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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD DEL ZULIA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS DIVISIÓN DE ESTUDIOS PARA GRADUADOS
PROGRAMA: MAESTRÍA LATINOAMERICANA EN CIENCIAS PENALES Y CRIMINOLÓGICAS
Propuesta de Política Criminal en materia de Delitos Contra las Personas, enmarcada en el Ordenamiento Jurídico Penal Venezolano.
Trabajo Especial de Grado para optar al título de Magíster Scientiarum en Ciencias Penales y Criminológicas.
AUTOR: ABOG. EDUARDO RAFAEL PIÑA YSEA
C. I. V- 14.722.743
TUTOR ACADÉMICO: DR. PABLO HAN CHEN
MARACAIBO, SEPTIEMBRE DE 2009
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD DEL ZULIA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS DIVISIÓN DE ESTUDIOS PARA GRADUADOS
PROGRAMA: MAESTRÍA LATINOAMERICANA EN CIENCIAS PENALES Y CRIMINOLÓGICAS
Propuesta de Política Criminal en materia de Delitos Contra las Personas, enmarcada en el Ordenamiento Jurídico Penal Venezolano.
Trabajo Especial de Grado para optar al título de Magíster Scientiarum en Ciencias Penales y Criminológicas.
AUTOR: ABOG. EDUARDO RAFAEL PIÑA YSEA
C. I. V- 14.722.743
TUTOR ACADÉMICO: DR. PABLO HAN CHEN
MARACAIBO, SEPTIEMBRE DE 2009
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Propuesta de Política Criminal en materia de Delitos Contra las Personas, enmarcada en el Ordenamiento Jurídico Penal Venezolano.
Autor:
_____________________________ Abog. Piña Ysea Eduardo Rafael
C.I. V.- 14.722.743 Urb. Las Américas. Residencias Concordia. Edificio II, Apartamento 2-A.
Cabimas Estado Zulia. Telf. (0414) 6568085; (0264) 3715030
Email: [email protected]; [email protected].
Tutor Académico:
____________________________ Dr.Pablo Leonate Han Chen
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El jurado nombrado por el Programa Latinoamericano en Ciencias Penales y Criminológicas. Nivel Maestría, especialmente constituido para conocer y evaluar el trabajo especial de grado intitulado: Propuesta de Política Criminal en materia de Delitos Contra las Personas, enmarcada en el Ordenamiento Jurídico Penal Venezolano, presentado por el Abogado Eduardo Rafael Piña Ysea, titular de la Cédula de Identidad Nro. V.-14.722.743 para optar al título de Magister Scientiarum en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad del Zulia. Una vez leído el presente trabajo por este jurado, vista la exposición de su autor, discutida la misma y haciendo las deliberaciones pertinentes emite el siguiente veredicto: CALIFICACIÓN: ___________________________________________________________________ OBSERVACIONES: ___________________________________________________________________ En señal de acuerdo al veredicto expuesto, el jurado calificador firma conforme. MIENBROS DEL JURADO NOMBRES Y APELLIDOS: FIRMA: ___________________________________________________________________ NOMBRES Y APELLIDOS: FIRMA: ___________________________________________________________________ NOMBRES Y APELLIDOS: FIRMA: ___________________________________________________________________
MARACAIBO, SEPTIEMBRE DE 2009
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DEDICATORIA
A Dios todopoderoso por sus infinitas bendiciones.
A mis padres y mi hermano que son bases indestructible en mi formación personal y
académica dentro de mi desarrollo integral como ser humano.
A la Universidad del Zulia que ha sido en el ámbito universitario mi cuna en el proceso
de enseñanza-aprendizaje durante mi formación académica.
A los criminólogos y penalista que quizás consideren que esta propuesta es un tanto
utópica aplicarla en el sistema penal actual.
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AGRADECIMIENTO
A mis colegas-amigos que han estado presentes en mi crecimiento académico, en
especial, a Nelexys Hernández por su apoyo incondicional.
A luz Marina Rivas y Nancy Perelló por su solidaridad y disposición.
A mi tutor Pablo Leonate Han Chen, que me ha brindado la oportunidad en mi condición
de maestrante de expresar libremente mis ideas y críticas que tuve durante la
investigación.
A Lolita Aniyar, que con su cátedra fue fuente de inspiración en el ejercicio de ver la
esencia detrás de la apariencia bajo una visión crítica.
A Anita, por su paciencia durante mi arduo esfuerzo en la búsqueda de suministro de
material e información.
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RECONOCIMIENTO
A todos los estudiosos de las ciencias penales, sobre todo a los estudiosos de la
criminología que con su constancia y pasión han dado un valor agregado a la
humanidad, sin tener como norte el “reconocimiento” y, su ausencia, no ha sido
obstáculo en su labor como inspirador del pensamiento humanista.
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Tienes toda la de ganar y ninguna para perder en el intento. El éxito es alcanzado y
mantenido para aquellos que siguen intentándolo.
Anónimo
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ÍNDICE DE CONTENIDO
Pág.
RESUMEN
ABSTRACT
INTRODUCCIÓN…………..…………………………………………………………………..15 CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
1. Planteamiento del Problema………………………………………………..…………….19
2. Formulación del Problema…………………………………………………..…………….23
3. Objetivos de la Investigación…………………………………………………...…………23
3.1 Objetivo General…………………………………………………………………...……...24
3.2 Objetivos Específicos………………………………………………………………..……24
4. Justificación de la Investigación……………………………………………………...…...24
5. Delimitación de la Investigación………………………………………………………….26
6. Marco Metodológico……………………………………………………………………......27
6.1 Nivel y Diseño.………...…………………………………………………………………...27
6.2 Métodos………………………………………………….……..…………………………..28
6.3 Instrumentos y Técnicas de Recolección de Datos……………………...……………28
Capítulo II
LA VALORACIÓN Y UTILIDAD DE LA PENA EN LOS DELIOS CONTRA LAS
PERSONAS
1. Significado de la Pena………………………………………..……………………………31
1.1 Teorías Absolutas o Retributivas………………………………..………………...……32
1.2 Teorías Relativas o de Prevención…………………………………..………………….33
2. Pena como mecanismo de Sanción…………………………………….……………….35
2.1 Progresividad de la Pena………………………………………………….……………..35
2.2 Reajuste de la Pena…………………………………………………………….………...39
3. Variantes………………………………………………………………….…………….……40
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3.1 Variante Política…………………………………………………………………………...40
3.2 Variante Social…………………………………………………………………………….42
3.3 Variante Económica………………………………………………………………………44
4. Marco legal sobre los Derechos Fundamentales………………………………………49
5. Bienes Jurídicos Tutelados por el Estado……………………………………………….52
5.1 Derecho a la Vida…………………………………………………………………………53
5.2 Integridad Física…………………………………………………………………………...54
5.3 Vida Dependiente…………………………………………………………………………54
5.4 Integridad Personal……………………………………………………………………….55
Capítulo III
PENSAMIENTO DE LAS TEORÍAS CRIMINOLÓGICAS EN EL MARCO DE LOS
DELITOS CONTRA LAS PERSONAS
1. Teorías Criminológicas…………………………………………………………………….59
1.1Criminología Clásica………………………………………………………………………59
1.2 Criminología Positivista…………………………………………………………………..62
1.3 Criminología Funcionalista………………………………………………………………64
1.4 Criminología Interaccionista……………………………………………………………..65
1.5 Criminología Socialista……………………………………………………………….......67
1.6 Criminología Crítica……………………………………………………………………….69
1.7 Criminología de los Derechos Humanos………………………………………………73
2. Derechos Fundamentales……………………………………………………………........75
2.1 Elementos básicos para Conceptualizar los Derechos Humanos…………………84
3. Principios protectores del Derecho Penal……………………………………………….88
3.3.1 Principio de Legalidad………………………………………………………………….88
3.3.2 Principio de Humanidad de las Penas……………………………………………….89
3.3.3 Principio de la Anterioridad de la Ley Penal…………………………………………89
3.3.4 Principio de la Taxatividad de la Norma Incriminadora…………………………….90
3.3.5 Principio de la Aplicación de la Ley más Favorable………………………………..90
3.3.6 Principio de la Protección de los Bienes Jurídicos…………………………………91
3.3.7 Principio de Culpabilidad………………………………………………………………91
3.3.8 Principio de la Proporcionalidad de la Pena………………………………………..91
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3.3.9 Principio de la Individualización de la Pena…………………………………………92
3.3.10 Principio de la Intervención Mínima…………………………………………………92
Capítulo IV
POLÍTICA CRIMINAL
1. Dimensión y Propuesta…………………………………………………………………….95
2. Modelos Estatales…………………………………………………………………………..98
2.2.1 Modelo Liberal…………………………………………………………………………..98
2.2.2 Modelo Autoritario………………………………………………………………….....102
2.2.3 Modelo Totalitario……………………………………………………………………...106
2.2.4 Modelo Garantista……………………………………………………………………..108
3. Formulación y Diseño de la Política Criminal……………………………………........110
3.1 Política Actual………………………………………………………………………........110
3.1.1 Inflación Penal…………………………………………………………………….......111
3.2 Política Alternativa…………………………………………………………………........112
3.2.1 Descriminalización de ciertos tipos penales………………………………….......112
3.2.2 Uso alternativo del Derecho Penal…………………………………………………114
3.2.3 Derecho Penal Mínimo………………………………………………………….……122
3.3 Política Ideal………………………………………………………………………….…..124
3.3. Respeto a la Dignidad Humana y a las garantías Constitucionales………….….124
4. Sistematización de la Dimensión de la Política Criminal……………………….........128
5. Diseño de la Política Criminal………………………………………………………..….129
6. Grafica de la Política Criminal……………………………………………….……..........130
CONCLUSIONES…………………………………………………………………..………..131
PROPUESTAS…………………………………………………………………….………....134
RECOMENDACIONES…………………………………………………………….…….….139
INDICE DE REFERENCIA………………………………………………………….….…...141
FUENTES DOCUMENTALES………………………………………………………..…….143
ANEXOS………………………………………………………………………………..……..147
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Piña Ysea, Eduardo Rafael (2009). “Propuesta de Política Criminal en los Delitos Contra las Personas enmarcada en el Ordenamiento Jurídico Penal Venezolano”. Trabajo de Grado para optar al título de Magister Scientiarum de Ciencias Penales y Criminológicas. Universidad del Zulia. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. División de Estudio para Graduados. Instituto “Dra. Lolita Aniyar de Castro”. XIV Maestría Latinoamericana de Ciencias Penales y Criminológicas. Maracaibo, Venezuela, p. 147
RESUMEN
Con la reforma parcial del Código Penal de 2005, se observa una graduación de la pena en los delitos contra las personas. Esta norma sustantiva generó la restricción de ciertos beneficios procesales, dando como resultado un exceso de la pena donde en la praxis hace inoperable la aplicación de la normativa. Así, la ley sustantiva usurpa funciones que son atribuciones del Código Orgánico Procesal Penal, dado que a través de la ley adjetiva se debe diseñar las políticas de beneficios procesales. No obstante, la Sala Constitucional en fecha 21 de Abril de 2008, suspende los efectos previsto en los parágrafos que restringían beneficios procesales; conservándose el aumento progresivo de la pena en ciertos delitos, en especial, en los delitos contra las personas; contraviniendo los postulados garantistas y proteccionistas de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional. Por ello, es necesario elaborar una propuesta político criminal en consonancia con los factores sociopolíticos, desde una dimensión jurídico-penal bajo el estudio y análisis tanto critico como reflexivo de las corrientes criminológicas que tienen valor fundamental en el sistema penal venezolano. Planteando formulas de política criminal orientadas a un mejor bienestar y equilibrio entre la sociedad y el Estado, desde una visión garantista y humanista de la pena. La metodología de la investigación aplicada es documental de tipo exploratoria y descriptiva, bajo el análisis desde la investigación proyectiva. Palabras Claves: Delitos contra las personas, sistema penal venezolano, corriente criminológica, política criminal, propuesta. E-mail: [email protected]
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Piña Ysea, Eduardo Rafael (2009). “Proposal of Politics Criminal in the Crimes Against the People framed in the Ordenamiento Juridical Penal Venezuelans”. Work of Degree to opt to the title of Magister Scientiarum of Penal Sciences and Criminological. Universidad del Zulia. Faculty of Law and Political Sciences. Division for Graduated Studies. Institute “Dr Lolita Aniyar of Castrate”. XIV Latin American Masters of Sciences Penitentiary and Criminológy. Maracaibo, Venezuela, p. 147
ABSTRAC
With the partial reform of the Penal Code of 2005, there was a graduation of the penalty in the Crimes Against Persons. This substantive norm constitutes generated restrictive procedural giving leaving certain benefits as a result of excessive punishment that the practice becomes inoperable the application of the rule. Like this, the substantive law usurps functions that are attributions of the Organic Code Procedural Penal, provided that across law adjective the one who has to design the politics of procedural. No obstante, the Constitutional Room in date 21 of April of 2008, foreseen in paragraphs that restricted procedural profits; conservandose the progressive increase of the penalty in some crimes, especially, in the crimes against the people; contravening the postulates garantistas and protectionist of the fundamental rights consecrated in the National Constitution. Therefore it is necessary to develop a proposal political criminal in line with the socio-political factors, from a legal dimension-criminal under study and review and reflective of the current criminals who have a fundamental value in the Venezuelan penal system. Posing Formulate of politics criminal orientadas to a better welfare and balance between the society and the State, from a vision garantista and humanist of the penalty. The methodology of the research will be documentary-type exploratory and descriptive, under the analysis from the investigation proyectiva. Key Words: Crimes against persons, objects protected, current criminological, criminal justice policy, social dynamics. E-mail: [email protected]
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INTRODUCCIÓN
Venezuela es un país que no escapa de los altos índices de criminalidad, en el cual,
los individuos lamentablemente en su cotidianeidad tienen el miedo latente a ser
víctimas de alguna acción delictual. Éste sin sabor es producto de políticas públicas
inadecuadas con las que el Estado no ha logrado controlar y prevenir las conductas
delictivas. Innumerables son los factores que inciden en la consumación del hecho
punible, como es: la familia, la educación, el empleo, entre otros, que hace que el
Estado a través de la implementación sus políticas públicas en general, se encargue
de diseñar y ejecutar política dirigida a disminuir los índices de criminalidad, en
especial política criminal de prevención y control del delito.
La doctrina ha estado en constante disertación respecto a cuál sería la solución más
salomónica ante el agravio acometido en contra de una determinada persona; en el
cual representa no sólo una violación al orden legal, sino que además, constituye
para una parte de los ciudadanos una agresión a los patrones de conducta morales
establecidos por la sociedad, por lo tanto tal agresión debe ser sancionada. El
mecanismo de sanción por excelencia lo constituye la pena, en sí ésta representa el
mecanismo de defensa represivo del Estado ante la comisión del hecho punible
establecido en el ordenamiento jurídico penal constituido. Pero, ¿qué función tiene la
Pena?, y ¿cómo ha sido el proceso evolutivo de la concepción de la función de la
pena? Puede decirse, que en la actualidad busca adaptarse a criterios humanistas
conforme a los cuales la solución no está en el castigo ni en la resocialización sino,
en la humanización, para que se logre mitigar los males de la delincuencia que
vulneran la sana convivencia de la sociedad.
Es por ello, que durante esos procesos y cambios que ha tenido el sistema penal,
especialmente el Código Penal, eje fundamental del Derecho Penal, se han
presentado desafíos que parecieran traducirse en desaciertos; por cuanto no hay
una vinculación entre la sociedad y el Estado, en el cual pareciera no estar
consustanciado con el precepto constitucional en relación a la perspectiva garantista
y progresista de los Derechos Humanos, tanto para la víctima, como la
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responsabilidad que ha de tener aquel que vulnera el derecho del otro; considerando
como principal bien jurídico tutelado por el Estado, el derecho a la vida.
Es una realidad, que obliga y compromete en aras de un mejor sistema a dar
mediante los conocimientos y experiencias previas en la materia, un aporte
invalorable en las políticas públicas, en especial, la política criminal que debe aplicar
el Estado en consonancia con la instancia social, económica, política y cultural; sin
prevalecer los intereses de los que pueden detentar el poder que pudiera dejar como
resultado, un vacío marcado antes las necesidades sentida que tiene la sociedad.
Por lo tanto, la política criminal debe estar consustanciada con las teorías del
pensamiento criminológico, en el cual sus postulados epistemológicos son de sumo
interés para el análisis de la propuesta.
El Estado está en el (poder deber) de enfilar esfuerzos para tratar de adaptar en el
ordenamiento jurídico la visión sociológica y humanista, deslastrarse de leyes
penales en blanco y leyes peligrosistas; instituyéndose en su constitución un criterio
humanista, de respeto a los derechos y a la dignidad humana, de forma tangible para
así darle cumplimiento al mandato constitucional.
En tal sentido, la presente investigación tiene por objeto elaborar una propuesta
político criminal en los delitos contra las personas enmarcada en el Ordenamiento
Jurídico Penal Venezolano, como instrumento de prevención y control del delito.
Esencialmente, esto se realizará mediante el manejo del caudal histórico que tiene
las escuelas criminológicas, con el fin, de afianzar los criterios doctrinarios
necesarios para su fundamentación.
El estudio está enmarcado en cuatro capítulos, donde se tomará de base el análisis
de los distintos modelos de política criminal para la formulación de la propuesta. El
desarrollo del primer capítulo está centrado en el planteamiento del problema,
objetivos, justificación, delimitación del problema que describe la esencia de la
investigación; así como, el marco metodológico en relación al nivel y diseño, el
método, instrumentos y técnicas de recolección de datos.
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El segundo capítulo, está referido a la Valoración y Utilidad de la pena como es la
significación de la pena, la variante política, social y económica que influye en la
valoración de la pena. Igualmente. Se abordarán los bienes jurídicos tutelados por el
Estado, para así, comprender la pena como mecanismo de sanción en cuanto a su
progresividad y el reajuste que debe tener la pena bajo una perspectiva garantista y
proteccionista de los derechos humanos.
Un tercer capítulo, donde se distinguirán las distintas teorías criminológicas a los
efectos de ubicar la criminología clásica, crítica y la de los Derechos Humanos en
relación al contexto de la pena, en especial referencia, a los Delitos contra las
Personas, enmarcada en el Ordenamiento Jurídico Penal Venezolano; asimismo, se
abordara el estudio de los derechos fundamentales, los elementos básicos para
conceptualizar los Derechos Humanos, como los principios protectores del Derecho
Penal.
Un cuarto capítulo, titulado Política Criminal desde su dimensión y propuesta, en el
cual se hará una formulación y diseño de la política criminal, haciendo énfasis en los
Delitos contra las Personas con el fin de establecer una propuesta a la luz del
respeto y la dignidad del hombre.
Es decir, una propuesta político criminal subyacente en los Delitos contra las
Personas en relación a la función de la pena, donde se brinde la protección de los
Derechos Humanos que está amparada en la Constitución Nacional, en los tratados,
pactos y convenciones internacionales, subscritos y ratificados por Venezuela que
tienen rango constitucional.
Es de resaltar que la presente investigación está diseñada para dar un aporte tanto a
la dogmática penal como a la criminología, a través, del formulación y diseño de una
política criminal que coadyuven a un mejor sistema penal a la luz de la pena en los
delitos contra las personas en cuanto a la función y valoración de la misma bajo una
perspectiva garantista de corte humanista.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
1. Planteamiento del Problema:
El Código Penal desarrolla los contenidos programáticos establecidos en la Constitución
Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, siendo ésta el instrumento legal
fundamental del ordenamiento jurídico patrio, donde se dibuja la estructura y
funcionamiento de un modelo de Estado, sustentado tanto la protección como la
progresión de los derechos humanos. De igual modo, se encuentran plasmados cada
uno de estos derechos en los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos
humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, teniendo rango constitucional.
Este instrumento legal es la fuente central, exclusiva y directa del Derecho Penal;
siendo parte del derecho público, dado que reglamenta las relaciones más elevadas
entre el Estado y los ciudadanos. En el cual está dividido en una parte general, que
sintetiza las disposiciones jurídico- penal de carácter general, en especial las que
contienen características comunes de las conductas negativas que se amenazan con
una pena, y la forma como se configuran esas conductas, así como, las consecuencias
jurídicas de éstas; y una parte especial, que contiene la descripción de cada uno de los
delitos y grupos de delitos, asimismo, las faltas en las cuales incurre el individuo.
Es oportuno considerar por otra parte, que el Código Penal es un elemento para la
formación y desarrollo de una Política Criminal. En tal sentido Binder define la política
criminal como: “El conjunto de decisiones, instrumentos y reglas que orientan el
ejercicio de la violencia estatal (coerción penal) hacia determinados objetivos” (1997:43-
49). Este es el Ius Puniendis que tiene el Estado como instrumento de organización al
conglomerado social sustentado en la atribución del poder que determina el reparto de
bienes, garantizando las instituciones en sentido amplio. Al respecto, se debe
comprender que no existe una sociedad sin política, dado que no existe sociedad sin
poder y sin intereses comunes o contrapuestos. La política se sitúa en el centro del
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marco constituido por el poder y esos intereses, regulando el fenómeno básico del
consenso o disenso social.
Retomando lo expresado por el precitado autor la política criminal se constituye en un
sector de la realidad, que está entrelazada en cuatro conceptos básicos: el conflicto, el
poder, la violencia y el Estado, y que a su vez está enmarcada dentro de una sociedad
(Binder, 1997). En consecuencia los cuatro elementos materiales forman parte del
fenómeno social; por un lado, el modo del ejercicio del poder, que la organiza y la
sustenta, siendo entonces el poder una realidad intrínseca a la constitución de la
sociedad, donde el ejercicio de este poder adquiere diversas formas, pero en la época
moderna éste fenómeno se ha llamado Estado, concepto esencial en la consideración
de la política criminal; y por el otro lado, la conjunción en los elementos conflicto, poder
y Estado que conlleva necesariamente a la violencia, la cual puede abordarse desde
dos puntos de vista: el Estado que ejerce algún tipo de violencia para calmar los
conflictos vinculados a la violencia; y, el ejercicio del poder penal como productor de
más violencia.
En tal sentido, el sistema penal es el conjunto de instituciones donde cada una de
estas, dentro de su rango de competencia conforma un conglomerado conjunta o
separadamente en el proceso de prevención, control y sanción del delito, siendo el
Derecho Penal y el Derecho Procesal Penal subsistema esencial en la dinámica social,
que debe permitir el equilibrio entre el Estado y la ciudadanía.
En el curso de la historia, se ha percibido al Estado como producto de una clase social
sobre otra y todas las instituciones están al servicio de la clase social que tiene el
poder. Desde la perspectiva de la criminología crítica se refiere al predominio de los que
detentan el poder y/o de un grupo social del que se trate; siendo el reflejo la
manifestación de la sociedad, en el cual se marca profundamente la forma de
organización sociopolítica.
En la actualidad, se detectan ciertos problemas en la legislación penal de carácter
normativo que van en detrimento tanto en los postulados constitucionales, como en los
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principios y garantías establecidos en la norma adjetiva. Provocando reforma en el
Código Penal, que se traduce en el aumento de la pena y la restricción en la concesión
de los beneficios procesales y aún más en el otorgamiento de medidas alternativas del
cumplimiento de pena, para ciertos tipos penales, sin dejar de lado, los delitos contra
las personas que fueron igualmente objeto de revisión en la última reforma del Código
Penal. Observándose una insuficiencia por parte del Estado en el desarrollo de las
políticas públicas que pueda adaptarse a las circunstancias fácticas producto del
conflicto social en el ámbito de la política criminal; dejando como secuela, una
disociación entre el Código Penal y el Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto la
normativa sustantiva suprime para ciertos tipos penales el goce de beneficios
procesales de ley y/o de otorgamiento de medidas alternativas del cumplimiento de
pena, sin ser ésta, la que debe regular la parte procedimental, en contravención a los
Derechos Fundamentales reconocido en la Constitución Nacional y en los tratados,
pactos y convenios suscrito por Venezuela.
No obstante, en fecha 21 de Abril de 2008 el Tribunal Supremo de Justicia en Sala
Constitucional, admite un recurso de nulidad por inconstitucionalidad de los parágrafos
que restringen beneficios procesales y/o de otorgamiento de medidas alternativas del
cumplimiento de pena. De modo, que en los parágrafos únicos que existen en los
delitos contra las personas sólo reconoce la suspensión del parágrafo único del artículo
406 del Código Penal. Todo ello, refleja la notoria rigidez y vulnerabilidad de derechos y
garantías que sufrió el Código Penal en fecha 2005, destacándose así una marcada
colisión entre el Código Orgánico Procesal Penal y las disposiciones Constitucionales.
El Estado a través de su poder neutralizante y punitivo, considera que una de las
fórmulas para disminuir el índice de criminalidad es por medio del cúmulo de penas; sin
precisar el alcance y contenido que debe tener la pena como función última del Derecho
Penal. Donde el Estado tiene la percepción que está brindado seguridad jurídica a los
ciudadanos; así como, los mecanismos de garantías ante la posible vulneración del bien
jurídico por él tutelado.
Es un fenómeno que se viene presentando antes de la reforma del Código Penal de
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2000, donde su desarrollo y evolución data desde 1863. En consecuencia, la
elaboración de una normativa penal debe estar precedida del estudio y análisis de una
política criminal, donde este inmersa una serie de factores sociales, culturales, políticos,
económicos, entre otros; que influyen en la elaboración y desarrollo de la de normativa
penal. Para (Baratta, 1986), la interpretación tanto de la ley sustantiva como la adjetiva
penal, más allá de la medida debe entenderse como solución segura de los problemas
a los que están destinadas a regular.
Sin embargo, se debiera tener claro que la solución del problema del índice delictivo, no
lo resuelve una ley exclusivamente, sino una verdadera aplicación coherente y efectiva
de las políticas públicas, en especial de una política criminal, dado que no puede
formularse una determinada política criminal sino responde a las políticas públicas en
general y viceversa.
En esa línea, con respecto al discurso institucional desde la Asamblea Nacional, el
Ministerio del Poder Popular para las Relaciones de Interior y Justicia, hasta el
Ministerio Público, no se vislumbra una definición clara y categórica de las líneas de
acción; debido a las funciones propias que emanan de la Constitución y las leyes
(norma sustantiva y norma adjetiva), cuyos entes son responsables de la creación,
implementación y ejecución de la políticas públicas.
Frente a esta situación real, la normativa sustantiva penal estaría afectando la razón,
espíritu y propósito de la Constitución Nacional, dejando como secuela, la privación al
ciudadano del ejercicio y goce de principios fundamentales que demanda la
Constitución, afectando el carácter progresista y garantista que contiene tanto la norma
constitucional como la normativa adjetiva penal. Ante la problemática in comento; se
evidencia una duda en la pena como respuesta simbólica de la vulneración del bien
jurídico tutelado por el Estado, dado que pareciera que no está clara la utilidad que
tiene la pena en el ejercicio del Derecho Penal con base a los derechos y principios
constitucionales, tendiente a la progresividad de los Derechos Humanos. En contraste,
la reforma que sufrió el Código Penal en el 2005, que dejó sin efecto una serie de
beneficios procesales de ley y la aplicación de medidas alternativas del cumplimiento
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de la pena, que deben estar desarrollados en la normativa adjetiva penal y no en la
sustantiva.
Por tal razón, es necesario analizar en el Código Penal a la luz del Título IX los delitos
contra las personas, para abordar el estudio de la pena; cuál es su alcance y contenido;
a los efectos de elaborar una propuesta de política criminal, enmarcada en el
ordenamiento jurídico penal venezolano, conforme al ámbito espacial y geográfico de la
nación, el cual está regulado por un cuerpo legal como línea estratégica que el Estado
debe desarrollar en relación a la aplicación de una verdadera política criminal, tendiente
a brindar seguridad y bienestar social en el cual exista un equilibrio entre la sociedad y
el Estado. En contraposición, a quienes piensan que el Derecho Penal mientras más
rígido y punitivo le dará mayor protección y confianza a la sociedad.
En tal sentido, en el seno de la participación voluntaria de la sociedad, deben darse los
mecanismos para la producción directa e indirecta de estrategias y métodos para el
desarrollo de nuevas políticas criminales que permita sentar las bases de la paz y el
orden social; dado que la participación ciudadana es un concepto consustancial a la
concepción de la democracia, en cuanto contribuye a grandes rasgos a la búsqueda de
dar mayor transparencia a las tomas de decisiones por parte de los actores
intervinientes en las instituciones del Estado.
En el proceso de la presente investigación se abordará el estudio de las diversas
teorías criminológicas, las cuales han dado un valioso aporte para la configuración de la
norma sustantiva; por cuanto la disciplina criminológica tiene como objeto de estudio la
ciencia penal. Es por ello, que desde esta perspectiva se hará especial énfasis en la
criminología clásica que describe el delito; la criminología crítica hasta llegar a la
criminología de los Derechos Humanos, que para algunos estudiosos en la materia
consideran que es la misma teoría de pensamiento, en tanto para otros no, por cuanto
matiza y desarrolla aún más los Derechos Humanos del individuo. Cabe acotar, que
ambas estudian el control social a través de un modelo garantista, el cual promueve en
el sistema normativo, la protección de los Derechos Humanos destacando la pena como
última ratio del Derecho Penal.
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2. Formulación del Problema:
¿Es efectiva la Política Criminal adoptada en la reforma del Código Penal de 2005 en
relación a los Delitos contra las Personas?
3. Objetivos de la Investigación:
3.1 General:
Analizar los delitos contra las personas para diseñar una propuesta de política
criminal, enmarcada en el Ordenamiento Jurídico Penal Venezolano; como
instrumento de prevención y control del delito.
3.2 Específicos:
Examinar las sanciones penales de los Delitos Contra las Personas.
Describir las escuelas y doctrinas que sustentan los distintos modelos de Política
Criminal.
Distinguir las teorías criminológicas que sustentan la prevención y el control de la
criminalidad como estrategia de la política criminal.
Ubicar dentro de las teorías criminológicas: Criminología Clásica, Crítica, y la de los
Derechos Humanos, en los delitos contra las personas.
Verificar la política criminal adoptada en el Código Penal en la aplicación de las
penas en los delitos contra las personas.
4. Justificación de la Investigación:
Durante la década de los noventa hasta la actualidad, se ha visto una vasta inflación
penal en el proceso de producción de normas en el sistema jurídico, tendentes a la
protección de los bienes jurídico tutelados por el Estado. Sin embargo, no se ha dado
cumplimiento al rol proteccionista del Estado para con los ciudadanos (considerando la
percepción de inseguridad que la sociedad siente); traduciéndose en minusvalía en el
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alcance y contenido del ordenamiento jurídico penal venezolano. De modo, que los
asociados demandan contar con una serie de garantías que el Estado, a través, del
gobierno está en el deber de tutelar sus bienes jurídicos, mediante la implementación
de una política criminal coherente.
La reorganización o transformación del sistema de protección a la colectividad,
necesariamente debe estar enmarcada en el desarrollo y ejecución de un modelo de
política criminal que se adecue a las nuevas realidades imperantes y, a la legislación
penal patria, específicamente, en el Código Penal Venezolano, todo ello a la luz de un
consenso social, que si bien parece ser una utopía, debe gozar en principio de la
aceptación y valoración positiva de la sociedad. Con el fin, de evitar un estado de
anarquía que lesione el ejercicio pleno de los derechos y deberes que tiene el hombre
dentro del entorno social.
