diputado Federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) por representación proporcional de la tercera circunscripción.

Actividad política: 2009. Coordinador de Brigada de la Sección XXII del SNTE. 2008-2012. Coordinador del Fondo de Resistencia de la Sección XXII del SNTE

INTEGRACIÓN PRELIMINAR

Ilustración: Ludivina Rangel Bretón | CMartín Hernández

44.80%

Cámara de Diputados

DE LA LXII LEGISLATURADEL CONGRESO DE LA UNIÓN

6.0%

21.4%

19.0%

3.6%3.4%1.8%

Número de diputadosNúmero de diputados

224 diputados

95 diputados

107 diputados

30 diputados

18 diputados

17 diputados

9 diputados

INTEGRACIÓN PRELIMINAR

Ilustración: Ludivina Rangel Bretón | CMartín Hernández

44.80%

Cámara de Diputados

DE LA LXII LEGISLATURADEL CONGRESO DE LA UNIÓN

6.0%

21.4%

19.0%

3.6%3.4%1.8%

Número de diputadosNúmero de diputados

224 diputados

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INTEGRACIÓN PRELIMINAR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

PARTIDO ESTADO ó

CIRCUNSCRIPCIÓN DISTRITO DIPUTADO (A)

1 PAN Aguascalientes 2 Jiménez Esquivel María Teresa

2 PAN Aguascalientes 3 González Serna José Ángel

3 PAN Baja California 5 Gastélum Buenrostro Juan Manuel

4 PAN Coahuila 3 Dávila Delgado Mario Alberto

5 PAN Coahuila 6 Torres Cofiño Marcelo de Jesús

6 PAN Coahuila 7 Quintana Salinas Esther

7 PAN Chihuahua 3 Angulo Parra Carlos Fernando

8 PAN Chihuahua 6 Gámez Gutiérrez Blanca Amelia

9 PAN Distrito Federal 15 Sotomayor Chávez Jorge Francisco

10 PAN Guanajuato 2 Villarreal García Ricardo

11 PAN Guanajuato 3 Vargas Martín Del Campo Elizabeth

12 PAN Guanajuato 5 Rodríguez Vallejo Diego Sinhue

13 PAN Guanajuato 8 Carreño Muro Génaro

14 PAN Guanajuato 10 Gómez Ramirez Raúl

15 PAN Guanajuato 13 Oviedo Herrera J. Jesús

16 PAN Guanajuato 14 Oliveros Usabiaga José Luis

17 PAN Jalisco 10 Borboa Becerra Omar Antonio

18 PAN México 15 Díaz Trujillo Alberto

19 PAN Nuevo León 1 Niño De Rivera Vela Homero Ricardo

20 PAN Nuevo León 4 Fuentes Solís Víctor Oswaldo

21 PAN Nuevo León 6 Coronado Quintanilla Alberto

22 PAN Nuevo León 7 López Cisneros José Martín

23 PAN Nuevo León 8 Robledo Leal Ernesto Alfonso

24 PAN Nuevo León 10 Larrazábal Bretón Fernando Alejandro

25 PAN Puebla 9 Jiménez Castillo Blanca

26 PAN Puebla 10 Lorenzini Rangel Julio César

27 PAN Puebla 11 Ortiz Mantilla María Isabel

PARTIDO ESTADO ó

CIRCUNSCRIPCIÓN DISTRITO DIPUTADO (A)

28 PAN Puebla 12 Gordillo Castillo Néstor Octavio

29 PAN Querétaro 3 Aguilar Vega Marcos

30 PAN Querétaro 4 García Ramírez José Guadalupe

31 PAN San Luis Potosí 5 Azuara Zúñiga Xavier

32 PAN San Luis Potosí 6 Almaguer Torres Felipe de Jesús

33 PAN Sinaloa 1 Félix Bustillos Edgar

34 PAN Sinaloa 2 Peña Avilés Gerardo

35 PAN Sinaloa 8 Heredia Lizárraga Martín Alonso

36 PAN Sonora 1 Reina Lizárraga José Enrique

37 PAN Sonora 2 Galindo Delgado David Cuauhtémoc

38 PAN Sonora 3 López Noriega Alejandra

39 PAN Sonora 5 Zepeda Vidales Damián

40 PAN Sonora 7 Othón Zayas Máximo

41 PAN Tamaulipas 1 Salinas Mendiola Glafiro

42 PAN Tamaulipas 2 Prieto Herrera Humberto Armando

43 PAN Tamaulipas 3 Llanas Alba José Alejandro

44 PAN Tamaulipas 4 García González Carlos Alberto

45 PAN Tamaulipas 7 Orta Coronado Marcelina

46 PAN Tamaulipas 8 Pacheco Díaz Germán

47 PAN Veracruz 2 Barrios Zaleta Fernando

48 PAN Veracruz 4 Alonso Morelli Humberto

49 PAN Veracruz 12 Acosta Croda Rafael

50 PAN Veracruz 13 Serralde Martínez Víctor

51 PAN Veracruz 16 López Landero Leticia

52 PAN Veracruz 17 Cárdenas Guízar Gabriel de Jesús

53 PAN Yucatán 4 Paz Alonzo Raúl

54 PAN Primera 1 Sánchez Ruiz Mario

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INTEGRACIÓN PRELIMINAR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

