revista laboral # 12
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La temática laboral de la revista, en este número, se aborda en el contexto de los casi dos años desde el arribo a la presidencia de la Derecha política. Y la perspectiva desde la cual se da cuenta de esta problemática es el Pensamiento Crítico, un punto de vista contrario al régimen de acumulación capitalista imperante y, por lo mismo, a las condiciones sociales de producción y reproducción del modelo económico, cultural y social hegemónico en el país.TRANSCRIPT
ISSN 0719-1715
Revista Laboral Ical Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz
Dos años de derecha neoliberal en el gobierno
Discusiones en torno al trabajo
Mauricio Muñoz Katia Molina
Felipe Valenzuela Pablo Canelo
Aportes Internacionales de Jorge Notaro(Uruguay)
Julio Gambina(Argentina)
Luis Rojas (Paraguay)
Katia Molina - Mauricio Muñoz
Editores
Nº12 – AÑO 4
ISSN 0719-1715
Diseño de la portada: Valeria Hevia C. – Elías Valenzuela R.
Fotografía: Elías Valenzuela R.
Colectivo OMYC Fotografía http://www.flickr.com/photos/omcfotografia/
Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz Ical.
Ricardo Cumming 350, Santiago, Chile. http://www.ical.cl
Año 2011.
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Índice
Editorial 3
Dos años de derecha neoliberal en el gobierno. Proyecciones políticas sobre el trabajo.
Mauricio Muñoz 5
El sindicalismo en el contexto
de un gobierno de derecha. Katia Molina 17 Los funcionarios públicos y
el rol del Estado en el gobierno de
Sebastián Piñera. Felipe Valenzuela 31
Trabajo decente y PYMES: Hacia una política de fomento productivo que beneficie a los trabajadores. Pablo Canelo 41
La redistribución del ingreso y la riqueza: el debate actual en el Uruguay.
Jorge Notaro 57
El debate ideológico sobre el orden económico.
Julio Gambina 63
Periodos de la economía del Paraguay. Aportes a un debate inconcluso.
Luís Rojas 69
2
3
Editorial
La presente edición, es producto del trabajo colectivo de los
integrantes del Área Laboral del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz ICAL, los cuales, a través de las
constantes discusiones, paralelos y contrastes, dieron forma a los artículos que acá se presentan.
La temática laboral de la revista, en este número, se aborda en el contexto de los casi dos años desde el arribo a la
presidencia de la Derecha política. Y la perspectiva desde la cual se da cuenta de esta problemática es el Pensamiento Crítico, un punto de vista contrario al régimen de
acumulación capitalista imperante y, por lo mismo, a las condiciones sociales de producción y reproducción del
modelo económico, cultural y social hegemónico en el país.
Así, distintos cuestionamientos frente a las políticas en
torno al trabajo, propuestas en el Programa de Gobierno de Sebastián Piñera o instaladas en la palestra por las dos
Ministras del Trabajo que han asumido en el periodo, y sus
impactos o alcances sociopolíticos, son puestos en circulación, a modo introductorio, por Mauricio Muñoz. Por
su parte, Katia Molina, desde una visión panorámica en que analiza el impacto en el sindicalismo de las políticas
neoliberales implementadas en Chile pasa a un análisis
más micro y detallado acerca de lo sucedido en los últimos meses, instalando la tensión entre una radicalización del
modelo y las organizaciones sindicales. Tensión atravesada por el desequilibrio de poder en las relaciones laborales.
Por otro lado, Felipe Valenzuela, aborda la impronta neoliberal del Estado chileno y su relación con los
4
funcionarios públicos, configurada, con matices, por las
administraciones gubernamentales posteriores a la Dictadura Militar, bajo el discurso de la modernización del
aparato estatal, y cuyo cenit se alcanza con la actual administración.
En el ámbito de las relaciones productivas, Pablo Canelo examina las relaciones laborales en las Pequeñas y
Medianas Empresas (PyMEs). Tema que la derecha acota al concepto de emprendimiento y evita tocar cuestiones más
profundas, como la asimétrica relación entre las grandes
empresas y las de menor tamaño, así como también el plantear proyectos de políticas públicas que fomenten la
producción y desarrollo de los sectores productivos
menores, desfavorecidos por el desarrollo del neoliberalismo y el imperio de las transnacionales.
En síntesis, en este número de la Revista Laboral Ical, se
articulan, a partir del abordaje de distintas dimensiones,
una mirada aguda y crítica, que busca ser un aporte para el pensamiento alternativo, mostrando los conflictos y
desigualdades propios del momento actual del capitalismo neoliberal chileno.
Finalmente contamos con aportes internacionales que nos entregan una panorámica general respecto de los distintos
contextos en los países vecinos. Jorge Notaro, economista uruguayo, nos pone al tanto del debate acerca de la
redistribución del ingreso y la riqueza en Uruguay. El
académico argentino Julio Gambina, contribuye con un breve pero contundente análisis del debate ideológico sobre
el orden económico. Y, finalmente, el investigador paraguayo Luis Rojas, se inmiscuye en el debate acerca de
la constitución del actual sistema económico y político de
Paraguay.
Katia Molina – Mauricio Muñoz Editores
5
Dos años de derecha neoliberal en el gobierno
Proyecciones políticas sobre el trabajo
Mauricio Muñoz*
La actual derecha política chilena
La Unión Demócrata Independiente (UDI), fue fundada en
1983 por Jaime Guzmán, ideólogo de la Constitución
Política de 1980, impuesta en plena Dictadura Militar, y
Pablo Longueira, fundamental figura política actual del
conglomerado derechista. Por otro lado, Renovación
Nacional (RN) fue fundada en 1987 y es un hibrido de
descolgado de la UDI, del Movimiento de Unión Nacional1,
del Frente Nacional del Trabajo2 y viejos militantes del
Partido Nacional y la Democracia Cristiana. Ambos Partidos
– UDI y RN – son la resultante política, pero también la
plataforma ideológica, del proceso dictatorial mediante el
cual se instaló el neoliberalismo en el país.
La Coalición por el Cambio, unión política conformada por
los dos partidos de derecha antes mencionados, es la
alianza que llevó como candidato presidencial a Sebastián
Piñera y es, a la vez, la base política de su actual gobierno.
Estos partidos aceptan tres cuestiones constitutivas del
* Sociólogo. Área Laboral Ical. 1 Protopartido político prodictatorial, fundado en el año 1983 por Andrés
Allamand, Francisco Bulnes Sanfuentes, Pedro Ibáñez Ojeda y por otros
antiguos militantes y partidarios del Partido Nacional. 2 Fundado por Sergio Onofre Jarpa (Ministro del Interior en Dictadura,
entre 1983 y 1985), quién fuere militante del Partido de Acción Nacional
(1963 – 1966) y fundador del Partido Nacional (1966 – 1994), tras la
debacle de la derecha chilena en las elecciones parlamentarias de 1965,
acontecimiento el cual hizo que los partidos Liberal y Conservador se
fusionaran.
6
actual orden socio-económico (Gómez, 2010: 114). En
primer lugar, no cuestionan al capitalismo en sus
dimensiones económica, política y social; a consecuencia,
en segundo lugar, la defensa de la propiedad privada es un
axioma, por lo tanto, un principio configurador y, en tercer
lugar, aceptan el mercado como un lugar competitivo, desde
la perspectiva neoliberal: como aquel lugar de intercambio
entre oferta y demanda, donde el equilibrio “natural” de
estos términos sólo es posible a partir de la reducción
máxima de cualquier intervención3.
Esta derecha, este engendro que tiene como marca de
nacimiento el autoritarismo, el terrorismo de Estado en
tanto mecanismo-contrarevolucionario-anti-proyecto-popular,
que configuró el actual capitalismo neoliberal chileno con
sus particularidades económicas, sociales, políticas y
culturales; es la que llega al gobierno el 11 de Marzo del
2010, tras 20 años de espera, con el objetivo de, tal como
desarrollará Felipe Valenzuela, perfeccionar, enarbolando la
bandera modernizante, la impronta neoliberal del Estado
chileno.
Las propuestas del programa: Una sociedad de
seguridades
El objetivo de la Coalición por el Cambio, según su Programa
de Gobierno, es “construir una auténtica sociedad de
seguridades”. Estos lineamientos, en tanto directrices
político-ideológicas, son la guía a seguir durante el periodo
por el cual fue electo Sebastián Piñera.
3 Es necesario advertir que estas mismas premisas son aceptadas por los
partidos de Centro Izquierda, quienes administraron el poder posterior a la
dictadura, periodo que eufemísticamente se le llamó transición a la
democracia y que tuvo su fin en el periodo presidencial de Ricardo Lagos,
momento en el cual se arribó a una democracia sui generis, por decirlo de
una forma sutil.
7
El nudo central para alcanzar el propósito que la Coalición
se plantea en el Programa, es el ámbito laboral. Al respecto
el diagnóstico de la derecha es taxativo:
1) Existe una baja proporción de la población que
participa en la fuerza de trabajo.
2) Hay una baja capacidad de la economía para generar puestos de trabajo que repercute en el alto
desempleo que afecta principalmente a las mujeres y a la población más joven y pobre del país (cuestión
que la derecha endosa a la ineficiencia de los
gobiernos de la Concertación y a la rigidez impuesta al mercado).
3) Los salarios son bajos y la principal razón es la baja formación y capacitación de los trabajadores.
De las tres principales problemáticas que identifica el programa presidencial ninguna está vinculada directamente
al mercado, sino que, más bien, lo que se expone son dificultades exógenas a éste, las cuales afectan al “equilibrio natural” que le sería inherente al trabajo, como a cualquier
otro mercado. La “mano invisible” liberal continúa siendo el
filtro por el cual pasan las miradas de la derecha neoliberal
actual.
Las soluciones que esgrime el ahora gobierno frente a las
problemáticas antes expuestas, están vinculadas principalmente a flexibilizar aún más el mercado laboral,
subsidiar gastos que en muchos casos debiesen ser de
responsabilidad de los empleadores y reformular el seguro de cesantía. Es pertinente darle hincapié a que estas tres
dimensiones –la flexibilización, el subsidio (al empleo juvenil o femenino, por ejemplo) y el seguro de cesantía- son
tres directrices que, desde el concierto internacional, la
OCDE entrega como recomendaciones de implementación y consolidación a los países que la integran:
"Las indemnizaciones son parte de la flexibilidad. Si éstas son muy altas, es menor el apetito de los empresarios por crear empleos (...) Y el problema es
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que estos instrumentos a quienes más afectan es a quienes están fuera del mercado laboral, así como también a los jóvenes y mujeres" (Ángel Gurría,
Secretario General de la OCDE. Diario El Mercurio, 5 de Abril de 2011).
El recurso flexibilidad laboral y su vínculo con el empleo precario
Teletrabajo Con respecto a la implementación de mayor flexibilidad, la
derecha insinuó en un comienzo la necesidad de promover la modalidad del teletrabajo, es decir, que la actividad
productiva que tecnológicamente sea compatible con esta particular forma de organizar la producción, pueda ser
realizada desde el domicilio de las personas. Muchos de los publicistas del neoliberalismo, actualmente, ven allí la
posibilidad del fin de la enajenación que provoca el trabajo
en el capitalismo:
“La automatización de procesos que surge de las tecnologías de información, ahora digitalizada y conectada mediante banda ancha, permite un trabajo menos alienante, rutinario y repetitivo. […] No será inusual que el trabajo pueda ahora realizarse desde el hogar, mejorando las opciones laborales de la mujer embarazada o con hijos” (Editorial “Necesidad de una robusta agenda laboral”. Diario El Mercurio,
8 de Mayo de 2011).
En la misma línea, Sebastián Piñera, en el mensaje
presidencial con el que inicia el proyecto de ley sobre el contrato especial del trabajo a distancia indica que:
“La creación de nuevos empleos y de diversas fuentes laborales que en el pasado reciente fueron impensables, también ha traído como consecuencia inmediata nuevas formas de vida, las que cada vez más irán reemplazando a las antiguas. Al efecto,
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hemos tenido como principal consideración el proveer de un mecanismo que facilite, especialmente, la incorporación de la mujer, los jóvenes, los adultos mayores y las personas con discapacidad al mundo laboral, como una forma de promover nuevas fuentes de trabajo. Es decir, la nueva legislación permitirá conciliar de mejor manera el desarrollo de labores remuneradas con la vida familiar, junto a otras actividades culturales, educacionales, deportivas o recreativas, las que contribuyen decisivamente a mejorar la calidad de vida de las personas” (Mensaje
presidencial N° 224-358. 20 de Enero de 2010).
Esta miopía deliberada, propia de la clase dominante
chilena, que da cuenta de lo ordinario y brutal de su discurso ideológico, impide una lectura más compleja de la
problemática de la flexibilización y la adaptabilidad de la fuerza de trabajo, a la cual es posible acceder -entre otras
causas- gracias al alto desarrollo tecnológico de los medios
de producción combinado con una institucionalidad política eunuca; y a la vez, por otro lado, omite cuestiones
fundamentales de ser discutidas, como lo son: la radicalización del capitalismo, la desarticulación de
colectivos políticos, la precarización de los trabajos, el
subempleo encubierto, la deslocalización de la fuerza de trabajo y la invasión de los espacios privados, libres,
propios de las personas y las familias, lugares a los que el Capital no tenía acceso y a los cuales, mediante el
dispositivo teletrabajo, pretende arribar; por nombrar sólo
algunas problemáticas. Subsidios En lo que guarda relación con los subsidios la derecha
propone crear una institucionalidad de intermediación laboral dedicada a buscar trabajo a los “trabajadores más vulnerables”, es decir aquellos menos capacitados,
caracterizados en los segmentos más jóvenes de la Población Económicamente Activa (PEA) y las mujeres,
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creando un “bono de intermediación” financiado por el
Estado.
Para incentivar la contratación de mujeres y jóvenes, el gobierno ha indicado que, para que las primeras puedan “compatibilizar el trabajo con la vida familiar”, es necesario
modificar la actual normativa de salas cunas, haciendo que
el Estado financie el 50% de éstas y, por otro lado, flexibilizar el periodo de postnatal, para un determinado
sector de la fuerza de trabajo femenina. En relación a los jóvenes, desde la cartera del trabajo se ha indicado que:
“Es importante que le demos una oportunidad a los jóvenes, hoy día solamente el 30% de los jóvenes entre 15 y 25 años trabaja, en los países desarrollados esta cifra se eleva al 43%, tenemos mucho por avanzar. Tenemos que darle una oportunidad, porque a ellos esto les permite no solamente tener una remuneración, sino también es parte de su formación como persona y como profesionales” (Camila Merino. Comunicado de
prensa. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 12
de Enero de 2011).
La entonces ministra Camila Merino, en este contexto, destacó el incremento que tendrá durante el año 2011 el Subsidio al Empleo Joven, que tiene como propósito
incentivar la contratación de personas entre 18 y 25 años, con baja calificación laboral, el cual dispondrá de un
presupuesto de $47.293 millones, lo que representa un aumento de un 40% respecto al año anterior.