Innumerables han sido los estudios y análisis que se han realizado respecto a la
evaluación de la política criminal ejercida por el Estado para mitigar el índice delictivo.
En el cual se pretende preservar el orden y tranquilidad de los ciudadanos, sobre todo,
se busca obtener la confianza y aceptación por parte del colectivo hacia la política
criminal que se tengan a bien. En consecuencia, es necesario analizar los delitos
contra las personas desde una visión político criminal, bajo el estudio y conocimiento de
las teorías criminológicas que juegan un rol protagónico en el sistema penal
venezolano; por cuanto esta disciplina del saber tiene como objeto de estudio la
dogmática penal, ofreciendo así, un gran aporte al campo del conocimiento científico de
la norma penal sustantiva.
Abordar el estudio de una propuesta de política criminal como instrumento de
prevención y control de los Delitos contra las Personas, desde la perspectiva
criminológica; sin desvincular los factores políticos, culturales, sociales y económicos,
quedando desvelado el discurso mistificador por parte de los facultados en el ejercicio
de las funciones legislativa; sin duda, sería un gran avance al estudio penal y
criminológico en la legislación venezolana; dando así, respuestas a las exigencias de
una sociedad que clama con urgencia la protección de sus bienes y servicios.
26
En tal sentido, representa un beneficio especialmente para aquellos estudiosos del
derecho penal y la criminología; así como, al resto del conglomerado social, dado que la
Política Criminal según (Delmas-Marty, 1986) es una forma de organización de la vida
social sustentada en la atribución de poder que determina el reparto de bienes,
resguardando en sentido amplio las instituciones como la familia, la escuela, la iglesia,
entre otras.
Igualmente, significará un aporte a las instituciones u organismos cuya responsabilidad
es la transformación del sistema penal, así como, la seguridad de los ciudadanos que
debe ser velada, y a la vez constituirá un referente a individuos de otras latitudes bajo el
modelo de desarrollo de una propuesta de política criminal en materia de delitos contra
las personas.
5. Delimitación de la Investigación:
En el marco del desarrollo de la investigación, es necesario definir ciertos aspectos que
coadyuvarán a tener control sobre los elementos que se abordarán. Primeramente la
investigación se desarrollará en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela,
por cuanto se trata de una propuesta de política criminal para los delitos contra las
personas como instrumento de prevención y control del delito establecido en el Código
Penal; lo que se traduce en que los factores a analizar y los elementos a proponer
estarán enmarcados dentro de la legislación y sociedad Venezolana. Se recabará una
serie de información de carácter documental y jurisprudencial en relación a la
funcionalidad que tiene la pena en la sociedad, su alcance y contenido, mediante el
estudio y análisis de las teorías y doctrinas que sustentan el sistema penal, la cual será
la base para la elaboración de la propuesta de política criminal en los delitos contra las
personas, enmarcada en el ordenamiento jurídico penal Venezolano.
En este mismo orden de ideas, el área específica de la presente investigación es el
ámbito penal y criminológico, sobre la base de lo tipificado en el Título IX De los delitos
contra las personas del Código Penal Venezolano, y las doctrinas referidas a las
distintas escuelas criminológicas: escuela clásica, crítica y, la de los Derechos
Humanos, con el propósito de formar un criterio consensuado que permita encuadrar
27
una propuesta de Política Criminal que pueda anclarse a la realidad social en pleno
Siglo XXI; por cuanto la reforma parcial del Código Penal Venezolano que data del año
2005, refleja en ciertos tipos penales un aumento en la graduación de la pena, así
como, en el no goce de beneficios procesales de ley, ni aplicación de medidas
alternativas de cumplimientos de penas, en detrimento de principios fundamentales,
base del Estado Social de Derecho y Justicia que propugna el carácter garantista,
proteccionista y progresista del hombre.
6. Marco Metodológico: 6.1 Nivel y Diseño:
La presente investigación de acuerdo al nivel perceptual y compresivo del objeto
estudiado será de tipo exploratorio-descriptivo, que consiste básicamente en
aproximarse a un evento poco conocido expresándose como interrogante e
identificando la característica del evento estudiado e integrativamente, mediante el
análisis y manejo del objetivo general que busca encontrar pauta de relación internas en
un evento, con el fin de lograr un más profundo del mismo (Hurtado, 2000).
Es por ello, que la investigación se desarrollará desde la perspectiva jurídica, penal y
criminológica, mediante la recolección de datos de corte documental y bibliográfica; bajo
un enfoque desde la investigación proyectiva, ya que tiene como objetivo crear
propuesta enmarcada a dar solución a las situaciones planteadas. Asimismo, la
investigación será descriptiva dado que están sustentadas las distintas teorías y
doctrinas que son la base de la normativa sustantiva penal, y a la vez, permite observar
las situaciones fácticas que se generan de la dinámica social. Cabe acotar que la
investigación tiene un carácter no experimental, de utilidad básica, teniendo como
objeto de estudio las ciencias humanas.
Es decir, es un enfoque integrativo por cuanto se realizará una propuesta de política
criminal en los delitos contra las personas bajo el marco del Código Penal, lo cual será
28
un aporte fundamental para ofrecer una aproximación del contexto real sociopolítico de
la actualidad.
En relación al diseño será documental-jurídico; desde una dimensión jurídico penal y
político criminal, que permita mediante el análisis y comportamiento de la normativa
sustantiva penal, subsumirse en el modelo garantista. Bajo el área de las ciencias
penales y criminológicas; enmarcado dentro del análisis y comprensión del sistema
jurídico penal venezolano, con base al estudio de las distintas teorías criminológicas, en
particular la criminología clásica, crítica, y la de los Derechos Humanos, conforme a la
dinámica social que vive el Estado Venezolano, el cual será el soporte para la
elaboración de propuesta de Política Criminal en materia de delitos contra las
personas, y la vez será un instrumento de medición para la prevención y control del
delito.
6.2 Métodos:
El método es el camino fundamental que permitirá por medio de la recolección de datos
obtener las respuestas a las interrogantes planteadas a fin de cumplir de manera eficaz
y eficiente los objetivos de la investigación. Es el método científico el cual representa la
“vía” lógica que debe transitar el investigador en la adquisición, organización y
comunicación del conocimiento (Carmen Gutiérrez, 2006).
En la presente investigación, se abordará la temática por medio del método de corte
analítico, de observación, descriptivo, exploratorio, sintético y de revisión. En ese
sentido, la búsqueda y posterior análisis de la documentación se realizará tomando
como base el estudio de las teorías criminológicas antes señalada, que es base en la
hermenéutica jurídica del sistema penal, para la elaboración de propuesta de Política
Criminal, considerando las necesidades que demanda la sociedad; examinando de
manera exhaustiva el Código Penal, y en particular los delitos contra las personas.
6.3 Instrumentos y Técnicas de Recolección de Datos:
El Instrumento, es la herramienta con la cual se extraen los datos relevantes de las
29
fuentes en el desarrollo de una investigación. En ese sentido, al referirse al Trabajo de
Grado cuyo diseño es documental, uno de los instrumentos más utilizados es la ficha;
en la misma se reseñan datos básicos de las fuentes documentales. Obtenido los
datos se procederá a su clasificación en la ficha, donde se colocará el autor o autores,
libro, tema entre otros datos de importancia, a fin de contar con una base
pormenorizada, de autores y temas que faciliten el estudio y análisis a la hora de
analizar y discutir los resultados alcanzados.
Asimismo, se contará con un equipo portátil con el fin de poder suministrar y reorganizar
la documentación; que servirá para sistematizar mediante un programa computarizado
todas y cada una de la información que está soportada básicamente en el programa de
Word.
La técnica representa el mecanismo o sistema por el cual se llevará cabo el proceso de
obtención y selección de los datos necesarios para profundizar el estudio y análisis del
tema de la investigación, a través, de ella se definen y evalúan instrumentos más
idóneos que faciliten la revisión necesaria y la recolección de la información de interés
para la investigación.
Por ser una investigación integral se trabajará con la técnica de fichaje o registro de
referencia de autor o documental, así como, el análisis de contenido que se utiliza tanto
en la observación documental como jurisprudencial. Además de tratarse de una
investigación exploratoria, descriptiva, mediante un diseño documental es necesario
indagar entre los diversos autores y estudiosos del tema en cuestión, a los efectos de
dar respuesta a las distintas interrogantes y supuestos preestablecidos.
Además de ello, se utilizará la técnica de la observación documental e investigación
jurídica con el propósito de discurrir entre los fundamentos legislativos y doctrinal que
sea útil para la elaboración de la propuesta política criminal en los delitos contra las
personas.
Finalmente, se hará uso de la fuente electrónica a los efectos de recabar jurisprudencia
30
emanada por el Tribunal Supremo de Justicia, tanto de la Sala Constitucional como la
Sala de Casación Penal; así como, otros datos que son indispensables para un mejor
resultado de la investigación.
31
32
CAPÍTULO II
UTILIDAD Y VALORACIÓN DE LA PENA EN LOS DELITOS CONTRA LAS
PERSONAS
1. Significado de la Pena:
El Estado a través del Ius Puniedi regula el comportamiento de la sociedad por medio
del conjunto de normas jurídicas, estableciendo la pena como consecuencia del hecho
ilícito. El poder del Estado no sólo se caracteriza por su obligatoriedad en la norma sino
también por su garantía, funcionalidad y utilidad que tiene la pena en la consecución del
orden social, y a la vez, contribuye a la organización de la convivencia social. No hay
derecho sin sociedad y no puede concebirse la sociedad sin derecho; si no se
garantizan las condiciones mínimas para la convivencia social.
La pena cumple una función propulsora, es el instrumento de progreso y de elevación
del hombre y de la sociedad (Arteaga, 2006). Asimismo, el autor in comento, manifiesta
de acuerdo a lo que la doctrina penal moderna ha señalado respecto a las limitaciones
del Derecho Penal como instrumento humano, que no debe excederse la función de la
pena. Al contrario, debe ser utilizada como ultima ratio del Derecho Penal, sólo cuando
el daño ha sido gravísimo e irreparable y no existe otro medio eficaz ante la vulneración
del bien jurídico tutelado por el Estado (Baratta, 1986).
La evolución material de la pena, hace posible observar una correspondencia entre
modelos políticos determinados en el curso de la historia y las formas de política
criminal, que en cada caso han sido característicos y funcionales con el ejercicio del
poder: el carácter expiatorio, el fin retribucionista y ejemplarizante en los Estados
Absolutistas, y el carácter utilitarista (prevención general y/o individual) sostenido desde
la instauración del Estado Moderno.
Así, las teorías que fundamentan la pena enmarcan su base doctrinaria bajo dos
justificaciones como es la absoluta y la relativa (Ferrajoli, 2006). Su origen desencadena
en una serie de variables, dentro las cuales se maneja la de carácter jurídico.
33
Es por ello que a continuación se observa la evolución de la pena desde una
concepción jurídica:
1.1 Teorías Absolutas o Retributivas:
Las teorías absolutas fundan la represión en las exigencias de la justicia absoluta; es
decir, es un mal causado y su autor debe ser sometido a la expiación de este mal, la
omisión del castigo importaría una injusticia. Las teorías absolutas son netamente
retributivas, dado que la pena se considera un fin en sí misma, se castiga porque se ha
delinquido; sustentadas en el deber ser meta jurídico. Entendiéndose, como una acción
antijurídica que se debe ejercer un castigo mediante una pena.
Por lo tanto, se fundamenta la pena en proporción del daño causado, donde el individuo
infringe la norma y le ocasiona un daño tanto al Estado como a la sociedad y ese daño
debe ser pagado con la pena. Esta corriente proviene de una institución arcaica, de
corte primitiva donde lo fundamental es pagar el mal con el mal. Una cultura que
lamentablemente sigue siendo atractiva para la mayoría de los penalistas en la
actualidad, lo cual se contrapone a los postulados de un derecho penal mínimo.
En plena crisis de la ilustración, fue relanzada en el Siglo XIX unas versiones laicas
entre ellas la de Kant donde se señala que la pena era una retribución de tipo ético, en
palabras de Ferrajoli “justificada por el valor moral de la ley penal infringida por el
culpable y del castigo que consiguientemente se infringe” (Ferrajoli, 2006:254). La otra
tesis planteada por Hegel, señala que la pena era una retribución jurídica que tenia por
justificación la necesidad de reparar el derecho “con una violencia contraria que
restablezca el orden legal violado” (Ídem).
En consideración, para Kant la pena y el delito son una retribución ética justificada por
el valor moral de la ley penal infringida por el culpable y del castigo que
consiguientemente se le infringe. El delito se configura en el momento en que se viola el
imperativo categórico, donde el Estado no puede tomar al delincuente como medio, por
34
cuanto sumaría una violación del imperativo categórico. La acción moralmente valiosa
es el imperativo categórico. Mientras Hegel, considera que la pena es una retribución
jurídica justificada por la necesidad de reparar el derecho con una violencia contraria
que restablezca el orden legal violado. Para el autor in comento, el delito es la negación
del orden jurídico y, la pena es la negación de esa negación, por lo tanto es la
afirmación del orden jurídico.
1.2 Teorías Relativas o de Prevención:
Las teorías relativas son precedidas por un concepto utilitario y, se diversifican según el
fin que se le atribuye a la pena. La visión Ius Naturalista del fin de la pena deriva de la
convicción de que la libertad humana consiste por un lado en la satisfacción de las
necesidades individuales cuya limitación radica en la conciliación de tales necesidades,
con respecto a la sociedad en general y por otro lado la conciliación de ambas; donde el
Estado regulara el comportamiento que debe existir en la sociedad, ejerciendo el Ius
Punendi cuando el individuo ocasione un daño social que menoscabe el ordenamiento
jurídico.
Por lo tanto, el fin de la pena es impedir al delincuente que cause un nuevo daño que
lesione los derechos de la sociedad. En consecuencia, la pena debe estar prefijada
teniendo en cuenta que su efecto sea más eficaz y duradero en la mente de la sociedad
(Beccaria, 1969), por lo que es un instrumento legal que sirve para restituir el daño
ocasionado que el individuo a cometido aún conociendo el perjuicio de la acción.
De este modo se concluye, que tanto el libre arbitrio como el daño social y el interés
común son los tres elementos que sustenta la estructura penal.
Para Ferrajoli (2006) la doctrina plantea en que las teorías relativas se subdividen en:
1.-Prevención General: se refieren a la generalidad de los asociados. Cuyo objetivo es
prevenir el delito, dándole el carácter utilitario a la pena teniendo un efecto intimidador
para la sociedad que no ha cometido un hecho punible y evitar a que llegue hacerlo.
35
2.- Prevención Especial: se refieren al fin preventivo del delincuente; lo que priva es el
efecto que cumple la pena en el delincuente. Con el objeto de rehabilitar al delincuente
y de esta manera la sociedad queda protegida, quedando asilado el delincuente de
acuerdo al lapso que sea estipulado su medida de seguridad.
Prevención General Positiva o de Integración: determina la función positiva de
reforzar la fidelidad de los asociados al orden constituido. La pena tiene una
función de pedagogía social, ya que busca proteger la vida de los demás. Para
que de esta manera la sociedad acepte los valores sociales, e inculca respeto.
La pena lo que hace es fomentar a través de la norma intereses.
Prevención General Negativa o de la Intimidación: establece la función de
disuadir a la sociedad mediante el ejemplo o la amenaza de la pena.
Prevención Especial Positiva o Corrección: atribuyen a la pena la función positiva
de corregir al reo.
Prevención Especial Negativa o de la Incapacitación: determina la función
negativa de eliminar o inocuizar, o de un modo u otro neutralizar al reo.
En otro orden de ideas, se ha estudiado el fin utilitario de la pena en la defensa social
pasando por una serie de etapas del funcionamiento y aplicación de la pena desde una
concepción histórica, jurídica y social; donde se observa la transformación, el progreso
para entender y comprender la función de la pena empezando por:
Vindicativa: el sentimiento de venganza por parte de la víctima, lo cual constituyó la
expresión más representativa del castigo, tuvo su origen en los pueblos y comunidades
primitivos, teniendo un efecto gradual en el carácter público. En aquel tiempo no se
sustentaba la pena desde la visión racional y teórica, lo que prevalecía era la venganza
por el daño causado.
Retributiva: el resultado en proporción del daño ocasionado, lo que genera un fin en sí
misma por el delito cometido. Consiste en la reparación del daño tanto para el sujeto
que comete el delito como para el resto de la sociedad, teniendo dos vertientes la pena
primero la de prevención especial, dirigida directamente al sujeto y, la segunda de
prevención general dirigida a la sociedad teniendo un efecto intimidador para el resto de
36
la sociedad que no ha cometido un hecho punible, así como, la generación del carácter
aflictivo para ambos.
Resocializador: se refiere al carácter socializador que debe tener la pena dentro del
sistema penitenciario, respetando los derechos humanos, así como, la garantía de
contar con espacio al trabajo, estudio, deporte, entre otros; bajo la supervisión de un
equipo interdisciplinario. Igualmente, la aplicación de nuevas fórmulas de cumplimento
de la pena no privativa de libertad; y la creación de instituciones para la asistencia
pospenitenciaria que posibilite la reinserción social. Es decir, el fin resocializador tiene
una gran repercusión en el tratamiento y desarrollo de la política criminal dirigida por el
Estado, dando progresividad a los derechos sociales y económicos.
2. Pena como mecanismo de sanción:
La pena es un mecanismo de sanción que permite regular conductas mediante la
tipificación, en la prescripción de no hacer o de hacer algo. En tanto la sanción, es la
consecuencia jurídica que debe aplicarse por la trasgresión del precepto, que implica la
amenaza de un mal consistente en la restricción de la esfera de derechos por parte del
trasgresor, a través, de la cual se ejerce una coacción psicológica tendiente a la
observación de la normativa penal.
Interesa señalar que la normativa penal no se encuentra enunciada o formulada
explícitamente en la ley penal. Ésta se limita describir el hecho ilícito; a cuya verificación
corresponde la sanción penal, y del contexto de la disposición que fija la sanción se
deduce el precepto o regla de conducta. Se tiene pues que, la descripción contenida
en la norma o situación de hecho por ella hipotética se denomina tipo de delito o modelo
legal a cuya verificación corresponde la sanción, debido a que pueda ser adecuada a la
conducta negativa preestablecida en la ley.
2.1 Progresividad de la Pena:
Innumerables han sido las respuestas que han dado la doctrina y estudiosos del
37
Derecho Penal en relación a la pena, en especial, la justificación que tiene la misma
como medio de coerción penal ejercido por el Estado. Es entendible el poder que utiliza
el Estado mediante sus instituciones como medio para preservar el equilibrio en una
sociedad; donde el Poder Legislativo como institución debe tener una base de
racionalidad que permita valorar un cuerpo legislativo de gran utilidad y necesario al
proceso socio-histórico que vive una nación, plagado de progreso y legitimidad por
parte de los asociados.
Es por ello, que existen dos posiciones totalmente marcadas en cuanto la cuantía de la
pena. La primera es la manejada por la Asamblea Nacional, la cual considera que es
necesario el aumento progresivo de la pena, quizás por considerar que el ejercer mayor
castigo en la pena, sanará la aguda crisis que refleja la sociedad Venezolana en
materia de seguridad. La segunda, es la manejada por parte de los estudiosos de la
criminología que considera que la política criminal ejercida por el Estado, lejos de
solucionar los problemas, más bien causa meyas a la sociedad, porque no responden a
los intereses de los asociados, deja como resultado mayor represión, desarticulación
dentro del modelo de consenso social, desequilibrio en las instituciones y poca eficacia
por parte de los órganos de control para disminuir el delito.
No obstante, en la última reforma que se hizo al Código Penal Venezolano en fecha 13
de abril de 2005, publicado en la Gaceta Oficial, N° 5.768 Extraordinario de la República
Bolivariana de Venezuela, se evidencia un aumento considerable en la pena, así como,
la restricción en la concesión de los beneficios procesales y aun más, en el
otorgamiento de medidas alternativas del cumplimiento de pena para ciertos tipos
penales de los delitos contra las personas. De esta manera el cuerpo legislativo
considera que está sancionando una reforma valiosa, sin tomar en cuenta que “es
preciso determinar también qué filosofía orienta la necesidad de aplicar sanciones, o
procedimientos, de qué tipo y alcance son éstos y las consecuencias que pueden
acarrear a la coherencia y equilibrio del sistema con su introducción” (Elbert, 2005:
135).
En contraste, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, en fecha 21 de
38
Abril de 2008 admite el recurso de nulidad por inconstitucionalidad incoado contra los
parágrafos únicos de los artículos 374, 375, 406, 456, 457, 458, 459, parágrafo cuarto
del artículo 460, 470 parte in fine, todos de la última reforma del Código Penal,
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 5.768
Extraordinario, de fecha 13 de abril de 2005, así como el último aparte de los artículos
31 y 32 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias
Estupefacientes y Psicotrópicas. Asimismo, suspende la aplicación de los parágrafos
únicos de los artículos 374, 375, 406, 456, 457, 458, 459, parágrafo cuarto del artículo
460, 470 in fine, todos del Código Penal, así como el último aparte de los artículos 31 y
32 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias
Estupefacientes y Psicotrópicas.
La Sala observó que los elementos constitutivos plasmados en las disposiciones
impugnadas ostentan una incuestionable vinculación con el aspecto adjetivo o
procedimental del derecho penal, por lo que a primera vista pareciera existir un error
del legislador al ubicar los parágrafos únicos de los artículos cuestionados en
instrumentos normativos (Código Penal y en la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito
y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas), que por su naturaleza
jurídica están destinados exclusivamente a establecer los tipos o modalidades
delictivas, sin hacer ninguna consideración de índole procesal. [On Line] Disponible
en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Abril/635-210408-08-0287.htm. Ver anexo
número 1.
Esta realidad es debido a las posiciones encontradas y/o contrapuestas que se hizo
desde el momento que se estuvo discutiendo la reforma parcial del Código Penal, por
menoscabar y atentar con los principios de la ley adjetiva penal, así como, el
debilitamiento del corte garantista que en principio y en esencia tiene la ley adjetiva
penal. En el cual se evidencia una falla en la técnica legislativa por ser la norma
procedimental la que debe regular la materia de beneficios procesales y no la norma
sustantiva, dado que el Código Penal es la ley en la cual se desarrolla las conductas
negativas que puedan incurrir el individuo bien sea delitos y/o faltas.
39
Es de resaltar, que previo a la decisión emanada por ante la Sala Constitucional en
fecha 21 de Abril de 2008, fue publicado una nota de prensa del Tribunal Supremo de
Justicia en fecha 18 de Abril de 2008, donde la Vice-Presidente del alto tribunal la
magistrada Deyanira Nieves señalaba que existía un recurso interpuesto también en la
Sala de Casación Penal, en los mismos parámetros y solicitudes que ejerció la
Defensoría Pública en el mes de marzo por ante la Sala Constitucional. Manifiesta la
magistrada lo siguiente:
“…existe también un proyecto de decisión, efectivamente aún no lo hemos discutido en la Sala pero estamos evaluando conjuntamente, de manera tal que el Tribunal Supremo de Justicia pueda dictar decisiones que no vayan a ser contradictorias porque ambos recursos versan sobre la misma solicitud, de manera tal que la Sala Constitucional no dicte una situación distinta que pudiera contradecir a lo que dice la Sala Penal o viceversa.
...hubiese existido un solo recurso quizás hubiese sido más eficaz
el momento de dictar la decisión pero en razón de que existen dos recursos que van bajo los mismos parámetros y que son idénticas solicitudes, tenemos que ser cuidadosos de manera tal de que los presos puedan contar con que las decisiones van a ser tanto oportunas como ajustadas a Derecho.” [On Line] Disponible en: http://www.tsj.gov.ve/informacion/notasdeprensa/notasdeprensa.asp?codigo=5966.Ver Anexo 2.
Todo ello, denota las repercusiones que tuvo la reforma parcial del Código Penal, en el
cual no sólo se menoscaban los derechos y garantías para aquel que está en condición
de imputado o condenado; sino que además debe esperar que los operadores de
justicia como representantes de las instituciones del Estado cumplan con uno de los
mandatos constitucionales el cual es la tutela judicial efectiva. Hasta la presente fecha
no hay una sentencia definitivamente firme en relación al recurso interpuesto, sólo
existe una mera suspensión de los efectos donde el fondo de la materia aún no ha sido
dilucidado el fondo del recurso interpuesto.
Es así, como se observa, la grave situación que se presenta en las distintas
instituciones del Estado, donde los actores políticos y parte de los actores sociales
creen que el aumento de las penas de forma progresiva, va a neutralizar la inseguridad
40
y el estado de zozobra en el que está inmersa el colectivo social. Lamentablemente la
falta de coherencia y organización de la política criminal que debe tener un Estado
Social de Derecho y de Justicia, así como, las medidas a corto plazo con efectos de
sólo suturar una herida en cuestión, deja como resultado desaciertos que lejos de
solventar los problemas, es el inicio de una enfermedad que pareciera no tener
solución.
Es así como se ha pretendido maquillar una crisis estructural de instituciones mediante
políticas temporales de carácter terapéutico y no mediante un modelo político criminal
serio, que sea coherente de modo permanente en un Estado Social de Derecho y de
Justicia a fin de garantizar los derechos de cada cual y, no ceñirse a políticas calmantes
ante una crisis, dado a los grupos de presión en primera línea los mismos reclusos y
demás organismos en especial (O.N.G.) que siempre han tenido sus miradas puestas
ante el contexto socio jurídico que vive el país.
2.2 Reajuste de la Pena:
En todo sistema penal democrático debe imperar el carácter racional como
fundamentación de la pena en sus distintas acepciones, dado que es el instrumento de
medición entre la sociedad, el gobierno y el Estado. No obstante, en pleno siglo XXI se
evidencia una profunda crisis en los presupuestos racionales y sociales del sistema
penal; debido a la desarticulación existente entre la política criminal y la sociedad,
donde se desdice de la credibilidad de las instituciones por su mismo discurso
contradictorio el cual causa un agotamiento y gran incertidumbre para los asociados de
un Estado.
La poca capacidad adquisitiva, el empobrecimiento y la marginación, en contraste al
proceso de globalización que generan fenómenos que para el campo penal es un tanto
incontrolables. En consideración que la globalización es un proceso que contiene
grandes efectos vinculantes en la interacción social, económica, política, entre otras, de
un Estado; que va diseñando en su tejido de vida su propia visión de mundo. En tal
sentido, siempre van a estar presente masas residuales que las colocarán al margen
41
por ser considerada masas humanas no integradas, sin tener algunas expectativas.
Donde más allá de buscar estabilizar el sistema penal actual, se debe sustituir por un
modelo político criminal alternativo en consonancia a la sociedad contemporánea.
Así, nace en Venezuela la idea de Jorge Rosell Sehenm, otrora juez de profesión al
marcar un precedente en el sistema judicial, causando transformación al aplicar una
política penal alternativa, mediante el razonamiento del juez al momento de aplicar la
pena en cuestión y hacer valer el derecho penal constitucional que todo juez debe
tomar en cuenta al momento de administrar justicia. Las normas jurídicas tienen
diversas opciones de interpretación, no son de interpretación unívocas (Rosell, 1986).
Por otro lado, manifiesta que la base de la igualdad es netamente formal proclamada en
las leyes y no en la realidad de los hechos. Hay una desigualdad que mayormente
afecta a la clase desposeída, sin embargo "… no sólo proteger a la clase desposeída,
sino a toda persona cuyos derechos básicos sean disminuidos” (Rosell, 1986: 161).
El objeto del uso alternativo del derecho, es garantizar tanto a la víctima como al
responsable que ha vulnerado el derecho del otro, una medida útil y eficiente para el
sistema penal que pueda enriquecer y fortalecer un verdadero modelo político criminal.
Asimismo, busca se materialicen los postulados consagrados en la Constitución
Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, donde el constituyentista ratifica el
compromiso social que tiene el Estado de contrarrestar la violación de los derechos
humanos, así como, el poder-deber que tienen los entes responsables de las
instituciones dentro del sistema penal venezolano de cumplir cabalmente con la
Constitución y las leyes.
En síntesis, el reajuste de la pena consiste en darle utilidad, racionalidad y sentido a la
pena donde los supuestos sociales y racionales del sistema penal, sean cada vez más
democráticos, en aras que priven los principios protectores del Derecho Penal a la luz
de aplicar lo que en la doctrina en especial la de Italia, que considera un Derecho Penal
Mínimo, es decir, la pena debe ser aplicada como última razón del Derecho Penal.
El Estado debiera tener una menor intervención de la punición dentro de la política
integral de protección de los derechos; y sólo se ejerza el Ius Puniendi, cuando se
42
considere inevitable para responder a gravísimas violaciones de derechos
fundamentales (Baratta, 1986).
3. Variantes
3.1 Variante Política:
Al hacer una retrospectiva de la evolución sociopolítica de Venezuela en cuanto al
sistema penal, no se puede obviar la dependencia que tuvo América en especial
Venezuela con España, por ser en otrora una colonia que se encargaba de desarrollar e
imponer las normas, ajenas a la cultura e idiosincrasia del pueblo local donde las pautas
las ejercían los mandantes externos poderosos que decidían el destino de la colonia.
No obstante, la gestación de la República sentó las bases para que se fuera
germinando ideas adecuadas a los países modernos, con el propósito de desterrar la
vieja estructura dominada por la monarquía y abrir el camino para un nuevo modelo
republicano y representativo.
Venezuela ha pasado por cinco repúblicas desde 1810 hasta 1999, donde se han dado
grandes procesos y transformaciones para la construcción de una sociedad donde reine
el orden y la paz. A pesar de las inagotables luchas y resistencias que históricamente
existieron nunca hubo un modelo de pensamiento local, todo era bajo los designio de la
corona española plagada de ideas medievales y monárquicas. Visto que no tuvo efectos
positivos se sustituyó al pensamiento que permitiera entrar en la edad moderna, lo cual
desencadenó en cambios políticos europeos identificados con un estado de ánimo
universal de democracia, justicia e igualdad. Los postulados iluministas aseguraban la
conquista definitiva de la libertad (Elbert, 2005).
Los países de América se fundaron bajo el principio de igualdad republicana donde
subyacen sus valores plasmados en sus constituciones, leyes, banderas y escudos. En
sus inicios despreciaron o negaron culturalmente la calidad humana de gran parte de la
población, sometiéndolo a la única opción institucional de la cultura dominante. Ante
estas premisas se generó una marcada contradicción entre lo que establece la ley y lo
43
que se desarrolla en la realidad (Elbert, 2005). Es por ello, que siempre va a existir esa
sed de aceptación y reconocimiento en el marco legal de las llamadas minorías por
parte de la clase dominante.
Muchas de las codificaciones penales provenientes de Europa como España, Italia,
Francia, entre otras; que fueron aplicadas en América ya tenían un cuerpo normativo
que estaba obsoleto ya en desuso, de alto contenido monárquico y totalitario en
contravención de los mismos principios y valores constitucionales de los países de
América Latina.
