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PROGRAMA DE GOBIERNO

Por un El Alto seguro, con oportunidades econmicas y jacha obras Programa de Unidad Nacional para el Gobierno Municipal de El Alto

Elecciones subnacionales de 2015

I. NUESTRA IDEOLOGA I.1. Un sueo y sus cinco enemigos

II. DIAGNSTICO II.1. Los municipios en el Estado autonomista II.2. La necesidad de un pacto fiscal (que el MAS no quiere) II.3. La situacin de la economa popular II.4. Las deficiencias de la poltica social II.5. El enfoque de las polticas urbanas en un contexto de crecimiento II.6. El avance contradictorio de las mujeres II.7. El desafo ambiental II.8. La explosin de El Alto

II.8.1. Los problemas que queremos resolver II.8.1.1. En el campo social y de la seguridad: II.8.1.2. En la economa local y el empleo: II.8.1.3. En servicios bsicos y urbanizacin: II.8.1.4. En lo institucional:

III. PROPUESTA III.1. Enfoque de nuestras propuestas y relacin con los otros gobiernos III.2. El Alto, ciudad segura III.3. El Alto, ciudad de oportunidades, emprendimiento y progreso econmico

III.3.1. Desarrollaremos el potencial industrial de El Alto III.3.2. Crearemos CITES en El Alto

III.4. El Alto, ciudad moderna, con infraestructura urbana, vial y servicios bsicos mejorados

III.4.1. Infraestructuras de servicios urbanos de beneficio general III.4.2. Programa estratgico de desarrollo vial

III.5. El Alto, ciudad con educacin, salud y deporte III.5.1. Ciudad con educacin III.5.2. Ciudad con salud III.5.3. Ciudad con deporte

III.6. El Alto, ciudad con institucionalidad y participacin ordenada de los vecinos III.6.1. Una gestin municipal moderna y con resultados III.6.2. Fortalecimiento de las subalcaldas distritales III.6.3. Cero tolerancia a la corrupcin III.6.4. Planificacin participativa

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Por un El Alto seguro, con oportunidades econmicas y jacha obras

I. NUESTRA IDEOLOGA

I.1. Un sueo y sus cinco enemigos Tenemos un sueo: que en 2025, ao del bicentenario de la creacin de Bolivia, nos dotemos de una misma visin sobre lo que el pas debe ser y hacer. Para contribuir a que este sueo se convierta en realidad, hemos propuesto las bases de un consenso del bicentenario. Lo hemos llamado Reconciliacin nacional, continuidad e innovacin para construir un pas para todos. En este documento criticamos el comportamiento nacional que se ha repetido a lo largo de estos doscientos aos, y que, en lugar de resolver nuestros problemas, nos han puesto en la cola del mundo. Este comportamiento parte de la creencia en que la solucin para los problemas del pas es una ideologa o un modelo econmico (ayer privatista, hoy estatista y maana, probablemente, privatista otra vez). Esto da lugar a un crculo vicioso de luchas polticas en el que los privatistas y los estatistas se suceden en el poder, y en cada etapa destruyen las instituciones creadas por sus adversarios. Por esta razn no contamos con una red consolidada de instituciones pblicas ni con una fuerte empresa privada. No logramos activar un proceso de acumulacin de avances, el cual constituye la condicin bsica del desarrollo (en realidad, la condicin que define al concepto de desarrollo). Nuestra ansiedad por los milagros (las revoluciones y refundaciones) se debe a la forma extrema en que la economa, la actividad poltica y la mentalidad colectiva del pas dependen de la extraccin de recursos naturales, que es la nica actividad altamente rentable que ha habido jams en nuestro territorio (extractivismo). Suponemos, entonces, que un cambio en este nivel (el descubrimiento de nuevos yacimientos o una nueva forma de propiedad de la industria extractiva) nos ofrecer la clave de la transformacin completa del pas. Las revoluciones y las refundaciones tambin son formas de redistribuir las rentas de los recursos naturales entre distintas lites polticas, que se han sucedido en el poder a lo largo de las diversas etapas de la historia. Cuando, como es lgico, el milagro no se realiza, fingimos que ste est ocurriendo de todas maneras. Para ello recurrimos a un truco que se emplea con xito desde los tiempos de la Colonia: redactamos una gran cantidad de leyes que, en el papel, crean las instituciones que no existen en la realidad, y hacemos tabla rasa con el pasado, creando la ilusin del cambio. Los resultados de esta forma de actuar se hallan a la vista: an somos el pas ms pobre, aislado y uno de los ms extractivistas de Sudamrica. Es necesario que cambiemos. Para comenzar a hacer

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las cosas de otra forma, tenemos que salir del crculo vicioso y dejar de lado la ilusin en que un milagro ideolgico y un caudillo providencial sern el remedio-para-todo. Para actuar de otra manera, la palabra fundamental de nuestra propuesta es reconciliacin: Reconciliacin entre las ideologas y modelos, que nos permita sintetizarlos, es decir, tomar lo mejor de cada uno de ellos. Necesitamos una adecuada combinacin de Estado y mercado, fuertes empresas estatales y fuertes empresas privadas que se ocupen de distintas reas de la economa. Otra sntesis: las empresas pblicas deben poseer legitimidad poltica y, al mismo tiempo, eficiencia tcnica. Otra sntesis: la burocracia gubernamental de todos los niveles del Estado debe poder adquirir experiencia y gozar de estabilidad, pero al mismo tiempo es necesario que mejore e innove continuamente. Otra sntesis: el empoderamiento simblico de los indgenas debe combinarse con su acceso a nuevas oportunidades econmicas en el campo y las ciudades. Otra sntesis: el uso de los recursos estatales en programas que pongan la riqueza en manos de las personas, las pequeas y medianas empresas, los emprendedores. Reconciliacin entre las regiones, de modo que por primera vez en nuestra historia el poder poltico se reparta efectivamente a cada municipio y departamento autnomos. Reconciliacin entre las diversas posiciones que existen sobre la diversidad tnica del pas, a fin de construir un Estado que refleje el carcter plurinacional de la poblacin (entendiendo a las naciones indgenas como naciones culturales) y al mismo tiempo garantice la unidad de sta en una sola nacin poltica o estatal boliviana.

Esta reconciliacin implica al mismo tiempo una lucha sin cuartel contra algunas formas de hacer y pensar, que son contrarias a la visin que hemos sealado. Estas formas de hacer y pensar se encarnan, en este documento, en algunos caracteres o tipos, que es necesario identificar claramente y tratar de eliminar, al mismo tiempo que se promueve los tipos contrarios. stos son los cinco grandes enemigos de nuestra visin del desarrollo boliviano:

El rentista, es decir, el boliviano que cree que el Estado tiene la obligacin de mantenerlo, ya sea dndole una pega por su militancia poltica y no por su capacidad o rendimiento en el trabajo, o dndole beneficios especiales, de los que en cambio no gozan igualmente todos los dems. En esta categora estn los empresarios privados que venden productos y prestan servicios al Estado por relaciones y favores, y no por la calidad de su oferta. Frente al rentista debemos poner al emprendedor, que es el boliviano que busca crear riqueza, y que se une con otros bolivianos para cooperar en actividades de todo tipo, y no exclusivamente para presionar a las autoridades o a otros grupos sociales.

El extractivista, es decir, el boliviano que contribuye a la dependencia del pas de la explotacin de recursos no renovables, y debilita la diversificacin de la economa y las actividades no tradicionales. Ante l oponemos el industrioso, que en la artesana, en la industria y la agropecuaria, aaden valor a los bienes naturales, tanto para exportar como para el mercado interno.

El discriminador, es decir, el boliviano que no respetan la dignidad de los dems, que son diferentes de l por razones tnicas, polticas, econmicas, sexuales o de cualquier otro

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tipo. Frente a l, queremos generalizar el tipo del tolerante, que admite la diversidad de identidades y el derecho de stas a ser y expresarse, aunque esto le resulte molesto en determinadas circunstancias.

El antiboliviano, es decir, el boliviano que desprecia al pas, su realidad econmica, su diversidad demogrfica y cultural, su historia, y, en cambio, quisiera que Bolivia fuera otro pas, tomando como modelo a cualquier otro Estado extranjero. Frente a l, postulamos al patriota, el boliviano que concibe su propia vida y la actividad que realiza como formas de aporte al mejoramiento del pas. El patriota tiene un sentimiento de deber con el pas. Critica los errores nacionales, pero sin desprecio ni arrogancia, para ayudar a cambiarlos y no para negar su propia identidad.

El utopista, es decir, el boliviano que descarta todo lo que ha logrado el pas, las instituciones y polticas existentes, y se propone resolver sus problemas mediante un rediseo global de la sociedad. Es el que considera la ideologa y la estrategia poltica no el trabajo creador y la sucesin de avances parciales como una panacea para el pas. A l se opone el reconciliador, el boliviano que piensa que por encima de la virtud o defecto de una poltica, lo ms importante es que el pas no retorne al crculo vicioso al que lo conduce la lucha entre modelos. El reconciliador evala cada posibilidad para el pas, no desde el punto de vista de la ortodoxia poltica, sino de su eficiencia en la prctica.