PARTIDO ESTADO ó

CIRCUNSCRIPCIÓN DISTRITO DIPUTADO (A)

1 PAN Aguascalientes 2 Jiménez Esquivel María Teresa

2 PAN Aguascalientes 3 González Serna José Ángel

3 PAN Baja California 5 Gastélum Buenrostro Juan Manuel

4 PAN Coahuila 3 Dávila Delgado Mario Alberto

5 PAN Coahuila 6 Torres Cofiño Marcelo de Jesús

6 PAN Coahuila 7 Quintana Salinas Esther

7 PAN Chihuahua 3 Angulo Parra Carlos Fernando

8 PAN Chihuahua 6 Gámez Gutiérrez Blanca Amelia

9 PAN Distrito Federal 15 Sotomayor Chávez Jorge Francisco

10 PAN Guanajuato 2 Villarreal García Ricardo

11 PAN Guanajuato 3 Vargas Martín Del Campo Elizabeth

12 PAN Guanajuato 5 Rodríguez Vallejo Diego Sinhue

13 PAN Guanajuato 8 Carreño Muro Génaro

14 PAN Guanajuato 10 Gómez Ramirez Raúl

15 PAN Guanajuato 13 Oviedo Herrera J. Jesús

16 PAN Guanajuato 14 Oliveros Usabiaga José Luis

17 PAN Jalisco 10 Borboa Becerra Omar Antonio

18 PAN México 15 Díaz Trujillo Alberto

19 PAN Nuevo León 1 Niño De Rivera Vela Homero Ricardo

20 PAN Nuevo León 4 Fuentes Solís Víctor Oswaldo

21 PAN Nuevo León 6 Coronado Quintanilla Alberto

22 PAN Nuevo León 7 López Cisneros José Martín

23 PAN Nuevo León 8 Robledo Leal Ernesto Alfonso

24 PAN Nuevo León 10 Larrazábal Bretón Fernando Alejandro

25 PAN Puebla 9 Jiménez Castillo Blanca

26 PAN Puebla 10 Lorenzini Rangel Julio César

27 PAN Puebla 11 Ortiz Mantilla María Isabel

PARTIDO ESTADO ó

CIRCUNSCRIPCIÓN DISTRITO DIPUTADO (A)

28 PAN Puebla 12 Gordillo Castillo Néstor Octavio

29 PAN Querétaro 3 Aguilar Vega Marcos

30 PAN Querétaro 4 García Ramírez José Guadalupe

31 PAN San Luis Potosí 5 Azuara Zúñiga Xavier

32 PAN San Luis Potosí 6 Almaguer Torres Felipe de Jesús

33 PAN Sinaloa 1 Félix Bustillos Edgar

34 PAN Sinaloa 2 Peña Avilés Gerardo

35 PAN Sinaloa 8 Heredia Lizárraga Martín Alonso

36 PAN Sonora 1 Reina Lizárraga José Enrique

37 PAN Sonora 2 Galindo Delgado David Cuauhtémoc

38 PAN Sonora 3 López Noriega Alejandra

39 PAN Sonora 5 Zepeda Vidales Damián

40 PAN Sonora 7 Othón Zayas Máximo

41 PAN Tamaulipas 1 Salinas Mendiola Glafiro

42 PAN Tamaulipas 2 Prieto Herrera Humberto Armando

43 PAN Tamaulipas 3 Llanas Alba José Alejandro

44 PAN Tamaulipas 4 García González Carlos Alberto

45 PAN Tamaulipas 7 Orta Coronado Marcelina

46 PAN Tamaulipas 8 Pacheco Díaz Germán

47 PAN Veracruz 2 Barrios Zaleta Fernando

48 PAN Veracruz 4 Alonso Morelli Humberto

49 PAN Veracruz 12 Acosta Croda Rafael

50 PAN Veracruz 13 Serralde Martínez Víctor

51 PAN Veracruz 16 López Landero Leticia

52 PAN Veracruz 17 Cárdenas Guízar Gabriel de Jesús

53 PAN Yucatán 4 Paz Alonzo Raúl

54 PAN Primera 1 Sánchez Ruiz Mario

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PARTIDO ESTADO ó

CIRCUNSCRIPCIÓN DISTRITO DIPUTADO (A)