Ante esta situación, queda clara la idea de que es mucho el daño que se le puede hacer
a una sociedad al momento de crear leyes y códigos, que la imitación de modelos
importados sin considerar los valores socio-culturales subyacentes en sí misma. Solo
deja dificultad al proceso de interacción entre la sociedad y las instituciones; son
muchas las aristas que deben ser evaluadas al momento de aplicar un modelo político
criminal, su capacidad política real para enfrentar los programas que en su mayoría
están desactualizado, el nivel cultural, económico, la idiosincrasia social; entre otras. En
tal sentido, se debe garantizar los derechos de los ciudadanos para así enriquecer y
robustecer las instituciones; el sistema penal debe democratizar su control y profundizar
su acción para evitar caer en el término de la irracionalidad.
3.2 Variante Social:
La idea de ilustrar a las grandes capas del pueblo, era una condición sine quanon
previa para una sociedad mejor. Se decía que la miseria y la opresión se debían a la
ignorancia y a la superstición, por lo tanto había que tomarse muy en serio la educación
de los niños y del pueblo en general. Cabe acotar, que no es una coincidencia que la
pedagogía como ciencia tenga sus orígenes en la Ilustración; una vez que se
difundieran la razón y los conocimientos, la humanidad haría grandes progresos.
Con la llegada del Iustración en el siglo XVIII se sentaron ideas de la existencia de los
derechos naturales, que son aquellas facultades intrínsecas al individuo como es el
derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad; entre otros, que nace con la persona
44
donde el Estado no otorga, sino que debe reconocer y garantizar. El iluminismo, es el
camino del sendero luminoso, de la proyección de las ideas de los intelectuales, todo
bajo el marco del poder ilimitado de la razón. Donde quede velado el derecho del
individuo a pensar libremente y a expresar sus ideas; que este en continuo progreso
hasta poder vencer el miedo, siendo el sistema lógico-racional el de mayor
transcendencia en la ilustración para contrarrestar la tiranía, la superstición y la
ignorancia. De gran influencia e impacto en el ámbito político, social y económico.
Es así como se observa que el mejoramiento de la humanidad sólo podía devenir por
vía de la educación y la difusión de los ideales consagrados en la Revolución Francesa
que estaban comprometidos moralmente a proyectar y ramificar a nivel mundial la
razón, como fuente de la verdad y la sabiduría para iluminar con su potencialidad los
espacios oscuros, donde la ignorancia fue un obstáculo del progreso. Estos cambios
condujeron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX a una onda y profunda crisis
en las instituciones, por cuanto la razón tenía límites capaz de generar resultados
terribles, donde las ideas fueron cerrándose en sí mismas hasta facilitar explicaciones
absolutas con pretensión de verdad que se pretendían justificar con el ideal iluminista,
sólo por el hecho que las instituciones jurídicas como la compresión del fenómeno
científico están considerablemente ligadas al ideal iluminista y por ende era símbolo de
respeto y obediencia. Sin embargo, no es viable admitir esta posición dentro del campo
de la investigación y el pensamiento. En síntesis, el conocimiento científico es relativo,
su provisionalidad, transitoriedad de las ideas, dependerá de la transformación y
evolución socio-histórica que vive un Estado de acuerdo a sus carencias o necesidades,
todo debe percibirse dentro del contexto que se está desarrollando; es decir, debe
valorarse que el mismo es dinámico.
A consideración de Von Listz (1905), una política criminal desde la perspectiva de la
política penal no fuese necesaria si se satisface las necesidades básicas de la sociedad
de forma oportuna, dado que la base de la política criminal es la eficacia de la política
social, que a su vez, está marcada para la clase más necesitada que puede provocar el
desconocimiento de los bienes jurídicos tutelados por el Estado, como resultado de la
insatisfacción de la política social.
45
A finales del siglo XX, un grupo de criminólogos tomó la opción marxista como ideología
o teoría social con una visión selectiva y simplificadora, donde consideraban que los
grandes responsables de la criminalidad eran la misma clase social dominante, en
consecuencia las víctimas sociales era la clase dominada. Dado que el pretender
poseer una llamada ideología correcta, sólo desencadenaría en tener una visión
sesgada de la realidad plagada de diversas subjetividades e idealizaciones.
Existe una teoría llamada defensa social entendida como el derecho que tiene la
sociedad de poder defenderse frente al delincuente; donde incluso el sujeto activo tiene
derecho de poder recuperarse, a ser curado, hasta que cese la peligrosidad tal como lo
sustenta Ferri y Garófalo citado por Elbert (2005), cuya corriente o ideas devienen de
Italia en los tiempos de Mussolini, donde el fin de la defensa social era darle protección
a la ciudadanía. Después de la II Guerra Mundial es que existe una escuela teórica
independiente de la defensa social.
La noción de la sociedad en cuanto al derecho que tiene de defenderse es compleja y
difícilmente puede superar la naturaleza de justificación para el ejercicio del control
formal estatal. En tal sentido, Elbert señala:
“…se teorizó por mucho tiempo en torno a ese concepto, quizá debido a la falta de perspectivas criminológicas tras el fin de la segunda guerra mundial. Alemania había quedado sin juristas ni criminólogos democráticos, y en Italia la ruina del fascismo comprometió a quienes le dieron sustento ideológico, en particular a los positivistas, que diseñaron y votaron sus leyes penales.” (Elbert, 2005: 83).
Es por ello que al concluir la guerra no existía una estructura o sistema que diera
respuestas a las circunstancias fácticas en relación al fenómeno delictivo y su control,
por ende y en contraposición al delito surge la teoría de la defensa social. En 1969 se
creó el Instituto de las Naciones Unidas para la Investigación de la Defensa Social con
sede en Roma-Italia, con gran influencia político criminal que sirvió de base
organizacional para las políticas de los países subdesarrollados. No obstante,
connotados catedráticos en especial Rosa del Olmo, consideran que sólo fue diseñado
con el fin de responder a los intereses de los países desarrollados, afirmando “se
46
trataba de una política colonizadora dirigida a implementar esquemas elaborados en
países centrales” (Rosa del Olmo citado por Carlos Alberto Elbert; 2005:85).
3.3 Variante Económica:
La finalidad del Estado es el bien común, ese bien común se representa por la
capacidad que tienen los ciudadanos de acceder a los bienes y servicios, además de
las garantías mínimas de seguridad, que permitan el desarrollo de una vida armónica.
No obstante, para lograr sus fines las instituciones que conforman el Estado depende
necesariamente de la estabilidad económica que propendan a fomentar igualdad de
oportunidades para los ciudadanos, en la medidas que los ciudadanos tengan mayor
acceso a la satisfacción de sus necesidades. Así, en la medida que los ciudadanos
tengan mayor acceso a la satisfacción de sus necesidades, en esa medida la sociedad
será más equilibrada. Dicho punto de equilibrio permitirá la formación de individuos
ciudadanos apagados a las leyes y al mantenimiento de la paz colectiva.
Por ello, el aparato económico es trascendental para el desarrollo de la política pública
que permita acoplarse a las necesidades primordiales de los individuos de tal forma que
coadyuven a disminuir el delito, a través, de la política criminal. Las Políticas Públicas
con la que el Estado emprende la búsqueda del bien común constituye el eje central de
la acción del Estado y se serán el principio y fin de toda la actividad, económica, política
y social de la nación.
Las Políticas Públicas son definidas por los autores Oszlack y O´Donell (1976) como
aquel conjunto de acciones que manifiestan una determinada modalidad de intervención
del Estado con relación a una cuestión que concita atención, interés y movilización
pública de actores de la sociedad.
En esa línea, la palabra cuestión se entiende por los asuntos que han logrado ocupar
un lugar en la formación de la agenda de gobierno. Esto ocurre por diversos motivos,
uno muy poderoso es cuando se ve afectada la vida de las personas debiéndose
mejorarla; al mismo tiempo que sea objeto de atención amplia o al menos adquirida un
47
amplio conocimiento del público, que buena parte del público considere que se requiere
algún tipo de acción y que esa acción sea de la competencia de un organismo público.
A lo largo del tiempo se ha señalado, que el delito posee una característica de
multicausalidad, por ello, para reducir el delito habrá que atacar cada una de las causas
que lo generan, donde las políticas públicas juegan un rol fundamental. Entre la política
pública está la generación de empleo que comprende: estabilidad económica, seguridad
jurídica y un aparato productivo sano, y éstos a su vez, demandan seguridad política.
En tal sentido, que es necesario la reproducción de empleo para la formulación y diseño
de una política criminal con el propósito no sólo de aumentar la población
económicamente activa, sino también que contribuye a reducir los índices delictivos.
La política criminal no puede estar alejada ni aislada de la política pública económica,
social y cultural, ya que estas deben estar enmarcadas en un plan nacional que reduzca
los de niveles de comisión de hechos punibles, por lo tanto, en el marco de una política
criminal se deben considerar ciertos elementos:
La Inversión en gasto social, entendido este: planes sociales, culturales y de
formación ciudadana.
La Inversión en gasto educativo, tanto en plantas físicas, tecnologías, salarios,
becas, entre otros.
La Inversión en cuerpos de seguridad, dotación de equipos, sedes, salarios y
compensaciones.
La Inversión en gasto militar.
La Inversión en el sistema de justicia, comprendiendo todos los órganos del
aparto penal.
Inversión en los sistemas sancionatorios, humanización de las cárceles y planes
alternos para cumplir las penas.
Por todos estos elementos, se afirma que la realidad económica del Estado trasciende
todo los aspectos sociales de la vida cotidiana y está estrechamente vinculante en el
desarrollo de una política criminal. No puede formularse una determinada política
48
criminal que no responda a las políticas públicas en general y viceversa. Para ello, la
inversión de Estado pasa a ser la pieza clave en la lucha por reducir los índices de
criminalidad.
En consecuencia, se puede señalar que la inversión principal debe hacerse en los
distintos mecanismos de prevención y control del delito, que comprende: fortalecimiento
de todo el sistema educativo desde el pre-escolar hasta la universitaria, fomento en los
planes de investigación en pre o post grado, sistemas alternativos de formación
educativos, ayudas económicas al estudiantado, inversión en los centros educativos en
todos sus niveles, ampliación de las universidades, políticas salariales cónsonas al
personal docente, reestructuración de los programas educativos, entre otras.
Asimismo, es fundamental la inversión en el sistema cultural, comprende: inversión en
el sistema cultural de la nación, planes y proyectos socio-culturales. Así, cabe destacar
el proyecto de sistema de orquesta nacional, que ha logrado no sólo aumentar la
atención hacia la cultura sino que además, han sido muchos los casos de jóvenes
alejados de la delincuencia a través de este sistema; inversión en planes que resalte los
valores culturales y autóctonos de nuestra geografía, así como, la inversión en planes
de fomento del turismo como actividad económica y demás actividades afines que sean
necesarias para el desarrollo.
Aunado a lo anterior, es importante la inversión social que comprende: aumento en la
construcción de viviendas cómodas, sistemas nacionales de promoción del empleo,
plan nacional en conjunto con la empresa privada para la inversión y creación de
nuevas plazas de empleo, un verdadero sistema de Seguridad Social, aprobación de la
Ley del Primer Empleo, que les garantice a los jóvenes profesionales algún puesto
profesional, fortalecimiento de las negociaciones colectivas, respeto al derecho de la
propiedad, libertad económica, y por último y no menos importante, inversión en
programas sociales que permita atacar los índices de pobreza extremas.
Con una inversión suficiente, sobre todo, que esté estructuralmente articulada el Estado
estarían sentando las bases de un modelo de Estado de Bienestar que procure el
49
acceso a bienes y servicios esenciales para la ciudadanía, igualdad en las
oportunidades y, en especial, un ciudadano que perciba una condición de vida
adecuada, una formación académica buena y la posibilidad de un desarrollo social, lo
que la teoría ha llamado: Estado de Derecho, Social y de Justicia. Cabe destacar que
en Venezuela han sido incipientes los esfuerzos por responder a una política pública
que procure la prevención y control del delito. No obstante, constituyen un avance: la
inversión en el gasto social que representa el 20% del presupuesto, dirigido a las
distintas misiones que comprende inversiones en salud, educación, cultura, entre otras,
pero estas misiones no atacan los problemas estructurales de estas materias, sino que
constituyen intentos de soluciones puntuales ante las crisis, sin representar verdaderos
elementos de prevención y control, para ello es necesario que la asignación de recursos
sean conscientemente regulada a fin de que se constituyan verdaderos sistemas de
atención para el progreso y bienestar real de la colectividad.
Cabe resaltar, que en los últimos años se ha ido aumentando la inversión en materia
educativa, pero al igual que la inversión del gasto social, esta inversión debe ser
redireccionada a reestructurar todo el sistema educativo que permita su innovación,
convirtiéndose en un factor determinante en la sociedad, que permita interaccionar con
la comunidad y a la vez aportar en la formulación y diseño de la política criminal que
promueva la prevención y control del delito por medio de la preparación educativa.
Por otro lado, se encuentra que la inversión económica es puntual para el sistema de
control del delito. El Estado debe fomentar políticas de inversión que permitan ser más
eficaz y eficiente al sistema penal venezolano: inversión en los cuerpos de seguridad
del Estado, dotación de los equipos necesarios para la actividad diaria, mejores salarios
y compensaciones para los agentes, reestructuración de los cuerpos, planes de
formación profesional y sistemas de seguridad social. Además de ello, es primordial la
reforma del sistema penal, que incluyan: restructuración del Código Penal, donde la
pena tenga un carácter funcional y racional bajo el respeto a la dignidad humana; que
existan programas educativos y culturales, que el condenado tenga una asistencia
integral. Por último, debe existir una inversión en programas y/o proyectos alternos para
50
cumplir la pena fuera del sistema penitenciario, y los penados puedan acceder a trabajo
comunitario, educativos, culturales, entre otros.
Razón por la cual, este bagaje de propuesta muestra que el factor económico es vital
para el desarrollo de la implementación y ejecución, no sólo de las distintas políticas
públicas, sino en especial, las dirigidas a la Política Criminal, por ello, es clave que el
Estado genere una estructura de inversión consciente que coadyuve efectivamente en
los programas de prevención del delito y, a su vez, fomente la accesibilidad a
programas que esté en consonancia con lo que el precepto constitucional señala como
la resocialización del condenado. Con ello, el Estado estaría alcanzando sus fines
esenciales como: el bienestar de los ciudadanos, la justicia social y el respecto por la
dignidad humana.
4. Marco Legal sobre Derechos Fundamentales:
La Constitución Nacional en el Título I y III Capítulo I del artículo 2 y 19
respectivamente, garantiza y consagra los Derechos Humanos; el cual reza:
“ Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.
En el entendido de lo estipulado en el contenido del artículo 2, la justicia se define bajo
los valores de orden social, político garantizado y reconocido por el Estado de Derecho,
que dependerá de la medida en que se cumplan todos aquellos axiomas que traducen
ideales democráticos.
Aunado a ello el Estado no sólo se circunscribe a consagrar los derechos humanos,
sino que además establece la obligación de protegerlos y brindar garantías en el
funcionamiento de los órganos del Estado, prueba de esto, es lo que reza el contenido
del artículo 19:
51
“El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público, de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen”.
Partiendo de lo anterior, se divisa la jerarquía constitucional en la protección de los
Derechos Humanos fundamentales, y consagra que los mismos no podrán ser
violentados ni revocados por autoridad alguna y mucho menos renunciados por el titular
de ellos. En tal sentido, es menester, destacar la protección de los Derechos Humanos
tanto constitucional, legal, como de los tratados y convenios internacionales suscrito por
Venezuela.
Entre los Derechos Fundamentales figura el derecho a la vida, que se encuentra
consagrado en el artículo 43 Ejusdem “el derecho a la vida es inviolable…”, principio
humano fundamental del cual se desprende la imposibilidad de establecer la pena de
muerte y la obligación del Estado de proteger la vida de aquellos ciudadanos que se
encuentren privados de su libertad o bajo el sometimiento de alguna autoridad civil o
militar.
El Código Penal Venezolano desarrolla principios básicos del precepto constitucional,
en el cual se establece la inviolabilidad de la vida, tipificado en el artículo 6, al prohibir la
extradición del extranjero cuya pena asignada en el Estado requirente sea la cadena
perpetua o la pena de muerte.
En tal sentido, el derecho a la vida es el principal bien jurídico tutelado por el Estado, la
República Bolivariana de Venezuela además de las legislaciones internas que
consagran la protección a la vida, que a su vez están suscritos y ratificados por los
tratados, pactos y convenios internacionales que garantizan la inviolabilidad de la vida,
entre ellos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 3 “Toda
persona tiene derecho a la vida, a la libertad y la seguridad de su persona” ;
52
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo 1, “Todo ser
humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona” ;
Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 4, “…Toda persona tiene
derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en
general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida
arbitrariamente….” y por último; el Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos,
artículo 6 “…El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho
estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de su vida arbitrariamente…”.
Es importante señalar que el Estado protege la vida desde el momento de su
concepción, tal como lo consagra el artículo 76 de la Constitución Nacional de la
República Bolivariana de Venezuela el cual reza “…el Estado garantiza asistencia y
protección integral a la maternidad, en general a partir del momento de la concepción,
durante el embarazo, el parto y el puerperio…”. Igualmente la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo VII ampara la maternidad y la
infancia, el cual reza “ toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así
como todo niño, tienen derecho a protección, cuidado y ayuda especiales.”
Es de resaltar, que la legislación venezolana tiene un avance significativo en cuanto a
otras legislaciones; por cuanto la Constitución Nacional de 1999, deja claro en su
articulado que en situaciones donde existan estados de excepción, deben ser
igualmente velados los derechos fundamentales como son: el derecho a la vida,
prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la
información y los demás derechos humanos intangibles. Dado que en la Constitución de
1961 dejaba a un lado el derecho al debido proceso, el derecho a la información, así
como, el resto de los derechos intangibles que hace referencia el precepto
constitucional, que son aquellos señalados por la Convención Americana sobre
Derechos Humanos como son:
El Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica.
El Derecho a la Integridad Personal.
La Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre.
53
El Principio de Legalidad y de Retroactividad.
La Protección a la Familia.
El Derechos del Niño.
El Derecho a la Nacionalidad.
Los Derechos Políticos.
Es por ello, que no se puede justificar ninguna orden o instrucción emanada por un
funcionario bien sea civil o militar, un estado de emergencia, de excepción o restricción
de garantías constitucionales como argumento para razonar la desaparición forzada
(Rodriguez, 2001), por cuanto el ejercicio y goce de estos derechos son la base
fundamental del hombre.
Por otro lado, el Estado Venezolano garantiza la integridad física, psíquica y moral de la
persona; es un derecho que está integrado por la prohibición de torturas y otros tratos
crueles inhumanos o degradantes, la regularización del uso de la fuerza, tal como lo
consagra el artículo 46 de del precepto constitucional.
Derecho a la Dignidad humana, Respeto y Honor, consagrado en los distintos pactos,
acuerdos y tratados internacionales Artículo: 5 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos “De la prohibición de vejámenes humanos. Nadie será sometido a
torturas ni a penas o tratos crueles, inhumados o degradantes”; igualmente lo que
señala el Artículo V de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre como el derecho a la protección a la honra, la reputación personal, la vida
privada y familiar. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los
ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar”; Artículo 11
de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos “De la protección de la
honra y de la dignidad humana. 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y
al reconocimiento de su dignidad; 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o
abusivas en su vida privada, y la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia,
ni de ataque ilegales a su honra o reputación; 3. Toda persona tiene derecho a la
protección de la ley contra esas injerencia o esos ataques”. Por último destaca, el
artículo 7 de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Hombre, “Del
derecho al respeto de la dignidad humana: prohibición de la tortura. Nadie será
54
sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, en particular,
nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos.”
5. Bienes Jurídicos Tutelados por el Estado:
En la genérica denominación de la ley, para rubricar el título se ha preferido,
excepcionalmente hacer referencia al sujeto portador de los bienes jurídicos (Creus,
1983), donde sólo queda comprendido en la protección penal el interés por la integridad
física y psíquica del hombre en todas sus manifestaciones: su vida, su estructura
corporal, la plenitud de su equilibrio psicológico y el desarrollo de sus actividades
mentales.
De tal manera, que sólo se abordará los bienes jurídicos tutelados por el Estado en los
delitos contra las personas, con el propósito de examinar el tipo penal en concordancia
con el bien jurídico vulnerado por el sujeto activo. Así como, las observaciones que se
tienen de la última reforma del Código Penal donde se denota un aumento gradual de la
pena y la incorporación de parágrafos únicos para las restricciones de beneficios
procesales para ciertos delitos contra las personas.
5.1 Derecho a la Vida:
El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni
autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se
encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su
autoridad en cualquier otra forma.
La vida es el bien jurídico por excelencia, la Constitución Nacional de la República
Bolivariana de Venezuela, consagra la obligación del Estado en proteger el derecho
humano fundamental “vida” que lo garantiza desde su concepción y en todas las
circunstancias o hechos sociales en que se encuentren los ciudadanos.
Ante la vulneración del derecho a la vida, el Código Penal señala la sanción penal
55
respectiva de acuerdo al tipo de homicidio. Ahora bien, en la última reforma sufrida en el
Código Penal se evidencia en el caso del Homicidio Calificado la incorporación de un
parágrafo único que restringe beneficios procesales para aquel sujeto que esté
implicado en cualquiera de los supuestos contenidos en los numerales del artículo 406
del Código Penal. No obstante, esta disposición afecta derechos y garantías
constitucionales; igualmente, es una aplicación de naturaleza procesal por ende debió
ser regulada por la ley adjetiva y no por la ley sustantiva penal. (Ver anexo número 1).
De igual manera, hubo una leve modificación en la normativa del Homicidio Agravado
en su numeral dos (2), el cual sustituyó la expresión miembro de la Asamblea Nacional,
por la de diputado (a) del parlamento; en esa misma línea, sustituyó la frase de
miembro del Consejo Nacional, por la de rector(a) del Consejo Nacional Electoral;
finalmente, se suprimió la expresión de Alcalde Mayor del Distrito Metropolitano de
Caracas, así como, la de miembro de la comisión investigadora contra el
enriquecimiento ílicito de funcionarios o empleados públicos. Y, la restricción de
beneficios procesales para el o los sujetos que estén inmersos en los supuestos
delictivos establecidos en el artículo 407 del Código Penal.
En otro orden de ideas, el sistema normativo debe estar encaminado a responder en
consonancia a la realidad de los hechos que impere; el Código Penal califica el
Homicidio como uno de los delitos contra la persona, dado que se está vulnerado el
bien más preciado que resguarda el Estado, como es la vida. No obstante, connotados
catedráticos, especialistas en la materia y operadores de justicia, han fijado posición en
relación al tipo penal, siendo el más controvertido el Homicidio Culposo.
La legislación venezolana garantiza la protección de la vida como derecho inherente a
su condición humana desde su concepción, al prohibir todo tipo de actuaciones o
conductas que coloque en peligro la concepción de la vida. Incluso prohíbe entre sus
penas corporales, la pena de muerte y la cadena perpetua, dado que son penas que
van en detrimento del hombre; todo con el fin de garantizar el derecho a la vida. Es
inconcebible la pena de muerte en Venezuela, aún más, que el Código Penal y la
Constitución Nacional no lo establece, en atención al sentido protector de la vida
56
humana que caracteriza el ordenamiento jurídico venezolano, basado en la
Constitución.
5.2 Integridad Física:
Es un derecho humano fundamental y absoluto que tiene su origen en el debido respeto
a la vida y el sano desarrollo de ésta; es decir, el derecho al resguardo de la persona en
toda su extensión desde su aspecto físico hasta mental. Donde el Estado Venezolano
debe velar por la intrigad física de la persona.
El Código Penal ha dejado sentado dentro de los delitos contra las personas, la figura
de las lesiones personales en sus distintas modalidades, donde no existe el ánimo de
extinguir la vida de la persona, pero sí, al generarle un daño que puede ir conforme a la
entidad del delito, desde su mínima expresión hasta la pérdida parcial o quizás
incurable de una enfermedad mental o corporal de la persona.
5.3 Vida Dependiente:
Se refiere al bien jurídico tutelado por el Estado cuando se configura el aborto
provocado conforme a las circunstancias que se ha generado; en tanto el Estado
sanciona este tipo penal porque atenta contra la vida dependiente de un ser humano. Y
en ese sentido el precepto constitucional protege la maternidad desde el momento de
su concepción, garantizando no sólo la vida, sino además, protegiendo una de las
principales instituciones de la sociedad: la Familia.
El embrión y posteriormente el feto carecen de toda posibilidad de defensa, más allá
que la de un ciudadano, por ende el Estado protege de forma especial y absoluta ante
la posibilidad de ser excluido de la sociedad sin dársele la oportunidad de nacer o
defenderse.
5.4 Integridad Personal:
A consideración de una parte de la sociedad, el honor es más preciado que la vida,
57
porque no conciben vivir sin honor. Se relaciona esto directamente con la buena fama o
reputación que se ha granjeado mediante el exacto cumplimiento de los deberes
sociales, morales, jurídicos y políticos que impone la vida colectiva. La Difamación e
Injuria es un tipo penal que está enmarcado en los Delitos Contra las Personas, donde
el bien jurídico tutelado por el Estado es la Integridad Personal. Anteriormente la pena
en este tipo penal era inferior a la que existe en la reforma parcial del Código Penal de
2005.
Existe una diferencia esencial entre difamación e injuria, la difamación es cuando un
sujeto en comunicación con varias personas reunidas o separadas, imputa al sujeto
pasivo un hecho determinado, capaz de exponer a la víctima al desprecio o al odio
público, u ofensivo a su honor o reputación; mientras que en la injuria se resuelve en
una ofensa genérica, es decir, colocar en tela de juicio el honor, la reputación o el
decoro de de alguna persona bien sea separadas o juntas en comunicación con varias
personas.
En esa línea, se observa como en la última reforma del Código Penal se incrementó la
sanción penal en el artículo 442 del Código Penal referido a la difamación, que va
desde un (1) año a tres (3) años de prisión, y, una multa de cien 100 unidades
tributarias a un mil (1.000) unidades tributarias. De igual modo, se incremento la pena
en los supuestos delictual instituido en el primer aparte del precitado artículo, en
consecuencia la pena sería de dos (2) años a cuatro (4) años, sin omitir, la multa de
doscientos (200) unidades tributarias a dos mil (2.000) unidades tributarias. También se
incluyó la restricción de beneficios procesales en los casos que estén implicados en
estos supuestos delictuales de difamación, mediante la figura de la aplicación de un
parágrafo único.
En relación a la Injuria también sufrió un aumento de la pena que va desde seis (6)
meses a un (1) año, así como, la figura de la multa la cual oscila de cincuenta (50)
unidades tributarias a cien (100) unidades tributarias. Existen agravantes que fueron
aumentadas considerablemente, en los supuestos específicos, es decir, que se cometa
el hecho delictual en presencia del ofendido o que esté solo, mediante un documento
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escrito que esté dirigido para él o en un lugar público; teniendo un aumento de una
tercera parte de la pena, extensivo también a pena pecuniarias.
Se puede concluir, en primer término que el Estado debe velar por el fiel cumplimiento
de los bienes jurídicos tutelados por el Estado, en el cual se debe establecer una
estrategia político criminal de acuerdo a las políticas ejercidas por el gobernante, en
consonancia con su discurso, a los efectos de armonizar lo instituido en los
instrumentos legales para que exista una optimización entre la ley y la realidad. En
segundo término, no se puede resolver los índices de criminalidad sino se ataca la raíz
del problema, cada situación se debe ver de forma particular y se tienen que manejar
los presupuestos culturales, sociales, económicos, políticos, entre otros, que vive
actualmente la sociedad para una mayor y mejor seguridad jurídica.
Asimismo, tener presente que el texto constitucional es de corte garantista, de modo,
que no debiera permitirse ninguna medida represiva adoptada en relación con derechos
humanos como la libertad. Es decir, que todo imputado o procesado tiene la
oportunidad de llevar un proceso penal en libertad, dado al corte acusatorio y no
inquisidor que tiene el sistema procesal penal; es por ello, que no debiera existir
restricciones de beneficios procesales enmarcada en el Código Penal Venezolano,
porque viola derechos y garantías constitucionales como la establecida en el artículo
19, 21, 272, entre otros de la Constitución Nacional.
59
60
CAPÍTULO III
TEORÍAS CRIMINOLÓGICAS EN EL MARCO DE LOS DELITOS CONTRA LAS
PERSONAS
1. Teorías Criminológicas
1.1 Criminología Clásica:
Es el inicio de la criminología; en la cual se comienza a estructurar una serie de
postulados epistemológicos que son básicos para el estudio y análisis del Derecho
Penal. En el marco de la criminología clásica se sientan las bases del consenso, es una
corriente acrítica, por cuanto el Código Penal era incuestionable donde se definía en
una norma sustantiva penal la conducta que iba ser condenada por el Estado.
Es de resaltar, que hubo una transformación del sistema político donde se pasó de un
Estado Absolutista a un Estado Moderno y con ello a una nueva forma de organización
estatal producto de la Ilustración que tuvo su origen a finales del Siglo XVIII. Siendo
Hobbes, Locke, Rousseau, entre otros, grandes intelectuales que dejaron una
imborrable huella y un aporte vital en la organización política estatal; surgieron
formulaciones contractualistas donde el Estado se deja de lado el terror de la naturaleza
y se impone una sociedad u ordenación civil, entregándole al individuo el monopolio de
la violencia.
Asimismo, las bases del pensamiento liberal, sustentándose en el contrato social que
legitimaría en la medida que se supervisara y regulara los derechos naturales, el cual
estaría definido en el pacto social; con el objeto de lograr la lealtad de las masas y no
para proteger los intereses individuales.
El consenso social legítima el poder y las manifestaciones de control de dicho poder;
con el fin de que la sociedad acepte el control social ejercido por el Estado y a la vez
sirva para disciplinar y mantener estable el orden.
61
Los postulados que desarrolla la escuela clásica son:
Libre Albedrío
Proporcionalidad de las penas.
Pulcritud Procesal
En consecuencia, el Estado presupone la existencia de una ley libre y otorga el libre
albedrío a los ciudadanos para que éstos tengan la capacidad de elegir entre lo bueno y
lo malo. Es por ello que el individuo al transgredir la norma obtiene una sanción moral;
es decir, el Estado sanciona la conducta moral del sujeto, por haber traicionado la
libertad que se le dio; donde la responsabilidad moral es propia de los actos del sujeto,
no del Estado.
Asimismo, esta escuela consideraba que el Estado debía proveer una serie de
garantías suficientes para defenderse ante él, ofreciendo el sistema de administración
de justicia las herramientas para defender sus derechos aún cuando hayan trasgredido
la ley.
En tal sentido, la sanción penal estaba sujeta a la proporcionalidad al daño causado. Es
decir, a mayor entidad del daño, se incrementa la sanción que se va aplicar y en caso
de menor entidad del daño la sanción disminuye, ya que el fin es restituir el orden
jurídico lesionado.
El corte funcional de la pena en la escuela clásica era de carácter retributivo porque
dada la trasgresión de la ley se obtiene una sanción. Igualmente la pena tenía un
carácter aflictivo, por el efecto que ocasionaba la pena en el sujeto y a la vez
ejemplarizante dado que era una manera de evitar que el resto de la sociedad
cometiera un hecho punible.
El objeto de estudio de la escuela clásica fue el delito como un ente abstracto, pero de
naturaleza jurídica, donde la norma era transgredida porque así lo quiso el sujeto; la
función de la pena se fundamentó en la responsabilidad moral del sujeto por sus actos,
62
prevaleció el Principio de Legalidad creado por Beccaria.