II. DIAGNSTICO

II.1. Los municipios en el Estado autonomista Tanto la Constitucin como la Ley Marco de Autonomas definen la constitucin de las autonomas departamentales, municipales, regionales e indgena-originario-campesinas, as como su coordinacin y articulacin, a fin de crear y mantener un sistema de rganos pblicos territoriales que satisfaga la demanda de bienes y servicios pblicos de la poblacin. La expectativa era que las autonomas fueran el remedio de los grandes problemas del pas: la pobreza, la exclusin, la no vertebracin y la fragmentacin del territorio nacional. Constitucionalmente, las autonomas departamentales, municipales, regionales e indgena-originario-campesinas tienen, todas, el mismo rango y no se subordinan unas a otras. Una autonoma se caracteriza por tener la facultad de legislar, es decir, de aprobar normas, sobre las materias que les corresponden. Adems, pueden elegir con distintos procedimientos a los representantes que legislarn, as como a los funcionarios que se ocuparan de ejecutar estas normas; es decir, pueden formar sus propios gobiernos. Las materias o problemas pblicos se han distribuido entre las distintas autonomas. En algunos casos esta distribucin es exclusiva, lo que quiere decir que una materia pertenece solamente a una autonoma y excluye a las dems. Pero las autonomas tambin tienen competencias compartidas sobre determinadas materias. Esto quiere decir que el nivel central, esto es, la Asamblea Legislativa Plurinacional, debe establecer una ley bsica sobre la cual la autonoma en

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cuestin debera aprobar una ley de desarrollo que aplique los lineamientos de la ley bsica a sus propias necesidades y particularidades. Desgraciadamente, la definicin por parte de la Constitucin como de la Ley Marco de las competencias exclusivas y compartidas de las autonomas no se ha hecho de manera consistente. Y esta contradiccin no es el nico obstculo que est atravesando el proceso autonomista, por la mala fe y la negligencia del Gobierno central para avanzar en el proceso de descentralizacin. Por razones ideolgicas, el Estado ha reducido el rgimen autonmico aprobado hace cinco aos a la letra muerta de las normas. No le ha entregado a los municipios las nuevas atribuciones que les concede la Constitucin, y mucho menos ha permitido que se financien de otra manera, mediante un nuevo pacto fiscal. El Estado sigue esperando que los municipios califiquen para sus nuevas competencias, lo que en los hechos ha detenido el curso autonomista. Desarrolla as el sesgo centralista que posee la propia Constitucin. Por ejemplo, sta siempre entrega competencias exclusivas a los municipios en el marco de alguna poltica o ley nacional (art. 302.I, por ejemplo). Como estas polticas o leyes todava no estn aprobadas, en los hechos los municipios no pueden normar estas competencias, ni siquiera con la obligacin de, despus, adecuar sus normas a la legislacin nacional que se apruebe ulteriormente. En otros casos, la Constitucin establece que procedimientos que debieran ser competencias exclusivas de los municipios, como la revocatoria del mandato de los gobiernos municipales, sern normados por leyes nacionales. Por supuesto, estos envos a ley debilitan la autonoma municipal. Adems, la Constitucin concede exactamente las mismas competencias exclusivas (planes de ordenamiento territorial, turismo) a diferentes autonomas, quiz porque los constituyentes pensaron que era necesario asignar las mismas responsabilidades a cada nivel de gobierno. El problema est en que en algunos casos estas competencias se solapan. Por ejemplo, si la autonoma departamental se encarga del ordenamiento territorial, es obvio que las autonomas subdepartamentales ya no tienen que hacerlo. Hasta ahora no se ha negociado detalladamente los catlogos de competencias de cada tipo de autonoma. Por otra parte, la Asamblea Legislativa tiene facultades para asignar a los municipios competencias adicionales, cosa que hasta ahora no ha hecho ni piensa hacer. La tendencia ha sido, por el contrario, la aprobacin de leyes nacionales destinadas a que las normas autonmicas sobre competencias exclusivas cumplan, todas, los mismos parmetros y contemplen los mismos procedimientos. Este tipo de leyes no son compatibles con un Estado autonmico. Para uniformar las polticas sobre determinadas materias, las autonomas deberan llegar a acuerdos voluntarios entre s, que sean auspiciados por el nivel nacional del Estado. Como resultado de lo sealado, no hay leyes bsicas, es decir, generales y abiertas, que realmente admitan leyes de desarrollo. Se ha reducido la facultad legislativa de las autonomas, y entre ellas de los municipios, a una simple actividad de reglamentacin de polticas ya especificadas por el nivel nacional.

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Aunque los gobiernos municipales son hoy fundamentales para el cumplimiento de las competencias relacionadas con el desarrollo humano (salud, educacin y otras materias asociadas) y el desarrollo econmico local, esto no ha sido expresado por la Constitucin con claridad. Estas competencias no siempre estn incluidas en los catlogos de estas jurisdicciones. El artculo 302 de la Constitucin da a las autonomas municipales la potestad de crear y administrar impuestos, pero esto se ha visto restringido y bloqueado por las leyes finaciales aprobadas por el Gobierno central, al extremo de que los municipios son tan dependientes hoy como ayer de las transferencias del nivel central, algunas de las cuales y cada vez ms no son de libre disponibilidad, es decir, no se pueden gastar en lo que los municipios creen que es mejor (aunque sea respetando los lineamientos generales del pas). Las leyes financiales no permiten el endeudamiento de las autonomas y, como es lgico, ni se ha pensado en una ley de responsabilidad fiscal, ni en mecanismos de pago automtico de los crditos, por medio de descuentos de las transferencias de recursos del nivel nacional a las autonomas, emisin de papeles de deuda e inversin de los excesos de liquidez (fondos fiduciarios y de inversin municipales), etc. En lugar de una construccin flexible, adaptable y plural, al que contribuyan en igualdad de condiciones todas las unidades a las que la Constitucin reconoce igual rango legal, el proceso autonomista est derivando en la construccin de un complejo aparato burocrtico de control de lo que hacen los niveles subnacionales, en especial en el terreno financiero. Otro elemento que no se est cumpliendo, aunque se halle establecido en la Constitucin, es la creacin de regiones, es decir, territorios mayores a los municipios y menores a los departamentos que constituyen una unidad histrica, econmica y cultural. En teora, las regiones pueden convertirse en autonomas regionales con el acuerdo del gobierno departamental al que pertenecen. Pero solo en la teora, lo que constituye una importante falta, ya que las regiones son los espacios ms adecuados para atender problemas que los municipios no pueden resolver actuando por separado, como la conservacin de cuencas, la ejecucin de proyectos productivos basado en recursos naturales, etc. (no debe confundirse a las autonomas regionales con las mancomunidades, que son entidades tanto pblicas como privadas, y que deberan seguir funcionando de forma paralela y complementaria con las primeras). Las autonomas municipales no tienen diferencias con las autonomas indgena-originario-campesinas, excepto por la forma de organizacin de sus gobiernos. Por lo dems, la gestin del territorio, la promocin del desarrollo, la participacin ciudadana y el control social en ambos tipos de autonoma son iguales. Por tanto, el nacimiento de las autonomas indgenas constituye en realidad una transferencia horizontal de competencias, desde los municipios a ellas. Pese a ello, las autonomas indgenas tampoco se han materializado, aunque existen algunos territorios interesados en formarlas.

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La aprobacin de cartas orgnicas municipales por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional, encargado de comprobar la constitucionalidad de las mismas, est completamente estancada. Por culpa de esto, la definicin de cmo sern y cmo funcionarn los rganos de gobierno municipales, cmo se administrar el presupuesto, qu sistemas de investigacin, operacin y control se pondrn en marcha, todo esto ha quedado en suspenso y, por tanto, se sigue aplicando un marco legal transitorio. En general esta situacin muestra el centralismo objetivo del pas. El Estado boliviano enfrenta una dificultad estructural y crnica: la carencia de ingresos a consecuencia de la limitada actividad econmica, lo que se traduce en recaudaciones tributarias escasas. A lo largo de lo historia, esta deficiencia ha causado que la principal preocupacin estatal sea la propia supervivencia. Al mismo tiempo, y de una manera compensatoria, Bolivia ha contado casi siempre con rentas provenientes de la explotacin de recursos naturales, que el Estado ha intentado capturar de una u otra manera, logrndolo plenamente en los periodos nacionalistas como el actual. De las dos fuentes sealadas, la ms importante es la segunda, tanto porque en ciertos momentos (como el actual) provee una gran cantidad de fondos al Estado, como porque debido a su carcter suele orientarse a la inversin pblica, antes que al simple sostenimiento de la planilla de empleados pblicos. Como se comprender fcilmente, la necesidad de controlar esta fuente extraordinaria de recursos, sumada a la precariedad de las fuentes locales de ingresos, impregna al Estado boliviano de centralismo. El pas mismo tiene una diversidad de regiones y de poblaciones, por lo que la idea de administrarlo descentralizada y aun federalmente no ha sido ajena al pensamiento de sus pobladores. Adems de por motivaciones culturales e ideolgicas, stos plantearon su lucha contra el centralismo por el lgico deseo de aprovechar ms directamente la riqueza manejada por el gobierno. Sin embargo, el centralismo perdur y perdura hasta ahora, pues ha encontrado siempre la forma de reinventarse luego de las sucesivas reformas que la lucha regional logr arrancar a las autoridades. As lo determina el carcter centralizado de los ingresos estatales, es decir, que provengan principalmente de la industria extractiva, que es una sola, y no de las dems actividades econmicas que se encuentran dispersas por todo el pas. El centralismo tiene, como hemos dicho, un carcter objetivo. Por otra parte, coincide con la ideologa predominante en el pas, que pretende usar el Estado (en concreto, las rentas de los recursos naturales que el Estado posee) para desarrollar la sociedad en un sentido u otro. Esta ideologa (nacionalista revolucionaria) demanda un Estado fuertemente cohesionado, que se mueva al unsono detrs de los mismos objetivos, y que sirva como un ariete en contra de los enemigos del proyecto social que se pretende construir. De ah que las concesiones que se hacen a las regiones (por ejemplo, las incluidas en la Ley de Hidrocarburos, o las realizadas por el actual Gobierno y que permitieron la conformacin de las autonomas departamentales y otras) sean casi siempre provocadas por circunstancias polticas desfavorables para el centro. De ah tambin que, una vez hechas, ste trate de socavar su efecto sobre las finanzas pblicas con medidas re-centralizadoras, al mismo tiempo que trata de reconcentrar el poder poltico.