82 PAN Tercera 2 Bueno Torio Juan

83 PAN Tercera 3 Zavala Peniche María Beatriz

84 PAN Tercera 4 Rosiñol Abreu Jorge

85 PAN Tercera 5 García Rojas Mariana Dunyaska

86 PAN Tercera 6 Chan Lugo Sergio Augusto

87 PAN Tercera 7 Ricalde Magaña Alicia Concepción

88 PAN Tercera 8 Aquino Calvo Juan Jesús

89 PAN Tercera 9 Valladares Couoh Cinthya Noemí

90 PAN Tercera 10 González Manríquez Víctor Rafael

91 PAN Cuarta 1 Adame Alemán Juan Pablo

92 PAN Cuarta 2 Pedraza Aguilera Flor de María

93 PAN Cuarta 3 Cortázar Lara Gerardo Maximiliano

94 PAN Cuarta 4 Romero Sevilla Leonor

95 PAN Cuarta 5 Micalco Méndez Rafael Alejandro

96 PAN Cuarta 6 Rodríguez Doval Fernando

97 PAN Cuarta 7 Saldaña Hernández Margarita

98 PAN Cuarta 8 Ramírez Romero Luis Miguel

99 PAN Cuarta 9 Aguilar Rodríguez Aurora de la Luz

100 PAN Quinta 1 González Carrillo Adriana

101 PAN Quinta 2 Rivadeneyra Hernández Alfredo

102 PAN Quinta 3 Sosa Govea Martha Leticia

103 PAN Quinta 4 González Morfín José

104 PAN Quinta 5 Alvarez Tovar Martha Berenice

105 PAN Quinta 6 Mondragón González Ma. Guadalupe

106 PAN Quinta 7 Rivera Villanueva Erick Marte

107 PAN Quinta 8 Lugo Barriga Patricia

PARTIDO ESTADO ó

CIRCUNSCRIPCIÓN DISTRITO DIPUTADO (A)

55 PAN Primera 2 Pérez Camarena Carmen Lucia

56 PAN Primera 3 Villalobos Seañez Jorge Iván

57 PAN Primera 4 Pantoja Hernández Leslie

58 PAN Primera 5 De la Rosa Anaya Andrés

59 PAN Primera 6 Cortes Berumen Isaías

60 PAN Primera 7 Reza Gallegos Rocío Esmeralda

61 PAN Primera 8 Castaños Valenzuela Carlos Humberto

62 PAN Primera 9 Urciel Castañeda María Celia

63 PAN Primera 10 Dorador Pérez Gavilán Rodolfo

64 PAN Primera 11 Zamora García Alfredo

65 PAN Primera 12 Licea González Margarita

66 PAN Segunda 1 Villarreal García Luis Alberto

67 PAN Segunda 2 Yáñez Robles Elizabeth Oswelia

68 PAN Segunda 3 Camarillo Ortega Rubén

69 PAN Segunda 4 Yamamoto Cazares Beatriz Eugenia

70 PAN Segunda 5 Muñoz Márquez Juan Carlos

71 PAN Segunda 6 Anaya Cortes Ricardo

72 PAN Segunda 7 Arguelles Loya Consuelo

73 PAN Segunda 8 Salinas Garza José Arturo

74 PAN Segunda 9 Ramírez Diez Gutiérrez María Concepción

75 PAN Segunda 10 Flores Flores Enrique Alejandro

76 PAN Segunda 11 Sampayo Ortiz Ramón Antonio

77 PAN Segunda 12 Sada Pérez Verónica

78 PAN Segunda 13 López López Raudel

79 PAN Segunda 14 Jiménez Cerrillo Raquel

80 PAN Segunda 15 Anaya Llamas José Guillermo

81 PAN Tercera 1 Cruz Mendoza Eufrosina

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PARTIDO ESTADO ó

CIRCUNSCRIPCIÓN DISTRITO DIPUTADO (A)

82 PAN Tercera 2 Bueno Torio Juan

83 PAN Tercera 3 Zavala Peniche María Beatriz

84 PAN Tercera 4 Rosiñol Abreu Jorge

85 PAN Tercera 5 García Rojas Mariana Dunyaska

86 PAN Tercera 6 Chan Lugo Sergio Augusto

87 PAN Tercera 7 Ricalde Magaña Alicia Concepción

88 PAN Tercera 8 Aquino Calvo Juan Jesús

89 PAN Tercera 9 Valladares Couoh Cinthya Noemí

90 PAN Tercera 10 González Manríquez Víctor Rafael

91 PAN Cuarta 1 Adame Alemán Juan Pablo

92 PAN Cuarta 2 Pedraza Aguilera Flor de María

93 PAN Cuarta 3 Cortázar Lara Gerardo Maximiliano

94 PAN Cuarta 4 Romero Sevilla Leonor

95 PAN Cuarta 5 Micalco Méndez Rafael Alejandro

96 PAN Cuarta 6 Rodríguez Doval Fernando

97 PAN Cuarta 7 Saldaña Hernández Margarita

98 PAN Cuarta 8 Ramírez Romero Luis Miguel

99 PAN Cuarta 9 Aguilar Rodríguez Aurora de la Luz

100 PAN Quinta 1 González Carrillo Adriana

101 PAN Quinta 2 Rivadeneyra Hernández Alfredo

102 PAN Quinta 3 Sosa Govea Martha Leticia

103 PAN Quinta 4 González Morfín José

104 PAN Quinta 5 Alvarez Tovar Martha Berenice

105 PAN Quinta 6 Mondragón González Ma. Guadalupe

106 PAN Quinta 7 Rivera Villanueva Erick Marte

107 PAN Quinta 8 Lugo Barriga Patricia

PARTIDO ESTADO ó

CIRCUNSCRIPCIÓN DISTRITO DIPUTADO (A)

