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Ministerio de Relaciones Exteriores
Embajada Real de Dinamarca - Danida
PROGRAMA REGIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN
CENTROAMERICA
PRO-DERECHOS
2013 - 2015
BORRADOR: DOCUMENTO DE APOYO PROGRAMATICO
14 de septiembre de 2012
Ref. No.: 104.Centralamerika.31.PRO-DERECHOS.LPB.
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Título: Programa Regional de los Derechos Humanos (PRO-DERECHOS)
Países: La Región Centroamericana con énfasis en Honduras, Guatemala y Nicaragua.
Entidades ejecutoras: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Fondo ACI y organizaciones de sociedad civil en Honduras, Nicaragua y Guatemala (a definir)
Duración: Desde 01 de enero 2013 hasta 30 junio de 2015.
Presupuesto general: 50 millones de coronas danesas (DKK) (con fondos no-asignados e imprevistos).
El objetivo de desarrollo del Programa es: “se ha mejorado el respeto, protección y defensa de los derechos humanos de las personas en condición de vulnerabilidad, especialmente para los pueblos indígenas, mujeres y defensores de derechos humanos en Centroamérica, enfatizando Guatemala, Honduras y Nicaragua”.
El Programa tiene dos componentes:
• Componente 1: Respeto y protección efectiva de los derechos humanos. Su objetivo inmediato es: “Se ha fortalecido la defensa efectiva de los derechos humanos de las personas en condición de vulnerabilidad, especialmente pueblos indígenas, mujeres y defensores de derechos humanos en Guatemala, Honduras y Nicaragua”.
• Componente 2: Participación y empoderamiento. Su objetivo inmediato es: “Se ha fortalecido la capacidad de participación y empoderamiento de las personas en condición de vulnerabilidad, especialmente los pueblos indígenas, mujeres y defensores de DDHH para demandar la protección efectiva y el respeto de sus derechos en Guatemala, Honduras y Nicaragua”.
El Programa está basado en la política de la cooperación al desarrollo de Danida (mayo 2012), cuyo enfoque se orienta a la promoción, protección y defensa de los derechos humanos en el marco de la institucionalidad nacional e internacional y del derecho internacional sobre esta materia.
En su diseño, es como un reloj de arena, es decir, los Estados y sus instituciones en el medio, recibiendo la presión desde abajo – de la sociedad civil - y desde arriba – del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y la Organización Internacional del Trabajo. De manera que las instituciones de los Estados llamados a atender aquellas poblaciones en situación de vulnerabilidad: mujeres, pueblos indígenas, defensores y sindicalistas, les posibiliten mayores oportunidades de acceso a la justicia nacional e interamericana.
Según la estrategia danesa en América Latina “Oportunidades y Asociaciones (2007)”, Dinamarca tiene una comunidad de valores con la mayoría de los países en América Latina, en términos de democracia y derechos humanos como fundamento de una sociedad moderna, vinculada a principios de economía de mercado y con objetivos de reducción de la pobreza.
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INDICE
1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 4
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA............................................................................... 4
PRINCIPALES RESULTADOS Y RIESGOS 6
3. RESUMEN DE DISEÑO DE LA ASISTENCIA PROPUESTA ..................................... 6
3.1 OBJETIVO DE DESARROLLO 6
3.2 ENFOQUE ESTRATÉGICO DEL PROGRAMA 7
LA DIMENSIÓN REGIONAL 8
ASISTENCIA TÉCNICA 8
SOSTENIBILIDAD 9
ESTRATEGIA DE SALIDA 9
4. CONTEXTO NACIONAL .............................................................................................. 10
4.1. CONTEXTO REGIONAL Y NACIONAL CENTROAMERICANO 10
4.2. EL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS 11
4.3. CONTEXTO NACIONAL 12
4.4. COOPERACIÓN INTERNACIONAL 14
5. OBJETIVO DE DESARROLLO ..................................................................................... 14
5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CON CADA SOCIO DEL PROGRAMA 15
5.2. COMPONENTE 2: PARTICIPACIÓN Y EMPODERAMIENTO 21
6. PRESUPUESTO DEL PROGRAMA ............................................................................ 26
7. GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL PROGRAMA ............................................................. 27
7.1. ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA 27
7.2. COORDINACIÓN DEL PROGRAMA 28
8. GESTIÓN FINANCIERA Y ADQUISICIONES ........................................................... 29
8.1 FLUJO DE FONDOS Y SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS 29
8.2. CONTABILIDAD 30
8.3. INFORMES FINANCIEROS, AUDITORÍAS Y ADQUISICIONES 30
8.4. AUDITORÍAS 30
9. MONITOREO, INFORMES Y REVISIONES ............................................................. 31
9.1. MONITOREO Y RENDICIÓN DE INFORMES 31
9.2. INDICADORES Y MONITOREO DEL PROGRESO DE LOS CONVENIOS Y DEL PROGRAMA 32
9.3 REVISIÓN DEL PROGRAMA 34
10. PRINCIPALES SUPUESTOS Y RIESGOS ................................................................... 34
10.1 SOBRE EL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS 34
10.2 SOBRE LA REGIÓN 35
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ANEXOS
Anexo A: Plan de Acción del Proceso para la implementación del Programa Anexo B: Análisis de Riesgos del Programa Anexo C: Presupuesto detallado Anexo D: Plan continuo para la igualdad de género Anexo E: Plan de Manejo Ambiental Anexo F: Listado de documentación Anexo G: Acuerdos con socios Anexo H: Términos de Referencia para participar en la Gestión del financiamiento para el apoyo
a la Sociedad Civil
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1. Introducción
El Gobierno danés ha decidido continuar su apoyo a Centroamérica inicialmente por algo más de dos años (2013-2015) y, con una contribución de 50 millones de coronas danesas.
El Programa tiene un enfoque basado en el respeto, protección y defensa de los derechos humanos de los grupos más vulnerables de la población identificada en los tres países priorizados Guatemala, Nicaragua y Honduras, enfatizando en pueblos indígenas, mujeres y defensores de derechos humanos.
El objetivo de desarrollo del Programa es: “Se ha mejorado el respeto, protección y defensa de los derechos humanos de las personas en condición de vulnerabilidad, especialmente para los pueblos indígenas, mujeres y defensores de derechos humanos en Centroamérica, enfatizándose en Guatemala, Honduras y Nicaragua”.
El Programa tiene dos componentes:
• Componente 1: Respeto y protección efectiva de los derechos humanos. Su objetivo inmediato es: “Se ha fortalecido la defensa efectiva de los derechos humanos de las personas en condición de vulnerabilidad, especialmente de pueblos indígenas, mujeres y defensores de derechos humanos en Guatemala, Honduras y Nicaragua”.
• Componente 2: Participación y empoderamiento. Su objetivo inmediato es: “Se ha fortalecido la capacidad de participación y empoderamiento de las personas en condición de vulnerabilidad, especialmente de los pueblos indígenas, mujeres y defensores de derechos humanos para demandar la protección efectiva y el respeto de sus derechos en Guatemala, Honduras y Nicaragua”.
Este Programa ha sido formulado por la Embajada de Dinamarca en Bolivia a través de un proceso amplio y participativo. La Embajada organizó una misión de identificación en marzo 2012 y una misión de formulación en junio 2012. En el periodo intermedio, se desarrolló una Nota de Concepto que fue consultada con las ONGs danesas que trabajan en Centroamérica.
El Programa, tanto por su horizonte temporal como por su asignación financiera se concentra en un grupo limitado de socios con capacidad e interés en promover un trabajo regional en Centroamérica. Son socios del Programa: La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Instituto Sindical de América Sindical y el Caribe (ISACC), el Fondo ACI y organizaciones de la sociedad civil en Honduras, Nicaragua y Guatemala a ser definidas mediante una convocatoria para la Gestión del Empoderamiento de la Sociedad Civil en Centroamérica (GESCCA).
2. Justificación del Programa
Según la estrategia danesa en América Latina “Oportunidades y Asociaciones (2007)”, Dinamarca tiene una comunidad de valores con la mayoría de los países en América Latina, en términos de democracia y derechos humanos como fundamento de una sociedad moderna, vinculada a principios de economía de mercado y con objetivos de reducción de la pobreza.
En ese marco, aunque existen progresos en la región, en relación a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el contexto muestra una situación en la que persiste la violación sistemática de los derechos humanos en Centroamérica y la debilidad de los sistemas y operadores de justicia, además de una escasa presencia geográfica de aquellos en los países tratados. Estas instituciones fueron las más afectadas por la violencia armada.
Aquellas instituciones, fueron las más afectadas por la violencia armada, sin embargo, las violaciones a los derechos humanos, hoy, se deben especialmente al control excesivo del Poder
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Ejecutivo sobre los otros Poderes del Estado y al debilitamiento institucional que esto produce; también al consiguiente acrecentamiento de poderes fácticos, la impunidad y el encubrimiento.
Otro factor contribuyente es la situación de pobreza, marginalidad y un número preocupante de personas y grupos en condición de vulnerabilidad, especialmente pueblos indígenas, mujeres y defensores de derechos humanos en Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Como consecuencia, existe un acrecentamiento de poderes fácticos o paraestatales que presionan hacia la tolerancia de la impunidad y el encubrimiento de las violaciones de derechos humanos. Esta debilidad de los organismos de justicia afecta seriamente el deber y obligación de protección de sus ciudadanos frente a los abusos del propio Estado y están, seriamente, afectando también su credibilidad como garantes de la legalidad, poniendo en cuestión el funcionamiento del Estado democrático de Derecho que requiere de un sistema judicial garante de las normas de convivencia.
En este contexto, el gobierno de Dinamarca ha decidido continuar con un programa regional en Centroamérica orientado al fortalecimiento del respeto, promoción, protección y defensa de los derechos humanos.
El Programa buscará la obtención de resultados para mitigar la situación de pobreza y marginalidad de aquellas personas y grupos, en condición de vulnerabilidad, ya mencionados en Guatemala, Honduras y Nicaragua. Se apoyará directamente el trabajo de aquellas organizaciones como la CIDH, órgano autónomo de la OEA encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en la región, en su tareas de monitoreo del estado de los derechos humanos en los países del Programa y la atención a líneas temáticas prioritarias, prestando especial atención a las personas y grupos en condición de vulnerabilidad, históricamente discriminados.
En esta línea, el Programa apoyará el trabajo de la CorteIDH, en la ejecución de sus sentencias y, la supervisión de su cumplimiento por ella misma para su efectivo desempeño, entendiendo que los fallos de la CorteIDH como sentencias emanadas de un tribunal internacional, debieran ser de cumplimiento obligatorio por los Estados.
El mismo sentido tiene el apoyo directo a CEJIL, como organización no gubernamental, especializada en el litigio estratégico de casos de violaciones de derechos humanos ante la CIDH y la CorteIDH.
Siendo los Pueblos Indígenas una población priorizada, se ha dispuesto, en el Programa, un apoyo directo similar para el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, y, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas y su derecho a ser consultados cuando decisiones administrativas o legislativas les afecten. El cumplimiento de estas normas en los países prioritarios guiará la acción del Programa.
Respecto a derechos laborales, se promoverá un diálogo tripartito mejorado a través de la OIT, con participación de sindicatos, gobiernos y empleadores. Los convenios de la OIT servirán como marco para defender estos derechos.
El Programa tendrá un apoyo, también directo, a organizaciones civiles como ISACC, el Fondo ACI y organizaciones de sociedad civil en Honduras, Nicaragua y Guatemala que serán definidas a través de un proceso de selección para la GESCCA.
Se espera que estos apoyos directos, tengan efectos e implicaciones frente a las instancias nacionales competentes y que tienen relación directa con esta problemática y, desde luego, sus soluciones o responsabilidades a momento de ejecutar y cumplir fallos o sentencias, por ejemplo, de la CorteIDH en su jurisdicción: investigar, le corresponderá al ministerio público o fiscalía; una orden de sanción será ejecutada por los tribunales; la modificatoria de leyes a los congresos; medidas o sanciones administrativas a reparticiones del Poder Ejecutivo -salud, trabajo y otras-.
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En todo caso, alguna instancia de la infraestructura institucional pública tiene la responsabilidad por acción u omisión.
Principales resultados y riesgos
Entre los principales resultados del Programa se esperan los siguientes:
• El incremento en la ejecución de las sentencias de la CorteIDH, fundamentadas en el derecho a la tutela judicial efectiva frente a las violaciones a los derechos humanos por parte de los Estados y, el cumplimiento de las reparaciones dispuestas por aquella, basada en la supervisión a los Estados para el debido cumplimiento, ampliando la protección a personas en situación de vulnerabilidad (niños, niñas y adolescentes; mujeres, pueblos indígenas y personas LGBTI.
• La emisión de informes individuales del sistema de peticiones con respecto a los grupos vulnerables en Mesoamérica; informes de país e informes temáticos. Se espera que estos resultados, contribuyan a mejorar la comprensión de la situación de los derechos humanos y aumentar la capacidad de la CIDH para tomar medidas y responder a las necesidades de los grupos vulnerables en Guatemala, Honduras y Nicaragua.
• A largo plazo, estas acciones reforzarán la transparencia y rendición de cuentas en los países del Programa, contribuyendo a fortalecer el estado de derecho, la protección de los derechos humanos y un mayor acceso a la justicia interamericana de poblaciones en situación de vulnerabilidad, con énfasis en mujeres, los pueblos indígenas y defensores de derechos humanos.
• Iniciativas en Guatemala, Honduras y Nicaragua, enfocadas explícitamente en mujeres, pueblos indígenas y afro descendientes, fortalecen las capacidades de gestión de sus organizaciones a partir del acompañamiento y asesoría por parte del Fondo ACI y la GESCCA destinadas a su reconocimiento y participación en los espacios de toma de decisión.
• Contribuciones al fortalecimiento y enriquecimiento del debate actual sobre la eficacia del Sistema Interamericano con propuestas de organizaciones de derechos humanos en Centroamérica.
Entre los principales riesgos del Programa:
• Algunos Estados han manifestado inconformidad con las resoluciones y recomendaciones de la CIDH y la OEA, y han propuesto un proceso de revisión para la reforma de la CIDH. Un riesgo posible, es que luego de esta revisión, se tomen decisiones que pongan en duda la independencia y autonomía de este órgano, riesgo que puede extenderse a la CorteIDH.
• El contexto que caracteriza a Guatemala y Honduras es de violencia generalizada e impunidad sobre graves violaciones a los derechos y libertades de la ciudadanía, especialmente de pueblos indígenas y de mujeres. Es posible que la violencia y la inseguridad aumenten, convirtiéndose esta situación en un riesgo para este Programa.
3. Resumen de Diseño de la Asistencia Propuesta
3.1 Objetivo de Desarrollo
El objetivo de desarrollo del Programa es: “Se ha mejorado el respeto, protección y defensa de los derechos humanos de las personas en condición de vulnerabilidad, especialmente para los pueblos indígenas, mujeres y defensores de derechos humanos en Centroamérica, enfatizando en Guatemala, Honduras y Nicaragua”.
Para su ejecución, el Programa, tendrá dos componentes:
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• Componente 1: Respeto y protección efectiva de los derechos humanos. Su objetivo inmediato es: “Se ha fortalecido la defensa efectiva de los derechos humanos de las personas en condición de vulnerabilidad, especialmente de pueblos indígenas, mujeres y defensores de derechos humanos en Guatemala, Honduras y Nicaragua”.
• Componente 2: Participación y empoderamiento. Su objetivo inmediato es: “Se ha fortalecido la capacidad de participación y empoderamiento de las personas en condición de vulnerabilidad, especialmente de los pueblos indígenas, mujeres y defensores de derechos humanos para demandar la protección efectiva y el respeto de sus derechos en Guatemala, Honduras y Nicaragua”.
3.2 Enfoque Estratégico del Programa
El Programa, en su diseño, es como un reloj de arena, es decir, los Estados y sus instituciones en el medio, recibiendo la presión desde un extremo – de la sociedad civil - y desde el otro – del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y la Organización Internacional del Trabajo.
El Programa, conforme con la nueva política de la cooperación al desarrollo de Danida (mayo 20121), se orienta al enfoque de desarrollo basado en los derechos humanos que, para este Programa en especial, se le atribuye una alta importancia a la responsabilidad y fortalecimiento de la capacidad institucional del sector público en los países del Programa para la protección y defensa de los derechos humanos de sus ciudadanos.
Esa responsabilidad y capacidad, serán promovidas, exigidas e incentivadas por los resultados del apoyo directo del Programa a los órganos del sistema interamericano de derechos humanos como CIDH, CorteIDH, CEJIL y OIT, y por otro, vía el fortalecimiento de capacidades de las organizaciones de la sociedad civil.
Se espera que estos apoyos directos, tengan efectos e implicaciones frente a las instancias nacionales competentes que tienen relación directa con esta problemática.