Es por ello, que la pena se utiliza para disuadir al individuo de violar los intereses de los
demás, siendo prerrogativa del Estado tomar medidas contra esas transgresiones
porque así lo permite el contrato social; donde la pena debe ser proporcional a los
intereses violados por el delito, sin ser excesivas respecto de él ni empleadas para
reformar al delincuente, porque esto afectaría los derechos del individuo y quebrantaría
el control social.
De este modo se concluye, que la concepción que se tiene de la Criminología Clásica
pareciera ser una auténtica teoría del control social, dado que se señala como primera
medida la forma como el Estado debe reaccionar contra el delincuente; asimismo,
señala las desviaciones a partir de las cuales se puede calificar como delincuentes a
ciertas personas.
La concepción de esta escuela responde a los dictados propios de una burguesía en
ascenso, en abierta lucha contra el Estado absolutista propio del régimen feudal, cuya
bandera fue finalmente enarbolada con el triunfo de la revolución que llevó a la
burguesía al poder.
De igual manera, se evidencia al hacer el análisis del Código Penal, el carácter clásico
que aún preserva este instrumento legal dentro del Sistema Penal Venezolano, donde
la política criminal que se enmarca en especial en los delitos contra las personas es de
un profundo control social, de efectos causal explicativo, ceñido a la equidad que debe
existir entre el delito y la pena, asimismo, se sientan las bases para la prevención
general. La Criminología Clásica coexiste dentro del Código Penal Venezolano en
relación a sus postulados, por ende se puede ubicar ésta teoría criminológica dentro de
los Delitos Contra las Personas.
No obstante, los actores sociales pareciera que creen que el incremento de la pena, así
como, la codificación de nuevos tipos penales, son el instrumento necesario para la
prevención y control del delito, lo cual esta premisa, se estaría cometiendo un grave
63
error en el ejercicio de la aplicación de la normativa, dado que las leyes no resuelven
los problemas existenciales de una sociedad. Para ello, es necesario que exista una
verdadera política pública entre ella una Política Criminal que esté en correspondencia
con el discurso del gobernante en funciones, así pues, existirá una armonización entre
la aplicación de la ley y la implementación de la política criminal ejercida por el Estado a
través del Gobierno.
1.2 Criminología Positivista:
Las corrientes criminológicas que surgieron a lo largo del siglo XIX y XX, inspiradas en
la filosofía y en la sociología del positivismo naturalista, se basan en las características
biológicas y psicológicas que diferencian a los sujetos considerados criminales de los
normales, y en la negación del libre albedrío mediante un rígido determinismo
(Velásquez, 1997). Acude al método experimental propio de las ciencias naturales,
considerado el único científico, debido a que se parte del presupuesto de que sólo así el
saber criminológico puede alcanzar el rango de ciencia; defiende el determinismo
social, en el cual se interpreta de manera causal el obrar humano; postula el estudio de
la criminalidad examinando las causas y los factores que la generan, de tal manera que
la acción desviada y el hombre delincuente son realidades naturales.
En relación a lo anterior, el criminólogo positivista cree en la posibilidad de resolver
racional y científicamente la cuestión criminal; asimismo, para el saber criminológico es
neutral y el criminólogo hace una ciencia acrítica; acepta las definiciones legales de
criminalidad, pues parte del presupuesto de que es delincuente sólo quien viola la ley
penal e intenta explicar en términos históricos y apolíticos la criminalidad. De la misma
manera, concibe el aparato represivo del Estado como siempre legitimado para actuar,
pues su fundamento no es político sino natural. Así, el cuerpo sano de la sociedad que
reacciona contra su parte enferma y para finalizar presenta a la sociedad como
inimputable al extender a lo social las leyes naturales. En síntesis, esta orientación
criminológica partiendo de las tres premisas iniciales del método científico medición
(cuantificación), objetividad (neutralidad) y causalidad (determinismo) hace derivar
varios postulados, como es una visión consensual del mundo, la codificación del mundo
social, la doctrina de la falta de responsabilidad por los actos, la inaplicabilidad del
64
castigo y, por último, la fe en la capacidad cognitiva superior del experto científico
(Ídem).
Por lo anteriormente expuesto es fue posible abordar de manera científica el fenómeno
criminal acorde con lo que entonces se creía era tal, dándole un notable empuje y
desarrollo a esta disciplina. Sin embargo, afirma que es cuestionable desde diversos
puntos de vista todo el discurso posterior mostrará que la criminalidad no tiene un
fundamento ontológico, natural, sino básicamente normativo; su teoría del criminal nato,
por otra parte, nunca pudo ser probada y sólo sirvió para que diversos regímenes
políticos terminaran postulando y llevando a cabo la segregación y el exterminio del
delincuente, esa una forma de hacer estigmatización y a la vez de inocuizar al
delincuente (Velásquez, 1997). Tampoco es cierto que la actividad del criminólogo sea
acrítica, pues detrás de su pretendida “neutralidad” se esconde una concepción política
férreamente conservadora, susceptible de fácil manipulación, tal como lo prueba la
utilización de las teorías positivistas por los gobiernos latinoamericanos a lo largo del
presente siglo, haciendo de ella una criminología oficial.
En conclusión, esa sectorización que hace la misma sociedad en normales y
anormales, en buenos y malos, ha demostrado su fracaso si se tiene en cuenta que
existen formas de criminalidad propias de los sectores dominantes de la sociedad como
la criminalidad de cuello blanco, el imperialismo, entre otros.
Actualmente, existe remanencia de los postulados positivistas en el marco del
desarrollo de la política criminal ejercida por el Estado dado que el ordenamiento
jurídico penal Venezolano en materia de los delitos contra las personas ejerce una
herramienta más de dominación, lo que se traduce en el instrumento idóneo para
ejercer el control social.
En esa línea, algunos especialistas en Derecho Penal y actores políticos tienen quizás
una percepción poco clara de la causa que conlleva al delincuente a cometer el hecho
punible, puesto que consideran son los factores endógenos del delincuente; es decir,
acción propia de la enfermedad o problema de conducta que presenta. Es por ello, que
los actores influyentes en la construcción de un modelo político criminal ejercen un
control reactivo más que proactivo, al reproducir leyes peligrosistas y evaluar el derecho
65
penal del autor y no de acto; es una corriente del positivismo que tiene como objeto de
estudio al delincuente, motivo por el cual consideran al sujeto como un ser enfermo y
dañino para la sociedad.
En tal sentido, se maneja un discurso que no es compatible con los postulados
constitucionales ni con la política criminal que pretende llevar el Estado a través de las
instituciones responsables que intervienen dentro del sistema penal. Hasta que no
exista una dirección estratégica y una coherencia en el diseño de la política criminal
para prevenir y controlar el delito, el sistema penal se debilita y agoniza.
1.3 Criminología Funcionalista:
A tenor, de (Velásquez, 1997) sostiene que al positivismo lo sucede el
funcionalismo, o corriente que pone su acento en la conducta social delictiva o criminal
propiamente dicha. En contraste, aborda la criminalidad desde un punto de vista
estrictamente social, dinámico y no estático, para lo cual acuña como concepto central
el de desviación (Durkheim citado por Velásquez, 1997:22).
Como postulados más destacados de esta corriente pueden mencionarse los
siguientes: las causas de la desviación no deben buscarse en factores
bioantropológicos, naturales el clima y la raza, o en la situación patológica de la
estructura social; la desviación es un fenómeno normal en toda organización social;
siempre que el comportamiento desviado se presente dentro de unos límites
funcionales, se constituye en un factor necesario y útil para el equilibrio y el desarrollo
socio- cultural, pues si se sobrepasan esos confines generando desorganización social
y pérdida de valor de las reglas de conducta, aparece una situación de anomia.
Motivo por el cual, para Durkeim el delincuente no es un ser radicalmente antisocial,
sino un verdadero agente regulador de la vida social; posteriormente fue
complementado por Merton a partir de 1939 el cual sostiene que la desviación es un
producto de la estructura social tan normal como el comportamiento conforme a las
reglas y valores predominantes, de donde infiere que la anomia es aquella crisis de la
estructura cultural que se verifica especialmente cuando existe una fuerte discrepancia
66
entre normas y fines culturales, por un lado, y las posibilidades estructurales de actuar
de conformidad con aquéllas, por el otro.
El aporte funcionalista llamó la atención sobre aspectos que la criminología positivista
no había entrevisto y que significaron notable superación de ciencias; conceptos como
los de desviación y anomia, jugaron un papel preponderante para el desarrollo del saber
criminológico posterior, acorde con una concepción dinámica de la sociedad y de la
mano de los desarrollos sociológicos de entonces. Por supuesto, tales aportaciones no
alcanzaron a explicar a cabalidad el fenómeno criminal, esto es, de manera conjunta,
integrado en un contexto sociopolítico y cultural determinado.
De tal manera, que Merton rechaza los elementos patológicos como forma de explicar
la etiología del delito; donde antes de hablar del delito, habla de la sociedad, la cual
sigue la fuente original de los delitos de esas conductas delictivas y desviadas. Toda
conducta delictiva, según lo anterior, es creada por la sociedad; es decir, la sociedad la
genera. De acuerdo a lo expuesto por Merton, no se puede decir que una persona es
criminal porque nació en el seno de la criminalidad, puesto que en la realidad lo
aprendió de la sociedad.
Esta corriente, ha influido, en el derecho penal contemporáneo, originando todo un
movimiento que se autodenomina como racionalismo del fin o concepción funcional
(funcionalismo penal), el cual estudia las nociones de fines y medios, donde estas dos
nociones van juntas, pero eso no implica que necesariamente se correspondan la una
de la otra, aunque estén relacionadas, para el precitado autor son dos vías paralelas
(Velásquez, 1997)
1.4 Criminología Interaccionista:
Se trata de un grupo de teorías denominadas también como “criminología
interaccionista”, Labelling Approach, “criminología de la reacción social”. Es difícil
clasificar estas teorías criminológicas, por cuanto parece que en su interior se debaten
por los menos tres planteamientos distintos (Velásquez, 1997). El etiquetamiento, para
el cual juegan papel primordial el estudio de la reacción social o actitud del
conglomerado frente al comportamiento tildado de criminal; el estereotipo del
67
delincuente, que fija su atención en la relación entre el sector de la sociedad respectiva
y el individuo, así como, la estigmatización a la cual es sometido; y, por último, la
metodología o explicación propia de la sociología fenomenológica que busca la
construcción metódica de la realidad, entendida como el producto de una construcción
social y no desde el punto de vista objetivo, esto es, la examina desde la perspectiva de
la vida cotidiana del individuo en sus múltiples relaciones.
En términos generales, puede decirse, que este agregado de enfoques no pretende
responder a la pregunta: ¿por qué alguien se vuelve delincuente?, sino indagar quién y
cómo se define la criminalidad y de qué manera se señala a una persona como
infractora de la ley. En tanto, el delincuente, pues, es quien ha sido definido como tal, o
sea, el que ha sido encasillado por quien tiene poder para hacerlo (Aniyar, 1977). Es
por ello, que la criminalidad no existe objetiva y naturalmente, es relativa, es
indispensable que sea descubierta y señalada para que se configure como tal, de
donde se concluye que tanto el delito como la delincuencia son construcciones sociales.
Para los interaccionistas no existe la llamada “cifra negra” de criminalidad, pues, al no
ser una manifestación delincuencial susceptible de cuantificación y señalamiento, no
alcanza a configurarse como tal; asimismo, en esta línea de pensamiento, se afirma que
los hechos cometidos por las clases poderosas no son delito porque tampoco han sido
incriminados y, si lo fueran, sus autores no serían considerados transgresores de la ley
por no haber sido etiquetados como tal, señala (Becker citado por Velásquez,1997: 24).
Por ello, mientras que los criminólogos positivistas tradicionales se formulan preguntas
como ¿quién es criminal?, ¿cuándo el condenado se torna reincidente? ¿Mediante qué
medios se puede ejercer un control sobre la criminalidad?, entre otros. Los
interaccionistas, indagan cuestiones como quién es definido como desviado, qué
efectos acarrea tal definición en el individuo, en qué condiciones este individuo puede
alegar a ser objeto de una definición y, en fin, quién define a quién..
Diversas críticas se le han formulado a esta teoría criminológica, dado que centra su
atención en el proceso de encasillamiento sufrido por el delincuente, olvida
completamente las motivaciones que impulsan al sujeto a realizar el comportamiento
desviado y, por ende, los orígenes de la acción desviada misma también. Así critique
68
con destreza el determinismo positivista, termina encadenando al individuo a otro
determinismo similar al de la reacción social. De igual manera, se objeta esta teoría
dado que sólo se preocupa por los hechos cometidos por la clase de bajo recursos,
olvidando delitos que cometido por los poderosos y la violencia institucional encubierta.
Asimismo, centra su atención en los aspectos microsociales, dejando de lado los
macrosociales; al igual que el positivismo y el funcionalismo, plantea un orden social
consensual cayendo en un neoliberalismo tolerante que no interviene en la vida social e
invita a abstenerse de la intervención estatal para superar las contradicciones
socioeconómicas.
Lo que evidencia, al distinguir la prevención y control del delito visto por esta corriente
interaccionista que pareciera no tener una verdadera teoría, sino el estudio de una
perspectiva especial del comportamiento humano, dentro de una teoría de la conducta
desviada, por carecer de una visión sociopolítica de la sociedad para la cual el proceso
de criminalidad no conoce límites en el tiempo ni en el espacio, establece (Velásquez,
1997). No obstante, el interaccionismo ha hecho aportes significativos dentro de su
desarrollo, como es el encasillamiento; a este respecto, la experiencia cotidiana enseña
cómo en Latinoamérica autoridades de control policial y militar, validada por los medios
de comunicación, realizan un calculado proceso dirigido a etiquetar como delincuentes
a determinados sectores sociales.
La escuela interaccionista se le llama así porque construye el delito; es decir, el delito
existirá en la medida que se construye por medio de los procesos de criminalización
entiéndase estigmatización, estereotipo, y etiquetamiento.
Por último, se basa en la construcción mental, por ende la realidad existirá en la medida
que pueda ser aprehendida; si en la sociedad no hay necesidad, ni interés de tipificar
una conducta, entonces ésta no será delito. No importa lo que en la sociedad exista, ni
sus reglas, lo que interesa es lo que el individuo la construya para sí mismo. En
consecuencia, uno de los postulados que se establece en la teoría interaccionista, es
que los procesos de creación de leyes o de tipos penales no son procesos autónomos,
dado que dependen del momento histórico que se viva; por lo tanto no todas las
conductas consideradas por la ley como delito en un momento determinado pueden ser
69
considerado en todas o parte de cada uno de los cambios y transformación que pueda
vivir una nación.
1.5 Criminología Socialista:
Se denomina así a la corriente de inspiración marxista, aunque influida por el
positivismo, imperante en los países que han profesado el modelo de producción
socialista.
Es una ciencia joven que como todo estudio que se precie de científico implica un
proceso ininterrumpido de promoción y solución de los problemas, gracias a los cuales
se posibilita la investigación. Por ello, se le entiende como una disciplina social ligada
con diversos sectores del saber como la sociología, el derecho, la economía y la
estadística; y se afirma que entran en pugna con el saber científico cualesquiera ideas
sobre la existencia de la criminología sin sociología, sobre toda división de la ciencia
criminológica en sociología pura y derecho puro y, se añade, que siendo un sector
independiente del saber, la criminología se sitúa en una extensa zona en la que se
empalman y entrecruzan la sociología y el derecho (Velásquez, 1997).
En este mismo orden de ideas, se señala que el objeto de estudio es la delincuencia en
sus diversos aspectos, la desviación como fenómeno; el crimen concreto como forma
individual del comportamiento desviado; las causas y las condiciones del hecho
criminógeno, así como las de los delitos concretos; la personalidad del reo, la
prevención de la conducta delincuencial y las medidas profilácticas contra ellas.
Pero, como es natural, el objeto se relaciona con el método, el cual según el marxismo
leninismo no puede ser otro que el utilizado por todo tipo de ciencias como es el
materialismo histórico y el materialismo dialéctico, que debe aplicarse al fenómeno
criminal, no de manera mecánica sino profundizándolo y desarrollándolo en las diversas
indagaciones criminológicas.
El criminólogo socialista investiga científicamente desde diversos ángulos las
cuestiones que atañen a su objeto de estudio pone en claro los indicios fundamentales
de la delincuencia; analiza las conexiones de causa y efecto; las tendencias y leyes del
70
fenómeno dado, reparando no solo en el pasado, en el presente, sino también en el
futuro.
De acuerdo con cada uno de estos momentos, la criminología cumple una función
precisa que se traduce en la respectiva fase del fenómeno, sea la empírica o
recolectiva, en la cual el investigador aclara como ocurre uno u otro proceso; sea la
teórica o explicativa, que permite al criminólogo poner en claro por qué el proceso dado
transcurre de éste y no de otro modo; y, finalmente, la de pronóstico, en la cual el
estudios o escruta el futuro y busca desentrañar las perspectivas del desarrollo del
fenómeno o proceso de estudio.
Esta concepción, así expuesta a grandes rasgos, es criticable en cuanto implica un
verdadero dogma de fe como la creencia en el marxismo leninismo; entiende como
reflexión científica, tildando al resto como idealista y considerando las tesis divergentes
como contrarrevolucionarias.
El carácter dogmático y exclusivo entre dicho planteamiento no puede llevar al
estudioso a tener una posición sesgada; sin embargo, el negar la trascendencia de sus
aportes estaría omitiendo parte de la teoría criminológica, dado que al introducir el
método dialéctico y el materialismo histórico suministra una herramienta de suma
importancia para el examen del fenómeno criminal; así como, en este campo se
imponen las transformaciones que han sacudido a la humanidad el último decenio del
siglo, superando el abismo filosófico entre materialismo e idealismo que, a despecho de
muchos pensadores, no puede considerarse como insuperable.
No obstante, la gran dificultad de esta concepción criminológica radica en su punto de
partida un modelo de Estado que se ha derrumbado estrepitosamente; lo cual no
significa que el crecimiento de la criminalidad propios del sistema capitalista no puedan
ser abordados con tal metodología, pero sí es evidente que una “criminología socialista”
no se puede construir en una sociedad burguesa, aunque tal concepción pueda cumplir
un papel crítico de las teorías vigentes en esta (Velásquez, 1997).
Esto significa, lo fundamental que es la criminología desde
sus variables hasta su dimensión, en el cual existe una estrecha
71
vinculación con la sociología, cuyo factor determinante para analizar la criminología
crítica.
1.6 Criminología Crítica:
Surgió en el seno de la criminología hacia los años setenta del siglo XX, primero en
Estados Unidos, luego en Inglaterra, Europa Occidental y finalmente Latinoamérica.
Comprende una pluralidad de iniciativas político culturales y de obras científicas,
caracterizadas por la búsqueda de la construcción de una teoría materialista de la
desviación, de los comportamientos socialmente negativos y de la criminalización. Al
efecto, de algunos de sus propulsores se afilian a la concepción marxista, aunque
también profesan dicho enfoque diversos criminólogos cristianos, e incluso liberales
demócratas, conformando un grupo heterogéneo tanto por el aspecto ideológico como
por el contexto nacional. Es una teoría donde la expresión crítica deviene de Marx,
inspirada en la subordinación de una clase social (Aniyar, 2005). En consecuencia, la
teoría crítica es “la denominación que utilizan los filósofos de la escuela de Frankfurt
que se dedicaron a la crítica (cultural) de las instituciones y de las sociedades
contemporáneas” (Aniyar, 2005:137).
Se formula así en el siglo XX una “nueva” criminología, la cual se preocupaba,
básicamente, por el estudio de las causas del fenómeno delincuencial (etiología
criminal) con el nuevo planteamiento, la criminalidad no es ya una cualidad ontológica
de ciertos comportamientos o personas, sino el producto de un “status” asignado a
determinados individuos por medio de una doble selección, en primer lugar, la de los
bienes protegidos penalmente así como de los comportamientos ofensivos a estos
bienes considerados en las figuras legales; en segundo lugar, la selección de los
individuos estigmatizados entre todos los que cometen infracciones o normas
penalmente sancionada (Velásquez, 1997)
De tal manera, que el modelo crítico de esta escuela no se conforma con conocer
métodos de obtención e interpretación de la realidad sino con transformarla; asimismo,
se dice que es critica porque es una actividad transformadora de la realidad existente y
porque puede trascender a un orden dado o determinado. De este modo, sus
72
propulsores afirman que el objeto de sus indagaciones es el estudio de la criminalidad y
el control social considerado como un solo proceso social, surgido dentro de los
mecanismos de definición políticos y jurídicos de una organización social determinadas;
ello implica redefinir el objeto de esta disciplina por fuera de los límites propios del
concepto legal de delito, para acudir a una noción que refleje la realidad del sistema
legal basado en el poder y el privilegio. Se dice, por ello, que la criminología debe
cuestionar no sólo las causas del delito sino también las de las normas que en sentido
propio lo crean.
No obstante, no hay claridad al respecto, pues las opiniones varían de un expositor a
otro, los criminólogos críticos que se inspiran en el marxismo acuden al materialismo
histórico y dialéctico como método de trabajo, aunque dando cabida a otras
posibilidades metódicas, como es obvio, postulados generales encuentran su enfoque
con el marxismo, o por lo menos con una visión cuestionadora de la sociedad del poder
(Velásquez, 1997). Por lo anterior y de manera muy similar a como ocurre en la
criminología socialista, los críticos plantean una estrecha relación entre sociología y
criminología, al punto de llegar, incluso, a postular la construcción de una sociología
criminal, que sería la única posibilidad científica de entender el fenómeno criminal en el
contexto social, con lo cual la técnica jurídico-penal y la política criminal quedarían
englobadas en su seno.
De tal manera, ésta corriente estudia la actividad delictiva de los que crean las leyes;
formula una crítica material de la distribución de la riqueza en la sociedad; investiga las
estadísticas delictivas con miras a analizar la naturaleza clasista del delito, la imposición
de la ley y la actividad policial. Asimismo, aborda el control social, se ocupa de la norma
legal que crea el delito cuestionando su aceptación, reexaminando los medios de
elaboración de ellas, su función, entre otras; estudia los procesos de criminalización
(examina cómo y por qué ciertas personas son criminalizadas y otras no) a partir de las
condiciones históricas y materiales, denunciando las injusticias y las falacias que se
esconden detrás de los mismos; en fin, propende por una política criminal alternativa al
sistema penal. Donde éste, es el conjunto de instituciones estatales y las actividades
desarrolladas por ellas, en orden a la creación y aplicación de las normas penales, tanto
desde el punto de vista teórico, cómo deben ser los procesos de creación y aplicación
73
de las normas penales, así como, práctico, su forma operacional en el proceso
(Velásquez, 1997).
La criminología crítica tiene un punto de contacto con la clásica en cuanto algunos de
sus postulados son objeto de redefinición. En efecto, los clásicos no consideraban al
delincuente como un ser diferente de los demás, ni partían de un rígido determinismo
del fenómeno delictual entendiéndolo en sentido jurídico como la violación del pacto
social, en virtud de que el delito surgía de la libre voluntad del individuo y no por causas
patológicas, entre otras; todo ello hacía viable un enfoque alternativo y la censura del
poder del Estado, de manera semejante a como postula la corriente crítica, cerrando, en
alguna medida, el ciclo de evolución de esta disciplina.
Desafortunadamente, la heterogeneidad de los planteamientos provenientes de esta
dirección no ha permitido la construcción de una ciencia autónoma con un objeto
definido, un método y unos postulados generales. Desde luego, sin desligar esta
corriente del proceso histórico vivido, debe destacarse su oposición férrea al sistema
tradicional de la criminología ortodoxa que no ha hecho un cuestionamiento del derecho
penal ni de las normas que prohíben determinados comportamientos, cayendo en el
servilismo.
Los nuevos criminólogos han atacado el orden legal constituido por su carácter clasista,
han cuestionado el delito y las teorías sobre la conducta criminal, mostrando cómo la
mayor parte de comportamientos desviados corresponden a acciones corrientes de los
individuos, destinadas a hacer frente a los problemas generados por una sociedad
sobre la cual ejercen escaso control. Sobre todo, se ha intentado comprender el
fenómeno criminal de manera más global y totalizadora llamando la atención sobre la
influencia de los factores socioeconómicos en la criminalidad, acudiendo a la moderna
sociología, para mostrar cómo impera el control social interno en los diversos
conglomerados.
En lo que respecta a la criminología crítica en Latinoamérica tuvo su referencia tanto el
grupo de Latinoamericanos de criminología comparada como el de la criminología
crítica. Éstos abordaron una serie de investigaciones que se centraban en el
cuestionamiento del control social y del sistema penal. Es decir, estudiaron “el rol de la
74
teoría, la ciencia y todos los sistemas normativos (formales e informales), en su relación
con el poder” (Aniyar, 2003:142). Venezuela no solo fue uno de los países
Latinoamericanos que participó, sino que además coordinó mediante el Instituto de
Criminología de la Universidad del Zulia, durante 17 años innumerables investigaciones
fundamentales, entre ellas el control social; cada una de las líneas de investigación
estaban centrada al cuestionamiento racional del sistema tecnocrático o autoritario y a
la vez se presentaron alternativas al modelo político imperante en cada Estado.
Motivo por el cual, al ubicar los delitos contras las personas en la criminología crítica
como un modelo político criminal adoptable en Venezuela, es de gran importancia por
cuanto busca reformar el sistema penal mediante nuevas leyes donde se resguarden
los Derechos Humanos; por algo es que se ha señalado que la criminología tiene como
objeto de estudio el Derecho Penal.
Asimismo, se busca mediante esta teoría criminológica tener claro su objeto de estudio,
a los efectos de abordar una política orientada a la racionalidad y funcionalidad de la
pena de corte minimalista e integradora. En consecuencia, la pena no debe ser vista
como un instrumento de represión sino de reflexión bajo el garantismo, teniendo
presente las formulas de cumplimiento de la pena no privativa de la libertad, entre otras,
tal como reza la Carta Magna y el Código Orgánico Procesal Penal.
1.7 Criminología de los Derechos Humanos:
El precepto constitucional es un ente regulador, de corte programático, la cual permite
desarrollar instrumento legal basado en los postulados constitucionales e
internacionales en relación a los Derechos Humanos en el cual están tejido los
derechos y garantías del individuo respectivamente en el cual deben consagrarse en el
Derecho Penal.
El carácter humanista que se propone como función de la pena, abre paso para lo que
la criminología de los Derechos Humanos llama más que una política criminal
alternativa, una alternativa democrática a la política criminal; donde el objeto principal,
es que la política criminal esté linealmente identificada con las teorías criminológicas,
como punto de encuentro, en especial la criminología de los derechos humanos en los
75
delitos contra las personas.
La criminología de los Derechos Humanos busca darle sentido y funcionalidad a la
pena; el cuándo y cómo castigar, prohibir y juzgar (Ferrajoli, 1997), es uno de los
postulados de esta teoría criminológica, y fundamental para la construcción de un nuevo
modelo político criminal que este en concordancia con el sistema penal Venezolano.
Asimismo, está sustentada bajo el respeto mínimo de los Derechos Humanos en la ley
penal (Baratta, 1986).
En concordancia con lo anterior, se debe manejar una política tendente al respeto y
dignidad del hombre; que la codificación del tipo penal no sea exclusivamente del daño
ocasionado como se ha venido abordando en la normativa, sino que sea en función de
la utilidad que pueda tener la pena en el sujeto activo, mediante los programas y/o
proyectos tanto educativos como sociales que tenga a bien el Estado de corte
sensibilizador; darle mayor participación y protagonismo a las partes intervinientes con
el fin de lograr una asistencia integral que ha de tener el sujeto activo sobre la base del
respeto de los Derechos Humanos (Piña y Rivas, 2007); y a la vez, de garantizarle el
derecho que tiene el sujeto pasivo al ser vulnerado de su bien jurídico.
Asimismo, las distintas teorías criminológicas constituyen un aporte fundamental para el
desarrollo del sistema penal. Cada una de éstas, no surgieron, ni nacieron de un vacío
cultural o social, sino que cada una de ellas han tenido su utilidad conforme al momento
histórico que ha vivido el mundo producto del fenómeno social.
Siendo de utilidad fundamental a los efectos de diferenciar cada una de estas teorías
criminológicas dentro de la normativa sustantiva penal, lo cual permite diseñar una
política criminal con base en el nivel socio-político que será una variable importante
para medir la coherencia, interacción y eficacia entre las instituciones responsables del
sistema penal. Desde el Ejecutivo Nacional mediante el Ministerio del Poder Popular
para la Relación de Interior y de Justicia en su nivel de operatividad al igual que el
Sistema Penitenciario; la estructura legal a través del Poder Legislativo en su nivel de
creación de la norma, hasta llegar al Poder Judicial del sistema de Administración de
Justicia en su nivel del circuito penal, sistema carcelario, entre otros), sin dejar de lado
76
el fenómeno social que será una variable clave para medir la eficacia o no de la política
criminal.
En síntesis, tanto los postulados de la criminología crítica y la de los Derechos
Humanos son base para el diseño y formulación de la política criminal. Es un reflejo
institucional del pensamiento criminológico (Aniyar, 2003). Es por ello, que las teorías
criminológicas (clásica, crítica y la de los Derechos Humanos) tienen un valor
significativo en el Código Penal Venezolano por contribuir en el mecanismo de
funcionalidad de la pena para el ejercicio de aplicación en el diseño y formulación de la
política criminal.
2.-Derechos Fundamentales:
Los derechos fundamentales son todos aquellos derechos humanos que están
plasmados en la Constitución Nacional. Es importante acotar que todos los derechos
son fundamentales por lo que no se debe establecer ningún tipo de jerarquía entre ellos
y mucho menos creer que unos son más importantes que otros. Es difícil pensar en
tener una vida decente si no se disfruta de los mismos; sólo vulnerar uno de ellos es
atentar contra la dignidad humana.
Cabe resaltar que dentro del preámbulo de la Constitución Nacional se consagra la
garantía indivisible de los Derechos Humanos siendo de carácter integral, dado que los
Derechos Humanos tienen un carácter indivisible e interdependiente, complementarios
y no jerarquizables; están relacionados entre sí donde no se puede hacer ninguna
separación. La negación de algunos de ellos en particular significa poner en peligro el
conjunto de la dignidad de la persona, por lo que el disfrute de algún derecho no puede
hacerse a costa de los demás, todo con el objeto de garantizar plenamente los
derechos de cada individuo.
Así, existe una interdependencia donde no pueden ser considerados de forma separada
sin que se perjudique el resto. Su encadenamiento existe de forma evidente, aun
cuando se hable de derechos individuales, civiles, sociales, culturales, económicos o
77
políticos; entre otras, su clasificación no puede ser entendida como una graduación o
escala donde se intenta valorar bajo una supuesta importancia o subordinación. El
ejercicio legítimo de ese derecho se encuentra tutelado por el Estado, siempre y cuando
no se violen las leyes; la interdependencia se expresa como una constante interacción
de derechos entre las personas.