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II.2. La necesidad de un pacto fiscal (que el MAS no quiere) La necesidad del pacto fiscal surge de la Ley 3058 o de Hidrocarburos, cuya gran novedad fue la creacin de un impuesto a la produccin de gas y petrleo de 32%, para sumarlo a las regalas del 18% que hasta ese momento el Estado cobraba a esta actividad (11% de estas regalas iban a los departamentos productores, 1% a Pando y Beni, como una compensacin por su apoyo a Santa Cruz en la obtencin de las regalas, y 6% a la empresa estatal del petrleo, YPFB). El nuevo impuesto de 32% se llam Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y se decidi distribuirlo de la siguiente manera:

4% de la produccin departamental de hidrocarburos para cada uno de los cuatro departamentos productores (Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz y Cochabamba), lo que demanda el 12,5% del IDH total.

2% de la produccin nacional de hidrocarburos para cada uno de los cinco departamentos no productores (La Paz, Oruro Potos, Beni y Pando), lo que representa un 31,3% de lo recaudado por IDH.

4,5% del valor de la produccin total de hidrocarburos (14,1% del IDH) al fondo de compensacin para los departamentos que se encuentren por debajo del IDH nacional promedio (que se calcula tomando en cuenta a todos los departamentos excepto Tarija).

7% del IDH nacional para el fondo de compensacin para La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, por ser stos los departamentos de mayor poblacin. El 80% de este fondo es distribuido entre los municipios de estos tres departamentos, de acuerdo a la poblacin de cada uno de stos, y 20% a las universidades.

De los recursos que percibe el Tesoro, un 5% va al Fondo Indgena para financiar proyectos de desarrollo productivo y social, y el restante 30,2% se queda en el Tesoro, aunque no sin antes haber sido mermado por las participaciones de las Fuerzas Armadas, la Polica Nacional y otras instituciones.

Gracias a este complicado mecanismo, apenas aprobada la Ley de Hidrocarburos, los departamentos reciban el 64,8% del IDH y el Tesoro, el 35,2%. De los recursos por IDH que iban los departamentos, las prefecturas de entonces reciban 32,8%, los municipios 25,6% y las universidad el 6,4%. Si se calcula lo que le tocaba a cada departamento, tenemos que la cuota es homognea. El criterio bsico de la ley haba sido distribuir los recursos entre nueve partes iguales. Por eso, restando el 7% del IDH que va al fondo compensatorio para La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, todos los departamentos perciben 6,3% del IDH total, con excepcin de Tarija que recibe 7,8%, por ser el con mayor produccin de hidrocarburos. Esta repartija en partes iguales del principal ingreso del pas refleja la correlacin de fuerzas que haba en el momento de aprobacin de la Ley 3058, es decir, en el momento en el que el Estado, acosado desde 2003 por una enorme actividad de masas, haba perdido su tradicional capacidad para neutralizar las iniciativas descentralizadoras de las regiones.

Aparentemente repartir por igual es lo ms equitativo, pero slo es as cuando los beneficiarios son iguales entre s. Si no lo son, como en este caso, los resultados son confusos: los

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departamentos ms poblados son los que menos recursos reciben, a pesar de la compensacin del 7% adicional recibido por estas regiones. En el otro extremo, los departamentos menos poblados son los que ms recursos reciben en trminos per cpita. Estas disparidades tambin se dan en la distribucin del IDH por habitante pobre y la injusticia se replica si consideramos la densidad poblacional (habitantes por km2): los departamentos con mayores superficies, como es el caso de Santa Cruz, La Paz, Beni, Cochabamba y Potos, son los que menos recursos de IDH reciben por habitante/km2. En suma, el rgimen fiscal que result del proceso de nacionalizacin del gas es errtico, amn de complicado. No responde ni a la justicia (a todos por igual) ni a la razn instrumental (el logro de los mejores resultados al menor costo posible), sino a la posicin que ocupan los departamentos respecto a los yacimientos, es decir, a un criterio rentista. La creacin del fondo de compensacin para departamentos ms poblados no resolvi esta cuestin. En el periodo que va desde 2005-6 hasta ahora el intrincado panorama que estamos describiendo se complic todava ms porque el gobierno central no slo recuper la fuerza perdida por la crisis poltica, sino que la increment gracias a la gran popularidad y el indudable autoritarismo del presidente Evo Morales. En consonancia con esto, el Ministerio de Economa plane y ejecut una serie de medidas de recentralizacin de los ingresos. La principal de ellas fue un descuento general del 30% del IDH total, el cual se usa para pagar la Renta Dignidad, es decir, la pensin no contributiva que entrega el Estado a los mayores de 60 aos. Adems, el Gobierno ha incrementado su uso de notas de crdito fiscal (es decir, de pagos que se hacen por medio de la exencin de impuestos por el valor del que se trata), pues la coparticipacin de los municipios y universidades sobre la masa tributaria no petrolera slo se aplica a los montos efectivamente pagados por los contribuyentes. Y, lo que es ms grave, ha empleado una serie de triquiuelas burocrticas (plazos imposibles de cumplir, falta de informacin) para impedir que las regiones gasten la suma completa del IDH que les corresponde. Tenemos entonces, operando al mismo tiempo, la distribucin departamentalista de la Ley 3058, y las maniobras re-centralizadoras de los ingresos que prctica el Gobierno. El resultado final es un desorden que debera resolver un nuevo pacto fiscal. Sin embargo, el hecho de que la Ley Marco de Autonomas seale un plazo para la realizacin de un pacto fiscal no significa que ste vaya a concretarse realmente. La disposicin transitoria dcimo sptima de la ley dice que: 1. El Servicio Estatal de Autonomas en coordinacin con el Ministerio de Autonomas y el Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas, elaborarn una propuesta tcnica de dilogo para un pacto fiscal... 2. En un plazo no mayor a seis meses despus de publicados lo resultados oficiales del prximo Censo Nacional de Poblacin y Vivienda, la propuesta tcnica sobre el pacto fiscal deber ser presentada al Consejo Nacional de Autonomas a fin de desarrollar un proceso de concertacin

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nacional y regional como paso previo a cualquier tratamiento por las vas legislativas que corresponden. En otras palabras, la ley dispone que haya un debate, pero no que ste concluya en algo concreto, esto es, en un cambio definitivo y significativo del sistema de financiamiento fiscal. La clusula de la Ley de Autonomas que acabamos de citar parece haber sido redactada para dar a las autoridades la posibilidad de transformar su propuesta de pacto fiscal en una iniciativa legislativa, o de no hacerlo, dependiendo de las posibilidades que tenga de imponerla sin consecuencias polticas serias. Pero esto no resulta fcil, porque los cambios solo pueden ser tres: en el sentido de la equidad (concebida como la concesin de lo mismo a todos), en el sentido de la razn instrumental (para lograr el mayor desarrollo o la mayor cantidad de servicios estatales entregados con el menor esfuerzo y la menor inversin de recursos invertidos), o en un sentido abiertamente centralista, para borrar el sesgo departamentalista de la distribucin, principalmente del IDH. Estos tres posibles resultados del debate del pacto fiscal implican que ganen algunos departamentos (gobernaciones y municipios) y otros pierdan respecto a la distribucin actual y a las expectativas. Si el criterio fuera entregar a cada ciudadano un monto ms o menos igual de dinero o, en cambio, una cantidad igual de bienes y servicios estatales con el mismo valor, ganaran los departamentos con ms poblacin y perderan los despoblados y los productores de baja poblacin. Si el criterio consistira en lograr que cada ciudadano recibiera al menos un mnimo de bienes y servicios estatales, esto exigira dar ms dinero a los departamentos ms poblados, ms extensos, con mayor cantidad de pobres, etc., entonces perderan los departamentos con menos poblacin y ms pequeos, especialmente si son productores. Pero estas posibilidades son tericas. En los hechos, lo que se opondr al pacto fiscal ser la poltica fiscal re-centralizadora del Gobierno central, en contra de todos los departamentos. El Gobierno quiere dejar las cosas como estn (y de ah las chicanas a las que ha recurrido para no discutir el pacto fiscal hasta ahora), es decir, seguir su estrategia de sustraccin de los recursos regionales por medio de trucos burocrticos y forzando a las gobernaciones y los municipios a financiar inversiones de alcance nacional, gran popularidad y difciles de rechazar, como ahora ocurre con el pago de la Renta Dignidad. Por eso concurrimos a estas elecciones con la demanda de convertir la oferta de autonoma que hace la Constitucin en una realidad, es decir, de radicalizar la transferencia de responsabilidades y recursos del centro del Estado a los dems gobiernos. Sin embargo, al mismo tiempo sabemos que esta demanda encontrar el gran escollo de un gobierno centralista que cuenta con dos tercios de votos en las instituciones representativas del pas. Aun as, es necesario denunciar la ineficiencia y arbitrariedad de un sistema que depende para todo de La Paz, y reactualizar el proyecto de las autonomas, a fin de redistribuir las competencias (responsabilidades) de los distintos niveles del Estado de modo que se eliminen las actuales iniquidades y se logre que cada autonoma departamental y municipal pueda ocuparse directamente de regular y animar la vida de la poblacin. Se debe reformar la Ley Marco de Autonomas y establecer un pacto fiscal que permita financiar el cumplimiento de las nuevas