Las iniciativas subsidiarias, más que estar marcadas por la mejora sustancial en las condiciones de vida de los
trabajadores, estas tienen un denominador común, a saber: ser una prestación pública de carácter económico, que busca aliviar de compromisos a la empresa, neoliberalizando aún más al Estado, poniéndolo al servicio y disposición de los intereses del Capital.
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Es razonable plantear que si las empresas -sobre todo las
grandes empresas- que obtienen elevadas ganancias, sea por la explotación de recursos naturales del país
(principalmente mineras, forestales y energéticas) o por el sometimiento extremo de la fuerza de trabajo a través del
empleo precario (mandantes que subcontratan personal
para actividades relacionadas con el giro principal de la empresa o conglomerados del Retail como Censosud o
Falabella (Ruminot, 2010), por nombrar sólo algunas), debiesen actuar dentro de un marco de responsabilidad social que promueva el trabajo decente, entregando
condiciones de integración y desarrollo a la comunidad donde está instalada e invirtiendo en los trabajadores que
son, en definitiva, los que producen la riqueza. Así, más que
subsidios enfocados a hacer crecer las ganancias de la empresa privada, la discusión debería apuntar hacia las
políticas de inversión de las propias empresas y su relación con el desarrollo integral y sustentable de la sociedad.
Seguro de Cesantía
Otra de las propuestas de la derecha es reemplazar el pago
por el concepto de indemnizaciones por años de servicios
que se les entrega a los trabajadores al momento de ser
despedidos, por un Seguro de Cesantía que permita una
indemnización a todo evento, es decir, cuando el trabajador,
no importando el motivo, cesa sus funciones en una
empresa determinada. Los dardos de los neoliberales
apuntan a terminar con esta compensación a los
trabajadores puesto que, para la derecha, este sería uno de
los grandes obstáculos que impiden el dinamismo del
mercado del trabajo y, es más, limitaría la contratación.
Tratar de equiparar la indemnización por el tiempo que el
trabajador prestó servicios en una empresa con el seguro de
cesantía, es caer en un error. Someramente podemos decir
que la indemnización tiene que ver con una compensación
por los años trabajados para una determinada empresa y,
12
por otro lado, un seguro es un contrato por el cual al
asegurador se obliga, mediante una cuota estipulada –que
en este caso no existe claridad de quien la asumiría-, a
indemnizar al asegurado por un daño producido, en el caso
de los trabajadores: el despido. En segundo lugar, se debe
tener muy claro que priorizar una modalidad de seguro por
sobre la de indemnización, es pasar por encima de un
derecho ganado por de los trabajadores, y esta decisión sólo
puede ser tomada teniendo en cuenta la perspectiva de
éstos. Ambos puntos, aquí solamente introducidos, así
como las potencialidades y limitaciones tanto del
mecanismo de indemnización como el de seguro, la derecha
ni siquiera los menciona.
Nuevos empleos: Subempleo
Finalmente, ya con Evelyn Mattei en la cabeza del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, la impronta del
gobierno estará dada por la generación de empleos: “superar
la meta de 1 millón de nuevos y buenos empleos al 2014”
(Evelyn Mattei. Comunicado de Prensa. Ministerio del
Trabajo. 21 de Enero de 2011).
Sin embargo, ya en Marzo del año 2011, a partir del
contraste de la información entregada por el diario El
Mercurio4 con otras fuentes, es posible afirmar que el 40%
de los “nuevos” puestos de trabajo creados durante el
primer año de gobierno de Sebastián Piñera son informales.
En tanto que el 70% de esta fracción está integrado por
trabajadores independientes, el 19,9% son empleadores o,
si se quiere, microempresarios “emprendedores”, y el
restante 10,1% son personas enroladas en los servicios
domésticos.
4 El Mercurio, 27 de Marzo de 2011.
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Estos paradójicos “nuevos y buenos empleos” no son otra
cosa que subempleo, puestos de trabajo precario, en tanto
no se da en el marco de la relación laboral clásica
empleador/trabajador, su duración es incierta, no está
afecto a la legislación laboral, ni cuenta necesariamente con
seguridad social. Esto trae consecuencias devastadoras
para la clase trabajadora, marcadas por la precarización en
las condiciones de vida, la incertidumbre y desprotección,
pero también impactando en la desarticulación de los
actores sindicales, atomizando estos colectivos,
fundamentales para obtener y mantener beneficios frente
al Capital.
En síntesis
Las políticas de la derecha, frente a la problemática del
trabajo, buscan acotar lo laboral a lo meramente
económico, flexibilizar el trabajo y quitarle cualquier tipo de
responsabilidad al Capital. Lo que pretende la tecnocracia
de derecha es instalar la flexibilidad laboral como
paradigma de desarrollo del mercado del trabajo, localmente
propenso a la precariedad. La flexibilidad se concibe sólo
como la facilitación de la manipulación de la fuerza de
trabajo, sea en el registro de la multifuncionalidad o en el
de la desvinculación o despidos, disminuyendo los costos
para el empleador y endosándolos al Estado o al propio
trabajador, impactando no sólo en la producción sino que
también, como apuntará Katia Molina, en la articulación de
las organizaciones sindicales, atomizándolas, mediante el
desequilibrio de poder en las relaciones laborales.
Los discursos del gobierno, en materia laboral, han evitado
referirse a políticas de empleo de calidad, a la reinserción y
la capacitación de los trabajadores; han omitido cuestiones
importantísimas como es el desarrollo del actor sindical, la
sindicalización y la negociación colectiva. Por otro lado,
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vinculado con las relaciones productivas, se han evitado las
discusiones en torno a las desigualdades entre las grandes
empresas y aquellas de menor tamaño, la “precarización del
emprendimiento” que esta asimetría provoca, así como la
construcción de una política pública que fomente la
producción y el desarrollo de sectores productivos
desfavorecidos por el modelo neoliberal. Cuestión última
que será abordada por Pablo Canelo en las siguientes
páginas.
La derecha, en vez de construir una “sociedad de
seguridades”, como lo prometió, ha consolidado una
configuración social caracterizada por la desigualdad,
explotación y precariedad en virtud del acrecentamiento de
la tasa de ganancia de las grandes empresas, sobretodo de
las multinacionales instaladas en el país.
Paralelo a lo anterior, se tiende a encontrar un respiro en
modelos de flexiguridad de países europeos,
particularmente la experiencia danesa, olvidando la
especificidad de ésta y, por lo tanto, la imposibilidad de
aplicarla de manera mecánica a una realidad tan distinta
como la chilena o la latinoamericana en general.
El trabajo, lugar donde se pone en juego la producción y
reproducción de una sociedad, en tanto actividad que
configura las condiciones materiales en las cuales los
actores se desenvuelven, es fuente de ingreso para los
trabajadores y a la vez creación de riqueza para las
empresas –plusvalía-. De lo equitativo de esta repartición
depende directamente el desarrollo económico, social y
cultural de un país. Esta simetría sólo es posible alcanzarla
a través de la validación de los actores sociales
involucrados. La OIT plantea un tripartismo donde estén
presentes el Estado, los empresarios y los trabajadores;
representados por las organizaciones sindicales. A su vez la
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Central Unitaria de Trabajadores (CUT) propone la creación
de una comisión de trabajo decente, en la cual converja la
tríada propuesta por la OIT. En este contexto, ¿Qué es lo
que proponemos desde la izquierda?
Referencias bibliográficas
Diario El Mercurio. 2011. Marzo 27.
Editorial “Necesidad de una robusta agenda laboral”. 2011.
Diario El Mercurio, Mayo 8.
Gómez, J. 2010. “La derecha política en la sociedad
neoliberal, 1990 – 2010”. Pp. 109-135 en, La ofensiva de las
derechas en el cono sur, editado por Marielle Palau.
Asunción: BASE-RLS.
Gurría, Á. 2011. Diario El Mercurio, Abril 5.
Mattei, E. 2011. Comunicado de prensa. Ministerio del
Trabajo y Previsión Social. Enero 21.
Mensaje presidencial N° 224-358. 2010. Enero 20.
Merino, C. 2011. Comunicado de prensa. Ministerio del
Trabajo y Previsión Social. Enero 12.
Ruminot, N. 2010. El negocio del consumo y las nuevas lógicas de explotación laboral, Cartilla Laboral. Santiago:
ICAL.
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17
El sindicalismo en el contexto de un gobierno
de derecha
Katia Molina*
Es necesario ahondar en los elementos centrales, que nos permitirán desarrollar una mirada frente a la situación del
sindicalismo en Chile, a casi dos años de la derecha en el poder y su “nueva forma de gobernar”.
Enfatizaremos en los conceptos ideológicos de sustentación del gobierno que impactan en la organización sindical.
Entendiendo que la matriz neoliberal, nunca ha dejado de
funcionar y el proceso que ha vivido la organización de los trabajadores, debe enfrentar el contexto económico, político,
social y cultural originado por esta, además de los factores propios de la dinámica interna que se expresa en el papel
que juegan actualmente los sindicatos y su rol frente al
capital.
Con Sebastián Piñera y su gabinete tecnocrático y
empresarial, la democracia liberal de Hayek y el modelo económico logran confluir, disminuyendo la tensión
existente en los gobiernos concertacionistas, la derecha como bloque de poder, perspectiva una profundización del
sistema económico en pos de la meta: Chile país
desarrollado al 2018, de esta forma el acoplamiento de Chile al capitalismo mundial se mantiene y refuerza.
La desaceleración del modo de acumulación que vive el capitalismo, “la perdida de dinamismo de la economía” es
explicada a partir de las cifras macroeconómicas, que son necesarias de revertir. El diseño de una ruta para
alcanzar el desarrollo, define la necesidad de avanzar en un
* Socióloga. Área Laboral Ical.
18
crecimiento sostenido, volver a crecer a tasas en torno al 6%, mejorar el colapso de la productividad que se
encuentra en 0.6% anual y aumentar la inversión hasta
un 28% del PIB al año 2014 (Ministerio de Hacienda. Gobierno de Chile, 2010), mantener la inflación en un 4.0
%, entonces se hace necesario para el gobierno, focalizar
certeramente las políticas en los intersticios del modelo que aun son necesarios de profundizar.
De esta forma, consideramos que el modelo neoliberal continuará intensificándose en el ámbito del trabajo,
aspirando a una mayor flexibilidad laboral, tanto interna como externa, polivalencia, de remuneración, de contrato,
de jornada, que impacta en la vida de los trabajadores y en
sus organizaciones, modificando la propia concepción de sí mismos. Esta tendencia que se venía desarrollando en el
país, pasa a un nuevo nivel de profundidad, entonces visibilizar la concepción que tiene la derecha de las
organizaciones sindicales se hace relevante, cuando el
desequilibrio de poder en las relaciones laborales se acentúa.
Se distingue el proceso desarrollado por el movimiento
sindical en la recuperación de su protagonismo social a partir de nuevas estrategias y su actual replanteamiento
para superar la estrategia utilizada en los gobiernos de la
Concertación, que limitó su propio quehacer, debilitándolo y manteniéndolo constreñido a la empresa, postergando las
reivindicaciones propias del sector en aras de la transición
democrática.
La nueva forma de gobernar, perspectivas del impacto en los trabajadores y la organización sindical
La derecha gobernante plantea “transformaciones estructurales”, que se sustentan en tres ejes centrales:
seguridad, valores y oportunidades, esto se traduce en la
agenda Laboral (Diario El Mercurio. 12 de Mayo de 2011) en impulsar Cambios al actual Código Laboral, Modificaciones a las normas Laborales, Previsionales y de
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Higiene y Seguridad, de esta forma “El Chile país desarrollado, más oportunidades y empleo”, promovido por
el gobierno se instala desde la noción de avanzar en mayor flexibilidad, es decir atacar “los factores estructurales que limitan el dinamismo del mercado laboral” y las trabas del
emprendimiento, para ello se requiere adecuar la
normativa jurídica que limita la flexibilidad deseada. La Coalición por el Cambio, ha insistido frente a esta
problemática pues su diagnóstico es que para mejorar la
productividad de las empresas se requiere eliminar las distorsiones, restituyéndole la dirección al mercado. El
sindicalismo es visto como una rigidez que es necesario superar “la solución flexibilidad- laboral es, por un lado, una especie de antídoto que contrarresta los efectos nocivos que representan las rigidices del mercado del trabajo -cosificadas generalmente en el sindicalismo o en el pago de indemnizaciones de parte de los empleadores“- y por otro lado, es un profiláctico, en tanto que una vez aplicada la cura, sirve para preservar inmune al mercado del trabajo y conservar fuera la enfermedad” (Muñoz, 2011). La
acumulación del capital se realiza bajo este paradigma1.
Para los sindicatos la flexibilidad ha significado eliminar múltiples conquista que obtuvieron tras años de lucha,
además de un deterioro de los derechos de los trabajadores, sus condiciones laborales y los derechos colectivos, “derechos flexibles para poder disponer de una fuerza de trabajo en función directa a las necesidades del mercado consumidor” (Antunes, 2001) También ha debilitado la
organización sindical, fragmentándola e imposibilitando superar la lógica individualista instalada en las
subjetividades de los trabajadores. Los efectos políticos de
la flexibilidad, siguen siendo la desarticulación del movimiento de trabajadores, buscada racionalmente por la
elite dominante. El poder ejecutivo, además, promueve un proyecto de “adaptabilidad pactada”, que impulsa Mesas de Diálogo
1 El modo de acumulación capitalista utiliza la flexibilidad para mejorar la
acumulación frente a la crisis del capital.
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del mercado laboral al interior de las empresas, ampliando
la negociación no sólo a las remuneraciones, sino también a las “alternativas que permitan aumentar el bienestar de los trabajadores y la productividad de la empresa”. (Ministerio
de Hacienda, 2011) De esta forma, el énfasis está puesto en las “relaciones laborales equilibradas, modernas y constructivas”, esta
concepción invisibiliza en el discurso la asimetría del
capital, que se inclina a favor del empresariado, pero además pone el acento en la productividad que es
necesaria mejorar, la cual descansa directamente en la organización del trabajo para la obtención de un aumento
en la plusvalía.
Entonces, la derecha sigue privilegiando las relaciones
pluri-individuales frente a las colectivas, es en definitiva el trabajador- individuo, nunca la organización sindical la que
enfrenta el desequilibrio del capital. Este juego sólo
ventajoso para la patronal, inhibe el poder negociador del sindicato. La normativa existente, permite que las
Negociaciones Colectivas no sean función exclusiva de la organización sindical, sino que pueden ser desarrolladas
fuera de esta, por grupos negociadores. Tal como se
presenta hoy, los sindicatos tienen limitadas capacidades de negociación efectiva. La organización sindical dentro del
discurso hegemónico no es reconocida, es innombrada, de
esta forma los derechos colectivos son vulnerados.