Potenciación de la doble vía
Como se ha referido, el enfoque en derechos humanos del Programa, significa un apoyo directo a los órganos del SIDH: a la CIDH en tareas de observancia y defensa de los derechos humanos, informes temáticos, de país y medidas sobre derechos humanos, peticiones y otras comunicaciones motivadas por violaciones a los derechos humanos en los tres países del Programa; a la CorteIDH, apoyando su función jurisdiccional y consultiva; solución de controversias de violación de derechos humanos interpuestos por la CIDH o por los Estados partes; ejecución de sentencias y supervisión de ellas sobre violaciones, especialmente de derechos de pueblos indígenas, mujeres y defensores de derechos humanos.
A CEJIL en el litigio estratégico por violaciones desde los Estados; en la promoción del acceso a la justicia de la población en situación de vulnerabilidad, de los derechos humanos y Estado de Derecho de los países de la región. El acceso de las personas y organizaciones a un sistema interamericano autónomo e imparcial ante los Estados de la región.
A la OIT en la promoción y asistencia para la implementación del Convenio 169 para la protección de los derechos de los pueblos indígenas y la promoción de los derechos laborales.
1The Right to a Better Life.Strategy for Denmark’s Development Cooperation.Danida. 2012.
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Por otro lado, el fortalecimiento de capacidades de las organizaciones de la sociedad civil en la profundización del conocimiento sobre el SIDH, aportando a la vigilancia de las actuaciones de los Estados respecto del cumplimiento de las resoluciones de la CIDH y de la CorteIDH.
Esta doble vía, debe aportar con su complementariedad a la responsabilidad y el fortalecimiento de la capacidad institucional pública en los países del Programa, en sus sistemas y órganos de justicia para y por la protección, cumplimiento y defensa de los derechos humanos de sus ciudadanos a exigir mejoras y reformas en el rendimiento de las instituciones.
El marco normativo que orienta el enfoque del Programa
El Programa, conforme al análisis del contexto, basará sus acciones en el marco normativo de protección de derechos del SIDH, constituido por la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre y, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada en 1969, que entró en vigencia en julio de 1978, fundamental para fortalecer el sistema de protección de derechos humanos2; la SIDH y la CorteIDH.
Asimismo, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas son el referente esencial. Su observancia guía el desarrollo de la formulación y ejecución de este Programa. Otros convenios de la OIT servirán también para apoyar este propósito.
La dimensión regional
El Programa operará a nivel regional y en los tres países mencionados. La regionalidad, para el Programa, se entiende como la articulación entre las entidades regionales (CIDH, CorteIDH, CEJIL), e internacional (OIT) y el Programa. Esta regionalidad, permitirá abordar problemas comunes a los países del Programa: Honduras, Guatemala y Nicaragua; bajo la perspectiva de generación de intercambios a escala regional.
A partir de reuniones de coordinación del Programa, se generará un espacio en el que se podrá aportar a esta regionalidad. Estas reuniones permitirán la convergencia de las especialidades de los socios para compartir avances y desafíos del Programa y socializar experiencias entre ellos, así como para articular algunos esfuerzos conjuntos. Se podrá incluir a organizaciones locales (contrapartes) en actividades de intercambio. Igualmente se aprovechará la participación de ONGs danesas trabajando en Centroamérica con los mismos temas que el Programa Regional.
Asistencia técnica
El Programa podrá proveer asistencia técnica a los socios, enfocándose, entre otros aspectos, a:
- El equipo de CEJIL, entregará asistencia técnica a organizaciones de la sociedad civil en los países centroamericanos.
- El equipo de la OIT en Guatemala y San José dará asistencia técnica a sus contrapartes.
- El equipo de coordinación del Fondo ACI en Trocaire apoyará a sus contrapartes en el fortalecimiento de capacidades de gestión.
- La GESCCA orientada al acompañamiento de sus contrapartes en Guatemala, Nicaragua y Honduras.
2 La Convención Americana se complementa con el Protocolo de San Salvador (aprobado en 1988) que entró en vigencia en 1999 y se refiere a derechos económicos, sociales y culturales, así como también con el protocolo adicional a la Convención Americana relacionado con la abolición de la pena de muerte.
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Sostenibilidad
La sostenibilidad de los resultados del Programa trasciende la duración del mismo, dos años y medio, por lo que es necesario proveer, en lo posible, los recursos y asistencia técnica a los socios para consolidar sus productos y efectos. Sin que esto implique la posibilidad de desarrollar acciones que requieran de mayor financiamiento externo a más largo plazo.
Se aplicarán los principios de la Declaración de París a objeto de mejorar la sostenibilidad incluyendo el alineamiento y la armonización entre los donantes, la transparencia y gestión por resultados.
El trabajo para el empoderamiento y fortalecimiento de capacidades de las organizaciones de la sociedad civil priorizada por el Programa, se basará en las experiencias de anteriores programas regionales3 como el Fondo ACI y PRO-DEMOCRACIA entre otros.
Se efectuará el seguimiento a la sostenibilidad de CIDH, CorteIDH y CEJIL que juegan un rol fundamental en el enfoque de este Programa.
Respecto al financiamiento de estas entidades, el presupuesto de CIDH y de la CorteIDH son provienen de la OEA y de cooperación internacional4, casi en partes iguales. Su sostenibilidad a mediano y largo plazo, transita en el compromiso político y económico de la OEA y los Estados miembros.
CEJIL, por su parte, cuenta con el apoyo de donantes. El financiamiento de su plan estratégico institucional estaría cubierto, por lo que el Programa apuntará a una ampliación del mismo.
La OIT cuenta con una oficina regional en San José y otra en Guatemala, además de puntos focales en Nicaragua y Honduras. El apoyo del Programa representará un incremento de su presupuesto en la región y en los tres países del Programa sin incrementar su personal de planta, pues se trabajará en base de consultorías.
Estrategia de salida
Por las características del Programa, es difícil, a priori, abordar una estrategia de salida ya que todo apunta a la pertinencia de gestionar un periodo más allá de los dos y medio años aprobados. La Embajada de Dinamarca en La Paz delineará, con cada socio, los elementos básicos para la formulación de planes de salida. Al respecto, se ha reservado un monto de casi 10% del presupuesto del Programa como fondos no asignados, cuyo destino se analizará y asignará, conjuntamente con los socios, después de un año y medio para fortalecer, de mejor manera, la obtención de resultados y asegurar la sostenibilidad en la cooperación con los socios donde se prevea una salida de esta última.
Cuatro principios del enfoque de derechos
1) No discriminación
Los pueblos indígenas y las mujeres han sido, y son, tradicionalmente excluidos, marginados y son víctimas de discriminación, sus derechos son constantemente vulnerados. El Programa pretende que los Estados asuman sus obligaciones en materia de respeto de derechos humanos, además de medidas concretas para reducir la discriminación, en especial hacia pueblos indígenas y mujeres.
3 Ver capítulo 6 “Estudio de lecciones aprendidas y sistematización de programas regionales en apoyo a la Democracia y los Derechos Humanos en Centroamérica, de DANIDA”, 2012.
4 De España y Noruega en el caso de la Corte IDH y de Estados Unidos, Canadá y otros por parte de la CIDH.
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La CIDH y sus relatorías, tienen una atención especial hacia esas poblaciones. La CorteIDH, a través de sus fallos y sentencias ha sentado precedentes jurisprudenciales sobre los derechos de esos colectivos que sirven de guía a la administración de justicia nacional.
El CEJIL coincide en enfocar su acción de atención a las mujeres e indígenas en temáticas por la documentación de violencia sexual contra las mujeres, así como las violaciones de derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas.
La OIT, a través de sus gestiones para la implementación del Convenio 169 incide en la defensa del derecho a la consulta que tienen los Pueblos Indígenas, además de la protección de los derechos de los trabajadores.
2) Participación
El Programa apoyará, entre otros, a organizaciones de la sociedad civil en el fortalecimiento del ejercicio y cumplimiento de sus derechos frente a las instancias locales y nacionales que tienen responsabilidad en esta materia; fortalecerá la ampliación del conocimiento sobre los mecanismos del SIDH y su participación frente a las instancias, locales, nacionales e interamericanas.
3) Transparencia
El Programa contribuirá al acceso a la información, al derecho a la libertad de expresión y de prensa, como elementos del enfoque de derechos humanos y de su ejercicio frente a las violaciones de derechos y contra la impunidad, incorporando en la agenda pública aquellas demandas ciudadanas que requieren de información del Estado como lo referido al desarrollo de mega-proyectos, sus impactos, concesión de permisos o licencias de explotación de recursos naturales, especialmente en tierras indígenas, entre otros.
4) Responsabilidad y rendición de cuentas
Según la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, es deber de los Estados respetar los derechos y libertades de las personas y garantizar su libre y pleno ejercicio sin discriminación por razones de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, condición económica, nacimiento u otra condición social (artículo 1), debiendo los Estados adoptar las medidas administrativas y legislativas que correspondan.
El Programa promoverá el cumplimiento de estas obligaciones por parte de los Estados y sus instituciones y, apoyará a los grupos vulnerables, especialmente pueblos indígenas, mujeres y defensores de derechos humanos a acceder a los mecanismos de protección regionales. En general, el Programa se espera contribuir a que los Estados de la región, como titulares de estos deberes, rindan cuentas en relación con la observancia de los derechos humanos.
4. Contexto nacional
4.1. Contexto regional y nacional centroamericano
Un largo enfrentamiento armado y 20 años después del cese de conflictos bélicos en Centroamérica, han dejado secuelas en la sociedad. La impunidad y la militarización han tenido serios efectos sobre la institucionalidad estatal que, históricamente débil, sigue perdiendo credibilidad ante la ciudadanía. La democracia en estos países, es aún vulnerable y el estado de derecho débil. Guatemala, Honduras y Nicaragua son los ejemplos más evidentes.
La tolerancia de la impunidad y el encubrimiento de las violaciones de los derechos humanos, ha transformado a los organismos de justicia en inoperantes. Afectados por la violencia, se evidencia la debilidad del sistema de justicia en la reducida presencia estatal de sus servicios, además de la poca efectividad y credibilidad de sus funciones de protección de los ciudadanos
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frente al Estado, cuestionando estos hechos el funcionamiento del Estado democrático de Derecho que requiere de un sistema judicial que garantice la convivencia social.
Es el caso de Honduras, que en junio de 2009 sufrió un golpe de estado, el de Nicaragua donde el ejecutivo concentra cada vez más poder en detrimento de la independencia de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Supremo Electoral y del propio Congreso; o, Guatemala, donde la respuesta judicial a las demandas de justicia es muy precaria5. A estas situaciones se suman los problemas de seguridad que imperan especialmente en Honduras y Guatemala, donde poderes no-estatales, como el crimen organizado, han logrado infiltrarse en la estructura estatal y son la causa principal del aumento de los índices de violencia y criminalidad.
En la región, al igual que en otros países del continente, es posible constatar la existencia de reiteradas violaciones a los derechos laborales, como consecuencia de una tendencia sistemática a flexibilizar las relaciones de trabajo. Hechos como la evasión de pagos de seguridad social, excesivas jornadas laborales, hostigamiento y discriminación por actividad sindical son frecuentes.
El derecho a la vida y a la integridad también son derechos que se violan de manera sistemática, en la mayoría de los casos sin sanción. Todos estos hechos son realidades que la población trabajadora centroamericana debe sobrellevar.
La impunidad y su tolerancia persisten en la región, pese a que desde inicios de los 90 se introdujeron varias reformas legales y estructurales, en particular en el ámbito judicial y que han implicado mejoras en la normativa y modernización de los procedimientos judiciales, sin embargo, estas medidas no han logrado superar las debilidades inherentes al sistema de justicia.
A las limitaciones de la independencia judicial, se suman la falta de especialización y profesionalización en la investigación criminal y la corrupción, por mencionar algunos problemas que no hacen otra cosa que agravar los obstáculos en el acceso a la justicia, la situación de pobreza, la falta de respeto a los derechos humanos y la exclusión social que afectan, principalmente, y en forma diferenciada, a los pueblos indígenas y a las mujeres.
Ante ese panorama de debilidad estatal, la sociedad civil ha venido jugando un rol importante en monitorear, documentar y denunciar las violaciones a los derechos humanos; así como en desarrollar capacidades ciudadanas para reclamar derechos, acceso a justicia y un trato equitativo y transparente de los servicios públicos. También han tenido que asumir roles de atención a víctimas de violaciones de derechos humanos frente a la ausencia del estado, lo que ha puesto, por ejemplo, a los defensores de derechos humanos en una situación de riesgo.
Por esas razones, es necesario recuperar y fortalecer la institucionalidad pública y apoyar a la sociedad civil en estos ámbitos de trabajo.
4.2. El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos
El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, está conformado por la Comisión Interamericana, la CorteIDH y por instrumentos jurídicos que se han ido desarrollando frente a situaciones específicas de protección de derechos y que han contribuido históricamente al esfuerzo de consolidación de la democracia y del estado de derecho en Centroamérica.
Conocer el Sistema Interamericano y desarrollar capacidades para acceder al mismo frente al déficit de justicia en los países, ha sido un reto asumido por instancias regionales como CEJIL y
5 Según declaración del Fiscal General de Guatemala la respuesta de la justicia es de 25%, pero la CICIG indicó que el nivel de impunidad en el país estaba entre el 95% y 98%.
Ver: http://elfaro.net/es/201004/internacionales/1494/
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el IIDH. CEJIL como organización no gubernamental especializada en el litigio de casos de violaciones de derechos humanos ante la CIDH y la CorteIDH y, el IIDH por su carácter académico, relacionado con la educación y la promoción de los derechos humanos.
Actualmente, el SIDH vive una fuerte presión política para la revisión de la acción de sus órganos de protección de los derechos humanos, tanto por parte de algunos Estados como por las limitaciones financieras a que están sujetos, lo que en muchos casos, dificulta el acceso de las víctimas al ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de las resoluciones de la CorteIDH y de la CIDH en otros.
Durante la Asamblea General de la OEA, en junio 2012 en Cochabamba, Bolivia6, se dio un plazo de 6 a 9 meses para que las propuestas del “Grupo de Trabajo”7 sean consideradas en una Asamblea General Extraordinaria.
Las organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil han manifestado su preocupación por lo que este proceso podría implicar, es decir, que las reformas pretendidas por algunos estados, limiten el mandato de la CIDH respecto de la defensa de los derechos humanos y ponga en riesgo su autonomía e independencia.
4.3. Contexto Nacional
Pese al contexto similar que caracteriza a los países de la región, existen algunas diferencias que es oportuno resaltar.
4.3.1. Guatemala
Según el Informe de Defensores 2011 de la CIDH, Guatemala ocupa, a nivel continental, el segundo lugar después de Colombia en aplicación de medidas cautelares de protección ante violaciones de derechos que, con lo que se evidencia una situación de vulnerabilidad para las personas, especialmente aquellas vinculadas a la defensa de derechos humanos. En el 2011 fueron asesinados 10 sindicalistas8.
El Informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2012), se refiere los elevados índices de violencia e impunidad en el país, explicados en gran parte por la debilidad de las instituciones públicas.
A ese contexto de violencia e impunidad, se suma el racismo y la discriminación. La exclusión de los pueblos indígenas se manifiesta en todas las esferas, como ser: propiedad de la tierra, acceso a servicios básicos, a condiciones laborales, justicia y otras.
El fenómeno de discriminación y violencia también se manifiesta contra las mujeres: violencia física, intrafamiliar y psicológica; falta de acceso a la justicia; discriminación política contra la mujer indígena, entre otros.
Asimismo, los Pueblos Indígenas9, se han visto afectados por proyectos de explotación de recursos naturales en sus territorios, cuya ejecución no ha respetado su derecho a la consulta previa o al consentimiento previo, libre e informado.
6 Asamblea General OEA, Resolución Ag/Res. 2761, Junio, 2012.
7 Sobre la revisión de la acción de los órganos de protección, el Consejo Permanente de la OEA, nombró un Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la CIDH para el Fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos.
8 http://survey.ituc-csi.org/Guatemala.html?lang=es#tabs-5
9 Si bien en un momento, la Corte de Constitucionalidad guatemalteca estableció como obligatorias las consultas (2009), hubo diversas discusiones sobre la importancia de la reglamentación correspondiente. Al respecto, la relatora de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ha manifestado su preocupación sobre este asunto..
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Los programas de cooperación para mujeres y pueblos indígenas, actualmente son apoyados por Noruega (Programa Maya), Diakonia, Suecia, IBIS Dinamarca y ASDI.
4.3.2. Honduras
El golpe de estado en Honduras en 2009 evidenció la fragilidad democrática del país y del estado de derecho. Se cometieron asesinatos, detenciones arbitrarias, censura, abusos sexuales y torturas, entre otras violaciones a los derechos, en ausencia de investigaciones judiciales independientes, oportunas y efectivas. La inoperancia judicial garantizó la impunidad de los responsables de estos crímenes, y dejó a las víctimas sin protección ni reparación adecuada10.