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competencias. Se debe calcular el costo de las competencias que se asignen y construir un sistema de transferencias y compensaciones que permita financiar este costo, de modo que cada ciudadano reciba ms o menos lo mismo (o de modo que se logren determinadas metas de desarrollo, que se medirn con determinados indicadores). Obviamente, la implementacin de esta propuesta depender de los resultados electorales. Si la oposicin no logra suficientes gobernaciones y municipios, se dar una ratificacin de facto de la Ley Marco de Autonomas y, por tanto, del status quo fiscal. En cambio, el empoderamiento opositor podra presionar para una reforma autonmica y un pacto fiscal en un escenario completamente distinto. Es cierto que la posibilidad de una redistribucin har que cada departamento y cada municipio pretendan una nueva forma que los favorezca. La nica manera de evitar que esto degenere en un conflicto sera insertar la discusin fiscal en la celebracin de un nuevo pacto autonmico, esto es, canjear concesiones fiscales a cambio de la entrega de mayores obligaciones para proveer bienes y servicios. En otras palabras, el pacto fiscal slo ser viable como parte de un reordenamiento integral de las competencias, las facultades y los poderes territoriales del pas, esto es, como parte de un proceso de plena realizacin del Estado de las autonomas, que hasta ahora se encuentra larvado por el peso centro estatal, el cual ha encontrado cmo mutilar la descentralizacin departamental y cmo estancar la expansin de las responsabilidades municipales. El pacto fiscal, en suma, debe convertirse en un nuevo pacto autonmico (el pacto del Estado autonmico) mucho ms radical, pero tambin ms equilibrado, que el que existe ahora. Ms all y ms ac de la siempre necesaria operacin tcnica de clculo de cunto le debe tocar a cada quien, la cuestin del pacto fiscal es un problema de ndole poltica que, por eso, slo puede resolverse en este plano. II.3. La situacin de la economa popular En Bolivia cada punto porcentual de crecimiento del PIB se convierte en apenas de 0,3 a 0,5% menos de pobreza (es decir, cantidad de personas que no pueden pagarse una canasta bsica de alimentos y bienes). Los ms optimistas hablan de una relacin 1-0,7%. Este rezago del ritmo de superacin de la pobreza respecto al del crecimiento muestra que aquella responde a desigualdades estructurales que una mayor abundancia general de recursos no puede resolver. En otras palabras, que haya ms recursos no sirve de mucho si estos no se distribuyen especficamente a favor de los pobres. Al revs, la abundancia de recursos, sin una adecuada poltica social, causa nuevas desigualdades que no existan en el pasado. Por eso no se trata de esperar que el crecimiento se traduzca automticamente en igualdad social y disminucin de la pobreza, esto debe ser buscado consciente y deliberadamente. Y es en esta materia donde ms se ha fallado en los ltimos aos Bolivia. El pas no ha sabido convertir la prosperidad exportadora y el aceleramiento del conjunto de la economa en una disminucin de la

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desigualdad que sea comparable. Al contrario, ha mantenido la relacin entre crecimiento y menor pobreza en un nivel bajo, y ha dejado que nuevas desigualdades aparezcan. Cules son las causas de esta grave falla? Por un lado, las polticas distributivas son ciegas, es decir, no diferencian a quienes tienen ms y tienen menos; es ms, son regresivas, o sea favorecen ms a quienes tienen ms; y no son polticas sostenibles, pues no toman en cuenta la cuestin clave de la productividad. Hasta aqu el crecimiento ha sido jalado por el gasto pblico, que equivale a alrededor del 40% del PIB. Un uso ptimo de los recursos de la economa boliviana, entonces, exigira que el Estado gastara de forma sabia, convirtiendo cada centavo en bienes de capital o en servicios que mejoren los recursos humanos. Pero, qu ocurre en la realidad? La inversin en bienes de capital, como carreteras, fbricas, etc. representa un 11% del PIB. Y mucho de este dinero se desperdicia por la realizacin de procesos no competitivos de licitacin que dan lugar a sobreprecios, por un diseo caprichoso de los proyectos y por la falta de complementariedad entre unos proyectos y otros.1 Es decir, no se emplea de forma ptima, lo que debilita el crecimiento de la economa. Una parte del gasto pblico (alrededor del 15% del PIB, una tasa slo ligeramente mayor a la de los aos 90) se destina a la poltica social, se supone que para favorecer a los ms pobres. Sin embargo sta no ha sido suficientemente pro-igualdad. Una poltica social del pasado que el Gobierno ha continuado y ampliado es la de reparto en efectivo de una parte de las rentas del gas a diferentes grupos poblacionales: el de la tercera edad (Renta Dignidad), el de los estudiantes de primaria y dos cursos de secundaria (Bono Juancito Pinto) y el de las mujeres parturientas y los nios recin nacidos (Bono Juana Azurduy). Los bonos son mejores que otros programas sociales, porque al ser universales evitan la discriminacin poltica que marca la poltica social. Sin embargo, no es posible decir que el mecanismo de reparto en efectivo nos libra de la necesidad de orientar mejor los recursos con que contamos para resolver los problemas de pobreza del pas. Como el Gobierno ha reconocido, la poltica de bonos durar mientras tengamos gas.2 Lo mismo podra decirse del conjunto de las polticas redistributivas actuales, en especial el constante incremento del gasto pblico. Todas ellas tienen fecha de expiracin. Adems, sern muy difciles de financiar incluso antes de que el gas se acabe completamente, si los precios no son tan buenos como fueron, disminuye la demanda estatal y esto contagia a la baja el nivel de consumo de los hogares. Por tanto son insostenibles.

1 Investigaciones La verdad sobre el programa Evo Cumple y La verdad sobre la corrupcin, realizadas por Unidad

Nacional en 2013. 2 Luis Arce, ministro de Economa, en La Razn, Un tercio de los bolivianos recibe dinero a travs de los bonos

sociales, 2 de enero de 2014.

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Esto hace tan importante que aprovechemos este momento de gran abundancia de recursos para pasar del asistencialismo (la entrega de beneficios por razones principalmente electorales) a la creacin de nuevas capacidades en la poblacin, de modo que sta pueda sostener y mejorar su tren de vida por su propia cuenta, sin depender del apoyo del Estado. Se trata de aprender a pescar en lugar de recibir pescados de manera insostenible, como ocurre ahora. Dicho de otro modo, se trata de pasar a una poltica social que apunte a resolver las inequidades histricas del pas. El mayor peso de la transformacin que necesitamos debe recaer sobre la redistribucin del capital ms fcil de difundir y democratizar, que es el capital humano. Se trata especialmente de la educacin y formacin productiva de las personas, de modo que stas adquieran capacidades que les permitan sistematizar, tecnificar y hacer ms rentables sus actividades actuales, as como desarrollar ideas innovadoras. As responderemos a la preocupacin de los hogares populares por la subida de los bienes que consumen, porque sus ingresos son insuficientes para enfrentar esta constante alza. La siguiente tabla, realizada con precios oficiales explica por qu se ha hecho tan difcil ir al mercado para la gente comn y corriente, especialmente si tiene empleos precarios.

Comparacin de precios al consumidor (La Paz) Artculo de consumo Precio 2008

(abril, en Bs) Precio 2014

(febrero, en Bs) Variacin

Pan corriente 1 unidad 0,40 0,40 0% Harina de trigo 1 libra 2,49 3,69 48% Arroz 1 libra 3,88 4,45 14% Fideo 1 libra 3,40 4,77 40% Carne de res con hueso 1 kilo 18,82 25,42 35% Carne de res sin hueso 1 kilo 26,62 34,57 29% Azcar 1 libra 2,01 2,50 24% Papa imilla 1 arroba 29,57 46,42 56% Leche natural 1 litro 6,14 9,50 54% Aceite 900 CM3 14,19 12,16 -14% Alquiler vivienda 1 mes 237,04 369,23 55% Transporte minibs 1,54 1,58 2,6% Transporte microbs 1,13 1,20 6,19% Transporte taxi 8,04 12,55 56% Transporte interdepartamental 66,21 93,39 41% Consulta mdica general 33,27 36,43 9,9% Servicio dental 46,94 75,70 61% Laboratorio clnico (hemograma) 26,11 29,78 14% Servicio de hospitalizacin 1 da 102,78 125,48 22% Servicio de parto 2 das 1,534,20 1,984,08 29% Pensin primaria mes 275,13 355,23 29%

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Pensin secundaria mes 377,73 457,40 21% Pensin educacin superior mes 487,38 689,77 41% Pensin institutos de informtica mes

99,19 163,75 65%

Fuente: INE Como se ve, comprar alimentos bsicos puede ser entre 14 y 56% ms caro; el alquiler de una vivienda es 55% ms alto; y se necesita gastar entre 21 y 65% ms que en 2008 para tener un hijo y educarlo hasta el nivel universitario en instituciones privadas (que en muchos casos son las nicas que ofrecen un nivel mnimo de calidad). Este cuadro muestra por qu los bolivianos estn preocupados por la falta de empleos dignos que ofrezcan remuneraciones suficientes para enfrentar el alza de los precios. En efecto, millones de bolivianas y bolivianos informales trabajan 10 y 12 horas al da, sin descanso, pero aun as no obtienen un producto y luego un pago que corresponda con este trabajo. Aunque lo que trabajan les sirve para sobrevivir, en el fondo lo hacen a prdida, si se compara lo que obtienen con lo que deberan recibir. Por qu entonces tantas personas (el 80% de la poblacin laboral) tienen que trabajar en el sector informal? Porque no tienen alternativa. Porque cada vez es ms difcil conseguir empleos en los que se paguen bien. Para crear este tipo de empleos, debemos encontrar la forma de pasar a ms personas de actividades muy simples y repetitivas, como el comercio minorista, a actividades ms complejas, que sean ms productivas y rentables. Para ello debemos introducir tecnologa, capital de trabajo y una gestin moderna en los negocios populares. Nuestra propuesta no es teora, est probada en la prctica. Se basa en la experiencia de los Centros de Innovacin y Tecnologa (CITES), que se dedican a capacitar a los trabajadores menos calificados de modo que, luego del aprendizaje, puedan abrir negocios individuales o cooperativos, que sean ms productivos y por tanto les ofrezcan mayores ingresos. Nosotros proponemos que el Gobierno Municipal inicie un programa para la instalacin y financiamiento de CITES en las reas ms necesarias y sensibles del municipio, tomando en cuenta de que stos ofrecen excelentes resultados en sectores de la economa tales como:

La pequea industria (confeccin, cuero, carpintera, zapatera, metalmecnica). La agropecuaria: la transformacin de la quinua, la produccin de productos

orgnicos y el cultivo de llamas. El desarrollo del turismo: la capacitacin de guas, la gastronoma, etc. Tareas especializadas, como por ejemplo para que las cooperativas mejoren su

productividad y respeten las normas de seguridad industrial, ambiental, etc. La reinsercin de los reos en la sociedad: CITES en las crceles.