Es de resaltar que en Venezuela ni siquiera en caso de estar en presencia de un Estado
de Excepción pueden suprimirse o desaparecer los derechos y garantías básicas del
ser humano; es decir, que puede existir una restricción temporal una vez que se decrete
un Estado de Excepción salvo los relativos al Derecho a la Vida, prohibición de
incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los
demás derechos humanos intangibles. Tal como consta en la Constitución Nacional de
la República Bolivariana de Venezuela; razón por la cual en teoría se puede señalar
que existe un avance, un crecimiento y una madurez en relación a la protección del ser
humano, cuya esencia es asegurar la dignidad como persona.
En tal sentido, la justificación del derecho penal y los fundamentos sobre los fines de la
pena, sólo pueden ser sostenidos bajo el garantismo jurídico, que permita delimitar la
intervención del Estado en la facultad sancionadora; y diseñar formas de intervención
susceptibles de satisfacer las expectativas de igualdad y libertad.
En este orden de ideas, es evidente que la humanidad es mutante producto de las
transformaciones o cambios que se presenta en la dinámica sociopolítica; donde las
necesidades o carencia sentida del individuo a través del tiempo se convierten en
ciertas satisfacciones de sus necesidades traduciéndose en conquista de nuevos
derechos, que una vez alcanzados forman parte del patrimonio de la dignidad humana.
Asimismo, el Estado reconoce los Pactos, Tratados y Convenios suscritos y ratificados
por Venezuela, dándole constitucionalidad a los acuerdos internacionales. Acogiéndose
a la teoría monista internacionalista la cual establece que el ordenamiento jurídico
internacional y el interno conforman un sistema único, pero existiendo una jerarquía del
ordenamiento internacional sobre el interno; esta teoría ha sido defendida a lo largo del
sistema republicano y en el marco del derecho positivo.
78
En ese sentido, cabe poner en relieve lo que señala la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia en fecha 15 de Julio de 2003 con ponencia del magistrado Jesús
Eduardo Cabrera Romero al manifestar que no se puede hablar de una
supraconstitucionalidad. Donde la Sala Constitucional señala que las decisiones de los
órganos internacionales de protección de los derechos humanos no son de obligatorio
cumplimiento y carecen de aplicación o son inaplicables si violan la Constitución o no se
hayan agotado los recursos judiciales internos. De lo contrario sería subvertir el orden
constitucional y atentaría contra la soberanía del Estado.
Es decir, las decisiones emanada por ante un organismo internacional bien sea
Tratados, Pactos y Convenios relativos a derechos humanos, se les dará cumplimiento
en el país siempre y cuando estén suscrito y ratificados por Venezuela; asimismo, esté
en el marco de la Constitución y/o demás las leyes de la república, que no esté en
contravención a lo establecido en el artículo 7 Ejusdem, el cual reza: "La Constitución
es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y
los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución".
No obstante, la Sala considera que por encima del Tribunal Supremo de Justicia y a los
efectos del artículo 7 del precepto constitucional, no existe órgano jurisdiccional alguno,
a menos que la Constitución o la ley así lo señale, y que aun en este último supuesto, la
decisión que se contradiga con las normas constitucionales venezolanas, carece de
aplicación en el país.
De igual manera el artículo 2 del Pacto de San José de Costa Rica, establece que los
Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos
constitucionales y a las disposiciones de esa Convención, las medidas legislativas y de
otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.
Donde las medidas de cualquier índole destinadas a hacer cumplir en el país con los
deberes y obligaciones en materia de derechos humanos, deben tomarse con arreglo a
los procedimientos constitucionales, y por ende a la Constitución misma.
Alude la Sala Constitucional en sus consideraciones para decidir lo siguiente:
79
“…En materia de derechos humanos, adquieren rango constitucional, equiparadas a normas contenidas en la Constitución, las disposiciones de los Tratados, Pactos y Convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela que resulten más favorables a las establecidas en nuestra Carta Magna o en las leyes nacionales. Así, dichas normas, producto de acuerdos escritos celebrados entre Estados y regidos por el Derecho Internacional, se incorporan al derecho interno. *** A juicio de la Sala, dos elementos claves se desprenden del artículo 23: 1) Se trata de derechos humanos aplicables a las personas naturales; 2) Se refiere a normas que establezcan derechos, no a fallos o dictámenes de instituciones, resoluciones de organismos, etc., prescritos en los Tratados, sino sólo a normas creativas de derechos humanos.
Dichas disposiciones, al igual que la Constitución, se aplican en Venezuela inmediata y directamente, siempre que sean más favorables para las personas, que los derechos constitucionales, o los derechos humanos contemplados en nuestras leyes; y muchas veces ante antinomias o situaciones ambiguas entre los derechos contenidos en los instrumentos internacionales señalados y la Constitución, corresponderá a la Sala Constitucional interpretar cuál es la disposición más favorable.
*** Para la Sala, la prevalencia se refiere a las normas que conforman los Tratados, Pactos y Convenios (términos que son sinónimos) relativos a derechos humanos, pero no de los informes u opiniones de organismos internacionales, que pretendan interpretar el alcance de las normas de los instrumentos internacionales, ya que el artículo 23 constitucional es claro: la jerarquía constitucional de los Tratados, Pactos y Convenios se refiere a sus normas, las cuales, al integrarse a la Constitución vigente, el único capaz de interpretarlas, con miras al Derecho Venezolano, es el juez constitucional, conforme al artículo 335 de la vigente Constitución, en especial, al intérprete nato de la Constitución de 1999, y, que es la Sala Constitucional, y así se declara.
*** Al incorporarse las normas sustantivas sobre derechos humanos, contenidas en los Convenios, Pactos y Tratados Internacionales a la jerarquía constitucional, el máximo y último intérprete de ellas, a los efectos del derecho interno es esta Sala Constitucional, que determina el contenido y alcance de las normas y principios constitucionales (artículo 335 constitucional), entre las cuales se encuentran las de los Tratados, Pactos y Convenciones suscritos y ratificados legalmente por Venezuela, relativos a derechos humanos.
80
*** Resulta así que es la Sala Constitucional quien determina cuáles normas sobre derechos humanos de esos tratados, pactos y convenios, prevalecen en el orden interno; al igual que cuáles derechos humanos no contemplados en los citados instrumentos internacionales tienen vigencia en Venezuela.
Esta competencia de la Sala Constitucional en la materia, que emana de la Carta Fundamental, no puede quedar disminuida por normas de carácter adjetivo contenidas en Tratados ni en otros textos Internacionales sobre Derechos Humanos suscritos por el país, que permitan a los Estados partes del Tratado consultar a organismos internacionales acerca de la interpretación de los derechos referidos en la Convención o Pacto, como se establece en el artículo 64 de la Ley Aprobatoria de la Convención Americana sobre DD.HH., Pacto de San José, ya que, de ello ser posible, se estaría ante una forma de enmienda constitucional en esta materia, sin que se cumplan los trámites para ello, al disminuir lacompetencia de la Sala Constitucional y trasladarla a entes multinacionales o transnacionales (internacionales), quienes harían interpretaciones vinculantes…” [On Line] Disponible en: http.tsj.gov.ve/jurisprudencia/índice_tematico.html.
Por otro lado en uno de sus extractos señala también la Sala Constitucional lo siguiente:
“Mientras existan estados soberanos, sujetos a Constituciones que les crean el marco jurídico dentro de sus límites territoriales y donde los órganos de administración de justicia ejercen la función jurisdiccional dentro de ese Estado, las sentencias de la justicia supranacional o transnacional para ser ejecutadas dentro del Estado, tendrán que adaptarse a su Constitución. Pretender en el país lo contrario sería que Venezuela renunciara a la soberanía.
La única ventaja que tienen las decisiones de estos órganos que resuelven litigios, donde está involucrado un Estado, es que para la ejecución del fallo en el territorio de ese Estado, no se requiere un proceso de exequátur previo, convirtiéndose el juez ejecutor en el controlante de la constitucionalidad. 3) Hay Tribunales Internacionales que ejercen la jurisdicción para resolver litigios, al menos entre dos países, lo que los separa de los del número anterior, pero sus fallos, de ejecutarse en Venezuela, se harán por los Tribunales Venezolanos y por sus normas, lo que elimina la posibilidad de que un fallo inconstitucional se puede ejecutar en Venezuela. Afirma la Sala, como principio general, la preeminencia de la soberanía que sólo puede ser derogada por vía de excepción en casos singulares y precisos, ya que el sistema internacional dentro del cual vivimos, desde sus orígenes en el siglo XVI, tiene como principios existenciales los siguientes:
81
1) La coexistencia en el globo terráqueo de un conjunto de Estados soberanos por definición;
2) La existencia de un sistema jurídico generado entre ellos, cuyas normas solo son obligatorias en la medida en que no menoscaben dicha soberanía, aun cuando hayan sido adoptadas entre ellos voluntariamente.
Distinto es el caso de los acuerdos sobre integración donde la soberanía estatal ha sido delegada, total o parcialmente, para construir una soberanía global o de segundo grado, en la cual la de los Estados miembros se disuelve en aras de una unidad superior. No obstante, incluso mientras subsista un espacio de soberanía estatal en el curso de un proceso de integración y una Constitución que la garantice, las normas dictadas por los órganos legislativos y judiciales comunitarios no podrían vulnerar dicha área constitucional, a menos que se trate de una decisión general aplicable por igual a todos los Estados miembros, como pieza del proceso mismo de integración…” [On Line] Disponible en: http.tsj.gov.ve/jurisprudencia/índice_tematico.html.
De tal manera, que la obligación internacional de los Estados miembros de la Corte
Americana de los Derechos Humanos de dar cumplimiento de buena fe a las
obligaciones internacionales que se derivan de un tratado y en particular a las
decisiones de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos
creados en dichos instrumentos, se encuentra ahora reforzada mediante su
constitucionalización en el orden interno Venezolano. En efecto, esta
constitucionalización es doble en el sistema Venezolano, en primer lugar por la
jerarquía constitucional que tienen los tratados, pactos y convenios internacionales en
razón al artículo 23 de la Carta Magna y en segundo lugar, la consagración
constitucional del Derecho Internacional de petición ante los órganos convencionales
internacionales de protección de los Derechos Humanos y el correlativo deber del
Estado venezolano de adoptar las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento
a las decisiones emanadas de los órganos internacionales con base al artículo 31
Ejusdem, institución ésta que ya desde el año 1998 se había denominado el amparo
internacional. De esta forma, este Derecho Humano de petición internacional ahora
también Derecho Constitucional, es exigible para que el Estado cumpla las decisiones
de los órganos internacionales de protección, no sólo como una obligación
internacional derivada de los tratados correspondientes, sino además en caso de ser
necesario, incluso por la vía jurisdiccional del propio amparo constitucional.
82
Es importante subrayar, que la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de
Justicia en fecha 21 de Noviembre de 2000, se había pronunciado en relación a la
supuesta supraconstitucionalidad existente en Venezuela, quedando despejada para
algunos la duda ante la interpretación realizada por la Sala y para otros solo dejo un sin
sabor, una profunda herida dado que si esta Constitución es humanista y proteccionista
de los Derechos Humanos, no entienden los argumentos esgrimidos tanto por la Sala
de Casación Penal como la Sala Constitucional.
El recurso interpuesto en la Sala de Casación Penal, tuvo como objeto la violación de
derechos humanos donde el recurrente denuncia que la sentencia recurrida infringió los
artículos 8 y 23 del Pacto de San José de Costa Rica; así como, demás normativa
contentiva en la ley sustantiva, adjetiva y demás leyes especiales en materia penal.
En ese sentido, es oportuno señalar parte del punto previo que manifiesta la Sala Penal
en razón al Recurso de Casación interpuesto:
“…se mencionó en segundo término la Constitución, para mantener el orden en que el recurrente hizo la respectiva enumeración. Aclara también que constituye una evidente impropiedad el mencionar la Constitución después de cualquier otro dispositivo legal, y que lo propio es mencionarla siempre en su congruo lugar, que no puede ser otro que el primero, puesto que la Constitución es la ley suprema, por imperio de la lógica (tiene que ser -Kelsen- el vértice de todo el ordenamiento jurídico) y de la ley misma expresada en su más alto nivel: así la Constitución manda que “Artículo 7. La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución” [On Line] Disponible en: www.tsj.gov.ve/decisiones/scp/Noviembre/1505-211100-C000743.htm. Ver anexo número 3.
Razón por la cual, pareciera con base al análisis e interpretación de la sentencia en
cuestión, que el recurrente así como connotados académicos y estudiosos en la materia
constitucional intentan quitar valor a la Carta Magna a fin que prevalezca por encima de la
Constitución Nacional los Pactos, Convenios y Acuerdos Internacionales. Pareciera que
existiera confusión en cuanto al rango que tiene la Constitución como ley suprema, quizás
83
por la interpretación propia que se generaba del mismo precepto constitucional que
dejaba entrelazar la ambigüedad que se ha desarrollado incluso en la interpretación de los
entes internacionales.
De hecho, ambas Salas han sido insistentes en su planteamiento respecto a que la
Constitución Nacional es la máxima ley y por encima de la misma no hay otra. Si bien es
cierto que los Pactos, Tratados y Convenios Internacionales tiene un sitial importante en
la Constitución y prevalece en el orden interno, pero no puede verse este reconocimiento
como si los acuerdos internacionales suscritos y ratificados por Venezuela fuesen un
instrumento legal superior a la Constitución.
En tal sentido, en Venezuela no se puede hablar de una supraconstitucionalidad, dado
que la Constitución no permite adoptar la modalidad en la aplicación de la mejor
sentencia, por el contrario, se debe asegurar la integridad y supremacía del precpto
constitucional. De este modo se concluye lo que la Sala de Casación Penal declara en
relación a la jerarquía constitucional de los pactos, convenios y tratados internacionales,
aplicables por mandato constitucional previo a ser suscrito y ratificado por la República;
sin darle un valor superior que la Constitución Nacional; sentencia que fue ratificada en
el año 2003 por la Sala Constitucional (Ídem).
Países Latinoamericanos como: Colombia y Argentina han reconocido expresamente en
su sistema judicial el carácter supraconstitucional que tienen los pactos, tratados y
convenios en materia de derechos humanos en su nación. Tribunales constitucionales y
cortes supremas de justicia en América Latina, reconocen el valor tutelar de la dignidad
de la persona humana a través de la protección de los derechos humanos reconocidos
en instrumentos internacionales y consecuencialmente, en la aplicación directa de las
decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el orden interno con
carácter obligatorio.
Por un lado, la Corte Constitucional de Colombia, que se convirtió para algunos
estudiosos de la materia, como el tribunal con la jurisprudencia más garantista del
hemisferio, a través de tesis de avanzada en relación con el desarrollo progresivo de los
84
Derechos Fundamentales. Reconociendo en principio la jerarquía constitucional y por el
otro lado la supra constitucionalidad de los tratados sobre Derechos Humanos bajo la
Constitución de 1991.
A partir de 1928 la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia otorgó
un valor prevalente a los tratados Internacionales sobre el ordenamiento jurídico legal.
Ésta máxima que por voluntad del Estado Colombiano entraron a formar parte del
ordenamiento jurídico con carácter supra legal. Estableciéndose así la fuerza coercitiva
de preceptos a los cuales el Estado firmante, tiene el deber de garantizar su plena
efectividad; es un valor supra legal instituido en la Carta Política de Colombia tal como
lo reconoció la Corte Suprema de Justicia.
De hecho, la Corte Constitucional Colombiana ha llegado a reconocer expresamente a
las decisiones de las instancias internacionales de supervisión y control de los
Derechos Humanos, como causal para la procedencia para la acción de revisión de las
sentencias firmes absolutorias, las preclusiones de investigaciones y las cesaciones de
procedimientos, en casos de violaciones a los Derechos Humanos o infracciones graves
al derecho internacional humanitario, cuando un pronunciamiento de esas instancias
internacionales haya constatado la existencia del hecho nuevo o de la prueba no
conocida al tiempo de los debates o si no existe un hecho nuevo o una prueba no
conocida al tiempo de los debates, siempre y cuando una decisión judicial interna o una
decisión de una instancia internacional de supervisión y control de los Derechos
Humanos, aceptadas formalmente por el Estado Colombiano, constate un
incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado colombiano de investigar en
forma seria imparcial las mencionadas violaciones.
En tanto, la Corte Suprema de Justicia de Argentina en fecha 1992 constitucionalizó los
tratados sobre derechos humanos; donde en principio había venido sentando el criterio
del carácter vinculante de las interpretaciones de los derechos humanos realizadas por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Suprema Argentina estableció
la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Comisión Interamericana para los tribunales
argentinos, al disponer la revocatoria de sentencias de instancia que no siga la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos.
85
Razón por la cual, en la reforma de la Constitución de Argentina en fecha 22 de Agosto
de 2004, en su primer capítulo: declaraciones, derechos y garantías; consagró en el
artículo 310 lo siguiente:
“esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se
dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras
son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia
estan obligadas a conformarse a ellas…”[On line] Disponible en
http://www.constitution.org/cons/argentin.htm
Cabe acotar; que en la reforma realizada a la Constitución Nacional de Argentina las
normas de derechos humanos constitucionalizadas no derogan artículo alguno de la
primera parte de la Constitución Nacional y deben entenderse como complemento de los
derechos y garantías en ella establecidos.
2.2.1 Elementos básicos para conceptualizar los Derechos Humanos:
Los Derechos Humanos por ser absolutamente inherentes a la condición y respeto de la
dignidad humana tienen protección celosa en todo ordenamiento jurídico. En el caso de
Venezuela la legislación conjuntamente con la estructura de Estado ha dado avances
significativos; en primer lugar la Constitución Nacional de la República Bolivariana de
Venezuela es la primera en el mundo que desarrolla un capítulo en la protección de los
Derechos Humanos Fundamentales, lo que enmarca un modelo de Estado cuya
obligación principal es garantizarle a todos sus habitantes la protección y el ejercicios
de cada uno de sus derechos.
Es por ello que se debe conceptualizar mediante elementos teóricos los Derechos
Humanos dado a su ámbito de protección y de aplicación que se instituye en toda
sociedad (Sánchez, 2000). La concepción más generalizada de los Derechos Humanos,
está vinculada a la perspectiva del Derecho Natural escolático, considerado como
universal, inmutable, justo con base en las inclinaciones naturales de la razón humana,
eterno y con vigencia general en todas partes (Ídem). Ese es el sentido de la
86
Declaración Universal de los Derechos Humanos que concibió unos Derechos iguales
para todos en todos los tiempos y en todas las latitudes.
En consecuencia, los Derechos Humanos son culturales el cual deben estar reconocido
en un Estado de Derecho bajo el compromiso de igualdad y equidad que debe privar en
un modelo de Estado. A raíz de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se
presentó diferencia ante la posición acogida por los Estados entre sí, producto de esa
diversidad de creencias, ideología, cultura, costumbre, algunos suscribieron con
reservas o notas aclaratorias.
Así pues, queda manifestada ante el mundo que cada Estado en cuestión, es dueño de
su libre ejercicio de soberanía, donde las sociedades son heterogéneas, que no son
una, sino muchas; que lejos de ser consensuales, se estructuran jerárquicamente y por
lo tanto expresan relaciones de dominación y sumisión; que la igualdad y
homogeneidad entre los hombres es un mito cuyo objetivo sigue siendo la exclusión y la
condena de los que son diferentes.
Además, la concepción de los derechos humanos fue el resultado de la nueva visión del
hombre libre que se originó con la modernidad europea. Hasta el Renacimiento los
hombres habían nacido y vivido bajo diversas dominaciones en Grecia, Roma y en el
medioevo y ese pertenecer a alguien, había sido el estado natural en que podía
concebirse a los seres humanos. Pero con los grandes descubrimientos del siglo XVI y
la expansión del mercantilismo, se desmoronaron los sistemas feudales de sujeción de
los “siervos” a la tierra, que aseguraban la economía de auto-consumo y se produjo su
migración hacia las ciudades.
Al dispersarse los hombres por Europa y perder los Señores su dominación inmediata,
fue necesario inventar una justificación ideológica que permitiera el control de aquéllos,
a la luz de las nuevas circunstancias. Así, se ideó al hombre libre, pero responsable,
dentro del contrato social, de estar vinculado al aparato productivo (Sánchez, 2000).
De manera que su obligación fue aprender las nuevas formas de producir, para
permanecer ahora, sujeto a la fábrica y controlado por su contraparte, el Estado,
87
constituido por los detentadores del poder económico-político. Pero a su vez el Estado
tenía que regirse por normas de Derecho, de manera que sólo podría hacer lo que
jurídicamente estaba previsto en función de su acuerdo con la voluntad popular. Entre
sus obligaciones se establecen por primera vez los llamados derechos humanos y
garantías fundamentales de las personas, que identificaban el nuevo poder compartido
del Estado Contractual y que contraponía al Estado Absolutista (Ídem).
Lo cual indica, que el tanto el Estado como las personas debían regirse por reglas, que
fueron construyéndose hasta conformar el llamado Estado de Derecho, cuyas
características según Augusto Sánchez deberían ser:
“El respeto de la soberanía popular en la creación de las reglas y de
las normas jurídicas, por las cuales debían regirse quienes ejercían el poder del Estado y los particulares. La división y equilibrio de poderes públicos para que pudieran contenerse y controlarse unos con otros. La responsabilidad de los servidores públicos por violación a las normas de derecho en el ejercicio de sus funciones y, La protección jurídica efectiva de las personas y de sus derechos, respecto a los abusos del poder, realizados por los servidores públicos directamente o a través de otros incitados por aquellos” (Sánchez, 2000: 5).
De tal manera, que surgen dos sujetos en la relación jurídica; en primer término, el Ius
Puniendi ejercido a través de los servidores públicos; y en segundo término las
personas pertenecientes a la sociedad civil. Razón por la cual, los derechos humanos
sólo pueden ser violados por los servidores públicos en ejercicio de un poder que
extralimita a la norma jurídica acordada.
Asimismo, la figura de la soberanía popular de cada Estado que debe ser respetada, las
normas jurídicas también pueden constituirse como instrumento legitimador de la
violencia de los poderosos que controlan el Estado y que por sí, o a través de los
órganos legislativos y de administración del derecho, crean y aplican legislaciones
espurias.
De esta forma, habrá servidores públicos que en ejercicio de esas atribuciones
jurídicas, se escuden en ellas para realizar graves violaciones a los derechos humanos
88
o para gozar de impunidad por normas jurídicas posteriores que los liberan de
responsabilidad, no obstante los principios consagrados en otros instrumentos jurídicos
nacionales o de carácter internacional suscritos y ratificados, que son vinculantes para
los Estados.
Por ello, Sánchez sostiene que el concepto de Derechos Humanos dentro de la
administración del derecho en cualquier Estado debe cumplir una doble función:
“Primero, una función de carácter negativo, que debe expresarse al servir de límite y de contención de la intervención del derecho en general, y del derecho penal en particular. Segundo, una función positiva concerniente a la definición del objeto posible pero no necesario de su tutela, a través del Derecho Administrativo y / o del Derecho Penal. Para lograrlo se hace imperativa una visión histórica y social de los Derechos Humanos vinculados al concepto de necesidades reales relativas a cada sociedad particularmente considerada” (Sánchez, 2000: 5).
Por lo tanto, el Estado debe resguardar en el marco del Estado de Derecho cada una de
las garantías de los ciudadanos; un Estado Democrático y Social de Derecho y de
Justicia tal como lo consagra en su artículo 2 concatenado con el artículo 19 de la
Constitución Nacional que establece la obligación de protegerlo y brindar garantías en
el funcionamiento de los órganos del Estado.
En consecuencia, en el Estado de Derecho moderno las garantías y los derechos
humanos deben constar por escrito con su parte preceptiva y su pena. Deben estar
promulgados de acuerdo a las condiciones y necesidades en que vive cada pueblo, y
deben obedecer a los principios generales de un derecho democrático libertario que
proteja efectivamente a las personas de los abusos del poder, para que puedan exigirse
y haya la infraestructura material y humana para adelantar el procedimiento jurídico
que lleve a la determinación de la responsabilidad de las autoridades por su
transgresión (Sánchez, 2000).
Por otra parte, la conceptualización de los Derechos Humanos se constituye bajo la
89
construcción subjetiva y particular del sistema de gobierno que detenta el poder, el cual
redacta su propio instrumento legal adecuado a los intereses propios de la clase
dominante. Lo cual indica, que la sociedad está condicionada bajo una estructura
vertical, heterogénea sustentada en un sistema de producción desigual. La realidad y la
ley, son una construcción particular, con el suficiente nivel para imponer a los demás su
propia razón, como la única razón para todos (Ídem).
En tal sentido, la creación de las leyes es ejercida por la clase pudiente donde busca
satisfacer sus necesidades propias y no la del colectivo, se centra en un discurso de
corte político y no social con matices excluyente y discriminador que deja meya
producto de la diversidad ideológica donde las minorías son estigmatizada. En
consecuencia, las leyes son el resultado de esa visión vertical que tiene los
detenedores del poder y por ende su ámbito de aplicación se da a la medida que
ejercen su poder.
En este marco de argumentación conceptual sobre la base de los Derechos Humanos,
es necesario recordar lo que en fecha 10 de Diciembre de 1948, la Asamblea General
de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos
Humanos en cuyo preámbulo se manifiesta que es indispensable que los derechos del
hombre estén protegidos por normas jurídicas si se quiere evitar que el hombre sea
obligado a recurrir como última instancia, a la rebelión contra la tiranía y la opresión.
El preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, declara que los pueblos reafirman la
fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y en el valor de la persona
humana, en la igualdad de los derechos de los hombres y de las mujeres y las naciones
grandes y pequeñas; así como, promover el progreso social y elevar el nivel de vida, a
fin de tener una mejor calidad de vida
. De este modo se concluye, que los Derechos Humanos juegan un rol importante en
todo modelo de Estado que están revestidos por los tratados, pactos, convenios y
acuerdos internacionales suscrito por la República Bolivariana de Venezuela; que
intentan desterrar las relaciones de desigualdad que aún existe en la sociedad, esa
sombra oscura que tiene ropaje dentro de sistema de dominación.
90
3. Principios Protectores del Derecho Penal:
3.3.1 Principio de Legalidad:
Es uno de los principios básico que debe imperar en el Derecho Penal, en el cual priva
la coerción penal ejercida por el Estado, a través, de su limitación punitiva en el cual
castiga aquellas conductas expresamente descrita en las leyes penales ante la
consumación del hecho punible.
El filosofo alemán, Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach, estableció en materia de
derecho penal en base a la máxima Nullum crimen, Nulla Poena Sine Praevia Lege, es
decir, ningún delito, ninguna pena sin ley previa, para que una conducta sea calificada
como delito debe ser descrita de tal manera con anterioridad a la realización de esa
conducta, y el castigo impuesto debe estar especificado también de manera previa por
la ley.
En relación a los elementos que integran el principio de legalidad, es de resaltar la parte
formal entendida como la reserva absoluta y sustancial de la propia ley, en el cual se
debe regular una ley desde el ámbito penal, los delitos y las penas, en consecuencia,
no se puede dejar a otras disposiciones normativas el alcance, contenido y regulación
de las conductas que son calificadas como delito en la ley penal.
En cuanto a la parte material se refiere a la precisión, claridad y adecuación de la ley
respecto a la conducta que se castiga, es decir, no está sujeta a ambigüedades,
analogía, al derecho consuetudinario, ni a la retroactividad de la ley salvo que sea
favorable al reo.
3.3.2 Principio de Humanidad de las Penas:
Al afirmar la dignidad humana como uno de los fundamentos consagrado en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no se admite la inclusión en
derecho de penas de carácter perpetuo, de trabajos forzados, de destierro, penas de
muerte, y cualquier otra de naturaleza cruel o inhumanas, asegurando a los
91
condenados el respeto a la integridad física, psíquica y moral; al determinar que la
pena sea cumplida en distintos establecimientos conforme al delito, la edad y el sexo
del condenado. En el marco de la ejecución predomina el principio de respeto y
protección de todos los derechos no alcanzados por la sentencia o la Ley.
3.3.3 Principio de la Anterioridad de la Ley Penal:
Las declaraciones de Derecho del final del siglo XVIII fueron impregnadas por las ideas
iusnaturalistas que indican la preeminencia de las garantías de libertad, seguridad y
justicia, del objetivo del bien común, de la protección de la propiedad y de la resistencia
a la opresión, referidos a los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre.
Este principio se constituye como garantía natural a favor de los individuos respecto al
delito y la pena, absortos de valores humanos, y el aspecto político-institucional debe
considerar la eficacia del Estado legislador, que prohíbe el ejercicio del poder punitivo
cuando no haya ley previa que exprese la admonición de la pena.
3.3.4 Principio de la Taxatividad de la Norma Incriminadora:
El aforismo “Nullum crimen nulla poena sine lege stricta” es uno de las inferencias
lógicas del principio de anterioridad de la ley penal, desempeña una función pedagógica
y motiva el comportamiento humano siendo accesible a todos al exigir una ley precisa,
cierta y clara de los tipos ilícitos, restringiendo la elaboración de los tipos abiertos que
causan inseguridad jurídica. Éste preside la formulación técnica de la ley penal e indica
el deber del legislador para redactar la norma determinando tipos legales taxativamente,
oponiéndose enérgicamente a los tipos penales abiertos que permitan los excesos en la
previsión de normas, porque el injusto cerrado contiene las características que
determinan el injusto. La tipicidad depende del reconocimiento, hecho por el juez, de la
conducta (acción u omisión) que infringió los deberes objetivos impuestos a la
diversidad de formas de actividad humana.
3.3.5 Principio de la Aplicación de la Ley más Favorable:
Su establecimiento presupone la mayor benignidad que puede originarse mediante el
92
criterio de combinación de leyes, reconociendo en cada una la parte más benéfica que
produce al hacer efectivo un proceso de integración. La retroactividad de la ley más
favorable es un derecho y garantía individual consagrados constitucional y
sustantivamente justificando su aplicación en cualquier circunstancia o fase del proceso,
en virtud que nadie puede ser punido por un hecho no considerado delito en una ley
posterior, cesando su ejecución y los efectos penales de la sentencia condenatoria,
inclusive respecto de hechos ya decididos con sentencia firme.
Sin embargo, una de las consecuencias naturales de éste es la prohibición de leyes
con efecto retroactivo resguardada en el principio de Irretroactividad de la Ley más
grave disponiendo que las penas establecidas o agravadas en la ley nueva no se
aplican a hechos anteriores.
3.3.6 Principio de la Protección de los Bienes Jurídicos:
Se refiere a las exigencias de un Estado democrático de Derecho, en donde se
compone el amplio repertorio de los hechos ilícitos determinados con la relación de
causalidad entre la conducta humana y el evento típico, afirmando la existencia del
delito al depender del resultado dañoso o un peligro de daño a un bien, individual o
colectivo, tutelado por el Derecho Penal.
El sistema constitucional y penal Venezolano consagra el derecho penal del hecho
típico, antijurídico, culpable y punible, señalando que la acción del sujeto que comete el
hecho es requisito sine quanon del delito y presupuesto de la pena. Por tal razón que si
no está la presencia del hecho no hay delito, por ende, sin la conducta no existe la
pena.
3.3.7 Principio de Culpabilidad:
El aforismo nulla poena sine culpa constituye uno de los pilares de la estructura del
sistema de Derecho Penal, siendo indispensable para fijar judicialmente la pena
conforme sea necesario y suficiente para la reprobación y prevención del delito,
93
distinguiendo entre sujetos imputables e inimputables. Para el sistema penal
venezolano la culpabilidad, como dirección de indagación obligatoria del Fiscal del
Ministerio Público, por ser el titular de la acción penal a fin de definir el grado de
participación del hecho punible y así fijar la pena, es la base fundamental para elegir la
naturaleza, cantidad y sustitución de la pena.