En tanto, la productividad que es necesaria mejorar descansa directamente en la organización del trabajo. Los
cambios en la organización y gestión empresarial propician
un mayor involucramiento de los trabajadores con la empresa, afectando de ese modo la identidad sindical
(Aravena, 2007) la identificación del trabajador con los intereses de la empresa, mella sus propios derechos.
Identificación que funciona como dispositivo de control o
disciplinamiento subjetivo propiciado por la gestión del modelo organizativo empresarial.
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Las regulaciones laborales retroceden y el papel de la
Inspección del Trabajo paulatinamente disminuye. Las Modificación de la Dirección del Trabajo diseñadas, implican
una debilidad como órgano fiscalizador. Según los dirigentes sindicales, “ya no se sanciona a la empresa por sus prácticas, siempre prima la mediación”, de ahí que la
vulneración de los derechos de los trabajadores será mayor, si le quitan su papel central: fiscalizar.
Pero además el sindicalismo es un peligro para el crecimiento económico, esta visión de los empresarios
chilenos difiere a la de sus pares de los países de la OCDE, donde la filiación sindical es un indicador del desarrollo que logra un país. “El funcionamiento libre y autónomo de organizaciones sindicales y sociales fuertes, respetadas y gravitantes, es uno de los indicadores fundamental para juzgar si un país cumple con los más altos estándares en valores, principios, prácticas e instituciones democráticas”. (ANEF, 2011)
De esta manera la intensificación del modelo neoliberal,
mediante modificaciones para procurar mayor flexibilidad y
aumentar la acumulación de los capitales, se realizará en desmedro de los trabajadores en condiciones de subcontrato y precarización, esta “nueva forma de gobernar”, impacta en los trabajadores y en la organización
sindical.
La normativa jurídica que permite la sindicalización
hoy y los Conceptos ideológicos que la sustentan
La normativa jurídica elaborada por la ideología neoliberal,
tuvo por objetivo central: la de-construcción del movimiento sindical, su fragmentación y debilitamiento.
Hasta la dictadura militar, las organizaciones de los
trabajadores eran actores centrales de las
transformaciones sociales, es así que durante el proceso de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) se
fortaleció un proceso político-social de inclusión de amplios
22
sectores sociales, dando forma a la denominada matriz
populista conformada por los empresarios mercado-internistas, el Estado y los asalariados organizados, con
una idea compartida de desarrollo basada en la industrialización del país. En esta etapa, el proletariado
urbano y los empleados públicos, cuentan con un empleo
estable, contratos colectivos, influencia en la organización del trabajo de la empresa y una presencia en los partidos
políticos. (Moulian, 1997) Los sindicatos realizaban Negociaciones ramales y tenían la capacidad de
interlocutar con el Estado, fijar las condiciones laborales
directamente, el sueldo mínimo, los despidos, etc. demostrando poder frente a la asimetría del capital. Esta
alianza de clases, logró expresión concreta en los gobiernos
de la época.
Los primeros dispositivos de control utilizados en la dictadura militar, contra los trabajadores y sindicalistas
fueron el terror, la persecución y el aniquilamiento de los
dirigentes. Junto a este mecanismo fue necesario, construir una legislación pensada en impedir su actuar colectivo,
quitarle el protagonismo político y el poder negociador, dejándolo encapsulado en el sindicato de base. Se pasa de
un sujeto político a un individuo cooptado. Esto, porque se
necesitaban realizar cambios estructurales al modelo de desarrollo que impulsaba la Unidad Popular, sin regresar al
modelo de inspiración keynesiana, era la oportunidad de materializar la utopía neoliberal y transitar hacia una
economía abierta al mundo.
Los antecedentes del Código del Trabajo vigente, lo
encontramos en la cosmovisión plasmada en el Plan Laboral de 1979, que sostiene una concepción plagada de neoliberalismo, “para producir y reproducir el capitalismo neoliberal es necesario, entregar las condiciones para alcanzar su objetivo principal: la „libertad‟, la condición para esta, es que se reduzca completamente la coacción sobre el individuo en el ámbito social defendiendo su independencia frente al poder arbitrario de sus semejantes y, por lo tanto,
23
priorizando por la individualización antes que por la constitución de colectivos…” (Muñoz, 2011)
Los pilares del Plan Laboral, según su ideólogo José Piñera, son la democracia y la libertad, expresadas en “Plena libertad sindical (de afiliación y de creación de sindicatos), genuina democracia en las decisiones (elección de dirigentes, afiliación a federaciones y confederaciones, votación de la huelga, determinación de las cuotas), existencia de negociación colectiva en cada empresa, huelga sometida a la disciplina del mercado y sin monopolios de los puestos de trabajo, y no intervención estatal en la vida sindical y la negociación colectiva” (Piñera, 1990)
Los dirigentes sindicales “vasallos de partidos políticos… terminaban arrastrando a todo el sindicato a estas posiciones”. La postura definida por la elite en el poder es
coherente con la visión que la derecha tiene históricamente
del movimiento sindical, la ideología mercado-céntrica,
impregna el marco regulatorio, donde debe desenvolverse la acción sindical.
Es así que, la definición de los sindicatos que se encuentra en el Código del Trabajo establece que estas son
organizaciones constituidas por grupos de trabajadores de manera voluntaria (Dirección del Trabajo, 2011),
manteniendo de esta forma la conceptualización del Plan
Laboral hasta el día de hoy. Esta característica de la filiación ha contribuido a debilitar el sindicalismo. El modo
voluntario no incentiva el interés de los trabajadores para asociarse al colectivo, menos aún cuando la participación social, como problema de la “democracia protegida” no fue
encarada por los gobiernos durante décadas.
La estructura sindical heredada permite que los sindicatos puedan ser de cuatro tipos: de empresa, Inter-empresa, de
Trabajadores Independientes y de Trabajadores Eventuales
o Transitorios, esta disposición permitió terminar principalmente con las Negociaciones ramales y debilitar la
24
capacidad de la organización sindical, atomizando su
quehacer.
La legislación laboral, no legitimada socialmente, no ofrece incentivos para crear sindicatos, permite la afiliación sindical voluntaria, Paralelismo sindical y admite extender
los beneficios obtenidos por el sindicato a los no sindicalizados. Tras el Plan laboral se abrió la posibilidad
legal de que existieran grupos organizados de trabajadores
aparte del sindicato, el paralelismo sindical fue erosionando las bases de poder y de confianza entre los trabajadores
sindicalizados y los no sindicalizados, trizando la base interna (Morris, 1998).
El sindicalismo “moderno”
Las reformas al marco legal realizadas en democracia no alteraron el desequilibrio entre el poder del empresario y
del trabajador, se sacralizó una legislación laboral débil
para no estorbar la apertura democrática y asegurar su éxito.
El nuevo tipo de sindicalismo “moderno” impulsado por la
Concertación debía ser moderado, responsable, no
contestatario y eficaz, con una amplia capacidad de gestión, una nueva clase dirigente, con la fuerza y
legitimidad simbólica de su tradición histórica, pero dejando de lado la tradición clasista y popular y
acentuando en cambio un nuevo rol como actor nacional
(Morris, 1998).
Esta cooptación como actor político y social impidió su
fortalecimiento para impulsar las transformaciones al marco jurídico y a la matriz neoliberal que aflige a los
trabajadores, provocando el debilitamiento general del sindicalismo en el periodo de regreso a la democracia. Las
cifras sobre filiación sindical, número de negociaciones
colectivas y de huelgas, nos entregan una visión de lo que ha sucedido con el sindicalismo durante veinte años, donde
25
siguió actuando un entramado normativo, enraizado en la
dictadura militar, derogatorio de los derechos colectivos. Respecto de la filiación sindical los datos en la década del
noventa nos muestran un decrecimiento paulatino de la
población afiliada a sindicatos, la información estadística de
la Dirección del Trabajo señala que la filiación sindical en 1992 era de 724.065 trabajadores afiliados, pasando a
579.996 trabajadores sindicalizados en 1999. Observamos
una tendencia no revertida en los indicadores, mostrando un estancamiento y declinación de los modos de
organización sindical del país.
El año 2001 la población afiliada a sindicatos es de
599.610, en el año 2007 la cifra aumenta a 724.606 llegando en el año 2009 a 837.055 trabajadores
sindicalizados, en el año 2010 los sindicalizados alcanzan sólo a 858.571 personas, siendo la fuerza de trabajo
asalariada del sector privado de 4.646.299 trabajadores.
Según ENCLA 2008, los trabajadores no se sindicalizan por
el temor a sufrir represalias en sus trabajos 47.0 %, y no ven utilidad del sindicato un 18.2% Las causas de la no
participación sindical es avalada por las prácticas
antisindicales especialmente orientada a obstaculizar la afiliación sindical, lo que implica una erosión del ejercicio
del derecho fundamental de la libertad sindical.
La violación de los Convenios 98 referido a derecho de
sindicación y negociación colectiva y el Convenio 87 sobre libertad sindical y la protección del derecho a sindicación de
la OIT, correspondientes a derechos humanos de Segunda generación, han sido permanentemente violentados, porque
desde la concepción neoliberal, sólo la libertad individual
debe ser protegida. Relacionado con la negociación colectiva podemos afirmar
que es un instrumento estéril para los trabajadores, porque sólo se puede negociar en condiciones de poder. Según
datos de la Dirección del Trabajo, las negociaciones
26
colectivas se comportan del siguiente modo: en 1993
negocian 255.226 trabajadores, en 2007 negocian 232.667 trabajadores y en 2009 logran negociar 227. 282
trabajadores (ENCLA 2008) decrecen paulatinamente el número de trabajadores/as que utiliza los instrumentos
colectivos, lo que implica que los trabajadores en la
inmensa mayoría de las empresas del país no negocian colectivamente, ni tienen derecho a huelga. La negociación
colectiva está restringida al ámbito de la gran empresa y según ENCLA 2008 la negociación se desarrolla sobre todo
en empresas que cuentan con sindicato, cuando este no
existe, los trabajadores a pesar que pueden utilizar los instrumentos colectivos, no lo hacen.
Por otro lado, la huelga es un derecho débil y legalmente
desprotegido. La posibilidad de reemplazar a los
trabajadores en huelga es lo que hace ineficaz el instrumento, además expone a los dirigentes y trabajadores
al despido tras su participación en ella. Según datos de la
Dirección del Trabajo en 1991 se realizaron 219 huelgas, donde participaron 45.910 trabajadores. En la década del
noventa existe un descenso paulatino hasta llegar al 2001 donde se efectuaron 86 huelgas con 11.591 involucrados.
Para aumentar a partir del 2006 llegando el 2008 a 134 con
15.602 participantes.
Las negociaciones colectivas y el reconocimiento efectivo del derecho a huelga siguen como deuda de la sociedad de
derechos que debemos construir, toda vez que el conflicto
laboral, legal e ilegal, tiene una ocurrencia baja y la percepción de los trabajadores es tender a su
invisibilización.
Estrategias y resistencias del sindicalismo El sindicato actúa y se sitúa en un mundo cada vez más
complejo, donde las transformaciones y las dinámicas del trabajo han conformado un nuevo contexto que redefine su
papel y le impone nuevos desafíos que van más allá de las
lógicas corporativistas, individualistas y consumistas del
27
modelo de desarrollo neoliberal, que toca sus límites. El
sindicalismo presenta nuevas características, un proceso de recomposición buscando un espacio en la sociedad global
actual y no simplemente desvaneciéndose (Aravena, 2011).
Indudablemente presentan un estado de debilidad si se le
compara con su rol histórico, pero se viene gestado un proceso de luchas desde el año 2003, embrionaria y
simbólica. Los niveles de organización mostrada por los trabajadores subcontratistas2 entre 2006 y 2008 implicaron
el desarrollo de una serie de movilizaciones masivas, que
los visibilizó en la sociedad. Su estrategia: legitimar su acción fuera de la legalidad, dando un salto cualitativo al
plantear Negociaciones Colectivas fuera de la empresa y
negociar por la vía de los hechos con la mandante.
Con el gobierno de derecha, culmina una etapa, la cooptación de los gobiernos de la Concertación concluye. El
dispositivo de control implementado por veinte años se
afloja, impactando en los empresarios y en los trabajadores, acentuando la asimetría capital/trabajo, a favor cada vez
más de los capitalistas.
Los empresarios (individuos exitosos no colectivos) con un
gobierno que les pertenece, actúan cada vez con mayor impunidad, su principio es “no darle nada a los trabajadores”. Muchas Negociaciones colectivas realizadas
en este periodo no benefician a los asalariados y los costos
para ellos son significativos, ejemplo de esto son la huelga
de 58 días de los mineros de COEMIN en Copiapó en mayo 2010, donde el empresario, primero es renuente a sentarse a negociar y luego sólo ofrece un incremento de 4% al
sueldo de los mineros.3
2 Ubicados en los sectores estratégicos del modelo económico: Minería,
forestal, salmón. 3 Los sueldos de los trabajadores oscilaban entre 171.000 y 210.000 pesos,
propensos a accidentes mineros porque trabajan en condiciones de
seguridad mínima.
28
En el caso de la Huelga de Farmacias Ahumada por más de 22 días, ocurre lo mismo "hemos hecho un llamado por todos los medios para que Casa Saba4 se siente a conversar con los trabajadores", pero "se ha negado totalmente a dialogar”.
O la huelga por 18 días de la Ferretería Imperial, mayo
2011, donde se aplica el artículo 369, que permite que los trabajadores vuelvan a sus trabajos, sin recibir nada y “no es que la empresa no tenga dinero” es que la actitud del
capital se torna cada vez más intransigente, se refuerza su lógica, que no tiene contención, con una legislación que
los favorece absolutamente y medios de comunicación que invisibilizan los conflictos de los trabajadores.
Los dirigentes sindicales dan cuenta del comportamiento de una patronal más soberbia y segura, donde el desequilibrio
de poder en las relaciones laborales se ha agudizado, pero además de una actitud despótica expresada en la
persecución de los trabajadores afiliados al sindicato y a
sus dirigentes, que son despedidos por necesidad de la empresa, artículo 161 del Código del Trabajo, una vez
terminada la Negociación.
Los dispositivos de control de la derecha, se articulan en pos de mayor flexibilización, a pesar que un 80% de trabajadores encuestados prefiere un trabajo con contrato formal en lugar de un trabajo flexible (OIT, 2011).
En la sociedad, la confianza en los sindicatos aumenta,
según la Encuesta CERC, sube a 44%, mayor que otras instituciones sociales. Los sindicatos alcanzan una legitimidad de 73%, percibidos como “necesarios para la defensa de los derechos de los trabajadores”. Y frente a los instrumentos colectivos, “la Negociación colectiva es preferida” en un 66% que “negociar individualmente con el empleador” (Encuesta CERC, 2011).