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II.4. Las deficiencias de la poltica social Los aos de crecimiento no se estn aprovechando para trasformar dos piezas claves de la poltica estatal. La entrega de ms capital a las personas, a travs de la educacin, y la conservacin del capital humano existente por medio de un mejor sistema de salud. En el ltimo tiempo en el rea educativa prcticamente no ha concretado ninguna medida importante, y slo se han repartido computadoras a los maestros y los estudiantes, lo que no cambia profunda y sosteniblemente el verdadero drama de la educacin boliviana, la poca habilidad y el escaso conocimiento con la que los maestros imparten sus enseanzas, que en los hechos crea una suerte de apartheid educativo que separa a la mayora de los bolivianos, los cuales deben contentarse con una educacin de bajsima calidad, de las pequeas lites que son capaces de acceder a servicios privados ms eficientes. La baja calidad educativa es el principal obstculo de la movilidad social del pas, esto es, impide que las nuevas generaciones obtengan mayor formacin y mejores ingresos que las que las anteceden. Por culpa de ella para los pobres no es rentable invertir dinero y tiempo en educacin. Completar el bachillerato en el sistema fiscal de educacin bsica no cambia significativamente las habilidades productivas de los jvenes que no podrn costearse una educacin superior. Y la propia educacin universitaria, marcada por el apartheid educativo, da salida a dos muy diferentes clases de profesionales, con posibilidades tambin muy diferentes de obtener ingresos por su trabajo. De este modo, el sistema desincentiva a estudiar ms a los jvenes que requieren generar ingresos de inmediato. Si los salarios de los trabajadores no calificados (es decir, de los que tienen menos educacin formal) se benefician ms del crecimiento econmico, como ocurre actualmente, entonces el costo de oportunidad de seguir estudios secundarios y universitarios se hace mayor. Una transformacin cuantitativa y cualitativa de la educacin requiere de ms inversin en la educacin bsica, mejor formacin docente, ms preocupacin por los nios pequeos. En el caso de la salud los problemas son similares: se mantienen los gravsimos problemas de calidad, que son particularmente dolorosos cuando hablamos de enfermedades graves (cncer, insuficiencia renal, enfermedades degenerativas e inmunolgicas), las cuales prcticamente condenan a los pobres a la muerte, ya que: a) los servicios pblicos slo estn disponibles para los trabajadores formales (es el caso de la Caja Nacional de Salud), b) cuando son gratuitos o financiados por los seguros de maternidad y de vejez, no cuentan con camas o espacios para los aparatos de anlisis y tratamiento (escneres de todo tipo, desde mamografas hasta tomografas y resonancias magnticas, mquinas de dilisis o de radioterapia, etc.), y tampoco pueden proveer de los medicamentos necesarios para los tratamientos ms complejos. En los hechos, estas carencias privatizan al sistema en su conjunto, incluso cuando la infraestructura hospitalaria y las remuneraciones mdicas sean cubiertas por el Estado. Los problemas y las carencias de los servicios se deben a una baja inversin estatal en salud (menos del 4% del PIB, es decir, casi la misma tasa de los aos 90) y a la necesidad de una mayor

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contratacin de personal calificado y compra de aparatos, insumos, etc. Otra causa fundamental es la corrupcin, que desva una cantidad indeterminada de recursos a los bolsillos de los que toman decisiones sobre la compra y el uso de los suministros. II.5. El enfoque de las polticas urbanas en un contexto de crecimiento Las ciudades enfrentan los desafos que genera el boom poblacional en un contexto de crecimiento. Aunque Bolivia sigue teniendo pocos habitantes para la extensin que tiene, la densidad demogrfica urbana ha crecido enormemente en los ltimos 50 aos. El 80% de los bolivianos vivimos en 25 ciudades. Los desafos que hay que enfrentar son muchos: a) Insuficiente provisin de servicios de todo tipo, desde los bsicos hasta los financieros, b) escasez del transporte colectivo y explosin del parque automotriz privado, c) escasez de tierras urbanizables y burbujas de precios inmobiliarios, d) complicacin de la relacin entre el ciudadano, las empresas y las instituciones, que, adems, se han burocratizado enormemente, f) inseguridad en las calles por la proliferacin de bandas juveniles, la ineficiencia de la Polica, y la respuesta brutal de la sociedad al aumento del crimen, que consiste en la aplicacin de justicia por mano propia, g) falta de agua y saneamiento, polucin y mal manejo de los residuos, h) nuevas plagas: alcoholismo, drogadiccin y violencia intrafamiliar, en especial la dirigida contra la mujer. Frente a ello, en el campo del desarrollo urbano, las polticas imprescindibles son las siguientes:

El ordenamiento urbano y territorial de los municipios, a fin de mejorar las condiciones de habitabilidad del pas y orientar los procesos de crecimiento y desarrollo de una manera que no deteriore la calidad de vida de las personas. El crecimiento inmobiliario debe ser regulado de manera que las nuevas edificaciones no terminen colapsando los servicios urbanos, no dejen a la poblacin sin espacios de recreacin, parqueo de vehculos, paisajes, y respeten el patrimonio natural y tambin el cultural del municipio (respeto de algunas edificaciones importantes por su valor histrico o esttico).

La metropolizacin de los municipios ocupados por las tres grandes urbes del pas, de forma democrtica y sin crear gobiernos paralelos a los municipales. Esto permitir eliminar las zonas de incertidumbre jurdica que actualmente se han creado, y que son caldo de cultivo de la destruccin del patrimonio natural y cultural y de la ciudad, y causa de que impere la ley del ms fuerte en el negocio inmobiliario, con la presin que esto representa para la honestidad y la transparencia de los gobiernos municipales. Para ello se requiere concertar una poltica nacional y departamental.

El establecimiento de sistemas colectivos de transporte que alejen a nuestras ciudades de los modelos urbanos contaminantes e inseguros de otros pases de Latinoamrica, los cuales descansan en la expansin del parque automotor y la expansin sin fin de la mancha urbana.

El mejoramiento de la calidad de los servicios provistos por el Estado: los municipios deben ocuparse de una manera mucho ms integral y profunda de la problemtica de agua

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potable y saneamiento, y deben exigir que el Estado provea de los dems servicios: electricidad, telecomunicaciones, etc.

La cualificacin urbana a travs de la implementacin de ciudades para la vida, en las que se privilegie la calidad de vida, un hbitat sostenible y se logre el equilibrio territorial por medio de una efectiva gestin y gobernanza urbanas.

II.6. El avance contradictorio de las mujeres Son evidentes los progresos en cuanto a la inclusin poltica de las mujeres, adems de ciertos cambios legales que amplan los derechos de stas. No obstante, poco ha cambiado el panorama de desigualdades econmicas, sociales y culturales en las relaciones de gnero. Las mujeres no han dejado de ser una parte vulnerable de la sociedad, que confronta serios problemas laborales, de seguridad econmica, sanidad, educacin, violencia domstica y otros. Notoriamente hay ms mujeres ocupando altos cargos en el Estado, pero el dficit de polticas y programas de equidad de gnero es an considerable. Por otro lado, casi no ha cambiado el trato que se da a las mujeres en las altas esferas de poder. En muchos casos, las mujeres son vctimas de la instrumentalizacin simblica y poltica, a la par que se reproducen hbitos machistas y patriarcales en el ejercicio del poder. El protagonismo de la mujer en la vida poltica, econmica y social es una tendencia irreversible. Los cambios sociales ya no son posibles sin tomar en cuenta la dimensin de gnero. La tarea pendiente es transformar esa presencia en capacidad de decisin e influencia efectivas, es decir en empoderamiento real. El cambio cultural que falta en Bolivia es asumir que un cambio en la condicin de vida de la mujer ha de tener como principal sujeto a las propias mujeres, tomando decisiones y responsabilidades en los diferentes mbitos de la vida nacional; esto es, construyendo de su propio liderazgo en la sociedad. El Estado tiene que retomar con determinacin su papel en la lucha contra el flagelo de la violencia en la familia. Los autores de estos delitos tienen que ser castigados con todo el rigor de la ley. Frenar estos delitos y dar proteccin a las vctimas, es una labor primordial de la Polica, la Justicia y la administracin gubernamental en todos sus niveles. Para reforzar los programas de lucha contra la violencia domstica se requiere de una estrecha colaboracin entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales y municipales as como la activa participacin de organizaciones de mujeres e instituciones de desarrollo social. Desde el Gobierno Municipal incentivaremos esta clase de programas, coordinando acciones con el Gobierno Nacional y el Departamental y tambin asignando recursos en funcin a los resultados y el desempeo de los organismos ejecutores en el municipio. A partir de la evidencia de que la carga del cuidado (de los hijos, ancianos y personas discapacitadas) sigue distribuyndose desigualmente entre los sexos y se concentra en la mujer, es necesario colectivizar el trabajo, con una mayor participacin del Estado en la provisin de la economa del cuidado. As, un pilar de la poltica social del Gobierno Municipal ser la