Uno de los derechos más afectados en Honduras es la libertad de expresión. Se han asesinado a más de 23 periodistas en los últimos dos años con comprobado hostigamiento y violencia contra varias radioemisoras comunitarias. El despojo de la tierra, su concentración en pocas manos y la falta de acceso a ella para miles de familias campesinas, son características del país. La situación ha provocado homicidios selectivos, agresiones, secuestros, intimidación y tortura contra campesinos organizados, criminalizando su protesta.
La CIDH ha constatado la gran desconfianza de la población en las instituciones del Estado encargadas de proteger y defender sus derechos11.
Los Pueblos Indígenas12, se han visto afectados por proyectos de explotación de recursos naturales en sus territorios, cuya ejecución no ha respetado su derecho a la consulta previa o al consentimiento previo, libre e informado. A esta situación se suman las actividades del narcotráfico y su influencia en los aparatos de seguridad y en la inseguridad ciudadana. El 2011, Honduras registró una tasa de homicidios de 82.1 por cada cien mil personas, la más alta del mundo (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito).
4.3.3. Nicaragua
Nicaragua expone una institucionalidad democrática debilitada, especialmente por la concentración de poder en el Ejecutivo en detrimento de los otros órganos del Estado. El autoritarismo presidencial ha disminuido los espacios de diálogo con organizaciones de la sociedad civil no afiliadas al Gobierno, principalmente, las relacionadas con áreas de democracia y derechos humanos. La actividad de los líderes sindicales también es afectada por esta realidad, especialmente cuando crecen las demandas por mejora de las condiciones laborales.
La persistencia de la violencia contra las mujeres es otro fenómeno con predominio de violencia intrafamiliar, aunque, se destaca la aprobación de la ley en Contra de la Violencia hacia la Mujer (2012) que responsabiliza a todas las instituciones del Estado respecto a este problema.
En el ámbito laboral, estos derechos también son afectados ya que predomina el subempleo, remuneraciones inferiores al salario mínimo oficial, sin prestaciones por la seguridad social y laboral. Nicaragua, muestra poca apertura al escrutinio internacional en materia de derechos humanos, oponiéndose a visitas de relatorías y desconociendo compromisos del Examen Periódico Universal de derechos Humanos (EPU 2010).
(http://www.politicaspublicas.net/panel/re/docs/732-2011-observaciones-relator-proyecto-reglamento-guatemal.html)
10 Ver OACNUDH, Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las violaciones de los derechos humanos en Honduras desde el golpe de Estado de 28 de junio de 2009, Consejo de Derechos Humanos, 13° período de sesiones, 03 de marzo de 2010.
11 CIDH, Informe Anual 2011, Capítulo 4.
12 Ver CIDH, Informe Anual 2011, Capítulo 4. Ver también: “Declaración de los pueblos de la tierra y el mar mártires de San Juan”, San Juan Durugubuti – Tela, 23 de febrero de 2011.
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La titulación y demarcación de los territorios indígenas se ha visto favorecida por la aplicación de la Ley 445, 17 de 23 territorios indígenas y afro descendientes han sido titulados. Danida y su programa ambiental han contribuido a este proceso a través del Centro Humbolt e IBIS.
Habiéndose ratificado el Convenio 169 OIT (2010), los procesos de consulta previa, libre e informada no han cobrado vigencia en el país.
4.4. Cooperación Internacional
En los últimos años, el flujo de recursos de la cooperación internacional se ha venido contrayendo.. Las agencias de cooperación que quedan en la región responden, especialmente, a las temáticas de seguridad y cambio climático. Otros donantes mantienen carteras orientadas a las áreas de gobernabilidad y derechos humanos, entre ellos Noruega, Suiza, Los Países Bajos, la Unión Europea, USAID, Suecia y Dinamarca.
Las áreas de Justicia y Seguridad en Guatemala, Honduras y Nicaragua son apoyadas por la Unión Europea, Holanda, USAID, PNUD y Suecia, por lo que el enfoque temático del presente Programa podrá articularse con facilidad en estas intervenciones apoyadas por aquello donantes antes mencionados a través de los siguientes mecanismos de coordinación:
• Guatemala: la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) se encarga de realizar una coordinación de donantes.
• La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), recibe apoyo de donantes y también de Danida en anteriores programas.
• Honduras: en el marco del G-16, existen mesas en sectores de justicia y seguridad. Las Agencias de Cooperación Internacional (ACI), tienen un fondo multidonante con la participación de Dinamarca desde de su creación.
• Nicaragua: el “Fondo Común de Gobernabilidad de apoyo a la Sociedad Civil en Nicaragua” y el Fondo para la Equidad de Género y los Derechos Sexuales y Reproductivos (FED). El primero manejado por IBIS y el segundo por Hivos.
• También, la iniciativa UNIPP (United Nations Indigenous Peoples´ Partnership) apoyada por OIT, PNUD, UNHCHR, UNICEF, Finlandia y Dinamarca.
5. Objetivo de Desarrollo
El objetivo de desarrollo del Programa es: “Se ha mejorado el respeto, protección y defensa de los derechos humanos de las personas en condición de vulnerabilidad, especialmente para los pueblos indígenas, mujeres y defensores de derechos humanos en Centroamérica, enfatizando Guatemala, Honduras y Nicaragua”.
El Programa tiene dos componentes:
• Componente 1: Respeto y protección efectiva de los derechos humanos.
• Componente 2: Participación y empoderamiento.
Componente 1: Respeto y protección efectiva de los derechos humanos. Su objetivo inmediato es: “Se ha fortalecido la defensa efectiva de los derechos humanos de las personas en condición de vulnerabilidad, especialmente de pueblos indígenas, mujeres y defensores de derechos humanos en Guatemala, Honduras y Nicaragua”.
Este componente será ejecutado mediante intervenciones de la CIDH, la CorteIDH, CEJIL Mesoamérica y, la Organización Internacional del Trabajo.
Componente 2: Participación y empoderamiento. Su objetivo inmediato es: “Se ha fortalecido la capacidad de participación y empoderamiento de las personas en condición de
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vulnerabilidad, especialmente de los pueblos indígenas, mujeres y defensores de DDHH para demandar la protección efectiva y el respeto de sus derechos en Guatemala, Honduras y Nicaragua”.
Este Componente se ejecutará mediante el Instituto Sindical de América Sindical y el Caribe (ISACC), el Fondo ACI y organizaciones de la sociedad civil en Honduras, Nicaragua y Guatemala a ser definidas mediante una convocatoria para la Gestión del Empoderamiento de la Sociedad Civil en Centroamérica (GESCCA).
5.1. Descripción de las actividades con cada socio del Programa
Para el Componente 1: Respeto y protección efectiva de los derechos humanos.
5.1.1. Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Antecedentes
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington D.C., tiene como principal función la de promover la observancia y defensa de los derechos humanos, para lo cual su mandato le permite, entre otros, observar la situación general de los derechos humanos en los Estados Miembros y publicar informes especiales sobre la situación existente en aquellos, cuando lo considera apropiado; realizar visitas in loco a los países para analizar la situación en general y/o para investigar una situación específica y, en general, estas visitas dan lugar a la preparación de un informe de situación de los derechos humanos que hubiera sido observada, el cual es publicado y presentado ante el Consejo Permanente y la Asamblea General de la OEA.
Asimismo, la SIDH estimula la conciencia pública respecto de los derechos humanos en las Américas, llevando a cabo y publicando informes sobre temas específicos; tales como, las medidas que deben adoptarse para garantizar un mayor acceso a la justicia; los efectos que tienen los conflictos armados internos en ciertos grupos; la situación de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, de las mujeres, trabajadores migrantes y sus familias, de las personas privadas de libertad, de los defensores de derechos humanos, de los pueblos indígenas, de las personas afro descendientes y de las personas privadas de libertad, sobre la libertad de expresión, seguridad ciudadana y terrorismo y, su relación con los derechos humanos, entre otros.
También recibe, analiza e investiga peticiones individuales sobre aquellos estados que han vulnerado derechos humanos; recomienda a los Estados Miembros de la OEA la adopción de medidas que contribuyan a la protección de los derechos humanos en los países del Continente; presenta casos ante la CorteIDH y comparece ante la misma durante la tramitación y consideración de los casos; y solicita a los Estados Miembros que adopten medidas cautelares para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto de una petición ante la CIDH en casos graves y urgentes.
En el marco de este Programa, se prestará particular atención a las Relatorías de la CIDH, específicamente la de Derechos de la Mujer, de Pueblos Indígenas y de Defensores de derechos humanos, que atienden a grupos, comunidades y pueblos que se encuentran expuestos a violaciones de derechos humanos por la situación de vulnerabilidad y discriminación histórica de la cual han sido objeto.
Las actividades descritas en el documento de la CIDH abrirán espacios para fortalecer avances que beneficien a los grupos identificados de los tres países en el Programa (Guatemala, Honduras y Nicaragua).
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Objetivo específico
Fortalecer y reforzar el mecanismo de presentación de casos ante la CIDH (primera etapa obligatoria) y luego ante la CorteIDH con el fin de obtener justicia en casos concretos y, al mismo tiempo obtener efectos positivos en los sistemas de justicia.
El trabajo de la CIDH se basa en tres pilares fundamentales:
• Sistema de petición individual;
• Seguimiento de la situación de derechos humanos en los Estados miembros, y
• Atención dedicada a las áreas temáticas prioritarias.
Durante los últimos 20 años, la CIDH ha fortalecido el sistema de peticiones individuales, este sistema ha sido una fuente de recomendaciones para que los Estados puedan enmendar y aprobar leyes, políticas públicas, programas y servicios que sirvan para garantizar el ejercicio de los derechos humanos, con especial énfasis en mujeres, niños, pueblos indígenas, afro descendientes, migrantes, privados de libertad, defensores de derechos humanos y personas LGTBI.
El Programa apoyará a la CIDH a operar planes de acción incluidos en su Plan Estratégico - Programa 2 - sistema de peticiones individuales.
Las funciones de la CIDH incluyen la realización de investigaciones o visitas in loco a los Estados Miembros de la OEA para determinar la situación de ciertos derechos observados o para verificar la situación de los derechos humanos de un grupo particular de ciudadanos.
La celebración de las audiencias generales o temáticas es una actividad que se ha extendido en los últimos 10 años y que ha permitido a la CIDH compartir con la sociedad civil en las Américas su preocupación por la situación de derechos humanos en los Estados miembros y de la región en general. Estas audiencias son también una oportunidad para que la CIDH tome conocimiento sobre situaciones, acontecimientos y factores que afectan a la observancia de los derechos humanos y también son una oportunidad para promociona y conocer SIDH.
La CIDH cuenta con nueve relatorías: pueblos indígenas, mujeres, trabajadores migrantes y sus familias, niños, niñas y adolescentes, personas privadas de la libertad, libertad de expresión, afro descendientes, defensores de derechos humanos y LGTBI. Las relatorías celebran audiencias temáticas, emiten informes y estudios temáticos, atención a casos ante la CIDH y llevan a cabo visitas de trabajo.
El producto de las visitas in loco, audiencias en general y visitas de trabajo permiten preparar los informes generales o especiales sobre la situación que se examina. El informe preliminar es transmitido al Estado en cuestión, que podrá presentar observaciones y recomendaciones que estime pertinentes. Posteriormente, la CIDH emite un informe final.
Como parte de su Plan Estratégico, este Programa apoyará a la CIDH a llevar a cabo dos visitas de trabajo y una visita in loco a Guatemala, Honduras y Nicaragua. También preparará un informe sobre las observaciones hechas después de la visita in loco y dos informes temáticos.
El apoyo del Programa y los resultados esperados
El Programa apoyará planes de acción de su plan estratégico y luego de la ejecución del mismo se esperan generar los siguientes resultados:
• Informes individuales del sistema de peticiones sobre casos relativos a grupos vulnerables en Mesoamérica.
• Informes de las dos visitas de trabajo y de la visita in loco a Guatemala, Honduras y Nicaragua.
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• Informes temáticos.
Se espera que estos resultados, en el corto plazo, ayuden a mejorar la comprensión de la situación de los derechos humanos y aumentar la capacidad de la CIDH para tomar medidas y responder a las necesidades de los grupos vulnerables en Guatemala, Honduras y Nicaragua.
A largo plazo, la CIDH pretende reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en Guatemala, Honduras y Nicaragua para mantener el Estado de derecho y proteger los derechos humanos de todos sus ciudadanos, en particular, las mujeres, los pueblos indígenas y defensores de derechos humanos.
Presupuesto
Se ha estimado que la CIDH requerirá, aproximadamente, USD 1.470.000.
5.1.2. Corte Interamericana de Derechos Humanos
Objetivo específico: Contribuir al Fortalecimiento de la jurisdicción interamericana
Antecedentes
La CorteIDH tiene como mandato la protección de los derechos humanos en el marco del SIDH. Su función es jurisdiccional y consultiva; la primera se refiere a la solución de controversias en casos de violación de derechos humanos interpuestos por la CIDH o por los Estados partes; la segunda es referida a la interpretación de la Convención Americana y otros instrumentos de protección de los derechos humanos en los Estados. Son 23 países que reconocen su jurisdicción, tres son países del Programa. Su sede está en Costa Rica.
Los resultados de su trabajo e impacto de su jurisprudencia son reconocidos en la región, en especial, sus sentencias en casos de violaciones de derechos de pueblos indígenas, mujeres indígenas y defensores de derechos humanos.
La contribución a la CorteIDH estará destinada al fortalecimiento de la justicia interamericana de los derechos humanos, a través del apoyo a la labor jurisdiccional del Tribunal, a la difusión de sus estándares jurisprudenciales y a las presuntas víctimas de escasos recursos económicos que requieren apoyo para sufragar los costos de la presentación de prueba indispensable en audiencia pública o mediante affidávit (declaraciones ante fedatario público).
El apoyo del Programa y los resultados esperados
Los cuatro (4) resultados que se esperan lograr, apuntan al fortalecimiento de las capacidades de la Corte IDH tanto en materia de protección como de difusión de los derechos humanos y la necesaria complementariedad de actividades en ambos ámbitos para alcanzar un mayor cumplimiento de las obligaciones por parte de los Estados y un mejor acceso al SIDH por parte de las presuntas víctimas. Los resultados propuestos por al CorteIDH son los siguientes:
• Resultado 1: Número de días en que sesiona la CorteIDH aumentado.
• Resultado 2: Unidad de la Secretaría de la CorteIDH especializada en la supervisión de cumplimiento de las sentencias creada y en funcionamiento.
• Resultado 3: Unidad de la Secretaría de la CorteIDH especializada en la sistematización y difusión de los estándares jurisprudenciales desarrollados por el Tribunal creada y en funcionamiento.
• Resultado 4: Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la CorteIDH fortalecido.
Se espera que a través del logro de estos resultados se consigan los siguientes efectos:
• 1: Para el 2015 los casos sometidos a conocimiento de la CorteIDH son resueltos en un promedio de 18 meses.
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• Para el 2015, se aumenta en cinco (5) puntos porcentuales el cumplimiento de las reparaciones ordenadas por la CorteIDH en al finalizar la ejecución del Programa.
• Se triplica la cantidad de estudios de sistematización de los estándares jurisprudenciales del Tribunal y su difusión al finalizar la ejecución del Programa.
• Las presuntas víctimas de violaciones de DH de escasos recursos económicos reciben el apoyo del Fondo de Asistencia Legal para los gastos principales, gastos necesarios que requiera su representación legal en el proceso ante la Corte, durante la ejecución del Programa.
El apoyo señalado para la CorteIDH permitirá un incremento en la eficiencia de su labor jurisdiccional y también en sus capacidades para incidir en la difusión de su trabajo. Al fortalecerse y difundirse el trabajo de la CorteIDH, también se beneficia a los Estados Americanos que han reconocido la competencia de la CorteIDH, otros actores y usuarios del SIDH y en general los miembros y organizaciones de la sociedad civil de los países americanos. Asimismo, indirectamente se verán beneficiados los distintos tribunales y órganos internacionales, así como académicos de otros continentes que consultan y estudian el actuar de la CorteIDH y su jurisprudencia.
El grupo de destinatarios, también lo constituyen las presuntas víctimas de escasos recursos económicos en casos ante la CorteIDH, el Programa permitirá que se puedan sufragar los costos de presentación de la prueba principal en audiencia pública ante la Corte o mediante affidávit.
Presupuesto
Se ha estimado que el apoyo del Programa a la CorteIDH es de USD 1.470.000.
5.1.3. CEJIL Mesoamérica
Antecedentes
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, fue creado hace 20 años por destacados activistas de derechos humanos como una organización que dedica exclusivamente su campo de acción al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Tiene tres oficinas regionales (CEJIL Washington, CEJIL Sur y CEJIL Mesoamérica) y una oficina nacional (CEJIL Brasil). Sus líneas estratégicas de intervención son: defensa jurídica; fortalecimiento de defensores de derechos humanos y actores claves; gestión y distribución de conocimiento; y fortalecimiento del SIDH.