El replanteamiento de las organizaciones sindicales es avanzar en la acción conjunta de los trabajadores con otros
4 Dueño de la cadena de farmacias.
29
actores sociales, ligando las demandas contra el modelo de
desarrollo neoliberal. Las acciones de los trabajadores del cobre, su llamado a Paro el 11 de julio, en un escenario de multitudinarias movilizaciones estudiantiles “por una educación pública, de calidad y sin lucro”, que se extiendes
desde Mayo, dibujan el intento de articulación más allá de
lo estrictamente laboral, al igual que el llamado a Paro hecho por la multisindical CUT, que se inscribe en esta
lógica.
Es necesario leer el nuevo momento en la organización del
trabajo y evocar los repertorios de acción aprendidos en la
historia de las luchas sindicales a lo largo del siglo veinte,
conjugándolos con los nuevos escenarios del presente,
para avanzar en la democracia participativa y en modelos
de desarrollo sustentable, respetuosos del medioambiente y
de la fragilidad de los ecosistemas. Se hace necesario
impulsar la democracia y la participación en la organización
de los trabajadores, la solidaridad como elemento
constitutivo de lo colectivo, la generación de redes y la
construcción de la subjetividad política.
Sabemos que sin una revolución en materia laboral es
imposible la instalación de un nuevo proyecto de sociedad.
Referencias bibliográficas
Anef. 2011. Informe preliminar. Santiago.
Antunes, R. 2001. ¿Adiós al trabajo? Ensayo sobre la metamorfosis y la centralidad del mundo del trabajo. Sao
Paulo: Corez Editora.
Aravena, A. 2007. “Reflexiones metodológicas para el
estudio del sindicalismo en Chile: aportes para un debate necesario”. Alternativa Nº25. Santiago: Ical.
Dirección del Trabajo. 2009. ENCLA 2008. Informe de Resultados Sexta Encuesta Laboral. Santiago.
30
Dirección del Trabajo. 2011. “Código del Trabajo”. (http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/w3-article-
95516.html).
Encuesta CERC. 2011. Barómetro de la política.
(http://www.cerc.cl/pdf/Barometro_de_la_Politica.pdf). Ministerio de Hacienda. 2010. Chile, país desarrollado. Más oportunidades y mejores empleos. Gobierno de Chile:
Santiago.
Morris, P. 1998. “Sindicato en Receso: La otra cara de la
estabilidad sindical”. Aportes al Debate Laboral Nº 4.
Santiago: Dirección del Trabajo. (http://www.dt.gob.cl/1601/articles-
59890_recurso_4_Aporte_al_debate_4.pdf). Moulian, T. 1997. Chile Actual: Anatomía de un Mito.
Santiago: Lom. Muñoz, M. 2011. La flexibilidad laboral como dispositivo desarticulador de colectivos políticos. Documento de trabajo
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(http://www.slideshare.net/comunidadmujer/iii-barmetro-
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Piñera, J. 1990. “La revolución laboral en Chile”. (http://www.josepinera.com/jp/revolucion_laboral.pdf).
Rienzi, F. 2011. “Discurso del 21 de Mayo tendrá baterías de anuncios en materia de seguridad laboral” diario El
Mercurio, 12 de Mayo.
31
Los funcionarios públicos y el rol del Estado
en el gobierno de Sebastián Piñera
Felipe Valenzuela*
Si observamos el programa del actual gobierno, podemos
constatar que lo que corresponde al sector estatal, es consecuente con el rol que ha jugado el aparato del Estado
desde la aplicación del modelo neoliberal en nuestro país. Podemos observar en general la existencia de los siguientes
cuatro aspectos:
1) Mejorar la gestión para una mejor administración
del Estado dirigido a superar los problemas de
coordinación, con una mejor asignación de
responsabilidades. Para lo que se contempla crear el
Ministerio de Desarrollo Social, nuevas agencias de
control, entre otras medidas.
2) Para la “modernización” del Estado se considera la
capacitación de los funcionarios y colocar fin al tema
de los cuoteos políticos, para trabajar con los
mejores y no con los elegidos por otro tipo de
compromisos. Aplicar el sistema de Alta Dirección
Pública hasta el tercer nivel de decisión.
3) Se creará la Agencia Autónoma de Calidad de las
Políticas Públicas, con el fin de evaluar los
resultados en la aplicación de políticas aplicadas,
para mejorar el diseño de los proyectos y asegurar
un mejor resultado de las inversiones.
* Sociólogo. Área Laboral Ical.
32
4) Luchar por la probidad en todos los niveles de la
administración de los recursos. Otorgándole mayor protagonismo a la Contraloría General de la
República
Volviendo a nuestro primer comentario, vemos que se sigue hablando de la “modernización” del Estado y este concepto
ha tenido variadas aplicaciones durante las últimas tres décadas, desplazándose desde las privatizaciones de las
empresas estatales, drásticas reducciones de personal en la gran mayoría de los servicios, traspasando la educación y la
salud a la administración local (municipios), políticas
agresivas de concesiones que entregaron la construcción y negocio de las autopistas urbanas y espacios públicos como
estadios u otros a la iniciativa privada.
Por lo tanto queda poco por hacer de novedoso en el Estado
chileno, como se puede observar en los ejes del programa
de gobierno, que no sea el perfeccionamiento del rol que la teoría neoliberal y la práctica le han asignado, es decir
como nos señala por ejemplo Hayek: Los precios, son el mecanismo de transmisión de información por excelencia,
para el funcionamiento de una sociedad y para esto la
libertad es un requisito fundamental para que el sistema de precios pueda cumplir su función, entonces, dice Hayek, el
rol del Estado debe reducirse al mínimo para asegurar la mejor circulación de la información.
David Harvey (2005) colocando a Chile como ejemplo a nivel mundial nos comenta lo siguiente: el neoliberalismo es ante
todo una teoría de prácticas político-económicas, que para
el bienestar humano no debe restringir el libre desarrollo de las capacidades y libertades empresariales, caracterizado
por derechos de propiedad fuertes, mercados libres y libertad de comercio, para estos efectos, “el papel del Estado es crear y preservar el marco institucional apropiado para el desarrollo de éstas prácticas. Por ejemplo, tiene que garantizar la calidad y la integridad del dinero. Igualmente, debe disponer las funciones y estructuras militares, defensivas, policiales y legales que son necesarias para
33
asegurar los derechos de propiedad privada y garantizar, en caso necesario mediante el uso de la fuerza, el correcto funcionamiento de los mercados” (2005: 6).
Como podemos observar los esfuerzos para adecuar el
Estado en nuestro país por parte de los gobiernos corresponden a lo que nos dice Harvey en el párrafo anterior, especialmente este gobierno: “Construir una auténtica sociedad de seguridades”.
En la práctica todos los esfuerzos y presiones desde la
política y la empresa no han cesado en asignar un rol al Estado, que represente cada vez menor influencia en el
destino de la sociedad, como se puede observar en este tipo de declaraciones hechas por Oscar Guillermo Garretón, en
entrevista al Mercurio en Julio del año 2000, que en parte
señala:
“[Pregunta:] Su pasado político de izquierda siempre sale a colación dado su actual rol de empresario. ¿Cómo visualiza al Estado en el futuro?
[Respuesta:] Creo que el Estado tiene que rehacerse a nuevos roles. En general el Estado del futuro debiera ser más chico, más descentralizado y con una forma distinta. Antes el Estado era la cúspide de todo; ahora es parte, un actor complementario.En segundo lugar, el Estado debiera ser un actor más regulador que ejecutor…” (Diario El Mercurio.
2011. Julio 7).
Gobierno de Derecha
El mes de Marzo del 2010 será recordado por nuestra
historia como aquella en que asume en el gobierno de Chile un presidente reconocido como integrante de la derecha
chilena, mediante votación popular, después de 52 años, cuando asume la primera magistratura Jorge Alessandri
Rodríguez en Diciembre de 1958, en representación de la
derecha. Aquel gobierno asumía el control del Estado,
34
cuando éste jugaba un rol preponderante, Chile se
encontraba en la fase de la sustitución de importaciones.
El gobierno Alessandrista se enfrentaba con la existencia de los funcionarios públicos organizados. “El 5 de mayo de 1943, año en que la humanidad vivía uno de sus momentos bélicos más duros y amargos, un grupo de visionarios chilenos, en un sencillo lugar de la calle Esmeralda, liderados por Don Clotario Blest Riffo, dío vida a la AGRUPACION NACIONAL DE EMPLEADOS FISCALES, ANEF, organización que ha sido decisiva para el movimiento sindical chileno y el destino de los derechos de los trabajadores” (www.anef.cl).
Estos dos años de gobierno piñerista se ha diferenciado de aquel lejano gobierno de derecha, no sólo por administrar
un modelo de desarrollo diametralmente opuesto, sino que también porque sus principales integrantes, fueron quienes
jugaron importantes funciones en el inicio del actual
modelo neoliberal durante la dictadura, esta condición ha significado en la relación con los trabajadores del Estado el
surgimiento de prácticas y orientaciones que reflejan actitudes de quienes se sienten embestidos como
fundadores del modelo.
Por tanto si bien es cierto lo que señalábamos más arriba
respecto de las características del Estado en los últimos veinte años transcurridos hasta Marzo del 2010, las
relaciones con los funcionarios en esas dos décadas, fueron
mediadas por el esfuerzo de la aplicación de políticas sociales de mayor impacto en la sociedad, que implicó una
mayor participación de los trabajadores públicos.
La nueva relación que se ha percibido entre las nuevas
autoridades y los trabajadores ha estado caracterizada por los despidos masivos desde el momento el inicio del
gobierno.
35
Los Trabajadores
Es, en este escenario donde debaten su vida diaria los
trabajadores que son los responsables del funcionamiento
del Estado, y que al igual que a los demás trabajadores de
nuestro país, el crecimiento sostenido de la economía no los
toca de cerca, situación que ha provocado los conflictos que
se han verificado durante la aplicación del sistema
neoliberal como se señala en el los siguientes datos:
“En el Sector Público no se presentan huelgas entre
los años 1985 y 1986, pero para los restantes
periodos el principal motivo de huelgas es el mismo
del Sector Privado, esto es, causas económicas.
Entre 1987 y 1989 ésta comprende el 88,9% de las
razones para declarar huelga, mientras que el 11,1%
restante corresponde a motivos ajenos a la empresa.
Para el periodo 1990-1997 la principal causa
disminuye a un 83,3%, aumentando los motivos
ajenos a un 12,5% y apareciendo una tercera causa
de declaración de huelga correspondiente a las
relaciones con los superiores que alcanza un 4,2%.
Finalmente entre los años 1998 y 2006 si bien sigue predominando la causa económica (70,4%), aparecen dos nuevos motivos: condiciones generales de trabajo e incumplimiento de acuerdos, cada uno concentrando un 7,4%.” (Espinoza, 2007: 6-7)
Desde que asume el Presidente Piñera, se han aplicado criterios de ajustes para el funcionamiento del aparato
estatal por la vía de los despidos, logrando amedrentar a los
funcionarios. Los despidos aunque en cantidades pequeñas de funcionarios siguen produciéndose en este año, luego
que se han apagado los ecos de los primeros meses donde fueron masivos y lograron que la sociedad se enterara que
36
las promesas de campaña al respecto, no se estaban
cumpliendo.
Estos despidos en menores cantidades, son por ejemplo
como los que se han producido en Talca en los últimos
meses “De la Puente (presidente ANEF) nos explicó que su
visita a Talca, tuvo por objeto respaldar a 16 funcionarios
públicos que han sido despedidos este 2011 en la seremi de
Salud (12) y en Obras Públicas (4). Y además señaló que esta
es la única región donde han continuado los despidos
durante los meses recién pasados” (Entrevista realizada por
María José Muñoz. RedMaule.com. 14 de Marzo de 2011).
Las movilizaciones de los funcionarios del Estado a
propósito de los despidos del año pasado han cesado y su
organización madre la ANEF, se encuentra trabajando en
sistematizar el problema de los despidos con la creación de
un departamento de exonerados.
Como sabemos las movilizaciones y las acciones que
impliquen huelgas son ilegales en el sector del Estado, por
esa razón la ANEF, también se encontraba desplegando
energías para lograr una modificación legal en el Congreso,
que tomando en cuenta la inspiración que acompaña a los
senadores y que tiene consecuencia con los elementos que
se entregan más arriba, produjeron el siguiente resultado
hace un par de semanas de acuerdo a la información que
nos entrega la pagina electrónica del Senado:
“Tras dos jornadas de debate de la iniciativa, la Sala del
Senado no alcanzó el quórum requerido de 25 votos para
aprobar la idea de legislar. Solo después de un año se podrá
volver a insistir con una nueva reforma constitucional sobre
negociación colectiva y derecho a huelga de los funcionarios
públicos. Ello, luego de que la Sala del Senado rechazara la
idea de legislar del proyecto en tal sentido que tuvo su origen
en una moción de los senadores Hernán Larraín, José
37
García Ruminot, Juan Pablo Letelier, Hosaín Sabag y Víctor
Pérez.” (boletín Nº 7293-07. 2011. Departamento de Prensa.
Senado República de Chile. Abril 13).
Los esfuerzos de los trabajadores y sus dirigentes están
dirigidos a la modificación del “Estatuto Administrativo” que
se instala en el siguiente derrotero (Portales, 2010):
1) La Constitución Política de Chile establece en su
artículo 38 que una ley orgánica constitucional
determinará la organización básica de la
Administración Pública, garantizará la carrera
funcionaria y sus principios, asegurando la igualdad
de oportunidades de ingreso y la capacitación y
perfeccionamiento de sus integrantes.
2) En 1986 se dictó la Ley 18.575 relativa a las Bases
Generales de la Administración del Estado que
establece los principios básicos de la carrera
funcionaria, entre ellos las cuestiones relativas al
ingreso, derechos y deberes, responsabilidad
administrativa, capacitación y cesación de
funciones.
3) Los aspectos específicos fueron posteriormente
reglados mediante la Ley 18.834 del 23 de
septiembre de 1989, denominada Ley del Estatuto
Administrativo que establece el marco central de la
gestión de recursos humanos en el Estado chileno.
La lucha de los trabajadores está centrada en cambiar las
condiciones a los que los somete el articulado de la
constitución que prohíbe la negociación colectiva y el
derecho a huelga, buscando homologarse al convenio 151
de la O I T.1
1 Convenio sobre la protección del derecho de sindicación y los
procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la
38
Misión
Los trabajadores del Estado,
desde el inicio de la aplicación del modelo neoliberal en
nuestro país, han estado en el
centro de la discusión que ha tenido que ver con el tamaño
de la función pública y de la relación que el número de
funcionarios tiene con la
eficiencia en la administración estatal, sin embargo el
siguiente cuadro revela que
Chile no tiene precisamente una cantidad abultada de
trabajadores públicos respecto del total de la fuerza de trabajo
El Estado tal como se ha modelado en las últimas décadas ha sido funcional al sistema, sin embargo, producto de las
contradicciones que se están verificando en los ámbitos de la educación la salud y la falta de control en las estafas por
parte de empresas comerciales en contra de los
consumidores, es posible que nos encontremos con una etapa en que se refuercen sus funciones. De hecho en el
programa de gobierno, cuando se critica lo hecho por la concertación en los gobiernos anteriores respecto de la
modernización del Estado, se reconoce, como bueno, la
situación del Servicio de Impuestos Internos.