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ampliacin de la cobertura de guarderas y centros de educacin pre-escolar; demandaremos al Gobierno central la extensin de la jornada escolar, con apoyo departamental en infraestructura y recursos, de tal manera que las mujeres puedan disponer de mayor tiempo para desenvolverse en el mundo del trabajo e, incluso, tener un tiempo propio para su propia formacin y capacitacin, cuidado de su salud y otras necesidades. II.7. El desafo ambiental Por sus delicados ecosistemas, Bolivia est considerada como uno de los pases ms vulnerables al cambio climtico. Al mismo tiempo, en la prctica, los ltimos ocho aos han sido de desarrollismo puro, es decir, se ha concebido el progreso del pas como una acumulacin de cemento en obras gigantescas, concesionadas de forma poco transparente y construidas sin consideraciones ambientales (tal es el caso de la carretera en el TIPNIS). No se ha realizado ninguna poltica coherente e integral de preservacin del ambiente, mucho menos se ha tomado alguna medida original, pese a que la mayor parte de la cooperacin que todava recibe el pas est enfocada hacia esta temtica. Los programas de concienciacin a los ciudadanos sobre la amenaza del cambio climtico son insignificantes o inexistentes. Por eso todas las medidas que tomemos para acelerar el desarrollo deben subordinarse a las necesidades de la naturaleza, porque si ella no es saludable, la sociedad tambin enferma. Respetaremos escrupulosamente la legislacin sobre medio ambiente; regularemos el crecimiento urbano con criterios ambientales y de preservacin cultural, y consideraremos la contaminacin como el crimen que es, a fin de llevar a sus responsables, sean stos los que fueran, a los tribunales civiles y penales. II.8. La explosin de El Alto El Alto se ha consolidado como el municipio con la mayor concentracin demogrfica en el departamento de La Paz, y el segundo en toda Bolivia. A la par de este crecimiento demogrfico, El Alto ha experimentado una expansin urbana sin precedentes, convirtindose en un centro econmico, productivo y comercial pujante y de gran dinamismo y con un peso gravitante en el desenvolvimiento econmico, social, cultural y poltico del regin metropolitana andina la ms extensa y poblada del pas y, consiguientemente, en el conjunto del departamento de La Paz, adems de una proyeccin creciente sobre el departamento de Oruro, el altiplano y los valles interandinos as como sobre el sur peruano y el norte chileno; regiones stas con las cuales mantiene intensos intercambios comerciales, poblacionales y socioculturales. Lo que sorprende a propios y extraos es la celeridad con que han ocurrido estas transformaciones, quizs en no ms de tres dcadas. Si bien El Alto sigue albergando a una poblacin con altos ndices de pobreza y arrastrando carencias visibles en la calidad del empleo y las condiciones de habitabilidad, infraestructura, servicios bsicos y desarrollo humano, lo cierto es que la ciudad altea est cambiando rpidamente su imagen. El Alto ya no es percibido como sinnimo de pobreza, de marginalidad, de conflictos sociales incesantes, de caos y de ingobernabilidad. Esta imagen, predominante en el pasado, tiende a dar paso a una proyeccin

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ms positiva, la de una ciudad de gran potencial, que ofrece cada vez ms oportunidades econmicas y la promesa de una forma de vida ms confortable, incluso en las duras condiciones de su clima y su entorno natural agreste. El cambio ms notable tiene que ver con la autoestima de los alteos, mucho ms orgullosos de su identidad altea que refleja una simbiosis cultural nica, y cada vez ms seguros y confiados en s mismos y en sus posibilidades de progresar por sus propios esfuerzos. El Alto de pie, nunca de rodillas, ya no es solo un grito de rebelda y decisin de lucha; es tambin la afirmacin de una voluntad individual y colectiva de libertad, de autogobierno y de construccin de un destino propio, menos dependiente del favor o de la voluntad de otros. Por desgracia este proceso de cambios econmicos, sociales y polticos que vive el pueblo alteo tropieza con obstculos que interfieren y retardan su avance. En los ltimos cinco aos hemos vivido, precisamente, la mala experiencia de un lamentable retroceso, de la mano de un gobierno municipal incapaz, ineficiente, catico y corrupto, que le ha privado a nuestra ciudad del liderazgo y del trabajo de una institucin fundamental, como es el gobierno municipal de El Alto, para orientar e impulsar la economa local y tambin para resolver los problemas de la gente. Justamente por ello el riesgo que enfrentamos es que este tipo de desgobierno municipal se prolongue por otros cinco aos ms, y con consecuencias que seran funestas para las aspiraciones del pueblo alteo. Esto no lo podemos permitir. La razn de ser de la candidatura de Unidad Nacional al gobierno de la ciudad es poner freno a la falta de liderazgo institucional y a la carencia de una visin clara del desarrollo alteo y de las prioridades que deben ordenar la gestin municipal; revertir la manifiesta incapacidad de una administracin que no ha podido en estos aos ejecutar siquiera el 40% del presupuesto para inversin pblica (obras) y que ms bien ha malgastado y derrochado el dinero de la ciudad en burocracia y gastos corrientes (sueldos, entre otros). Es pues momento de retomar el camino del progreso alteo. Y la oportunidad para ello es la eleccin municipal del prximo 29 de marzo de 2015. Nuestra candidatura tiene una visin clara de lo que queremos para nuestro municipio, que se resume en una idea fuerza: El Alto seguro y con jacha (mega) obras. Para avanzar en esta direccin, hemos concebido una estrategia que implementaremos desde la administracin municipal altea, concentrando los mayores esfuerzos y recursos en cinco prioridades claves:

El Alto con seguridad ciudadana. Generar oportunidades de emprendimiento y progreso econmico. Modernizar la infraestructura urbana, vial y los servicios bsicos. Mejorar los sistemas de salud y educacin. Fortalecimiento institucional.

Para alcanzar estos grandes objetivos, una condicin es necesaria: tener un gobierno municipal institucional, con liderazgo poltico, autoridad legtima, capacidad tcnica y administrativa

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reforzada. Un gobierno caracterizado por su honradez y la austeridad en el manejo de los recursos municipales, cuidando hasta el ltimo centavo; y cuyas autoridades y funcionarios demuestran una vocacin de servicio a la ciudadana y un compromiso a toda prueba con el progreso de Alto. Un gobierno cercano a la gente, abierto a la participacin social y el control de los ciudadanos y que cumple con su obligacin de rendir cuentas de sus actos. La promesa que le hacemos al pueblo alteo es que volcaremos toda nuestra dedicacin y nuestros mejores esfuerzos y capacidades a transformar nuestros propsitos en resultados concretos y comprobables. II.8.1. Los problemas que queremos resolver Segn varios estudios conocidos, los problemas ms acuciantes del municipio de El Alto son: II.8.1.1. En el campo social y de la seguridad:

Incremento constante de la delincuencia y la inseguridad. El Alto es una de las ciudades ms peligrosas de Bolivia. De la mano de este deterioro va la extensin del alcoholismo y la drogadiccin, vicios que se originan en la pobreza juvenil y que estn vinculadas a la inmensa mayora de los crmenes.

Vulneracin de los derechos de los nios, adolescentes, mujeres y adultos mayores. Altos ndices de violencia familiar y de gnero. Baja cobertura y calidad en el alumbrado pblico, particularmente en las zonas perifricas

y rurales. Carencias en infraestructura, servicios y equipamiento educativo. Limitada y deficiente orientacin tcnica, tecnolgica y productiva del sistema educativo. Insuficiente cobertura de los servicios de salud, infraestructura, equipamiento y servicio

mdico. Escasa participacin de control social en la gestin de la salud pblica. Carencias de alimentacin y nutricin en amplios grupos poblaciones, que generan bajas

defensas en la niez, disminucin de capacidades de aprendizaje y desarrollo intelectual. Limitadas oportunidades de desarrollo cultural. Limitado acceso a infraestructuras deportivas. Falta de equipamiento y dotacin de indumentaria deportiva para las reas formativa,

recreativa y competitiva. 1.8.1.2. En la economa local y el empleo:

Elevados niveles de empleo precario y subempleo, propios de una economa regional predominantemente informal y en muchos casos de subsistencia.

Faltan opciones para la capacitacin laboral, formacin tcnica e innovacin tecnolgica, que mejoren la productividad.

Difcil acceso de las empresas de El Alto a los mercados regionales e internacionales. Falta de apoyo a los pequeos productores, micro y pequeas empresas y crecientes

dificultades de financiamiento.

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La administracin municipal no consigue habilitar las reas de equipamiento destinadas a infraestructura productiva, tales como, el puerto seco, las terminales de transporte, etc., dificultando el posicionamiento de El Alto como centro productivo-industrial de la regin metropolitana.

II.8.1.3. En servicios bsicos y urbanizacin: No se han realizado grandes obras para enfrentar los siguientes problemas:

Crecimiento urbano y demogrfico sin planificacin. La falta de instrumentos de control y planificacin tcnica da lugar a la invasin de espacios

y prdida de reas pblicas, y a la transgresin de normas de uso del suelo. La mayor parte de las viviendas carecen de condiciones adecuadas. Las viviendas ubicadas

en las reas perifricas son precarias. Poca presencia de equipamientos en reas periurbanas o rurales. Extensas zonas y barrios carecen de alcantarillado y sufren de deficiente provisin de agua

potable y gas natural. No se cuenta con apoyo e incentivos a la actividad comercial, productiva e industrial. La ciudad sufre de un agudo congestionamiento vehicular. La basura y los excrementos de animales son un problema mayor en toda la ciudad. No existen polticas ambientales eficaces en el municipio en temas de medio ambiente. La ciudad sufre severos problemas contaminacin del suelo, aire, agua, ros, acstica y

radiacin solar. II.8.1.4. En lo institucional:

Falta de polticas pblicas y programas debidamente planificados, que guen la toma de decisiones, por lo que prevalece la improvisacin y la ineficiencia.