Es una organización con amplia experiencia en el litigio de casos ante los órganos de protección del SIDH. Una de sus fortalezas es el acompañamiento técnico a las víctimas, familiares u organizaciones de derechos humanos ante la CIDH y la CorteIDH para lograr resoluciones contra los Estados.
CEJIL no sustituye las intervenciones de las organizaciones locales ni nacionales, las fortalece con su acompañamiento técnico; a su vez, estas organizaciones locales y nacionales apoyan a otras en sus respectivos países, generando una cadena de conocimiento sobre el SIDH. El interés de CEJIL es aunar esfuerzos en situaciones violatorias que produzcan impacto en el comportamiento de los Estados.
El Plan Institucional 2012-2014 CEJIL Mesoamérica, a partir de los objetivos institucionales, plantea que los Estados de la región Mesoamericana amplíen la protección de los derechos humanos según las recomendaciones de la CIDH y las sentencias de la CorteIDH, adecuando su normativa interna y sus prácticas a estándares internacionales.
Son sus objetivos prioritarios, para aportar a los institucionales:
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1) Contribuir a la lucha contra la impunidad en los países mesoamericanos de violaciones cometidas desde los Estados o con su complicidad, y ampliar las garantías de los defensores que salvaguardan los derechos humanos.
2) Promover el acceso a la justicia de los sectores sociales en situación de mayor vulnerabilidad de la región mesoamericana.
3) Monitorear el funcionamiento de las instituciones democráticas y promover el respeto a los derechos humanos relacionados a garantizar el Estado de Derecho de los países de la región.
4) Promover el acceso de personas y organizaciones al sistema interamericano, defendiendo la autonomía e imparcialidad de sus órganos y su legitimidad ante los Estados de la región.
Para la implementación de su Plan, CEJIL Mesoamérica cuenta con un cuerpo de abogados, una instancia de coordinación y el apoyo administrativo-financiero.
El apoyo del Programa y los resultados esperados
CEJIL Mesoamérica, a través del Programa, multiplicará las acciones de su Plan Institucional, priorizando tres de sus cuatro objetivos (el 1, 2 y 4 mencionados), enfatizando: pueblos indígenas en Guatemala (consulta informada y la defensa de sus territorios); violencia sexual contra las mujeres y niñas en Nicaragua; y fortalecerá las capacidades de defensores de toda la región (particularmente Honduras y Guatemala), y; aportará a su protección a través de la solicitud de medidas cautelares ante la CIDH y el impulso para la creación de mecanismos nacionales de protección.
Asimismo, el apoyo se da en una coyuntura de reflexión y evaluación de la acción de los órganos de protección del SI por parte de algunos Estados de la región que impulsan reformas en la CIDH que podrían significar una limitación a su mandato de promoción y protección de los derechos humanos. Por ello, CEJIL se enfocará en la fiscalización de las discusiones del Consejo Permanente de la OEA sobre la materia; informará e incorporará a las organizaciones de la sociedad civil y a otros actores en el proceso de reflexión; sostendrá reuniones con las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos en los diferentes países; suministrará insumos técnicos y políticos que sirvan para que las discusiones tiendan a fortalecer a los órganos del SI (particularmente a la CIDH) y no a debilitarla; y garantizará su presencia en cualquier espacio de debate político sobre el tema, especialmente en la Asamblea Extraordinaria que convocará la OEA a finales del 2012 y en la Ordinaria del 2013.
La Oficina CEJIL Mesoamérica tiene otras fuentes que contribuyen a llevar a cabo sus intervenciones, de este modo, ha logrado construir un portafolio de donantes que le asegura estabilidad hasta el 2015, donde participan: Noruega, HIVOS, DCA, Mac Carthur, EED y la Embajada de Holanda. Esta previsto trabajar alineada y coordinadamente con ellos.
Presupuesto
El presupuesto institucional de CEJIL, ya cubierto es de USD 687.600 por año. Se ha estimado que CEJIL requerirá del Programa USD 1.050.000 para realizar las actividades propuestas durante la ejecución del mismo.
5.1.4. Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Antecedentes
Contexto general
Los derechos fundamentales en el trabajo fueron establecidos por la OIT a partir de la adopción en 1998 de la Declaración que compromete a los Estados Miembros a respetar y promover los principios y derechos comprendidos en las siguientes cuatro categorías: libertad de asociación; libertad sindical y reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; eliminación del
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trabajo forzoso u obligatorio; abolición del trabajo infantil; y; eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.
La Declaración establece que estos derechos son universales y que se aplican a todas las personas en todos los países - independientemente del nivel de desarrollo económico. Reconoce que el crecimiento económico por sí solo no es suficiente para asegurar la equidad y el progreso social y para erradicar la pobreza.
La protección de los derechos laborales, y en particular de los derechos fundamentales supone, de una parte, una Administración del Trabajo apta para cumplir y hacer cumplir la Legislación Laboral y, de la otra, una Justicia Laboral igualmente capaz de garantizar el derecho humano fundamental a la tutela judicial efectiva de los derechos laborales, más aun, tratándose de los derechos humanos fundamentales vinculados al trabajo.
Cualquier revisión que se haga sobre la aplicación de los derechos laborales en los países de la Subregión en general y en los del Programa (Guatemala, Honduras y Nicaragua), tendrá que considerar tres elementos inseparables: insuficiente conocimiento de los derechos laborales, un inadecuado cumplimiento de la ley y, débil capacidad de las organizaciones sindicales para la defensa y efectiva aplicación de los derechos laborales.
Estudios realizados por la OIT han demostrado que los países que involucra la presente propuesta cuentan con legislación laboral razonablemente adecuada y con un número significativo de Convenios Internacionales del Trabajo ratificados13.
Sin embargo, entre los mismos países, es evidente que las organizaciones de empleadores, organizaciones sindicales, gobiernos y sus ministerios de trabajo, magistrados y jueces laborales y otros, tienen concepciones desiguales sobre la legislación laboral y los alcances de las Normas Internacionales del Trabajo, que se expresa en una inadecuada aplicación de la legislación, contribuyendo a crear condiciones que afectan el sistema de relaciones laborales.
Un efectivo cumplimiento de los derechos fundamentales en el trabajo también pasa por revertir la debilidad de las organizaciones sindicales y la insuficiente capacidad de promoción y defensa de los derechos laborales, en particular los relativos a la libertad sindical y negociación colectiva.
Ese fortalecimiento de capacidad requiere también mejorar los factores institucionales, legales, económicos, sociales, políticos y culturales que afectan al desempeño de los sindicatos a la hora de ser actores del efectivo cumplimiento de los derechos laborales.
Los mecanismos de defensa y de denuncia en la legislación nacional y en el sistema de normas internacionales del trabajo no son bien conocidos por las organizaciones sindicales.
Respecto a los derechos de los pueblos indígenas, el Convenio 169 de la OIT ha sido de gran importancia para el desarrollo de los derechos de estos pueblos, la resolución de conflictos internos y la suscripción de acuerdos de paz.
La ratificación del Convenio por parte de Honduras (1995), Guatemala (1996) y Nicaragua (2010) dio lugar a la promulgación de normas constitucionales, ordinarias, reglamentarias y administrativas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Sin embargo, el establecimiento de mecanismos para la consulta y participación de los pueblos indígenas y tribales sigue siendo un desafío para resolver asuntos relativos a la regularización de la propiedad de la tierra e incremento de la explotación de los recursos naturales14.
13 Todos los países de incidencia en el proyecto han ratificado los ocho convenios fundamentales relacionados con la “Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo” de 1998.
14 Comisión de Expertos, Observación general sobre el Convenio núm. 169, 79.a reunión, 2008 (publicada en 2009).
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Capacidad de la OIT
La OIT, desde su creación (abril de 1919) es la única agencia de las Naciones Unidas cuyos mandantes son representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores. Esta estructura tripartita hace de la OIT un foro singular en el cual los gobiernos y los interlocutores sociales de la economía de sus 185 Estados Miembros pueden libre y abiertamente confrontar experiencias y comparar políticas nacionales.
La OIT se ha empeñado, desde sus orígenes, en la protección y efectiva aplicación de los derechos fundamentales en el trabajo y de los pueblos indígenas y tribales.
En la subregión el PRO 169 participa en el Grupo Técnico Interagencial de Pueblos Indígenas e Interculturalidad, en el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas en Guatemala, en Nicaragua en el Comité Consultivo de Pueblos Indígenas y Afro descendientes (CCPIAN) y en el Grupo Consultivo de Pueblos Indígenas para América Latina y el Caribe. En Honduras tiene establecida comunicación con el PNUD.
En mayo 2011, la OIT, OACNUDH, PNUD, UNICEF y UNFPA lanzaron el United Nations Indigenous Peoples Partnership (UNIPP), Fondo Común Multidonante, para trabajar interagencialmente en favor de los pueblos indígenas a través de programas conjuntos a nivel de país. La primera intervención del UNIPP será en Bolivia y Nicaragua en el 2012. En Nicaragua, la acción estará dirigida a promover la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la aplicación del Convenio 169. El PRO 169 coadyuva a la implementación de ambos proyectos a nivel nacional y además aporta su perfil y experiencia técnica desarrollada en las últimas décadas desde que se adoptó el Convenio 169 en 1989.
El apoyo del Programa y los resultados esperados
El Programa apoyará actividades de la OIT orientadas a: organizaciones de empleadores, de trabajadores representados por sus organizaciones sindicales; los gobiernos (ministerios de trabajo), poderes judiciales y el ministerio público, así como pueblos indígenas y sus organizaciones.
Se prioriza el fortalecimiento organizacional, por un lado, de organizaciones de empleadores; dirigentes sindicales; funcionarios de los ministerios de trabajo, poderes judiciales y fiscales de los ministerios públicos; por otro, líderes indígenas que serán definidos con los socios en el momento de la ejecución de las intervenciones.
Con este apoyo se espera:
• Mejorar las condiciones para la efectiva aplicación de los derechos laborales según lo establecido en los convenios fundamentales y prioritarios de la OIT.
• Las organizaciones sindicales habrán fortalecido su capacidad para la defensa y efectiva aplicación de los derechos laborales, en particular aquellos relativos a la libertad sindical.
• Que las organizaciones representativas de los Pueblos Indígenas y en especial, mujeres indígenas, estén en condiciones de defender sus derechos consagrados en el Convenio 169 y los convenios fundamentales y prioritarios de la OIT.
Presupuesto
Se ha estimado que OIT requerirá del Programa USD 735.000 para realizar las actividades propuestas durante la ejecución del Programa.
5.2. Componente 2: Participación y empoderamiento. Su objetivo inmediato es: “Se ha fortalecido la capacidad de participación y empoderamiento de las personas en condición de vulnerabilidad, especialmente de los pueblos indígenas, mujeres y defensores de derechos
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humanos para demandar la protección efectiva y el respeto de sus derechos en Guatemala, Honduras y Nicaragua”.
5.2.1. El Fondo ACI para sociedad civil en Honduras
Antecedentes
El Fondo ACI-ERP fue establecido en 2004 por Agencias de Cooperación Internacional (ACI) para fortalecer las capacidades de la sociedad civil con relación a la Estrategia de Reducción de la Pobreza. El Fondo es administrado por la ONG irlandesa Trocaire y canaliza los recursos para proyectos de organizaciones de la sociedad civil hondureña.
Desde un inicio, el Fondo ACI se ha enfocado en el fortalecimiento de las capacidades de las Organizaciones de Sociedad Civil (OSC) y en la implementación de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP). La pérdida de vigencia de la ERP, generó que el Fondo orientara su accionar hacia una incidencia en la gestión de políticas públicas pro-pobres e incluyentes, para un marco más amplio al accionar de las OSC incidiendo en las Políticas del Estado y de los Gobiernos Locales.
En el 2010 se aprobó la actualización del Marco Estratégico del Fondo y se establecieron los desafíos para el futuro como mecanismo facilitador de recursos financieros a las OSC hondureñas.
Al el 2011, el Fondo ACI-ERP financió 257 de 930 propuestas presentadas por USD 7.5 millones. El aporte de Danida, representó un 27% del total.
Actualmente se cuenta con un Plan Estratégico 2012-2014 enfocado al trabajo con mujeres, pueblos indígenas y afro descendientes.
Este Planteamiento Estratégico incorpora una misión, visión, principios y valores, y, cinco objetivos estratégicas:
1. Gestión del conocimiento y de la opinión pública.
2. Auditoria social y transparencia.
3. Participación ciudadana articulada en la gestión de políticas públicas pro-pobres y de inclusión social.
4. Investigación y análisis de opciones de desarrollo alternativo.
5. Efectividad del desarrollo y la ayuda.
El apoyo del Programa y los resultados esperados
El apoyo a las mujeres y pueblos indígenas se ha definido en relación a los objetivos 1, 3 y 4.
El apoyo a los pueblos indígenas y afro descendientes se orientará a procesos de investigación que permitan denuncias en las áreas de conflicto identificadas por estos grupos. Estas investigaciones se focalizarán en: acceso y legalización de tierra, impactos de la minería e hidroeléctricas, mecanismos de inversión bilateral, y el cumplimiento al marco legal nacional y los tratados suscritos teniendo como eje el Convenio 169 de la OIT.
Se impulsarán mecanismos de diálogo con el Estado para la defensa del territorio la gestión de conflictos en torno al manejo y uso del territorio, la gestión del conocimiento, y, la vinculación a instancias internacionales para la aplicación de justicia como el SIDH.
Se promoverá el análisis, debate y generación de propuestas de políticas públicas para la defensa y gestión del territorio, protección del ecosistema, y un acceso democrático a los servicios públicos. Asimismo, propuestas para la aplicación del marco jurídico nacional, convenios y tratados internacionales para la aplicación del convenio 169 de la OIT.
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En el caso de las mujeres, se fomentarán mecanismos que generen conciencia pública sobre la importancia de la participación igualitaria de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y el respeto de sus derechos. La articulación social de las organizaciones de mujeres refiere a la incidencia en las políticas dirigidas a este sector en el ámbito de los derechos sociales, económicos, políticos y culturales.
Presupuesto
Se ha estimado que el Fondo ACI requerirá del Programa USD 450.000 para realizar las actividades propuestas durante la ejecución del Programa.
5.2.2. Gestión del empoderamiento de la sociedad civil en Centroamérica (GESCCA)
La gestión del empoderamiento de la sociedad civil en Centroamérica tendrá la función de canalizar recursos y acompañamiento dirigido a organizaciones de la sociedad civil en Honduras, Nicaragua y Guatemala.
Para la identificación de los ejecutores, se establecerá un proceso de selección de propuestas a ser presentadas por organizaciones de la sociedad civil cuyo trabajo esté orientado al logro del objetivo inmediato del Componente 2: Participación y empoderamiento, para acceder a la canalización del financiamiento previsto. La convocatoria a la presentación de propuestas estará abierta en igualdad de condiciones a todas las organizaciones interesadas.
El apoyo del Programa y los resultados esperados
Se espera que los resultados esperados tengan un enfoque en personas que viven en condiciones de vulnerabilidad como pueblos indígenas y mujeres, relacionados a:
• Identificación y seguimiento de casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos que para su introducción en el sistema nacional o interamericano de derechos humanos que puedan tener impacto sistemático en los estados promoviendo la defensa de derechos humanos.
• Acciones relacionadas con la violencia hacia las mujeres, derechos sexuales y reproductivos, el femicidio y personas discriminados contribuyendo a que ellos puedan incidir y participar en la elaboración de políticas públicas que les afecten y tener acceso a la justicia a través de diferentes mecanismos que puedan proteger sus derechos.
• Empoderamiento de pueblos indígenas y afro descendientes, por ejemplo, a través del fortalecimiento de sus organizaciones para que ellos puedan proteger sus derechos y asegurar un desarrollo sostenible, social y económico y medio ambiental directamente o a través de mejor participación a nivel local y nacional en decisiones que los afecten.
• Propuestas sobre el fortalecimiento de capacidades de gestión interna, administración, rendición de cuentas, incidencia, alianzas, redes y otros, de organizaciones de mujeres, ONGs, pueblos indígenas y afro descendientes en los tres países.
• Mejor cooperación entre diferente organizaciones de la sociedad civil y organizaciones a nivel de comunidades, nivel nacional y regional para empoderamiento de la sociedad civil en la lucha por los derechos humanos.
Operación de GESCCA
La Embajada de Dinamarca en La Paz delegará la responsabilidad para la ejecución de las actividades con la sociedad civil a la organización o consorcio de organizaciones para la ejecución de la GESCCA, que tendrá que responder a los términos de referencia preparados para este efecto (Anexo G). La entidad seleccionada en el proceso de convocatoria, deberá contar con amplia experiencia de trabajo con organizaciones de derechos humanos en Honduras, Guatemala
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y Nicaragua, así como en la colaboración con pueblos indígenas, mujeres y defensores mediante acompañamiento basado en el respeto mutuo (“partnership approach”).