3.3.8 Principio de la Proporcionalidad de la Pena: Es una exigencia de doble sentido, debido que por un lado traduce el interés de la
sociedad en imponer medidas penales necesarias y suficientes para la reprobación y
prevención del delito; por otro lado, se debe garantizar al condenado el derecho de no
sufrir una punición que exceda el límite del mal causado por el hecho punible, es decir,
que la sanción penal debe ser en proporción al hecho punible. La exigencia de
seguridad jurídica impone un límite para la reacción penal, con fundamento en la
racional proporción entre la cantidad del injusto, y de la culpabilidad con la cantidad de
la pena; es decir, debe buscar la justa medida de la retribución que constituye la idea
central del Derecho Penal.
3.3.9 Principio de la Individualización de la Pena:
El término individualización se dice respecto a la persona física, es decir, cada ser
humano en relación a su especie dentro de la naturaleza, que actúa tanto como sujeto
activo como pasivo (víctima) de las infracciones. El ilícito penal nace de la conducta
humana cuando el evento típico es producido en concurso, eventual o necesario, de
dos o más personas; en consecuencia, la sanción penal no puede aplicarse o
ejecutarse contra quien no sea el autor o partícipe del hecho punible, en razón de ello,
la pena o la medida de seguridad no pueden ser impuestas y ni cumplidas por el tercero
que no presta su cooperación para la realización de una infracción.
3.3.10 Principio de la Intervención Mínima:
Existen dos grandes tendencias ideológicas que disputan preferencias de los
estudiosos de la teoría y de la práctica de las ciencias penales, la primera es el
94
movimiento de ley y de orden expresado en el discurso político del delito, caracterizado
por la denuncia de la suspensión de pagos de las instancias formales de prevención y
represión y por el usufructo del poder político y de comunicación de masa; la segunda,
es representada por el movimiento abolicionista del sistema penal.
No obstante, existe una vía intermedia conocida como el movimiento del Derecho Penal
mínimo que propone la utilización restringida del sistema penal en la lucha contra el
delito; según la doctrina y la jurisprudencia el Estado sólo debe recurrir a la pena
cuando no haya, en el ordenamiento positivo, medios adecuados para prevenir y
reprimir el ilícito, asimismo la compatibilidad entre la letra y el espíritu de las leyes
fundamentales internas y las declaraciones internacionales constituye exigencia de una
orden jurídica universal.
En Venezuela, si bien es cierto no está formalmente instituido el Derecho Penal mínimo
dentro del marco legal, no es menos cierto, que su esencia está diseminada dentro de
los postulados constitucionales la vertiente garantista dentro del sistema penal. Esto
significa un avance en el marco de una política penal alternativa, a los fines de darle
una verdadera funcionalidad a la pena. Sustentado en la búsqueda de una
recodificación de la pena con el fin de dar una mayor seguridad jurídica, teniendo
presente los Derechos Humanos como fin de la acción ejercida por el Estado (Ferrajoli,
1997).
Se concluye, que todo estos principios protectores del Derecho Penal tienen un valor
fundamental para la aplicación de una política criminal coherente y precisa que debe
aplicar el Estado Venezolano para la transformación del sistema penal; en tal sentido,
en los delitos contra las personas debe existir una intervención punitiva cuando existan
violaciones de derechos fundamentales que son inevitables, dentro de una política
integral de protección de los derechos (Baratta, 1986).
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96
CAPÍTULO IV
POLÍTICA CRIMINAL
1. Dimensión y Propuesta:
En el estudio de la política criminal es menester tener presente conceptos básicos como
el Derecho Penal y el Derecho Procesal Penal, entre los cuales existe una estrecha
relación que determina la estructura del sistema penal, entendido a éste como el
conjunto de instituciones vinculadas con el ejercicio de la coerción penal. Visto así, el
Derecho Penal y el Derecho Procesal Penal son corresponsables de la configuración de
la política criminal que acoge nuestra sociedad (Binder, 1999).
El positivismo, como teoría jurídica, destierra del ámbito jurídico las dimensiones de lo
social y de lo político, postura que sirve de base a esa oposición entre el Derecho Penal
y la política criminal. La más reciente doctrina considera que la vía más acertada es el
dejar permitir que las decisiones valorativas político criminal en el Derecho Penal. La
política criminal y el Derecho Penal vienen a constituir una realización de la misión que
tiene planteada el ordenamiento jurídico vigente, siempre en la búsqueda de soluciones
socialmente más flexibles y más justas de las situaciones conflictivas, cuestión que
también redunda en la capacidad de funcionamiento del sistema penal en su conjunto.
Por otra parte, al decir política criminal debe pensarse que no existe sociedad sin
política, porque no existe una sociedad sin poder y sin comunidad o conflicto de
intereses, siendo entonces la política el mecanismo regulador del consenso o disenso
social. Como toda política es, a la vez, una forma de organización de la vida social
basada en la atribución del poder que determina el reparto de bienes, garantiza las
instituciones en sentido amplio como: la familia, la escuela, la iglesia, entre otros, y, a la
vez propone valores; es una acción, una estrategia, un movimiento para alcanzar algún
objetivo.
Así, cuando la política utiliza la fuerza desde el poder institucionalizado (Estado) y se
canaliza a través de ciertas formas culturales (penas), se habla de coerción penal. De
97
allí que la política criminal se define como “el conjunto de decisiones relativas a los
instrumentos, reglas, estrategias y objetivos que regulan la coerción penal. Y forma
parte del conjunto de la actividad política de una sociedad” (Binder, 1999: 45). En tal
sentido, el conjunto de decisiones que debe estar inmersa en toda política criminal
representa una manifestación de voluntad ejercida por los actores sociales y por ende
su contenido valorativo resulta insoslayable, aun cuando posean formas técnicas
relativas al uso de los instrumentos de coerción penal.
Cabe destacar, que los elementos del delito deben verse desde la perspectiva de la
política criminal. La situación política criminal está profundamente vinculada con el
contenido propio de la teoría general del delito; en donde debe existir una relación entre
el valor jurídico y la finalidad de la política criminal que debe interactuar en el Derecho
Penal (Roxin, 1972). Es por ello, que en todo sistema penal se debe evaluar cada uno
de los factores que inciden en la consumación de un hecho punible y, a la vez, precisar
los efectos de la política criminal que implementa el Estado, con el propósito de
determinar la prevención y control del delito.
El alcance de la política criminal en el ejercicio y desarrollo del Código Penal
Venezolano, es una definición limitativa y estructuralista de la política criminal,
entendida como “el conjunto de métodos represivos con los que el Estado reacciona
contra el crimen” (Delmas-Marty, 1986: 19); perspectiva que se ha ampliado
progresivamente para dar paso a la necesidad de incluir dentro de la política criminal
tanto los problemas de prevención como el sistema represivo. En este sentido, se
propone conceptualizarla como el “conjunto de métodos con los que el cuerpo social
organiza las respuestas al fenómeno criminal” (Idem).
Se puede decir que existe la corresponsabilidad o cooperatividad de las normas
penales y procesales en el desarrollo de la política criminal, es decir, que ambas ramas
del orden jurídico regulan en conjunto el poder punitivo del Estado (Binder, 1999). No
obstante, en el interior de cada Estado intervienen diferentes sujetos sociales,
relaciones de poder y direcciones hegemónicas que determinan la tendencia política
valorativa imperante, y así se sucederán diversas etapas históricas en la política
98
criminal de ese Estado. Las normas penales y procesales penales son subsistemas que
conforman el “sistema penal”, y por ello no pueden analizarse sino de modo conjunto,
basado en la idea de un todo global, ya que en su funcionamiento real actúan
estrechamente interrelacionados. Esa interpretación y ese método jurídico deben estar
necesariamente referidos a un mismo fenómeno que es la política criminal.
Esto significa que todo sistema penal tiene como referencia una determinada política
criminal, por lo tanto sus subsistemas deben ser coherentes entre sí y con esta política,
de tal manera que la política criminal “es la que va a plantear los grandes objetivos de
todo el sistema y cada uno de los subsistemas debe ser coherente con la preservación
de esos objetivos” (Ibídem, 27). Además, esto lleva a la necesaria coherencia
intrasistémica, es decir, el derecho penal y el derecho procesal penal deben ser
compatibles entre sí y cada uno internamente.
Es de resaltar, que Franz Von Liszt es el primero en señalar la política criminal como
disciplina autónoma del Derecho Penal, constituyéndose como:
“el conjunto sistemático de los principios fundados en la investigación científica de las causas del delito y de los efectos de la pena, según los cuales el Estado ha de llevar a cabo la lucha contra el delito por medio la pena y de las instituciones con ella relacionadas” (Von Liszt, 1905:292).
En el entendido del precitado autor es fundamental la criminología cuya disciplina es la
encargada de buscar mediante investigaciones empíricas de objetos seleccionados por
el Derecho Penal para ser utilizadas por la política criminal, donde la criminología no
podía hacer juicios de valor, en tanto que si lo podía hacer la política criminal.
Igualmente, la incuestionable barrera que él precitado autor señalaba que existía en el
Derecho Penal de la política criminal, por cuanto la política criminal tiene un método que
se adecua más en el sentido social, en tanto que el Derecho Penal se inclina al valor
jurídico, es decir, que debe corresponder a la función liberal del Estado de Derecho en
donde se garantice la igualdad en la aplicación del Derecho y la libertad frente al ataque
del Estado.
99
En tal razón, la ejecución de un tipo de política criminal, necesariamente ha de
responder no sólo al conjunto de factores que la componen y viceversa, sino, que
además, ha de responder a la Forma de Gobierno, y en especial, a las Formas de
Estado existente, con el fin de consolidar la implementación y ejecución.
Ante esta situación real, es menester abordar los distintos modelos de Estado, en su
base teórica, con el propósito de adecuar la Política Criminal planteada al modelo de
Estado.
2.- Modelos Estatales:
Asegurar la cohesión y supervivencia de la sociedad en relación a la seguridad y
bienestar social de los ciudadanos, es uno de los objetivos principales de la política
criminal dentro del ordenamiento jurídico penal, en virtud del cual se desarrollan los
distintos modelos de intervención estatal de conformidad a la diversidad ideológica.
Asimismo, la visión de: la libertad, igualdad y autoridad han configurado los diferentes
modelos de política criminal.
En tal sentido, (Delmas-Marty, 1986) ha clasificado los grandes modelos de política
criminal teniendo como base las corrientes ideológicas predominantes, que se
describen a continuación:
2.2.1- Modelo Liberal:
La corriente ideológica liberal, que se remonta a finales de la Edad Media y se
fundamenta en las conquistas renacentistas de la razón, la naturaleza, el individuo y la
propiedad, adquiere su verdadera importancia refiriéndola a la libertad. La libertad es la
que da al hombre su cualidad de ser humano, y aunque viene a ser un estado natural
de la humanidad, también implica la búsqueda de la Ley, con lo cual surge así el
principio de legalidad. De esta manera lo entendieron eminentes teóricos e historiadores
como Rousseau, Montesquieu, Beccaria y Hegel, quienes le dieron al principio de
legalidad un lugar central, de tal forma que para la política criminal significa el
100
predominio de la ley como garantía de la libertad.
El principio de legalidad sufre ciertos ajustes a lo largo de su evolución histórica.
Primeramente, se entiende que la Ley ya no es sólo una declaración de derechos del
hombre y del ciudadano que reconoce la supremacía del individuo, puesto que con el
surgir de los Estados modernos la sociedad comienza a afirmar su propio valor. Es por
ello, que el principio liberal de un Estado de Derecho sometido a la Ley se recoge en
numerosos textos constitucionales, por el cual, como ejemplo, la creación de las penas
privativas de libertad está reservada exclusivamente al legislador. Asimismo, las
concepciones liberales son objeto de críticas muy intensas que, en nombre del valor
igualdad – opuesto al de libertad –, se desarrolla desde el siglo XIX con la corriente
igualitaria.
La ideología liberal inspira el modelo liberal o del Estado Social Liberal, al que
corresponde la dominación legal: la ley define la infracción y justifica la reacción social
frente a ella, pero ante la imposibilidad de definir la desviación, no se autoriza la
intervención del Estado en este ámbito, que queda reservado a la sociedad civil.
Resulta pertinente aclarar ciertos conceptos operativos dentro del sistema modélico
propuesto por Delmas-Marty, como el caso de la distinción entre infracción y desviación,
que da lugar a la discontinuidad de la presión social sobre el individuo. Igualmente,
cuando ocurre la limitación de la intervención estatal sólo al campo de la infracción, hay
una disminución de la intensidad de la presión social. Estas distinciones sirven para
delimitar las características particulares de cada modelo de política criminal.
En el modelo liberal, la respuesta estatal a la infracción constituye el objeto de los
procesos de derivación lineal que determinan la aparición de las siguientes variantes
alternativas: penal, administrativa, civil y de mediación, y sobre ellas “se insertan las
relaciones complementarias a las instancias estatales (legislativa, judicial, ejecutiva) o
sociales (delincuente, víctima, grupo social)” (Delmas-Marty, 1986:61).
En lo que respecta a la variante penal, se busca ir más allá del estudio jurídico, en el
cual tenga un efecto transcendental del cuerpo legal y constitucional, donde pueda
intervenir las relaciones complementarias para ayudar a atravesar el sistema penal,
101
mostrando sus relaciones con las demás instancias estatales y sociales.
La relación con las demás instancias estatales están caracterizadas por sus funciones:
legislativa, judicial y ejecutiva, siendo esta variante penal muy compleja y diversificada.
En lo referido a la instancias legislativas, que es expresión de la sumisión del sistema
penal a la ley, desarrolla su función ya en la fase de la iniciación del proceso, pero
afecta sobre todo a la situación del juez penal frente a la ley y determina los elementos
legalistas de una política criminal representada por la familia romano-germánica y, tras
cierta evolución, por la mayor parte de los derechos penales de los países socialistas
(Idem).
Respecto a la instancia judicial surge de la ideología liberal o del Estado de Derecho,
identificados por la protección del individuo por la Ley frente a la arbitrariedad estatal.
Finalmente, la instancia ejecutiva, que en sí misma es una instancia compleja, dado que
determina modelos distintos, según se trate de la relación o interacción con la policía,
con la administración económica y financiera, con la administración penitenciaria o con
instancias médico-sociales.
En esa línea, la relación con la policía, la existencia de un verdadero poder autónomo
de la policía no aparece en el Derecho Penal más que con los modelos autoritarios o
totalitarios; en el modelo liberal, la policía es un auxiliar del sistema penal. La relación
del sistema penal con la administración económica y financiera, como segunda forma
de relación con las instancias ejecutivas, determina la aparición de una rama
administrativa desde el momento en que se reconoce a la administración un papel
fundamental dentro del sistema penal. La relación del sistema penal con las instancias
médico-sociales, última relación con las instancias ejecutivas, se caracteriza por la
posibilidad, para el juez penal, de reemplazar la sanción por un tratamiento médico-
social (Delmas-Marty, 1986).
Cabe destacar, que la relación con la instancia social, se dirige al grupo social mismo y
a las personas directamente afectadas por la infracción, víctima y delincuente. La
interacción con el grupo social, surge y se desarrolla en la medida en que el grupo
102
social se aproxima al sistema penal (rama penal de integración social). La relación entre
el sistema penal y la víctima expresa la idea de participación de ésta (ser parte del
proceso y obtener el resarcimiento o indemnización), pero también supone la
producción de ciertas consecuencias (ayuda inmediata a la víctima o compensación);
en su defecto, el sistema penal sigue únicamente su vocación primera de sistema
retributivo dirigido a reprimir la infracción.
En ese sentido, la relación del sistema penal con el delincuente resulta ser la más
completa y a la vez la más oscura. La relación puede explicarse a través de una
concepción retributiva, por la cual se obliga al autor a pagar o rembolsar la infracción
por medio de la pena; en la perspectiva utilitaria, se busca castigar para impedir al autor
del delito que siga perjudicando a la sociedad; pero más recientemente se ha pensado
en el carácter consensual del sistema, haciendo partícipe al criminal en la respuesta
social (Delmas-Marty, 1986).
La variante administrativa, que se limita a la respuesta frente a la infracción, derivada de
la relación fundamental entre infracción y respuesta estatal, implica que más allá de una
simple colaboración con el sistema penal (rama administrativa de la variante penal), la
administración va a gozar de competencia para aplicar sus propias sanciones al
infractor, pero siempre bajo el principio de la legalidad.
En relación con otras instancias estatales, la variante administrativa es de poca
intensidad. Se mantiene la relación con la Ley, en cuanto a la definición de la infracción.
En cuanto a la relación con las otras instancias judiciales, es también débil, en razón de
que las normas cuya violación viene sancionada según la variante administrativa, se
imponen a personas consideradas no ya como miembros de la sociedad, sino como
incluidas en el grupo de las instituciones administrativas. En general, mantiene una gran
autonomía respecto de las demás instancias estatales (judiciales, ejecutivas y
legislativas), lo cual comporta un campo y unas formas de intervención más libres y, en
consecuencia, una política criminal más flexible, pero en riesgo para la defensa y un
retroceso de la libertades.
103
En tanto, la relación con las instancias sociales se presenta con ciertas matizaciones.
En principio, se constata la ausencia de relaciones con la víctima, cuyos intereses no
son tenidos en cuenta. Por su parte, el grupo social se encuentra excluido de cualquier
participación en la ejecución de la sanción administrativa, mientras que en la relación
con el delincuente, se le hace partícipe voluntario en la medida tomada, especialmente
a través del juego de las transacciones negociadas directamente. Sin embargo, esto
significa que el infractor se verá más fácilmente sometido a la presión de la
administración, por la inexistencia de controles externos y por la eventual amenaza de
remitir el asunto al sistema penal.
La variante civil, puede funcionar según la regulación ordinaria de los procedimientos de
responsabilidad civil, pero también aparece bajo formas específicas (indemnización del
Estado), de tal manera que es preciso calibrar su dimensión real a través de las
relaciones complementarias.
En consecuencia, esta relación con las otras instancias estatales es, en conjunto, de
escasa intensidad. La relación con la Ley es más flexible, debido a que el criterio de
referencia de la responsabilidad civil es mucho más amplio que el de la penal.
En cuanto a la relación con las instancias ejecutivas, resulta prácticamente inexistente,
ya se trate de la administración económica y financiera, de la penitenciaria, de las
instancias médico-sociales o de la policía.
En cuanto a la instancia judicial tiene una intensidad considerable, dado que los
órganos judiciales son competentes tanto en el proceso por responsabilidad civil como
en el de indemnización por daños.
La relación con las instancias sociales es también intensa. En primer lugar, porque la
relación con la víctima constituye el requisito indispensable de toda acción civil ante los
tribunales, lo que excluye a la variante civil de los casos en que la infracción no haya
perjudicado a una víctima individualizada. La víctima es aquí parte principal,
demandante en el proceso y, en consecuencia, juega el papel motor en la aplicación de
104
la respuesta a la infracción. En segundo lugar la relación con el delincuente parece
tener una consistencia fuerte, en la medida en que las dos partes disponen
jurídicamente de los mismos medios para hacer valer su punto de vista. En
contravención a la relación con el grupo social que es casi inexistente.
La variante de mediación, supone que entre las partes que se enfrentan interviene
siempre un tercero, destinado a poner de acuerdo, a conciliar o a reconciliar a las
personas. En la concepción actual, no desempeña papel alguno en lo tocante a la
política criminal. Su relación con otras instancias estatales se presenta de modo muy
semejante al de la variante civil, y en cuanto a la relación con la instancias social, se
manifiesta un modo distinto según se trate bien de un arbitraje o de una conciliación,
que son los dos principales mecanismos de la mediación.
2.2.2.- Modelo Autoritario:
Para la corriente autoritaria, la noción de autoridad se convierte en valor desde el
momento en que se encarna en la persona del jefe, figura a la cual se subordinan los
otros valores de libertad y de igualdad. El principio de autoridad puede estar al servicio
de una voluntad de poder el cual es el poder de la nación, con el llamado fascismo,
forma exacerbada de nacionalismo que afirma la preeminencia del Estado aún por
encima del Derecho, haciendo prevalecer su autoridad sobre los derechos y las
libertades de las personas, integradas y sometidas a la colectividad y a la estructura de
la nación.
También, la autoridad puede estar al servicio del poder de la religión, el integrismo, que
igualmente considera a la autoridad de la nación como poder supremo. Por ejemplo en
el sistema musulmán, la religión no sólo se sitúa por encima del Derecho, sino que lo
engendra, dejando al jefe religioso como la autoridad suprema que reúne todos los
poderes, si bien recoge una mayor protección de la libertad y la igualdad. La corriente
autoritaria, fascismo o integrismo, implica en política criminal “una tendencia a reforzar
el control del Estado ante las respuestas al fenómeno criminal, en general, con un
reforzamiento paralelo de los poderes de policía… Correlativamente, se acrecienta la
105
severidad de las sanciones” (Delmas-Marty, 1986: 36), y en general, significa una
ampliación del ámbito de intervención del Estado incluso hasta la esfera personal del
ciudadano.
El modelo autoritario se caracteriza por subordinar de manera total los principios de
libertad y de igualdad al principio de autoridad, por lo tanto, “el alcance de la política
criminal, prácticamente, no tiene límites” (Binder; 1997: 35) y las decisiones sobre el
crimen están sujetas a la voluntad omnipotente del Estado y del poder. El sistema de
política criminal es puramente estatal, ya que tanto desviación como infracción,
conceptos que admiten siempre una distinción, dan lugar a una respuesta estatal
dominante, aunque de presión discontinua.
El modelo Estado autoritario tiene la cualidad de penetrar todos los ámbitos en los que
ocurre el desenvolvimiento humano: la política, la sociedad, la economía, las
costumbres, las formas de expresión cultural incluso, pues se reserva la función de
vigilar y castigar, tendiendo progresivamente, “mediante un deslizamiento furtivo, a
suplantar al modelo liberal en el mundo de hoy” (Delmas-Marty; 1986: 97), esto a través
de la intervención en ciertos sectores de desviación, según la pauta del modelo
autoritario.
En su estructura fundamental, se distingue del modelo liberal por la existencia de una
respuesta estatal a la desviación. Teniendo en cuenta que si en principio, la infracción
es distinta de la desviación, y por lo tanto queda circunscrita a un espacio de control
discontinuo, el Estado se ofrece a sí mismo los medios de restringir la libertad permitida
con la excusa de una desviación, imposible de delimitar y que puede servirle de
pretexto para intervenciones autoritarias. El carácter autoritario del modelo comprende
además, la modificación de la respuesta a la infracción. El estudio de sus características
viene dado por el análisis de las respuestas del Estado a la desviación y a la infracción.
La respuesta estatal a la desviación, resulta de analizar cómo se enfrenta el Estado a
las desviaciones que se definen por contraposición a la norma social. Sobre esto
aparecen en juego numerosas variantes alternativas, dependiendo de que el control
106
esté asegurado por las instancias médico-sociales, por los órganos judiciales o por la
policía. En estas variantes puede prevalecer la exclusión, la integración, y lo más
frecuente es que concurran una y otra, variando en las proporciones (Delmas-Marty,
1986:61).
Su variante médico-social es la más difundida y la más variada, ya que en ella se
encuentran estrechamente asociadas estrategias de internamiento y estrategias de
integración, orientadas generalmente a la misma categoría de desviados: enfermos
mentales y menores. El control social de los enfermos mentales suele ser ordenado por
la autoridad administrativa, y sólo excepcionalmente por un juez. Igualmente, el control
social de los menores se ejerce esencialmente por un instituto administrativo, y sólo en
caso de responsabilidad penal se recurre al juez respectivo. En ambos casos se recurre
a la estrategia tradicional de exclusión mediante internamiento, aunque se desarrolla
una estrategia nueva, tendente a la integración, que parte de formas de intervención
más flexibles y menos burocráticas. En lo judicial, según la cual la respuesta a la
desviación nace de una decisión de la autoridad judicial, concierne básicamente a dos
categorías en las que no es fácil distinguir entre desviación e infracción.
En lo policial puede manifestarse a través de la represión, y se dirige indistintamente a
la infracción o a la desviación, sobre todo en el caso de los jóvenes. Sus
manifestaciones esenciales tienen una base coercitiva – estrategia de exclusión – que
implica el poder de interrogar, arrestar e internar. La variante policial bajo tutela judicial
aparece en diversos casos, como los controles de identidad, y las calificaciones de
desviación cuando un comportamiento parece amenazar al orden público. La variante
policial autónoma, es decir, que no está sometida a la autoridad judicial, es la que
ofrece mayores amenazas a la libertad y que corresponde mayormente a Estados
sometidos a dictaduras militares. Ocurre en ello un fenómeno de superposición, pues
aún permaneciendo en vigencia un régimen formalmente liberal, los poderes policiales
están ampliamente reforzados, en la misma medida en que retroceden los poderes del
juez.
La respuesta estatal a la infracción, comporta diversas variantes: alternativas y
107
complementarias, a las que se ha hecho mención anteriormente; no obstante, aparecen
ciertas particularidades que tanto pueden consistir en la inflexión de relaciones
comunes al modelo liberal y al modelo autoritario, como en la aparición de relaciones
nuevas propias de éste último modelo.
Las relaciones comunes a los modelos liberal y autoritario son las relaciones
alternativas que determinan las variantes penal, administrativa y de mediación, ya
descritas. Además, la naturaleza autoritaria impone relaciones complementarias, según
modalidades, cuyas particularidades se afirman sobre todo, en la variante penal y la
administrativa.
En la variante penal, la relación con la policía se encuentra reforzada, en tanto que las
otras relaciones complementarias aparecen con las mismas variantes, ya se trate de
relaciones con las instancias estatales o con las sociales. El modelo autoritario puede
presentar una variante penal de integración social que incorpora al grupo social a la
justicia penal, con la diferencia, respecto del modelo liberal que el grupo social se
manifiesta bajo el control del Estado o del partido.
En cuanto a la variante administrativa, la transformación se consuma y el modelo se
hace plenamente autoritario desde el momento en que la variante administrativa es
susceptible de poner en peligro la libertad de las personas, son sanciones
administrativas.
La relación específica del modelo autoritario es una relación alternativa vinculada a la
aparición de un sistema de excepción que conduce a la duplicación de la política
criminal oficial: un segundo sistema se sobrepone entonces al penal ordinario, sin que
sea abrogado. Si en principio este sistema penal de excepción ofrece ciertas garantías,
derivadas de sus relaciones con las instancias legislativas y judiciales, “en los casos de
estado de sitio o de urgencia crece su autonomía y las garantías quedan reducidas”
(Delmas-Marty; 1986, 108). Así, se tiene un sistema penal de excepción, bajo garantía
legal y judicial, y un sistema penal de excepción en razón del estado de sitio.
108
2.2.3 Modelo Totalitario:
Una de las corrientes ideológicas que inspira al modelo totalitario es la corriente
igualitaria, aunque casi cualquier ideología puede generar este modelo desde el
momento que el Estado pretenda unificarlo todo bajo su estructura. La corriente
igualitaria se fundamenta en una crítica al liberalismo y a la desigualdad que éste
genera, pues aunque tiene el mérito de mantener una democracia formal (garantizada
por el principio de legalidad, por el Estado de Derecho y la Constitución), fracasa en la
instauración de una democracia real o material (Delmas-Marty, 1986). A partir de esta
crítica, la corriente igualitaria se divide en dos ramas divergentes que inspiran una
política criminal diferente según asocien la igualdad a la libertad o la igualdad a la
autoridad.
De aquí resultan el movimiento libertario o anarquista y la tendencia autoritaria surgida
del marxismo. El anarquismo pretende establecer un régimen de libertad ilimitada,
sobre la base de reconocer la igualdad total, de lo que deriva la necesidad de suprimir
el Estado y en materia de política criminal surgen las manifestaciones terroristas, la
desmitificación de las llamadas conductas desviadas y la autogestión de las
situaciones-conflicto por el propio grupo social.
La tendencia autoritaria engendrada por el marxismo también persigue la abolición del
Estado, pero se encuentra menos preocupada por la libertad individual que por la
igualdad. Los juristas marxistas proclaman el deterioro del Derecho, junto con su
independencia absoluta del Estado y respecto de la política criminal, denuncian el
predominio de la clase burguesa por el sistema penal, (oprimiendo a las clases
explotadas), proponiendo el control autoritario sobre el conjunto de respuestas al
fenómeno criminal.
El modelo Estado totalitario pretende englobar todos los comportamientos de rechazo
de las normas, anulando la distinción entre infracción y desviación para imponer un
único modo de pensamiento y de acción, hasta el punto que los seres humanos puedan
confundirse en un cuerpo único perfectamente homogéneo. Cuando un Estado se fija
109
tal programa, el modelo de política criminal se transforma en totalitario, cualquiera que
sea la ideología que le inspira. Por ejemplo, la corriente autoritaria, llevada por la
voluntad de poder de la nación o de la religión, se encara a los comportamientos de
rechazo y en consecuencia, la desviación quedará asimilada a la verdadera infracción.
La inspiración igualitaria, por el contrario, podrá incitar al Estado a curar a los que
piensan y actúan de modo distinto o manifiestan disconformidad con las normas. El
fenómeno de reducción ocurre cuando la infracción queda diluida en la desviación, que
se ha convertido en el punto de referencia principal.
El modelo totalitario tiene a su vez dos submodelos, el submodelo de Estado justiciero y
el submodelo de Estado terapéutico, caracterizados ambos por confundir infracción y
desviación, aunque será “frecuentemente difícil decidir si una concreta política criminal
es asimilable a una de las dos variantes más que a la otra. Los modelos, que siempre, y
por definición, son aproximativos, lo son especialmente aquí…” (Delmas-Marty, 1986:
112), por cuanto, se trata de dos formas teóricas de concebir una política criminal de
tipo totalitario.
El primer submodelo es el Estado justiciero, donde las relaciones complementarias en
este modelo se desarrollan esencialmente a través de la variante penal, aunque con
cierto particularismo en las relaciones complementarias. La relación con la Ley es
significativa en sí misma, debido a que el Estado, preocupado por asegurar la represión
uniforme de todo comportamiento no conforme a la norma, acoge un instrumento de la
técnica jurídica: la interpretación por analogía.
Puede recurrir a la analogía legal o intra legem, que consiste en resolver una caso
penal no previsto en la ley atendiendo a las disposiciones semejantes y que pueden
aplicarse más allá de su marco normal; también hace uso de la analogía jurídica o
analogía iuris, mucho más extensiva y que es la fuente inspiradora del espíritu general
del sistema represivo, ya que no se basa en una norma próxima o semejante, sino en el
espíritu político, religioso o social que fundamenta el Derecho, creando la incriminación
ausente o la penalidad.
110
Las relaciones con las instancias sociales son igualmente significativas en este modelo
totalitario, en el que el Estado opta por la ruptura con el delincuente (aplicando penas
capitales o castigos corporales), y también excluye a la víctima y al grupo social de la
respuesta propiamente dicha. Sólo se observan leves referencias al grupo social
cuando se realizan ejecuciones públicas o a través de la denuncia o la declaración,
obligatoria en principio.