55 PAN Primera 2 Pérez Camarena Carmen Lucia

56 PAN Primera 3 Villalobos Seañez Jorge Iván

57 PAN Primera 4 Pantoja Hernández Leslie

58 PAN Primera 5 De la Rosa Anaya Andrés

59 PAN Primera 6 Cortes Berumen Isaías

60 PAN Primera 7 Reza Gallegos Rocío Esmeralda

61 PAN Primera 8 Castaños Valenzuela Carlos Humberto

62 PAN Primera 9 Urciel Castañeda María Celia

63 PAN Primera 10 Dorador Pérez Gavilán Rodolfo

64 PAN Primera 11 Zamora García Alfredo

65 PAN Primera 12 Licea González Margarita

66 PAN Segunda 1 Villarreal García Luis Alberto

67 PAN Segunda 2 Yáñez Robles Elizabeth Oswelia

68 PAN Segunda 3 Camarillo Ortega Rubén

69 PAN Segunda 4 Yamamoto Cazares Beatriz Eugenia

70 PAN Segunda 5 Muñoz Márquez Juan Carlos

71 PAN Segunda 6 Anaya Cortes Ricardo

72 PAN Segunda 7 Arguelles Loya Consuelo

73 PAN Segunda 8 Salinas Garza José Arturo

74 PAN Segunda 9 Ramírez Diez Gutiérrez María Concepción

75 PAN Segunda 10 Flores Flores Enrique Alejandro

76 PAN Segunda 11 Sampayo Ortiz Ramón Antonio

77 PAN Segunda 12 Sada Pérez Verónica

78 PAN Segunda 13 López López Raudel

79 PAN Segunda 14 Jiménez Cerrillo Raquel

80 PAN Segunda 15 Anaya Llamas José Guillermo

81 PAN Tercera 1 Cruz Mendoza Eufrosina

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INTEGRACIÓN PRELIMINAR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL

PARTIDO ESTADO ó

CIRCUNSCRIPCIÓN DISTRITO DIPUTADO (A)

1 PRI Aguascalientes 1 Moreno Montoya J. Pilar

2 PRI Baja California 1 Castillo Valdez Benjamín

3 PRI Baja California 2 Schroeder Verdugo María Fernanda

4 PRI Baja California 3 Hirata Chico Gilberto Antonio

5 PRI Baja California 4 Cabañas Aparicio María Elia

6 PRI Baja California 6 López Alvarado Jaime Chris

7 PRI Baja California 8 Robles Aguirre Mayra Karina

8 PRI Baja California Sur 1 Elizarrarás Cardoso Sandra Luz

9 PRI Baja California Sur 2 Martínez Mora Óscar Francisco

10 PRI Campeche 1 Berzunza Novelo Landy Margarita

11 PRI Coahuila 1 Elizondo Ramírez Irma

12 PRI Coahuila 2 Flores Méndez José Luis

13 PRI Coahuila 4 De las Fuentes Hernández Fernando Donato

14 PRI Coahuila 5 Juan Marcos Issa Salomón

15 PRI Colima 1 Aguayo López Miguel Ángel

16 PRI Colima 2 Zepeda González Francisco Alberto

17 PRI Chiapas 2 Gómez Gómez Pedro

18 PRI Chiapas 3 Pino Escobar Heidi

19 PRI Chiapas 4 Gutiérrez Alvarez Harvey

20 PRI Chiapas 5 Gómez Gómez Luis

21 PRI Chiapas 6 Ochoa Gallegos Williams Oswaldo

22 PRI Chiapas 7 Grajales Palacios Francisco

23 PRI Chiapas 9 Pariente Gavito María del Rosario de Fátima

24 PRI Chiapas 11 Pérez Anzueto Hugo Mauricio

25 PRI Chiapas 12 Díaz Athié Antonio De Jesús

26 PRI Chihuahua 1 Fuentes Téllez Adriana

27 PRI Chihuahua 2 Duarte Murillo José Ignacio

28 PRI Chihuahua 4 Murguía Lardizábal Luis Alfredo

PARTIDO ESTADO ó

CIRCUNSCRIPCIÓN DISTRITO DIPUTADO (A)

29 PRI Chihuahua 5 Montes Alvarado Abraham

30 PRI Chihuahua 7 Athié Flores Kamel

31 PRI Chihuahua 8 Domínguez Zepeda Pedro Ignacio

32 PRI Chihuahua 9 Velázquez Ramirez Diana Karina

33 PRI Durango 1 Mercado Gallegos Sonia Catalina

34 PRI Durango 2 Vitela Rodríguez Alma Marina

35 PRI Durango 3 Escajeda Jiménez José Rubén

36 PRI Durango 4 Herrera Delgado Jorge

37 PRI Guanajuato 1 Barrera Barrera Petra

38 PRI Guanajuato 4 Garza Moreno María Esther

39 PRI Guanajuato 7 Velázquez Díaz María Guadalupe

40 PRI Guanajuato 9 Rangel Segovia Alejandro

41 PRI Guanajuato 11 Navarrete Vital Ma. Concepción

42 PRI Hidalgo 1 Badillo RamÍrez Darío

43 PRI Hidalgo 2 Muñiz Martínez Dulce María

44 PRI Hidalgo 3 Velasco Orozco Víctor Hugo

45 PRI Hidalgo 4 Miranda Munive Emilse

46 PRI Hidalgo 5 Rojo García de Alba José Antonio

47 PRI Hidalgo 6 Hernández Morales Mirna Esmeralda

48 PRI Hidalgo 7 González Vargas Francisco

49 PRI Jalisco 1 Padilla Navarro Cesario

50 PRI Jalisco 2 Pérez de Alba José Noel

51 PRI Jalisco 4 Arellano Guzmán Salvador

52 PRI Jalisco 5 González Reséndiz Rafael

53 PRI Jalisco 6 Salgado Peña Abel Octavio

54 PRI Jalisco 7 Chávez Dávalos Sergio Armando

55 PRI Jalisco 8 Alcalá Padilla Leobardo

56 PRI Jalisco 9 Mendoza Curiel Ma. Leticia

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INTEGRACIÓN PRELIMINAR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL

PARTIDO ESTADO ó

CIRCUNSCRIPCIÓN DISTRITO DIPUTADO (A)

1 PRI Aguascalientes 1 Moreno Montoya J. Pilar

2 PRI Baja California 1 Castillo Valdez Benjamín

3 PRI Baja California 2 Schroeder Verdugo María Fernanda

4 PRI Baja California 3 Hirata Chico Gilberto Antonio

5 PRI Baja California 4 Cabañas Aparicio María Elia

6 PRI Baja California 6 López Alvarado Jaime Chris

7 PRI Baja California 8 Robles Aguirre Mayra Karina

8 PRI Baja California Sur 1 Elizarrarás Cardoso Sandra Luz

9 PRI Baja California Sur 2 Martínez Mora Óscar Francisco

10 PRI Campeche 1 Berzunza Novelo Landy Margarita

11 PRI Coahuila 1 Elizondo Ramírez Irma

12 PRI Coahuila 2 Flores Méndez José Luis

13 PRI Coahuila 4 De las Fuentes Hernández Fernando Donato

14 PRI Coahuila 5 Juan Marcos Issa Salomón

15 PRI Colima 1 Aguayo López Miguel Ángel

16 PRI Colima 2 Zepeda González Francisco Alberto

17 PRI Chiapas 2 Gómez Gómez Pedro

18 PRI Chiapas 3 Pino Escobar Heidi

19 PRI Chiapas 4 Gutiérrez Alvarez Harvey

20 PRI Chiapas 5 Gómez Gómez Luis

21 PRI Chiapas 6 Ochoa Gallegos Williams Oswaldo

22 PRI Chiapas 7 Grajales Palacios Francisco

23 PRI Chiapas 9 Pariente Gavito María del Rosario de Fátima

24 PRI Chiapas 11 Pérez Anzueto Hugo Mauricio

25 PRI Chiapas 12 Díaz Athié Antonio De Jesús

26 PRI Chihuahua 1 Fuentes Téllez Adriana

27 PRI Chihuahua 2 Duarte Murillo José Ignacio

28 PRI Chihuahua 4 Murguía Lardizábal Luis Alfredo

PARTIDO ESTADO ó

CIRCUNSCRIPCIÓN DISTRITO DIPUTADO (A)

29 PRI Chihuahua 5 Montes Alvarado Abraham

30 PRI Chihuahua 7 Athié Flores Kamel

31 PRI Chihuahua 8 Domínguez Zepeda Pedro Ignacio

32 PRI Chihuahua 9 Velázquez Ramirez Diana Karina

33 PRI Durango 1 Mercado Gallegos Sonia Catalina

34 PRI Durango 2 Vitela Rodríguez Alma Marina

35 PRI Durango 3 Escajeda Jiménez José Rubén

36 PRI Durango 4 Herrera Delgado Jorge

37 PRI Guanajuato 1 Barrera Barrera Petra

38 PRI Guanajuato 4 Garza Moreno María Esther

39 PRI Guanajuato 7 Velázquez Díaz María Guadalupe

40 PRI Guanajuato 9 Rangel Segovia Alejandro

41 PRI Guanajuato 11 Navarrete Vital Ma. Concepción

42 PRI Hidalgo 1 Badillo RamÍrez Darío

43 PRI Hidalgo 2 Muñiz Martínez Dulce María

44 PRI Hidalgo 3 Velasco Orozco Víctor Hugo

45 PRI Hidalgo 4 Miranda Munive Emilse

46 PRI Hidalgo 5 Rojo García de Alba José Antonio

47 PRI Hidalgo 6 Hernández Morales Mirna Esmeralda

48 PRI Hidalgo 7 González Vargas Francisco

49 PRI Jalisco 1 Padilla Navarro Cesario

50 PRI Jalisco 2 Pérez de Alba José Noel

51 PRI Jalisco 4 Arellano Guzmán Salvador

52 PRI Jalisco 5 González Reséndiz Rafael

53 PRI Jalisco 6 Salgado Peña Abel Octavio

54 PRI Jalisco 7 Chávez Dávalos Sergio Armando

55 PRI Jalisco 8 Alcalá Padilla Leobardo

56 PRI Jalisco 9 Mendoza Curiel Ma. Leticia

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PARTIDO ESTADO ó

CIRCUNSCRIPCIÓN DISTRITO DIPUTADO (A)