El apoyo, deberá seguir la Estrategia de Sociedad Civil de Danida (2008), la cual incluye un acompañamiento, “partnership approach” a organizaciones locales, fortalecimiento de capacidad, incidencia y trabajo de redes (advocacy).
El apoyo a la sociedad civil enfatizará los enlaces y conexiones horizontales entre los niveles locales, nacionales, regionales e internacionales de las organizaciones de la sociedad civil. Será importante promover intercambios entre contrapartes de los tres países, y aprovechar la participación de los demás socios dentro del marco del Programa en las “Reuniones de Coordinación”.
Cabe destacar algunas posibilidades en este sentido:
• Aprovechar la capacidad de CEJIL como enlace entre las organizaciones de la sociedad civil y el SIDH, incluyendo la preparación y seguimiento de casos ante CIDH y la CorteIDH en coordinación con las organizaciones nacionales y locales.
• Fortalecer la colaboración entre sindicatos y organizaciones con énfasis en organizaciones indígenas, potenciando sus capacidades para acudir a la justicia nacional e internacional.
• Promover conexiones con redes internacionales, como la red CIFCA, con el trabajo internacional en materia del Convenio 169, con el Foro Permanente y la Declaración Pueblos Indígenas (2007).
• Aprovechar sinergias con organizaciones de la sociedad civil danesa y otras relacionadas con este trabajo.
La sostenibilidad y posible estrategia de salida está ligada al aumento de capacidades de las contrapartes en: incidencia, cabildeo, trabajo en alianzas, coaliciones y redes y; las mejoras en su gestión interna, legitimidad, planificación, monitoreo, finanzas, transparencia, y rendición de cuentas a los gobiernos de cada organización.
Sería importante la coordinación entre la entidad seleccionada para la GESCCA y el FONDO-ACI, que tendrá el papel de canalizar recursos y acompañamiento para organizaciones locales, y organizaciones indígenas y afro descendientes. Mientras que la primera, canalizará recursos a defensores de derechos humanos en los tres países, y en el caso de Guatemala y Nicaragua, también a mujeres y organizaciones indígenas y afro descendientes. Con relación a la asignación presupuestaria, implica que la GESCCA deberá programar una cantidad mayor de recursos para Guatemala y Nicaragua, ya que, como Honduras, también recibiría fondos vía Fondo ACI.
Presupuesto
Se ha estimado que GESCCA requerirá del Programa USD 2.600.000 para realizar las actividades propuestas durante la ejecución del Programa.
5.2.3. Instituto Sindical para América Central y El Caribe – ISACC
El Instituto Sindical para América Central y El Caribe – ISACC – es una institución del movimiento sindical que trabaja en mejorar la capacidad de propuesta, incidencia y negociación de las organizaciones sindicales de América Central y República Dominicana.
Derechos Humanos y Laborales es un área estratégica de ISACC que tiene por objetivo: Realizar investigaciones, asesorar y capacitar a las organizaciones sindicales para la defensa, gestión y promoción efectiva de los derechos humanos, laborales y sindicales.
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En ese marco se propone la creación de un Sistema de observación, monitoreo y gestión y la una red sindical de derechos humanos laborales para la incidencia en la mejora de los derechos humanos y sindicales en américa central.
Esta propuesta se justifica en vista de que la violencia e intolerancia política en algunos países de América Central ha conllevado a la instauración, y casi “normalización” de una práctica o cultura donde la violación de derechos humanos resulta una cotidianidad, tolerada como “insuperable”.
Los rasgos de la impunidad, incapacidad de instituciones públicas e instancias internacionales por revertir esa realidad, en particular Guatemala y Honduras, llevan a plantear formas de atención y gestión en este campo. Es necesaria la articulación de esfuerzos entre sindicatos nacionales-de Nicaragua, Honduras y Guatemala, Subregionales como el Consejo Sindical Unitario de América Central y el Caribe (CSU) e intencionales como la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas-CSA y la Confederación Sindical Internacional-CSI, estas últimas por su vínculo a través de organizaciones afiliadas en los países priorizados, y en conjunto con el Instituto Sindical de América Central y el Caribe-ISACC, para que en un esfuerzo sinérgico podamos gestionar para acceder a diversas instancias administrativas y judiciales en los propios países, dentro del sistema de la ONU (Comité de Libertad Sindical, Conferencia General de la OIT, Comité de Aplicación de Normas; del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, o en el marco de las obligaciones que adquieren los estados en el marco de los Tratados de Libre Comercio, para mencionar algunas de las usuales a las que se viene recurriendo.
El apoyo del Programa y los resultados esperados
El propósito es establecer un sistema piloto de observación, monitoreo y gestión para la incidencia en la mejora de los derechos humanos y sindicales en América Central, a partir de una experiencia piloto en Guatemala, Honduras y Nicaragua, que pueda ser replicada a los siete países del ámbito de trabajo del ISACC.
Se incorporarán los instrumentos internacionales (ONU) sobre respeto a los derechos humanos, los derechos fundamentales en el trabajo (OIT) y declaraciones de organismos del SIDH, las declaraciones y resoluciones políticas del sindicalismo mundial (CSI), continental(CSA), las decisiones y acuerdos adoptados a nivel de América Central por el CSU y por las organizaciones que conforman el Instituto Sindical para América Central y el Caribe (ISACC) cuando definen como una de sus áreas estratégicas de actuación: “Realizar investigaciones, dar asesoramientos y capacitaciones a las organizaciones sindicales para que defiendan y den a conocer efectivamente los derechos humanos, laborales y sindicales inherentes a cada persona.
Marco político-organizativo: En cada organización miembro del ISACC y del CSU/CSA/CSI en los tres países, se cuenta con un responsable de velar por la defensa de los derechos humanos sindicales con vínculo nacional y articulación internacional como referentes de la CSA y la CSI y sus respectivos programas, departamentos y Red de Derechos Humanos y Sindicales. Contarán con una oficina técnica de asistencia jurídica para el desarrollo de su actuación.
Marco operacional: Un Equipo o Consejo director de la Red compuesto por un representante del CSU, la CSA y su Red continental de Derechos Humanos, así como de la Junta Directiva del ISACC y el responsable del proyecto en el ISACC, velarán por el desarrollo y llevarán adelante las acciones del proyecto en sus dos principales dimensiones: 1. El sitio virtual Sistema de registro de casos y Observatorio Sindical de los Derechos Humanos Laborales, al que tendrán acceso los/as dirigentes miembros de la Red, para alimentarlo de información, y todas las instituciones y personas interesadas, para conocer los informes que el sistema del software irá generando periódicamente, para tener noticia del estado de los casos, de las denuncias presentadas y del avance o estancamiento de los mismos. Cada trimestre se emitirá un boletín de estado de situación y anualmente un informe. 2. La Red Sindical de Derechos Humanos Laborales se conformará con dos dirigentes de cada organización, quienes serán capacitados
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como recolectores de información, serán quienes alimenten el sistema de registro y el Observatorio y coordinan las acciones en las oficinas de asistencia técnico-jurídica. La Red Sindical como organicidad política y el Observatorio Sindical de los Derechos Humanos Laborales en su dimensión virtual, se consolidarán como un referente de consulta para líderes sindicales nacionales e internacionales, organismos nacionales e internacionales vinculados a la defensa y efectivo cumplimiento de los derechos humanos sindicales. Y será un punto de consulta por los Estados, para la implementación de políticas públicas que tiendan a reducir las violaciones, garantizar la protección y gestionar la defensa de los derechos humanos laborales y sindicales.
Respecto a su sostenibilidad: El vínculo con las redes y departamentos de derechos humanos sindicales de la CSA y la CSI, así como la propia legitimidad que le Red misma logre durante su funcionamiento con el desarrollo de casos e informes efectivos, será lo que garantice su sostenibilidad al largo plazo y una vez que los fondos de cooperación hayan concluido.
Además, las capacidades instaladas que quedarán en cada uno de los equipos y la red en su conjunto, son un producto que podrá replicarse con aportes de otros cooperantes en otros países de la región de las Américas, y sus informes, una vez posicionados serán ofrecidos para ser elaborados de forma regular y permanente para otras instancias que los requieren.
Presupuesto
Se ha estimado que ISACC requerirá del Programa USD 200.000 para realizar las actividades propuestas durante la ejecución del Programa.
6. Presupuesto del Programa
El presupuesto del Programa cubrirá algo más de dos años de ejecución y de apoyo a las actividades establecidas en los convenios de financiamiento. El presupuesto total será dividido entre: i) recursos asignados a los socios con actividades ya definidas, que serán ejecutadas entre enero 2013 y junio 2015 y, ii) asignaciones de fondos a nivel del Programa, revisión, consultorías, auditorías y fondos no asignados. El presupuesto global para el Programa es de DKK 50 millones para un período de algo más de dos años (presupuesto total disponible). El destino de los fondos no asignados se analizará después de un año y medio para los socios que tengan mejores oportunidades y capacidad para obtener resultados y, por otro para asegurar la sostenibilidad con aquellos socios donde se prevea una salida de la cooperación.
Presupuesto (en DKK y USD)
2.5 años DKK 2.5 años
USD
Componente A (socios)
Componente 1 27,405,000 4,725,000
CorteIDH 8,526,000 1,470,000
Comisión CIDH 8,526,000 1,470,000
CEJIL 6,090,000 1,050,000
OIT 4,263,000 735,000
Componente 2: 18,850,000 3,250,000
Fondo ACI 2,610,000 450,000
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GESCCA 15,080,000 2,600,000
ISAAC 1,160,000 200,000
Sub-total Socios 46,255,000 7,975,000
Revisiones, consultorías, auditorias y reuniones de coordinación
1,450,000 250,000
Fondos no asignados Programa 2,295,000 395,690
Gran total 50,000,000 8,620,690
(*) Tipo de Cambio USD/DKK = 5.8
• La CorteIDH financia alrededor de la mitad de su presupuesto de la OEA, Noruega contribuyó en el periodo 2010-2012 con USD 2,2 millones. Se espera un monto similar para el periodo 2013-2015, el apoyo de AECID (2012-2013) es de USD 400.000, no existe certeza sobre su continuidad después de 2013.
• CEJIL, en su plan hasta 2014, será apoyada por Noruega (USD 713,000), EED (USD 221,000), Dan ChurchAid (USD 150,000), e HIVOS (USD 117,000).
• Sobre OIT se desconoce el financiamiento de otros donantes, aunque existen negociaciones con Noruega.
• El Fondo ACI espera un presupuesto con contribuciones de varios donantes de USD 650,000 para cada uno de los años 2013-2015. En 2012, el fondo ACI-ERP recibió de Danida (USDS 268,000), TROCAIRE (USD 52,500), y COSUDE (USD 150,000) y para el 2013-2015 recibirán de COSUDE USD 413,000. Están en proceso de negociación aportes financieros con la Cooperación Canadiense, la Unión Europea y AECID.
Todos los montos son indicativos y dependerán de los convenios. Véase convenios de financiamiento en el Anexo X.
7. Gestión y Dirección del Programa
7.1. Administración y Organización del Programa
La organización del Programa está basada en lo siguiente:
(1) La Embajada de Dinamarca en La Paz es la responsable del Programa Regional y de: la suscripción de convenios, la gestión y el control financiero, la aprobación de planes operativos, programaciones financieras y programas de contrataciones y adquisiciones que presenten los socios, de los desembolsos, así como también de promover el diálogo político con los socios, gobiernos, instituciones internacionales y la sociedad civil.
(2) Cada socio cuenta con una estructura de gestión técnico política y de operación del Programa en lo que le corresponde, además de una estructura de gestión administración y control financiero para la implementación de sus intervenciones.
(3) La ejecución del Programa, en lo que corresponda a cada socio, se establecerá a través de convenios de financiamiento a ser suscritos entre la Embajada de Dinamarca y cada uno de los socios del Programa.
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7.2. Coordinación del Programa
7.2.1. Reuniones de Coordinación
La coordinación para la ejecución del Programa se llevará a cabo a través de la realización de Reuniones de Coordinación.
Las Reuniones de Coordinación estarán integradas por los socios, cada uno con sus representantes acreditados legalmente y, organizaciones danesas de desarrollo con actividades en la región y la Embajada de Dinamarca.
Las Reuniones de Coordinación ordinarias se llevarán a cabo anualmente a convocatoria de la Embajada de Dinamarca con una agenda acordada previamente con los socios. Reuniones de carácter extraordinario podrán ser realizadas a solicitud de cualquiera de los socios que presente una agenda motivada. En general, las reuniones ordinarias tendrán las siguientes finalidades:
• Compartir, analizar y discutir las actividades de los socios con el fin de intercambiar experiencias, buenas prácticas e identificar sinergias y la coordinación entre socios.
• Sugerir temas de interés común entre los socios, con relación a la asistencia técnica para promover la sistematización de experiencias.
• Presentar, analizar y discutir el avance general de Programa, incluyendo el seguimiento conjunto de indicadores clave del Programa.
• Analizar y discutir los informes de avance, los obstáculos de las actividades del Programa y sus posibles soluciones.
• Analizar y discutir los riesgos y estrategias de mitigación para determinar su vigencia según el contexto de la región y de los países priorizados.
• Plantear a la Embajada sobre eventuales sugerencias de ajuste en el Programa Regional.
• Promover su trabajo, intereses y logros en los medios de comunicación en Centroamérica y en Europa/Dinamarca sobre experiencias del Programa.
Para enriquecer el intercambio de experiencias, se podrá, para algunas reuniones, invitar a personas de organizaciones en Guatemala, Honduras y Nicaragua, de preferencia, organizaciones indígenas, sindicales, campesinas, ONGs en derechos humanos y otras que corresponda. Los gastos emanados de estas invitaciones serán cubiertos por la Embajada de Dinamarca con recursos del Programa.
En ese marco, se podrán establecer mecanismos de intercambio de experiencias entre los socios financiados por el Fondo ACI y GESCCA.
Estas reuniones y actividades serán organizadas por la Embajada de Dinamarca y contarán con el apoyo logístico de CEJIL.
7.2.2. Embajada de Dinamarca
La Embajada de Dinamarca en La Paz estará a cargo de la administración y coordinación general del Programa, en cuyo marco realizará las siguientes actividades:
• Analizar el contexto político y democrático, los derechos humanos, el acceso a justicia y otros aspectos relevantes en los tres países y de la región centroamericana.
• Promover la sinergia, la coherencia y la articulación entre los socios involucrados en la implementación del Programa.
• Aprovechar las oportunidades de armonización y alineamiento en colaboración con cada socio y sus donantes.
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• Promover actividades de intercambio de experiencias y sinergia relacionadas, tanto con los socios como las ONGs danesas trabajando en Centroamérica.
• Monitorear y efectuar seguimiento de los indicadores de avance del Programa en diálogo con los socios.
• Proveer la asistencia técnica que sea requerida por los socios.
• Organizar las reuniones de coordinación.
• Presentar, conjuntamente con los socios, información a los medios de comunicación en el exterior sobre su trabajo en Centroamérica, incluyendo Europa.
• Revisar, analizar y aprobar: planes operativos anuales, presupuestos, programación financiera y planes de adquisiciones y contrataciones anuales de los socios del Programa.
• Revisar y aprobar los informes narrativos y financieros presentados por cada socio y, efectuar la retroalimentación respectiva a cada uno de ellos.
8. Gestión Financiera y Adquisiciones
8.1 Flujo de fondos y solicitudes de desembolsos
El flujo de fondos y los procedimientos administrativos se establecerán en los convenios a ser firmados con cada socio.
El monto de la donación danesa, su uso y el período esperado de desembolsos se especificarán en cada convenio que, como regla, incluirá el presupuesto total aprobado en coronas danesas, desglosado a nivel de rubros principales.
Los socios solicitarán los fondos sobre la base de una programación financiera requerida por el Plan Operativo Anual y Presupuesto aprobado por la Embajada de Dinamarca. La solicitud de desembolso de los fondos a la Embajada de Dinamarca será realizada por la máxima autoridad de la institución, o la persona delegada expresamente para este propósito.
Una vez aprobadas las asignaciones, la Embajada de Dinamarca efectuará los desembolsos, los mismos que serán para cubrir única y exclusivamente las actividades programadas y presupuestadas por el socio que cubrirán, según la programación financiera, períodos de hasta seis meses.
Los ajustes y/o reformulaciones presupuestarias superiores al 10% del presupuesto anual aprobado, deberán ser previamente considerados y autorizados por la Embajada de Dinamarca.
Los convenios establecerán los requisitos para los desembolsos, entre los que se citan:
• El primer desembolso 2013 se efectuará a solicitud escrita del socio acompañando la Programación Operativa Anual, la Programación de contrataciones y adquisiciones, la Programación financiera y, los detalles de una cuenta bancaria exclusiva para el manejo de los fondos del Programa.