Hay una imagen deteriorada del gobierno municipal, asociada a improvisacin, burocracia, corrupcin, ineficiencia, prebendalismo, cuoteo de espacios institucionales por parte de grupos corporativos y de presin.

No se ha avanzado en la desconcentracin eficiente de la administracin municipal y la territorializacin de los servicios municipales.

No hay identificacin ni compromiso de los funcionarios municipales con la institucin y su misin institucional.

La gestin financiera y administrativa adolece de falta de transparencia. La ejecucin financiera es de regular a baja, debiendo reprogramarse nuevamente en la

siguiente gestin, lo que afecta a la continuidad de los proyectos y programas. Los sistemas de contabilidad, administracin, seguimiento y evaluacin de proyectos, son

atrasados y no responden a los requerimientos actuales y futuros; el uso de las tecnologas de informacin es incipiente y no facilita la gestin y prestacin de los servicios.

No existe un sistema de gestin con indicadores de desempeo, que permita conocer los resultados y el impacto de los proyectos.

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III. PROPUESTA

III.1. Enfoque de nuestras propuestas y relacin con los otros gobiernos En respuesta a los problemas enunciados, y conforme a nuestra visin de la ciudad de El Alto y el rol que debe jugar el municipio alteo, el programa de gobierno que postulamos para el perodo 2015-2020, se asienta en cinco pilares:

El Alto, ciudad segura. El Alto, ciudad de oportunidades, emprendimiento y progreso econmico. El Alto, ciudad moderna, con infraestructura urbana, vial y servicios bsicos mejorados. El Alto, ciudad con educacin, salud y deporte. El Alto, ciudad con institucionalidad y participacin ordenada de los vecinos.

Cumplir este programa de gobierno requiere la coordinacin y el trabajo conjunto con el Gobierno central y el Gobierno departamental, a la que estaremos abiertos y proclives. Reconocemos plenamente el veredicto popular del pasado 12 de octubre. Creemos que la forma de acumular apoyo poltico y de preparar las condiciones para que la oposicin retorne al poder en el futuro pasa por desarrollar una ptima gestin en los gobiernos subnacionales que lograremos ocupar. Nuestros principios polticos nos impelen a respetar a las autoridades que resultan de la prctica democrtica, y nuestro deber para con los ciudadanos nos exige trabajar con ellas, aunque nos separen diferencias polticas. No creemos en el bloqueo de las iniciativas ajenas como va para el potenciamiento propio. Todo lo contrario: no creemos en la exclusividad ni el monopolio, sino en la conjuncin de esfuerzos como nico medio para obtener resultados realmente importantes. Por esta razn nos esforzaremos por hacer alianzas intradepartamentales, por llegar a acuerdos con el presidente Evo Morales, y por impulsar procesos de articulacin y negociacin, en primer lugar para definir las jurisdicciones y funciones municipales que se hallan en disputa. Los bolivianos somos hermanos. La diversidad de nuestra poblacin no es un obstculo, sino una oportunidad y una riqueza. Slo trabajando juntos podremos salir de la pobreza y construir una sociedad de iguales. No caigamos en el juego de los ataques y la agresin, y optemos por construir una casa comn, una casa en la que todos nos sintamos protegidos, que nos enorgullezca a todos, en la que todos tengamos oportunidades de vivir mejor. Bajo nuestro gobierno, en el municipio se respetarn escrupulosamente los derechos humanos de todos los ciudadanos, y las normas y principios de no discriminacin a los indgenas y las minoras sexuales. En nuestra gestin se luchar efectiva y ejemplarmente contra el racismo y no se perseguir judicialmente a nadie por razones polticas. Crearemos un ambiente poltico de tolerancia a la crtica y de respeto a la pluralidad de iniciativas polticas en el Concejo Municipal y en los dems espacios de gobierno en los que interactuemos con la oposicin local. III.2. El Alto, ciudad segura Nuestro objetivo es poner en prctica un modelo descentralizado de gestin local de la seguridad

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ciudadana. Este programa tiene cuatro componentes: i) la desconcentracin de las dependencias de la polica y autoridades jurisdiccionales hacia los distritos; ii) la participacin de los vecinos en tareas de vigilancia; iii) un papel activo del gobierno municipal financiando un sistema de serenos, en estrecha coordinacin con los vecinos y las unidades policiales; iv) un sentido preventivo y disuasivo antes que represivo de la acciones de control de la delincuencia. En aplicacin de este programa, las acciones que llevaremos a cabo son las siguientes:

Crear un cuerpo de serenos en todos los barrios. Estos serenos sern capacitados para que respeten escrupulosamente los derechos de los ciudadanos, al mismo tiempo que vigilan efectivamente las calles, y sern pagados con el presupuesto municipal. Los serenos patrullarn las calles, llenando el vaco actualmente dejado por la burocratizacin y la falta de recursos de la Polica; se les dotar de vehculos y radios de comunicacin, y se les alojar en los centros vecinales de prevencin del delito, que en el da funcionarn para coordinar las campaas contra el alcoholismo, las drogas y la inseguridad. La misin de los serenos ser disuadir la realizacin de delitos e informar de la comisin de ellos de inmediato a las autoridades.

Construiremos Estaciones Policiales Integrales (EPI) en los distritos de la ciudad de El Alto, con un equipamiento bsico de oficinas, dormitorios, equipos de comunicacin y vehculos para tareas de patrullaje, vigilancia y proteccin policial.

Construiremos mdulos policiales en distintas zonas de la ciudad, debidamente articulados a las EPI.

Haremos funcionar debidamente el Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana, presidido por la mxima autoridad edilicia, con participacin del comando policial, unidades militares acantonadas en la ciudad de El Alto (previo convenio interinstitucional), organizaciones vecinales y sociales, para que sea este organismo quien defina la poltica de seguridad pblica en la ciudad de El Alto, apruebe los planes y programas, supervise su cumplimiento y evale los resultados, evitando procedimientos burocrticos.

Educaremos a los jvenes y a sus padres sobre los riesgos del alcohol. Para que los jvenes no beban debe tener otras tareas productivas que cumplir. Usaremos los centros de serenos y otras instalaciones municipales para ofrecer a los jvenes actividades alternativas productivas, sobre todo la enseanza del ingls y la informtica, la prctica del deporte y el arte, y la creacin de bibliotecas barriales.

Daremos prioridad a los centros de proteccin a las mujeres y los nios abusados y golpeados, y fortaleceremos a las secciones policiales encargadas de cumplir la legislacin de defensa de la mujer y la familia.

Estas medidas deben ser parte de un Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana. La seguridad ciudadana es un objetivo nacional que debe convocar a todos los bolivianos. Instaremos al presidente Evo Morales a propiciar un dilogo con los lderes de los partidos de oposicin y concertar un gran acuerdo poltico que siente las bases de una poltica de Estado en seguridad ciudadana, eficaz, democrtica y perdurable en el tiempo.

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III.3. El Alto, ciudad de oportunidades, emprendimiento y progreso econmico Nuestro objetivo es convertir a la ciudad de El Alto en el motor econmico del departamento de La Paz y el lugar propicio para el desarrollo de actividades productivas, industriales y comerciales, tanto pblicas como privadas, de manera de multiplicar la creacin de puestos de trabajo, mejorar la calidad del empleo y elevar los ingresos de las personas y las familias. Los programas que prioritariamente promoveremos son: III.3.1. Desarrollaremos el potencial industrial de El Alto

Implementacin de polticas y programas que favorezcan el desarrollo industrial del departamento, centrado en la ciudad de El Alto, y en coordinacin con las autoridades departamentales y con los sectores productivos de la ciudad.

Apertura de mercado interno y gestin del mercado externo de la produccin altea. Creacin del primer banco municipal de apoyo, tecnificacin y fomento al productor

alteo. III.3.2. Crearemos CITES en El Alto Los CITES ofrecern dos clases de servicios productivos:

Capacitacin tcnica especializada a personas de ambos sexos, especialmente jvenes, que desean adquirir conocimientos prcticos y habilidades laborales y en gestin de pequeas empresas, para iniciar un negocio propio o bien para buscar un empleo. Asimismo, la capacitacin CITE est dirigida a trabajadores de empresas que desean mejorar sus aptitudes y rendimientos, de modo tal que puedan elevar sus competencias laborales y aspirar a ascensos y a mejores salarios.

Servicios de apoyo a micros y pequeos empresarios, en diseo y control de calidad, uso de equipos y maquinaria, laboratorios, contabilidad, asesoramiento legal y otros.

III.4. El Alto, ciudad moderna, con infraestructura urbana, vial y servicios bsicos mejorados Nuestro objetivo es impulsar el desarrollo de la ciudad de El Alto con la implementacin de jacha (mega) obras, con calles y avenidas modernas, y as cumplir con el mandato constitucional de que el acceso a los servicios bsicos es un derecho humano. Las acciones que emprenderemos son: III.4.1. Infraestructuras de servicios urbanos de beneficio general Se priorizarn proyectos como los siguientes:

Construccin de un parque urbano central. Construccin de un matadero metropolitano. Construccin del cementerio municipal. Construccin de una morgue judicial. Impulsar la construccin de la terminal interdepartamental.

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Impulsar la construccin del palacio consistorial del gobierno municipal. Construccin de la plaza mayor de la ciudad de El Alto. Construccin del nuevo relleno sanitario para el depsito de la basura y su procesamiento

tcnico, a travs de una planta moderna de tratamiento, que incluya procesos de industrializacin de la basura.