57 PRI Jalisco 11 Delgadillo González Claudia

58 PRI Jalisco 12 Gauna Ruiz de León Celia Isabel

59 PRI Jalisco 13 Barba Mariscal Marco Antonio

60 PRI Jalisco 15 Niaves López Ossiel Omar

61 PRI Jalisco 16 Córdoba Díaz Luis Armando

62 PRI Jalisco 17 Magaña Zepeda María Angélica

63 PRI Jalisco 19 Barajas Del Toro Salvador

64 PRI México 2 Liceaga Arteaga Gerardo Francisco

65 PRI México 3 Rangel Espinosa José

66 PRI México 4 Carreño Mijares Angelina

67 PRI México 5 Zacarías Capuchino Darío

68 PRI México 6 Ruiz Moronatti Roberto

69 PRI México 7 Del Moral Vela Paulina Alejandra

70 PRI México 8 Calzada Arroyo Marco Antonio

71 PRI México 9 Manzur Quiroga José Sergio

72 PRI México 10 Flores Gómez José Luis Cruz

73 PRI México 11 Alvarado Sánchez Brenda María Izontli

74 PRI México 12 Navarro De Alva Cesar Reynaldo

75 PRI México 13 Moreno Árcega José Isidro

76 PRI México 14 Márquez Velasco Silvia

77 PRI México 16 Ponce Orozco Norma

78 PRI México 18 Maldonado Hernández Fernando Alfredo

79 PRI México 19 Ugalde Alegría Aurora Denisse

80 PRI México 21 Ruiz Sandoval Cristina

81 PRI México 22 Gualito Castañeda Rosalba

82 PRI México 23 Gómez Carmona Blanca Estela

83 PRI México 24 González Martínez Olivares Irazema

84 PRI México 25 Román Bojórquez Jesús Tolentino

PARTIDO ESTADO ó

CIRCUNSCRIPCIÓN DISTRITO DIPUTADO (A)

85 PRI México 26 Zamora Morales Fernando

86 PRI México 27 Barrera Fortoul Laura

87 PRI México 28 Bernal Bolnik Sue Ellen

88 PRI México 33 Carbajal Hernández Juan Manuel

89 PRI México 34 Curi Naime Alberto

90 PRI México 35 Rellstab Carreto Tanya

91 PRI México 36 Barrueta Barón Noé

92 PRI México 37 Fernández Clamont Francisco Javier

93 PRI México 40 Hernández Tapia Gerardo Xavier

94 PRI Michoacán 1 Barrera Estrada Rodimiro

95 PRI Michoacán 4 Romero Valencia Salvador

96 PRI Michoacán 5 Hernández Iñiguez Adriana

97 PRI Michoacán 6 Olvera Correa Luis

98 PRI Michoacán 8 González Farías Eligio Cuitláhuac

99 PRI Michoacán 9 Quintana León Socorro de la Luz

100 PRI Michoacán 10 Núñez Aguilar Ernesto

101 PRI Michoacán 12 Ortiz García Salvador

102 PRI Morelos 4 Ocampo Gutiérrez Laura Catalina

103 PRI Nayarit 1 Rocha Piedra Juan Manuel

104 PRI Nayarit 2 Gómez Olguín Roy Argel

105 PRI Nayarit 3 Núñez Sánchez Gloria Elizabeth

106 PRI Nuevo León 2 Caballero Garza Benito

107 PRI Nuevo León 3 Guerra Garza Abel

108 PRI Nuevo León 5 Gutiérrez de la Garza Héctor Humberto

109 PRI Nuevo León 9 González Valdez Marco Antonio

110 PRI Nuevo León 11 García García Héctor

111 PRI Nuevo León 12 Treviño Villarreal Pedro Pablo

112 PRI Oaxaca 7 Gurrión Matías Samuel

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PARTIDO ESTADO ó

CIRCUNSCRIPCIÓN DISTRITO DIPUTADO (A)

57 PRI Jalisco 11 Delgadillo González Claudia

58 PRI Jalisco 12 Gauna Ruiz de León Celia Isabel

59 PRI Jalisco 13 Barba Mariscal Marco Antonio

60 PRI Jalisco 15 Niaves López Ossiel Omar

61 PRI Jalisco 16 Córdoba Díaz Luis Armando

62 PRI Jalisco 17 Magaña Zepeda María Angélica

63 PRI Jalisco 19 Barajas Del Toro Salvador

64 PRI México 2 Liceaga Arteaga Gerardo Francisco

65 PRI México 3 Rangel Espinosa José

66 PRI México 4 Carreño Mijares Angelina

67 PRI México 5 Zacarías Capuchino Darío

68 PRI México 6 Ruiz Moronatti Roberto

69 PRI México 7 Del Moral Vela Paulina Alejandra

70 PRI México 8 Calzada Arroyo Marco Antonio

71 PRI México 9 Manzur Quiroga José Sergio

72 PRI México 10 Flores Gómez José Luis Cruz

73 PRI México 11 Alvarado Sánchez Brenda María Izontli

74 PRI México 12 Navarro De Alva Cesar Reynaldo

75 PRI México 13 Moreno Árcega José Isidro

76 PRI México 14 Márquez Velasco Silvia

77 PRI México 16 Ponce Orozco Norma

78 PRI México 18 Maldonado Hernández Fernando Alfredo

79 PRI México 19 Ugalde Alegría Aurora Denisse

80 PRI México 21 Ruiz Sandoval Cristina

81 PRI México 22 Gualito Castañeda Rosalba

82 PRI México 23 Gómez Carmona Blanca Estela

83 PRI México 24 González Martínez Olivares Irazema

84 PRI México 25 Román Bojórquez Jesús Tolentino

PARTIDO ESTADO ó

CIRCUNSCRIPCIÓN DISTRITO DIPUTADO (A)