• En la ejecución, el socio aplicará todas las disposiciones en materia de administración y control financiero de su normativa interna.
• El desembolso de recursos al inicio de la siguiente gestión se efectuará a presentación de los documentos a los que se refiere el punto anterior.
Para el segundo desembolso anual se requerirá:
• Informe de auditoría externa de la gestión precedente con dictamen de razonabilidad, incluyendo un plan de implementación a las observaciones de auditoría, si correspondiera.
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• Informes de la ejecución física, presupuestaria y financiera del avance y/o control del cumplimiento de la Programación Operativa, aprobados por la Embajada.
La solicitud de desembolso, además de los requisitos anteriores, deberá mostrar la programación de fondos prevista para el siguiente período, así como las conciliaciones de saldos de desembolsos anteriores que no hubieran sido utilizados.
8.2. Contabilidad
Los socios proporcionarán a la Embajada de Dinamarca una copia del Informe de Auditoría más reciente y deberán expresar su disposición de coordinar con esta Embajada en todo lo relacionado con la administración y gestión del Programa
En el caso de financiamiento de salarios, el socio deberá proporcionar a la Embajada de Dinamarca la estructura de puestos de trabajo y niveles de salario.
La contabilidad será llevada de acuerdo con las reglas y regulaciones de contabilidad generalmente aceptadas. Será responsabilidad de los socios llevar registros confiables y actualizados de las transacciones financieras realizadas en función de los planes operativos anuales y respectivos presupuestos; así como cualquier otro informe que pueda ser requerido.
8.3. Informes financieros, auditorías y adquisiciones
Informes financieros y narrativos
Los socios remitirán a la Embajada de Dinamarca, informes narrativos y financieros de acuerdo con lo dispuesto en cada convenio y, cualquier otro informe que correspondiese y pudiera ser requerido por la Embajada.
El informe narrativo incluirá un Resumen Ejecutivo de dos páginas como máximo, y en su contenido general detallará el avance logrado, sobre la base de los indicadores, presupuesto y POA aprobados. Para los fondos canasta y otros arreglos con donantes, los socios utilizarán el formato único acordado con todos los donantes.
Los informes financieros sobre la ejecución presupuestaria se presentarán en términos que permitan contabilizar la ejecución global de los recursos proporcionados por el Programa y determinar los saldos disponibles en el marco del presupuesto aprobado y ejecutado.
Los formatos para el presupuesto, planes de trabajo y POA serán acordados entre la Embajada de Dinamarca y los socios.
8.4. Auditorías
Según la modalidad del financiamiento, se identifican las siguientes auditorías:
• Auditoría para socios de “fondos canasta”, en las cuales el informe de auditoría será el que el socio entrega a cada uno de los donantes que aportan a un fondo canasta, según los requerimientos previamente acordados entre todos los donantes.
• Auditoría para socios bilaterales: En este caso, la Embajada de Dinamarca preparará los términos de referencia que guiarán los exámenes de auditoría a lo largo del Programa que serán acordados con cada uno de los socios. Cada socio brindará todo el apoyo necesario para asegurar que el examen de auditoría se lleve a cabo de la mejor manera posible.
• OIT tiene su propio procedimiento de auditorías como parte del sistema de Naciones Unidas.
Independientemente del tipo de financiamiento (fondos canasta o bilateral), los representantes del Contralor General de Dinamarca (Rigsrevisionen) o la Embajada tendrán acceso a toda
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documentación relevante, así como el derecho a llevar a cabo cualquier auditoría, examen o inspección que consideren necesarios con relación al uso de fondos daneses.
Todas las auditorías se llevarán a cabo de acuerdo con principios de auditoría internacionalmente reconocidos y estarán basadas en el convenio suscrito con cada socio, sus anexos y cualquier otra comunicación que la Embajada efectúe a los socios.
Los socios del Programa asegurarán dar seguimiento a las recomendaciones que pudieran contener los informes de auditoría, según corresponda. La Embajada podrá condicionar los desembolsos a la enmienda, corrección y ejecución de las recomendaciones emergentes de estos exámenes.
Adquisiciones
Los procesos de adquisiciones, si existieran, deberán regularse por las normas internas de cada uno de los socios sobre esta materia. A tal efecto, a la suscripción de los convenios, los socios remitirán al a Embajada una copia de estas regulaciones.
En el caso de bienes no fungibles (o activos fijos), a la conclusión del convenio y, si la Embajada lo considera pertinente, elaborará un Acta de Transferencia del derecho propietario de dichos bienes, cediendo al socio, en calidad de donación, los activos adquiridos.
9. Monitoreo, informes y revisiones
9.1. Monitoreo y rendición de informes
El monitoreo del Programa se efectuará en dos niveles: (i) a nivel macro, es decir, a través del análisis del cumplimiento y respeto por los derechos humanos en Centroamérica enfocándose en Guatemala, Honduras y Nicaragua; y, (ii) a nivel del Programa, en el cual se analizan sus logros en relación con los indicadores establecidos en el marco lógico del Programa. La relación entre ambos análisis permitirá alcanzar conclusiones sobre los resultados del Programa.
Con respecto al nivel macro, existen varias fuentes importantes:
- Los Exámenes Periódicos Universales (EPU), del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas15.
- Informes de Comités y Relatorías Especiales de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
- Informes temáticos de la CIDH y de sus relatorías especiales.
- Reporte del Comité de Expertos sobre la aplicación de las Convenciones y Recomendaciones (Informe anual para la Conferencia Internacional del Trabajo).
- Informes de la Confederación Sindical Internacional (CSI).
- Informes de Desarrollo Humano (PNUD).
- Informe de Estado de la Región.
En el siguiente acápite se expone la lógica del sistema de monitoreo del Programa y su relación con los indicadores establecidos en el marco lógico.
Matriz del Monitoreo del Programa
Ver Anexo de Marco Lógico
15Nicaragua fue examinado en 2010, Honduras en 2011 y Guatemala lo fue en 2008 y lo será nuevamente en 2012.
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9.2. Indicadores y monitoreo del progreso de los convenios y del Programa
El monitoreo del Programa visibilizará las relaciones causales entre diferentes niveles de una cadena de resultados (OECD/DAC). Los indicadores de avance (o claves) corresponden al desempeño de los resultados esperados, ejecución de actividades y presupuesto. Su monitoreo dependerá de los informes producidos por cada socio.
El monitoreo de progreso del Programa estará basado en los sistemas de monitoreo o seguimiento con los que cuente cada socio. Los informes narrativos de avance se prepararán sobre la base de los indicadores y en función de lo que cada convenio estipule. En los casos de fondos canasta, se utilizará el formato acordado que hubiera sido acordado entre los donantes.
Se espera, durante la fase inicial de tres meses que se proceda, con los socios, al ajuste de los indicadores del Programa para que enfocar mejor su monitoreo.
Cuadro: Indicadores de avance seleccionados (tentativos)
Entidad Indicadores clave y de avance
CorteIDH
(incluye apoyo de Noruega y España)
- Los casos sometidos al conocimiento de la Corte son resueltos en una duración promedio de 18 meses durante la ejecución del Programa.
- Aumenta el cumplimiento de las reparaciones ordenadas por la CorteIDH en 5 puntos porcentuales al finalizar la ejecución del Programa.
- Se triplica la cantidad de estudios de sistematización de los estándares jurisprudenciales del Tribunal y su difusión, al finalizar la ejecución del Programa.
- Las presuntas víctimas de violaciones a derechos humanos de escasos recursos económicos reciben apoyo del Fondo de Asistencia para los gastos necesarios que requiera su representación legal en el proceso ante la CorteIDH, durante la ejecución del Programa.
CIDH - Informes individuales del sistema de peticiones sobre casos relativos a grupos vulnerables en Mesoamérica.
- Informes de las dos visitas de trabajo y de la visita in loco a Guatemala, Honduras y Nicaragua.
- Informes temáticos.
CEJIL
(incluye contribución de Noruega, Hivos, DCA y otros)
- Se adoptan o modifican normativas, disposiciones, prácticas y/o políticas que faciliten la investigación fiscal o judicial de violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales (o con su tolerancia) y se avanza en la protección de defensores que son amenazados por su labor de denuncia.
- Se amplía la protección a personas pertenecientes a sectores en situación de vulnerabilidad (niños, niñas y adolescentes, mujeres, pueblos indígenas y personas LGBTI).
- -El debate actual sobre la eficacia del Sistema Interamericano se fortalece con posiciones de organizaciones de derechos humanos que continúan utilizando sus herramientas para fortalecer su trabajo local.
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Entidad Indicadores clave y de avance
OIT - Aumento en el número de referencias que la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la OIT toma nota con satisfacción y/o con interés progresos relevantes en la aplicación de los convenios fundamentales y prioritarios de la OIT.
- Número y calidad de propuestas formuladas para mejorar el cumplimiento de los derechos laborales con las nuevas capacidades que tendrán los sindicatos sobre el uso de los mecanismos de denuncia y defensa de sus derechos sindicales; y con el uso del observatorio para el seguimiento de la libertad sindical y la impunidad.
- Aumento en el número de nuevas acciones reivindicativas que los pueblos indígenas, especialmente aquellas referidas a los derechos de las mujeres (Guatemala, Honduras y Nicaragua), organizaciones de empleadores y organizaciones sindicales, especialmente relacionadas con el efectivo cumplimiento del convenio núm. 169 de la OIT.
Fondo ACI
(incluye contribución de Canadá, Suiza y Trocaire)
- 36 iniciativas de proyectos financiadas por el Fondo ACI, las cuales enfocan de forma directa o indirecta en la población excluida con una orientación de igualdad, equidad e inclusión social. De las 36 iniciativas financiadas al menos 30% se enfocan explícitamente en pueblos indígenas y afro descendientes en función de su reconocimiento y protección. Al menos 20% se enfocan en mujeres en función de mejorar el acceso a oportunidades.
- Las iniciativas en apoyo a los pueblos indígenas y afro descendientes han contribuido a la investigación, articulación, gestión e incidencia en la implementación de políticas públicas a favor de la población excluida.
- Las organizaciones de pueblos indígenas y afro descendientes fortalecen sus capacidades de gestión a partir del acompañamiento y asesoría de los socios del Fondo.
- Las iniciativas enfocadas en mujeres han contribuido a mejorar su participación política y acceso a los espacios de toma de decisión.
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Entidad Indicadores clave y de avance
Unidad de Gestión de la Sociedad Civil
Observación: Se espera que las propuestas presentadas en la licitación vayan a incluir sugerencias para indicadores de los resultados. A continuación algunas ideas para el desarrollo de indicadores:
- Identificación de dos casos emblemáticos para su introducción en el sistema nacional o interamericano de derechos humanos, que son documentados, relacionados con algunos de los sectores priorizados por el Programa.
- Satisfacción expresadas por organizaciones locales (indígenas, mujeres, campesinos, etc.) por recibir asesoría, capacitación y acompañamiento de ONG nacionales en los tres países.
- Ejemplos de acciones relacionadas con la violencia a las mujeres, el femicidio, y contribuir a que las mujeres puedan incidir y participar en la elaboración de políticas públicas que les afectan.
- El desarrollo de propuestas, por parte de las propias organizaciones de pueblos indígenas y afro descendientes, de gestión territorial, participación ciudadana, y avances en los derechos relacionados con los territorios indígenas (incluyendo en los 23 territorios indígenas en Nicaragua con sus retos del saneamiento y resolución de conflictos con terceros).
- Organizaciones de mujeres, ONGs, pueblos indígenas y afro descendientes en los tres países han aumentado sus capacidades de gestión interna, administración, rendición de cuentas, legitimidad, incidencia, trabajo en alianzas, redes, etc.
9.3 Revisión del Programa
La Embajada de Dinamarca efectuará una evaluación de los avances logrados durante el primer año de la implementación del Programa (Revisión). Dicha actividad será plasmada en un informe que cubrirá ese periodo, dando cuenta de los principales resultados logrados en 2013, dificultades afrontadas y principales desafíos para el siguiente año.
Se prevé una misión de revisión de medio término y de formulación por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca. Dicha misión tendrá el fin de definir los ajustes que fueran necesarios para el período restante y la formulación de la propuesta para una posible próxima fase.
Durante el primer semestre de 2015, la Embajada de Dinamarca realizará un estudio sobre resultados y lecciones aprendidas con el Programa. También se analizará la pertinencia de la realización de una evaluación externa a ser acordada con el ACI y sus donantes. La última evaluación de este fondo se realizó en diciembre de 2008.
La Embajada de Dinamarca preparará un Informe Final de Programa.
10. Principales supuestos y riesgos
A partir del contexto nacional y regional, se han identificado posibles riesgos y se ha planteado una estrategia de mitigación (anexo B).
10.1 Sobre el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos
Algunos Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos han manifestado su disconformidad con algunas resoluciones y recomendaciones emitidas por la CIDH,
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especialmente las relacionadas con la relatoría de libertad de expresión. Esta situación ha generado que aquellos Estados impulsen un proceso de revisión para una eventual reforma de la CIDH, que podría también afectar a la CorteIDH. La implementación de este Programa coincide con la coyuntura mencionada, constituyéndose en un potencial riesgo.
Un supuesto, al respecto, es que el resultado de este proceso de revisión podría ser el fortalecimiento institucional de los órganos de protección de la Convención. Por el contrario, el principal riesgo puede materializarse si las propuestas de los Estados ponen en duda la independencia y autonomía de CIDH, riesgo que puede extenderse a la CorteIDH.
Otro riesgo a considerar es que los Estados que han manifestado su disconformidad con la CIDH y la CorteIDH, denuncien la Convención Americana (separarse de ella), afectando el principio de universalidad de los derechos humanos.
Adicionalmente, es también un riesgo para el Programa que los Estados no tengan capacidad para cumplir las recomendaciones, resoluciones y/o sentencias de la CIDH aunque exista voluntad política para hacerlo. Esto significaría un trabajo de incidencia más profundo por parte de las organizaciones de la sociedad civil e implicaría un diálogo político y técnico para la generación de propuestas, CEJIL, en este campo, también experiencia suficiente para contribuir a mitigar estos riesgos.
10.2 Sobre la región
Los objetivos e intervenciones del Programa apuntan a contribuir al fortalecimiento de la democracia y del estado de derecho, especialmente en los países priorizados, como el escenario principal para la vigencia y respeto de los derechos humanos y, una respuesta institucional pronta y efectiva en casos de surgir violaciones a esos derechos. No obstante, el contexto que caracteriza a Guatemala, Nicaragua y Honduras es diferente y por lo tanto, los riesgos son también altos.
En los países priorizados el riesgo es que no se pueda superar la debilidad y fragilidad institucional, además de la centralización del poder en un solo órgano, lo que alejaría la posibilidad de esperar una respuesta pronta y efectiva de las instancias que tienen la responsabilidad de proteger y defender los derechos humanos
A este escenario se puede agregar que el año 2013 se llevarán a cabo las elecciones generales en Honduras, por lo que las posibilidades de que este proceso electoral incremente la conflictividad política y social deben ser tomadas en cuenta como otro generador de riesgo.
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MATRIZ CONSOLIDADA DE MARCO LOGICO PRO-DERECHOS ENERO 2013 - DICIEMBRE 2015
RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACIÓN SUPUESTOS
INDICADOR LINEA DE BASE
OBJETIVO DEL PROGRAMA
Se ha mejorado el respeto, protección y defensa de los derechos humanos de las personas en condición de vulnerabilidad, especialmente para los pueblos indígenas, mujeres y defensores de derechos humanos en Centro América, enfatizando Guatemala, Honduras y Nicaragua.
1. El rol tutelar del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos para la efectiva defensa de las víctimas de violaciones de derechos humanos es fortalecido y refrendado por los Estados y sus instituciones en la región.
2. Los Estados cumplen con las sentencias y reparaciones ordenadas por la Corte IDH en relación protección a personas en situación de vulnerabilidad (defensores de derechos humanos, mujeres y pueblos indígenas, entre otros).
3. Los Estados cumplen con las recomendaciones de la CIDH incluidas en los casos y también en los informes de país y temáticos, relativas a la protección y defensa de los derechos humanos de las personas en condición de vulnerabilidad, especialmente para los pueblos indígenas, mujeres y defensores/as de derechos humanos (entre otros) en Centroamérica, enfatizando Guatemala, Honduras y Nicaragua.
4. Existe sinergia y articulación entre los ejecutores del PRODERECHOS (Corte IDH, CIDH, CEJIL, OIT y organizaciones de la sociedad civil), para el abordaje a problemas de derechos humanos comunes en la región, con énfasis en Guatemala, Honduras y Nicaragua.
5. Mejorado el diálogo tripartito entre los sindicatos, gobiernos y empleadores, sobre la aplicación de los convenios específicos de derechos laborales.