Probablemente desde el gobierno se encuentren observando comentarios como el que sigue: Joseph Stiglitz (Premio
Nobel de economía) vincula los escándalos empresariales de
la presidencia del segundo George Bush con el peligro que representan los mercados no regulados: ellos han
demostrado que los incentivos funcionan, pero no
administración pública. Convocada en Ginebra por el Consejo de
Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en
dicha ciudad el 7 junio 1978 en su sexagésima cuarta reunión.
País %
Noruega 29%
Suecia 28%
Finlandia 21%
Hungría 19%
Francia 18%
EE.UU. 14%
España 13%
México 12%
Turquía 9%
Corea 6%
Chile 6%
Japón 5%
Fuente: OCDE, OIT, Dipres 2007.
Empleo público como
porcentaje del empleo total
39
necesariamente en interés de la economía en su conjunto,
ni tampoco del accionista común. Para Stiglitz (Arrau, 2004: 26) son fruto del mismo mantra de desregulación que
se promovió en América Latina.
La práctica le esta indicando al gobierno que es necesario el
desarrollo de mejores formas de regulación, por lo que podemos esperar un escenario en donde los trabajadores
del sector público, puedan aprovechar la oportunidad política para movilizarse intentando recuperar la dignidad
que les corresponde.
Referencias bibliográficas
Anef. 2011. “Quienes Somos”. Sitio web oficial de la Asociación. Consultado julio 11, 2011
(http://www.anef.cl/portal/index.php/quienes-somos). Arrau, F. 2004. El debate sobre el tamaño del Estado, los
ingresos y gastos del gobierno central en Chile y el costo
fiscal de los Tratados de Libre Comercio con el bloque de la
Unión Europea y los Estados Unidos. Santiago: Biblioteca
del Congreso Nacional de Chile.
Diario El Mercurio. 2011. Julio 7.
Espinoza, C. 2007. Conflictos Laborales en Chile 1985 -2006. Santiago: Consejo asesor presidencial Trabajo y
equidad. Harvey, D. 2007. Breve Historia del Neoliberalismo. Madrid:
Akal.
Portales, C. 2010. “Estudio sobre estatuto administrativo,
remuneraciones y calificaciones en el personal del gobierno
central de Chile”. Pp. 353-401 en Un mejor Estado para
Chile, propuestas de modernización y reforma, editado por
V. Tomicic y C. Garcia. Santiago: BID – Ministerio del
Interior de Chile.
40
RedMaule.com. 2011. Entrevista a Raúl de la Puente
realizada por María José Muñoz. Consultado julio 11, 2011 (http://www.redmaule.com/raul-de-la-puente-
%E2%80%9Clos-funcionarios-publicos-no-hemos-sido-participes-del-crecimiento-de-la-economia%E2%80%9D).
Senado de la República de Chile. 2011. Departamento de Prensa. Boletín Nº 7293-07. Valparaiso. Consultado julio 11,
2011 (http://www.senado.cl/prontus_galeria_noticias/site/artic/
20110413/pags/20110413211100.html).
41
Trabajo decente y PYMES:
Hacia una política de fomento productivo que
beneficie a los trabajadores
Pablo Canelo*
Los cambios producidos en las relaciones laborales a partir
de la instalación del modelo de desarrollo neoliberal en nuestro país se ven reflejados en diferentes ámbitos de la
producción. En el sector de las empresas de menor tamaño, existe una falta de regulación que ha provocado una
exclusión de este sector en el mercado a partir de las
desiguales condiciones de competencia en que se encuentran frente al gran empresariado, lo que ha
provocado una precarización del emprendimiento. Frente a
esta situación, el actual gobierno de la derecha se comprometió recientemente a implementar una Agenda de
Impulso Competitivo (AIC), contemplando 24 proyectos de ley que ingresarán al Congreso, además de iniciativas
tendientes a la actualización de reglamentos, desarrollo de
nuevos programas y mejoras en la gestión pública a fin de aumentar el desarrollo del emprendimiento y la
competitividad. Las 50 medidas apuntan en lo que atañe a las empresas de menor tamaño, principalmente a la
reducción de las tramitaciones.
Como plantea el presidente, “la agenda apunta a lograr una mayor igualdad de oportunidades para los más pequeños que se quedan atrapados en los laberintos de la burocracias… queremos crear 100 mil nuevos emprendedores en el período 2010-2014” (La Nación, 17 de
mayo de 2011). Es decir, su objetivo es crear más
emprendedores y perfeccionar la capacidad de pago de deudas del Estado con las Pymes. Sin embargo, algunas
organizaciones gremiales plantean que, si bien estas
* Sociólogo. Área Laboral Ical.
42
medidas pueden ser consideradas como avances, no atacan
los problemas de fondo que impiden a las Pymes acceder de mejor manera a los mercados. Como plantea Iván Vuskovic,
director del Instituto de Empresas de Menor Tamaño perteneciente a la CONUPIA, una de las asociaciones
gremiales de pequeños y medianos empresarios más
representativa del país:
“Las iniciativas se han encauzado a superar el tema de la burocracia con el objetivo de aumentar el emprendimiento en términos cuantitativos. Sin embargo, no es suficiente. Lo principal es el problema de las ventas, las pymes no venden ya que el mecanismo económico en el que funciona el país hay una situación de mayor concentración económica. Las grandes empresas manejan la economía y no se puede competir por ejemplo con los grandes del retail, es una competencia desigual. El modelo económico funciona con un alto grado de monopolización. Los pequeños tienen pocas posibilidades de vender su producción. Siendo así, es evidente que esto es el problema principal” (Entrevista a Iván Vuskovic. 18 de abril de
2011).
En efecto, el “exitoso” modelo de desarrollo chileno generó un gran crecimiento en los últimos 15 años, exhibiendo en
las estadísticas oficiales grandes ventajas comparativas con el resto de los países latinoamericanos. Sin embargo, esto
ha ido de la mano con una excesiva concentración
económica, produciendo no sólo desigualdades entre las personas, sino también entre sectores productivos,
afectando principalmente a las pequeñas y medianas empresas. Existe un trato abusivo y el uso de la posición
dominante que sufren los pequeños a manos de las
empresas más grandes tanto como proveedores y como clientes.
“Otro tema es como facilitar crédito a las Pymes para poder competir. Las Pymes pagan más de 10 veces el nivel de interés que las grandes empresas para
43
acceder al crédito. Nos piden que compitamos, que seamos eficientes, mejores precios, pero con un mercado con restricciones no se puede, sin acceso a financiamiento económico, créditos caros que rayan en la usura, no se pueden.” (Entrevista a Iván Vuskovic.
18 de abril de 2011).
De la misma manera, la falta de regulación en las
relaciones entre pequeños y grandes empresarios se ve
reflejada también en el desinterés por parte de las instituciones de atender a las relaciones laborales al
interior de las empresas de menor tamaño. Este hecho se vuelve crítico al reconocer que más del 60% de la población
económicamente activa se desempeña en este tipo de
empresas. Sin embargo, ninguna de las medidas del actual gobierno para las Pymes está referida a las relaciones
laborales. Solo se reconoce la capacidad de generación de empleo de este tipo de empresas. Y punto.
Frente a esta realidad, es necesario develar qué es lo que
ocurre en las relaciones productivas y laborales al interior de las empresas de menor tamaño, y de esta manera
aportar a la construcción de una política pública que fomente la producción y el desarrollo de sectores
productivos desfavorecidos por el modelo neoliberal,
siempre y cuando esta vaya de la mano con el mejoramiento de las condiciones laborales en dichas empresas. Frente a
esto nos hacemos las siguientes preguntas ¿Son contradictorios ambos procesos? ¿Es posible hablar de
trabajo decente en las pequeñas y medianas empresas?
¿Cuál es el rol que jugarían las empresas de menor tamaño en la superación del modelo económico neoliberal?
En Chile, así como en varios países de Latinoamérica, las
relaciones de trabajo se caracterizan por muchos factores,
entre los cuales destaca su heterogeneidad. Esta se manifiesta en variados aspectos, y uno de ellos es el tamaño
de la empresa. Es decir, las relaciones laborales de una empresa grande no serán las mismas que en una de menor
tamaño, sea esta pequeña o mediana. Sobre esto, existen
varias definiciones de la categoría “pequeña y mediana
44
empresa” dependiendo de la variable utilizada para medir
su tamaño (ventas, empleo o capital invertido). La complejidad de esta definición aumenta cuando observamos
que junto a las Pymes se encuentran las microempresas y el trabajo familiar (MEF).
Este artículo estará referido en términos de análisis solo a las Pymes ya que estas representan un ámbito dimensional
crítico en lo que respecta a la vigencia del derecho del trabajo. La microempresa constituye un submundo laboral
aún más flexibilizado y desregulado que el resto de las
categorías, donde la voluntad unilateral del empleador es la única fuente normativa. Por otro lado, dentro de las
características de las microempresas, hay un factor laboral
importante y que refleja la principal diferencia con el resto de las empresas de menor tamaño: el trabajo familiar. Estos
elementos podrían ser de análisis para futuras investigaciones, y este artículo pretende aportar insumos
también en esa dirección.
Aproximación conceptual
En Chile, de acuerdo al Servicio de Impuestos Internos, se
considera microempresa a toda entidad que ejerce una
actividad económica de forma regular, ya sea artesanal u otra, a título individual o familiar o como sociedad, y cuyas
ventas anuales son inferiores a 2.400 UF ($52.464.000 según valor UF al 20/06/2011). En su producción emplea
menos de 10 trabajadores. Luego de la microempresa está
la empresa pequeña cuyo nivel de ventas se ubica entre las UF2400 y UF25000, es decir, entre $52.464.000 y
$546.500.000, y tienen más de 10 trabajadores y menos de 50. Finalmente la mediana empresa, que vende más de
UF25.000 y menos de UF100.000 ($2.186.000.000) y en su
actividad remunera entre 50 y 199 empleados. Esto implica que en términos de ventas anuales definimos como PYMES
a las empresas que se encuentran en el rango de UF2.400 y UF100.000 y tienen más de 10 trabajadores y menos de
199 (SERCOTEC/OIT, 2010).
45
Dieste (1995) utiliza una definición bastante amplia y que
servirá de guía para este análisis. Así, tenemos que una pequeña y mediana empresa (PYME) puede ser definida
como aquella que, cualquiera sea su actividad y la forma jurídica que adopte, está dirigida personalmente por sus
propietarios, posee personal reducido, no ocupa una
posición dominante en su sector, no dispone de elevados recursos económicos, su cifra de facturación anual y su
capital son reducidos en relación con el sector económico donde opera, no está vinculada directa o indirectamente
con los grandes grupos financieros, y, aunque pueda tener
relaciones con otras grandes empresas, no depende jurídicamente de ellas (Dieste, 1995).
Respecto a la importancia de este tipo de empresas, se puede afirmar que la participación de las MIPYMES en la
economía nacional es significativa tanto por la cantidad de ellas como los trabajadores que ocupa, siendo relevante
sobre todo su capacidad creadora de empleo. Los micro,
pequeños y medianos empresarios que constituyen la mayoría de las empresas formales (95,9% del total) y están
organizados en poco más de 740.000 empresas y seguramente la totalidad de las empresas informales son
micro y ocasionalmente pequeñas empresas (son casi
800.000) de Chile. Sin embargo su importancia económica es cada vez menos significativa. Si en 1990 la participación
de la MIPYME en las ventas totales del país era de 30%, hoy esta cifra no supera el 13,5%. Este segmento de empresas
da trabajo a 3.920.615 personas lo que representa un
68,3% del empleo privado del país (SERCOTEC/OIT, 2010).
En resumen, las empresas de menor tamaño tienen gran importancia por la proporción de empresas que representa,
de la dinámica de creación de empresas y sobre todo desde
la perspectiva del empleo que genera. Además, constituyen desafíos para este segmento de empresas la calidad del
empleo y la informalidad, su baja productividad y su participación cada vez menor en las ventas totales. Esto
muchas veces hace plantear la necesidad de una mayor
competitividad e inserción en los mercados, elementos
46
consustanciales al mejoramiento de la calidad del empleo.
Sin embargo, diferentes análisis sobre relaciones laborales en las Pymes plantean que estos elementos no debieran
utilizarse como un medio para la desreglamentación de las prácticas de trabajo y la erosión de los derechos de los
trabajadores: la creación de puestos de trabajo no puede
realizarse a expensas de los derechos sindicales y del bienestar de los trabajadores. Desde una perspectiva
sindical, estas empresas deben cumplir con las normas establecidas para sus sectores, incluidas las relativas al
salario mínimo y a la higiene y seguridad del trabajo
(Dieste, 1995).
A pesar de esto último, se reconoce que las Pymes requieren
de un tratamiento y una normativa especial que tenga en cuenta su tamaño y sus dificultades en el proceso
económico. Si bien deben recibir facilidades de distinto orden, esta ayuda y tratamiento especiales deben ir en el
sentido que sean capaces de enfrentar las exigencias de
mercado y, fundamentalmente, que puedan cumplir con normativas básicas de nuestro país como son las
ambientales, sanitarias y laborales (CENDA, 2007).
Realidad laboral en las Pymes
Numerosos estudios a nivel latinoamericano plantean de
manera sintética, que la calidad en el empleo en las Pymes
se puede resumir en cinco características (Dieste, 1995):
1) Remuneración: el nivel de salario de las Pymes es
inferior al de las grandes empresas, además de que
éste es marcadamente desigual entre un sector y
otro de la economía, el género del trabajador y la
ubicación geográfica de la empresa.
2) Ventajas sociales. El acceso a la seguridad social, a
que tienen derecho todos los trabajadores, no está
garantizado en las Pymes, ya que un importante
número de empresas evade casi totalmente las
contribuciones en este rubro. Muchas veces se
47
contrata personal sin registro en la seguridad social
o éste se hace algún tiempo después de iniciada la
relación laboral, lo que lleva a que cuando la
contingencia de riesgo sobreviene (desocupación
total o parcial, enfermedad o accidente), la cobertura
sea incompleta.
3) Estabilidad en el empleo: el tipo y calidad del trabajo
en las micro y pequeñas empresas generan una
menor estabilidad en el empleo que, además, está
ligado al índice de desaparición de las empresas
recién creadas, a la rotación del personal por el bajo
salario o al despido individual que el empleador
puede realizar sin complicaciones, dada la ausencia
o escasa presencia de sindicatos.
4) Formación profesional: en las empresas grandes se
verifica un poco más la intención de desarrollar
profesionalmente a los empleados pero, una vez
más, por las actividades que se realizan en las
Pymes, generalmente no se da importancia al
desarrollo profesional de los trabajadores.