85 PRI México 26 Zamora Morales Fernando

86 PRI México 27 Barrera Fortoul Laura

87 PRI México 28 Bernal Bolnik Sue Ellen

88 PRI México 33 Carbajal Hernández Juan Manuel

89 PRI México 34 Curi Naime Alberto

90 PRI México 35 Rellstab Carreto Tanya

91 PRI México 36 Barrueta Barón Noé

92 PRI México 37 Fernández Clamont Francisco Javier

93 PRI México 40 Hernández Tapia Gerardo Xavier

94 PRI Michoacán 1 Barrera Estrada Rodimiro

95 PRI Michoacán 4 Romero Valencia Salvador

96 PRI Michoacán 5 Hernández Iñiguez Adriana

97 PRI Michoacán 6 Olvera Correa Luis

98 PRI Michoacán 8 González Farías Eligio Cuitláhuac

99 PRI Michoacán 9 Quintana León Socorro de la Luz

100 PRI Michoacán 10 Núñez Aguilar Ernesto

101 PRI Michoacán 12 Ortiz García Salvador

102 PRI Morelos 4 Ocampo Gutiérrez Laura Catalina

103 PRI Nayarit 1 Rocha Piedra Juan Manuel

104 PRI Nayarit 2 Gómez Olguín Roy Argel

105 PRI Nayarit 3 Núñez Sánchez Gloria Elizabeth

106 PRI Nuevo León 2 Caballero Garza Benito

107 PRI Nuevo León 3 Guerra Garza Abel

108 PRI Nuevo León 5 Gutiérrez de la Garza Héctor Humberto

109 PRI Nuevo León 9 González Valdez Marco Antonio

110 PRI Nuevo León 11 García García Héctor

111 PRI Nuevo León 12 Treviño Villarreal Pedro Pablo

112 PRI Oaxaca 7 Gurrión Matías Samuel

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PARTIDO ESTADO ó

CIRCUNSCRIPCIÓN DISTRITO DIPUTADO (A)

113 PRI Puebla 1 Vargas Vargas Laura Guadalupe

114 PRI Puebla 2 Márquez Martínez José Luis

115 PRI Puebla 3 Díaz Palacios Víctor Emanuel

116 PRI Puebla 4 García Hernández Josefina

117 PRI Puebla 5 Sánchez Romero Carlos

118 PRI Puebla 6 Doger Guerrero José Enrique

119 PRI Puebla 7 Morales Flores Jesús

120 PRI Puebla 8 Allende Cano Ana Isabel

121 PRI Puebla 13 García Olmedo María del Rocío

122 PRI Puebla 14 Guevara González Javier Filiberto

123 PRI Puebla 15 García de la Cadena Romero María del Carmen

124 PRI Puebla 16 Campos Córdova Lisandro Arístides

125 PRI Querétaro 1 Barcenas Nieves Delvim Fabiola

126 PRI Quintana Roo 1 Quian Alcocer Eduardo Román

127 PRI Quintana Roo 2 King De la Rosa Raymundo

128 PRI San Luis Potosí 1 Nava Gómez José Everardo

129 PRI San Luis Potosí 2 Martínez Cárdenas Esther Angélica

130 PRI San Luis Potosí 3 Bautista Villegas Óscar

131 PRI San Luis Potosí 4 Terán Juárez Jorge

132 PRI San Luis Potosí 7 Terán Guevara María Rebeca

133 PRI Sinaloa 3 Inzunza Montoya Alfonso

134 PRI Sinaloa 4 Rubio Lara Blas Ramón

135 PRI Sinaloa 5 Valdés Palazuelos Jesús Antonio

136 PRI Sinaloa 6 Corrales Corrales Francisca Elena

137 PRI Sinaloa 7 Torres Félix Sergio

138 PRI Sonora 4 Astiazarán Gutiérrez Antonio Francisco

139 PRI Sonora 6 Félix Chávez Faustino Francisco

140 PRI Tamaulipas 5 Cárdenas Del Avellano Enrique

PARTIDO ESTADO ó

CIRCUNSCRIPCIÓN DISTRITO DIPUTADO (A)