6. Mejora en la aplicación del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales y la Declaración
Antecedentes detallados en el Documento de PRODERECHOS
Situación reportada en los informes de país sobre derechos humanos y derechos laborales.
Informes de los socios implementadores de PRODERECHOS
Próximos informes de país sobre situación de Derechos Humanos y Derechos Laborales
Evaluación final de PRODERECHOS
Informes, relatorías. del Sistema Interamericano y de NNUU
Los socios del PRODERECHOS comparten información y concuerdan en el abordaje estratégico de los diferentes casos de violación de derechos humanos
Se concreta y concluye positivamente el debate sobre la efectividad del SI
Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen la tutela jurídica del SI
37
RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACIÓN SUPUESTOS
INDICADOR LINEA DE BASE
Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
7. La sociedad civil en Guatemala, Honduras y Nicaragua, con capacidades mejoradas para la promoción y defensa de los derechos humanos de los grupos en mayor condición de vulnerabilidad como las mujeres, los pueblos indígenas y los defensores de derechos.
SUB COMPONENTE 1 : RESPETO Y PROTECCION EFECTIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Objetivo del Sub Componente 1: Se ha fortalecido la defensa efectiva de los derechos humanos de las personas en condición de vulnerabilidad, especialmente pueblos indígenas, mujeres y defensores de derechos humanos en Guatemala, Honduras y Nicaragua
RESUMEN NARRATIVO DE
OBJETIVOS INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS INDICADOR LINEA DE BASE
OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR SOCIO
A cargo de CIDH
OE1-CIDH: las decisiones y
recomendaciones de la CIDH,
implementadas por los Estados, son
una herramienta efectiva mediante la
cual los Estados fortalecen sus
mecanismos de protección y
promoción de los derechos humanos
i.1-OE1-CIDH: para 2015, se aprueban, al menos, 18 informes sobre admisibilidad relativos a grupos vulnerables, preparados por la Sección México, Centroamérica y el Caribe de habla hispana de la CIDH y dentro de la cual se encuentran los países meta.
Se toma como línea de base la producción del año 2011, de 9 informes de admisibilidad, elaborados por la sección México, Centroamérica y el Caribe de habla hispana de la CIDH, y aprobados por la Comisión.
Base de datos de la CIDH (DMS y PCMS)
Los casos y peticiones estan procesalmente listos para que la CIDH adopte decisiones sobre ellos
La CIDH cuenta con todas las capacidades humanas y financieras necesarias para cumplir con los objetivos
i.2-OE1-CIDH: para 2015, se aprueban, al menos, 4 informes de inadmisibilidad relativos a grupos vulnerables en los
Se toma como línea de base la producción del año 2011, de 2 informes de inadmisibilidad,
Base de datos de la CIDH (DMS y PCMS)
Los casos y peticiones están procesalmente listos para que la CIDH adopte decisiones
38
RESUMEN NARRATIVO DE
OBJETIVOS INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS INDICADOR LINEA DE BASE
países meta
elaborados por la sección México, Centroamérica y el Caribe de habla hispana de la CIDH, y aprobados por la Comisión.
sobre ellos
La CIDH cuenta con todas las capacidades humanas y financieras necesarias para cumplir con los objetivos
.
i.3-OE1-CIDH: para 2015, se aprueban, al menos, 8 informes de fondo relativos a grupos vulnerables en los países meta.
Se toma como línea de base la producción del año 2011, de 4 informes de fondo, elaborados por la sección México, Centroamérica y el Caribe de habla hispana de la CIDH, y aprobados por la Comisión.
Base de datos de la CIDH (DMS y PCMS)
Los casos y peticiones están procesalmente listos para que la CIDH adopte decisiones sobre ellos
La CIDH cuenta con todas las capacidades humanas y financieras necesarias para cumplir con los objetivos
i.4-OE1-CIDH: para 2015, 7 casos se envían a archivar, relativos a grupos vulnerables en los países meta.
Se toma como línea de base la producción del año 2011, de 14 informes de archivo, elaborados por la sección México, Centroamérica y el Caribe de habla hispana de la CIDH, y aprobados por la Comisión.
Base de datos de la CIDH (DMS y PCMS)
Que los casos y peticiones estén procesalmente listos para que la CIDH adopte decisiones sobre ellos
Que la CIDH cuente con todas las capacidades humanas y financieras
OE2-CIDH: Las necesidades
específicas de grupos que han sido
discriminados históricamente son
tomadas en cuenta y se reflejan en el
diseño y la implementación de las
actividades de la CIDH
i.1-OE2-CIDH: para 2015, se aprueban al menos 15 recomendaciones específicas a los Estados relativas a la situación de derechos humanos de grupos vulnerables en los países meta, en particular grupos indígenas, mujeres y defensores/as de derechos humanos al finalizar el proyecto .
No hay informes actualizados con recomendaciones específicas a los Estados relativas a la situación de derechos humanos de grupos vulnerables en la región, enfocados en los países meta.
Dos informes con recomendaciones específicas a los Estados relativas a la situación de derechos humanos de grupos vulnerables en los países meta.
Que la CIDH reciba una invitación para visitar el país
39
RESUMEN NARRATIVO DE
OBJETIVOS INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS INDICADOR LINEA DE BASE
i.2-OE2-CIDH: para 2015, se aprueban, al menos, 10 recomendaciones específicas a los Estados relativas a la situación de derechos humanos en 1 de los países meta al finalizar el proyecto .
No hay informes actualizados con recomendaciones específicas a los Estados relativas a la situación de derechos humanos en 1 de los países meta.
Un informe con recomendaciones específicas a los Estados relativas a la situación de derechos humanos en 1 de los países meta.
Que la CIDH reciba una invitación para visitar el país
i.2-OE2-CIDH: la CIDH toma decisión sobre el 100% de las medidas cautelares solicitadas en relación con personas en condición de vulnerabilidad, en particular grupos indígenas, mujeres y defensores/as de derechos humanos, durante la vida del proyecto.
84 solicitudes de medidas cautelares recibidas, relativas a los países meta.
Informe Anual de la CIDH
Los Estados implementan las medidas cautelares ordenadas por la CIDH
A cargo de Corte IDH VERIFICAR LOS ELEMENTOS IDENTIFICADOS EN LA MATRIZ QUE SE INDICAN EN AMARILLO
OE1-Corte: Generar el sostenimiento y mayor eficiencia de la jurisdicción interamericana de protección de Derechos Humanos
i.1-OE1-Corte: Para el año 2015 los casos sometidos al conocimiento de la Corte son resueltos en un promedio de 18 meses.
En primer semestre 2012 el promedio es 18.8 meses de duración de la tramitación por caso
Informes Anuales de labores que presenta la Corte IDH a la OEA.
Los Estados avanzan en dar cumplimiento a las reparaciones ordenadas por la Corte IDH y le informan al respecto, según los requerimientos de la Corte IDH.
40
RESUMEN NARRATIVO DE
OBJETIVOS INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS INDICADOR LINEA DE BASE
i.2-OE1-Corte: Para el año 2015 se aumenta el 5% del cumplimiento de las reparaciones integrales ordenadas por la Corte
A Junio 2012, 130 casos contenciosos se encuentren en etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia.
Estudio de nivel de cumplimiento de casos a 2007:
medidas de Restitución 44%; medidas de Rehabilitación 18% parcial; medidas de Satisfacción 48.25%; Garantías de no Repetición 38.6%; obligación de investigar las violaciones y, en su caso, sancionar, 1% total y 4% parcial.
Estudios estadístico sobre el avance en el cumplimiento de las medidas de reparación realizado y aprobado por la Secretaría de la Corte IDH.
Resoluciones, decisiones y comunicaciones emitidas por la Corte o su Presidencia relativas a la supervisión de cumplimiento de sentencias.
El sometimiento de casos contenciosos a la Corte no se incrementa de forma desproporcionada a la capacidad del Tribunal de resolverlos.
i.3-OE1-Corte: Se triplica la cantidad de estudios de sistematización de los estándares jurisprudenciales del Tribunal y su difusión, al finalizar la ejecución del proyecto.
Existen 3 estudios temáticos de estándares jurisprudenciales de la CorteIDH (CONFIRMAR)
Publicación digital de los estudios de sistematización jurisprudencial en la página web de la Corte IDH
Estudios distribuidos entre altos tribunales internos, jueces, otros operadores de justicia, defensores interamericanos, universidades e instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, y otras instituciones que se dedican a la promoción de derechos humanos
i.4-OE1-Corte: Las presuntas víctimas de violaciones a derechos humanos de escasos recursos económicos reciben apoyo del Fondo de Asistencia para los gastos necesarios que requiera su representación legal en el proceso ante la
15 casos apoyados entre 2011 y primer semestre 2012. El Fondo fue creado en 2011.
Resoluciones del Presidente de la Corte decidiendo sobre las solicitudes de las presuntas víctimas o de los defensores interamericanos de recibir asistencia del Fondo.
41
RESUMEN NARRATIVO DE
OBJETIVOS INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS INDICADOR LINEA DE BASE
Corte, durante la ejecución del proyecto.
A cargo de OIT VERIFICAR LOS ELEMENTOS IDENTIFICADOS EN LA MATRIZ QUE SE INDICAN EN AMARILLO
OE1-OIT Contribuir al establecimiento de condiciones y capacidades sostenidas para hacer cumplir los derechos laborales, en particular de Pueblos Indígenas y Mujeres de Guatemala, Honduras y Nicaragua.
i.1-OE1-OIT: Al final del 2015, el 30% de los beneficiados (Mandantes y operadores de la justicia) capacitados incorporan los conocimientos en sus acciones tendientes a mejorar la aplicación de los derechos laborales, conforme los convenios fundamentales y prioritarios de la OIT (por ejemplo en sentencias judiciales o en sede administrativa).
A ser determinada al inicio del proyecto.
Sentencias en proceso o firmes La situación económica, social y política es relativamente estable.
Las organizaciones de los Mandantes y la institucionalidad relacionadas con el mundo laboral del país no se debilitan.
Se mantienen el estado de derecho y la libertad de asociación para que las organizaciones sindicales tengan legitimidad de acción y defensa.
i.2-OE1-OIT : Al menos un acuerdo por país al finalizar el 2015, que son tomados tripartitamente que buscan mejorar la efectiva aplicación de los derechos laborales, en consonancia con los convenios fundamentales y prioritarios de la OIT.
No hay antecedentes Documento de acuerdos
i.3-OE1-OIT: Al menos 3 nuevas acciones tomadas por los Mandantes y otros actores de cada país tendientes a mejorar la aplicación de los derechos laborales.
No hay antecedentes Encuestas, entrevistas, actas de las instituciones de diálogo, informes de labores de los socios
OE2-OIT. Fortalecer a las Organizaciones sindicales con capacidad para la defensa y efectiva aplicación de los derechos laborales, en
i.1-OE2-OIT: Aumento en 20% de la efectividad de nuevas estrategias, prácticas y acciones que toman las organizaciones sindicales para asegurar el
No se conocen antecedentes, dato a ser determinada al inicio del proyecto.
Encuestas, entrevistas, informes de labores de sindicatos
42
RESUMEN NARRATIVO DE
OBJETIVOS INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS INDICADOR LINEA DE BASE
particular aquellos relativos a la libertad sindical16
cumplimiento de sus derechos laborales, en particular, la efectiva aplicación de la libertad sindical en sus países.
i.2-OE2-OIT Al final del 2015, hay un aumento del 10% de denuncias procesadas de conformidad por las autoridades sobre la defensa de la libertad sindical
No se conocen antecedentes, dato a ser determinada al inicio del proyecto.
Reportes de denuncia y registro de casos por parte de los órganos judiciales
Reportes del Observatorio
OE3-OIT Apoyar a las Organizaciones representativas de los Pueblos Indígenas, especialmente a las mujeres indígenas, a que cuenten con condiciones para defender sus derechos consagrados en el convenio núm. 169 y los convenios fundamentales y prioritarios de la OIT.
i.1-OE3-OIT: Al final del 2015, el 60% de los beneficiarios demuestran el uso de los nuevos conocimientos en la definición de planes programas y estrategias tendientes a lograr la efectiva aplicación del convenio 169, los fundamentales y prioritarios.
A ser determinada al inicio del proyecto. Definir tipologia.
Entrevistas, encuestas, informes oficiales, memorias, actas de los beneficiarios.
Planes programas y estrategias aprobados e implementados (A CONFIRMAR)
La aceptación progresiva por parte de las instituciones públicas nacionales de adquirir un compromiso para reconocer y respetar los derechos de los pueblos indígenas.
La voluntad manifiesta de los pueblos indígenas de crear y apoyar órganos representativos y con capacidad creciente para negociar en nombre de la población indígena.
El interés y las motivaciones de las organizaciones de mujeres destinatarias para responder a las oportunidades de formación sobre sus derechos.
i.2-OE3-OIT: Aumentan las percepciones positivas sobre la importancia de la consulta, la participación y la autodeterminación de los PI sobre sus asuntos.
A ser determinada al inicio del proyecto.
Encuesta de percepción aplicada, entrevistas realizadas en el marco de la evaluación independiente externa.
i.2-OE3-OIT: Número de nuevas acciones que toman las organizaciones de mujeres indígenas para defender de sus derechos.
No se conocen antecedentes, dato a ser determinada al inicio del proyecto.
Informes de las organizaciones apoyadas (A CONFIRMAR)
A cargo de CEJIL VERIFICAR LOS ELEMENTOS IDENTIFICADOS EN LA MATRIZ
16 Este objetivo se ejecutará con la estrecha colaboración del ISACC, CSA y CSU; asimismo, se promoverá el apoyo de las Centrales Sindicales de Dinamarca.
43
RESUMEN NARRATIVO DE
OBJETIVOS INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS INDICADOR LINEA DE BASE
Basados en los objetivos de su Proyecto Institucional Mesoamerica 2012-2015
QUE SE INDICAN EN AMARILLO
OE1-CEJIL: Contribuir a la lucha contra la impunidad en los países Mesoamericanos de
violaciones cometidas desde el Estado o con su complicidad, y ampliar las garantías de
los/las defensoras que defienden los derechos humanos
Disminuida la impunidad ... A COMPLETAR
A COMPLETAR CON ALGUNA INFORMACION DEL 20112012 SOBRE ESTE TEMA? ALGUN ESTUDIO
(A COMMPLETAR - QUE REPORTE O ESTUDIO PUEDE EVIDENCIAR ESTA DISMINUCIÓN?)
La CIDH da trámite a los escritos presentados.
La CIDH manda casos a la Corte.
Autoridades son anuentes a dialogar conONG
Existe voluntad política por parte de autoridades para cumplir con el SI
La CIDH y Corte otorgan audiencias.
La prensa se interesa en los temas difundidos por CEJIL
OE2-CEJIL: Promover el acceso a la justicia de los sectores sociales en situación de mayor
vulnerabilidad de la región mesoamericana.
Mejorado el acceso a la justicia de los sectores sociales en situación de mayor vulnerabilidad en los países priorizados
(COMPLETAR - similar al anterior)
(COMPLETAR)
OE3-CEJIL: Promover el acceso de personas y organizaciones al sistema interamericano,
defendiendo la autonomía e imparcialidad de sus órganos y su legitimidad ante los
Estados de la región.
Aumentada el acceso al Sistema Interamericano (SI) de personas y organizaciones de la Región, con enfoque en los países priorizados
HAY LINEA DE BASE DISPONIBLE POR PAÍS SOBRE ACCESO AL SI? (CONFIRMAR)
COMPLETAR DÓNDE SE PUEDE EVIDENCIAR LA MEJORA
44
SUB COMPONENTE 2 : PARTICIPACION Y EMPODERAMIENTO.