III.4.2. Programa estratgico de desarrollo vial Comprende proyectos como los siguientes:

Construccin de un nuevo distribuidor vehicular de la Ceja. Ensanchamiento de avenidas y vas de acceso con las carreteras de conexin con las

carreteras a Oruro, Viacha, Copacabana y Laja. Conexin panormica norte y sur con la construccin de un puente. Construccin del proyecto vial Cumbre-Alto Lima, que comunica al municipio con el rea

rural del norte. Como complementos necesarios a estas obras, se avanzar en la construccin y ampliacin

de otras avenidas, puentes, pasos a desnivel y pasarelas en Ro Seco, Ballivin, Chacaltaya, Cruce Viacha, final Avenida Bolivia y Costanera.

Construccin de paseos peatonales y ciclo-vas. Construccin, mejoramiento y ampliacin de vas (Litoral, Arica, Estructurante, Japn,

Costanera y otros). Embovedado de ros y sistema de desage pluvial.

III.5. El Alto, ciudad con educacin, salud y deporte Nuestro objetivo es proteger y mejorar el capital humano alteo, expandiendo la cobertura y calidad de los servicios de educacin y salud, as como fomento de las actividades culturales y deportivas. Asimismo, queremos hacer de esta ciudad un lugar que acoja a la poblacin vulnerable y desamparada de nios, mujeres, personas de la tercera edad y con capacidades diferentes, excluyendo toda forma de discriminacin. III.5.1. Ciudad con educacin En la medida de sus posibilidades y recursos, el Gobierno Municipal debe avanzar en cuatro objetivos educativos fundamentales:

a) Ampliar la cobertura del sistema educacional a los nios de 0 a 8 aos que hoy da estn apartados de los servicios educativos.

b) Mejorar la calidad de la enseanza en todos los niveles. c) Generalizar el conocimiento del ingls y la informtica, instrumentos imprescindibles para

hacer negocios con el mundo y adquirir los conocimientos de vanguardia.

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Para ello proponemos:

Creacin y financiamiento de ms kinders (de 4 a 7 aos) en el municipio. Llegar a un acuerdo con la universidad estatal para realizar un programa de estimulacin

temprana para nios entre 0 y 4 aos, por medio de una red de guarderas y visitas a los hogares. Esto contribuye tambin al objetivo de lograr que las madres consigan empleos dignos.

Crear un programa de ingls e informtica para jvenes, que servir tambin como medida para atacar la inseguridad ciudadana.

Ampliacin de los recursos necesarios para que el desayuno escolar llegue a todos los establecimientos educativos fiscales y privados, con la calidad nutritiva necesaria. Creacin de un programa de almuerzo escolar.

Creacin de una red de bibliotecas pblicas que permitan la concentracin y el acceso inmediato del pblico a los fondos bibliogrficos existentes y de otros que se crearn con adquisiciones directas. Campaa continua de promocin de la lectura.

Creacin de un programa de evaluacin continua de la educacin municipal en todos sus niveles.

Construccin y mejoramiento de la infraestructura de las unidades educativas, garantizando su equipamiento de acuerdo al crecimiento del alumnado y brindando condiciones apropiadas para el estudio y el trabajo de los docentes.

Implementacin en el nivel secundario, en coordinacin con el SEDUCA y el Ministerio de Educacin, la formacin tcnica productiva, tomando en cuenta el contexto de cada distrito y la necesidad de formar especialistas en reas tcnicas.

Programa de becas para que los mejores estudiantes de secundaria continen su estudio en el nivel superior.

Programa de becas a nios y jvenes de familias pobres, para que puedan recibir un apoyo integral que les permita la culminacin de sus estudios y el desarrollo de sus talentos.

Cursos de nivelacin para estudiantes de unidades educativas que tengan dificultades de aprendizaje, adems de otros cursos de orientacin vocacional para bachilleres.

III.5.2. Ciudad con salud En salud proponemos:

Mejorar el equipamiento de los hospitales y centros administrados por el municipio. Gestionar la construccin y equipamiento de un hospital materno-infantil moderno, de

segundo nivel. Gestionar la construccin y equipamiento de un hospital geritrico. Impulsar la construccin de un hospital de tercer nivel en la ciudad. Gestionar la construccin del hospital universitario. Trabajaremos prioritariamente en la dotacin de instalaciones y la dotacin de

equipamientos tcnicos, medicamentos y personal mdico de los centros de salud de

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primer nivel, de manera de reforzar y mejorar la atencin mdica en las distintas zonas y garantizar los servicios mdicos disponibles las 24 horas del da.

Buscaremos que todos estos centros de salud estn debidamente organizados, administrados y articulados en una red de servicios mdicos, a cuyo adecuado funcionamiento volcaremos la mxima atencin.

Los seguros pblicos, como son el Seguro Materno-Infantil (SUMI), el Seguro para el Adulto Mayor (SSPAM) y el Seguro Escolar de Salud Obligatorio de Salud (SESO), requieren ser mejorados; especialmente el SESO que prcticamente no ofrece servicios mdicos. Desde el gobierno municipal velaremos porque estos seguros cumplan plenamente sus servicios y obligaciones, y dispondremos de ms recursos para reforzar el seguro para los estudiantes. Buscaremos alternativas para extender este ltimo seguro a todos los jvenes, incluso a los universitarios, tanto del sector pblico como privado.

Crear un fondo para apoyar a los pacientes pobres con enfermedades graves (cncer, insuficiencia renal, enfermedades inmunolgicas y degenerativas).

Contencin de la epidemia del cncer de tero y de mamas, mediante una campaa de vacuna del papiloma humano y la realizacin gratuita de mamografas a todas las mujeres, sin importar su edad.

Prohibicin a las clnicas privadas de rechazar a enfermos agudos que soliciten atencin. Creacin de un fondo para resarcir las atenciones de emergencia, de acuerdo a un reglamento especial.

III.5.3. Ciudad con deporte Proponemos:

Desconcentracin y ampliacin de las escuelas municipales del deporte para nios y jvenes y diversificacin de las disciplinas deportivas. En coordinacin con las asociaciones respectivas, promoveremos competencias con participacin de las escuelas municipales, clubes y asociaciones deportivas. Dentro de las escuelas municipales, trabajaremos para mejorar los conocimientos y destrezas de los instructores.

Fomento de las actividades deportivas en todas las zonas de la ciudad, generando el acceso a las infraestructuras deportivas y reas de recreacin.

La construccin y administracin de los campos deportivos se har con diseos adecuados para facilitar la prctica de las personas con discapacidad, y tambin la participacin de los adultos mayores.

III.6. El Alto, ciudad con institucionalidad y participacin ordenada de los vecinos Nuestro objetivo es fortalecer la capacidad institucional del gobierno municipal de El Alto para ejecutar obras bien hechas, resolver las necesidades de la poblacin y brindar servicios oportunos y con un trato adecuado a los vecinos y vecinas, as como recuperar la confianza de los alteos en sus autoridades y que sus impuestos y todos los ingresos municipales sern bien invertidos, con honestidad, eficiencia y sin corrupcin.

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Las acciones que emprenderemos son: III.6.1. Una gestin municipal moderna y con resultados

Implementaremos un sistema de planificacin estratgica y participativa, para ordenar todos los programas, proyectos y acciones administrativas, con objetivos de corto, mediano y largo plazo.

Pondremos en funcionamiento un sistema de gestin financiera para la asignacin de los recursos necesarios y el control de todos los gastos.

Haremos gestin por resultados. Lo ms importante es lograr resultados concretos y verificables, para lo cual ajustaremos las normas y procedimientos, de modo que faciliten el trabajo y no se entorpezca, como ahora, con trmites burocrticos interminables.

Evaluacin de todos los programas y proyectos en sus resultados e impactos. Eliminacin del favoritismo, el nepotismo y el reparto de cargos por el favor poltico.

Establecimiento de una carrera funcionaria transparente, institucionalizacin de los cargos y contratacin por concurso de mritos. Con ello tendremos funcionarios ms capaces y de mejor desempeo.

Informatizacin del conjunto de la administracin municipal y de todos los trmites municipales.

III.6.2. Fortalecimiento de las subalcaldas distritales Fortaleceremos la administracin y los servicios municipales de las sub alcaldas, ganando en eficiencia y celeridad en la atencin a los vecinos. Para ello:

Mejoraremos las instalaciones y el equipamiento de las subalcaldas distritales, as como su dotacin de personal y presupuesto.

Los subalcaldes sern designados considerando su capacidad tcnica, su trayectoria, su conocimiento de los problemas distritales y su vocacin de servicio.

Se implementar un sistema informtico y de comunicaciones para conectar a la alcalda y de las subalcaldas en todas las reas.

III.6.3. Cero tolerancia a la corrupcin

Instruiremos una auditora de la actual gestin municipal, para transparentar todo lo obrado en los ltimos aos y, en su caso, derivar los resultados de la auditora a las instancias legales competentes.

Combatiremos la corrupcin transparentando todos los actos del Gobierno Municipal e implantando un estilo de gobierno de puertas abiertas.

Garantizaremos y promoveremos a travs de una ley municipal, la transparencia de la funcin municipal, el cumplimiento de las normas administrativas, la tica funcionaria y el acceso de los ciudadanos a la informacin municipal.

Se rendir informes peridicos a la poblacin en general. Pondremos en funcionamiento en internet el Portal Municipal de Transparencia,

concentrando all la informacin generada por las distintas oficinas del gobierno municipal,

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y especialmente la informacin presupuestaria y contable, los distintos programas y proyectos y sus resultados, los informes de auditora y otros.

III.6.4. Planificacin participativa

Reelaboracin del Plan de Ordenamiento Urbano Territorial del rea Metropolitana. Revisin y modificacin del uso de suelo y patrones de asentamiento (USPA, 1996). Elaboracin del Plan de Desarrollo Municipal 2015-2025.

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programa un soledad chapeton

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