5) Ambiente de trabajo. En algunas Pymes existen
condiciones de trabajo inadecuadas: jornadas
laborales muy largas, infraestructura deficiente y
mayor número de accidentes y enfermedades
profesionales. La capacidad técnica y financiera de
los patrones impide mejorar las condiciones de
seguridad e higiene y estas situaciones deben ser
aceptadas por los trabajadores porque la posibilidad
de cambio es muy baja, al menos en el corto plazo.
En Chile no se han realizado estudios profundos respecto
de las condiciones laborales en las Pymes. De acuerdo a la
última Encuesta de Caracterización Laboral (ENCLA) del
año 2008 que realiza el gobierno, podemos rescatar algunos
datos respecto de las Pymes, referidos exclusivamente a
remuneraciones, jornada laboral y sindicalización.
48
Remuneraciones
Cuadro 1: Distribución de trabajadores por tramos de
remuneraciones, según tamaño de empresa (Porcentajes)
TRAMOS MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE TOTAL
Menos de 1
sueldo
mínimo
6,7 6,1 4 7,8 6,5
1 a 2
sueldos
mínimos
64,9 54,8 55,5 39,6 48,4
2 a 3
sueldos
mínimos
11,9 16,1 17,3 19,2 17,6
Más de 3
sueldos
mínimos
16,5 23 23 33,4 27,6
TOTAL 100 100 100 100 100
Fuente: ENCLA 2008, Dirección del trabajo (2009)
Si analizamos los tramos de remuneraciones por tamaño de
empresa, se observa que en la medida en que aumenta el tamaño de las empresas disminuye la proporción de los
trabajadores que se ubican en los tramos inferiores de remuneraciones, y aumentan las proporciones de los que se
ubican en los tramos siguientes con algunas excepciones.
En la microempresa se destaca el alto porcentaje de trabajadores que gana entre 1 y 2 sueldos mínimos. De
acuerdo a datos de años anteriores, este porcentaje ha venido aumentando debido al aumento del sueldo mínimo.
Este hecho pone límite al traspaso de la disminución de
49
costos de las empresas hacia los trabajadores, aunque no
implica un aumento proporcional de los salarios superiores, por lo cual, el ajuste se tiende a dar en términos del
aumento de la cantidad de trabajadores que se ubica en torno del ingresos mínimo.
Jornada laboral
Las diferencias en el tamaño de las empresas reflejan distintos promedios de horas semanales de trabajo y, por
ende, mayor o menor grado de cumplimiento de la nueva
jornada máxima semanal: las microempresas declaran tener dificultades para cumplir la reducción legal de horas
ordinarias de trabajo, mientras que en promedio las
empresas de mayor tamaño declaran cumplirla.
Cuadro 2: Promedio de horas semanales de trabajo por tamaño de empresa
TAMAÑO EMPRESA PROMEDIO DE HORAS
SEMANALES DE TRABAJO
Microempresa 45,7
Pequeña empresa 44,0
Mediana empresa 44,7
Gran empresa 44,5
Fuente: ENCLA 2008, Dirección del trabajo (2009)
Sindicalización y negociación colectiva
Respecto a la relación entre sindicalización y tamaño de empresa, de acuerdo a los datos de la ENCLA 2008, a
medida que aumenta el tamaño de la empresa aumenta también la existencia de sindicatos en ella. De este modo,
mientras en la pequeña empresa apenas el 2,9% de estas
cuentan con sindicato, en las grandes empresas esta
50
proporción alcanza más de la mitad del total de empresas
(54,1%). Las empresas con mayor número de trabajadores proporcionan un contexto más favorable para la
organización sindical y la negociación colectiva, mientras que en el caso de las empresas pequeñas, además de contar
con una legislación desfavorable para la sindicalización, se
suma el hecho de que los empresarios de este segmento poseen una concepción de la empresa como un espacio
constituido por vínculos de carácter primario, lo que a juicio de éstos haría innecesaria la organización de los
trabajadores en una lógica de conflicto y de oposición de
intereses entre ellos y sus empleadores (Baltera, 2003). A partir de ello, es dable esperar una mayor oposición de
estos empresarios a la constitución de sindicatos en su
interior. Gráfico Nº1
Fuente: ENCLA 2008, Dirección del trabajo (2009)
Al desagregar por tamaño de empresa, en el Gráfico Nº2 se
observa que hay negociación colectiva en todas las
empresas. Además, también se da una relación directamente proporcional, en donde a mayor tamaño de
empresa mayor cantidad de negociación colectiva.
51
Gráfico Nº2
Fuente: ENCLA 2009, Dirección del trabajo (2009)
En síntesis, en estas dimensiones de las relaciones laborales, el tamaño de la empresa incide en las
características laborales de esta. Mientras más pequeña sea una empresa, más desprotegidos están sus trabajadores y
la flexibilidad laboral aumenta. Esto se da porque los costos
en que se incurren para cumplir con las regulaciones laborales es proporcionalmente mayor en las grandes
empresas, Esto tiene varias consecuencias (Galetovic, Cabrera, Sanhueza y De la Cuadra, 2009). La primera es
que muchas empresas eligen evadir la regulación. Sin
embargo, evadir es más difícil mientras mayor es el tamaño de la empresa, y por eso las que no cumplen tienden a ser
más pequeñas. En segundo lugar, y por la misma razón, las regulaciones penalizan el crecimiento de las empresas más
chicas, porque a medida que aumentan su tamaño se va
haciendo más difícil evadir la fiscalización. Tercero, el mayor costo proporcional que le imponen las regulaciones a
las pyme motiva en parte que a las empresas pequeñas se les exima de algunas obligaciones o se les impongan
estándares menos exigentes. En efecto, muchas de las
regulaciones existentes en el ámbito laboral, sanitario y
52
tributario, implican que si la empresa crece por sobre un
cierto umbral debe cumplir con normativas de las que antes estaba exenta, los estándares que se le exigen son mayores
y va a ser objeto de una supervisión mucho más estricta de parte de las autoridades. En síntesis, la mayor regulación y
fiscalización a las que están sujetas las grandes empresas,
así como también a la mayor ganancia que estas generan respecto de las otras empresas, posibilitaría un contexto
más propicio a los beneficios laborales en dichas empresas.
Trabajo decente versus fomento productivo
Sin embargo, los resultados de una reciente investigación
realizada por el autor de este artículo plantean que el
modelo de desarrollo económico es el que genera esta contradicción entre trabajo decente y fomento productivo a
las empresas de menor tamaño (Canelo, 2010). En esta se plantea a partir de los resultados, que es posible generar
mejores condiciones laborales en las Pymes sobre todo en
aspectos que no afectan directamente los costos de dichas empresas. De acuerdo a los resultados de la encuesta de
caracterización laboral aplicada a 243 Pymes de la comuna de Valparaíso (Canelo, 2010), tenemos que:
1) En la mayoría de estas empresas se han realizado capacitaciones a los trabajadores.
2) La mayoría de las empresas no han sufrido accidentes de trabajo, y tienen acceso a baño y
comedor.
3) En la mayor parte de estas empresas, no existen diferencias salariales de género.
4) Los aspectos negativos respecto del trabajo decente tienen que ver con el nivel de remuneraciones, el
fortalecimiento sindical y la negociación colectiva. La
mayoría de las empresas de este tipo no tienen sindicatos debido a la actitud negativa de sus
empleadores; además no han realizado nunca una negociación colectiva.
53
Estos resultados demuestran por un lado una actitud
favorable de los pequeños y medianos empresarios al fomento del trabajo decente. Además, demuestra la
necesidad de redefinir la categorización de pequeñas y medianas empresas, de tal manera de exigirle a las Pymes
condiciones de trabajo adecuadas a su realidad económica,
incluyendo en el marco regulatorio criterios de carácter laboral (Nuevo estatuto MIPYME). Claramente las
condiciones de trabajo en una gran empresa no son las mismas que en una de menor tamaño. Como plantea el
CENDA (2007), si bien las Pymes deben recibir facilidades
de distinto orden, esta ayuda y tratamiento especiales deben ir en el sentido que sean capaces de enfrentar las
exigencias del mercado y cumplir principalmente con
normativas laborales básicas de nuestro país, como son las ambientales, sanitarias y laborales. Precisamente la
investigación realizada ayudó a demostrar la factibilidad de exigir condiciones laborales mínimas de trabajo decente
dentro del contexto de las pequeñas y medianas empresas.
Como vemos, se han encontrado algunos resultados bastante favorables a las condiciones laborales de los
trabajadores, puntos que evidentemente se deben fortalecer y a partir de allí mejorar en todos los aspectos las
condiciones de trabajo de las Pymes. Por lo tanto, a partir
de este hecho es necesario elaborar una política pública de fomento productivo que, a partir de las características
laborales de las Pymes descritas en esta investigación, establezca criterios de apoyo a las empresas de menor
tamaño en base a indicadores de trabajo decente mínimos.
De esta manera, se podrá avanzar hacia una verdadera política de fomento productivo que beneficie a los
trabajadores.
¿Qué dicen las Pymes? Estos hechos no están alejados del discurso y las demandas
de las empresas de menor tamaño. Muchas asociaciones gremiales de Pymes plantean que el desarrollo del sector de
las empresas de menor tamaño implica una superación del
modelo de desarrollo neoliberal. La necesidad de que el
54
Estado regule los mercados para que de esta manera se
logre detener el avance desenfrenado de las grandes empresas y transnacionales es una medida que
evidentemente favorece a las empresas pequeñas. Por esto que es necesario, dicen, una política de fomento productivo
que defina el tipo de Pymes que el país requiere, haciéndose
cargo de aquellos sectores públicos donde es necesaria la intervención estatal (como el transporte, la educación, la
salud) y fomentando la participación de las Pymes en sectores de la economía que les son de utilidad. Es decir, el
Estado debe definir qué sectores de la economía son para
las pequeñas, las medianas, las grandes y el sector público. Finalmente, plantean la necesidad de reformular el
concepto de pequeña y mediana empresa, por cuanto las
diferencias en términos económicos y laborales entre una y otra dan cuenta de realidades bastante segmentadas y
heterogéneas. Sin embargo, en términos de políticas de fomento productivo, el Estado no hace grandes diferencias.
La situación en que se encuentran muchos empresarios es
peor que incluso algunos trabajadores. Los niveles de renta de los pequeños empresarios han sido bajos. Hay un 6% de
pequeños y medianos empresarios que se encuentran entre el límite de la indigencia y la pobreza. Hay pocas
expectativas de este gobierno, no hay voluntad para
preocuparse de los temas principales: acceso a los mercados y acceso al financiamiento, por más que haya
mejor eficiencia, la situación de las Pymes seguirán deteriorándose. (Entrevista a Iván Vuskovic, 18 de abril de
2011). A modo de síntesis…
Quedan planteadas algunas interrogantes. Si bien algunos
indicadores de trabajo decente son positivos en las Pymes
de Valparaíso, cabe plantear si quizás los índices de trabajo decente planteados por la OIT miden realmente condiciones
de trabajo decente, lo que supondría replantear los criterios para medir dicha variable. Por otro lado, queda pendiente
profundizar en las condiciones laborales de la
microempresa, donde aparentemente las relaciones de
55
informalidad producirían un submundo laboral mucho más
precario. Finalmente, es necesario revisar el nuevo estatuto MIPYME elaborado por el gobierno anterior y ratificado por
el actual, atendiendo no solo a criterios económicos para la segmentación de los diferentes tipos de empresas, sino
también laborales.
De todas maneras, se considera fundamental generar un
desarrollo de las empresas de menor tamaño pero siempre enfocado en un desarrollo humano, es decir, la mejora de
este sector de la economía tiene necesariamente que
implicar una mejora en las condiciones laborales de los trabajadores de dichas empresas. Desde esta perspectiva,
una empresa de menor tamaño que no cumpla con
requisitos mínimos de trabajo decente no debe ser beneficiada por políticas de desarrollo, por más que
presente buenos índices económicos. Por esto es fundamental incluir la variable “trabajo decente” dentro de
una estrategia de fomento productivo para las pequeñas y
medianas empresas, que permita no sólo un desarrollo económico, sino también humano.
Referencias bibliográficas
Baltera, P. 2003. Los derechos laborales en la pequeña empresa. Una mirada desde los empresarios. Santiago:
Departamento de Estudios, Dirección del Trabajo. Canelo, P. 2010. Condiciones laborales de los trabajadores de las Pymes de la comuna de Valparaíso. Tesis para
obtener el título de Sociólogo, Valparaíso: UPLA.
CENDA. 2007. Las PYMES y los derechos de los trabajadores. Santiago de Chile: Centro de Estudios
Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA). Dieste, J.F. 1995. Relaciones laborales en la pequeña y mediana empresa. Montevideo: Editorial B de F.
56
Dirección del Trabajo. 2009. Encuesta laboral 2008, Informe de resultados. Santiago: División de estudios, Dirección del
Trabajo.
Galetovic, A., Cabrera, A., Sanhueza, R. y De la Cuadra, S. 2009. Las Pyme: quiénes son, cómo son y qué hacer con ellas. Revista Estudios Públicos Nº 116.
SERCOTEC/OIT. 2010. La situación de la micro y pequeña empresa en Chile. Santiago: Organización Internacional del
Trabajo y Servicio de Cooperación Técnica.
57
La redistribución del ingreso y la riqueza: el
debate actual en el Uruguay
Jorge Notaro*
La redistribución del ingreso es un punto del programa del Frente Amplio para este segundo gobierno. Los logros del
primer gobierno fueron importantes y se pueden destacar el aumento sin precedentes del número de personas
ocupadas, la recuperación del salario real al nivel previo a
la crisis con el aumento paralelo de las pasividades, las transferencias de ingresos hacia el 20% más pobre de la
población, la creación de un Sistema Nacional Integrado de Salud que por su cobertura y su financiación tiene un
importante impacto redistributivo y la reducción del
número de personas pobres del 30 al 20% de la población (un 5% por encima de la situación previa a la crisis de 1999
– 2003).
Sin embargo, el acelerado aumento de la actividad
económica y en particular, el aumento de los precios de la
producción agropecuaria y de la tierra, tuvieron un efecto
concentrador del ingreso y de la riqueza. El programa del
FA reconoce que es necesario adoptar medidas con ese
objetivo y se discute como, cuando y cuanto se
redistribuye; el tema central es político, se trata de elegir
entre el riesgo de que no vengan tantos capitales o el de
condenar a la pobreza durante más tiempo a más personas
que lo inevitable.
* Economista Uruguayo. Investigador y docente titular de la Facultad de
Ciencias Económicas y de Administración – Universidad de la República de
Uruguay.