En segundo lugar, el submodelo Estado terapéutico donde la respuesta estatal se dirige
a la desviación, no a la infracción como tal, y la coerción de la medida de defensa social
tiene la misma naturaleza que el internamiento de un enajenado a un manicomio. La
relación con la Ley es extremadamente débil, ya que la norma muestra una voluntad de
unificar a desviados y delincuentes, aún a costa de la coerción más dura propia del
modelo totalitario de política criminal. Uno de los métodos utilizados comúnmente es la
analogía de la banda elástica, por la que una condena puede ser alargada o acortada
dependiendo de diversos factores no objetivos.
La relación con las instancias sociales es, por el contrario, más intensa, pues aunque la
víctima apenas si aparece, el grupo social está estrechamente vinculado a la alternativa
político criminal, quedando vinculado al proceso y en la puesta en práctica de la
respuesta estatal a la infracción-desviación a través de los comités de conciliación, de
mediación o de seguridad.
2.2.4.- Modelo Garantista:
Es un modelo donde sus bases subyacen en el profundo respeto de los Derechos
Humanos, donde cada uno de los derechos y garantías deben estar plasmado en el
texto constitucional; un modelo que esté comprometido con el efectivo cumplimiento de
los Derechos Humanos. No obstante, para connotados doctrinarios entre ellos Zaffaroni,
considera que el Ius Humanista es aquél que privilegia los derechos del ser humano y
por tanto, los principios de libertad y de igualdad, y además, el principio de participación
(Zaffaroni, citado por Binder, 1997). En tal sentido, Zaffaroni ha denominado modelo Ius
Humanista a aquél que debe sostener una determinada concepción del ser humano y
orientarse a preservarla. Donde la política criminal debe ser desarrollada desde el
111
hombre y para el hombre en concreto, apoyándose y ejecutándose principalmente a
través del Derecho, por ser éste el instrumento privilegiado para la realización de la
política, en especial en lo que respecta al establecimiento de una política criminal
“autolimitada”.
Una política criminal formulada en estos términos debe estar regida por algunos
principios entre ellos el principio de la transparencia, es decir, una política que sea
comprensible para la sociedad en todos sus aspectos procedimentales; el principio de la
no expansividad, por el cual debe estar consciente del beneficio de la reducción de la
política criminal, tendiente siempre a encogerse para dar paso a otro tipo de política.
En esta misma línea, el modelo Ius Humanista debe contener el principio de la
necesaria trascendentalidad del fenómeno criminal, esto es, que no produzca daños
sociales y que tampoco persiga modelar la conciencia moral y los valores de los
ciudadanos; y por último, el principio de la participación, en el sentido de que debe ser
una política abierta al juego de las fuerzas, de tal manera que se configure del modo
más democrático posible.
Finalmente, con base a la valoración de lo expuesto es pertinente acotar que para
lograr la elaboración de la propuesta política criminal para los Delitos contra las
Persona, es clave conocer y analizar cuál es el modelo ideal de política criminal que el
Estado debe utilizar para ejercer por medio del Ius Puniendis la coerción penal a fin de
lograr dentro del Estado Venezolano una política criminal respetuosa a la dignidad
humana donde la aplicación de la pena debe ser la última razón del Derecho Penal, de
corte garantista y progresista.
Igualmente, la pena debe ser inferior, en relación con la existente en el Código Penal
Venezolano y a la vez conforme al tipo penal cometido de los Delitos contra las
Personas, en el cual sólo se aplique una sanción penal cuando el daño causado sea
irreparable. En tal sentido, debe existir mecanismos de sanción penal con base en el
sometimiento de un sistema de asistencia integral; que van desde la protección de los
derechos y garantías constitucionales una vez privado de su libertad, hasta los
112
mecanismos alternativos al cumplimiento de la pena, bien sea trabajo comunitario,
sanción pecuniaria donde el mismo infractor contribuya con su jornada de trabajo
cancelar el daño moral y/o civil ocasionado, entre otros. Para ello, es necesario tener un
equipo interdisciplinario (Abogado, Criminólogo, Psicólogo, Trabajador Social,
Sociólogo, entre otros) que supervise y evalué cada situación que se presenta, que
sirva de modelo para desterrar el método meramente científico que ha venido reinando
en el ordenamiento jurídico venezolano.
3.- Formulación y Diseño de la Política Criminal
3.1 Política Actual:
La política criminal debe entenderse como una actividad circunscrita al ámbito de las
políticas públicas que le corresponde desarrollar a todo Estado, en su acción de
gobierno, para establecer y poner en práctica sus funciones de control social. Elaborar
un modelo político criminal resulta un poco complejo, dado que se requiere diseñar un
programa que permita involucrar a todo los actores que hacen vida en un Estado; en
función de administrar justicia, garantizar los derechos y garantías constitucionales,
ejercer los mecanismos de control y prevención del delito. Todo modelo político criminal
genera reacción por parte de la sociedad; en su mayoría se alimentan de ese sin sabor
que siente al momento de la aplicación de las técnicas y decisiones que ejercen las
instituciones.
Hoy en día, pareciera que existiera una polarización entre las instancias del control
social formal, institución que está al servicio de los órganos del poder, ya sean públicos
o privados, como lo son los entes policiales, los órganos jurisdiccionales, las cárceles y
otros cuyo origen le provee la facultad de poder actuar coactivamente a través del
Estado, quien manifiesta su función represora; y, las instancias del control social
informal que están representadas por las instituciones que no son dirigidas
directamente por el Estado; entre estas instituciones están: la familia, la Escuela, la
sociedad Civil, entre otras
113
Las instancias del control social formal están dirigidas a prevenir y controlar el delito,
mediante la aplicación de sanciones de carácter penal, siendo éste el objetivo primario
del control social. No obstante, existe una desigualdad en la reproducción de la norma y
la clase desposeída, así como, un doble discurso del ser y el hacer de la política
criminal; el cual ha generado una discordancia entre la fundamentación teórica y la
fundamentación operativa. Siendo una de las variables que ha incido en el mal manejo
de las políticas estatales, debido a que la reproducción desmedida de leyes especiales
en materia penal, la reforma parcial del Código Penal acarreo desconcertación en
función a los postulados garantista y humanista de la Constitución dentro del sistema
penal.
Ante esta situación real, se deduce que hay una disparidad entre la ley y la realidad,
más allá de hacer sentir a la sociedad en una plena seguridad jurídica se percibe un
marcado debilitamiento del sistema penal al no crear política criminal acorde y estable
al contexto sociopolítico que se esté desarrollando; solo se evidencia una serie de leyes
especiales con su subtipo penales plagada de peligrosidad; con el supuesto propósito
de contrarrestar el delito.
3.1.1 Inflación Penal:
El modelo de construcción legal por parte del Estado para intentar preservar la paz
social, mediante la aplicación de leyes especiales sólo ha dejado como resultado un
cúmulo de leyes especiales dispersas del Código Penal debilitando a ésta que es la ley
sustantiva del Derecho Penal por excelencia y en consecuencia no debiera este modelo
estar fuera de ella. En la actualidad, ya sobrepasan las 70 leyes especiales
evidenciándose que no hay una política estable y duradera que se adecúe a la realidad
socio política, esta situación deja un sinsabor en el sistema penal porque no resuelve la
problemática y no puede verse desde un punto coyuntural sino estructural.
El abordar un sin fin de leyes especiales en materia penal es dejar entre dicho una serie
de principios y garantías constitucionales que atentan con la estructura política; en
primer término, porque la ley marco debe ser el Código Penal donde estén desarrollada
114
todas y cada una de las conductas sancionadas por el Estado como delito; en segundo
término, porque el desarrollar leyes especiales sólo deja abierto el espacio para que se
fomente leyes con mayor punición.
El legislador pareciera parte de la premisa de que a mayor control mediante leyes ante
el incremento delictual va a socavar o minar el delito. Por el contrario se evidencia que
sólo genera mayor riesgo e inseguridad a la sociedad. Al analizar las estadísticas
oficiales en preferencia a los delitos contra las personas, se observa un incremento
constante de las personas que son víctima de este flagelo, lo cual indica que la solución
no es crear más leyes para contrarrestar el delito, sino crear políticas coherentes de
corte social, educativo, entre otros; para mitigar esta acción mediante programas y
proyectos que se tengan a bien.
Cabe destacar, que la dinámica social hace que el aparato estatal realice cambios o
correctivos que son perfectamente válidos ante la realidad que se presenta. No
obstante, los cambios o transformaciones que se pueda tener a bien en el Código Penal
deben estar enmarcados al contexto soco político que se viva, a fin, de optimizar los
derechos y garantías de los ciudadanos. La codificación de nuevas conductas
tipificadas como delito deben estar incorporadas en el mismo Código Penal para
preservar los fundamentos básicos y no estar sujetos al advenimiento de leyes
especiales que sólo hacen debilitar la ley sustantiva y por ende al sistema penal.
En tal sentido, la idea no es robustecer cuantitativamente el Código Penal mediante la
incorporación de estas leyes especiales en la norma sustantiva, sino racionalizar las
conductas que puedan ser tipificadas como delito y despenalizar las que pueden ser
consideradas hasta temerarias para la sociedad; asimismo, descriminalizar parte de los
tipos penales que están inmersos en el Código Penal que son inútiles.
3.2 Política Alternativa 3.2.1 Descriminalización de ciertos Tipos Penales:
Ante el incremento desmedido de leyes especiales, el colapso de la administración de
115
justicia, la poca eficacia de la política criminal imperante surge con mayor fuerza la
interrogante de cómo hacer política criminal sin recurrir al sistema penal como fin último
del Derecho Penal. Es por ello que cobra mayor fuerza la política alterna con
perspectiva de ser aplicable en corto plazo, que dé un viraje al sistema penal, y a la
vez, siente las bases de un modelo humanista, de profundo sentido de participación
ciudadana que puedan recurrir a otras instancias como, por ejemplo, la jurisdicción civil
como ente regulador del problema en cuestión.
El compromiso de esta propuesta es cada vez mayor y parece ser compleja e inviable
en la actualidad, dado la falta de voluntad de los actores políticos para crear un modelo
alternativo para disminuir el excesivo incremento de los tipos y subtipos penales, que
sea una medida con efectos de concienciar y lograr que la víctima juegue un rol
importante en el proceso que se le resguarden sus derechos a fin de “…evitar así que
pierda dos veces: una, frente al delincuente y, otra, frente al Estado” (Aniyar, 2003:
207).
Que existan los verdaderos mecanismos para garantizar los derechos que se tienen
frente al sistema penal. Significando la más mínima intervención por parte del Estado en
asuntos que le son propios a las partes que el procedimiento sea el más expedito para
que de una forma más sencilla y menos compleja puedan ser resarcido el daño
ocasionado, en el cual tengan a las víctimas en una mayor participación en la activación
del proceso, así como, el reconocimiento y respeto de sus derechos.
En virtud de lo expuesto se hace necesario manifestar que entre los tipos penales que
debieran ser descriminalizados de los Delitos contra las Personas están: las Lesiones-
tipo legal básico-, Lesiones Culposa en cada una de sus presentaciones, Lesiones
Leves, Lesiones Levísimas y la Difamación e Injuria.
Ésta propuesta no puede ni debe ser vista como un modo de impunidad, al contrario
debe ser vista como la máxima representación de los derechos de la víctima y la
responsabilidad que ha de tener aquél que vulnera el derecho del otro. Estas ideas
están sustentadas a lo largo de la presente investigación, por la corriente criminológica,
116
en especial, la de los derechos humanos. En el caso del Homicidio Culposo debe ser
estudiado y analizado antes de ser sometido en principio, a una medida menos gravosa
que la privación judicial privativa de libertad; el mejor modelo de aplicación sería la
suspensión condicional del proceso una vez que se acoja a una de las alternativas del
proceso bien sea acuerdo reparatorio, suspensión condicional del proceso o admisión
de los hechos.
Cabe destacar, que antes que sufriera el Código Orgánico Procesal Penal sus primeras
reforma, ya existían los mecanismos para obtener uno de estos beneficios como medio
alternativo a la prosecución del proceso, como es la figura del acuerdo reparatorio, tal
como, se refleja en sentencia interlocutoria de sobreseimiento por acuerdo reparatorio
por la comisión de Homicidio Culposo y Lesiones Culposas. [On line] Disponible en
http://sucre.tsj.gov.ve/decisiones/2005/noviembre/1211-28-RJ11-P-1999-000030-.html.
No obstante, con la reforma del Código Orgánico Procesal Penal de fecha 14 de
Noviembre de 2001, se restringió esta fórmula alternativa de cumplimiento de la pena y
sólo es aplicable cuando se trate de delitos culposos contra las personas, que no hayan
ocasionado la muerte o afectado de forma permanente y grave la integridad físicas de
las personas.
3.2.2 Uso Alternativo del Derecho Penal:
Al utilizar esta vía como forma de hacer Política Criminal Alternativa se puede
considerar que sería un instrumento de aplicación para aquellos delitos que pueden ser
planteados, sin prevalecer el tecnicismo jurídico y el excesivo formalismo. Se busca que
se garanticen y amplíen las fórmulas alternativas del cumplimiento de la pena fuera del
sistema penitenciario; cuya tendencia sea la sustitución de la sanción penal por una de
carácter civil, salvo aquellos casos que por la grave violación de los derechos humanos
requiera una intervención del derecho penal donde el juez como operador de justicia,
esté en la libertad de aplicar la ley aparejado con la justicia, que su estructura intelectual
equilibre al momento de administrar justicia, la ley y la realidad de los hechos,asimismo,
se le brinde protección a ese sector que se siente desposeído dentro del marco legal.
117
Esta propuesta se recoge del modelo italiano que data de 1975 donde surge por vez
primera una Política Criminal Alternativa ensamblada para proteger y defender ambas
partes en conflictos, bajo los postulados del respeto de los Derechos Humanos. En
búsqueda de la equidad y del bienestar común basado en la ley sin menoscabo de su
condición social (Rosell, 1986).
En Venezuela, existe un precedente marcado en el modelo de aplicación del uso
alternativo del derecho, cuyo protagonista es el Doctor Jorge Rosell Sehnem que en su
carácter de Juez tuvo la oportunidad de llevar esta idea al seno de la administración de
justicia. Su propósito era que los jueces aplicaran la justicia de forma horizontal que no
estuviese sujeto al tecnicismo legal, que observaran dentro de ese marco legal la
verdadera efectividad del derecho. Es de resaltar, que los jueces en cada una de sus
funciones (control, juicio y ejecución) debe tener presente que son jueces
constitucionales porque cada uno de ellos debe velar por la incolumidad de la
Constitución Nacional, así como, el respeto de la dignidad humana con protección a los
derechos que de ella derivan; en fin, democratizar la interpretación de la ley dentro de
un contexto más garantista.
Aunque, en la fase de Ejecución Penal existen mecanismos para poder acceder a
beneficios procesales una vez que haya cumplido una parte de la condena; más sin
embargo, se evidenciaba en el Código Orgánico Procesal Penal, una disparidad entre el
manifiesto del artículo 493 en relación a las limitaciones que existía para poder acceder
a la Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena, de las Fórmulas Alternativas
del Cumplimiento de la Pena y, de la Redención Judicial de la Pena por el Trabajo y el
Estudio, y; el artículo 501 sobre el Trabajo fuera del Establecimiento, Régimen Abierto y
Libertad Condicional; dado que se vulnera el Principio de Igualdad, Progresividad de los
Derechos Humanos, entre otros; establecidos en los artículos 19, 21 y 272
respectivamente de la Constitución Nacional en virtud que el Estado está en el poder.-
deber de crear condiciones necesaria para el buen funcionamiento del sistema penal.
Asimismo, se vulnera el Pacto de San José de Costa Rica en sus artículos 2 y 7
respectivamente; al igual que el artículo 26 del Pacto Internacional sobre Derechos
118
Civiles y Políticos, de aplicabilidad inmediata conforme a lo preceptuado en el artículo
23 de la Constitución Nacional, sin olvidar los artículos 7, 61 y 64 de la Ley de Régimen
Penitenciario.
Es una norma que le da un trato desigual al individuo que ha infringido la ley y que ha
sido sometido a un proceso judicial resultando condenado; donde se le da un trato
diferente, de acuerdo al tipo de delito que ha sido condenado. En contradicción a las
normas que consagran el derecho de todos los penados a ser tratados como iguales, tal
y como lo disponen los artículos 2 y 7 de la Declaración de los Derechos Humanos, el
artículo 26 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y los artículos 19 y
21 del Texto Constitucional donde no se hacen excepciones en cuanto a los derechos
fundamentales que corresponden a todos los venezolanos y que, por lo tanto, se
extiende a los condenados por sentencia firme, y de igual manera se vulnera la igualdad
material, la realización de igualdad de aplicación de la ley.
Conviene destacar, el valor que tiene todo juez de aplicar el control difuso de
constitucionalidad de leyes cuando exista una normativa que va en contravención de los
derechos y/o garantías existentes entre normas legales o sublegales y una o varias
disposiciones constitucionales, en el cual se aplica con preferencia las disposiciones
constitucionales.
Razón por la cual, algunos Jueces en funciones de Ejecución aplicaron el control difuso
de la constitucionalidad de las leyes o normas jurídicas a fin de garantizar la
supremacía de las normas y principios constitucionales, con respecto al artículo 493 del
Código Orgánico Procesal Penal. Tal como se evidencia, en fecha 16 de Junio de 2004,
el Juzgado Segundo en funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área
Metropolitana de Caracas desaplicó, por control difuso de la constitucionalidad, el
contenido del artículo 493 Ejusdem, en relación a la exigencia de cumplir la mitad de la
pena para poder optar a una fórmula alternativa de cumplimiento de pena. Señala
además la sentencia como parte del objeto de revisión, lo siguiente:
“…el ciudadano Antonio José Rodríguez fue condenado a cumplir la pena de quince años de presidio, por la comisión del delito de
119
homicidio calificado, tipificado en el ordinal 1° del artículo 408 del Código Penal, aplicable ratione temporis. Luego de señalar los hechos por los cuales se condenó al ciudadano Antonio José Rodríguez, indicó que el artículo 2 de la Ley de Régimen Penitenciario señala que la pena tiene como objeto la reinserción social del penado, lo cual concuerda con el contenido del cardinal 3 del artículo 10 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como con lo establecido en el artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela…” [On Line] http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Agosto/2705-120805-04-1972.htm. Ver Anexo 4.
Por lo tanto, constituía una violación al artículo 272 de la Constitución Nacional en la
medida que privilegia la reclusión fundada en juicios meramente retributivos e impide
que se fomente en el penado el respeto, asimismo, los conceptos tanto de
responsabilidad como de convivencia social y la voluntad de vivir conforme a la Ley,
cometidos del tratamiento progresivo individualizado. En consecuencia, se aplica con
preferencia el artículo 272 Ejusdem y desaplicó parcialmente el artículo 493 del Código
Orgánico Procesal Penal, única y exclusivamente en la improcedencia de las fórmulas
de cumplimiento de la pena, hasta haber agotado la mitad de la pena impuesta,
conforme a lo previsto en los artículos 334 y 7 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y el artículo 19 del Código Orgánico Procesal Penal.
Considero en su motivación el juez en funciones de ejecución penal que es una forma
para que el penado acceda a los grados del tratamiento penitenciario individualizado de
carácter progresivo, que estara sujeto a tratamiento institucional, por el equivalente a la
cuarta parte de la pena impuesta (destacamento de trabajo), en el cual una vez
cumplida la tercera parte de la pena pasa al segundo grado de tratamiento
(establecimiento abierto) y de allí pasa a la libertad condicional hasta cumplir la totalidad
de la pena. Igualmente, ordenó la práctica del cómputo definitivo de la pena impuesta
de conformidad con el artículo 501 del Código Orgánico Procesal Penal, en
concordancia con los artículos 65 y 67 de la Ley de Régimen Penitenciario. [On Line]
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Agosto/2705-120805-04-1972.htm. Ver Anexo 4.
120
Es de resaltar, que esta sentencia emanada por ante el Juzgado en funciones de
Ejecución de la circunscripción antes identificada, es la primera decisión, en relación a
la aplicación del control difuso de la constitucionalidad del artículo 493 del Código
Orgánico Procesal Penal.
Toda aplicación del control difuso de la constitucionalidad, debe ser revisada por la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, dado que es uno de los requisitos sine
quanon revisar las sentencias de control difuso de la constitucionalidad de normas, a la
luz de los artículos 335 y 336 numeral 10 de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela y del cardinal 16 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo
de Justicia con el propósito de garantizar la supremacía de las normas y principios
constitucionales, así como su uniforme interpretación y aplicación.
Alude la Sala Constitucional, lo siguiente:
“…el juez que desaplique una norma legal o sublegal, por considerarla inconstitucional, está obligado a remitir copia certificada de la sentencia definitivamente firme y del auto que verifica dicha cualidad, a fin de que esta Sala proceda a la revisión de la misma, para de esta manera, hacer más eficaz el resguardo de la incolumidad constitucional; en caso contrario, el control difuso no tendría sino un efecto práctico sólo en el caso concreto, en detrimento del orden constitucional, pues el canal de conexión con el control concentrado –que tiene efectos erga omnes- estaría condicionado a la eventual solicitud de revisión de la persona legitimada por ante la Sala, lo que desde luego minimiza la potencialidad de los instrumentos emanados de ésta, que es el carácter vinculante de sus decisiones y la facultad de revisar ese tipo de sentencias por mandato constitucional, tal como lo ha señalado esta Sala en sentencia N° 1998, del 22 de julio de 2003 (caso: Bernabé García). En cumplimiento de lo anterior, se destaca que, en el caso bajo estudio, el Tribunal Segundo de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas remitió de oficio dos decisiones, dictadas el 16 de junio de 2004, siendo la primera de ellas la que se encuentra sometida a revisión constitucional, por haber desaplicado, en uso del control difuso de la constitucionalidad, el contenido del artículo 493 del Código Orgánico Procesal Penal, únicamente con relación a la oportunidad de optar a cualquiera de las fórmulas alternativas de cumplimiento de la pena, por considerar que la norma
121
referida constituye una infracción al artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela…”. [On Line] http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Agosto/2705-120805-04-1972.htm. Ver Anexo 4.
De conformidad al auto dictado el 19 de julio de 2004, por el Juzgado Segundo de
Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, así como del
contenido del oficio N° 2133-04 del 19 de julio de 2004, mediante el cual remitió las
copias certificadas a la Sala Constitucional, la decisión objeto de revisión tiene el
carácter de definitivamente firme, dado que transcurrieron los lapsos procesales para el
ejercicio de los recursos atinentes a agotar la segunda instancia, requisito sine qua non
para la procedencia de la revisión. En consecuencia, la Sala observó que estaba
ajustada a derecho la medida ejercida por el Juez en funciones de Ejecución, con
respecto de la improcedencia de las fórmulas de cumplimiento de pena, hasta haber
agotado la mitad de la pena impuesta, del ciudadano José Antonio Rodríguez.
El mismo efecto tuvo bajo los presupuestos de hechos y de derecho en cuanto a la
aplicación del control difuso de la constitucionalidad, el Juzgado Primero en Funciones
de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, en el cual remitió a la Sala
Constitucional, copia certificada del auto que dictó el 11 de marzo de 2005, donde
aplicó el control difuso de la norma contenida en el artículo 493 del Código Orgánico
Procesal Penal, por considerar que la norma referida infringe el artículo 272 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y, en tal sentido, acordó
conocer, con prescindencia de la limitación de la norma desaplicada, sobre la solicitud
que realizó el penado y, en consecuencia, ordenó oficiar a la Dirección del Internado
Judicial de esa ciudad, a los fines que incluyera al penado en la próxima lista de actas
de redención de la Junta Rehabilitadora Laboral y Educativa. [On Line]
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Noviembre/3486-111105-05-0596.htm. Ver Anexo
5.
Argumenta la Sala Constitucional, lo siguiente:
“…omisis…que la norma contenida en el artículo 493 del Código Orgánico Procesal Penal es contradictoria ya que impide que, a las personas que
122
cometan alguno de los tipos de delitos a los cuales hace regencia en dicha norma, se les conceda la posibilidad de acceder a las medidas alternativas de cumplimiento de penas referidas a Trabajo fuera del Establecimiento Carcelario (Destacamento de Trabajo) y Destino a Establecimiento Abierto (Régimen Abierto) una vez cumplidos un cuarto o un Tercio de la pena a cumplir, según sea el beneficio solicitado, tal y como lo dispone el artículo 501 eiusdem, contrariando de esa manera y dejando prácticamente sin razón de ser lo establecido en este artículo y lo previsto en la Ley de Régimen Penitenciario en sus artículos 7, 61 y 64… …Se desprende entonces de la simple lectura de la norma constitucional y los demás instrumentos legales citados, que el Estado Venezolano tiene la obligación de crear las condiciones necesarias y los Centros de Tratamiento adecuados, con personal especializado en materia penitenciaria, que permita al recluso o penado seguir optando por los beneficios post penitenciarios que garanticen su progresividad y su reinserción en la sociedad y de su familia y que son prerrogativas que le da la ley a los privados de su libertad y que nadie tiene derecho a violentar por razones que sea…”. [On Line] http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Noviembre/3486-111105-05-0596.htm. Ver Anexo 5.
Con relación al artículo 493 del Código Orgánico Procesal Penal, esta Sala
Constitucional en sentencia N° 460 del 8 de abril de 2005 (Caso: Luis Américo Pérez y
Otros), suspendió su aplicación al considerar que:
“…La inconstitucionalidad planteada, en el caso sub iudice, pareciera derivar de una interpretación en la que subyace la imperfección de la norma cuestionada, por cuanto los presupuestos establecidos lucen genéricos, al tiempo que no parece discriminarse entre los sub-tipos delictuales que deben o deberían estar sujetos al beneficio del dispositivo legal –artículo 493 del Código Orgánico Procesal Penal. Sin duda alguna esta situación ha dado lugar a disímiles interpretaciones, criterios y opiniones de diversas índoles respecto de la norma en cuestión, que en muchos casos han resultado inexactas y desproporcionadas con la intención del legislador (véase al respecto sentencia del 14 de diciembre de 2004, expediente 04-1966), generando a la Sala, prima facie, dificultades para resolver el presente recurso, atendiendo a otros derechos constitucionales de igual rango, el bien común y la paz social. En razón de lo anterior, esta Sala, con fundamento en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, SUSPENDE la aplicación del artículo 493 del Código Orgánico Procesal Penal, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el presente caso. Como consecuencia de ello, ORDENA se aplique en forma estricta la disposición contenida en el artículo 501 del Código Orgánico Procesal Penal”. [On Line]
123
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Noviembre/3486-111105-05-0596.htm.Ver Anexo 5.
La Sala consideró la pertinencia de suspender la aplicación de dicha norma adjetiva,
mientras se decide sobre su inconstitucionalidad, conforme a lo acordado en la
sentencia antes citada, estima que en el presente caso existe una coincidente
precaución de desaplicación del artículo 493 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo
que se confirman la sentencia sometida a revisión, y así se declara. Por consiguiente
confirma la sentencia dictada el 11 de marzo de 2005 por el Juzgado Primero en
Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Estado
Falcón.
A tenor, de lo que en la fase de Ejecución Penal existen mecanismos para poder
acceder a beneficios procesales una vez que haya cumplido una parte de la condena;
se refleja también que en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en
fecha 08 de Abril de 2005, admite el recurso interpuesto por inconstitucionalidad, en
consecuencia ordena la suspensión de la aplicación del artículo 493 del Código
Orgánico Procesal Penal conjuntamente con acción de amparo; en atención a que
menoscaba derechos constitucionales de los privados de su libertad.
Uno de las razones de derecho que motivo a la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia para declarar con lugar el Recurso de Nulidad por
inconstitucionalidad interpuesto contra el artículo 493 del Código Orgánico Procesal
Penal, conjuntamente con acción de amparo constitucional, es el siguiente:
“pareciera derivar de una interpretación en la que subyace la imperfección de la norma cuestionada, por cuanto los presupuestos establecidos lucen genéricos, al tiempo que no parece discriminarse entre los sub-tipos delictuales que deben o deberían estar sujetos al beneficio del dispositivo legal…”.[On Line] Disponible en: www.tsj.gov.ve/decisiones/scp/Noviembre/1505-211100-C000743.htm. Ver anexo número 6.
124
Es por ello, que la Sala se sustenta del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal
Supremo de Justicia, a los efectos de suspender la aplicación del artículo 493 del
Código Orgánico Procesal Penal, a la espera que se dicte sentencia definitiva en el
presente. Asimismo, ordena que se aplique en forma estricta la disposición contenida
en el artículo 501 Ejusdem con el fin de optar a uno de los mecanismos de la
suspensión condicional de la ejecución de la pena previo requisitos de ley.
Cabe destacar, que el artículo 493 de la precitada ley fue suspendido sus efectos en
todo su alcance y contenido, desde el 08 de Abril de 2005; posteriormente fue
suprimido el artículo en la reforma parcial del Código Orgánico Procesal Penal,
publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.536 el 4 de
octubre de 2006.
En consecuencia, el Estado debe fomentar las condiciones mínimas del condenado
mediante programas y proyectos que sean necesarios para el desenvolvimiento integral
durante la fase pre y post penitenciaria; así como, la incorporación de un equipo
interdisciplinario en aras de optimizar los resultados sobre la base de su integración
con la familia, el Estado y sus semejantes, haciendo énfasis en los casos donde una
vez que el condenado opte a un beneficio procesal, se le garantice el ejercicio pleno de
sus derechos y garantías establecido en la Constitución y en las leyes.
Es por ello, que se debe adoptar una política criminal alternativa ante la crisis que se
encuentra sumergida el sistema penal. Esta medida debe estar tejida en el más
profundo respeto y progresividad de los Derechos Humanos, sin crear obstáculo ante el
tecnicismo jurídico donde cada uno de los operadores de justicia mediante su
experiencia académica y profesional preconcebida, pueda coadyuvar con el fin que el
juez pueda dictar una mejor resolución. Es un valor agregado que se vería reflejado en
el sistema penal como institución, el objetivo debe estar trazado en acabar con la
desigualdad existente entre las partes en conflicto, buscar la real y verdadera justicia.
Entre esos cambios o transformación está la del sistema judicial, en el cual debiera
privar la racionalidad del juez al momento de aplicar las leyes, donde esta propuesta ya
125
fue elevada y aplicada en países como España e Italia. En Venezuela, a pesar que fue
adoptada por Rosell siendo juez aún está en la fase de consolidación dado al doble
discurso que existe entre la normativa y la realidad de los hechos que aún no han
sustentado los postulados constitucionales. Pareciera que existiera una involución ante
el incremento desmedido de leyes especiales penales que lejos de ser un instrumento
alternativo para la resolución de conflictos, parece ser un instrumento de mayor
coerción penal por parte del Estado plagado de una fuerte represión y punición.
3.2.3 Derecho Penal Mínimo:
Es una propuesta que en principio están recogidas y avaladas por connotados
doctrinarios, propulsores de un Derecho Penal Mínimo que intenta fortalecer sus
postulados a raíz de ese concepto de Estado que ejerce mayor coerción penal ante la
disconformidad del condicionamiento social.