141 PRI Tamaulipas 6 De la Cruz Requena Rosalba

142 PRI Tlaxcala 1 Sánchez Santiago María Guadalupe

143 PRI Veracruz 1 Pazzi Maza Zita Beatriz

144 PRI Veracruz 3 Ruiz Arriaga Genaro

145 PRI Veracruz 5 Hernández Burgos Gaudencio

146 PRI Veracruz 6 Arrollo Ruiz Alma Jeany

147 PRI Veracruz 8 Montano Guzmán José Alejandro

148 PRI Veracruz 9 Charleston Hernández Fernando

149 PRI Veracruz 14 Hernández González Noé

150 PRI Veracruz 15 Diez Francos Juan Manuel

151 PRI Veracruz 18 López Landero Tomás

152 PRI Veracruz 19 Garay Cabada Marina

153 PRI Veracruz 20 Vázquez Saut Regina

154 PRI Veracruz 21 Vázquez Parissi Ponciano

155 PRI Yucatán 1 Sosa Altamira William Renan

156 PRI Yucatán 2 Ordaz Martínez María del Carmen

157 PRI Yucatán 3 Sahui Rivero Mauricio

158 PRI Yucatán 5 Vela Reyes Marco Alonso

159 PRI Zacatecas 1 Bonilla Gómez Adolfo

160 PRI Zacatecas 2 Flemate Ramirez Julio Cesar

161 PRI Primera 1 Beltrones Rivera Manlio Fabio

162 PRI Primera 2 Quiñones Canales Lourdes Eulalia

163 PRI Primera 3 Galván Villanueva Raúl Santos

164 PRI Primera 4 Corona Nakamura María del Rocío

165 PRI Primera 5 Castro Trenti Fernando Jorge

166 PRI Primera 6 Ayala Robles Linares Flor de Rosa

167 PRI Primera 7 Flores Sandoval Patricio

168 PRI Primera 8 Amaya Araujo María Elvia

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PARTIDO ESTADO ó

CIRCUNSCRIPCIÓN DISTRITO DIPUTADO (A)

113 PRI Puebla 1 Vargas Vargas Laura Guadalupe

114 PRI Puebla 2 Márquez Martínez José Luis

115 PRI Puebla 3 Díaz Palacios Víctor Emanuel

116 PRI Puebla 4 García Hernández Josefina

117 PRI Puebla 5 Sánchez Romero Carlos

118 PRI Puebla 6 Doger Guerrero José Enrique

119 PRI Puebla 7 Morales Flores Jesús

120 PRI Puebla 8 Allende Cano Ana Isabel

121 PRI Puebla 13 García Olmedo María del Rocío

122 PRI Puebla 14 Guevara González Javier Filiberto

123 PRI Puebla 15 García de la Cadena Romero María del Carmen

124 PRI Puebla 16 Campos Córdova Lisandro Arístides

125 PRI Querétaro 1 Barcenas Nieves Delvim Fabiola

126 PRI Quintana Roo 1 Quian Alcocer Eduardo Román

127 PRI Quintana Roo 2 King De la Rosa Raymundo

128 PRI San Luis Potosí 1 Nava Gómez José Everardo

129 PRI San Luis Potosí 2 Martínez Cárdenas Esther Angélica

130 PRI San Luis Potosí 3 Bautista Villegas Óscar

131 PRI San Luis Potosí 4 Terán Juárez Jorge

132 PRI San Luis Potosí 7 Terán Guevara María Rebeca

133 PRI Sinaloa 3 Inzunza Montoya Alfonso

134 PRI Sinaloa 4 Rubio Lara Blas Ramón

135 PRI Sinaloa 5 Valdés Palazuelos Jesús Antonio

136 PRI Sinaloa 6 Corrales Corrales Francisca Elena

137 PRI Sinaloa 7 Torres Félix Sergio

138 PRI Sonora 4 Astiazarán Gutiérrez Antonio Francisco

139 PRI Sonora 6 Félix Chávez Faustino Francisco

140 PRI Tamaulipas 5 Cárdenas Del Avellano Enrique

PARTIDO ESTADO ó

CIRCUNSCRIPCIÓN DISTRITO DIPUTADO (A)

141 PRI Tamaulipas 6 De la Cruz Requena Rosalba

142 PRI Tlaxcala 1 Sánchez Santiago María Guadalupe

143 PRI Veracruz 1 Pazzi Maza Zita Beatriz

144 PRI Veracruz 3 Ruiz Arriaga Genaro

145 PRI Veracruz 5 Hernández Burgos Gaudencio

146 PRI Veracruz 6 Arrollo Ruiz Alma Jeany

147 PRI Veracruz 8 Montano Guzmán José Alejandro

148 PRI Veracruz 9 Charleston Hernández Fernando

149 PRI Veracruz 14 Hernández González Noé

150 PRI Veracruz 15 Diez Francos Juan Manuel

151 PRI Veracruz 18 López Landero Tomás

152 PRI Veracruz 19 Garay Cabada Marina

153 PRI Veracruz 20 Vázquez Saut Regina

154 PRI Veracruz 21 Vázquez Parissi Ponciano

155 PRI Yucatán 1 Sosa Altamira William Renan

156 PRI Yucatán 2 Ordaz Martínez María del Carmen

157 PRI Yucatán 3 Sahui Rivero Mauricio

158 PRI Yucatán 5 Vela Reyes Marco Alonso

159 PRI Zacatecas 1 Bonilla Gómez Adolfo

160 PRI Zacatecas 2 Flemate Ramirez Julio Cesar

161 PRI Primera 1 Beltrones Rivera Manlio Fabio

162 PRI Primera 2 Quiñones Canales Lourdes Eulalia

163 PRI Primera 3 Galván Villanueva Raúl Santos

164 PRI Primera 4 Corona Nakamura María del Rocío

165 PRI Primera 5 Castro Trenti Fernando Jorge

166 PRI Primera 6 Ayala Robles Linares Flor de Rosa

167 PRI Primera 7 Flores Sandoval Patricio

168 PRI Primera 8 Amaya Araujo María Elvia

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