58
Es útil comenzar por algunos conceptos preliminares y
aproximados. Los ingresos se generan principalmente en la actividad económica, por ejemplo, los salarios para los
trabajadores en relación de dependencia o las ganancias para el capital; otros ingresos resultan de la intervención
del Estado, como las pasividades o las asignaciones
familiares. Mejorar la distribución o redistribuir significa modificar esta situación y aumentar los ingresos de los
muchos que reciben poco, para lo cual es inevitable recortar los ingresos de los pocos que se apropian de mucho. Un
segundo aspecto es la redistribución de la riqueza, que es el
resultado de la propiedad de, dando algunos ejemplos en una lista incompleta, tierras, animales, bosques, vehículos,
acciones, valores públicos o depósitos bancarios.
¿Cómo redistribuir en el capitalismo dependiente? El
Estado, cobrando impuestos al patrimonio, a las rentas del capital y en el Uruguay actual, con impuestos a las
exportaciones con baja industrialización como Argentina.
Se complementa gastando para mejorar la educación, la salud y la vivienda de los sectores populares, diseñando
estrategias que promuevan la organización y la participación.
En el siguiente cuadro se presentan los ingresos de los sectores populares como porcentaje del total de ingresos del
país que mide el Ingreso Nacional Bruto Disponible INGRESOS DE LOS SECTORES POPULARES
Como porcentaje del Ingreso Nacional Bruto Disponible (INBD)
Grupos Sociales 2006 2007 2008 2009
Obreros y Empleados 19,7 19,6 19,9 21,5
CuentaPropia sin local 1,4 1,0 0,7 0,5
CuentaPropia con local 8,4 9,1 9,0 9,4
Pasividades 9,7 8,6 8,0 9,1
Transferencias* 1,4 1,4 1,0 1,6
TOTAL 40,7 39,7 38,6 42,1 * Transferencias incluye: tarjeta alimentaria, alimentación de menores,
asignaciones familiares, seguro de desempleo, compensaciones por accidente,
becas y pensión alimenticia. Lo que corresponde al Sistema Nacional Integrado
de Salud se incorporó a los salarios.
Fuente: YNBD del BCU y los ingresos de los sectores populares,
estimaciones a partir de la ECH del INE.
59
Como se aprecia, los ingresos de los sectores populares son
poco más del 40% del total de ingresos generados en el país y durante los últimos cuatro años tuvieron variaciones
irrelevantes. Del 60% restante aproximadamente un 5% son salarios de directores de empresas y profesionales en
relación de dependencia, un 20% o 25% son pagos a la
seguridad social e impuestos directos.
Los ingresos de los sectores populares integrados por un
millón y medio de trabajadores y setecientos mil pasivos,
son el 40% del total de ingresos del país; los del capital son
un 30% del total, es decir, 14.000 millones de dólares. En
segundo lugar, Uruguay cobra menos impuestos al capital y
sus ganancias que Argentina y Brasil.
El reconocimiento de la dominación del capital no impide utilizar al máximo los márgenes disponibles por el gobierno
para sus decisiones de política económica, que son la resultante de un conjunto de fuerzas económicas, sociales y
políticas contradictorias. Las medidas de luchas del
movimiento sindical luchando por mejores salarios desarrollan la organización, la conciencia de clase y en
última instancia, la libertad de los trabajadores dando un respaldo al gobierno para enfrentar el poder del capital.
Durante el primer gobierno del FA se implementó una importante reforma laboral, participativa y regulada, que
permitió al movimiento sindical atenuar la dominación del
capital.
El actual gobierno tuvo el gran acierto de apoyar un importante aumento de los salarios más bajos, los de las
trabajadoras del servicio doméstico, en su mayoría pobres o
indigentes, con grandes dificultades de organización por la dispersión de los lugares de trabajo; también a los
trabajadores del comercio en supermercados y tiendas.
Tres aspectos de la política laboral del Poder Ejecutivo no
contribuyen a mejorar la distribución del ingreso y reducir la pobreza:
60
a) Con la aprobación de la ley marco de las
negociaciones colectivas para el sector privado a fines de 2009, el gobierno renunció a la facultad de
fijar todos los salarios por decreto. Debería haber retomado su papel de mediador entre el capital y el
trabajo en los Consejos de Salarios y no definir
“lineamientos” que incorporan un tercer punto de vista a la negociación.
b) Los lineamientos mejoraron las pautas del período
anterior al incorporar indicadores de capacidad de
pago de las empresas como criterio para los aumentos de salarios, que se agrega a la inflación.
Pero lo relativizan por el aumento de la ocupación,
con lo cual los aumentos de salarios reales sólo se pagan si hay aumento de la productividad del
trabajo y como consecuencia no hay ningún efecto redistributivo.
c) Con la aprobación de la ley marco de las negociaciones colectivas para el sector público a
fines de 2009 el gobierno se comprometió a negociar las condiciones de trabajo y no lo cumplió
incorporando estos aspectos en el presupuesto. Un
error como este, el incumplimiento del convenio colectivo de la IMM con ADEOM, creó las
condiciones para que la pérdida de credibilidad del FA y la desorientación política arraigara en los
trabajadores municipales. Se debería prestar
particular atención a mejorar el diálogo con COFE y con AEBU – Banca Oficial.
El programa del FA para el actual período de gobierno no
propone expropiaciones pero incluye tres puntos
relacionados a la redistribución de la riqueza: la entrega de 250.000 hectáreas a pequeños productores, la instalación
de un frigorífico y un complejo de barco y planta procesadora de pescado.
61
Se puede distribuir la riqueza impidiendo una mayor
concentración y promoviendo el fortalecimiento de las formas de propiedad compatibles con un proyecto de
transformaciones profundas.
La preocupación por el aumento de la inversión no puede
omitir la dimensión política.
Es necesario promover el fortalecimiento de las empresas públicas y de la iniciativa privada con formas de propiedad
compatibles con un proyecto de transformaciones
profundas implementando políticas de apoyo a los productores familiares agropecuarios, las pequeñas y
medianas empresas y las cooperativas.
En un rápido balance a fines de mayo de 2011, se pueden
señalar como las medidas más probables de mayor impacto en mejorar la distribución del ingreso a la devolución del
Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los hogares más pobres
y el aumento de los impuestos a las actividades agropecuarias
También se puede hacer una lista de los temas pendientes:
a) La discusión sobre la redistribución de la riqueza todavía no ha empezado.
b) Se produjeron importantes cambios con posterioridad a
la aprobación de una Reforma Tributaria en el año 2006
que hay que tener en cuenta para hacer algunos ajustes como parte del proceso de su implementación.
i) en 2007 empezó un acelerado aumento de los
precios de las exportaciones uruguayas y los
especialistas en el análisis de los mercados internacionales consideran que continuará durante
los próximos cinco o diez años.
ii) como resultado de la crisis financiera internacional
de 2008 aumentaron los flujos de capital hacia los
62
países dependientes, y sobre todo, hacia los
que tienen recursos naturales como tierra apta para el cultivo o minerales.
iii) esta tendencia se agudiza con la reducción de
la tasa de interés en los Estados Unidos, una
tasa menor que la inflación que por lo tanto tiene rendimientos negativos y los capitales en
dólares pierden valor. Se suma al objetivo del gobierno norteamericano de devaluar el dólar
para aumentar la competitividad de sus
exportaciones. Estos dos aspectos, agregado a la inestabilidad del euro, llevan a los
inversionistas a buscar bienes materiales y a
especular con productos primarios.
Este conjunto de cambios permite considerar aumentos de impuestos al capital y a sus ganancias para financiar el
gasto público con el objetivo de lograr una mejor
distribución del ingreso. Por ejemplo con un impuesto del 6% a la entrada de capital como cobra Brasil o del 35% a
las exportaciones con baja industrialización como Argentina.
En la sociedad capitalista contemporánea hay que respetar al capital, porque de sus decisiones dependen los niveles de
inversión y de empleo. Sin tenerle miedo ni olvidar que es imprescindible erosionar su poder progresivamente si se
aspira a construir una sociedad sin dominación ni
explotación, con una real igualdad de oportunidades.
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El debate ideológico sobre el orden económico
Julio Gambina*
Resulta interesante considerar como se hace visible el debate de ideas sobre el orden económico mundial en crisis.
A los efectos didácticos, digamos que tres son las posiciones puestas en discusión, que como tales constituyen corrientes
intelectuales y políticas que actúa en la conformación de la
realidad.
Volver al programa liberalizador
Una proviene de la ortodoxia neoliberal, que fue afectada en
su credibilidad con la explosión de la crisis mundial desde la debacle del 2007/8, y especialmente por la respuesta del
salvataje de las grandes empresas con dificultades, que
devolvió el intervencionismo estatal a la consideración pública. Cuatro décadas de prédica liberalizadora se
estrellaron contra la realidad. Si hasta el titular del FMI pontifica que el Consenso de Washington ha finalizado.
Pese a ello, los herederos de Friedrich Von Hayek (1889-1992 y Nobel de Economía en 1974) y el programa de
máxima del gran capital retornan con su discurso por la
liberalización desde el encuentro que funciona en estos días
* Académico argentino. Doctor en Ciencias Sociales de la Facultad de
Ciencias Sociales de la UBA. Es Profesor de Economía Política en la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, Presidente de
la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP, e Integrante
del Comité Directivo del consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales,
CLACSO. También participa como miembro del Consejo Académico de
ATTAC-Argentina y dirige el Centro de Estudios Formación de la
Federación Judicial Argentina. También participa como columnista sobre
Economía y Cooperativismo en medios periodísticos de Capital Federal y
del interior de este país.
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en Buenos Aires (17 al 20 de abril) y auspiciado por la
Sociedad de Mont Pellerín (funciona desde 1947 con su primer encuentro en Suiza y reúne al pensamiento liberal
reaccionario contra el socialismo y el keynesianismo). Se proponen discutir en Argentina “El desafío populista para la
libertad en América Latina” y será clausurado por Mario
Vargas Llosa, que tendrá dos momentos estelares en la semana para enarbolar su propuesta, en este encuentro y
en la inauguración de la anual Feria del Libro.
El diagnóstico intelectual de esta corriente político
ideológica sugiere la necesidad de retomar el rumbo hegemónico de los 80´ y los 90´, con aperturas,
flexibilizaciones, privatizaciones y un clima favorable al
libre movimiento de mercancías, servicios y capitales. Entre nosotros serán de la partida varios economistas y
pensadores asociados a las demandas de las clases dominantes locales, coincidentes con el arco político de la
derecha, y no en vano el anfitrión es el Jefe de gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires.
Esas ideas son sostenidas en estos días en una columna
periodística del inefable Domingo Cavallo, que a 20 años del comienzo de la convertibilidad, se animó a sustentar las
políticas económicas que lo tuvo como protagonista importante en los años de la reestructuración regresiva del
capitalismo local, en gobiernos dictatoriales como bajo
administraciones peronistas y radicales.
Hay que sumar a varios argentinos en esta cruzada de
reinstalación del pensamiento hegemónico de las últimas décadas del Siglo XX, los cuales serán expositores en el
cónclave del Hotel Sheraton, entre ellos al ex Ministro López Murphy, de breve paso por la función ante el rechazo de la
movilización popular a su estrategia de ajuste y
privatización educativa.
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Regular para salvar al capitalismo
Una segunda posición con incidencia en la aplicación de las
políticas económicas anti crisis asume la necesidad de
regular el capitalismo en crisis. Es la corriente que se ha impuesto en estos años de crisis, como modo de salvataje
del capitalismo. Es el discurso mayoritario en el G20 y en los cónclaves mundiales que analizan el qué hacer para
superar la crisis sin abandonar el rumbo capitalista.
Eso explica la presencia de Josepf Stiglitz (nacido en 1943 y
Nobel de Economía 2001) en el asesoramiento a la reunión
de Naciones Unidas que en Junio del 2010 consideró las políticas para resolver la crisis. Aquella reunión pretendía
ser alternativa al antidemocrático G20, en funcionamiento desde fines del 2008 y producto de la crisis mundial. Se
trataba del G129 versus el G20, y que mejor que formar
una comisión técnica para formular propuestas alternativas, liderada por el Nobel de economía crítico del
orden hegemónico hacia la crisis del 2001 y de las ideas dominantes de los 80´ y 90´.
Puede ser curioso, pero a comienzos del año y de la presidencia Sarkozy del G20, se encomendó a Stiglitz,
asociado al neo keynesiano francés Jean-Paul Fitoussi, la
coordinación de una reflexión intelectual sobre el qué hacer ante la crisis. Para ello se convocó a pensadores de
diferentes regiones y procedencias ideológicas que sugirieron un conjunto de necesarias regulaciones, en
muchos casos con el objeto de resolver la crisis dentro del
sistema capitalista. La política del ajuste implementada por Europa era contrarrestada con opiniones tendientes a
sostener en el tiempo la política de intervención y regulación estatal para el salvataje del capitalismo.
Estas ideas están permeando el clima ideológico en la reunión de primavera del FMI-BM en desarrollo en
Washington y que cuentan con la presencia del Ministro de
Economía de la Argentina y la Presidenta del Banco Central de la República Argentina.
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Desde el fin del Consenso de Washington proclamado por el
titular del FMI, Dominique Strauss Kahn, socialista francés con aspiraciones de disputar el gobierno de su país, a la
preocupación del titular del BM por el posible incremento de 10 millones de pobres si continúa en la coyuntura el alza
de los precios internacionales de los alimentos. La pobreza
se incrementó en tiempos de crisis en 44 millones de pobres por la suba de precios de comodities, especialmente
alimentos, y de continuar esta situación el Presidente del BM Robert Zoellick destaca que el registro subiría a los 54
millones de personas. Son opiniones que encarnan en propuestas de regulación estatal de la economía para evitar una recidiva de la
recesión del 2009. Claro que son recetas simultáneas con
ajustes del gasto social en aquellos países que ello sea posible, inclusive en EEUU, tal como fue anunciado por
Obama en estos días para intentar morigerar el gigantesco déficit fiscal estadounidense, equivalente al 10% de su PBI.
Políticas alternativas y anticapitalistas
Una tercera posición ideológica, con menor visibilidad
propone ir más a fondo que con el salvataje del capitalismo, y pensar en las formas de superar la crisis en simultáneo
con la crítica al capitalismo y la sustitución de esa forma del desarrollo y organización económica de la sociedad por
otra sustentada en la satisfacción de las necesidades.
Algo de ello es lo que ocurre en el Congreso del PC de Cuba
a propósito de la discusión sobre el modelo económico de
Cuba y la construcción del socialismo. La revolución cubana intenta renovarse y reinventar el socialismo bajo
extendida hegemonía capitalista mundial.
Algunos pasos relativos a esta posición se asocian a la
experiencia de la región nuestramericana en los años recientes de este comienzo del Siglo XXI, especialmente en
Venezuela, Bolivia y Ecuador, que en sus reformas
constitucionales recientes incorporan, especialmente las dos últimas, categorías que recuperan pensamiento
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ancestral, tal como el “buen vivir” en las condiciones de la
contemporaneidad. Es una recreación de pensamiento con cultura de pueblos originarios que incide en la innovación
de categorías como el socialismo sugerido desde las tierras de Bolívar.