La pena en el Derecho Penal debe ser entendida como el último instrumento que utiliza
el Estado para garantizar el bienestar de la sociedad donde su marco de aplicación
sólo sea necesario ante las marcadas violación de derechos fundamentales bajo la
política integral de protección de los derechos (Baratta, 1986). Es un modelo político
penal alternativo que busca matizar los derechos humanos, esta teoría planteada por
Baratta era la luz necesaria para la progresiva desaparición de lo penal.
El autor in comento, se circunscribió a un Derecho Penal de la Constitución con el
objeto de limitar y regular la pena; su esencia estuvo marcada en el respeto de los
Derechos Humanos como política integral.
A consideración de Ferrajoli (2006) se hace oportuno recordar dentro de su teoría del
garantismo penal Derecho y Razón, la corriente minimalista de la pena tanto su
axiología como la teoría de las razones del Derecho Penal; el cual se desarrolla una
serie de interrogante como el por qué castigar, prohibir y juzgar, en que se basa la
norma sustantiva para lograr el fin y limites del mismo. En tanto las razones del Derecho
Penal están enmarcadas al cuándo y cómo castigar, así como su cuándo y cómo
juzgar. Con esto se busca tener en cuenta los elementos constitutivos que deben existir
dentro del sistema penal, a los efectos de valorar cuando una conducta es delictiva para
126
el Estado, así como, el procedimiento que ha de ejecutarse para el cumplimiento de la
pena.
Ambos catedráticos, están en la búsqueda de medidas que garantice al sistema ante
la violación de los derechos fundamentales con una perspectiva condicionada
socialmente, es un modelo que intenta establecer un modelo garantista para llevar a su
mínima expresión como política penal la sanción; que se reestructure la normativa con
el propósito de buscar mayor y mejor seguridad jurídica.
En consecuencia, la sanción penal es la fundamentación por parte del Estado para
ejercer el desarrollo material y cultural de la sociedad que la instituye. En tal sentido, la
concepción del Derecho Penal Mínimo busca que la sanción penal sujeta a privación de
libertad este regulada única y exclusivamente para situaciones gravísimas; que exista
una recodificación del Código Penal en procura de buscar la seguridad jurídica.
El Derecho Penal Mínimo como modelo alternativo a la Política Criminal debiera ser
asequible sin recurrir al excesivo formalismo y tecnicismo jurídico e interpretación
unívocas; con base en la protección de los derechos fundamentales de las partes en
conflictos, previa a su evaluación y aplicación de la pena, se debe analizar el hecho en
concreto a los efectos de poder acceder a una medida de coerción penal menos
gravosa, entre ellas se puede establecer de acuerdo a la entidad del delito las
siguientes:
Trabajo correccional.
Asistencia de charlas educativa con el objeto de concienciar.
Sometimiento a actividades, programas sociales.
Indemnización ajustada a su condición socio económica.
Comisión de servicio a cualquier ente público.
Incursión y/o elaboración de programas y proyectos que desarrollen actividad en
materia de derechos humanos, para su posterior aplicación en los distintos
organismos públicos y privados.
Cabe acotar, que en Venezuela existen manifestaciones propia de este sistema penal
alternativo “tendencia garantista de un Derecho Penal Mínimo”, dentro de las que se
127
destaca: la presentación periódica ante el tribunal, así como, otras medidas cautelares.
Mas sin embargo, dicha medida carece de eficacia por cuanto no incorpora al individuo
a un proceso integral de atención que responda a los postulados constitucionales
consagrados en el artículo 272. Hay variantes dentro del sistema penal que resultan
contradictorias por cuanto hay una disparidad entre el Código Penal y el Código
Orgánico Procesal Penal que afecta tanto al procesado como al condenado; así como,
el incremento de leyes especiales que tienen un alto contenido de punición, que afectan
otros derechos y principios protegidos por el precepto constitucional.
En conclusión, aún falta fortalecer este modelo político criminal y por ende se señalan
una serie de medidas que pueden ser aplicada en el sistema penal estableciendo sus
mecanismos de control, sin que impere el tecnicismo ni el excesivo formalismo. Se
intenta robustecer mediante estas propuestas, medidas que respondan a las premisas
constitucionales bajo la articulación de la ley sustantiva y adjetiva; evitar que estas
malgamas de leyes especiales se incrementen dado que asienta la gran dispersión que
existe entre estas leyes especiales y el Código Penal Venezolano. En consecuencia, se
debe aglutinar las leyes especiales en la misma ley sustantiva desechando las
conductas que son considerados delito que no revisten importancia al sistema. La idea
no es incrementar el Código Penal mediante la incorporación de las leyes especiales,
sino buscar la verdadera utilidad de la pena dentro del sistema penal.
3.3 Política Ideal
3.3.1 Respeto a la Dignidad Humana y a las Garantías Constitucionales:
El estudiar el modelo político criminal actual permite hacer reflexiones significativas
mediante un análisis crítico que permite elaborar una propuesta político criminal ante la
situación que se presenta dentro del sistema penal. Al desmontar el modelo actual se
tiene que partir por el ámbito legal por ser el instrumento indispensable para engranar y
robustecer desde esa perspectiva el sistema. La codificación de leyes tiene que estar
orientada al contexto socio político de la nación, donde los gobernantes estarían sujetos
a los cambios y transformación que genera la sociedad.
128
En tal sentido, Venezuela dejó impreso en la Constitución Nacional un título donde
consagra los Derechos Humanos, Garantías y Deberes de los Ciudadanos; lo cual
asienta desde una visión literal un progreso y quizás un desarrollo en materia de
derechos humanos que pocos países del mundo lo tienen plasmado. En el cual se
resguarda o garantiza los Derechos Humanos que están recogidos dentro de los
derechos fundamentales que consagra el precepto constitucional; incluso los derechos
humanos que aún no estén impresos en la constitución y en los instrumentos
internacionales, dado que no deben entenderse como una negación o desconocimiento
de otros, que siendo intrínseco de la persona no figure expresamente en la misma.
El Código Penal por ser una ley sustantiva desarrolla los contenidos de la Constitución
Nacional. Ésta tiene un mecanismo de funcionalidad como ente regulador y normativo,
de corte programático, la cual permite desarrollar instrumentos legales que sustentan
los postulados constitucionales e internacionales en relación a los derechos humanos;
bajo los principios sustantivos y adjetivos que deben desarrollarse en el ámbito penal,
donde descansan los derechos, garantías y principios del individuo respectivamente,
bajo la tutela de los derechos fundamentales como son los civiles y políticos, que tienen
como finalidad delimitar el poder coercitivo que ejerce el Estado, a través, del Ius
Puniendis que ejerce el Estado para preservar el orden social.
No obstante, existen dos vertientes de los derechos humanos en los reclusos en
particular. La primera relacionada a su reconocimiento, y la segunda, referida a su
efectiva tutela y aplicación dentro de la ejecución penal. Por ende el condenado no está
fuera del Derecho, se halla en una relación de Derecho Público con el Estado y
descontados los derechos perdidos o limitados por la condena, su condición jurídica es
igual a la de los no condenados, razón por la cual, la doctrina penal ofrece diversas
clasificaciones de los derechos de los condenados, recomendando la siguiente
distinción:
Derechos Uti Cives: son derechos ciudadanos que conservan los condenados, excepto
aquéllos expresamente vedados por la Ley o sentencia, dentro de los cuales se
incluyen los derechos inherentes a la persona humana, por estar reconocidos en
129
numerosas Declaraciones, Acuerdos, Pactos y Convenciones Internacionales sobre
Derechos Humanos, acogidos en la Carta Magna de los diferentes países,
estableciendo obligaciones generales y expresas de garantizarlos, sin discriminación
alguna. Respecto a los derechos civiles, doctrina y legislación comparada, afirman el
derecho a la familia y a la propiedad, dentro de las limitaciones de la cárcel, salvo los
derechos privados mediante pena accesoria; y, dentro de los derechos sociales se
destacan el derecho a la intimidad, a la educación y al trabajo remunerado,
relacionados con el desarrollo de la personalidad del recluso.
Derechos específicamente penitenciarios: derivan de la sentencia condenatoria y
corresponden al Estado como obligación moral y material, están altamente vinculados al
régimen penitenciario y a las estrategias del tratamiento “resocializador”, entre ellos: a)
la vida del condenado debe desarrollarse en condiciones dignas, incluyendo
instalaciones adecuadas e higiénicas, dieta alimenticia suficiente y balanceada,
vestimenta desprovista de distintivos degradantes o humillantes; b) tener asistencia de
salud física y mental, asistencia jurídica (incluso asistencia post penal), educativa y
religiosa; c) recibir visitas de familiares y amigos, estar informado del acontecer nacional
e internacional; d) la progresividad para la solicitud de beneficios para libertad
anticipada.
La Ejecución Penal entendida como el conjunto de actos necesarios para el
cumplimiento de una sanción establecida en sentencia condenatoria definitivamente
firme, dictada o emanada del juzgado penal donde la ejecución de las penas y medidas
de seguridad no están a la discrecionalidad de la autoridad judicial y/o administrativa,
por el contrario, es una relación jurídica con derechos y deberes cuya observancia y
garantía deben precisarse en el marco legal.
En consecuencia la suspensión condicional de la pena y las fórmulas alternativas al
cumplimiento de la pena, deben prevalecer en el proceso penal, para así dar
cumplimiento al Principio de Progresividad. Así, la pena en su sentido amplio debió ir
más allá del fin del derecho penal, un modelo alternativo a la privativa de libertad que su
cumplimiento sea fuera del sistema penitenciario donde el Estado tenga una mínima
130
intervención de la punición dentro de la política integral de protección de los derechos; y
sólo se ejerza el Ius Puniendi, cuando se considere inevitable para responder a
gravísimas violaciones de derechos fundamentales (Baratta, 1986).
Asimismo, para afianzar la propuesta político criminal se debe valorar lo que Piña y
Rivas señalan:
“…estas medidas coadyuven a que el penado se desenvuelva en un ambiente distinto al sistema carcelario, sin dilaciones procesales por el excesivo formalismo, rigidez en cuanto a las condiciones que éste debe llenar para que se le otorgue el beneficio, estigma y por ende rechazo en gran parte de la sociedad, entre otras, que sea de mejor provecho tanto para el Estado como para él. Y a la vez construir con valores las instituciones post-penitenciaría que se tenga a bien, anclada a la realidad sociopolítica, sin convertirse, como una vía o instrumento de sometimiento, sino de ASISTENCIA INTEGRAL, en aras de buscar la real y verdadera funcionalidad de la pena tendente a la humanización y respeto de los derechos humanos, donde el Juez de Ejecución es el garante de salvaguardar los derechos fundamentales del condenado en relación al cumplimiento de la sanción de la pena” (Piña y Rivas, 2007:429).
En consecuencia, el Estado debe tener como fin una mejor administración de justicia
dentro del sistema penitenciario en contraste con la realidad penitenciaria saturada de
violaciones, desidia y ausencia de voluntad que permita mejorar y aplicar una política
criminal tendente al respeto y progresión de la dignidad humana. Que siente las bases
de racionalidad y utilidad en el ejercicio de aplicación en lo establecido en el artículo
272 de la Constitución Nacional.
Dentro de este orden de ideas, se presentan una serie de gráficas que son
fundamentales para un mejor desarrollo y comprensión de la propuesta política criminal,
que a su vez son determinante en el seno del ejercicio de la formulación y diseño de la
propuesta político criminal.
En el cual, se hace una sistematización de la política criminal desde la dimensión
político criminal, la fundamentación teórica, los elementos característicos, el modelo de
131
Estado, hasta llegar a los indicadores.
Asimismo, se muestra el diseño de la política criminal bajo la valoración de unas
variables que consolidan la formulación del diseño, desde la perspectiva humanista en
el marco de un Derecho Penal mínimo, considerando la pena como última ratio, que
sirva de base para el modelo ideario que debe diseñar el Estado en relación a la política
criminal.
Por último, se presenta una gráfica en el cual se diseña el deber ser en esencia de la
estructura de las instituciones del Estado que forman parte del sistema penal, y el rol
que debiera tener el conjunto de instituciones que interactúan dentro del sistema, con el
propósito de adaptar la pena en el marco del respeto y la dignidad de los Derechos
Humanos.
132
DIMENSIÓN DE LA POLÍTICA
FUNDAMENTO
TEORICO
ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS
MODELO DE
ESTADO
INDICADORES
Política Actual
Escuela: Positivista
Clásica
Inflación Penal Leyes Peligrosista Leyes penales en
Blanco
TOTALITARIO
El abordar un sin fin de leyes especiales en materia penal es dejar entre dicho una serie de principios y garantías constitucionales que atentan con la estructura política. La idea no es robustecer cuantitativamente el Código Penal mediante la incorporación de estas leyes especiales en la norma sustantiva, sino racionalizar las conductas que puedan ser tipificadas como delito y despenalizar las que pueden ser consideradas hasta temeraria para la sociedad
Política Alternativa
Escuela Crítica
Debido Proceso Garantismo
LIBERAL
La pena en el Derecho Penal debe ser entendida como el último instrumento que utiliza el Estado para garantizar el bienestar de la sociedad: Trabajo Correccional. Asistencia de charlas educativa con el objeto de concienciar. Sometimiento a actividades, programas sociales. Indemnización ajustada a su condición socio económica. Comisión de servicio a cualquier ente público.
Política Ideal
Escuela de los Derechos Humanos
Derecho Penal Mínimo Respeto y dignidad
del hombre (Derechos Humanos)
SOCIAL DE DERECHO Y DE
JUSTICIA
Régimen penitenciario cuando prive violaciones de derechos humanos irreparables. La vida del condenado debe desarrollarse en condiciones dignas, incluyendo instalaciones adecuadas e higiénicas, dieta alimenticia suficiente y balanceada, vestimenta desprovista de distintivos degradantes o humillantes. Fortalecimiento de medidas alternativas a la privación de libertad. Progresividad para la solicitud de beneficios para libertad anticipada.
133
SUSTITUCIÓN DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD
POLÍTICAS SOCIALES
MARCO JURÍDICO
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RECURSO HUMANO
En el Homicidio Culposo, sanciones o medidas como: acuerdo reparatorios, medidas alternativas a medios alternativos de resolución de conflictos, indemnización, programas educativos, sociales, culturales, laborales. En relación al resto de los Homicidios, se debe redefinir la proporción de la pena en cuestión bajo la visión de un Derecho Penal Mínimo, con el objeto de sustituir la privación por medidas como: la Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena, Formulas Alternativas del cumplimiento de la pena y de la Redención Judicial de la Pena por el Estudio y el Trabajo.
Reformas Educativas, minimizar la deserción escolar, mayor ingreso a las universidades, becas académicas y deportivas. Redimensionar las misiones
Derecho Penal Mínimo. Aplicar la pena cuando existan violaciones de Derechos Humanos que sean irreparables.
Programas de educación y concienciación a la ciudadanía en torno a la solución alternativa de conflictos, promoción e implementación en las comunidades.
Expertos en Política Criminal que contribuyan a la descentralización y mejoramiento del sistema penal, que estén al servicio de las distintas instituciones del Estado, tanto en la fase de prevención como en la fase de control del delito
En las Lesiones, sanciones en la jurisdicción civil, programas de prestación de servicio a la comunidad e indemnización.
Programas Culturales, aumento de los programa de orquestas sinfónicas, rutas culturales, programas de inversión y promoción en el teatro, cine y telecomunicaciones.
Desaplicación de las sanciones para las lesiones de tipo legal básico, lesiones culposas, lesiones leves, levísimas, la difamación y la injuria.
Programas de formación para la prevención y control del delito en las comunidades en concordancia a los programas nacional, regional y municipal, consustanciado la idiosincrasia de la comunidad.
Profesionalización y adiestramiento del personal adscrito a los Cuerpos de Seguridad, con el objeto de minimizar los excesos, violaciones y abuso de poder, en sí un nuevo policía menos represivo de mayor control y prevención.
En la Integridad Personal, programas educativos y justicia de paz.
Mayor Inversión en el deporte, selecciones nacionales en las distintas disciplinas y sistemas de premiación por logros alcanzados.
Codificar las distintas leyes especiales penales dentro Código Penal, bajo una visión racional útil, coherente y garantista.
Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en los procesos judicial y extrajudicial.
Ampliación en las Medidas Cautelares Sustitutivas de Libertad.
Ley del Primer Empleo, flexibilización laboral para aumento de las plazas de empleo.
Suprimir las leyes penales en blanco. Efectividad en la aplicación de la Ley para el Desarme.
Promover la sensibilización social con el fin de evitar los estigmas o etiquetamientos producto de las consecuencias jurídicas que puede estar inmerso el individuo.
Equipo interdisciplinario para la reestructuración del sistema penitenciario con la finalidad, de transfórmalo en instituciones con programas de humanización, formación laboral y educativa, cuando existan violaciones de derechos humanos que sean irreparables.
134
135
CONCLUSIONES
La política criminal es la base de todo sistema penal, en el cual se debe coordinar con
las distintas instancias del control social formal e informal, con el propósito de llevar un
buen funcionamiento en cada una de sus escalas de forma coherente, efectiva y
armoniosa para conservar el orden y la paz en una nación. En ese sentido, es necesario
formular y diseñar una propuesta política criminal en los delitos contra las personas, que
se incline a un Derecho Penal Mínimo, de corte garantista y progresista de los Derechos
Humanos, que a la vez, sirva de instrumento de prevención y control del delito.
Se debe tener presente que la política criminal no puede ni debe ser vista como
instrumento político ideológico del gobierno en funciones; al contrario, es un instrumento
que debe estar al servicio de la sociedad con programas adecuados a la política real
valorando el contexto social, jurídico, económico, cultural y político de la entidad; que
involucre en cada una de sus actividades del Estado a la sociedad, bajo una constante
interacción.
El Estado debe manejar dentro de su política en primer término un corte minimizador,
partiendo del conocimiento integral de la sociedad; en el cual opere mediante la
aplicación de programas, como políticas públicas sobre los factores criminógenos,
predecibles o incipiente, y en segundo término, bajo programas que estén
consustanciado con el garantismo donde la acción de gobierno, como política criminal
de prevención y/o control del delito este encaminada hacia la democratización y
humanización de la pena.
En Venezuela, no existe una política criminal acorde y coherente a las variables que se
desarrollan dentro del contexto socio cultural que vive la nación, debido
fundamentalmente al incremento desmedido de la pena en los delitos en especial los
delitos contra las personas tipificado en el Código Penal. Donde el Estado si se quiere
sólo se ha ocupado en responder algunas situaciones en concreto mediante la
implementación excesiva de la reproducción de leyes especiales penales, sin analizar la
raíz del problema en el cual sólo responde al interés político-ideológico del gobernante.
136
En tal sentido, se observa que no hay política criminal integral que coadyuve al
fortalecimiento del sistema penal que siente las bases de participación por parte de la
sociedad para hacer un engranaje entre la sociedad y el Estado para la implementación
de política criminal. Asimismo, no hay una integración clara y precisa con los distintos
organismos para la consumación de una política criminal ideal.
Igualmente, se observa un marcado debilitamiento del Código Penal en principio porque
no responde a los presupuestos cultural, social, económico y político del Estado ante el
dinamismo social y a los cambios que ha vivido el sistema penal y en segundo lugar,
porque es una ley sustantiva que está plenamente divorciada del Código Orgánico
Procesal Penal, por ser éste en primer momento garantista y respetuoso de los
derechos humanos.
Por otro lado, el Código Penal en los delitos contra las personas tiene ciertos tipos
penales que no contribuyen a la verdadera utilidad y fin de la pena, donde la
Constitución Nacional establece los postulados garantistas que ha de tener el individuo
dentro de la ejecución de la pena, cuyo fin es buscar medidas alternativas ésta sin
prevalecer el tecnicismo judicial.
Otra realidad que respalda lo anterior, es que las distintas teorías criminológicas tienen
un sitial de honor dentro de la política criminal que ejerce un Estado, dado que es una
referencia obligatoria estudiar la criminología para poder elaborar una propuesta político
criminal, puesto que cada una de las teorías tiene como objeto de estudio el factor
criminógeno que a su vez sirve de base para la dogmática penal a los efectos de
construir un derecho penal mínimo. Es por ello que se dice que el penalista crítico se
debe convertir en un criminólogo crítico y un criminólogo crítico debe convertirse en un
penalista crítico.
Con base en lo anterior, se deduce que para construir una propuesta político criminal en
los delitos contra las personas enmarcada en el ordenamiento jurídico penal
venezolano, se debe tener una concordancia con el contexto socio político que esté
ajustado a las necesidades imperantes de la sociedad, sin establecer condicionantes
137
como las ocurridas en la última reforma del Código Penal que posteriormente fueron
suspendidas la aplicación de los parágrafos respecto a la restricción de beneficios
procesales, para ciertos delitos contra las personas por decisión de la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por ser existir colisión y contradicción
entre la norma sustantiva penal con la ley adjetiva, así como, con la disposición
constitucional, en cuanto y en tanto al menoscabo y limitaciones de derechos y
garantías constitucionales.
Actualmente la reproducción de las leyes especiales en materia penal, ha dejado
efectos negativos, porque el incremento de leyes no mejora el sistema penal ni tampoco
le brinda tranquilidad a la ciudadanía. Al contrario, genera contradicción en principio con
el Código Penal producto de la instauración de esas leyes especiales que en su
mayoría nace sin tener una estructura, un conocimiento previo de aplicación, así como,
los medios para garantizar el respeto mínimo del individuo.
En consecuencia, se debe analizar los presupuestos sociales, culturales y económicos
que inciden en la conducta del sujeto para la perpetración del hecho punible, en el cual
debe existir una estructura normativa ampliamente estrechada a los valores y principios
constitucionales en consonancia con la ley adjetiva penal, donde se diseñe una política
criminal de prevención y/o control del delito a la luz del respeto de los derechos
humanos que asiente un modelo garantista que busca mantener el orden y la paz
social.
138
PROPUESTAS
1.- Descriminalización de Delitos:
Existen ciertos tipos penales en los delitos contra las personas establecido en el Código
Penal que son poco eficaz dentro del ámbito penal como: las Lesiones (Tipo Legal
Básico), Lesiones Culposa en cada una de sus presentaciones, Lesiones Leves,
Lesiones Levisimas, la Difamación e Injuria; dado que no mejora al sistema por no
existir una oportuna respuesta por parte de los operadores de justicia hacia las partes
involucrada en el proceso penal.
Es por ello, que sería acertado abordar estos tipos penales bajo una jurisdicción civil
que permita a las partes tener una mayor participación, donde se diseñe una medida
alternativa más allá de las instituidas en el proceso penal que responda a los intereses
propios de las partes involucradas.
2.- Programas y proyectos de Corte Educativo y Social:
Diseñar un plan de dirección estratégica en la Administración de Justicia que coadyuve
al buen funcionamiento por parte de los operadores de justicia, en especial a los jueces
de la república con el fin de sensibilizar al sujeto que cometió el hecho punible que
tenga una mejor utilidad la pena al momento de ser aplicada; el objetivo no es dictar
una resolución o sentencia que en esencia no esté garantizada el bienestar del interno.
3.- Mayor articulación con los distintos organismos:
Crear un equipo de enlace entre el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones
Interiores y Justicia, la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo y los
Jueces de la República con el propósito de velar por la seguridad de los reclusos,
139
resolver las situaciones que se presentan, en especial, en el sistema penitenciario que
asegure las condiciones mínimas bajo el marco de los derechos humanos.
4.- Instituciones Post Penitenciaria:
Crear las instalaciones físicas que por mandato constitucional el Estado está obligado a
proveer para posibilitar según el espíritu, propósito y razón de la ley la reinserción
social. Es una política criminal que el Estado debe instaurar en el seno del respeto de
los derechos humanos, que el sujeto que ha cometido un hecho punible pueda
desarrollarse en todo los ámbitos de la sociedad sin que prive un posible rotulamiento o
estigmatizado; como repuesta de la consecuencia jurídica que fue sometido. Igualmente
ampliar las medidas alternativas al cumplimiento de la pena.
Es por ello, que se requiere de un equipo interdisciplinario para el desarrollo de la
ejecución de la pena, en cada una de sus fases, en especial, en la fase post-
penitenciaria.
5.- Incorporar experto en Política Criminal:
Un gobernante debiera tener dentro del diseño de sus políticas públicas, un equipo
humano calificado en materia de política criminal como herramienta indispensable para
contrarrestar los índices delictivos, por cuanto es una de las variables de gran
importancia en el marco de la política criminal para medir la prevención y control del
delito en una sociedad. En tal sentido, el gobernante debe elaborar políticas acorde al
nivel socio cultural y a las costumbres que viva cada entidad a los efectos de lograr la
mayor suma de felicidad posible a los asociados y así optimizar el sistema penal.
En consecuencia, se debe desarrollar un claro conocimiento en la materia a los efectos
de crear un sistema político criminal estratégico que permita tener un amplio
conocimiento de los factores criminógenos para actuar sobre ellos de forma preventiva,
a través, de programas y proyectos que se tengan a bien para contrarrestar el delito.
140
Por ende, es necesario un equipo humano calificado por cuanto se busca firmeza en las
tomas de decisiones, en la creación de las normas, así como, en su campo de acción y
sus estrategias que conduzcan a la actualización y democratización del sistema penal,
al momento de crearse una política criminal de forma coherente de gran viabilidad y
factibilidad para el Estado a fin de lograr el bienestar y progreso a la sociedad.
6.- Acabar con las leyes Peligrosista:
Las leyes peligrosistas, lejos de mitigar los índices delictivos, hace que aumente el
delito acarreando un desconcierto a la sociedad y a la vez debilita las bases de la
política criminal ejercida por el Estado. Las leyes deben ser claras, precisas y no sujetas
a ambigüedades en su contenido y alcance de la misma, en consecuencia, no se
pueden seguir construyendo leyes penales en blanco que afecta sustancialmente con el
Principio de Legalidad.
Asimismo, se debe evitar la reproducción desmedida de leyes especiales en materia
penales que no resuelven los problemas de la sociedad, al contrario tiene un alto
contenido de punición que contradice la verdadera utilidad de la pena establecida en la
Constitución Nacional.
7.- Campañas de Sensibilización:
Educar y sembrar en la conciencia de la sociedad que el individuo que comete un hecho
punible, merece el mismo respeto y trato como ciudadano porque si bien cometió un
delito y debe responder por el daño causado, no es menos cierto, que el Estado está
obligado a garantizar sus derechos humanos sin ser etiquetado, ni estigmatizado luego
de cumplir su pena.
8.- Restructuración del Sistema Carcelario:
Es necesario para el bienestar de la sociedad el respeto de los derechos mínimos de
141
los reclusos; que existan los medios de aplicación para garantizar los derechos que por
ley le corresponde y no sea una simple declaración teórica. No se trata, de utilizar
métodos científicos por medio de instituciones que garanticen la supuesta
resocialización del individuo, sino medios que garanticen su desarrollo integral como
persona, que esté en la capacidad de converger en todos los sentidos con la sociedad;
donde al individuo se le respete su dignidad humana, los valores más intrínseco del
hombre y con respeto a las garantías de carácter sustantivo y adjetivo durante una
investigación o condena según sea la situación.
El objeto de la humanización del sistema carcelario no sólo versa sobre el respeto de
los derechos humanos que debe tener el recluso -procesado ó penado-, sino también
que sienta las bases para lograr un sistema distinto al carcelario, que sólo opere este
modelo cuando sea inevitable producto de las gravísimas violaciones de derechos
fundamentales.
Razón por la cual, resulta contradictorio señalar una supuesta reinsertación,
resocialización, readaptación o reeducación del individuo dentro del sistema
penitenciario; ya que el cumplimiento de la pena se da dentro de un ambiente y espacio
carcelario. No se puede resocializar si se está fuera de la sociedad, no se puede educar
para la libertad, si se está privada de la misma. Al contrario, dentro del mismo sistema
se estaría adoptando nuevos patrones culturales y valores que hace difícil la
preparación del individuo para la sociedad. Por ende, es necesario diseñar un programa
de formación universitario o técnico universitario, que permita la profesionalización y el
desarrollo integral, de aquel que por la gravedad del delito tengan que estar sometido a
la restricción de su libertad.
9.- Utilidad de la Pena:
La función de la pena debe tener un carácter humanista en vez de resocializador desde
una perspectiva integral del individuo, que se garanticen los derechos fundamentales del
hombre que están sustentados en el precepto constitucional, en consonancia con la
criminología de los derechos humanos; donde la formulación y diseño de la política
142
criminal debe estar desarrollada y estructurada con base a una coherente política social
que maneje el Estado como instrumento de prevención y control del delito, en el cual se
aplique la pena bajo un sentido racional, que tenga un alto contenido tanto de madurez
como de responsabilidad, sin ser vista la pena como un efecto punitivo y represivo
ejercido por el Estado, al contrario, que sea un instrumento que busca no sólo el orden
sino también la paz social.
143
RECOMENDACIONES
Se sugiere, reformar el Código Penal Venezolano en el cual sus premisas estén
centradas en la verdadera funcionalidad y racionalidad de la pena. Que exista un
carácter garantista y humanista de la normativa; donde se aglutinen las distintas leyes
especiales en materia penal dentro del Código Penal, dado que en la actualidad sólo
deja dispersión, contradicción, complejidad y mayor punición. El propósito no es
cuantificar la codificación de la pena, sino darle sentido y racionalidad a la pena,
tomando todas y cada una de la propuesta política criminal de los delitos contra las
personas abordada en la presente investigación, que a su vez, sea la esencia para la
elaboración de la subsiguiente normativa penal de conformidad al resto de las demás
conductas tipificada como hecho punible.
Crear un organismo mancomunado entre el Ministerio del Poder Popular para la
Defensa y el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones de Interior y de Justicia,
con el propósito de que se encargue de realizar jornada en las distintas comunidades
para efectuar requisas, decomiso, entre otros; previo al debido cumplimiento
procedimental para ejecutar el desarme de las personas que porte, detenten u oculten
armas de fuego de manera ilegal, así como, campaña de sensibilización, de información
y ciudadanía, a los fines de preservar los bienes jurídicos tutelados por el Estado, como
es: la vida, la integridad física, entre otros, con el objeto de lograr la paz y el bienestar
social.
Es necesario, la creación de un consejo de defensa y protección de los Derechos
Humanos donde intervenga el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones de
Interior y de Justicia, la Fiscalía General de la República, el Ministerio Público, la
Defensoría del Pueblo, y una comisión respectiva de la Asamblea Nacional. Es decir,
que sirva de equipo técnico para la proyección, control y evaluación en programas,
proyectos y actividades que se tengan en el marco de la implementación de una política
criminal dentro del sistema penal, con el objeto de asegurar tanto los derechos como las
garantías constitucionales.
144
Es un deber fundamental para las distintas instituciones responsable del sistema penal,
materializar un proceso de interacción que les permita coordinar cada uno de sus roles
y facultades instituido en la ley de forma consciente y apegada a los objetivos y metas
establecido para una mejor implementación de la política criminal ejercida por los
actores involucrados, considerando las características sociocultural de cada entidad del
país.
Es de considerarse, el impacto positivo que tendría la discusión y aprobación de la Ley
del Primer Empleo, contemplada en la Constitución Nacional, con la cual se fomentará
en la juventud el proceso de formación educativa como vía principal para acceder a
logros y cubrir necesidades, alejándolos de la comisión de hechos punibles y a la vez
un instrumento de una política criminal preventiva.
145
INDICE DE REFERENCIA
Aniyar, Lola (1977). Criminología de la Reacción Social. Instituto de Criminología.
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