Objetivo del Sub Componente 2: Se ha fortalecido la capacidad de participación y empoderamiento de las personas condición de vulnerabilidad, especialmente los pueblos indígenas, mujeres y defensores de DDHH para demandar la protección efectiva y el respeto de sus derechos en Guatemala, Honduras y Nicaragua
RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACIÓN SUPUESTOS
INDICADOR LINEA DE BASE
OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR SOCIO
A cargo de Fondo ACI -
Basados en los objetivos de su Plan Estratégico 2012-2015
VERIFICAR LOS ELEMENTOS IDENTIFICADOS EN LA MATRIZ QUE SE INDICAN EN AMARILLO
OE1.Fondo ACI: Apoyo consistente a propuestas de cambio en el actual manejo de los medios de comunicación e información, particularmente aquellas iniciativas estratégicas e innovadoras que efectivamente contribuyan a la formación de una ciudadanía consciente, crítica y propositiva, con capacidad de escucha, análisis y expresión, haciendo prevalecer las voces auténticas de las poblaciones tradicionalmente excluidas.
i.1-OE1: (COMPLETAR CUANTITATIVAMENTE EL # APROX. DE GRUPOS PARA LOS DOS AÑOS)
8 grupos de mujeres, pueblos indígenas y afrodescencientes de Honduras hacen frente públicamente a las desiguales y a los conflictos ambientales que enfrentan
COMPLETAR - Tienen algún dato reciente 2011-12 sobre denuncias promovidas por estos grupos o bien indicar que no hay denuncias anteriores apoyadas por el fondo
Se cuenta con un grupo de mujeres que han denunciado al estado ante la CIDH por la irresponsabilidad en la erradicación de la violencia contra las mujeres hondureñas y detener los femicidios
COMPLETAR
Documentos de denuncias presentadas
Posicionamientos públicos
Informes de proyectos financiados
Hay interés de la población y de los medios en los temas promovidos por los grupos apoyados por el Fondo
45
RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACIÓN SUPUESTOS
INDICADOR LINEA DE BASE
OE2-Fondo ACI: Una mayor calidad y efectividad de la articulación de las organizaciones y movimientos sociales en función de la incidencia en y la contestación a la gestión de Políticas Públicas a diferentes niveles de interacción con el Estado y la Cooperación Internacional.
i.1-OE2-Fondo ACI: XX (COMPLETAR CUANTAS INICIATIVAS APOYARÁN EN LOS DOS AÑOS) 8 grupos de mujeres, población indígena y afro descendiente de Honduras implementan planes de acción relacionados al desarrollo y aprobación de propuestas desarrolladas de manera articulada con el Gobierno
A COMPLETAR - Algun dato anterior? o bien indicar que no hay línea de base
Se aplicaría línea base al inicio del proyecto
Planes de acción aprobados y en ejecución (a confirmar) confirmado
Informes de proyectos financiados
Los grupos apoyados por el Fondo gozan de representatividad local sobre las áreas o temas de incidencia y del reconocimiento de las autoridades
OE3-Fondo ACI: Viabilizar caminos alternativos de desarrollo económico, social, cultural y ambiental que complementan, compensan y/o potencialmente sustituyen los paradigmas vigentes del desarrollo, con la promoción de estudios y debates de posicionamiento alrededor de temas, enfoques o procesos relevantes, generando elementos para la transformación de la conflictividad socio-ambiental
i.1-OE3-Fondo ACI: Marco legal existente
ajustado incluye las propuestas orientadas al
desarrollo alternativo en beneficio de la población
indígena y afro descendientes de Honduras
(CONFIRMAR) confirmado
A completar - Algún dato anterior? o bien indicar que no hay línea de base
Se aplicaría línea base al inicio del proyecto
A definir posteriormente: Instrumentos nacionales aprobados incluyen las propuestas de los grupos
Acuerdos y compromisos con las autoridades estatales
Informes de proyectos financiados
Las instituciones del Estado tienen apertura a los procesos de discusión de conflictos.
46
PRODUCTOS DE LOS SOCIOS RESPONSABLES
CRONOGRAMA
I SEM II SEM III
SEM IV
SEM
A cargo de CIDH
P1-CIDH: Al menos 37 informes de casos (admisibilidad, inadmisibilidad, fondo y archivo) aprobados por la CIDH, relativos a grupos vulnerables en Mesoamérica, dentro de la cual se encuentran ubicados los países meta, al finalizar el proyecto.
CIDH
X
X
X
X
P2-CIDH: 1 informe de análisis de la situación de derechos humanos de un país de Centro América (Guatemala, Honduras o Nicaragua), traducido, publicado y distribuido a representantes de los Estados, ONGs y sector académico, con recomendaciones a los Estados al finalizar el 2do año del proyecto, como resultado de la visita a uno de los países.
CIDH
X
P3-CIDH: 2 informes temáticos relacionados con pueblos indígenas, mujeres y/o defensores/as de derechos humanos, traducidos, publicados y distribuidos a representantes de los Estados, ONGs y sector académico, con recomendaciones sobre la manera en que los Estados pueden resolver sus desafíos más importantes para asegurar los derechos fundamentales de estos grupos vulnerables, aprobados uno al año de comenzado el proyecto y otro al finalizar el 2do año del proyecto.
CIDH
X
X
A cargo de Corte IDH (VERIFICAR LOS TIEMPOS SUGERIDOS)
P1-Corte: Sesiones de la Corte IDH aumentan en al menos 4 semanas por año (20 días adicionales) la duración de los períodos
Corte IDH x x x x
P2-Corte: 8 Comunicados de prensa emitidos posteriores a la celebración de los períodos de sesiones de la Corte IDH para informar sobre las audiencias celebradas y las decisiones emitidas de las sesiones, difundidos a la lista de contactos de la Corte y a través de la página web del Tribunal.
Corte IDH x x x x
P3-Corte: Comunicados de prensa destacando los casos que se logran archivar debido al cumplimiento de las medidas de reparación ordenadas, así como destacando algunas otras experiencias exitosas de cumplimiento de medidas de reparación que pueda ser útil que otros Estados conozcan para incentivar el cumplimiento en otros casos
Corte IDH x x x x
P4-Corte: Unidad especializada en la supervisión de cumplimiento de las sentencias dentro de la Secretaría de la Corte IDH, establecida con un abogado encargado (senior), dos abogados junior, una secretaria, y un asistente legal
Corte IDH x
P5-Corte: Estudio estadístico para determinar la línea base al inicio del Proyecto sobre el estado de cumplimiento de las Sentencias emitidas por la Corte hasta el año 2009
Corte IDH x
47
PRODUCTOS DE LOS SOCIOS RESPONSABLES
CRONOGRAMA
I SEM II SEM III
SEM IV
SEM
P6-Corte: Análisis sobre las decisiones emitidas por la Corte IDH en sus 33 años de funcionamiento que determina y prioriza cuáles derechos o temas son los más relevantes para sistematizar en estudios jurisprudenciales
Corte IDH x
P7-Corte: 100 resoluciones o decisiones de supervisión de cumplimiento en los dos años del Proyecto. Corte IDH x x x x
P8-Corte: 14 audiencias de supervisión de cumplimiento realizadas en los dos años. Corte IDH x x x x
P9-Corte: 9 estudios de sistematización de los estándares jurisprudenciales de la Corte IDH producidos en los dos años.
Corte IDH x
P10-Corte: 9 estudios de sistematización de los estándares jurisprudenciales de la Corte IDH distribuidos a los tribunales de mayor jerarquía de los 35 Estados miembros de la OEA, Actores del SIDH, instituciones y personas incluidas en la red de contactos de la Corte IDH, así como 20 defensores interamericanos (defensores públicos de países americanos que podrían ser designados como representantes de presuntas víctimas ante la Corte)
Corte IDH x x
4.1 P11-Corte: 7 casos al año de presuntas víctimas de escasos recursos son apoyados con recursos para adecuada presentación de pruebas y comparecencia de representantes legales en audiencia ante la Corte IDH
Corte IDH x x x x
4.2 P12-Corte: Reintegración en un plazo de 3 meses de los gastos cubiertos por el Fondo de Asistencia Legal de Víctimas por parte de los respectivos Estados.
Corte IDH x x
A cargo de OIT (VERIFICAR LOS TIEMPOS SUGERIDOS)
P1-OIT: Mapeo inicial de las entidades públicas con mandatos en cuanto a los pueblos y mujeres indígenas en los tres países.
OIT X
P2-OIT: Diagnóstico de necesidades de capacitación por país para la efectiva aplicación de los convenios fundamentales y prioritarios, así como el sistema de control, que incluya: Fiscales, procuradores, jueces y magistrados, defensores públicos y defensorías de derechos humanos; Defensores de los derechos de los trabajadores y de representantes de las organizaciones sindicales y de las organizaciones de empleadores; representativos de los pueblos indígenas y organizaciones de mujeres indígenas.
OIT X
P3-OIT: X (COMPLETAR NUMERO) Cursos por país de 80 horas de duración y asistencia técnica directa a 80 representantes de las organizaciones de empleadores, de las organizaciones sindicales y del gobierno de cada país, sobre la efectiva formación básica sobre los convenios
OIT X
48
PRODUCTOS DE LOS SOCIOS RESPONSABLES
CRONOGRAMA
I SEM II SEM III
SEM IV
SEM
internacionales del trabajo relativos a la no discriminación, en particular el 169 y el 189.
P4-OIT: X (COMPLETAR NUMERO) Curso de 80 horas y asistencia técnica directa a 50 representantes de los poderes judiciales de cada país sobre la efectiva aplicación del de los convenios fundamentales y prioritarios, así como el sistema de control.
OIT X
P5-OIT: Manual para la defensa de los derechos laborales desarrollado y difundido, (incluyendo material dirigido a mujeres indígenas analfabetas)
OIT X X
P6-OIT: 4 actividades de debate por país (sectorial y tripartitito) sobre los comentarios de la CEACR con participación de 25 representantes de las organizaciones de empleadores, de las organizaciones sindicales y del gobierno de cada país
OIT X X X
P7-OIT: Hoja de ruta desarrollada y distribuida para la mejora en la aplicación de la legislación laboral. OIT X X
P8-OIT: Set de herramientas desarrollado para uso de los Mandantes sobre la efectiva aplicación del Convenio núm. 169, los convenios fundamentales y prioritarios de la OIT.
OIT X
P9-OIT: Set de herramientas desarrollado para uso de los trabajadores y las organizaciones sindicales para formular propuestas y ejecutar acciones para mejorar el cumplimiento de los derechos laborales
OIT X
P10-OIT: Set de herramientas desarrollado sobre el convenio No. 169 y otras NIT’s, en particular sobre la participación y consulta a los Pueblos Indígenas
OIT X
P11-OIT: Guía Práctica paso a paso” sobre el sistema de control de la OIT y el Convenio núm. 169 y el procesos de consulta a los PI
OIT X
P12-OIT: Set de herramientas desarrollado sobre instrumentos y herramientas prácticas para el acceso a los mecanismos de denuncia y defensa de los derechos sindicales (en Guatemala haciendo énfasis en mecanismos de protección de su integridad física), tanto a nivel nacional como a nivel internacional en los órganos de control normativo de la OIT
OIT X
P13-OIT: X (COMPLETAR NUMERO) Eventos de capacitación a 50 sindicalistas en cada país para aplicación de los instrumentos y herramientas prácticas para el acceso a los mecanismos de denuncia y defensa de sus derechos sindicales (en Guatemala haciendo énfasis en mecanismos de
OIT X
49
PRODUCTOS DE LOS SOCIOS RESPONSABLES
CRONOGRAMA
I SEM II SEM III
SEM IV
SEM
protección de su integridad física), tanto a nivel nacional como a nivel internacional en los órganos de control normativo de la OIT
P14-OIT: X (COMPLETAR NUMERO) Eventos de capacitación a 60 representantes de las organizaciones de empleadores, de las organizaciones sindicales y de organizaciones indígenas de cada país para aplicación de las herramientas
OIT X
P15-OIT: X (COMPLETAR NUMERO) Taller para cada sector y en cada país involucrado (empleadores, sindicatos, organizaciones indígenas) sobre el Convenio 169 y los convenios fundamentales y prioritarios y el sistema de control de la OIT y del sistema interamericano de derechos humanos.
OIT X X
P16-OIT: Programa de pasantías para 5 personas por país (una por cada sector, y estudiantes) con un enfoque de formador de formadores.
OIT X X
P17-OIT: Asistencias de la OIT a mecanismo de diálogo tripartito OIT X X X X
P18-OIT: 3 acuerdos tripartitos, uno por país OIT X
P19-OIT: Observatorio sobre la libertad sindical establecido y funcionando generando reportes semestrales
OIT X X X X
P20-OIT: Una campaña sindical para la promoción de la libertad sindical y la justicia social diseñada e implementada.
OIT X X
P21-OIT: Una campaña de difusión pública de herramientas informativas sobre el convenio y otras NIT’s, en particular sobre la participación y consulta a los PI.
OIT X X
P22-OIT: Demandas o casos interpuestos por mujeres indígenas OIT X X X X
A cargo de CEJIL (VERIFICAR LOS TIEMPOS SUGERIDOS)
P1-CEJIL: Un estrategia elaborada para el abordaje de los casos de violaciones cometidas por actores no estatales en el SI
CEJIL X X
P2-CEJIL: Un estrategia elaborada para el abordaje del tema de seguridad ante el SI CEJIL X X
P3-CEJIL: Compilación con las sentencias de la Corte Interamericana en Guatemala realizada y difunde entre organizaciones de la sociedad civil, academia y funcionarios públicos una
CEJIL X
50
PRODUCTOS DE LOS SOCIOS RESPONSABLES
CRONOGRAMA
I SEM II SEM III
SEM IV
SEM
P4-CEJIL: 2 procesos de formación piloto en Guatemala y Nicaragua, dirigido a organizaciones que defienden derechos de los pueblos indígenas.
CEJIL X X
P5-CEJIL: 10 organizaciones representantes de pueblos indígenas y mujeres cuentan con capacidades y herramientas suficientes para su acceso al SI
CEJIL X X X
P6-CEJIL: 3 publicaciones específicas elaboradas y difundidas, que contienen la jurisprudencia interamericana en materia de no discriminación, derechos de los pueblos indígenas y derechos de la infancia
CEJIL X
P7-CEJIL: Un caso sobre violación de derechos de los pueblos indígenas en Guatemala documentado realizado y difundido
CEJIL X
P8-CEJIL: Un caso sobre violencia contra la mujer en Nicaragua documentado y difundido CEJIL X
P10-CEJIL: 10 actores claves de Honduras, Guatemala y Nicaragua participando del debate a nivel continental sobre el sistema interamericano promovido por CEJIL
CEJIL X X X
P11-CEJIL: Elaborados, difundidos y discutidos documentos técnicos respecto del mandato de la CIDH entre actores claves de la región
CEJIL X X
P12-CEJIL: Presentaciones de las posiciones de los Estados sobre los espacios de la OEA ante actores de la sociedad civil, respecto al fortalecimiento del SI
CEJIL X X X X
P13-CEJIL: 15 organizaciones de Honduras, Guatemala y Nicaragua se involucran el proceso de discusión sobre fortalecimiento del SI
CEJIL X X X X
P14-CEJIL: Base de datos con la jurisprudencia del SI realizada y difundida entre los movimiento de derechos humanos, funcionarios estatales, académicos, víctimas de violaciones de derechos humanos y demás actores interesados
CEJIL X
P15-CEJIL: Publicaciones en los medios de Honduras, Guatemala y Nicaragua, sobre el debate del SI y la posición de la sociedad civil respecto a su fortalecimiento
CEJIL X X X X
A cargo de Fondo ACI - En Honduras (VERIFICAR LOS TIEMPOS SUGERIDOS)
P1-Fondo ACI: Apoyo a XX (COMPLETAR NUMERO) 5 iniciativas por año en beneficio de grupos de mujeres, población indígena y afro descendientes
Fondo ACI X X X X
51
PRODUCTOS DE LOS SOCIOS RESPONSABLES
CRONOGRAMA
I SEM II SEM III
SEM IV
SEM
P1-Fondo ACI8 investigaciones realizadas sobre áreas de conflicto identificadas por los grupos de mujeres, población indígena y afro descendientes. Podrían abarcar el acceso y legalización de tierra, los impactos de la minería y las hidroeléctricas en comunidades indígenas y afro descendientes, los mecanismos de inversión bilateral (concesiones, transnacionales…), así como el cumplimiento al marco legal nacional, tratados y convenios internacionales suscritos teniendo como eje el Convenio 169 de la OIT.
Fondo ACI X X
P2-Fondo ACI: 8 denuncias formales en el marco de las áreas investigadas en relación a los grupos de mujeres, población indígena y afro descendientes
Fondo ACI X X X
P3-Fondo ACI: 4 procesos de consulta de políticas públicas desarrollados con la inclusión de los grupos
de mujeres apoyados por el Fondo.
Fondo ACI X X X X
P4-Fondo ACI: 6 eventos de diálogo político entre los grupos de mujeres, población indígena y afro descendiente que cuentan con un plan de acción o seguimiento
Fondo ACI X X X X
P5- Fondo ACI: 6 propuestas articuladas sobre esfuerzos territoriales o temáticos de interés de los grupos de mujeres, población indígena y afro descendientes, presentadas ante el Gobierno.
Fondo ACI X X X
P6-Fondo ACI: 3 instrumentos (leyes, decretos, normativa) nacionales aprobados que incluyen las propuestas motivadas por los grupos de mujeres, población indígena y afro descendientes.
Fondo ACI X X X
P7-Fondo ACI: 4 propuestas orientadas al desarrollo alternativo presentadas y discutidas con el gobierno que mejoran la aplicación del marco legal existente, en beneficio de la población indígena y afro descendientes, bajo un proceso amplio de consulta.
Fondo ACI X X X X
P8-Fondo ACI: 3 procesos desarrollados para la prevención y transformación de conflictos que afectan a los grupos de población indígena y afro descendientes
Fondo ACI X X X