En Argentina pasó por estos días un cónclave de pensamiento crítico en el Parlamento, en torno al debate
sobre “los derechos humanos y la crisis global de la
economía”. La reunión fue animada por parlamentarios de la región junto a redes y movimientos de todo el mundo que
denuncian las políticas hegemónicas y especialmente el papel dependiente ejercido por el endeudamiento público
para los países del sur del mundo. La búsqueda se orientó
en la articulación de propuestas más allá de la crítica al neoliberalismo, para constituir una opinión y subjetividad
popular para las transformaciones profundas, de carácter anticapitalista.
La polémica constituye tres espacios
De este modo, la discusión que atraviesa el rumbo
necesario en nuestramérica está condicionada por estas tres variantes, opiniones o corrientes de pensamiento.
De un lado la vuelta al programa explícito de la liberalización sustentado en los 80´ y 90´; de otro la crítica
a esas políticas, con el impulso de reformas y regulaciones
estatales para el salvataje del sistema capitalista, apuntado como el límite de lo posible de sectores radicalizados en
tiempos recientes.
Finalmente, emerge desde posiciones minoritarias una
visión que intenta romper con el posibilismo y cuestiona a la crisis y las políticas anti crisis en curso para indagar y
proponer un rumbo anticapitalista, incluso por el
socialismo.
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Periodos de la economía del Paraguay.
Aportes a un debate inconcluso
Luís Rojas*
El sistema económico y político vigente en el Paraguay actual, así como las consecuencias económicas y sociales
que del mismo emergen, son resultado de largos procesos históricos marcados por confrontaciones permanentes y la
decisiva influencia de actores externos. El modelo
agroexportador que hoy predomina en el país tiene profundas raíces en la convulsionada historia de esta región
del mundo, dominada en un principio, ya hace varios siglos, por diferentes grupos indígenas, posteriormente por
los enviados del reino colonizador, hasta una nueva
hegemonía de los nacidos en estas tierras, para finalmente caer en manos de las poderosas corporaciones económicas
que se adueñaron del mundo a lo largo del siglo XX.
En el caso del Paraguay, la estructuración y organización
económica y social se ha dado históricamente a partir del uso y la propiedad de los recursos naturales, en especial de
la tierra, y el tipo de producción agropecuaria o extractiva desarrollada en cada época, dada la central participación de
estas actividades en la economía nacional. La seña de
identidad de la economía paraguaya siempre ha sido marcada por el destino que se ha dado a la tierra, para
extraer de ella o para crear a partir de ella los productos necesarios tanto para la vida como para la acumulación de
riquezas. Y este rasgo distintivo puede verse tanto en la
época colonial como en el día de hoy. La posesión de la tierra y las relaciones de producción establecidas a partir de
ella han estado en la base constitutiva de la configuración
nacional en todos los periodos de su historia.
* Investigador de BASE Investigaciones Sociales.
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Una periodización de la economía paraguaya debe
responder, más allá de las formas políticas predominantes en cada época, al tipo de organización económica
hegemónica en cada caso, y en nuestro caso esta hegemonía deriva del control y el uso que se ha dado al más
abundante y disputado recurso del país, que es la tierra,
generadora de infinidad de frutos y motivo de disputas interminables. Es necesario apuntar también que una
periodización económica no implica una uniformidad en toda la economía nacional en cada periodo establecido,
puesto que en cada momento conviven diferentes modos de
producción, como ocurre en el presente con el modo de producción indígena que pervive en varias comunidades, y
el modo capitalista que predomina en la mayor parte del
país. Pero esto no excluye que haya un modo de producción hegemónico en cada época, y es el que referencia y
distingue a cada periodo económico establecido. Asumiendo esta posición teórica, podemos dividir a la historia de la
economía paraguaya en al menos tres grandes periodos.
Época colonial: Economía feudo-mercantilista
dependiente (1524-1811)
La conquista y posterior colonización ejecutada por los
europeos en todo el continente americano destruyeron gran parte de la sociedad y las formas de economía indígena,
caracterizada por la organización comunitaria, el uso colectivo de los recursos naturales y por relaciones entre
sus miembros mayormente de cooperación y
complementación. En rigor, el siglo XVI fue principalmente de conquista de nuevos territorios, y ya los siglos XVII y
XVIII de consolidación de la nueva economía colonial, dirigida por los intereses de España.
Los colonizadores se fueron apropiando de grandes extensiones de tierras, anteriormente utilizadas por los
pueblos indígenas, y una vez que aseguraban la posesión de las mismas, las otorgaban en parte a la población que
colaboraba y ejecutaba el proyecto colonial, para generar
productos que puedan dirigirse al comercio internacional,
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en gran medida a partir de la explotación del trabajo
indígena de diversas formas, como los regímenes laborales conocidos como la mita, la encomienda o el yanaconazgo.
Bajo estas formas de explotación de la población nativa en este periodo se produjeron rubros como la yerba mate,
tabaco, maíz, algodón y mandioca, parte importante para el
comercio exterior. El periodo tuvo una impronta feudal por la explotación de la fuerza de trabajo bajo condiciones de
semiesclavitud o de servidumbre, a partir del control del territorio y las emergentes formas políticas, por parte de los
colonizadores, quienes dependían de las líneas políticas
estratégicas de la metrópolis española, orientada esta última por una lógica mercantil de acumulación de riquezas
a partir del comercio exterior.
Época independiente: Economía nacional autónoma
(1811-1870)
A partir de la ruptura de la dependencia del Reino de
España mediante los hechos de 1811, además de las instituciones políticas, también la estructura de propiedad
y producción fue cambiando progresivamente. Bajo el gobierno de José Gaspar Rodríguez de Francia se realizó la
recuperación de la mayor parte de las tierras que estaban
en manos de los españoles, así como de las órdenes religiosas y de otros propietarios privados, que fueron
transferidas a favor del Estado paraguayo.
Una parte de esas tierras fueron arrendadas a la población
campesina, a cambio de un bajo pago anual, a condición de que las mismas sean trabajadas en actividades
agropecuarias, con una fuerte orientación hacia la producción de autoconsumo y la conversión de los terrenos
en pasturas. Este proceso de producción a partir de la
incorporación de la fuerza de trabajo campesina diversificó la producción nacional, aumentó la actividad productiva y
el empleo, garantizó la suficiente disponibilidad de alimentos para toda la población y redujo a márgenes
estrechos las desigualdades sociales en el país. No
obstante, en algunos sectores se mantuvieron situaciones
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de exclusión y desigualdad, que afectaban en especial a
grupos indígenas y afrodescendientes.
En la misma dirección del fortalecimiento del desarrollo productivo autónomo del país, se establecieron en principio
más de sesenta “estancias de la patria”, que eran unidades
productivas agropecuarias estatales, estratégicamente ubicadas para garantizar la integridad territorial y generar
importantes ingresos al Estado, lo que permitió reducir los impuestos sobre la población. El gobierno controlaba la
mayor parte del comercio y fomentó el establecimiento de
industrias, fortaleciendo el crecimiento económico hacia adentro, priorizando las necesidades de la población local y
el mercado interno, antes que las demandas
internacionales. Esto puede verse con el caso de la yerba mate, que en la colonia se orientaba principalmente a la
exportación, mientras que en el periodo francista se priorizó el mercado local. Como ejemplo, en el año 1808 se
exportaron 327.150 arrobas (1 arroba es igual a 11,5 kilos),
bajando las exportaciones a tan solo 9.084 arrobas en 1839.
Este sistema prosiguió en el periodo de los López,
caracterizado por una agricultura parcelario-comunitaria,
con un Estado autárquico y solvente, y un importante sesgo hacia la inversión en infraestructuras, en el desarrollo
tecnológico, y en la capacidad técnica de la población. Esto quedó patente en la construcción del ferrocarril, el telégrafo,
las fundiciones de hierro, astilleros e importantes obras de
arquitectura. Y esto fue realizado sin endeudar al país con créditos internacionales, dado que el Estado contaba con
los recursos económicos a partir de su participación directa en actividades productivas y comerciales. El Paraguay logró
construir una economía nacional y autónoma, orientada
hacia el progreso y el desarrollo del país.
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Época liberal y autoritaria: Economía capitalista
dependiente (1870-2011)
El modelo autónomo de desarrollo del periodo independiente entró en contradicción con el expansionismo
del capitalismo mundial, pues era muy poco permeable a
los flujos de bienes y capitales internacionales. Los grandes capitales ingleses, dominantes en la época, aliados a las
burguesías expansionistas del Cono Sur americano, decidieron la destrucción del modelo paraguayo, a fin de
evitar su réplica y consolidación, y alinear al país a las
necesidades de acumulación internacional. La Triple Alianza arrasó el modelo independiente paraguayo, por
medio de un genocidio y la destrucción de la base
productiva, e inauguró una nueva colonización del país. Después de la guerra se malvendieron las tierras públicas a
favor de grandes capitales extranjeros, dislocando el modelo hacia la producción de materias primas para el mercado
externo, desencadenando una fuerte concentración de la
tierra, el fortalecimiento de los latifundios y los enclaves de extracción de productos agroforestales. Se justificó esta
privatización de las tierras argumentando la necesidad de obtener recursos para enfrentar las deudas y los gastos del
Estado, sumando la idea de que el Estado es mal
administrador de bienes productivos.
Por un decreto del año 1885, Bernardino Caballero ordenó la venta de la totalidad de las tierras públicas. Los
campesinos e indígenas no podían comprar las tierras, por
lo que tuvieron que emplearse en los enclaves extractivos bajo condiciones de absoluta explotación. Los latifundios
tanineros, madereros y yerbateros funcionaban de forma cuasi-feudal, por la autoridad que ejercía el dueño de la
propiedad, incluyendo mecanismos de coacción y represión
al alcance de los patrones, mecanismos tradicionalmente monopolizados por el Estado. A ello se sumaba la
sobreexplotación de los obreros rurales, se trabajaba en los enclaves entre 14 y 16 horas diarias, en las peores
condiciones y a cambio de una paga miserable, casi siempre
en especies. Así en los años siguientes se consolidaron el
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modelo dual latifundio-minifundio, la exportación de la
riqueza y los excedentes, y la expansión de la pobreza y la dependencia en el país. Un nuevo colonialismo externo e
interno se arraigó, acompañado en lo ideológico por el surgimiento del discurso civilizatorio, que contraponía
civilización con barbarie, lo moderno con lo atrasado, lo
extranjero con lo local. Esta fue la vía oligárquica a un capitalismo dependiente al que fue sometido el Paraguay.
A la par de la nueva estructuración económica, se fue formando el Estado oligárquico, construido por la clase
dominante para el mantenimiento y la expansión de sus
intereses. Dicho Estado fue controlado por décadas por el sector terrateniente rentista vinculado a la tierra, cuyos
componentes, apoyados por el poder político y la nueva
legislación, establecieron relaciones de producción esclavistas, serviles y capitalistas con la masa de
trabajadores, heterogeneidad de relaciones que surgió por el carácter dependiente del capitalismo naciente en el país.
Las relaciones de producción comunitarias y de gran
autonomía del periodo independiente fueron suplantadas por las relaciones antes mencionadas, lo que expandió de
forma masiva el empobrecimiento en el Paraguay.
En el país no se desarrolló un proceso de industrialización,
por la necesidad exclusivamente de materias primas del mercado internacional y la inexistencia de una
acumulación interna de capital, dado el tipo de inversión extranjera que se radicó en el país. La participación
paraguaya en el excedente económico generado por las
exportaciones fue mínima, a partir de la preeminencia de la inversión extranjera en esta actividad.
El modelo de enclaves de exportación entró en crisis
después de 5 décadas de su implementación, crisis
acelerada por la depresión mundial de 1929, a lo que se sumó la influencia nacionalista desatada en el país con la
Guerra del Chaco. En esos años aumentó la presión del campesinado empobrecido, por lo que el Estado se vio
obligado a habilitar nuevas colonias y adjudicar tierras,
aunque de forma insuficiente. En 1936 alcanza su pico el
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impulso nacionalista y popular, con la revolución febrerista,
que entre otras cosas promulgó una ley para expropiar cerca de 2 millones de hectáreas de tierras sin
indemnización, pero la misma apenas pudo implementarse por el golpe militar contra Rafael Franco en 1937. En 1940
se promulgó el Estatuto Agrario, que permitió legalizar
algunos asentamientos ocupados y habilitar nuevas colonias, para controlar la presión que iba aumentando
desde diversos sectores sociales. No obstante, la estructura concentrada de tenencia de la tierra no fue afectada.
En todo ese tiempo no se generalizaron relaciones de producción propiamente capitalistas en la producción
agrícola. Primeras experiencias de agricultura capitalizada de tipo farmer (explotaciones medianas, mecanizadas, con
insumos modernos, contrataciones temporales de
jornaleros y cultivos de renta) se dieron en la década del 30 y 40 de forma muy restringida, por parte de colonos
europeos y japoneses en el sur del país. En los años 60 el
gobierno dictatorial de Stroessner impulsó el Plan del Trigo, con insumos modernos de la naciente revolución verde y
créditos de la Alianza para el Progreso patrocinada por los EE.UU., para expandir el capitalismo en el agro, pero luego
de unos años el plan fue abandonado con pocos resultados.
El escenario en el campo cambia en la década del 70,
cuando se expande la agricultura mecanizada en los estados sureños del Brasil, fenómeno que sobrepasa sus
fronteras y penetra fuertemente en el Paraguay, con una
numerosa inmigración de brasileños y la inclusión en el país de su rubro estrella, la soja. Esta fue la primera gran
oleada de mecanización del campo paraguayo, estimulada por las diferencias de precio de la tierra entre los dos países
y la gran permisividad de la legislación y de las autoridades
nacionales, lo que dio lugar a un desplazamiento sostenido de la población campesina e indígena paraguaya de la zona
fronteriza con el Brasil, acelerándose también la destrucción del medio ambiente. Esta primera expansión de
la agricultura mecanizada se estancó a mediados de los 80,
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por el contexto de crisis económica a nivel externo e
interno.
A mediados de los 90 recobra impulso la producción de soja por la creciente demanda internacional, y empieza a crecer
sostenidamente la superficie cultivada. Con el nuevo
milenio aparece la semilla transgénica en el país, lo que da un nuevo impulso al monocultivo, que crece de forma
acelerada hasta nuestros días. En esta última etapa emergen como los actores hegemónicos de la agricultura
empresarial, ahora llamada agronegocio, las corporaciones
transnacionales que se instalaron en el país, las que siguen exportando las riquezas y gran parte de los excedentes
generados en el territorio paraguayo. Hoy, ya concluida la
primera década del siglo XXI, la propiedad de la tierra sigue siendo determinante en el Paraguay, tanto para la
generación de riquezas como en la persistencia y crecimiento de la pobreza, la desigualdad, la migración
interna y externa, la delincuencia y la violencia social, el
subempleo y el bajo acceso a los alimentos y bienes básicos para la vida.
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